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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 108, de 27/09/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 108

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 103

celebrada el jueves, 27 de septiembre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. - Proyecto de Ley de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 40-1, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 121/000040) . . . (Página 5226) - Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 41-1, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 121/000041) . . . (Página 5242)

Avocación por el Pleno. - Proyecto de Ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm.
43-1, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 121/000043) . . .
(Página 5255)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación). - Proyecto de Ley Orgánica de Universidades. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 45-1, de 31 de julio de 2001. (Número de expediente 121/000045) . . . (Página 5255)

Declaración institucional . . . (Página 5280)

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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 5226)

Proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia . . .
(Página 5226)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) presenta el proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia que tiene como finalidad adaptar a la sentencia del Tribunal Constitucional, de noviembre de 1999, el ordenamiento jurídico en materia de defensa de la competencia, que ya fue recogido en la modificación que entonces se estaba tramitando de la Ley de defensa de la competencia, al objeto de que el Gobierno remitiese lo antes posible una nueva legislación con respecto a las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Resalta la importancia, dentro del modelo de política económica del Gobierno, del impulso de aquellas actuaciones basadas en la defensa de la libre competencia como garantía del correcto funcionamiento de los mercados, en aras de un crecimiento sostenido y estable en beneficio de los ciudadanos, y confía en que el proyecto de ley contará con el consenso del conjunto de los grupos.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Aymerich Cano y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, y Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación conjunta las seis enmiendas de totalidad presentadas, que postulan la devolución del proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, se rechazan por 19 votos a favor y 291 en contra.


Proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación . . .
(Página 5242)

Presenta el proyecto de ley reguladora del derecho de asociación, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia (Lucas Giménez). Manifiesta que el derecho de asociación es un derecho fundamental regulado hasta ahora por una normativa preconstitucional, la Ley 191/1964, parcialmente vigente en tanto que su contenido sea compatible con la Constitución, tal y como ha venido señalando reiteradamente el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, añade, es clara la necesidad de una regulación íntegramente constitucional y adaptada plenamente a las circunstancias de una sociedad moderna, dinámica y cada vez más participativa, como es la sociedad española actual. El proyecto de ley orgánica, explica, recoge las cuatro libertades fundamentales en las que se plasma el derecho de asociación: libertad de creación de asociaciones y de adscribirse a las ya creadas; libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; libertad de organización y funcionamiento interno, sin injerencia de los poderes públicos, y establecimiento de garantías y facultades de los asociados individualmente considerados frente a la asociación propiamente dicha. Para el Gobierno la ley de asociaciones es mucho más que la apertura de un mero cauce jurídico, supone también la materialización de la capacidad de los ciudadanos para emprender iniciativas y para tomar decisiones. Por ello espera que este derecho fundamental que se plasma en el proyecto de ley cuente con el máximo consenso posible en esta Cámara.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Puigcercós i Boixassa y señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo interviene la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo

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Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Rejón Gieb interviene para replicar a unas inexactitudes vertidas en el discurso del señor López-Medel.


Sometidas a votación las tres enmiendas a la totalidad de devolución, formuladas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, se rechazan por 116 votos a favor, 185 en contra y siete abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 116 votos a favor, 184 en contra y seis abstenciones.


Avocación por el Pleno . . . (Página 5255)

Del proyecto de ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias . . .
(Página 5255)

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias, lo que se aprueba por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación) . . .
(Página 5255)

Proyecto de ley orgánica de Universidades . . . (Página 5255)

La señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera) presenta, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de universidades que considera muy importante para el futuro inmediato de toda la sociedad española, porque la educación, explica, es la clave de la dinámica social. Recuerda que el ministerio nació hace un siglo para favorecer el dinamismo de la sociedad a través de la educación de la población y, ahora, se está ante retos análogos, pero en un nuevo escenario nacional e internacional que añade responsabilidad a las decisiones que se tomen. Explica el contenido del proyecto de ley, que amplia las competencias en enseñanza superior de las comunidades autónomas, incrementa el grado de autonomía universitaria, permite a la Administración general del Estado asumir sus responsabilidades en la cohesión y vertebración del sistema universitario y establece los cauces apropiados para fortalecer los vínculos recíprocos entre la sociedad y la universidad. Finalmente manifiesta que el proyecto de ley de universidades sienta las bases para que la Universidad disponga de los instrumentos necesarios para progresar en la dirección correcta y, como sin duda todo es posible de mejora, confía en las críticas constructivas que los parlamentarios harán en el debate del proyecto de ley.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas, intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Saura Laporta, Rodríguez Sánchez, Núñez Castain y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo interviene la señor Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Declaración institucional . . . (Página 5280)

La señora presidenta propone al Pleno que se haga llegar al Parlamento del cantón de Zug, en Suiza, la expresión de solidaridad y de condolencia de la Cámara por el brutal asesinato de 14 personas, lo que se aprueba por asentimiento.


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Proyecto de ley orgánica de universidades (votación) . . .
(Página 5280)

Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución, son rechazadas por 114 votos a favor, 166 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, se rechaza por 113 votos a favor y 179 en contra.


Se levanta la sesión a las tres horas y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
(Número de expediente 121/000040)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, punto VI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, el proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. Para su presentación tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señor presidente, señorías, buenos días.
El proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia que tengo el honor de presentar hoy ante la Cámara tiene como finalidad adaptar a la sentencia del Tribunal Constitucional, de noviembre de 1999, el ordenamiento jurídico en materia de defensa de la competencia, que ya fue recogido en la modificación que entonces se estaba tramitando de la Ley de defensa de la competencia, al objeto de que el Gobierno remitiese lo antes posible una nueva legislación con respecto a las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Es claro el deseo de este Gobierno de avanzar en aquellas actuaciones que, como este proyecto de ley, contribuyan a desarrollar y a aplicar la legislación referente a un asunto tan importante como la política de defensa de la competencia. Este proyecto de ley se encuadra en el impulso de la política de defensa de la competencia, fruto de la cual la actividad del servicio de defensa de la competencia y del tribunal se han incrementado notablemente. Simplemente como referencia he de decir que desde el año 1998 el número de expedientes por operaciones de concentración notificadas al servicio se ha triplicado y lo mismo ha ocurrido con el número de expedientes remitidos al tribunal. Asimismo, desde el punto de vista de los recursos materiales -preocupación constante de esta Cámara-, los recursos del tribunal se han incrementado en un 20 por ciento en el año en curso respecto a su dotación presupuestaria del año 2000 y, como muchas de sus señorías ya saben, en la Ley de acompañamiento de los presupuestos generales del año 2001 se producirá una transformación de naturaleza jurídica del Tribunal de Defensa de la Competencia que, aunque no había sido planteada de manera formal por ningún grupo, entendemos que va a contar con el respaldo de la Cámara, convirtiendo al tribunal en un organismo autónomo con el objetivo de dotarle de una mayor flexibilidad y autonomía de organización y de gestión interna. Ello va a permitir que se incrementen sus recursos propios mediante la afectación a su presupuesto de la tasa por análisis y estudio de operaciones de concentración, lo que va a suponer un incremento adicional del 25 por ciento de sus recursos, después del incremento que acabo de mencionar del 20 por ciento en el año en curso.
Antes de pasar a exponer el contenido del proyecto, si sus señorías me lo permiten, haré una breve referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1999. Esta sentencia está basada en la Ley del año 1989, de 17 de julio, y responde a los recursos interpuestos por el Gobierno vasco y por el consejo ejecutivo de la Generalitat de Cataluña y anula el inciso, en todo o en parte, del mercado nacional, además de otros cinco preceptos de la Ley de 1989. El Tribunal Constitucional comienza afirmando que la defensa de la competencia constituye a la vez un presupuesto y un límite necesario de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, reconocida por el artículo 38 de nuestra Constitución, y por ello la defensa de la competencia aparece como una necesaria defensa - dice el propio tribunal- y no como una restricción de la libertad de empresa y de la economía de mercado. Indica, asimismo, el Tribunal Constitucional que esta materia como tal no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución, por lo que puede corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus propios estatutos. Sólo la legislación sobre defensa de la competencia es atribuida al Estado, lo que significa que las comunidades autónomas pueden asumir tareas de ejecución. Además, habrán de atribuirse al Estado todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración

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real del mercado único de ámbito nacional. Corresponden, por tanto, al Estado no sólo las actuaciones normativas sino las ejecutivas relacionadas con aquellas prácticas que pueden alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos se realicen en el territorio de una sola comunidad autónoma. Esto supone, de acuerdo con los fundamentos de derecho de la sentencia, que las comunidades autónomas tienen competencia para, primero, instruir y resolver expedientes sancionadores por conductas prohibidas, abuso de posición dominante o acto de competencia desleal, cuando tales conductas se realicen en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y no puedan afectar a la libre competencia en el conjunto del mercado nacional. Asimismo será competencia de las comunidades autónomas, según la sentencia del Tribunal Constitucional, conceder autorizaciones singulares para la realización de conductas previstas en el artículo 1 de la Ley, siempre que se realicen en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y no puedan afectar a la libre competencia en el conjunto del mercado nacional; también dirigir intimaciones a los autores de las conductas citadas que se realicen en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y no puedan afectar a la libre competencia en el conjunto del mercado nacional. La sentencia considera que el Estado, en virtud de sus competencias normativas, puede y debe articular los mecanismos de coordinación que garanticen la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado nacional y, en consecuencia, a su vez atribuye al Estado -en consonancia con lo que he mencionado que atribuye a las comunidades autónomas-, por un lado, la competencia para dictar las normas que establezcan los puntos de conexión que determinan una conducta restrictiva de la competencia que haya de ser sancionada por la comunidad autónoma o por el Estado. Asimismo se atribuye al Estado los mecanismos de coordinación que garanticen la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el territorio nacional y los mecanismos, que también en la misma dirección de coordinación, garanticen la colaboración y la información recíproca entre las autoridades de la competencia.El proyecto de ley que tengo el honor de presentar ante la Cámara trata de evitar así que la falta de una aplicación uniforme de la normativa sobre defensa de la competencia dé lugar a la fragmentación de mercados y, por tanto, reduzca la eficiencia económica y la competitividad de nuestras empresas. Se trata, en definitiva, de evitar la discriminación de unos ciudadanos respecto a otros en el ámbito de la aplicación de las reglas de competencia. En el marco de este objetivo, los órganos consultivos y de colaboración que se articulan en el proyecto son de carácter paritario, participando en términos de igualdad tanto el Estado como las comunidades autónomas.
Paso ahora, señor presidente, a mencionar el contenido del proyecto de ley. Puntos de conexión. De acuerdo con el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, el proyecto establece los puntos de conexión que delimitan el ejercicio de las competencias por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Estos puntos se basan en la sentencia de 11 de noviembre de 1999, según la cual la competencia objetiva que cabe atribuir a las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia se halla limitada en aquellas actuaciones ejecutivas que hayan de realizarse en el territorio de cada comunidad autónoma y que no afecten a los mercados de ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional. Dichas competencias se refieren a actuaciones asociadas con los acuerdos prohibidos, las autorizaciones singulares de acuerdos prohibidos, el abuso de posición dominante y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Asimismo, señor presidente, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos, la uniformidad en la aplicación de la normativa de defensa de la competencia y minimizar los conflictos derivados de la aplicación de estos criterios, el proyecto incluye un conjunto de supuestos objetivos en los que se considera que la conducta afecta a mercados de ámbito supraautonómico y, por tanto, es responsabilidad del Estado, como lo es también cuando afecta al conjunto del mercado nacional. El hilo conductor que fundamenta y centra estos supuestos es la necesaria garantía de mantener la unidad de la economía nacional. La aplicación de la normativa sobre competencia se basa en el análisis caso por caso, de manera que la uniformidad en la legislación no asegura necesariamente la uniformidad en la aplicación de las normas, por lo que se requieren mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos órganos ejecutivos. Así lo ha reconocido la sentencia del Tribunal Constitucional. Estas reglas atribuyen al Estado la competencia sobre conductas que puedan afectar a la unidad del mercado nacional o a principios constitucionales, como el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, la libertad de circulación y establecimiento de personas, la libertad de circulación de bienes en todo el territorio nacional o la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Resolución de conflictos de competencia. Una vez que he hecho referencia a los puntos de conexión para determinar las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas, es indudable que pueden surgir momentos en los que no exista una uniformidad de criterio entre las administraciones y, por tanto, para resolver estos conflictos de competencia el proyecto se basa en los principios de un recíproco y simétrico suministro de información acerca de las denuncias o solicitudes de autorización recibidas o de actuaciones practicadas

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de oficio entre los órganos competentes en materia de defensa de la competencia. En ese sentido va la creación de una junta consultiva en materia de conflictos que emitirá un dictamen no vinculante, en el caso de surgir diferencias, acerca de quién debe instruir y resolver un determinado procedimiento, valorando la atribución de la competencia de tramitación y resolución del procedimiento que en cada caso se trate. El procedimiento establecido en este precepto se entiende sin perjuicio de las vías jurisdiccionales pertinentes, como no podía ser de otra manera. Esta junta consultiva en materia de conflictos es paritaria y su carácter es arbitral. Dicha junta está integrada por el mismo número de representantes asignados por el Estado y por las comunidades autónomas que tengan atribuidas competencias en esta materia. Su composición es variable, en función del número de comunidades autónomas en conflicto, con el fin de mantener la paridad que debe inspirar el funcionamiento de esta junta consultiva. En referencia a los argumentos que plantea el grupo parlamentario de Izquierda Unida en su enmienda de totalidad, diré que el papel que el proyecto de ley atribuye al Estado, a los organismos de defensa de la competencia estatales, no responde a ninguna visión paternalista, tutelar o neocentralista, sino que, como he dicho, es una junta paritaria que trata de llegar a acuerdos arbitrales sobre posibles diferencias en cuanto a la aplicación de la norma.
Señor presidente, el contenido del proyecto de ley, dando cumplimiento a la sentencia a la que he hecho mención, trata de aunar dos principios que esperamos que sean respaldados por la Cámara: por un lado, garantizar las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas respecto a conductas que agoten sus efectos dentro de su propio territorio y, por otro lado, evitar que la ejecución separada por parte de cada una de las comunidades autónomas lleve a una situación de discriminación en el territorio nacional. Creemos que estos dos principios son plenamente compartidos por la Cámara y, además, perfectamente aplicables en el proyecto de ley. ¿Cuáles son, además de los puntos de conexión a los que he hecho referencia relativos al mecanismo de resolución de conflictos, los mecanismos de coordinación? El Tribunal Constitucional, como queda plasmado en su sentencia, considera que resulta imprescindible establecer los necesarios mecanismos de colaboración e información recíproca entre los distintos órganos de defensa de la competencia. El correcto ejercicio de las competencias estatales y autonómicas en esta materia exige el establecimiento de mecanismos de información recíprocos y transparentes que permitan a los distintos órganos tener la información necesaria para poder manifestarse. En este sentido, el proyecto prevé tres órdenes de mecanismos de coordinación, siguiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Primero, se crea el consejo de defensa de la competencia, órgano que reúne a los representantes de todas las administraciones territoriales con competencia en la materia. Las funciones de este consejo de defensa de la competencia -que no es el mismo órgano que la junta consultiva para resolver conflictos- son los siguientes. Primero, centralizar la información relevante sobre competencia en todos los mercados, de manera que todas las administraciones tengan la misma información y puedan fundamentar sus criterios sobre los mismos datos. Segundo, proponer criterios para una adecuada aplicación coordinada de los principios de defensa de la competencia y también informar las disposiciones que regulen cuestiones relacionadas con defensa de la competencia de cada una de las administraciones, con lo cual existan unos principios inspiradores de las distintas disposiciones que cada administración pueda establecer en función de sus competencias. El proyecto incluye un segundo mecanismo de coordinación para asegurar la completa, simétrica y recíproca información acerca de las conductas restrictivas de la libre competencia de las que tengan conocimiento los órganos competentes, a fin de posibilitar el desarrollo de sus funciones. El tercer mecanismo de coordinación es que se atribuye legitimación al servicio de defensa de la competencia para intervenir los procedimientos que tramiten los órganos autonómicos. La uniformidad en la aplicación de las normas de defensa de la competencia se erige en el elemento indispensable para garantizar la unidad del mercado nacional y la igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. Por tanto, la legitimación del servicio de defensa de la competencia debe ser entendida como un instrumento de cierre para evitar diferencias en la doctrina que se siga al aplicar la normativa de defensa de la competencia. Asimismo, señor presidente, señorías, es importante resaltar que la disposición transitoria prevé el ejercicio de las competencias y su ejecución correspondientes a las comunidades autónomas por los órganos estatales hasta el momento en que aquellas que tengan previsiones estatutarias hayan constituido sus respectivos órganos de defensa de la competencia, que, como es natural, seguirán los ritmos que plantee cada administración. De lo contrario se incurrirá en el riesgo de un vacío normativo y orgánico, y dicho vacío podría impedir la persecución de conductas que estén menoscabando la competencia en ámbitos estrictamente autonómicos. Además, la disposición final establece una vacatio legis de tres meses a fin de permitir una mejor adaptación de los órganos competentes de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas a este nuevo ámbito de reparto de competencias establecido por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1999.
En resumen, señorías, este proyecto de ley responde fielmente a los pronunciamientos de dicha sentencia de 11 de noviembre y adapta el ordenamiento en materia de defensa de la competencia al Estado autonómico,

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según interpreta el Tribunal Constitucional, y garantiza a las administraciones territoriales la posibilidad de asumir sin ningún menoscabo las competencias que les corresponden, sin que ello suponga que haya una pérdida de igualdad con respecto a los ciudadanos y del equilibrio de los mercados en el conjunto del territorio nacional.
Con este proyecto de ley también se pretende avanzar en el proceso de descentralización dando atribuciones a las administraciones territoriales, a las que faculta para llevar a cabo una parte importante de las actuaciones de defensa de la competencia previstas en la ley reguladora en la materia. Por último, quiero resaltar la importancia, dentro del modelo de política económica del Gobierno, del impulso de aquellas actuaciones basadas en la defensa de la libre competencia como garantía del correcto funcionamiento de los mercados en aras de un crecimiento sostenido y estable en beneficio de los ciudadanos.
Señor presidente, por todo ello, el Gobierno presenta un proyecto de ley que venía exigido no sólo por la sentencia del Tribunal Constitucional sino por el mandato de la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia del año 1999. Es un proyecto de ley que espero que cuente con el consenso del conjunto de los grupos y que, como es natural, seguiremos con toda atención a lo largo de su trámite parlamentario para enriquecerlo en todo lo que sea posible.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor vicepresidente.
Para la defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas, por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, en un tono cordial pediría a algunos ministros que en estos momentos de turbación procuraran volver a su práctica habitual de no llegar nunca tarde a los sitios, porque su tardanza inusual de 10 minutos en comparecer en los bancos azules puede dar pábulo o pie a múltiples interpretaciones, todas ellas alejadas del buen sentir político.
Dicho esto, señorías, cuando el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tuvo que posicionarse ante este proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia reconoció que por mor de la aplicación a nuestro entender no correcta -de ahí la enmienda a la totalidad- en parte y en filosofía a la sentencia del Tribunal Constitucional se produce un mejoramiento sobre la Ley de 1989. Eso hay que reconocerlo. No sé si al Partido Popular le hubiera gustado o no -a mi entender no le ha gustado- tener que aplicarla, pero de su aplicación nos encontramos con una ley mejor que la del año 1989. No obstante, el que entre la sentencia del Tribunal Constitucional y la presentación en tiempo y forma del proyecto de ley haya habido unas elecciones por medio que justifican un determinado parón, aunque hay continuidad del Gobierno y casi los mismos equipos en determinadas situaciones, queremos ser críticos en la tardanza en la trasposición de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la legislación (no olvidemos que estamos hablando de casi dos años; la sentencia es de primeros/mediados de noviembre de 1999 y estamos a finales de septiembre de 2001); tardanza especialmente dolorosa si tenemos en cuenta que el conflicto subyacente entre comunidades autónomas y Administración central del Estado lleva más de una década recorriendo nuestra vida política y jurídica y por eso no se presentó una enmienda a la totalidad; en todo caso podríamos haber sido críticos.
Nuestro rechazo se produce por entender que el proyecto de ley de coordinación de la competencia del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia tiene un tono, que ha llevado al contenido, claramente paternalista, neocentralista e innecesariamente tutelar.
Señorías, el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1999 no estableció que en materia de defensa de la competencia las comunidades autónomas debían ser autoridades administrativas vicarias de la Administración general del Estado. Más bien al contrario, lo que pone de relieve nuestro alto tribunal es que las comunidades autónomas, en virtud de su autonomía política, de su capacidad para cogenerar y vigilar el interés general del Estado español y de su propio acervo competencial están perfectamente capacitadas para llevar a cabo junto con la Administración general del Estado la labor de defensa de la competencia. Me van a permitir SS.SS. recordar algunos trozos de la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre todo del debatido punto 6.º, que dice: Pero estableciendo que la materia, defensa de la competencia, puede quedar al menos en parte incluida en la del comercio interior y destacado el hecho de que en tal materia los estatutos de autonomía reconocen al Estado -como no podía ser menos, según más adelante se dirá- la competencia de legislación, ha de concluirse nítidamente que con ello las comunidades autónomas recurrentes han asumido competencias ejecutivas en la materia, cuestión que a tenor de las consideraciones anteriores ha quedado zanjada desde el momento en que tales competencias han quedado al menos en parte incluidas en las de comercio interior. Y concluye el punto 6.º: Pero en esas limitaciones la competencia ejecutiva atribuida a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos no puede resultar enervada por la legislación del Estado.
Repito: Con esas limitaciones -con las limitaciones que pone el punto 6.º- la competencia ejecutiva atribuida a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos no puede resultar enervada por la legislación del Estado. A nuestro entender, señorías, no solamente no se hatrasladado al proyecto de ley la interpretación más restrictiva

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del punto 6º de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1999, sino que incluso se ha hecho una lectura todavía más restrictiva de algunos votos particulares que, aunque apoyaron la sentencia, no estaban de acuerdo en algunas de las filosofías sobre los repartos competenciales.
Pues bien, señorías, el proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia redactado por el Gobierno del PP apunta precisamente en la dirección opuesta a lo que a nuestro entender debiera de ser una lectura autonomista, no voy a hablar de federalizante, de la sentencia de 1999. ¿Y ello por qué? Porque el proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular dibuja unas administraciones públicas autonómicas menores de edad en materia de defensa de la competencia, necesitadas de la guía, del consejo, del amparo y la decisión en última instancia de la Administración general del Estado. Sólo por este motivo un grupo como el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, desde su credo federalista, debe rechazar este proyecto de ley. Pero, a nuestro juicio, este proyecto de ley no solamente es criticable, como dije antes, por haber llegado tarde, o rechazable por su tono contrario al derecho de autonomía de las comunidades autónomas, sino también porque tiene una comprensión integral o compuesta del Estado español totalmente alejada de lo que es esa lectura autonomista.
Este grupo parlamentario, señorías, está convencido de que el propio término competencia y su hermano, defensa de la competencia, están en estos momentos en plena crisis en España. En primer lugar, la libre competencia, por más que sea una necesidad, es más una entelequia que una realidad garantizada. Nunca un gran conglomerado empresarial, bancario, energético o de telecomunicaciones español, por poner tres ejemplos notorios, ha sido hasta la fecha tratado en pie de igualdad con una pequeña empresa del sector, señorías. Se nos dirá que precisamente para esto se han establecido las normas antitrust en todo Occidente y que esa es la razón de ser de una amplia panoplia, de una amplia variedad de organismos sectoriales reguladores de la competencia, como por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores -ya saben ustedes a lo que me refiero-, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Tribunal de Defensa de la Competencia, etcétera. Pero la propia ineficacia, amordazamiento político y permeabilidad a los intereses de las empresas en una posición de dominio en el mercado de dichos organismos nos hace recelar de los mismos. Hechos bien conocidos en la actualidad, por desgracia, no vienen sino a darnos la razón.
En este contexto, el proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia viene a acentuar las debilidades del modelo español de defensa de la competencia pues, en vez de propiciar la colaboración y la cooperación de las diferentes administraciones públicas competentes en la materia, se margina a las comunidades autónomas y se crean mecanismos jurídicos de cierre del sistema claramente antiparitarios y de notoria preponderancia de la Administración general del Estado.Si el autonomismo conflictivo nunca es bueno para el Estado español, en un campo de especial complicación y fragilidad muy sensible para la red pública como es el de la defensa de la libre competencia las consecuencias del enfoque propio del PP aún son más graves.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta hoy, señorías, ante este Pleno, esta enmienda a la totalidad con petición de devolución del proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia al Gobierno de la nación, a la espera de una nueva redacción más acorde no solamente con el texto y el espíritu del título VIII de nuestra Constitución, sino con la propia sentencia del año 1999.
Finalizo con un aviso que creo pertinente en el momento procedimental en el que nos encontramos. El Gobierno del PP está a tiempo de evitar que una ley como la que hoy nos ocupa y un problema como el del control público de la libre competencia acabe de nuevo en el Tribunal Constitucional. Apelo a su responsabilidad y sentido de Estado, señorías.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, lo que de entrada llama más la atención del proyecto de ley elaborado por el Gobierno del Partido Popular es el intento de aparentar que con su aplicación se conseguirá todo lo contrario de lo que en realidad se pretende, porque, por mucho que se insista en el proyecto de ley, contempla los mecanismos necesarios para garantizar el equilibrio que debería presidir las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado cuando se aborda la resolución de un conflicto de competencias. Lo cierto es que en realidad el Gobierno no pretende nada más que garantizar a toda costa la hegemonía del Estado sobre las comunidades autónomas en todo lo que se refiere a la resolución de conflictos de atribución de competencias que se susciten entre la Administración del Estado y de las comunidades autónomas o entre éstas entre sí con ocasión de la aplicación de la legislación de defensa de la competencia. Y todo ello, no nos engañemos, incumple de manera flagrante la sentencia del Tribunal

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Constitucional de 11 de noviembre de 1999, que no debemos olvidar que incide en la necesidad de establecer mediante ley estatal el marco para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y las comunidades autónomas previstas en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, y su desarrollo reglamentario. Lo que está claro es que la hegemonía del Estado contradice los fundamentos jurídicos en que se sustenta la sentencia del Tribunal Constitucional, que especifica que la materia denominada defensa de la competencia como tal no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución, de manera que, en la medida que el conjunto de competencias atribuidas al Estado por la Constitución no lo impidan, podrá corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus propios estatutos. A pesar de ello, el texto impulsado por el Gobierno contiene numerosas muestras que confirman que se mantiene la inercia de limitar la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas en ese terreno. Uno de los ejemplos más claros nos lo proporciona el artículo 3 del proyecto de ley, que establece que el presidente de la Junta consultiva en materia de conflictos, que tiene voto dirimente en caso de empate, será nombrado por el Ministerio de Economía y, en el supuesto que hubiese más de una comunidad autónoma afectada por el conflicto, se designará un solo representante para cada una de ellas y otro representante designado por el Ministerio de Economía, añadiendo que, si las comunidades autónomas fueran tres o más, se elevaría el número de representantes de la Administración general del Estado.
Insisto. Cualquier persona que se lea con detenimiento el proyecto de ley elaborado por el Gobierno llegará a la conclusión de que el presunto equilibrio entre el Estado y las comunidades autónomas al afrontar la resolución de los conflictos de atribución de competencias no es nada más que una falacia que oculta la preponderancia del Estado, además choca frontalmente con las conclusiones del Libro Blanco de la Comisión Europea de 1999 sobre esta materia. Como ustedes saben, en las citadas conclusiones se apuesta por la máxima descentralización posible de los mecanismos de resolución de conflictos en materia de defensa de la competencia, una descentralización que de ninguna manera se producirá en caso de que se apruebe este proyecto de ley que ahora estamos debatiendo.
Descentralización y competencia son dos conceptos que, aunque parezca mentira, están en retroceso en el Estado español. Los monopolios no se han destruido, se han camuflado. En ese sentido, la sensación de que la descentralización no sólo no avanza sino que retrocede es el peor impedimento, como reza el Libro Blanco de la Comisión Europea, para garantizar condiciones de libertad de mercado e igualdad de oportunidades ante el mercado. Por estas razones, el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, integrado en el Grupo Mixto, presenta una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero, antes de dar las razones, que básicamente son dos, quisiera hacer un recorrido -muy pequeño, no se preocupen- sobre lo que ha pasado en relación con esta cuestión. En el año 1989 se aprobó una ley que, como se señaló, no correspondía al ordenamiento jurídico ni a lo que era un Estado autonómico, por lo que fueron presentados dos recursos de inconstitucionalidad por el Gobierno vasco y por la Generalitat de Cataluña. Como aquí se ha señalado, y no voy a incidir en ello, en el procedimiento de tramitación de la Ley de 1999, de modificación de esa ley, hubo un fallo del Tribunal Constitucional donde se señaló esa cuestión y el Tribunal Constitucional dictó resolución. Con una disposición final se pretendía señalar que había que adecuar lo que estábamos tramitando, algo bastante curioso, y se establecía un plazo.Transcurrido dicho plazo -por cierto, mandato que no se cumplió en el tiempo establecido por la disposición final de aquella Ley de 1999- se presentó una interpelación, y consiguientemente una moción, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la que se establecía, en primer lugar, que se cumpliera ese mandato y, en segundo lugar, cómo debía ser ese proyecto de ley que tenía que cumplimentar esa resolución del Tribunal Constitucional. A lo largo de esos debates Eusko Alkartasuna planteó lo que entendíamos que debía contener ese proyecto de ley, incluso planteamos una enmienda porque entendíamos que no solamente debía figurar lo que expresamente se había recogido -lógicamente, por otra parte, porque eran los preceptos que habían sido recurridos-, sino que en ese proyecto de ley que debía traerse a esta Cámara tenían que estar recogidos otra serie de supuestos como competencias asignadas a las comunidades autónomas que no eran específicamente aquellos cuyas actuaciones se consideran prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, sino aquellas actuaciones o supuestos que deben ser sometidos a control por sus posibles repercusiones negativas sobre la competencia, llámese concentraciones o ayudas públicas.
A la vista de los distintos votos y apreciaciones de los grupos parlamentarios, ya vislumbrábamos cuál podía ser el tenor de esta ley, y nos encontramos con un proyecto de ley al que hemos tenido que presentar una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque, desde nuestro punto de vista, evidentemente no se da respuesta a lo que se estableció en la sentencia del Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque incluso la propia sentencia

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apelaba a las normas comunitarias como fuentes inspiradoras de la Ley de Defensa de la Competencia y como modelo donde se podían articular las relaciones entre normativa y actuación de órganos comunitarios y estatales. Recordarán todos ustedes que hablábamos también de posibles modelos, y en este caso pusimos como ejemplo el sistema alemán, que ciertamente no podía copiarse de manera automática, pero que podía inspirarnos respecto de determinadas consideraciones. También hablábamos del Libro Blanco en materia de defensa de la competencia y en el que, después de 35 años de aplicación de normas relativas a la defensa de la competencia, la propia Comisión había establecido que realmente era muy importante la descentralización y que se podían realizar distintas normativas en distintos niveles y distintas actuaciones ejecutivas en distintos niveles, y todo ello sin ningún detrimento a la hora de establecer un sistema que, en definitiva, pretende defender la competencia.
Para nosotros, el proyecto de ley que hoy se nos presenta no atiende al modelo comunitario ni a otros modelos que pudieran ser inspiradores de algo parecido a lo que nosotros pudiéramos recoger en virtud del ordenamiento jurídico y, desde luego, tampoco atiende la sentencia del Tribunal Constitucional. Desde nuestro punto de vista, en la medida en que hay aspectos que no se han recogido expresamente, esto no significa que no puedan ser recogidos dentro de esta ley o, mejor dicho, consideramos que debieran ser recogidos. De la propia interpretación de lo ordenado por la sentencia del Tribunal Constitucional entendemos que no solamente las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas se extienden a todos los supuestos restrictivos contemplados por la Ley de Defensa de la Competencia, sino que también tendrían que ser recogidos otra serie de supuestos, como decía antes, en principio no prohibidos sino sometidos a control por sus posibles repercusiones negativas sobre la competencia, concentraciones o ayudas públicas. Sin embargo, la ley que hoy nos propone el Gobierno contempla solamente la descentralización de las funciones ejecutivas, orillando los casos de control de las concentraciones y de las ayudas públicas. Esto es algo que a nuestro modo de ver implica un reconocimiento únicamente parcial, a todas luces restrictivo, de las competencias ejecutivas que estima el Tribunal Constitucional en su propia sentencia. Además, y este es el segundo punto al que me voy a referir...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Lasagabaster, le rogaría que fuese concluyendo.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señor Presidente.
Entendemos que este proyecto de ley establece un sistema dirigido a articular una falsa descentralización. Las propuestas de creación de nuevos órganos y los mecanismos de información recíproca que se contemplan parece que no tienen otro sentido que el de fiscalizar desde los organismos centrales la labor de las instancias autonómicas, mermando así, aún más si cabe, esta competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia que les ha sido finalmente reconocida, tras muchísimos años, por el Tribunal Constitucional. Podría centrarme en los distintos artículos que regulan los mecanismos de información recíproca, que además entendemos que son poco operativos, porque, en definitiva, creemos que van en contra incluso de lo que se pretenden, es decir, salvaguardar y fomentar la eficiencia económica y la competitividad en las empresas. Es decir, poco operativo, falsa descentralización, no acorde con las competencias de las comunidades autónomas, no cumple la sentencia del Tribunal Constitucional, no se inspira en los modelos comunitarios ni en los que son propiamente comunitarios, como el Libro Blanco de la Comisión, ni tan siquiera en los modelos de la Unión Europea, que podríamos haber recogido inspirándonos en ellos. En definitiva, una enmienda a la totalidad para subsanar algo que tenía que haberse hecho ya en 1989 y que hemos tenido que esperar 10 años. Espero que no haya que volver a presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad y que en el trámite parlamentario esto se pueda subsanar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente

Señorías, señor ministro, ya se ha dicho que la sentencia de 11 de noviembre de 1999, de la que trae causa este proyecto de ley, censura la solución centralista en su momento adoptada por la Ley de Defensa de la Competencia de 1989. Una solución centralista que ya en aquel momento, en 1989, promulgada la Constitución y después de la integración del Estado español en aquella Comunidad Europea, era inconcebible porque mantenía el mismo esquema centralista que su predecesora de 1963. Desconocía por tanto importantes competencias autonómicas, en concreto, competencias exclusivas en materia de comercio interior.
Esta sentencia también emplaza al Gobierno, en su fundamento jurídico octavo, a dirigir un nuevo modelo de defensa de la competencia respetuoso del bloque de la constitucionalidad, respetuoso de las competencias autonómicas, a partir del reconocimiento de que las comunidades autónomas pueden asumir en materia de defensa de la competencia competencias ejecutivas plenas, siempre y cuando no resulte afectada la unidad de mercado. Así pues, le cabe al Gobierno establecer criterios de conexión y de reparto entre los órganos autonómicos y los órganos estatales de defensa de la competencia,

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habida cuenta que la unidad en esta materia ya resulta asegurada por la vigencia y por la aplicación por todos estos órganos de una normativa homogénea, de una normativa única que es precisamente la aprobada por este Parlamento.
Desde nuestro punto de vista, y también del de muchos expertos, la solución más fácil, la más respetuosa y -por qué no decirlo también- la más eficaz, a la vista de ejemplos de derecho comparado, parecería la de trasponer los mecanismos de conexión establecidos ya en la Unión Europea entre los órganos comunitarios y los órganos estatales.
Interconexión que prevé -como usted sabe, igual que hace el artículo 44 de la vigente Ley de Defensa de la Competencia- incluso la conjunción de procedimientos. Pero el Gobierno del Partido Popular, su Gobierno, animado por una desconfianza enfermiza respecto de las comunidades autónomas y por el espíritu recentralizador ya manifestado en materia educativa, en materia cultural o en materia recientemente presupuestaria, ha acudido a una solución contraria, una solución que defrauda el espíritu de esa sentencia de 1999 y -como alguien ya ha apuntado- quizás obligue a quien esté legitimado a interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad. La verdad, señor ministro, esta desconfianza que ustedes tienen hacia las comunidades autónomas no está excesivamente justificada, porque, si de desconfianza se trata, hay acontecimientos recientes, a los que usted no es ajeno en absoluto, que aconsejarían más bien desconfiar de ciertos órganos estatales de control como el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o incluso de los órganos de defensa de la competencia. Desconfianza por desconfianza, quedémonos entonces con ésa.
La solución que se adopta en este proyecto de ley supone desconocer, primero, las competencias autonómicas en materia de comercio interior, segundo, las competencias autonómicas en materia de autoorganización cuando entrometen a un órgano como el Servicio de Defensa de la Competencia, un órgano jerárquicamente dependiente de la Administración del Estado, en el seno de la Administración autonómica. Intromisión, además, incomprensible porque como mecanismo de coordinación ya se prevé -y así lo manifestó usted en su intervención- el Consejo de Defensa de la Competencia. Pero resulta además que los criterios de conexión propuestos son abusivos y a buen seguro fuente de una enorme litigiosidad debido a su indefinición; indefinición que no es causal, indefinición buscada de propósito con el fin de atraer al ámbito estatal el enjuiciamiento de conductas desleales o de actividades prohibidas que en buena lógica deberían corresponder a las comunidades autónomas. Esta extensión de competencias estatales es -como ya le dije- constitucionalmente fraudulenta. Parte de considerar como título atributivo de competencias principios como la unidad de mercado que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nunca pueden ser tales sino únicamente límites, límites negativos, pero tanto para las competencias de las comunidades autónomas como para las competencias estatales. Además, acogen ustedes un concepto de unidad de mercado bien alejado del que en los últimos tiempos viene sosteniendo el Tribunal Constitucional.
Unidad no es uniformidad, por tanto, hay que recordar que la unidad de mercado queda preservada aun cuando existan diferenciaciones jurídicas, diferenciaciones ejecutivas derivadas de la existencia de intervenciones autonómicas también diferentes. Dice el Tribunal Constitucional: Sólo resultaría constitucionalmente inadmisible esta diferenciación si, aplicando el test que el alto Tribunal propone, ésta resultase irrazonable o desproporcionada respecto de los fines pretendidos. Pero este es siempre un juicio a posteriori.Además, no parece que en materia de defensa de la competencia este sea el caso pues, como ya le dije, la unidad viene ya asegurada a través de la aplicación de una normativa común. Aquí estamos hablando únicamente de la descentralización de competencias ejecutivas.
Por esta razón, señor ministro, desde el Bloque Nacionalista Galego solicitamos expresamente la devolución de este proyecto al Gobierno; un proyecto que defrauda el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, y que seguramente provocará algún otro pronunciamiento del alto Tribunal.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, señorías, señor ministro, hablar de coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, de un proyecto de ley que tiene esta finalidad, en este caso de defensa de la competencia, es hablar casi de ir cerrando poco a poco y de una vez el modelo constitucional; es hablar de creernos el modelo constitucional y de estabilizar esas relaciones de competencias concurrentes entre comunidades autónomas y Estado.
A los andalucistas nos hubiera gustado que este proyecto de ley se hubiera encuadrado en un marco más amplio, en un marco de revisión de la legislación antimonopolio existente, de la Ley de 1989; en un marco de cumplimiento del Libro Blanco de la Comisión Europea, de modificación de los artículos 85 y 86 del Tratado de la Unión, precisamente de un libro blanco que recomienda el proceso de descentralización de las competencias ejecutivas a los distintos órganos nacionales, autonómicos, etcétera. Sin embargo, nos encontramos con un proyecto de ley que, como S.S. ha dicho, no tiene la finalidad de revisar ese marco amplio y estabilizarlo,

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sino solamente la de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. A nosotros nos parece que primero habría que haber definido el escenario, el marco y las competencias concurrentes de las comunidades autónomas y del Estado, y una vez definidas, regularlas. Naturalmente no se definen, sino que sólo se contemplan aquellas que están dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional. No sé por qué hay que excluir de las competencias de defensa de la competencia las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas en concentraciones económicas o en ayudas públicas porque no estén citadas explícitamente en la sentencia, cuando las comunidades autónomas tienen competencias en comercio interior y en materias que naturalmente requieren de esta explicación.
Nos encontramos ante una ley cerrada, rígida y de corte centralista.
La ley no habla tanto de concurrencia competencial, sino casi de subordinación competencial de las comunidades autónomas respecto al Estado. Por tanto, no estamos de acuerdo con la filosofía, con la columna vertebral de la ley, y por eso pedimos su retirada. No obstante, esperamos que, si no se produce esta retirada, como parece previsible, a la hora de tratarla en Comisión sea posible introducir enmiendas en este sentido, para equilibrar y considerar competencias concurrentes de las comunidades autónomas y del Estado en la esfera en que lo sean y para romper este modelo de ley absolutamente centralista, que va en contra del propio espíritu constitucional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, las enmiendas a la totalidad, según prescribe el artículo 110 del Reglamento en su apartado 3, son las que versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley.
La enmienda a la totalidad que el Grupo Vasco ha presentado a este proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en el ámbito de la defensa de la competencia, proyecto cuyo debate reclama nuestra atención en este momento, no se apoya en razones de oportunidad. Y no lo hace porque el Grupo Vasco considera que aquí y ahora difícilmente puede ponerse en cuestión la pertinencia, la oportunidad de una norma con rango legal que fije los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las comunidades autónomas de las competencias ejecutivas previstas en el marco normativo relativo a la defensa de la competencia, procurando, de alguna manera, y ordenando su actuación coordinada.
Hace ya casi tres años que la sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999, de 11 de noviembre, requería al Estado la aprobación, en el plazo más breve posible, de una norma de estas características, y más recientemente, al rebufo de lo que establecía la sentencia del Tribunal Constitucional, la disposición final segunda de la Ley 52/ 1999, de 28 de diciembre, urgía al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados, antes del 1 de octubre del año 2000, el proyecto de ley que abordara esta regulación. Con estos antecedentes, señorías, difícilmente cabe poner objeciones a la oportunidad de una iniciativa legislativa que aborde esta cuestión.


Es cierto, supongo que hasta el Grupo Popular convendrá en esto conmigo, que el proyecto se presenta con cierto retraso, y se presenta con cierto retraso porque ni puede decirse que haya sido elaborado en el plazo más breve posible, como requería el Tribunal Constitucional, ni ha sido remitido al Gobierno antes del 1 de octubre del año 2000, como exigía la Ley de 28 de diciembre de 1999.
También es cierto que, al retrasar en casi un año la presentación ante el Congreso de este proyecto de ley, el Gobierno ha permitido, en palabras del Tribunal Constitucional, la anómala pervivencia de una situación contraria al reparto constitucional y estatutario de competencias, generando una situación contraria a las exigencias de la lealtad constitucional. Pero el hecho de que el Gobierno no haya actuado con la suficiente diligencia a la hora de dar cumplimiento a los mandatos jurisprudenciales y legales ya citados, propiciando de alguna manera la indebida prolongación en el tiempo de una situación claramente inconstitucional, no pone en cuestión la oportunidad, incluso me atrevería a decir que la necesidad, de una norma que aborde la regulación del objeto sobre el que incide el proyecto; antes al contrario, invita, en todo caso, a suspirar, recordando que ya era hora.
Sin embargo, las mismas razones que sirven para defender no ya la oportunidad sino incluso el deber jurídico de abordar una regulación legal de los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las comunidades autónomas de las competencias ejecutivas previstas en el marco normativo relativo a la defensa de la competencias, estas mismas razones exigen oponerse a los principios y al espíritu del proyecto de ley presentado por el Gobierno para regular la coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. Y exigen oponerse a sus principios y su espíritu porque este proyecto de ley ni aplica correctamente la doctrina asentada por el alto Tribunal ni da cumplimiento al mandato de la citada sentencia.
En primer lugar, no aplica la doctrina del Tribunal Constitucional porque, aunque la sentencia reseñada se limita en su fallo a declarar la inconstitucionalidad de la cláusula en todo o en parte del territorio nacional contenida expresamente o por remisión en determinados

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artículos de la Ley de Defensa de la Competencia, lo hace sobre una base argumental que no es de exclusiva aplicación a estos preceptos, sino que también es de aplicación a los supuestos de intervención pública previstos en los artículos 14 y 19 de la propia Ley de Defensa de la Competencia. El núcleo del razonamiento sobre el que se apoya el alto Tribunal en esta materia está condensado en el fundamento jurídico séptimo de la resolución, donde se afirma literalmente que la Ley de Defensa de la Competencia sólo es conforme a la Constitución en la medida -y sólo en la medida, esta última apostilla es mía- en que atribuye al Estado la ejecución respecto de prácticas restrictivas de la competencia que puedan afectar a la libre competencia en ámbitos supracomunitarios o en el conjunto del mercado nacional, siendo inconstitucional, en cambio, en la medida en que atribuye al Estado la totalidad de la competencia ejecutiva.
Lo que la sentencia considera contrario, por tanto, al orden constitucional de reparto de competencias es -y cito de nuevo textualmente- la pretensión de universalidad en la atribución al Estado de las competencias ejecutivas. Insisto, la pretensión de universalidad en la atribución al Estado de las competencias ejecutivas, pretensión de universalidad que no se da únicamente en los preceptos contenidos en el capítulo I de la ley, a los que se circunscribe este proyecto de ley que analizamos, sino también en el capítulo II, concerniente a las concentraciones económicas, y en el capítulo III, relativo a las ayudas públicas. En ambos capítulos, el relativo a las concentraciones económicas y el concerniente a las ayudas públicas, la Ley de Defensa de la Competencia prevé actuaciones ejecutivas que se reservan en exclusiva o al Tribunal de Defensa de la Competencia, o al Servicio de Defensa de la Competencia o al Consejo de Ministros, y ello además con independencia del ámbito espacial sobre el que puedan incidir las prácticas o conductas que en ella se regulan, con independencia de que el mercado afectado a través de ellas sea exclusivamente un marco intracomunitario.Es más, el artículo 14 de la ley reserva con carácter exclusivo al Servicio de Defensa de la Competencia el conocimiento, entre otros, de proyectos u operaciones de concentración de empresas que puedan producirse en un mercado geográfico definido dentro del mercado nacional de un determinado producto o servicio. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la intervención ejecutiva de las comunidades autónomas queda excluida incluso en el supuesto de que la concentración afecte a un mercado geográfico que puede coincidir con los límites de una sola comunidad autónoma o incluso revestir un nivel infracomunitario. Como puede verse en estos dos ámbitos, el de las concentraciones económicas y el de las ayudas públicas, el proyecto sigue aferrándose a la idea de considerar al Estado como el único ente competente para ejecutar sus previsiones, que es precisamente la idea que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional.
En resumen, el alto Tribunal afirma en la repetida sentencia que la competencia ejecutiva atribuida a las comunidades autónomas por sus respectivos estatutos no puede resultar enervada por la legislación del Estado, pero el proyecto que nos ocupa sigue manteniendo enervada parte de la competencia ejecutiva autonómica que enervó en su día la Ley de Defensa de la Competencia posteriormente declarada inconstitucional. Pero el proyecto que debatimos, como antes decía, tampoco da satisfacción a la tarea que le encomienda el Tribunal Constitucional en la sentencia tantas veces citada porque, tras dibujar genéricamente la línea divisoria entre la competencia estatal y la autonómica en la materia que nos ocupa, el alto Tribunal emplaza al Estado para fijar unos criterios de conexión que definan con claridad, con objetividad y con certeza cuándo nos hallamos a un lado de esta línea divisoria y cuándo nos encontramos al otro lado, cuándo las conductas contrarias a la libre competencia afectan al mercado intracomuntario y cuándo, por el contrario, afectan a un mercado supracomunitario o al conjunto del mercado nacional.
La línea divisoria ya está trazada por el Tribunal Constitucional. De lo que se trata ahora, insisto, es de fijar los puntos de conexión que nos permitan conocer cuándo nos hallamos a un lado de la misma y cuándo al otro. El proyecto, sin embargo, se limita a reproducir una y otra vez las afirmaciones del alto Tribunal, sin dar el paso ulterior que el Tribunal Constitucional le exige, que consiste precisamente en fijar esos puntos de conexión determinantes de la competencia del Estado y de la comunidad autónoma en el ámbito de la defensa de la competencia.El criterio de conexión, señor presidente, es el componente central de lo que la teoría general del derecho conoce como una norma de conflicto, es la referencia necesariamente objetiva y clara que anuda una circunstancia fáctica o bien a un determinado ordenamiento jurídico o bien a un determinado ente público, a fin de determinar cuál de entre los ordenamientos jurídicos concurrentes o cuál de entre los entes públicos concurrentes va a ser relevante en ese caso concreto, cuál de los ordenamientos jurídicos concurrentes se aplicará o cuál de los entes públicos que aspiran a conocer del caso finalmente lo hará.
En el presente caso el objeto de los criterios de conexión no consiste en determinar el ordenamiento jurídico aplicable a cada conducta contraria a la libre competencia, porque la normativa, evidentemente, es única y uniforme en todo el Estado; así lo establece el Tribunal Constitucional y así resulta claramente del bloque de la constitucionalidad. La finalidad de los criterios de conexión en este caso ha de consistir en establecer cuándo, por afectar exclusivamente al mercado intracomunitario, una conducta ha de ser conocida por losórganos autonómicos y cuándo, por afectar a un mercado

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supracomunitario o al conjunto del mercado nacional, ha de ser conocida por los órganos estatales. Y para ello los criterios de conexión han de ser objetivos ciertos y seguros, de manera que su identificación pueda percibirse a priori con claridad en supuesto de hecho del que depende la atribución competencial en favor del Estado.
Los ejemplos de puntos de conexión que responden a estas características son numerosos en el ordenamiento jurídico español, por ejemplo, los recogidos en el concierto económico vasco o por citar un ejemplo específico en el ámbito de la defensa de competencia, los previstos en el artículo 1.º del Reglamento del Consejo 4064/1989, de 21 de diciembre, que define cuándo las operaciones de concentración de empresas se consideran de dimensión comunitaria. Esos son propiamente puntos de conexión que responden a lo que la teoría general del derecho en nuestro ámbito jurídico entiende como punto de conexión. El proyecto, sin embargo, no contiene propiamente criterio de conexión alguno, reproduce hasta la saciedad -aunque no siempre correctamente, también hay que decirlo- diferentes pasajes de la sentencia 208/1999 pero no fija criterio de conexión alguno. Al grupo vasco no se le oculta la dificultad que entraña la tarea de fijar puntos de conexión en esta materia sobre todo a la luz y dentro del marco de la línea divisoria trazada por el Tribunal Constitucional en el marco de la defensa de la competencia.
Porque es evidente que aquí hay que tomar en consideración no solamente las circunstancias subjetivas de las empresas implicadas sino además las características específicas de la actuación presuntamente contraria a la libre competencia. No se le oculta esta dificultad, pero cree que la dificultad no es razón para rehuirla y cree además que el foro en el que estas dificultades han de resolverse a través del debate del contraste de pareceres y la discusión es precisamente el foro parlamentario. Esta indefinición del proyecto en torno a los puntos de conexión, que no los fija, obliga a incorporar a su articulado un complicado y poco operativo procedimiento de resolución de conflictos que concluye con la posibilidad de plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, lo que en esencia supone reenviar de nuevo la resolución del problema al alto Tribunal, algo ciertamente poco oportuno y pertinente, cuando precisamente se están adoptando medidas legislativas para aliviar la fuerte congestión que padece este órgano jurisdiccional.
Por lo demás el proyecto presenta también un amplio elenco de deficiencias técnicas que no es cuestión de detallar en este momento, todo lo cual aconseja, en opinión del grupo al que represento, la devolución del texto al Gobierno para su reelaboración, de acuerdo con los criterios estrictamente fijados por la sentencia a la que hemos hecho numerosas referencias a lo largo de este debate.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo de Coalición Canaria con respecto al proyecto de ley de coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de competencia.


Está claro que el conjunto de litigios acumulados en el Tribunal Constitucional, y que dio como consecuencia la sentencia de noviembre de 1999, obliga a la elaboración de un proyecto de ley que está en el trámite de debate a la totalidad en el cual se mejore la coordinación de las competencias de la Administración central en materia de competencia y de las comunidades autónomas. Sin duda en un momento en el que los problemas de política económica y de integración de la Unión Europea y del mercado único obligan a una lucha por reformas estructurales, por liberalización y ésta debe ir unida a la defensa de la competencia, en principio deberíamos entender que tanto la comunidad autónoma como la Administración central deben luchar conjuntamente por evitar prácticas restrictivas de la competencia y concentración de empresas que produzcan estas prácticas restrictivas.
El problema está en que hasta ahora esa coordinación no se ha producido de manera eficaz y el proyecto de ley intenta mejorar la coordinación, los elementos de información, los elementos consultivos, etcétera. En cualquier caso, hay un debate de fondo: si estamos o no en el marco de un mercado único de verdad, aunque tenga particularidades y hechos diferenciales en determinadas zonas del país, o si de verdad estamos en un debate de lo que es un Estado autonómico, entendiendo mi grupo que la Constitución española lo define como la necesidad de una coordinación y que el Estado es el conjunto de la Administración central y de las comunidades autónomas.
Parece que tiene que haber un litigio, un conflicto, cuando en realidad de lo que se trata es de definir las competencias generales del Estado para el mercado único y las competencias peculiares de las comunidades autónomas para hechos peculiares en su comunidad, de lo que se trata, una vez definidos esos marcos competenciales, esos marcos autónomos, es de coordinarlos de cara a una eficacia en la política económica.
El proyecto de ley que debatimos creo que avanza en algunas soluciones que pueden ser interesantes en esa dirección, pero en el caso específico de Canarias quisiera señalar a SS.SS. que no es el caso preciso de un mercado único. Un mercado que está a 1.000 kilómetros de distancia del continente -y no hablo sólo del mercado peninsular, sino del mercado continental- tiene peculiaridades y hechos diferenciales muy acentuados.


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Sin duda alguna, el Tratado de Amsterdam define muy específicamente que las políticas económicas y las políticas generales de la Unión Europea deben tener un tratamiento flexible para la comunidad autónoma canaria por su carácter diferenciado, porque el mercado único es un sistema económico integrado y el mercado canario no está totalmente integrado, sino particularmente integrado en el mercado español. Este concepto no es un concepto propio de la comunidad autónoma o de los canarios y de este grupo parlamentario, sino que está recogido en muchos proyectos de ley, por ejemplo, en el del sistema eléctrico, de las telecomunicaciones, etcétera, que llevan a un tratamiento diferencial para Canarias. Este tratamiento diferenciado en realidad no funciona, porque los fines y objetos de este proyecto de ley son, repito, luchar contra las prácticas restrictivas y concentraciones monopolistas y en Canarias, que hemos tenido una larga trayectoria de concentraciones monopolistas con efectos muy negativos sobre los ciudadanos y sobre el sistema económico, seguimos teniéndolas en los sistemas de transporte, de energía, de telecomunicaciones, etcétera, y últimamente se ha producido un proceso de concentración en las grandes superficies y en las unidades alimentarias que deporta totalmente lo que un tribunal normal de defensa de la competencia pudiera considerar como práctica no restrictiva de la competencia; en este caso son concentraciones monopolistas que restringen de manera notable la competencia y producen efectos muy negativos sobre los consumidores.
Por todo ello, señor presidente, nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley, intentaremos mejorarlo en el trámite de enmiendas y sobre todo intentaremos que el Gobierno entienda, de acuerdo con el espíritu del Tratado de Amsterdam de regiones ultraperiféricas, de la Constitución española y de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Canarias, que es necesaria una disposición adicional que en el marco de la política general española entienda la peculiaridad, la particularidad de un mercado no totalmente integrado y que exige tratamiento flexible, como explica el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam sobre regiones ultraperiféricas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señoras y señores diputados, como reiteradamente han expuesto los portavoces que me han precedido y el propio vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, estamos ante un proyecto de ley que se presenta en esta Cámara en cumplimiento de un mandato contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, sentencia recaída al conocer el alto Tribunal de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno vasco y por el Gobierno catalán contra determinados preceptos de la Ley de Defensa de la Competencia, de 17 de julio del año 1989, recursos que pretendían, como así ha sido en parte, la declaración de no acomodo a la Carta Magna de determinados preceptos de esta ley, fundamentalmente en lo que hace referencia a aspectos que pueden afectar a la competencia de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de comercio interior, en virtud de sus correspondientes estatutos de autonomía. Así lo entendió el Tribunal Constitucional, considerando que hay una zona de confluencia conceptual entre lo que es la materia de defensa de la competencia y lo que son competencias en materia de comercio interior, únicamente en el ámbito ejecutivo. Estamos, por tanto, ante un texto legal de difícil configuración y cierto es que llega con retraso a esta Cámara. Recordemos que en la reforma parcial de la Ley de Defensa de la Competencia, en su disposición final segunda, se establecía una fecha de referencia -en octubre del año 2000- para que fuera remitido a esta Cámara el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo y recuerdo también que hace aproximadamente un año o menos el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó precisamente una interpelación urgente al Gobierno, que dio lugar a una moción que gozó de un consenso en esta Cámara, para precisamente instar al Gobierno a que presentase este proyecto de ley en cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional.
Ya comenté en el debate sobre la moción que hay que admitir que estamos ante un texto legal de difícil configuración y no ya por lo delicado de la materia sobre la que proyecta su contenido, eso es habitual en la mayor parte de leyes que tramitamos en esta Cámara. Es cierto que en este caso es particularmente delicado ya que estamos ante la regulación pública de un conjunto de intervenciones de los poderes públicos que tienden a evitar prácticas que puedan dañar o afectar a un elemento tan decisivo en nuestra economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, los pilares básicos de nuestro sistema económico.La dificultad no estriba esencialmente en la realidad económica y social sobre la que proyecta su contenido este proyecto de ley, se debe sobre todo a la confluencia de tres niveles administrativos en el ejercicio de competencias sobre esta materia -competencias normativas y ejecutivas en el ámbito de la Unión Europea basadas en los artículos 85 y 86 del Tratado de constitución de la Comunidad Económica Europea, competencias normativas y ejecutivas del Estado español y competencias ejecutivas de las comunidades autónomas-. Es por ello, ante esta confluencia competencial -en todos los casos en el ámbito ejecutivo y en dos de los casos en el ámbito normativo que no afectan a este debate que hoy

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estamos celebrando en esta Cámara-, que el alto Tribunal estableció que la inmovilidad de determinados preceptos, de los que declara como inconstitucionales de la ley de 1989, debía diferirse hasta que el Estado, en virtud de proyecto de ley, estableciera los puntos o criterios de conexión pertinentes porque, tal y como ha señalado el vicepresidente del Gobierno en su intervención, lo que no podría ocurrir es que quedase sin ejercicio esta competencia inmediatamente después de haberse dictado la sentencia por el Tribunal de Constitucional.


Lo cierto es que se han presentado -y es lo que estamos debatiendo en este momento- una serie de enmiendas de devolución sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. Hemos estudiado detenidamente el contenido de las enmiendas de devolución y no vamos a apoyarlas; el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a apoyar las enmiendas de devolución, va a votar en contra. Podemos compartir alguno de los contenidos que se ponen de relieve en estas enmiendas de devolución, pero entendemos sinceramente que las censuras, que podemos entender, o aquellos aspectos en que la ley puede ser mejorada, no justifican la devolución de este proyecto de ley y pueden ser tratados perfectamente en virtud de enmiendas al articulado, por tanto, en la tramitación parlamentaria que se abre a partir de la votación que hoy celebraremos. Por ello, mi grupo parlamentario va a votar en contra de las enmiendas de devolución y anuncia también la presentación de una serie de enmiendas al articulado para tratar, desde nuestro punto de vista y desde nuestra posición política, de mejorar el contenido concreto de este proyecto de ley que ha entrado en la Cámara, enmiendas que pueden afectar -y ya lo anuncio en este momento- al propio ámbito competencial de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, que si bien es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre las competencias autonómicas en materias propias de los capítulos II y III de la Ley de Defensa de la Competencia, entendemos que puede plantearse y estudiarse la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan ejercer competencias en esta materia respecto también de las operaciones de concentraciones económicas y ayudas públicas. En la actualidad el proyecto de ley, como sabemos, atribuye a las comunidades autónomas competencias ejecutivas en las materias reguladas en los artículos 1, 4, 6, y 7 de la Ley de Defensa de la Competencia: conductas prohibidas, abuso de posición dominante y falseamiento de la competencia por actos desleales-. También creemos que el actual proyecto de ley puede mejorar en la concreción de los puntos de conexión. Es cierto que jurídica y técnicamente es una articulación compleja -ya lo dije en el debate de la moción hace aproximadamente un año-, pero entendemos que puede avanzarse en la concreción y en el mejor perfil de estos puntos de conexión.
En términos generales, valoramos el entramado orgánico que se establece en el proyecto de ley de manera positiva, tanto la junta consultiva en materia de conflictos como en el consejo de defensa de la competencia y el entramado de mecanismos de coordinación y colaboración que se establecen. Particularmente nos parece acertado el contenido del apartado cuatro del artículo 5 del proyecto de ley que estamos debatiendo en este trámite, que hace referencia a que el Servicio de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que le son propias, pueda recabar de los órganos autonómicos informes o dictámenes consultivos en relación con aquellas conductas que, aun cuando afecten a un ámbito territorial suprautonómico -por tanto la competencia ejecutiva es del Estado- incidan de manera sensible en el territorio de la respectiva comunidad autónoma. Por tanto, valoramos positivamente esta presencia consultiva de las comunidades autónomas en materias que incidan fundamentalmente en su territorio aunque excedan del mismo. Pero consideramos que dejar la petición de estos dictámenes o informes consultivos al albur del servicio del Tribunal de Defensa de la Competencia no es satisfactorio y que es preferible tasar o establecer de forma más cerrada esta actuación sólo consultiva de las comunidades autónomas en materia que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que son competencia del Estado.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió, entendemos que esta ley puede evolucionar y que es políticamente deseable que así sea, pero ello no nos lleva a votar a favor las enmiendas de devolución. Esta es la posición política de mi grupo parlamentario en este debate.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señorías, después de la intervención de la señora Lasagabaster es innecesario hablar otra vez de los antecedentes del asunto, ya que ella los ha centrado muy bien y, por tanto, puedo excusarme de hacerlo.
El establecimiento de legislación en esta materia es oportuno no sólo porque haya que aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional sino porque creemos que es bueno desarrollar el papel de defensa de la competencia de las comunidades autónomas, porque en materia de instrucción la cercanía al lugar donde se producen los hechos puede ser mucho más eficaz y eficiente, con un trabajo mucho más rápido y menos costoso que el que efectúa el Servicio de Defensa de la Competencia desde Madrid o desde aquella ciudad en la que en el futuro se halle su sede. Además, creemos que existen buenas razones para apoyar la existencia de

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órganos resolutorios en el nivel autonómico, porque éstos pueden acabar siendo verdaderos defensores de la competencia en sus propios territorios. Es decir, se pueden constituir en lobbies pro competencia que pueden acabar influyendo en el cambio normativo de algunas comunidades autónomas, y buena falta que hace. Hace falta que la actuación de las administraciones autonómicas para la competencia sea más amistosa de lo que lo es actualmente. Para abordar este tipo de cuestiones el derecho comparado nos ofrece dos referencias inmediatas: por una parte el derecho comunitario y por otra el modelo alemán. Nosotros ya dijimos que el derecho comunitario no nos parece de aplicación razonable puesto que su presupuesto se encuentra en el comercio interestatal. Creemos que, en el caso que nos ocupa, el modelo de referencia adecuado es el modelo alemán que ha sido sensato y que de forma razonable ha podido dar una experiencia de participación a territorios en represión de conductas restrictivas de la competencia. Por eso, en mi intervención en nombre del Grupo Socialista -cuando discutíamos en esta Cámara el pasado otoño sobre la necesidad de avanzar definitivamente en la sentencia-, decíamos : Sabemos que el modelo alemán en defensa de la competencia no causa una gran simpatía en el Gobierno, pero creemos que esta vez valdría la pena que fuera mirado con atención porque creemos que es un modelo que ayuda muy bien a resolver los problemas que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional.
Pues bien, el proyecto de ley que hoy trae el Gobierno, y sobre el que hemos tenido la oportunidad de tener reiteradas conversaciones e intercambios de opiniones, reproduce en gran medida el modelo alemán.
En particular en lo que se refiere al artículo 1 que establece las reglas de conexión. El artículo 1 viene a decir lo mismo que el artículo equivalente de la Ley federal alemana de competencia. Es verdad que nosotros habríamos querido que lo dijera con mayor literalidad y es verdad que el artículo 1 contiene, yo creo, una serie de excesos retóricos, no sé si porque al Gobierno le ha llegado la preocupación de grandes operadores económicos que trascienden a su propia comunidad autónoma y la redacción general del artículo 1 parece la del salchichón que se mete entre dos trozos de pan, pero bueno, hay salchichón, hay reglas de conexión siguiendo el modelo alemán y esto nos satisface y, además, nos satisface -y ahí discrepamos de algunas de las enmiendas a la totalidad- que no haya una lista exhaustiva y detallada, una casuística exhaustiva y detallada. Y nos satisface por dos motivos. En primer lugar, porque la evolución en esta materia es tan dinámica que este tipo de listas casuísticas y detalladas puede quedar obsoleto antes de su entrada en vigor. Y, en segundo lugar, porque tenemos la convicción política de que cualquier lista detallada y exhaustiva constituiría un corsé para las comunidades autónomas en relación al ejercicio de sus competencias ejecutivas.
Desde esas convicciones nosotros valoramos positivamente que no haya una lista exhaustiva y detallada y nos satisface que, a grandes rasgos, el artículo 1 reproduzca, con gran prolijidad de detalles y extensión retórica, la regla de conexión propia del modelo alemán. En este sentido yo tengo que ser preciso en una cosa. Nosotros, que creemos en el modelo alemán en general para la defensa de la competencia, no somos partidarios de que en materia de concentraciones se extienda esta competencia. Creemos que alguna vez en España habrá que avanzar en que las autoridades autonómicas de competencia tengan el derecho a ser oídas, como sucede en la legislación alemana. Como saben, en la legislación alemana, en general, es el Tribunal de Defensa de la Competencia federal el que decide sobre concentraciones y el Gobierno puede poner un veto en casos tasados. Pues bien, cuando el Gobierno pone un veto, los órganos autonómicos donde tienen su sede las empresas afectadas tienen derecho a ser oídos. Esta vez no hemos hecho un esfuerzo porque la configuración institucional de los órganos de competencia en España no responde al modelo alemán. Aquí quien tiene la resolución última en materia de concentraciones es, con carácter general, el Gobierno. Esto esperamos cambiarlo en el futuro y cuando lo cambiemos creemos que será oportuno aplicar ahí el modelo alemán e introducir el derecho a ser oído en materia de concentraciones cuando haya un veto negativo por parte del Gobierno.
El desarrollo de los órganos de consulta, cooperación e información, creemos que da mucho espacio a la lealtad constitucional, a la lealtad institucional que creemos que es la pieza básica que ha de desplegarse en la aplicación de estas reglas de conexión que no pueden ser ni deben ser casuísticas y detalladas. En este sentido nos gusta que la junta consultiva sea paritaria. Nos parece que, quizás, no debería haber voto dirimente pero, en todo caso, estamos ante un dictamen no vinculante y este diputado considera que un dictamen no vinculante que acabe teniendo un resultado dos a dos y se apruebe por voto dirimente no va a limitar de ninguna manera a los órganos autonómicos y a las comunidades autónomas para defender el ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, creemos que hará falta -y eso es bueno- lealtad institucional para poner en marcha los mecanismos de este proyecto.
Donde tenemos una discrepancia fuerte con el Gobierno es en relación a la actuaciones para unificación de doctrina. El Gobierno persiste en proponer que sea el órgano instructor el que unifique la doctrina, cuando la doctrina debería ser unificada por el órgano resolutorio que, en este caso, es el Tribunal de Defensa de la Competencia. Si el órgano instructor, como sucede en Alemania, estuviera dentro del órgano resolutorio, es decir, si el Servicio de Defensa de la Competencia estuviera dentro del Tribunal de Defensa de la Competencia, no habría mayor problema, pero el Gobierno establece potestades para unificación de doctrina

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para el Servicio de Defensa de la Competencia respecto del cual tiene superioridad jerárquica. Esto no nos parece bien y por ello hemos presentado una serie de enmiendas atribuyendo mayor papel al Tribunal de Defensa de la Competencia y menor papel al Servicio de Defensa de la Competencia, en tanto en cuanto órgano interno del Gobierno, porque creemos que mejorarían el producto. Pero no nos engañemos, el problema Tribunal de Defensa de la Competencia con mayores o menores poderes no es un problema en clave Estado versus autonomía, es un problema en clave Estado interventor versus independencia de los órganos de la competencia. En la configuración de órganos se reproduce el modelo del actual Gobierno de intentar ejercer la máxima pulsión y control sobre los órganos de defensa de la competencia por parte del Ministerio de Economía y nuestras enmiendas proponen cambiar esto, como cambiaremos desde el Gobierno de España el modelo general cuando tengamos esa responsabilidad.


Esta discrepancia, que por cierto coincide con el último párrafo de la enmienda a la totalidad presentada por el Bloque Nacionalista Galego -estaríamos de acuerdo con esa enmienda a la totalidad-, no hará que votemos a favor de las enmiendas a la totalidad. Vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, porque a pesar de coincidir como decía en alguno de sus argumentos, creemos que las reglas de conexión reproducen el modelo que nos satisface, el modelo alemán, y creemos que la configuración de órganos y el entramado orgánico de la ley es muy mejorable, como es mejorable en general el panorama institucional de defensa de la competencia en España, y por eso pretendemos mejorar todavía más el proyecto en su discusión parlamentaria.


Por último, debo decir que nos alegra oír al ministro de Economía hablar hoy del aumento de dotación para el Tribunal de Defensa de la Competencia. Está bien. Entre unas cosas y otras, el Tribunal de Defensa de la Competencia va a poder disponer de unos 300 millones de pesetas. Está bien que rectifiquen; en el debate de presupuestos del año pasado nosotros lo pedimos específicamente: pero, señor ministro, acuérdese, hasta llegar al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de su Ministerio y que tiene más de 1.000 millones de pesetas, todavía falta mucho. Ahí está la pescadilla que se muerde la cola; no se puede hacer una discusión del tipo: Oiga, que lo sensato sería que fuera el Tribunal de Defensa de la Competencia quien se personara como interesado ante los procedimientos autonómicos para unificar doctrina, y que la respuesta sea: Hombre, no puede, no tiene recursos y el Servicio de Defensa de la Competencia tiene más. La conclusión está clara: den mucho más al Tribunal de Defensa de la Competencia, o integren de una vez el Servicio de Defensa de la Competencia en el Tribunal, que también serviría para mejorar esta ley. Como hemos dicho, en el trámite de enmiendas intentaremos mejorarla; creemos que es una base para discutir y por eso, repito, votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.


El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, quisiera empezar haciendo una breve introducción e incluir el marco de esta ley en un marco político mucho más amplio.
Introducción. Es para mí un honor ser el parlamentario que fija la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre esta ley, una ley que sin duda nos merece una calificación altamente positiva, cualesquiera que sean las enmiendas que puedan surgir en el trámite parlamentario, incluso alguna del Grupo Parlamentario Popular. Al mismo tiempo siento tener que oponerme a otros grupos parlamentarios y a otros parlamentarios de esta Cámara, alguno de ellos amigo mío, incluso compañero mío de escaño, pero ésta es la dialéctica parlamentaria al respecto. Y ya que he citado al Grupo Parlamentario Vasco y al PNV, deseo recordar que aunque en la última fase haya puntos de discrepancia con posturas del PNV, si me remonto un poco más en la historia, como ministro del Gobierno de España, tengo que decir que me tocó la labor realmente interesante de desbloquear una serie de competencias discutidas entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco que ayudaron a empujar el Estatuto de Gernika.
Quisiera colocar esta introducción en un marco más amplio, más genérico, estrictamente político. Provengo de la oposición al régimen político anterior, y allí, al final de la década de los setenta, nuestro lema común era: Libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
Dejo la amnistía a un lado, porque fue conseguida en la primera época de la transición respecto a los presos políticos contra el régimen anterior, y me fijo en los dos ejes básicos de esta ley: el eje de la libertad y el eje de los estatutos de autonomía. De la libertad, no solamente la libertad política que entonces se pedía, sino la libertad económica real que aparece en el artículo 38 de la Constitución, y que además es profundamente progresista porque no solamente se plantea esa libertad sino que se exige a los poderes públicos que actúen para que esa libertad económica exista, lo cual entra perfectamente en el derecho de la competencia. Pero si es entre los dos polos de la libertad real y el derecho de la competencia y los problemas de los estatutos de autonomía donde hay que colocar esta ley en un marco político general, en un marco político más concreto habría que colocarla en la ley de 22 de julio de 1989, ley aprobada en un momento de mayoría socialista y que tuvo sus puntos positivos pero que sin duda también tuvo sus

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puntos de imperfección, como que era incompleta y planteaba problemas de inconstitucionalidad con los que nos hemos encontrado.
Sobre su carácter incompleto quiero profundizar por dos razones: por un lado porque algún grupo parlamentario -el Grupo Parlamentario Popular- ha dicho que el problema de competencia no se plantea sólo respecto a las autonomías sino que reside en que no se realiza una auténtica política de defensa de la competencia; por otro lado, porque quiero enmarcar esta ley dentro de la totalidad de la política de defensa de la competencia que está realizando el Gobierno del Partido Popular. Así pues, yo creo que hay un antes y un después de 1996 en materia de política de la competencia. Antes de 1996 (y en este caso parafraseo libremente algunas ideas ya expuestas en esta Cámara por el vicepresidente segundo del Gobierno) no había competencias públicas en los temas de concentración. Recordemos lo ocurrido en las concentraciones, por ejemplo, de los bancos Bilbao y Vizcaya, de Iberdrola, que fue una concentración, de Endesa con tres empresas, del Hispano con el Central, etcétera. No había una política del Gobierno sobre concentraciones ni había informe de algún servicio de la competencia al respecto. Todo esto cambia y de manera profunda después de 1996, con una legislación amplia, parte de la cual, por cierto, tuvo ocasión de citar el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando habló desde esta tribuna en octubre del año pasado sobre estos temas, con la ley de 1999 y con el proyecto de ley que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, en el que se amplían aún más las competencias del Tribunal de Defensa de la Competencia. Podemos, pues, decir claramente que hay un después de 1996, del que fueron casos claros los nonnatos intentos de fusión de Endesa e Iberdrola o de Unión Fenosa e Hidrocantábrico, y hay una política mucho más profunda, mucho más completa de mantenimiento de la libertad real en lo relativo a la defensa de la competencia.
He aprovechado este punto para contestar a una de las críticas que se han hecho a la ley y a algunas defensas de las enmiendas a la totalidad. Paso a contestar a las críticas en las que se han basado las enmiendas a la totalidad. Respecto a la crítica relativa al retraso en la ley, pongamos las fechas en su sitio. La sentencia del Tribunal Constitucional se publica a finales de diciembre del año 1999, aparece una corrección de erratas el 14 de abril de 2000 y es el 22 de julio de 2001 cuando el Gobierno aprueba remitir a las Cortes este proyecto de ley, en menos de un año en el que entre otras cosas se han disuelto las Cámaras. Hablar de retraso en este caso es quizá una figura, pero la verdad es que se ha cumplido con bastante celeridad en lo relativo a este proyecto de ley.
Se ha hablado, por otra parte, de que no contempla las cuestiones de las concentraciones o de las ayudas públicas, pero en la exposición de motivos se dice precisamente que lo que busca esta ley es llevar a la realidad legal lo que aparece en una sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere a esos dos temas. Claramente hubiera sido ir contra la seguridad jurídica introducir esos temas en la exposición de motivos.
Se dice también que con esta regulación puede que acabe teniendo que actuar alguna vez el Tribunal Constitucional. Obviamente, es que no podemos despojar al Tribunal Constitucional de esa función. Lo que se puede hacer es establecer una serie de mecanismos para intentar que muchas veces no tenga que actuar. Eso es lo que se hace con la junta consultiva, y se hace con el consejo de defensa de la competencia entre otros, para que en muchos casos no tenga que actuar el Tribunal Constitucional, al que no podemos quitar la competencia constitucional de dirimir conflictos entre las autonomías y el Gobierno de España.
También se habla de que los criterios son un poco amplios. Ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho algún otro portavoz y es que deja muy claro que los criterios son para que aunque una conducta se produzca en una comunidad se vea si tiene o no efectos por encima de esa comunidad en concreto. Puede haber muchos, se listan bastantes, por ejemplo la cuota de mercado, pero no tendría sentido que esta ley empezara a señalar de manera reglamentista las cuotas de mercado sector a sector y producto a producto por las que puede tener efectos supra una comunidad la decisión que se tome dentro de esa comunidad.
También se ha dicho que no se es respetuoso con el derecho europeo.
Vamos a ver, en este momento hay un proyecto de reglamento del Consejo que está en un grupo de trabajo y que está siendo fuertemente discutido, por tanto no se puede hablar así en este momento, y no se puede decir que no nos adecuemos en absoluto a la normativa europea al respecto.
Por último, dentro de estas críticas se ha aludido desde algún grupo al carácter centralista o neocentralista del Gobierno del Partido Popular. Pues bien, algunas cifras ahorran cientos de palabras.
Primer presupuesto del Partido Popular en 1987. En aquel presupuesto, el 67 por ciento del gasto público iba al Gobierno central, el 27 por ciento a los gobiernos autonómicos y el 13 por ciento a los ayuntamientos. En el próximo presupuesto para el 2002 la propuesta es del 45 por ciento para el Gobierno central, 40 por ciento a los gobiernos autonómicos y 15 por ciento a los ayuntamientos. Entre gobiernos autonómicos y ayuntamientos es ahora más de lo que va al Gobierno central. Tendencia que consideran los tratadistas que tendremos dentro de pocos años con el modelo del Partido Popular: 40 por ciento al Gobierno central, 40 por ciento a los gobiernos autonómicos y 20 por ciento a los ayuntamientos. Es decir, se habrá pasado de un primer presupuesto en el que el 60 por ciento iba al Gobierno central, a una tendencia en que los presupuestos destinen sólo el 40 por ciento para el Gobierno central y los

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gobiernos autonómicos pasarán del 27 al 40 por ciento. Llamar a esto centralismo es por lo menos faltar a la verdad o no adecuarse a lo que nos dice la estricta y dura realidad de los números.
Acabaré esta intervención con una imagen. En este tema, como en otros, puede haber tres posturas. Una postura que en relación al desarrollo de los derechos de los estatutos de autonomía que podríamos llamar más conservadora, la de la ley de 1989 -y me refiero a esa ley y no a la postura del PSOE, que desde entonces ha cambiado-; esa ley podríamos considerarla más conservadora por cuanto no admitía una serie de derechos relacionados con los gobiernos autonómicos. En segundo lugar podríamos considerar una postura más radical o incluso según algunas de las enmiendas que he escuchado mucho más radical hacia el otro extremo. Pues bien, entre una postura más conservadora y una postura muy radical se encuentra una postura de centro y desde esa postura de centro se plantea precisamente este proyecto de ley sobre las competencias entre gobiernos autonómicos y el Gobierno de España. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Con toda sinceridad, valorando al máximo las aportaciones que se han hecho desde otros aspectos ideológicos y como creo que desde el centro se ha impulsado mucho la libertad real en nuestra economía y se han impulsado mucho los contenidos de los estatutos de autonomía, es por lo que pido a SS.SS. el apoyo a este proyecto de ley que presenta el Gobierno del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gámir.
Sometemos a votación conjunta las seis enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 19; en contra, 291.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN.
(Número de expediente 121/000041)

La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.
Señorías, es preciso que continuemos con el debate; ruego una vez más que abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a hacer, y que el resto ocupe sus escaños a ser posible también en silencio.
(Pausa.) Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señorías, quiero pedir disculpas por mi tono de voz.
Tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno para presentarles el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, que como SS.SS. saben es un derecho fundamental regulado hasta ahora por una normativa preconstitucional, la Ley 191/1964, parcialmente vigente en tanto que su contenido sea compatible con nuestra Constitución, tal y como ha venido señalando reiteradamente el Tribunal Constitucional en doctrinas sobre esta cuestión. Por tal motivo, este derecho fundamental e importantísimo en la vida de una sociedad democrática venía precisando desde hace más de dos décadas de un desarrollo normativo, de una regulación íntegramente constitucional y desde luego plenamente adaptado a las circunstancias de una sociedad moderna, dinámica y cada vez más participativa, como es la sociedad española actual. Efectivamente, la existencia de unas 240.000 asociaciones inscritas en la actualidad en el registro nacional del Ministerio del Interior nos puede dar una idea aproximada del dinamismo y de la participación de los ciudadanos en asociaciones de muy diversa naturaleza.
Estoy convencido de que compartirán conmigo la idea de que las asociaciones son elementos esenciales de vertebración social y democrática que permiten a los individuos ejercer plenamente como miembros de una sociedad desarrollar actividades en pro de sus ideales, sentirse útiles, poner en práctica sus convicciones y, por qué no, organizarse para hacerse escuchar, ejercer la influencia social que estimen adecuada e impulsar las mejoras que les parezcan oportunas.
Como, sin duda, SS.SS recordarán, en el curso del último debate del estado de la Nación el presidente del Gobierno se refería al hecho de que lograr la máxima eficacia y garantía de los derechos fundamentales y las libertades individuales ha de ser una aspiración permanente de nuestra democracia, y en ese contexto mencionaba expresamente el compromiso de dar el correspondiente cauce normativo a los derechos de petición y de asociación, completando así el desarrollo legislativo del Título 1 de la Constitución. El objetivo fundamental de este proyecto de ley es responder a este compromiso y a la necesidad de una regulación de tan importante

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derecho como es el de asociación, desde la coherencia constitucional. A continuación voy a exponer las principales novedades de este proyecto de ley respecto a la legislación todavía vigente.
La primera novedad es que el texto que presenta el Gobierno reconoce capacidad para constituir asociaciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dando así pleno sentido a lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, que en su número 2 dice literalmente: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.» Es decir, este artículo se refiere al deber que tienen los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos, no sólo en el político sino también en el económico, en el social y en el cultural. En este sentido, solamente es necesario el acuerdo de tres personas físicas o jurídicas para constituir asociaciones.
La segunda novedad consiste en regular la inscripción en el registro correspondiente a los solos efectos de publicidad, que es exactamente lo que determina el artículo 22.3 de la Constitución que dice: «Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.» De esta forma una asociación adquiere plena personalidad jurídica con la mera formalización del acuerdo de constitución, tanto si la misma se hace en documento público como privado. En este sentido, se trata de aplicar al texto el principio de no injerencia de los poderes públicos, frente a otra actitud de intervencionismo y desconfianza ante estas asociaciones, propia de la Ley de 1964. Este principio de no injerencia, como SS.SS tendrán ocasión de comprobar, es una constante en el proyecto de ley orgánica que presenta el Gobierno.
La tercera novedad consiste en que el texto es absolutamente respetuoso con el principio de autoorganización de las asociaciones, de forma que su régimen de funcionamiento se determinará por sus propios estatutos. Por ello se establece una regulación mínima de este aspecto, precisándose solamente la existencia de una asamblea general como órgano supremo de gobierno, y de un órgano de representación encargado de la gestión ordinaria. En todo lo demás se deja a cada uno de los estatutos de las asociaciones un amplio, un amplísimo margen -diría mejor- para configurar la estructura y el funcionamiento de cada una de ellas.
La cuarta novedad consiste en que, también en coherencia con el artículo 9 de la Constitución que les he leído, el proyecto dedica uno de sus capítulos a la promoción y el fomento de asociaciones que desarrollen actividades de interés general. Efectivamente, para que el impulso del asociacionismo sea real, se dispone que las administraciones públicas deberán fomentar el establecimiento de mecanismos de asistencia e información a las asociaciones que persigan fines de interés general, promoviendo campañas de divulgación de sus actividades. Además, estas asociaciones tendrán la posibilidad de disfrutar de ayudas y subvenciones para la puesta en marcha de sus actividades y objetivos. De hecho, el texto que sometemos hoy a la consideración de SS.SS. contempla de forma específica la declaración de utilidad pública. Declaración que, sin duda, incluye una serie de derechos como exenciones y bonificaciones fiscales, amén de otros posibles beneficios económicos como instrumento concreto de fomento de la actividad asociativa.
La quinta novedad, que es importante y destacable de este proyecto, es la inclusión de un catálogo de derechos y deberes de los asociados. En éste no sólo se materializa la vocación garantista del texto hacia los asociados, sino que se concibe a los mismos como miembros plenamente activos y participativos en el seno de la asociación. Así, por ejemplo, se regula aquí el derecho de información de los asociados o el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de posibles medidas disciplinarias. Mejor ser escuchados. Se trata, pues, de asegurar un funcionamiento democrático en el seno de todas las asociaciones.
La sexta novedad es que establece los criterios de distribución de competencias entre el registro nacional y los registros autonómicos y también de los de las ciudades de Ceuta y Melilla y prevé expresamente que estos registros habrán de coordinarse entre sí.
La séptima y última novedad es que el texto que sometemos hoy a debate prevé la posibilidad de creación de consejos sectoriales de asociaciones para cada sector concreto de actividad en los que participarían conjuntamente administraciones públicas y asociaciones, con el fin de que el acercamiento y el contacto continuo entre asociaciones que desarrollan su actividad en un determinado ámbito y las administraciones públicas que trabajan en el mismo sea no teórico, sino real.
En definitiva, señorías, este proyecto de ley orgánica recoge las cuatro libertades fundamentales en las que se plasma el derecho de asociación, en absoluta coherencia con la letra y el espíritu de nuestro primer texto: la Constitución. Estas libertades fundamentales, a las que hago referencia, son, primero, la libertad de creación de asociaciones y de adscribirse a las ya creadas; segundo, libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; tercero, libertad de organización y funcionamiento interno, sin injerencias de los poderes públicos y, cuarto, establecimiento de garantías y facultades de los asociados individualmente considerados frente a la asociación propiamente dicha. Como SS.SS. pueden comprobar, el proyecto está imbuido de la creencia de que las asociaciones son un elemento clave para garantizar la participación de los ciudadanos en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales

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de esta sociedad moderna de la que formamos parte. No cabe duda de que, promoviendo y fomentando el asociacionismo y la participación ciudadana, estamos fortaleciendo nuestra diversidad cultural, nuestras estructuras económicas, nuestra concienciación social y nuestras instituciones democráticas.
Concluyo como ya tuvo ocasión de decir el presidente del Gobierno ante esta Cámara: Para nosotros la ley de asociaciones es mucho más que la apertura de un mero cauce jurídico, supone también la materialización de la capacidad de los ciudadanos para emprender iniciativas y tomar decisiones. Por todo ello, señora presidenta, confío en que los debates y las aportaciones de SS.SS. serán del máximo interés. Espero y deseo que este derecho fundamental que se plasma en este proyecto cuente con el máximo consenso posible en esta Cámara.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señorías, señora presidenta, decía Platón, en su obra La República, que sólo hay democracia cuando los ciudadanos y las ciudadanas -esto no lo decía Platón, sino que es ahora lo políticamente correcto- son poseedores de una parte alícuota del kratos, del poder político. Muchos siglos después de que aquel ateniense muriese, la doctrina científica occidental ha mantenido, y en parte sigue manteniendo, una polémica sobre el carácter de la democracia -democracia representativa versus democracia participativa- al aire de obras, entre otros, de revolucionarios tales como Sièyes o Juan Jacobo Rousseau.
En opinión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, muchas de las debilidades actuales de la democracia europea tienen que ver con las escasas posibilidades de participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en la vida pública local, autonómica, estatal y europea. La vida pública de muchas personas de las sociedades occidentales en la actualidad se reduce casi exclusivamente a la decisión de votar o de no hacerlo, habiéndose dificultado o impedido muchas otras formas de participación política que van más allá del voto o de la afiliación a los partidos políticos o a las organizaciones sindicales; todo ello sin perjuicio del respeto y la consideración que para este grupo parlamentario, como no podía ser menos, tienen las asociaciones políticas y las sindicales. Figuras como la iniciativa legislativa popular -la ILP-, el referéndum consultivo o vinculante, la generación participativa de los presupuestos municipales al estilo de Portalegre, en Brasil; el municipalismo abierto propio de nuestros ayuntamientos y concejos o de los town meeting de Nueva Inglaterra; el acceso de las ONG a los medios públicos de información social y un largo etcétera, a pesar de estar en muchos textos legales de constituciones y de su desarrollo en el mundo occidental, son claramente infrautilizadas por la democracia europea. A este respecto, es necesario recordar que nuestra Constitución -lo hacía el ministro desde esta tribuna- establece en su preámbulo como objetivo de la Carta Magna el establecimiento de una democracia avanzada. El artículo 1.1 apunta al pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico español y, por tanto, elemento hermenéutico esencial del mismo. El artículo 9.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden que los individuos y grupos participen de forma plena en la vida social y política española. Este y no otro es el contexto intraconstitucional en el que deben interpretarse los artículos 22 y 23 de nuestra Constitución. Una democracia avanzada no puede existir sin participación efectiva y real de los ciudadanos en la cosa pública, en la res publica; tampoco puede existir sin el apoyo y el fomento decidido de los poderes públicos al fenómeno asociativo y a la participación directa de los españoles en la vida política. Sin embargo, los Estados modernos, entre ellos el nuestro, sólo lo promocionan a través de dos tipos de acciones: una, dando facilidades de tipo jurídico -lo cual, por supuesto, bienvenido sea y no es nada malo-, y otra, sobre todo, utilizando los presupuestos públicos en promoción del fin perseguido: esas subvenciones -muchas veces incontroladas-, esos regalos, esas donaciones. Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular sobre el derecho de asociación es, desde el respeto, un proyecto plano, administrativo, sin el mínimo anclaje en el espíritu de nuestra Constitución y preocupado únicamente en regular lo ya existente, sin prestar atención a la necesidad de dar oxígeno cívico a la democracia española.
La masacre del movimiento asociativo español en los años setenta, la desconexión entre el universo de las ONG actuales y el proceso democrático español, el gran déficit del asociacionismo español respecto a sus homólogos europeos, que tampoco es que estén muy allá, así como el artículo 9.2 de nuestra Constitución, demandan medidas de apoyo y fomento decidido desde los poderes públicos al asociacionismo, que brillan por su casi total ausencia en el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso y que hoy nos trae a colación. Según las últimas encuestas, los últimos estudios del CIS -por tanto nada sospechosos de ser manipulados al albur de esta iniciativa-, menos de un 5 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas españoles está asociado. Los partidos políticos estamos muy por debajo de la media europea y las centrales sindicales, más o menos, dándonos la mano con Francia, quizá nuestros datos están inflados respecto a los de los franceses. La

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ruina del movimiento asociativo ya que sólo el 5 por ciento de los ciudadanos españoles está asociado, según el CIS, así como el desamparo del mismo respecto a nuestras administraciones públicas son un escándalo democrático. No les estoy responsabilizando a ustedes.
Seguramente sea culpa de todos, en este momento no estamos para dar moralinas.
Los grupos parlamentarios de la oposición estamos haciendo nuestra parte del trabajo, acertada o equivocadamente, al presentar enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley. Esperemos que el PP reconozca no tanto el error sino que no es la ley adecuada, que se queda corta, y que entre todos los grupos parlamentarios podamos colaborar a la aprobación de una verdadera ley de fomento de la participación sociopolítica y del asociacionismo en España. Todo ello sin perjuicio del respeto, por supuesto, a las competencias que en esta materia tienen las comunidades autónomas .
Si el Grupo Parlamentario Popular entiende que es un objetivo a perseguir tendrá a esta fuerza política humildemente a su lado; si, por el contrario, sigue adelante y se empeña en aprobar una ley de mera reglamentación burocrática contará con nuestra oposición, junto con la del resto de los grupos de la oposición que también han presentado iniciativas en este sentido, y, lo que es más grave, con la del propio movimiento asociacionista español con el que nosotros -y ustedes, imagino- nos hemos estado reuniendo estos días. Por otra parte -y con esto acabo- el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que la pasividad pública, social y política de los ciudadanos españoleses una cultura promovida por los poderes establecidos y, en cierta medida, también por el Partido Popular, como lo demuestra el texto de este proyecto de ley. Durante los siglos XIX y XX, esta España -esta España puñetera nuestra- ha tenido una auténtica pasividad ante la situación pública, social y política, al margen de interpretaciones maniqueístas y publicitarias de los hechos históricos. Desde el siglo XIX hemos sufrido la debilidad de la democracia, la debilidad de la situación asociativa, los inicios de la democracia bombardeada por los restos de un carlismo irredento y por el naciente anarcosindicalismo que no veía más allá de la burla caciquil que existía en la restauración española, los desencuentros en la II República, o la cultura del franquismo sociológico, que se asienta tanto en restos del pensamiento de la derecha como de la izquierda -asuma la cuota parte quien quiera-, porque en ese desprecio por la res pública hay raíces que comen en los terrenos de la derecha y en los de la izquierda. Señorías, es propio de la derecha soñar con tener a su merced al ciudadano sumiso, y, si es posible, muy desorganizado; es propio de la derecha soñar con la democracia formal, legítima. Por el contrario, es interés de la izquierda fortalecer la salud de nuestra democracia a través de la inyección de aire fresco y oxígeno que supone la participación ciudadana y el asociacionismo; es propio de la izquierda trabajar en pos de la democracia real.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta esta enmienda a la totalidad con petición de devolución de su texto al Gobierno de la nación, solicita el apoyo a la misma de los grupos parlamentarios con una sensibilidad política similar a la nuestra en materia de calidad democrática y anuncia su voto favorable a las enmiendas presentadas desde otros ámbitos de la plural izquierda española presente en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el diputado del Grupo Mixto, señor Puigcercós, tiene la palabra.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de ley al entender que, además de ser intervencionista, limitar la libertad de asociación y frenar su promoción, invade gravemente las competencias propias del Parlamento de Cataluña. No se puede pasar por alto que el artículo 9.24 del estatuto de autonomía especifica que el Parlamento catalán tiene competencia exclusiva en la regulación y desarrollo de las fundaciones y asociaciones de carácter docente, artístico, benéfico- asistencial y similares que ejercen principalmente sus funciones en Cataluña. Desde nuestro punto de vista, el Parlamento catalán está facultado para legislar sin ninguna otra limitación que la establecida en el artículo 22 de la Constitución, es decir, el reconocimiento del derecho de libre asociación para finalidades lícitas, y por tanto no existe ningún argumento que justifique cualquier control gubernamental sobre el derecho de asociación. Sin ninguna duda, la Constitución optó por la diversidad al reconocer el derecho de autogobierno de nacionalidades y regiones, por lo que sería lógico y coherente que la ley de asociaciones representara una apuesta por la diversidad de los ciudadanos y ciudadanas que se agrupan para llevar a cabo acciones que al fin y al cabo constituyen una riqueza y el fundamento de la tan citada, pero poco creída, sociedad civil.En cambio, sin seguir ninguna lógica o coherencia, el conjunto del proyecto de ley es un texto excesivamente reglamentista, se ha dicho aquí que plano en un sentido estricto administrativo.
Es obvio que en el ámbito del asociacionismo cualquier regulación excesiva conduce inevitablemente a confundir una ley con un reglamento y provoca que la misma ley se convierta en una limitación para el libre ejercicio de un derecho que debe dejarse en manos delos ciudadanos y ciudadanas. Querer prever todo tipo

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de situaciones, que es lo que hace en este caso el Gobierno del Partido Popular, equivale a dirigirse hacia el fracaso más absoluto, ya que la vitalidad de nuestra ciudadanía es rica y cambiante y no admite ningún tipo de ataduras. Para Esquerra Republicana de Catalunya, el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación refleja con claridad meridiana que el Gobierno del Partido Popular, además de no creer demasiado en la libre asociación, la libre iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas y la no injerencia, tiene un afán absolutamente burocratizador y se decanta por una uniformidad que deja a las comunidades autónomas casi sin facultades ante una materia que en el caso de Cataluña es de competencia exclusiva. Por tanto no nos queda ninguna otra salida que reclamar que este proyecto de ley sea devuelto al Gobierno. Una ley que no promueve el asociacionismo. Se ha dicho ya en la intervención anterior: el asociacionismo es un mecanismo también de salud democrática; una democracia requiere de mecanismos de representación popular, de representación de los ciudadanos, de elección de mecanismos y separación de poderes, pero necesita también una sociedad civil fuerte, rica, capaz, y sobre todo dinámica, porque los tiempos, las necesidades, las prioridades de los ciudadanos y sus apetencias cambian. Antes en este Estado funcionaba lo que se llamó la democracia orgánica. Era un sistema corporativista que se hacía en base a la representación de diferentes organizaciones. Sería creer que sólo las asociaciones, sólo lo que ahora llamamos las ONG, tienen la representación. A veces los excesos caen en esto, pero sería también un error creer que lo que a veces se ha llamado despectivamente la democracia burguesa, o incluso la democracia formal, la que es necesaria y esencial en un Estado democrático y de libertades, este mecanismo de representación fuera el único. La sociedad civil es muchas veces un elemento de contrapoder, de dar información, de dar una salida democrática también a las necesidades de las organizaciones no gubernamentales. Esta ley ni fomenta ni da el margen de libertad suficiente a este ámbito de nuestra sociedad que necesita ser fomentado, en definitiva, una ley que regule sus aspiraciones y deje campo para crecer.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LAZAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, hemos presentado una enmienda a la totalidad. Como decía en anteriores debates un portavoz, se puede presentar una enmienda a la totalidad con petición de devolución porque se entiende que la ley no es oportuna, porque no se ajusta a los criterios que deben contemplarse en la ley o porque la contestación es total. Nuestra enmienda a la totalidad hace referencia a las dos últimas justificaciones. A nadie se le oculta que era necesario -es por tanto una valoración positiva-, que se regulara un derecho fundamental como el de la libertad pública que se encontraba sin regulación orgánica después de tantos años transcurridos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 con la consecuencia poco razonable, desde un punto de vista democrático y progresista, de que este derecho fundamental se encontraba regido por la sucinta, pero sustancial, regulación contenida en el artículo 22 de la Constitución y, en lo que no contradijera a ésta, por los preceptos de la Ley de 24 de diciembre de 1964, norma aprobada en pleno contexto político dictatorial. Ciertamente había que traer a la Cámara un proyecto de ley orgánica regulador del derecho de asociación. ¿Por qué entonces presentamos una enmienda a la totalidad? Algunos pudieran pensar si no sería mejor presentar enmiendas parciales. Podría ser una posibilidad, lo que ocurre es que cuando empezamos a mirar qué artículos no nos satisfacían en este proyecto de ley, nos encontramos con que nuestras enmiendas parciales, en dos aspectos que luego señalaré, eran constantes y múltiples. Cuando uno observa la cantidad de artículos que tiene que enmendar, llega a la conclusión de que por razón política tiene que presentar una enmienda a la totalidad explicando por qué lo que se entiende por filosofía política no se corresponde, desde la perspectiva de Eusko Alkartasuna, con el proyecto presentado.
Dos son las razones en las que hemos reflexionado sobre este proyecto de ley. La primera consideración se refiere a la vulneración de las competencias calificadas como exclusivas que en este caso ostenta la Comunidad Autónoma del País Vasco -mi anterior compañero hablaba de otra comunidad autónoma- en materia de asociaciones en virtud del artículo 10.13 del Estatuto de Gernika. La segunda consideración se refiere a si este proyecto de ley contempla un desarrollo lo más amplio posible del derecho fundamental a esta libertad pública en relación con los principios de libertad civil y autonomía de la voluntad. Respecto a estas dos cuestiones, el proyecto de ley nos parece decepcionante y emitimos un juicio desfavorable. En cuanto a la primera consideración, estimamos que vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la materia y, respecto a la segunda, entendemos que lo regula de una manera intervencionista y restrictiva de la libertad de asociación. El proyecto de ley es demasiado uniformista y excesivamente pormenorizado en su configuración jurídica.
Con relación a la primera consideración, que vulnera las competencias que tiene establecidas la Comunidad Autónoma del País Vasco en esta materia, me voy aceñir a lo que determina su carácter orgánico. La disposición

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final primera establece el rango orgánico que tienen determinados preceptos del proyecto y su amparo normativo en los artículos 149.1, 149.6, 149.1.14 de la Constitución. Es verdad que tiene que ser una ley orgánica la que desarrolle el artículo 22 del texto constitucional, pero también es verdad que su contenido debe ser el mínimo imprescindible, ya que la regulación del ejercicio de este derecho fundamental debe realizarse mediante ley ordinaria, es decir, mediante ley autonómica en aquellas comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia. No les voy a citar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en determinadas sentencias, por ejemplo en la de 1998, que se dictó en relación con la Ley 3/1998, de 12 de febrero, de asociaciones del País Vasco, en la que se entendía que la reserva de ley orgánica contenida en el artículo 81.1 de la Constitución no contenía en puridad ningún título competencial habilitante a favor del Estado.
La ley orgánica tiene que regular ese contenido importante pero básico y mínimo. En lo que se refiere a este proyecto de ley, hay una vulneración grave y directa de las competencias autonómicas en los preceptos que se dictan según lo previsto en el artículo 149.1.1 de la Constitución, es decir, al amparo de la competencia exclusiva que tiene el Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Podría extenderme en esta doctrina o interpretación jurídica, pero entendemos que la combinación de preceptos orgánicos y básicos para garantizar esta igualdad conduce al establecimiento de una regulación completa y total que prácticamente agota las posibilidades normativas de las comunidades autónomas en esta materia, a las cuales apenas les quedan facultades y espacio para establecer un régimen jurídico propio, acorde con las circunstancias de su comunidad y la orientación programática determinada por el legítimo ejercicio de la autonomía política, quedando reducido a poco más que la regulación de la declaración de utilidad pública de las asociaciones y la configuración administrativa del registro de asociaciones.
Podría explicarles cuál es nuestra tesis o cómo sería necesario interpretar ese artículo 149.1.1, mucho más ajustado al supuesto del derecho de asociación y mucho más respetuoso con el Estado de las autonomías que hasta este momento, pero lo dejaré para el debate en Comisión. Si no se aprueban las enmiendas de devolución presentaremos múltiples enmiendas porque hay artículos que deben ser modificados sobre la base de esta argumentación relativa a que no respeta las competencias de la comunidad autónoma. Nos referimos a los artículos 4, 5, 7, 11, 14, 16, 21 y así sucesivamente. Estimamos que el contenido orgánico es demasiado extenso y agota lo que les correspondería regular a las comunidades autónomas.
Señoras y señores diputados, siendo realidad la necesidad de tener que regular esta cuestión que lleva demasiado tiempo pendiente, no podemos compartir esa filosofía por las dos razones a las que aludí anteriormente. Respecto a la segunda consideración tenemos también muchas enmiendas parciales que presentaremos en el trámite de Comisión si no se aprueban las enmiendas de devolución. Habría sido mejor debatir otro proyecto de ley que incluyera la filosofía que hemos expuesto y que regulara mejor el respeto al Estado de las autonomías, a un derecho y a una libertad fundamental como es el derecho de asociación, básico y clave.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.


La señora PAJÍN IRAOLA: Señora presidenta, señorías, debo empezar mi intervención confesándoles que en este momento a mi grupo parlamentario le habría gustado estar defendiendo esta mañana un proyecto de ley de derecho de asociación fruto del diálogo y del consenso entre todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, nos vemos presentando esta mañana una enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley elaborado por el Gobierno ante la negativa del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno a elaborar con la oposición una ley que por su característica de orgánica y por el derecho que regula nos parecía fundamental consensuar. Sólo les voy a recordar algunas de las conversaciones mantenidas por esta diputada y por mi grupo parlamentario, por ejemplo con la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, señora Dancausa, la carta remitida por mí misma al señor ministro de la Presidencia, las conversaciones con el portavoz del Grupo Popular, todas ellas manifestándoles el deseo del Grupo Socialista de consensuar un proyecto de ley que regula un derecho tan significativo y de gran calado social como es el derecho de asociación, desarrollado aún por una ley preconstitucional de 1964, porque, señor ministro, el consenso no se anuncia, el consenso se practica.
El texto que presentamos hoy en esta Cámara es fruto de un trabajo intenso en colaboración del Grupo Parlamentario Socialista con cientos de organizaciones sociales de todo el país. Durante unos meses hemos estado recogiendo propuestas y sugerencias de las asociaciones porque entendemos que una ley de esta naturaleza no puede presentarse sin el apoyo y el consenso de la sociedad civil organizada. Fruto de este trabajo, el 15 de febrero del presente año el Grupo Parlamentario Socialista presentó en esta misma Cámara una proposición de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, que no fue admitida a trámite en el Pleno -por

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supuesto, con los votos en contra emitidos por el Grupo Parlamentario Popular, Coalición Canaria y Convergència i Unió- y que se debatió el 24 de abril. El 22 de junio de este año -unos meses después- el Gobierno presenta en la Cámara un proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación. Este texto, que aborda el desarrollo del artículo 22 de la Constitución española, en su conjunto es muy similar, como no podría ser de otra manera -y es aquí sólo donde les puedo agradecer el acercamiento-, al que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en febrero de este año; sin embargo consideramos que existen diferencias de fondo en la filosofía y en algunos aspectos importantes olvidados en el texto del Gobierno. Por eso hemos considerado conveniente la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo.
Señorías, el objetivo del texto alternativo que esta mañana discutimos en esta Cámara no es sólo establecer un nuevo marco legal para el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, sino al mismo tiempo dar cumplimiento al artículo 9.2 de nuestra Carta Magna, que obliga a los poderes públicos a promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, y a ello dedicamos un amplio capítulo en nuestro texto. El ministro hacía mención a este artículo, pero luego no lo hemos visto desarrollado suficientemente en el texto. Esta es la gran diferencia que separa dos modelos de participación, que separa en definitiva la propuesta del Gobierno y la que defiende esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista. Además de eso hemos querido resolver algunas lagunas que hemos observado en el proyecto de ley del Gobierno y corregimos algunos aspectos que consideramos a estas alturas algo trasnochados.
Señorías, lo que el Grupo Socialista pretende no es otra cosa que sacar adelante el mejor texto posible de una ley de gran trascendencia social, en definitiva, ofrecer el mejor instrumento para la vertebración y la participación de la sociedad civil y, al tiempo, ofrecer desde la ley mecanismos de fortalecimiento de la propia estructura y capacidad de actuación de las asociaciones.
Después de más de 20 años de régimen constitucional nuestra democracia ha dado síntomas ya de una gran madurez, que podemos medir por el alto grado de participación de los ciudadanos, aunque no suficiente, como decía el compañero de Izquierda Unida, y que están asociados a multitud de organizaciones de muy diferente índole. El simple dato del número de asociaciones en nuestro país -11.000 ONG, según la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales- nos da una idea hoy de la importancia de este sector.
Señorías, más allá de la reglamentación del derecho de asociación, no podemos obviar que el objetivo fundamental del nuevo texto legal debe ser fomentar el asociacionismo y la participación de todos los ciudadanos, protegiendo así por ley el derecho a participar en los asuntos de la vida pública, expresados, como decía, en el artículo 9.2 de la Carta Magna. Desde esta perspectiva, el texto alternativo que hoy proponemos recoge un amplio capítulo dedicado al fomento del asociacionismo, donde se establecen planes plurianuales de apoyo a las asociaciones, la creación de consejos de participación en aquellos ámbitos territoriales y sectoriales donde la intensidad del movimiento asociativo haya adquirido mayor relieve y, lo que es aún más importante y trascendental, proponemos la creación de un consejo superior de asociaciones como órgano consultivo que tendrá que ser regulado, como es obvio, posteriormente por un reglamento. No nos quedamos en la posibilidad, señor ministro; queremos dar un paso más allá y queremos comprometernos en esta mañana con ese consejo superior de asociaciones. Además de estos aspectos relacionados con el fortalecimiento del tercer sector, creemos importante devolver a los extranjeros el ejercicio del derecho de asociación que la Ley orgánica 8/2000 predica exclusivamente respecto de aquellos que tengan una autorización de estancia o de residencia en España, sobre cuya constitucionalidad deberá resolver el Tribunal Constitucional a través de los ocho recursos de inconstitucionalidad presentados a la referida ley orgánica. Señorías, los socialistas entendemos que las personas, por el hecho de serlo, tienen derecho a asociarse y no vamos a establecer una línea entre aquellos que, como vulgarmente se denomina, tienen papeles y los que no los tienen. Esta filosofía, señorías, es irrenunciable para el Grupo Parlamentario Socialista y por eso lo hemos querido reflejar en este texto.Tampoco creemos que sea objeto de esta ley restringir el derecho de asociación a las Fuerzas Armadas o institutos armados. Desde el grupo socialista no nos oponemos en ningún caso al derecho de asociación de estos colectivos. Sin embargo, creemos más conveniente que la regulación del derecho de asociación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el derecho de asociación de la Guardia Civil, se haga mediante leyes específicas.
Señorías, otro aspecto que nos parece importante destacar de nuestro texto alternativo al proyecto de ley son las garantías de funcionamiento democrático de las asociaciones en la regulación de sus estatutos reforzando al mismo tiempo principios que nos parecen básicos, como el de igualdad y el de no discriminación por ningún motivo. Hay que evitar que se beneficien de ayudas estatales organizaciones que practican discriminaciones en su funcionamiento contra las mujeres o contra las minorías étnicas, contrarias todas por tanto a los principios constitucionales. Tampoco creemos que un proyecto de ley de estas características pueda mirar hacia otro lado ante aspectos tan importantes en la vida de las asociaciones como es la posibilidad de remuneración de los cargos orgánicos directivos.
Por eso en el texto que proponemos desde el Grupo Socialista dejamos a la libre elección de las asociaciones esa posibilidad, con el único requisito de garantizar a la transparenciaante sus propios órganos de control. En la misma

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línea, queremos facilitar la independencia y la autonomía de las asociaciones. Nuestro proyecto contempla la posibilidad de que el Parlamento conozca los planes plurianuales de ayuda a las asociaciones y poder ejercer así su función de control de las políticas públicas de ayuda. Señorías, estamos convencidos de que todos los mecanismos de transparencia que establezcamos redundarán en un mejor funcionamiento de las organizaciones sociales. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Por último, me gustaría referirme al registro nacional de asociaciones, un asunto complejo con el actual marco legal. El proyecto que proponemos establece un mecanismo ágil de registro y contemplamos un procedimiento de coordinación entre un registro de carácter nacional y aquellos de las comunidades autónomas. Creemos que este registro debe estar dentro del Ministerio de Presidencia, puesto que alejándonos de una vez por todas del Ministerio del Interior, cuyas connotaciones históricas resultan hoy cuando menos ofensivas, estaremos apostando por la vertebración de la sociedad civil y por una política integral.
Señora presidenta, señorías, reitero una vez más la oferta de consenso del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite de este proyecto de ley. Hagamos un esfuerzo por sacar adelante la mejor ley posible. No sería bueno, señorías, cambiar cada cuatro años una ley de estas características. Después de veinte años de vigencia constitucional parece haber llegado el momento de abordar el desarrollo del derecho de asociación y desde el consenso hacerlo de forma que lo fomente y lo facilite. Es una obligación inexcusable teniendo en cuenta que los movimientos sociales han estado a la cabeza de la lucha por el reconocimiento de los derechos de ciudadanía, de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y que han contribuido decididamente al fomento del espíritu de la solidaridad con los más desfavorecidos, enfermos, discapacitados, pobres y excluidos.
Señorías, en mi modesta opinión, corren malos tiempos para la participación. Este año hemos visto desnaturalizar, por decirlo suavemente, el Foro de la inmigración y el Consejo de cooperación.
Por ello entendemos que hoy más que nunca es necesario establecer mecanismos que fomenten la participación, mecanismos en definitiva que sean consensuados por toda la sociedad civil.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Pajín. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo comienza por expresar su satisfacción de que por fin tengamos a esta altura de los tiempos un nuevo proyecto de ley en la Cámara que supere la vigente Ley 191 del año 1964. Casi estamos a punto de alcanzar los cuarenta años de vigencia de esta ley, que puesta sobre el calendario tiene un antes y un después de la aprobación de la Constitución española. Estamos, pues, rigiéndonos por la Ley de 1964, salvo todas aquellas correcciones que al imperativo del artículo 22 de nuestra Constitución se han tenido que introducir para hacer una adaptación al régimen democrático y parlamentario actual del Reino de España, que en cualquier caso obligan al legislador a tener una pieza fundamental del ordenamiento de la sociedad española, como es una ley de asociaciones, derecho constitucional -vuelvo a repetir- del artículo 22 de nuestra norma básica fundamental, para que tengamos adecuado a la circunstancia democrática el hecho de la voluntariedad fundamental de la ciudadanía de la sociedad civil española, que se expresa en aquellas organizaciones que van desde los partidos políticos y los sindicatos hasta las asociaciones. Estos tres pilares fundamentales de la expresión de la defensa democrática de un Estado, junto con la estructura económica y de libertades, constituyen las piedras angulares de este edificio de la democracia. Seguir rigiéndonos por la Ley 191 del año 1964 es algo más que un anacronismo; es una ofensa ética y legal a los principios a que obliga la Constitución española.
De aquí que nosotros con esta congratulación y en este primer debate consideremos una pieza de trabajo fundamental el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno a la Cámara. Nosotros hemos presentado una larga serie, más de quince enmiendas al texto articulado de la ley.
Hay perfeccionamientos que es necesario introducir; hay omisiones que es necesario llenar y hay preceptos que es necesario modificar, a nuestro juicio. Notamos sensibles ausencias en el texto del proyecto del Gobierno -y ahí se dirige alguna de nuestras enmiendas-, como es el derecho del asociacionismo militar. Nosotros entendemos la contradicción entre los derechos que señala nuestra Constitución española y el artículo correspondiente de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que también necesitan una adecuación tranquila, natural y normativa al pensamiento y a la letra de la Constitución española de los ciudadanos de uniforme que constituyen los militares al servicio de España. Por tanto nosotros tenemos que hacer una aportación positiva mediante nuestras enmiendas.
Entendemos que el texto que llega del Gobierno significa un avance enorme en forma, contenido y conceptos jurídicos y políticos sobre la vigente Ley del año 1964. Basta leer determinados principios que se enumeran en la exposición de motivos, como son los dos principios fundamentales que mi grupo quiere recoger

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y defender aquí, que son la libertad y voluntariedad en cuanto a la constitución de las asociaciones. El pueblo español tiene una baja cultura de asociacionismo. Hay muchas asociaciones y es curioso comprobar en los registros la gran cantidad de temas que motivan la agrupación de los ciudadanos por causas que entienden deben ser defendidas, por declaración de principios y fidelidades a determinadas actuaciones y conductas, junto al bajo número de asociados que se registran, pero este fenómeno debemos considerarlo natural; es como si tuviéramos que poner en cuestión a los partidos políticos por el número de afiliados que pudieran tener o tuviéramos que poner en cuestión a los sindicatos por el número de asociados que pudieran tener. Esto iría en contra de un principio. No podemos valorar lo cualitativo que predomina sobre lo cuantitativo a lo que se adscribe, pero todos los ciudadanos españoles tienen que tener reconocido por ley el derecho a estar en un partido político, en un sindicato, en una federación empresarial o en una asociación determinada, desde la más sencilla de las asociaciones, lo que fue en nuestro inicio democrático el asociacionismo vecinal, las asociaciones de vecinos, que jugaron un papel fundamental en dar un ambiente al escenario en que se iba a cuajar la democracia parlamentaria española, hasta las más sofisticadas, con todas los planteamientos que quieran hacer sus socios, en ámbitos culturales, en ámbitos deportivos, etcétera, todas tienen que estar permitidas por una ley democrática aprobada por este Parlamento. Si a estos principios que acabo de citar añadimos que se hace el reconocimiento jurídico, como personalidad jurídica propia de las asociaciones para inscribirse en el registro correspondiente, tenemos los principios fundamentales: el reconocimiento político sobre la base constitucional de la libertad y la voluntariedad para la constitución de asociaciones, con una reglamentación que debe ser lo menos reglamentista posible y lo más amplia en el reconocimiento de las libertades y el condicionamiento de las conductas.
Qué duda cabe que mi grupo, coincidiendo con otras expresiones que ya hemos oído en la mañana de hoy en esta Cámara, va a tratar de buscar una concordancia, un paralelismo con las competencias de las comunidades autónomas en esta cuestión. En este momento en el Parlamento de Canarias hay un proyecto de ley que ha entrado el pasado mes de junio sobre la regulación de las asociaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, como ya lo tiene -se ha citado aquí- la Comunidad Autónoma de Cataluña y la administración que de ella hace su Parlamento y el Gobierno de la Generalitat, como para que tengamos que tener en cuenta esta armonización y esta coparticipación de derechos. No debe haber ninguna contradicción entre unos registros centrales de asociaciones de todo el Estado y asociaciones que pueden operar en el campo puramente autonómico, incluso local, como una asociación de vecinos, o asociaciones de ámbito inter o extracomunitario; de aquí que tratemos de armonizar este tema con nuestras enmiendas.
Mi grupo va a votar en contra de las enmiendas que han presentado los otros grupos, pero solamente para facilitar que se trabaje sobre este documento que tenemos, que tiene muchas similitudes con el presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y coincide también con lo que han dicho portavoces del Grupo Parlamentario Mixto y de Izquierda Unida. Vamos a apoyar y defender esas enmiendas, si las presentan estos grupos, en los trabajos de ponencia y de Comisión porque creo que pueden enriquecer el proyecto definitivo. En muchos capítulos el texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Socialista apenas se diferencia del proyecto del Gobierno. Nosotros queremos trabajar sobre esta pieza, dado que se nos podía plantear un problema de aceptar el texto alternativo cuando entendemos las virtudes y perfeccionamientos que trae el texto del Gobierno sobre la actual situación legal, la Ley de 1964. Vamos a dirigir enmiendas a ese proyecto que van a tratar de perfeccionarlo y apoyaremos aquellas otras de los otros grupos que han venido con texto alternativo o con un carácter muy particular de ámbito autonómico para que al final salga con el consenso de esta Cámara. Si el consenso no fue antes, sea bienvenido el consenso que tiene lugar después. Para encontrar esos escenarios de consenso van a trabajar la ponencia y la Comisión.
Mi grupo va a hacer la aportación positiva de apoyar en este momento el texto de trabajo que trae el proyecto del Gobierno por todas las razones que he expuesto.
Nada mas. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
En la sesión plenaria del pasado 24 de abril, a la que ha hecho referencia la portavoz del Grupo Socialista y en la que, entre otros temas, se debatía una proposición de ley de dicho grupo que proponía una regulación del derecho de asociación, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al que represento, sostuvo que, aun cuando la proposición de ley orgánica que entonces analizábamos presentaba deficiencias técnicas, incorrecciones terminológicas y regulaciones materiales muy discutibles tanto desde el punto de vista de lo que constituye propiamente el marco de libertad del derecho de asociación como desde la perspectiva de la distribución territorial del poder, iba sin embargo a apoyar su toma en consideración porque entendía que la urgencia de una ley que desarrollase el artículo 22 de la Constitución, después de 20 años de inactividad del legislador estatal en esta materia, se imponía sobre las deficiencias

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que ofrecía la proposición, que en todo caso esperábamos que el debate parlamentario contribuiría a depurar. Nuestra posición en el debate de hoy es esencialmente la misma que en aquella ocasión. El proyecto de ley del Gobierno acusa a nuestro juicio deficiencias técnicas e incluye contenidos normativos de los que discrepamos abiertamente. Muy resumidamente, voy a destacar cinco, que no pretenden agotar la lista completa de aspectos en los que discrepamos en relación con este proyecto.
En primer lugar, el proyecto, a nuestro juicio, no caracteriza correctamente los contenidos propios de la ley orgánica, que se extienden al desarrollo de los elementos esenciales del derecho fundamental y los que deben corresponder a la ley orgánica, algo que ya pone de manifiesto, por cierto, el informe del Consejo de Estado, al que no se ha hecho excesivo caso, según nuestra percepción. En segundo lugar, el proyecto de ley no desarrolla el artículo 22 de la Constitución en lo que resulta imprescindible para que el derecho en él proclamado sea recognoscible y funcional, con lo que viene a ignorar el cometido propio de una ley orgánica, que está precisamente para eso, para desarrollar los aspectos regulados previstos en el texto constitucional. No precisa, por ejemplo, lo que debe entenderse por asociaciones secretas o paramilitares; no avanza ni un solo paso en relación con lo que ya dispone el texto constitucional, y ese es, entre otras cosas, el cometido de la ley orgánica. En tercer lugar, el proyecto no respeta el contenido esencial del derecho fundamental de asociación porque atribuye por ejemplo a la inscripción unos efectos que exceden a los de la mera publicidad y porque, por poner otro ejemplo, establece regulaciones que vulneran la libertad de autoorganización. En cuarto lugar, hace a nuestro juicio un uso excesivo de la competencia reconocida al Estado por el artículo 149.1.1. de la Constitución, que, según la sentencia del Tribunal Constitucional 173/1998, de 23 de julio, que es la sentencia de cabecera en esta materia, debe limitarse -y cito textualmente- a fijar el contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales en aquello que sea necesario para asegurar una igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de asociación. Pues bien, creemos que el proyecto hace un uso excesivo de este título competencial. En quinto lugar, establece un modelo de articulación territorial de los registros que no respeta la jurisprudencia constitucional, atribuyendo al registro central competencias que a nuestro juicio no le corresponden o no le deberían corresponder.


Como puede verse, las tachas que pueden hacérsele al proyecto son numerosas e importantes, tantas que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha considerado muy seriamente la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, pero la misma consideración que en su día nos llevó a pronunciarnos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista nos lleva en este caso a no aceptar las enmiendas a la totalidad planteadas contra este proyecto de ley, porque efectivamente consideramos que la necesidad de dotar de un desarrollo armónico y coherente al artículo 22 de la Constitución, después, insisto -ya lo he dicho anteriormente-, de más de 20 años de inactividad del legislador estatal, que no del autonómico, debe imponerse ante unas deficiencias que, pese a ser graves y numerosas, esperamos -y confío en que no sea una esperanza ingenua- que podrán ir enderezándose durante la tramitación del proyecto. Anuncio por tanto nuestra abstención a las enmiendas a la totalidad que se han presentado contra el proyecto de ley, anunciando al mismo tiempo la presentación de una amplia batería de enmiendas parciales al proyecto de ley que suponemos que podrán contribuir a mejorar el texto y hacerlo más acorde tanto con los principios constitucionales que inspiran el marco de libertad propio del derecho de asociación como adecuándolo mejor a la distribución competencial que resulta del bloque de la constitucionalidad.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario hace suyas, como es natural, todas las manifestaciones que aquí se han producido a lo largo de este debate a favor del fortalecimiento, sobre la base de un texto legislativo, del tejido asociativo de nuestro país, por las razones que ya se han expuesto; en primer lugar, porque afortunadamente ya existe en no pocas zonas o territorios -concretamente en Cataluña tiene un peso específico alto, notable-; en segundo lugar, porque también es una manera absolutamente democrática de concienciar a los ciudadanos sobre la solución a las necesidades y problemas de la sociedad y también lógicamente como vehículo no sólo de expresión sino de instrumentalización de un diálogo constructivo con las respectivas administraciones. Por ello nuestro grupo parlamentario viene solicitando desde hace algunas legislaturas que por ley orgánica -porque así lo precisa nuestra Constitución en su artículo 22, el que regula el derecho de asociación- se replantee la actual normativa que, como ha dicho el señor Mardones, lleva ya cuarenta años de vigencia y lógicamente ha sido acribillada -permítanme la expresión-, es decir, vaciada, en aquello que atentaba contra la Constitución vigente. Como les decía, señoras y señores diputados, venimos solicitándolo legislatura tras legislatura sabiendo que esa norma preconstitucional, la Ley de 1964, se ocupa de regular tan importante

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materia; que su regulación hoy es insuficiente en base a lo que queda en el Boletín Oficial del Estado; que el artículo 149.1.1 de nuestra Constitución determina la regulación de las condiciones básicas que deben garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos fundamentales y sabiendo además que prácticamente todos los estatutos de autonomía, entre ellos lógicamente el vasco y el catalán, atribuyen competencias exclusivas a sus instituciones de autogobierno en materia de fundaciones, asociaciones de carácter docente, cultural, artístico y benéfico- asistencial, además de otros tipos de asociaciones asimiladas que ejercen sus funciones en el ámbito autonómico correspondiente.


Tenemos, pues, señora presidenta, señorías, el mandato constitucional de establecer las condiciones básicas de regulación de tan fundamental derecho y hacerlo además acorde, es decir respetuosamente, con las competencias que con carácter exclusivo se ha otorgado a las comunidades autónomas a través de su norma fundamental, su norma primera, que es el estatuto de autonomía. Desde esta perspectiva de posibilidad por un lado y de necesidad por el otro, administradas bajo el prisma del ámbito competencial, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la tramitación de este proyecto legislativo como en coherencia nos corresponde, porque si nosotros mismos impulsamos varias resoluciones o coparticipamos en algunas ocasiones en varias resoluciones solicitando del Gobierno que cubriese ese vacío legislativo, hoy no podemos oponernos en conciencia a que el texto aprobado en Consejo de Ministros y presentado esta mañana por el señor ministro de la Presidencia se quede aquí y por lo tanto no avance. No obstante, se debe acotar esa regulación que es necesaria y además conveniente, y debe hacerse mediante la reserva a ley orgánica de los elementos esenciales de la definición del derecho de asociación y de los aspectos esenciales del contenido del derecho; reserva a ley orgánica para regular también el contenido primario, las facultades elementales y los límites esenciales que sean necesarios para asegurar una igualdad de los españoles en el ejercicio de asociación: la garantía del ejercicio competencial autonómico que la sentencia 173 del Tribunal Constitucional de 1988, de 23 de julio, fija en la regulación del régimen jurídico de las asociaciones constituidas al amparo de dicha competencia y bajo la jurisdicción territorial autonómica por razón de su naturaleza o finalidad. En ese marco es donde debemos operar y donde con mayor o menor fortuna -en algunos aspectos menor fortuna que mayor- han trabajado el Consejo de Ministros y, por lo que uno observa, varios ministerios en la confección de este proyecto legislativo.
La cuestión ahora reside en plantearse si el proyecto enviado por el Gobierno se articula bajo esa triple perspectiva surgida de la combinación de derechos fundamentales, cuya regulación corresponde, es obvio, a las Cortes Generales; a los aspectos básicos de dicha regulación que van a afectar por igual al conjunto de la ciudadanía del Estado, cuya regulación también corresponde a las Cortes Generales, y al ámbito competencial autonómico, que debe ser respetado por estas Cortes Generales y desarrollado por las respectivas asambleas legislativas o parlamentos y, en aquello que convenga, que se posibilite mediante reglamento de sus propios órganos de gobierno. Nuestro parecer es que el proyecto legislativo que esta mañana debatimos, que ha sido presentado -repito- por el ministro de la Presidencia, no constituye una regulación exhaustiva ni excesivamente detallada. Se observa, sí, una estimable autorrestricción por parte del Gobierno que no es obstáculo para decir que, como es obvio, porque es una ley orgánica y además una ley de bases en alguno de sus aspectos, va a desplazar posiciones contenidas en las normas, por ejemplo, del Parlamento de Cataluña o del Parlamento vasco, que avanzaron para cubrir ese vacío legal que tenemos desde la vigencia de la Constitución en aquello que es lógicamente de su competencia y que, además, por sentencia que ya he citado del Tribunal Constitucional, fue ajustado, entre comillas, en sus propios términos, es decir, los términos competenciales. Con todo, es igualmente cierto que el proyecto legislativo enviado por el Consejo de Ministros presenta insuficiencias en la regulación del régimen jurídico de las asociaciones constituidas al amparo de la reserva competencial atribuida en los respectivos estatutos a las comunidades autónomas, lo cual evidentemente debe ser objeto -deseo y espero que lo sea- de ajuste en trámites posteriores al presente, así como la reiteración como competencia estatal de la declaración de utilidad pública referida a las asociaciones que nuestro grupo parlamentario viene discutiendo desde una concepción algo distinta de la que las Cortes Generales reiteradamente, a través de gobiernos de distinto color, ha venido manteniendo y que por lo que hace referencia a nuestro grupo parlamentario y al ámbito competencial catalán difiere de la nuestra o la nuestra difiere de la mantenida.
En definitiva, señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario se dispone a votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas. Lo hacemos no sin aceptar algunos de los importantes argumentos que aquí se han expuesto -los compartimos-, pero lo hacemos, reitero, por coherencia con nuestra posición de siempre: si hemos pedido reiteradamente cubrir ese vacío legal, cuando llega la ocasión, aunque sea sólo de la mano del Gobierno -y tiene razón la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, creo que es bueno, es prudente y es positivo echar a andar e intentar modificar alguna parte de este proyecto legislativo para mejorarlo, y en eso estaremos, sobre todo en el ámbito de mejora técnica del proyecto, que es posible y deseable, y en el ámbito de

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respeto a las competencias atribuidas, que no sólo es posible sino de estricto cumplimiento constitucional.
Nada más, señora presidenta, señorías. Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, señorías, permítanme comenzar por algo que aun cuando ya ha sido expresado por otros intervinientes resulta absolutamente fundamental en este debate: el vacío normativo que hoy, 23 años después de la Constitución, existe en nuestro ordenamiento jurídico democrático sobre la regulación del derecho de asociación. El hecho de que todavía hoy mantenga su vigencia una ley de 1964 tendría que provocar, como ha dicho el señor López de Lerma, un sonrojo en esta Cámara, máxime cuando, como ya se ha apuntado y yo quiero resaltar, la Constitución mandaba -no sugería ni proponía, sino que mandaba- que se elaborase una ley que desarrollase el artículo 22 de la misma.
Pues bien, esto no se ha llevado a cabo ni siquiera se ha intentado hasta este momento en que lo ha hecho el Partido Popular.
Este sonrojo tendría que ser mayor cuando se examinan las iniciativas que en las diversas legislaturas presentaron algunos grupos parlamentarios. Yo pregunto, señorías, cuántas propuestas legislativas ha presentado Izquierda Unida a propósito del desarrollo del artículo 22 de la Constitución desde la aprobación de la misma.
Lo voy a decir: absolutamente ninguna, señor Rejón, lo cual demuestra que a pesar de las buenas palabras y probablemente de las buenas intenciones está claro que el interés y la sensibilidad parlamentaria de Izquierda Unida sobre este tema ha sido nula. Por ello pediría que no se nos dieran lecciones en relación con esta cuestión, especialmente cuando algunas de las afirmaciones que se hacen en el escrito de la enmienda a la totalidad, que se han reiterado hoy, son sorprendentes en el sentido de que se acusa al Partido Popular -leo literalmente- de no dar oxígeno cívico a la democracia española ante la masacre del movimiento asociativo español de los años setenta. Fin de la cita, que a mí me parece que refleja que algunos están anclados en el pasado y no han sabido adaptarse a la evolución de la sociedad española.
Este sonrojo tendría que ser aún mayor en aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno. He estado buscando las iniciativas presentadas por el Partido Socialista desde 1978 para que se desarrollase el artículo 22 de la Constitución y hasta el día de hoy no he encontrado ninguna, salvo a la que ahora me referiré. En mi intervención del día 24 de abril señalé cómo desde el primer momento diversos ministros socialistas -el señor Barrionuevo en el año 1983- hicieron referencia a esos propósitos y sin embargo nada se hizo. En todo caso, me remito a lo que en su momento ya expliqué. Lo cierto es que cuando llega el Partido Popular se acomete la labor, se trabaja intensamente durante prácticamente tres años y el 19 de enero de 2001 -quiero resaltar la fecha porque es importante- el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto y lo remitió a informe del Consejo General del Poder Judicial. Es en ese momento, para compensar la absoluta pasividad habida hasta entonces, cuando el Partido Socialista presenta su iniciativa y, como lo hace deprisa y corriendo, lleva a cabo una gran labor de transcripción que convertiría en auténtico creador a alguno de los personajes que en los últimos tiempos han sobresalido por hacer suyas no ya ideas, sino párrafos e incluso capítulos completos de otros. En todo caso, señorías del Grupo Socialista, bienvenida sea esa labor de reproducción si lava su conciencia por la absoluta pasividad durante este tiempo y bienvenida también porque es bueno que existan puntos de semejanza. Como ustedes mismos reconocen -no podía ser menos- ambos textos son similares, y también reconocen -no podía ser de otra forma- que en el proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular están recogidas las posiciones del movimiento asociativo. En ese sentido quiero agradecer las aportaciones que miles de asociaciones, a través de confederaciones y plataformas, han hecho a este texto. Asimismo, este texto incorpora abundantes propuestas de mejora que hizo tanto el Consejo General del Poder Judicial como también, señor Erkoreka, el Consejo de Estado. Si a todo esto se le suma, como usted reconoce, señora Pajín, la gran similitud que existe entre ambos textos y también -repito- que el proyecto de ley recoge las posiciones del movimiento asociativo, cualquiera podría preguntarse por qué presentan una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución y presentando un texto que fue rechazado por esta Cámara hace escasamente cinco meses por amplia mayoría. Da la sensación de que se oponen por oponerse, que rechazan el texto porque les molesta que sea el Gobierno quien lleve la iniciativa. Sinceramente creo que es una pena. Tenían también aquí una buena ocasión para demostrar que pueden ser algo más que oposición; tenían una buena ocasión para demostrar que en ustedes prima la responsabilidad sobre el afán de notoriedad y protagonismo, pero no ha sido así. Los ciudadanos españoles están percibiendo cada vez de forma más clara un doble lenguaje cuando, por un lado, su líder apela constantemente a realizar acuerdos y pactos en todas las materias posibles mientras, por otro lado, otros se dedican a hacer el trabajo sucio de oponerse por oponerse, cuando no llegan a desarrollar desalmadas cacerías. Asistimos a este espectáculo con demasiada frecuencia y creo que la enmienda a la totalidad que han presentado, ese rechazo global a nuestro texto muy mal se compadece con la actitud de apertura que dicen preconizar.


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Le pediría que me lo dijera porque no me consta - salvo en algún encuentro ocasional en el pasillo- que me haya pedido en ningún momento ninguna reunión para hablar de este asunto. Ahora que el texto inicia su tramitación en esta Cámara, desde el Grupo Parlamentario Popular, les anuncio la absoluta disposición al diálogo y al entendimiento. Queremos sentarnos con ustedes y con los demás grupos parlamentarios para mejorar el texto.
El Grupo Parlamentario Popular también va a presentar enmiendas concretas para mejora el texto, potenciando y reforzando la participación política, introduciendo reglas que permitan dar más vida interna a las asociaciones e incluso suprimiendo la referencia que se hace al Ministerio del Interior a propósito de la propuesta de declaración de utilidad pública, que también impulsa el Partido Popular. Hacemos estas propuestas porque aun entendiendo que el texto es bueno debemos mejorarlo, pero lo debemos hacer entre todos, lo que requiere una actitud de disposición que es incompatible, al menos por el momento, con las enmiendas a la totalidad que han presentado y que no reflejan la responsabilidad sino la ofuscación. Repito que esto es especialmente pintoresco y singular cuando se reconoce que el texto del Gobierno tiene que ser bueno dado que es similar al suyo y además recoge las propuestas del movimiento asociativo; no puede ser calificado de otra forma. Si los textos que se debaten son similares no debe haber sustanciales diferencias filosóficas - por utilizar el término que emplean en la enmienda a la totalidad- que justifiquen un voto en contra. Les voy a decir cuáles son las nuestras y, en todo caso, quiero señalar que para nosotros es fundamental el derecho de asociación porque engarza con lo que es la confianza en las personas, la confianza en la dimensión participativa y el dinamismo de la propia sociedad. Desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos la convicción de que en la construcción del progreso tienen un especial protagonismo las personas y los grupos sociales. En este sentido, la participación es un objetivo fundamental de la democracia que se construye cada día. Se recogen por eso en el proyecto de ley que presenta el Gobierno importantes medidas de fomento e incentivo al asociacionismo, como hace un momento ha relatado el ministro en su presentación del proyecto. En todo caso, somos conscientes y sabemos bien que todo lo que se haga en esta materia es poco, pero nadie puede pretender que una ley -y menos aún si es orgánica- dé solución por sí sola a todos los problemas, en este caso el bajo nivel de asociacionismo que existe en España, aunque también hay que destacar, pues es evidente, que en los últimos años se ha producido un grandísimo incremento del voluntariado en nuestro país, mérito que sin duda alguna ni esta persona ni el Partido Popular atribuye al Gobierno sino que corresponde a la propia sociedad.


El texto sin duda es mejorable y no se le puede reprochar que sea burocratizador, plano o intervencionista. Permítanme indicar que nosotros entendemos que este texto es respetuoso con las competencias autonómicas. Es indudable y respetado por nosotros que diversas comunidades autónomas tienen competencia en esta materia, pero también pensamos, como dice con mucha frecuencia el Tribunal Constitucional, que las competencias no deben entenderse en sentido excluyente sino de forma concurrente. El Estado puede y debe hacer uso del mandato que a propósito de la igualdad de todos los españoles en materia de derechos fundamentales le encomienda el artículo 149 de la Constitución, y entendemos que lo hacemos de forma plenamente respetuosa con el orden constitucional, no encomendando a la Administración estatal más competencias que las que el Tribunal Constitucional atribuye en su sentencia de 1998, que ya se ha citado, y si hay algún punto concreto que se pueda mejorar a este respecto, hagámoslo, y lo vamos a hacer entre todos. Por todo ello, quisiera agradecer de un modo particular las intervenciones de aquellos grupos parlamentarios que han expresado su apoyo para que este texto siga su tramitación parlamentaria.
Concluyo, señora presidenta, haciendo una apelación a buscar puntos de entendimiento y solicitando la retirada de las enmiendas a la totalidad de los grupos proponentes. Si estos prefieren cambiar y optar por la responsabilidad y por el carácter constructivo, nos tendrán siempre a su disposición para hacer que pronto estén regulados los mecanismos de la participación política, social, económica y cultural, el derecho fundamental de asociación.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Rejón Gieb pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor López-Medel.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, quería replicar al portavoz del Grupo Popular porque ha vertido una inexactitud sobre la actividad de mi grupo parlamentario. Ha dicho que ha mirado en su archivo de datos ...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Tiene la palabra estrictamente para replicar a la inexactitud.


El señor REJÓN GIEB: Exactamente para ello. Le propongo que revise todos los años, pues en la base de datos existen diversas iniciativas, proposiciones no de ley, preguntas e interpelaciones de Izquierda Unida sobre el tema de la asociación y en todos los proyectos de presupuestos mi grupo ha presentado enmiendas planteando el aumento de fondos para impulsar la participación y el desarrollo asociativo.
Nada más. Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación. En primer lugar sometemos a votación las tres enmiendas a la totalidad de devolución formuladas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Mixto, los diputados señor Puigcercós y señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 116; en contra, 185; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad de devolución.
A continuación sometemos a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 116; en contra, 184; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN AYUDAS SOCIALES A LAS PERSONAS CON HEMOFILIA Y OTRAS COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS QUE HAYAN DESARROLLADO LA HEPATITIS C COMO CONSECUENCIA DE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS DE FACTORES DE COAGULACIÓN EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000043)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la propuesta de avocación.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación).


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000045)

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de universidades. Para su presentación tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños aquellos que vayan a permanecer en el hemiciclo y el resto lo abandone en silencio, si es posible.
Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoras y señores diputados, intervengo desde esta tribuna para presentarles el proyecto de ley de universidades que el Gobierno ha elaborado. Se trata de un proyecto importante para el futuro inmediato de toda la sociedad española. La educación, señorías, es la clave de la dinámica social. Si ha habido una lección de la última mitad del siglo XX es que no son los recursos naturales sino los humanos los que potencian el crecimiento económico, la calidad de vida y la fortaleza del sistema democrático.
Es más, la educación es el instrumento que permite afrontar los efectos negativos de un mundo más global. El ministerio nació hace un siglo para favorecer el dinamismo de la sociedad a través de la educación de la población. Hoy, al inicio del siglo XXI, tenemos retos análogos pero en un nuevo escenario nacional e internacional que añade responsabilidad a nuestras decisiones. El contenido del proyecto de ley, señorías, amplía las competencias en enseñanza superior de las comunidades autónomas, incrementa el grado de autonomía universitaria, permite a la Administración general del Estado asumir sus responsabilidades en la cohesión y vertebración del sistema universitario y establece los cauces apropiados para fortalecer los vínculos recíprocos entre la sociedad y la universidad. En efecto, el proyecto presentado por el Gobierno incrementa las competencias de las comunidades autónomas respecto a la legislación actual, en consonancia con la culminación del proceso de transferencias en materia de educación superior. Éstas dispondrán de nuevas atribuciones de coordinación y gestión universitaria, tendrán capacidad para desarrollar el régimen jurídico y retributivo de los profesores contratados, podrán fomentar la dedicación y la actividad del profesorado y podrán respaldar la gestión económica mediante programas de financiación plurianual y adoptar medidas para mejorar la calidad de las universidades.


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Respecto a las universidades, el proyecto de ley fortalece su autonomía. Tendrán nuevas competencias sobre las políticas de recursos humanos, la contratación del profesorado, la creación de centros y estructuras de enseñanza a distancia y la admisión de nuevos estudiantes, responsabilidad, por cierto, reiteradamente solicitada por los representantes institucionales de las universidades en los últimos años. Podrán también proceder a la constitución de fundaciones y otras figuras jurídicas para desarrollar sus fines y nuevos instrumentos para impulsar la movilidad de su personal docente e investigador. La nueva norma supondrá un mayor fortalecimiento de las universidades, una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y las dotará de instrumentos que permitan una mejor rendición de cuentas a la sociedad que las apoya y las financia. Reitero, señorías, que el texto que se somete a su debate denota de manera inequívoca la confianza de la sociedad en sus universidades. Nuestra sociedad desea y necesita que su sistema universitario mejore su calidad y competitividad para afrontar con posibilidades de éxito su integración en el espacio europeo de enseñanza superior y para formar, con el parámetro irrenunciable de la calidad, a los ciudadanos y a los profesionales, que asumirán la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, cultural, científico, económico y político de España en el siglo XXI.
El proyecto se inscribe en una línea de actuación del Gobierno del Partido Popular para mejorar el sistema universitario. Desde la pasada legislatura se han abordado ya algunos problemas importantes y urgentes. Así, se adoptaron medidas para mejorar los planes de estudio reduciendo el número de asignaturas, que se situaba en una media de quince asignaturas por curso y en algunas titulaciones sobrepasaba las veinte. Hemos implantado el distrito universitario abierto, con el que hemos roto las barreras geográficas para que los estudiantes puedan ejercer su legítimo derecho a estudiar en la universidad de su elección, y hemos llevado a cabo la promoción y estabilidad del profesorado universitario en un marco de equilibrio presupuestario de las instituciones de enseñanza superior, con una dotación de 21.000 millones de pesetas destinadas a las universidades. Y ahora, cumpliendo el compromiso con la sociedad plasmado en el programa electoral que recibió la confianza mayoritaria en las pasadas elecciones, traemos a esta Cámara un proyecto de ley diseñado con una arquitectura normativa capaz de construir un sistema universitario moderno al servicio de la sociedad. Señoras y señores diputados, la sociedad necesita una universidad a la que los estudiantes accedan en razón de su mérito y capacidad y de sus legítimos intereses personales, sin tener en cuenta impedimentos geográficos ni económicos, donde los estudiantes encuentren la mejor formación cultural, científica, técnica, artística y humanística, donde los docentes más cualificados y los investigadores de mayor prestigio enseñen a ser críticos y autocríticos y transmitan los conocimientos necesarios para su posterior actividad profesional, una universidad de la que los estudiantes se puedan sentir orgullosos y la sociedad también.
Señorías, la Constitución consagró la autonomía de las universidades fundamentada en el principio de libertad académica, que a su vez se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
Desde entonces, las instituciones universitarias han crecido exponencialmente y se han descentralizado, lo que ha propiciado una radical transformación del sistema universitario, han experimentado, efectivamente, una enorme expansión hasta casi triplicarse y acoger a un millón y medio de estudiantes y ha culminado íntegramente el proceso de transferencias de las competencias en educación superior a todas las comunidades. Este esfuerzo en el que todos han participado, la propia comunidad universitaria, las administraciones educativas y los gobiernos, necesita ahora ser encauzado hacia el objetivo fundamental de mejorar la calidad. Todo nos empuja a ello: Las previsiones demográficas, que hablan de un descenso para esta década de hasta el 30 por ciento en la tasa de matriculación; la utilización masiva de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones que comportan nuevos aprendizajes; el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en una sociedad orientada al conocimiento, lo que implica nuevas formas de organización y transmisión del saber; la necesidad de abordar la enseñanza virtual para dar respuesta a la formación a lo largo de la vida, y finalmente la obligación de competir en un contexto más amplio en el marco del espacio universitario europeo, que comienza a definirse tras la Declaración de Bolonia. Ese y no otro, como decía al principio de mi intervención, es el objetivo de este proyecto de ley, mejorar la calidad del sistema universitario español en su docencia, en su investigación y en su gestión.
Permítanme ahora, señorías, exponerles resumidamente las principales innovaciones contenidas en el proyecto de ley. El texto articulado que hoy se presenta permite desarrollar una carrera académica equilibrada y coherente, estimula la promoción, fomenta la competitividad y la calidad y otorga a las universidades la máxima flexibilidad para que puedan desarrollar una política propia de profesorado, planificar adecuadamente sus necesidades docentes e investigadoras y responder con agilidad a las nuevas demandas de la sociedad y el sistema productivo. Los profesores, señorías, son la piedra angular de las universidades, porque sostienen el sistema, realizan la actividad investigadora y transmiten al mismo tiempo conocimiento a los alumnos y confianza a la sociedad en la institución universitaria. Los profesores y la propia sociedad necesitan que la selección del profesorado tenga garantías objetivas de competitividad, transparencia y rigor en el acceso a la función pública docente y que simultáneamentegarantice plenamente la autonomía de las universidades

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en la selección de su profesorado. La comunidad universitaria puede tener la completa seguridad de que los principios de igualdad, mérito y capacidad serán los únicos que regirán para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y también para la contratación de otras figuras de profesorado. El proyecto de ley establece un sistema de acceso más transparente, abierto y competitivo, que incidirá positivamente en la mejora de la calidad a través de un proceso de habilitación que valorará especialmente los méritos docentes e investigadores de los candidatos. La habilitación se llevará a cabo en la universidad que determine el presidente de una comisión de siete miembros elegidos por sorteo entre aquellos que formen parte de los cuerpos docentes y hayan superado alguna evaluación de su investigación. Los candidatos habilitados participarán luego en los concursos de acceso convocados por las universidades para cubrir, según su propia programación, las plazas de los diferentes cuerpos docentes. Este sistema de acceso a la función pública docente garantiza el rigor, la flexibilidad y la autonomía universitaria e introduce factores sólidos de movilidad y de competitividad en la selección del profesorado universitario que son muy necesarios. El sistema de habilitación garantizará la calidad en la selección y después corresponderá a las universidades materializar sus políticas de recursos humanos, pero entre personas que hayan acreditado su alta cualificación previamente por un sistema riguroso que atienda al mérito y la capacidad. El proyecto de ley, como habrán podido comprobar SS.SS., fomenta el principio básico de la movilidad y contiene diversas medidas para su generalización entre el profesorado de los cuerpos docentes y los profesores contratados. De esta manera, la habilitación del profesorado facilitará el cambio de universidad al recuperar la posibilidad de traslado de una a otra universidad sin nuevas pruebas, como ocurre desde la Ley de Reforma Universitaria. Se establecerán convenios entre universidades y otras instituciones y empresas para el intercambio de personal y se exigirá a los profesores ayudantes doctores la previa desvinculación con la universidad que los contrate. La universidad española del siglo XXI podrá mantener un adecuado equilibrio entre funcionarios públicos docentes y profesores contratados, aunque el porcentaje de funcionarios no será inferior al 51 por ciento. Es importante destacar que esta medida supone que las comunidades autónomas serán las administraciones competentes para regular y establecer el régimen jurídico de los profesores contratados. Se corresponden así, de una manera muy gráfica y políticamente relevante, los instrumentos económicos de las comunidades autónomas para financiar las universidades de las que son responsables con las competencias normativas que asumirán en el marco de esta nueva normativa. El proyecto de ley prevé la creación de nuevas figuras como la de profesor ayudante doctor y la de profesor contratado doctor, destinada esta última a contribuir a potenciar la actividad investigadora de excelencia en la universidad y sobre todo a adaptarse con rapidez a las necesidades de un entorno tan cambiante. Si bien las universidades han colaborado en su conjunto a aumentar en tres décimas la producción científica con participación española hasta situarla en el 2,7 por ciento del porcentaje medio mundial en el período 1996-2000, según los datos del Instituto de Información Científica de los Estado Unidos -centro, como saben, de referencia internacional-, también lo es que ni el impacto de los trabajos científicos, reflejo de su calidad, ni los progresos en más de la mitad de las áreas de investigación se corresponde con los meros datos cuantitativos. Así, en cinco áreas de investigación el impacto relativo es superior a la media mundial, sin embargo, en 16 áreas todavía es inferior. En este terreno, es de justicia mencionar la labor muy positiva que ha desarrollado la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y la Comisión ministerial de Ciencia y Tecnología. Respecto al profesorado, considero que es de especial importancia informarles también que, al igual que ocurrirá con los profesores de los cuerpos docentes universitarios, los profesores contratados serán seleccionados con el máximo grado de transparencia y publicidad en los procedimientos y con todas las garantías que ofrece la evaluación externa a la universidad de la actividad profesional previa realizada por los candidatos. El equilibrio entre profesores funcionarios y contratados, así como los mecanismos de acceso previstos, permitirán seleccionar de una forma altamente competitiva, acorde con los niveles predominantes en los sistemas universitarios de prestigio que nos sirven de referencia, y mejorar, por tanto, la calidad de la docencia y de la investigación.
Si la mejora de la universidad beneficia a toda la sociedad, los estudiantes lo serán de una manera inmediata. Las iniciativas contenidas en la ley repercutirán en la calidad de su formación, pero además el proyecto incluye distintas medidas destinadas específicamente a los estudiantes. El proyecto considera el estudio en la universidad como un derecho de todos los españoles y diseña también el sistema básico de acceso a la universidad. Será necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente, suprimiendo así las pruebas de acceso a la universidad, también denominadas selectividad, pruebas que no cumplen ya con sus objetivos originarios y que por su singularidad España es prácticamente el único país de Europa que mantiene unas pruebas de estas características y, siendo tan singulares y tan específicas como son de nuestro sistema, dificultan extraordinariamente nuestra homologación con Europa a efectos del acceso a la educación superior y la movilidad estudiantil.El proyecto de ley dispone que serán las universidades, con la normativa básica que decrete el Gobierno para garantizar plenamente los principios de igualdad, mérito y capacidad de los estudiantes,las que establezcan los procedimientos para la

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admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en sus centros. En éste, como en otros aspectos en la actividad universitaria, los postulados de los responsables universitarios, expresados reiteradamente en el marco del Consejo de Universidades, han sido coincidentes con los del Ministerio de educación, Cultura y Deporte y con los predominantes en Europa. Es difícil encontrar un sistema universitario que carezca de la posibilidad de intervenir en la aceptación de sus alumnos por parte de las universidades. Este nuevo sistema facilitará la personalización de la evaluación para atender a los intereses y preferencias de cada estudiante. Además, para propiciar la movilidad derivada de la puesta en marcha este curso académico 2001-2002 del distrito universitario abierto, así como para garantizar la igualdad en las condiciones de acceso a los estudios universitarios, se ha previsto una política activa y diversificada de becas y ayudas al estudio con objeto de que nadie, absolutamente ningún estudiante quede excluido del estudio en la universidad por razones de índole económica. Sobre la base de los principios de equidad y solidaridad, las administraciones públicas y las universidades cooperarán para articular los sistemas de becas, ayudas y créditos, así como su verificación y control. Por otra parte, el proyecto de ley recoge otros derechos de los estudiantes tales como su representación y participación democrática en los órganos de gobierno de la universidad y en los distintos procesos electorales, la garantía de sus derechos mediante distintos procedimientos y a través de la actuación del defensor universitario. Igualmente, en el texto normativo se consagra especialmente el derecho de los estudiantes a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación en el acceso a la universidad, el ingreso en los centros, la permanencia en la universidad y el ejercicio de sus derechos académicos.


Me referiré a continuación, señorías, a los órganos de gobierno de la universidad, cuya configuración responde a la decisión de adoptar una nueva forma de gestionar las universidades para que éstas puedan responder eficazmente a los grandes retos que tienen planteados. El proyecto de ley pretende establecer las condiciones para que todas y cada una de las universidades puedan desarrollar estrategias docentes e investigadoras propias y diferenciadas de las demás y, al mismo tiempo, propiciar unos órganos de gobierno y representación más flexibles y eficientes, capaces de abordar planes estratégicos a medio y largo plazo, gestionar con agilidad y eficacia, hacer frente a los compromisos derivados de los objetivos nuevos de calidad ya citados y a su integración en el espacio universitario europeo. Para conseguir estos objetivos la nueva norma universitaria establece una nítida distinción entre las funciones de gobierno, representación, control y asesoramiento, correspondiendo cada una de ellas a un órgano distinto en la estructura de la universidad. Los distintos órganos verán simplificada su estructura, composición y funciones al objeto de dotarles de la máxima flexibilidad.
Se establecen esquemas de coparticipación y corresponsabilidad entre sociedad y universidad. Fundamentalmente se pretende conseguir la mutua implicación de la universidad y su entorno social y económico, pues es de máxima relevancia que la universidad tenga una adecuada percepción de los intereses de la sociedad y que ésta asuma como propias las necesidades de las instituciones universitarias. A este fin, y facilitando asimismo la necesaria trasparencia y el proceso de rendición de cuentas de la universidad a la sociedad con respeto a la autonomía universitaria, se completan las competencias del consejo social para que pueda asumir la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad. De esta manera, con una mayor presencia y asumiendo la sociedad la responsabilidad que le corresponde en las decisiones económicas y presupuestarias propuestas por la universidad, los consejos sociales podrán superar el pálido reflejo que proyectaban en el espejo de la Ley de Reforma Universitaria y cumplir con resolución y eficacia las funciones que legítimamente la sociedad les encomiende. Asimismo, para asegurar la capacidad de decisión que lleva agregada una mayor responsabilidad, se refuerzan los procesos ejecutivos de toma de decisiones por parte del rector y del consejo de gobierno. Se crea el consejo de gobierno, máximo órgano de gobierno universitario, que será presidido por el rector y establecerá las líneas estratégicas y programáticas de la institución, así como los procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y elaboración de presupuestos. Con un número delimitado de miembros de la propia comunidad universitaria y el 40 por ciento de ellos elegido por el claustro, reflejando la composición de sus distintos sectores, le permitirá ejercer sus funciones con agilidad y eficacia. Asimismo serán miembros del consejo de gobierno tres miembros del consejo social de su parte no académica. En este diseño, el rector ejercerá la dirección, gobierno y gestión de la universidad y será elegido directamente por la comunidad universitaria mediante sufragio universal libre y secreto.
Con el sistema que se establece, señorías, el rector representará de una manera más plena a toda la comunidad universitaria. El claustro universitario será el máximo órgano representativo. Estará presidido por el rector y tendrá un máximo de 300 miembros, elaborará los estatutos y será el instrumento para el análisis, diseños de políticas y estrategias de futuro, además de reflejar las opiniones de la comunidad universitaria. Finalmente, el consejo social será el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Le corresponderá la importante tarea de ejercer, en representación de la sociedad, la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios, así como la aprobación de los presupuestos

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y de la programación plurianual de la universidad a propuesta del consejo de gobierno. El consejo social, cuyas competencias en el ámbito económico y presupuestario han sido reforzadas respecto a la norma anterior, deberá promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad. Su composición y funciones serán reguladas por ley de la comunidad autónoma, cuya administración nombrará al presidente del consejo social y en él participarán el rector, el secretario general y el gerente de la universidad.
A continuación me referiré a la investigación en la universidad que, en virtud de su carácter fundamental para el avance del conocimiento, adquiere una importancia capital en este proyecto de ley. En nuestra sociedad, caracterizada por continuas transformaciones culturales, económicas, científicas y tecnológicas, la formación y el conocimiento de alto nivel que la universidad puede proporcionar son factores imprescindibles para los nuevos emprendedores en todos los ámbitos. La universidad debe consolidar y potenciar su actividad investigadora y de desarrollo tecnológico para configurar un modelo que tenga como eje el conocimiento y debe ser capaz de liderar el dinamismo de nuestra sociedad y de promover la innovación en los distintos sectores empresariales. En consecuencia, con el compromiso de los poderes públicos de fomentar la investigación en beneficio del interés general, se ha establecido en el proyecto de ley, en su título VII, que la investigación básica y aplicada de las universidades es una función esencial de las mismas. Se reconoce así la importancia presente y sobre todo futura de la actividad de investigar como factor de diferenciación y de calidad en el desarrollo competitivo de la universidad, lo que lleva implícito su responsabilidad en la mejora de calidad de la vida de los ciudadanos y en la creación de riqueza y empleo. Para cumplir los objetivos contenidos en el proyecto de ley las universidades podrán incorporar científicos y grupos de investigación de especial relevancia, contratar profesores doctores preferentemente dedicados a tareas de investigación, incorporar a sus centros personal técnico de apoyo, facilitar la movilidad de sus investigadores para formar grupos y centros de excelencia, coordinarse con otras universidades y centros de investigación y crear centros mixtos con organismos públicos y privados de investigación y con empresas. También vincular su investigación al sistema productivo y transferir sus conocimientos, pudiendo crear empresas de base tecnológica como ya sucede en las universidades y centros de investigación internacionales más avanzados. En todas esas actividades podrá participar el profesorado y se podrán generar sistemas innovadores de organización y gestión para canalizar sus iniciativas de I+D y de captación de recursos en este ámbito.
Las enseñanzas y títulos universitarios se regulan en este proyecto de ley mediante el establecimiento de garantías sobre los títulos oficiales y los planes de estudio, con distintos niveles de comprobación en su adecuación a la legalidad vigente y a parámetros de calidad. La norma prevé que los planes de estudio aprobados por las universidades sean evaluados tras un período inicial de implantación antes de obtener la homologación definitiva. Por otra parte, los estudios universitarios se estructurarán como máximo en tres ciclos. Con el fin de cumplir las líneas generales que emanen del espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo informe del consejo de coordinación universitaria, podrá establecer, reformar o adaptar los ciclos de cada enseñanza.
Señorías, me he referido a lo largo de la intervención a la mejora de la calidad como el principal objetivo de este proyecto de ley de universidades y he expuesto las medidas que es necesario adoptar para su consecución con relación al profesorado, estudiantes, órganos de gobierno, investigación y a las enseñanzas universitarias. Pero para garantizar la adecuada información a la sociedad y para impulsar la calidad en todos los aspectos de la vida universitaria -gestión, docencia, investigación y servicios- es imprescindible desarrollar la evaluación del sistema universitario. El proyecto de ley de universidades introduce en el sistema como gran novedad diferenciadora lo que entiende el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como un avance sustancial para el desarrollo de nuestras universidades: la creación de una agencia nacional de evaluación y acreditación de la calidad universitaria, que dará carta de naturaleza a una evaluación integral de la calidad y permitirá una labor de información a la sociedad de primera importancia, de la que sólo había referencias genéricas en nuestra legislación actual. La agencia de calidad y acreditación, que actuará de forma independiente, medirá el rendimiento del servicio público universitario y reforzará su calidad, su transparencia y su competitividad tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Asimismo, mejorará la actividad docente, investigadora y de gestión de la universidades; proporcionará información a las administraciones educativas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias; facilitará también información a la sociedad y a los estudiantes para una adecuada toma de decisiones en el momento de optar por centros y titulaciones de calidad. La agencia colaborará con otras instituciones de evaluación del Estado o de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Evaluará las enseñanzas que conducen a la obtención de títulos de carácter oficial a los efectos de su homologación definitiva por el Gobierno: las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de las universidades, las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado y los programas, servicios, actividades y gestión de los centros e instituciones de educación superior.
Señorías, permítanme ahora referirme a las universidadesprivadas. El proyecto de ley recoge la libertad,

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constitucionalmente reconocida, de creación de centros y resuelve la falta de regulación existente. Así, establece los requisitos para la creación y funcionamiento de los centros privados y posibilita que éstos puedan desarrollar sus actividades en régimen de autonomía y con independencia de la entidad promotora. Se introducen en la norma las exigencias de calidad para las universidades privadas ya requeridas para las universidades públicas, se evaluará su calidad y se exigirán a sus profesores parámetros de calidad que contribuirán positivamente a su actividad docente.
Finalmente, el proyecto de ley crea el consejo de coordinación interuniversitaria, que se configura como el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario y foro de encuentro, análisis y debate de las administraciones que convergen en el sistema de enseñanza superior universitaria autonómica y del Estado. Estará presidido por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte y compuesto por los responsables de la enseñanza universitaria de los consejos de los gobiernos autónomos de las comunidades autónomas, los rectores de las universidades y 21 miembros nombrados por un período de cuatro años entre personalidades de la vida académica, científica, cultural, económica y social, designadas por este Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno. El consejo funcionará en pleno y en comisiones, que serán tres, comisión de coordinación, comisión académica y comisión mixta. A esta última le corresponderá elevar a las otras propuestas de resolución o informes y, en caso de desacuerdo entre las mismas, el pronunciamiento de la comisión mixta será asumido por el consejo de coordinación universitaria.
Señorías, el proyecto de ley que les acabo de exponer irá acompañado de una memoria en la que se cuantificarán los aspectos económicos que comportarán las medidas en él contenidas. El Gobierno asumirá los costes de las mismas, como la creación de la agencia nacional de evaluación y calidad y acreditación de las universidades o la implantación del sistema de habilitación del profesorado. Como saben, en nuestro ordenamiento legal las comunidades autónomas son responsables de la financiación de sus universidades y, por lo tanto, las encargadas de establecer el marco presupuestario, fijando para estas instituciones las cantidades necesarias para gastos corrientes y de capital, entre otros. Aun así, como ya viene sucediendo, el Estado ejercerá su responsabilidad de vertebración y de liderazgo del sistema universitario y financiará programas orientados a alcanzar los objetivos previstos en este proyecto de ley, como los de garantizar la igualdad y las ayudas en relación con el estudio, mejorar la calidad del sistema universitario -sobre lo que ya me he extendido ampliamente-, fomentar la movilidad, la investigación, etcétera.
Señorías, en la exposición de motivos que contiene este proyecto se indica que el mismo es el resultado de un trabajo constructivo en un proyecto común que expresa el compromiso de la sociedad con su sistema universitario, y es cierto.
Se ha discutido, analizado y vuelto a debatir con los distintos sectores de la comunidad universitaria y lo mismo ha ocurrido durante los últimos meses y durante decenas de horas en el seno del Consejo de Universidades. Se ha acreditado la voluntad de diálogo y debate del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, por tanto, del Gobierno y se han recogido cientos de aportaciones individuales, de asociaciones universitarias, de agentes sociales, de responsables universitarios institucionales y también de las administraciones educativas. La universidad, para competir en el marco internacional, va a necesitar, a partes iguales, grandes dosis de ambición, audacia y sabiduría, por parte de todos. Esa voluntad de diálogo será imprescindible en el servicio a la universidad desde todas las posiciones.
Señorías, nuestras universidades no deben ni pueden aguardar impasibles el paso del tiempo. Las importantes innovaciones de este proyecto de ley no han sido cuestionadas. Durante el periodo de debate universitario al que me acabo de referir no se ha argumentado en contra del nuevo procedimiento de evaluación y habilitación del profesorado, que introduce la transparencia, recupera los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a una plaza en la función pública docente y pretende instalar en el pasado la indeseada endogamia. Precisamente este nuevo sistema de acceso ha sido apoyado públicamente por gran parte del profesorado universitario. Tampoco se ha cuestionado que se exija una evaluación externa, como es habitual en los países más avanzados, para la contratación de diversas figuras del profesorado, o que se introduzcan mecanismos de competitividad y de movilidad de estudiantes y profesores o que se proponga la creación de una agencia de evaluación y acreditación de la calidad de las universidades. Las posiciones ante este proyecto de ley han estado circunscritas a cuestiones relacionadas con algunos aspectos de los órganos de gobierno de las universidades. A partir de hoy, a SS.SS., y con ustedes al conjunto de la sociedad, les corresponde profundizar y enriquecer en esta Cámara éstos y otros aspectos fundamentales del proyecto de ley de universidades. Nos jugamos mucho. El futuro de nuestra universidad en los próximos 10, 15 ó 20 años se construye a partir de hoy, a partir del año 2001 y el futuro de la universidad es el futuro de nuestros jóvenes, incluidos los que hace tan solo unos días entraron por primera vez en las aulas de educación infantil; es el futuro de nuestro país. Esta será, en caso de ser aprobada, una ley de la sociedad para la universidad. Los principios y los grandes objetivos estoy segura de que son compartidos: mejorar la calidad del sistema universitario, establecer el acceso de estudiantes y profesores a la universidad desde los principios de igualdad, mérito y capacidad, fomentar la movilidad, introducir la cultura

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de la evaluación e integrarnos competitivamente en el espacio universitario europeo, son metas que merecen los máximos esfuerzos.
Como universitaria, señorías, y como ministra de Educación, Cultura y Deporte, voy a continuar trabajando para intentar conseguir esas metas.
Señorías, considero que el proyecto de ley de universidades sienta las bases para que la universidad disponga de los instrumentos necesarios para progresar en la dirección correcta. Esta Cámara y el Senado tienen ahora la última palabra; se debatirá el proyecto, se defenderá y se atacará, aunque personalmente preferiría que sólo se criticase constructivamente y se hicieran aportaciones que pudieran ser recogidas para mejorar este texto, porque todo es susceptible de mejorar y sin duda también lo es este proyecto de ley de universidades.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, la aceptación generalizada de la necesidad de actualizar la Ley de Reforma Universitaria se ha convertido en poco tiempo en una profunda decepción al conocerse los planteamientos del Gobierno del Partido Popular, que en poco responden a la exposición que la señora ministra acaba de realizar desde esta tribuna. Lo que ha expuesto usted aquí, señora ministra, no es lo que pone el proyecto de ley; son palabras y palabras, pero luego lo que refleja el proyecto de ley es el modelo más retrógrado de cuantos el propio Partido Popular o Alianza Popular han expuesto ante esta Cámara. El texto que ha presentado usted hoy aquí no responde a las necesidades de unas universidades encorsetadas en un modelo funcionarial, asambleario, rígido, ingobernable y académicamente poco sugerente, porque el proyecto de ley, señora ministra, parte de un diagnóstico equivocado, pensando que estamos en una sociedad continuista donde es suficiente corregir algunas de las carencias detectadas en el pasado, dejando inalteradas las estructuras básicas, obsoletas y rígidas, del actual sistema universitario. El proyecto de ley no tiene en cuenta ni hace frente a un diagnóstico de los retos de futuro en una sociedad en profunda mutación. Y es precisamente esta sociedad del futuro, la sociedad del conocimiento que usted tantas veces ha invocado, la que reclama una profunda transformación del sistema educativo a todos los niveles. Y esta transformación es especialmente relevante en lo que se refiere al sistema universitario. Pero es que existen dos alternativas a la hora de enfocar esta actualización: o apostar por la modernidad, por un modelo universitario abierto, flexible, de calidad y excelencia, o centrar la vista en el espejo retrovisor, añorando épocas pasadas, e intentar recuperar modelos rancios, autoritarios, rígidos y tecnocráticos, y esta es la apuesta que usted realiza, señora ministra, esta es la opción del Partido Popular. Porque de la lectura de lo que dice la exposición de motivos y del texto articulado de la ley, y no de lo que usted ha expuesto en esta Cámara, el modelo que se presenta refleja una añoranza del pasado; el modelo de universidad que se presenta es antiguo, un modelo uniformizador, reglamentista, colegial, elitista, y es una ley, en consecuencia, sin ambición, sin perspectiva europea, desilusionante, que no responde a las necesidades de futuro que plantean las universidades, porque están ustedes obsesionados por que el Gobierno del Estado lo controle todo. Ha dicho que este proyecto de ley da más competencias a las comunidades autónomas; le agradecería que nos dijera dónde. Porque el intento es de cortar las alas, en vez de generar ámbitos de base sólida y compartida sobre la cual edificar distintos diseños de políticas universitarias.


Desde nuestra perspectiva, lo que revela este proyecto de ley es un profundo temor a la autonomía que precisamente proclama la Constitución, que tanto se invoca, y el Gobierno ha redactado este proyecto de ley desde el miedo. Habrán tenido ustedes en cuenta muchas consideraciones; pero lo que está claro, señora ministra, es que todo el mundo está en contra, ¡todo el mundo está en contra! Díganos un rector que hable a favor suyo, qué colectivo de profesores. (La señora ministra de Educación, Cultura y Deportes hace signos negativos.) Sí, sí, para eso tiene usted réplica y todo el tiempo que quiera; pero, ¿quién está a favor?Nosotros, para que quede claro, no estamos negando un espacio universitario integrado: lo aceptamos y lo compartimos. Todo lo contrario, lo que el Partido Nacionalista Vasco está solicitando es que se abra este proyecto de ley al contexto europeo en la línea de la declaración de Bolonia y que se primen los criterios de calidad y excelencia, que para eso está la universidad. Y para ello, para la consecución de estos objetivos, es fundamental disponer de una nueva ley universitaria que posibilite que las universidades puedan aumentar su participación en las redes internacionales del conocimiento. Lo que a esta ley le falta, señora ministra, es internacionalizar la labor investigadora de los departamentos universitarios, con plena libertad para la incorporación de profesores y estudiantes de cualquier país, relacionándolos mediante fórmulas de colaboración real con entornos más desarrollados. El Gobierno vasco es, señora ministra, en el Estado la única administración que ha posibilitado que las universidades vascas hayan podido abrir sus puertas a excelentes profesores extranjeros. ¿Por qué se niegan a esta posibilidad?

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Como pueden ver, existen otras fórmulas distintas a la que usted ha planteado hoy en esta Cámara, fórmulas más abiertas, más europeas, más internacionales para abordar, por ejemplo, el problema de la endogamia pero con criterios de calidad y excelencia, proponiendo modelos flexibles, modelos abiertos, no modelos rígidos; un modelo rígido es endogámico en sí mismo. Con su modelo, el rector siempre tendrá que ser de la universidad, de la propia universidad que lo elige. ¿Quiere más endogamia que ésa? ¿Cómo se supera esa endogamia con su modelo? Es dudoso que el problema de la endogamia se solucione con una prueba de habilitación nacional. Ha dicho usted que las universidades más competentes tienen este modelo. ¿Nos puede decir dónde? Sólo en Alemania, señora ministra, y no son los órganos del Estado los que hacen esta habilitación, sino que es la propia universidad y los departamentos los que la hacen, y además han dicho que la van a quitar. Tiene un solo modelo y está ya con fecha de caducidad.
En realidad, con este planteamiento usted está violando flagrantemente la autonomía universitaria y está creando un nuevo cuerpo al que se vuelve a acceder por un concurso oposición más. Este modelo de habilitación está caduco y en lo que respecta a las universidades privadas es intervencionista a tope. Dígame usted un solo modelo social -en economía, en industria, donde quiera- donde el Estado se permita estas ligerezas, porque son auténticas ligerezas, señora ministra. ¿Por qué si la sociedad no funciona así la universidad tiene que hacerlo? ¿Está la universidad en la sociedad en la que sirve o es un ovni que circula por ahí? Nosotros creemos que la forma más eficaz de tener mejores profesores e investigadores y una medida altamente generadora de exogamia es tener tribunales más competentes. Y usted nos dice que lo va a hacer al azar, por sorteo.
¡Hombre, no! Si defiende la calidad y la excelencia, no nos venda una lotería universitaria. ¡Pero cómo que por azar y por sorteo! Lo que se necesita es autonomía en la forma de gobierno, flexibilidad y libertad en la organización interna. ¿Por qué un solo modelo para todas las universidades? ¿Por qué una universidad de 5.000 alumnos se debe regir igual que una de 100.000? ¿Por qué una universidad bilingüe debe regirse igual que una universidad monolingüe? Pero si es imposible, ¡usted sabe que es imposible! La autonomía universitaria, señora ministra, es incompatible con soluciones uniformadoras. Lo que aquí debemos redactar es un marco legal mínimo, básico y flexible, porque si no estamos confundiendo la democracia con la demagogia y la constatación de esta realidad en la universidad está induciendo al Gobierno a optar por una regularización uniformadora en vez de asumir el riesgo de diseñar un modelo de universidades autónomas.
En nuestra opinión, uno de los problemas básicos del actual modelo universitario es la falta de flexibilidad de su estructura, que es demasiado rígida y uniforme, y de las bases del actual modelo derivan las disfuncionalidades básicas que las comunidades universitarias entienden que deben ser superadas mediante la actualización y modernización de los principios básicos que rigen la universidad.Dado su alto grado de reglamentación, señora ministra, no dejan margen para que puedan desarrollarse proyectos universitarios diferenciados y alternativos, con lo que se renuncia a priori a que en el sistema universitario haya una cierta diversidad en lo relativo a los modelos de organización, de investigación, de enseñanza y de gestión. Se está ignorando el hecho de que las universidades ya son diferentes por sí y que se insertan en sociedades plurales, con diferentes características y aspiraciones. Hay universidades con mayor o menor tradición, las hay con uno o varios campus, unas universidades están especializadas en determinadas temáticas, otras son generalistas, las hay de 5.000 alumnos, otras de 100.000, algunas universidades cuentan con una lengua oficial, otras funcionan con modelos bilingües o con sendas ofertas lingüísticas, porque los entornos socioculturales son distintos, pero para usted toda España es igual, señora ministra.
Nosotros entendemos que es posible definir un marco legislativo que huya de este reglamentarismo y determine a la vez las normas básicas en el contexto universitario europeo, de forma suficientemente amplia y flexible como para permitir que las comunidades autónomas con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias alternativas políticas en materia de universidades e investigación, alternativas políticas adecuadas a la propia realidad sociopolítica en la que las universidades están radicadas, posibilitando que los poderes públicos y las autoridades universitarias puedan desarrollar sus políticas con márgenes reales y no ficticios, con posibilidad de definir programas universitarios y de investigación flexibles y adaptados a la situación concreta. Porque, señora ministra, España es un país plurilingüe, aunque en el ministerio no se hayan enterado. En ninguno de los artículos, señora ministra, relativos al acceso a la función docente, a la movilidad de los alumnos, se hace la menor mención a la existencia de profesores bilingües, trilingües, a universitarios plurilingües ni a la existencia de leyes de normalización de las lenguas oficiales diferentes al castellano en distintas comunidades autónomas. ¿Usted cree que se puede regular la universidad así? La universidad española no es así, hay algunas universidades españolas que no son así. El 40 por ciento de la población del Estado, señora ministra, es bilingüe. ¿Para quién está legislando usted? Este personal merece la atención, merece la consideración debida a la hora de formular un proyecto de universidades. Es más, el proyecto carece también de dimensión europea. Ni siquiera se recogen las previsiones suscritas por España en la declaración de Bolonia. Hace años que la Unión Europea debiera de contar con el catálogo de títulos oficiales europeos, con las directrices propias de los planes de estudio y con las homologaciones de los títulosoficiales de los Estados miembros. Remar en contra

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de la dimensión europea es remar contra corriente y no estaremos en condiciones de competir, desde parámetros de calidad y excelencia, desde esta dimensión.
En nuestra opinión, el proyecto de ley pretende además determinar hasta la extenuación los objetivos, programas, órganos de gobierno, carrera docente del profesorado universitario, los itinerarios del alumnado. La única función reservada a las comunidades autónomas es la financiera. Usted lo que les está diciendo a las comunidades autónomas, señora ministra, es: pongan ustedes el dinero para que se cumplan mis programas. Pero es que no estamos en 1983. Las universidades están transferidas, hay autoridades políticas, señora ministra, distintas a usted, que son competentes en materia universitaria. Usted tiene que hacer la ley básica. La obligación de esta Cámara, señorías, es la creación y definición de un diseño flexible y mínimo que fomente que cada comunidad autónoma, a través de su Parlamento, y cada universidad, a través de sus órganos de gobierno, gocen de suficientes facultades como para poder definir políticas universitarias competitivas de calidad y excelencia, pero para ello lo que hay que hacer es impulsar la autonomía universitaria, forzando a las universidades a competir en el contexto investigador y universitario europeo, posibilitando que cada universidad pueda definir sus propios objetivos, sus programas, y que cuente con fuentes de financiación variada. Ese sí que sería, señora ministra, un marco normativo que estimule el dinamismo de los universitarios y de la sociedad en función de unos mayores niveles de excelencia, de rigor, de trabajo y de integración en el contexto social, tal y como ha indicado usted en su intervención. Pero sería deseable dotar a las universidades de autonomía suficiente para que cada una de ellas defina sus programas de movilidad de profesores y alumnos, lo que conllevaría procesos de competencia real entre universidades que conducirían a una mejora sustancial de la calidad del servicio universitario. De hecho, hoy en día existen programas de movilidad, como el Erasmus, el Sócrates o los programas sabáticos, que posibilitan que los alumnos y los profesores realicen parte de su actividad y sus créditos en universidades europeas o en el extranjero.
Desde nuestra perspectiva, señora ministra, este proyecto de ley presenta un modelo universitario de la Europa de los años cincuenta; ustedes lo han rescatado del baúl de los recuerdos. Entiéndame. El equipo ministerial de Ruiz Giménez, 1956, era más abierto, más europeísta, más dinámico que el equipo que usted tiene en la Secretaría de Estado de Investigación. Nos remitimos a 1956. Porque esta ley, señor ministra, se ha diseñado con el pie cambiado; en vez de avanzar, realiza el movimiento de retroceso, amarra una rígida estructura e impide que las comunidades autónomas y las universidades experimenten y avancen. Es una ley reacia a los cambios, que parte de un diagnóstico inadecuado que va a dificultar enormemente las dinámicas universitarias. De poder ser el motor del cambio de la universidad puede convertirse en el lastre del cambio. Y el Gobierno y el ministerio lo que están haciendo con esta actitud cerril es privar a las universidades de una oportunidad de oro para actualizar, modernizar y flexibilizar sus estructuras y programas, al igual que lo vienen realizando otros agentes e instituciones sociales. Esta es nuestra pregunta, señora ministra, ¿por qué se les niega a las universidades esta oportunidad? En consecuencia, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Vasco solicita a esta Cámara la devolución de este proyecto de ley al Gobierno para que sea sustituida por una ley de bases que deje espacios de diversificación que posteriormente puedan ser desarrollados en los parlamentos de los que dependen las universidades. Señora ministra, así es como se cumple la Constitución, así es como se cumple el Estatuto de Gernika, así se respeta el estatuto vasco. Porque, señora ministra, el modelo que usted presenta, desde nuestra perspectiva, es preconstitucional en lo político, intervencionista en lo que a la gestión se refiere y decimonónico en lo académico.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señora ministra, no sé si es por la estación del año en la que acabamos de entrar, en este otoño raro, con un clima tan desasosegado, o por las desgraciadas repercusiones de lo ocurrido el martes trágico pero, a la vista de los últimos debates, hay que constatar que los jóvenes cachorros maduros del PP se nos están haciendo jacobinos. Que me perdonen Robespierre y el PP por la ofensa, pero se nos están haciendo jacobinos tanto por un reverdecer cateto hacia el centralismo como por haber retomado aquella vieja frase que decía: Viva la libertad y a la guillotina quien no piense como yo. La han convertido en: Vivan las autonomías y a no se sabe qué sitio quien no piense como yo. Señorías, durante estos últimos días hemos visto cómo un supuesto acuerdo entre las comunidades autónomas y los partidos políticos sobre el modelo de financiación autonómica se ha ido desmedulando poco a poco. Se le ha vaciado de contenido, se le han quitado competencias y se ha prohibido moral y casi legalmente desde aquí que pueda crear nuevas figuras. Es decir, se ha ido desmedulando todo un proceso. Resulta que tenemos un viejo acuerdo de autonomía universitaria, doblemente fijada sobre una autonomía de las comunidades autónomas, y nos encontramos, señora ministra, con eso de: Viva mi autonomía y a la guillotina quien no piense como yo.


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Señorías, señora ministra, desde hace más de 20 años, desde su corto nacimiento, y anteriormente también las otras fuerzas, Izquierda Unida ha unido su voz a la de los sindicatos y otros sectores de la comunidad universitaria para reclamar la necesidad de acometer y de haber acometido en su día un debate público amplio y participativo sobre la reforma de la Ley universitaria, una vez conocidas y reconocidas sus insuficiencias para dar respuesta a las nuevas demandas sociales y de haber detectado importantes fallos y perversiones en su puesta en práctica. Prueba de esa preocupación de Izquierda Unida por la situación que atraviesa la Universidad -lo digo para que se evite el portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacer referencia diciendo: He mirado en los archivos y no he visto ninguna iniciativa de Izquierda Unida-, es que son inmunerables las iniciativas planteadas por mi fuerza política, la última realizada el día 6 de junio de 2000, en la que se solicitó la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes para debatir la reforma universitaria. En aquel debate nosotros decíamos que era imprescindible y urgente -como no podía ser menos- implicar al Parlamento en el intenso debate que mantenía en esa fecha la comunidad universitaria, a partir del informe Universidad 2000, que se hizo público unos meses antes, y que generó múltiples reacciones, así como una amplia polémica en el ámbito universitario; planteamos aquello, señoría. Esta es una concepción de democracia parlamentaria novedosa o nueva, tampoco nueva sino de andar por casa -permítanme la expresión-, la de implicar al Parlamento.
Suscribo la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en cuanto a la fecha, colocándome en el momento, en el ítem de la fecha de su modelo de Universidad, porque también usted en el tema parlamentario ha sido todavía mucho más antigua. Plantear: Yo traigo aquí las leyes y ustedes se dedican a enriquecer las leyes, es un modelo de parlamentarismo donde, desde luego, coloca al parlamentarismo no de segundones o de tercerones sino de cuarterones.
Decir: Yo traigo aquí las leyes y ustedes les dan un brillito, les dan un recortito por aquí, una mejora técnica por allá, en definitiva, enriquecer. Una concepción que usted también ha planteado -¡vaya una concepción maniqueísta!- al decir que esperaba que aquí solamente hubiera una crítica constructiva; ¡es que oponerse también es constructivo en un momento determinado! Lo más constructivo que se puede hacer en este momento es intentar derribar, en la medida de lo posible, el bodrio que usted nos trae aquí. Los edificios viejos, señora ministra, si son muy buenos se rehabilitan, pero si son auténticos bodrios y no tienen ningún valor artístico como el suyo, se les tira, es decir, se hace todo lo posible para tirarlos. Por cierto, hay que reconocerle un mérito. El único mérito que tiene su edificio es que ha conseguido usted unir a toda la sociedad y a toda la comunidad educativa en su contra, lo cual es un mérito que es bueno. En un momento determinado usted ha reunido a los rectores, a todos los colectivos, a los administrativos y a los estudiantes; este es un mérito que tiene usted que apuntarse.
Frente a eso, el Gobierno del Partido Popular ha evitado toda posibilidad de abrir y potenciar el debate requerido antes de la tramitación parlamentaria de su proyecto de ley de universidades, optando por seguir un proceso ajeno por completo a la más mínima voluntad de acuerdo y de participación democrática de los distintos sectores sociales, de ámbito universitario y extrauniversitario, que tienen mucho que decir sobre el sentido de la reforma de la universidad.En efecto, la señora ministra, además, eligió el mes de mayo - época claramente inadecuada para propiciar el debate en el ámbito universitario por razones obvias- para hacer público el borrador de anteproyecto de ley de universidades y dio un plazo ridículo a la Conferencia de rectores y al Consejo de Universidades para que hiciesen su valoración y aportasen propuestas. A finales del mes de junio, también fecha muy adecuada, a la vista del considerable rechazo generado, la ministra informó al Consejo de Universidades de los cambios que pensaba introducir en el anteproyecto, sin dar pie siquiera a que dicho órgano lo pudiera analizar. En pleno verano el Consejo de Ministros aprobó el correspondiente proyecto de ley orgánica de universidades y lo remitió al Parlamento, donde se ha establecido un plazo igualmente ridículo para la presentación de enmiendas. Es decir, todo evidentemente antes de que comience el nuevo curso académico y se reanude plenamente la actividad universitaria. Ante semejante proceso que ha impedido el diálogo y la necesidad de búsqueda del máximo acuerdo sobre una reforma de tanta repercusiones sociales, Izquierda Unida reitera la exigencia de que se abra un debate público, previo a la tramitación parlamentaria de cualquier proyecto de ley universitaria, con la participación de la comunidad universitaria, estudiantes, profesorado, personal no docente, de las fuerzas políticas y de los entes sociales para abordar serenamente la necesaria reforma de la Ley de Reforma Universitaria, con vistas a solucionar los problemas detectados en la universidad pública, empezando por el mayor de ellos, la insuficiente financiación pública, y por extensión la ausencia de un modelo de financiación de las universidades, carencias que contribuyen a su vez a la pérdida de autonomía, a tener que buscar fondos y pasar a depender, al menos en parte, de entidades privadas.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida coincide plenamente con múltiples y autorizadas voces de los máximos representantes de las distintas universidades españolas, que vienen manifestando su enorme preocupación ante este proyecto de ley, que lejos de dar respuesta a las necesidades actuales de la universidad pública va a contribuir al deterioro de la misma, de la universidad pública, por las siguientes razones.


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En primer lugar, señora ministra, porque introduce la arbitrariedad en el sistema de acceso de los estudiantes a la universidades públicas multiplicando las pruebas para optar a las diferentes carreras y fomentando la discrecionalidad en los criterios para acceder a cada universidad, lo que atenta contra la igualdad de oportunidades de los estudiantes de los diferentes distritos universitarios y genera diferencias inadmisibles entre las universidades. A partir de su ley no son los alumnos, los estudiantes quienes van a escoger las universidades, sino que son las universidades las que van a escoger a los alumnos. Segunda cuestión.
Su proyecto también entraña un serio recorte de la democracia interna en los órganos de gobierno de las universidades, al acentuar por un lado el poder de los rectores y demás órganos unipersonales en detrimento de los claustros y otros órganos colegiados, y al reducir, cuando no a eliminar, la presencia de profesorado contratado, de profesorado no doctor, de estudiantes y de las PAS en los órganos colegiados. Se reinstaura así el viejo elitismo y la jerarquización estamental de otras épocas. Asimismo, la elección directa del rector por sufragio directo ponderado, lejos de suponer un avance democrático es un auténtico retroceso que incrementa el presidencialismo y recorta las competencias de los claustros. No cuenta además, como tantas otras leyes de educación, con un plan de financiación, lo que supone dejar al margen del debate sobre la nueva ley un asunto central, dado el unánime acuerdo existente sobre la insuficiente financiación de la universidad pública para atender los cometidos que tiene encomendados, máxime cuando España está muy por debajo de la media europea en gasto público para la enseñanza superior e investigación, así como en becas y ayudas a los estudiantes. En este sentido, hay que denunciar que la ley, tan reglamentista en otras cosas, no establece procedimiento alguno para asegurar que ningún estudiante quede excluido del sistema universitario por razón económica a través de las becas, tanto para estudios oficiales como para los títulos propios y tercer ciclo, por mucho que la señora ministra haya garantizado su supuesta igualdad de oportunidades. Supone un retroceso histórico en la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 27 de nuestra Constitución, ya que se restringen las competencias de la universidad en la selección de su profesorado, se imponen representantes del poder político en los órganos de gobierno de la universidad y se establecen unos consejos sociales convertidos en consejos de gobierno paralelos y/o alternativos integrados por personalidades -perdone que ponga una interrogación en eso de personalidades, designadas no elegidas-, que podrán ser miembros de la comunidad universitaria, artículo 14.3. A su vez, recorta las competencias de las comunidades autónomas al establecer un único sistema nacional de habilitación de personal docente investigador, así como al atribuir al Gobierno central la exclusividad para decidir sobre los requisitos mínimos para la creación y reconocimiento de universidades o sobre las normas que regularán la colaboración con entidades extrauniversitarias. No resuelve para nada la precaria y antigua situación de los PNN, doctores y no doctores, y por otra parte se presenta como una supuesta carrera docente es una auténtica carrera de obstáculos que en absoluto animará a los jóvenes licenciados o doctores a seguirla, sino más bien a huir cuanto antes de semejante calvario. Por último, se impulsa el proceso de privatización de la enseñanza y la investigación universitaria al facilitar la creación y puesta en marcha de universidades privadas, que no tienen que cumplir unos requisitos análogos a los de las universidades públicas en la proporción del profesorado acreditado ni en el carácter democrático de su organización y funcionamiento. A su vez, hay que destacar y denunciar el especial trato de favor que se otorga a la Iglesia católica, impropio de un Estado aconfesional. Señora ministra, las concesiones que hace usted a la Iglesia católica son impresionantes.
Permítame la expresión, pero en vez de venir usted con la casaca roja, debería haber venido de un color más cardenalicio, por aquello de los beneplácitos que le da a la maravillosa Iglesia católica, alguno de cuyos arzobispos son una magnífica expresión del buen hacer cristiano.
Izquierda Unida apuesta por un modelo de universidad pública, basada en los principios de autonomía plena, democracia participativa, corresponsabilidad ante la sociedad y financiación pública suficiente, para asegurar una calidad docente e investigadora en condiciones de igualdad.
Señora ministra, si su modelo se consagra vamos hacia tres universidades: Una universidad extranjera, para formación de la elite que se realizará fundamentalmente en universidades fuera del territorio del Estado español; en un segundo nivel unas universidades privadas y algunas universidades públicas muy de elite, muy determinadas, para formar unos cuadros medios, y finalmente casi una especie de FP de las universidades, que es en lo que ustedes quieren convertir la universidad pública. Por estas razones presentamos nuestra enmienda de totalidad.
Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Entramos en el bloque de enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, aunque salta a la vista que la Ley de Reforma Universitaria de 1985 ha sido superada por las necesidades y los retos que se plantean actualmente en la comunidad universitaria, no es menos evidente que el proyecto de ley orgánica de

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universidades diseñado por el Gobierno ignora los puntos fundamentales que debería afrontar cualquier cambio en la legislación vigente. Por si fuera poco, dicho proyecto de ley ha recibido duras críticas de toda la comunidad académica, que lamenta que además de perseguir un incremento de la competitividad entre universidades en el peor sentido del término, y un recorte de la democracia en el gobierno de éstas, no se prevea un aumento de la financiación pública que permita la mejora de las universidades y facilite el acceso a las mismas. Se trata de asuntos en los que todo el mundo parece ponerse de acuerdo, todo el mundo menos el Gobierno, que no tiene en cuenta que cualquier actualización de la ley aún vigente debe partir de la visión de la universidad como servicio, motor y conciencia social, a través de la creación, conservación, desarrollo y crítica del conocimiento y de su transmisión atendiendo al derecho universal a la educación superior.
Uno de los aspectos que más llama la atención son las carencias de todo tipo que se detectan en el proyecto de ley por lo que se refiere a la financiación de las universidades. De entrada, consideramos imprescindible que se discuta tanto en el marco de la comunidad autónoma como en el marco del sistema de financiación, de manera que se llegue a un compromiso firme, expresado en un plan de financiación que solucione los problemas económicos que hoy día sufren a diario las universidades públicas y sus alumnos. En resumidas cuentas, estamos convencidos de que cualquier propuesta para mejorar la situación de la universidad pública debe pasar por un aumento muy significativo de la financiación que recibe actualmente. Estamos hablando de un incremento que nos sitúe como mínimo en los niveles que observamos en nuestro entorno y que tienda a la media europea.
Otras cuestiones adquieren mayor relieve y presentan mayores carencias en el proyecto de ley, como la referida a los órganos de gobierno. Casi todo el mundo, menos el PP, coincide en el hecho de que el gobierno universitario tendría que basarse en la participación y en la corresponsabilidad, huyendo de cualquier tentación de presidencialismo o jerarquización. Dicho con otras palabras, si se acaba aprobando el proyecto de ley que estamos debatiendo, la participación en su gobierno de la comunidad universitaria -y por extensión, también de los estudiantes- sería casi inexistente, absolutamente simbólica.
Frente a los despropósitos de la propuesta del Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya defiende la adopción de una serie de medidas que permitan mejorar y hacer avanzar la democracia en el actual gobierno de las universidades. Se trataría, por ejemplo, de garantizar la participación plural de los diferentes estamentos universitarios en el claustro general y la junta de gobierno.
Por otra parte, es indudable que la propuesta del Gobierno de eliminar la selectividad y permitir que las facultades o centros con mayor demanda que oferta establezcan una prueba para seleccionar los estudiantes que aceptan, representaría un paso más en la fractura entre la universidad pública y la privada y mermaría la libertad de oportunidades. Todo el mundo, menos el PP, coincide en que con esta medida se crearían universidades de elite que recibirían al mejor académico, siempre que se lo pudiesen permitir económicamente, y marcarían diferencias con el resto de las universidades, con pruebas de acceso más fáciles o sin pruebas de acceso, que recibirían a los estudiantes con peores notas y economías más precarias. Todo ello quedaría muy lejos de los planteamientos de nuestro partido, que apuesta por la necesidad de adoptar las medidas oportunas para que haya calidad en todo el sistema universitario y se fomente la colaboración entre las universidades.
Nadie puede ignorar que el proyecto de ley de universidades ha generado un amplio rechazo de la comunidad universitaria, de los agentes sociales y de las fuerzas políticas. Esto debería hacer reflexionar al Gobierno del Partido Popular sobre el contenido del proyecto de ley y sobre la necesidad de adoptar actitudes más abiertas y flexibles, que permitan alcanzar el consenso que requiere una ley de universidades que, desde nuestro punto de vista, debería apostar por el consenso, tener muy en cuenta la propuesta de la comunidad universitaria, la realidad de las diferentes naciones y pueblos que componen hoy el Estado. Por todo ello, solicitamos la devolución al Gobierno del citado proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, por tercera vez subo a esta tribuna en el día de hoy, junto con otros compañeros, por tener que defender entre otras cuestiones los intereses y sobre todo las competencias que por ordenamiento jurídico corresponden a las comunidades autónomas. A veces, esa vulneración se produce con cierta gravedad y otras con mucha gravedad, como es este caso.
Imagino, señora ministra, que aquellos que votaron negativamente el Estatuto de Autonomía del País Vasco le estarán eternamente agradecidos, porque ha lanzado usted, o pretende lanzarlo, un ataque a la línea de flotación de la autonomía política de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco; pero seguro que pretendemos no dejarle, nos opondremos rotundamente, haremos aportaciones constructivas y corresponderá a ustedes demostrar el talante de consenso, no a los que hacemos las aportaciones. Creo que es una curiosa manera de defender el

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Estatuto de Gernika, pero ustedes lo hacen así y por tanto los ciudadanos decidirán, como han decidido.
Cuatro son las razones que nos han llevado a presentar una enmienda de totalidad. Primera, este proyecto de ley no obedece a una adecuación, actualización y potenciación de la universidad con vistas a afrontar los retos y necesidades que la sociedad requiere. Su exposición de motivos -que ahora la hay- es un mero listado de intenciones que no se soporta en ningún diagnóstico previo, y en consecuencia sus afirmaciones no tienen ninguna solidez. Desde luego, no permite afrontar los retos que tiene la universidad.
Segunda cuestión. Este proyecto de ley no desarrolla, obstaculiza y disminuye la autonomía política de las comunidades autónomas. No se corresponde, en varios de los ámbitos regulados, con la distribución de competencias establecida en el artículo 149.1.30ª de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional sobre el significado de la misma, en lo que se refiere al contenido que deben asumir las normas básicas.
Podríamos hablar de muchas cuestiones y lo haremos en trámite de Comisión, si desgraciadamente este proyecto sigue adelante. Por ejemplo, la creación de universidades del artículo 4, cuya competencia se atribuye al Estado por ley de las Cortes, cuando este ámbito corresponde a la competencia de las comunidades autónomas, no especificándose, como por el contrario se hace en el artículo 6.1, que la capacidad de crear universidades por ley del Estado y de las comunidades autónomas les corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias.
Lo mismo podríamos hablar en relación al artículo 8.2, al título VIII, al consejo de coordinación universitaria o la agencia nacional de evaluación y acreditación, en relación a la autonomía universitaria que desde luego también es un ataque en línea de flotación, que queda vulnerada de raíz cuando no se deja lugar a la especificidad de cada universidad, confundiendo armonización con uniformización. Para ser gráficos y como reflejo de lo que piensan muchas personas que intervienen en ese ámbito universitario, las palabras del rector de la Universidad del País Vasco, ayer en la apertura oficial del curso, son gráficas: es regresivo su proyecto, uniformizador, rígido y anquilosador. Son claro reflejo de lo que piensan en el ámbito universitario.
Pero seguimos. Realmente el procedimiento empleado para la elaboración de este proyecto ha sido un proceso de falta de reflexión y participación por parte de los agentes implicados. Esto lo dice el propio dictamen del Consejo de Estado, al que por cierto hubo que hacer alegaciones por parte del Gobierno vasco para poder intervenir y decir algo. En todo caso, el expediente no ha dejado constancia de la ponderación de intereses públicos y privados concernidos por la regulación proyectada ni de la valoración que el Ministerio hace de las objeciones y alegaciones que se han realizado por algunas instancias que han intervenido por propia iniciativa.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya.


La señora LASAGABÁSTER OLAZÁBAL: Sí, señora presidenta, voy concluyendo rápidamente.


La señora PRESIDENTA: No, concluya rápidamente porque tiene sobrepasado su tiempo en exceso.


La señora LASAGABÁSTER OLAZÁBAL: Concluyo en veinte segundos, señora presidenta.
En definitiva, el actual proyecto sitúa a las universidades, al mismo tiempo que a las comunidades autónomas, en una situación difícil, porque nace de una manera precipitada, sin diagnóstico previo de la situación y con objetivos difusos, y la falta de consenso y participación en su elaboración agrava aún más esta situación.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señora ministra, estamos en el debate de la ley orgánica de universidades, pero yo quiero destacar que esta ley, como otras leyes, refleja una concepción estratégica del Gobierno que de alguna manera atraviesan todas las leyes: la ley de estabilidad presupuestaria, la amenaza de la ley de cooperación autonómica, o esta ley ¿Qué hay de denominador común en estas leyes? Yo creo que hay tres ideas fundamentales que nosotros rechazamos y que expresan claramente la concepción del Partido Popular. La primera es una concepción uniformizadora del Estado que atraviesa todas las leyes que ustedes plantean, absolutamente todas. Ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco que en algunos momentos esta ley parece preconstitucional, y estoy de acuerdo. Es imposible saber que la Constitución reconoce claramente el plurilingüismo del Estado español, es imposible saber que el Estado español es un Estado plurinacional simplemente viendo esta ley. La segunda idea es que esta ley, igual que otras, está atravesada por una concepción intervencionista, de control, de encorsetamiento de la sociedad civil, o sea una contradicción en un partido que se reclama liberal pero que legisla continuamente desde el punto de vista del control de la sociedad. Y la tercera idea o el tercer eje que atraviesa esta ley y el resto de leyes que ustedes nos traen, es un desprecio al diálogo social. Ustedes han conseguido en esta legislatura una mayoría absoluta, pero también una soledad y estar aislados de la sociedad en leyes fundamentales.


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Dicho esto, quiero simplemente manifestar que nos oponemos a esta ley, más allá de estas tres grandes razones por dos argumentos. En primer lugar por el propio procedimiento de confección de esta ley, que a pesar de las buenas intenciones que la ministra, si no recuerdo mal, expresó en abril en el Consejo de Universidades, acerca de que iba a escuchar las críticas y las sugerencias de todo el mundo, no ha recogido ninguna, es decir estamos ante una ley que es la pérdida de una gran oportunidad de legislar una política universitaria en sus vertientes educativa y científica que esté al servicio del interés público. Pero también desde el punto de vista de los contenidos. Ya se han dicho aquí muchos elementos y yo quiero destacar los siguientes. El primero, todo este proyecto está impregnado de un centralismo decimonónico en sus peores versiones y de desconfianza para las universidades públicas, lesionando competencias de las comunidades autónomas. Este es un primer argumento. El segundo que también se ha mencionado, es que retorna a antiguos modelos de selección de profesorado de las universidades públicas, el tema de la habilitación, sistemas centralizados y burocráticos, costosos y que además han demostrado su fracaso en épocas no tan lejanas. En tercer lugar, que de forma contradictoria reduce los requisitos de habilitación de los profesores de las universidades privadas, hecho que nos recuerda antiguas formulaciones de privilegio para los centros educativos de la iglesia. Por otro lado, es una ley que carece de capacidad real de modificación en la medida que no va acompañada de un marco financiero adecuado para garantizar la calidad y la equidad. Por otro lado es una ley que desatiende la creación de un marco europeo de enseñanza superior remitiendo el tema a un posterior desarrollo reglamentario. El consejo social pasa a ser de hecho un consejo de gobierno paralelo, compuesto casi exclusivamente por personalidades ajenas al mundo académico y sin garantías de representación de todos los agentes económicos y sociales.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya, por favor.


El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
Por último, el sistema de elección del rector por sufragio universal ponderado, revela una vez más la debilidad democrática del proyecto.
Señora ministra, sé que ustedes no van a retirar este proyecto, porque insisto detrás de este proyecto, como detrás de otros proyectos, hay unas líneas estratégicas del Gobierno popular que se trata de cambiar electoralmente. No estamos de acuerdo en la concepción uniformizadora del Estado que presenta esta ley, no estamos de acuerdo en la injerencia y el corsé que el Gobierno quiere poner continuamente sobre la sociedad española, y por último pensamos que es un gran error echar adelante este proyecto de ley sin el acuerdo de la comunidad educativa.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Curiosamente cuando el Estado de las autonomías está más estructurado, el Gobierno adopta el criterio de hacer una lectura de la Constitución en materia de enseñanza superior, como en otras materias educativas, económicas y de carácter institucional en general, totalmente contraria al desarrollo pleno de las competencias en las comunidades autónomas.
El objetivo es reforzar el control por el Gobierno central del conjunto del sistema universitario del Estado. El resultado es la plasmación de un sistema caracterizado por la jerarquización piramidal con dependencias y controles del Estado, al servicio de una muy determinada idea de España típica del Partido Popular. Nada hay en la Constitución española que impida el establecimiento de un sistema universitario claramente descentralizado, competencia de las comunidades autónomas, regido por el principio de la autonomía universitaria, de funcionamiento democrático y adaptado a la realidad socioeconómica, cultural y lingüística de cada de una de las naciones del Estado. Este modelo es compatible con el desempeño por organismos de la Administración central de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Fundamentalmente son tres los instrumentos que la ley aprovecha para vertebrar un sistema centralizado: el consejo de coordinación universitaria, la agencia nacional de evaluación y acreditación y el sistema de habilitación nacional previa para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes universitarios. La composición, funciones y disposiciones legales del primero, intensificarán el carácter centralista y gubernativo del sistema. La agencia, certificación y acreditación de todo tipo y constituida por acuerdo del Consejo de Ministros, tendrá capacidad de inspección y control sobre todo el sistema al margen de las comunidades autónomas. La habilitación estatal es el regreso a un examen de ámbito estatal que incidirá en la generalización y en el reforzamiento de determinadas mecánicas de pensamiento e investigación. No será un antídoto contra la endogamia, sólo reforzará el control ideológico, lingüístico y metodológico de los aspirantes, a la vez que consolidará los criterios de una casta dominante en los distintos

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departamentos universitarios de las universidades más influyentes.
La exclusión del gallego, catalán y vasco queda garantizada. Las dificultades para su uso en funciones científicas y de investigación reforzadas. El sistema para el profesorado contratado resulta propiciador de inestabilidad, no disminuirá la endogamia y empeorará la carrera docente facilitando que muchas universidades mantengan la mitad de su profesorado en condiciones de interinidad, con todo lo que esto conlleva.
Por otra parte, todo el título III es un modelo de reglamentismo a todas luces antagónico con la autonomía universitaria amparada por el artículo 27.10 de la Constitución española, hecho por el que la ley recibió una fuerte crítica de la CRUE y que nosotros compartimos. La estructura rígida y uniforme es efectivamente incompatible con la diversidad del sistema universitario y asimismo con una concepción de la democracia menos corporativa y marginadora de determinados sectores de la comunidad universitaria. Este afán reglamentista contrasta con la indefinición sobre un sistema de becas para los estudiantes más de acuerdo con los modelos vigentes en la mayoría de los Estados de la Unión Europea o con la falta de una alternativa clara de financiación del sistema universitario en su conjunto, de forma que puedan mejorar la calidad y la equidad. La financiación plurianual y las características de la misma debía de ser objeto de elaboración de leyes en los parlamentos competentes, dentro de unas coordenadas de compromisos económicos y objetivos científicos y educativos elaborados entre todas las administraciones implicadas y formalizados en líneas generales por una ley básica.
Finalmente creemos que los problemas derivados de la presencia de los rectores de las universidades privadas y de la Iglesia católica en el consejo de coordinación universitaria no se superan con la salvedad de que no voten cuando se trata de temas que afectan sólo a las universidades públicas. Es por todo esto por lo que el Bloque Nacionalista Galego pide la devolución del proyecto al Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, señora ministra, asumo totalmente la parte de su discurso respecto a la importancia de la universidad, no creo que tenga que repetirlo, y asumo también la parte de su discurso respecto a la importancia del momento que vivimos esta sociedad del conocimiento y de la información, y por tanto la oportunidad que tenemos ahora mismo de realizar este cambio legislativo. Ahora mismo tenemos, como sabe usted señora ministra, el sistema universitario más potente que jamás tuvo este país, dentro de un marco constitucional que le otorga autonomía; autonomía como llave de flexibilidad y sobre todo de adaptación a la sociedad donde se encuadra, donde sirve, porque como sabe igual que el mundo está globalizado y estamos en la sociedad de la información y del conocimiento y el conocimiento se mueve de un lado a otro y sin moverse las personas ya se mueve la información, también es verdad que este mundo no es homogéneo es heterogéneo y cada sociedad tiene su realidad cultural. Ante este contexto de una ley importante, de un momento oportuno y de una universidad potente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un presidente del Gobierno que descalifica y desconfía de la universidad, que la descalifica y la llama corporativista, gremialista. Yo no sé -como soy miembro de la comunidad universitaria, hablo en nombre del gremio- si de verdad es corporativista porque se ha puesto en contra toda la corporación, es decir que todos los que están dentro del sistema manifiestan que están en contra, y manifestándose todos en contra se les descalifica y se dice que responde a intereses corporativistas o particulares de los distintos sectores, sean profesores, titulares, catedráticos, contratados o demás. La mayor perla de esta descalificación y esta desconfianza es cesar a los claustros para adaptarlos a los estatutos; no se tiene confianza en los claustros actuales elegidos democráticamente, según sus estatutos y que tiene como misión adaptarlos a la futura ley que sacará este Parlamento, y se dice que para producir esta adaptación de momento se cesa a todos los claustros y se cesa a todos los rectores.
Una ley de esta importancia no puede aprobarse en un marco de descalificación y desconfianza. Ya podemos entrar en todo lo que usted ha descrito. Algún portavoz ha dicho, y lo suscribo, que una cosa es lo que se dice aquí y otra lo que se escribe en la ley. Tengo poco tiempo, pero muchos de estos problemas como la exogamia o la calidad, se resolverían como decía Napoleón que se ganaban las guerras, con tres cosas: con dinero, con dinero y con dinero. Con dinero se resuelven las políticas de movilidad. Vamos a ver si pasamos del control de la endogamia, que en parte existe, a forzar a la exogamia, es decir a que un profesor que está dentro de un equipo de investigación y que está dentro de un departamento, para conseguir calidad a la fuerza tenga que desplazarse a otra universidad. En un sistema de universidades competitivas, donde unas tienen más calidad que otras en esta teoría, si uno está de profesor en la de máxima calidad ¿qué pasa? ¿Se tiene que ir a la fuerza a otra porque si no lo hace no puede seguir su carrera docente? ¿Hasta qué punto se puede generalizar? Esta es la otra gran pega que tiene la ley: la uniformidad, café para todo el mundo. Cuando uno hace una ley para una universidad tan compleja como la española diciendo café para todos no funciona. La realidad es muy diversa, los sistemas de acceso de los profesores cambian, se laboralizan, cambian los porcentajes.


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¿Usted sabe, señora ministra, el porcentaje que hay ahora mismo entre funcionarios o profesores titulares y catedráticos y entre no funcionarios, administrativos, PNN, para entendernos? Ahora mismo y según esta ley, pudieran crecer las universidades hasta casi el 30 por ciento sin sacar ni una sola plaza, sacando sólo laborales. ¿Qué pasaría cuando estos laborales entren en un escenario distinto, con unos controles distintos de calidad o empiecen a hablar de estabilidad en el empleo?

La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.


NÚÑEZ El señor CASTAIN: Señora ministra, yo creo ,y tendremos oportunidad de hablar de cuestiones puntuales en las enmiendas, que este proyecto que usted nos trae aquí desconfía, descalifica y uniformiza, y con estas bases no se resuelve la universidad del siglo XXI.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por último, en nombre del Grupo Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, usted ha conseguido alcanzar lo que casi nadie consigue, unanimidad en contra de su proyecto de ley de todos los ámbitos universitarios: profesores, alumnos, rectores, personal auxiliar y de servicios. La asamblea de Conferencia de Rectores de la Universidad Española se muestra tajante a la hora de valorar el proyecto de ley. De hecho, en una declaración efectuada el pasado 19 de septiembre decían: Según el parecer unánime de la asamblea, el proyecto del Gobierno no sienta las bases que precisa la universidad española del siglo XXI para dar un nuevo salto cualitativo que permita situarla a la cabeza de los sistemas universitarios europeos, marca imprescindible de referencia. Y continúa: El proyecto de ley configura un modelo universitario que afectaría gravemente a la capacidad de nuestras instituciones universitarias para adaptarse a un contexto y demandas continuamente cambiantes y garantizar la calidad del servicio público de la educación superior.
No vamos a negar que, transcurridos 18 años de la puesta en marcha de la anterior ley, es necesario ajustarla, es necesario reformarla, pero no de esta manera. Con su propuesta se incrementa la capacidad de decisión de las universidades privadas en el sistema universitario español, se pretende otorgarles una representatividad mayor que su importancia real, no se proponen requisitos de calidad equiparables a los que se exigen en las universidades públicas, se les concede un trato especial a la hora de contratar profesorado, las Cortes Generales pueden crearlas sin necesidad de ley de Parlamento autónomo, la universidad de la iglesia no necesita ni siquiera ley de reconocimiento. Otro de los problemas graves de la ley es la financiación, sólo dedica el 1,1 por ciento del producto interior bruto a la educación superior frente al 1,6 por ciento de los países de la OCDE.Este proyecto supone la quiebra total del modelo participativo, uno de los mayores avances de la ley anterior.
Tampoco querría dejar de mencionar un aspecto especialmente clave para las universidades, la investigación. En este ámbito sólo existen en la ley generalidades, no se diseña una auténtica carrera investigadora y están ausentes problemáticas reales. No se contempla la carrera docente en su globalidad dado que gran parte del personal docente e investigador puede ser contratado, se establece la contratación por obra y servicio y puede producirse una elevada tasa de precariedad social.
Reconocemos la necesidad de adaptación de la reforma de la actual Ley de Reforma Universitaria, pero no con estas formas ni con estos fondos. Lograr el objetivo deseable, una universidad pública de calidad, no puede hacerse con estas prisas, con este ritmo legislativo de mayoría absoluta, acuñado, desgraciadamente, en esta legislatura. Como ha dicho un diputado anteriormente, ustedes han decidido sacar adelante una serie de leyes, leyes que van fundamentalmente al vacío. La Ley de Extranjería ha sido un ejemplo perfecto de la política actual del Partido Popular, hay que sacarla por encima de todo para rechazar lo que había anteriormente, aunque lo anterior estuviera bien, y caer en el vacío. Parece ser que los colombianos que andan a tiros por la calle se basan fundamentalmente en la nueva Ley de Extranjería sacada por ustedes, con lo cual no hemos conseguido nada.
Por todos estos motivos, pedimos el voto favorable de la Cámara a la devolución del mencionado proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra, subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de universidades enviado a esta Cámara por el Gobierno y presentar el proyecto alternativo que a esta ley ha elaborado mi grupo.
Señora ministra, en abril del presente año usted hizo una primera exposición de las líneas maestras de su proyecto de ley ante el Consejo de Universidades. Usted partía de una situación francamente óptima parallevar a cabo la reforma del actual marco legal de nuestro

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sistema universitario. Prácticamente todos los sectores de la comunidad universitaria coincidían en la necesidad de abordar estos cambios: las autoridades académicas -por cierto, elegidas democráticamente- , los representantes de los profesores en juntas y claustros, los de los estudiantes, todos ellos se habían venido pronunciando en los últimos tiempos a favor de modificar distintos aspectos de la actual normativa universitaria. También las administraciones educativas, los distintos sindicatos de profesores y los grupos políticos presentes en esta Cámara estaban a favor de esa transformación. Señora ministra, usted ha hecho saltar por los aires ese consenso inicial. Donde había un acuerdo prácticamente unánime, hoy nos encontramos con un desacuerdo unánime. Su proyecto de ley no convence prácticamente a nadie, pero eso no es lo peor. Lo peor, a juicio de mi grupo, es que usted ha venido demonizando sistemáticamente a todo aquel que ha osado discrepar: retrógrados, rancios, corporativos, progres trasnochados..., no han escatimado epítetos; ni usted ni el presidente de Gobierno. Parece que ha hecho suya la afirmación del señor Aznar de que no se fía de nadie, de que se fía sólo de sí misma y ha decidido que tampoco nadie merece su confianza: ni rectores, ni sindicatos de profesores ni estudiantes de administraciones educativas, nadie. Los socialistas vamos a estar con ellos contra esta ley. Le diré por qué: porque, más allá de los tics autoritarios de estos meses, lo peor es que con su actitud usted ha demostrado una desconfianza profunda en la universidad española, y una reforma que parte de esa desconfianza está condenada al fracaso.
(Aplausos.) Se lo he dicho ya en distintas ocasiones: nuestro sistema educativo es, porque así lo quisimos en nuestra Constitución, un sistema participativo. El Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades comparten responsabilidades en la educación universitaria. No se puede hacer una reforma de la universidad contra las propias universidades y contra buena parte de las comunidades autónomas. Su soledad, señora ministra, no es sólo, como le han dicho ya, sinónimo de soberbia política, es sinónimo de impotencia. Su soledad proyecta un mal augurio sobre sus propósitos, hablan por sí solas las nueve enmiendas de devolución que ha cosechado su texto.
Espero que a lo largo del proceso de tramitación parlamentaria enmendemos entre todos su empecinamiento y el texto de ley alcance un consenso que hoy no tiene. Ya le anuncio que mi grupo trabajará con responsabilidad para que así sea. Señora ministra, no se equivoque, no es sólo un problema de consenso, es además un problema de contenidos. Su ley -y nunca mejor dicho su ley porque esta ley es sólo suya- es una mala ley, ni afronta los retos que usted misma se plantea ni resuelve los problemas que usted señalaba en su intervención. Lejos de ello, como le demostraré, en muchos casos los agrava. Su ley es, en ese sentido, una oportunidad perdida. Para abordar los retos del futuro usted mira hacia el pasado, para buscar soluciones multiplica los problemas y para resolver las necesidades simplemente mira hacia otro lado. Su ley no es la ley que la universidad española necesita.
Todos los países industrializados del mundo están abordando cambios en sus sistemas universitarios. Lo están haciendo porque saben que el desarrollo económico y social de la sociedad del conocimiento depende de lo que consigan investigar e innovar, son conscientes de que su futuro colectivo está ligado a lo que sean capaces de aprender sus jóvenes y, más allá, el conjunto de sus ciudadanos. De esta reflexión unánimemente compartida surgen los rasgos de la universidad para la sociedad del conocimiento: una universidad abierta a todos los ciudadanos, a los jóvenes y a los que no siéndolo necesitan volver a la universidad o simplemente quieren acceder a ella; una universidad dotada de autonomía académica y organizativa necesaria para incorporar nuevas enseñanzas y titulaciones, para impartir enseñanza presencial y virtual y para crear las estructuras académicas que soporten estas nuevas actividades; una universidad dotada también para la gestión de estas nuevas tareas; una universidad volcada en la investigación y en la innovación, atenta a la transferencia de sus investigaciones al sistema productivo.
Señora ministra, la universidad que usted diseña en su ley no se parece en nada a la que acabo de describir. Cuando la universidad necesita más autonomía académica, usted la recorta; cuando la universidad necesita más capacidad de gestión, usted crea más burocracia; cuando la universidad tiene que investigar más, en contacto con nuestra empresas, usted la deja al margen del sistema de ciencia y tecnología. A pesar de las proclamas que usted hace aquí, usted recorta la autonomía académica de las universidades. Le pondré un ejemplo. ¿Sabe S.S. que su ley restringe la capacidad de creación de centros que las universidades tenían hasta ahora atribuida? ¿Sabe S.S. que habrá universidades que tendrán que cambiar o suprimir algunos de sus actuales centros? Lejos de incentivar la innovación académica, usted la reprime. A pesar de sus proclamas, usted tampoco introduce mejoras en la gestión. Hasta ahora la universidad española se organizaba en departamentos y en centros, pero a usted le parece demasiado sencillo; les quita competencias a los departamentos y se inventa otra estructura: los grupos de investigación. Las universidades tenían claustros, juntas de gobierno, consejos sociales, juntas de facultad, consejos de departamento... A usted le parecen pocos y crea uno nuevo: las juntas consultivas. Grupos de investigación y juntas consultivas, lejos de facilitar la gestión, lejos de simplificar la estructura universitaria, usted la complica más. Señora ministra, no obligue a las universidades a tener más órganos y, sobre todo, confíe en ellas, deje que puedan organizarse dentro de ciertas pautas básicas. ¿Por qué todas las juntas de gobierno tienen que tener

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la misma composición? ¿Cree usted que la Politécnica de Cataluña tiene que organizar su gobierno según los mismos criterios que la Complutense de Madrid o la Universidad de Burgos? Usted nos habla de investigación universitaria, pero la aportación más relevante de su ley es la creación de un título específico, y se acabó. ¿Sabe usted cuál es uno de los mayores problemas de las universidades en este momento? Que cuando quieren hablar de investigación ni siquiera saben a quién dirigirse, no saben si hablar con usted o con la señora Birulés. ¿Sabe usted que en toda la ley no hay una sola mención al sistema de ciencia y tecnología, ni una sola mención al Plan nacional de I+D+I, del que las universidades consiguen la mayor parte de sus fondos para investigación? Incentivar la investigación en la universidad es algo muy distinto a escribir retórica hueca en el BOE; es facilitar la incorporación de investigadores a las plantillas universitarias. Hacerlo, sí, con leyes y con decretos, pero también y sobre todo con recursos; es permitir que las universidades flexibilicen la dedicación de sus profesores. Una vez más, es confiar en la universidad.
Decía antes que ha recortado la autonomía universitaria. En estos meses de discusión usted ha tenido, creo, una verdadera obsesión: el único problema de la universidad española era su autonomía y la única solución aumentar el control social -léase en la interpretación de ustedes-, el control político, pero ha cometido un error: ha enfrentado la autonomía universitaria con el control social, y lo que es peor, se ha esforzado por presentar a las universidades públicas españolas como instituciones corporativas sólo preocupadas por defender sus privilegios y dirigidas por rectores cuya máxima aspiración en la vida es seguir en el cargo. Señora ministra, la autonomía no es incompatible con la mejora de la rendición de cuentas. Nadie en la comunidad universitaria rechaza el control social, lo que rechazan es la injerencia, y los socialistas también; lo que rechazan es la burocracia, y los socialista también; lo que rechazan son los inventos que no resisten ni una semana, o sea los suyos, y nosotros también. Usted planteó un sistema de gobierno de las universidades en abril, uno nuevo en junio y, al final, ha traído aquí otro diferente y todos cortados con el mismo patrón: recortar la autonomía universitaria. Reconozco que este último, además, es especialmente imaginativo. ¿Le parece razonable que el rector acuda al consejo social con voz pero sin voto? ¿Cómo puede usted defender que la persona que usted define en su ley como máxima autoridad de la universidad y representante de ésta no tenga voto en el consejo social, que es un órgano universitario? ¿Cree usted razonable que ni el rector ni ningún otro miembro de la comunidad académica tengan derecho a voto en el proceso de creación de facultades o enseñanzas? ¿Cree usted que este invento puede funcionar? En resumen, en contra de lo que usted misma dice pretender, trae usted más problemas de gestión para la universidad.
Todos los análisis sobre el futuro de la universidad coinciden en que esta institución debe abrir sus puertas, debe facilitar el acceso a todos los ciudadanos y durante toda la vida. Ese es el modelo y usted en su ley hace justamente lo contrario. Limita drásticamente la entrada en la universidad a quienes poseen el título de bachiller. Se olvida, por ejemplo, de los titulados en formación profesional superior. En lugar de abrir, cierra. Va exactamente en dirección contraria a la que han tomado las mejores universidades del mundo.
Con todo, lo más destacable de su ley, en lo que al sistema de acceso se refiere, es que usted no nos dice lo que va a hacer. Una ley de universidades en la que se omite, ni más ni menos, cómo se va a acceder a la universidad. Usted no puede sostener seriamente que es una decisión que corresponde a otra ley. El sistema educativo es un todo global y cómo se pasa del bachillerato a la universidad concierne a la universidad. ¿Por qué no nos lo cuenta? Porque sabe que su decisión es controvertida. Señora ministra, lo que usted pretende aquí hoy es hacernos cómplices de una chapuza: aprobar una ley de universidades sin sistema de acceso a la universidad. Ello mientras nos oculta su intención de imponer una reválida. Donde había una prueba van a poner dos, una al final del bachillerato y otra a la entrada de los centros universitarios. Usted sabe que en más de la mitad de los centros universitarios españoles, en los más atractivos, en los más solicitados seguirá habiendo pruebas. ¿Nos va a explicar cómo lo va a organizar? ¿Cuántas veces tendrán que examinarse los alumnos que, por ejemplo, quieran ingresar en una ingeniería? Señora ministra, si no pone usted la reválida, ¿cómo se va a ingresar desde los centros privados a una universidad privada? ¿Será España el único país del mundo en el que un chaval pueda entrar a los tres años en el sistema educativo y salir del mismo con un título de ingeniero sin haber pasado nunca una sola prueba de la Administración del Estado? Su responsabilidad es que eso no suceda. Deje de engañar a la opinión pública y díganos que habrá reválida antes de los exámenes en los centros o aclárenos su barra libre para la educación privada. Esta tribuna y este debate son el momento.
Algo parecido, la falta de un modelo universitario coherente, le sucede a usted con el profesorado. Nos habla aquí de luchar contra la endogamia, de movilidad. Para luchar contra la endogamia no se le ha ocurrido otra cosa que resucitar las viejas oposiciones centralistas, felizmente desaparecidas, porque su sistema de habilitación no es otra cosa que eso, una oposición para elegir a aquellos profesores de entre los que las universidades tendrán, obligatoriamente, que seleccionar a sus docentes, un sistema francamente singular. ¿Se imagina usted que las universidades americanas o las alemanas tuvieran que elegir sus profesores de entre un

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grupo limitado de docentes, previamente seleccionados a través de tres ejercicios por unos tribunales federales? Usted saca del baúl de la historia las oposiciones, aunque, eso sí, las bautiza con nombre alemán: habilitación. Reimplanta usted un sistema contrario a la autonomía universitaria y a la autonomía política, a la lógica académica más elemental, y lo hace al tiempo que establece una vía de contratación de profesorado estable. Le anuncio ya, señora ministra, que su sistema centralista, corporativo, uniforme y anticuado va a llevar a algunas universidades a utilizar con carácter exclusivo esta vía de contratación estable para todos sus profesores, para los que quiera promocionar o incorporar procedentes de otra universidad española o extranjera. ¿Se imagina usted a uno de esos investigadores brillantes, que usted dice que quiere recuperar, realizando tres ejercicios para volver a la universidad española? Usted sabe que la incorporación y la movilidad, de producirse, lo será a través de la vía contractual, la más libre; por cierto, la potencialmente más endogámica. Su sistema tampoco va a funcionar en esto; fracasó en los setenta y fracasará ahora.
Señora ministra, los socialistas creemos profundamente en las ventajas de un sistema universitario diferenciado y heterogéneo; en que es bueno que las universidades sean distintas unas de otras, pero no nos parece razonable que esa diferenciación se produzca para huir de una mala ley. Dice usted, y no le falta razón, que la calidad es el reto de la universidad española para los próximos años. Estamos de acuerdo; la calidad es también nuestro objetivo, el problema es que su ley habla de calidad, pero introduce algunas medidas que van a empeorarla y olvida otras fundamentales. Una vez más, construye los discursos y se olvida de los recursos; usted legisla y que pague otro: comunidades autónomas y universidades. La universidad española es hoy una de las peor financiadas de Europa. Me apresuro a decirle, antes de que me lo diga usted, que los presupuestos no lo arreglan todo, pero sin presupuestos se puede avanzar bien poco. Establezca un modelo. No obstante, dígales a nuestras universidades -el lugar es esta ley- que existe un horizonte de convergencia económica para nuestro sistema de educación superior.
El Gobierno del Partido Popular, del que usted forma parte, lleva cinco años gobernando. Tras estos años -son datos de su propio ministerio-, el porcentaje de universitarios con beca en España es el más bajo desde hace quince años. Usted nos trae una ley en la que, una vez más, hará mucha retórica sobre la igualdad de oportunidades, pero ninguna concreción; mucha movilidad estudiantil y ni un solo objetivo para la política de becas y, señora ministra, la movilidad sin becas es sólo un privilegio para quien puede pagarse unos estudios fuera de su hogar.
Termino el análisis de su ley diciéndole que usted cambia el nombre, cómo no, del Consejo de Universidades, pero, aparte de alargar ese nombre innecesariamente, aumenta su tamaño, crea más comisiones, de nuevo más burocracia. En su ley introduce una obligación para las universidades privadas: que tengan un 25 por ciento de profesores habilitados. Con su sistema de habilitación esa previsión, como usted sabe, no puede cumplirse. Olvida usted la enseñanza virtual, el espacio europeo y, para rematar, diseña un mecanismo de adaptación en su régimen transitorio que consiste en ponerlo todo patas arriba. Los rectores -que se van a enterar de lo que es oponerse a su ley-, que se vayan o que pasen por la reelección. Los claustros, que cesen. Todo nuevo; que no quede nada. Partamos de cero. Usted olvida que la universidad española goza de autonomía desde hace ya 18 años, que sus claustros, sus rectores, sus decanos se han elegido democráticamente, y que no estén de acuerdo con usted no quiere decir que deban dejar sus puestos por imperativo ministerial.
En resumen, señora ministra, su ley, como ya le he dicho, no es la que necesita la universidad española. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad con un texto alternativo, porque existen otras formas de abordar los retos de la universidad, porque existen soluciones distintas a los problemas planteados y porque, frente a su desconfianza, existen grupos políticos, entre ellos el mío, que confiamos en nuestra universidad y queremos que siga avanzando en modernidad y en calidad docente e investigadora. Nuestro modelo de universidad está pensado para hacer de la sociedad de la información la sociedad del conocimiento, una universidad abierta a los ciudadanos, que incentive su formación no ya para toda la vida sino durante toda la vida. Para ello definimos un sistema de acceso complementario de los estudiantes que terminen el bachillerato y la FP superior, que permita el ingreso a los estudios universitarios de quienes deseen reciclarse, complementar su formación o simplemente acceder a una nueva; una universidad para la sociedad del conocimiento y, sobre todo, una universidad volcada en la investigación, conectada con el mundo empresarial y con el resto del sistema de ciencia y tecnología; una universidad en la que, junto a la enseñanza presencial, vaya teniendo cada vez más presencia la enseñanza virtual. Queremos una universidad que trabaje en red, que utilice la red para mejorar su enseñanza y que sea capaz de enseñar a través de la red. Por ello proponemos un sistema universitario a la vez presencial y virtual.
La mejora en la eficacia y la eficiencia en la gestión es otra de las prioridades de nuestra ley. Para ello no es necesario recortar la autonomía universitaria sino que, por el contrario, se debe profundizar en ella a la vez que deben reforzarse y perfeccionarse los mecanismos de rendición de cuentas públicas; es algo compatible y deseable, y para ello reforzamos tanto la figura del rector como la del presidente del consejo social. Nuestra propuesta se basa en la confianza en la universidad española para su autogobierno, y así se permite que lasuniversidades puedan organizarse académicamente

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como deseen, a través de sus facultades y escuelas o de aquellos centros que, para organizar sus enseñanzas, deseen crear. El proyecto socialista, señorías, es sobre todo una ley para la calidad universitaria.


La señora PRESIDENTA: Señora, Chacón, le ruego concluya, por favor.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Recoge explícitamente el compromiso de que la financiación por estudiante en la universidad española se equipare a la media europea en el plazo de diez años, porque simplemente no es creíble hablar de calidad, excelencia, eficacia y eficiencia si se olvida la gran asignatura pendiente de nuestra universidad: su adecuada financiación. Para mejorar la calidad docente e investigadora, los socialistas proponemos una agencia española de evaluación y acreditación que, a diferencia de la del Gobierno, es independiente del Poder Ejecutivo y cuenta con la participación y coordinación con las comunidades autónomas.


Señora presidenta, señores diputados, señora ministra, estamos ante dos textos, el del Grupo Parlamentario Socialista y el del Gobierno del Partido Popular, bien distintos. Distintos son los modelos de universidad que plantean; distintas las soluciones que se aportan para resolver los problemas; distintas las prioridades. Los socialistas queremos una universidad abierta para todos y durante toda la vida, con más universitarios, volcada en la investigación, mejor dotada, con más autonomía académica, un sistema más eficaz de rendición de cuentas, presencial y virtual e integrada en el espacio europeo de enseñanza superior. El Gobierno, señorías, nos presenta una ley que restringe el acceso a la universidad, limita su autonomía tanto para organizarse como para seleccionar su profesorado, burocratiza su gestión, olvida los recursos y la igualdad, ignora la adaptación de la universidad a la Unión Europea y pasa por alto la era digital.


La señora PRESIDENTA: Señora Chacón, le ruego concluya, por favor; ha sobrepasado su tiempo con exceso.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Esta mañana, a ustedes les toca elegir entre uno y otro modelo; les toca decidir si en materia de enseñanza universitaria retrocedemos al siglo XX o nos adentramos en el siglo XXI.
Termino ya, pero déjenme decirles que la universidad española está ante una encrucijada. No es la primera vez en su historia; siempre que se ha producido un proceso de profundo cambio social la universidad ha tenido que cambiar y, con su cambio, contribuir al de la sociedad. A diferencia de ocasiones anteriores ...


La señora PRESIDENTA: Señora Chacón, le ruego que dé por concluida su intervención. Ha sobrepasado excesivamente el tiempo concedido y el que a su grupo se le indicó ayer que disponía. Ruego termine en 30 segundos y abandone la tribuna.


La señora CHACÓN PIQUERAS: A diferencia de ocasiones anteriores, en esta revolución, señorías, la del conocimiento, la universidad no es un actor más, es el protagonista principal. Por eso acertar en su reforma es una tarea primordial. Hoy, señora ministra, le decimos aquí que hay otra forma de hacer las cosas, porque la universidad lo merece y, sobre todo, porque este país lo merece.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Chacón.
Turno en contra. (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, en el turno que le corresponde a mi grupo para fijar posición, lo primero que hay que decir es qué difícil es hacerlo cuando un debate parlamentario de la importancia del que estamos teniendo tiene un carácter tan enconado. Hay nueve enmiendas de devolución y en la sociedad se está produciendo un conflicto entre las instituciones universitarias y las instituciones de gobierno. El problema de una ley universitaria debería tener por sus propias características un amplio consenso, y la primera posición que quiere adelantar mi grupo es que nos gustaría trabajar a favor de ese consenso. Muy tímidamente, tanto la intervención del Gobierno como la del Grupo Parlamentario Socialista apuntan a que en el trámite posterior se quieren hacer esfuerzos importantes. Yo tengo mis dudas e intentaré estimular desde esta tribuna ese diálogo en aras de que una ley de la universidad no tenga un carácter partidista ni de un lado ni de otro, ni que el debate tenga esa agresividad dialéctica pues da la impresión de que los dos modelos que se presentan son absolutamente contrarios e incompatibles, con un debate totalmente maniqueo.
Fijaré mi posición señalando que era completamente necesario e imprescindible -aunque por lo visto este Parlamento y la sociedad española no están maduros para un consenso social y parlamentario amplio sobre la ley de universidades- acometerlo. Es verdad que con ese clima de tensión, lo fácil y lo cómodo hubiera sido evitarlo. Sin embargo, hay que acometerlo porque, como aquí se ha dicho, ya no estamos en la universidad de los años ochenta. Vivimos todos un primer periodo en la historia española que llega hasta los ochenta y que implica la Ley de Reforma Universitaria, que era la reacción a un sistema autoritario. Un sistema autoritario que intervenía en la universidad, que impedía la libertad y la autonomía universitaria, que impedía la libertad de cátedra y de docencia, que reprimía todas las libertades y que no tenía financiación; era una universidad

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estrecha y esclerótica. La lucha democrática, en la que hemos participado bastantes de los que estamos aquí y que tuvo consecuencias personales para muchos de nosotros, produjo una reacción en el sentido de la democratización de la universidad, de la apertura, de la libertad de docencia, de la lucha por la investigación nueva, etcétera. La sociedad democrática y la universidad democrática coincidieron a principios de los ochenta con esas leyes de reforma universitaria y el final del siglo XX. Sin embargo, el gran reto de la sociedad española, que era incorporar ampliamente a muchos sectores a la universidad -hoy tenemos un millón y medio o más de universitarios-, generar tantas universidades que hemos logrado que casi cada provincia española tenga universidad, crear magníficas infraestructuras universitarias y crear un proceso de participación democrática frente al autoritarismo y de libertad en el seno de la universidad, fueron objetivos cumplidos. Una vez cumplidos esos objetivos, ese ciclo histórico terminó y entramos en uno nuevo donde el gran debate es la lucha por la calidad de la universidad, la lucha por conseguir en un mundo internacionalizado la competitividad de la universidad española, de la docencia, de la investigación y de nuestros cuadros profesionales para incorporarse a una sociedad compleja, a una sociedad donde la competitividad de las nuevas tecnologías genera elementos de competencia nuevos. En esa situación estamos. Por eso es necesario una ley universitaria. Esa ley universitaria sería ideal si lográramos un consenso. El consenso no está todavía perdido. Es verdad que el debate de totalidad genera siempre argumentos contrarios y acciones más o menos partidistas de los grupos parlamentarios. Nosotros apostamos por avanzar en ese consenso, pero el consenso no es en abstracto, es en función de las necesidades reales. No se trata de consensuar cualquier cosa. Las necesidades reales, en nuestra opinión, esquemáticamente, porque no tengo tiempo de desarrollarlas -ya las desarrollaremos en nuestras enmiendas, que serán amplias-, son que la universidad actual tiene fallos importantes de gestión y, entonces, ni presidencialismo ni no presidencialismo; es decir, el problema es que en el período anterior, en ese proceso de participación democrática de concepto asambleario en el que todos participamos, porque todos lo defendimos, la gestión tenía que estar más centralizada en los consejos de gobierno y en el rector. En el Parlamento el gran debate sobre la universidad tienen que ser los claustros. Los consejos de gobierno tienen que tener más agilidad y más eficiencia. El consejo de coordinación de universidades tiene que coordinar con las comunidades autónomas, pero la universidad tiene que estar ligada a la sociedad y a la empresa, porque es la vía de potenciar la universidad en el seno de la investigación. Esos problemas necesitan nuevos consejos sociales y los que hasta ahora han funcionado ya no funcionan bien.
Ni la gestión universitaria funciona bien ni la conexión con la sociedad tampoco. Los procesos de selección del profesorado y la movilidad del profesorado y de los estudiantes tampoco funcionan bien; ni la universidad juega el papel investigador que debe de jugar ni la coordinación entre la universidad, el Gobierno central y las comunidades autónomas funciona correctamente. Si todo es así, y en el fondo todos lo dicen, pongámonos primero de acuerdo en el diagnóstico.
Es verdad que todo lo que existe tiene la inercia del poder constituido. Está el poder político, los gobiernos, las comunidades autónomas y también el poder universitario, que es una forma de poder y de gestionar instrumentos tan importantes como la docencia y la investigación. Por cierto, que yo estoy de acuerdo, señora ministra, con aquello de que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tenido la dificultad de separar del Ministerio Educación los instrumentos de coordinación de la investigación. Este debate a lo mejor no tendría tanto encono si el Ministerio de Educación tuviera más instrumentos en el terreno de la investigación y no hubiera esa separación, que ha sido excesivamente sectorial y que rompe el elemento de unidad de coordinación entre el Gobierno y las universidades.
Todas estas cuestiones que estoy planteando necesitan un debate, pero no en estos términos, pues parece que se trata de lo bueno o lo malo, de blanco o negro. Estamos en un debate lleno de complejidad. La teoría de los sistemas habla de que la complejidad necesita unas respuestas complejas y no simples y maniqueas. En eso estamos. Mi grupo hará todos los esfuerzos por acercar sociedad a Parlamento y sociedad a la posición del Gobierno. La ministra debe hacer un esfuerzo de flexibilidad en el sentido de aceptar enmiendas que ayuden a potenciar, si es posible, algún tipo de consenso. La oposición debe de ganar batallas parciales para conseguir mejoras, pero esta ley es imprescindible, es necesaria, hay que hacerla. El consenso hay que intentarlo, pero si se se entiende como el mantenimiento de posiciones numantinas a favor de posiciones corporativas, que son por otra parte normales, no se podrá alcanzar.
Nosotros en las universidades canarias tenemos un problema muy serio y es que muchas veces los planes de estudio no se hacen en función de la sociedad, sino de los planes de trabajo de los profesores. ¿Eso es corporativismo o no es corporativismo? En otras universidades no pasa eso, mira qué bien. Vamos a intentar encontrar un marco flexible, vamos a discutir sin tanta pasión. Esta sociedad española daría una muestra de madurez si logra al final, después de este trámite largo que vamos a tener, un importante consenso, en el que no haya vencedores ni vencidos y más bien todo el mundo se considere vencedor. En esa dirección vamos a trabajar pero sin ambigüedades.
Nosotros vamos a presentar enmiendas, pero aunque nos quedemos solos, vamos a apoyar, como iniciativa necesaria para empezar el debate y no para terminarlo, el proyecto del Gobierno.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, todo proyecto ley de una cierta importancia o trascendencia, un proyecto de ley como este, que viene a reformar todo un sector del marco educativo español, un sector básico, uno de los pilares de la sociedad española, admite por lo menos dos lecturas. En primer lugar, se puede comparar con el escenario ideal que cada uno tiene; se puede comparar si ese proyecto de ley se corresponde o no o en qué medida con aquello que uno desearía. En segundo lugar, se puede comparar con el marco legal existente, con la realidad que ese proyecto de ley pretende transformar. Evidentemente, las dos comparaciones no pueden provocar los mismos resultados. Si empezamos comparando el proyecto de ley, al que se han presentado nada menos que nueve enmiendas a la totalidad, una de ellas con texto alternativo, con el proyecto ideal de cada uno de nosotros, nos daremos cuenta de que sin ninguna duda y sin matices esta ley queda muy lejos, se queda muy corta según lo que desde Convergència i Unió creemos que necesita la universidad española.
Digo creemos porque uno de los primeros matices con los que Convergència i Unió afronta este debate es el de no ser dogmáticos.
Tenemos la impresión de estar demasiado rodeados de dogmatismo en esta Cámara y en la sociedad, en aquella parte de la sociedad que está reaccionando a este texto legal. Nosotros no somos dogmáticos.
Tenemos nuestro propio modelo universitario, pero no pretendemos afirmar que es el mejor de los posibles. Estamos dispuestos a comentar en qué puntos podemos estar equivocados o en qué puntos otras propuestas son mejores que las nuestras. La realidad es que si comparamos las nueve enmiendas a la totalidad de hoy, si pasamos de las musas al teatro, de la gran literatura a la realidad de lo que hoy se está presentando aquí, nos daremos cuenta de que no hay un modelo alternativo de universidad ideal al del proyecto de ley que hoy presenta el Gobierno. De hecho, hay prácticamente nueve modelos de universidad, uno por cada una de las enmiendas a la totalidad presentadas hoy. Esto es muy importante y no transmitir la sensación de que aquí, en función de la votación que va a tener lugar a continuación, de lo que se trata es de estar con unos o con otros.
No. Hay nueve posibilidades por lo menos, aparte de la del Gobierno, y además la nuestra, que no hemos presentado enmienda a la totalidad, a la que se podría sumar la de la CRUE, la Conferencia de rectores de universidades de España, la de determinadas asociaciones de estudiantes y otras. Cada uno tiene su fórmula de lo que cree que debería ser la universidad española, legítimamente y sin que nunca se nos ocurriera a nosotros decir que eso lo hacen sólo porque son ignorantes o porque son no sé muy bien qué. No, legítimamente, tienen su propio modelo. Unos miran a Estados Unidos y otros a Francia; unos hablan de un consejo social muy débil y otros consideran que es demasiado fuerte, que tiene demasiado peso; unos ven un ataque a la libertad de empresa en la regulación de las universidades privadas y otros consideran que las universidades privadas deberían desaparecer de esta ley porque estarán privilegiadas si la ley se aprueba como está; unos ven un exceso de profesorado contratado y otros pretenden que ni siquiera el contrato actual pueda ser indefinido, empezando por el Partido Socialista, y rechazan la posibilidad de contratos indefinidos laborales en la universidad, y otros querríamos más profesorado contratado. Unos ven un modelo excesivamente descentralizado y otros querríamos que las autonomías tuviesen reconocidas las competencias que la Constitución y los estatutos les confieren.
Para nosotros esta ley queda corta. No se corresponde con nuestro modelo, no se corresponde en absoluto -y se intuye por lo que decía hace un momento- en el ámbito de las competencias autonómicas, no se corresponde con nuestro modelo en lo que se refiere al papel o a la dimensión excesivamente funcionarial de la universidad, que no es más que rémora de una época anterior, preconstitucional en este punto, y que somos incapaces de quitarnos de encima. La universidad española es excesivamente burocrática. No se corresponde con nuestro modelo en lo que creemos que tiene que ser una mayor adaptación a la realidad universitaria europea y al espacio que nace después de la Declaración de Bolonia. No se corresponde con nuestro modelo en lo que entendemos que tiene que ser una universidad moderna, adecuada a la sociedad del conocimiento, que sepa traducir en sectores productivos el resultado de sus investigaciones, que pueda investigar con medios y con flexibilidad para hacerlo, que reconozca nuevas realidades universitarias, especialmente en el mundo de la universidad no presencial o virtual y que tenga la libertad que tiene que tener para autonormarse, dentro del respeto a las normas estatales y autonómicas. Este modelo, en todo esto, no es el nuestro y lo queremos dejar bien claro.
Tampoco es nuestro modelo el texto alternativo que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Es cierto que en algunos puntos determinados nos puede parecer un modelo mejor que el proyecto de ley que se presenta y hay algunos puntos donde evidentemente podríamos ponernos de acuerdo. Hay otros puntos que son una mera transcripción -ellos no lo han dicho, pero es bueno recordarlo-. En algunos puntos, el texto del Grupo Parlamentario Socialista transcribe, letra por letra y coma por coma, el proyecto de ley. No es un modelo alternativo completo en absoluto. Como entiendo

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que todos ustedes y quienes puedan estar interesados en este debate no se van a dedicar a cotejarlo, yo les informo: en muchas cosas se parece y en otras se distingue, pero en algunos aspectos nos parece incluso peor que el texto del proyecto de ley. Sólo voy a poner dos ejemplos para justificar nuestro voto negativo a ese texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) En primer lugar, el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista supone una regresión en el ámbito europeo, porque la realidad de hoy, que permite por ejemplo la presencia de las agencias de calidad autonómicas y en concreto la que puedo conocer mejor, como es la agencia catalana, quedaría suprimida en el ámbito europeo. Esto es algo que tendrán que explicar a sus socios; es una parte de las contradicciones internas que a veces tiene el Partido Socialista y su presunto federalismo, que a la hora de materializarse en normas legales es incapaz de llegar a las últimas consecuencias. Tampoco el Partido Socialista es coherente -como a veces se puede afirmar por ahí- con el ámbito contractual de la universidad. A nuestro juicio, mantiene una funcionarización excesiva e impide la posibilidad de que en el ámbito universitario haya contratos laborales indefinidos, limitándose a reconocer -con una especie de benevolencia- la posibilidad de contratos laborales estrictamente temporales. Este no es nuestro modelo, es exactamente el contrario. Por ejemplo, en el sistema de becas se oponen -por cierto, en los mismos términos que el Gobierno- a cualquier tipo de mecanismo de transferencia y en este caso en oposición flagrante -y también lo tendrán que explicar- a una decisión unánime del Parlamento de Cataluña. Queda claro que nuestro modelo no es el del texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista, pero tampoco es el del texto que presenta el Gobierno.
No vamos a compararlo con nuestro ideal, vamos a compararlo con dónde estamos hoy. Si lo hacemos así, la comparación ya admite un cierto tono algo más positivo, porque donde todos estamos de acuerdo -espero y, en todo caso, es la posición de mi grupo- es en que la Ley de Reforma Universitaria necesita evidentemente una actualización, en esto creo que todos coincidimos, necesita claramente una actualización. Por otro lado, es un hecho que este proyecto de ley, cuyas enmiendas a la totalidad debatimos hoy, no está tan lejos, como se nos pretende vender en algunos medios de comunicación, de la Ley de Reforma Universitaria. Evidentemente, la modifica -insisto que menos de lo que querríamos-, pero tampoco es una revolución. Cuando uno escucha sobre el nuevo proyecto de ley determinados juicios de carácter apocalíptico sobre lo que se nos va a venir encima en el caso de que este proyecto de ley se apruebe finalmente, uno tiene la sensación de que el apocalipsis ya ha llegado, porque es muy difícil que ese apocalipsis pueda producirse con este texto si no estuviéramos ya sumidos en un caos profundo en la universidad española, que evidentemente no se da, no se produce y no se corresponde con la realidad. Por tanto, seamos realistas: menos dogmatismo, menos demagogia, más atenerse a la literalidad del proyecto de ley, a la literalidad de lo que hoy es derecho vigente y no wishful thinking, aquello que cada uno querría ver realizado en la sociedad. Atengámonos a lo que son normas, cotejemos normas con normas, proyectos con proyectos y sobre eso es sobre lo que Convergència i Unió se pronuncia, no sobre grandes discursos filosóficos, en los que evidentemente todos podemos embarcarnos rápidamente.
Este proyecto de ley tiene algunos elementos positivos claros, y no nos duelen prendas decirlo, tiene algunas mejoras importantes sobre la situación actual. Voy a citar dos. Una, que nos parece tremendamente importante, es que establece un amplio margen, regulado por las universidades y por las comunidades autónomas, para la contratación laboral indefinida de profesorado, para que el profesorado pueda tener una carrera docente universitaria no funcionarial. Eso está en este proyecto de ley y ha sido una reivindicación muy antigua de mi grupo parlamentario. Hasta qué punto esta reivindicación puede haber influido en este proyecto de ley o no le dejo al Gobierno que lo explique, si es que considera que ha escuchado nuestros ruegos y nuestras peticiones o simplemente es que ha llegado a la misma conclusión. La realidad es que aquí hemos llegado al mismo puerto. Nosotros somos partidarios absolutamente de ello y querríamos que eso fuera más allá. Da más fuerza a los órganos unipersonales y eso nos parece bien. Tampoco nos duelen prendas decirlo.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Guardans, le ruego que concluya, por favor.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Voy terminando, señora presidenta.
Da más fuerza a los órganos unipersonales y eso coincide y sintoniza con el informe Universidad 2000, el famoso informe Bricall, como también coincide con dicho informe en lo que son los ajustes del consejo social, del consejo social y de la relación entre la universidad; hay algunos puntos concretos que habrá que ajustar, pero el peso del consejo social nos parece correcto. En cambio, hay algunos elementos que nos parecen absolutamente inasumibles y que evidentemente vamos a negociar con este gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular. Por ejemplo, nos parece excesivo e incompatible con el marco autonómico el papel que se le asigna a la agencia nacional de evaluación y acreditación. Creemos que el marco legal que resultaría de esta ley viola las competencias en materia universitaria por parte de las autonomías, que quedan

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unos márgenes de inseguridad jurídica importantes en ese texto, que hay que modificar el ámbito de las becas y permitir un equilibrio entre la solidaridad territorial en el conjunto del Estado español con la realidad de la descentralización que se deriva de unas competencias en el ámbito universitario.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Guardans, le ruego que concluya, por favor.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino en un minuto.
Nos parece absurdo exigir la dimisión inmediata de los rectores en esa transitoria, nos parece que se perjudica la enseñanza no presencial o virtual, etcétera. Hay unos cuantos aspectos, en los cuales presentaremos enmiendas de mejora y otros que, si no se modificaran, harían que fuera absolutamente imposible asumir este texto. Por eso -y ahora sí termino- entendemos que esta ley está en situación de suspenso en este momento. Está suspendida, es un suspenso alto, pero se puede suspender por muy poco, y esta ley está en situación de suspenso. No aspiramos a que llegue a tener una altísima nota, estamos convencidos de que nunca llegará a tenerla, porque habría que cambiar muchas cosas. Nos conformaremos con que llegue al aprobado y aspiramos a que cambiando unas cuantas cosas pueda obtenerlo. De ahí que nuestro voto consistirá en abstenernos en todas las enmiendas de devolución, excepto en aquella que presenta un texto alternativo, que votaremos en contra. En todas las demás nuestro voto será de abstención.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para explicar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señoras y señores diputados, el proyecto de ley que hoy nos ha presentado el Gobierno es sin duda, y todos los intervinientes lo han recalcado, muy importante. Gran parte del futuro de este país depende de lo que esta Cámara y posteriormente el Senado decidan respecto de la ley de universidades. En el año 1930 Ortega y Gasset en el Paraninfo hacía una de sus alocuciones más importantes respecto de la universidad española. Recuerdo ahora que en mi época de estudiante leyendo la Revista de Occidente repasaba una y otra vez el texto de Ortega y Gasset. Decía Ortega, y no solamente en el año 1930, sino que lo podemos aplicar en el siglo XXI, que la universidad tiene fundamentalmente tres funciones: transmisión de la cultura, aportar el sentido crítico a la sociedad y los centros de discusión para los mensajes de modernidad y, tercero, enseñanza de las profesiones. Vean ustedes cómo Ortega deja en tercer lugar la enseñanza de las profesiones y no sólo admite sino que apoya la cultura, la transmisión de la cultura y el sentido crítico de la universidad. Pues bien, yo también quiero dejar constancia aquí, en el «Diario de Sesiones», de cómo algunos jóvenes profesores en la universidad de los últimos años, con el sistema anterior, fueron los que encauzaron algunos de los movimientos democráticos que posteriormente reflejaron el sentir del pueblo español en la Constitución. De aquellos jóvenes profesores aprendí lo que significaban el sistema democrático y el sistema de libertades.
No voy a citar a todos, pero sí a aquellos que han ocupado escaños en esta Cámara, incluso alguno lo ocupa todavía: Ramón Tamames, Gregorio PecesBarba, Oscar Alzaga, Luis Gámir -que hoy nos acompaña como diputado-, José María Ruiz-Gallardón, que aunque no fue catedrático ni titular, era el ayudante de Alfonso García-Valdecasas, etcétera.
¿Cuál es la situación actual de nuestra universidad? Quien ha redactado uno de los párrafos de la exposición de motivos del proyecto de ley estaba en la misma línea que Ortega y Gasset, y por eso le he citado. Dice la exposición de motivos: No sólo los estudiantes reciben en éstas -en las universidades- una formación profesional adecuada, sino que pueden beneficiarse del espíritu crítico y la extensión de la cultura, funciones ineludibles de la institución universitaria. ¿Cuál es la situación de nuestra universidad en estos momentos? Quiero decir aquí que la Ley de Reforma Universitaria de 1983 era necesaria. Aquella ley tenía unas partes positivas y otras menos positivas; prueba de ello es que el Grupo Popular entonces no votó en contra, sino que se abstuvo, pues consideraba necesaria una nueva ley universitaria y pensaba que había partes de la LRU que eran positivas, pero discrepaba de otras. Han pasado 18 años, señorías, y hay unanimidad, no sólo entre todos los grupos de la Cámara sino en el conjunto de la universidad española, sobre la necesidad de modificar la LRU. Hace dos años, en septiembre, tuvimos una reunión en la Menéndez Pelayo, con la representación de casi todos los grupos parlamentarios, de sindicatos, profesores, etcétera, y existía la opinión unánime de que había que reformarla.
Por otra parte, el Partido Socialista intentó en dos ocasiones la reforma de la LRU, pero, por circunstancias que no vienen al caso, no se pudo llevar a cabo. ¿Qué pretendemos hoy con la nueva ley de universidades? Pretendemos una universidad que esté dentro del conjunto de la universidad europea; pretendemos una universidad del siglo XXI; pretendemos una universidad moderna; pretendemos una universidad que forme a las nuevas generaciones en un mundo globalizado, en un mundo en el que indudablemente, además de aprender su profesión, tienen que conocer el conjunto de la cultura. Hoy nos encontramos con una universidad de más de 1.500.000 estudiantes. Este número va

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a ir bajando en los próximos años, y esto es algo fundamental para lo que en esta ley se preceptúa; ya está bajando y llegará a cerca de un millón de estudiantes dentro de ocho o diez años. Nos encontramos una universidad que tiene algunos problemas y hay que decirlo: tiene endogamia, tiene falta de movilidad y, en algunos casos, aunque tiene profesores de gran nivel y de gran categoría, tiene otros que no están a la altura de la universidad que necesitamos. Por eso subrayaría aquí fundamentalmente lo que se preceptúa en la ley respecto de la habilitación.
Señorías, hay dos conceptos de universidad: la sajona, en la que no hay habilitación, pero los profesores son contratados por dos o tres años, y la latina, en la que son funcionarios. En el proyecto de ley se propone un sistema mixto, en el que los habilitados son los funcionarios, los titulares y los catedráticos, y en el que se permite contratar, mediante las fórmulas de contrato laboral, a un conjunto de profesorado que puede alcanzar hasta el 49 por ciento de la universidad, pero creo que es algo fundamental lo que se pretende con la habilitación. Se pretende que nuestro profesorado sea el mejor y que a él accedan los más preparados y que realmente, como dice nuestra Constitución, sea exactamente por mérito capacidad como se acceda a la habilitación correspondiente. Para ello se utiliza la fórmula más justa posible y en donde menos puede concurrir que algunos catedráticos o profesores deseen que los que están en su departamento, etcétera, accedan a la habilitación, porque lo que se dice es que los tribunales estarán formados por sorteo por siete catedráticos de la asignatura que corresponda. Creo que esa es la fórmula más justa que puede haber y que no se puede decir nada, en absoluto, en contra. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) A ese respecto, sé que hay grupos que no desean la habilitación y que lo que dicen es que vamos a unas fórmulas, como las actuales, donde a un profesor, a veces, lo que se le dice ante el tribunal es que elija él el tema de la asignatura que desee exponer ante el mismo. Creo que éste es uno de los temas fundamentales, la habilitación.
Otro de los temas fundamentales es la movilidad. Nuestra universidad, señoras y señores diputados, es una universidad demasiado rígida. Hoy no puede un catedrático que sea de Murcia acceder cuando sale una plaza en Salamanca, en Santiago de Compostela o en Sevilla, y eso es algo que perjudica enormemente a nuestra universidad. Por eso la movilidad no sólo es para los profesores, sino también para los alumnos, y de ahí indudablemente -y ahí está el compromiso que ha expuesto en diferentes ocasiones la señora ministra- la necesidad de aumentar las becas de movilidad y, por lo que he ojeado de los presupuestos de 2002, se aumentan sensiblemente.
Otro tema que consideramos importante es el consejo social. Señorías, la sociedad tiene que estar imbricada dentro de la universidad hoy en día, no sólo porque la sociedad es la que aporta el 85 por ciento de los recursos a la universidad, sino porque realmente la sociedad tiene que estar dentro y no debe parecer que hay dos aspectos completamente diferentes, uno el académico y el otro donde participa la sociedad. Por eso creemos -y en la ley así se hace- que el consejo social se refuerza. Se refuerza y voy a adelantar algo. No habrá inconveniente, a través de algunas enmiendas que se han expuesto, que los rectores tengan o no voz y voto o que se amplíe la representación académica en el consejo social, pero creemos absolutamente necesario que la sociedad esté integrada dentro de la universidad. Respecto a los consejos sociales tenemos ejemplos de todo: los que han funcionado bien, los que han funcionado regular y otros que han funcionado deficientemente.


Otro tema importante es la elección del rector. La elección del rector, señorías, que pretende el proyecto de ley es por sufragio universal, con voto ponderado. No comprendo, de verdad, la oposición de algunos grupos o de algunos intervinientes respecto de que el rector no se elija por sufragio universal. En cambio, en la ley se le dan más competencias, y entendemos que un rector que tiene más competencias y un rector en estas condiciones tiene que estar apoyado por la gran masa, y damos algunas fórmulas similares: que tiene que ser catedrático, por supuesto, pero ha de ser elegido por la totalidad no sólo del claustro, de los profesores, sino también por los alumnos, etcétera, eso sí, con voto ponderado.


La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, le ruego concluya.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Concluiré.
A mí me gustaría, aunque es muy extenso, decir algo del ingreso en la universidad. Señorías, ya lo ha dicho la señora ministra, somos el único país de la Unión Europea en donde se hace la selectividad y eso nos plantea algunos problemas. Por ejemplo, estudiantes franceses, chicos y chicas, que tienen el BAC, que es un examen francamente fuerte, no pueden entrar en nuestras universidades, por ejemplo, como título. En la ley lo que se dice es que una vez que tengan el título de bachiller serán las propias universidades las que decidan, pero quiero aquí dejar un mensaje clarísimo que en muchísimas ocasiones ha dicho la señora ministra. Nuestras universidades, salvo medicina, donde tenemos unas directivas europeas, telecomunicaciones y la diplomatura de fisioterapia, van a estar y están abiertas a todos los estudiantes que lo deseen. Escuelas como la de minas, que antes tenían un corte de nota muy alto, en estos momentos están en cinco.
Por tanto, no engañemos a los universitarios ni a los chicos que están en estos momentos en los dos años de bachillerato contándoles que va a haber una carrera de obstáculos, etcétera.


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Va a haber el título de bachiller y apertura en las universidades.


La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, le ruego concluya.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Termino, señora presidenta, y le pido disculpas por haber sobrepasado mi tiempo.
Este proyecto de ley, con las modificaciones que se introduzcan, fruto del diálogo con todos los grupos al que estamos dispuestos para ver qué es lo que puede mejorar, será la ley de la universidad para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de la sociedad del siglo XXI y para el futuro de la modernización de la misma.
Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar la votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de universidades, se ha sugerido a esta presidencia por algún portavoz, creo que de manera acertada, que ante el brutal asesinato de 14 personas esta mañana en el Parlamento del cantón de Zug, en Suiza, el Congreso haga llegar la expresión de nuestra solidaridad y de nuestra condolencia.
(Asentimiento.) Entiendo que la Cámara acepta y aprueba la transmisión de nuestro pésame tanto al presidente del Parlamento cantonal como al presidente del Parlamento federal.
Muchas gracias.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. (Votación.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de universidades. Votamos en primer lugar y de manera conjunta las ocho enmiendas de devolución.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 114; en contra, 167; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad de devolución.
Sometemos a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 113; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad con texto alternativo. (Aplausos.) Se levanta la sesión.


Eran las tres y diez minutos de tarde.

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