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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 218, de 19/12/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL ONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2002 VII Legislatura Núm. 218
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 211
celebrada el jueves, 19 de diciembre de 2002


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes

- Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el buque Prestige a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre. (Número de expediente 130/000033.) ... (Página 10999)

- Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques de tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. (Número de expediente 130/000034.) ... (Página 11008)

Enmiendas del Senado: ...


- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 109-1, de 27 de septiembre de 2002. (Número de expediente 121/000109.) ... (Página 11017)

Página 10996


- Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 112-1, de 9 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000112.) ... (Página 11017)

- Proyecto de Ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 113-1, de 16 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000113.) ... (Página 11035)

- Proyecto de Ley de Fundaciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 105-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000105.) ... (Página 11043)

- Proyecto de Ley Orgánica de calidad de la educación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 104-1, de 31 de julio de 2002.
(Corrección de error en serie A, número 104-4, de 16 de septiembre de 2002). (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 11047)

- Proyecto de Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 106-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000106.) ... (Página 11059)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...


- Proyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 11066)

- Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 280-1, de 18 de octubre de 2002. (Número de expediente 122/000248.) ... (Página 11073)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 10999)

Real Decreto ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige" a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre ...
(Página 10999)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Rajoy Brey), solicitando su convalidación, y explica cuál fue el objetivo del Gobierno al solicitar hace unas semanas la convalidación del anterior Real Decreto-ley sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige", señalando que se procedió con la mayor diligencia posible, guiados por la voluntad de acceder a las consecuencias del siniestro desde una perspectiva integral e intentando paliar los efectos del siniestro sobre las personas que se habían visto afectadas desde una perspectiva económica, fiscal y laboral.
A continuación manifiesta que el Gobierno ha considerado necesario ampliar las medidas previstas para la Comunidad Autónoma de Galicia y extenderlas, ya ampliadas, a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, resaltando asimismo la rapidez a la hora de reaccionar ante el siniestro.


Página 10997


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque "Prestige" a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, se convalida por 297 votos a favor y una abstención.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 117 votos a favor y 183 en contra.


Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes ... (Página 11008)

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández). Solicita la convalidación del Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transportan mercancías peligrosas o contaminantes, que tiene por objeto establecer la prohibición de entrada en puertos españoles, terminales o zonas de fondeo de petroleros de casco único, cualquiera que sea la bandera que enarbolen, que transporten fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico y petróleo crudo pesado, dando cumplimiento de forma inmediata a lo acordado en el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea celebrado en Bruselas los pasados días 5 y 6 de diciembre.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, se aprueba por 311 votos a favor.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 127 votos a favor, 185 en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado ... (Página 11017)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 ...
(Página 11017)

Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social ... (Página 11017)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.


A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales ... (Página 11035)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del

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Grupo Parlamentario Socialista, y De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de fundaciones ... (Página 11043)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Romeu i Martí, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley orgánica de calidad de la educación ... (Página 11047)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página 11059)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a los proyectos de ley debatidos y a la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, por su carácter orgánico.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 11066)

Proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente ... (Página 11066)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales ... (Página 11073)

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas y del texto del dictamen correspondiente al proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.


A continuación se procede a la votación de las enmiendas y del texto del dictamen correspondiente a la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.


Votación de conjunto ... (Página 11088)

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Sometida a votación de conjunto la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, se aprueba por 278 votos a favor y cuatro abstenciones.


La señora presidenta, antes de levantar la sesión, desea en nombre de la Mesa y en el suyo propio muchas felicidades y lo mejor para el año 2003 al conjunto de los españoles.


Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 8/2002, DE 13 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AMPLÍAN LAS MEDIDAS REPARADORAS EN RELACIÓN CON EL ACCIDENTE DEL BUQUE PRESTIGE A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CANTABRIA Y PAÍS VASCO, Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 7/2002, DE 22 DE NOVIEMBRE.
(Número de expediente 130/000033.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen los escaños. Se reanuda la sesión.


Punto V bis del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre.


Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el señor vicepresidente primero.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara con la responsabilidad de solicitar de SS.SS. la convalidación del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre.


Hace exactamente tres semanas comparecí ante esta Cámara a fin de solicitar el voto afirmativo de SS.SS. para la convalidación del real decreto-ley sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige. Entonces señalé que habíamos procedido con la mayor diligencia posible y guiados por la voluntad de atender a las consecuencias del siniestro desde una perspectiva integral, es decir, con la finalidad de dar la más adecuada cobertura a todas las cuestiones generadas como consecuencia del accidente. Nos propusimos entonces abordar un plan integral de actuación con el que se intentaban paliar los efectos del siniestro sobre las personas que se habían visto afectadas, y ello desde una perspectiva económica, fiscal y laboral. Los principios de solidaridad y equidad orientaron el contenido de este real decreto-ley. A día de hoy, insisto, sólo tres semanas después de aquella comparecencia, puedo afirmar que hemos mantenido tanto el esfuerzo como la voluntad por responder con rapidez a las demandas de todas las personas. Para ello, hemos continuado con nuestra estrecha colaboración con las autoridades de la Comunidad Autónoma de Galicia. No me voy a extender de nuevo sobre estos aspectos. Simplemente me gustaría recordar muy brevemente que la mayor parte de los afectados cobraban sus ayudas tan sólo 17 días después de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto-ley 7/2002.


De nuevo, señoras y señores diputados, esta rapidez a la hora de reaccionar creo que se ha vuelto a evidenciar con la aprobación por el Consejo de Ministros del día 13 de diciembre del Real Decreto-ley 8/2002.
Este real decreto-ley nace con la misma vocación de atender con la urgencia e inmediatez necesarias las nuevas necesidades que se han puesto de manifiesto a la luz de la evolución de los acontecimientos. Por este motivo, el real decreto-ley que hoy se presenta para su convalidación en esta Cámara tiene una doble finalidad: En primer lugar, hemos considerado que resultaba necesario ampliar las medidas previstas para la Comunidad Autónoma de Galicia, modificando en consecuencia el Real Decreto 7/2002, de 22 de noviembre, a través de la disposición adicional tercera del presente real decreto-ley. En segundo lugar, extender todas estas medidas ya ampliadas a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco. Me referiré en este momento al primero de estos aspectos y en particular a las medidas adoptadas en este real decreto-ley en relación con las ayudas directas a los afectados.


Señoras y señores diputados, una de las decisiones más importantes que el Gobierno entendió que debía adoptar era la de ampliar el abanico de los colectivos que van a ser beneficiarios de las ayudas directas, ayudas que, como todos conocen, complementan las otorgadas por la Xunta de Galicia. Así, a los sectores que se fijaron en el Real Decreto-ley 7/2002 se añaden ahora algunos

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otros que desgraciadamente también han visto perjudicada su actividad laboral por los efectos del siniestro. Me estoy refiriendo concretamente a los rederos, colaboradores familiares de embarcaciones, operarios de lonjas y fábricas de hielo, comercializadores de primer nivel y personal laboral de las cofradías de pescadores. Todos ellos percibirán también las ayudas en idénticas condiciones en que lo están haciendo ya los armadores embarcados, tripulantes de buques pesqueros y mariscadores en tierra. Como consecuencia lógica de la extensión del ámbito de personas que se verán beneficiadas, el nuevo real decreto-ley prevé también la ampliación de la bonificación del cien por cien en el pago de las cuotas de la Seguridad Social por todas las contingencias de los empresarios y trabajadores, ya sea por cuenta propia o ajena, y cualquiera que sea el régimen de Seguridad Social en el que estén incluidos. Es importante subrayar, señorías, que la nueva regulación establece que, en lo concerniente a estas ayudas directas, las mismas disfrutarán de una exención total en la tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.


A continuación me van a permitir referirme a los demás beneficios de carácter fiscal previstos en este nuevo real decreto-ley. Se trata de beneficios en relación con el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En cuanto al impuesto sobre actividades económicas, la reducción de la cuota se realizará por meses completos y no sólo en proporción a los días efectivos de paralización de la actividad. En lo concerniente a los impuestos sobre el valor añadido y sobre la renta de las personas físicas, por orden del ministro de Hacienda, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus competencias se reducirán los signos, índices o módulos en estos impuestos para aquellas actividades que se realicen en el territorio de los términos municipales concernidos en las órdenes aprobadas por la Vicepresidencia primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia.
Adicionalmente, para aquellas actividades diferentes o que se realicen fuera de dichos ámbitos territoriales se permitirá que aquellas personas que hubieran resultado directa o indirectamente afectadas por las prohibiciones de pesca y marisqueo puedan solicitar la correspondiente reducción en los signos, índices o módulos de los mencionados impuestos.


Señorías, otra de las novedades previstas en esta nueva normativa es la inclusión del Ministerio de Sanidad y Consumo en las campañas de promoción de los productos de la pesca, agricultura y marisqueo procedentes de la Comunidad de Galicia. Esta colaboración del Ministerio de Sanidad tiene por principal finalidad resaltar no sólo todos los aspectos relativos a la calidad y excelencia de estos productos, sino también su seguridad para el consumo. Como ya he señalado en otras ocasiones, ya no sólo hablamos de personas, familias y economías afectadas en Galicia. Tristemente, en este momento tenemos que hablar además de personas, de familias y de economías asturianas, cántabras y vascas. Por ello, el real decreto-ley extiende todas las medidas ya establecidas por el anterior, el 7/2002, y las que acabo de mencionar a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Quisiera precisar que, como no puede ser de otra forma, las medidas previstas se establecen sin perjuicio de las competencias que puedan ostentar las comunidades autónomas y los territorios históricos del País Vasco en relación con el ámbito fiscal. En el ánimo de no ser reiterativo sólo quiero indicarles que, en línea con el procedimiento establecido en el anterior real decreto-ley, para estas tres comunidades se determinarán, en virtud de una orden ministerial, los términos municipales y núcleos de población concretos.


Me parece especialmente importante indicar que se establecen dos nuevas líneas de crédito, dotadas de cien millones de euros, ampliables cada una, para los afectados de las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y que irán destinadas a anticipar la reparación o reposición de instalaciones industriales pesqueras, acuícolas o marisqueras, incluido el arte y el resto del material de pesca, y siempre con el horizonte puesto en una próxima reactivación de la actividad económica. En último término, quiero resaltar una vez más que el real decreto-ley también prevé la próxima celebración el 11 de enero del 2003 de un sorteo de lotería nacional, cuyos beneficios se destinarán a sufragar los efectos derivados del accidente del Prestige.


Señoras y señores diputados, la aprobación por el Gobierno de este real decreto-ley se ha realizado con los mismos criterios de diligencia, rapidez, solidaridad y permanente atención a las nuevas necesidades aparecidas. Estos criterios, por supuesto, guiarán las sucesivas actuaciones que el Gobierno vaya a adoptar al respecto conforme al devenir y a la evaluación de los acontecimientos. Creo que el conjunto de medidas ampliadas y extendidas a las cuatro comunidades afectadas suponen, tanto por su extensión personal y territorial como por su naturaleza, una respuesta coherente con la preocupación y voluntad de este Gobierno para paliar el impacto negativo que está teniendo el accidente del Prestige. Esta Cámara ya respaldó por práctica unanimidad el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, en lo que yo creo que fue un acto de responsabilidad y atención prioritaria al interés general, actitud que los ciudadanos valoran y exigen a sus representantes políticos en estas circunstancias por encima de cualesquiera otras consideraciones. Por todo ello, señoras y señores diputados, confío, y estoy convencido de que así será, en que esa misma actitud se mantenga en el presente momento. Así, solicito su voto favorable para la convalidación de este real decreto-ley por parte del Pleno de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


¿Turno en contra del real decreto? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Presidenta, señor ministro, en las últimas semanas varios responsables gubernamentales, entre ellos el propio señor Aznar, afirmaron que los afectados por la catástrofe del Prestige recibirían las ayudas que fuesen necesarias y por el tiempo que fuese preciso. Pues bien, señor Rajoy, a la vista de este real decreto-ley una vez más el Gobierno y el Partido Popular mintieron. Mintieron porque este real decreto, que complementa el anterior, no recoge esas ayudas, las necesarias y por el tiempo que sea preciso, y mintieron porque las rectificaciones que hacen las hacen tarde y como consecuencia de una presión social, que ahora intentan reprimir de forma violenta y desproporcionada.


No sé, señores del Grupo Popular, si son conscientes de la verdadera dimensión de la catástrofe que asola Galicia. En términos económicos, afecta casi al 25 por ciento del producto interior bruto gallego, al 12 por ciento del empleo -en concellos como Fisterra ese porcentaje llega al 47,7- y, en términos ecológicos, los daños en el ecosistema marino y litoral son de dimensiones incalculables, con desaparición de especies, con afectación a otras especies, por cierto, de importante contenido económico y con unos efectos que tristemente los gallegos habremos de sufrir durante años. Estamos pues ante un shock ecológico y ante un schok económico que se va a mantener en el tiempo, a no ser que por parte del Gobierno español y por parte de la Xunta de Galicia se adopten las políticas de reactivación y de regeneración adecuadas, políticas, señorías, que eviten que esta crisis se resuelva al modo tradicional en la Galicia del siglo XIX y del siglo XX, es decir, con más emigración.
Así las cosas, señores del Gobierno y del Grupo Popular, ¿piensan realmente que este nuevo real decreto-ley es una respuesta adecuada y sobre todo una respuesta suficiente, es la respuesta que en este momento necesita Galicia? ¿Piensan que este real decreto-ley cumple las proposiciones no de ley aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados, la del Bloque Nacionalista Galego por unanimidad el 19 de noviembre, la del propio Grupo Popular, con sus votos, el pasado día 10? Es evidente que no y se lo voy a justificar.


En cuanto a las ayudas directas, es cierto que este real decreto-ley contiene una extensión del ámbito subjetivo que sólo cabe calificar como tardía e insuficiente, tardía porque ya estaba en las proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso de los Diputados; ya estaba en la proposición no de ley del 19 de noviembre que de las ayudas debían ser beneficiarios no sólo armadores, tripulantes y mariscadores, sino también redeiras, comercializadores, transportistas, todos los sectores directa o indirectamente afectados. Insuficientes porque el Bloque Nacionalista Galego, desde luego, no se opone a esta extensión, pero nos sigue faltando gente. Nos siguen faltando los hosteleros, nos siguen faltando los comercializadores de segundo nivel y nos siguen faltando, señor ministro, todas aquellas personas que en las comarcas costeras de Galicia estaban dedicándose al marisqueo o a la pesca sin tener sus papeles en regla. No están contemplados en este decreto-ley y sabe usted que estamos hablando de un sector muy importante en términos sociales y económicos.
En concreto, respecto del sector de los comercializadores, lo que están pidiendo -y supongo que también se lo dijeron a ustedes- no es un tanto alzado sino, tal y como se hizo con los armadores, que la ayuda se fije en función de criterios objetivos como el tonelaje de los medios de transporte o la cifra de negocios, que realmente reflejen el impacto económico que para ellos supone esta paralización productiva. Por cierto, las ayudas no son por todo el tiempo necesario sino por seis meses, curiosamente hasta las elecciones municipales. Dicen ustedes que podrán prorrogarse por otro período igual. Es decir, si en las elecciones municipales le va bien al Partido Popular, ustedes prorrogarán las ayudas. ¿Qué va a suceder, señor Rajoy, si -como todo indica- en las elecciones municipales en Galicia le va muy mal al Partido Popular? ¿Prorrogarán ustedes estas ayudas por otros seis meses?

En cuanto a las exenciones fiscales y a la Seguridad Social, se mantiene el carácter discrecional en el establecimiento de alguna de estas ayudas.
Siguen faltando medidas que han sido aprobadas por el Congreso y propuestas por su grupo, por la señora Sainz, hace escasamente una semana; moratorias de créditos para los afectados, que ustedes sustituyen con nuevos créditos; exención en el impuesto de sociedades, que sigue estando fuera de este real decreto-ley; y, desde luego, otras medidas que saben ustedes que les está reclamando el sector como, por ejemplo, la exención de tasas portuarias por todo el tiempo que se extienda la prohibición de faenar. El Bloque Nacionalista Galego sigue reclamando, al igual que las cofradías, que no se repita la experiencia del Mar Egeo de la que usted es buen conocedor. Para que no se repita sólo hay una fórmula, señor Rajoy: que el Estado evalúe los daños, adelante ya las indemnizaciones, que después se subrogue en las acciones de los afectados y que litigue contra el FIDAC, contra el fondo de solidaridad, contra el armador, contra Marc Rich o contra quien quiera, pero que no haga pasar otra vez a los afectados por un calvario jurídico que al final acabará con un acuerdo extrajudicial en el que cobrarán un 10 ó un 15 por ciento de aquello que debían recibir.


Hay otras cosas que se echan a faltar en este real decreto-ley. Hay decisiones que el Gobierno estuvo

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tomando y que no aparecen reflejadas en esta norma. Por ejemplo, en esta norma no aparece la forma en que el Gobierno encargó a la empresa Tragsa, una empresa cien por cien pública, dependiente de la Administración del Estado, operaciones de limpieza de playas sin concurso ni subasta. El Bloque Nacionalista Galego está realizando las iniciativas procedentes en el Parlamento Europeo. Aclárenos de qué manera se encargó a las empresas constructoras la limpieza de playas. ¿Cuál es la contraprestación, señor Rajoy? ¿Será, de acuerdo con la Ley de concesión de obras públicas, la explotación turística y hostelera en esas playas? ¿Será esa la contraprestación? Díganos cuál es porque a estas alturas no creemos que las empresas constructoras se vean afectadas por un especial sentimiento de solidaridad o de filantropía.


Un comentario sobre la financiación de las medidas. El 75 por ciento de las ayudas son financiadas por la Xunta de Galicia. El Estado únicamente paga el 25 por ciento. De un total de 40 euros diarios de ayudas directas para marineros, mariscadores y comercializadores, el Estado sólo pone 10 euros. Resulta paradójico cuando el Estado es el titular de las competencias relevantes en esta materia; competencias que se niegan ustedes a transferir y que parece que se niegan también a ejercer adecuadamente: competencias en materia de seguridad y de salvamento marítimo. Paradójico también cuando, a la luz de lo que vamos conociendo, parece que el Estado es más que responsable -no ya en términos políticos, sino en términos jurídicos- de los daños que sufre Galicia. Además, los medios financieros que emplee el Estado serán obtenidos a través de medidas más propias de los años cuarenta del siglo XX que de un Estado moderno del siglo XXI. Van a obtener medios a través de un sorteo de lotería extraordinario -gran medida-, y a través de lo que se podría denominar el método Meirás. Ya sabe usted que a la familia Franco se le regaló el pazo de Meirás mediante donación voluntaria -entre comillas- de un día de sueldo de todos los productores de A Coruña. Este método Meirás es el que van a emplear: trabajadores y empresarios sufrirán un recargo de 75 céntimos de euro en sus cotizaciones sociales para financiar las medidas del Estado. Gran éxito también en la Unión Europea. Los 265 millones que vendrán y que gestionará el Estado, al menos en parte, procederán de la retirada de fondos de proyectos de inversión en Galicia.
Y, para acabar de cuadrar el círculo, todo este dinero retornará a ustedes a través de la empresa Tragsa, holding empresarial que pertenece al cien por cien a la Administración del Estado. Sólo les ha faltado incluir en este real decreto-ley los telemaratones de Pedro Ruiz o la instalación de mesas petitorias para los buenos indígenas de Galicia.


Quiebran así, señor Rajoy, un principio básico del derecho de daños, y es el lesionado -Galicia- quien tiene que financiar con sus propios medios los daños que otros -el Estado- no fueron capaces de evitar. No tema, pues, el señor Rato por el déficit cero; el desequilibrio presupuestario se lo han trasladado a Galicia -ya lo saben ustedes-, y lo sufrirá la sumisa Hacienda gallega. Desde luego, estas estrategias presupuestarias no son inocentes, puesto que les permiten aparecer como merecedores del agradecimiento de Galicia por su solidaridad y sensibilidad. Claro que los gallegos a estas alturas, señor Rajoy, sabemos bien lo que está pasando. Lo que exigimos del Gobierno español y de la Unión Europea no es solidaridad; esa ya la estamos recibiendo, y de la mejor calidad, de miles de voluntarios procedentes de todo el Estado y de muchos otros países. Lo que exigimos a estas alturas del Estado y de la Unión Europea es justicia; la que no aparece en este real decreto, que nosotros, señora presidenta, solicitaremos que se tramite como proyecto de ley.


Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Con el mismo sentido de congruencia e identificación con que Coalición Canaria votó favorablemente la convalidación del Real Decreto-ley 7/2002, votaremos también a favor de estas medidas que se extienden a las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias y País Vasco, como ha señalado oportunamente el vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy. Esto se hace de una manera coordinada y respetando las competencias de las comunidades autónomas. Asimismo, los beneficios se extienden también a la estructura productiva gallega, con ayudas a mariscadores, rederos, etcétera, y se incorporan auxilios fiscales.


Por nuestra parte, queremos dejar constancia de nuestro apoyo al pueblo gallego, cántabro, asturiano y vasco, con un espíritu de solidaridad política, para que se vean paliadas cuanto antes las desagradables consecuencias del hundimiento del petrolero Prestige y se recupere la normalidad. Al mismo tiempo, queremos incentivar al Gobierno para que instrumentalice, con el celo que ha venido demostrando en estos reales decretos-ley, todos los medios fiscales, económicos, técnicos, sociales, financieros y de todo tipo, necesarios para resolver el grave problema que allí existe. Por solidaridad, votaremos afirmativamente la convalidación de este real decreto-ley.


Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


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El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.


Señorías, ayer me lo perdí. Dentro de unos años no podré decirle a mis nietos que vi en directo cómo el partido que soporta al Gobierno con mayoría absoluta en la Cámara abandonaba el hemiciclo porque no se sabe quién de la oposición no dimitía. (Varios señores diputados: ¡Caldera!-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


Adelante, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Ayer, cuando lo vi a través del monitor de la televisión interna, dije: ¡Ya me lo he perdido!. Cuando luego vi volver al grupo parlamentario, me sentí rejuvenecido y recordaba aquellas asambleas universitarias de los años setenta. Por encima de todo, señorías, permítanme una valoración. Me recordaron muchísimo a aquellos famosos versos de Víctor Hugo en la retirada francesa de Rusia: Hier la Grande Armée et maintenant troupeau -ayer el gran ejército y hoy rebaño.
¡Por Dios!. Todo un partido con mayoría absoluta, en el Gobierno de la nación, planteando una especie de causa general porque un diputado de la oposición, al que luego me referiré, no dimite. Ese tema, el de salir o no salir, lo ha practicado también mi grupo, pero entiendan ustedes la diferencia. Ustedes tienen medios de comunicación y un inmenso poder.
Nosotros, como decía el Papini católico, somos viejos, feos, chiquititos y, o gritamos muy fuerte o nadie se volverá a mirarnos. Nosotros tenemos que hacer cosas de esas porque, si no, en muchas ocasiones, nadie se volvería a mirarnos, pero no hagan ustedes eso por la sencilla razón de que en el fondo sufrimos todos, en un momento excesivamente grave en el que hay una hipersensibilidad ciudadana.


Señorías, lo que ha sucedido con el Prestige le podía haber sucedido a cualquier Gobierno; la falta de pulso le podía haber sucedido a cualquier Gobierno; las primeras medidas torpes le podían haber sucedido a cualquier Gobierno. Hasta ahí, que cada palo aguante su vela y nunca mejor dicho. Pero, a partir de ahí es donde entramos en una situación alocada. Primero, como escribía Santiago Carrillo en El País el otro día, han descubierto ustedes que el responsable de todo esto es la oposición.
Segundo, se hace una transmutación, por llamarla de alguna manera -y ahí me molesta la torpeza del portavoz de la oposición-, de alguna frase de un documento para, torpemente, servir a todo el diseño estratégico que había hecho el Gobierno de que la oposición era culpable. Me duele aún más porque con todo el papel escrito -sin haber puesto las horas- más la magnífica intervención del señor Segura, el Gobierno era aún mucho más responsable que con medio papel escrito; en estos casos no me molesta la moralina, sino la torpeza.


Tercera cuestión, la salida de ustedes de ayer. A mi grupo parlamentario le preocupa la imagen que estamos dando. ¿Se imaginan ustedes a los voluntarios o a los militares, que estaban trabajando hasta los mismísimos de chapapote, en un momento de descanso mientras comían el bocadillo o tomaban un café con leche, viendo cómo abandonan el Parlamento? ¿Se figuran ustedes la imagen que estamos dando? Comprendo, aunque me duele, pancartas como la que había en un ayuntamiento de A Coruña, que decía -perdón por la expresión, pero es lo que ponía-: "Dile a mi mujer que voy a llegar tarde porque estoy recogiendo mierda para los políticos". Me molesta que se abuchee a los presidentes del Gobierno, sean de quien sean; son mis presidentes del Gobierno, aunque yo no los haya votado. Y, desde luego, me preocupa que se aplauda únicamente al Rey y a su hijo, que son las únicas personas no votadas y sin refrendo popular, en el sentido particular y concreto del término. Ese desprestigio de la política puede que beneficie a ciertos sectores de la derecha que se benefician de una política no política, de la apoliticidad política, como diría un clásico.


Señorías, les pido sensatez en esos temas. Déjennos a los grupos minoritarios que utilicemos algún que otro ruido para poder asomarnos y dedíquense a solucionar los problemas, unos y otros; creo que hay llamamientos muy serios, desde el principal partido de la oposición, de mi coordinador general, señor Llamazares, a un encuentro para solucionar los problemas de todos y de todas, por encima de lo que pueda ser el legítimo rasqueo de votos. Si unos piensan en cómo cargarle el muerto del chapapote a la oposición y la oposición en cómo cargarle el muerto al Gobierno, díganme ustedes quién piensa en Galicia.


Lo que esta mañana nos ha traído aquí el vicepresidente del Gobierno, con toda la buena voluntad del mundo, es cualquier cosa menos una propuesta seria para solucionar los problemas. ¡Por Dios!, que las ayudas directas pagadas por el Gobierno central a mariscadores, armadores, tripulantes, rederos y demás afectados no superarán 10 euros por día inactivo los seis meses siguientes es muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿Que el déficit cero no permite descuadrarle el presupuesto al señor Montoro aunque haya dos o tres Prestige por medio? Aquí puede dispararse el IPC y nadie se entera o nadie quiere enterarse; aquí puede ocurrir lo que sea con el Prestige y hay que buscar presupuestos extraordinarios, pero indiscutiblemente aquí el que no se muere ni se mueve -políticamente hablando- es el señor Montoro. A lo único que se dedica este real decreto-ley es a modificar la escasez del anterior y a ampliar las ayudas a Cantabria, Asturias y País Vasco. Además de torpe y tardío, se han dado ustedes cuenta de que son escasas las ayudas. En un determinado momento ustedes pensaron que había que dar la idea de que lo del Prestige era poquita cosa y entonces dieron ayudas escasas; como lo del Prestige es mucho más

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grande, ya me dirán ustedes cómo van a solucionarlo con tan pocos medios.
Le preguntaría al señor vicepresidente a cómo van a pagar el día de trabajo a los pescadores en la recogida de chapapote y a cómo el alquiler de sus barcos y materiales usados en la retirada del fuel, que deberían haber recogido las administraciones públicas. Señorías, con un presupuesto liquidado porque estamos en diciembre de 2002, ¿por qué no han traído un crédito extraordinario que incremente realmente los recursos que van a destinar para reparar los efectos de esta catástrofe? Sólo con un poquito de la ingeniería financiera del señor Montoro hubieran seguido estando dentro de la estabilidad presupuestaria.


La propuesta que nos ha traído esta mañana el vicepresidente del Gobierno tiene tres grandes defectos. En primer lugar, queda pendiente el desarrollo por parte de cada ministerio a través de órdenes ministeriales posteriores, artículo 4 y disposición adicional tercera, que interpretará cada ministerio como vea oportuno. Segundo, está muy centrada en beneficios fiscales, IVA, IAE, sociedades, IRPF y en declarar exentas las subvenciones, así como líneas de crédito preferenciales. Por último, lo que decía sobre los 10 euros. La improvisación -que la hay y mucha- o la dejación les lleva a modificar en un decreto el real decreto-ley de hace unos días, del 22 de noviembre, porque era escaso, fruto, como decía antes, de su obsesión por minimizar la catástrofe del Prestige; el real decreto de hace unos días no reducía una sexta parte de las cuotas del IAE, IRPF, IVA de otros sectores inicialmente no incluidos. En todo caso, como diría un castizo, menos da una piedra. No vamos a votar en contra de estas ayudas, pero seremos exigentes en la transparencia de las mismas y en las condiciones que se incorporan a las órdenes ministeriales del Ministerio de Hacienda, recogiendo el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque no pueden ser limitativas en el número de personas que las perciban ni establecer nuevas exigencias para ser tenido como afectado. En consecuencia, votaremos a favor porque, como decía antes, menos da una piedra. Pero por encima de todo, entre todos -y nosotros asumimos nuestra cuota parte-, por favor, vamos a recuperar, por un lado, el prestigio de la política -posiblemente una de las más nobles profesiones- y, por otro, antes que nada -así estamos trabajando para lo anterior-, vamos a solucionar los problemas cotidianos de tanta gente que está sufriendo esta catástrofe. Los numeritos, para el circo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del real decreto-ley porque nos parece positivo.


Ayer estuve presente en el debate de control al Gobierno y lamento haberlo estado porque fue deplorable ver cómo el gran problema del Prestige se está tomando de otra manera por unos y por otros, por otros y por unos.
Hoy es un buen día para hacer intervenciones positivas para las personas y gentes de Galicia, así como para aquellos a los que se extiende este decreto, como son el Principado de Asturias, Cantabria y Euskadi. Hoy, con mucho interés y devoción, vamos a votar positivamente porque pensamos en lo que esto representa. Este decreto es una ampliación de otro y posiblemente vendrán más porque, como señala su exposición de motivos, la evolución posterior de los acontecimientos y la extensión de los daños ocasionados irán variando.


Nuestro grupo ve que se han tenido en cuenta también a las personas no afectadas tan directamente por la catástrofe, como ocurría en el primer decreto de 22 de noviembre, que son los armadores embarcados, los tripulantes, mariscadores, rederos, colaboradores, etcétera. Posiblemente haya más afectados. Una vez realizado el proceso, que por desgracia se va a largando en el tiempo, se podrá ir determinando si falta alguien. El decreto queda abierto no sólo en plazo sino en también en cuanto a su contenido, para añadir más afectados. Este es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que ir solucionando el problema paso por paso, aunque se podría ir más deprisa. Nos gustaría que desapareciese la situación alocada que hemos vivido tanto en el exterior, por la realidad del hecho, como en esta Cámara. Nosotros estamos para ayudar a las personas afectadas por el Prestige.


Vamos a convalidar el real decreto-ley y vamos a votar en contra de la solicitud de que se tramite como proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señorías.


La última intervención me lleva a expresar algo que me parece importante aclarar: no somos iguales todos. La degradación del Parlamento en la tarde de ayer tiene una autoría conocida y una intencionalidad conocida, y es la intencionalidad que existe a la hora de abordar la cosa pública por parte de la derecha. Los que tenemos responsabilidad democrática y sensibilidad progresista o de izquierdas, debemos evitar incurrir en las provocaciones que está generando en los últimos tiempos la derecha española.


Cuando se quiere cargar alguien el sistema de educación pública, lo que se hace es iniciar una campaña

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intentando degradar el servicio público de la educación. Cuando se quiere degradar la idea del funcionamiento de los servicios públicos, se inicia una campaña intentando acusar de ineficacia al funcionamiento de esos servicios públicos y, a partir de ahí, se inician procesos de privatización que, como en el caso que nos ocupa, acabaron convirtiendo, en este país, el salvamento marítimo en un gran negocio. Se han disminuido las actuaciones de un servicio público tan importante como el servicio de lucha contra la contaminación marítima o el servicio de seguridad y salvamento marítimo a través de una política contraria a la idea de lo público. Pues bien, cuando alguien intenta escurrir su responsabilidad, cuando alquien quiere que la política no intervenga, no fiscalice o no aporte soluciones en representación de los ciudadanos, intenta generar un clima que acabe desprestigiando la política y las instituciones para que se conviertan en la mínima expresión. Cuanta menos política, más negocio; cuanta menos política, más impunidad en la irresponsabilidad de la gestión de algunos.


Lo de ayer -ahora no está el ministro, el vicepresidente del Gobierno- fue una gamberrada de un grupo parlamentario y fue una gamberrada del propio Gobierno de la nación. Esto sí fue una gamberrada, y uso este término porque en el día de hoy hemos conocido, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara acorde a la Constitución una decisión muy importante en clave de igualdad que estableció en su día la Junta de Andalucía o el Gobierno de Andalucía, cual fue el complemento de las pensiones no contributivas establecido por la Comunidad Autónoma andaluza. En aquel momento, el que hoy ocupa la vicepresidencia del Gobierno calificó dicha medida de gamberrada institucional. Gamberrada institucional, señor Rajoy, su ceremonioso y teatral saludo y estimulación de los hooligans en el día de ayer para intentar degradar la vida parlamentaria y degradar la política. (Aplausos.) Desde el punto de vista de la responsabilidad, el Partido Socialista va a seguir defendiendo la seriedad de las instituciones y la seriedad de la Cámara y va a seguir denunciando los intentos de disminuir el espacio de lo público, que es tanto como el intento de disminuir el espacio de control, de fiscalización y de representación de quienes nos han situado en la Cámara, que son las ciudadanas y los ciudadanos de este país.


Abordamos hoy la convalidación de un decreto-ley. Hoy vino el ministro, el vicepresidente, quizá recordando sus viejos tiempos de registrador, a leernos un formulario. Tenemos un decreto-ley que fue presentado con la rutina del que presenta un mero formulario. Es más, la impresión que transmitió esta mañana el vicepresidente es que están gestionando esta crisis como cualquier cosa, como si no tuviera la mínima importancia. La están gestionando con mentalidad estrecha y mezquina, sin miras de Estado; no hay altas miras de Estado. No hay realismo. Hay un conjunto de presidentes de cofradías en huelga de hambre reclamando servicios, medios, coordinación e información. La respuesta es una plantilla, un formulario y carencia de compromisos serios y rigurosos.


Hacen falta medidas de mayor calado y la primera medida de mayor calado que hace falta es un plan serio para abordar la crisis. Si tuvieran un mínimo sentido de la responsabilidad y un mínimo sentido de Estado, el Gobierno, el vicepresidente y el presidente de la nación habrían respondido a los portavoces de los grupos parlamentarios para comprometerse, en consonancia con una situación de emergencia y con mentalidad de Estado, a establecer las líneas de acuerdo que afecten a todas las instituciones de este país, para lograr un auténtico plan, serio y riguroso, de compromisos de futuro en relación con una catástrofe que nunca debió producirse.


En las medidas que se contemplan en este decreto-ley nada se habla de un fondo de Estado. No hay un crédito extraordinario ampliable, no se garantiza la presencia del Estado, de lo público; detrás no hay un auténtico fondo. Tampoco se acogen las ofertas formuladas por las comunidades autónomas . Pero cuando una comunidad autónoma se reúne con otra, la reacción del Gobierno consiste en acusar de separatista, si el interlocutor es del País Vasco, al presidente que se reúna con él para hacer frente a una situación tan grave como esta. Creemos que hace falta dar respuesta a la oferta de las comunidades autónomas y que hay que desarrollar el fondo de cooperación que las comunidades autónomas también han ofrecido. Hay que estimular la línea de convenios del Estado con las comunidades autónomas, no basta con plasmarlos en un decreto-ley. Falta, por tanto, una auténtica estrategia de ayuda a lo que es una auténtica situación de emergencia y falta una estrategia europea de ayudas del propio Gobierno. El Estado sigue ausente a pesar de este decreto-ley; sigue ausente y no ha realizado ni siquiera la más mínima evaluación aproximada de la catástrofe ni se nos explica en esta Cámara con qué medidas, qué indicadores y qué métodos se está trabajando para hacer una evaluación de la dimensión real de la catástrofe. Hay además un recelo hacia el Estado de las Autonomías. En este decreto-ley las comunidades autónomas tienen escasa participación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a la hora de delimitar el ámbito territorial afectado y definir cuáles son los ayuntamientos, los territorios y las zonas que han sufrido la catástrofe y sobre las que deben focalizarse las ayudas. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Que esto lo hagan los delegados, las delegaciones, al margen de las comunidades autónomas, sin un mínimo diálogo ni un mínimo mecanismo de coordinación con las comunidades autónomas. Estamos, una vez más, en el recelo: en el recelo a Galicia, a Asturias, a Cantabria y al País Vasco. Es en

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ese sentido una lástima que se irradien esas concepciones añejas y trasnochadas en este rutinario decreto-ley.


Es más, señora presidenta, señorías, en este real decreto-ley tampoco hay grandes compromisos de aportación. La única aportación que el Estado deja clara a través de este decreto es la de 10 euros por persona y día de inactividad y además las cifras de crédito son las de dos préstamos totales de 100 millones de euros. El resto está sin cuantificar. Es más, no hay medidas presupuestarias extraordinarias. Se aborda una situación extraordinaria con presupuestos ordinarios y se intenta deslizar la teoría de la reorientación de los fondos sin contar con la voluntad de los afectados y, además, generándonos una nueva intranquilidad. Por ejemplo, los costes de esta crisis podrían significar, según la tesis del Gobierno, una reducción de los fondos del IFOP, fondos que deben estar destinados a la modernización de la flota y a la transformación y comercialización de productos pesqueros, pero si se reorientan en exclusiva hacia la crisis, por el precio de una crisis tendremos dos: la crisis real que se padece en este momento y la carencia de una política de futuro que garantice la reorientación y la modernización de la flota.
Estas medidas hay que adoptarlas también hablando con los interlocutores.


Hablan ustedes del impuesto de actividades económicas. Aquí hay una contradicción; el Gobierno no se ha mirado sus propias leyes. Establecen la posibilidad de una disminución del impuesto de actividades económicas, en el ámbito territorial o municipal, a todos aquellos que hayan sido afectados por la catástrofe. Bien, la medida es adecuada, es correcta, pero requiere compensaciones, y efectivamente el decreto-ley dice que lo que dejen de percibir los ayuntamientos, afectados también y que tienen que hacer frente con recursos públicos a los daños por la disminución del impuesto sobre actividades económicas, será compensado. Se dice en el decreto-ley, pero esta mañana vamos a aprobar la ley de haciendas locales, que entrará en vigor con posterioridad a este decreto-ley, es decir, entrará en vigor el 1 de enero, y en la ley de haciendas locales se suprimen las compensaciones por beneficios fiscales. Por lo tanto, a los afectados individualmente se les suprime el impuesto de actividades económicas, lo cual es muy correcto a la vista de la situación, pero a los ayuntamientos afectados no se les compensa por los ingresos fiscales que dejan de percibir. Es decir, estamos de nuevo en el juego de los trileros de la contabilidad y de la financiación virtual que tanto gusta al Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego concluya, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Ya acabo, señora presidenta.


Señorías, mi grupo parlamentario va a votar sí a la convalidación de este decreto-ley y lo vamos a hacer porque menos es nada, porque hay una situación de urgencia y porque hay necesidades, pero creemos que es imprescindible un acuerdo de Estado que aborde esta situación de catástrofe como una situación auténtica de emergencia, que se haga con miras de Estado, que se haga desde el diálogo, desde el compromiso de todas las fuerzas políticas y desde todas las administraciones, desde la cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, desde una auténtica estrategia europea y pensando sobre todo en reivindicar el espacio de la política, porque eso es no sólo reivindicar el prestigio de la Cámara sino, y sobre todo, el respeto a las ciudadanas y ciudadanos.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Cuesta, la verdad es que para terminar diciendo que van a votar a favor de este real decreto -y supongo que si al final lo hacen es porque consideran que es bueno y es eficaz-, yo creo que podía haberse ahorrado tanto la intervención de hoy como la de ayer porque, en el fondo, en las dos intervenciones, y con todos mis respetos para Benavente, usted pareció realmente un anacrónico figurante de una obra de Benavente. Eso es lo único que al final vino aquí a representar, señorías. (Aplausos.-La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Es verdad, señor portavoz del Bloque, que no quedará ningún afectado sin indemnizar por la cuantía y el tiempo que sea necesario. Fue el primer compromiso del Gobierno, del vicepresidente primero y del presidente.
Pues bien, cuando lo decía y lo dijo el Gobierno tenía muy claro que lo prioritario es ayudar a las personas, a tantas familias que trabajan por un sector productivo muy importante. El Gobierno cumplió. Yo sé que a ustedes les revienta eso, pero el Gobierno cumplió, y así lo evidenció el real decreto aprobado a los nueve días de la catástrofe por el Consejo de Ministros y convalidado inmediatamente en esta Cámara. Se aprobó, señorías, en un tiempo récord sin precedentes en situaciones similares, un paquete muy amplio de medidas en los ámbitos económico y social. Nunca hasta la fecha había habido ayudas directas de la Administración central en un compromiso solidario con las personas afectadas, en el caso anterior con los gallegos víctimas de una dura y trágica situación, lo que marca una diferencia importante, señor Cuesta, con la forma de actuar de este Gobierno. Estoy de acuerdo en que no todos los gobiernos son iguales. La teoría de ustedes,

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de los que gobernaron antes, los socialistas, la recordó muy bien el lunes pasado nuestro portavoz, Luis De Grandes. Con ocasión del accidente del Mar Egeo, los socialistas proclamaban que era más importante la coordinación de las ayudas, porque se las reclamábamos y no aparecían, de lo que resultó que ni coordinación, como reconoció el señor Borrell diez días después, ni ayudas para las personas. Nunca les ha preocupado a lo largo de esta tremenda crisis lo que era de justicia, lo que era más importante: las personas. En esta Cámara ustedes nunca reclamaron ninguna ayuda para las personas directamente afectadas. (Aplausos.) Para el actual Gobierno lo primero -y esa es la diferencia- son las personas, porque somos solidarios, porque tenemos muy claro y tenemos muy presente la situación de quienes lo pasan mal, porque nos duele. Esa es la diferencia: a nosotros nos duele la tragedia y ustedes se están aprovechando políticamente de ella. (Aplausos.-Rumores.)

Señores del Bloque, las ayudas no son cantos solidarios, como ayer decían, son dotaciones presupuestarias, son ayudas económicas y fiscales reales que cada mes reciben las personas afectadas. Por tanto, debían ustedes alegrarse de ello y en cambio se dedican mucho más a explotar el sentimiento de indignación que tienen los gallegos. A mí me gustaría que ustedes rechazaran también aquí y condenaran enérgicamente las agresiones y los actos violentos que están realizando algunos claramente independentistas para aprovecharse miserablemente de una tragedia del pueblo gallego. (Aplausos.) Señores de la oposición, por mucho que quieran seguir utilizando la técnica del engaño, de las verdades a medias y de las trampas, nadie les creerá, se van a quedar solos, porque la demagogia se hunde ella sola (El señor De la Encina Ortega: La tuya.), la demagogia se destruye con la fuerza de la verdad, que es la única fuerza que maneja el Gobierno junto a las acciones. El marinero, el mariscador, los rederos, el personal de las cofradías, etcétera, ya saben hoy, porque han cobrado, que el Gobierno cumple con las ayudas y que piensa ante todo en ellos. Señores de la oposición, como muchos hombres de la mar ya han sufrido antes las consecuencias de otras catástrofes, saben muy bien que, cuando otros gobernaron los tuvieron sumidos claramente en el abandono. Y si no lo creen, se lo vuelvo a decir. Pregunten, por ejemplo, a la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Ellos saben muy bien gracias a quiénes cobraron las indemnizaciones del Mar Egeo: gracias al vicepresidente primero, Mariano Rajoy. (Aplausos.-Rumores.) Yo sé que ustedes no lo reconocen, hacen gestos de que no es así. ¿Cómo lo van a reconocer cuando el portavoz del Grupo Socialista, señor Caldera, lo único que hace es falsificar un documento para transmitir una mentira, para injuriar al vicepresidente primero, para sacar en el fondo qué? Ustedes, que tanto hablan de chapapote, lo único que pretenden sacar es un chapapote político de una tragedia con claro oportunismo político.
(Aplausos.-Rumores.) Y nuestro grupo comparte con el Gobierno que lo importante es priorizar las actuaciones de ayuda a los perjudicados.
Valoramos positivamente el hecho de que un número importante de solicitudes haya podido ser atendido ya. Eso demuestra además la importante coordinación entre la Administración central y la Xunta de Galicia, porque, señor portavoz de Izquierda Unida, debería saber que estas ayudas directas son complementadas con unas muy importantes de la Xunta de Galicia. Hoy se trae este real decreto a convalidar, que, como el vicepresidente ha señalado, amplía los sectores que se beneficiarán de las ayudas directas claramente. Todas estas ayudas se extienden también, como no podía ser de otra manera, a los afectados de Asturias, a los de Cantabria y a los del País Vasco. (Un señor diputado: ¡Qué bien!) Qué bien, naturalmente qué bien. Estoy segura de que además todos ellos, todos los afectados de estas tres comunidades saben también que lo que ha elaborado el Gobierno y vamos a convalidar es un decreto que se maneja en términos de justicia y de solidaridad y que todas las medidas se cumplirán por imperativo legal y todos los daños serán resarcidos. La gente del mar está dando un ejemplo digno de encomio y de alabanza constante, pero el Gobierno también está dando buena muestra de que cumple sus compromisos. No se ha detenido ni un instante. De la forma más urgente e inmediata se atendió a los primeros afectados y con la misma inmediatez, celeridad y urgencia extendió también las ayudas al resto de los perjudicados. Por eso, señorías, estoy convencida de que los ciudadanos aprecian importantes diferencias en las respuestas políticas.
De un lado están quienes fueron antes Gobierno y hoy son oposición y no tuvieron en sus prioridades ayudar a las personas cuando pudieron y cuando debieron, cuando tenían obligación de hacerlo, y hoy, desde la oposición, sólo buscan aprovecharse a cualquier precio, utilizando incluso la trampa -y no nos vamos a cansar de decirlo-, perdiendo toda dignidad, dejando de lado la ética más elemental, la ética imprescindible en la vida política y recurriendo a una grave conducta: falsear documentos públicos. (Rumores.) Esto es lo que hizo el señor Caldera y que consiente el señor Zapatero mientras no le haga dimitir. (Aplausos.) Y sólo lo hace para erosionar el Gobierno y para arrancar tres votos. Son ustedes artistas en eso, como son artistas en justificar y amparar a los verdaderos culpables de la catástrofe. Eso es una evidente, clara y gravísima deslealtad al Estado. Otra forma muy diferente es la de quienes actuábamos en la oposición siempre con sentido de Estado. (Protestas.-Un señor diputado: ¡Toma ya!) Naturalmente que sí. Además hay un digno ejemplo de ello: El presidente de Galicia, don Manuel Fraga, a quien ofrecieron una diligentísima ayuda, una moción de censura. Ese es también el sentido que tienen de la ayuda, el único que hemos observado, y esa es la lealtad

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que ustedes tienen para sacar adelante los problemas. Y ahora, desde el Gobierno, se prioriza la gestión pensando siempre en las personas, estableciendo ayudas, trabajando día a día para articular las medidas eficaces, de lo que es una buena prueba este real decreto que nuestro grupo va a aprobar.


Señor vicepresidente, sabemos que todo el Gobierno está trabajando para luchar contra los efectos de la catástrofe y para afrontar el futuro e impulsar una reactivación económica de las zonas afectadas. En ese empeño sabemos que está realizando un enorme esfuerzo, y el pueblo, señor vicepresidente, lo está reconociendo. Y es que con la verdad, con el trabajo leal y duro nunca podrán las falsedades ni las manipulaciones ni las trampas ni las artimañas, que son incompatibles con la democracia parlamentaria. Eso sí que es desprestigiar, señor Cuesta, al Parlamento; eso es claramente volverle la espalda y despreciar al Parlamento.


Señor vicepresidente, le reconocemos y agradecemos su gran esfuerzo (Rumores.), sí, sí, su gran esfuerzo (Rumores.) -hasta eso lo niegan ustedes, señorías-, y su compromiso tan especial, que está resultando muy importante y de gran eficacia. Sepa que con usted, señor vicepresidente, están -estoy segura- todas las gentes de bien que lo único que buscan son soluciones. Desde ese más sincero reconocimiento, sepa usted que tiene aquí el aplauso de todo el Grupo Popular. (Aplausos.-Fuertes rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh! - La señora Romero López: ¡Que se besen! ¡Que se besen! - El señor Caldera Sánchez-Capitán entra en el hemiciclo.-La señora Romero López: Nosotros no te besamos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Sainz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 297; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.


¿Algún Grupo Parlamentario desea someter a votación el trámite? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Mixto.


Sometemos a votación la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300, a favor, 117; en contra, 183.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto convalidado.


- REAL DECRETO-LEY 9/2002, DE 13 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA BUQUES TANQUE QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS O CONTAMINANTES. (Número de expediente 130/000034.)

La señora PRESIDENTA: Punto 2.º nuevo del orden del día: Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes.


Para la presentación del real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señora presidenta.


Señorías, comparezco ante esta Cámara para solicitar de SS.SS. la convalidación del Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. Este real decreto-ley tiene por objeto establecer la prohibición de entrada en puertos españoles, terminales o zonas de fondeo, de petroleros de casco único, cualquiera que sea la bandera que enarbolen, que transporte fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico y petróleo crudo pesado. Con ello, se da cumplimiento de forma inmediata a lo acordado en el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea celebrado en Bruselas los pasados días 5 y 6 de diciembre.
Dicho Consejo, recogiendo las iniciativas del Gobierno español, acordó por unanimidad la adopción de una serie de medidas de trascendencia histórica para la seguridad del transporte marítimo y la prevención y combate de catástrofes ecológicas, como las derivadas del hundimiento o varada de buques como el Mar Egeo, el Erika, o más recientemente el Prestige. Entre ellas, decidió que, de forma inmediata, los petróleos pesados no deban transportarse más que en petroleros de doble casco, instando a los Estados miembros a comprometerse a no admitir en sus puertos, terminales, o zonas de fondeo, petroleros de casco único que transporten estas mercancías.


Atendiendo a la urgencia -incompatible ya con cualquier suerte de retraso como los padecidos por las iniciativas adoptadas en su día con motivo del naufragio del Erika junto a las costas francesas- con que el citado acuerdo plantea esta medida y con el fin de comenzar a poner bases bien sólidas y concretas para impedir, o al menos hacer mucho más difícil, que en el

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futuro se repitan hechos con consecuencias tan desgracias como las provocadas por el reciente naufragio del Prestige cerca de nuestras costas gallegas, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2002, adoptando una medida contundente, que contribuirá decisivamente a la desaparición acelerada de buques-tanque de casco único que transporten mercancías tan peligrosas y contaminantes como son los citados petróleos pesados. Con esta medida, España lidera su puesta en práctica por los Estados miembros de la Unión Europea, siendo el primer país de la Unión que la aprueba. En cualquier caso ello no debe sorprendernos, ya que la posición de España en todo lo relativo a la seguridad marítima internacional ha sido siempre coherente, seria y de vanguardia. España es un país marítimo, situado por su geografía en un cruce de caminos con rutas fundamentales que pasan por delante de Finisterre, por el estrecho de Gibraltar y por el archipiélago canario. Consciente de esta situación, ya con anticipación España siempre defendió en la Organización Marítima Internacional y en el seno de la Unión Europea la necesidad de convertir la seguridad marítima en una prioridad en sí misa, lo cual significa, entre otras cuestiones, la realización de inspecciones serias y homogéneas en todos los puertos y la exclusión de los buques de casco simple para el transporte de productos petrolíferos. La defensa de estos principios por el Gobierno español ha sido hecha de forma constante en todos los foros internacionales y con respeto, naturalmente, a la legalidad internacional. Permítanme a este respecto un breve repaso de las actuaciones realizadas.


En mi primera comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados el 15 de junio de 2000 anuncié la decisión de contribuir al impulso de las medidas a adoptar por la Unión Europea para adelantar la obligatoriedad del empleo del doble caso de los petroleros.
En esta línea, y en relación con la retirada de buques petroleros monocasco, como el Prestige, es oportuno recordar que la propuesta de reglamento presentada por la comisaria Loyola de Palacio en febrero de 2000, y que fue apoyada, entre otras, por la delegación española, en relación con la retirada de buques petroleros monocasco, intentaba establecer la siguiente exigencia. Los buques petroleros de crudos de 20.000 toneladas o más de peso muerto y aquellos buques de producto de 30.000 toneladas o más de peso muerto no podrán operar cuando el buque tenga una antigüedad de 23 años o el 1 de junio de 2005, si esta fecha fuera anterior. Esta posición fue debatida también en el seno de la OMI en abril de 2001, pero no fue finalmente recogida en el texto del Reglamento 417/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco, que incorporó un calendario más dilatado para la sustitución de estos petroleros. De haberse aprobado en sus términos originales la propuesta de la Comisión apoyada por España, el buque Prestige hubiera dejado de navegar en 1999, fecha en que se cumplían los 23 años de antigüedad.


Como podemos comprobar, el compromiso de España con la seguridad en la navegación marítima no es una improvisación o una ocurrencia de este momento. Hemos ido por delante, y los hechos han dado la razón a España frente a quienes no respaldaron nuestras previsiones. Por eso, España tiene la máxima autoridad política y moral en Europa en el caso del Prestige para plantear al Consejo Europeo la adopción de medidas urgentes. El día 21 de noviembre el presidente del Gobierno se dirigió por carta al presidente de la Unión Europea proponiendo siete bloques de medidas que resumen la posición española en este tema, entre las cuales estaba la inmediata revisión del calendario de eliminación de petroleros de casco simple, retomando las propuestas iniciales de la Comisión, que España y otros países europeos apoyaron claramente. El pasado 26 de noviembre, en la cumbre hispanofrancesa celebrada en Málaga, los dos gobiernos acordamos una serie de medidas a tomar, unas de carácter bilateral, tales como el establecimiento de un control firme en las zonas económico-exclusivas de ambos países de todos los buques monocasco con una antigüedad superior a 15 años que transporten crudos pesados, fuel pesado y alquitranes y que supongan un riesgo para la protección del medio ambiente marino. Asimismo, anunciamos la intención de España y de Francia de solicitar a la Unión Europea el estudio de las condiciones para la generalización de estas medidas. En su virtud, el Gobierno solicitó a la presidencia danesa la inclusión de un punto sobre el asunto del Prestige en el orden del día del Consejo de Ministros de Transportes a celebrar los días 5 y 6 de diciembre. Asimismo, el Gobierno presentó un proyecto de conclusiones para ser debatido en dicho Consejo. La presidencia danesa hizo suyo el proyecto que, tras la oportuna deliberación, desembocó en la adopción por unanimidad del conjunto de medidas a que he hecho referencia, lo que es revelador de una decidida voluntad política de los países miembros de la Unión Europea. Todo ello fue ratificado en el documento de conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague, celebrado los días 12 y 13 de diciembre, en el que se reafirma la voluntad de la Unión Europea de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de catástrofes similares y, en particular, ordena que las conclusiones del Consejo de Transportes de 6 de diciembre de 2002, deban aplicarse en todos sus aspectos sin demora.


Con estas premisas, la procedencia de acudir al real decreto-ley resulta incuestionable, habida cuenta que se dan los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan para su adopción, conforme al artículo 86 de nuestra Constitución. Por otra parte, se da cumplimiento a lo aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado mes, que acordó la

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implantación inmediata de la exigencia de doble casco para buques como el Prestige. El real decreto-ley establece, en consecuencia, en su artículo 1 la prohibición de entrada en puertos españoles, terminales o zonas de fondeo de los petroleros de casco único, cualquiera que sea la bandera que enarbolen, que transporten fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico y petróleo crudo pesado. Para su aplicación el mismo real decreto-ley, en su disposición final primera, se remite a las definiciones contenidas en la normativa comunitaria. En garantía del cumplimiento de la prohibición establecida, en el artículo 2 se tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de la misma, estableciendo la sanción correspondiente, consistente en una multa de hasta tres millones de euros que el Gobierno estima adecuada a la gravedad de esta conducta, ya que es la prevista en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para las infracciones muy graves por contaminación del medio marino. En congruencia con la naturaleza de la infracción, se señalan como responsables de dichas infracciones las personas físicas o jurídicas que resulten de la aplicación del artículo 118.2 de la citada Ley de Puertos y de la Marina Mercante, siendo de aplicación esta misma norma al procedimiento sancionador, junto con las normas generales.


Como complemento a estos artículos, la disposición final primera habilita al Gobierno a aprobar las disposiciones y adoptar las medidas de carácter administrativo, organizativo y presupuestarias necesarias para su eficaz aplicación, en particular, siguiendo los acuerdos del Consejo de Ministros de la Unión Europea, para reforzar las medidas de control e inspección de buques que transporten mercancías peligrosas y contaminantes que ya realizan los órganos competentes de la Administración general del Estado, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Sin perjuicio de la entrada en vigor inmediata -el mismo día de su publicación, el 14 de diciembre pasado-, el real decreto-ley prevé la eficacia de la prohibición con fecha 1 de enero de 2003. No obstante, desde el momento mismo de la publicación se ejerce ya el control y tutela de todos los buques que pretendan entrar en puertos, terminales o zonas de fondeo, imponiéndoles a tal efecto la obligación de comunicarlo a la autoridad marítima con 24 horas de antelación.


Por todo ello, señorías, solicito el voto favorable para la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


¿Turno en contra del real decreto? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El real decreto-ley que nos propone el Gobierno para aumentar la seguridad marítima parte de considerar que el concepto de seguridad marítima debe ser prioritario en sí mismo. Consecuente con este principio, el Gobierno reduce el concepto de seguridad marítima fundamentalmente a inspecciones serias y homogéneas en todos los puertos del Estado español y a la exclusión de buques de casco simple para determinado tipo de productos petrolíferos. Señorías, en todo lo que llevamos debatido sobre el problema de la seguridad marítima tenemos claro que es fundamental el control e inspección en el mar, por lo menos en el mar próximo a las costas y a los puertos del Estado; el correcto control de los dispositivos de seguridad que existen -en particular, del dispositivo de seguridad de Fisterra-; la política de prevención y la política de medios -que en la actual catástrofe que padecemos ha quedado muy de manifiesto que eran muy escasos- y el problema de los barcos de bandera de conveniencia y, en concreto, el marco fiscal, legal y laboral a que están sometidos estos barcos. Por lo tanto, tomar medidas de carácter particular o muy específico puede estar lleno de buenas intenciones pero inmediatamente se demostrará no solamente escaso sino incluso que puede ser una medida autocomplaciente que borre de la perspectiva de futuro inmediato el planteamiento de otras medidas. En todo caso, es cierto que 2.000 petroleros navegan por aguas de la Unión Europea, y el 70 por ciento llegan por al ruta del Atlántico Norte, lo cual equivale a decir que prácticamente la inmensa mayoría de estos petroleros pasan por las aguas de tráfico marítimo de Fisterra. Sigue habiendo en el Gobierno la tendencia a atribuir esta catástrofe a la antigüedad del Prestige, pero da la casualidad de que este barco de 23 años de antigüedad estaba en 1999 en la lista blanca del Memorándum de París -MOU-, gozaba de todas las autorizaciones de las autoridades internacionales y nada tenían que objetar las autoridades de los Estados.


El real decreto-ley es consecuente con lo que se acordó en Bruselas los días 5 y 6 de diciembre, es decir, que los petróleos pesados sólo puedan ser depositados y transportados en petroleros de doble casco, y no admitir en puertos, terminales o zonas de fondeo de los distintos Estados de la Unión Europea a los petroleros que no cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, en Bruselas se intentó también instar a los Estados a que controlasen o limitasen el tráfico de mercancías peligrosas dentro de las 200 millas de sus aguas de influencia económica, y el real decreto-ley se limita a las áreas claramente estatales en la admisión en puertos, terminales o zonas de fondeo de los petroleros que lleven fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo de tipo pesado.


El pago por estas infracciones es lógico, igual que la notificación 24 horas antes de la entrada en el puerto,

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mientras no haya que ser estrictos en el cumplimiento del decreto, a partir del 1 de enero. Para nosotros, la notificación y medidas de decisión y control en los corredores, en los dispositivos de seguridad, serían fundamentales en este momento, igual que prolongar el dispositivo de seguridad hacia el norte y el sur en el caso de Fisterra. Hay que tener en cuenta -y me dirijo especialmente al señor ministro- que, con medidas de efectos propagandísticos pero de escasa eficacia, no se arregla el problema. Consideren, por ejemplo, que, en el momento que se tomaba el acuerdo Aznar-Chirac de controlar los buques peligrosos en las aguas de influencia económica, se producía el hecho paradójico de que en el puerto de A Coruña estaba fondeado el petrolero Express, de bandera maltesa de conveniencia y 22 años de antigüedad, con 81.000 toneladas de fuel en sus bodegas. Igualmente, en los mismos días en que se hacía esa pomposa declaración, los buques basura en puertos españoles eran 52, todos en la lista negra del MOU. Por qué no decir también que las navieras españolas controlan 330 buques mercantes -y habría que tomar medidas-, 25 de ellos petroleros: 13 tienen más de 18 años, 11 superan los 20 años; el 54 por ciento del total de estos buques están abanderados en pabellones de conveniencia, y el 45 por ciento están en el registro especial de Canarias; sólo el 1 por ciento no tiene bandera de conveniencia. La situación de la UE, en general, no es mucho mejor: el 67 por ciento de sus barcos están bajo banderas de conveniencia.


Todo esto debería llevarnos a conclusiones y decisiones más contundentes, aunque hubiera que estudiarlas con más tiempo. En todo caso, las medidas que podemos aplicar hoy, como las inspecciones en puerto, deberían ser menos rutinarias. Hay un dato concreto muy contundente: el 30 por ciento de las inspecciones que realiza el Estado español da como resultado el 12 por ciento de detenciones por deficiencias; Portugal hace menos, pero resulta de ellas la detención del 12 por ciento de los barcos que recalan en sus puertos. Esto quiere decir que podríamos ejercer mejor nuestras competencias y aplicar las medidas que tenemos con más eficacia, y esto es muy urgente en el tráfico del corredor de Fisterra. Hay que controlar los barcos que van a entrar en el dispositivo de seguridad, obligarles a que hagan la notificación y, a los que vengan con productos peligrosos, si las condiciones meteorológicas son muy adversas, hay que obligarlos a fondear antes de entrar en el corredor. En concreto, se sabe que hay un lugar donde fondear -gratuito además, señores-, y lo podemos comprobar todos los días: la ría de Ares. Creo que con estas medidas de prevención y con más medios a corto plazo se podría hacer mucho más en concreto que tomando una medida que -no decimos que sea incorrecta- parece espectacular pero cuyo alcance y eficacia es mucho menor; concretamente, las medidas del Gobierno afectarían apenas a 15 buques pertenecientes al conjunto de barcos de las navieras españolas.


Por lo demás, sabemos que hay dos problemas políticos. Uno de ellos es que solamente un Estado imperial como Estados Unidos se puede permitir el lujo de tomar decisiones unilaterales como las que tomó en 1990 con el Oil Pollution Act. La Unión Europea, desgraciadamente, no tiene ese nivel de coherencia ni este nivel de decisiones políticas de su conjunto de Estados destinadas a beneficiar la seguridad marítima en sus costas. En todo caso, sí tiene la capacidad de hacer un debate a fondo para que las competencias de los Estados se ejerzan firmemente con gran profundidad y también para que la Organización Marítima Internacional cambie de postura. En concreto, la Organización Marítima Internacional, a través del convenio MARPOL, ya tenía decidida desde 1992 la teoría del doble casco y parece ser que desde 1996 no se construyen buques que no lo tengan. Sin embargo, el panorama del conjunto internacional sigue siendo aberrantemente deficiente. De los 7.030 buques que había para el transporte de crudo en los años 1999-2000 -que representan el 38,5 por ciento del tonelaje mundial de la marina mercante-, el 41 por ciento tiene más de 20 años. Habría que tomar una decisión, empezando por los Estados de la Unión Europea, de iniciar una política de desmantelamiento de estos buques, de construcción de otros nuevos y, ya a nivel más casero, que por lo menos en alguna zona del Estado español que no tiene la declaración de zona especial a efectos del convenio MARPOL, como es el caso de Fisterra, fuera así declarada para que se ejerciesen todas las competencias, vigilancias y controles del Estado.


Acabo ya, señora presidenta, diciendo que es curioso que entre el real decreto-ley que se nos presenta y el borrador que fue pasado a debate entre los sectores interesados se eliminara justo el artículo 2, que hacía mucho hincapié en el control de los barcos en las aguas de influencia económica de los Estados miembros, lo cual es efectivamente una medida que sería muy eficaz y que desgraciadamente en el texto que ahora se nos pasa a debate y votación no aparece. Echamos en falta esta inspección de los buques en alta mar que establecía el artículo 2, tal como lo vimos en el proyecto de borrador. Con todo, vamos a votar a favor del decreto-ley, pero pediríamos -en este caso con mucha más razón- que se debatiese como proyecto de ley para que pudiésemos, de forma sensata y ponderada, tomar algunas medidas más que fueran clara competencia del Estado, aún sin esperar a las decisiones internacionales, que podrían beneficiar sensiblemente la seguridad marítima en nuestras cosas.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre de Coalición Canaria, señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde Coalición Canaria, en un sentido de responsabilidad, vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que permite adoptar medidas para buques-tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. Hacemos también, ante la presencia del señor ministro de Fomento, una primera reconsideración y es que apoyamos esto porque creemos que es un primer paso hacia delante. En el primer párrafo de la exposición de motivos del real decreto-ley se citan como zonas de paso y, por tanto, conflictivas en las rutas de los grandes buques cargueros de estas mercancías peligrosas o contaminantes, el estrecho de Gibraltar, la costa gallega, Finisterre y el archipiélago canario. Estamos en la línea de seguir manteniendo ante la Organización Marítima Internacional, la OMI, y la Unión Europea todas las líneas de exigencia, porque nos sentimos frustrados y esta es la primera reflexión. Cuando hemos conocido el texto del Reglamento 417/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado mes de febrero, hemos visto que no se recoge la propuesta de la Comisión -de los comisarios de la Unión Europea- de impedir que aquellos buques petroleros de crudo de 20.000 toneladas o más de peso muerto y aquellos buques de productos de 30.000 toneladas o más de peso muerto pudieran operar cuando el buque tuviera una antigüedad de 23 años o el 1 de junio del año 2005 si esta fecha fuera anterior. En el párrafo cuarto de la exposición de motivos se dice con gran claridad y contundencia que de haberse adoptado esta propuesta de la Comisión Europea, apoyada por España, el buque Prestige hubiera dejado de navegar en 1999, fecha en la que se cumplían los 23 años de antigüedad.


Como le digo, señor ministro, vamos a apoyar este real decreto, pero estimulamos al Gobierno a su perfeccionamiento y avance. En primer lugar porque si el capitán de un buque en estas condiciones penetra en un puerto español, infringiendo, por tanto, lo dispuesto en el artículo 1 -prohibición de entrada en puerto para todos estos buques-tanque que transporten fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo crudo pesado-, incumple una norma que está tipificada en este real decreto-ley no como delito sino como infracción muy grave. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el responsable de cometer una infracción muy grave es condenado a pagar una multa de tres millones de euros.


Nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué efecto disuasorio puede tener esta actuación si no va acompañada de medidas penales? Esto se comprendió perfectamente por el Gobierno en el tema de la inmigración y se dice que el patrón de la patera o del buque que introduzca a estas personas no solamente comete una infracción administrativa sino que incurre en una cuestión penal y es condenado hasta tres años de prisión por la justicia española. Todos sabemos lo que es la infracción de una norma, la persecución de un delito, pero en este caso quisiera saber, para evitar que se cometa una infracción, qué medios disuasorios o de vigilancia hay para evitar que se cometa, porque prácticamente del decreto sólo se deduce que una vez cometida la infracción se le aplica la multa de los tres millones. Nosotros pediríamos que el Estado perfeccione el alcance de otras medidas. Por eso decimos que este decreto-ley nos parece un avance positivo, pero hay que perfeccionarlo con las medidas disuasorias y evitar que se cometa la infracción. Esto solamente puede hacerlo el Estado con los medios de que dispone, bien a través de la Guardia Civil del Mar, bien con la Armada, como instrumento de defensa de los intereses nacionales. En el ámbito de las leyes cinegéticas, de las leyes de tráfico, etcétera, está detrás el Seprona, la Guardia Civil, para velar por su cumplimiento y que no se cometan infracciones. Esta es la parte en la que queremos estimular al Gobierno para que se dé otro paso más. Como digo, desde Coalición Canaria consideramos que este real decreto-ley es el inicio de una lucha contra toda esta delincuencia, contra estas mafias internacionales que no tienen respeto por las normas, pero también queremos que el Consejo de la Unión Europea tome nota de que hay que volver a considerar poner en un nuevo reglamento, perfeccionador del número 417 de febrero de este año, la propuesta que en su día hizo la Comisión señalando la prohibición para estos buques de más de 20.000 ó 30.000 toneladas de registro bruto de penetrar en ningún puerto. Tenemos que tomar medidas para que nuestra riqueza ecológica, nuestros intereses turísticos, nuestros intereses económicos, sociales y de todo tipo no corran un riesgo innecesario ante cualquier infractor de esta normativa.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, vaya por delante el apoyo que mi grupo parlamentario va a dar a este real decreto. Señorías, el que demos el apoyo a este real decreto no significa que no nos parezca, señor ministro, que se han quedado ustedes, por decirlo de alguna manera, escasos. Es un primer paso, es verdad, viene del acuerdo de la cumbre de Copenhague, pero, señor ministro, se puede ir más allá. Desde nuestro punto de vista, sería necesario que se fuera más allá, y se lo han comentado portavoces que han intervenido antes que esta diputada.


Señoría, no solamente se trata de prohibir la entrada de buques, que también, y lo compartimos, sino que

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hay que prevenir, y la prevención se tiene que establecer en los sistemas de control y vigilancia. Señor ministro, en este real decreto ustedes simplemente hablan de las inspecciones, que también son necesarias, pero que deben ser serias para garantizar que no va a haber ningún tipo de desastre, aunque sea más allá de nuestras 200 millas, porque, al final, nos termina llegando la porquería a la costa.


Señor ministro, seguimos considerando que se han quedado ustedes escasos, por decirlo de alguna manera, porque la seguridad marítima, en la que tanto hincapié hacen, que para ustedes es prioritaria, tendría que ir algo más arropada, no solamente con la prohibición sino más allá. No hace tantos días, el presidente del Gobierno, el señor Aznar, decía que compartía y que estaba de acuerdo con las medidas adoptadas por Estados Unidos después del desastre del Exxon Valdez. Entre esas medidas se encuentra no sólo la prohibición de la entrada en puertos americanos de petroleros con un solo casco y con unas determinadas condiciones, sino además el alejamiento a más de 200 millas y la exigencia de responsabilidad financiera. Usted sabe como yo, señor ministro, que en la Oil Pollution Act, además de la exigencia del doble casco para los que transportan las mercancías contaminantes o peligrosas, hay una reclamación de responsabilidad civil ilimitada para los armadores y la aplicación de duras sanciones a las navieras que infrinjan las normas.
Por ejemplo, en Estados Unidos la ley obliga a los armadores a depositar fianzas multimillonarias y a designar representante en territorio estadounidense para que responda de los eventuales daños que se pudieran producir en caso de un siniestro de similares características al padecido por nuestras costas con el hundimiento del Prestige.


El ámbito de aplicación de la ley es amplísimo, no sólo abarca las aguas territoriales de Estados Unidos sino también la zona económica exclusiva; por tanto, va a cubrir los daños producidos tanto a las personas como a los recursos naturales o cualquier otro daño que se pueda plantear, así como los medios que haya tenido que prestar la Administración pública para el control del siniestro y la recuperación tanto del medio ambiente como de la salud de las personas. Esta legislación incluye una participación muy amplia de Estados federados, de ayuntamientos y de consejos ciudadanos en los planes de contingencias por vertidos de crudo y en torno a este accidente que les sirvió de experiencia y del que deberíamos aprender, no solamente han creado programas de investigación y desarrollo tecnológico con unas dotaciones económicas bastante serias, sino que además han permitido que esa investigación se oriente hacia la restauración y rehabilitación de los recursos naturales de la economía y también del bienestar social de las zonas afectadas. Por tanto, no hace falta que inventemos cosas nuevas, porque tenemos un ejemplo y ya se está poniendo en práctica. Es más, hemos discutido constantemente, desde que se produjo el hundimiento del petrolero o el accidente, la carencia de medios por parte del Estado español para poder atender las necesidades.
Hoy por hoy, señor ministro, todavía se quejan los afectados más directamente. Aunque usted les recrimine que en lugar de estar recogiendo chapapote se ponen en huelga de hambre, algo que lleva a la desesperación a cualquiera, siguen faltando medios. Ustedes podían haber aprovechado este real decreto para ampliarlo. Ya que no han introducido ninguna enmienda en los presupuestos para aumentar la dotación presupuestaria de salvamento marítimo, podían haber hecho un decreto mucho más amplio, donde no sólo se habilitaran recursos económicos, sino también la capacidad para poder contratar porque, la verdad, da pena oir a la gente protestar y decir que siguen sin tener los medios necesarios para poder succionar el fuel antes de que llegue a la costa. Señor ministro, eso también tenía que haber servido para que este decreto hubiera empezado a andar por el camino correcto, por la senda adecuada para resolver el problema. Porque cuando el chapapote está en la costa y, como veíamos ayer en las imágenes, las playas tienen más de medio metro de chapapote, incluso algunas zonas hasta un metro, la recogida es difícil. Desde luego es un esfuerzo inaudito y de agradecer a todos aquellos que están haciéndolo con sus propias manos. Pero siguen sin ponerse los medios, señor ministro. Siguen empeñados en no dotar al Estado de los recursos necesarios para hacer frente a esta catástrofe y eso no es de recibo cuando se dice -y no tenemos por qué no creerlo- que para ustedes esto es un drama de características sin igual.


Señor ministro, ya que se acusa constantemente de que no hay propuestas alternativas, tendríamos que recordarle que en el año 1992, en Málaga, se experimentó un buque, que se llamaba Vulcan, de actuación urgente ante desastres ambientales y que estaba orientado a la limpieza de los derrames que se pudieran producir en las dársenas en las cargas y descargas de combustibles pesados. Este proyecto se estaba haciendo con fondos CONVER, fondos de reconversión de la industria militar en industria civil, y fue desmantelado. Miren por dónde, Estados Unidos, después de lo ocurrido con el Exxon Valdez, se puso a trabajar en un proyecto, en el que podíamos haber trabajado nosotros y que su Gobierno podría rescatar y dotas de los recursos necesarios, un buque de similares características al que se experimentó en Málaga en 1992 y tienen uno cada 100 kilómetros de costa para prevenir catástrofes similares. Por tanto, señorías, el decreto no solamente es escaso, sino que es tan escaso como lo fueron los resultados de la cumbre de Copenhague.


Señor ministro, mi grupo parlamentario ha dicho reiteradamente que al Estado hay que dotarlo de contenido. Ustedes lo vaciaron; hay problemas de coordinación, hay problemas de orientación y hay falta de medios.
Aprovechen este real decreto para hacerlo mucho más amplio de lo que proponen y empecemos a

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poner en marcha las medidas que puedan, si no paliar o minimizar, sí ayudar a limpiar la zona lo más rápidamente posible y, sobre todo, doten ustedes a las cofradías de pescadores de los recursos, de los materiales necesarios para que desde los pesqueros se pueda seguir recogiendo el fuel. Así, señor ministro, evitará que se puedan producir huelgas de hambre y, en vez de ello, se pongan a recoger el chapapote, porque están más interesados que el propio Gobierno.


Por tanto, señorías, seguimos insistiendo en la necesidad de dotarles de esos recursos que ustedes obvian. No queremos decir, señor ministro, que el real decreto no vaya a servir para nada, pero tengo la sensación de que es más un maquillaje que nos va a permitir decir que estamos haciendo algo que abordar realmente, de manera seria, por lo menos el inicio del camino para solucionar el problema; problema que parece, señor ministro, que a usted y al Gobierno al que pertenece se les ha escapado de las manos.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Simplemente quiero notificar que nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del real decreto. Consideramos que este real decreto, que es desarrollo de los acuerdos del Consejo de Ministros de Transportes de los días 5 y 6, nos parece correcto. Nos parece, no diré escaso, pero sí un primer paso -repito, por no decir escaso- para solucionar estos graves problemas que se están desarrollando por todos los mares que nos circundan.


Verdaderamente, la solución más rápida y emergente es la que se toma, pero habrá que trabajar mucho porque se va a tener que estudiar a fondo toda la temática del derecho internacional, ya que con el decreto se resuelven los problemas de la entrada y la circulación de estos buques en malas condiciones por la costa, en las zonas de fondeo y en las terminales de los puertos españoles, pero hay muchas más cosas que decidir, y no se puede hacer a través de este decreto sino por acuerdos de ámbito internacional. Estos acuerdos me preocupan mucho porque darán mucho trabajo y porque en la reglamentación de 2002 había habido una serie de propuestas, varias de ellas del Gobierno español, que no pudieron ser aprobadas, y mucho me temo que, a la hora de incidir fuertemente en el derecho internacional, algunos países de la Unión Europea y otros próximos a ella puedan plantear toda una serie de pegas, intencionadamente, defendiendo sus derechos, que puedan perjudicar el buen resultado, la finalidad que todos queremos alcanzar con este decreto.


También me preocupan las fechas, prácticamente son 15 los días que pueden estar los buques en situación de tránsito, porque en estos momentos hay buques en labores de carga, que se están trasladando, y a partir del día 1 de enero de 2003 la prohibición entra en vigor, por lo que la autoridad marítima tiene que notificárselo con un mínimo de 24 horas. Me preocupa que éste quizá sea un plazo muy corto de circulación para algunos buques que puedan estar ya en marcha. La preocupación es mayor por el hecho de que, al ser una fecha tan ajustada, tengamos que establecer alguna situación especial. No quiero decir otra cosa.


Hay que ser duros y mantenerse firmes en lo que dice el decreto. Debemos mantenernos firmes pensando que si otros países ya lo hicieron hace años, Europa lo debía haber hecho en su momento, quizá en los años 2001-2002, pero ahora es la ocasión de luchar hasta el final para que este problema se resuelva de una vez por todas.


Nosotros daremos nuestro voto favorable a la convalidación del real decreto.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, este real decreto-ley por el que se adoptan medidas para buques tanques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes que el Gobierno trae para su convalidación, está claro que tiene su origen en el acontecimiento desgraciado que estamos viviendo, derivado del hundimiento del buque Prestige. Pero no es que sea una obviedad literaria, es que también está recogido en el texto del preámbulo. De tal manera que en la exposición de motivos, que conduce a lo que nosotros estimamos que es una escuálida norma integrada exclusivamente por dos artículos, se hace referencia a la tramitación de una serie de normas que tuvo lugar en el seno de la Comisión Europea, y asimismo en el Parlamento, en codecisión, a raíz del accidente del Erika, y que desde allí se impulsaron. El texto dice: De haberse aprobado la propuesta de la Comisión, apoyada por España, el buque Prestige hubiese dejado de navegar en el año 1999, fecha en que se cumplían los 23 años de antigüedad.


Señorías, yo me pregunto muy seriamente: ¿Es verdad, como han reflejado medios de comunicación, que empresas petroleras españolas, particularmente Repsol, hayan venido impidiendo en los últimos tiempos el atraque o el fondeo en los sistemas próximos a sus instalaciones petrolíferas del buque Prestige en cuatro o cinco ocasiones? Señor ministro, si fuera cierto también que Repsol se negó a dar cobijo al buque Prestige en sus instalaciones en Galicia, como han manifestado

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algunos medios de comunicación (este diputado lo dibuja sólo a modo de interrogante y espero que el señor ministro de Fomento, en su próxima comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras antes de que finalice el año, nos indique si es correcto o no), pondría de manifiesto que la industria española, en la adopción de medidas, va por delante de la propia Administración marítima española. Señor ministro, como este diputado no entiende la vida parlamentaria a base de retos ni de actitudes equivalentes a las que se producían en el lejano Oeste, no va a usar el término retar sino que le invita a que en su próxima comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras antes de que finalice el año, que se va a producir a petición suya, nos traiga un documento temporalizado, con los acontecimientos que se fueron produciendo desde que se recibió el SOS en la torre de control de la Administración marítima española.


Señor ministro, nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, y lo hacemos a pesar de que estimamos que es muy mejorable -y le ruego atención- por lo siguiente. El Convenio MARPOL 73/78 -así es conocido en el argot marítimo- es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. Es un convenio que se gestó en 1973, se modificó en 1978 y en el que con posterioridad, en marzo de 1992, la Organización Marítima Internacional efectuó importantes modificaciones con el fin de imponer unas normas más rigurosas en materia de diseño y construcción de los petroleros. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Señor ministro, las modificaciones entraron en vigor el 6 de julio de 1993, hace prácticamente 10 años, y en esa fecha se impuso la exigencia del doble casco (repito, señorías, hace 10 años, no es de anteayer) o -señor ministro, aquí hay una trampa muy peligrosa- de diseños equivalentes a todos los petroleros entregados a partir del 6 de julio de 1996, con el fin de evitar la contaminación por petróleo en caso de abordaje o de varada anómala. Una de estas modificaciones, que establecía un programa de adaptación progresivo para los petroleros de casco único entregados antes del 6 de julio de 1996, entró en vigor con anterioridad, el 6 de julio de 1995, y con arreglo a esa norma dichos petroleros deben ajustarse a la exigencia del doble casco o -vuelvo a repetir: ¡ojo con este dato!-diseños equivalentes en el plazo máximo de 25 años, etcétera.


Señor ministro, en la lectura de la parte expositiva de este real decreto-ley -y vamos a ser rigurosos- encontramos que no se hace la más mínima referencia a la posibilidad de petroleros con diseño equivalente al doble casco. Tengamos las ideas claras. No es el momento para profundizar técnicamente. Tres tipos de petroleros: petroleros monocascos, petroleros de doble casco y una situación intermedia, petroleros de diseño equivalente al doble casco, fruto de reconversiones de los de monocasco, y esto no lo recoge ninguno de los dos artículos ejecutivos que tiene el real decreto-ley. En primer lugar, prohibición de entrada en puertos. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo con que se prohíba la entrada en puertos españoles en terminales o zonas de fondeo de buques petroleros de casco único cualquiera que sea la bandera que enarbolen, que transporten fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo crudo pesado. Pero, señor ministro, ¿usted está en condiciones de asegurar que se prohíbe la entrada de petroleros de diseño equivalente, que son petroleros de casco único reconvertidos? Aquí hay una quiebra, señor ministro. Por eso, nosotros estimamos que es muy positiva su tramitación como proyecto de ley y le presentaríamos una enmienda en ese sentido para atar lo mejor posible la intencionalidad que impulsa y que inspira este real decreto-ley.


En segundo lugar, el régimen sancionador. No tenemos nada que poner de manifiesto. Nosotros introduciríamos una nueva enmienda que sería un nuevo artículo. Hay que ampliar las restricciones no sólo a los buques que transporten fluidos combustibles de naturaleza negra -dicho entrecomilladamente-, sino determinados tipos de combustible muy contaminantes, de alta peligrosidad. Buques cargados, por ejemplo, con productos derivados del hidróxido sódico, altamente combustible o productos derivados de abonos nitrogenados con alto grado de peligrosidad o buques quimiqueros, gaseros, metaneros, etcétera, ¿por qué quedan excluidos, señor ministro? Nosotros lo plantearíamos como enmienda en positivo.


Señor ministro, veamos la realidad del último mes. Desde que el presidente del Gobierno, señor Aznar, ordenó el alejamiento de nuestras aguas jurisdiccionales de determinados buques para que no atracasen en nuestros puertos, se ha producido una serie de circunstancias que nosotros queremos combatir; una serie de circunstancias derivadas del hecho de que barcos de muy diferentes características hayan atracado en nuestros puertos con un alto índice de peligrosidad. Señor ministro, nosotros queremos apoyar esta línea de conducta. Pero en las islas menores del archipiélago canario o de la comunidad balear requieren una modulación las tomas de decisiones y no se establece ninguna norma que tenga el reflejo de las circunstancias muy especiales de esos lugares del Estado español con puertos singulares. También le pedimos que en su próxima comparecencia nos hable de las medidas que el Gobierno puede tomar precisamente para favorecer al sector naviero español, como la tonal tax o, por ejemplo, los avales al sector naviero, que están posibilitando que navieros españoles construyan buques de doble casco en Corea y en China, y les daría nombres concretos, y las medidas que puede adoptar para posibilitar esas construcciones en Astilleros Españoles.


Por último, le ruego que nos informe de los nombres de cada uno de los buques y de las navieras españolas que incumplirán la norma que se va a exigir, y que

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nosotros apoyamos en este real decreto-ley. Tengo el último ejemplar de la revista más prestigiosa de los ingenieros navales españoles con el listado de los buques que incumplen esta norma y créame, señor ministro, debe ser objeto de análisis. Compañías como Gas Natural Trading, española; Marítima del Norte; CEMEX España, también española; Compañía Logística de Hidrocarburos, etcétera...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Segura, debe ir concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Decía que a partir del mes de enero, la mayor parte de los barcos de estas compañías no van a poder atracar en los puertos españoles. Habrá que buscar una alternativa.


Señor ministro, traiga un informe detallado de todos los acontecimientos de este último mes y verá cómo vamos a construir en positivo, entre todos, un futuro mejor para la marina mercante española, para los ciudadanos españoles, para la seguridad de la vida en la mar y parar la lucha contra la contaminación marina.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Señora presidenta, señorías, aunque el decreto que me hace subir a la tribuna es muy concreto, no me puedo abstraer, ni mi grupo tampoco, del clima de los debates del último mes. Y a la luz de la música y la letra que orquestan algunos, me permito hacer tres reflexiones en el pórtico de mi intervención. La primera es que es patético, desde mi punto de vista y con respeto, argumentar en un discurso político la acusación de culpabilidad al Estado, nada menos que al Estado, del accidente del buque petrolero. Señorías, no creo necesario recordarles que el buque existió, no fue un fantasma y que el temporal también existió, no fue una película. La segunda reflexión es que en la tragedia del buque siniestrado existen pocas sombras y muchas luces; luces que la sociedad española y los afectados gallegos, asturianos, vascos y cántabros verán, a pesar de los intentos de algunos por ocultarlas. La tercera reflexión es que las consecuencias graves, gravísimas del accidente tienen solución, señorías. Con los datos rigurosos que se manejan, el optimismo es posible y deberíamos hacer un esfuerzo por transmitirlo. El optimismo es posible y la situación no está fuera de control.


Paso ya al real decreto. No utilizaré mucho tiempo en argumentar la urgencia y oportunidad del real decreto-ley, su contenido lo argumenta solo. En los últimos años hemos asistido en esta Cámara a numerosos debates sobre la seguridad marítima y el control de la contaminación en el mar, desde el debate del libro blanco del transporte hasta los debates y comparecencias del ministro y la comparecencia del director general de la Marina Mercante para presentar el Plan de seguridad, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación; en distintas oportunidades hemos tenido ocasión de escuchar la apuesta clara del Gobierno y del Partido Popular por impulsar las cuestiones relativas a la seguridad marítima en el seno de la Unión Europea. Contamos además con el impulso decisivo de la comisaria Loyola de Palacio en el reglamento de desarrollo de los paquetes del Erika I y Erika II. Los diarios de sesiones son testigos mudos de esas iniciativas.


La seguridad y lucha contra la contaminación planteada por el Gobierno español contemplaba y contempla varios aspectos: las características y edad del buque; la formación de profesionales, el 80 por ciento de los accidentes son debidos a fallos humanos; el control del tráfico de buques, y la definición y ampliación de las responsabilidades. El desgraciado accidente del buque petrolero ha precipitado el acuerdo en la Organización Marítima Internacional, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y hace unos días en la Comisión. Las 19 medidas que adoptó el Consejo de Ministros de Transporte y Energía en su reunión de los días 4 y 5, aprobadas por la Comisión y ratificadas por el Consejo de Copenhague iban encaminadas, las resumo, a prohibir que en los Estados de la Unión Europea entren petroleros de casco único que transporten combustibles pesados, a adelantar las fechas de retirada de los petroleros de casco simple con más de 15 años de antigüedad, a controlar y en su caso impedir el tráfico de mercancías peligrosas en las 200 millas, al compromiso de formación del personal, al compromiso de inspección del 25 por ciento de los buques -debo recordar que España ya cumplía este compromiso desde el año 2000-, a unificar los protocolos de inspección a través de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, al compromiso de planes de acogida y lugares de refugio para buques en peligro, a contemplar zonas singulares, como es la del accidente y también la de Canarias, y a ampliar las indemnizaciones. Recordarán que en el Pleno extraordinario del pasado día 16 el presidente Aznar hizo alusión a estas medidas.


El real decreto-ley que hoy nos ha presentado el ministro introduce en la legislación española la prohibición de entrada en puertos españoles, en terminales o en zonas de fondeo de buques petroleros que transporten fuel pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo crudo. Es la trasposición a las normas españolas de una de las 19 medidas que se adoptaron en el Consejo de Ministros de Transporte y Energía de los días 4 y 5 y que fueron ratificadas por la Comisión el pasado día 14. El decreto, como ha explicado el ministro, habilita al Gobierno para adoptar medidas organizativas, administrativas y presupuestarias para hacer efectiva la norma, independientemente de la bandera enarbolada. Hemos de hacer hincapié y acentuar que España es el primer país que toma esta decisión y que traspone a su

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normativa una de las 19 medidas que se adoptaron en la Comisión.


En este punto a mí me gustaría por lo menos rechazar las dudas que plantea el señor Segura haciendo una mención a la actitud y comportamiento de la empresa Repsol. Creo, señorías, que ni es el momento ni creo que ayude en nada sembrar ese tipo de dudas. También me gustaría recordarle al señor Segura que conoce los esfuerzos del Gobierno español, de la comisaria y de la delegación del Gobierno por imponer normas claras y exigentes de la seguridad marítima y que afortunadamente en la Unión Europea, en el Consejo y en la Comisión han adoptado unas normas muy claras en el reglamento y en los acuerdos de las últimas sesiones. Nos gustaría saber por qué y para qué desea que se haga una excepción en España que no se hace en la Unión Europea, al pretender introducir una singularidad y es que no sean sólo los petroleros de doble casco y los monocasco, sino los monocasco recuperados fruto de una adaptación; nos gustaría saber por qué, para qué y qué beneficios plantea esa excepción que no se da en la Unión Europea.


Este, señorías, es el camino. En él encontrarán al Gobierno y al Partido Popular siempre. La crítica fácil, la descalificación injustificada, el discurso ambiguo, el tremendismo y el catastrofismo creemos que no ayudan en nada, y menos anímicamente, a los afectados y a la sociedad española, tan sensibilizada con este accidente desgraciado y trascendente. Anoche escuchaba en un medio de comunicación al director del Centro de investigación francés de lucha contra la contaminación. Decía que si el plan de trabajo continúa así, tal como está planteado, él se bañaría el próximo verano en las playas de Galicia. Probablemente ese mensaje telegráfico haya ayudado más a todos los afectados y a la sociedad española que todos los discursos tremendistas y negativos del último mes.
Transmitir optimismo es hoy posible, señoría. Hacer política fácil de cuestiones delicadas, sin rigor y a cualquier precio, no es deseable. En el camino de la seguridad en el mar está el Partido Popular y el Gobierno; en la senda de la lucha contra la contaminación de las costas de Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria, también están el Partido Popular y el Gobierno, con toda su inteligencia, saber y dedicación, senda a la que una vez más invitamos a todos, especialmente a los que están situados en el fácil camino del oportunismo.


Por último, y termino, nos congratulamos de que este real decreto-ley tenga un apoyo unánime por parte de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Jiménez. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la convalidación.


¿Algún grupo parlamentario desea que se someta a votación la tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley? (Pausa.)

Sometemos a votación su tramitación como proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 127; en contra, 185; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003.
(Número de expediente 121/000109.)

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.
(Número de expediente 121/000112.)

La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día, enmiendas del Senado.
Anuncio a la Cámara que la votación de conjunto, por tener carácter orgánico, del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación no se producirá antes de las cinco de la tarde. Las enmiendas del Senado al proyecto de ley de presupuestos generales y al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo debate comienza ahora, se someterán a votación al finalizar el debate, si esto tuviera lugar antes de las dos y media; si no, la votación sería a partir de las cuatro y media.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. ¿Cuántos miembros van a intervenir, por favor? (Pausa.) Cuatro.


En primer lugar, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


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Señorías, desde Chunta Aragonesista vamos a votar en contra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2003, porque no se ha variado ni en su trámite del Congreso ni en el Senado ninguno de los planteamientos generales por los que pedimos su devolución. No se ha querido asumir ni una sola de las enmiendas presentadas, unas 200. En algunos casos con estas iniciativas se hacía referencia a cuestiones que se habían votado incluso por los representantes del partido que apoya al Gobierno en diferentes instituciones aragonesas, ya sea en las Cortes de Aragón, diputaciones o ayuntamientos, temas como el del aeropuerto de Zaragoza, el plan de la minería turolense, el eje pirenaico, etcétera. Son unos presupuestos basados en objetivos inalcanzables por el Gobierno manejando simplemente los últimos datos de inflación. Son unos presupuestos que quieren el equilibrio primando la acción de lo privado, cuando para nosotros reclamamos la intervención de lo público para corregir desigualdades sociales y para reequilibrar un territorio que presenta contrastes fortísimos entre el interior y la costa. Consideramos que el objetivo fundamental que se busca con la obsesión desmedida por la eliminación del déficit presupuestario responde mucho más a los criterios de una empresa privada que a los parámetros de la acción pública, donde los fundamentos básicos a lograr serían la creación de empleo, el acceso a la vivienda y la mejora de la educación y la sanidad. Sin embargo, estas cuestiones quedan en un segundo plano. Es más, observamos con asombro como mientras el precio de la vivienda sube hasta cifras inalcanzables para la mayoría de la ciudadanía, los planes presupuestarios del Gobierno mantienen unas previsiones similares a las del año anterior. La apuesta por una mejora de las condiciones laborales debería ser otro de los objetivos presupuestarios, pero los datos son tenaces y dramáticos. En el año 2001 sólo 9 de cada 100 de los nuevos contratos fueron indefinidos; el resto fueron temporales; doce millones y medio frente a poco más de un millón. En estas condiciones, ¿quién puede acceder a una vivienda, a unas condiciones dignas de vida? Además, no podemos dejar pasar por alto cuestiones como que en las partidas presupuestarias del Ministerio de Medio Ambiente se apuesta por el trasvase del Ebro y por obtener fondos europeos para su financiación específica. En esta cuestión queremos poner un ejemplo concreto de alguien que puede estar más cercano a las posiciones presupuestarias del Gobierno que a las de Chunta Aragonesista. El Círculo de Empresarios, cuyo presidente es Manuel Azpilicueta, ha realizado un documento de análisis de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, en los que domina continuidad presupuestaria con reformas pendientes, fechado el pasado 15 de octubre de 2002. El mencionado documento no se muestra crítico con las previsiones del Gobierno, más bien al contrario, excepto en un punto clave: las obras hidráulicas del Plan Hidrológico Nacional. En la página 11 de dicho documento, al analizar las líneas prioritarias del gasto, se dice textualmente: La eficiencia en el uso de los recursos no parece ser siempre el eje que preside las inversiones en infraestructuras. Continúa afirmando que en interés de la eficacia del gasto deberían darse análisis más exhaustivos de la rentabilidad social y de la oportunidad temporal de algunos proyectos. Elaborar, por ejemplo, un plan hidrológico sin siquiera haber estimado el precio del agua nos parece que no contribuye a alimentar la confianza en la rentabilidad social de algunas inversiones en infraestructuras. Si hasta una organización como el Círculo de Empresarios cuestiona abiertamente el plan hidrológico, alguna explicación debería darnos el Gobierno del señor Aznar. Parece que la oposición al trasvase del Ebro tiene más fundamentos que insolidaridad, a la que permanentemente recurre el Partido Popular.


En materia de infraestructuras ahora empiezan a saltar las costuras debido a lo justas que resultaban las inversiones. Es el caso, por ejemplo, de las obras de acondicionamiento del entorno de la estación intermodal de Zaragoza. Las previsiones de apoyo al ferrocarril convencional no se cumplen, mientras que se intenta cerrar estaciones y suprimir líneas ferroviarias. No existe un servicio de cercanías para Zaragoza. La autovía Teruel-Zaragoza que se comprometieron a inaugurar antes de 2004 no se acabará el año que viene y ahora observamos con preocupación cómo las obras de la alta velocidad entre ambas ciudades se demoran. El eje pirenaico no avanza al ritmo necesario ni la autovía Huesca-Pamplona-Lleida. Hay demasiadas carencias sociales en infraestructuras fruto de unos criterios donde se quiere encorsetar la acción del Estado, dejando todo en manos de la iniciativa privada. Por todos estos motivos, señorías, vamos a votar en contra de este proyecto de ley de unos presupuestos bastante cortos para el futuro de nuestro país.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Estamos en el trámite de la última fase del debate de presupuestos y de la ley llamada de medidas de acompañamiento. A lo largo de esta tramitación observamos que las líneas generales y la filosofía de los Presupuestos Generales del Estado para 2003 no se han modificado un ápice, amén de que no haya sido admitida básicamente apenas ninguna enmienda de la oposición, cosa que parece increíble. ¿Por qué no estamos de acuerdo con estos presupuestos? Cuatro fueron las razones que esgrimimos en el debate de totalidad, tanto en el Congreso como por parte de nuestra compañera

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en el Senado. Primera, el cuadro macroeconómico que presentaban los presupuestos no era creíble para nosotros y ya fue objeto de debate y de análisis el hecho de que tampoco fuera creíble, curiosamente, para el Banco de España ni para los numerosos institutos de investigación económica, que modificaban de manera muy importante sus previsiones presupuestarias. Esta primera razón venía porque no creíamos que el cuadro macroeconómico se pudiera sostener a lo largo del ejercicio del año próximo.


La segunda razón hacía referencia a nuestra divergencia en cuanto a su dogma del equilibrio presupuestario y no era una divergencia exclusiva de la oposición o de Eusko Alkartasuna, sino que ya hay reflexiones en la Unión Europea sobre la realidad por la que atravesamos, en el sentido de cuestionar si dentro de los baremos que pueda permitir el Pacto de Estabilidad, no sería conveniente plantearse otra serie de medidas de política macroeconómica para hacer frente a inversiones necesarias y absolutamente imprescindibles para el futuro. Se nos decía que quien no estuviera a favor del equilibrio presupuestario estaba cuestionando el futuro de la sociedad y nosotros lo planteábamos también en el mismo sentido: qué pasa si hoy no se invierte lo suficiente en educación, en investigación científica y desarrollo tecnológico, en infraestructuras de transporte o energía, etcétera. Evidentemente, estábamos y están ustedes poniendo en cuestión el futuro de la sociedad. Este es el segundo argumento que exponíamos entonces y que sigue siendo válido, agravado incluso por las circunstancias recientes. Creemos que el dogma del equilibrio presupuestario no tiene sentido a día de hoy.


La tercera razón tenía que ver con la gestión del gasto social. Se nos hablaba de porcentajes de gasto social. Nos gustaría conocer la gestión del gasto social -que desconocemos muchas veces en esta Cámara-, para determinar si es esta la mejor propuesta que se puede hacer en esta materia, teniendo en cuenta los parámetros existentes y las grandes diferencias que nos separan del gasto social de otros Estados de la Unión Europea; es decir, nos interesábamos y nos interesamos por el gasto real.


La última razón es que estos presupuestos no contemplan las competencias que corresponden, en virtud de su estatuto, a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materias tan sensibles como política laboral, de empleo, etcétera.


La ley de acompañamiento es un cajón de sastre, cuya tramitación no debería llevarse a cabo del modo que se viene produciendo en los últimos años. Mucho hemos hablado de ello, pero el uso y costumbre que ha impuesto el Partido Popular lo agrava más todavía. Nos parece realmente grave que el Grupo Parlamentario Popular introduzca en el Senado enmiendas de un calado impresionante, que pasan sin pena ni gloria, sin reflexión ni debate. Por ejemplo, se introducen las tasas judiciales y ni siquiera han pedido informe -no vinculante, evidentemente- al Consejo General del Poder Judicial. No hablamos de si es bueno o malo, que corresponde a otro debate; sólo les cito un ejemplo de lo que nunca debería haberse hecho y a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados durante los últimos años. Por estas razones, por la forma, por el procedimiento, por la filosofía y porque no estamos de acuerdo con los presupuestos, seguiremos votando negativamente en la última fase de esta tramitación parlamentaria.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estoy convencido -y supongo que ustedes lo están también- de que vivimos en una encrucijada de cambios muy importantes en el mundo, cambios producidos por la nueva economía, por la globalización, por la nueva cultura, por muchas cosas nuevas. En pura teoría, los Presupuestos Generales del Estado deberían ser el reflejo de la política del Estado durante todo el año y deberían ser reflejo de esta situación de cambio.
Estos cambios que generan incertidumbre y oportunidades, estos cambios que hacen que sea muy difícil predecir qué va a pasar y a dónde vamos, ¿están reflejados en los presupuestos o tenemos delante un presupuesto absolutamente inercial, que multiplica el de años anteriores por el IPC, como si aquí no pasara nada, como si todo siguiera igual, como si los mismos indicadores que ponemos todos los años fueran una especie de tradición? Mientras tanto, la inflación no se cumple, no se cumple el crecimiento, las expectativas son distintas, pero los cuadros macroeconómicos -el papel lo aguanta todo- son los mismos.


Este presupuesto no da respuesta a lo que está pasando, este presupuesto es un presupuesto inicial que no tiene en cuenta los presupuestos ejecutados de años anteriores, que no tiene en cuenta ni siquiera lo que viene pasando últimamente con las previsiones iniciales. Es un presupuesto trucado, es un presupuesto que tiene fe en un cuadro escrito, a sabiendas de que ese cuadro no es cierto; es un presupuesto que no resuelve tampoco las políticas sectoriales, que no resuelve las nuevas demandas. También ahí se multiplica todo por el IPC, como si todo siguiera igual, como si no hubiera nuevas cosas que requieren una atención especial naturalmente en detrimento de otras; como si no estuvieran pasando cosas que nos obligarían a todos a corregir desequilibrios, primera cuestión que tendrían que hacer los presupuestos y que siguen sin hacer. En Andalucía nunca nos vemos reflejados -siempre lo digo- en los presupuestos ni en muchas cuestiones que hace el Gobierno, empeñado en gobernar con las medias aritméticas.


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No estamos reflejados en ninguno de esos números, no hay esfuerzos especiales para los que van por detrás. No hay más injusticia que tratar igual a los desiguales.


Señorías, dicen que la política se basa en dos grandes patas: en la credibilidad y en la eficacia. Mucho me temo que este presupuesto no tenga ni credibilidad ni eficacia. No tiene credibilidad en sus grandes cifras ni credibilidad en que aquí estén reflejados nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestros retos. ¿Dónde están los proyectos que necesitamos? ¿Dónde está esa esperada 340 de Cádiz? ¿Dónde está el saneamiento integral de la Costa del Sol? ¿Dónde está el metro de Sevilla, que sigue sin aparecer en los presupuestos? ¿Dónde están tantas cosas de las que hablamos, que aquí no están?

No tengo más remedio que ratificar el no a estos presupuestos, el no a ese gran cajón de sastre que es la ley de acompañamiento, auténtica estafa del sistema político parlamentario, auténtica estafa que hurta el debate, que hurta la participación, que resta transparencia a los presupuestos y que aprovecha la puerta falsa de unos reglamentos mal hechos, desfasados, que permiten cambios radicales e importantes en las leyes sin que pasen por ningún lado, sin que nos den oportunidad de presentar enmiendas, sin analizarlos con profundidad. Señorías, incluso el procedimiento que tenemos en esta Cámara para debatir los presupuestos me parece estéril; demasiadas veces discutimos lo mismo y demasiadas pocas veces entramos en harina y entramos en cuestiones concretas.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, intervengo para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego presentadas en el Senado al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y a la ley de acompañamiento. Es un debate que inevitablemente -no puede ser de otra forma- está atravesado en el día de hoy por la catástrofe ecológica y económica provocada por el Prestige. Nosotros, como es conocido, manifestábamos en el proceso de discusión, tras su presentación, que las medidas son insuficientes, que son insolidarios, incapaces de contribuir a sacar a Galicia de los últimos lugares del desarrollo económico y social, de ese furgón de cola que, a pesar de que lo niegue la propaganda oficial, ocupamos decenio tras decenio. Es algo que, como SS.SS. saben, hemos denunciado en esta Cámara -también en otras- año tras año y que ahora, como consecuencia de la catástrofe del Prestige parecen reconocer todos cuando se muestran -aunque sea verbalmente, porque en el fondo es sólo verbalmente- tan solidarios con Galicia o tan decididos a impulsar inversiones que durante años y años -este que viene también- no vamos a ver materializadas.


A través de nuestras enmiendas seguimos planteando partidas necesarias, por ejemplo, para mejorar las infraestructuras viarias, que sean parejas a las que se están haciendo en el resto del Estado, singularmente en materia de ferrocarril. También demandamos compromisos presupuestarios para apoyar el mantenimiento de sectores como el agrario o el pesquero, cuya desaparición, como saben SS.SS., a marchas forzadas y sin alternativas de desarrollo que absorban la pérdida de miles de empleos, está generando emigración, niveles de envejecimiento o pura y simple despoblación, elementos que sin duda aumentarán si por parte del Gobierno no existe un compromiso presupuestario firme ante esta catástrofe que padecemos, compromiso que nosotros efectivamente no vemos por ningún lado. En todo caso, nosotros aspiraríamos, inútilmente, a que algunas -no digo ya todas- de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego pudieran ser aprobadas en este trámite parlamentario, pero seguramente nos encontraremos, una vez más, con el voto contrario de la mayoría.


Por centrarnos en lo más urgente en este poco tiempo del que dispongo, en las necesidades prioritarias a abordar, como son las consecuencias y la reparación de los daños económicos y ecológicos provocados por la catástrofe del Prestige, les digo, señorías, que nos parece incalificable que, no ya a iniciativa del Gobierno sino incluso por impulso del Grupo Popular, no se consignen partidas presupuestarias para el año 2003 acordes con las necesidades de actuar y para compensar los efectos de todo tipo que ha tenido lo que ya es considerada la mayor catástrofe ecológica de Europa, con las más que evidentes consecuencias económicas.
Nos sigue pareciendo una afirmación sólo verbal tratar justamente al territorio de Galicia cuando calificados ministros del Gobierno, fundamentalmente los ministros económicos, se están planteando que quizás, en función de las necesidades que haya que abordar, incluso podríamos considerar la posibilidad de romper el déficit cero. Si a estas alturas, señoras y señores diputados, el Gobierno no tiene claro que va a ser necesario un ingente esfuerzo presupuestario para abordar a fondo las consecuencias de esta catástrofe, ¿qué quieren que les diga? Si el Gobierno aún sigue aspirando a que a través de los remanentes de diversos ministerios se puedan afrontar económicamente las consecuencias de esta catástrofe, juzguen ustedes mismos o la opinión pública.


Que a estas alturas el Gobierno no tenga una mínima evaluación de los daños, aunque fuese aproximada, y que en función de eso se plantease la previsión de gasto en los presupuestos para el año 2003 nos parece que sigue reflejando aquello de que el Gobierno -ya sé

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que les molesta- no estuvo, no está y tampoco se le espera. Creo, señoras y señores diputados, que el Gobierno sigue racaneando y a la luz de las experiencias anteriores -porque los gallegos otra cosa no tendremos pero experiencia, de sobra- estamos seguros de que esperan a que pase el chaparrón para poder cumplir con unas pocas migajas que resuelvan los problemas de algunos a más corto plazo y sobre todo que callen conciencias. En fin, como otras veces, confiar en el olvido o en el conformismo de la gente en Galicia. Confían en que una vez más la gente se comporte como un súbdito, en vez de como ciudadanos. Esta vez lo van a tener un poco más difícil, van a verse obligados por la presión a tener que dar respuestas, a solucionar más aspectos de los que desearían relacionados con esta catástrofe.


Esta racanería gubernamental -también me sorprende o no sé si me sorprende, francamente, para qué voy a mentir- se ve respaldada por el Grupo Popular, que en plena crisis del Prestige plantea una única enmienda a los presupuestos en el Senado, a la sección 21, por valor de 10.800.000 euros. Una única enmienda. Esto expresa a las claras la preocupación y el compromiso del Grupo Popular con Galicia y expresa a las claras la gran distancia entre las palabras y los hechos. No veo aquí a la señora Sainz -en todo caso se lo comunico al Grupo Popular- pero quiero decirle que efectivamente en el caso del Prestige el Gobierno se ha labrado el desprestigio a pulso, simplemente solos; que el Grupo Popular, desgraciadamente, sigue preocupándose más por el combate político que por resolver los problemas reales. No es cierto -estos argumentos ya me parecen absolutamente miserables- que al Bloque Nacionalista Galego le reviente que se planteen compensaciones económicas a los afectados. Ahí habría que decir quizás que cree el ladrón que todos son de su misma condición. A nosotros no nos revienta; es al contrario, fuimos los primeros en hablar de estas cuestiones. Lo que nos revienta es que las partidas presupuestarias sean insuficientes; nos revienta que el Gobierno las vaya planteando con cuentagotas por la presión social; nos revienta que el Gobierno, por su incompetencia, nos haya colocado en el peor escenario posible; nos revienta que dejen solos a los trabajadores del mar en la lucha con el fuel; nos revienta que sigan creyendo que existen súbditos en lugar de ciudadanos, a los que graciosamente los gobiernos de turno les dan las ayudas.


No sé a qué viene eso de decir: gracias, señor vicepresidente, por el esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? Los impuestos son de los ciudadanos.
¿Acaso es el Gobierno el que saca de sus propios bolsillos los dineros? A veces estamos en un tipo de planteamientos francamente del siglo pasado.
No, del anterior; el pasado fue el siglo XX. También nos revienta que en lugar de asumir sus responsabilidades las quieran hacer recaer sobre los demás, siempre con ese estilo autoritario. Nosotros somos del Bloque Nacionalista Galego, estamos acostumbrados y sabemos lo que pasa. Ya sabemos cuál va a ser la actitud del Gobierno, habrá un ataque frontal contra el Bloque Nacionalista Galego, que no podremos contestar, obviamente, porque los medios de comunicación están controlados por el Partido Popular. Pero eso no va a resolver las cosas. Aquí hay un único responsable, que es el Gobierno, y dio muestras suficientes de incompetencia. Remedien esas muestras que dieron de incompetencia hasta ahora y empiecen a trabajar en serio, que es de lo que se trata.


Señores del Grupo Popular, nos revienta que, frente a esta única enmienda que presentan en el Senado para afrontar la catástrofe de Galicia, sea el mismo Grupo Popular el que presenta varias enmiendas justo, fíjense ustedes, al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, ministerio que supongo que tendrá bastantes tareas que abordar en Galicia. Quiero que esto lo entiendan bien, porque no se trata de contraponer o de crear un agravio comparativo con nadie, pero justo el Grupo Popular, en el Ministerio de Medio Ambiente, aumenta notoriamente los fondos destinados a proyectos en las Illes Balears. Les pediría que sumasen la cantidad que suponen esas enmiendas, que, si calculé bien, son 9 millones de euros.
Justo para una comunidad autónoma en la que, si no estoy mal informado -y si lo estoy, corríjame-, el ministro del ramo es candidato electoral. Que cada uno saque sus propias conclusiones acerca del grado de compromiso del Grupo Popular en este trámite parlamentario y explíquense ustedes a los ciudadanos.


Nosotros presentamos unas enmiendas que creemos que son asumibles perfectamente por uno de los Estados, por una de las mayores potencias económicas del mundo, según las propias afirmaciones del Gobierno y del Partido Popular. Suman 420 millones de euros. Nos parece que es una partida suficientemente modesta y que es asumible. Les pedimos que por los menos voten estas partidas. Destínenlas después a lo que les venga a ustedes en gana o a aquellas necesidades más perentorias. Ni siquiera pedimos que tengan el fin concreto que planteamos; simplemente queremos que figure en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad mínimamente adecuada para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe.


Concluyo diciendo, señorías, que los ciudadanos de Galicia realmente necesitan hechos concretos, necesitan compromisos concretos y no vaguedades o cánticos solidarios inconsistentes. Y en este proyecto de ley de presupuestos, francamente, esos compromisos del Gobierno y del Partido Popular con Galicia no los vemos.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Señor Mauricio.


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El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo de Coalición Canaria quiere expresar, en este turno de fijación de posición con respecto a las enmiendas que vienen del Senado, su aprobación a estas enmiendas por las siguientes razones. En primer lugar, en la ley de presupuestos las enmiendas son ligeros retoques, en realidad mejoras, que no ponen en cuestión las grandes claves sobre las que nuestro grupo ha aprobado el trámite de esa ley. Esta ley tiene un marco de flexibilidad, tiene instrumentos de flexibilidad absolutamente necesarios, como veremos a lo largo del próximo año en su ejecución, para adaptarnos a una situación de incertidumbre económica. Un instrumento como el presupuesto está para prever qué acontecimientos económicos vamos a tener, y en este momento es difícil hacerlo. Estamos ante dos posibles escenarios: un escenario de recuperación económica lenta y a partir del segundo semestre del año 2003 y otro escenario de mantenimiento del estancamiento. Esos escenarios no van a depender de la política interior española, ni de las decisiones que tomemos nosotros en la política interior, sino de un escenario internacional muy complicado y preocupante, incluso con posibilidades de guerra, cosa que estamos dejando muy al margen. En este Congreso de los Diputados debería prestarse más atención a un debate que está teniendo lugar en un nivel internacional pues cada vez hay más signos preocupantes en la situación. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

En cualquier caso, estamos hablando de los Presupuestos Generales del Estado y una situación de incertidumbre o de agravamiento de la situación internacional nos obliga a un presupuesto flexible, adaptable a esos marcos y que al mismo tiempo mantenga los tres signos fundamentales de este presupuesto, que son: equilibrio presupuestario, reforma fiscal y que las inversiones tengan unas determinadas prioridades que nosotros aceptamos. Yo, como diputado por Canarias, y mi grupo, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, entendemos que esas prioridades, en el caso de Canarias, están bien recogidas en los presupuestos. El empleo, el empleo ligado a la formación a través del Plan integral de empleo; los temas de educación, de creación de infraestructuras educativas, que son muy importantes para el desarrollo cultural de la sociedad canaria; los elementos del Plan de Infraestructuras en general, transporte, comunicación y desalación de agua, asunto prioritario para nosotros, y la financiación autonómica, vinculada al régimen económico-fiscal. Estos temas son decisivos para nosotros y están bien recogidos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que hoy vamos a ratificar.


En la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ligando con este último punto de la ley de presupuestos, se nos plantean artículos y modificaciones en el Senado que son sustanciales para nosotros, para los canarios. Son sustanciales, por ejemplo, los artículos 7, 8, 8 bis, etcétera, y las enmiendas presentadas. Para nosotros es muy importante que el arbitrio de entrada y entrega de mercancías en Canarias tenga un carácter protector, porque estamos hablando de un mercado que no es el mercado económico continental, donde está la península española, sino un mercado que está a 1.000 kilómetros de distancia, un mercado específico, diferencial, que históricamente tiene un tratamiento propio y que necesita la protección de algunas actividades para generar y modernizar su economía y al mismo tiempo generar empleo.


Estas enmiendas que se introducen son muy importantes para nosotros si están ligadas a los artículos 8 y 8 bis, que hablan de la reserva de inversiones de Canarias. Es verdad que estos temas aquí suenan distintos porque son algo muy peculiar de las islas, pero espero que los señores diputados tomen conciencia de la importancia que tiene una reserva de inversiones que marcan lo que es un estatuto de región ultraperiférica y que por primera vez en la historia de Canarias, y ha cambiado su historia, genera un mecanismo de ahorro-inversión que nunca habíamos tenido. Hasta ahora teníamos un sistema económico que producía una descapitalización, un atraso económico y una situación de desempleo en las islas. El mecanismo de ahorro-inversión que genera la reserva, como ustedes saben, tiene beneficios fiscales importantes, pero condicionado a que no haya reparto de dividendos en las empresas. Todo, no sólo lo que se ahorra fiscalmente, sino todo, hay que invertirlo, lo que ha generado un mecanismo de reinversión muy importante. El problema que teníamos, y de ahí las enmiendas del Senado, es que era un instrumento muy rígido; era un instrumento que en los últimos años ha demostrado rigideces y sobre todo un debate de interpretaciones muy complicado, que ha llevado a que la Agencia Tributaria, un tanto celosa en los temas de la especialidad canaria, haya adoptado criterios rígidos en su aplicación.
Estas enmiendas corrigen eso y nos preparan para una cosa muy importante, que espero que en su momento tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios de este Congreso de los Diputados: la convalidación, en los próximos años, de ese mecanismo fiscal tan importante en la Unión Europea, en Bruselas. Esta enmienda va a permitir que tengamos una forma de inversión más flexible, más operativa, más eficaz y que nos permita que ese instrumento fiscal quede convalidado en Bruselas en los próximos años, adaptado a las nuevas situaciones de la economía canaria.


Por todas estas razones, señora presidenta, señoras y señores diputados, vamos a votar a favor de las enmiendas, porque, en definitiva, con estas enmiendas votamos globalmente a favor de los presupuestos del Estado y de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.


Muchas gracias,

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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Mauricio.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, es curioso, por no emplear otra palabra, subir a esta tribuna para debatir las enmiendas del Senado tanto a la ley de presupuestos como a la llamada ley de acompañamiento en un solo debate. Es curioso que hablemos de unas enmiendas introducidas en el Senado en la ley presupuestos, cuyo rasgo fundamental, de las enmiendas, es corregir los desafueros casi de esquizofrenia política con que el señor Montoro construye sus presupuestos. ¿Por qué? En política, la esquizofrenia es tanto la duplicidad de personalidad como la negación de la propia realidad. Y sigue siendo curioso, señorías, que cuando todo el mundo sabía -parece que todo el mundo menos el señor Montoro- que el IPC no es que se le escapaba, es que galopaba por cuenta propia a finales del año, el señor Montoro no recogiera en el proyecto de presupuestos una serie de enmiendas que reconocían, que tenían que reconocer, el fracaso de sus previsiones para 2002. Y si estamos todos aquí en 2003, tendrá que volver a producirse el mismo debate, porque el señor Montoro, o el o la que esté en su lugar, tendrá también que introducir en el Senado las enmiendas consistentes en reconsiderar toda una serie de medidas, de transferencias, de subvenciones a determinados apartados, encargados todos ellos de asistir a las pensiones, a las distintas variantes de actuaciones sobre un mundo asistencial.


Y todo ello porque, repito, en esa especie de esquizofrenia política el señor Montoro niega la realidad. Todo el mundo aquí le decíamos: señor Montoro, en 2002 no tiene usted garantizado que la subida del IPC sea del 2 por ciento. Y ahora, cuando termina noviembre, que es cuando hay que recoger oficialmente los datos, no es que el IPC interanual sea del 2,5, ni del 2,8, ni del 3, ni del 3,1; es que es del 3,9, que, décima más o menos, es justamente el doble de la previsión. Como comprenderán, estamos introduciendo unas enmiendas que se tenían que haber recogido tal cual en el propio texto, porque no tiene por qué haber variación, del proyecto de presupuestos. Pero que en un proyecto de presupuestos se reconozca que ya te has equivocado en el anterior es tanto como decir que te estás equivocando en el propio presupuesto. Eso nunca se acepta y las realidades, aunque sean evidentes, se niegan. Es la mejor manera.


Voy a utilizar este turno fundamentalmente, aparte de para indicar esto, para fijar nuestra posición con respecto a la utilización, una vez más torticera, que se hace del Senado para corregir algunas cuestiones, incluso para corregir el proyecto de ley de haciendas locales, que veremos en el punto siguiente, aunque haya sido producto de un acuerdo.
Que utilicemos como mal menor el recurso del Senado para introducir en el proyecto de ley de haciendas locales cuestiones que se han pactado entre todas las fuerzas políticas con representación en el mundo municipal no está mal -¡qué le vamos a hacer!-, pero eso no significa que no seamos muy críticos con ese uso, digamos, torticero que se está haciendo del Senado.


Señorías, las leyes de acompañamiento se han convertido en un instrumento para ocultar, mediante el abuso de la letra pequeña, las políticas sociales, económicas y fiscales más lesivas para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ya no se trata sólo de que mediante este mecanismo se evada el control legislativo, sino que otros órganos institucionales, como el Consejo de Estado, carecen de tiempo y de capacidad para dictaminar sobre buena parte de sus contenidos. Pero, señorías, no estamos sólo ante un problema de fraude político; estamos, como decía antes, ante un instrumento que enmascara auténticas involuciones políticas y oculta, mediante la manipulación de la letra pequeña de infinitos reglamentos y leyes, operaciones políticas que desmienten la propaganda del Gobierno y anuncian un final de legislatura francamente autoritario, socialmente lesivo y económicamente desastroso.


No insistiré en episodios poco explicados como el de las tasas judiciales -por cierto, qué cara de pasmarotes, iba a decir otra palabra, se nos pone a los miembros del Pacto de Estado para la reforma de la justicia cuando de pronto se incluyen cosas que ni se tratan allí y nos tenemos que enterar fuera-, que en realidad es un intento de supresión de la gratuidad de la justicia (dicen que se empieza por arriba, pero el intento de seguir para abajo está clarísimo), la modificación del régimen de la propiedad audiovisual, los cambios innecesarios y graves en la Ley de Costas o el incremento de incentivos a las pensiones privadas, por sólo citar algunos de los aspectos más llamativos de esta ley. En el orden administrativo, esta ley desarma el Estado; en el orden fiscal, esta ley aumenta los regalos a los más poderosos; en el orden social, esta ley ignora a quienes necesitan solidaridad. En definitiva, es una ley contra la mayoría social, que radicaliza el perfil autoritario y derechista del Gobierno del PP. La ley de acompañamiento debiera servir por el contrario para intervenir a través del marco legislativo ya existente sobre el ciclo económico, pero ustedes se han empeñado en convertir el año 2003, precisamente el de peor perspectiva económica de su mandato, en el primer año de aplicación pura y dura de la Ley general de estabilidad presupuestaria.


Antes, el portavoz de Coalición Canaria decía desde esta tribuna: A nosotros nos encanta que, ante la complicada situación económica internacional, se haya hecho coincidir un presupuesto flexible con el respeto a elementos como la estabilidad presupuestaria. Eso no lo cuadra nadie, salvo que se recurra a una ingeniería de maquillaje financiero -aprovechando la encantadora polvera que nos han regalado en el Congreso de los

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Diputados- para enmascarar otras cuestiones. Seamos serios y rigurosos.
Dice: Es posible tener un presupuesto flexible para hacer frente a lo que pueda venir y al mismo tiempo respetar todo lo que es la estabilidad presupuestaria. Lo uno y lo otro no cabe en los papeles ni en los micros.


La ley de estabilidad presupuestaria es una herramienta perversa, de inusitada rigidez, que supone alguna renuncia al carácter anticíclico de la política presupuestaria; una decisión francamente cuestionable, nacida de ideologías y que tiene más que ver con una política de descrédito de lo público que con las necesidades reales del país. En su parte fiscal, esta ley de acompañamiento no es sino una expresión más de la propuesta política del Gobierno, equilibrio presupuestario, en un contexto de reducido gasto comparado con la Unión Europea y de menor presión fiscal para las personas con más rentas. La política tributaria aplicada por el Gobierno es innecesaria por no existir excesiva presión fiscal, indiscutiblemente inferior a la media europea en 7 puntos del PIB, y las ventajas derivadas de sus reformas se han distribuido, señorías, de forma injusta entre los ciudadanos y ciudadanas, primando a las personas con más ingresos, en especial los obtenidos por rentas de capital mobiliario.
Los argumentos que justifican las medidas fiscales de estos presupuestos son de dudosa consistencia y la práctica ha demostrado que en su mayoría son falsos. En última instancia, las medidas que aquí se incluyen, como las de la ley de presupuestos, apuntan hacia una redistribución de la renta a favor de los más privilegiados, mientras ustedes intentan rentabilizar electoralmente la rebaja adjudicada a los votantes con rentas más bajas con una cuidada propaganda; aquello de menos impuestos y más seguridad. Una ventaja que, además de escasa, se evapora en poco tiempo para la mayoría de los ciudadanos, ya que uno de los temas más relevantes que debiera afrontar esta ley de acompañamiento, como es la protección de la renta respecto a la inflación, es algo de lo que el Gobierno ha huido. Esta ley y sus políticas presupuestarias no sólo no protegen la renta de la inflación, sino que no abordan las razones de fondo de la misma. El elevado diferencial de inflación con el resto de los países europeos indica deficiencias del tejido productivo español que esta ley de acompañamiento ignora. Señorías, la conducta empresarial vuelve a estar lejos de lo que reclama la situación en un contexto de bajos tipos de interés y crecimiento controlado de los costes laborales.
Nada en sus medidas fiscales administrativas y del orden social tiende a mejorar la estructura y comportamiento de fijación de precios y sí en hacer regalos fiscales a las empresas. El comportamiento empresarial en los últimos años refleja, desafortunadamente para la sociedad española, sus limitaciones para crear un tejido productivo con proyección a largo plazo, eligiendo continuamente la obtención de beneficio a corto plazo. A esto, y no a la financiación mediante regalos fiscales de la competitividad, deberían dedicarse medidas fiscales, comerciales y administrativas a incluir en esta ley. Para desarrollar una política de competitividad no inflacionaria, no financiada con regalos fiscales o presiones sobre los costes laborales, son necesarias medidas de todo tipo que brillan por su ausencia en las medidas propuestas por el Gobierno.
Por el contrario, son detectables medidas que privatizan lo público, lo deterioran e ignoran la necesidad de mejorar la calidad y las prestaciones públicas. No quiero nombrar más el asunto Prestige. En el orden social, ustedes son incapaces de aceptar lo básico. El hecho objetivo y uno de los aspectos más preocupantes es la situación social española. Pero, señorías, el problema del desempleo en nuestro país pone de manifiesto que los datos negativos de empleo conviven con unos ridículos niveles de protección social y un modelo de rentas dual, donde se extiende el área de riesgo de marginación y pobreza. Frente a su deriva conservadora, proponemos flexibilizar los requisitos de acceso para generar derecho al subsidio, extenderlo y considerar las propuestas que hay sobre la renta mínima para quienes no tienen acceso a subsidios y para que todo esto sea un derecho subjetivo, no sujeto a la discrecionalidad presupuestaria. Los datos de los presupuestos revelan que la economía española no realiza ningún ejercicio de solidaridad con los desempleados. Son los activos por cuenta ajena, a través de sus cotizaciones, los que financian las políticas dirigidas tanto a los desempleados como al fomento del empleo. En consecuencia, son los trabajadores y las trabajadoras los que se ocupan del desempleo, la formación y las políticas activas, sin que el resto de la sociedad realice ningún esfuerzo para afrontar este problema. Nosotros sugerimos otra interpretación de la política de empleo. Úsense las cuotas para aumentar la baja cobertura del desempleo e incorpórense partidas del Estado a políticas activas y a mejorar las prestaciones asistenciales de desempleo. El debate presupuestario no ha servido para contemplar incentivos en la organización del trabajo que tiendan al fomento del empleo estable, a la reducción de jornada, la fórmula más equitativa al fin y al cabo del reparto de trabajo, y a la jubilación flexible vinculada a contratos de relevo. Estas medidas son necesarias en la medida -perdón por la redundancia- en que sólo iniciativas de carácter estructural pueden dotar a la economía española de capacidad de crear empleo estable y de calidad de forma suficiente.


Termino, señorías. Indiscutiblemente, ante el cúmulo de enmiendas, va a haber de todo: votos a favor, votos en contra y abstenciones. Votaremos a favor de aquellas que, por razón de la propia dinámica del comportamiento del mercado de la economía española, signifiquen adecuar la galopada del IPC. Señorías, también vamos a votar a favor artículos como el 19.3 donde, si bien no se recogen nuestras propuestas de subida en términos salariales, sí se recogen algunos de

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los acuerdos que se han producido con organizaciones sindicales. Aunque la subida no va en la cuantía que proponíamos, más vale esto que nada.
Aceptemos lo menos como algo producto de una negociación porque, como decía, menos da una piedra.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario va a repartir este turno en función de sus ponentes respectivos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y en el proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y de orden social, encargándose de este último el compañero Sánchez i Llibre.


Nuestro grupo parlamentario se ratifica en su apoyo a este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el venidero año 2003 ya muy cercano. De hecho, este texto que debatimos con las enmiendas que nos han sugerido nuestros colegas del Senado, viene a confirmar una política macroeconómica y una política presupuestaria que el Grupo Popular y el de Convergència i Unió, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y del Grupo Vasco en su momento, diseñaron con ocasión de la investidura del presidente Aznar en 1996, que se practicó a lo largo de la pasada legislatura. Es una política, repito, presupuestaria acorde con los intereses y los objetivos de España en el marco de la Unión Europea que en aquel entonces suponía, ante un reto importantísimo, con una situación difícil de España, situarnos -y así lo conseguimos entre todos- en el núcleo duro de la Unión Europea, es decir, en la zona euro. Es un documento, el que debatimos, que tiene la necesaria flexibilidad que le reclama toda anualidad. Ningún año es exactamente igual al precedente ni al próximo y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado requiere de una flexibilidad tanto en el ámbito macroeconómico como en el estrictamente presupuestario del Estado. Se viene manteniendo la misma flexibilidad desde aquel lejano 1996. De acuerdo con lo que se convino en su momento y con lo que se ha venido practicando, mostramos nuestra coherencia y congruencia para apoyar argumentalmente este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Se han practicado unas políticas macroeconómicas, presupuestarias, que incluyen naturalmente la fiscal y la laboral que han dispensado a España un crecimiento del producto interior bruto por encima de la media de la Unión Europea, lo cual nos ayuda a la convergencia real con nuestros socios de ese grupo y a una creación de ocupación por encima de la media europea en unos momentos tan difíciles y complejos por el entorno internacional en el que nos movemos de la Unión Europea, de su locomotora tradicional que es la República Federal Alemana o de nuestros aliados, Estados Unidos o Japón. Estamos creando ocupación por encima, repito, de la media europea en una etapa de recesión económica innegable.


Nos han proporcionado estas políticas a las que he aludido hace breves momentos el más largo período de crecimiento económico que ha tenido España en los últimos 25 años. Hemos crecido razonablemente bien, por encima de la media europea, y eso ha facilitado muchas cosas, entre otras, la necesaria psicología positiva de las empresas para escribir el guión del futuro y en un marco de tranquilidad. Se ha conseguido, además, una rebaja generalizada de los impuestos. Se ha debatido aquí en muchísimas ocasiones. Es un hecho cierto, verídico, objetivo y notado en los bolsillos del contribuyente. Además, se ha conseguido la creación de miles y miles empresas nuevas gracias a esa bonanza económica que hemos podido administrar y, sobre todo, a esa psicología que ha interiorizado el emprendedor de un horizonte nada pesimista, sino todo lo contrario. Se ha reducido la deuda pública y la rebaja de los tipos de interés bancarios y ha habido una estabilidad económico-laboral sin precedentes que ha ayudado a la credibilidad exterior de España, aspecto importantísimo. Esa credibilidad exterior de que goza España es precisamente el resultado de seis o siete años de una determinada, concreta e inalterable política macroeconómica fiscal, laboral y presupuestaria, que nos ha dado credibilidad exterior y confianza de los emprendedores. La extensión y el fortalecimiento de políticas dirigidas al bienestar de la sociedad española -léase mayor inversión en infraestructuras, en materia educativa, sanitaria, pensionistas, etcétera- ha sido posible porque ha generado riqueza y ha contribuido, entre otras cosas, al casi equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, lo cual para nosotros es bueno en sí mismo. Habla de una buena gestión, en términos generales, de los recursos públicos y evita el endeudamiento a cargo de generaciones futuras de españoles. Para ese marco y para esos resultados, el voto de Convergència i Unió debe ser favorable al documento presupuestario que debatimos. De hecho, ya lo fue en su momento en el trámite en el Congreso de los Diputados, lo ha sido a través de nuestro grupo parlamentario en el Senado y lo va a ser también en la mañana tarde del día de hoy -y queremos dejar constancia de ello en el "Diario de Sesiones"-, a pesar de los interrogantes que nos sugieren los horizontes previstos en el proyecto respecto del producto interior bruto, de la creación de empleo o de la inflación. Todo presupuesto, como conceptualmente se deriva de la palabra, es una previsión en el tiempo en base a unos fundamentos, yo diría reales, de lo que ha venido acontecimiento y a unos horizontes en los que uno puede encontrarse cómodo. Para nuestro

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grupo, como ya expusimos en el debate presupuestario en esta Cámara y también en el Senado, algunos interrogantes nos acechan. No lo decimos sólo nosotros, lo dice también el Banco de España, para no acudir a otro organismo exterior.


Con todo, mantenemos unas discrepancias. Las primeras lo son en base a las enmiendas que no se han incorporado ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Ahí quedan para la historia. Esperemos que algún día el Gobierno, sea cual sea, acepte esos planteamientos en origen, en Consejo de Ministros. Otra discrepancia tiene mucho que ver con el método, con el sistema, con el procedimiento utilizado. Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra ya han mencionado que tenemos la sensación -por no decir la seguridad- de que no lo hacemos bien. El trámite en el Congreso es forzado en el tiempo, en el Senado es escandalosamente corto en el tiempo, y al final el legislador, es decir, nosotros y nuestros colegas del Senado, es sustituido por los técnicos de director para abajo del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía. Esto no es bueno ni constitucionalmente posible. Aunque el barniz que le añadimos en el Senado o ahora cubre las apariencias, la realidad es que quien legisla son los técnicos del Gobierno y no precisamente los legisladores elegidos por el pueblo, sean diputados o senadores. Nosotros somos en algunos momentos -y así nos sentimos, por lo menos este diputado- puro brazo ejecutor, puro barniz para cubrir las apariencias y dar legitimidad constitucional a algo que, en su origen, de legitimidad constitucional no tiene absolutamente nada. Lo digo para el proyecto de presupuestos, lo digo para el proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y de orden social y lo digo en un momento en que hemos conocido en la mañana de hoy o en la noche de ayer una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana respecto de la Ley de inmigración. El Tribunal Constitucional alemán ha sido rápido respecto de la denuncia y, por tanto, de la declaración de inconstitucionalidad de una tramitación no correcta de una importantísima ley. Probablemente haya sido acertado, yo aquí no hago ninguna valoración. En cambio, tenemos arrinconado en el Tribunal Constitucional español algunos recursos sobre la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, más que sobre el contenido -que los hay-, sobre el procedimiento; si es correcto el procedimiento de, a través de una ley llamada de acompañamiento que es una locomotora con muchísimos vagones, modificar docenas y docenas de leyes en un trámite en el que para el Congreso de los Diputados hoy, por ejemplo, o es blanco o es negro, o es sí o es no, sin mediar prácticamente debate alguno.


Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López de Lerma.


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió hace una valoración positiva de aquellos aspectos que se refieren a la ley de acompañamiento y a las enmiendas que se han introducido en el Senado con los votos favorables de Convergència i Unió, a través de enmiendas que había presentado nuestro grupo en dicha Cámara. No obstante, hay algunos aspectos que considera oscuros, precipitados y débiles, que no van a contar con el apoyo de nuestro grupo. Vamos a votar en contra de dos enmiendas incorporadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que hacen referencia a aquellos aspectos que están vinculados a las televisiones privadas y locales de una manera precipitada. En la tramitación de aspectos tan importantes y relevantes como son aquellos que hacen referencia a los medios de comunicación, concretamente a las televisiones privadas y locales, esas enmiendas no pueden gozar del apoyo y del soporte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Así lo denunciamos en el Senado. A pesar de que dichas enmmiendas fueron aprobadas con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, no podemos manifestar nuestro asentimiento y vamos a votar en contra. En el Senado intentamos buscar un consenso transaccionando las propuestas que rápidamente, me atrevería a decir que a hurtadillas, introdujo el Grupo Popular, pero no fue posible. Por las prisas, por el contenido de las enmiendas y por no haber alcanzado un consenso, vamos a votarlas en contra, ya que no gozan del consentimiento del sector social de los audiovisuales y porque vulneran aspectos que hacen referencia a competencias autonómicas -es también es uno de los motivos fundamentales por el que vamos a votar en contra- en materia de medios de comunicación social. Repito que este hecho hace que nuestro grupo vote en contra de las enmiendas que hacen referencia a las televisiones privadas y al mundo de las televisiones locales.


Vamos a votar asimismo en contra de la enmienda a la disposición adicional vigesimonovena nueva, que en el Senado fue introducida por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió con el consenso de los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Hemos de evitar que se aprueben en el Congreso las modificaciones introducidos en el Senado a esta enmienda ya que no persiguen el objetivo que inicialmente queríamos todos los grupos parlamentarios que habíamos votado esta iniciativa. Trata de la exención aplicable al franqueo efectuado por medio de impresiones y estampaciones a máquina y, como SS.SS. saben perfectamente, el sello de correos ya está exento de IVA. La voluntad del legislador ha sido siempre la que esta exención se extendiera

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simultáneamente al franqueo realizado mediante el empleo de máquinas para los envíos postales a terceros. Jamás se ha pensado en lo contrario, porque sería una notable aberración. Si el sello de correos no tiene IVA, ¿cómo puede tenerlo el franqueo realizado mediante máquinas autorizadas por el Estado y bajo el control público? En consecuencia, la enmienda introducida por el Senado no tiene sentido alguno. No puede haber otra interpretación que la contemplada por el legislador, o sea, que no puede aplicarse IVA al franqueo realizado por máquinas para envíos postales a terceros. Cualquier otra interpretación es errónea y contraria a la voluntad del legislador, y puede comprobarse que no se hizo ningún cambio legal en el año 2000 para avalar lo contrario. Nuestro grupo parlamentario, repito, va a votar en contra de su aceptación. Apelamos a la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios para que puedan resolver esta cuestión. En el Senado había la voluntad de que fuera en una dirección, pero, a través de diferentes modificaciones y transaccionales, la enmienda va en la dirección contraria.


Queremos resaltar en este trámite que en el Senado nuestro grupo parlamentario consiguió incorporar dos enmiendas que pretenden rebajar el impuesto sobre sociedades para aquellas empresas que ofrezcan el servicio de guardería a sus empleados. Es una enmienda con un trasfondo importante, desde el punto de vista político, para ayudar a las familias.
Uno de los objetivos principales de la reforma aprobada la semana pasado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas es que las familias fueran las grandes beneficiadas. Pensamos que la aprobación de esta enmienda es una mejora sustancial que irá en beneficio de la familia e incentivará a las empresas para que puedan extender dichos servicios al mayor número de empleados. Incorporamos en el Senado, asimismo, una modificación importante, cual es el conseguir que la tributación de las plusvalías que se puedan reinvertir en la compra, la inversión de activos fijos nuevos, pueda gozar del tipo mínimo de gravamen que se ha aprobado en el reciente proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pasando del 18 al 15 por ciento. La aceptación de esta enmienda viene a dotar al sistema fiscal español de mayor equidad, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como de la fiscalidad del impuesto sobre sociedades.


Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar la satisfacción de nuestro grupo parlamentario en el sentido de que en la ley de acompañamiento, tanto en el Congreso como en el Senado, se haya aceptado la creación de un fondo de garantía para el importante colectivo de los autónomos, para que en caso de que, por causas objetivas, tuvieran que cerrar sus actividades comerciales o empresariales, siempre y cuando dependan de dos o tres clientes y sea por causas objetivas, puedan gozar, a partir del año 2003, de un fondo de garantía similar a un subsidio de paro. Esta posibilidad puede suponer para ellos un paraguas para emprender nuevos proyectos empresariales. Es un compromiso del Gobierno del Partido Popular, que tiene la pelota en su tejado, y Convergència i Unió va a seguir impulsando para que sea una realidad y para que antes de que finalice esta legislatura todos los autónomos españoles puedan contar con este fondo de garantía.


Para finalizar, señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) obtuvo en la tramitación de la ley de acompañamiento, tanto en su debate en Comisión como en Pleno, el compromiso del Partido Popular de que los viudos y viudas pudieran compatibilizar en el año 2003 la pensión de viudedad con la pensión del SOVI. Nuestro grupo parlamentario tenía una enmienda que iba en esta dirección. Efectivamente, el señor Azpiroz en sus manifestaciones ante esta Cámara dijo que el Gobierno iba a cumplir este compromiso. Aunque nuestra enmienda no figure aprobada en la ley de acompañamiento, porque no gozó de la aceptación del grupo mayoritario de la Cámara, creemos en la palabra y en la sensabilidad del Partido Popular para que se puedan hacer las modificaciones pertinentes con el fin de que a partir del año 2003, como digo, sea posible compatibilizar la pensión de viudedad con la pensión del SOVI. A través de esta iniciativa, vamos a hacer justicia a 60.000 viudos y viudas que existen actualmente en España que no han podido compatibilizar dicha pensión, algunas de cuyas personas están viviendo miserablemente con unas pensiones mínimas que no les llegan para satisfacer sus necesidades más importantes hasta final de mes. Apelamos otra vez a la sensibilidad del grupo mayoritario para que este compromiso, al que accedió el portavoz del Grupo Popular en los aspectos sociales, sea una realidad antes de que finalice el año 2003.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):

Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo considera que estamos asistiendo a una patología normativa crónica ocasionada por el abuso que hace el Grupo Parlamentario Popular de su posición de dominio en esta Cámara, que, a través del empleo de las llamadas leyes de acompañamiento, daña el principio democrático puesto que las minorías encuentran bastantes dificultades para expresar sus puntos de vista en relación con las propuestas de la mayoría. Como consecuencia de esta situación, se ven

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afectados los derechos de una parte importante de los ciudadanos puesto que sus puntos de vista no se incorporan a la formación de la voluntad política.


Decía que era una patología crónica y reiterada porque volvemos a recurrir a bloques normativos tramitados, como bien se ha dicho, aceleradamente, lo que termina afectando a la calidad política y jurídica de cuanto hacemos aquí. En los últimos años estas prácticas han contribuido a que sea una realidad la pérdida de la centralidad del presupuesto y que hayamos hecho avanzar una actuación en la que la anorexia parlamentaria es una realidad. El grado de perversión llega a tal punto que hasta podría decirse que la ley de presupuestos es un pretexto para presentar la ley de acompañamiento, que incorpora un conjunto de preceptos a los que puso en su día dificultad el Tribunal Constitucional y que fueron excluidos de la tramitación del bloque presupuestario. Hoy nosotros creemos que es imposible constitucionalmente que haya una ley ordinaria con carácter de ley normal, con un contenido indeterminado, que opere sobre la totalidad del ordenamiento jurídico, que incorpore preceptos que no son necesarios y que no contribuya ni a la ejecución del presupuesto ni a la de la política económica, y menos aún que incorpore redacciones y regulaciones jurídicas injustificadas y que en su tramitación se afecte a las competencias del poder legislativo.


Pues bien, la ley de acompañamiento del año 2003 ha vuelto a utilizar el trámite de enmienda en el Senado para crear tributos, para subir la tarifa eléctrica o para regular ámbitos de gran repercusión social. El Congreso sólo podrá pronunciarse globalmente en torno a la aceptación o al rechazo de estas iniciativas, sin poder enmendarlas, sin poder matizarlas y sin poder precisarlas adecuadamente. Nos encontramos con casos tan destacados como que la ley de acompañamiento a los presupuestos modifica la Ley de la televisión privada, impidiendo a los accionistas de una televisión de ámbito estatal participar en ninguna otra sociedad concesionaria de un servicio de televisión, sea cual sea el ámbito de cobertura de la misma. Por lo tanto, hay un cambio inesperado y subrepticio de última hora que, desde nuestro punto de vista, socava el principio de seguridad jurídica y hace perder la razonable confianza que los agentes económicos deberían tener en los poderes públicos; confianza que no debería estar sujeta al albur de actuaciones arbitrarias, al menos en España. No sé si en la Rusia de Putin esto es posible, pero desde luego que el presidente del Gobierno sea amigo del gobernante de la ex Unión Soviética no justifica este tipo de actuaciones. Son los intereses particulares del Gobierno del PP los que llevan a estas actuaciones.
Nosotros nos preguntamos cómo es posible obviar cualquier debate sobre una cuestión tan importante y quién va a pagar la expropiación, el atropello y el despropósito en el que se incurre. Hace algunos siglos decía Galileo que alguien puede tener el poder pero que eso no implica que tenga la razón. Estoy seguro de que a ustedes se les ha olvidado, primero porque el paso del tiempo es importante pero seguramente también porque muchos de ustedes entienden que el señor Galileo fue alguien descreído y que, por lo tanto, no merece la pena tomarlo en consideración. Le voy a hacer alguna referencia temporal más próxima. Los españoles les eligieron a ustedes para ganar votaciones en mayoría, sí, señor, les eligieron para eso, pero desde luego no les eligieron para amputar o cercenar los debates parlamentarios. Por tanto, mi grupo pedirá de nuevo al Tribunal Constitucional que ponga coto a esta corruptela e impida que la ley de medidas regule cualquier cuestión del ordenamiento jurídico, e invitará a otros grupos parlamentarios a que se sumen a la petición.


Entrando en el contenido económico de los presupuestos, he de recordar que el 13 de noviembre, último día en el que hablamos en esta Cámara de los presupuestos de 2003, ya dijimos que eran inverosímiles. Hoy podemos decir algo más: son unos presupuestos inservibles, con las enmiendas del Senado y sin ellas. Los hechos ocurridos los han dejado ajados, caducos y decrépitos y muestran el agotamiento de una serie de políticas que se han venido llevando a cabo en España durante los últimos años, en particular el de aquella que determinó la expansión de la vida económica española a partir de 1995. Hoy la economía española renquea, y ante esto sería necesario hacer un diagnóstico correcto de las causas, pero el Gobierno persiste en hacer una valoración distorsionada de la realidad; no admite la divergencia existente entre la economía española y la europea. La economía española tiene una situación en virtud de la cual el crecimiento es bajo y la inflación alta. Como consecuencia de ello, vemos cómo cae el nivel de crecimiento trimestre a trimestre y cómo mes a mes se elevan los precios y nos separamos de los niveles de precios de las economías centrales europeas. El discurso del Gobierno es de piñón fijo, monocorde, con una especie de soniquete de discurso de lazarillo que niega que en los últimos 12 meses hemos sido la nación de la Unión Europea en que más ha aumentado el paro y subido los precios, donde más han bajado las exportaciones y más se ha descompensado el crecimiento. Además, como consecuencia de su política de campeones nacionales, se ha producido un contubernio entre privatizaciones y falsas liberalizaciones en el que los amigos del señor Rato se desenvuelven como pez en el agua.


Los presupuestos que vienen del Senado han cambiado poco las orientaciones. Siguen siendo opacos, irreales, carentes de transparencia y no encaran los problemas de la sociedad española; no los encaran porque persisten en una política de expansión, cuando lo que hay es exceso de demanda. En los próximos meses veremos cómo esa situación se ve impulsada además por la reducción de los tipos de interés, por las revisiones de los salarios y de las prestaciones ocasionadas

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por las desviaciones de los precios, por los efectos desestabilizadores de las reducciones impositivas, por la aparición de grietas presupuestarias y también quizá porque nos veamos obligados a pagar el petróleo al precio que quiere Bush, otro de los grandes amigos del señor Aznar.


La certidumbre de la política presupuestaria y económica ha terminado, y este sería el momento de empezar a reflexionar para ver si no tenemos que encarar los problemas de España evitando desplazar hacia el futuro los actuales y tratando de no empeñarnos en gastar hoy lo que hemos de pagar mañana. Tengo que reconocer que entre ustedes mantienen actitudes distintas; reconozco grados entre ustedes. No tengo inconveniente en admitir que no todos son como el señor Zaplana, que ha conseguido, con la complicidad del Consejo de Ministros, transformar 3.200 millones de euros, es decir, 532.000 millones de pesetas, de deuda flotante en deuda perpetua consolidable que tendrán que pagar los ciudadanos de Valencia algún día, pero que él, en aras de los intereses de futuro de esa comunidad, ha situado nada menos que entre el año 2029 y el 2032.


La falta de credibilidad de la política del Gobierno no es sólo la de su política económica, sino que afecta también a otros ámbitos de la vida social. Son impopulares hoy las políticas del PP, como son impopulares sus gobiernos y sus dirigentes, porque los ciudadanos se han percatado de que la mayor parte de las mismas dañan los intereses generales y favorecen exclusivamente a una minoría reducida. Hay millones de familias españolas que hoy ven con temor las decisiones del Gobierno porque afectan a problemas esenciales para ellos: la educación, las condiciones de trabajo, la fiscalidad, el financiamiento ordinario de la justicia, la legislación del suelo o el problema informativo. Hoy los españoles tienen problemas de seguridad, qué duda cabe, de seguridad laboral, de seguridad vial y de seguridad ciudadana, pero el Partido Popular no proporciona seguridad; todo lo contrario, irrita, porque se ha visto que en la etapa de gobierno de Aznar el más fuerte siempre gana y el más débil siempre sucumbe. Habrá que decirlo, porque esta etapa de crecimiento no se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad española. En España ha habido un crecimiento rápido, sí señor, pero España es hoy una de las naciones de la Unión Europea que peor ha repartido los beneficios de la bonanza. Eso se nota cuando se ven los servicios públicos ordinarios y se nota también cuando se ven las circunstancias excepcionales. Se notó el año pasado en la crisis de las vacas locas y se ha notado este año en la catástrofe que han generado el vertido y la ruptura del Prestige en las rías gallegas y en todo el Cantábrico. A esta catástrofe se puede uno acercar de distintas maneras, ninguna favorable ni para el PP ni para el Gobierno de Aznar: ha habido quien ocultaba el bulto mientras la gente sufría; el Gobierno ha actuado con picardía delante de los españoles y de los socios comunitarios; ha habido una fuerte dosis de incompetencia -mes y medio- a la vista del conjunto de los ciudadanos y se ha pretendido construir una explicación según la cual las causas naturales eran las que originaban el desastre. El límite de este enfoque ha corrido -como suele ocurrir- a cargo del señor Rato, que, con su cinismo habitual, ha pretendido atribuir al destino lo que es responsabilidad de algunos hombres, entre los cuales están por cierto una parte de los miembros del Consejo de Ministros.


Hay muchas preguntas que se tienen que responder, y mi grupo cree que esta es la consecuencia de una política desarrollada a lo largo de los últimos años destinada a desarbolar el Estado. En este tiempo sus esfuerzos como gobernantes han estado destinados a poner de relieve la perversión de lo público, a vaciar lo público para repartirse sus activos pudiendo llevar a cabo procesos de acumulación fuera de él. Han sostenido que el mercado bastaba y que con él se podía conseguir todo. Esa teoría del autoabastecimiento y de la suficiencia será buena para Fefé, pero no lo es desde luego para el resto de los españoles, que no ganan nada con tener un Estado débil. Esa ideología y esa práctica política son las que han entrado en crisis en las últimas semanas y las que han puesto de relieve el dislate cometido cuando los españoles se han percatado de que desde Tuy hasta Irún el Estado español es vulnerable; y es vulnerable porque España sigue teniendo poco Estado, porque sigue faltando Estado -en el sentido más amplio y más noble de la palabra- en esta sociedad, porque el que existe es débil, está mal organizado y lo dirigen de una manera incompetente. Eso tiene mucho que ver con las políticas presupuestarias. En primer lugar, señorías, porque la primera y más importante misión de la política presupuestaria es la provisión y eficacia equitativa de los servicios públicos, unos servicios públicos que deberían contribuir al sostenimiento y a la seguridad del conjunto de la sociedad. En segundo lugar, sólo cuando esa política de provisión de servicios públicos esté razonablemente alcanzada será cuando habrá que plantearse la conveniencia de ajustes, de políticas macroeconómicas y de estabilización. Poner de relieve eso significa poner de relieve las carencias que en política presupuestaria ha habido durante el tiempo de gobierno del señor Aznar. Las administraciones públicas han sido víctimas de las embestidas del Partido Popular, y aquí lo ha dicho no hace muchos días el señor ministro de Hacienda. El día 27 de noviembre respondía el señor ministro de Hacienda a una pregunta que le hacía un diputado del Partido Popular, y, quizá dejando ver lo corto de su entendimiento y su capacidad, dijo que entre 1995 y 2001 las administraciones públicas habían perdido cinco puntos en peso respecto al PIB. Y, claro está, a lo mejor hay cosas que pasan porque se llevan a cabo determinadas actuaciones. Y qué decir del funcionamiento del sector público empresarial. El señor Rato ha amparado, recogido, ordenado

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e impulsado los intereses de algunos amigos suyos a los que desde el BOE ha transformado en empresarios sin que ninguno de ellos hubiera destacado por esfuerzo alguno, por sacrificio o por tener determinadas dosis de austeridad. Pero había que demostrar al conjunto de la sociedad española que ustedes estarían condicionando desde el poder material al poder político aun después de que hagan perder la confianza a los ciudadanos.
Del sistema tributario hemos hablado hace pocas semanas y sabemos que sólo pagan los asalariados y que los empresarios, los rentistas, los capitalistas y los altos directivos de las empresas han visto cómo su deserción no sólo era premiada sino que era legalizada.


Termino, señora presidenta, diciendo que en el año que estamos culminando han quedado claras algunas cosas. En primer lugar, el agotamiento político del señor Aznar; agotamiento que ha arrastrado al conjunto de su Gobierno y ha colocado al Partido Popular en una situación letal, en la que el tono desafiante y jactancioso de sus políticas vale poco y dura menos. Hoy, lamentablemente, por primera vez desde 1978, España tiene un grave problema institucional, de nuevo se ha producido este año un significativo conflicto social y además estamos creciendo de tal manera que nuestra situación es la de estancamiento. En estas circunstancias la docencia política nos debería llevar a decir a los españoles que la política económica y la política presupuestaria no pueden confundir los objetivos con los instrumentos, los medios con los fines. Desencadenar una y otra vez procesos de reducción de los impuestos, de los que gravan la renta y el patrimonio, y conseguir que los beneficios vayan a un grupo de ciudadanos con los que el Partido Popular tiene intereses fuertemente articulados, obliga a tener la decencia política de decir al resto de los ciudadanos qué cosas se van a suprimir. Es decir, habría que explicarles quiénes y dónde se van a ver privados en los próximos años de la acción protectora del Estado. Quien no haga ese doble ejercicio, el ejercicio de docencia y de decencia, será artífice de una enorme burla negra cuya última consecuencia no será otra que la de admitir y consentir que detrás de nosotros sólo exista un Estado abandonado.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy concluimos el trámite parlamentario de los presupuestos para el año 2003, pero antes de entrar en ellos quiero hacer en primer lugar alguna precisión técnica para evitar que al final de mi intervención se me olvide. La primera es que en la ley de acompañamiento hay algunos errores técnicos que ha detectado el Parlamento canario, que nos ha hecho llegar un informe con unas correcciones técnicas, y nosotros entendemos que, de acuerdo con el Parlamento canario, sería ajustado que se incluyeran como tales, al igual que una corrección técnica de la disposición adicional decimosexta.


Dicho esto, señorías, y ya que está el representante del Bloque Nacionalista Galego, tengo que decirle también a título de información que no podemos votar sí o no a sus enmiendas porque en este trámite parlamentario -y sólo se lo digo, repito, a título informativo- sólo tenemos la oportunidad de votar sí o no a las enmiendas introducidas por el Senado. Por tanto, su intervención, además de que nos haya aportado algún elemento para el análisis, no ha sido sobre el fondo del tema, porque quizá usted no conocía que no podemos votar más que lo que el Senado dice, pero no vamos a someter a votación las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, que ya se debatieron y votaron en el Senado.


Señorías, hoy aprobamos los presupuestos para el año 2003, y quiero comenzar mi intervención diciendo que el secretario general del Partido Socialista utilizó como argumento de autoridad en esta Cámara un informe de un organismo económico que él decía que le daba la razón, y ahora que estamos aprobando definitivamente los presupuestos quiero leer exactamente lo que decía ese informe en su conclusión -informe que citó, repito, el señor Rodríguez-Zapatero, que no manipuló los papeles, como acostumbra a hacer el señor Caldera, sino que simplemente leyó de manera torticera una parte-. Dice ese informe, señorías: En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado, equilibrados para el año 2003, fortalecen el crecimiento, mejoran la competitividad de la economía, reducen la presión fiscal y garantizan el Estado del bienestar. Ese informe, usado como argumento de autoridad por el señor Zapatero, dice que estos presupuestos fortalecen el crecimiento, y además, señorías, ustedes saben que es verdad. En el año 2003 España va a crecer más que en el año 2002 y en el año 2003 va a seguir creciendo por encima de la media europea, y eso ustedes saben que es verdad. Saben además, señorías, lo que pasaría si hiciéramos caso a las propuestas socialistas. La última novedad la dio ayer el señor Sevilla en la Comisión de Economía -esa no la conocíamos-, que es subir los impuestos a todos los ciudadanos que tributan en el régimen de estimación objetiva, es decir, que subamos los impuestos a todos los pequeños empresarios. Tuvo una ocurrencia magnífica para el año 2003, y yo les sugiero que difundan esa ocurrencia, que vayan por España diciendo que el Partido Socialista, ahora, como gran ocurrencia, quiere subir los impuestos a los pequeños empresarios. No sólo votan negativamente a que suprimamos el IAE, no sólo votan negativamente a que bajemos los impuestos, como dice el señor Fernández Marugán, a nuestros amigos, a más de 20 millones de españoles que, efectivamente, son nuestros amigos porque

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no van a ser amigos de ustedes, que quieren subirles los impuestos.
Ustedes van a votar también negativamente a eso, y esas medidas harían imposible seguir en la línea del crecimiento, como señala este informe.


Este informe dice también que el presupuesto mejora la competitividad.
Ustedes, que se esfuerzan en decir que la economía española tiene que ir por un sendero de mejora de la competitividad, de ganar posiciones en el entorno internacional, ¿van a votar que no a un presupuesto que mejora la competitividad de las empresas españolas, como señala este informe, argumento de autoridad del señor Zapatero, que reduce la presión fiscal y que además garantiza el Estado de bienestar? No me extraña, señoría. No me cansaré de repetir que la gran propuesta del portavoz económico del Partido Socialista es que las pensiones crezcan 0,25 puntos por debajo del IPC. Además, señoría, difúndanla por España, porque yo solo no soy bastante. Me gustaría que me ayudaran a difundir la propuesta del portavoz socialista.


También usaba el señor Zapatero otro informe como argumento de autoridad, el de un organismo económico, que dice: La opinión general que este organismo desea expresar sobre los presupuestos generales del Estado es positiva, valorando especialmente que se mantenga la política de contención del gasto. Y dice: Al igual que los presupuestos del año anterior, los presupuestos de 2003 muestran asimismo otras grandes virtudes: estabilidad en la orientación de la política económica, criterio general de contención del gasto, incorporación de una rebaja de impuestos, orientación anticíclica. (El señor Bel i Queralt: Di de quién es el informe; léelo y no recortes.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Martínez-Pujalte.


Señor Bel, no se encuentra en el uso de la palabra.


Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Yo no aprendí en el colegio lo de recortar y pegar como el señor Caldera, que lo aprendió de maravilla.
(Rumores.) Yo leo un informe que además es el que usó el señor Zapatero en esta tribuna parlamentaria, el mismo informe.


Señorías, un presupuesto que tiene como objetivos el crecimiento, el empleo y la mejora del bienestar en el contexto internacional actual es el presupuesto al que ustedes van a votar que no. Nosotros vamos a votar que sí a un presupuesto que es el que España necesita hoy, el que los organismos internacionales han señalado como el presupuesto que España necesita hoy. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la propia Comisión Europea, donde para estos temas hay un comisario que antes estaba en las filas socialistas, todos esos organismos han dicho que este es el presupuesto que España necesita para crecer, para generar empleo, para dar respuesta a la situación económica internacional. Varios portavoces han hablado de la situación económica internacional. No nos podemos abstraer de lo que pasa en el entorno internacional. Ante esa situación internacional, ¿qué respuesta está dando España?, ¿qué está haciendo España en ese contexto? Porque está clarísimo que entre 1996 y 2001 España creció más que nadie. ¿Qué hizo entonces el Partido Socialista? Está clarísimo. Decían: Como los ciclos existen y habrá un ciclo alcista y un ciclo de desaceleración internacional, vamos a posicionarnos ya en la predicción de desgracias para España. El Partido Socialista creía que España iba a crecer más en la fase alcista del ciclo pero que en la fase de desaceleración nos iba a ir peor, porque ese era el comportamiento tradicional de la economía española, y entonces dijeron: vamos a predecir que eso va a suceder. Pero, ¿qué ha sucedido? Que en un entorno de desaceleración económica internacional España ha dado mejor respuesta que nunca y que ningún país. Hemos roto el comportamiento cíclico, y este año en que, como ustedes saben, la situación económica internacional es de desaceleración, España mejora su diferencial de crecimiento: crecemos más del doble que el resto de los países de la zona euro. ¿Qué hace ahora el Partido Socialista? Ha empezado a decir que van a venir buenos vientos, y es que van a venir; es que los indicadores adelantados de la economía que se han producido en octubre sobre ingresos, retenciones, ingresos en el IVA y el índice de producción industrial señalan que ya están viniendo buenos vientos.


Lo importante, señorías, es comparar qué ha sucedido en una fase del ciclo y en otra. ¿Qué pasó en 1993, en la fase de desaceleración internacional anterior? Que en España se destruyeron un millón de puestos de trabajo.
¿Qué ha pasado en el 2002? Que se ha creado empleo; que hemos logrado tener un récord de afiliación a la Seguridad Social. ¿Qué pasó en 1993? Que cerraron 100.000 empresas. ¿Qué ha pasado en 2002? Que las empresas españolas tendrán menos alegría pero están funcionando y están creando empleo y en España se está creando empleo. ¿Qué pasó en 1993? Que España llegó a un 24 por ciento de paro. ¿Qué ha pasado en 2002? Que seguimos en índices de paro muy similares a los del resto de los países. ¿Todavía elevado? Todavía elevado, señorías. ¿Qué hay que seguir trabajando? Hay que seguir trabajando. ¿Tenemos problemas? Por supuesto que tenemos problemas, pero no se solucionan con recetas antiguas como las que nos recomienda el Partido Socialista.


Ayer nos preguntaba el señor Sevilla cuál iba a ser nuestro eslogan electoral, y yo le decía que era muy sencillo: Cuando usted se bajó del coche oficial, en el año 1995, en España había un 24 por ciento de paro y 12 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hoy, en el año 2002, el paro está en menos de la mitad y hay más de 16 millones de afiliados a la Seguridad Social. Eso es incuestionable, señorías. Y ustedes no pueden decir que les parece mal, porque no creo que SS.SS.


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digan que pasar de 12 millones a 16 millones de afiliados les parece mal, o que pasar el paro del 24 por ciento a un poco más del 10 les parece mal. Nos podrán decir que se podía avanzar más, pero tienen que reconocer que cuando ustedes se bajaron del coche oficial nos dejaron una situación desastrosa y que hoy España está muchísimo mejor de lo que estaba. Y con este presupuesto seguimos en la misma dirección.


Señorías, hace falta un presupuesto equilibrado, pero el señor Fernández Marugán se sube a esta tribuna y, criticando al señor Montoro, dice, con todo su valor: Oiga, es que el ministro de Hacienda, señor Montoro, ha dicho que ha reducido el peso del Estado en el PIB del 45 al 40 por ciento, y eso está muy mal, porque el señor Montoro está desmontando el Estado. Yo le digo: señor Fernández Marugán, ¿y cuándo el señor Zapatero dice que el límite del gasto tiene que estar en el 40 por ciento, que es donde está ahora mismo y donde lo hemos puesto nosotros, usted no dice nada? ¿A usted le parece mal lo que dice el señor Montoro de que el límite del gasto esté en el 40 por ciento y no le parece mal que el señor Zapatero diga que tiene que estar en el 40 por ciento? Señor Fernández Marugán, esto parece un chiste malo, porque el señor Zapatero ha avalado el presupuesto del Partido Popular, ha avalado el límite del gasto, ha dicho que el límite del 40 por ciento le parece fenomenal y que es el que él va fijar. Pues es lo que nosotros hemos hecho, un presupuesto con un límite del gasto que ahora mismo se sitúa en el 40 por ciento. Y además en equilibrio.


El señor Zapatero, a través de sus portavoces económicos, señala que no están de acuerdo con la bajada de impuestos. Pero hay que seguir bajando impuestos, señorías. Dice el señor Fernández Marugán que le parece muy mal la bajada de impuestos. No me extraña, ¡votaron ustedes que no a que bajáramos los impuestos! Pero, señorías, cuando en febrero a los ciudadanos españoles les suba la nómina porque bajen las retenciones, ¿cómo van a explicar a todos los asalariados españoles que ustedes votaron no a que los españoles mejoren su capacidad adquisitiva? Eso, me lo tienen que explicar ustedes. Además, les recomiendo que vayan por ahí y en febrero, cuando los españoles ganen más dinero, les digan: Ganan ustedes más dinero en contra nuestra. Nosotros creíamos que no era necesario bajar los impuestos. Y cuando se ponga al cobro el recibo del IAE, en el año 2003, y haya 2.200.000 pequeños empresarios a los cuales les desaparezca ese recibo, van ustedes y les dicen: Pues nosotros votamos que no.


Señorías, los impuestos han bajado en España en 1999, y han bajado intensamente, más de tres billones 200.000 millones en los cuatro ejercicios, y ha sido una bajada para más de 20 millones de ciudadanos -los amigos del PP, según el señor Fernández Marugán-. Y fundamentalmente se han bajado los impuestos a las familias, porque al introducir el mínimo personal y familiar no se hace tributar con la misma progresividad a un núcleo familiar con dos miembros que a un núcleo familiar con cuatro o cinco, porque no es justo que la progresividad sea la misma. Señorías, si la gran propuesta del Partido Socialista es la del tipo único, que es bajar el tipo más alto 23 puntos y subir el tipo más bajo 10 ó 12 puntos, ya entiendo cuál es su criterio fiscal, pero no es el nuestro. Y entiendo el criterio fiscal del tipo único bajando el máximo y subiendo el mínimo cuando el señor Sevilla dice que a través de la política tributaria no hay que hacer ninguna política social. Es que nosotros creemos que sí, que hay que hacer política de apoyo a la familia, de apoyo a los discapacitados, de apoyo a los asalariados y de apoyo a los ciudadanos que tienen menos renta. Además, señorías, estamos ante un presupuesto que mejora el gasto social, al que se dedica casi el 48 por ciento de todos los ingresos tributarios. Señorías, con este presupuesto España va a tener más seguridad y menos impuestos. El portavoz del Grupo de Izquierda Unida recordaba que nosotros decíamos que España va a tener más seguridad y menos impuestos con el Partido Popular. Las pensiones van a estar más garantizadas, porque nosotros no vamos a avalar la propuesta del señor Sevilla de que las pensiones crezcan 0,25 puntos por debajo del IPC porque nos parece insolidaria, nosotros queremos que las pensiones se revaloricen con el IPC. Señorías, y con el Grupo Popular vamos a tener más garantizado el bienestar, porque se hacen políticas de apoyo a la familia, porque se hacen políticas de apoyo a los discapacitados y porque se hacen políticas de apoyo a los ciudadanos de rentas más bajas, y vamos a tener más seguridad ciudadana y además va a haber menos impuestos.


Yo entiendo que el Grupo Socialista e Izquierda Unida, que en eso forman un bloque, pidan más impuestos, más impuestos y más gasto público.
Llevamos unos cuantos meses tramitando este presupuesto y no hay alternativa alguna en materia de política económica por parte del Grupo Socialista, simplemente el discurso acabado de más déficit, más gasto y más hablar de ricos y pobres, cuando lo que hay que hacer es una política económica que ayude al crecimiento, al empleo y al bienestar, que es lo que hace el Partido Popular, una política económica que tiene sus resultados en las cotizaciones a la Seguridad Social, en el número de empleos generados, en la tasa de paro descendente, en un crecimiento que todos y cada uno de los años es positivo en relación con el crecimiento del resto de los países europeos.


Señorías, junto a estos presupuestos se han presentado otras leyes para que en el año 2003 se produzca también un paso nuevo en las reformas estructurales de nuestro país. Se presenta una nueva Ley de Haciendas Locales que hace desaparecer el IAE y les da más posibilidades financieras a los ayuntamientos para que cumplan la prestación de servicios que tienen encomendada, y además se ha presentado un nuevo IRPF.


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Por cierto, señor Fernández Marugán -entre usted y yo-, la ley de acompañamiento se la inventaron ustedes. Ustedes podrán recurrirla cuando quieran y recurran lo que quieran, pero la ley de acompañamiento comenzó con gobierno socialista. Señor Fernández Marugán, se lo digo en confianza. No nos eche la culpa de todo, esta ley se la inventó usted.
(Aplausos) Señorías, por supuesto que en esta ley de acompañamiento se hacen reformas y que se incluyen enmiendas del Senado. Señor Fernández Marugán, ¿usted quiere liquidar el Senado, quiere impedir al Senado que puedan presentar enmiendas unas señorías que han sido elegidas por los ciudadanos, usted les quiere privar de su derecho? ¿Sabe usted, señor Fernández Marugán, cuántas enmiendas ha presentado a los presupuestos y a la ley de acompañamiento el Grupo Socialista en el Senado? ¿Sabe usted cuántas enmiendas han presentado? Usted se queja de que haya enmiendas y, a su vez, su grupo presenta más de 2.000 enmiendas. ¿No le parece a usted que esto es un poco incoherente? Claro que se presentan y se aprueban enmiendas. Quiero referirme a alguna, porque algún portavoz lo ha hecho, en materia audiovisual. Mi grupo en el Senado ha presentado enmiendas y además las vamos a votar a favor, porque nos parece que se incorporan modificaciones que permiten a operadores desarrollar su actividad empresarial de acuerdo con las nuevas tecnologías y además en un clima de transparencia y de competencia. ¿Cómo no vamos a apoyar esas enmiendas? Ustedes las debían apoyar también, señorías. ¿Cómo no vamos a apoyar las enmiendas de Canarias que, por cierto, ustedes las deberían apoyar también? Señor Fernández Marugán, usted ha dicho: vamos a votar a todo que no. Yo le aconsejo que por lo menos a las de Canarias voten que sí, porque su grupo en el Parlamento canario ha votado que sí, porque lo que se hace es mejorar el marco económico canario para relanzar las actividades con el RIC, que es un instrumento muy adecuado para activar inversiones en Canarias, para que haya actividad en Canarias, para que Canarias tenga mayor posibilidad de ser más competitiva y además se hacen reformas en el AIEM, en el arbitrio canario, para impulsar los sectores industriales canarios. Yo les recomiendo, señorías, que se lo piensen y que voten que sí. Además, nosotros vamos a votar que no a una enmienda, porque, a pesar de que el Senado ha demostrado buena voluntad y creo que ha analizado un problema que existe, da una redacción que a mi grupo no le parece adecuada en sus términos, porque puede entenderse que esa enmienda signifique una ruptura en un año determinado en lo que ha sido un criterio y es si los sellos tienen que tener IVA o no. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) El espíritu del legislador siempre, antes de esa fecha y ahora, es que los sellos no tengan IVA, porque el sello es un precio público por una tarea y el IVA tiene que ir acompañado al servicio que prestan las empresas de mailing, las empresas de manipulación de correo, que son la compra del sello, el servicio que prestan por la manipulación, pero no el sello en sí mismo. Por eso vamos a votar que no, además quiero hacer constar en el "Diario de Sesiones" que el espíritu del legislador ha sido siempre el mismo, que el sello no tenga IVA. Lo digo para que no haya lugar a dudas, porque se ha hecho alguna interpretación fuera de esta Cámara que yo creo que no es acorde con lo que los legisladores hemos querido hacer y, por tanto, del marco fiscal con el que hemos querido dotar a ese sector económico. Yo les pediría, señorías, que ustedes voten también que no a esa enmienda.


Hay otras dos enmiendas que me parecen importantísimas. La primera es una enmienda que pretende que empresas manufactureras españolas que tienen muestrarios tengan deducción por el coste de elaboración de esos muestrarios en el capítulo de investigación, desarrollo e innovación. Nos parece que es muy importante que para mejorar la competitividad de nuestras empresas se compita en los nichos de diseño, marca, innovación.
Es importante dotarle de instrumentos que supongan un aliciente para entrar en esos segmentos. La enmienda pretende decir que los muestrarios, no en lo que es corrección de la moda, sino lo que es investigación, desarrollo e innovación, tengan derecho a la deducción. Nos parece que es una buena enmienda. No sabemos si la redacción es la totalmente adecuada o habrá que corregirla en el futuro para que no haya lugar a interpretación. Asimismo, vuelvo a decir que el espíritu del legislador es que las empresas españolas puedan competir en esos segmentos y, por tanto, tengan derecho a deducción los muestrarios cuando se acojan a determinadas normas que indiquen que son investigación, desarrollo e innovación.


Quiero, por último, decir que nos parecen muy importantes las enmiendas del Senado que vienen a dar una redacción completa a un nuevo marco para los autónomos. Nos parece muy importante ir dando una similitud al régimen especial de autónomos con el régimen general común, y se avanza notabilísimamente, tanto en el texto que salió del Congreso en mejora para los autónomos como en las enmiendas del Senado. Esa es la voluntad de las iniciativas que junto con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hemos presentado para mejorar también a los autónomos en su régimen de Seguridad Social, como lo hemos hecho bajándoles impuestos, diciendo que no a la atávica posición del señor Sevilla que quiere subir los módulos, quitándoles el IAE y además mejorando los trámites administrativos.


Señorías, pueden estar seguros, y ese es el compromiso de mi grupo político, de que en el año 2003 con estos presupuestos y con estas reformas España va a crecer más que en el año 2002, vamos a seguir creciendo más que la media europea, vamos a seguir creando empleo y España va a seguir en el furgón de cabeza de la Unión Europea.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Señorías, iniciamos la votación. (Rumores.) Ocupen sus escaños.


Les ruego, si es posible, que guarden un poco de silencio por cuanto las votaciones son largas, y habrá que estar atentos a lo que se somete a votación en cada momento.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado.


Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.


En primer lugar, votamos las enmiendas a los artículos 19, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 y a las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta, quinta y octava.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 308; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 24.


Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor 293; en contra, 13; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedas aprobadas.


Enmiendas a los artículos 13, 49, y secciones 20, 23, 24 y 26.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 188; en contra, 113; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al apartado 4 del preámbulo, así como al apartado 5 del artículo 20.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 278; en contra, 24; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas al preámbulo, a los artículos 2, 4, 8 y 9, a la disposición adicional décima, anexo I, secciones 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31 y 32.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 187; en contra, 125; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 294; en contra, cuatro; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y del orden social. En primer lugar, las enmiendas a los artículos 42; 63 bis nuevo, con la corrección distribuida; 71 ter nuevo; 73, de inclusión de un nuevo apartado 15 bis al artículo 90, 91 bis nuevo, 95 bis nuevo; disposición adicional quinta, decimonovena nueva y disposición final segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 191; en contra, uno; abstenciones 123.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmienda a la rúbrica del capítulo V.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 198; en contra, 109; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmiendas a los artículos 31, 42 ter, 74 bis, 87, disposición adicional decimoctava y disposición final cuarta bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 291; en contra, 3; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la exposición de motivos, también de inclusión de un nuevo apartado 27 al artículo 3; al apartado 8 del artículo 56; al 71 bis nuevo, a la disposición adicional vigesimosexta, vigesimoséptima y a las disposiciones transitorias sexta y séptima.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 296; en contra, ocho; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a los artículos 1 pre; inclusión del nuevo apartado 15 bis en el artículo 3; artículos 10, 13, 17 bis nuevo, 17 ter nuevo, 22, 30 bis nuevo, 30 ter nuevo, 61, 62 bis nuevo, 77, 77 bis nuevo, 78 bis nuevo, 81 bis nuevo, disposiciones adicionales primera, vigesimoquinta, vigesimoctava y disposición transitoria octava.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 190; en contra, 125.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al resto de los artículos 3 y 56; artículo 8 bis; 75; 79 bis; disposiciones adicionales segunda; decimocuarta; decimosexta, con las correcciones distribuidas; decimoséptima; y trigesimoprimera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 293; en contra, ocho; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a los artículos 19, 20, 73 bis nuevo, 82 bis nuevo, 85, disposición transitoria primera y disposición derogatoria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 189; en contra, 114; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 38 bis nuevo y 89.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 176; en contra, 127; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a los artículos 88, 89 bis, 89 ter, 89 quater y disposición final segunda bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 173; en contra, 129; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional vigesimonovena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, cuatro; en contra, 301; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 89 quinque.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 178; en contra, 112; abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional vigesimotercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, tres; en contra, 206; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Senado, con la corrección distribuida al artículo 8.7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Señorías, tal y como se acordó en la Junta de Portavoces, el debate va a continuar sin suspender al mediodía, pero las votaciones serán -en el momento procesal que permitan los debates- no antes de las cuatro y treinta minutos de la tarde.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Número de expediente 121/000113.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Labordeta tiene la palabra.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


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Mi intervención es fundamentalmente para mostrar el voto en contra de Xunta Aragonesista a este proyecto. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta.


Adelante.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


En su primer paso en la tramitación parlamentaria ya le dijimos al señor ministro que esta reforma legal suponía un problema para los ayuntamientos, que veían perder una fuente de ingresos sin que nada se hubiera previsto para compensarlos. Han tenido que rectificar y reconocer que sí habría problemas, que los ayuntamientos -tanto los gobernados por el partido del Gobierno como por la oposición- saldrían perjudicados.
Después de negarlo por activa, por pasiva y por reflexiva han tenido que reconocerlo y se han comprometido a establecer una serie de compensaciones pero para llegar solamente a una situación que no resuelve las carencias básicas de financiación de los ayuntamientos.


Estamos de acuerdo con la supresión del IAE y con su mantenimiento para grandes empresarios, pero ni siquiera con esta reforma de las haciendas locales han podido hacer bueno aquel dicho que ustedes empleaban: sólo aciertan cuando rectifican. No queremos limosna. El poder local ha sido olvidado por los distintos gobiernos y no puede estar pendiente de la discrecionalidad anual ni de la aprobación de los distintos presupuestos para saber cuánto y cómo recibe los ingresos necesarios. Queremos un sistema estable. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Además, no se han resuelto varias de las demandas históricas de los ayuntamientos aragoneses, ya que estos no cuentan con factores suficientes de corrección territorial, dada su gran extensión, que tienen numerosos núcleos de población en sus límites municipales y que con lo que reciben no pueden atender las obligaciones municipales de obligado cumplimiento por la ley en unas condiciones dignas.


Por todos estos motivos, votaremos en contra de este proyecto de ley regulador de las haciendas locales.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Labordeta.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Las enmiendas que presentó el Grupo Popular en el Senado introducen ciertos cambios en esta ley que vienen a paliar algunos de los aspectos más perjudiciales del proyecto de ley original que debatimos en el Congreso inicialmente. Fue así gracias al acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero el fondo del mismo no cambia sustancialmente y por lo tanto no va a cambiar la posición del Bloque Nacionalista Galego. Seguimos pensando que estamos ante una ley dual, unilateral y discriminatoria, y voy a explicar por qué.


Esta ley no es la ley de haciendas locales que los ayuntamientos necesitan y, si me lo permiten, mucho menos todavía la ley de haciendas locales que necesitan los ayuntamientos gallegos. El 98 por ciento de los municipios de Galicia quedan al margen de la cesión de tributos, que constituye la gran novedad de este proyecto de ley, sin que por el momento ningún responsable del Gobierno haya dado ningún tipo de argumento que explique por qué no todos los ayuntamientos pueden ser destinatarios de esa cesión impositiva. No existen razones objetivas ni de necesidades de financiación ni de capacidad de gestión ni de ningún otro tipo que impidan que la cesión se haga para todos los municipios. Además, ustedes reducen a 75.000 habitantes el listón para entrar en el club de la cesión. Afortunadamente, de esta forma se incluyen ciudades como Ferrol que, siendo la quinta ciudad gallega y doblando en población a algunas capitales de provincia, quedaba fuera de la cesión de tributos, pero siguen excluyendo a importantes ciudades y villas que no alcanzan ese listón poblacional pero que sí superan la población de ciertas capitales de provincia. Si quieren un ejemplo, Villagarcía de Arousa, con 34.000 habitantes, supera ampliamente la población de capitales como Teruel y, sin embargo, se les veta el acceso al selecto club de la cesión de tributos. Por no hablar de que no tienen ustedes en cuenta ciudades o villas que están muy afectadas por presencia de inmuebles de defensa que no pagan tributos y que no son contempladas, como si van a serlo, aunque limitadamente, algunos municipios turísticos.


El municipalismo gallego no se siente representado por los criterios de reparto que establece este proyecto de ley para la participación en los ingresos del Estado, puesto que ignoran la repercusión que sobre el coste de la provisión de servicios tienen factores tan determinantes como la dispersión poblacional, la extensión territorial o el envejecimiento de la población. Quiero recordarles, señorías, que estos criterios fueron reclamados en su día por la Federación Gallega de Municipios y Provincias, donde existe una más que nutrida representación de municipios gobernados por el Partido Popular. Además, los mismos criterios fueron también reclamados, más recientemente, por el Pleno del Parlamento de Galicia, en su sesión del día 3 del presente mes, a instancias del Bloque Nacionalista Galego y con el voto unánime de todos los grupos representados en nuestra Cámara autonómica.


Si, por el contrario, se incluyera en la cesión de tributos -aunque con una fórmula un tanto devaluada-

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a los denominados municipios turísticos, entendiendo por tales aquellos que tengan más de 20.000 habitantes y que dispongan de un número de segundas residencias que supere al de residencias principales -criterios de definición que tampoco compartimos-, nos tememos que Santiago de Compostela, por ejemplo, de no haber superado el listón poblacional que lo incorpora al grupo de las grandes ciudades o de no haber sido capital de comunidad autónoma, tampoco entraría en la definición de municipio turístico; y, si Santiago no lo es, ya me dirán ustedes qué municipio lo es en Galicia.


Pensamos que hay razones más que suficientes para que este proyecto de ley de reforma de la Ley reguladora de las haciendas locales, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular incluidas en el Senado, siga sin satisfacer las necesidades de financiación de la inmensa mayoría de los municipios del Estado español, e introduzca una discriminación grave entre los habitantes de las grandes ciudades y los ciudadanos que residen en los demás municipios. Por este motivo, y porque no lo vemos claramente incardinado, como quisiéramos, en una concepción de las comunidades autónomas por la que estas tengan un papel determinante y de coordinación fundamental de los municipios, el Bloque Nacionalista Galego seguirá votando en contra de este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha venido apoyando la tramitación de este proyecto de ley y considera que ha sido mejorado con las enmiendas presentadas en el Senado. Elimina un impuesto tan anacrónico como el de actividades económicas y crea un sistema de compensación que garantiza que ninguno de los municipios pueda perder ingresos a partir de la aplicación de esta ley.


Esta pérdida de ingresos era muy importante para nosotros, porque tenemos un régimen económico y fiscal propio, cuyos recursos son de la Hacienda canaria, y la aplicación en régimen común -por decirlo así- del nuevo sistema fiscal podría haber producido un efecto bastante negativo en las entidades locales canarias. Por eso defendimos en el trámite del Congreso una ampliación de la exposición de motivos que garantizara -y así lo hizo- la defensa de este aspecto del régimen económico y fiscal canario y su consideración para la compensación a los ayuntamientos y cabildos canarios, que está en la disposición adicional séptima. El Senado ha ido incluso más allá en el artículo 139, que reconoce de manera específica la singularidad de las entidades locales canarias y establece sistemas que garantizan que los ayuntamientos y cabildos canarios tengan el concepto que han defendido históricamente -y que hemos logrado en los últimos cinco años- de equiparación con los ayuntamientos del resto de España.


Esta ley es un paso adelante importante que respeta nuestras singularidades de régimen económico y fiscal, y en tal sentido se ha pronunciado recientemente el Parlamento de Canarias. Como ustedes saben, por la disposición adicional tercera de la Constitución, cualquier modificación que afecte al régimen económico y fiscal canario exige un pronunciamiento del Parlamento de Canarias. El informe preceptivo del Parlamento ha sido favorable, y nuestro grupo está de acuerdo con él, como no podía ser de otra manera, y está de acuerdo también con la redacción final de este proyecto de ley, resultado de la introducción de las enmiendas del Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mauricio.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, pienso que no le hubiera costado mucho trabajo al partido del Gobierno haber hecho las negociaciones que hizo después de haber presentado el proyecto de ley, de haberlo traído a esta Cámara y de haberlo casi debatido, aquellas negociaciones que han llevado a estas modificaciones; no le hubiera costado mucho trabajo haber hecho la reunión dos o tres semanitas antes, incluso una semanita antes, haber llegado a un acuerdo, al mismo acuerdo que al final han llegado con la Federación Española de Municipios y Provincias y otros colectivos, y haber introducido en su día las enmiendas que ahora vienen del Senado, que tampoco eran enmiendas muy sesudas, no necesitaban un trabajo muy esforzado y se podían hacer perfectamente con la punta del lápiz, no suponían un esfuerzo adicional.
En este sentido, quiero criticar por lo que supone de tiempo perdido.


Ahora que las editoriales están reeditando A la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido, de Proust, habría que tener en cuenta, señorías, que nosotros queremos también buscar el tiempo perdido. Sería conveniente no perder el tiempo cuando de manera tan fácil, con buena voluntad por ambas partes se llegó a un determinado acuerdo, que es el que en cierta manera, no del todo, viene recogido, que es lo que suele pasar cuando se llegan a acuerdos de máximos y de literatura y no se desciende a la concreción. Yo recuerdo todavía en este hemiciclo un debate muy similar sobre si el acuerdo al que ustedes habían llegado con el Partido Socialista sobre la financiación autonómica estaba bien concretado a la hora de su articulación en la ley correspondiente.


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No obstante, bien está lo que medianamente bien acaba. En ese sentido, señorías, tendrán ustedes nuestro apoyo a la parte del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP, fundamentalmente en lo referente a garantizar a los ayuntamientos españoles y a determinados entes locales el que la detracción o la retirada del IAE de amplios sectores de la población española no perjudique las arcas municipales. Pero tenemos todavía algunas dudas sobre esa cuestión. La primera de ellas es que aparece que se fijará la fórmula en la disposición adicional correspondiente, en la que se establecerá la cuantía con la que compensar a los ayuntamientos por la presunta pérdida. El problema es que dice que en el último trimestre de 2003 se le irá entregando dinero a cuenta. ¿Cuánto? Yo lo he revisado mucho. Sin duda uno es muy torpe y además como está terminando el año y hoy que me toca casi el monopolio de las intervenciones de mi grupo, seguro que se me ha pasado algo, pero yo no he visto porcentajes.
¿El 90? ¿El 15? ¿El 40? ¿El 95? ¿El 98? ¿Qué porcentaje? Porque a cuenta, eso es muy laxo, señorías. Es verdad que dice que a lo largo de 2004 se le compensará definitivamente. ¡A buenas horas, mangas verdes! Estaría bien que encima en el año 2004 no se le compense por el año 2003.


En la articulación del impuesto sobre construcciones, en el punto 3, donde se decía que el tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder el 5 por ciento, ustedes lo han rebajado al 4 por ciento. Eso precisamente no estaba en el acuerdo y además va a significar una pérdida de ingresos en las arcas municipales, toda vez que se queda como impuesto único. Es una rebaja de un punto. Alguien podrá decir que es para ayuda a la vivienda. Si quiere, nos engañamos, pero no es cuestión. Usted sabe que la bajada de ese punto en todo caso va a beneficiar a los promotores, pero nunca va a repercutir sobre los compradores de viviendas.


Concluyo, señorías, diciendo lo mismo que dije en la intervención que hice en su día en nombre de mi grupo. Se ha perdido una buena oportunidad para hacer una ley de haciendas locales, aunque no contara con nuestro apoyo.
No tuvieron nuestro apoyo para la Ley de financiación autonómica, pero aquí reconocí -y ahí está el "Diario de Sesiones"- que había significado un avance en determinadas cuestiones y que era una buena ley, por lo menos era un cuerpo y tenía una determinada entidad, era seria. Como les he dicho, señorías, esto es un poquito de merengue o de nata para adornar la única razón de esta propuesta de modificación, que es el cumplimiento de la propuesta electoral del señor Aznar, realizada en su campaña. Me parece muy legítimo, es totalmente legítimo, pero lo que digo es que, además de la propuesta electoral, que la nata hubiera sido de calidad, de consistencia, que hubieran aprovechado la ocasión para hacer una reflexión mucho más amplia y mucho más seria sobre la financiación de las corporaciones locales, independientemente de que al final estuviéramos de acuerdo o no, pero que tuviera una enjundia, que tuviera un rigor. Y no hacer una serie de medidas a pinceladas, que es algo que queda muy bien en los cuadros del XIX francés, pero que en política no sirve. Lo lamentamos.


No obstante, en la parte que tiene de positivo, porque la hay -no todo es blanco o negro, están todos los tonos de gris y están los blancos con lunares negros y los negros con lunares blancos-, tendrán nuestro voto y en la parte negativa tendrán nuestro rechazo. Pero vuelvo a insistir en que todos -ustedes fundamentalmente-, porque todos tenemos presencia municipal y todos somos ciudadanos de un municipio, mayor o menor, hemos perdido una oportunidad de tener una buena ley de haciendas locales.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, llega hoy a la Cámara el último trámite de la modificación de la Ley de haciendas locales. Para nuestro grupo, Convergència i Unió, esta ley tiene dos aspectos: uno positivo y otro negativo. Vamos a empezar por el positivo. El positivo es que finalmente verá la luz, estará en vigor el 1 de enero de 2003, la supresión del IAE, una exención del IAE para todas las personas físicas. Este siempre ha sido un punto que Convergènci i Unió ha defendido. Quiero recordar que cuando se estableció el IAE, en una legislatura con mayoría socialista, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad y votamos en contra de ese impuesto, porque siempre habíamos considerado que era un impuesto injusto, que tenía un esquema que penalizaba a aquellos que querían iniciar una actividad económica.
Por tanto, estamos satisfechos de que finalmente haya esa exención.


Compartimos esta exención del IAE, pero entendemos que llega tarde. Quiero recordar que ya la habíamos planteado en anteriores legislaturas y que incluso en esta legislatura la primera propuesta de Convergència i Unió fue que se suprimiera el IAE. Por tanto, repito, llega tarde, pero además llega de forma claramente insuficiente en lo que afecta a las personas jurídicas. ¿Por qué claramente insuficiente? Porque se establece un límite -siempre hay que establecer algún límite- para aquellas personas jurídicas que tengan una cifra de negocios anual inferior a un millón de euros. A nosotros nos hubiera gustado que ese importe fuera de cinco millones de euros, porque se considera que una empresa que está por debajo de los cinco millones de euros en su cifra de negocios -no estamos hablando de beneficios, estamos hablando de facturación- es de

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tamaño reducido. Hay un segundo aspecto que hemos defendido claramente en el Senado, y es que al calcular esa cifra de negocios de las personas jurídicas se atendiera a una cifra por local de negocio, no sumando todos los locales de una persona jurídica. El IAE siempre ha sido un impuesto que atiende al local, al inmueble donde está esa actividad comercial y nos hubiera gustado que esa exención se hubiera calculado a cinco millones de euros y no a uno, y además que se hubiera ampliado a la cifra de negocios de cada uno de los locales individualmente, no del conjunto de locales que tiene una persona jurídica. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Aun así, valoramos positivamente que el 1 de enero del año 2003 más de un 90 por ciento de autónomos de pymes vaya a ver aplicada esta exención del IAE que consideramos positiva.


Decía al inicio de mi intervención que había dos aspectos en este proyecto de ley, uno positivo y otro negativo. El aspecto negativo enlaza con lo que ha dicho el señor Rejón. Hemos perdido la oportunidad de hacer una nueva ley de haciendas locales. Lo que hemos hecho hoy es un parche, que tiene este aspecto positivo en cuanto al IAE, pero nos hubiera gustado hacer una normativa global de haciendas locales que garantizara claramente la suficiencia y la autonomía financiera de nuestros municipios. De ahí que nosotros hayamos planteado un modelo alternativo con nuestras enmiendas, un modelo distinto al acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Quiero resaltar aquí que en ese acuerdo de la FEMP no ha participado Convergència i Unió ni tampoco la Associació Catalana de Municipis i Comarques. Por tanto, nos vamos a abstener en los artículos 39 y 40 y va a ser una abstención para poner de relieve que tenemos, ante ese modelo de financiación, un modelo distinto.
¿Cuál es el modelo distinto de Convergència i Unió? Un modelo que propugna que todos los municipios, con independencia del número de habitantes -ahora se ha bajado a 75.000, es mejor que 100.000-, deben poder participar en los grandes tributos del Estado, IRPF, IVA e impuestos especiales. Además, consideramos que debe haber una participación del respectivo Parlamento autonómico para distribuir esas cantidades, garantizando, con unos porcentajes elevados, lo que debería ser una mejor financiación de las corporaciones locales y, después, una financiación de las comarcas, que en el proyecto no se ve -no estaba en la ley que hizo el PSOE en el año 1988 ni tampoco está en esta ley-, para que puedan participar en los tributos del Estado, y una mejor financiación de los entes metropolitanos. Asimismo, pedimos una financiación especial para la capital de Cataluña, para el municipio de Barcelona, de acuerdo con lo que está aprobado en su Carta municipal, garantizando ese tratamiento específico que debe tener Barcelona como gran ciudad, como ciudad que es la capital de Cataluña, como ciudad que merece esa financiación que ya ha sido consensuada por el Parlament de Cataluña, aprobando por unanimidad la Ley de la Carta municipal.
Lamentamos que en este proyecto no se recoja esta financiación específica para Barcelona.


Se ha hecho un avance al reconocer a los municipios turísticos. Nos hubiera gustado que la cifra para ser considerado municipio turístico, en lugar de ser de 20.000 habitantes, hubiese sido otra, como mínimo inferior a 15.000, porque hay muchos municipios en Girona donde el número de habitantes es de alrededor de 15.000, como población de derecho, pero todos sabemos que son municipios turísticos que merecerían la financiación específica que para estos municipios se recoge en el proyecto de ley. También nos gustaría ver recogido ese sistema alternativo de financiación que propugna Convergència i Unió, que atendería de manera específica a los municipios pequeños, los de alta montaña, los municipios con núcleos segregados, los municipios con urbanizaciones de segunda residencia, a municipios con viviendas muy diseminadas en un territorio muy extenso. Todas estas particularidades nos hubiera gustado que quedaran reflejadas en lo que debía ser una nueva ley de haciendas locales, con esa garantía de la financiación municipal, de que debemos apostar para que nuestras corporaciones locales tengan mayores recursos, porque cada vez les exigimos mayores competencias. Por eso quisiéramos ese sistema alternativo que hubiera contemplado la supresión del IAE en los términos que ha planteado Convergència i Unió.
Nos vamos a abstener en las enmiendas a los artículos 39 y 40 para mostrar que teníamos este modelo alternativo y vamos a votar a favor del resto de enmiendas introducidas en el Senado, porque entendemos que, en su conjunto, mejoran el proyecto que había entrado en el Congreso.


Quiero hacer mención especialmente -y con esto termino- a una enmienda que ya había defendido este diputado, que ya había defendido Jordi Jané en esta tribuna en el Congreso de los Diputados, en nombre de Convergència i Unió, y que aquí no fue aceptada. Estamos satisfechos de que, finalmente, se haya llegado a un acuerdo en el Senado en un aspecto, que es permitir que pueda haber bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, una bonificación de hasta el 90 por ciento para construcciones, instalaciones y obras que faciliten las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esto es positivo; debemos legislar siempre a favor de los discapacitados. Ya lo propugnamos aquí en el Congreso y también en el Senado, donde al final se ha introducido una enmienda en el artículo 33 que valoramos positivamente. Valoramos el consenso alrededor de esa enmienda y la vamos a votar favorablemente, como también vamos a votar favorablemente lo que ya son fórmulas de compensación para esa exención del IAE, que finalmente se han introducido en dicha Cámara. A Convergència i Unió le hubiera

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gustado poder participar más activamente en ese consenso; le hubiera gustado, a pesar de no estar dentro de la FEMP, haber podido tener una participación activa y haber podido, al final, introducir aspectos de este modelo alternativo de Convergència i Unió que finalmente no ha sido acordado, un modelo que garantizaba una buena financiación municipal, una participación de las comarcas en los tributos del Estado, pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas, una financiación específica para el Ayuntamiento de Barcelona, una participación de todos los municipios, también de los pequeños, en los tributos del Estado; un modelo que -somos conscientes- necesita una maduración, un tiempo de debate y de acuerdo, pero ahora, lamentablemente, lo que se ha hecho es poner un parche, que va a ser positivo en algunos aspectos, pero que sigue sin dar esa respuesta efectiva que todos pedimos para nuestras corporaciones locales, que es una mejor financiación, una mayor autonomía financiera y una mayor suficiencia.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en primer lugar, es conveniente y oportuno reconocer que, en lo sustancial, estamos debatiendo y aprobando otra ley.
Este no es el proyecto de ley originario del Gobierno y, en ese sentido, ante una nueva situación, consideramos que es conveniente fijar la posición. Gracias a la oposición de mi partido y de otros partidos políticos, gracias al trabajo que se ha hecho por parte de las federaciones territoriales de municipios, gracias a la presión, prácticamente en exclusiva, de Izquierda Unida y del PSOE en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos conseguido modificaciones importantes y, sobre todo, hemos conseguido al menos detener una sangría, como lo calificaba con motivo del debate que tuvimos cuando dictaminamos el proyecto según venía de la Comisión, dentro de lo que es un conjunto que yo calificaría de chapucero. Es verdad que en el modelo de financiación local que se pone en marcha el parcheo permanente que ha denunciado el portavoz de Convergència i Unió es una realidad.
Esta ley supone la pérdida de una ocasión histórica clave para dar un paso más y engarzar en el Estado de las autonomías todo lo que es la nueva financiación local y el futuro de su financiación. Gracias a todas esas presiones, el Gobierno ha reconocido su error y ha dado marcha atrás. Reconoció que no se podría en ningún caso aprobar esta ley sin un acuerdo con los municipios, acuerdo que no existía cuando la ley entró en la Cámara, ni siquiera se había iniciado la negociación. El Gobierno reconoció que la ley perjudicaba al funcionamiento de los servicios municipales, porque los ayuntamientos perdían ingresos. Reconoció que los pequeños ayuntamientos eran discriminados, que la ley no garantizaba la suficiencia financiera, requisito constitucional básico de la autonomía local, y que era necesario compensar a los ayuntamientos por la pérdida que les suponía una medida tan importante como la supresión del impuesto de actividades económicas. En la práctica, el Gobierno retiró su proyecto, cambiándolo por otro que presentó en el Senado mediante distintas enmiendas.


Mi grupo va a votar favorablemente la mayor parte de las enmiendas que proceden del Senado, pero queremos añadir algo. No nos hacemos responsables del desaguisado que se va a crear en la gestión de los ayuntamientos. Fíjense ustedes que una parte sustancial de la ley entra en vigor el 1 de enero, en los tres primeros meses del año 2003. Muchos de los ayuntamientos tienen aprobadas ordenanzas y presupuestos municipales, tienen que pasar por un proceso de adaptación y, a la hora de valorar una serie de decisiones, no van a estar muy claros los criterios para definir y calcular esos ingresos. Por tanto, en el año 2003 va a haber un planteamiento y una situación generalizada de incertidumbre, de un cierto desaguisado para las corporaciones locales.
Hubiera sido más positivo centrarnos exclusivamente en el impuesto de actividades económicas y o bien establecer un proceso largo de negociación para el resto o bien establecer una vacatio legis amplia para el resto del proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento, pero cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros creemos que la lógica de un trabajo riguroso en los ayuntamientos llevaba a que no les violentemos desde esta Cámara y no contribuyamos a crear mayor caos. No nos hacemos responsables de ese caos.


Tampoco nos vamos a hacer responsables del modelo de participación en los ingresos del Estado. El Gobierno ha sido incapaz de hacer un ejercicio de simulación en torno a si la participación en la llamada cesta de impuestos es o no rentable para los ayuntamientos, ha sido incapaz de trasladar esa información. Los negociadores de la federación firmaron de buena fe y a ciegas, eso hay que reconocerlo, pero está por ver cómo funciona la participación en los ingresos del Estado. Ahora bien, en la propia participación de los ingresos del Estado, ya nos encontramos con un primer problema, y es que los ingresos municipales a partir de ahora van a depender más del ciclo económico, van a depender fundamentalmente de la política fiscal del Gobierno. Es decir, aquellos que participen en la llamada cesta de impuestos, que tiene como un elemento nuclear el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y dado que las decisiones fiscales del Gobierno no van a ser compensables por efecto de esta ley, ya saben que al basar su financiación en el peso de lo que signifique en cada momento el IRPF, la consecuencia o conclusión es que los ingresos municipales van a depender

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en una parte fundamental de las decisiones fiscales o tributarias del propio Gobierno. Desde ese punto de vista, hay una cierta pérdida de autonomía local, siempre y cuando no se garanticen compensaciones a cualquier variación de la fiscalidad en aquellos elementos que son claves para la financiación local. Además, yo creo que la participación en los ingresos del Estado no se adapta al Estado de las autonomías y que hubiera sido positivo ultimar todo el proceso de pacto local, diseñar con carácter más estable el modelo de ciudades, los ajustes que del pacto local dependen del Gobierno central en su diálogo con las fuerzas políticas y con los ayuntamientos y crear un mínimo marco de pactos locales autonómicos, y una vez diseñado y creado ese campo competencial nuevo, hacia el que necesariamente deben de caminar los ayuntamientos en este país, establecer todo un modelo de participación en los ingresos del Estado que estuviera más en consonancia con el Estado de las autonomías.
Esto no lo vemos en el proyecto y por eso, en este sentido, es muy deficiente. Además, genera mayores inequidades y desequilibrios. Es cierto que se corrige algo importante y es que en el proyecto de ley se establece la posibilidad de que los ayuntamientos turísticos que tienen una determinada población y que por el hecho turístico generan más gastos y tienen que prestar más servicios porque hay fluctuaciones y flujos de población que oscilan de una manera muy radical, sobre todo en determinados periodos, mejoren su situación, de acuerdo, pero no hay una apuesta, por ejemplo, por el desarrollo rural, no hay una apuesta por garantizar un mayor equilibrio interterritorial, no hay una apuesta por disminuir las desigualdades que el actual sistema de la participación en los ingresos del Estado estaba generando. Esa realidad también la ha puesto de manifiesto el portavoz de Convergència i Unió y es cierta y lo hemos dicho en anteriores trámites parlamentarios. En ese sentido, la ley va a generar aún mayores desigualdades.


No existe un fondo de nivelación. A nosotros nos hubiera gustado que existiera, es decir, que sea cual sea el modelo, si se va a un modelo de cesta de impuestos o si se va otro, como se va en el proyecto de ley para un grupo de ayuntamientos, en todo caso debería existir un fondo de nivelación para garantizar precisamente que se pueda hacer frente a esos desequilibrios territoriales que la propia dinámica está generando y sobre todo para ayudar a los ayuntamientos en situaciones más desfavorecidas. En este sentido yo creo que la ley no acierta y nosotros no vamos a apoyar todo lo referido a la participación en los ingresos del Estado.


La supresión del IAE es la gran decisión del proyecto. Ya les dije que desde nuestro punto de vista una ley sobre la reforma de las haciendas locales con una nueva regulación del impuesto sobre actividades económicas hubiera sido insuficiente. Afortunadamente hemos logrado la compensación. Nosotros hemos dicho que teníamos un modelo distinto y, finalmente, hemos apoyado y aprobado la supresión del IAE en los términos que plantea el Gobierno, pero no nos parece nada práctico, se lo digo claramente a todos los grupos, que establezcamos una subastilla fiscal en España a ver quién rebaja más impuestos. Yo creo que este tipo de decisiones deben de contemplarse en un marco mucho más global, valorando todas las consecuencias de la política fiscal general. Ahora bien, lo que está claro es que lo que pierden los ayuntamientos en la brocha gorda por la supresión del impuesto sobre actividades económicas lo van a recuperar con un sistema de compensación, que es el que se acordó con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero ya aviso que ese sistema no es suficiente. Ese sistema también va a seguir generando pérdidas a los ayuntamientos y les voy a dar un dato. El año de referencia para calcular los ingresos de las corporaciones locales por el impuesto sobre actividades económicas es el año 2000. Eso significa: uno, que los ayuntamientos que han crecido en su actividad y desarrollo económico a lo largo de los años 2001 y 2002, que tienen nuevos asentamientos industriales, esos no van a ser compensados por los ingresos que hayan podido generar en 2001 o en 2002; dos, que en aquellos ayuntamientos que han optimizado la gestión, que han mejorado la gestión tributaria sin modificación de ordenanzas, sin modificación de regulaciones, simplemente con mejora de los mecanismos de recaudación, todas esas ventajas o logros no van a computar para la compensación. Por tanto, es cierto que hay una compensación muy importante, pero muchos ayuntamientos, a pesar de todo, van a perder dinero, van a perder ingresos con el mecanismo diseñado por este proyecto de ley.


Acabo, señora presidenta, señorías. Hay muchos más elementos e incertidumbres que se abren con el proyecto. La Federación Española de Municipios y Provincias hacía dos peticiones que yo quiero reiterar. Es verdad que no estaban en el acuerdo como incorporadas, sino como deseos que se formulaban y se entregaban al Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego tenga en cuenta el tiempo consumido.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Ya acabo, señora presidenta.


La primera era estudiar y proponer, antes de la finalización del presente quinquenio de financiación, mecanismos de nivelación que impulsen la convergencia progresiva entre municipios pequeños y grandes; la segunda, reiterar la reivindicación de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es cierto que va a haber decisiones fiscales muy importantes y el municipalismo se queda sin voz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hemos perdido también una ocasión importante.


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Una persona relevante de la Federación Española de Municipios y Provincias escribía recientemente en el diario El País en Cataluña -me refiero al alcalde de Lleida, Antoni Siurana, vicepresidente de la FEMP- un artículo que empieza afirmando lo siguiente: El acuerdo entre el Gobierno de la nación y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la reforma de la financiación de las haciendas locales no debe confundirse en forma alguna con la aprobación de los gobiernos municipales de una ley que determina una financiación de los municipios insuficiente, en algunos casos indeterminada y que ha sido objeto de una negociación mínima realizada a uña de caballo, cuando el proyecto de ley se hallaba en una fase avanzada de su tramitación parlamentaria.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego concluya.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Concluyo.


En definitiva, señora presidenta, señorías, la reforma de la financiación de los municipios no solventa la suficiencia financiera. Es verdad que el Senado ha incorporado el tenor de los acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias. Aprobaremos el articulado en los términos que provienen de ese acuerdo, secundaremos las enmiendas derivadas de ese acuerdo, pero no nos hacemos responsables del caos, del desaguisado que esta ley va a generar y, sobre todo, de la ocasión que se pierde para estructurar en el ámbito del Estado de las autonomías el concepto y el principio de autonomía local.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Cuesta.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, concluimos hoy el debate de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de haciendas locales, que, como SS.SS.
saben, incorpora un nuevo sistema de financiación local que viene a cerrar lo que ha sido el gran pacto de financiación territorial e incorpora también en una parte sustancial del mismo un compromiso electoral asumido por el Gobierno de la nación de supresión del impuesto de actividades económicas para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Por consiguiente, señora presidenta, el "Diario de Sesiones" de esta Cámara nos brinda una nueva ocasión para poner de manifiesto que el Gobierno cumple lo que promete, que el Partido Popular, a través del grupo parlamentario que presta apoyo al Gobierno, cumple los compromisos contraídos con sus electores. Eso no es baladí y no debe trivializarse como algunos pretenden. En política la cuestión de la credibilidad es fundamental. Frente a aquellos que en los últimos tiempos y en las últimas actuaciones parlamentarias están en niveles bajos de credibilidad, nosotros queremos una vez más dejar constancia aquí en el "Diario de Sesiones" de la credibilidad del proyecto político al que pertenecemos y, en definitiva, de nuestra voluntad de cumplir nuestro contrato con los electores, el compromiso que hemos articulado en un programa electoral que mereció la confianza mayoritaria de los ciudadanos.


El "Diario de Sesiones", señora presidenta, nos brinda también una ocasión de oro para poner de manifiesto la falta de alternativa, las contradicciones y la ausencia de un discurso coherente que padece el principal partido de la oposición. Hace unos días discutíamos en esta Cámara el proyecto de ley de haciendas locales y usted mismo, señor Cuesta, nos acusaba por aquel entonces de falta de diálogo, cuando en el mismo instante en que usted profería desde esta tribuna de oradores esta acusación, se estaba llegando a un acuerdo por parte del Gobierno y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pues bien, en virtud de ese acuerdo se ha incorporado todo un conjunto de enmiendas a este proyecto de ley durante su tramitación en la Cámara Alta y hoy ese acuerdo, negro sobre blanco, aparece ya en las enmienda del Senado y, sin embargo, no parece que S.S. lo vea con mucha benevolencia. Probablemente quien ha tenido que rectificar aquí no ha sido el Gobierno sino S.S. en su intervención en el día de hoy en comparación con la intervención que hizo cuando se tramitó el proyecto de ley. Han acusado como un lugar común que el Gobierno no dialoga. El Gobierno ha dialogado en todo momento, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, con la Federación Española de Municipios y Provincias; lo hizo cuando se presentó este proyecto de ley, que nace de una comisión de expertos en la que estaba presente la Federación Española de Municipios y Provincias y, precisamente, en virtud de ese diálogo con ese organismo representativo de nuestras corporaciones locales, se incorpora una serie de enmiendas en el proyecto de ley. Por tanto, señorías -quiero subrayarlo-, hoy, señor Cuesta, no votamos otra ley, sino que votamos la misma ley con las enmiendas que derivan de los acuerdos que se alcanzaron con la Federación Española de Municipios y Provincias. Lejos están las chapuzas que algunos nos imputan, señor Cuesta. Yo no seré quien califique de chapuza las manifestaciones políticas o, en definitiva, quien venga a calificar como chapuza un proyecto de ley, pero sí me atrevería a calificar de chapuza el impuesto de actividades económicas que ustedes tenían durante su mandato, y no es que quiera retrotraerme a cómo estaba esta ley en la época en que ustedes tenían responsabilidades de Gobierno; es que considero que esta ley mejora sustancialmente con la supresión de este impuesto manifiestamente injusto, manifiestamente ciego en términos de capacidad económica y claramente

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desincentivador de la actividad económica y del empleo. El proyecto de ley contemplaba ya unas compensaciones. Lo que ocurre es que algunos no querían verlo. Se acompañaba la supresión del impuesto de actividades económicas, como no podía ser de otra forma, con una mejora del sistema de financiación local, con un fondo complementario de financiación, con un nuevo esquema de participación en los tributos del Estado y también se ha concretado, a raíz de su paso por el Senado, con el cálculo de esa pérdida compensable por la deducción o por la desaparición o merma de ingresos que supone para las haciendas locales la eliminación de ese impuesto injusto, que es el impuesto de actividades económicas. La batalla, tiene razón, no es quién baja más impuestos, porque sabemos que la ganarían ustedes con su propuesta del tipo único del IRPF, pero bajando más impuestos a los más grandes y no al revés. En definitiva, hay contradicciones, señoría, insalvables que, a nuestro juicio, denuncian la falta de un proyecto político coherente. En ese sentido, quiero decirle y subrayarle al señor portavoz del Grupo Socialista, señor Cuesta, que lecciones de financiación local, pocas y de credibilidad, ninguna, porque este es un Gobierno y este es un partido que cumplen lo que prometen y precisamente por ese compromiso electoral nosotros propusimos la supresión de este impuesto. El "Diario de Sesiones", señora presidenta, constatará una vez más la incoherencia del Partido Socialista. Incluso y temiéndonosla, cuando días antes veníamos discutiendo sobre cuál iba a ser su voto al proyecto de ley de reforma de la ley de haciendas locales, ya nos preguntábamos si lo iban a apoyar o no o si iban a hacer un ejercicio de incoherencia como hicieron con el acuerdo de financiación autonómica.


Mi grupo, señora presidenta, votará favorablemente las enmiendas del Senado, que mejoran de forma sensible la redacción de este importante proyecto de ley, enmiendas que se refieren a la supresión del IAE, al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que introducen una importante bonificación del 90 por ciento para viviendas de discapacitados -no he oído ninguna mención al ponente socialista al respecto-, que contemplan por primera vez la problemática de los municipios turísticos -hacía referencia el portavoz de Convergència i Unió a los municipios de Girona, probablemente sería extensible a otras provincias de Cataluña-, que vienen a mejorar el régimen financiero de esos municipios turísticos, que fortalecen la financiación de nuestras entidades locales, reduciendo el límite de población que posibilita esa participación en los tributos del Estado y desarrollan otras importantes compensaciones a favor de las entidades locales por la pérdida de recaudación del IAE.


La nueva ley de haciendas locales cumple con un compromiso político, con un compromiso electoral, racionaliza nuestro sistema tributario local, diseña un nuevo sistema de financiación. Cumple con un compromiso electoral, porque en cumplimiento de esa promesa electoral se acaba con ese impuesto injusto, que es el impuesto de actividades económicas, que gravaba la actividad económica, desincentivaba la economía productiva y penalizaba la creación de empleo. Lo suprime precisamente para autónomos y pymes, que generan el 70 por ciento del empleo en nuestro país.
Racionaliza nuestro sistema tributario local, porque acomete una reforma con profundidad de las distintas piezas de ese engranaje tributario local, como son el IBI o el impuesto de incremento del valor de los terrenos; los moderniza, ampliando el abanico de bonificaciones potestativas y permitiendo que las corporaciones locales puedan diseñar una política fiscal propia, y diseña un nuevo sistema de financiación local, por cuanto prevé un sistema que descansa en los principios de autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, participación en una cesta de sus tributos. En definitiva, señorías, si el Grupo Socialista se hubiera leído con detenimiento el proyecto de ley, sería consciente de que esta es una apuesta seria y responsable por el municipalismo, por la Administración de primera línea, la destinataria inmediata de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, la que presta directamente los servicios a los ciudadanos.


Por todo lo anteriormente dicho, señora presidenta, votaremos favorablemente esas enmiendas del Senado y lo haremos desde la convicción de que, si el Grupo Socialista es capaz de votar favorablemente esas enmiendas, estarán en condiciones de recuperar mínimamente algo de la credibilidad que han venido perdiendo en estos últimos días.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Juan.


- PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES (Número de expediente 121/000105.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 45, enmiendas del Senado al proyecto de ley de fundaciones.


¿Grupos que sean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo cree que con este debate de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados hemos culminado un proceso muy importante de lo que es la participación de la sociedad civil en la consecución y en la búsqueda de fines de interés general. El desarrollo de una sociedad democrática, déjenme que brevemente exponga esta idea, necesita una participación activa de la sociedad civil y no sólo del Estado. El desarrollo de esta ley

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moderna y equilibrada es muy importante y su debate no ha tenido ningún carácter polémico que le haya dado presencia en la opinión pública, circunstancia que se debe al consenso amplísimo que tenemos en este Congreso de Diputados, en el Parlamento, para su valoración y aprobación.


Las enmiendas del Senado son escasas. Sólo hay una disposición que merece una importante consideración, la disposición adicional séptima, sobre fundaciones vinculadas a partidos políticos. Me parece bien su redacción, en la medida que permite la financiación pública y las aportaciones públicas, de acuerdo con los concursos establecidos para la financiación de este tipo de fundaciones. A nosotros nos hubiese gustado quizás algún elemento más restrictivo con respecto a otro tipo de aportaciones, pero creo que hay un equilibrio general en la ley para la vigilancia de estas dos cuestiones básicas de las fundaciones: que no tengan ningún tipo de fin de lucro y que contribuyan al interés general. Además, con la ley que discutiremos posteriormente sobre el mecenazgo se establecerán incentivos fiscales reales que de alguna manera estimularán la iniciativa de la sociedad civil, de las empresas, de los grupos y de los individuos, en participar en este tipo de actividades, que van a potenciar la sociedad civil y el protagonismo de los ciudadanos en decisiones para alcanzar objetivos de interés general. La sociedad española es ampliamente solidaria, con una importante inquietud en lo cultural, en lo social y en lo ecológico; es una sociedad preocupada por problemas internacionales y de ahí que las fundaciones tengan asimismo la participación de fundaciones de carácter internacional. Lo que yo quería destacar en estas breves palabras es la importancia histórica que tienen estos dos proyectos de ley, el de fundaciones y el de mecenazgo, para abrir una nueva iniciativa en el desarrollo democrático de la sociedad española.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mauricio.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


Mediante mensaje motivado el Senado nos remite el texto aprobado en la Cámara Alta en relación con el proyecto de ley de fundaciones y nos indica que se han producido cinco modificaciones en el texto que en su día fue aprobado en la Cámara Baja. Se trata, a nuestro juicio, de modificaciones de pequeño calibre. No las califico así porque sean irrelevantes, porque de hecho algunas de ellas afectan a cuestiones que son muy importantes, sino porque en general sólo suponen concreciones o afectan a cuestiones de detalle que apenas alteran el sentido del texto que en su día fue aprobado por la Cámara. En dos de los cinco casos se señala expresamente en el propio mensaje motivado que se trata de correcciones técnicas. Así ocurre con el artículo 3 y con la disposición adicional primera, y evidentemente apoyamos las enmiendas.


En el caso del artículo 3.1 se incorpora al cuadro de fines, que la ley califica de interés general y que por tanto pueden ser asumidos por las fundaciones como propios, una referencia a la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos; en rigor, la defensa de las víctimas podía haberse considerado subsumida en la referencia que se hace a la defensa de los derechos humanos o en el terreno de la asistencia social, pero evidentemente no nos oponemos a que sea objeto de una mención específica en el texto de la ley. Nos parece importante y la apoyamos con toda nuestra fuerza. Compartimos también la modificación que se introduce en el artículo 27, suprimiendo ese período temporal en el que, según el texto original, habría de producirse necesariamente la reinversión de determinados ingresos excepcionales para que pudieran no ser tomados en consideración en el conjunto de los ingresos; también apoyamos este punto. En fin, la inclusión en el texto de la ley de una nueva disposición adicional, la séptima, que se refiere al régimen de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, tampoco recibe objeción por nuestra parte. Creemos que tampoco esta norma era imprescindible, porque la ley es en principio de aplicación a todas las fundaciones; a todas aquellas, se entiende, situadas en el ámbito de competencia normativa del Estado, y, como postula un principio jurídico ya clásico, donde la ley no distingue no tenemos por qué distinguir nosotros. Podía haberse considerado que este tipo de fundaciones vinculadas a los partidos políticos entraba en el ámbito de aplicación de la ley; sin embargo, tampoco nos oponemos a este punto.


Los demás aspectos de este precepto que hacen referencia a la posibilidad de que las fundaciones vinculadas a partidos políticos puedan obtener financiación pública procedente de las administraciones públicas, que en su caso se llevará a cabo de acuerdo con el régimen presupuestario correspondiente y con arreglo a las convocatorias oportunas, es algo tan evidente que tampoco hacía falta explicarlo, pero, puesto que no hay discrepancia básica en cuanto al contenido de este precepto y contribuye a aclarar algo que nosotros no creíamos que era dudoso aunque podía en un momento determinado considerarse cuestionable, lo apoyamos.


Prestaremos nuestro apoyo al conjunto de la ley, que introduce una reforma fundamental, imprescindible e importante en el régimen de las fundaciones con objeto de acomodarlas a los requerimientos de la sociedad moderna, un paso positivo que hemos venido avalando y apoyando en toda la tramitación de la norma en las Cortes Generales y que apoyaremos también en este momento final.


Nada más y muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, con muchísima brevedad.


Hago mío todo el contenido de la intervención del señor Erkoreka. No obstante, yo acentúo más el criterio de que no es mal año por mucho trigo. Es verdad que se han añadido en el Senado cosas que podrían entenderse sustanciadas o que tenían cabida en la norma general, pero no es mal año si vienen a precisar, a aclarar e incluso a cubrir determinados compromisos en un momento dado.


En este trámite nosotros queremos hacer una valoración positiva de lo que ha sido la tramitación, negociación y culminación de todo este proceso.
Hay que felicitar a los diputados que lo han llevado en nombre del Grupo Popular, el señor Bermúdez de Castro muy en particular, porque ha hecho esfuerzos honestos para conseguir que una ley muy importante, que venía a modificar y a escindir legislaciones anteriores, tuviera el máximo consenso posible. Nuestro grupo se adhiere a ese consenso. Hemos pasado de una enmienda a la totalidad a prácticamente respaldar la ley y es algo de lo que nos debemos felicitar. También lo hacemos a todos los grupos parlamentarios por el esfuerzo realizado y desde luego al grupo mayoritario, aunque no debe servir de precedente, porque, aún teniendo la llave, ha hecho un esfuerzo que sin duda sería necesario que se contagiara a otros aspectos.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Romeu.


El señor ROMEU I MARTÍ: Buenas tardes, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para manifestar nuestra posición respecto de las enmiendas que ha introducido el Senado, con base en el artículo 90 de la Constitución española, al proyecto de ley de fundaciones y que tratamos en este Pleno, que pone fin a la tramitación parlamentaria del mismo.


Quiero manifestar en primer lugar el voto favorable de mi grupo al conjunto de enmiendas remitido, excepto a la corrección técnica al artículo 3.3. Votaremos favorablemente el resto por entender que contribuye a ampliar los objetivos y fines de las fundaciones en la misma línea de lo consensuado en esta Cámara por los diferentes ponentes, tanto en los debates que se han realizado en la ponencia como en la Comisión Constitucional. Con las enmiendas que introduce el Senado y con las mejoras técnicas que también aparecen se añade al elenco de fines de interés general propios de las fundaciones la defensa de las víctimas del terrorismo e iniciativas contra actos violentos, que consideramos favorablemente dada su actividad, objetivos y fines en la lucha y condena permanente contra los actos terroristas y sus consecuencias. Por otro lado, se amplía la aplicación de la ley a las fundaciones vinculadas a partidos políticos, cosa que compartimos porque entendemos necesaria su regulación mediante lo dispuesto en el articulado de esta ley y atendiendo, como no puede ser de otra manera, al resto de la legislación que le sea aplicable, siempre considerando que tanto en su actividad como en lo derivado de ella esté presente la defensa de los valores democráticos, la libertad y la defensa y promoción de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española.


Entendemos que el texto definitivo que hoy aprobamos respeta los principios básicos y los criterios con los que el Grupo Socialista afrontó el proyecto remitido por el Gobierno a esta Cámara y por tanto consideramos que se garantiza la seguridad jurídica y se evitan lagunas anteriormente existentes que podían dar lugar a interpretaciones confusas; se concreta el papel y el funcionamiento del protectorado; se concretan los fines y objetivos partiendo de la defensa, respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales. Con el texto definitivo se mejora el control y seguimiento de las fundaciones a la vez que se agilizan los trámites que a ellas afecta para mejorar su funcionamiento y facilitar la consecución de sus fines fundacionales, que es la base primera de la existencia de las fundaciones. Finalmente se respeta la diversidad competencial entre las comunidades autónomas competentes y el Estado, evitando duplicidades conflictivas e innecesarias.


Por último, quiero añadir, al igual que ha hecho el resto de los portavoces, nuestro convencimiento de que esta ley, que nace sobre la base de un acuerdo mayoritario, tanto en las líneas generales como en los principios y criterios básicos que se pretenden regular, garantiza la dinamización de las fundaciones dentro del denominado tercer sector, para facilitar y ayudar a la vertebración de la sociedad y potenciar los principios democráticos mediante la búsqueda y consecución de fines sociales de interés general. Un consenso que garantizará su vigencia en el tiempo y que facilitará que la sociedad tenga instrumentos necesarios para realizar actividades en beneficio de la sociedad. Por eso manifiesto nuestro voto favorable y nuestra satisfacción por el talante de los grupos durante la tramitación de este proyecto de ley y, de acuerdo con el mensaje emitido por el Senado, votaremos a favor de todas las enmiendas que en él aparecen, a excepción de aquella que aparece al artículo 3.3, que corresponde a la corrección técnica.


Señora presidenta, nada más y muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Romeu.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bermúdez.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Con el debate de las enmiendas que nos remite el Senado aprobaremos hoy en esta Cámara la nueva ley de fundaciones, y lo hacemos siguiendo la misma pauta, con el mismo talante y con el mismo grado de acuerdo y consenso que ha caracterizado la posición de los distintos grupos parlamentarios a lo largo del trámite parlamentario de esta ley. Eso es siempre positivo en cualquier iniciativa legislativa, pero lo es más aún cuando estamos hablando de una ley de desarrollo constitucional, del desarrollo del derecho de fundación reconocido en el artículo 35 de nuestra Constitución y que afecta además a un sector fundamental, porque afecta al denominado tercer sector. Diálogo por tanto entre los grupos parlamentarios y diálogo también con el sector afectado, con el sector fundacional. Un diálogo que además se ha mantenido a lo largo de todo el trámite parlamentario, hasta tal punto que hemos incorporado durante el mismo nuevas propuestas que nos sugirieron las grandes asociaciones del sector fundacional.


Si el talante abierto y el diálogo constante han sido las pautas que nos han guiado a lo largo de la tramitación parlamentaria, la confianza en la sociedad civil ha sido el principio y la filosofía que hemos querido plasmar en su contenido; confianza en la sociedad civil, en las fundaciones y en sus gestores, y también en la acción tutelar de la Administración; confianza y autonomía de las fundaciones para tomar decisiones y confianza en la función no sólo de control, sino sobre todo de asesoramiento que debe ejercer el protectorado. Pues bien, ese principio de confianza rezuma en todo el contenido de la ley un objetivo concreto, para que esta ley sirva de cauce y no de freno a toda esa capacidad de iniciativa que viene demostrando la sociedad española para colaborar con los poderes públicos en la consecución de fines de interés general.


Una de las enmiendas del Senado precisamente ha sido completar el elenco de fines de interés general definidos en el artículo 3 de la ley con la inclusión de la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos.
A nuestro juicio es una mención necesaria y oportuna, porque, aunque podría entenderse que dicho supuesto ya podría incluirse en otros fines contemplados en la ley, como pudiera ser al que se refería el señor Erkoreka, la defensa de los derechos humanos o la defensa de la tolerancia, creemos que está plenamente justificada que la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos se incluya de forma expresa como fin de interés general de las fundaciones, pues no en vano estamos hablando de personas que han sufrido en sus propias carnes la sinrazón del terror y el fanatismo de los violentos.


Otras enmiendas suponen bien correcciones técnicas o bien una adecuación con la ley de mecenazgo, lo que consideramos positivo, porque hay materias comunes en una y otra ley que necesariamente tienen que tener un contenido análogo. En ese sentido hay una enmienda, que se refiere al artículo 3.3, que no vamos a apoyar. Y no podemos apoyarla porque, aun cuando se justifica por el Senado como una mera corrección técnica, lo que hace en realidad es modificar el contenido del texto transaccional que aprobamos todos los grupos en el Congreso, texto que pretendía suprimir precisamente el término exclusiva que el Senado incorpora. Lo hago constar a los servicios de la Cámara para que, rechazando dicha enmienda, el artículo 3.3 quede aprobado con el siguiente tenor: En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad, o a sus parientes hasta cuarto grado inclusive, así como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general.


El Senado incorpora también una nueva disposición adicional que me parece relevante sobre las fundaciones vinculadas a partidos políticos. Se trata de hacer un reconocimiento expreso a su existencia y que queden sometidas al régimen general o común de fundaciones, pues hemos incluido como fines de interés general la promoción de valores constitucionales y la defensa de los principios democráticos. Además, hemos establecido que su financiación pública venga definida en los presupuestos generales de cada Administración y por tanto se rija por los principios de transparencia, de publicidad y de objetividad. Eso es un avance importante. Con ello no tratamos de incrementar o de reforzar la fiscalización de las fundaciones políticas, porque sus cuentas ya en la actualidad son objeto de un triple control: el que ejerce el protectorado, el del organismo de intervención del departamento ministerial que otorga la subvención y el ulterior del Tribunal de Cuentas. Y es que probablemente, señorías, las fundaciones sean las instituciones de España que tengan una mayor fiscalización.
Tratamos de que ese control y transparencia también se plasme en origen y no sólo en destino, que en su caso las diferentes administraciones definan con carácter previo cada año qué cantidad quieren destinar a las fundaciones vinculadas a partidos políticos, con qué finalidad, porque la mayoría de esas subvenciones tiene carácter finalista, y que ello tenga su reflejo en los presupuestos de las distintas administraciones. Son por tanto, señorías, enmiendas que vienen a completar las aportaciones que en su día realizamos los distintos grupos en el trámite anterior y que sin duda han enriquecido el proyecto de ley que remitió el Gobierno a las Cámaras.


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En conclusión, hoy aprobamos la nueva ley de fundaciones con un alto grado de consenso, por lo que creo que es de agradecer, y hay que reiterarlo, el papel que han desempeñado los portavoces de todos los grupos parlamentarios para haber logrado ese acuerdo. Una ley de consenso entre los grupos parlamentarios y también de consenso con las propias fundaciones, habiendo definido, entre todos, los principios que debían inspirar esta reforma y el modelo de los elementos esenciales de la institución fundacional, dentro del respeto al actual marco de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y en la línea que ya venía marcada por el texto que remitió el Gobierno a las Cámaras. Señorías, hemos hecho sobre todo un buen texto legal, una buena ley, que va a permitir potenciar el fenómeno fundacional en España y favorecer la participación y el compromiso creciente de la sociedad civil en la consecución de fines que interesan al conjunto de los españoles. Esa es una de las labores más importantes que se puede hacer desde este Parlamento, confiar en quienes han confiado en nosotros.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bermúdez.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000104.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 47: enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Estamos en la última fase de la tramitación parlamentaria de la ley de calidad de la educación, que en definitiva es el tercer capítulo de la contrarreforma educativa que nos ha planteado a lo largo del último año el Grupo Popular. Anteriormente habíamos visto la Ley de Universidades, la Ley de Formación Profesional y ahora hablamos o se intenta hablar de la calidad, pero desde nuestro punto de vista se mantienen, y por eso tenemos que seguir votando negativamente las introducciones de determinadas cuestiones en el Senado, los principales elementos que para nosotros son negativos en una reforma o en una ley que pretenda abordar la cuestión de calidad en la educación.


Esta ley creemos que, al igual que todo lo que nos viene ofreciendo el Ministerio de Educación, no respeta las competencias de las comunidades autónomas. El procedimiento que sigue es diferente. Por un lado, introduce o regula al detalle numerosas cuestiones que competen a las comunidades autónomas y, por otro, deja espacios en blanco, no dice nada, pero los remite genéricamente al desarrollo reglamentario introduciendo elementos que no le corresponderían porque serían competencia de las comunidades autónomas. De ahí nuestra oposición a esa centralización de la educación, que entendemos que no corresponde al Gobierno del Estado.


En segundo lugar, se mantiene viva, y no ha sido objeto de reformas, la filosofía de una ley que en definitiva no ha hecho, para nosotros, una evaluación seria y rigurosa del sistema educativo actual. El texto es tremendamente reduccionista y trata la educación sólo en su aspecto del conocimiento teórico, del aspecto cognitivo de la persona, sin tener nada en cuenta el desarrollo integral del alumno. Esto no es bueno y afecta a múltiples cuestiones en la ley. La ley hace asimismo una visión segregadora de la educación, cuando tendría que ser exactamente lo contrario, y acentúa una función de selección social y de clasificación que no compartimos. El tema de las lenguas es otro aspecto. Quizás en esto, en el reconocimiento de las lenguas propias de las distintas comunidades autónomas, es donde más se ha podido corregir con las enmiendas del Senado, lo reconozco; ahí han podido hacer una pequeña subsanación, pero no la suficiente para remediar una filosofía que no podemos compartir y que no es más que un capítulo de una contrarreforma educativa, que no va en nuestra línea.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


La ley orgánica de calidad de la educación lógicamente no ha sufrido ninguna variación desde el punto de vista cualitativo a su paso por el Senado. Lo curioso es que se ha empeorado en algunos aspectos prácticos, compensando tal empeoramiento con algunos reconocimientos de carácter teórico o de carácter simbólico, que habrían de ser inevitables en el terreno de la práctica.


Ya dijimos durante el debate en este Congreso de los Diputados que la ley tenía tres aspectos fundamentales. Uno de ellos -por empezar por el que afecta al conjunto del Estado- es el espaldarazo definitivo a la enseñanza privada concertada, homologándola a todos los efectos con la enseñanza pública del Estado, con toda la función de segregación y sin duda de desigualdad que esto va a provocar sobre la que ya existe hoy en día. El segundo es el objetivo de homogeneizar el sistema educativo, recentralizándolo y -hay que decir la palabra exacta- españolizándolo más, en la concepción que se tiene de lo que es la españolidad. Por fin, el tercero, y en consonancia con los anteriores, es el de disminuir o mermar, o en todo caso situar en un segundo

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plano, las competencias de las comunidades autónomas. El proyecto está en las peores líneas de lo recomendado por la OCDE y también -por qué no decirlo- en los pensamientos neoliberales que están de moda en los Estados Unidos de Bush.


Vamos a hacer un ligero repaso de algunas de las modificaciones, para que se vea lo que acabamos de decir. Es curioso que en los artículos 16, 23 y 35, que afectan a las áreas fundamentales de estudio de primaria, ESO y bachillerato, se haya reconocido como asignatura, como área troncal, la lengua oficial propia de cada comunidad autónoma y su literatura. Es evidente que, aunque no se hubiese hecho así -es mejor haberlo hecho, sin duda-, los gobiernos de las comunidades autónomas con lengua propia saben que tienen derecho y garantía de que sus lenguas tienen que figurar en el curriculum escolar como una asignatura siempre de carácter troncal, a pesar de que queden exentos muchos alumnos de origen distinto, en tránsito en estas comunidades autónomas. Esto, aunque no se hubiera reconocido -por supuesto que es mejor reconocerlo-, sería una consecuencia práctica que habría hecho cualquier Gobierno de comunidad autónoma con lengua y cultura propia. Es curioso que se compense dejando claro que el área de sociedad, cultura y religión que se establece en la disposición adicional segunda forma parte del aspecto troncal del currículum; por tanto, está claro el contrapeso. Es curioso también el afán de modificar una terminología excesivamente tradicional de las pruebas, sustituyéndola por la ya tópica del sistema educativo español en los últimos años, que es la evaluación. Todo el mundo sabe que la evaluación se acaba convirtiendo al final -como lo demostró la LOGSE- en exámenes, exámenes y exámenes, la ley no va a obviar esto. Es interesante señalar que el artículo 52.7 reconoce que se tiene derecho a educar a los inmigrantes en las lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma -no sólo en el español- y en las culturas básicas. Hay que reconocer que esto es fundamental y fue debido, sin duda, a la presión de Cataluña. Por último, quiero decir que en el artículo 58 se comete una atrocidad cuyas consecuencias no se nos alcanzan. Se trata del problema de la formación inicial de los profesores que vale para el acceso a la función pública docente y para ejercer como profesor en prácticas en los centros privados. Como no se dice nada más, esto va a quedar para un desenvolvimiento reglamentario y espero que no se utilice para darles a los centros privados concertados mano de obra gratis o barata. Desde luego, no es de recibo que vaya a valer la formación inicial para el acceso a la función pública docente, para ir a oposiciones y que también valga para ejercer como profesor en prácticas en los centros privados.
Esto necesitaría una aclaración de fondo que la ley no hace y que a nosotros nos resulta muy preocupante. Lo mismo ocurre con el artículo 104.2, la alta inspección, que ahora se dota como autoridad pública, del derecho a que tenga que ser apoyada por todas las autoridades del Estado y por las comunidades autónomas. Eso es reforzar mucho más el carácter policial y prácticamente superior a los gobiernos de las comunidades autónomas. Por eso decía que se ha hecho una compensación de cosas positivas simbólicamente con cosas muy negativas que ahondan en el aspecto regresivo de la ley, desde nuestro punto de vista.


Acabo, señora presidenta. Esta es la ley de más graves consecuencias sociales y culturales en materia educativa que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular; mucho más, sin duda, que la LOU o que la Ley de formación profesional. Va a ser aprobada prácticamente en solitario. Doy un último dato. En Galicia hubo elecciones sindicales en enseñanza pública. Los sindicatos que estaban en contra de la ley sacaron el 90 por ciento de los votos y, en concreto, el que ya tenía mayoría, que era la CIGA, sindicato nacionalista, aumentó su representación pasando del 40 por ciento de los votos con una campaña beligerante y en regla contra esta ley. Ya me dirán ustedes cuál es la base que tiene el sistema educativo.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.


Estamos en el último trámite del debate de esta ley. Comenzaré expresándome en los mismos términos que en el Pleno previo al Senado.
Expusimos que nuestra posición, desde hace tiempo, era la de entender la necesidad de una reforma del sistema educativo y también que debía propiciarse a través del consenso y del diálogo; convicción que hemos llevado a la práctica en Canarias a través del pacto por la educación en el que hemos hecho una apuesta decidida por la calidad del sistema educativo en Canarias. Manifestamos, asimismo, una posición crítica a que los dos grupos mayoritarios de este Parlamento, el Partido Popular y el Partido Socialista, desechasen el camino del consenso y optasen por la confrontación, descartándose que la reforma que hoy debatimos tuviera la consideración de un tema que, a nuestro entender, debería haber sido objeto de un pacto de Estado.


Nuestra posición en este debate ha sido y es la de intentar modificar a través de nuestras enmiendas aquellos contenidos más negativos del texto, cuyo cambio nos parecía fundamental. Entendíamos que la mejor aportación que podíamos hacer -siendo como somos un grupo minoritario en esta Cámara que representamos, desde un punto de vista cuantitativo, cuatro votos-, que nuestra mejor contribución y nuestra responsabilidad era la de buscar soluciones ante un texto

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que no es el nuestro y que, con independencia de que introducía algunos aspectos positivos, en sus inicios incorporaba importantes aspectos que ponían en peligro el desarrollo en Canarias de nuestro proyecto educativo. Los contenidos del proyecto de ley inicial y, en principio, la poca predisposición al consenso y a introducir modificaciones, ocasionaron una votación crítica en el debate de las enmiendas a la totalidad. En aquel debate planteamos nuestro interés en contribuir al consenso si el Gobierno estaba dispuesto a abrir un diálogo y negociación. El Gobierno respondió positivamente a este planteamiento y entendimos -y fue lo que hicimos, en la medida de nuestras posibilidades- que nuestra mejor contribución era la de no mantener cómodas posiciones testimoniales, sino trabajar en busca de soluciones con contenidos y alternativas concretas que defender.


Valoramos positivamente el balance general. Aunque no es ésta la reforma educativa que en muchos aspectos hubiera propiciado Coalición Canaria, lo cierto es que las 54 enmiendas que pudimos incorporar en Ponencia y Comisión mejoraron cuestiones que, a nuestro entender, eran fundamentales para salvaguardar algunos de los principios irrenunciables en el sistema educativo que defendemos. Nuestra contribución se centró en mejorar en el texto aspectos como el asegurar el carácter compensador del sistema educativo ante las desigualdades sociales; preservar las capacidades de las comunidades autónomas para desarrollar medidas de atención a la diversidad; poder ordenar la oferta de las asignaturas optativas; que los distintos itinerarios condujesen a un mismo título de la ESO con el mismo valor académico, igual que los programas de iniciación profesional; que se consideraran las particularidades de los territorios insulares y alejados de la Península en lo que se refiere a las políticas de becas y ayudas. Otro aspecto importante ha sido el de incluir mejoras de la calidad en todo el proceso educativo y no sólo en los resultados, reforzando el sentido integral de la etapa educativa de primaria; la evaluación de diagnóstico como evaluación general, sin que tenga repercusión académica. Algunos de los aspectos que hemos introducido nos van a permitir, mediante las negociaciones que estamos llevando en Canarias con nuestras dos universidades, dar prioridad a la nota media del bachillerato como mecanismo de admisión de los alumnos. También se han incluido elementos que propician el esfuerzo no sólo de los alumnos sino de los profesionales de la enseñanza, de los padres y de la sociedad. Por último, hay elementos que propician que la participación de la concertada se realice teniendo presente las necesidades del sistema educativo. Asimismo, se han incorporado enmiendas que aclaran el ámbito de competencia de las comunidades autónomas en el desarrollo reglamentario y legislativo de esta ley, como puede ser un mayor protagonismo autonómico en los programas de coordinación territorial, en la formación del profesorado y en el desarrollo de la inspección educativa.


Respecto a las enmiendas que vienen del Senado, valoramos positivamente algunas de las que se han introducido y otras negativamente. Las positivas son las siguientes. Son importantes las referencias al papel de las bibliotecas escolares como fomento de lectura y de corrección en la expresión oral y escrita; la adaptación de diversos artículos del texto a metas educativas ya señaladas por la Unión Europea, como es el aumento de la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. En lo que se refiere a las mejoras del texto sobre el respeto de la actual distribución de competencias reconocidas en la Constitución, en el Estado de las autonomías que todos hemos decidido desarrollar, cabe destacar el derecho y el deber de los alumnos al conocimiento y al respeto de los estatutos de autonomía; la introducción como áreas en las diversas etapas de la educación del conocimiento de la lengua oficial propia de cada comunidad, así como de la literatura autonómica; el haber suprimido del texto el hecho de que fuese el Gobierno central el que estableciese requisitos mínimos para los centros específicos de adultos, que fue una enmienda de Coalición Canaria, por entender que este es un ámbito de competencias de las comunidades autónomas, así como otros aspectos introducidos en relación con la inspección educativa. A propuesta de Coalición Canaria, se aprobó una enmienda para que sean las administraciones educativas, y no el ministerio, los que establezcan el límite máximo de renovación de los mandatos de los directores. En la educación primaria se han reforzado aspectos en la línea de lo que Coalición Canaria ha venido defendiendo en la atención individualizada y algo muy importante, que es establecer lo más pronto posible medidas de refuerzo para evitar el fracaso escolar. Otra enmienda, a propuesta de nuestro grupo, refuerza la aplicación individual de las medidas de refuerzo y de apoyo a la ESO. Nos parece positiva la incorporación de alguna referencia a las necesidades educativas asociadas a la discapacidad y a la recuperación de algunos contenidos de la LOGSE que han dejado de estar vigentes, como, por ejemplo, en materia de enseñanza de educación de adultos.


Por lo que se refiere al nombramiento de directores, tengo que lamentar volver a hacer algunas reflexiones del mismo tenor que las que realicé en el debate del Pleno. La dirección y el equipo de dirección de un centro es un elemento clave, tanto para la gestión como para la eficiencia del mismo, así como para el impulso de la calidad de la enseñanza. Lamentamos que se haya perdido nuevamente la oportunidad de encauzar en el Senado un clima más sereno que permitiera profundizar en cuáles son las mejores formas organizativas y de dirección de los centros escolares, las más oportunas para estos momentos en nuestro sistema educativo, afectado, como todos sabemos, de falta de motivación

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y liderazgo, herramientas imprescindibles para el funcionamiento de cualquier institución. Nosotros proponíamos un sistema mixto en el que el Consejo Escolar participara de forma activa, proponiendo una terna en la que la Administración educativa designara al director. Nuestra proposición no prosperó; no obstante, seguiremos manteniendo la necesidad de búsqueda de alternativas para que las administraciones educativas puedan, en el desarrollo reglamentario, dotarse de mecanismos de un perfil de dirección profesional que combine liderazgo con mecanismos de control, de rendimiento de cuentas, donde la Administración pueda evaluar periódicamente la gestión del director y donde los padres, las madres y los profesores puedan también participar en la selección y búsqueda de los perfiles más adecuados de dirección para cada centro y en su evaluación. De estas propuestas del proyecto de ley nos preocupa que el mecanismo de concurso que se propone para la elección de los directores pueda burocratizar aún más el sistema. Lo dijimos en el debate del Pleno y lo volvemos a repetir.


Voy concluyendo, señora presidenta. Otro apartado que nos merece una atención especial en el que queremos manifestar nuestra disconformidad está relacionado con las competencias del Consejo Escolar. Proponíamos una enmienda, que tampoco prosperó en el Senado, que pretendía incluir, dentro de sus atribuciones, la de aprobar la programación general anual y el proyecto educativo del centro. Esto no sólo es necesario, sino que debemos potenciar la participación de la sociedad civil, de las madres y de los padres, en la corresponsabilidad en la educación de nuestros hijos. Parcialmente se ha incorporado, puesto que se ha admitido que participen activamente, aprobando el proyecto educativo. Este avance es positivo pero insuficiente, porque ha quedado fuera algo tan importante como es la programación general anual.


Por último, en cuanto a las enmiendas que no aportan nada al texto, incluso lo empeoran, no las vamos a apoyar. Algunas de ellas tienen elementos contradictorios con ciertos contenidos que persisten en el texto que hoy vamos a votar y que en su día fueron producto de las enmiendas pactadas con Coalición Canaria. Se vuelve a resaltar la evaluación específica de cada una de las áreas de la evaluación de educación primaria. Nosotros habíamos puesto un énfasis especial en el carácter integral de la educación en esta etapa y en estas edades.


Para concluir, señora presidenta, quiero hacer una reflexión. Igual que nosotros, Coalición Canaria, apoyó en su momento la LOGSE -en nuestra comunidad autónoma se aplicó de forma más acelerada que en la media del territorio del Estado...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Julios, le ruego que concluya.


La señora JULIOS REYES: Concluyo, señora presidenta.


Con relación a las principales preocupaciones de nuestro grupo respecto a la aplicación de esta ley, esperamos que se tenga la suficiente capacidad para reflexionar sobre lo positivo y lo negativo que supone su impacto en el sistema educativo y, con capacidad y flexibilidad, lo evaluemos permanentemente y nos permitamos todos, en esta Cámara y en el sistema educativo, encauzar aquello que sea necesario, sobre todo los aspectos que he comentado que más nos preocupan: Consejo Escolar y forma de nombramiento de los directores.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


Decía ayer uno de los parlamentarios premiados por la asociación de periodistas parlamentarios con el premio Emilio Castelar al mejor orador que era dificultoso hablar bien en esta tribuna en soledad. Yo digo que incluso es dificultoso hablar mal. A pesar de que esta semana llevamos aquí muchas horas y de que otros compañeros no van a poder estar en el debate, creo que se merece rigor y me voy a explayar hasta que la presidenta me lo permita.


Un poco antes de subir a esta tribuna pensaba que dentro de un rato se votará esta ley, ustedes habrán acabado el paquete de reformas educativas del Partido Popular y me acordaba de aquella famosa frase de Julio César al cruzar el Rubicón: Alea jacta est -la suerte está echada. ¡Qué tristeza! Una reforma educativa que necesita de un consenso no sólo político, sino social. Ustedes han perdido una gran oportunidad, se han permitido dejar la huella, como el caballo de Atila, pero miren ustedes, incluso para las mayorías parlamentarias hay cuestiones que no se pueden permitir resolver de esta manera. Afortunadamente, habrá otras mayorías parlamentarias que tendrán que cambiar esta ley; eso ya no es afortunadamente, eso va a ser en detrimento de la comunidad educativa.


Sé perfectamente, señoras y señores del Partido Popular, que mi intervención no va a hacer cambiar un ápice las posiciones de su partido -partido mayoritario que sustenta al Gobierno-, porque desde que ustedes trajeron el proyecto a esta Cámara, hace casi seis meses, su actitud para buscar consensos y mejorar el texto ha sido prácticamente nula. El texto venía blindado y, por supuesto, en su periplo a través de ponencias, comisiones, plenos, etcétera, ha sido un puro trámite para ustedes, una puesta en escena; esa obligada puesta en escena de la democracia. Una vez más, ustedes,

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señoras y señores del Partido Popular, han repetido el calendario LOU.
Presumiblemente, la LOCE se va a aprobar el jueves inmediatamente anterior a Navidad, igual que la LOU, señor Zunzunegui. Para ustedes, el cronograma de discusión de un proyecto de ley educativa para nada se ajusta a la dinámica del debate social y parlamentario, justo al revés, impone el cumplimiento del cronograma del Partido Popular a la dinámica del debate parlamentario y social, lo que les lleva a convocar comisiones maratonianas en las que se sustancian informes sin el debido rigor y sin el nivel preceptivo de discusión, porque nos ahogan con la premura de los plazos. El zapato debe irle bien al pie, lo sabemos todos los buenos castellanos, pero ustedes quieren calzar el pie a toda costa en un zapato pequeño. Señoras y señores del Partido Popular, ¡si ya no quedan cenicientas! No se empeñen en cosas que no tienen salida.


Desde que aprobaron el proyecto en esta Cámara, para su remisión al Senado, no ha cesado la movilización social en su contra, digan lo que digan. A una huelga general de estudiantes de secundaria siguió, como bien saben, la convocatoria de una manifestación el sábado 23 de noviembre, lo que para ustedes es demasiado, porque ustedes tienen alergia a las pancartas, pero éstas forman parte de la democracia, y las manifestaciones también. Y no sólo son legítimas sino que mala democracia estaríamos construyendo en este país... Señor Zunzunegui, no me haga gestos porque estoy harta de escuchar a la ministra -que, por cierto, no está en la Cámara- en todos los debates en los que no pierde comba para llamarnos demagogos y decir que nos enganchamos a la primera pancarta.
Con mucho gusto, gracias a eso esta democracia tendrá calidad, porque con su modelo ¿a dónde íbamos a llegar?

Ustedes cuentan -¿cómo no?-con la colaboración inestimable del señor Ansuátegui, prohibiendo la manifestación convocada a nivel estatal y ciñéndola a una concentración en un recinto abierto, la plaza de España.
Abierto, pero acotado por un amplio despliegue de antidisturbios que obviamente consiguió, aunque no en su totalidad sí parcialmente, sus frutos: clima enrarecido, noticias contradictorias, manifestantes que no sabían si había o no había manifestación. Sin embargo y a pesar de ustedes, miles de personas pudieron escuchar el manifiesto leído por Marta Mata, una personalidad del mundo educativo, a la que seguramente no ha recibido el señor Aznar pero a la que quiero yo hoy rendir aquí un particular homenaje por su coherencia al dimitir como miembro del Consejo Escolar del Estado, órgano, señores del Partido Popular, al que pertenecía desde su creación.


Señor Zunzunegui, como usted es la máxima autoridad en materia educativa del Partido Popular presente en la sala, le quiero recordar que el 31 de octubre me hablaba desde esta tribuna de la nómina de ilustres catedráticos de enseñanza media. Con toda cordialidad y respeto, como siempre, le ruego que transmita ese recuerdo al señor Ansuátegui, que no tuvo el mínimo pudor en disolver a grupos de ilustres catedráticos cuando bajaban desde Callao a la plaza de España, recordando actuaciones que prefiero no calificar, por aquello de no ofender, porque estamos en Navidades y tengo espíritu navideño. Señorías, su siervo ha cumplido, pero les ha puesto en evidencia o tal vez, quién sabe, les ha puesto en su sitio.


¿Qué novedades ha aportado su proyecto de ley a su paso por el Senado? Al proyecto remitido por el Congreso se presentaron varias enmiendas de veto y 1.265 enmiendas parciales. Parece que a los senadores tampoco les satisfizo mucho lo remitido. Pero en uso, quizá en abuso o mal uso, de la mayoría absoluta de que disponen los senadores del Partido Popular, prosperaron sólo 70 enmiendas, de las cuales 60 son autoenmiendas del Partido Popular, a quien le encanta autoenmendarse. Han tenido ustedes nula receptividad hacia las enmiendas presentadas por los senadores y los grupos de la oposición. ¡Qué decir de lo que ustedes han enmendado! Ante los medios se ha intentado decir que las enmiendas aceptadas no eran meros retoques técnicos, que estaban ustedes aprobando reformas de calado político, pero esta diputada las ha mirado con cariño, detenidamente, con respeto, como se merece este debate educativo, y tengo que afirmar que sí, que hay muchas correcciones ortográficas. Por ejemplo, significativamente, los centros pasan a minúscula mientras que los directores elevan su categoría a mayúscula. Es una corrección muy interesante. El título de especialización didáctica también pasa a mayúscula. (Risas.) Pararse en estas nimiedades cuando había enmiendas como las que han presentado senadores de mi grupo y de otros grupos parlamentarios, por ejemplo, la que nosotros planteábamos pidiendo que la titulación de magisterio tuviera rango de licenciatura, que ustedes se pongan a arreglar estas cosas cuando hay cosas tan importantes que arreglar y que tienen encima de la mesa, me parece un insulto a la cordura, señoras y señores del Partido Popular.


Si hay un factor de calidad en el que todas y todos podamos estar de acuerdo es en la formación del profesorado. Mejorar la del profesorado de educación infantil y primaria es un reto ineludible. Ustedes tampoco lo han tenido en cuenta para nada. ¡Qué decir del baile de disposiciones adicionales y finales! Para que la gente se dé cuenta de esta afición que tienen ustedes a autoenmendarse les diré que la disposición final cuarta del proyecto del Gobierno se enmendó por el Partido Popular en el Congreso, la transformaron en adicional vigesimosegunda y, de pronto, vinieron los senadores populares y la han convertido de nuevo en disposición final cuarta; es decir, dos igual a cero. Es una práctica parlamentaria que yo no les recomiendo porque francamente no sé si conduce muy lejos. Al menos, voy a darles alguna satisfacción. Una de las enmiendas aprobadas

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nos gusta. La aprobación del proyecto educativo la hará el Consejo Escolar. Pero, claro, el que hace la ley hace la trampa porque, aunque ustedes digan eso en el papel, siguen impidiendo que el Consejo Escolar recupere, como el claustro, su carácter de órgano de gobierno.


Hay una enmienda concreta a la que quiero referirme. Nuestro grupo parlamentario presentó en el Congreso una enmienda sobre las condiciones de acceso del alumnado a las escuelas oficiales de idiomas. Ustedes la rechazaron, nuestros senadores la incluyeron como enmienda en el Senado y fue registrada con el número 150, los senadores populares presentaron una enmienda, registrada con el número 117, con el mismo texto. Lo que no les vale aquí porque lo propone Izquierda Unida, lo copian y lo presentan como autoenmienda en el Senado. Si ese fuese el camino por el que fuéramos a triunfar, a lo mejor hasta me callaba, pero francamente es un mal camino. (Rumores.)

Como sé que me toca callarme porque esto es así -no me puedo enfadar porque es para todo el mundo igual- y veo que se ha encendido la luz roja y se me dispara la neurona, tengo que acabar diciéndoles cuatro cositas más. Dentro de la campaña mediática desatada por el Ministerio de Educación en torno a este proyecto de ley, el señor Aznar, presidente del Gobierno, ha recibido en La Moncloa a una serie de colectivos relacionados con el mundo de la educación para agradecerles su apoyo al proyecto. Yo creo que el presidente del Gobierno no conoce cuál es su papel porque tiene que ser agradecido con todos los que han trabajado en este proyecto, bien para apoyarlo, bien para constructivamente mejorarlo, bien para votar hoy en contra como vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Les recomendamos que la próxima vez, si el presidente del Gobierno quiere saber de primera mano qué piensan los colectivos sociales relacionados con la educación, es decir, sindicatos, profesorado, asociaciones de madres y padres, alumnos, patronales de la enseñanza, estudiantes asociados, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, la nómina de asistentes debe ser cuantitativa y cualitativamente muy diferente. Pero si su objetivo era una reunión de agradecimiento en una democracia, repito, debería haber sido agradecido también con la oposición y con los grupos que desde los amplios colectivos sociales han venido manifestando su opinión sobre este proyecto de ley, porque todos trabajamos por la democracia, todos hemos realizado un trabajo meritorio de reflexión sobre un texto que han analizado, que a unos les ha parecido suficiente y que otros hemos juzgado que no sólo no es suficiente sino que no es el idóneo para resolver los problemas de la educación que tiene este país. Para la madurez democrática de una sociedad, es tan útil agradecer a unos como a otros. Dar cabida en los salones de La Moncloa a una sola parte de la sociedad mientras se excluye a otra, recuerda otras épocas que esta sociedad cerró definitivamente en el año 1978. Sé que el presidente del Gobierno habrá recibido a los que en otras instancias invitaron, pero le voy a dar un dato relativo a las recientes elecciones sindicales del profesorado de la enseñanza pública no universitaria. Me refiero a Madrid, circunscripción a la que como saben, señorías, represento en esta Cámara. En esa reunión se excluyó al sindicato Comisiones Obreras, qué casualidad, sindicato que obtuvo más de 7.000 votos y que como tal tiene 32 de los 75 representantes del profesorado, siendo en consecuencia y sin ningún tipo de dudas el sindicato más representativo y mayoritario; pero también se excluyó a sindicatos como UGT, STE's o CGT, que discrepan de su proyecto y que han sido votados en su conjunto por cerca de 4.000 profesores, obteniendo 16 representantes que sumados a los 32 de Comisiones Obreras -vayan ustedes sumando que yo no soy matemática y además no tengo tiempo- les deja a ustedes en una situación francamente complicada.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, vaya terminando.


La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta.


Mientras que dos de los colectivos que la señora ministra ha presentado reiteradamente como voz del profesorado, la Asociación de catedráticos y la Asociación de profesores de secundaria, que se han presentado por cierto en coalición bajo las siglas de CSIF-Unión Profesional, han cosechado 845 votos, que al no alcanzar ni el 5 por ciento de los votos emitidos no les ha permitido tener ni uno solo de los 75 representantes del profesorado (Aplausos.) y a los que recibe Aznar en La Moncloa.
Díganme ustedes cómo vamos a fiarnos de su gestión en materia educativa.
Permítame, señor Zunzunegui, señora ministra, aunque esté ausente, que dude de la representatividad de sus corifeos. Vigilen lo que les dé la gana, pero el señor Aznar debería conocer de antemano el sesgo y a los participantes en las reuniones que le preparan como presidente del Gobierno para no incurrir en desatinos y en agravios comparativos tan tremendamente increíbles en democracia como estos.


No nos gusta su ley, la vamos a votar en contra, es su responsabilidad, es su ley. Es lamentable que ya no tengamos posibilidades de hacer nada para cambiar las cosas. No obstante, mi grupo parlamentario, que sigue defendiendo desde esta tribuna el valor del consenso para cuestiones como ésta, ha solicitado votación separada a la Mesa para poder apoyar algunas enmiendas que vienen del Senado porque tenemos la intención -señor Zunzunegui, somos oposición constructiva- de trabajar en la medida de las posibilidades y en el corto plazo de tiempo que nos queda, menos de media hora, para seguir mejorando todavía un poco su proyecto de ley.


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Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, a pesar de la hora, de que estamos pocos y bien avenidos, o al menos mucho mejor avenidos que ayer aproximadamente a estas mismas horas, conviene que afrontemos este trámite parlamentario con la solemnidad que corresponde, porque tristemente hoy termina su curso parlamentario y sale a la realidad social un texto legal que nosotros desearíamos no que no hubiera iniciado su trámite, en todo caso que no lo hubiera concluido tal como lo va a hacer hoy. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Por tanto, de la misma manera que dije con motivo del debate final en el Parlamento previo al reenvío del texto al Senado, reitero hoy que para nosotros este es un mal momento, es un triste momento y lo lamentamos profundamente. Nos acreditan muchos años de colaboración con este Gobierno y con el que le ha precedido y, en todo caso, nos acredita un profundo compromiso con las leyes educativas, mucha cintura, si me permiten, con las leyes educativas, para decir que hoy es un día triste para la educación española en la medida en que va a salir una ley aprobada con sus exclusivos votos y previsiblemente los de Coalición Canaria y con la opinión contraria del resto de la Cámara, de gente políticamente tan distinta a pesar de la magnífica relación personal que podamos tener doña Marisa Castro y yo mismo, Izquierda Unida, Convergència i Unió, Grupo Mixto, Grupo Socialista. Por distintas razones todos les vamos a decir con nuestro voto que esta es una mala ley. Y por mucho que la ministra se empeñe en salir a la palestra reiterando que tiene el apoyo de ciudadanos (no se sabe muy bien de qué forma calculado, de qué forma considerado, entendiendo que hay una representatividad al margen de esta Cámara, como si hubiera una especie de representatividad indirecta distinta de la que dan los escaños), nosotros reiteramos que no es así y que hoy saldrá esta ley en el mejor de los casos -me caben muchas dudas- exclusivamente con el apoyo de los ciudadanos que representan ustedes, y sin el apoyo de muchos millones de ciudadanos que son los que están representados por todos los diputados y diputadas que se sientan en el resto de los escaños. Eso les debería preocupar tremendamente, y sólo eso les debería haber obligado a embargar, a congelar esta ley hasta que entre todos hubiéramos sido capaces - aceptando ustedes las opiniones ajenas- de modificar el texto y lograr que fuera aceptable para todos.


Sin duda, en el trámite parlamentario del Senado se ha mejorado algo el texto; no nos duelen prendas decirlo, como también ha hecho Izquierda Unida. Se han introducido algunas enmiendas en el Senado que en algunos aspectos concretos mejoran el texto original. Por ejemplo, se ha retirado del Senado algo que yo mismo, en nombre de mi grupo, denuncié en esta misma tribuna como uno de los ejemplos más flagrantes y burdos de invasión competencial, como era la regulación por el Gobierno central, por encima de las comunidades autónomas y despreciando su papel, la enseñanza de adultos. El Partido Popular ha tenido la sensatez - que no digo sea fruto de mis palabras porque sería mucha presunción- de modificar completamente ese texto y reconocer que en materia de enseñanza de adultos el Gobierno central no tenía competencias de ningún tipo. Así lo ha hecho en el Senado remitiendo ese tema a las comunidades autónomas porque no es derecho básico a la educación. Desgraciadamente era una invasión competencial tan burda y obvia que el texto se caía de las manos para cualquier persona que cogiera la ley, el estatuto de autonomía y la Constitución. Afortunadamente así lo han corregido en el Senado. Para desgracia de todos y para desgracia del propio sistema educativo porque va a estar con una espada de Damocles durante varios años, a partir de hoy va a haber otros muchos focos de inconstitucionalidad en esa ley, quizá más sutiles -porque en derecho se pueden hacer las cosas con mas sutileza-, que no han sido corregidos y que siguen motivando nuestra oposición.


Se ha incorporado algo que nos parece oportuno como es la integración en ese nuevo cuerpo de catedráticos, que han creado ustedes, de todos aquellos que hoy tienen dicho título aunque no fueran doctores y licenciados. Era uno de los ejemplos donde no estaba en juego el reparto competencial sino algo tan simple como la justicia, atendiendo a la realidad pedagógica y funcionarial de hoy y no dejando fuera a todos aquellos que teniendo hoy la condición de catedrático no la tienen de doctor o licenciado. Por tanto, nos satisface comprobar que ha quedado corregido.


Ha quedado corregida también en el Senado -y no nos importa reconocerlo desde esta tribuna- la igualdad, a efectos educativos, entre la lengua castellana y las otras lenguas oficiales allí donde tienen plena oficialidad y que aparezca, por tanto, en los distintos artículos -enmienda que votaremos a favor- en los que aparece mencionado el listado de asignaturas comunes obligatorias no como una opción de cada comunidad autónoma, sino la lengua catalana, vasca y gallega con su propia literatura allí donde tiene vigencia oficial.


Estos son básicamente, según nuestro grupo parlamentario, los tres puntos más positivos que tiene este texto. Sigue teniendo una gran cantidad de defectos, sigue teniendo una gran cantidad de ejercicios de centralismo y de desprecio a la realidad autonómica y

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constitucional. Ahora bien, sigue teniendo algo que nos parece tremendamente criticable pero que a partir de hoy es un gran interrogante: una gran cantidad de remisiones en blanco al Gobierno.
Todas esas remisiones en blanco al Gobierno, que son parte de las razones por las cuales hoy el Grupo Parlamentario Catalán va a votar en contra de ese texto, habrá que examinarlas a partir de hoy porque, aunque es uno de nuestros motivos de crítica, esta ley, tal como es hoy, todavía no sabemos qué dice. Con esta ley en la mano, tal como está redactada, no sabemos cómo queda la ordenación de la educación en España, porque deja en manos del Gobierno la elaboración de la ordenación educativa en España tal como le venga en gana, en algunos casos a nivel de Consejo de Ministros y en muchos casos simplemente por orden ministerial. Nos parece mal, nos parece grave, nos parece que convierte en vinculante para las comunidades autónomas órdenes ministeriales. El único elemento positivo que puede tener es que todo el mal todavía no está hecho, porque vamos a ver en qué consiste y qué contenido tiene esa normativa que va a dictar el Gobierno a partir de hoy. Estaremos muy atentos mi grupo y me imagino que otros grupos también para ver cómo se materializa y qué contenido le da su Gobierno a la normativa que a partir de hoy se dicte en aplicación de esta ley. Habrá que ver si perjudicará todavía más las competencias autonómicas y deshará todavía más el modelo que hoy tenemos o simplemente -que es lo que ocurre cuando uno toma un cheque en blanco, el que están dando ustedes aquí hoy- el cheque en blanco no se administra, no se gasta o se gasta de una forma relativamente sensata, lo cual seguiría no teniendo nuestra aceptación desde el punto de vista del principio, pero en cuanto al resultado final en el ámbito educativo sería menos grave.


No quiero dejar de comentar un detalle menor, casi cómico, por el que llamaría la atención de los servicios de la Cámara -y lo hago formalmente-, que es cómo en esta ley en el Senado -no sé si asesorado por alguien-, en un ejercicio de celo que roza lo cómico, se han convertido mayúsculas en minúsculas y minúsculas en mayúsculas. Si ustedes repasan el texto que nos viene del Senado, muchas veces la enmienda en los textos paralelos ha consistido en que se escribe centro en singular en mayúscula pero en plural en minúscula; la palabra categoría pasa a escribirse en mayúscula pero en otros casos puede ser minúscula; administración educativa según y cómo puede ser mayúscula o minúscula, y alguien se ha molestado en ir corrigiendo eso sin ningún tipo de criterio uniforme. Dirán ustedes que es ridículo que yo comente esto desde la tribuna. Es ridículo que alguien lo haya hecho, pero como precisamente una de las cosas que han introducido ustedes en el Senado es un párrafo nuevo en el preámbulo de esta ley que hoy votamos en el cual se dice que el sistema educativo actual presenta graves deficiencias de expresión oral y escrita, que están relacionadas con la falta de hábito de lectura, pues esta ley que ustedes van a aprobar presenta gravísimas deficiencias de expresión oral y escrita. Alguien me tendrá que explicar por qué centro en singular es con mayúscula y en plural es con minúscula; por qué consejo es con mayúscula pero en otros casos puede ser con minúscula, y alguien se ha molestado -insisto- en que eso hoy se nos someta a votación. Por tanto, rogaría a los servicios de la Cámara -porque no creo que podamos impugnarlo aquí- que tomen el texto y que por lo menos por la dignidad de la Cámara ante una ley educativa no llevemos estos textos a la chirigota y consigamos que no se pueda hacer una tesis doctoral en filología sobre el Parlamento introduciendo nuevas reglas en la lengua castellana. Insisto en que suena a cómico pero no pretende serlo en una ley educativa como ésta.


Voy terminando. ¿Qué va a ocurrir a partir de hoy? A partir de hoy van a ocurrir dos cosas. La primera (y lo quiero decir, si me permiten, casi solemnemente por despejar alguna acusación que alguien puede haber hecho; bienvenida, señora ministra, no la había visto) es que vamos a acatar esta ley, que nadie tenga ninguna duda. Es muy importante dejarlo claro ante insinuaciones que alguien pueda haber formulado. Esta ley no nos gusta, no es nuestra ley y será impugnada allí donde nosotros tengamos alguna influencia para hacerlo ante el Tribunal Constitucional. Estamos convencidos de que en algún momento el Tribunal Constitucional pondrá patas arriba este texto legal que van a aprobar hoy ustedes con su mayoría absoluta. Pero esta ley, en cuanto se publique en el BOE, es ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Guardans, le ruego que concluya. Ha concluido su tiempo.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino ya, señora presidenta.


Que nadie piense que Convergència i Unió ni el Gobierno de la Generalitat ni nadie que tenga que ver con nosotros va a presentar la más mínima desobediencia civil ni nada que se le parezca a este texto. Para bien o para mal -desgraciadamente para mal- esta es la ley que regula la educación en España a partir de hoy. Haremos lo posible por cambiarla el día que cambien las mayorías, por vía jurisdiccional-constitucional, pero mientras tanto es la ley vigente y a ella intentarán adaptarse los poderes públicos, las administraciones públicas y los centros educativos.
Hoy es un día triste. Vamos a dejar pasar un poco de tiempo y vamos a esperar a ver cómo se desarrolla para comprobar si nuestro grado de pesar y de tristeza se queda estable o se incrementa. En todo caso, animamos al Grupo Popular, concretamente al Gobierno del Partido Popular, a que no estropee más las cosas con los poderes que se otorga a sí mismo con esta ley y con la potestad reglamentaria que a partir de hoy va a tener.


Gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Guardans.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, esta es la tercera vez en esta legislatura en que subo a esta tribuna al final de una ley educativa; la tercera vez que usted, señora ministra, va a utilizar su mayoría absoluta para imponer a la educación española y a las distintas administraciones educativas un proyecto de reforma sin el acuerdo de ningún otro grupo parlamentario de esta Cámara salvo sus aliados de Coalición Canaria; la tercera vez que se va a aprobar una ley educativa que ha tenido una fuerte contestación en el mundo educativo -en este caso significativa- en la educación pública española; la tercera vez, señorías, que ustedes han desvirtuado el trámite parlamentario forzando los plazos, impidiendo el debate y denegando la práctica totalidad de las enmiendas presentadas por la oposición. Es la tercera vez que ustedes traen a esta Cámara una ley que no resuelve ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, que lejos de prevenir el fracaso escolar va a provocar exclusión a edades tempranas de los alumnos con dificultades educativas que más necesitan de un buen sistema, que en vez de promover la participación de las familias españolas en la educación de sus hijos aleja a padres y madres de nuestra escuela, que no incentiva la tarea de los profesores y maestros sino que simplemente les olvida, que incorpora privilegios para la escuela privada y marginaciones para la escuela pública, que en lugar de fomentar la cooperación entre las administraciones educativas enfrenta a las comunidades autónomas con el Estado y que no establece -como ustedes saben- compromiso presupuestario alguno con la mejora de la calidad de nuestros centros educativos.


Como en el caso de la LOU y de la Ley de formación profesional, esta ley vuelve del Senado con alguna mejora, pero para la escuela privada por supuesto. En el caso de la LOU fue la mayor permisividad para que los profesores de la universidad pública pudieran compatibilizar su trabajo con la impartición de clases en la universidad privada. En este caso, en el Senado, a la absoluta rigidez del Grupo Popular a la hora de aprobar cualquier enmienda ajena se le ha contrapuesto la más que absoluta flexibilidad con las enmiendas del propio Grupo Popular, hasta el punto, señorías, que en menos de 24 horas han llegado ustedes incluso a aceptar autoenmiendas a las propias enmiendas presentadas por su grupo, demostrando entre otras cosas que ni siquiera saben qué están haciendo.
Por cierto, la cosa ha acabado en la posibilidad de que los centros privados puedan contratar como profesores en prácticas a licenciados que no tengan el título de especialización didáctica. Vaya por delante que este cambio no augura nada nuevo para la formación inicial de los profesores de secundaria. En cualquier caso, señora ministra, ¿por qué sólo en la privada? ¿Es que la pública no puede contratar, por ejemplo, como profesores interinos a quienes están haciendo la fase práctica de su formación especializada? ¿Qué buscan? ¿Lo saben ustedes? Sería un detalle que lo explicaran.


Señora presidenta, señoras y señores diputados, durante algunas semanas hemos discutido en esta Cámara respecto a la necesidad de que este proyecto de ley fuera acompañado de su preceptiva memoria económica.
Sabemos, porque disponemos de ella, que la memoria económica existe, que se preparó en el Ministerio de Educación, que se remitió al Ministerio de Hacienda, que fue objeto de discusión entre ambos departamentos y de repente, señorías, cuando la memoria se publicó en un medio de comunicación, desapareció; matizo: se la hizo desaparecer, porque hasta el 11 de julio la señora ministra había anunciado en Comisión que habría memoria, pero el Gobierno envió a esta Cámara la ley sin memoria, incumpliendo la propia Ley del Gobierno y también la Constitución y de nada valieron los distintos recursos que mi grupo planteó a la Mesa de esta Cámara. La ministra de Educación y los distintos portavoces se prodigaron para explicar que el coste de la ley debería ser evaluado una vez aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que esa era una regla que una vez producido el acuerdo de financiación con las comunidades autónomas de diciembre de 2001 debía imperar, que a partir de entonces toda modificación por parte del Gobierno central de una materia completamente transferida a las comunidades autónomas como es la educación no debía remitirse a la Cámara acompañada de dicha memoria porque, y cito textualmente: La lealtad institucional es la que lleva a que sólo una vez aprobado este proyecto de ley tenga que convocarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este proyecto y para las restantes leyes. Fin de la cita. En resumen, señorías, trataron de convencernos de que, como vamos a hacer hoy, aprobáramos un texto de ley para mejorar nada más y nada menos que la calidad de la educación sin saber lo que cuesta y sin saber a quién corresponde su financiación. Pero fíjense qué curioso, señorías. Unas semanas más tarde el Gobierno aprobó un proyecto de ley para mejorar la calidad de la sanidad. Sanidad, señorías, servicio público completamente transferido al igual que la educación; calidad de la sanidad y calidad de la educación. Y el Gobierno mandó la ley a la Cámara, señora ministra, con un oficio del vicepresidente del Gobierno señor Rajoy, que reza así: Tengo el honor de remitir a vuestra excelencia en nombre del Gobierno el proyecto de ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud acompañado de su correspondiente memoria justificativa y memoria económica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución. Señora ministra, ¿qué más quiere que le diga? Aquí está la

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memoria, señorías, con el coste de la ley. Les voy a leer exactamente lo que dice: Dotación disponible para la aplicación de esta ley (sanidad, competencias completamente transferidas, posterior al acuerdo de financiación): prestaciones sanitarias, 60 millones de euros; farmacia, 26 millones de euros; profesionales, 20 millones de euros. ¿Quieren que siga? No hace falta ¿verdad? Las preguntas son evidentes: ¿Es que la ministra de Sanidad y Consumo es desleal con las comunidades autónomas? ¿Lo que es válido para la sanidad no es válido para la educación? ¿Es aplicable la Constitución a la sanidad, señora Del Castillo, pero no lo es a la educación? Reconocerá que estas preguntas son sencillitas. Yo creo que la ministra de Sanidad no ha sido desleal y ustedes tampoco creen que lo haya sido. Estoy segura además de que la educación y la sanidad merecen el mismo tratamiento y estoy segura de que ustedes piensan lo mismo que yo. Además, ustedes saben y la señora ministra también que lo que ha pasado aquí es muy claro.


Señora Del Castillo es usted profeta -eso que tanto le gustaría ser al señor Cascos- porque estas fueron sus palabras cuando todos le acusamos de esconder una memoria económica que dejaba demasiado evidente cuáles eran las vergüenzas de su Gobierno en educación. Dijo usted: Yo soy de las personas convencidas de que la vaciedad y la demagogia se acaban quedando al desnudo. Señora ministra, su compañera de sanidad la acaba de dejar como al rey del cuento, bien desnuda, y ha dejado muy bien al descubierto qué busca su ley. Cuando ustedes escondieron esa memoria económica que la Constitución, como dice el señor Rajoy -¿o será también desleal?-y como dice la propia ley del Gobierno debían de traer a esta Cámara, escondían el verdadero objetivo de una reforma antisocial: poco dinero para la educación y el poco dinero que había exclusivamente para la educación privada. Derechos para la privada y obligaciones para la pública. (Aplausos.) Además, señora ministra, consciente de que llegamos a este debate tras siete años de Gobierno del Partido Popular, con un sistema educativo ya desequilibrado en el que una vez más en la historia de nuestro país vuelve a proliferar esa imagen de una escuela pública a la que acuden aquellos que la privada no quiere admitir, o peor aún de los que la privada se desentiende, ustedes refuerzan esa tendencia con esta ley. Así, su ley no sólo permite, y usted lo sabe, que los centros privados impartan sólo algunos itinerarios, se especialicen sólo en algunas modalidades curriculares e incluso, señora ministra, discriminen por sexos; además, les da un profesor más por cada 400 alumnos frente a un profesor más por cada 1.700 alumnos en la escuela pública. Cuatro veces más profesores en la escuela privada que en la escuela pública lleva su ley.


Señora ministra, esta reforma es una auténtica obscenidad y una insólita provocación a la escuela pública de este país. (Aplausos.) Escondieron la memoria para esconder que su reforma llevaba 91 ridículos millones de euros y de ellos más del doble destinados a financiar a la escuela privada cuando ésta sólo escolariza a menos de la mitad de los alumnos afectados por su ley. Escondieron la memoria porque era la consagración de dos dobles vías: alumnos de primera y alumnos de segunda en centros de primera y en centros de segunda. ¿Y todavía se pregunta, señora ministra, por qué está usted tan sola en esta Cámara? ¿Todavía se lo pregunta?

Señora presidenta, señores diputados, señora ministra, estamos al final de la discusión de su tercera ley educativa. Primero fue la LOU, luego la formación profesional y ahora la que ustedes han bautizado como ley de calidad, que no es sino una ley para la segregación educativa de quienes tienen problemas para aprender; una ley para la exclusión. Usted, hay que reconocerlo, ha puesto patas arriba el sistema educativo español, pero lo ha hecho usted sola, por tanto es de su exclusiva responsabilidad. Usted lo ha querido así. No ha pretendido el diálogo, ha optado por la imposición. En contra de lo que usted va diciendo de radio en radio y de televisión en televisión, la causa de su soledad no es el Partido Socialista; no, señora Del Castillo. Usted no ha sido capaz de conseguir un acuerdo con nadie: ni con Convergència i Unió ni con el Partido Nacionalista Vasco ni con Izquierda Unida ni con Iniciativa per Catalunya ni con el Partido Andalucista ni con la Chunta ni con Eusko Alkartasuna ni con Esquerra Republicana ni con el Bloque Nacionalista Galego; con nadie. Tampoco con los rectores ni con los profesores universitarios ni con los estudiantes ni con los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública ni con las asociaciones de padres y madres de la enseñanza pública ni con más de la mitad de las comunidades autónomas de este país.
Y hoy aquí está usted sola; una vez más y por tercera vez, señora ministra, sola. ¿Hacen falta más pruebas de que el problema es usted? Usted y sus reformas, pero también usted y su talante, señora ministra.


Cada una de sus reformas ha tenido una obsesión. En la Universidad, el poder. Tener rectores afines, trasladar al Consejo de Universidades su mayoría absoluta, y ahí tiene usted a las universidades dedicadas en alma y cuerpo a revisar estatutos, a elegir claustros, consejos, comisiones y cargos, mientras crea, eso sí, agencias donde colocar a sus directores generales; bueno, no a todos, sólo a aquellos que no puede becar de otra forma. Según su reforma, para la enseñanza y para la investigación ya vendrán tiempos mejores. En la formación profesional su obsesión ha sido rescatar competencias de las comunidades autónomas para el Estado, alejándose de lo que todo el mundo apunta que debe ser la formación profesional: una educación pegada al territorio, a los ayuntamientos y a las empresas. Y en esta reforma su obsesión ha sido la enseñanza privada a lo largo y a lo ancho de toda la ley, desde la infantil hasta los programas de inserción profesional, desde los profesores hasta las asignaturas, señora Del Castillo.


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Los derechos para la privada y las obligaciones para la pública, las prerrogativas para la privada y las discriminaciones para la pública, el dinero para la privada y el olvido para la pública.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Chacón, debe concluir.


La señora CHACÓN PIQUERAS: En definitiva, las soluciones en la privada y los problemas en la pública.


Acabo ya, señora presidenta.


Sus obsesiones son acumular poder en la Universidad, competencias en la formación profesional y privilegios en la educación privada. Y siempre acabar con lo que usted consideraba que era el modelo educativo socialista, sin darse cuenta de que no era de nadie, que lo era de todos, sin aceptar que todos habíamos pretendido mejorarlo y sin reconocer que en la educación, señora Del Castillo, es importante convencer y sumar en vez de imponer y restar. Y lo peor es que su talante ha dejado una huella en el sistema educativo: la confrontación y la fractura. Con usted se han reabierto viejas heridas volviendo a enfrentar a la escuela pública con la escuela privada, alentando la confrontación entre padres y profesores, fracturando el entendimiento entre administraciones educativas y batiendo un nuevo récord. Por si no lo sabe, nunca una ley educativa había sido llevada al Tribunal Constitucional por una comunidad autónoma y usted ha conseguido que lleven sus tres leyes de educación. Confrontación, enfrentamiento y ruptura de consensos básicos. Esa es su herencia. Ha maltratado usted el sistema educativo, y por mucha mayoría absoluta que tengan, ahí no gana nunca un Gobierno, no gana nadie, es la educación española la que ha perdido, porque es la educación española, señora Del Castillo, la que ha salido herida. Por ello, quiero anunciar en esta Cámara y en este mismo momento que nosotros, los socialistas, recuperaremos el consenso para la educación.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Chacón, le ruego concluya.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Acabo ya.


Ese consenso, señora ministra, que no supedite las aulas educativas a las mayorías electorales, ese consenso que hilvane las costuras de lo que va a ser su única herencia: la fractura y la división.


Lo coherente, señorías, con todo lo que acabo de decirles aquí sería que yo abandonara esta tribuna, señora ministra, pidiendo su dimisión. Pero no lo voy a hacer, porque conociendo al presidente del Gobierno, tal vez, si yo se la pido, cambie de opinión y la mantenga en esa silla. Le aseguro que lo último que el Grupo Socialista desea para la educación española es eso, señora ministra, que usted siga ahí.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Chacón.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora presidenta, señora ministra, señoras y señores diputados, hoy es un día importante y además alegre, porque, junto con las Navidades, vamos a aprobar la ley de calidad para el conjunto de los alumnos españoles y para el futuro del país. Es la tercera de las leyes que el Gobierno del señor Aznar y la ministra Del Castillo han traído a esta Cámara y que, en definitiva, ratifican el programa electoral del Partido Popular que fue votado por la gran mayoría de los españoles.


Nadie duda -se ha dicho por parte de los intervientes y lo dijimos en la anterior comparecencia- de que, junto con los avances que se han hecho en este país durante el siglo XX, especialmente a partir de los años setenta con la ley de Villar Palasí, posteriormente con los acuerdos de La Moncloa y con la obligatoriedad hasta los 16 años que se preveía en la LOGSE nuestro sistema de educación ha avanzado enormemente. Sin embargo, junto a ese avance importante, nosotros teníamos y tenemos problemas.


La ley de calidad se ha basado en cinco ejes, que son los que se resaltan en la exposición de motivos. Uno, valores del esfuerzo y la exigencia personal, condiciones que son básicas para la mejora de la calidad del sistema educativo; o educamos, señoras y señores diputados, en el esfuerzo a nuestros chicos, y no solamente en educación sino en todos los aspectos de la vida, o tendremos unas generaciones que no conseguirán la plena capacidad el día de mañana. Un segundo eje es orientar más el sistema educativo hacia unos procesos de evaluación no solamente para los alumnos sino para los centros. Tercero, reforzar significativamente un sistema de oportunidad de calidad para todos, porque la diversidad del alumnado aconseja una variedad de trayectorias. De ahí que se creen los itinerarios, a los cuales no se ha hecho referencia hoy, pero cuyo objetivo es integrar. Además, en la mayoría de los países de la Unión Europea se establecen los itinerarios, e incluso en algunos de ellos a edad más pronta, y son los que sirven para integrar y que para que dentro del sistema queden los chicos y chicas por lo menos hasta los 16 años.
Además, a través de esos itinerarios que llevan al mismo título, pueden posteriormente elegir si quieren unas salidas profesionales diferentes o seguir el bachillerato para alcanzar la universidad. Cuarto, el profesorado es fundamental. Una vez más, queremos hacer un canto a todos los enseñantes, desde los maestros de escuela, que durante el siglo XX lo pasaron con tantas dificultades, hasta el profesorado actual, eje fundamental de toda la educación. Esto se especifica clarísimamente en la ley de calidad y además se incluye una carrera de profesorado que es absolutamente necesaria y que ha

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sido demandada por la mayoría de dicho profesorado. En quinto lugar, el desarrollo de la autonomía de los centros educativos, responsabilizándose los mismos del logro de buenos resultados.


He querido mencionar estos cinco ejes porque son fundamentales, pero pensaba que hoy la mayoría de los portavoces iba a hacer referencia a las enmiendas del Senado. La señora Lasagabaster, que ahora mismo no se encuentra en el hemiciclo, lo ha hecho y además ha manifestado, lo que le honra, que estaba de acuerdo con algunas de ellas. Asimismo, la señora Julios y el señor Guardans se han referido a ellas, habiendo enumerado este último una serie de enmiendas que ya habíamos debatido aquí y en relación con las cuales dijimos que se tramitarían en el Senado. Por ejemplo, lo relativo a la especificación de las asignaturas tanto en primaria como en secundaria, en que se estableció que las lenguas de las autonomías quedaran reflejadas como asignaturas obligatorias y no puestaS un poco por debajo de la lengua castellana o española.


En cuanto a otras intervenciones, como la de la señora Fonseca, tengo que manifestar que yo la aprecio mucho, pero ha vuelto usted a soltar, y me va a perdonar, un mitin que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos debatiendo. Señora Fonseca, sabemos que usted tiene un concepto de la escuela y de la educación diferente al nuestro. (La señora Castro Fonseca: Me llamo Castro Fonseca.) Usted me ha llamado por el segundo apellido y yo hago lo mismo. En fin, señora Castro Fonseca, como le decía, tiene usted un concepto diferente al nuestro y como consecuencia de eso ha empleado una serie de adjetivos en los que no voy a entrar por tiempo, aparte de que no es un ejemplo de diálogo parlamentario.


La señora Chacón ha dicho que es la tercera vez que ha subido a esta tribuna para hablar de temas educativos. Pues me va a perdonar, pero lo que ha hecho esta tercera vez ha sido demagogia. Cuando yo escuché su intervención la primera vez, me pregunté de qué hablaba, la segunda vez ya me di cuenta de qué se trataba y qué quiere que le diga de la tercera, que ha hecho demagogia. Además ha manifestado una cosa con la que el Grupo Popular no está de acuerdo. Señora Chacón, no podemos tolerar que venga usted al Parlamento a poner frente a frente a las escuelas pública y concertada. (Rumores.) Dígame usted -se lo pregunté la otra vez- un solo artículo que apoye la enseñanza concertada en contra de la pública.
Si hace usted referencia a la enseñanza gratuita de los tres a los seis años, cuénteselo a sus gobiernos, al de Baleares, al de Aragón o al de Castilla-La Mancha, en donde han hecho una serie de promesas. Si intenta enfrentar las enseñanzas pública y concertada, algo que ya está superado en Europa, lo que les está haciendo es un disfavor a ambas. (Aplausos.)

Señoría, hay algo que ha sido repetido muchas veces por la señora ministra y por todos los portavoces del Grupo Popular aquí y en el Senado.
Nosotros queremos una ley de calidad, la cual ha sido perfeccionada, y aprovecho para contestar a aquellos que preguntan cómo es que nos autoenmendamos. Nosotros tenemos una concepción de los tres poderes, para nosotros Montesquieu no ha muerto, por lo que a lo largo del trámite parlamentario hemos hecho una serie de modificaciones en el Senado con enmiendas nuestras, de Coalición Canaria, de Convergència i Unió e incluso de ustedes. Creo que entrar ahí es mal camino. Necesitamos una mejor calidad. Nuestros alumnos van a competir con el resto de los alumnos europeos. Algunos de los temas como itinerarios, elección o designación del director del centro van en la misma línea que el sistema educativo europeo; por tanto, no quiera sacar de aquí algo que no existe.
Ha visto usted que por todos los medios han intentado que hubiese grandes manifestaciones en contra de ley. Las manifestaciones que ha habido las respeto, cómo no, pero si las compara con lo que fue en Fancia -y esto se lo digo también a la señora Castro- la Ley Savary, esto no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque esta ley, no al cien por cien pero sí en su gran mayoría, tiene un apoyo mayoritario, de más de 40 organizaciones, con muchos profesores que perteneciendo a UGT o a Comisiones Obreras -señora Castro, he tenido conversaciones con amigos que pertenecen a UGT y que han votado a UGT o a Comisiones Obreras por otros temas, porque este no es el fundamental- han dicho: Estamos de acuerdo en la necesidad y en que habría que hacer unas modificaciones. Unos dicen que los directores de los centros están más en línea de que sea el claustro el que elija una terna, etcétera, pero que en el conjunto es absolutamente necesaria.


Dicen ustedes: La señora ministra se ha quedado sola. Es una soledad con la mayoría parlamentaria, apoyada por otros grupos. Otros están de acuerdo en que se necesitaba la reforma pero no están conformes en exactitud con la misma. Por cierto, señor Guardans, a ver si en la ley de universidades que están ustedes preparando en el Parlamento catalán llegan a un acuerdo, incluso con el Partido Popular. Diga a sus compañeros en el Parlamento catalán que el Grupo Popular estaría encantado de llegar a acuerdos en la ley de universidades catalana, y que no lo hicieran solamente con Esquerra Republicana. Por favor, lléveles este mensaje de Navidad del Grupo Popular y de su representante.
(Risas.)

Les voy a decir a qué han obedecido las enmiendas del Senado del Grupo Popular, porque no quiero que me achaquen lo que yo he achacado a otros grupos, que no se han referido a las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas del Senado van a explicitar en el proyecto de ley las indicaciones que se aprobaron en el Consejo Europeo de Lisboa, y verán cómo en muchas de ellas

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se hace expresa manifestación a las indicaciones del Consejo de Lisboa. En segundo lugar, hace referencia explícita a las áreas que se cursan en educación primaria y secundaria, como ha dicho el señor Guardans, a las que apoyamos totalmente. En cuanto a las mejoras técnicas es algo lógico en una Cámara de segunda lectura. Cualquiera que conozca el parlamentarismo sabe perfectamente que una de las cosas que hacen las Cámaras de segunda lectura son las mejoras técnicas de los artículos. El paso por el Senado ha sido positivo. Los ejes fundamentales de esta ley de calidad no se han cambiado en el Senado, sería absurdo.


Señora presidenta, señor ministro, señores diputados, nos hubiese gustado llegar a acuerdos. La señora Chacón ha dicho que cuando ellos gobiernen -no sé si entonces tendrá la señora Chacón nietos- van a cambiarlo mediante un acuerdo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Le pongo como ejemplo el acuerdo al que llegaron ustedes cuando la LOGSE, ese es el acuerdo que ustedes proponen para el futuro.


La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, le ruego concluya, por favor.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Termino, señora presidenta.


Hemos intentado llegar a acuerdos, pero ustedes desde el primer momento dijeron no, no, no. Hemos traído una ley de calidad que se va a aprobar, que estamos seguros de que está a favor de la escuela pública, de la concertada y, sobre todo, a favor de los alumnos españoles, que son los ciudadanos del día de mañana que tendrán que estar mejor formados para el futuro de este país . (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.


- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 121/000106.)

La señora PRESIDENTA: Realizado el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, iniciamos el debate de las enmiendas al proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón. (Rumores.)

Señorías, si ocupan los escaños podremos continuar con el debate o por lo menos guarden silencio para que pueda intervenir el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.


¿Empiezo o espero a que usted domine el caos? (Risas.)

La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, desde la presidencia el arma que se tiene, como usted dice, para dominar el caos originado por los diputados en conversación de los pasillos es rogar reiteradamente que guarden silencio los diputados, cosa que reitero en este momento. (Rumores.)

Por favor, ocupen los escaños y si van a estar de conversación háganlo fuera del hemiciclo. (Pausa.)

Adelante, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Haré el papel de un telonero sobrero a efecto de que durante mi intervención los diputados y diputadas que se han equivocado creyendo que en este momento se iba a votar puedan abandonar tranquilamente el salón y las próximas intervenciones ya sean de mayor rigor.


Señora presidenta, sabiendo el papel que a cada uno le toca jugar en un momento determinado, como he expresado anteriormente, para mi fuerza política y para mi grupo parlamentario el debate, la negociación, las enmiendas y las modificaciones de la ley de fundaciones han sido un claro ejemplo de lo que debe ser un buen quehacer en cuanto a ir conformando mediante el consenso una buena ley que afecta a determinados aspectos de la sociedad española. Como hemos visto anteriormente en el debate de la ley de calidad es algo así como la noche en referencia al día de la ley de fundaciones, puesto que la primera es la imposición por mor de la solitaria mayoría absoluta del Partido Popular de una ley. En este caso, en la ley de mecenazgo, ha habido un mediodía templado. Señorías, no obstante nosotros seguimos rechazando... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento señor Rejón, por favor. (Pausa.)

Adelante.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.


Aquí ni aceptando uno el rol de sobrero lo dejan hablar.


Señorías, estaba diciendo que la ley de mecenazgo se ha quedado a medio camino porque ha intentado introducir algunas mejoras y algunas modificaciones, pero no ha sabido acercarse suficientemente a las propuestas que se hacían desde determinados grupos parlamentarios. Por ese motivo desde Izquierda Unida mantenemos un rechazo a esta norma mientras que por el contrario aplaudimos la ley de fundaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nuestro entender? Que va a haber una disociación entre dos leyes que antes iban juntas y que el Gobierno entendió que debían ir por separado. Así se ha tratado legislativamente, pero al final van a tener dos terminaciones totalmente distintas, una bastante consensuada y otra apenas consensuada.


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Con respecto a las enmiendas que el proyecto de ley de mecenazgo ha recibido en el Senado básicamente se pueden agrupar en cinco. Unas son tendentes a introducir como un nuevo requisito a cumplir por las entidades sin fines lucrativos que han de dedicarse a actividades que persigan fines de interés general como la defensa de las víctimas del terrorismo y actos violentos. De la misma manera que no hemos tenido ningún problema en que esto se incluya en la ley de fundaciones, tampoco tenemos ningún problema, estaba en lo general, pero no es mal año por mucho trigo. Sin embargo, nuestra oposición es a los otros grandes grupos de enmiendas que se han introducido en el Senado, aquellas que pretenden aclarar cómo calcular las rentas que deben destinarse a fines de interés general y así evitar la congelación de las inversiones de estas entidades, o aquellas que intentan aclarar que las rentas imputadas exentas serán las que procedan a su vez de rentas calificadas como exentas por esta misma ley, o las que eliminan como explotación económica exenta las referentes a organizaciones de exposiciones e introducen la organización de representaciones cinematográficas. Tampoco estamos de acuerdo en cómo se trata la regulación que se refiere a cómo aplicar la deducción por donaciones y donativos para permitir que pueda aplicarse ésta a profesionales individuales que tributan por IRPF. Seguimos, por tanto, mostrando nuestras diferencias, nuestra oposición a un texto que se ha quedado a medio camino. No se ha encerrado en el Castillo como la ley de calidad ni se ha abierto como la ley de fundaciones. Se ha quedado a medio camino y suelen ser precisamente estas leyes las de peor contenido. El resto de las enmiendas introducidas en el Senado son mejoras técnicas para facilitar la comprensión, pero en ningún caso afectan al contenido de la ley y tendrán el reconocimiento como tales enmiendas técnicas.


Por lo demás, sentimos no poder votar a favor, no por nada sino porque nos hubiera gustado que hubiera habido más acercamiento, más negociación en nuestras enmiendas.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, y gracias por su benevolencia para que podamos manifestar nuestra intención de voto respecto a estas enmiendas del Senado a la ley que llamamos del mecenazgo. Mis compañeros del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado habían informado y votado ya favorablemente las mismas porque son enmiendas que contribuyen a dar una seguridad jurídica a determinados impositores respecto a las rentas calificadas de exentas por esta ley, con lo cual se introduce un concepto de seguridad jurídica a las actividades, sobre todo a las deducciones de profesionales individuales contribuyentes, como se hace primero con lo que he dicho en la enmienda número 6, posteriormente en la enmienda al artículo 18 y en todas aquellas que han contribuido a perfeccionar los aspectos tributarios a las distintas personas físicas o jurídicas que son objeto de la actuación de los aspectos fiscales de la ley. Por todo lo demás, mostramos una vez más nuestro apoyo a este texto legal que juntamente con el de fundaciones, aquí en la del mecenazgo, va a dar ya un nuevo campo de expectativas positivas a lo que se va a proteger perdiendo ya la desconfianza que había sobre estas instituciones desde un punto de vista financiero. Ahí va nuestro voto favorable.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente todas las enmiendas provenientes del Senado respecto a las incorporaciones que se han producido en esta Cámara en el proyecto de ley de incentivos fiscales al mecenazgo, excepto la correspondiente al artículo 15, apartado 4, por la cual nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque, según manifestó en la Cámara Alta, no está de acuerdo en la aplicación de las exenciones previstas en todas aquellas materias que hacen referencia a los tributos locales en el sentido de estar condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen a los ayuntamientos correspondientes el ejercicio de la acción regulada en el apartado 1 del artículo anterior y al cumplimiento de todos aquellos requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal regulado justamente en este título, que son todos aquellos aspectos que hacen referencia a la tributación local.


Ya manifestamos en el trámite de la defensa de las enmiendas a la totalidad que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) consideraba el proyecto de ley de incentivos al mecenazgo como un proyecto de ley objetivo, coherente y moderno, que venía a cubrir un hueco legislativo muy importante dentro de la legislación en estas materias, de la cual la sociedad civil española demandaba desde hace muchísimo tiempo una modernización de la legislación.


Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) siempre nos hemos manifestado a favor de la manifestación de la sociedad civil, también en las diferentes organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que enriquecen nuestro tejido colectivo. Por este

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motivo, creemos que esta ley de mecenazgo, que hace referencia justamente a todos aquellos incentivos fiscales para dichas entidades sin fines lucrativos, es un gran instrumento para conseguir los dos grandes objetivos que nosotros siempre hemos mantenido desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) De este mecanismo legislativo nace la posibilidad de vincular todos aquellos proyectos personales que quieran colaborar en esta línea de aportaciones personales, para que sea posible estructurarlos, conseguir la consecución del bien común y fortalecer al mismo tiempo todos aquellos aspectos que hacen referencia al interés general. Siempre hemos venido manifestando diferentes miembros de nuestro grupo parlamentario la defensa de un mecanismo que tuviera que ir en esta dirección, al igual que lo ha hecho en ocasiones nuestro portavoz en la Comisión, señor Campuzano. Con respecto a estos grandes proyectos de fundaciones y mecenazgo, si al mismo tiempo se les pudiera dotar de incentivos fiscales, aparte de ser un gran instrumento vital para la consecución del bien común y del interés general, al final serían una gran herramienta muy útil para seguir reforzando profundamente nuestra democracia.


Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya desde el principio de la tramitación de este proyecto de ley iniciamos intensos y extensos contactos con el Grupo Parlamentario Popular, a fin de hacerles llegar nuestra sensibilidad sobre el mismo, para que, una vez finalizado el trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado, mostrar nuestra satisfacción al conseguir que se incorporen a este proyecto de ley algunas enmiendas que desde nuestra perspectiva política complementan, amplían, fortalecen y modernizan este proyecto de ley que vamos a aprobar con mayoría suficiente para que pueda ser efectivo a partir del 1 de enero de 2003.


Haciendo un comentario de las enmiendas más relevantes que hemos conseguido pactar con el Gobierno del Partido Popular, algunas de las cuales también han conseguido una valoración positiva del resto de los grupos parlamentarios que componen esta Cámara, diré que una de las más importantes ha sido la que proponía que, por esta ley de mecenazgo -como digo, gracias a la valoración y al impulso de esta enmienda por parte de nuestro grupo-, todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que no defiendan los valores democráticos, a partir del 1 de enero de 2003 no reciban ningún tipo de subvención ni gocen de los beneficios correspondientes, beneficios que están especificados en esta ley que vamos a aprobar esta tarde. Es una mejora importante para cerrar el paso a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que no defienden los valores democráticos, que no podrán gozar de las subvenciones ni de los privilegios que vamos a aprobar esta tarde.


Además, desde la perspectiva nacionalista, nuestro grupo parlamentario ha conseguido incorporar -para que puedan gozar de todos los privilegios que hacen referencia a los incentivos fiscales- el que institutos como el Ramón Llull, que persigue la difusión de la cultura y la lengua catalana como lo puede hacer el Instituto Cervantes con la lengua castellana o lengua española, pueda gozar de los mismos privilegios que aquellas entidades o instituciones que defiendan valores de estas características en las instancias internacionales.


Hemos conseguido que organizaciones tan importantes como la Casa de Asia, que está participada por instituciones del Estado, de la Generalitat de Cataluña y del ayuntamiento, puedan gozar de los mismos privilegios de que goza, por ejemplo, la Casa de América. También se ha incorporado en el Senado la posibilidad de que el Instituto Europeo del Mediterráneo pueda gozar de los mismos privilegios, tanto en cuanto a recibir subvenciones como a gozar de privilegios e incentivos fiscales importantes. Se trata de que se puedan incorporar dentro de este marco de instituciones españolas y autonómicas para que puedan gozar de todos aquellos beneficios fiscales y subvenciones que les faciliten la consecución de los objetivos que persiguen. Por este motivo, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió considera muy positiva esta tramitación parlamentaria, en el Congreso, en el Senado y ahora otra vez en el Congreso, y va a votar favorablemente todas las enmiendas, excepto la que hace referencia al artículo 15, capítulo IV, que he mencionado al inicio de mi intervención.


Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, señorías, durante el trámite parlamentario de este proyecto de ley nuestro grupo ha explicado y ha insistido en la importancia del sector no lucrativo cuyas actividades están enfocadas siempre al alcance de objetivos de interés colectivo, colaborando estas instituciones con las funciones propias del Estado.
Diría más, el conocimiento directo de los problemas que caracteriza a las entidades sin fines de lucro, su vocación social, cualquiera que sea el campo en el que están trabajando, les permite cumplir sus compromisos con mayor eficacia que la propia Administración, que el propio Estado, aunque en ningún momento quiere esto decir -y así lo expresamos en el debate de totalidad- que nuestro grupo defienda el papel de estas entidades en sustitución de las obligaciones, de las funciones del Estado social, sino complementando esas obligaciones.


De nuevo quiero afirmar que para el Grupo Socialista las entidades sin fines de lucro constituyen un instrumento complementario al Estado para desarrollar las políticas sociales, en un sentido amplio, entendiendo que aquí se incorporan también las de ámbito cultural.


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En la medida en que los objetivos de las entidades sin fines de lucro no responden a la lógica del mercado, sino que tienen una naturaleza redistributiva, se justifica, desde nuestra perspectiva, que reciban un trato fiscal excepcional, como ya contemplaba la Ley 30/1994, que aprobó el Gobierno socialista, y que se recoge en las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley. Hubiéramos deseado un texto que atendiera los problemas del conjunto de las fundaciones, de todo el colectivo, caracterizado por una gran asimetría y por una gran heterogeneidad. En todas mis intervenciones he argumentado que el proyecto de ley y las enmiendas incorporadas por el grupo mayoritario benefician a un grupo reducido de fundaciones. Les recuerdo, señorías, que el coste fiscal de la exención es de 30 millones de euros, según se evalúa en la memoria que en su día acompañó al proyecto.


Entendemos que el texto en su conjunto y, por tanto, las enmiendas incorporadas en el Senado, no mejoran el alcance del principio de equidad con relación al proyecto inicialmente presentado, principio de equidad que debe regir en la política tributaria. La naturaleza de las medidas provoca que la reducida cantidad del coste fiscal, esos 30 millones de euros, se dirija principalmente al ámbito de la exención de las rentas, mobiliarias e inmobiliarias, de aquellas fundaciones que gozan de patrimonios de dimensión relevante. A pesar de la sólida argumentación que hicimos -y eso nadie puede cuestionarlo ni plantear interrogantes-, no se ha tenido en cuenta que el modelo fundamentalmente basado en la exención en renta tiene una relación inversa con la donación o con la propensión a la donación. En otros términos, si las entidades sin fines de lucro gozan de exenciones en las rentas que no les son propias -aunque por ley se establezca que lo son, desde un punto de vista económico no lo son-, se crea un efecto disuasión o desviación de las donaciones. Y teniendo en cuenta, de un lado, los escasos recursos de este sector y, de otro, la estructura de financiación, centrada en las cuotas y con una muy reducida y parece que no ampliable subvención pública, nos encontramos con que las donaciones son la única vía que puede permitir mejorar los recursos de las entidades sin fines de lucro.


Con el actual texto, el problema se soluciona muy parcialmente, se soluciona sólo para aquellas fundaciones que pueden acogerse a las exenciones vía renta, en tanto que las donaciones tienen un tratamiento cicatero y poco incentivador de la actividad del mecenazgo. Las exenciones fiscales, al ser tan reducidas, acentúan la asimetría que tiene el sector y refuerzan las ventajas del trato que se dispensa a las grandes fundaciones, que se benefician de presupuestos importantes frente al conjunto de las entidades sin fines de lucro que, en cambio, están realizando sus proyectos con muy escasos recursos. El trato discriminatorio en la exención dado a las donaciones realizadas por personas físicas frente a las empresas no solamente no se justifica en razón del principio de equidad, como decía antes; también en el diferente trato dado a los dos sujetos pasivos de cada impuesto se pone de manifiesto, una vez más, un trato desigual según la personalidad del donante, sea persona física o persona jurídica, y con ello, señorías, se vuelve a privilegiar a las grandes fundaciones, muchas de ellas nacidas de la tutela de importantes sociedades privadas. Por los datos de que disponemos, todos sabemos que las donaciones de las personas físicas se dirigen en mayor medida a las pequeñas fundaciones y de nuevo, por la vía de un trato cicatero a sus potenciales mecenas que son las personas físicas, se las vuelve a perjudicar.


Con las enmiendas incorporadas en el Senado se han mejorado algunos aspectos, en concreto precisamente el que hace referencia a la obligatoriedad de los ayuntamientos de dar una información previa a las entidades sin fines de lucro para poderse acoger las exenciones, y se acentúan algunos de los problemas señalados. Me voy a referir a dos cuestiones: a la incomprensible desaparición de las rentas exentas de las exposiciones culturales, dentro -repito- del grupo de explotaciones económicas exentas, y, en cambio, la exención de los ingresos por retransmisiones deportivas a las federaciones, exención que va de nuevo a favorecer sólo a aquellas federaciones que tienen grandes audiencias, porque a las pequeñas federaciones ni tan siquiera se les retransmiten los partidos que realizan.


A pesar de todas estas limitaciones, no nos vamos a oponer a esta enmienda ni tampoco al resto de enmiendas incorporadas en el Senado. Vamos a apoyar las enmiendas que nos llegan del Senado por el interés que para una parte del sector este proyecto puede suponer y, sobre todo, para evitar cualquier confusión o manipulación del Partido Popular, a quien le recuerdo que fueron los socialistas quienes llevaron a un texto legal las exenciones fiscales al mecenazgo y ustedes, señores del Grupo Popular, votaron en contra. Para mi grupo, eso demuestra una vez más que no vale todo en la batalla política, señorías del Grupo Popular. Hoy, nosotros haremos de nuevo una demostración de responsabilidad porque los ciudadanos se lo merecen y el sistema democrático tiene unos principios que justifican, en determinados momentos, hacer este tipo de votaciones.
Ustedes no lo han hecho nunca, no lo hicieron cuando eran oposición, no lo hacen ahora en el Gobierno, votando en contra en las comisiones a las enmiendas llenas de razón que presenta la oposición solamente por ser de la oposición, a pesar de que favorezcan los objetivos del sector.


Es evidente, señorías, que este proyecto de ley tiene lagunas, como hemos señalado a lo largo del debate, y que esas lagunas van a exigir una reforma. Ya adelantamos que la reforma que se concreta en las enmiendas presentadas por nosotros será materia de gobierno en el momento en que el Partido Socialista ocupe el Gobierno

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del Estado y, obviamente, resuelva todos los problemas que ustedes van dejando pendientes.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora Costa, acababa usted haciendo un inciso que quizá no tenía razón de ser con el fondo de la cuestión que estamos debatiendo hoy: que para su grupo no vale todo. Pues ya nos gustaría que lo llevaran a la práctica y no manipularan documentos en debates parlamentarios, porque desde luego no lo han demostrado, señorías. (Rumores.-Aplausos.) No quería hacer este comentario y no lo hubiera hecho, pero me provocan, señorías. Decir que para su grupo no vale todo... Señorías, no me provoquen y no tendremos este tipo de debates. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) La consigna es decir que vale todo para ver si defienden al señor Caldera que está más perdido que otra cosa, señorías. Todos a una, menos quien debe, defendiendo al señor Caldera, pero nadie diciendo por qué manipuló el documento, y eso es lo que demuestra que para ustedes, en política, vale todo, señorías, eso es lo que lo demuestra.
(Aplausos.-Rumores.) Esto es por el comentario que ha hecho la señora Costa.


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Vuelvo a la cuestión.


Señorías, ¿saben por qué funcionan bien las cosas en nuestro país? Porque el Gobierno da libertad para que fluyan iniciativas desde la sociedad.
¿Saben por qué van bien? Porque se deja que desde la sociedad fluyan iniciativas con libertad en todos los campos, económico, cultural, social, etcétera. Hoy estamos aprobando una ley que amplía los cauces para que desde la sociedad fluyan iniciativas en el mundo cultural, en el mundo deportivo, en el mundo social; estamos aprobando unas leyes que fortalecen a la sociedad civil, fortalecen la capacidad de la sociedad civil en la participación de actividades de interés general. Señorías, la tarea del Gobierno se puede calificar de muy positiva precisamente porque crea el marco favorable para la libertad, para que desde la libertad fluyan iniciativas en todos los campos, y hoy, en esta ley, para la que yo pido a todos los grupos también el apoyo a las enmiendas del Senado, estamos ampliando la capacidad de la sociedad en la participación de un conjunto de actividades deportivas, educativas, culturales, sociales, etcétera, actividades de interés general. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señora Pleguezuelos, le ruego guarde silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Estamos ante una excelente ley que desde luego, señora Costa, con todos los respetos le tengo que decir que no tiene nada que ver con la Ley 30/1994. La Ley 30/1994 tuvo una virtualidad, la de ser la primera vez que, gracias al Grupo de Convergència i Unió -porque ustedes no tenían mayoría-, se reguló el tercer sector. Pero hoy, ocho años después, con una mayoría distinta, con una mayoría fortalecida por los apoyos de Coalición Canaria y de Convergència i Unió, hemos hecho una ley muchísimo mejor, una ley que no tiene los grados de intervencionismo, rigidez, inflexibilidad de la Ley 30/1994; hemos superado con mucho la Ley 30/1994, haciendo una ley que de verdad apoya a todo el sector. La Ley 30/1994 sólo regulaba el marco de las fundaciones y hoy regulamos el marco del tercer sector: fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de interés general, de utilidad pública. Hacemos una ley que es muchísimo más amplia, que posibilita de verdad que la sociedad pueda participar de manera colectiva en actividades de interés general. Se trata de una ley igual para todos.
Cuando la señora Costa dice desde la tribuna que es una ley mejor para uno que para otros, ¿cómo se conjuga eso, señoría, con el apoyo de todo el sector a esta ley? ¿Cómo se conjuga con el apoyo a esta ley de todas las fundaciones, de todas las federaciones de fundaciones, de todas las asociaciones, de todas las organizaciones no gubernamentales? Cuando, desde luego, no apoyaban la Ley 30/1994. Es una ley para todos, que tiene un consenso amplísimo. Hoy está en el ser de las cosas que el Grupo Parlamentario Socialista critique y hable de otras cosas, pero es una ley que contó con el apoyo mayoritario de esta Cámara, que ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos en el Senado, que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad y, desde luego, amplía enormemente la capacidad del tercer sector para participar en actividades de interés general.


Es una ley que tiene dos partes. La primera es el marco fiscal de las fundaciones, que es extraordinariamente más positivo. Elimina discrecionalidades, amplía las actividades exentas y da más margen de maniobrabilidad a las organizaciones del tercer sector. Además, hay una segunda ley que mejora la capacidad para que los mecenas, entre comillas, den donativos. Por supuesto, los que tributan en el IRPF tendrán la deducción en dicho impuesto, como no puede ser de otra manera, y las entidades jurídicas que hacen donativos la tendrán en el impuesto de sociedades, y no creo que a la señora Costa eso le parezca mal, porque no puede ser de otra manera.


Señorías -y voy a terminar enseguida, así se lo he manifestado a los miembros de mi grupo-, estamos ante una excelente ley, una ley que mejora las posibilidades

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de participación de la sociedad en las actividades de interés general y, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista, que todavía sigue anclado en la no alternativa al sector público, sólo se dedica a recordar viejos tiempos. Yo les recomendaría que miraran un poco al futuro, y el futuro pasa por más libertad y por más participación de la sociedad en todo tipo de actividades, también en las de interés general.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Señorías, iniciamos las votaciones. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. Votamos las enmiendas del Senado a la exposición de motivos y disposición transitorio novena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 196; en contra, 11; abstenciones, 102.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 39.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 182; en contra, ocho; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 40.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 189; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 41.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 196; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a los artículos 15, 21, 32, 33, disposición adicional duodécima y disposición transitoria undécima.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 292; en contra, 12; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 39 bis y disposición adicional séptima.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 207; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 197; en contra, dos; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 301; en contra, dos; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de fundaciones.


En primer lugar, enmiendas del Senado al artículo 3.3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, cuatro; en contra, 305; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas al resto del artículo 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 301; en contra, ocho; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 27.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 303; abstenciones, nueve.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de fundaciones.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. En primer lugar, enmiendas del Senado a los artículos 1, 15.2, 17.4, 19, 22.2, 24.1, 25.2, 34.2, 59.1, 62.1, 67.1, 70.2, disposición adicional novena excepto el apartado segundo, disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimosegunda, vigesimotercera, vigesimocuarta y disposición transitoria octava.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 182; en contra, 24; abstenciones, 106.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al preámbulo, a los artículos 5, 7.3, 18, 21.2, 26.4, 30, 32, 44.1, 53.1, 56.b), 58, 66, 69.1, 72.2 y 80.3. Votamos al mismo tiempo de la sección 3.ª del capítulo V del título V, los artículos 81.2, 82.1, 84.b), 89, 90, 101.1, 104, y disposición adicional quinta apartado tercero, disposición adicional octava, disposición adicional décima apartados cuatro y cinco, disposiciones adicionales duodécima, decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimonovena, disposición transitoria primera apartado dos, transitoria tercera apartado tres, transitoria cuarta, transitoria sexta, derogatoria única, y disposiciones finales primera a sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 181; en contra, 128; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 17.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 180; en contra, 34; abstenciones, 97.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a los artículos 16.2, 23.1 y 35.5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 201; en contra, 109; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 16, excepto el apartado 2, y enmiendas al artículo 52.7

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 53.2 y a la disposición adicional novena, apartado 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 204; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de Ley orgánica de calidad de la educación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 288; en contra, 21; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto del texto resultante de las enmiendas aceptadas por el Congreso, dado el carácter orgánico del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 182; en contra, 130.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haberse superado el mínimo establecido reglamentariamente. (Prolongados aplausos.-Rumores y protestas.)

Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En primer lugar, enmiendas del Senado al artículo 15.1.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 283; en contra, 10; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmiendas del Senado al artículo 15.4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 274; en contra, 23; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 196; en contra, 14; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN CONFINADA, LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE. (Número de expediente 121/000107.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto de la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales no se producirá antes de las seis y media de la tarde. Asimismo, anuncio a la Cámara que procederemos a las votaciones de los dos dictámenes de comisión sobre iniciativas legislativas que quedan pendientes del orden del día, al finalizar el debate de ambos. (Rumores.)

Señorías, debemos continuar con el debate y es imposible hacerlo en tanto en cuanto no haya un adecuado nivel de silencio en la Cámara. (Pausa.)

En primer lugar, para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para dar por defendidas las nueve enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, y asimismo dar por defendidas las enmiendas del señor Saura, de Iniciativa per Catalunya, y las de don José Núñez, del Partido Andalucista.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.


Señora Lasagabaster. (Pausa.)

Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, simplemente también para dar por defendidas las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Vasco sostiene enmiendas respecto de este proyecto, ya que en la tramitación no le ha sido aceptada ninguna de las que ha presentado. Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la trasposición de normativa europea en una materia que no es totalmente novedosa, puesto que en nuestro ordenamiento está ya en vigor la Ley 15/1994 y el Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, dictado en su desarrollo. La trasposición se ha hecho, como tuvimos ocasión de defender en Comisión, de manera técnicamente muy correcta. Se tiene en cuenta el marco regulador comunitario, el propio texto de la directiva e igualmente otros instrumentos internacionales de necesaria consideración en este caso. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que la biodiversidad como materia, junto con la protección de la salud y de la naturaleza, es objeto, al igual que otras dentro del ordenamiento jurídico español, de la correspondiente distribución competencial. Quienes se jactan tanto de ser absolutamente respetuosos con el cumplimiento de las normas constitucionales y estatutarias, sin embargo incurren en este tipo de defectos cuando de trasponer directivas comunitarias se trata. No se tiene en cuenta para nada, por técnicamente correcto que sea el sistema de trasponer, que el Estado funciona como compuesto y que hay competencias tales como el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente asumidas por muchas comunidades autónomas, de la misma manera que el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, la competencia exclusiva que se tiene en materia de agricultura de acuerdo con la ordenación general de la economía, o la competencia exclusiva en colaboración con el Estado en la defensa de los consumidores y usuarios. Al Estado se le reserva, conforme al artículo 149.1.ª, 16.ª y 23.ª, la regulación y la coordinación de la sanidad y las bases en materia de medio ambiente. De todos estos títulos competenciales, resulta que debieran haberse establecido

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salvaguardas de este estilo y haber sido escrupulosamente exquisito en el respeto de las competencias de las comunidades autónomas. Este cariz autonómico tenían las enmiendas por nosotros presentadas como las números 42, 43, 44 y 48, cuya lectura les ahorro en este trámite. Teníamos además otras tres, cuya entidad era de absoluta sensatez y, repito, ninguna de ellas ha tenido encaje dentro de lo que como dictamen de la Comisión pretende ser aprobado. Con la enmienda número 45 pretendíamos que la evaluación de los riesgos para la salud humana incluyese tanto los efectos directos o indirectos como los inmediatos o diferidos, tal y como dice el propio texto de la directiva que se pretende trasponer y que en este punto no es tan precisa como la norma europea. Con la enmienda número 46 pretendíamos establecer que la referencia a la normativa de la protección de los consumidores y usuarios quedase claramente plasmada en el etiquetado de los productos de los que se trata. Finalmente, con la enmienda número 47 pretendíamos simplemente que la eliminación de organismos modificados genéticamente se adelantase, que no se mantenga el plazo que se establece en la trasposición de hasta el año 2008, pues creemos que es perfectamente factible un adelanto a diciembre del año 2005. Nada ha tenido acogida. Por tanto, señorías, aun considerando correcta técnicamente la trasposición de la directiva, el hecho de no hacerse eco de la distribución de competencias que nuestro ordenamiento plasma, nos va a llevar a abstenernos en este trámite, haciendo votos para que en el Senado nuestras enmiendas quizá tengan una mejor acogida y podamos finalmente dar el voto afirmativo a este proyecto en la Cámara.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo parlamentario mantiene vivas todas las enmiendas, excepto una que fue admitida en el debate en Comisión, y las mantiene porque siempre en esta Cámara el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha defendido que se debe aplicar, sobre todo en un tipo de productos cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas no se va a conocer hasta que no transcurra un plazo de tiempo bastante largo en algunas ocasiones, que se ha de aplicar el principio de precaución.


No nos vamos a oponer a la trasposición de una directiva europea, pero creemos que el Estado español puede ir más allá; de hecho la reunión del Consejo de Ministros de este mes de diciembre pretende exigir en el etiquetado que se puedan plantear qué tipo de productos modificados genéticamente componen lo que va a salir a la venta al público. Se pretende ir más allá en la responsabilidad civil medioambiental por la contaminación que puedan producir los organismos modificados genéticamente. Aunque no sea satisfactorio para todo el mundo, en un plazo de tiempo suficientemente breve se puede producir la modificación de las directivas de la Unión Europea que nuestro país podía reflejar en la trasposición de esta directiva.


Nuestras enmiendas van dirigidas a algunos aspectos que nos parecen importantes. Cuando en el proyecto de ley del Gobierno se habla de la evaluación de riesgo y en el artículo 2 se producen definiciones de determinadas terminologías que se utilizan a lo largo del proyecto, una de las que desaparece, y que sí está en la directiva que se traspone, es definir qué se considera puede ser la evaluación de riesgo, y eso no aparece en el proyecto. Es más, señorías, en esta ocasión mi grupo parlamentario también coincide con parte del informe que ha hecho el letrado, en el que se reflejaba que se deberían plantear todas las definiciones recogidas en la propia directiva, lo que no hace el proyecto de ley.


No voy a defender una a una como hicimos en Comisión con tiempo suficiente, pero nuestras enmiendas van dirigidas a garantizar la participación pública en el seguimiento de la evaluación de los riesgos, y en la creación de los registros que consideramos importantes para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información en el momento de saber qué zonas están afectadas por cultivos de organismos modificados genéticamente y que puedan producir determinados efectos sobre el medio ambiente en el entorno que se mueven. La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información, y realmente el proyecto de ley del Gobierno no contempla esa posibilidad. A nosotros no nos parece que eso sea ir más allá, se trata sencillamente de trasponer una directiva dando la cobertura necesaria de información y de participación a la ciudadanía.


También es necesario incluir en el proyecto de ley normas para el etiquetado y que esas normas sean dictadas para que los consumidores puedan decidir si lo que están consumiendo es de su agrado o no, en función de la composición del producto que van a comprar. No nos sirve que digan que hay determinados productos que al estar inducidos por organismos modificados genéticamente, al final no aparece el organismo modificado genéticamente en su composición. Hemos discutido en muchas ocasiones, desde luego en la Comisión de Medio Ambiente, que hoy por hoy todavía no se puede asegurar ni siquiera plantear que haya inocuidad total y absoluta por parte de los organismos modificados genéticamente, no sólo hacia la salud de las personas sino hacia el entorno; es más, cada vez se va planteando de manera mucho más clara la contaminación medioambiental que este tipo de cultivos produce en los entornos más próximos.


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La trasposición de la directiva tiene otro defecto. En excesivos artículos se deja la normativa al desarrollo reglamentario. En esta cuestión también coincidimos con el informe del letrado de la Cámara, que planteaba que había que acotar determinados aspectos y no introducirlos en desarrollo reglamentario sino dejarlos en la propia ley. Señorías, mi grupo parlamentario cree que, a pesar de la obligación del Gobierno a la hora de hacer una trasposición de directiva como esta, una vez más esta trasposición desde nuestro punto de vista no es suficiente. Se tendría que haber ampliado y desde luego se tendría que haber incluido una mayor participación e información de la ciudadanía en esta materia. Después del debate en Comisión y de su paso por ella la verdad es que el proyecto de ley sale sin modificar. Han sido mínimas las modificaciones que se han introducido y ninguna de ellas sustantiva. Señorías, con la enmienda que se le aceptó a mi grupo parlamentario lo que se hacía realmente era corregir un defecto que podía haber traído problemas a la hora de la aplicación normativa, pero por lo demás sigue siendo prácticamente lo mismo que llegó a esta Cámara para su debate desde el Gobierno. No vamos a decir que no haya habido, al menos desde nuestro punto de vista, intenciones de no admitirlo. La verdad es que tengo que reconocer que el concepto que tiene el Grupo Popular y el propio Gobierno de cómo se tienen que trasponer las directivas europeas, sobre todo en materia medioambiental, tiene poco que ver con el concepto que tiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; de lo que debe ser no solamente la trasposición de las directivas, sino de lo que tiene que ser la defensa del medio ambiente. Por tanto, señorías, nuestro grupo mantendrá el voto que ya dio en la Comisión al dictamen que aprobamos en ella.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a intervenir desde el mismo escaño y, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a la sesión de hoy, seré lo más rápido posible.
Simplemente quería reiterar en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley cuyo debate tuvo lugar en la Comisión de Medio Ambiente en concreto la semana pasada. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)

En primer lugar, mi grupo parlamentario lamenta que en el trámite que se desarrolló en la citada Comisión se desperdiciara a nuestro juicio una buena ocasión para mejorar el texto del proyecto de ley. Creemos que es una pena y que no tiene demasiado sentido que el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno rechazara, como antes decía la portavoz de Izquierda Unida, casi todas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, que han sido más de cien, y que finalmente sólo aceptara dos, dejando el texto casi intacto. Esta circunstancia ha demostrado que hasta la fecha el Grupo Parlamentario Popular tenía poca predisposición para aceptar algunas propuestas, creo que interesantes, contenidas en las enmiendas de los grupos parlamentarios, entre los cuales obviamente está el mío, porque iban dirigidas a una mejora general de la ley a la que mi grupo parlamentario le da una gran importancia por muchas razones y principalmente por el impacto social que tiene sobre la sanidad, sobre la biotecnología, sobre el medio ambiente, así como el impacto económico que va a tener en el futuro una vez aprobada esta ley. Estamos ante el proyecto de ley de régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente con el que se procede a la trasposición de dos directivas comunitarias, como han citado anteriores portavoces, en concreto de 1998 y de 2001, cuya aprobación supondrá la derogación de la actual Ley 15/1994, de 3 de junio.


Sin entrar en ninguna de las numerosas connotaciones económicas, controversias o incógnitas científicas que existen alrededor de la producción, de la comercialización, del consumo y del posible impacto sobre el medio de los organismos modificados genéticamente, mi grupo parlamentario cree que nos encontramos ante un texto, como decía antes, mejorable, aunque también es verdad -y tenemos que decirlo y aceptarlo- que recoge las previsiones necesarias o más básicas para garantizar una correcta aplicación práctica de los principios ya citados en la sesión de hoy, como los de cautela y de precaución, ya que son principios que son la verdadera columna vertebral y fundamento de dichas normativas. Sin embargo, el proyecto de ley aborda las cuestiones relativas al reparto de competencias entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas desde una óptica muy alejada de la que mi grupo parlamentario entiende que debería plantearse, en función de la distribución competencial actual que establece tanto el bloque constitucional como la vigente Ley 15/1994, de 3 de junio, antes citada, según la cual las comunidades autónomas son competentes para llevar a cabo la autorización de la utilización confinada, la liberación voluntaria y la comercialización de organismos modificados genéticamente, mientras que la Administración general del Estado es la competente para autorizar la comercialización de estos organismos.


Mi grupo parlamentario no podía admitir que el Gobierno aproveche la trasposición de una directiva, en este caso de dos directivas comunitarias, al ordenamiento interno del Estado para cercenar o recortar, limitar en definitiva las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Según nuestro criterio

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estamos ante una supuesto de esta naturaleza y en ningún caso podemos aceptar que se modifiquen las reglas del juego, puesto que nada dicen las directivas citadas que obliguen a atribuir a la Administración general del Estado nuevas competencias en detrimento de las que ya ostentan en estos momentos las comunidades autónomas. En esta línea mi grupo parlamentario ha mantenido vivas las siete enmiendas que no fueron incorporadas al texto del proyecto de ley en el trámite del debate en la Comisión de Medio Ambiente, todas ellas dirigidas a restablecer la distribución competencial hoy vigente y que afectan a los artículos 3 y 4, en los que se delimitan las competencias de la Administración general y de las comunidades autónomas, al artículo 24 que regula el hecho imponible que afecta a la actividad de la comercialización de organismos modificados genéticamente y, finalmente, también a la disposición adicional segunda que regula las competencias y la composición de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Dichas enmiendas coinciden en su orientación en gran medida con otras presentadas por otros grupos parlamentarios, por lo que anunciamos nuestro voto favorable a las mismas así como a la práctica totalidad de las más de cien enmiendas que se han mantenido en este trámite y que persiguen en su conjunto un reforzamiento de las cautelas y de las garantías para el consumidor de productos que contienen organismos modificados genéticamente, la protección de la salud y la preservación del medio ambiente. Por tanto, vamos a reiterarnos también en el sentido del voto que tuvo lugar por mi grupo parlamentario en la sesión de hace una semana de la Comisión de Medio Ambiente.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Martí.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Amarillo, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor AMARILLO DOBLADO: Señora presidenta, señores diputados, en primer lugar, antes de entrar en la ley quisiéramos aprovechar este trámite para aclarar un error de carácter técnico que ha habido en la votación de la Ley de Calidad de la Educación. Nuestro voto ha sido en contra de los artículos 16.2, 23.1 y 35.5, cuando nuestro sentido era votar favorablemente. Por tanto, lo decimos ahora para que quede constancia en el "Diario de Sesiones".


Comienzo ya con el proyecto de ley de confinamiento, liberación y comercialización de los organismos modificados genéticamente. La ley llega a este Pleno del Congreso después de pasar por el trámite de Comisión. No es una ley meramente técnica, en contra de lo que se podría desprender del alambicado título que se le ha dado, sino que tiene una capital importancia que va mucho más allá de la validación y autorización de los productos derivados de una relativamente nueva tecnología, como es la de la producción de organismos modificados genéticamente. Es más, a nuestro entender este debate no es el que esencialmente debemos tener en estos momentos aquí: si se está de acuerdo o no con la aplicación de los avances biotecnológicos en el campo de los organismos modificados genéticamente, cuestión que en muchos casos está fuera de duda. El debate esencial, señorías, es el de la evaluación de los riesgos y las cautelas a tomar como elementos centrales, junto a otras cuestiones relacionadas con el práctico monopolio de los mercados por parte de un reducidísimo número de poderosas corporaciones económicas. Es bueno, señorías, que recordemos y lo hagamos ahora más que nunca que dolorosos desastres habidos no han sido fruto de la ciega naturaleza que los ha producido, sino dela insuficiencia de legislaciones que no fueran previsoras o el incumplimiento de las existentes.


Con franqueza, señorías, si no hubiera ocurrido el desastre del Prestige y otros anteriores y ahora estuviéramos debatiendo una ley técnica -digo técnica entre comillas- sobre la calidad y naturaleza de los cascos de los petroleros, ¿cuánta atención hubiese despertado el tema? ¿El juego de los intereses económicos a qué resultado nos habría llevado? Cuando se legisló sobre la aplicación de los insecticidas, ¿alguien previó que el DDT podría matar? Después se demostró que el DDT mataba, y el concierto internacional acabaría teniendo que prohibirlo. ¿Cuándo lo prohibió? Con muertos por medio, cuando el daño se había extendido a toda la biosfera y ya las focas de la Antártida tenían restos de DDT. Cuando se legisló sobre la composición de los piensos, ¿alguien previó que la presencia de harinas de animales podría conducirnos al mal de las vacas locas? No.
Igualmente, ¿cuándo se han prohibido las harinas de origen animal en los piensos? Con muertos por medio y con unas pérdidas económicas en toda la Europa occidental. Mi grupo, señorías, lo que pretende es propiciar una legislación que en la medida humana de lo posible impida que esto ocurra.
Esto es esencialmente lo que queremos; en este sentido van la mayoría de nuestras enmiendas, rechazadas por cierto todas en bloque por el Grupo Popular y además sin argumentación alguna, como puede comprobarse leyendo el "Diario de Sesiones" de la Comisión.


Nosotros seguimos abiertos ahora mismo y aquí, después lo haremos en el Senado, para consensuar lo que quieran ustedes en este sentido. Si el Grupo Popular asume e introduce más elementos de seguridad y nuevas cautelas en esta ley, estén tranquilos que no vamos a pedirles los derechos de autor, porque lo que queremos es tener la conciencia tranquila de que hemos extremado al máximo las cautelas y seguridades, poniéndolas, como debe ser, por encima de cualquier presión económica.
Decir, como se ha dicho en Comisión, que no existen riesgos de ninguna clase, que el avance científico nos garantiza esta seguridad es de una

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temeridad tal que no creo que haya científico en el mundo que la suscriba.
La misma ley que debatimos tiene que recoger de la directiva que traspone elementos cautelares para enmendar problemas ya generados que pueden afectar a la salud humana, y estamos tan sólo en el principio de la aplicación de los organismos modificados genéticamente.


Así, la disposición adicional primera, que se titula: marcadores de resistencias a los antibióticos -y ya es significativo, señorías- dice lo siguiente: La eliminación en los organismos modificados genéticamente de los genes marcadores de resistencia en los antibióticos que puedan tener efectos negativos para la salud humana...; y se da un plazo para retirarlos hasta el 31 de diciembre de 2004. ¿Por qué está presente esta disposición adicional? Porque claramente se puede inducir resistencia humana a los antibióticos y perjudicar a la salud humana. ¿Les sigue a ustedes pareciendo ya con estos prolegómenos que no hay riesgo? ¿Pueden ustedes asegurar que nunca puede haber graves contaminaciones biológicas que puedan afectar a los ecosistemas? La utilización de genes esterilizantes en segunda generación, como los tristemente conocidos como semillas terminator, ¿le parece que no ofrecen riesgo de esterilización para la flora? El comportamiento en el tiempo del material genético, las interacciones de los genes entre sí, los mecanismos de genes efectores y represores, ¿es tan profunda y acabada en todas las especies existentes que pueden garantizar la total inocuidad en la aplicación de todas -pongo el énfasis en la palabra todas- o más bien igualmente no hay científico en el mundo que pudiese avalar tal tesis?

Si esto es así, que lo es, confundir los riesgos conocidos que se asumen, porque se conocen, con los desconocidos es una temeridad. Las cautelas son obviamente diferentes. Quien trivializa, como se trivializó en la Comisión sobre los males derivados de consumir mucha sal, carne, café o tabaco, con el riesgo de que la humanidad hiciese resistencia a los antibióticos o de que una contaminación biológica acabase con su ecosistema o con la selva brasileña, se califica a sí mismo. Igualmente es de una inexactitud total afirmar -se ha hecho y cito textualmente- que hoy conocemos con toda seguridad cómo es la estructura de un gen, cómo funciona, con quién liga, con quién no liga, y cuando se habla de contaminación se quiere hablar de hibridación -palabras textuales de la portavoz del Grupo Popular-. No, señor, esto, dicho como usted lo ha dicho, es rigurosamente incierto. Para empezar no es gen, sino genes. De muchos de ellos se conoce casi todo, de otros casi nada; de muchas interacciones entre ellos mucho, de otras interacciones nada; de su comportamiento en el tiempo en algunos casos -dentro de los intervalos relativamente cortos que median entre su descubrimiento y nuestros días- ha dado tiempo a conocer algo y en otros absolutamente nada. De su asombrosa afirmación de que no puede haber contaminaciones sino tan solo hibridaciones, independientemente de que estas pueden ser beneficiosas o altamente perjudiciales, les recomiendo que se asesoren, aunque sea por un modesto estudiante de genética, para que les ilustre sobre los numerosos mecanismos ya conocidos, algunos hace más de 30 años: incompatibilidad polen-estilo, series alélicas que inducen a malformaciones, esterilidad, etcétera. Señorías, yo quiero ser cortés y no ensañarme con los calificativos que la ocasión me propicia.


Este debate, con ciertos ribetes científicos, no es ni puede ser el propio de este Parlamento; nadie de los que estamos aquí lo estamos en función de nuestros conocimientos científicos, y lo normal es que no dispongamos de ellos. Una civilización altamente tecnificada como la nuestra no pude ni debe prescindir de contar con esta necesaria presencia. La incorporación del mundo científico en estas cuestiones tanto en los órganos legislativos como en los de decisión es una necesidad incuestionable. Cómo hacerlo es y será el debate del presente y del futuro. La existencia de órganos técnicos de asesoramiento está desarrollándose rapidísimamente entre los países avanzados, y no sólo disponen de ellos los gobiernos, sino los parlamentos, y aprovecho para decirlo para que la señora presidenta tome nota de esta cuestión. El Gobierno a estos efectos dispone de la Comisión de Bioseguridad. Vaya por delante nuestro respeto a todos sus miembros, pero ustedes mismos dijeron en el trámite de Comisión -está en el "Diario de Sesiones"- que si en tal época era de una manera, que si ahora era de otra, etcétera. En mi opinión, a los miembros de la Comisión de Bioseguridad debe exigírseles solamente ser altamente cualificados y su opinión es importante, pero ello no es óbice para incorporar como elemento...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Amarillo, le recuerdo que su tiempo ha concluido.


El señor AMARILLO DOBLADO: Voy terminando, señora presidenta.


Decía que ello no es óbice para incorporar como elementos cautelares básicos un número -nosotros hemos dicho cuatro- de cualificados científicos independientes al órgano decisorio, el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente, y especificar la misión que deben cumplir en este consejo. Especifico lo que entendemos por independientes, para que no haya los equívocos que hubo en la Comisión: que no hayan tenido en los últimos diez años acuerdos mercantiles con empresas productoras de organismos modificados genéticamente. Esto no significa que no tengamos un gran respeto por aquellos científicos que colaboran con las empresas, bien formando parte directamente de ellas o por cualquier otro sistema

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contractual en el campo de la investigación de los organismos modificados genéticamente, pero la cautela de no ser juez y parte nos parece elemental y, con franqueza, las razones de oponerse a esto se nos ocultan y, al ocultársenos, surgen las sospechas.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, que concluya, señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Termino ahora mismo, señora presidenta.


No hay ni una enmienda de las propuestas por el Grupo Socialista que no se ampare escrupulosamente en la directiva que se traspone; al contrario, prácticamente la mitad pretenden que se explicite en el texto de la ley los elementos básicos de cautela que se encuentran en los anexos de la directiva que se traspone. No hay incremento presupuestario ni tampoco legislación alguna que se oponga a ello.


Observen ustedes lo que se está haciendo fuera de nuestras fronteras: Francia, con un gobierno conservador, se muestra en este caso, muy cautelosa; Alemania, con un gobierno socialdemócrata, se muestra igualmente muy cautelosa, pero ustedes tienen mucha prisa, y sus prisas son sospechosas. Por favor, no mezclen esta cuestión con el desarrollo de la investigación en biotecnología, no tienen nada que ver. Los conciertos que estas empresas tengan con algunos departamentos universitarios se deben a la alta cualificación de los investigadores y de los docentes, y no a un espíritu humanista de estas empresas. Estas corporaciones empresariales tienen por fin, lógicamente, el generar actividad económica y beneficios en el marco del cumplimiento de las leyes, y esa es su misión. Si queremos tener, y debemos intentar tenerlo, un desarrollo biotecnológico, señorías, la cuestión está clara: menos déficit cero y más dinero para la investigación, que es nuestra mejor inversión.


Señores del Grupo Popular -y termino con esto-, nosotros estamos abiertos a consensuar esta ley, tanto ahora mismo como en su posterior trámite en el Senado.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya, señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Pero si ustedes no incorporan los elementos cautelares a esta ley, nosotros no podemos asumir las consecuencias de la misma, y si alguna vez (lo que deseamos que nunca ocurra) se produjese un grave suceso la responsabilidad del mismo será suya y sólo suya.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): ¿Grupos que quieran fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta, con la venia.


Señorías, si se pretende que las cosas se hagan con rigor y verdad y se habla en la trasposición de una directiva de obligado cumplimiento de algunos hechos que nada tienen que ver con lo que estamos trasponiendo, como el Prestige y las vacas locas, nos quedaría por decirle al señor Amarillo que ha olvidado citar el terremoto de San Francisco, el incendio de Lisboa y el asesinato de Prim. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Porque cuando se quiere sembrar la duda, la perturbación y hacer demagogia en torno a temas que no lo son y se hacen juicios de intenciones, que es quizá el único argumento cuando no se tiene uno sólido detrás, queda bien clara la intención de quien habla.


Dicho esto, señorías, me refiero al proyecto de ley que nos ocupa, que viene a modificar la Ley 15/1994, que traspuso a nuestro ordenamiento jurídico las directivas 219/1990 y 220/1990, y el posterior reglamento general que desarrolló esta ley el 20 de junio de 1997, nada más y nada menos que ocho años después de lo que exigía la ley. Así se cumplían las obligaciones derivadas del derecho comunitario, que llenaba un vacío que mantenía en la ilegalidad un instrumento científico, de desarrollo y económico novedoso, que se contemplaba en los últimos programas marco, el V y el VI.


Señorías, el constante avance científico que vive la biotecnología lleva inherente cambios constantes en las normas reguladoras de esta materia.
Así ha ocurrido con la Directiva 18/2001, de la Comisión Europea, del Parlamento y del Consejo de marzo de 2001, que derogaba la ya citada, porque inevitablemente había que hacer una adaptación al día de hoy, a pesar de que no modifica sustancialmente el régimen vigente en la Ley 15/1994, que quiero recordar al señor Amarillo que planteó un gobierno del Partido Socialista, pero sí afectan al articulado algunas modificaciones concretas. Por ello, esta es la forma adecuada de abordar la trasposición de una nueva directiva para afrontar las demandas en relación con la gestión y el control de actividades, incluida la comercialización y la liberación de organismos modificados genéticamente.
Señorías, los principios inspiradores de la ley son los mismos que se esgrimen en el ámbito comunitario, es decir, adoptar medidas para estar protegidos de potenciales efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana que pudieran derivarse de la utilización inadecuada de estos organismos. Se ha hablado aquí de zonas donde se permite plantar estos organismos, y a través de Internet se pueden conocer perfectamente dónde están esas zonas, cuándo hay permiso y en qué hectáreas se están haciendo estos cultivos. Las cautelas y las evaluaciones son las que contempla la ley. Aquí se ha hablado del peligro de los pesticidas, y evidentemente hemos de recordar que la nueva agricultura sustituye en un amplísimo porcentaje la utilización de pesticidas.


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En el ámbito de la ley es de destacar el capítulo I, artículo 2, letra b), donde se establece con claridad la excepción del ser humano, como ya se establecía en la Ley 15/1994 y en anteriores directivas. Señorías, recordemos una vez más lo obvio: Una directiva es una norma de obligado cumplimiento que establece un marco jurídico determinado y que obliga a los Estados miembros a desarrollar las normas adecuadas para ello.
Señorías, quiero recordar que en diciembre de 1996 la Comisión Europea elaboró un informe sobre la aplicación de las dos anteriores directivas que esta nueva deroga e identificó ciertas deficiencias, que voy a enumerar y que han dado lugar a la nueva norma. La primera es que no había una evaluación común del riesgo, había diferentes criterios en los Estados miembros para la comercialización de plantas transgénicas, y evidentemente ello suscitaba problemas. La segunda era la rigidez de los procedimientos administrativos. La tercera era que faltaba coherencia entre lo que era investigación y comercialización, es decir, en la trasposición de la I+D a las empresas que, como ustedes saben, es la paradoja europea que lleva a pasar de una etapa a otra sin una continuidad y restaba información al usuario y al consumidor. La cuarta, el sistema de autorización para comercialización, que era muy complicado, originaba retrasos y hacía falta un papel activo de la Comisión Europea para resolver ciertos retrasos inadmisibles, ausencia de plazos y resolver expedientes. La quinta suponía la imposibilidad de resolver estas controversias a través de simples comités científicos solamente porque en muchos casos la tramitación -y voy a usar un término que no me gusta- se contaminaba con situaciones políticas. La directiva viene a dar solución a estas deficiencias y respuesta a los temores de la opinión pública respecto a salud, medio ambiente y a lograr, como ya se ha dicho muchas veces en documentos de la Unión Europea, la competitividad a través de la investigación y la industria, y así está recogido como acciones prioritarias en los programas marco V y VI.


Es objetivo prioritario de este proyecto aumentar la transparencia del proceso en la toma de decisiones, reforzar el principio de precaución caso por caso y paso a paso, lo que quiere decir hacer un análisis exhaustivo del desarrollo de los procesos, y si se produjese una alteración mínima o una duda en los procesos la Comisión debería recomendar inmediatamente la inmovilización del proceso. Esto clarifica el ámbito posterior de aplicación. Algo que se demandaba también es el requisito que recoge para el etiquetado con identificador único y también sobre la trazabilidad. Hay también una mayor transparencia e información al público y la incorporación de los postulados del protocolo de seguridad vigente.


No es un asunto menor, señorías, la disposición adicional cuarta, con mínimas modificaciones de la redacción de la Ley 15/1994, de 3 de junio, sobre el silencio administrativo hoy vigente. De los cuatro supuestos que la ley distingue -y SS.SS. saben que quien les habla se preocupó de este asunto ampliamente-, únicamente se exige autorización expresa en el artículo 10 para las operaciones que se realicen con organismos de alto riesgo y en actividades que no sean de enseñanza e investigación o que se hagan con fines industriales o comerciales. El artículo 9.1 del texto sobre actividades de alto riesgo o de riesgo moderado contiene las exigencias previstas en la Directiva 98/81. Asimismo la Directiva establece unos plazos, que se respetan, sobre diferentes decisiones de utilización.


Muchas de las enmiendas no se han podido atenderse, como es el caso, por ejemplo, de las de Izquierda Unida. La enmienda que quedó pendiente de la Comisión suponía modificar sustancialmente parte del texto, como sabe la portavoz de Izquierda Unida, por lo que nos ha sido imposible admitir esa parte de la misma. En primer lugar, por lo que se refiere a las aspiraciones de algunas posiciones autonómicas, que se plantean desde la legitimidad, queremos decir que son los Estados firmantes los garantes de la norma que se traspone y no las comunidades autónomas; a ellos se les sanciona por lentitud, por incumplimiento, y son ellos los firmantes y los garantes de la norma.


En segundo lugar, en nuestro ordenamiento legal, dentro del derecho internacional privado, estas controversias no existen si el derecho que se reclama no es de origen foral. Aunque algunos sectores que afectan a aspectos multisectoriales puedan estar transferidos, son aspectos muy parciales dentro de una actividad multidisciplinar. Señorías, quien les habla no quisiera que se utilizaran con demagogia estos como otros asuntos, porque vuelvo a decir que cuando las palabras se retuercen, cuando se está hablando de maíz y se quiere decir que nos estábamos refiriendo a la hibridación del maíz -no nos estábamos refiriendo a otra cosa, el maíz es un producto humano-, falta muchas veces el mínimo rigor.


Como hemos dicho en determinadas ocasiones, el término contaminación no es lícito, no es de recibo porque lleva implícito confusión no exenta de responsabilidad y nos gustaría pedir moderación en su utilización, porque lo que se produce con la hibridación del maíz con otras plantas es simplemente lo que se supone que puede pasar en determinado momento.
Cuando se habla muchas veces en contra de determinados sistemas de control para evitar esas posibles hibridaciones, mezclas o como SS.SS.
quieran llamarlo, no se está utilizando nada más que un control científico de las situaciones. Señorías, en ningún aspecto científico ni en nada de la vida se tiene la garantía al cien por cien. El hecho de que se esté en constante revisión de las directivas que se aprueban en el año 1997 y que se están constantemente reformando al amparo de los acontecimientos científicos, del conocimiento que se va ampliando día a día, nos da cuanto menos un respaldo de que no somos ajenos a sucesos que pudieran producirse,

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que estamos cumpliendo sin prisa pero sin pausa algo que nos exige la propia situación de nuestro país como miembro de la sociedad europea y que no es España ni el primero ni el último que está participando de esta forma, sino que lo hace desde la responsabilidad como Estado.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora Fernández de Capel, le ruego concluya, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señora presidenta.


Señorías, bienvenida esta ley que ayuda a modernizar la ciencia española y a desarrollar nuestra competitividad como nos exigen los documentos de la Unión Europea, como se nos reclama desde diferentes foros, que, a nuestro juicio, está en revisión constante, como no podía ser menos, en una situación en la que día a día estamos avanzando.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Fernández de Capel.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA SEGURIDAD DE LOS CONCEJALES. (Número de expediente 122/000248.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Punto número 50 del orden del día: Proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por parte del Grupo Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Nos encontramos ante esta proposición, después de haber debatido y aprobado determinadas enmiendas en la Comisión. Les recordaré, porque creo que es importante, cuál ha sido nuestra actuación. En la toma en consideración ya señalamos que nos íbamos a abstener, porque en esta proposición de ley se recogen dos tipos de regulación que, desde nuestro punto de vista, responden a diferentes objetivos y distintas filosofías.
A lo largo de la tramitación, presentamos 20 enmiendas con los siguientes fines. En primer lugar, un apoyo claro, rotundo y decidido a todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la regulación de medidas que benefician y garantizan la seguridad de los electos municipales. Un sí rotundo a este tipo de medidas, y una aportación, a través de nuestras enmiendas, para mejorar, si cabe, la seguridad de los electos municipales, no sólo en cuestiones técnicas, sino también las relativas a distintas modificaciones legislativas.


No voy a exponer aquí toda la intervención que realicé en la Comisión, que fue larga y precisa, pero sí me gustaría decir que no se trataba de medidas que se nos ocurrían de repente, sino que eran fruto de un acuerdo y un debate largo y productivo entre los diferentes partidos políticos de la llamada mesa de Arkaute. Nuestra primera aportación fue exponer lo que los partidos -y nos hubiera gustado que el Partido Popular hubiera estado hasta el final- habían considerado más oportuno en aquella mesa para garantizar y mejorar la seguridad de los electos. Algunas de las enmiendas han sido recogidas y, en algún caso, nos hemos visto reflejados en otras de ellas.


Por otra parte, no es posible dar nuestro apoyo respecto de la segunda regulación que contiene esta proposición de ley, pues entendemos que responde a la filosofía de la llamada Ley de partidos, con la que no nos sentimos identificados en absoluto. No es momento de efectuar un análisis, que ya se ha hecho por activa y por pasiva, del porqué no nos sentimos identificados, por qué no compartimos esa visión y por qué creemos que no es buena desde el punto de vista jurídico y político, pero, en todo caso, algunas de esas regulaciones de esta proposición de ley recogían una proyección de esa Ley de partidos, como es la referencia a la Ley de financiación o a algunos aspectos de la Ley orgánica de Régimen Electoral General. Por tanto, y aunque somos conscientes del esfuerzo realizado para mejorar cuestiones que quedaban muy en el aire en la proposición de ley -que no respondían a las garantías necesarias, al establecimiento de procedimientos, a recursos, etcétera-, seguimos sin poder apoyarla, porque responden a una proyección de la llamada Ley de partidos que nosotros no compartimos. Tampoco podemos apoyar lo que, desde un punto de vista competencial y de proyección de la Ley de partidos, no era admisible, como era la llamada disolución de las corporaciones locales, artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.


A su vez, presentamos otras enmiendas respecto a la seguridad de los concejales, en relación a la dotación de efectivos de la Ertzaintza - muy importante para el objetivo que se pretende, aunque a lo mejor no sea el lugar adecuado para hacerlo-, así como otras recomendaciones de modificación de registros mercantiles, de la propiedad, que es importante, según nos han indicado los técnicos en la materia.


En definitiva, vamos a votar sí a todo lo que se refiere a la seguridad de los electos municipales, y no a lo que se refiere a la proyección de la Ley de partidos. Y, como no se puede dividir el voto final, no tendremos otro remedio que abstenernos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Lasagabaster.


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Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas del señor Saura, del Grupo Iniciativa per Catalunya.


Esquerra Republicana presentó 11 enmiendas. Anunciamos la retirada de nuestra enmienda número 9 porque nuestra propuesta ya ha sido recogida en el texto final. Cuando empezó el debate y el acuerdo entre los dos grandes partidos españoles, el PSOE y el Partido Popular, creíamos que la seguridad, la integridad física y el derecho a poder trabajar en condiciones de normalidad democrática de los ediles, los representantes locales, tenía nuestro apoyo. También íbamos a apoyar medidas relativas a la modificación de ley de financiación de partidos para generar recursos y las medidas que se iban a aplicar también en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Por ello, durante el trámite y toma de consideración de esta ley nos abstuvimos, pero nuestro temor se confirmó y finalmente se convirtió en una entrada de la Ley de partidos por la puerta trasera. Somos consecuentes con nuestro voto contrario a la Ley de partidos y creemos que en todas las modificaciones que se hacen, como la disolución de ayuntamientos, el Código Penal es suficiente para recoger las actividades de los representantes en los ayuntamientos que pudieran ser punibles. A partir de aquí nuestras enmiendas se podrían agrupar.


Es un tema discrecional dejar fuera del marco de subvenciones y ayudas.
Entendemos que es lícito y reconocemos que un partido que se presente a elecciones, una opción electoral, una coalición, una agrupación de electores, si sale elegido y no quiere tomar posesión, está en su derecho. Es evidente que los gastos de mantenimiento de grupo, el sueldo de los concejales, no es lógico que las perciban, pero sí tendrían que percibir los gastos electorales. Hasta aquí nuestras diferencias, porque creemos que es una entrada por la puerta trasera de la Ley de partidos. A partir de aquí no podemos estar de acuerdo.


Alguna de nuestras enmiendas van en la línea de defensa de que sean las comunidades autónomas las que tengan competencias en materia de seguridad ciudadana, las que decidan la modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como que sean las que inicien, de hecho, el trámite de disolución de un ente local. Las atribuciones que tienen a partir de los estatutos apoyan nuestra tesis. En todo caso serían las comunidades autónomas, a instancia del Gobierno y previo acuerdo del Senado, quienes debían iniciar el trámite y tomar la decisión final porque saben mejor que nadie lo que hay que hacer en un municipio.


Por estas razones, anunciamos nuestra abstención en la votación final por no estar de acuerdo con la Ley de partidos. Creemos que esta ley se debe básicamente a la Ley de partidos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.


Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Brevemente voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición de ley. Como ya se ha señalado, esta proposición de ley tiene varias partes diferenciadas y es intención del Bloque Nacionalista Galego que en la lucha contra el terrorismo y en la lucha por la seguridad y por la protección de todos los ciudadanos y, en especial en este caso, de todos los cargos electos, no se fuerce el ordenamiento jurídico y no se busquen atajos. En ese sentido van las enmiendas números 73 y 76. Un derecho fundamental, como es el derecho de sufragio pasivo, no puede eliminarse más que cuando exista una sentencia condenatoria firme.


Las enmiendas números 72 y 75 se refieren a la responsabilidad y la imputación por la actuación de un miembro de una organización política, de un partido. Nosotros pensamos que actuaciones individuales de miembros de partidos políticos, sin evidencia de que respondan a una estrategia previamente acordada por la dirección de su organización, no pueden implicar, por sí mimas, consecuencias jurídicas tan importantes como la privación a ese partido o a esa organización política de la financiación prevista en la legislación de partidos políticos.


También pensamos (ahí no estamos solos, está también la Constitución, puesto que así lo interpreta una reiterada jurisprudencia constitucional) que el artículo 5 de la proposición de ley es incompatible con la doctrina que mantiene el Tribunal Constitucional, que sostiene que la atribución de representantes electos sólo se puede aplicar a aquellos que hayan concurrido en forma efectiva a las elecciones y no a los que con posterioridad a las elecciones designe el partido político. El mandato es personal; el mandato -y repito que en esto hay una reiterada jurisprudencia constitucional- no corresponde a la formación política.
Nuestra enmienda 77 va en ese sentido.


Finalmente, la enmienda número 78 pretende garantizar el respeto a las competencias autonómicas en esta proposición de ley. Desde nuestro punto de vista, la potestad de disolver ayuntamientos es una competencia de carácter netamente ejecutivo -eso sí, en ejercicio de la legislación básica que dicte el Estado-, cuya titularidad debería corresponder a las comunidades autónomas.


Nada más y muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


Disculpen el estado de mi voz, pero estoy afónico y hago lo que puedo.


Como he tenido ocasión de apuntar en todas aquellas ocasiones en las que me he referido al contenido de la proposición de ley orgánica que debatimos, el Grupo Vasco se considera promotor y defensor de todas aquellas medidas que se prevén en la misma, que tienen por objeto garantizar la seguridad de los miembros de las corporaciones locales y hacer posible el ejercicio de la función representativa municipal en unas mínimas condiciones de dignidad y de libertad. Habrán observado que eludo deliberadamente el uso de la expresión apoyar, porque creo que no es la correcta en este caso. Apoyar es algo que habitualmente se hace en relación con iniciativas que son ajenas, con propuestas que son impulsadas por terceros, y en el presente caso -lo dijimos con claridad durante el trámite de toma en consideración- cuando menos podemos reivindicar la condición de coautores, de copromotores de una buena parte de los contenidos de la proposición. En este caso, insisto, podemos reivindicar la copaternidad de todas aquellas medidas que incluye la proposición que tienen por objeto garantizar la seguridad de los electos municipales frente a las coacciones, frente a las amenazas y frente a las calumnias e injurias y preservarles también de los riesgos que para su integridad y su honor comporta su presencia nominativa, acompañada de sus datos personales, en una serie de documentos públicos que están especificados en la proposición.


Es cierto que las circunstancias en las que se desenvuelve la vida política en España han hecho que se nos haya excluido formalmente del elenco de quienes figuran como patrocinadores de estas medidas, pero nuestras credenciales no se encuentran en las medallas que podamos ponernos, ni en el tratamiento publicitario que de ellas podamos obtener, en absoluto, está en el intenso trabajo de colaboración que, junto con otras formaciones políticas, desarrollamos en el seno de la mesa de Arkaute, que es donde se encuentra realmente la génesis de estas medidas.
Pero la proposición de ley no incluye solamente las medidas acordadas en Arkaute, contiene también otras cuya vinculación con la seguridad de los electos municipales es más que cuestionable, y en algún caso, como por ejemplo el de privar de financiación pública a las formaciones políticas que optan por no participar de la vida institucional, podríamos decir que es una vinculación nula.


Son unas medidas que, además, están formuladas en términos que a nuestro juicio no siempre son respetuosas con los derechos y con las garantías que inexorablemente han de acompañar al orden constitucional en un sistema que se considere libre y democrático. De ahí que aún mantengamos vivas una serie de enmiendas de gran importancia para nosotros a través de las cuales expresamos los puntos de desacuerdo que seguimos manteniendo en relación con el texto de la proposición. Nuestra oposición al contenido de la iniciativa no afecta a la parte de la que nos consideramos coautores. Se refiere exclusivamente a las medidas cuya relación con la seguridad de los concejales consideramos remota o inexistente, es decir al régimen de financiación de partidos políticos y a las previsiones vinculadas a la disolución de las corporaciones locales.


Señorías, ¿qué es lo que no nos gusta y qué es por tanto lo que enmendamos respecto a las previsiones que contiene la proposición en relación con el régimen de financiación de partidos políticos? Desaprobamos la norma que establezca regímenes de financiación distintos para partidos políticos igualmente legales apoyándose, y aquí está la clave de nuestro disenso, en motivos vinculados a su identidad ideológica o a su actuación política. La modificación que la proposición incluye en el artículo 4.º de la Ley orgánica de Financiación de Partidos Políticos y en el artículo 127 de la LOREG, supone privar de toda financiación pública (el texto subraya, además, que la prohibición afecta a todos, absolutamente a todos los recursos procedentes de la financiación pública, cualquiera que sea su tipo o naturaleza) a los partidos políticos que a juicio de la Administración incurran en los supuestos del artículo 9 de la Ley de partidos políticos, siempre que no se den las notas de gravedad y de reiteración que en teoría justificarían su ilegalización.


La propuesta pretende instaurar algo así como un escalón intermedio entre la plena legalidad de una formación política y la situación de ilegalidad; un escalón intermedio situado en principio en el terreno legal pero afectado o condicionado con una severa limitación de derechos.
Los partidos políticos afectados por esta medida limitativa de derechos gozarían en principio de un estatus legal, es decir serían partidos políticos legales; pero se encontrarían también legalmente privados de algo tan básico, tan imprescindible para el normal funcionamiento de una formación política en nuestro sistema democrático como es la financiación pública. No serían excluidos del tráfico legal pero quedarían, eso sí, desposeídos del carburante que les permite circular por el mismo con un mínimo de condiciones, lo que de hecho supone casi lo mismo que su exclusión. Su legalidad sería por tanto puramente formal porque el acceso a los recursos públicos, no nos engañemos, es en el sistema español de partidos políticos la frontera real, no la ficticia, no la teórica sino la real, que separa el espacio de la legalidad efectiva de la zona que puede considerarse materialmente proscrita.


Ante esta argumentación se nos dice que el régimen actual de financiación de partidos políticos ya distingue

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entre formaciones políticas legales a efectos de la financiación pública; se nos recuerda que determinados artículos de la LOREG ya establecen regímenes subvencionales diferentes para partidos políticos igualmente legales al establecer, por ejemplo, que los adelantos de las subvenciones por gastos electorales hayan de otorgarse únicamente a las formaciones que hubiesen obtenido representación en las últimas convocatorias electorales equivalentes. Lo que evidentemente excluye a las que siendo también legales no hubiesen tenido esa representación. Pero a nuestro juicio la comparación no vale, y ello porque los supuestos no son comparables. En el caso ya previsto en la ley el criterio de diferenciación es algo tan objetivo, tan mensurable como el resultado de las últimas elecciones. Por el contrario, en el que se quiere introducir ahora la base de la distinción es claramente ideológica, se vincula a lo que defiende, a lo que dice o hace una determinada formación política que encima es legal. La diferencia es pues radical. Pero es que además los supuestos a los que se asocia, los recogidos en el artículo 9.º de la Ley de partidos políticos, están redactados con tanta imprecisión, algo por cierto que ya denunciamos durante la tramitación parlamentaria de aquella ley, que el modelo diseñado está, a nuestro juicio, irremisiblemente abocado a constituir una permanente fuente de problemas. Por ejemplo, cuando el artículo 9.3 e) de la Ley de partidos políticos configura como una causa de ilegalización el hecho de ceder a favor de los terroristas, o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos, está describiendo exactamente las conductas que según el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 20 de julio de 1999, podían en principio, en tanto que conductas incriminatorias, ser objeto de sanción penal. Y más concretamente en este caso -sigo reproduciendo un pasaje del propio Tribunal Constitucional -constituir un delito de colaboración con banda armada de los previstos en el artículo 174 bis del Código Penal.


Basta, pues, que el hecho descrito en este precepto se produzca una sola vez para que proceda la ilegalización penal de la formación política que lo lleva a cabo. Sin embargo, en semejante supuesto no sería posible activar con unas mínimas garantías de éxito la vía ilegalizadora prevista en la Ley de partidos políticos porque si el hecho se ha producido una sola vez no se daría la reiteración que la norma exige. Pero, y este es el dato fundamental, según la proposición que ahora debatimos sería posible la privación de financiación pública. Es decir, cabría optar por la sanción más grave que contempla el ordenamiento jurídico (la ilegalización penal) o la más leve (la privación de la financiación pública), quedando excluida la intermedia por no concurrir el requisito de la reiteración que exige la ley. ¿Quién adoptaría la decisión? ¿En base a qué criterios? Señorías, como puede verse, el modelo diseñado en la proposición, aparentemente coherente y bien articulado, contiene fisuras y, a nuestro juicio, ofrece numerosos espacios de indeterminación que hace posible actuaciones arbitrarias no sujetas a más límites que el libérrimo criterio de la Administración, algo inadmisible en un terreno tan íntimamente vinculado al ejercicio de derechos fundamentales.


Como apunté en Comisión, nuestra posición en relación con este punto es una expresión más de la discrepancia de raíz que hemos mantenido con respecto a la Ley de partidos políticos.


Enmendamos también el hecho de que se niegue toda financiación pública a las formaciones políticas en cuyos órganos directivos y en cuya representación institucional se incluyan o mantengan a personas condenadas por determinados delitos en tanto en cuanto no hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados. Esto ya lo señalé y lo argumenté en Comisión. Se nos ha dicho que esta conclusión no puede alcanzarse con el texto de la proposición en la mano porque cuando ésta exige el rechazo público de los fines y de los medios utilizados se remite expresamente a los términos previstos en la legislación penal, lo que excluiría, en teoría, la pretensión de convertir el rechazo público en una renuncia ideológica o en una abdicación del propio ideario político. Sin embargo, creo sinceramente, e invito a SS.SS. a que repasen el texto desde esta clave, que su lectura nos conduce exactamente a la conclusión contraria. En el texto original de la proposición la referencia a los términos de la legislación penal se asociaba al rechazo.
Es decir, era el rechazo público de los fines utilizados el que había de llevarse a cabo en los términos de la legislación penal, lo cual planteaba un serio problema técnico porque hasta la fecha la legislación penal, que yo sepa, carece de previsiones específicas para la realización de este tipo de rechazos. Pero en el dictamen de la Comisión todo esto ha cambiado. Lo que se remite ahora a los términos de la legislación penal no es el rechazo sino la sentencia condenatoria de los delitos de rebelión, terrorismo y contra las instituciones del Estado, lo cual es tan evidente que podía haberse omitido sin que la norma se resintiese por ello. ¿Qué resulta de todo ello, señorías? Resulta que nos encontramos con que la referencia ha pasado de ser técnicamente problemática a ser sencillamente innecesaria porque las sentencias condenatorias siempre lo son en los términos previstos en la legislación penal. Pero, volviendo al argumento, lo que se remite a los términos de la legislación penal en el texto actual no es ya el rechazo, por lo que el rechazo de los fines a los que se refiere la proposición sólo pueden referirse a los fines políticos que el propio Código Penal (no yo, ni mi grupo, ni la formación a la que pertenezco) configura como los propios de estos delitos.
Nuestros motivos de discrepancia en relación con esta cuestión los expuse sobradamente en Comisión y no voy a insistir más en ellos. Quisiera, en todo

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caso, aludir a un último punto. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Hay dos enmiendas que afectan al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local y al artículo 183, apartado 2, de la LOREG, que guarda coherencia, como defendí en Comisión, con la posición que mantuvimos durante la tramitación de la Ley de Bases de Régimen Local en las Cortes Generales.
En aquel entonces sólo el Partido Socialista estaba a favor de incluir en la ley una previsión que permitiese al Consejo de Ministros disolver las corporaciones locales por real decreto, los demás grupos se dividían en diferentes posiciones. Algunos apostaban por dulcificar la precisión, aproximándola a los contenidos del artículo 155 de la Constitución, que no contempla la disolución; otros postulaban que ésta era una competencia autonómica; había quien consideraba que la disolución de una corporación local sólo podía hacerse a través de la intervención judicial, y finalmente había un grupo, entre los que se encontraba el Grupo Vasco, que mantenía una oposición de principio con respecto a esta previsión porque lo consideraba contrario a nuestra concepción de la autonomía local. Hay grupos que mantuvieron con nosotros esa posición y luego han cambiado. Me parece una posición legítima, pero nosotros nos mantenemos exactamente en las mismas posiciones que defendimos durante la tramitación de la Ley de bases de régimen local. Por tanto, no podemos prestar nuestro apoyo ni a este precepto, al artículo 61, apartado 2 de la Ley de bases de régimen local ni tampoco al artículo 183 de la LOREG, que guarda una conexión lógica con el primero.


Puesto que la afonía no me permite continuar con un mínimo de dignidad y he cubierto ya el tiempo previsto, concluyo mi intervención.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta,

Señorías, estamos en el Congreso de los Diputados en la parte final de la primera fase de la tramitación de la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Como han dicho anteriormente otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, esta proposición de ley tiene dos fases claramente diferenciadas. Una parte habla sobre la seguridad, incluido el honor, de los concejales, de las concejalas y de los cargos públicos, y otra parte -aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid- hace referencia a la financiación de los partidos, organizaciones políticas, y a la disolución de los ayuntamientos. Nuestra posición, aun reconociendo el enorme esfuerzo que han hecho los diputados de las formaciones políticas firmantes del acuerdo, es distinta ante las dos partes. A la primera parte, referente a la seguridad de los concejales, de las concejalas y de los cargos públicos, le damos nuestro total respaldo y dos más, si fuera menester. Además, sería de aquellas leyes donde nosotros, que somos tan críticos cuando cada seis meses o cada año se traen modificaciones de leyes y decimos que habría que ser más previsores, entendemos que todas aquellas modificaciones que se traigan para aumentar la seguridad de los cargos públicos, de los concejales y concejalas, siempre y cuando se muevan en el marco de la Constitución española, tendrán nuestro respaldo. Quede claro eso de principio. Hay una segunda parte, que es la financiación y las cuestiones de disolución de ayuntamientos, que entendemos que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, legítimamente los grupos Socialista y Popular han vuelto a traer aquí la Ley de partidos políticos y la han metido a martillazos en cierta manera. Aun reconociendo las mejoras, nos vamos a oponer al dictamen, pero como el voto es global al texto orgánico mi formación política va a votar a favor porque, si bien seguimos mostrando nuestro desacuerdo con los artículos donde se introduce la filosofía y el espíritu de la Ley de partidos políticos, no queremos que por ninguna cuestión los concejales y concejalas del País Vasco, que están sufriendo dictaduras de miedo y de terror por parte de una banda terrorista, tengan duda de que un partido, que también fue de los que más ha sufrido en su historia dictaduras de miedo y de terror, no está con ellos, no lo apoya y no lo respalda. Quiero que quede eso claro.


Señorías, la vida es muy dura y la historia todavía más. Ironías aparte, al mismo tiempo que los grupos Popular y Socialista traen a esta Cámara proposiciones de ley con el fin de aislar, bloquear y dejar de financiar a formaciones políticas que de alguna manera jalean, amparan y dan calor al terrorismo, curiosamente en foros parlamentarios en algunas comunidades autónomas no les importa votar juntos en el mismo sentido rechazando los presupuestos. Aquí no hay nada ingenuo, simplemente incluyamos eso en el mundo de las contradicciones, una más de las muchas que existen.


Señorías, estamos ante una ley, como decía, que habla de la seguridad de los concejales. Es una defensa de la vida y del honor de los mismos, de la vida y del honor como no podía ser menos, ya que al fin y al cabo hay toda una tradición cultural y política en la derecha española que incluso ha dado más entidad a la defensa del honor que a la de la propia vida. No voy a hablar de El alcalde de Zalamea, el de Lope y el de Calderón, en donde se dice que al rey la vida y la hacienda se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios. En esta misma sala, no respondiendo a doña Dolores Ibarruri -esa fue una de las muchas tergiversaciones que se hacen en la historia franquista-, sino al señor Casares, el señor Calvo Sotelo manifestó:

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Señor Casares, como le dijo un día el bueno de Santo Domingo el Sabio a aquel rey castellano, anchas tengo las espaldas, la vida podréis quitarme pero más no podréis; más vale morir con honra que vivir con vilipendio.
Señorías, hay toda una tradición de valoración incluso del honor por encima de la propia vida en la cultura y en la política de la derecha española, por lo que permítanme que yo también tenga, como representante de una izquierda, en muy mucho la vida y el honor. Como tal, señorías, cuando ayer se celebraba en el Ayuntamiento de Córdoba un pleno para condenar el atentado terrorista, el Grupo Popular, el mismo que sustenta al Gobierno y uno de los firmantes de la ley, lo abandonó y leyó un comunicado que decía entre otras cosas lo siguiente -leo textualmente-: Señora Aguilar -señora alcaldesa-, explique a los cordobeses y no oculte que usted es miembro y responsable institucional nada menos que de una formación política, Izquierda Unida, que apoya y justifica la disgregación de España y que ataca la Constitución española. Más adelante decía: Señora Aguilar, deje de ser cómplice y encubridora de un programa asesino que ataca al pueblo español y a la integridad de España; señora Aguilar, no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. Y terminaba diciendo: El Partido Popular tiene muy clara su postura y sus miembros también. Algunos deben pertenecer a una rama extraña, puesto que a mí me consta que el Grupo Popular ha buscado en el Congreso con inteligencia y con buen hacer -también el Grupo Socialista- el apoyo entre otras de la formación política en nombre de la que yo hablo. Por tanto, entiendo que el Grupo Popular en el Congreso no piensa que seamos cómplices de asesinos ni que ataquemos a la Constitución española. Desde esta tribuna podría hacer chistes o acusaciones muy fáciles sobre camisas blues y sobre otras cuestiones, pero no lo voy a hacer puesto que procuro tener más categoría cuando se trata de estos temas. Así pues, entiendo que cuando ustedes han buscado el voto de esta fuerza política es porque no piensan que sea una fuerza disgregadora, anticonstitucional y cómplice de asesinos, ya que si no dónde iban a ir ustedes con ese apoyo. Quiero hacer mío, independientemente de que forme parte de la oposición, lo que ayer o anteayer decía el señor Rajoy. Yo puedo aceptar que uno mienta para salvarse, pero no puedo aceptar que se mienta para ensuciar a una persona. Pues bien, señorías, como el magnífico Charles Laughton decía en la película Tempestad sobre Washington, en política no vale todo. En política, señorías, no vale todo. Bien es verdad que todos, el que más y el que menos, hemos mamado una cultura judeocristiana, nos guste o no, y en la cultura judeocristiana lo que se mama se eructa, como se suele decir en los pueblos. Pero ¿qué se está buscando, señorías? ¿Qué pasa? Como se suele decir, si no hay sangre de Izquierda Unida por manos de ETA, ¿es que nosotros no estamos luchando contra ETA?

Cuando ayer hablaba con la alcaldesa de Córdoba y se le cortaba la voz ante la falsedad y el juego sucio, me decía: Pero Luis, si además ellos saben muy bien que después de que os abstuvisteis en la ilegalización de Batasuna yo, como una de las máximas representantes institucionales, soy un claro blanco de ETA y estoy en las listas, como me han informado desde los organismos correspondientes. ¿Cómo puede ser que esté en las listas de ETA y al mismo tiempo decirme que soy cómplice de los asesinos? Señorías, creía que de lo que se trataba aquí era de que no corriera una gota de sangre más, no de que alguien busque, según esa cultura judeocristiana de que la sangre es redentora, que también haya sangre de Izquierda Unida. Por lo visto, aquí no estamos luchando por la libertad sino que somos cómplices de los asesinos.


Termino ya. Señorías, con todo el derecho ustedes han venido aquí a pedir el apoyo y el respaldo de las fuerzas democráticas para la vida, el honor y la dignidad de sus cargos públicos en el País Vasco, y aquí tienen el apoyo de mi grupo. Con ese mismo derecho vengo a pedir el respaldo para el honor y la dignidad de mis cargos públicos.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, debo reconocer que las intervenciones de don Luis Carlos Rejón me inspiran, no sé si bien, mal o regular. Él hacía referencia a un debate en esta misma Cámara en el que se decía aquello de más vale morir con honra que vivir con vilipendio, expresión que utilizó Calvo Sotelo.
Yo recuerdo otra de doña Dolores Ibarruri que decía más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y yo creo que precisamente el sentido de la proposición de ley que hoy nos incumbe es intentar lograr que nadie deba morir de pie por no querer vivir de rodillas y que eso lo intentemos hacer efectivo desde los ayuntamientos, desde aquellos lugares donde se inicia fundamentalmente la democracia y donde señala la misma declaración de Eudel, la Asociación de municipios vascos, el 3 de mayo de este año, que donde la calidad de la democracia se degrada todo sistema también se empieza a corromper y se destruye. Eso es lo que en última instancia tenemos que lograr, que nadie deba morir por no querer vivir de esa manera.


Antes de pasar a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), me gustaría hacer alguna reflexión global sobre lo que ha sido el proceso de incorporación de nuestras enmiendas, no sin antes entender, como he podido escuchar a don Luis

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Carlos Rejón, que alguna de las desmesuras a las que se ha referido y que se realizan contra su grupo pueden ser compartidas por el nuestro. De lo que se trata aquí es de ser muy sensatos, de saber dónde está el adversario y dónde está el enemigo, que son los enemigos de la democracia y de la libertad, y saber que no vale todo y que en cualquier caso todo tiene un límite.


Se ha dicho por el representante y portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), don Gervasio Erkoreka, que esta es una proposición de ley que tiene orígenes muy diversos. Algunos acuerdos que han sido incorporados tienen su origen en la mesa de Arkaute, el 22 de febrero de 2002. Hay otros aspectos que derivan de la Ley orgánica de partidos políticos, que mi grupo votó finalmente en virtud de las modificaciones que se produjeron a lo largo de su tramitación. Hay que recordar también el artículo 4, punto 6 de la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación 1/2000, de 22 de marzo. Y también querría recordar el contenido de la intervención de mi grupo, la que pude formular en el Pleno del día 29 de octubre.


Quería decir a modo de introducción que hay tres grandes apartados en la proposición de ley. En primer lugar, todo aquello que hace referencia a la seguridad de los concejales, que mi grupo suscribe total y absolutamente. Sí ha pretendido que alguna de las medidas dirigidas a garantizar esa seguridad o mecanismos más eficientes de seguridad no afectasen a las competencias autonómicas. De ahí que mostremos la satisfacción por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas con competencia, valga la redundancia, en materia policial y por tanto en materia de coordinación de policías locales, para que sean éstas y no el Gobierno central las que deban autorizar la salida de policías municipales en funciones de escolta de su municipio a otro, pero dentro del ámbito de la misma comunidad autónoma.


Un segundo aspecto importante es el de la pérdida de financiación por parte de los partidos políticos. Señorías, mi grupo parlamentario se basa en el dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, de 18 de mayo de 2002, en relación precisamente con el artículo 4 de la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación. El planteamiento del Consell Consultiu es el siguiente: La pérdida de financiación no afecta al derecho fundamental de asociación; si acaso afecta al derecho a recibir la acción de fomento por parte de los poderes públicos y una de las modalidades de la acción de fomento es precisamente la percepción de esas cantidades o de esas subvenciones. En última instancia, en la medida en que sea proporcionada a supuestos de comportamiento muy grave en contra de la democracia o de la libertad por parte de sus partidos políticos es una medida aceptable. Me consta obviamente que los partidos políticos no son solo asociaciones sino entidades de carácter parapúblico. Este planteamiento no incide en el derecho fundamental de asociación, pero en lo que afecta a la financiación es pura y exclusivamente al derecho a recibir la acción de fomento de los poderes públicos, derecho que además debe quedar salvaguardado por un principio de proporcionalidad, y es lo que nos ha hecho que no presentemos una objeción de fondo a esa pérdida de financiación. Nosotros entendemos que pueden existir partidos legales sin financiación pública; si no han incurrido en las causas de disolución no son disueltos, pero si incurren en las causas que se señalan en esta ley pueden perder esa financiación.
Finalmente, quiero hacer una referencia específica a la disolución de los ayuntamientos. El planteamiento de mi grupo parlamentario es que como la disolución como es una medida gubernativa no tiene por qué ser de carácter jurisdiccional, pero la competencia debe ostentarla precisamente las comunidades autónomas, como después me referiré.


Por hacer en un par de minutos un repaso muy somero a lo que han sido las incorporaciones efectuadas por mi grupo parlamentario, en primer lugar debo indicarles que hemos logrado una modificación del artículo 6.2 de la Ley orgánica de régimen electoral general. Incluso les diría que a través de la enmienda de Convergència i Unió, transaccionada por los grupos mayoritarios, es una ley más democrática, que respeta mejor los derechos o es más garantizadora no que la que había venido a esta Cámara, sino a la que existía hasta estos momentos, porque el sentido de la enmienda era privar del derecho a ser elegido a aquellas personas que lo hubiesen sido en virtud de una sentencia penal, pero no a todos los que hayan cometido delitos de rebelión. Quiero recordar a SS.SS. que hay dos delitos de rebelión, los de los artículos 473 y 483, que no llevan aparejada la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, de la misma manera que tampoco se produce en los delitos contra las instituciones del Estado.
Por lo que hace referencia a la pérdida de financiación el interés de mi grupo era salvar la homogeneidad, ya que se regulaba de forma diferente la Ley orgánica de régimen electoral general y la Ley orgánica de financiación y lo hemos logrado con esa regulación homogénea.


Por otra parte, lo que pretendía también mi grupo parlamentario era resolver el tema, entre comillas, de los delitos contra las instituciones del Estado. Nos parecía que no era en absoluto procedente privar de financiación a partidos que tuvieran en sus órganos de gobierno o de representación a personas que hubieren cometido delitos globalmente contra las instituciones del Estado, porque los hay de muy diversa gravedad, algunos con largas penas privativas de libertad y otros con penas simplemente de multa. El hecho de que al final hayamos podido introducir que se refiere pura y estrictamente a los delitos graves contra las instituciones del Estado -con penas superiores a tres años- nos resulta satisfactorio. Hemos superado también en esta ley la crítica de inconstitucionalidad que pudo efectuar el Consell Consultiu al artículo 4.6 de la Ley de asociaciones. Para

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imputar una conducta a un partido no basta que la realice cualquier miembro activo. A través de la homogeneización con la Ley de partidos se requiere que sea un número significativo de miembros y en última instancia también se permite, como pretendía Convergència i Unió, que pueda el partido separarse del acto de estos miembros a través de los correspondientes expedientes.


Finalmente, la regulación de procedimiento para nosotros era fundamental.
Nuestro planteamiento era mantener la competencia gubernativa a nivel de Consejo de Ministros, la instrucción del procedimiento obviamente con audiencia y contradicción por el ministro de la Presidencia y recurso por tanto ante el Tribunal Supremo, que es el que por lo demás conoce de la acción de disolución de los partidos políticos. Al final la transacción ha consistido en que la resolución corresponde al ministro del Interior, bien directamente, bien a través de delegación en un alto cargo, y en cualquier caso el recurso jurisdiccional corresponderá a la Audiencia Nacional. En otro caso hubiese podido corresponder al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, muy digno para conocer algunos temas pero creo que absolutamente inadecuado para conocer estos, a través de un recurso preferente y sumario en el que además podría pedirse la suspensión del acto administrativo impugnado.


Respecto de la disolución de los ayuntamientos, el planteamiento de mi grupo es que es una competencia que debe corresponder a las comunidades autónomas. Si preguntásemos genéricamente si pueden las comunidades autónomas apreciar una gestión municipal gravemente dañosa para los intereses generales, seguro que me dirían que las comunidades autónomas pueden apreciarla. Y si preguntase a SS. SS. si pueden las comunidades autónomas apreciar el incumplimiento de los deberes constitucionales por parte de un ayuntamiento, seguro que me dirán también que no sólo pueden sino que deben. Si las comunidades autónomas pueden apreciar esa gestión gravemente dañosa y no sólo pueden sino que debieran apreciar el incumplimiento de deberes constitucionales, incluso imponer su cumplimiento, lo que no entendemos es por qué no se puede atribuir a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas la competencia para acordar la disolución, con el filtro que suponga una autorización posterior del Senado. No vemos otro motivo.


Por lo que hace referencia a la Generalitat de Catalunya, el 26 de julio de 1978 se le efectuó el traspaso de las potestades de control sobre las corporaciones locales, permitiendo la posibilidad en aquellos momentos de intervención subsidiaria de la Administración del Estado, que en estos momentos también pudiera producirse. Por eso digo que no entiendo cuál ha sido la cerrazón de los dos grandes grupos mayoritarios para que esto no se pueda efectuar de esta manera cuando, ítem más, el artículo 152 de la Constitución dice que el presidente de la comunidad autónoma es el representante supremo de la comunidad autónoma, pero es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma ¿Qué pega tienen SS. SS.
para que sea el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma el que inicie el proceso de disolución de una corporación local? Supongo que después me lo explicarán, lo que dudo es que me puedan convencer. De ahí que procedamos a votar en contra del artículo 61, apartado primero de la Ley de bases de régimen local y nos abstendremos en el artículo 183 de la Ley orgánica de régimen electoral general porque regula entre otros aspectos el procedimiento para llevar a cabo esa disolución. En cualquier caso, les puedo anunciar el voto favorable al conjunto de los artículos orgánicos de la ley porque, como bien saben SS.SS., no todos los artículos son orgánicos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, mi intervención va a ser rápida.


Chunta Aragonesista va a votar a favor de la ley orgánica para la garantía de la democracia porque, a pesar de que existen casi dos partes en esta ley y en la segunda estaríamos un poco dudosos de hacerlo, la realidad es que la vuelta de esta ley con las enmiendas ha sido suficiente para convencernos y votar afirmativamente.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, y con su venia, tomo la palabra para dar este testimonio, desde mi grupo de Coalición Canaria, de apoyar esta proposición de ley que en su día presentaron conjuntamente el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Nosotros mostramos nuestra intención de sumarnos desde el primer momento y así se lo hemos mostrado a los ponentes de ambas fuerzas políticas a lo largo de todo el proceso de ponencia y de comisión. Y en el buen entendimiento que mi grupo en esta conexión de apoyo incondicional ha tenido al proyecto y en la misma línea de consonancia con que el portavoz del Grupo Popular así nos lo iba haciendo saber, vamos a emplear unos argumentos que a veces por no caer en el tópico o por ser obvios requieren también su reiteración, porque a veces en la democracia defender la obviedad es necesario e imprescindible.


Esta proposición de ley que hoy nos llega al Pleno tiene un binomio fundamental: garantía de la democracia

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en los ayuntamientos y seguridad en los concejales. Es la reforma más fuerte que se ha hecho de una serie de cuerpos legales desde la transición. Cinco grandes cuerpos legales toca esta proposición de ley, desde la modificación del artículo 505 del Código Penal, siguiendo por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 110, continuando por una modificación de la Ley Orgánica del año 1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los efectos de dar una legitimidad de actuación y un compromiso a las policías autonómicas en aquellas comunidades autónomas como la del País Vasco en este momento para que puedan también tener su área de responsabilidad reconocida legalmente. Hay dos grandes modificaciones. La Ley de financiación de partidos políticos, de 1987, para que no sea un instrumento de intendencia y de logística a las fuerzas que apoyan el terrorismo, para que en una ironía inadmisible vengan a nutrirse de presupuestos oficiales, a nutrirse de presupuestos públicos a los que todos los ciudadanos de la nación contribuyen a través de los impuestos, para que tengan una vía de mantenimiento en la actuación totalmente reprobable, y desde 1987 en que no ha podido haber una contemplación general de reforma de la Ley de financiación de partidos políticos a todas las fuerzas hoy nos pone de acuerdo para negar este recurso presupuestario a unas fuerzas del mal. Después viene la quinta gran modificación, que es nada más y nada menos que la Ley orgánica de régimen electoral general. Yo sé que todo coste que tenga una limitación de libertades hay que asumirlo políticamente, pero lo estamos haciendo desde un sistema democrático, en un ambiente democrático y en un escenario plenamente democrático por ser constitucional; ese binomio en el que parecería extraño que tuviéramos que resolver las garantías de la democracia en relación con la seguridad de los concejales.


Una de las exigencias formales de la democracia es que en su uso tiene que estar representada en la decisión de la persona humana de participar en la misma, y en una democracia en paz, constitucional, el único temor que tendría un político de participar en una lista electoral sería perder las elecciones pero no perder la vida. Esto es fundamental que lo entendamos porque si no sabemos valorar cuál es el grado de restricciones legales que vamos a imponer en un uso común que veníamos haciendo hasta ahora, y todos haremos votos porque si un día vuelve toda esa naturalidad y normalidad volvamos a recuperar el espíritu y la letra de las leyes que modificamos, tenemos que tener pendiente este principio: que nadie en una democracia tenga más temor que perder una elección y no ocupar un puesto de concejal o de cualquier representación política, pero estamos hablando también de que nadie tiene que temer el perder esa condición fundamental e irrecuperable que es la vida. Frente a la vida tenemos que tener todas estas medidas cautelares. Mi grupo dice y yo digo que a grandes males, grandes remedios. Si estos son grandes remedios, vamos a conseguir la desaparición de esos grandes males. Esta es la justificación final, no por estar en un concepto tópico de la defensa de la libertad, porque sería una obviedad tener que defender la libertad en una sociedad democrática. A ese bien común de que podamos contar con todas las aportaciones humanas en todas las distintas opciones políticas democráticas, de derechas, de centro, de izquierda, de arriba o de abajo, en cualquier momento que haya una participación a cumplir un deber constitucional, hay que garantizar a ese ciudadano todos los derechos inalienables que da una Constitución. El único derecho que le queda es a perder o ganar unas elecciones y figurar en una representación de un consistorio para ejercer precisamente esa libertad democrática.


Por este fin mi grupo votará con el mejor sentido de solidaridad constitucional y democrática para que toda la sociedad española donde quiera que se tenga que representar, en el País Vasco o en Navarra en estos momentos, sepa que hay un mensaje de aliento, de congruencia y de unidad cuando llegan estas circunstancias. Nuestro voto será sin ninguna fisura, sin ninguna reserva, sin ningún condicionamiento a favor de votar todas y cada una de las letras, de las palabras, de las frases, de los artículos y del contexto que contempla esta proposición de ley.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, llegamos al trámite final en el Congreso, siempre y cuando no haya enmiendas en el Senado, de una proposición de ley orgánica que lleva las palabras: garantía de la democracia y, efectivamente, este es uno de sus objetivos, sino el objetivo fundamental. Se trata de una ley necesaria y que pone de manifiesto una realidad dolorosa. Hay quien pretende quitar la voz a miles de ciudadanos que piensan, viven y votan de otra forma. Hay quien pretende ejercer una limpieza étnico-política.
Ayer enterrábamos a un joven guardia civil, Antonio Molina, quien con su muerte evitó otras muchas muertes. Otras veces enterramos a concejales o a representantes políticos y las más de las veces los terroristas pretenden que enterremos la palabra, nuestra palabra, y la voz de las ciudadanas y los ciudadanos.


Esta es una ley que es también un homenaje, por qué no decirlo, a todos los demócratas con coraje cívico y al ejercicio de la función promocional de los derechos fundamentales, que incumbe a los poderes públicos; esa función de remover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; ese objetivo de

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remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos. Este es el gran objetivo de la proposición de ley. La pregunta es: ¿se cumple este objetivo? A nuestro juicio, se cumple ampliamente. La proposición garantiza el derecho de participación política frente a los que desde el terror quieren imponer el silencio. Es una proposición que está basada en un principio fundamental: que nadie quede sin voz, que nadie quede sin representación política. Por recoger también alguna inquietud manifestada fundamentalmente por el portavoz de Izquierda Unida: que todos tengan sitio. Aquí cabemos todos y no caben, por tanto, actitudes de denostación ni que pongan en tela de juicio la voluntad democrática de los que estamos, opinamos y debatimos. Además, es una ley que se ha hecho con voluntad de encuentro y de diálogo y yo creo que lo ha logrado. El trabajo que se ha hecho, tanto en ponencia como en Comisión, ha conseguido aproximar muchas posiciones y ambos grupos proponentes hemos logrado un objetivo al menos: incorporar no sólo aportaciones técnicas, sino aportaciones de calado que han mejorado el texto. El texto, gracias a ese diálogo fluido, ha mejorado en una triple dirección: establecimiento y reforzamiento de las garantías, respeto a la autonomía y mayor seguridad jurídica, agilidad y precisión.


Esta ley establece trabas a la financiación de determinados partidos, y este ha sido uno de los asuntos más controvertidos, tanto desde el punto de vista de la financiación de partidos políticos como de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Es, efectivamente, correlativa a la propia Ley de Partidos Políticos. Hemos mejorado en esta materia la seguridad jurídica y las garantías con el control jurisdiccional de las decisiones del Poder Ejecutivo como algo indiscutible. Además, recogemos aquel espíritu que en el debate del propio artículo 6 de nuestra Constitución se desprendía de aquella enmienda, que además prosperó, que fue defendida en la Cámara por el insigne profesor, político, constituyente, ex diputado y tantas cosas, don Enrique Tierno Galván.


Efectivamente, don Enrique Tierno Galván planteó ante la Comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas, o libertades básicas, en su sesión número 6, celebrada el 16 de mayo de 1978, una enmienda en el sentido de añadir lo que finalmente forma parte de nuestra Constitución, del vigente artículo 6 de la misma, en referencia a los partidos políticos: Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. En su argumentación, y me parece que es lo importante de este recuerdo, decía el insigne profesor que pretendía que resultase coherente lo que haya de pedirse a los partidos políticos con la ideología general democrática que sostiene la Constitución. De no aceptarse -decía Tierno Galván- se corre un riesgo y es que puede haber partidos que mantengan una estructura militarista, una estructura antagónica, incluso que encubran principios que no sean democráticos al amparo de esa estructura. Fin de la cita del profesor. Y añadía -por volver a abrir la cita del profesor don Enrique Tierno Galván-: Nos podríamos encontrar con partidos que formalmente aceptasen la concepción democrática del mundo y un ordenamiento jurídico democrático, pero que tuviesen entretenimiento militar o paramilitar y que mantuviesen una disciplina interna que les preparase para un atentado o, al menos, para hacer difícil la normal marcha de la actividad estatal.


Así justificaba esta redacción definitiva del artículo 6 de la Constitución, de la que trae causa el resto de la regulación no sólo de la Ley de Partidos Políticos sino también del enfoque específico que hacemos en esta proposición de ley en relación con la financiación de los partidos y en relación con la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Lo que se ilegaliza son actividades, son conductas realizadas de forma reiterada y grave. Esta proposición de ley, efectivamente, es correlativa con aquella reforma, estableciendo -eso sí-, por la aportación de enmiendas de aproximación, garantías claras y seguridad jurídica que, sobre todo, establecen un control jurisdiccional de las decisiones.


Otro tema debatido, que ha preocupado y que nos ha permitido eliminar, por vía de enmienda, conceptos jurídicos indeterminados, tema controvertido pero que nosotros mantenemos en la proposición porque lo consideramos positivo, es la disolución de los ayuntamientos en determinados supuestos. Es verdad, y lo dije con ocasión del debate que tuvo lugar en el Pleno con motivo de la toma en consideración de esta proposición, que nosotros entendemos que cuando un ayuntamiento homenajea a un terrorista, cuando da cobertura o apoyo de forma reiterada o grave al terrorismo o le enaltece, o menosprecia o persigue a las víctimas del terrorismo, o cuando se financia por órganos o por actos de ese ayuntamiento, con recursos públicos, a los cómplices del terror, para que extiendan su actividad coactiva y asesina, se violenta la función constitucional de la autonomía local como garantía institucional.


Cuando esto sucede se está incurriendo en una gestión gravemente dañosa para los intereses generales y se están incumpliendo las obligaciones constitucionales de los propios ayuntamientos. En tal supuesto, plantearse la disolución de los órganos del ayuntamiento no es extraño, sería una forma de remoción de obstáculos a la libertad de ese papel promocional de los derechos y libertades fundamentales que tienen que jugar los poderes públicos, en clave claramente de defensa constitucional.


El tema, es verdad, ha sido controvertido desde el punto de vista parlamentario, pero tengo que recordar, como algún enmendante sugería, que el artículo 61 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ya prevé la posibilidad de disolución de una corporación local. Es más, esta figura no es exclusiva del ordenamiento jurídico español,

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es una figura que se da también en otros ordenamientos. En el ámbito de la Unión Europea lo vemos claramente extendido en muchos países. Por citarles uno, en Alemania. Además, en Alemania existe en determinados Estados: en Renania-Westfalia, Renania-Palatinado, Bremmen, Baviera, etcétera. Es decir, hay una experiencia, un hábito y un modelo de disolución de corporaciones locales en los ordenamientos de la Unión Europea.


La disolución de los órganos de una corporación fue objeto de pronunciamiento por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.
La sentencia 4/1981 entiende que la disolución en sí no se opone a la Constitución y de manera rotunda lo expresa el resto de la reiterada jurisprudencia constitucional en el ámbito del régimen local, que en ningún caso denunció, rechazó o insinuó la inconstitucionalidad de estas posibilidades. Además es una consecuencia lógica de ese concepto mismo de autonomía local como derecho de la comunidad local a participar. La autonomía local reconocida en el artículo 137 de la Constitución sirve, y eso hay que tenerlo en cuenta, a la función político-democrática de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, sin olvidar que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico, tal como dispone el artículo 9 de la Constitución. Además, como algún grupo ha cuestionado que esta competencia tenga que adoptarse a iniciativa del Gobierno, yo quiero dejar claro que no está escrito en ningún sitio que la consecuencia lógica del Estado de las autonomías sea que la disolución eventual de una corporación local sea un ámbito competencial de las comunidades autónomas. La autonomía local no es un principio subordinado, también cumple una función de homogeneización de la estructura territorial, es la técnica que asegura el pluralismo territorial de nuestro país. Las bases de régimen local, el núcleo mínimo competencial definidor de la autonomía local es competencia del Estado según el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, y aunque las comunidades autónomas sean las que concreten el nivel competencial de los ayuntamientos, la autonomía local no está subordinada a un ente territorial más extenso: la comunidad autónoma. Como destacan además algunas sentencias del Tribunal Supremo, fundamentalmente la de 15 de abril de 1987, la vinculación entre el círculo de intereses locales propios y autonomía arranca directamente de la Constitución y no de decisiones infraconstitucionales, lo que confiere a la Administración local un perfil y una lógica institucionales propios, no siendo posible concebirla como un mero apéndice de ninguna de las instancias superiores. Las técnicas de control o de coordinación no deben colocar, dice nuestro Tribunal Supremo, a aquellos entes locales en posición de dependencia o subordinación cuasi jerárquica.


Valgan estas reflexiones para decir que creemos que, tanto desde el punto de vista competencial como de su justificación jurídica, mantener la disolución de las corporaciones locales cuando atenten gravemente contra el interés general, mediante la promoción por actos propios de actos terroristas o de connivencia con el terrorismo, es uno de los aciertos y de las necesidades objetivas que planteaba esta proposición, como objetivas son las necesidades de dotar de mayor protección y garantizar más recursos para esa protección.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego concluya, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Ya finalizo, señora presidenta.


Qué ejemplo de dedicación, qué vida tan difícil tienen los representantes políticos en el País Vasco, qué escasez de medios, qué dificultades a veces, que se proyectan en la vida laboral. Todo ello motivado por el deseo de ejercer el derecho de representación pública y porque, desde la coacción, a veces se les obliga a tener que dejar el empleo, la actividad, a cambiar de domicilio, a estrechar los mecanismos de seguridad, a vivir en situaciones que hacen prácticamente imposible el ejercicio de la función de concejal.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego concluya, por favor. Ha consumido en exceso el tiempo. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo, señora presidenta.


Se pregunta María Zambrano en Claros del bosque: ¿Sucedió alguna vez que los seres humanos no habitaran en ciudad alguna? Me dirijo especialmente al ayuntamiento porque el ayuntamiento tiene una gloriosa tradición en España. El ayuntamiento ha representado al pueblo, el alcalde y el ayuntamiento pegados más al pueblo que otras instituciones. Pues bien, defender esto, la acción política en la ciudad, como nuevo escenario de la política, defender a los concejales en el ejercicio de su función, garantizar que nadie se quede sin voz por la acción del terror es defender en suma la raíz misma de la democracia.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Vera.


El señor VERA PRO: Con la venia, señora presidenta.


Antes de entrar en el debate y encontrándose el ministro del Interior en el hemiciclo, creo obligado transmitirle por medio de su persona la felicitación de

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mi grupo parlamentario, nuestra felicitación y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los éxitos de estos días. (Aplausos.)

Me imagino que lo primero que sorprenderá a cualquier observador ajeno de nuestra realidad política es el propio título de esta proposición de ley.
En circunstancias normales sería inimaginable que hubiera que articular un texto legal para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, sin embargo esta iniciativa es desde todo punto de vista conveniente y necesaria. El hecho de que ningún grupo parlamentario se opusiera a su toma en consideración y de que todos hayamos apoyado desde el primer momento algunas de las medidas propuestas evidencia la oportunidad de la misma. No obstante, a mi grupo parlamentario no le gusta en absoluto tener que defender una proposición como ésta en una democracia consolidada como la española, pero, por desgracia, existen lugares en nuestro país en los que hay grupos organizados, hay formaciones supuestamente políticas que utilizan la violencia como norma de comportamiento habitual, como instrumento para conseguir sus objetivos, y la violencia, señorías, no es compatible con la democracia. Con la violencia se pretende cercenar el pluralismo, impedir la libre concurrencia de ideas, la pacífica concurrencia de ideas, impedir que unos concejales que son los representantes legítimos del pueblo ejerzan sus funciones de representación con normalidad. Pues bien, proteger a los concejales en su función de representación es defender la democracia, porque una democracia fuerte es aquella que mejora y garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos.


La democracia como la libertad, como otros grandes principios que rigen la vida de las sociedades de nuestro entorno, no deberían tener adjetivos que completaran el concepto que con ellos queremos expresar, pero hoy es absolutamente necesario que afrontemos sin ningún tipo de complejos una realidad incuestionable: nuestra democracia debe quedar garantizada, porque estamos ante una situación grave que exige una respuesta urgente, firme, decidida y sustentada por el más amplio apoyo político. Estamos ante una situación en la que los demócratas no podemos manifestar la más mínima duda. Los poderes públicos no pueden permanecer impasibles y, mucho menos, enredarse en discusiones de matiz jurídico sobre si las modificaciones legislativas que hoy traemos a esta Cámara protegen suficientemente o no al entorno supuestamente político de los violentos.
A quienes debemos proteger es a los destinatarios de sus coacciones y de sus amenazas, a los demócratas. Se trata, señorías, de legislar para defender la democracia. Somos una democracia joven, pero también somos una democracia madura. Este año hemos celebrado el vigesimoquinto aniversario de las primeras elecciones democráticas. Durante estos años hemos sido capaces de construir entre todos unas reglas de juego en las que caben todos los españoles. Nadie se ha podido sentir excluido porque los derechos que nuestra Constitución consagra y garantiza son lo suficientemente amplios para albergar todas las expresiones pacíficas de la pluralidad.


Señorías, nos asiste toda la legitimidad democrática para aprobar en esta Cámara esta proposición de ley orgánica. Para nosotros, y así también lo ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, señor Cuesta, con el que hemos presentado esta iniciativa conjunta, constituye una satisfacción porque refuerza nuestra democracia que otros grupos parlamentarios se hayan sumado a la misma y aportado sugerencias para mejorar nuestras propuestas iniciales. Todos los ponentes hemos realizado un gran esfuerzo para lograr puntos de encuentro, para encontrar textos de aproximación que permitieran un importante grado de apoyo a esta proposición.


Señor Erkoreka -no está ahora en la sala-, me gustaría que ustedes se sintieran copartícipes de todas las propuestas, no sólo de algunas de ellas, porque la responsabilidad de luchar contra el terrorismo es de todos.


Por cierto, señor Rejón, siempre le he reconocido el talante abierto y dialogante, aunque no siempre desde una posición moderada. En este caso no le pido moderación a su grupo parlamentario, sino responsabilidad, precisamente porque la responsabilidad de luchar contra el terrorismo es de todos. (Aplausos.) En este sentido, usted ha hecho un esfuerzo importante para buscar puntos de encuentro que les permitieran sumarse al bloque esencial de la misma. Espero que este esfuerzo de todos quede reflejado en la votación final. Como usted ha hablado de Córdoba, yo tengo que hablarle necesariamente, aunque no quería tocar este tema, de la posición del señor Madrazo, que es a veces la que es. Qué quiere que le diga. (Rumores.-Varios señores diputados: No digas nada.)

Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos de la A a la Z el dictamen de la Comisión Constitucional, que comprende seis artículos y una disposición final que afecta a seis importantísimas leyes. Todas las enmiendas que teníamos que aprobar están aprobadas y recogidas en él, y las que se mantienen vivas -que han defendido aquí los diferentes portavoces- responden a criterios puramente jurídicos, que ya tuvimos oportunidad de discutir en los debates, en las sesiones de la ponencia y en la propia Comisión. En efecto, en los trabajos de la Comisión se pusieron de relieve tres motivos de discrepancia, aunque hoy no se ha hecho referencia a uno de ellos, que es el relativo al apartado segundo del artículo 6.º de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, donde se establece la inelegibilidad de los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo o contra las instituciones del Estado. Hay quienes sostienen que la referencia a una sentencia no firme vulnera la presunción de inocencia, algo radicalmente erróneo. Esta disposición

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es plenamente legal y constitucional, y ya figuraba así desde la entrada en vigor de la Ley electoral del año 1985. Además, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que se refiere a las garantías procesales y no a las sentencias. Recuerdo en este momento al señor López Garrido en la tribuna y lo que bien decía el otro día en los trabajos de la Comisión: Cuando una persona es condenada, aunque la sentencia no sea firme, lo que existe es una presunción de culpabilidad y no de inocencia.


El segundo motivo de discrepancia es el relativo a la pérdida de financiación pública por parte de formaciones políticas cuando incurran en determinados supuestos. Nosotros pensamos que la redacción que se recoge en el dictamen de la Comisión es suficientemente clara y garantista. Frente a quienes mantienen que vulnera el principio de igualdad, hay que recordar que ya existen partidos legales que no tienen derecho a financiación pública por no tener representantes en las instituciones, y no por ello se vulnera ningún principio. Aunque algún portavoz ha dicho que no le valía el ejemplo, a mí me parece bastante irreprochable. En este asunto, por mucho que algunos portavoces se empeñen en abrumarnos con argumentaciones jurídicas, estamos simple y llanamente ante posiciones políticas. Hay quienes, por hache o por be, o por las dos letras juntas, están en contra de la Ley de Partidos Políticos y ahora también lo están de estas medidas. Para ellos, las conductas de manifiesto y claro apoyo a una banda terrorista no tienen que suponer no ya la ilegalización, sino tan siquiera la pérdida de financiación pública, cuando es sabido que esa financiación se está utilizando, precisamente, para llevar a cabo esas conductas. Ni nos convencieron en su día sus argumentos, ni nos convencen hoy las objeciones a estas previsiones.


Por último, el tercer motivo de discrepancia se refiere al artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por un lado están quienes por razones de principio, no quieren ni que el Consejo de Ministros ni nadie pueda disolver los órganos de las corporaciones locales en supuestos de grave gestión dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, por otro, quienes plantean el debate desde un punto de vista competencial.
Sabiendo que es un tema resuelto ya por el Tribunal Constitucional sería más que suficiente, pero además ha habido informes de órganos consultivos de comunidades autónomas en los que se reconoce que corresponde al Estado velar por los intereses generales. Nosotros, también por principio, creemos que por razones de interés general se puede proceder a la disolución de los órganos de las corporaciones locales y que esta competencia le corresponde al Estado.


Señora presidenta, señorías, las modificaciones que introduce esta proposición de ley orgánica que presentamos para su aprobación se inscriben en el marco de los principios constitucionales y de las garantías ordinarias que nuestra legislación incorpora en coherencia con aquellos principios y en defensa de los mismos. No se arbitra restricción alguna de derechos, sino que se refuerza la consistencia de estos derechos frente a actos de agresión. Todas las modificaciones introducidas van dirigidas a garantizar el libre ejercicio del derecho a la participación política y a la libertad de pensamiento y expresión. Con ellas queremos restar cobertura al delito y fortalecer a quienes en algunos ayuntamientos tienen cercenada su libertad para ejercer la misión política para la que fueron elegidos. Los violentos y sus colaboradores deben tener cada vez menos margen para ampararse en la impunidad que a veces les otorga el ámbito institucional del que quieren aprovecharse. Es el momento de poner en común todas nuestras voluntades, de reforzar lo que nos une y de mostrar a la sociedad, y especialmente a quienes no creen en el Estado de derecho, que los demócratas estamos unidos y sin fisuras ante la lacra del terrorismo y sus secuelas políticas. Nuestros concejales, que desde algunos ayuntamientos realizan el servicio público más cercano al ciudadano, deben percibir la voluntad política y la garantía jurídica, pero sobre todo, el amparo que este Parlamento les otorga para el libre ejercicio de su misión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vera. Señorías, ruego ocupen sus escaños.


Iniciamos la votación del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas números 51, 52 y 57, de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 110; en contra, 173; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 24; en contra, 260; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del señor Saura Laporta.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 110; en contra, 175; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Puigcercós i Boixassa.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 112; en contra, 172; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, las números 30, 31 y 32.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 24; en contra, 176; abstenciones, 87.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 109; en contra, 175; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 42 y 45.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 112; en contra, 174.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 44.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 23; en contra, 176; abstenciones, 88.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 23; en contra, 260; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, enmienda número 24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 100; en contra, 176; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, excepto la número 27, que ha sido retirada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 112; en contra, 175.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 22; en contra, 259; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 101.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 98; en contra, 175; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 111; en contra, 175.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


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Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, artículos 2, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21 y disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 174; en contra, 111; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 176; en contra, 103; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Iniciamos la votación de las enmiendas y el texto del dictamen correspondiente a la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto. Enmiendas firmadas por la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 14; en contra, 262; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 12; en contra, 262; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, excepto la número 42, que ha sido retirada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 13; en contra, 263; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas firmadas por el señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 11; en contra, 261; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 13; en contra, 263; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 13; en contra, 263; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), excepto las números 83 a 93 y la 97, que han sido retiradas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 25; en contra, 260; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, artículo 1, artículo 505 del Código Penal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor; 283; en contra, tres; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Resto del artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 285; en contra; dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos los artículos 2 y 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 287.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el artículo 4 y el artículo 5, en lo que se refiere a los artículos 127, 127 bis, 133.4, 133.6, 134, 140, 153, 175, 193, 201 y 227 de la Ley orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 276; en contra, tres, abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el artículo 5, artículo 183 de la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 263; en contra, tres; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el artículo 5, en lo que se refiere al artículo 6.2, 39.2, 41.1, 46.3, 78.3, 79.1, 123.1 y 182 de la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 277; en contra, uno; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el artículo 6, en lo referente al artículo 61.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 272; en contra, 13; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el artículo 6, artículo 61.2 de la Ley 7/1985.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 276; en contra, ocho; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el artículo 6, artículo 75.7 de la Ley 7/1985.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 285; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el resto del texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 272; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto del texto por tener la proposición de ley el carácter de orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 278; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Señorías, puesto que hay muchas probabilidades de que ésta sea la última sesión del último Pleno del año en curso, permítanme que en nombre de los miembros de la Mesa y en el mío propio les desee muchas felicidades y lo mejor para el año 2003 al conjunto de los españoles, de los cuales somos representantes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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