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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 86, de 29/05/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 86

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 82

celebrada el martes, 29 de mayo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 49-1, de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/ 000039.) . . . (Página 4240)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la despenalización de los denominados delitos de insumisión (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 69-1, de 9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000060.) . . . (Página 4246)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre despenalización de los denominados «delitos de insumisión» (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 67-1, de 5 de junio de 2000.
(Número de expediente 122/000058.) . . . (Página 4246)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), para la despenalización de los denominados delitos de insumisión (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 78-1, de 19 de julio de 2000. (Número de expediente 122/000069.) . . . (Página 4246)

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- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se suprimen los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación del servicio militar y la prestación social sustitutoria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 142-1, de 21 de mayo de 2001. (Número de expediente 122/000126.) . . . (Página 4246)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de supresión de los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 145-1, de 25 de mayo de 2001. (Número de expediente 122/000129.) . . . (Página 4246)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 179, de 21 de mayo de 2001. (Número de expediente 162/000289.) . . . (Página 4257)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 160, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 162/000259.) . . . (Página 4262)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles. (Número de expediente 173/000067.) . . . (Página 4269)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema portuario estatal. (Número de expediente 173/000068.) . . .
(Página 4273)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 4240)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual. (Orgánica) . . . (Página 4240)

Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La iniciativa que el Grupo Catalán trae hoy a la Cámara tiene como objetivo modificar tres artículos del Código Penal para dar una respuesta puntual y expresa a una interpretación rigurosa que la jurisprudencia ha realizado en materia de delitos contra la libertad sexual que llevan a un resultado final que no es el que querían los diputados y senadores cuando aprobaron el Código Penal. Se refiere a varias sentencias que alejan el sentido de la justicia de la sociedad en su conjunto y solicita la reforma del artículo 179 y el tratamiento dado a los delitos de abuso sexual dirigido especialmente a menores de 13 años y cuando ha mediado engaño, supuestos en los que la jurisprudencia interpreta que no se puede dar la agravación de la pena cuando no se trate estrictamente de objetos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intenta con su iniciativa dar una respuesta jurídica adecuada, que es lo que espera la sociedad, y confía en que tenga la aceptación de todos los grupos y en que se pueda tramitar con celeridad.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario

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Federal de Izquierda Unida; y las señoras Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual (Orgánica), se aprueba por 271 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la despenalización de los denominados delitos de insumisión . . .
(Página 4246)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre despenalización de los denominados delitos de insumisión. (Orgánica) . . . (Página 4246)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la despenalización de los denominados delitos de insumisión . . .
(Página 4246)

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se suprimen los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación del servicio militar y la prestación social sustitutoria . . .
(Página 4246)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica, de supresión de los delitos contra los deberes de presencia y prestación del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria . . . (Página 4246)

Presenta la primera de las proposiciones de ley relativas a la despenalización de los denominados delitos de insumisión, para su toma en consideración, el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Considera que debería haber sido el propio Gobierno el que, de acuerdo con el Real Decreto 247/ 2001, estableciese la despenalización de la insumisión, porque el servicio militar obligatorio va a terminar a finales de este año y se generalizará, por el contrario, el ejército profesional, porque si bien es cierto que ya no existe delito sí existe pena de cárcel y de inhabilitación para insumisos y, sobre todo, y lo que es más importante para Izquierda Unida, porque supondría un reconocimiento a la no violencia y al pacifismo. No comprende la, probablemente, postura contraria del Grupo Popular, según los medios de comunicación, a las cinco proposiciones de ley que pretenden un marco jurídico acorde con la realidad social, que no acepta que, en un momento en que hay ejército profesional, se mantengan las penas y el delito de insumisión.


En segundo lugar, el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su proposición de ley y plantea en concreto dejar sin efecto los artículos 527y 604 del Código Penal, que hacen referencia a los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria y al delito contra el deber de prestación del servicio militar, así como una disposición transitoria donde se determina que los jueces y tribunales procedan a revisar de oficio las sentencias condenatorias dictadas en aplicación de los tipos penales que en esta iniciativa se pretenden suprimir. No pide al Grupo Popular un debate político ni ideológico -que ya se hizo y se ganó-, sino tan sólo un ejercicio de sentido común y de coherencia con un modelo de defensa donde no figura el servicio militar obligatorio y cuando ya existe una modificación parcial del Código Penal en ese sentido.


La señora Lasagabaster Olazábal, también del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la tercera de las proposiciones de ley sobre el mismo tema. Su iniciativa, al igual que las presentadas por otros grupos parlamentarios y apoyadas seguramente por los restantes, pretende que se proceda de una vez por todas a la despenalización inmediata de la insumisión. Considera que es un capítulo más de una larga historia que hace mucho tiempo tenía que haber sido finiquitada, pero le preocupa el hecho de que no vaya a aceptarse por el Grupo Popular ninguna de las proposiciones presentadas, según algunas manifestaciones efectuadas a los medios de comunicación. Explica la postura mantenida desde siempre por Eusko Alkartasuna en relación con el movimiento de la insumisión y hace una serie de preguntas sobre la oportunidad de seguir criminalizando una conducta que se ha demostrado acorde con lo que piensa la mayoría de la sociedad. Si no se apoyan las iniciativas presentadas, añade, resultará que el Parlamento seguirá mirando de puertas adentro y legislando «a posteriori» de la realidad social.


En cuarto lugar presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, la señora Pajín Iraola. Manifiesta su

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intención de contribuir de forma positiva, como lo han hecho los portavoces de otros grupos parlamentarios, al proceso de suspensión del servicio militar obligatorio y, por tanto, también a la suspensión de la prestación social sustitutoria, planteando una serie de iniciativas que pretenden normalizar dicho proceso. Afrontan este debate, explica, desde la convicción de que la desaparición de la obligación de prestar el servicio militar a 31 de diciembre tiene determinadas consecuencias en el mantenimiento de determinados tipos penales que se contemplan en el Código Penal y en la legislación penal de carácter militar, a la vez que para las personas condenadas o con causas pendientes por el incumplimiento de sus obligaciones y también para sus familias. Por lo tanto, añade, nos encontramos ante un claro ejemplo de que la sociedad civil ha superado a la legislación y de que es necesario abordar cambios legislativos.
Explica el contenido concreto de su iniciativa y pide al Grupo Popular, como ya lo han hecho otros portavoces, que escuche el clamor social y sea capaz de asumir que el proceso de la suspensión del servicio militar acabe como corresponde.


Por último el señor Campuzano i Canadès defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Considera que el hecho de que hoy, de manera tan contundente y rotunda y tan cargados de sentido común, cinco grupos de la Cámara planteen la necesidad de suprimir los artículos del Código Penal y del Código de Justicia Militar que aún mantienen la tipificación de los denominados delitos de insumisión no es más que la evidencia del fin del servicio militar obligatorio; hecho que satisface a todos los grupos de la Cámara y que constata un cambio histórico, producido fundamentalmente por la voluntad del conjunto de la sociedad, pero también por las transformaciones en los modelos de seguridad existentes en el continente europeo desde 1989. Es por tanto ilógico que, ante la supresión real de la mili obligatoria, se mantenga en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar la tipificación penal de las conductas conocidas popularmente como de insumisión.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la despenalización de los denominados delitos de insumisión, se rechaza por 115 votos a favor, 158 en contra y 17 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre despenalización de los denominados delitos de insumisión, se rechaza por 132 votos a favor y 158 en contra.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la despenalización de los denominados delitos de insumisión, se rechaza por 130 votos a favor, 158 en contra y una abstención.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se suprimen los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación del servicio militar y la prestación social sustitutoria, se rechaza por 130 votos a favor y 158 en contra.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica, de supresión de los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, se rechaza por 131 votos a favor, 159 en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley . . . (Página 4257)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo . . .
(Página 4257)

Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Guerra Zunzunegui. Explica que la proposición no de ley que su grupo trae hoy a la Cámara trata de prorrogar la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica general del sistema educativo, por un período de cuatro años a partir del 4 de octubre del año 2002. A continuación hace referencia a las enmiendas presentadas, en las que se pide que en lugar de fijar un período de cuatro años éste se haga indefinido, cosa que el Grupo Popular considera improcedente, por lo que se ven obligados a rechazarlas.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Martínez Laseca, del Grupo Parlamentario Socialista, y

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Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Guerra Zunzunegui.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo (Logse), se aprueba por 271 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria . . . (Página 4262)

El señor Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, presenta la proposición no de ley que considera de muchísima trascendencia para la sociedad civil, instituciones, colectivos y asociaciones que ven cómo desde el Gobierno no se tienen en cuenta sus reivindicaciones y conclusiones, como las del Foro Cívico, creado en Madrid el pasado 31 de octubre como respuesta al proyecto del Gobierno de crear un servicio civil. Entre las conclusiones más importantes destaca la necesidad de crear un plan de empleo que cubra las necesidades que deja vacantes la prestación social sustitutoria, opinión que comparte totalmente el Grupo Socialista y razón por la que presentan hoy esta iniciativa. Explica las razones por las que las labores realizadas por la prestación social sustitutoria no deben desaparecer y asegura que la sociedad en general reclamará estos servicios cuando hayan desaparecido por ley; sin embargo se oponen al servicio civil propuesto por el Partido Popular, una vez desaparecida la prestación social sustitutoria.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Velasco Sierra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil, tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria, en los términos derivados del debate, se rechaza por 112 votos a favor, 158 en contra y ocho abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 4269)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles .
. . (Página 4269)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Recuerda el debate de la semana pasada con el ministro de Defensa, en donde se llegó a decir por el señor Trillo que la modernidad consistía en superar el acuerdo contramisiles balísticos de 1972 y que los que se oponían a esa situación y a la instalación del escudo antimisiles estaban trasnochados. Evoca la figura del senador Jefford de Estados Unidos, que dice que sus electores no entienden la aprobación de la instalación del escudo antimisiles, para defender su rechazo por razones lógicas y ponderadas de paz mundial, y explica los tres puntos de la moción, refiriéndose finalmente a las enmiendas presentadas.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Puig i Olivé, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal

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de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles, en los términos derivados del debate y con la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 106 votos a favor, 156 en contra y 10 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema portuario estatal . . . (Página 4273)

Interviene para la presentación y defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista. Reitera los argumentos dados la semana pasada en la interpelación urgente y explica los catorce puntos de que consta la moción, basándose en la Ley 62/1997, por la que se modificó la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, donde en su exposición de motivos se recogía de forma clara y rotunda que la ley tiene que garantizar de hecho la libertad tarifaria de las autoridades portuarias, sin más límites que los que se deducen del objetivo de autofinanciación y de los que resulten del mantenimiento de un marco de libre y leal competencia, evitando prácticas abusivas con relación a tráficos cautivos, así como actuaciones discriminatorias y otras acciones análogas.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Segura Clavell.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema portuario estatal, en los términos derivados del debate y que han sido expuestos por el portavoz del Grupo Socialista, se aprueba por 259 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 122/000039.)

La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán, de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual.
Para defensa y presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta hoy, ante este Pleno del Congreso de los Diputados, una proposición de ley orgánica que comporta modificar tres artículos del Código Penal para dar una respuesta puntual y expresa a una interpretación rigurosa que la jurisprudencia ha realizado en materia de delitos contra la libertad sexual. Concretamente, señorías, cuando el artículo 179 del Código Penal vigente contempla la especial agravación de la pena de quienes cometen una violación, castiga expresamente como tal violación la agresión sexual con violencia o intimidación que consista -dice el Código Penal- en el acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal o que consista en la introducción de objetos por vía vaginal o anal. Estoy leyendo estrictamente, señorías, el artículo 179 del Código Penal. Este artículo, desgraciadamente con más frecuencia de lo que quisiéramos todos, se aplica por los tribunales, en las audiencias; después, las sentencias de las audiencias son recurridas ante la Sala de lo Penal del Tribual Supremo, desde donde tenemos ya una interpretación jurisprudencial de este artículo. Ante esta interpretación de un artículo que permite que a quien cometa ese delito se le castigue con una pena agravada, una pena de cuatro a diez años de prisión, el Tribunal Supremo ha entendido que no debía aplicarse ese artículo al considerar que no estábamos ante un delito de violación cuando se introducían los dedos, porque los dedos son parte del cuerpo humano, son órganos, no son objetos. Como el Código Penal habla expresamente de la introducción de objetos, el Tribunal Supremo afirma en sus sentencias que la introducción de cualquier objeto o de cualquier cosa -dice incluso el Tribunal Supremo en una sentencia- sí que estaría penado como violación, pero la introducción de los

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dedos no porque no son objetos, son órganos. Creemos que esta interpretación, estricta, por parte del Tribunal Supremo lleva a un resultado final que no es el que querían los diputados y senadores cuando se aprobó el Código Penal. Es un ejemplo.
Señorías, hoy estamos todos hablando de la reforma de la justicia y todos los medios reflejan la importancia de la justicia como servicio público, pero muchas veces los ciudadanos no entienden algunas decisiones judiciales. A veces, hay sentencias que alejan el sentido de la justicia de lo que es la sociedad en su conjunto; hay algunas sentencias que sorprenden. Con nuestra proposición de ley, señorías, lo que intentamos es, de forma expresa, con seriedad y de forma rigurosa, modificar puntualmente tres artículos del Código Penal para que no puedan dictarse más sentencias como las que yo he comentado.
Nuestro grupo presentó esta proposición de ley el 4 de mayo del año 1999, la pasada legislatura. ¿Por qué ese día? Porque ese día, 4 de mayo de 1999, el diputado que les habla, repasando los periódicos del día, vio que en ellos salía reflejada la sorpresa generalizada por una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba una decisión de la Audiencia de Murcia. Concretamente, el Tribunal Supremo rebajaba la pena impuesta por la Audiencia de Murcia al entender que por la introducción de los dedos no había violación, es decir, el Tribunal Supremo, aplicando estrictamente el Código Penal, entendía que en ese supuesto concreto no existía el delito de violación. Ese mismo día, 4 de mayo, nuestro grupo presentó la proposición de ley para enmendar lo que sin duda es una redacción poco afortunada si es que permite esa interpretación, que consideramos que no es querida por el legislador y que tampoco es querida -seguro- por el tribunal que la aplica, pero el tribunal se encuentra con que debe aplicar la ley estrictamente. El Tribunal Supremo entiende que la ley únicamente le permite esa interpretación rigurosa de qué es objeto y de qué es órgano y, por tanto, hace esa interpretación estricta que, repito, señorías, nos aleja de lo que la sociedad espera de la respuesta penal ante unas agresiones que calificamos de delito de violación.
Nuestra proposición se refiere a dos delitos más, el de abuso sexual dirigido especialmente a menores de 13 años y el de abuso sexual cuando ha mediado engaño. En esos tres supuestos se interpreta que no puede considerarse una mayor agravación de la pena porque, en estos supuestos, no estamos hablando estrictamente de objetos.
Nosotros intentamos enmendar ese error, intentamos rectificar, intentamos dar hoy, con rigor y con seriedad, una respuesta jurídica adecuada, que es -si me lo permite, señora presidenta- lo que espera la sociedad de este Parlamento. Cuando se demuestra que las leyes -en este caso una ley tan importante como el Código Penal- no dan la respuesta que la sociedad espera de la norma jurídica, es necesario que las rectifiquemos.
Espero que esta proposición de ley hoy pueda tener la aceptación de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y les pido también a todos los grupos, y me dirijo especialmente al Grupo Popular, que es el grupo mayoritario en la Cámara, que hagamos un esfuerzo para tramitar con celeridad esta proposición de ley orgánica, porque se trata de una modificación muy puntual que simplemente añade una palabra a tres artículos del Código Penal, y deberíamos ser capaces de hacerlo con rapidez para que no vuelvan a dictarse más sentencias como la que yo les citaba del 4 de mayo del año 1999, que salía reflejada en los periódicos del mismo día, porque hubo otras en mayo y en septiembre de 2000 y todas ellas con el mismo pronunciamiento de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por tanto, pido celeridad para que por lo menos la sociedad, a la que hoy quizá le llegue el eco de que estamos impulsando esta reforma del Código Penal, tenga la certeza de que con prontitud esa reforma se publicará en el BOE porque cuenta con la unanimidad de este Pleno del Congreso. Pido que tramitemos con rapidez esta proposición de ley y, para acabar, permítanme que cite a algunos teóricos del derecho, a algunos filósofos, que a veces nos ayudan a caminar en lo que es el iter legislativo. Nos dice Marcuse: El derecho debe responder siempre a las exigencias de la sociedad que regla, adaptándose las normas jurídicas de la manera más adecuada a los cambios sociales. Nos dice Díez-Picazo, al que muchos de nosotros hemos tenido como referencia en el ámbito del derecho civil y cuyos manuales hemos estudiado cuando hacíamos la carrera de derecho: Cuando el legislador acomete una reforma, cumple una función notarial, constata o da fe de algo que ha ocurrido ya. Sin duda, hoy estaremos haciendo, señora presidenta, señorías, esa función notarial que nos decía Díez-Picazo. Hoy constatamos que hay tres artículos del Código Penal que no se están interpretando de la forma que pensábamos todos que se interpretarían cuando se aprobaron por las Cortes Generales. Por tanto, hoy debemos rectificar y tomar en consideración esta proposición de ley.
Señora presidenta, señorías, en el ánimo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con esta propuesta que espero que tenga la aceptación unánime de la Cámara, está únicamente la intención de acercarnos a la sociedad, para darle una respuesta puntual pero importante. ¿Cuántas personas que han sufrido una violación, un abuso sexual como el que contemplan estos tres artículos, quedan indefensas, incluso indignadas, cuando después ven que el Tribunal Supremo no puede ratificar esa mayor agravación de la pena, entendiendo que en esos supuestos no existe el delito de violación? Hoy pedimos que se tome en consideración esta proposición de ley orgánica, y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos para acelerar su tramitación y que pronto demos, desde el derecho, la respuesta que la sociedad nos exige.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Voy a anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Catalán porque pensamos que con ella se ayuda a eliminar y resolver un absurdo, una contradicción legal, de la cual lógicamente no tienen culpa los tribunales porque, como debe ser, están vinculados por el principio de legalidad, especialmente riguroso en materia penal. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Recuerdo que la violencia de género, aunque también, no es sólo una cuestión penal, y aprovecho este trámite para decir que vamos a votar a favor. Aunque son cuestiones que podremos debatir con algo más de calma, porque estamos votando la toma en consideración, esperamos que durante su tramitación parlamentaria esta reforma establezca una adecuación de las penas a las conductas que pueden merecer un reproche distinto o son de diferente gravedad, tanto por los riesgos que suponen como por las secuelas físicas que pueden producir. De todo esto podremos hablar durante la tramitación parlamentaria de este proyecto, y en este momento lo que queda es felicitar al Grupo Catalán y confirmar el voto a favor del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Esta intervención es para mostrar el apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Desde la Chunta Aragonesista creemos que se debe dar respuesta a tantas situaciones que desgraciadamente se están repitiendo ante el estupor de la ciudadanía que no alcanza a entender cómo se repiten estas situaciones donde derechos elementales de la dignidad humana quedan conculcados. Está claro y es cierto que la violación es una invasión contra la libertad personal, contra la libertad individual, que persigue despojar a la persona de su intimidad. Pensamos que es la forma más burda que se tiene de desgarrar lo que es más básico, que es el respeto al ser humano. Por este motivo y porque hemos asistido a demasiadas sentencias que ponen de manifiesto que la legislación vigente no es ni lo suficientemente justa, adecuada y disuasoria y tiene resquicios aberrantes, es por lo que consideramos necesario adecuar el Código Penal. Dicha reforma tiene que ser tan rotunda como precisa para que el resquicio y la interpretación de lo legal no permitan la evasión absurda de los derechos básicos del ser humano.
Queremos recordar, finalmente, que en las Cortes de Aragón se aprobó una iniciativa parlamentaria en demanda de la revisión del Código Penal en aquellos asuntos que tienen que ver con los atentados a la dignidad e integridad de las mujeres. Queremos recordar también que ni un solo grupo parlamentario mostró su rechazo. Ahora, seamos todos y todas coherentes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como ponente que fui en su día tanto de la Ley orgánica 10/1995, del Código Penal, como de la posterior ya aprobada con el número 11/1999, quiero ratificar aquí la referencia que la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) subraya al señalar que sin duda no fue ésta la voluntad del legislador cuando se aprobó el Código Penal. Las leyes tienen letra, lo que es literalmente interpretable, y tienen espíritu. Muchas veces se tiene que buscar de la lectura de los debates en Comisión y en Pleno qué quiso decir el legislador, es decir, el espíritu de las leyes, con un determinado texto. Quiero que quede constancia de que a ninguno de los que estuvimos en la ponencia en aquellas dos ocasiones se nos ocurrió pensar que estábamos haciendo una trampa de ley, un vericueto para que el delincuente tuviera más protección que la víctima. Nuestro principio de defensa de derecho ético y filosófico es la protección de la víctima siempre en cualquier delito, a sus máximas cotas posibles en un Estado de derecho y democrático, con el Código Penal. De aquí que la interpretación literal que han venido haciendo los tribunales de justicia incluso en casación ante el Tribunal Supremo y que éste haya hecho una interpretación de una lectura literal a la baja de la imposición de una pena por una distinción entre objeto y órgano y qué se entiende por acceso carnal y que este acceso carnal estuviera solamente referido a órganos de la reproducción y no a cualquier otra parte del cuerpo humano, hace necesaria esta aclaración, en la medida en que propone en el fondo y plenamente de acuerdo la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la cual mi grupo por esta declaración de principios que estoy haciendo se va a adherir y votar favorablemente para su toma en consideración para que

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estos tres artículos hoy día cuestionados en la interpretación literal entre lo que dice la gramática y el léxico del texto, de lo que el legislador trata de corregir, por tanto, de tipificar penalmente y de penalizar en amparo de ley, quede definitivamente claro y zanjado de manera contundente en cuanto al espíritu y la letra de la ley. Por esta razón, señor presidente, mi grupo votará favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo también felicita al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por traer a la Cámara esta iniciativa. Cierto es que cuando en la legislatura pasada vimos la modificación del Código Penal referida al Título VIII, el grupo al que represento manifestaba en esta misma Cámara que habíamos quedado relativamente satisfechos y que el texto que aprobábamos era ciertamente aceptable.
Con posterioridad, una corrección idéntica al tenor de las correcciones que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) decayó, fruto de que las enmiendas que vinieron del Senado no tuvieron oportunidad de ser aprobadas con las mayorías necesarias para ser ley orgánica, y a pesar de que la evolución jurisprudencial ha evidenciado que las puntualizaciones, los matices, los añadidos que se introducen en el texto que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) eran absolutamente necesarios. Es, en efecto, enormemente acertado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque no se comprende que la introducción de un pepinillo por vía vaginal o anal, y es un caso realmente juzgado, constituya una figura cualificada como agravante de agresión o de abuso sexual y que, por el contrario, no constituye esa misma figura cualificada y agravada la introducción de un dedo por cualquiera de tales vías. (Véase la jurisprudencia al respecto que el propio proponente de la iniciativa ha citado.) De la misma manera, aunque no se ha hablado de ello, también hay jurisprudencia, que no se comprende que aun cuando la felacio constituye agresión o abuso sexual agravado no se considere como tal, por ejemplo, el que alguien sea forzado a un cunnilingus. Desde la libertad sexual, que creemos que es la que debe imperar, el derecho penal debe establecer lo más claramente posible los límites públicos de lo tolerable, dejando después a la conciencia personal de cada uno lo que se considere conveniente o excelente. Es desde estos límites públicos de lo tolerable donde debe incardinarse la modificación que por el Grupo Catalán se nos ha traído esta tarde. Nos parece, además, oportuno, y mi grupo lo añadirá por vía de enmienda, que se aproveche el trámite para una sugerencia que se hacía en la memoria de la Fiscalía General del Estado presentada en esta Cámara la semana pasada.
Hubo otro olvido en las modificaciones normativas habidas al Código Penal en la legislatura pasada, y es que en el apartado 2 del artículo 188, del capítulo quinto de este mismo título VIII, no se hacía referencia, cuando se hablaba del tráfico de personas para la prostitución, como elemento agravatorio a la pertenencia a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, de la misma manera que se hace en los artículos 187.3 y 189.2 del propio Código Penal. Esta omisión se hace más patente cuanto en otra reforma penal introducida por la ley llamada de extranjería, por la Ley 4/ 2000, sí citamos la pertenencia aun transitoria a este tipo de tramas criminales cuando nos referimos a otro tráfico, como es el tráfico de personas orientado al mercado laboral. Como enmienda, acepta la sugerencia que la Fiscalía general del Estado hace en su memoria y el Grupo Vasco se compromete a la presentación de esta enmienda dando en este momento el voto favorable a la proposición que se ha presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, en el mismo tono y tenor de la portavoz del Grupo Vasco y los distintos portavoces que me han precedido, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Catalán por la oportunidad de una iniciativa que viene a corregir, si no errores, sí vacíos utilizados por personas erradas. ¿Existe o no el problema que denuncia el Grupo Parlamentario Catalán? Ciertamente, señorías, se han dictado sentencias judiciales de muy diverso signo como consecuencia de la actual y vigente redacción de los artículos 179, 182 y 193 del Código Penal, entre las que se encuentran sentencia judiciales que no han considerado punibles la introducción de órganos distintos al pene -lengua y dedos- y, por el contrario, sí han considerado punibles la introducción de objetos por vía anal o vaginal. Como es evidente, este tipo de jurisprudencia, por muy justificada que esté en estos momentos desde el punto de vista técnico-juridico, que no lo está, repugna a cualquier persona con un mínimo de sentido común y de aprecio por la libertad sexual de los ciudadanos, de las ciudadanas en este caso, como bien jurídico a proteger. Como explica la propia proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán este desaguisado tiene por origen, además de una jurisprudencia excesivamente apegada a la letra de la ley y totalmente carente de sentido común, unos trabajos parlamentarios que concluyeron en el año 1999, sin que los órganos fueran asimilados como objeto a los efectos de cometer delitoscontra la libertad sexual de las personas. Por tanto,

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ante esta situación es necesario, vuelvo a insistir como al principio, esta solución legislativa.
Desde nuestro punto de vista bien está que lo que se empezó a torcer por falta de claridad -yo entiendo y hago mía la intervención del proponente de Convergència i Unió, y la de uno de los ponentes, el señor Mardones, de que no era esa la voluntad del legislador, como no podía ser menos-, mediante algunos resquicios que utilizaron personas o instituciones que, ateniéndose a esa falta de claridad, con sus interpretaciones torcieron el espíritu de este Parlamento, y lógico y bueno es que el mismo arregle lo que él desanduvo, algo así como que la mancha de una mora con otra verde se quita. Es por ello de agradecer que el Grupo Parlamentario Catalán haya planteado esta iniciativa al objeto de acabar con un contrasentido que no debe de ser mantenido ni un segundo más, y no debe serlo por la propia dignidad personal, por tantas y tantas víctimas doblemente violadas, permítanme la expresión, en un primer lugar en el propio momento de la violación, en segundo lugar por la sentencia o por el pronunciamiento de determinados tribunales. Y no podía tampoco olvidarse la importancia o el interés que tiene esto en un momento en que tanto se está hablando de justicia por el propio prestigio de la justicia dañada por alguna que otra bola de alcanfor.
Respecto al texto concreto que nos plantea el Grupo Parlamentario Catalán no queremos hacer demasiados comentarios, pues entendemos que el sentido común parlamentario se impondrá y que esta proposición de ley será admitida a trámite. Después tendremos tiempo para debatir el texto de Convergència i Unió y las posibles enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, aunque por nuestra parte ya anunciamos que las enmiendas serán pocas y de matiz, pues en términos generales la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán nos parece adecuada.
Concluyo reiterando la felicitación al Grupo Parlamentario Catalán, al señor Jané, por haber traído esta iniciativa al Pleno del Congreso y recalcando la necesidad de que el resto de los grupos parlamentarios demos nuestra conformidad a la admisión a trámite de la proposición no de ley que hoy es objeto de debate, por ser ésta necesaria, conveniente y adecuada para que los delitos contra la libertad sexual reciban en España el reproche penal que merecen más allá de si estos se perpetran mediante un objeto o mediante un órgano humano.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista quiere unirse también al coro de felicitaciones ante esta iniciativa presentada hoy por Convergència i Unió, una iniciativa que viene a llenar una laguna ni querida ni buscada en nuestro ordenamiento penal.
Como se deduce, señorías, no sólo de las manifestaciones de quienes fuimos ponentes de la reforma del Código Penal en la pasada legislatura, sino de los propios debates en esta Cámara, nunca fue la intención de los legisladores excluir del tipo de violación ni del de abusos sexuales agravados la introducción de órganos, que considerábamos incluida en el concepto, a nuestro juicio omnicomprensivo, de objetos, como entendía también buena parte de la doctrina, ya que no era una interpretación exclusiva.
Pero es que hay más, señorías, es que de cara al trámite del Senado todos los grupos comprendieron que algunas circunstancias aconsejaban introducir explícitamente el término órganos en el tipo definido en estos tres artículos. No sólo nos lo aconsejaba una lectura cuidadosa de la circular de la Fiscalía general del Estado de 1990, referida a la reforma de 1989, en la que se establecía con toda claridad que por objeto habrán de entenderse cosas inanes, excluyendo en todo caso la penetración de órganos como los dedos o la lengua, o de miembros de animales vivos, sino también las sentencias que por aquella fecha ya se habían dictado en el mismo sentido, sentencias del Tribunal Supremo que, basándose en la necesidad de interpretar de forma estricta las leyes penales, restringían también la expresión de objeto a elementos inanimados excluyendo las partes del cuerpo humano. Precisamente una de estas sentencias, la de 23 de marzo de 1999, se emitió durante el debate de este proyecto de ley en el Senado, y por ello, atendiendo a estas razones, en el Senado los grupos aceptaron por unanimidad una enmienda que venía auspiciada por asociaciones de mujeres juristas y por distintas organizaciones no gubernamentales protectoras de la infancia, en la que se incluía explícitamente este término órganos en el tipo de los artículos 179, 182 y 183.
El resto de la historia es conocido y es además reciente. De vuelta al Congreso esta enmienda es aprobada por amplísima mayoría. Sin embargo, no sucede lo mismo con la totalidad del texto del proyecto de ley aprobado en el Senado. El Grupo Parlamentario Popular aprovechó en esa Cámara su mayoría absoluta para destruir elementos fundamentales del consenso básico que aquí se había alcanzado, lo que llevó en aquel momento a que el texto no alcanzara la mayoría absoluta del Congreso a su vuelta del Senado y que el que hoy tenemos vigente sea el texto que en su día aprobó el Congreso de los Diputados. Ello supuso alguna ventaja, como evitar una pretendida confusión de derecho y moral, pero también supuso inconvenientes.
Alguno ya lo subsanamos rápidamente, como fue regular de nuevo las medidas relativas a malos tratos familiares. Pero éste, que es grave, nos queda por subsanar y, además, es urgente hacerlo porque la jurisprudencia, como ha señalado el señor Jané, sigue aplicando los mismos criterios, sin considerar violación ni abusos agravados casos tan graves como

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el que ha dado origen a esta proposición de ley de introducción de los dedos del padre en la vagina de la hija. Por ello, señorías, mi grupo apoyará esta proposición. Reformemos el texto cuanto antes de la manera más rápida posible y hagamos un esfuerzo para reformarlo en términos tan claros que no quepa interpretación alguna sobre la voluntad del legislador.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para explanar su opinión y su sentido del voto en relación con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre modificación de los artículos 179, 182.1 y 183.2, a fin de añadir en la definición de violación y en las agravantes de los abusos sexuales la expresión órgano. Este problema que se plantea hoy en el Congreso de los Diputados debería estar superado y esta proposición de ley no haberse presentado, si se hubieran conseguido los votos afirmativos de todos los grupos de la Cámara. Precisamente el Partido Socialista se abstuvo en la votación y por ello no se pudo incorporar este término que se había introducido en el Senado, como han dicho anteriores intervinientes.
Si hay un delito que se ha modificado a lo largo del tiempo es el de violación. Lo ha hecho en el mismo sentido en que se ha modificado la sociedad española en sus aspectos social, cultural e ideológico. En estos últimos años, ha existido un cambio radical en la sociedad española respecto a la mentalización y percepción de las agresiones sexuales. El delito de violación ha ido incorporando nuevas actuaciones al mismo y se han ido penalizando nuevos hechos que en un comienzo, cuando se empieza a regular hace casi dos siglos el delito de violación, no las recogía.
Cuando en 1995 se reforma y aprueba el Código Penal actual, regulado en la Ley 10/1995, se recoge el delito de violación sin su nombre.
Gobernando en ese momento el Partido Socialista modifica sustancialmente el sistema de delitos contra la libertad sexual. Eso dio lugar a que el título VIII, del que tanto se ha hablado hoy, no recoja los delitos con su nomen iuris, sino que se habla de abuso sexual o de agresión sexual. En ese momento se conocía la violación en sí por lo que era la agresión sexual, pero se recoge una definición de la violación que quizás no fue muy afortunada. Ello dio lugar a que en 1997, gobernando el Partido Popular, se promulgara un proyecto de ley para modificar el título VIII, no sólo incorporando nuevas definiciones y denominando el delito de violación como tal, sino incorporando delitos que habían quedado fuera en la modificación que se había llevado a cabo. Estoy hablándoles, por supuesto, de penalizar a quien favoreciera la entrada, permanencia o salida del territorio español de personas para la prostitución y, por supuesto, la distinción que se hizo al final de lo que se podía considerar corrupción o prostitución o algunos tipos delictivos relacionados con la libertad sexual, que en ese momento recibieron su nueva regulación, muchísimas veces novedosa, puesto que no existían en aquel Código Penal denominado de la democracia de 1995.
Nos encontramos, por tanto, en una nueva definición del delito de violación. Recordarán ustedes que en el año 1995 se considera que es la agresión sexual que se fundamenta en el acceso carnal y la introducción de objetos o la penetración por la vía bucal y anal. Se modifica en la Ley 11/1999, como ha dicho la señora Del Campo y han recogido anteriores intervinientes. Se unió tanto el proyecto de ley en el que se modificaba la legislación penal por los malos tratos familiares con los delitos contra la libertad sexual, y en ese sentido es por lo que al final se intentó desde el Senado una modificación del delito de violación dándole la definición que en tal caso quedaría hoy cerrada, y que aquí en el Congreso en su momento no se aprobó.
El Grupo Popular va a votar también afirmativamente esta modificación, esta introducción de la expresión órgano, para incorporar lo que diferentes sentencias del Tribunal Supremo consideran que no se puede definir como violación, puesto que no aparece en el artículo 179 del Código Penal. Como se ha dicho antes, ya la Fiscalía General del Estado, en la circular 2 del año 1990, distinguía entre lo que era objeto y lo que era órgano. Consideraba que el acceso carnal siempre tenía que ser por medio del elemento genital masculino y que si hubiese sido otro órgano del cuerpo humano tendría que distinguirse o no considerarse el acceso carnal para la violación.
Desde el Partido Popular también felicitamos la iniciativa parlamentaria presentada por Convergència i Unió. Nos alegra muchísimo que haya modificado la postura que mantuvieron en el debate de 1999, porque quiero recordar aquí que el portavoz de Convergència i Unió, refiriéndose precisamente a ese artículo 179, decía que incorporar la expresión órgano le parecía innecesaria, daba lugar a confusión y no tenía una definición feliz. Sin embargo, desde el Grupo Popular siempre se apoyó la incorporación de esa definición. El Partido Socialista se abstuvo y por eso no se incorporó. Por todo ello, quiero recordar esa postura que en un momento se mantuvo por el Grupo de Convergència i Unió, pero que ha modificado, creemos que muy satisfactoriamente, y que sin lugar a dudas vamos a aprobar todos, no sólo porque en un momento dado una sentencia del Tribunal Supremo así lo expone, sino porque consideramos que esta falta de la expresión órgano esta dando lugar a un rechazo social y tenemos que evitar que no se protejan adecuadamente determinados ataques a la libertad sexual, porque aquí estamos viendo cómo en un momento dado los tribunales no lo están aplicando adecuadamente, debilitando la protección ante las agresiones sexuales.


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Quiero recordar a los diferentes grupos que el Gobierno del Partido Popular ha constituido una comisión técnica para la revisión del sistema de penas, justamente para intentar evitar lo que nos está sucediendo, que estamos modificando muy frecuentemente en el tiempo el Código Penal. Eso va contra el principio de la seguridad jurídica.
Pero por encima de cualquier seguridad jurídica están los intereses generales de la sociedad, y nos parecería que sería adecuado, ya que van a reformular en tal caso todo el sistema de penas para hacerlas más justas y más razonables, que también pudiéramos intentar unificar lo que es la andadura de las modificaciones del Código Penal que se están llevando a cabo, con una opinión y un informe de esta comisión técnica que está revisando el sistema de penas y que, por tanto, hará una propuesta sensata que también nos ayudará, puesto que está constituida por técnicos. De nuevo quiero dar la enhorabuena al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y ratificar que el Grupo Popular va a votar afirmativamente esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Barrios. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 271; abstenciones: una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración de la referida proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA DESPENALIZACIÓN DE LOS DENOMINADOS DELITOS DE INSUMISIÓN. (ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/000060.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE DESPENALIZACIÓN DE LOS DENOMINADOS DELITOS DE INSUMISIÓN. (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000058.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), PARA LA DESPENALIZACIÓN DE LOS DENOMINADOS DELITOS DE INSUMISIÓN. (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000069.) - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE SUPRIMEN LOS DELITOS E INFRACCIONES DISCIPLINARIAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR Y LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de expediente 122/000126.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE SUPRESIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE PRESENCIA Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR Y CONTRA EL DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de expediente 122/000129.)

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, los puntos dos a seis se debatirán conjuntamente.
En primer lugar, toma en consideración de proposición de ley. Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Llamazares. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo también en silencio.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Comparezco en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Llamazares.


Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra intentando presentar su iniciativa. Les ruego guarden silencio.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Decía que comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar una iniciativa de despenalización de la insumisión, al igual que cinco grupos parlamentarios de esta Cámara.
Hoy no deberíamos estar aquí debatiendo la despenalización de la insumisión. Debería haber sido el propio Gobierno el que, de acuerdo con el Real Decreto 247/2001, estableciese la despenalización de la insumisión, toda vez que el servicio militar obligatorio va a terminar a finales de este año y se generalizará, por el contrario, el ejército profesional. Sin embargo, el Gobierno no ha querido despenalizar aún hoy el delito de insumisión; un delito que, en primer lugar, no tiene materia. Hoy, cuando el ejército es ya prácticamente profesional, el delito de ser insumiso al ejército de leva obligatoria no existe. En buena lógica no debería existir el delito de insumisión en el Código Penal. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

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No se trata únicamente de una iniciativa de depuración legislativa, no es este el ánimo técnico que nos mueve a presentarla. Esta iniciativa tiene también que ver con la humanidad en los delitos y en la supresión de los mismos. Si bien es cierto que ya no existe delito, no es verdad que no exista pena. Hay en estos momentos penas de cárcel y de inhabilitación para insumisos: en el caso de la cárcel, para insumisos de insumisión sobrevenida, conceptuada como deserción; y en el caso de la inhabilitación, para un buen número de insumisos que han visto cómo el Gobierno reducía el período de inhabilitación, pero hay en estos momentos un período de inhabilitación de cuatro años a pesar de la reciente medida del Gobierno.
Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es también un reconocimiento a la no violencia y al pacifismo, significa un reconocimiento público a quienes más han contribuido a esa cultura en nuestro país y a quienes han logrado, a pesar de las posiciones de sucesivos gobiernos, que no exista en estos momentos un ejército de leva obligatoria, sino que exista en nuestro país un ejército profesional.
Tanto ayer como hoy, pero particularmente hoy, el delito de insumisión en nuestra opinión carece de materia y de sentido. No hay, en primer lugar, bien jurídico afectado, porque en el pasado, pero sobre todo en el presente, no se afecta en absoluto la defensa nacional. No se afectaba la defensa nacional por el mero hecho de no acudir a la mili obligatoria, mucho menos se puede afectar en estos momentos la defensa nacional cuando ésta se garantiza a través de un ejército profesional. Por tanto, no hay bien jurídico afectado.
En segundo lugar, no hay reproche social; no lo había en el momento anterior a la puesta en marcha del ejército profesional, pero no lo hay aún más en estos momentos. No solamente no hay reproche, sino que hay comprensión social y hay adhesión social hacia los insumisos, hacia su vocación y su compromiso pacifista, tanto en el ejército de leva obligatoria como también pacifista en un ejército profesional que se desea no ofensivo, en período de una política de diálogo y de paz.
No es posible tampoco, en nuestra opinión -no lo era antes, pero mucho menos ahora-, la rehabilitación y la reinserción de los insumisos. Hoy por hoy no hay rehabilitación ni reinserción posible cuando no existe ya ejército de leva obligatoria o servicio militar obligatorio. Sin embargo, hemos sabido por los medios de comunicación -lo sabremos seguramente por boca del portavoz del Grupo Popular- que a pesar de la lógica, del sentido común y del sentido humanitario, el Grupo Popular va a rechazar todas y cada una de estas iniciativas que no son mayoritarias en esta Cámara, pero que son mayoritarias en la representación de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es decir, que si bien no son mayoritarias en los parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara sí lo son en la sociedad civil.


El Grupo Popular va a rechazar esta iniciativa confundiéndose de nuevo en relación a cómo tratar la objeción de conciencia y la insumisión. El Grupo Popular, como los malos jugadores de fútbol, ha tenido que dejar pasar la pelota, pero no quiere dejar pasar al hombre, y no quiere dejar pasar al hombre, si es posible, aunque conlleve una grave lesión hacia ese ser humano. En este caso el Grupo Popular ha tenido que asumir a regañadientes el ejército profesional como alternativa al servicio militar obligatorio. Ha sido la objeción de conciencia, la insumisión y la actitud crítica de los jóvenes la que ha hecho que fuerzas políticas que están en esta Cámara, en concreto el Grupo Popular, hayan tenido que asumir como una necesidad el ejército profesional.
Es verdad que ahora se hace de la necesidad virtud y se ve al ejército profesional como un ejército más técnico, más integrable en el marco de las alianzas internacionales del Gobierno y del Partido Popular. Pero no es esa la única razón para la existencia hoy de un ejército profesional. La razón fundamental es la movilización y la conciencia social creada por la contestación al ejército de leva obligatoria por parte de miles y miles de jóvenes que hoy están en cuestión en esta iniciativa parlamentaria y que de nuevo va a desoír el Grupo Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Popular, como digo, va a intentar que si pasa la pelota no pase el hombre, y si acaso pasa que sea de forma trastabillada o con lesiones, si es posible. Decimos esto porque esta decisión del Grupo Parlamentario Popular va a suponer no solamente tener un marco jurídico totalmente al margen de la realidad social.
¿Cómo se entiende que en un momento en que hay ejército profesional se mantengan las penas y el delito de insumisión? No se entiende de ninguna forma, si no es pensando que el Partido Popular intenta sacarse la espina en relación con el movimiento de objeción de conciencia y al movimiento de insumisos. El partido Popular no ha tratado a este movimiento como se debía. En primer lugar, ha intentado manipular las intenciones del movimiento de insumisos; intenciones egoístas, primero, luego, en contra de la democracia o no se sabe muy bien qué. Después, el Partido Popular y el Gobierno han visto como única medida frente a la insumisión la mecánica de la represión: la represión penal, administrativa, civil, como ha ocurrido recientemente en la modificación del Código Penal. Nosotros no consideramos que estos sean los procedimientos a seguir con respecto a la objeción de conciencia ni por parte de este Gobierno ni por parte de gobiernos anteriores.
Pero lo que no nos explicamos, señorías, es que ustedes a lo largo de estos siete meses quieran mantener a unos jóvenes, que en la mayor parte de los casos tienen lo que se denomina muerte civil, en unas condiciones como si fueran delincuentes, cuando en realidad el servicio militar ya no es el servicio militar obligatorio, sino que a partir de los próximos siete meses, en diciembre de este año, será un ejército profesional. Desde luego no podemos entender esta medida y esta

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actitud refractaria a la modificación del Código Penal si no es como una actitud de venganza, de vendetta ante estos jóvenes que se han comprometido con la objeción de conciencia, que se han comprometido con la paz y que ven en esta actuación del Partido Popular una actitud incomprensible.
Por último, lo que más nos ha llamado la atención de la argumentación del Grupo Popular ha sido lo que hemos oído en el día de hoy. Tal parece que para el Grupo Popular, y ahí ya entramos en una digresión muy interesante, en estos momentos no se suprime el servicio militar obligatorio, sino que se suspende el servicio militar obligatorio.
El rechazo a esta iniciativa tiene otro contenido, no solamente ya el de la falta de lógica, no solamente el de la falta de humanidad, sino probablemente que el Partido Popular quiera guardarse una carta en la manga, que el Partido Popular diga que no se suprime el servicio militar obligatorio, que se suspende el servicio militar obligatorio para buscar en otras condiciones la recuperación de este servicio militar obligatorio; si no, no entendemos la digresión del portavoz en esta materia del Grupo Parlamentario Popular, separando nítidamente lo que es la supresión del servicio y lo que es la suspensión del servicio.
Nos alegraría que, como estoy viendo por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, lo que ocurra sea una mala interpretación y que finalmente apoye esta iniciativa de despenalización, que sea una toma en consideración de iniciativas de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, salvo el Grupo Parlamentario Popular, que esta iniciativa dé lugar a enmiendas que puedan hacer posible que dentro de siete meses, finalmente, no exista la penalización a la objeción de conciencia o a la insumisión al servicio militar obligatorio y también a la prestación social sustitutoria.
No debería ocurrir lo que ha pasado recientemente. El joven José María Trillo Figueroa, que nada tiene que ver con el ministro de Defensa, en el mes de junio del año 2000, a través de distintas iniciativas, pidió el indulto del Gobierno para su delito de insumisión. Ese indulto pedido por muchas organizaciones e instituciones de este país fue rechazado por el Gobierno, y este joven, José María Trillo Figueroa, entró en prisión el 17 de julio del año 2000. No creemos que ni en materia de prisión ni de muerte civil, o de cesantía civil, sea esta la medida a tomar en estos momentos con respecto a la insumisión, y no entenderíamos por tanto que el Grupo Parlamentario Popular no votase estas iniciativas, sí que incorporase a las mismas las enmiendas que considerase oportunas a través del trámite parlamentario en los próximos meses.
Es verdad que nos encontramos a siete meses del final del servicio militar obligatorio, pero en el trámite parlamentario podemos hacer coincidir ese final del servicio militar obligatorio y el final de la penalización del delito de insumisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds una proposición de ley en términos parecidos a la que ha defendido el señor Llamazares, que hace referencia a la despenalización de forma inmediata y de forma retroactiva de los denominados delitos de insumisión.
En concreto, nuestra propuesta plantea un artículo para dejar sin efecto los artículos 527 y 604 del Código Penal, que hacen referencia a los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria y al delito contra el deber de prestación del servicio militar.
También planteamos una disposición transitoria donde se determina que los jueces y tribunales procedan a revisar de oficio las sentencias condenatorias dictadas en aplicación de los tipos penales que en esta iniciativa pretendemos suprimir. Esta es una iniciativa que ha venido a esta Cámara en tres o cuatro ocasiones, y en todas ha sido rechazada excepto en la modificación de la Ley Orgánica del año 1998, en la que ya, como luego explicaré, se realizaron modificaciones importantes. La novedad es que hoy afrontamos este debate con un nuevo marco legal de fondo, tanto por lo que hace referencia al servicio militar obligatorio como por lo que se refiere a la tipificación en el Código Penal. Hoy se hacen aquí cinco propuestas por cinco partidos parlamentarios, coincidiendo más allá de las diferencias ideológicas en una cuestión de sentido común y de lógica, y yo, evidentemente, quiero anunciar ya que vamos a votar a favor del resto de las iniciativas parlamentarias.
Decía que este debate se está produciendo en un marco legal distinto, ya que, como ustedes saben, la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, establece que a partir del 31 de diciembre de 2002 se suprimirá el servicio militar obligatorio, supresión que posteriormente el Gobierno, yo creo que en gran medida a partir de las demandas sociales y políticas de la sociedad, adelantó al 31 de diciembre de 2001, adecuando al mismo tiempo el régimen de la prestación social sustitutoria a esta nueva situación. Pues bien, lo que nosotros queremos dejar claro en este nuevo contexto, un contexto de supresión del servicio militar obligatorio, es que no tiene ningún sentido y carece de toda lógica mantener en el Código Penal sanciones por no hacer el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, teniendo evidentemente mucho menos sentido el cumplimiento de las penas impuestas por la comisión de estos delitos.
He de decir que esta nueva situación ha sido objeto en años anteriores de un debate social y político importante, habiendo habido, como antes se ha dicho y yo también quiero señalar, una contribución importante del movimiento

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de la objeción de conciencia y de la insumisión a la libertad de conciencia en estos temas. Asimismo, ha sido una cuestión fundamental para determinar un modelo de defensa desde el cual desapareciera el servicio militar obligatorio. Se trata de un debate que ha tenido costes personales para miles de jóvenes. Si mis datos no están equivocados, más de 50.000 jóvenes se han declarado insumisos en los últimos años, habiendo dado lugar a 10.000 procesos judiciales y a que más de 1.000 jóvenes estén en la cárcel, además de que, como aquí se ha dicho antes también, en estos momentos hay diversos jóvenes, creo que cuatro, condenados por insumisión sobrevenida. Es decir, en la actualidad en el Estado español hay jóvenes en la cárcel simplemente por un motivo de conciencia.
Hay que reconocer que la modificación del Código Penal en 1998 supuso la supresión de penas de prisión y multas para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio -no, como he dicho antes, para la insumisión sobrevenida- y de la prestación social sustitutoria, pero, aunque rebajó, dejó tipificadas las penas de inhabilitación para dichos supuestos. En concreto, en los artículos 527 y 604 actuales, es decir, una vez modificados, la inhabilitación continúa siendo de cuatro a seis años y en la disposición transitoria primera se dice explícitamente que los procesos penales continuarán su tramitación con arreglo a esta ley.
En conclusión, señoras y señores diputados, a partir de la realidad actual, donde el servicio militar obligatorio ya no es obligatorio y por lo tanto estamos ante un modelo de defensa distinto, ante una modificación que ya se ha efectuado parcialmente de disminución de las penas del Código Penal en relación con estos temas, el debate de hoy, si me lo permiten, ya no es ni ideológico. Ya lo hicimos y está ganado. Existe otro modelo de defensa y hoy hay un clamor en la sociedad, también reconocido en esta Cámara, de que eso no puede ser motivo de delito. Por lo tanto, lo que les pido hoy no es un ejercicio ideológico, sino tan sólo de sentido común y, si ustedes me lo permiten, de coherencia. Simplemente que sean coherentes con lo que significa el hecho de tener un modelo de defensa donde no existe el servicio militar obligatorio, con la última modificación del Código Penal. Y sobre todo pido que absolutamente nadie pueda quedar estigmatizado como delincuente simplemente por haber hecho un ejercicio de conciencia en lo que estas personas creían que era su libertad de conciencia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, las iniciativas que hemos presentado distintos grupos y otros que seguramente nos apoyarán pretenden que se proceda de una vez por todas a la despenalización inmediata de la insumisión. Este es un capítulo más de una larga historia que hace mucho tiempo tuvo que ser finiquitada, pero que mucho nos tememos, al socaire de algunas manifestaciones, que quizás no sea el último, cosa que nos parece preocupante.
Desde 1995, desde la aprobación del Código Penal, Eusko Alkartasuna planteó el rechazo a la criminalización del movimiento de la insumisión, de la negativa de aquellas personas que planteaban legítimamente determinados valores, como valores que defienden el pacifismo, valores contrarios al uso de las armas o concepciones antimilitaristas, ya que no estábamos de acuerdo en la criminalización de ese movimiento pacifista, de ese movimiento de la insumisión.
A lo largo de la tramitación legislativa que ha tenido lugar en estos últimos años, que no recordaré pero que tenemos todos muy presente, hemos manifestado cuál era nuestra posición. Lo hicimos en su momento e incluso en la anterior legislatura, cuando planteó ese compromiso el presidente Aznar, preguntamos cuándo se iba a descriminalizar o despenalizar la insumisión, lo volvimos a plantear cuando se aprobó el informe de la Comisión Mixta para la profesionalización del ejército, lo hicimos con la Ley 17/1999 y también con la Ley de 1998, por la cual se suprimían las penas de prisión y multa, pero se seguía manteniendo, aunque con una disminución, la denominada muerte civil, que de alguna manera causaba y causa graves problemas a muchos jóvenes.
Ya dijimos en esa toma en consideración que no nos parecía que fuera lo más oportuno, que para algunos podría ser un avance, pero que de todas maneras no afrontaba la problemática clave relativa a esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Si añadimos a lo que ha venido sucediendo el Real decreto de 4 de abril, en el cual hablamos de un delito con fecha de caducidad, y algo que realmente no produce ningún tipo de alarma social, sino que, muy al contrario, curiosamente la sociedad tiene como valor principal en este momento, que es el pacifismo, el rechazo al uso de las armas, concepciones contrarias al militarismo, vemos que curiosamente a todos aquellos que a lo largo de estos últimos años han preconizado estos valores que finalmente han ido calando en la sociedad, curiosamente -vuelvo a señalar- a esas personas que han generado una problemática en su vida personal, vamos a seguir castigándolas, cuando todos sabemos que esto termina dentro de nada y que realmente no responde a ninguna de las consideraciones que en derecho penal debiéramos de tener. Porque, ¿cuál es el bien jurídico a proteger para seguir manteniendo la criminalización de una conducta que se ha demostrado acorde con lo que piensa la mayoría de la sociedad? ¿O realmente creemos que lo que debe ser un derecho penal moderno es acorde con lo que tenemos ahora, un derecho de principiode intervención mínima? ¿O realmente creemos que

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produce alarma social la conducta pacifista de muchos jóvenes? Estas son las preguntas que tendrán que hacerse aquellos que voten en contra, porque realmente lo que estamos haciendo o, si algunos no nos apoyan, lo que va a pasar es que este Congreso, las Cortes, el Parlamento, seguirá mirando de puertas adentro, estará desfasado en relación con lo que se va produciendo con los movimientos sociales en la sociedad, seguiremos legislando a posteriori de lo que ocurre en la sociedad y, en definitiva, haremos algo que en ningún caso puede hacer un parlamento, que es no representar los valores, las conductas que la sociedad preconiza como conductas buenas, como conductas que son bienes jurídicos a proteger o como intereses públicos de la propia sociedad. Esto es lo que vamos a tener si alguno de los grupos, como parece que ya se ha señalado, no apoya el conjunto de las iniciativas que hoy se han presentado.
Esto ha sido, para la sociedad de donde yo vengo, para Euskal Herría, una cuestión clave, tan clave como que algunos electos de Eusko Alkartasuna han tenido que ser procesados constantemente por sus propias convicciones pacifistascuando se les pedía por su condición de concejales determinados requerimientos en relación con el servicio militar, o incluso a posteriori que se modificara la ley cuando aquellos ayuntamientos han considerado que la muerte civil no era justa, que no respondía a un bien jurídico y han intentado paliar los efectos de esa muerte civil en muchos jóvenes con sentencias.
En definitiva, señoras y señores diputados, solicitamos el voto a favor para la toma en consideración de estas iniciativas. No creemos que pueda ser argumentación posible el que se nos achaque a unos u otros determinados errores técnicos. Ya se han hecho correcciones y si en la sociedad en la que vivimos no se pudieran aplicar leyes que hubieran sido objeto de corrección de errores nos habríamos quedado sin ordenamiento jurídico. Hay que entrar en el fondo de la cuestión, es imposible dilatarlo más y no me valen ya las medidas de gracia, porque eso no responde a lo que debe ser un ordenamiento jurídico correcto. No vale que en enero de este año se aplicaran las medidas de gracia. ¿Por qué no hacer las cosas bien, por qué no legislar bien y no estar en función de la facultad, la arbitrariedad o la voluntad de un gobierno que decide a quien le otorga o no una medida de gracia o tener que estar pendientes de las interpretaciones de los tribunales en función de lo que consideren más o menos justo? Este Congreso tiene una labor, y es la de tratar de adecuar los movimientos sociales, los valores de la sociedad, los bienes jurídicos realmente a proteger con la propia legislación.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, como ya lo han hecho otros portavoces de otros grupos parlamentarios, para contribuir de forma positiva al proceso de suspensión del servicio militar obligatorio y, por tanto, también a la suspensión de la prestación social sustitutoria. Debate al que el Grupo Socialista quiere contribuir de forma constructiva y planteando una serie de iniciativas que hagan posible que ese proceso se lleve a cabo como le corresponde. Iniciativas que también vamos a ver en el tercer punto del orden del día y que, en definitiva, pretenden normalizar el proceso de la suspensión del servicio militar obligatorio.
Señorías, afrontamos este debate, oportuno a nuestro modo de ver, desde la convicción de que la desaparición de la obligación de prestar el servicio militar a 31 de diciembre tiene ciertas consecuencias en el mantenimiento de determinados tipos penales que se contemplan en el Código Penal y en la legislación penal de carácter militar. Además, abordamos este debate siendo absolutamente conscientes de que este proceso tiene consecuencias para las personas condenadas o con causas pendientes por el incumplimiento de sus obligaciones y también para sus familias. Una vez más, señorías, nos encontramos ante un claro elemento en el que la sociedad civil ha superado a la legislación, un claro ejemplo en el que es necesario que las exigencias sociales provoquen cambios legislativos que ya han dado lugar a nuevas situaciones sociales y que, por tanto, estas deben tener un reflejo en la desaparición de delitos penales, pues todos entendemos que son delitos que dejan de existir.
Llegados a este momento, hay que resaltar dos elementos de especial importancia, como lo han hecho ya otros portavoces de otros grupos parlamentarios. En primer lugar, el reconocimiento de la objeción de conciencia y no sólo por razones religiosas o morales, sino también por la libertad ideológica y, por supuesto, también la desaparición del servicio militar. La objeción de conciencia supuso, entre otras cosas, que surgiera el movimiento de insumisos y objetores. Tenemos que reconocer hoy aquí que el tratamiento que se hizo de este colectivo no siempre fue adecuado, ya que no siempre se distinguió entre realidades tan diferentes como los jóvenes que hacían uso de su derecho a declararse objetores, aunque se negaran a realizar la prestación social sustitutoria, con los que no ejercitaban la objeción y los que desertaban del servicio militar después de incorporarse. Por eso mismo y desde el respeto a las diferentes opiniones es de justicia reconocer el avance social tan importante que supuso el desarrollo del derecho de objeción de conciencia y la aportación que algunos de estos colectivos hizo para que esto fuera posible.
En definitiva, señorías, lo que nuestra iniciativa pretende -desde una posición constructiva, insisto- es

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adoptar las medidas necesarias para adaptarnos a una nueva realidad social; realidad social que, como ya he explicado, surge por la desaparición de esas obligaciones, por lo que este hecho debe tener un reflejo inmediato en nuestra legislación penal. Desde luego, lo que pretendemos con la toma en consideración de esta proposición no es cerrar un proceso, por el contrario, quiere ser un instrumento que sirva para abrir un debate sobre cuestiones no resueltas y que necesitan solucionarse. En este sentido, hemos querido abordar esta iniciativa en una realidad social que tiene una paradoja. Por un lado, el 31 de diciembre de 2001 es la fecha prevista para la suspensión de la prestación del servicio militar así como de la prestación social sustitutoria, pero el Gobierno no ha previsto regular en ese plazo la desaparición de los delitos cometidos contra los deberes de prestación de dichos servicios. Actualmente, esta paradoja podría afectar a 14 insumisos encarcelados al día de hoy en Madrid, así como al joven estudiante de Sevilla que el martes se enfrenta a lo que posiblemente sea el último juicio por insumisión.
Este hecho puede producir la paradoja, repito, de tener jóvenes condenados o en espera de celebración de juicio por cometer un delito contra una norma de obligado cumplimiento que técnicamente deja de existir a 31 de diciembre de 2001.
En ese sentido, señorías, la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista pretende poner fin a una situación carente de sentido, modificando los artículos en el Código Penal, en el Código Penal Militar y en la Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que hacen referencia a estos delitos. Pero, señorías, queremos dar un paso más allá y también mandatamos al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el 31 de diciembre de 2001 se produzca urgentemente la finalización de condenas y sanciones impuestas por aplicación de los artículos e infracciones que se deroguen, exigiéndole las correspondientes responsabilidades.
Igualmente le pedimos que sean archivados o sobreseídos los procedimientos incoados por aplicación de los artículos o infracciones que se deroguen. Les voy a explicar, señorías, el porqué de la necesidad de actuar antes del 31 de diciembre.
En primer lugar, porque pretendemos evitar que se produzcan confusiones y situaciones paradójicas: jóvenes cumpliendo condenas, jóvenes esperando juicios y que desconocen cómo se va a resolver su situación. También queremos evitar la paradoja y el sufrimiento de personas y familias que están siendo afectadas por esta situación.
Además, creemos que es necesario recordar que el servicio militar y la prestación social sustitutoria no han desaparecido sino que se encuentran técnicamente suspendidos, por lo que si la situación actual no se corrige, estas conductas podrían seguir persiguiéndose y juzgándose al amparo de estos artículos. Hipotéticamente, pueden producirse sentencias condenatorias hasta diciembre de 2006.
Por tanto, señorías, la aprobación de esta proposición supone también el apoyo al proceso de profesionalización y al nuevo modelo de las Fuerzas Armadas. Además y por último, también encontramos en ella una razón institucional, la responsabilidad de armonizar nuestras leyes con algo que no se corresponde con la existencia en nuestro Código Penal de delitos imposibles.
En definitiva, señorías, el clamor de la sociedad se va a escuchar esta tarde en la Cámara, pidiendo que, de una vez por todas, se regularice una situación normalizada ya en la calle y que al día de hoy no está contemplada en la legislación; clamor social que ya se vio en el Senado hace unas semanas y que contó con el apoyo y el respaldo de todos los grupos de la oposición, a excepción del Partido Popular. A mí sólo me quedaría pedir al Grupo Popular, como ya lo han hecho otros portavoces y es de sentido común, que escuchen el clamor social y que sean capaces de que el proceso de la suspensión del servicio militar acabe como corresponde.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pajín.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, con estas iniciativas de diversos grupos de la Cámara, todos coincidimos en que hoy constatamos el inminente fin del servicio militar obligatorio. El hecho de que hoy, de manera tan contundente y rotunda y, además, como apuntaba el señor Saura, tan cargados de sentido común en nuestras justificaciones, planteemos la necesidad de suprimir los artículos del Código Penal y del Código de Justicia Militar que aún mantienen la tipificación de los denominados delitos de insumisión no es más que la evidencia del fin del servicio militar obligatorio.
Este hecho creo que satisface a todos los grupos de la Cámara, constata un cambio histórico, un cambio producido fundamentalmente por la voluntad del conjunto de la sociedad, pero también por las transformaciones en los modelos de seguridad existentes en el continente europeo desde 1989. Expresamos también con satisfacción el éxito colectivo de la sociedad española a la hora de abordar la supresión del servicio militar obligatorio. Si me lo permiten, en términos estrictamente partidarios, Convergència i Unió, Coalición Canaria y también el Grupo Popular, expresamos que un compromiso asumido en 1996 está a punto de convertirse en realidad. El debate de hoy es el debate bajo la perspectiva de esta supresión del servicio militar obligatorio, resultado, insisto, del cambio histórico, del éxito colectivo de la sociedad y del compromiso político asumido en la pasada legislatura.
En esta lógica, en esa inminencia de la supresión real de la mili obligatoria, es evidente que tiene poco sentidomantener tipos penales, que tanto el Código Penal

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como el Código de Justicia Militar aún mantengan que esas conductas, conocidas popularmente como de insumisión, tengan una determinada tipificación penal, que existan aún delitos relacionados con el incumplimiento de esas obligaciones en la medida en que esas obligaciones dejarán de existir.
Alguien podría decir que hoy ya no existe este problema, pero en la respuesta a una pregunta parlamentaria que planteé yo mismo, se nos informa que, a fecha 22 de febrero de 2001, el número de personas incluidas en el registro central de penados y rebeldes por la comisión de delitos relacionados con el incumplimiento del servicio militar es de 3.851 y el número de personas incluidas en el registro central de penados y rebeldes por la comisión de delitos relacionados con el incumplimiento de la prestación social sustitutoria es de 920; en total, a fecha de febrero de 2001, hay 4.771 personas imputadas aún con delitos de insumisión, sin contar los ciudadanos imputados por los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar.
Por tanto, existe un problema de verdadera indefensión de estos ciudadanos y sería bueno se resolviese cuanto antes mejor. El resto de portavoces ha afirmado que la norma se debe adecuar a la realidad y hoy la adecuación a la realidad exige la supresión de estos artículos que penalizan las conductas denominadas como de insumisión.
Pocas razones puede encontrar el grupo de la mayoría para oponerse a esta necesidad.
El señor Llamazares, creo que de manera inteligente, ha afirmado que es complicado que se nos diga que no se pueden suprimir estos artículos del Código Penal porque no se extingue el servicio militar obligatorio sino simplemente se suspende su obligación. Tendrá razón el Grupo Popular afirmando eso porque técnicamente es suspensión del servicio militar obligatorio, pero sería muy bueno que el voto del Partido Popular contrario a estas proposiciones de ley dejase muy claro que el Partido Popular no tiene ningún tipo de duda sobre el proceso irreversible de la supresión del servicio militar obligatorio, que los portavoces del Grupo Popular fueran muy claros y contundentes sobre esa cuestión.
Es evidente que la evolución de la legislación española en esta materia también es muy clara. Fue en los debates sobre el Código Penal del año 1999 cuando se vio de manera muy evidente la necesidad de articular de manera razonable la tipificación de los delitos de insumisión. En los debates de 1995, mi grupo parlamentario, entre otros, defendió la necesidad de la no existencia de penas de prisión ni para los insumisos de la mili ni para los insumisos de la prestación social sustitutoria. En aquella legislatura tan sólo pudimos llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista sobre la necesidad de no contemplar la pena de prisión para los insumisos a la prestación social sustitutoria, pero el Código Penal de 1995 mantuvo las penas de prisión también para los insumisos al servicio militar obligatorio. Fue en 1998, como resultado de una iniciativa conjunta de Coalición Canaria, del Grupo Popular y de Convergència i Unió, cuando adaptamos esa legislación a lo que ya era en aquellos momentos un proceso irreversible: el proceso de supresión de la mili. En el año 1998 entendíamos que mantener las penas de prisión era un absurdo, que mantener las multas era un absurdo, pero que seguramente teníamos que mantener un Código Penal que supusiese una disuasión para aquellos ciudadanos que optasen por el no cumplimiento de sus obligaciones. Creíamos que en aquellos momentos la sociedad entendía que era necesario mantener aquellas penalizaciones, aunque con un contenido material mucho más suave: rebajando a la mitad las penas de inhabilitación, que dejaban de ser absolutas para ser especiales, e introduciendo además un régimen retroactivo. La reforma afectó a los artículos 527 y 604 del Código Penal y supuso la supresión del artículo 528 del Código Penal.
Aquella iniciativa tuvo su sentido en aquel momento, pero es evidente que hoy se nos queda corta, precisamente porque el calendario ha avanzado y, por tanto, no tiene ningún sentido mantener esta tipificación. Nosotros entendíamos que lo coherente en los años 1995 y 1998 era aquello que mantuvimos, pero hoy lo coherente y lo lógico es plantear la supresión definitiva de estos artículos y ampliar también el debate a los artículos contemplados en el Código de Justicia Militar, que en los debates de los años 1995 y 1998 no fueron planteados por el conjunto de los grupos políticos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Señorías, es evidente que hoy, con este debate, no sólo constatamos el fin del servicio militar obligatorio, no sólo ponemos en evidencia que existe el problema que expresan esos cuatro mil y pico ciudadanos del Estado español incluidos en el registro de penados por haber cometido determinados delitos. Hoy, con estas iniciativas, también ponemos de manifiesto que en la historia de la supresión del servicio militar en España han tenido un papel decisivo los movimientos sociales, y que si hoy es posible plantear la supresión del servicio militar obligatorio es porque el conjunto de la sociedad, y de manera muy específica los sectores más comprometidos con la paz, con los derechos humanos, con aquellos elementos que nos permiten defender la existencia de la cultura de la paz, se convirtieron en punta de lanza de un movimiento social que, además, en el caso de Cataluña y de Euskadi tenía un elevado contenido nacionalista. El plantear hoy la supresión de los artículos del Código Penal y del Código de Justicia Militar es también un homenaje a aquellos sectores que, desde la objeción de conciencia y muchas veces desde posiciones más radicales, como los movimientos de insumisión, plantearon la necesidad de superar el anacronismo que suponía el servicio militar obligatorio.
En el fondo, el debate de esta tarde es ése y nos parece que es de justicia que hoy la Cámara tenga en consideración a estos grupos sociales.


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Señorías, todas ellas son razones que, en su momento, han llevado a nuestro grupo a presentar esta iniciativa y a expresar nuestra coincidencia con la mayoría de las que ha planteado el resto de los grupos. Nos gustaría que el Partido Popular se cargase de sentido común y hoy mismo iniciase el proceso de supresión de este verdadero anacronismo que aún continúa vigente en nuestra legislación penal, tanto en la civil como en la militar.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como acaba de manifestar el señor portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aquí hay una valoración de oportunidad. Cuando un tipo delictivo deja de serlo, ya no está reflejado en el Código Penal o en cualquier código disciplinario, como es en este caso el Código Penal Militar, al haber desaparecido la causa, también desaparecen sus consecuencias. Era natural la desaparición, en el Código Penal, en el Código Penal Militar y en la Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, de la penalización de la insumisión.
Recordaré que en el año 1998 mi grupo, junto con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), trajo una iniciativa, para ir abriendo este surco de racionalidad y de naturalidad en no penalizar lo que ya no iba a ser, en un horizonte inmediato, ni delito ni figura delictiva, porque, no existiendo el delito, no tiene por qué existir el delincuente y, no existiendo éste, no tiene por qué haber alguien penando las faltas que antes existían.
Hay un hecho evidente que viene a abundar en esta línea y es que el Gobierno recientemente ha publicado dos decretos y hay que hacer una lectura sobre el calendario de lo que esto puede significar. Mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 marzo, se adelanta la supresión de la prestación del servicio militar y, en sus artículos 1 y 2, viene a pasar a la reserva militar a una serie de españoles. La Ley 17/1999 remitía la desaparición de este servicio militar al 31 de diciembre de 2002 y hay que tener en cuenta que, a partir de haberse efectuado ya, en la fecha de hoy, que tenemos este debate, el último llamamiento de los soldados del reemplazo, si la ley ha venido diciendo que la duración del servicio militar era de nueve meses, estamos ya fuera de plazo para una serie de conscriptos españoles que, por el servicio militar obligatorio, les corresponde hacer la mili. Hay que entender que desde ese momento, prácticamente desde los nueve meses finales que le queda al último llamamiento de soldados de reemplazo, nadie tiene capacidad, aunque tuviera voluntad de delito, de declararse insumiso.
Jurídicamente es imposible la declaración de voluntad de insumisión, como figura de rechazo al servicio militar, y no cabe que, por los poderes que tienen que ejecutar los principios legales, sea declarada insumiso una persona que esté en estas circunstancias. Tenía que ser natural la desaparición por una iniciativa propia del Gobierno, ya que, desaparecida la causa y el delito, quedan suprimidos todos aquellos procedimientos que pudieran llevar a un cumplimiento de la pena.
Quiero aprovechar para decir y que quede constancia en el «Diario de Sesiones», hablando de la Ley 17/1999, que no hablaba de decretos, del decreto 247, que he citado, que espero que el Gobierno, si es que no lo ha hecho todavía, realice la notificación a las Cortes del adelanto de la supresión del servicio militar obligatorio. Está en la ley. Un decreto no es una notificación del Gobierno al Parlamento. La ley dice muy claro que el Gobierno notificará a las Cortes, en primera instancia al Congreso de los Diputados, la desaparición o el adelanto de este servicio militar obligatorio, para que tenga unos efectos de conocimiento y de dación parlamentaria. De ahí se tiene que derivar algo para el Parlamento. Si el Parlamento es el que legisla y es el que en su día legisló y aprobó el Código Penal, donde aparece la figura de la insumisión y del insumiso, es necesaria también del Parlamento esta iniciativa, bien por vía gubernamental, bien por esta otra vía.
Mi grupo va a votar favorablemente las iniciativas que han presentado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque, a juicio de nuestro grupo, contemplan un tratamiento muy normal y natural, de principio de actuación jurídica, en la aplicación de lo que debe ser retirado ya porque queda obsoleto. De esta manera, no habrá tribunal que pueda juzgar, invocando el artículo 527, el 604 de la Ley orgánica 10/1999 del Código Penal, así como la Ley orgánica 13/1985, del Código Penal Militar, porque, dada la desaparición de la mili y dado que hay un servicio profesional de las Fuerzas Armadas en España, es un documento muy obsoleto en alguno de sus planteamientos. Y, por supuesto, la Ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, en la dedicación que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho al artículo 32, del que vamos a tener que hablar mucho todavía en este Parlamento, en cuanto a las organizaciones sindicales, etcétera, o cualquier tipo reivindicativo que esté legalmente establecido en el ordenamiento jurídico español. Con toda naturalidad y sin entrar en avances de planificación y de planteamiento que tenga que ver con una lectura ideológica, es, por parte del diputado que les habla, una adecuación cronológica y cronométrica al ordenamiento jurídico español. Sencillamente, al haberse producido unas disposiciones al respecto de la supresión del servicio militar obligatorio, todo lo que trajera causadel mismo en la legislación es página pasada en la historia

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del derecho penal militar español. Por todas estas razones, señorías, repito que mi grupo votará favorablemente estas iniciativas que he enunciado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi formación política es histórica en esta petición de que se despenalicen estas conductas o de que no constituyan delito y ahí queda en el querido «Diario de Sesiones», como decía nuestro ex compañero Pablo Castellano. Desde el debate constitucional, cuando se introdujo la obligación del artículo 130, hasta los debates del Código Penal, siempre hemos estado en contra, normalmente solos y en muchas ocasiones acompañados por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
En la legislatura pasada, producida ya la promesa en el debate de investidura por el presidente del Gobierno de la desaparición del servicio militar, intentamos una y otra vez la despenalización de las conductas, entendiendo que no existía ya bien jurídico alguno que salvaguardar como no fuese un incumplimiento de un deber, para lo cual la respuesta penal siempre ha resultado excesiva. Ese exceso, incluso para nosotros, existía cuando, por determinadas formaciones políticas, se aprobó la pena de inhabilitación, desapareciendo ya las penas privativas de libertad, pero una pena de inhabilitación tan extensa e intensa que se le ha dado en llamar vulgarmente muerte civil. Ni becas, ni ayudas en vivienda, ni promoción en el empleo.
Es absurdo, y así lo he puesto de manifiesto en esta Cámara muchas veces, que los poderes públicos hagan esfuerzos que se contrarresten.
Pretenden insertar a los jóvenes en el mercado laboral y se gasta dinero en ello y está bien gastado y a la vez se mantenía una obligación de que, en ese período tan crítico, en esa edad tan determinada de acceso al primer empleo tuviesen que hacer una prestación social o, lo que era todavía peor desde nuestra perspectiva, la incorporación al cumplimiento de un deber militar.
Ahora ya no queda ni eso. Se apareja en los tipos penales a los que se refieren las iniciativas una pena por un incumplimiento de deberes que ya no existen. Repito, señorías, un deber inexistente genera todavía una sanción penal. ¿Cabe mayor disparate? No es que ya no exista bien jurídico a tutelar, es que ni siquiera existe el deber legal. Son ya tipos penales vacíos porque no existe el deber personal y deben desaparecer del ordenamiento. La despenalización, además, no perjudica a nada, quizá en algo a la prestación social, pero sobre ello puede haber otras medidas. La propuesta de una de ellas se va a ver esta misma tarde en esta Cámara. Desde luego, no en cuanto al servicio militar, puesto que ya está profesionalizado el ejército y beneficiaría, y esto es lo considerable, a un número importantísimo de ciudadanos, los que están cumpliendo pena, los que tienen sentencias pendientes de ejecutar y también ciudadanos que tienen todavía procesos pendientes. No cabe hablar de desigualdad en relación con quienes han cumplido la prestación, en relación con quienes no lo han hecho y ahora se van a ver liberados de ello. Ya no estamos en el ámbito del artículo 14 de la Constitución, sino más bien en el ámbito del 9.2, como obligación de los poderes públicos.
Repito, creemos que no hay enganche jurídico alguno para mantener estos tipos. Sólo la cabezonería puede llevar a tenerlos y a mantenerlos como vigentes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, fijar la posición sobre estas cinco proposiciones de ley que acaban de ser presentadas para la toma en consideración de esta Cámara. Me van a permitir, señorías, que, para ello, las agrupe en dos bloques, por la propia coincidencia y el tenor cuasi literal de cada una de ellas. Por una parte, las iniciativas que se defendieron al principio, del Grupo de Izquierda Unida, y las dos iniciativas del Grupo Mixto, del señor Saura y de la señora Lasagabaster, y, por otra parte, las iniciativas del Grupo Socialista y del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El primer bloque de iniciativas tienen en común que se plantea la despenalización de los llamados delitos de insumisión y concretamente las tres iniciativas proponen la supresión de los artículos 527 y 528 del Código Penal, en lo que significaban las obligaciones respecto a la prestación social sustitutoria, y el artículo 604 del Código Penal, en lo que significaban los deberes, las obligaciones, como consecuencia del servicio militar obligatorio.
Quiero decir, en primer lugar, que estas tres iniciativas, tanto en su planteamiento como en su exposición de motivos, adolecen de unos errores idénticos. En todas ellas se hace referencia a eliminar las penas privativas de libertad como consecuencia de los deberes, tanto de prestación del servicio militar como de la prestación social sustitutoria. Y olvidan el Grupo de Izquierda Unida y los miembros del Grupo Mixto que hace casi tres años esta Cámara modificó el Código Penal, concretamente lo hizo el 5 de octubre de 1998, de forma que el artículo 528 del Código Penal, señor Llamazares, que ustedes y el Grupo Mixto proponen que desaparezca, ya no existe. Ese tipo penal ahí regulado y ese artículo ya no existen, señor Llamazares. Además, usted, hoy, señor Llamazares, ha seguido hablando de

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penas privativas de libertad. Pues bien, tras la modificación del artículo 604 del Código Penal, realizada a instancias del Grupo Parlamentario Popular, en unión del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo de Convergència i Unió, mediante una ley orgánica que modificó el Código Penal, tampoco se establece ninguna pena privativa de libertad para el supuesto de incumplimiento de la obligación correspondiente al servicio militar obligatorio. Por tanto, señor Llamazares, ni el artículo 528 se puede suprimir, porque ya no existe, ni se puede hacer ninguna referencia a las penas privativas de libertad, porque en ningún caso aparecen en la ley.
Además, curiosamente, nos encontramos con que el señor Llamazares en el día de hoy empieza a hacer una serie de manifestaciones más propias de quedarse sólo en los titulares y no llegar nunca al contenido, al fondo de lo que las normas establecen o de lo que cada uno defiende. Señor Llamazares, ningún insumiso está en la cárcel en aplicación del Código Penal. Ninguno. Si alguna persona está en la cárcel será en aplicación del Código Penal Militar y por un delito que no tiene nada que ver con la insumisión, que es el delito de deserción. Por tanto, seamos justos y vayamos a lo que nos referimos.
Y hay que ser justo y reconocer a cada uno lo que ha hecho, en aras a avanzar en un ejército de carácter profesional y a resolver determinadas situaciones. Fue a impulsos del Partido Popular cuando se suprimieron las penas privativas de libertad para los insumisos del servicio militar. Ha sido con el Partido Popular cuando se ha suprimido el artículo 528 del Código Penal y ha sido con el Partido Popular cuando se han reducido todas las referencias a las inhabilitaciones absolutas que establecía el Código penal y ahora se refieren a determinadas inhabilitaciones especiales, más reducidas en el tiempo y equiparadas en los dos supuestos. Por cierto, también por impulso del Partido Popular se ha producido lo que es formalmente la suspensión del servicio militar. No busque usted más complicaciones.
Lea el artículo 30 de la Constitución en el que se establece la obligación del servicio militar. Y, en función de todo eso, en la reforma que esta Cámara ha realizado como consecuencia de un informe de la Comisión mixta Congreso-Senado para la profesionalización, modernización y otras cuestiones más que afectaban a la defensa, se aprobó laLey 17/1999, que establece el fin del servicio militar. En términos formales y jurídicos, para respetar el espíritu y la letra de la Constitución, se habla de supresión del servicio militar. Yo creo que usted, señor Llamazares, incluso es capaz de entender lo que estoy diciendo.
Estas iniciativas de los grupos de Izquierda Unida y Mixto no pueden ser respaldadas por el Grupo Popular, por cuanto no compartimos los criterios, fundamentalmente jurídicos, además de desfasados, que inspiran esta iniciativa y que se contemplan en la exposición de motivos y en el propio texto de las iniciativas, que chocan, por cierto, abiertamente con el artículo 30 de la Constitución, su desarrollo normativo, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que acota y delimita su contenido y extensión. Puedo ya dar por terminada mi intervención en esta parte, simplemente remitiéndome al debate que se produjo el 16 de diciembre de 1997, con iniciativa idéntica del Grupo de Izquierda Unida, donde nuestro grupo parlamentario ya fijó posición.
Voy al segundo bloque de iniciativas, las de los grupos Socialista y Catalán de Convergència i Unió, que son similares, un poquito más amplia la del Grupo Socialista en cuanto al alcance, pero son básicamente lo mismo, ya que proponen la derogación de los artículos 527 y 604 del Código Penal y la derogación del apartado 2 de los artículos 8 y 119 bis del Código Penal militar. En el caso concreto del Grupo Socialista, se añaden determinadas modificaciones de la Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Conviene recordar, señorías, para centrar de nuevo la cuestión, que, en cumplimiento del programa electoral del Partido Popular y del discurso de investidura del presidente Aznar, el Gobierno ha adelantado, mediante las decisiones correspondientes en reales decretos de los meses de marzo y abril, la finalización del servicio militar obligatorio, la suspensión, en términos formales, al 31 de diciembre del presente año 2001. Se han tomado, por tanto, las decisiones correspondientes respecto al servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria como alternativa. Hay que recordar asimismo que la Ley del año 1998, de objeción de conciencia, establecía que los españoles reconocidos como objetores de conciencia quedarían exentos del servicio militar, debiendo realizar en su lugar esta prestación social sustitutoria. Y en su disposición adicional cuarta extiende los efectos temporales de la Ley en tanto subsista el servicio militar obligatorio. Consecuente con todo ello, se han producido los decretos a los que acabo de hacer referencia y que vinculan todo el período de suspensión del servicio militar y la prestación social sustitutoria para el 31 de diciembre del presente año.
Sus iniciativas, que pueden estar bien intencionadas en el fondo, no pueden ser respaldadas, fundamentalmente por razones de forma y de coherencia, por el Grupo Parlamentario Popular.
Las iniciativas de los Grupos Socialista y Catalán de Convergència i Unió pretenden lo que, en concepto técnico- legal, significa despenalizar anticipadamente una conducta que hasta la suspensión de la obligación del servicio militar ha sido y es constitutiva de delito. Los tipos penales a los que se refieren las dos proposiciones de ley contemplan como elemento integrante de los mismos la existencia de un deber cuya infracción resulta penalmente relevante hasta que ese deber como tal desaparezca. Mientras subsista la obligación, tiene que existir una reacción de carácter penal. Si no, ese deber no sería un deber jurídico. Sería un deber, si lo quieren calificar, moral. Y nos parece que, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución española, el desarrolloque en la Ley del servicio militar se establece y la propia

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Ley de objeción de conciencia, no cabe hacer estas aplicaciones.
Por tanto, señorías, el Grupo Popular entiende que la desaparición de dicho deber, prestación del servicio militar y prestación social sustitutoria, a partir del 31 de diciembre vaciará los tipos penales y los dejará sin contenido, por lo que nadie se encontrará en el status especial que se pretende suprimir con la iniciativa de SS.SS.
Se trataría, además, de delitos imposibles y por tanto irrelevantes penalmente. En consecuencia, las iniciativas legislativas que estamos debatiendo no aportarían nada, desde la perspectiva del derecho punitivo. Sólo en el momento en que desaparecida o, mejor dicho, suspendida la obligación del servicio militar y de la prestación social, puede evitarse la sanción. Con la peculiaridad de que, insisto, nos encontramos ante una suspensión del deber establecido en el artículo 30 de la Constitución y no ante una supresión del mismo.
En definitiva, señorías, el 31 de diciembre aún no ha llegado y hay razones de técnica legislativa que nos llevan a no poder respaldar las iniciativas.
Hay una segunda razón, que es de coherencia. El Grupo Parlamentario Popular, con motivo de la tramitación de la reforma del Código Penal que se llevó a cabo entre los años 1997 y 1998, y que finalmente terminó en la Ley aprobada, de 5 de octubre de 1998, que suprimió el artículo 528 del Código Penal y modificó los artículos 527 y 604 de la misma norma, defendió que sólo una vez finalizado el período transitorio de la puesta en marcha de la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se acometerían las reformas y las adaptaciones de carácter legal a que la desaparición de los deberes constitucionales obligaba. Y hay una tercera razón, una razón de oportunidad. Hay que sopesar las consecuencias de una reforma, como la que se propone en este momento, cuando todavía quedan unos meses de servicio militar obligatorio y, sobre todo, de prestación social sustitutoria, que podrán producir abandonos masivos de quienes se encuentren cumpliendo en este momento especialmente la prestación social. Asimismo, dificultaría la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes a los últimos objetores y la adecuada gestión del proceso de suspensión de la prestación social sustitutoria.
En definitiva, señoras y señores diputados, para el Grupo Parlamentario Popular hay razones importantes de técnica legislativa, razones de coherencia con las decisiones adoptadas por esta Cámara y razones de oportunidad, que nos llevan a votar en contra de la toma en consideración de estas iniciativas legislativas, sin perjuicio de que en el fondo del asunto, especialmente de la última iniciativa, pueda haber situaciones más cercanas. Y agradezco a todos el tono de su intervención. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Ruego ocupen sus escaños, señorías. Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.) Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 115; en contra, 158; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.


Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 132; en contra, 158.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 130; en contra, 158; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se suprimen los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación del servicio militar y la prestación social sustitutoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 130; en contra, 158.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Por último, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica, de supresión de los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 131; en contra, 159; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE PRÓRROGA DE LA VIGENCIA TEMPORAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, LOGSE. (Número de expediente 162/000289.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley orgánica de ordenación del sistema educativo (Logse). Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio; abandonen el hemiciclo u ocupen sus escaños, pero todo ello en silencio. (Rumores.) Señorías, guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que hoy trae a esta Cámara el Grupo Popular es sencilla. Cuando se aprobó la Ley orgánica general del sistema educativo -la Logse-, que recuerdo a SS.
SS. fue el 3 de octubre de 1990, había una disposición adicional novena por la cual, durante el período de implantación, se admitía que podrían optar a la jubilación que allí mismo se especificaba aquellos docentes que estuviesen en activo el primero de enero de 1990 y hubiesen permanecido ininterrumpidamente en dicha situación desde la citada fecha en puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas de centros docentes. Fijaba, además, que tuviesen cumplidos 60 años de edad y acreditados 15 años de servicio efectivo al Estado.
Posteriormente a la implantación se admitió un período de tiempo que al principio era de 12 años y luego en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social se decía que este período finalizaría el 4 de octubre de 2002, y ahora entiende el Grupo Popular que se debe ampliar, más allá de octubre de 2002, por un período de cuatro años.
Ha habido muchísimas intervenciones sobre si los docentes, especialmente los de primaria y secundaria, debían o no jubilarse, con carácter general, a los 60 años. Sabe mi grupo parlamentario -por los datos que facilita el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- que no se han acogido nada más que una mínima parte a estas posibilidades y que, además, en general, hoy se ha prorrogado la vida laboral en todos los aspectos y en los enseñantes también y, por tanto, no es algo acuciante. Pero, en todo caso, eso no se debe plantear ahora, sino que se estudiará en el Pacto de Toledo, y hago referencia a la posible jubilación a los 60 años con carácter general, aunque voluntario, de los docentes de primaria y de secundaria.Por ello el Grupo Popular trae a esta Cámara esa posibilidad de prorrogar la vigencia temporal de la disposición transitoria novena, que anteriormente he indicado, por un período de cuatro años a partir del 4 de octubre del 2002, por tanto, hasta octubre del 2006. La virtud que tiene esta proposición no de ley instando al Gobierno a esta prórroga de cuatro años es que podremos aprobar en el presupuesto del año 2002 la correspondiente medida para que se prorrogue, como he indicado anteriormente, hasta el 2006.
Quiero hacer referencia, señora presidenta, a las enmiendas que se han presentado, que no son enmiendas frontales, sino que tanto la de Izquierda Unida, como la del PSOE, como la del Grupo Mixto, por medio de don Francisco Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Galego, en todas ellas lo que se dice es que, en vez de un período de cuatro años, sea un período indefinido. Entiende mi grupo parlamentario que no se puede fijar un período indefinido. Primero me llama la atención la enmienda del Grupo Socialista porque, en definitiva, fue el que aprobó con su mayoría la Logse, en cuya disposición transitoria solamente se hacía referencia al período comprendido entre la aprobación, 1990, y 1996, en ningún momento se habló de período indefinido. Posteriormente, estando en el Gobierno el Partido Popular, se hizo la prórroga hasta octubre del 2002. Entendemos que no debe haber una prórroga indefinida. Creemos que con una prórroga de cuatro años se atiende a la mayoría del colectivo, reitero, que estuviese en activo el 1 de enero de 1990, y, además, en el año 2006, en todo caso, si queda una pequeña parte del colectivo, se podrá estudiar en su momento. Por todo ello, nos vemos obligados, señora presidenta -y lo anunciamos-, a rechazar estas enmiendas por pedir la prórroga indefinida.
Señora presidenta, espero que a pesar de estas enmiendas salga aprobada por unanimidad esta prórroga por cuatro años del 2002 al 2006. Creo que con ello atendemos a gran parte del colectivo que queda que estuviese en activo en octubre de 1990, cuando se aprobó la Logse.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


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La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular con un claro sentido: no solamente con el sentido de que sea una prórroga indefinida, sino que además esta medida, puesto que la jubilación anticipada es voluntaria, esté recogida en un proyecto de ley; proyecto de ley que pedimos al Gobierno que presente antes de que finalice la legislatura dando por válido, si quieren ustedes, que se pueda aumentar el período que plantea el Grupo Parlamentario Popular en su proposición.
Señorías, planteamos que esta no sea una medida indefinida, sino que esté recogida en una ley, que puede ser incluso la ley de calidad de la educación, precisamente porque creemos que el colectivo del profesorado necesita tener a su disposición no solamente los mecanismos de constante formación y adecuación a las modificaciones del sistema, sino también por el hecho de que si hay cierto personal con una determinada edad que no se encuentra capacitado, habiendo cumplido los años de servicio, pueda acceder a esta jubilación anticipada y por ello mantener permanentemente una renovación en las plantillas. Además, señorías, en nuestra enmienda no solamente planteamos que sea para el cuerpo de funcionarios, sino que estamos diciendo que sea extensivo a todos los docentes a los que se amplió por la medida aprobada en la Logse y por la modificación de la ley de medidas fiscales del año 1997.
Señorías, creemos que tanto la enseñanza pública como en estos momentos la enseñanza concertada tienen el mismo derecho y las mismas necesidades de renovación y de adecuación de las plantillas al sistema educativo que pueda tener la enseñanza pública. Creemos, por tanto, que es necesario que además de figurar en una ley sin limitación temporal pueda abarcar a todos los docentes, ya que ahora hay una parte de ellos que quedan excluidos de esta posibilidad de renovación de plantillas. Y lo creemos así, señorías, por lo que he explicado y porque además la renovación de las plantillas en la educación es siempre necesaria, sin el perjuicio que se pueda ocasionar a las personas y, por tanto, con el beneficio que puede conllevar una plantilla mejor formada, más rejuvenecida, a la hora de aplicar no solamente el sistema sino de que haya una mayor calidad de la enseñanza dirigida a nuestros niños y niñas, que son en este caso los receptores de una educación que debe impartirse con calidad, con buena formación del profesorado y además con una plantilla que pueda estar en permanente renovación. Se debe facilitar esa renovación dejando siempre claro, señorías, que nunca es con carácter obligatorio y sí con carácter voluntario. Es decir, se deja al profesorado la capacidad de decidir si se encuentra en condiciones de seguir impartiendo la enseñanza o si, por el contrario, prefiere acogerse a las normas de jubilación anticipada que permitan al Estado renovar esa plantilla y, en concreto también, según ese planteamiento, a los centros concertados.
Por tanto, nuestra intención es dar esa estabilidad a la renovación y plantear que pueda ser permanente, de forma voluntaria.
De todas formas, señorías, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo también que la redacción de la iniciativa no nos parece la más adecuada, ya que no se está hablando simplemente de una prórroga, porque el Gobierno no puede prorrogar, en todo caso, sí de una modificación que tendrá que venir a esta Cámara ampliando el plazo para que se puedan acoger a la jubilación anticipada los funcionarios que así lo decidan. El Gobierno no prorroga, en todo caso el Gobierno trae una modificación de la ley, en este caso de la disposición novena de la Logse, que era la que contenía la regulación de las jubilaciones anticipadas.
En ese sentido, ateniéndonos a la interpretación de la redacción que se le da a la proposición no de ley, mi grupo parlamentario votará a favor, eso sí, señorías, pidiéndole al Grupo Parlamentario Popular que reflexione sobre el planteamiento que hace nuestro grupo parlamentario porque, señorías, no tenemos por qué estar dentro de seis años hablando una vez más de si es necesario o no ampliar el plazo para las jubilaciones anticipadas de forma voluntaria, porque sería muchísimo mejor y sería mucho más fácil, no solamente para mejorar la calidad y renovar las plantillas, que se pudiera hacer de forma automática si quedara reflejado en un texto legislativo que perfectamente podría ser el que tendrá que presentar el Gobierno sobre la calidad de la enseñanza.
Nada más y muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la presentación y defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ LASECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley del Grupo Popular sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Logse, relativa a la jubilación anticipada voluntaria de los profesores. Voy a hacerlo por entenderlo procedente y avalado por tres razones primordiales. La primera, porque lo que en su inicio fue una medida excepcional en respuesta a una situación concreta, el paso del tiempo la ha acreditado como una necesidad objetiva; la segunda, porque lo siguen demandando los representantes del sector, que la han valorado muy favorablemente, ya que ha tenido una buena acogida, tanto entre los propios profesores afectados como por parte de las diversas administracioneseducativas que la han incentivado; la tercera, porque

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aporta elementos beneficiosos para la mejora de la calidad de nuestro propio sistema educativo.
En efecto, lo que nosotros planteamos con nuestra enmienda de sustitución es que la resolución final de esta proposición no de ley tenga la suficiente amplitud de miras en cuanto a su proyección temporal y también respecto a su repercusión, haciéndola extensible al conjunto de los funcionarios docentes no universitarios que cumplan con los requisitos.
Señorías, mediante la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, Logse, se renovaba la enseñanza en España en claves de calidad y de modernización. Aspectos tan fundamentales como la extensión de la gratuidad y la obligatoriedad hasta los 16 años, la comprensividad y el modelo curricular centrado en la diversidad y de una forma abierta y flexible justificaron su respaldo mayoritario. En su disposición transitoria novena se establecía un sistema de jubilación voluntaria anticipada para determinados funcionarios de los cuerpos docentes, siempre que estos hubieran cumplido los 60 años de edad, acreditaran un mínimo de 15 años al servicio del Estado y hubieran permanecido en activo ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 1990.
El período inicial de aplicación entre 1991 y 1996 fue ampliado después a 12 años mediante la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden fiscal, por lo que está previsto que su plazo expire el 4 de octubre de 2002, tal como aquí se ha señalado y por eso es obligada su consideración.
Por tanto, seguir ofreciendo al profesorado un régimen de jubilación voluntaria más allá de la finalización de aquel período es algo que consideramos justo y necesario, y ello tiene mucho que ver con las propuestas consensuadas entre las distintas federaciones sindicales de enseñanza, FETE-UGT, Comisiones Obreras, ANPE, Cesif, etcétera, que inclusive han acometido campañas de recogidas de firma en los centros, en todos los claustros del Estado, para que la nueva normativa tenga un carácter indefinido, tal y como nosotros estamos aquí proponiendo. Más aún cuando, como se advierte en la exposición de motivos, se han aprobado dos reales decretos, 3473 y 3474/2000, de 29 de diciembre, que establecen las enseñanzas mínimas en secundaria y bachillerato y asimismo se está tramitando la elaboración de nuevas leyes de reforma del sistema educativo, como es la de la calidad de la educación y también la de la formación profesional, que exigirán una constante necesidad de adaptación a nuestros docentes.
Por nuestra parte, además, consideramos que la propuesta no estaría completa si no se incluyera en la misma a un cada vez más reducido colectivo de profesores procedentes de las antiguas universidades laborales, luego CEIS, y de los centros docentes de la antigua organización sindical, luego AISS, que ahora están excluidos por su integración en el régimen de pertenencia a la Seguridad Social, no pudiendo acogerse a la jubilación prevista en la Logse en igualdad de condiciones económicas. Lo entendemos así por razones de justicia y equidad, puesto que creemos que nunca estuvo en el ánimo del legislador discriminar entre profesores que hoy trabajan en los mismos centros, dan clases a similares alumnos y comparten idénticas competencias y responsabilidades. Hemos de tener muy en cuenta que estamos hablando en todos los casos de jubilaciones que tienen un carácter voluntario, por lo que su incidencia económica parece perfectamente asumible y así, en el sentido de que pocos de ellos se acogen a estas jubilaciones anticipadas, se ha señalado por el portavoz del Grupo Popular.
Entre las ventajas de esta jubilación anticipada se cumple un objetivo que entendemos muy conveniente al interés público, como es el fomento de la renovación de los cuadros docentes, lo que permitiría rejuvenecer las plantillas de los centros educativos y a la vez favorecería a los demandantes de empleo por las vacantes que se generasen.
Explicadas mis tres razones primordiales, y por si no bastara con ellas, me restaría todavía una cuarta razón o argumentación a favor de la enmienda: la coherencia. Coherencia con las iniciativas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista ante la Cámara, algunas inclusive con rango de proposición de ley para cambiar la norma y que abundan en esta misma dirección. Y coherencia con la resolución que, en la clara intención de corregir la situación de desigualdad entre el profesorado, fue aprobada en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte el 28 de septiembre de 1999 por unanimidad de todos los grupos.
Señorías, partiendo de premisas similares, y dada la creciente aceptación social de la norma en estos años, las conclusiones no debieran ser tan dispares como sucede en el caso que nos ocupa. Ya de un tiempo a esta parte observamos que poseer la fuerza de una mayoría absoluta hace que el Grupo Popular raramente atienda a la fuerza de las razones de los otros grupos parlamentarios. Acabaré diciendo que me ha llamado especialmente la atención observar en el Boletín del Congreso que el 30 de abril el grupo que sustenta al Gobierno era partidario de prorrogar la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Logse por un período de ocho años a partir del 4 de octubre de 2002, con lo que llegaría hasta el 2010, pero que 21 días después había cambiado de criterio, eso sí a la baja y dejándolo reducido tan sólo a la mitad, cuatro años. ¿Acaso se debe tal mudanza a que España ya no va tan bien y es llegado el tiempo de las rebajas? Por eso les pido, señorías, que apoyen nuestra enmienda y rectifiquen, puesto que no dudamos que de ese modo acertaríamos todos en la apuesta por la mejora de la calidad educativa, en la que el papel de los profesores bien preparados y dispuestos resulta sin duda tan deseable como imprescindible.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En octubre del año 2000 el Bloque Nacionalista Galego registró en este Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de los cuerpos docentes. Su contenido estaba basado en que consideramos apropiada la permanencia del régimen de jubilación anticipada de los cuerpos docentes no universitarios, tal como se establecía en la disposición transitoria novena de la Logse. En esta proposición de ley que registramos en octubre del 2000 se abogaba por el carácter definitivo de lo que en la disposición transitoria novena de la Logse se daba con un carácter temporal, muy definido primero, de muy pocos años, y después prorrogado hasta el año 2002.
Nosotros pensamos que el carácter definitivo de la posibilidad de jubilarse anticipadamente se debe mantener por varias cuestiones. En primer lugar, porque todos sabemos que, momentáneamente al menos, pero por un carácter de más de cinco años, se está dando un proceso de reducción de alumnado en las aulas. En segundo lugar, todo el mundo sabe que para atender tanto a adolescentes como a niños en la etapa de la educación primaria o en la educación secundaria, respectivamente, hace falta gran entusiasmo, predisposición de ánimo y condiciones físicas. Y, en tercer lugar, porque a nadie se le oculta que existen muchos licenciados y diplomados, precisamente en carreras que tienen como finalidad la docencia, que están esperando como agua de mayo un puesto de trabajo. Sería una oportunidad fundamental y que desde luego beneficiaría poderosamente la capacidad de entusiasmo y predisposición la integración de nuevas generaciones en la docencia. Si además se tiene en cuenta que se da carácter voluntario a esta posibilidad de jubilarse a las personas que tienen 60 años, con 15 años de servicio efectivo al Estado, vemos que sería muy importante que se aprobase efectivamente una medida con carácter definitivo.
El propio Partido Popular reconoce que estamos en una situación en la que hay nuevas leyes de transformación educativa, que el Partido Popular considera de gran importancia, que es una necesidad objetiva que está compartida por las administraciones educativas, las organizaciones sindicales y lo que llama el Partido Popular funcionarios docentes. Pero es más, el Partido Popular es perfectamente consciente de que organizaciones sindicales muy próximas a sus postulados ideológicos y educativos, como puede ser ANPE, quedaron gravemente sorprendidas por el hecho del cambio, de que se haya pasado de una promesa de un período de ocho años de duración por lo menos de la jubilación anticipada durante todo este tiempo a un período de cuatro años. Así, por si les interesa, por lo menos por la proximidad ideológica, en un comunicado que se cuelga en todos los centros educativos, se dice lo siguiente: Hace pocas semanas, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, don Luis de Grandes, planteó una proposición no de ley que venía a recoger parcialmente una vieja aspiración sindical de ANPE en la que instaba al Gobierno a prorrogar la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Logse por un período de ocho años. Atendiendo no se sabe qué argumentos e intereses, ha sido retirada dicha proposición no de ley, modificándola en los siguientes términos (tal y como aparece ahora reflejada aquí). Entendemos que el Gobierno del Partido Popular con esta inesperada rebaja de ocho a cuatro años está defraudando a los miles de docentes que esperan un gesto de la Administración que pueda darles una salida honrosa a tantos años de dedicación absoluta a la cada vez más desprestigiada tarea de la educación. Entendemos que el Partido Popular está defraudando a los interlocutores sociales no atendiéndolos en sus demandas, y creemos que está defraudando a las instituciones, que tanto defiende don José María Aznar, al utilizar el Congreso de los Diputados con una frivolidad indigna de la importancia de esta Cámara. En todo caso dice que si el plan de mejora de la calidad educativa que está preparando el Ministerio de Educación y Cultura pretende así contentar a los docentes, motor principal de la educación, dudamos mucho de la vocación de mejora del sistema público educativo por parte del Gobierno nacional.
Así se expresa el sindicato que sin duda está más esperanzado en una posición reformista por parte del Partido Popular. En todo caso, a nosotros sí nos interesa señalar que se obra por presión, por necesidad y que si en este debate no salen aprobadas las enmiendas que hemos presentado los distintos grupos parlamentarios, será bueno que el Partido Popular cavile profundamente en lo que le plantean sus próximos y aliados y en lo que le planteamos, de una manera estratégicamente más ambiciosa, algunos de los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara y que tenemos una conciencia clara de que es muy necesario que tenga un carácter definitivo la posibilidad de jubilarse anticipadamente los funcionarios de los cuerpos docentes de la educación obligatoria.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


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Los que tenemos memoria histórica por años de ejercicio parlamentario recordamos el ambiente de la Cámara en 1990 cuando se aprobó la Ley orgánica 1/1990, de ordenación general del sistema educativo.
Entonces, al referirnos al sistema de jubilación voluntaria para los funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios, ya expresamos un deseo de homologación, porque en aquellos años noventa estábamos en la Cámara bajo el efecto de lo que se llamaba la Ley Moscoso, la Ley 30/1984, de la función pública. Desde entonces hasta 1995 este diputado coincidía con satisfacción en los mismos planteamientos sobre la jubilación de funcionarios civiles del Estado con el entonces portavoz del Grupo Popular en estas materias de función pública, don Manuel Núñez, y pretendíamos alejarnos de aquella barrera en la que nos había situado la Ley Moscoso del año 1984 de los 65 años de jubilación forzosa y obligatoria, situación que la realidad de los hechos con su contundencia ha ido posponiendo, dando la posibilidad de acogerse voluntariamente a la jubilación a todo funcionario civil del Estado que se encuentre en el tramo de los 65 a los 70 años.En este caso nosotros estamos en esa misma sintonía y por eso vamos a votar favorablemente la iniciativa de esta proposición no de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular para estos funcionarios docentes. Porque son de cuerpos no universitarios, y tratamos de mantener el principio de aproximación, de no generar más agravios comparativos entre los funcionarios docentes de cuerpos no universitarios y universitarios, haciendo natural y normal una serie de comportamientos y de exigencias administrativas en la función pública que a todos tiene que afectar.
Hay otro detalle para que nosotros distingamos entre las enmiendas que se han discutido y se han presentado aquí con el texto que trae la proposición del Grupo Popular que nosotros vamos a apoyar en cuanto a su limitación a los cuatro años. Este profesorado con la ampliación desde el año 2002 hasta el 2006 no creo que vaya a tener ninguna posibilidad de solución, pero hay una cuestión que me preocupa y es que estamos hablando de modificar, de proponerle al Gobierno que modifique una ley orgánica que precisamente es la que había situado unos plazos con unas condiciones concretas - se hablaba de 60 años, de 15 años prestados- de una parte del personal que no está acogido al régimen de clases pasivas. Tendríamos que analizar cuál es la forma y el procedimiento por el que se tiene que modificar esto e instamos al Gobierno a hacer una prórroga de cuatro años. El Gobierno es de suponer, si no tiene otra facultad por ley, que tendrá que traer a la Cámara un proyecto de ley -no sé si esta figura sería orgánica o no- para hacer esa actuación. En ese momento, si hay criterios dispares, como se ve en alguna de las enmiendas presentadas, sería ocasión de proponer, vía enmiendas, si una ley que señala plazos se puede sustituir por un plazo indefinido; porque un plazo indefinido no es un plazo concreto en sí mismo, porque si es indefinido no tiene por qué estar en la ley, en la que no se distingue, no se puede distinguir, pero la Ley orgánica de 1990 sí distingue unos periodos de aplicación para estas jubilaciones. Por tanto, parece lo más correcto ahora, hasta que el Gobierno traiga el nuevo proyecto de ley modificando la de 1990, que se le inste a que al menos por un periodo de cuatro años tenga aplicación este principio que estamos discutiendo aquí. Así estaríamos en una sintonía natural, acercaríamos los posicionamientos de obligaciones administrativas de jubilación de los funcionarios docentes no universitarios, como es el caso que nos ocupa, con los universitarios para evitar otra vez agravios comparativos y efectos perniciosos. Al mismo tiempo es necesario resaltar que aquí se hace mención a los proyectos de una nueva ley de calidad de la educación y otra ley de formación profesional. Este profesorado, que no debe ser jubilado forzosamente tal como imperaba en la Ley orgánica 1/1990, es un patrimonio humano profesional que, coincidiendo con lo que decía el portavoz del Grupo Popular en su día, el señor Núñez Pérez, debe estar a disposición de los fines de la enseñanza que así se señala. Por estas razones, señora presidenta, y teniendo en cuenta los antecedentes legislativos de los Reales decretos 3473 y 3474 que aquí se invocan, unido a que debemos conocer, en su día, el texto definitivamente aprobado de esa anunciada ley de calidad de la educación y de la ley de formación profesional, en las que este profesorado puede tener muy buena y adecuada ubicación, mi grupo aprovecha para manifestar su apoyo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley que se nos presenta, porque nos parece aceptable incluso con el plazo de los cuatro años, aunque hubiera sido mejor aceptar las enmiendas respecto a la indefinición en el plazo. De todas maneras de aquí al año 2006, cinco años, muchas cosas pueden pasar, y lo que ya se ha prorrogado alguna vez estoy seguro de que lo prorrogaremos más, para colocar la cuestión en el verdadero punto en que debe estar.
Por otra parte, lamento que no se haya incluido en este momento lo que figura en las enmiendas que han presentado dos de los grupos, el tener en cuenta a los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos de los de clases pasivas. Esto se ha debatido ya en el Congreso, en el Pleno, con motivo de una proposición de ley del Grupo Socialista, que no prosperó pero que nosotros apoyamos, cuyo origen fue

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la presentación de una proposición no de ley en Comisión, el 28 de septiembre, sobre la que hubo un debate en el que nuestro grupo presentó una enmienda, aceptada por el grupo proponente. Todos nos autofelicitamos por el consenso habido, porque se aprobó por unanimidad, siendo incluso el portavoz del Grupo Popular en su intervención particularmente expresivo en la congratulación por el consenso. Sin embargo, a la hora de la realidad, la inquietud social por este colectivo no muy numeroso no aparece por ninguna parte. Hoy era un buen momento, dentro del texto que se nos presenta y que vamos a aprobar para añadir este colectivo, porque, al fin y al cabo, lo que hacemos es instar al Gobierno a que proponga algo. No somos imperativos en dejar las cosas fijas, pero en este momento sí podíamos dar un toque al Gobierno para que contemplase el recoger y dejar bien definido todo el aspecto de la jubilación de estos funcionarios dentro del Ministerio de Educación.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Guerra, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Por las razones que he indicado cuando he defendido la proposición no de ley, no podemos admitir las enmiendas de los grupos Socialista, Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo (Logse).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 271.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida iniciativa.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE EMPLEO JUVENIL TRAS LA DESAPARICIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de expediente 162/000259.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Velasco. (Rumores.) Señorías, ruego abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a hacer. (Pausa.) Adelante, señor Velasco.


El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero saludar a los colectivos y asociaciones que nos acompañan hoy en el hemiciclo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil ante la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. Este es un tema de muchísima trascendencia para la sociedad civil (instituciones, colectivos y asociaciones) que está viendo cómo ante este fenómeno desde el Gobierno no se tiene en cuenta sus reivindicaciones; reivindicaciones y conclusiones como las del Foro Cívico, creado en Madrid el pasado 31 de octubre como respuesta al proyecto del Gobierno de crear un servicio civil. En este Foro, integrado por colectivos como Cáritas, Comisiones Obreras, la Confederación Española de Asociaciones de Padres, el Consejo de la Juventud de España, la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España, Proyecto Hombre, UGT o la Unión Sindical Obrera, entre otros, la conclusión más importante que sacan es la necesidad de crear un plan de empleo que cubra las necesidades que deja vacantes la prestación social sustitutoria. El Grupo Socialista comparte totalmente esta opinión y por ello presentamos esta proposición no de ley.
El pasado mes de noviembre se realizó el último sorteo de incorporación de quintos (antes ha sido mencionado en la proposición de ley sobre la insumisión); por lo tanto, la mili termina y con ello la prestación social sustitutoria. A partir del próximo 1 de enero de 2002 ningún joven se incorporará a la realización del servicio militar obligatorio (nosotros nos alegramos profundamente de este hecho), pero la desaparición de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria provocará el fin de ciertos servicios que los objetores han venido realizando en las administraciones públicas y en distintas entidades durante los últimos tiempos. La prestación social sustitutoria se ha consolidado como un instrumento para dar respuesta a determinadas necesidades sociales emergentes que no habían sido hasta entonces objeto de un tratamiento por parte de las instituciones, sin olvidar además que al abrir estos espacios se ha creado otra serie de necesidades que habrán de ser atendidas a partir de ahora mediante otros mecanismos. Asimismo, la prestación social sustitutoria ha jugado un

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papel dinamizador y de asentamiento de entidades, a las cuales ha permitido dar un avance significativo en términos de cantidad y calidad de los servicios que ya prestaban. En este mismo sentido también se puede decir que ha supuesto para los objetores una formación personal, de conocimientos y de habilidades objetivables.
Todas estas cuestiones están constatadas y se pueden demostrar con los estudios realizados sobre la materia, donde podemos encontrar las siguientes conclusiones. En siete de cada diez casos los objetores han realizado labores de atención personalizada a colectivos específicos, niños y adolescentes, tercera edad y jóvenes. Los beneficiarios de los programas de prestación social sustitutoria otorgan una muy alta valoración respecto al servicio que han recibido: 8,6 sobre 10. Los programas que más beneficios sociales tienen son los de cooperación internacional y servicios sociales; dos de cada tres responsables de entidades consideran que la mayoría de los servicios que han venido prestando los objetores hasta ahora en programas de prestación social sustitutoria podrían convertirse en actividades profesionales remuneradas; repito, podrían convertirse en actividades profesionales remuneradas. En opinión de los responsables de entidades la prestación social sustitutoria ha obtenido una fuerte legitimación social; la sociedad en general reclamará estos servicios cuando hayan desaparecido por ley; es más, se ha creado una demanda que exige la continuidad del servicio como nuevos yacimientos de empleo. En todos los casos, en administraciones públicas y entidades, la incorporación de objetores ha supuesto un refuerzo de la prestación de servicios que ya prestaban, una mayor regularidad, mayor profesionalización, incluso de servicios nuevos; se detecta una mayor predisposición para realizar la prestación social sustitutoria entre los objetores que se integraron en un programa relacionado con los servicios sociales.
La única opción que hemos escuchado del Gobierno es el servicio civil; es la solución de todos los males, según el Grupo Popular, una vez desaparecida la prestación social sustitutoria. Así, el Ministerio plantea un servicio civil como una prestación personal que consiste en una actividad, servicio u obra de utilidad pública o de interés general. Para esto ya está el voluntariado, al cual también apoyamos. Además este servicio civil es discriminatorio, y pongo algunos ejemplos: Se dirige exclusivamente a jóvenes españoles y comunitarios, dejando fuera a sectores poblaciones españoles inmigrantes o de otras nacionalidades; limita el sector de población, 18 a 30 años; privilegia a aquellos que acceden al servicio frente a aquellos que no quieren o no pueden por edad, desvirtuando su carácter desinteresado; además se encarga de vulnerar los principios de no discriminación en el acceso a la Administración pública y a la igualdad en la promoción de los funcionarios; incluso aquellos derechos que creíamos ya superados como beneficiosos para todos los ciudadanos por igualdad y por necesidad, como el acceso a la vivienda pública, las desgravaciones fiscales o las percepciones por desempleo, pierden fuerza como incentivos del servicio civil. La duración temporal de la dedicación al servicio civil privilegia a aquellos sectores más acomodados, perjudicando a los jóvenes en condiciones de precariedad laboral y temporalidad en el trabajo, haciendo aún más elitista y discriminatorio el servicio y, por último, supone un claro menosprecio a aquellas personas que ya están comprometidas en la actividad voluntaria, altruista y desinteresada, sin esperar nada a cambio más que el disfrute personal y el reconocimiento social.
Tal y como se presenta, el servicio civil aparece como una prestación libremente decidida, no obligatoria en cuanto a su participación, pero una vez adquirido el compromiso este aparece como obligatorio en cuanto a su realización, así como su incumplimiento sin causa justificada da lugar a sanciones de carácter civil impuestas por la Administración, lo cual nos parece una auténtica barbaridad. Por si fuera poco, la voluntariedad y el altruismo que se deben suponer en esta labor de carácter social queda desvirtuado por la aparición de los incentivos que, siendo de gran atractivo, podrían provocar en la juventud la obligatoriedad de realizar el servicio, con el fin de tener las mismas oportunidades que sus congéneres en los beneficios sociales y laborales.
Señorías, apostamos por el empleo. Desde la cumbre de Luxemburgo en 1997 la creación de empleo es la prioridad de los países de la Unión Europea, y esto se ha visto reflejado en la puesta en marcha de planes de choque para la creación de puestos de trabajo dirigidos a los y las jóvenes en todos los países de nuestro entorno, teniendo en cuenta además que España tiene la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, 13 por ciento, y que el desempleo juvenil es todavía más preocupante, 600.000 parados. Durante los quince años de Ley de objeción de conciencia se ha constatado, incluso reconocido por los sucesivos gobiernos, que ha existido una ocupación de puestos de trabajo por parte de los prestacionistas. Los ayuntamientos, administraciones (central y autonómica) y las ONG han encontrado un instrumento muy útil que ha permitido desarrollar y crear nuevos programas, servicios destinados a los colectivos más desfavorecidos con el consiguiente ahorro presupuestario. Este tipo de servicios ya consolidados ha dado origen también a unas nuevas necesidades que deben seguir cubiertas por estos colectivos y principalmente por el Estado. Unido a lo anterior, a que en los últimos años hemos asistido a la presentación de los nuevos yacimientos de empleo como fuente de trabajo, el llamado tercer sector es destinado a las nuevas necesidades sociales que actualmente se configuran como mercados incompletos: el ocio, la vida cotidiana, el medio ambiente y la calidad de vida. Esto hace que deba ser el Gobierno central el que una vez finalizada la prestación social sustitutoria realice un plan de empleo para 60.000 jóvenes como antídoto al retroceso en calidad de vida y servicios socialesque provocará esta desaparición, a la vez que se generará

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empleo para los jóvenes que es necesario en nuestra sociedad.
Por otro lado, en cuanto a mantener la calidad de vida en la sociedad, tenemos que recordar que este es un deber de todos, no sólo de los jóvenes, y sobre todo un deber de la Administración.
Por ir resumiendo, la desaparición de la prestación social sustitutoria va a suponer un revés muy importante para las administraciones y para las entidades que tienen consolidados servicios prestados por los objetores que han servido para mejorar la calidad de vida de las personas con un escaso aporte económico. Las actividades que se venían prestando inciden directamente sobre el bienestar de los ciudadanos y el no mantenimiento de esos servicios significa un golpe al Estado del bienestar tal y como lo conocemos.
El nuevo modelo de servicio civil no resuelve los problemas de recursos humanos planteados por la desaparición de la prestación social sustitutoria. Es un sistema elitista y discriminatorio que nada tiene que ver con lo que debe ser la participación social. El servicio civil daría al traste con la actual Ley del voluntariado y con la Ley de asociacionismo que lo que realmente necesitan es una revisión amplia y consensuada. Al menos la mitad de los puestos que actualmente están ocupados por objetores, 60.000 en concreto, deben ocuparse por jóvenes, hombres y mujeres, mediante la realización de un plan de empleo juvenil que contribuya a facilitar la emancipación de la juventud española. La reivindicación es ya compartida por la mayoría de las entidades sociales de nuestro territorio y estas reivindicaciones deben estar basadas en una acción conjunta con dichos agentes. Señorías, el anuncio del fin del servicio militar y la prestación social sustitutoria se le ha escapado de las manos al Gobierno. Ha aumentado el número de objetores de conciencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Velasco, le ruego vaya concluyendo.


El señor VELASCO SIERRA: Voy terminando.
El portavoz del Grupo Popular manifestaba en una interpelación de Convergència i Unió que hay 550.000 en la actualidad frente a los 295.000 de hace unos años. Estos objetores están realizando una labor social importantísima, fortaleciendo a entidades, enriqueciendo el tejido social de nuestro país, y nuestro deber es darle una solución eficaz al problema planteado. Esta proposición no de ley recoge la demanda de la sociedad civil y del mandato de una moción consecuencia de una interpelación de Convergència i Unió sobre este tema que, si recordamos, todos los grupos consensuamos en esta Cámara. El Grupo Popular en un principio defendía dos vías, el servicio civil y el voluntariado, pero a continuación aceptó una tercera, que leo textualmente del Boletín Oficial de la Cámara: Estudiar conjuntamente con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales afectadas la incorporación de medidas orientadas al mantenimiento de aquellos servicios que realizados por objetores de conciencia continúe siendo necesario seguir prestando.
Entre estas medidas se podrán contemplar acciones de fomento del empleo.
También se aceptaron dos enmiendas del Grupo Popular. La primera decía textualmente: Remitir a la Cámara por parte del Gobierno, antes del final de este período de sesiones, un informe en el que, sobre los trabajos ya realizados por los distintos ministerios, se valore el impacto de la supresión de la prestación social sustitutoria. La segunda, que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas y con las ONG, atienda preferentemente a través del voluntariado las auténticas necesidades que hasta ahora habían sido cubiertas por la prestación social sustitutoria. Ninguna de las dos ha sido cumplida hasta el día de la fecha, ni el estudio que decía que antes de que finalice este período de sesiones tendría que estar en la Cámara, ni ningún tipo de reunión, ni convocatoria con comunidades autónomas ni asociaciones para ver el grado de resolución en los diferentes territorios. Por el contrario, el Partido Popular en diferentes ayuntamientos ha votado a favor de esta iniciativa. Aquí parece que no. Entendemos que este plan que proponemos cuesta dinero. Lo sabemos. Por ello planteamos que sea cofinanciado por el Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos. Para crear empleo hay que invertir y con esta iniciativa el Grupo Popular tiene la posibilidad de apostar por el empleo juvenil, no como lo ha hecho hasta ahora.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa, al igual que hicimos, como decía antes, en la moción consecuencia de la interpelación de Convergència i Unió.
Sabemos que hay un plan de empleo, pero no dice nada de estos temas, no habla para nada de un plan de empleo juvenil ante esta problemática.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Velasco, está superando ampliamente el tiempo previsto.


El señor VELASCO SIERRA: Por tanto, solicitamos que sea apoyada esta iniciativa. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Velasco.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa del Grupo Socialista es la tercera que vemos en estos últimos meses en esta Cámara para abordar la situación que se va a dar a principios del año que viene con la supresión también de la prestación social sustitutoria. Es evidente que vamos a tener un problema. Recientemente un estudio de la Fundación

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Autónoma Solidaria ponía de manifiesto que un 24 por ciento de las organizaciones sociales, de las 7.400 existentes que hoy prestan servicios o actividades apoyándose en la prestación social sustitutoria, entienden que deberán de dejar de prestar esos servicios precisamente por esta supresión de la prestación social sustitutoria, y que fundamentalmente están relacionados con el ámbito de los servicios de proximidad, servicios sociales y servicios personales.
También es cierto que a lo largo de estos años, desde el momento en que nuestro mundo asociativo ha sabido que el proceso de suspensión de la mili se trasladaba al ámbito de la prestación social sustitutoria, se han empezado a tomar medidas para paliar los déficit que se van a generar a partir del 1 de enero del año que viene. Es más, los gobiernos autónomos con competencias en la materia, y que también desde la modificación de la Ley de objeción de conciencia en los años 1997- 1998 tienen la posibilidad de intervenir en la gestión de las políticas relacionadas con la PSS, han empezado a tomar medidas. Permítanme, señorías que haga referencia al Gobierno de mi país, al Gobierno de Cataluña, que ha puesto en marcha un plan de actuación ambicioso de fomento del voluntariado, de políticas activas de ocupación, de propuestas en el ámbito de la compatibilidad del voluntariado y del trabajo a tiempo parcial, de puesta en marcha de propuestas para fomentar las excedencias laborales en el terreno del voluntariado y de reducción de la jornada laboral con determinadas garantías para que se puedan hacer actividades en ese mismo ámbito.
Por tanto, existe un problema. Se constata una preocupación de las organizaciones no gubernamentales que han acogido prestadores sociales y han desarrollado determinados servicios; se hace el esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad y los gobiernos autonómicos, al menos el Gobierno catalán, por lo que a este diputado le consta, ponen en marcha medidas.
Mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? Mientras tanto el Gobierno no da cumplimiento a lo que fue una moción aprobada por esta Cámara.
Lamento muy sinceramente que una petición tan sensata como la que hizo Convergència i Unió, que era que se elaborara un informe sobre el análisis de las consecuencias de esta supresión de la PSS y que fuera enviado a finales de diciembre para conocimiento de la Cámara, a finales del mes de mayo aún no haya llegado. Lo lamento porque además también tuvimos ocasión de plantearle una pregunta oral al ministro de Justicia y nos informó que era inminente la entrada del informe en la Cámara. El informe no ha llegado. Hay que volver a insistir al Gobierno para que llegue ese informe, que desde finales de diciembre tenía que estar aquí.
La propuesta que se aprobó marcaba la necesidad de que se articulasen medidas de fomento del voluntariado, y hoy desconocemos qué medidas concretas ha puesto en marcha el Gobierno. Yo puedo informar de que el Gobierno de la Generalitat tiene en marcha una serie de actuaciones. También planteábamos que se estudiaran medidas en el ámbito del fomento de empleo. Igualmente desconocemos si el Gobierno ha puesto en marcha alguna. Lo que sí sabemos es que una enmienda de nuestro grupo parlamentario a la última reforma laboral, en la que planteábamos la reducción de cotizaciones sociales para aquellas ONG que contratasen trabajadores estables en actividades que hasta ahora desarrollasen en el marco de la prestación social, también fue rechazada en el pasado trámite parlamentario. Nosotros tenemos la sensación de que hoy el Gobierno no ha asumido la existencia de ese problema.
Finalmente, existe una reivindicación que nosotros planteamos, que es la necesidad de que esos cerca de 4.000 millones de pesetas que hoy están gestionados en el ámbito de la prestación social sustitutoria se destinen fundamentalmente al fomento del tejido social,del movimiento asociativo, del voluntariado. Nos parece que ahí existe una partida de dinero, pequeña en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado pero importante para fomentar el tercer sector e importante para fomentar el tejido asociativo del conjunto de nuestra sociedad. Precisamente sobre estas cuestiones, algunas de ellas ya aprobadas por esta Cámara por unanimidad, y en otras en su momento no aceptadas por el grupo de la mayoría, es donde formulamos hoy nuestra enmienda, que insiste en tener una visión de los problemas que se derivan del fin de la PSS más amplia que la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil.
Nuestro análisis de esa situación es que hoy con el fin de la PSS no estamos exclusivamente ante un problema que tiene como respuesta fundamental la creación de empleo alrededor de la misma. Nos parece que hoy el problema es triple: la necesidad de fomentar el voluntariado, porque hay actividades que nunca la lógica del mercado podrá satisfacer, hay que ser mucho más activos y mucho más imaginativos y ser capaces de situar esas compatibilidades entre el tiempo parcial y el voluntariado; el permitir las excedencias laborales de los funcionarios o de los trabajadores, ahí nos parece que existe un terreno donde avanzar; o quizá en mejorar los tratamientos fiscales de las personas que trabajan de manera puntual en las acciones del tercer sector. También se da la necesidad de incorporar a nuestras políticas de fomento de la ocupación la dimensión del fin de la prestación social sustitutoria, y ahí enlazaríamos con la propuesta que efectúa el Grupo Socialista.
Finalmente, la necesidad de que esos cuatro mil y pico millones de pesetas se destinen a esa política.
Esta es la visión de Convergència i Unió ante el problema que se nos echa encima. A nosotros nos gustaría que, de la misma manera que en noviembre o diciembre del año pasado pudimos llegar a un amplio acuerdo en la Cámara en esta materia, un acuerdo que a efectos prácticos de momento no ha servido para mucho, eso es verdad, hoy también hiciésemos el esfuerzo de lanzar un mensaje muy claro a la sociedad civil comprometida en

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este ámbito: que los recursos de la PSS van a continuar destinándose al tercer sector, al movimiento asociativo; que vamos a incorporar políticas activas de empleo, la dimensión de los nuevos yacimientos de ocupación y que además ese fomento del voluntariado y del tejido asociativo es de verdad un compromiso de la Cámara.
Nuestra sociedad civil, que ha colaborado en la gestión de la PSS en estos años, se merece una respuesta hoy en sentido positivo del conjunto de los grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruíz.


El señor RUÍZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida presentó en su momento una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un plan de apoyo a las organizaciones no gubernamentales, con el objeto de que puedan abordar la realización de contratos de trabajo sustitutivos de las tareas que en el ámbito de la atención a las personas venían realizando los jóvenes con motivo de la prestación social sustitutoria. En esencia, tratábamos de atender la misma preocupación que aborda la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista con matices que expresan nuestras enmiendas, como es natural. En todo caso, se trata de una preocupación que compartimos, por lo que puedo adelantar el voto favorable de mi grupo.
No es este el momento, el lugar ni el objeto del debate, pero es evidente que no pueden sino compartirse las consideraciones que el texto de la proposición efectúa en relación con las improvisaciones que se han producido con motivo del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Resulta un notable contrasentido que lo que ha sido un importante impulso para el desarrollo del voluntariado en nuestro país, se convierta en última instancia en la aparición de una oferta insolvente por parte de las Administraciones Públicas, especialmente locales.
La regulación en España de la prestación social sustitutoria, a pesar de sus insuficiencias, ha permitido incorporar a buen número de jóvenes objetores a un campo de servicios, el de la atención a las personas, en el que se constataba un acusado déficit de recursos humanos y económicos. De hecho, este es un sector que se revela como uno de los que potencialmente demanda más creación de empleo. Muchos de estos servicios vienen prestándose por organizaciones no gubernamentales, a quienes la profesionalización del Ejército y, en consecuencia, el final de la prestación social creará un serio problema para continuar prestando estos servicios en detrimento de los beneficiarios de los mismos.
Este es el momento para afirmar la presencia de un tercer sector en el terreno de la prestación de servicios a las personas. Una afirmación que sin duda cumplirá con dos objetivos trascendentales: la mejora de la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas y el impulso a lo que es un yacimiento de empleo. El final de la prestación social sustitutoria ha puesto en evidencia dos reproches que desde ámbitos sociales y sindicales se habían hecho a este mecanismo: la sustitución de recursos locales, fundamentalmente empleo, en materia de atención a las personas y la aparición de una demanda de servicios no contemplada para las instituciones públicas, materializada en la falta de atención a las personas dependientes, especialmente mayores y personas con discapacidades.
En relación con la primera de las cuestiones, debemos señalar dos problemas evidentes: un reto a los ayuntamientos para cumplir demandas ciudadanas y una necesidad de regular el tipo de actividad que estas personas venían realizando. Es evidente que a estas instituciones sólo les cabe una estrategia: externalizar la prestación de servicios, apoyándose en las organizaciones del tercer sector que venían prestándolas. Cualquier otra alternativa como la de crear un servicio civil que no afronta la generalidad de los servicios prestados no cubre el objetivo señalado en la medida que ni atiende a todos los servicios que se han prestado, ni supone una fórmula de empleo o estabilidad de las instituciones que prestan estos servicios de atención a las personas. Esta demanda va a seguir persistiendo. Se trata de evitar los riesgos evidentes que la desaparición de la PSS puede provocar con la inmersión en la economía sumergida de personas que sigan prestando servicios en este campo o con la insatisfacción de la demanda existente. A ambos riesgos pretendía responder la propuesta de Izquierda Unida y esperamos que pretenda incidir la propuesta socialista. Se produce, en consecuencia, una triple circunstancia: la existencia de una demanda de prestación de servicios de atención a las personas, la existencia de una estructura organizativa capaz de prestarlos y, por último, una evidente demanda de puestos de trabajo que puede contribuir a una creación estable de empleo. Estas circunstancias aconsejan, en primer lugar, prestar atención a las organizaciones no gubernamentales, que con notable eficacia han dado estos servicios, convirtiéndolas en las plataformas articuladoras de las iniciativas de creación de empleo que deben desarrollarse. Para que este programa de empleo se articule a través de las organizaciones no gubernamentales se hace preciso arbitrar cauces financieros adecuados y modalidades de contratación basadas en un empleo estable de calidad y con derechos. En esta perspectiva sería necesario disponer de una evaluación precisa de los servicios que se han prestado y de una evaluación de los empleos potenciales a crear, especialmente en el campo de las personas dependientes. Esta evaluación habría de permitir establecer líneas financieras de apoyo que se vincularían

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a créditos de políticas de bienestar social, a recursos procedentes del IRPF y a bonificaciones según la naturaleza de los contratos. Una segunda línea de acción debería afectar a comunidades autónomas y administraciones locales que deberían responsabilizarse tanto de definir los baremos y medidas que garantizan la calidad de los servicios que se van a prestar, como de articular un sistema ágil de externalización de servicios. Por último, convendría identificar prioridades, por ejemplo, vinculadas al Plan gerontológico, cuyos incumplimientos han sido señalados reiteradamente en esta Cámara.
En esencia, no estamos planteando que con la creación de empleo estable y de calidad se responda a una nueva perspectiva de empleo vinculado a la calidad de vida, a la extensión del Estado de bienestar sumado a la potenciación de un tercer sector y a la potenciación de organizaciones sin ánimo de lucro. Nuestra percepción sobre las posibilidades de empleo, si se considera el amplio mundo de las personas dependientes, es superior a la que estima la proposición del Grupo Socialista. Es evidente que no se trata de debatir sobre cifras, sino de aproximarse racionalmente al problema planteado. Este es el objeto de nuestro voto y de nuestras enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Para fijación de posición, tiene la palabra el señor Labordeta, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, es cierto que la prestación social sustitutoria ha sido un recurso que ha permitido cubrir o apoyar la atención a necesidades sociales urgentes que surgen en las sociedades de fines de siglo. De hecho, a través de la prestación social sustitutoria se ha podido alcanzar una nueva vía para llegar a estos ámbitos. Pero tampoco es menos cierto que muchas de estas plazas de prestación social sustitutoria han encubierto puestos de trabajo que en realidad requieren profesionales con una formación específica en la materia suficientemente motivados y con experiencia. De hecho, se ha consolidado -y ese es uno de los aspectos positivos- una demanda de estos servicios que a la larga pueden resultar como nuevos yacimientos de profesiones remuneradas tanto de la Administración como de iniciativa privada. En este sentido, la creación de empleo en Europa, tal como se apunta en el libro blanco, en el libro Delors para la Comisión Europea, Crecimiento competitivo y empleo, ha de tender hacia esa línea. La desaparición de la prestación social sustitutoria va a suponer una drástica y brusca disminución de los recursos humanos destinados a atender estas necesidades sociales, una vez aclarado lo que debería cubrirse de forma profesional. La Administración debe proponer las medidas alternativas necesarias para que no suponga ningún impacto a los colectivos afectados, de tal manera que no queden desprotegidos ni suponga la nueva situación un paso atrás en los servicios que prestan.
Por todo ello, vemos conveniente y oportuna esta proposición no de ley y vanos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Subo esta tarde a esta tribuna, después de oír atentamente las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, y lo hago con cierta perplejidad ante la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Socialista. Quizá esta actitud pueda entenderse si hacemos un pequeño repaso histórico hasta llegar al momento en que se presenta esta iniciativa y observamos la falta de coherencia de la misma con las actuaciones acometidas por el Gobierno y con los acuerdos tomados en esta Cámara.
Lo único en que podemos estar de acuerdo respecto a esta proposición no de ley que hoy debatimos es en la importancia que la prestación social sustitutoria del servicio militar ha tenido a la hora de dar respuesta a determinadas necesidades sociales emergentes, sobre todo con las modificaciones legales introducidas en estos últimos cuatros años, lo que ha permitido que la prestación social sustitutoria se prestara en mejores condiciones superando problemas que hubo con anterioridad, y en el importante reto al que se enfrentan las administraciones para que estos servicios puedan seguir prestándose en las mejores condiciones y con garantías de calidad.
Esta no es una preocupación que surja en nuestro grupo de forma casual ante la finalización del servicio militar el próximo 31 de diciembre; fin del servicio militar ya anunciado por el presidente del Gobierno en su debate de investidura. Ya era una preocupación cuando, en el año 1998, el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción en el Senado con la finalidad de primar con ayudas oficiales a aquellas ONG que firmasen convenios con las distintas administraciones públicas en orden a mantener tareas y servicios que realizaban los objetores de conciencia con la prestación social sustitutoria y que dejarían de prestar por la desaparición del servicio militar. Por cierto, el Grupo Socialista se abstuvo a la hora de aprobar esas ayudas.
También era una preocupación cuando apoyamos la moción aprobada por el Senado en la que se instaba al Gobierno a constituir un grupo de trabajo que elaborase un informe sobre el impacto que provocaría la supresión de la prestación social sustitutoria en relación con los servicios que prestan a los ciudadanos los objetores de conciencia.
Creo recordar, señorías, que en esa

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moción se señalaba también el estudio sobre la posibilidad de creación de un servicio civil voluntario.
Mostramos también nuestra coherencia y disposición al apoyar la moción consecuencia de interpelación que el pasado mes de noviembre presentaba el Grupo de Convergència i Unió, por la que se instaba al Gobierno a elaborar un informe que, sobre la base de los trabajos ya realizados por los ministerios afectados, valorase el impacto de la supresión de la prestación social sustitutoria, así como la preferencia de que la atención de estos servicios se realizase mediante actividades de voluntariado.
Ustedes, señores del Grupo Socialista, señalaban la oportunidad de la interpelación y de la moción subsiguiente y manifestaron no tener una idea demasiado clara sobre cuál debía ser la alternativa a la prestación social sustitutoria. No obstante, coincidiendo con lo expresado por el propio ministro, se decantaban cada día más por la idea de impulsar la participación de los voluntarios a través de la Ley del voluntariado. Vemos, pues, a día de hoy que no sólo han variado las posturas que adoptaron respecto a la moción citada, sino que nos proponen ustedes la creación de un plan de empleo juvenil como medida sustitutoria de los servicios que desempeñan en la actualidad los objetores de conciencia. Desde este momento le digo, señor Velasco, que la toma en consideración de un plan nacional de empleo juvenil exclusivamente para aquellos jóvenes que venían realizando actuaciones en diferentes áreas sociales, a través de empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, lo consideramos absolutamente innecesario, y ello por varios motivos. Primero, por la existencia de una serie de medidas controladas a través del Plan nacional de acción para el empleo del año 2001 que, a través de sus 18 directrices, recoge ya una serie de actuaciones relacionadas entre sí con las que se trata de mantener e incrementar la creación de empleo. Especial relevancia para los jóvenes españoles tienen las medidas números 1, 2, 11, 12 y 13. A través de las dos primeras se pretende combatir el desempleo juvenil mediante medidas de inserción consistentes en ofertas de empleo antes de que se cumplan seis meses de paro, cursos de formación o medidas de orientación, así como también subvenciones complementarias otorgadas por las propias comunidades autónomas. En la directriz 11 y dentro del ámbito local y regional se implementarán actuaciones de impulso del tercer sector como generador de empleo. En las directrices 12 y 13 se recogen medidas con las que se favorece la creación de empleo en general, lo que incluye el empleo de los jóvenes a través del nuevo programa de fomento del empleo estable, como las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, así como otras medidas recogidas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, como, por ejemplo, la ampliación del intervalo de edad al que afecta el nuevo contrato indefinido pasando a poder realizarse de los 16 a los 30 años inclusive o el nuevo contrato de inserción social entre otras.
Por otra parte, el Plan nacional global en materia de juventud 2000- 2003, dotado con un presupuesto total de 1.464.529 millones de pesetas, observaba como una de las áreas prioritarias aquella referida a la formación, al empleo, a la orientación y a los nuevos yacimientos de empleo y contenía una serie de medidas dirigidas a la empleabilidad de los jóvenes, especialmente para aquellos que por su nivel socioeconómico, educativo, etcétera, encuentran dificultades adicionales para su inserción laboral, introduciendo, por supuesto, nuevos mecanismos de actuación sobre el mercado de trabajo y potenciando la interrelación de los elementos que lo configuran.
Otra de las áreas que desarrolla este Plan global de juventud es la referida a la participación, voluntariado, asociacionismo y cooperación. Precisamente en este área, dotada ya el pasado año con un presupuesto de más de 8.000 millones de pesetas, se contempló, además de la necesidad de contribuir al desarrollo y consolidación del movimiento asociativo juvenil, la realización de estudios sobre la posible implantación del servicio civil.
Por último, el propio Plan nacional de acción para la inclusión social, cuyo uno de sus objetivos claves es el fomento del acceso al empleo y de los demás recursos, derechos, bienes y servicios por parte de todos los ciudadanos, está en perfecta línea de colaboración e implicación expresa con todas las organizaciones no gubernamentales.


Nuestro grupo, señorías, sigue la línea que ya expresó el propio ministro de Trabajo en su intervención ante esta Cámara y que quedó plasmada en la moción aprobada en el mes de noviembre por todos los grupos. Es cierto que la Constitución española nos abre la posibilidad de creación de un servicio civil en su artículo 30.3, pero no es menos cierto que hay que valorar muy positivamente las importantes posibilidades que ha abierto en España el fenómeno del voluntariado. En apenas cinco años se ha más que duplicado el número de voluntarios, hoy tenemos más de 550.000 y además este sector es una fuente de creación de empleo. En esta Cámara, sin ir más lejos, se anunciaba por parte del ministro de Trabajo la semana pasada la aprobación en breves fechas del segundo plan del voluntariado que ya cuenta con una primera dotación presupuestaria. No obstante, también se están desarrollando unos estudios sociológicos sobre la futura puesta en marcha del servicio civil, uno de ellos pretende sondear la opinión de los jóvenes en torno a la referida propuesta y otro analizar el impacto que determinará la desaparición de los objetores de conciencia que realicen la prestación social sustitutoria.
Ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que ustedes apuestan por el empleo. Déjeme decirle que ojalá lo hubiesen hecho cuando las cifras de desempleo juvenil

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alcanzaban en nuestro país cotas verdaderamente escandalosas bajo su gobierno o cuando se era incapaz de elaborar un plan de voluntariado o cuando los objetores eran penalizados frente a quienes cumplían el servicio militar. Estamos cansados, estuvimos durante mucho tiempo cansados de que nos vendiesen humo, lo han hecho siempre. Nosotros apostamos por el empleo, lo hemos hecho siempre, ahí están esos 18 puntos de rebaja del desempleo en los menores de 25 años desde el año 1996. Hay pocas lecciones que se nos puedan dar.
El portavoz del Grupo Catalán ha preguntado qué hace el Gobierno. El Gobierno crea empleo, especialmente para los jóvenes; adelanta el fin del servicio militar; da garantías a los objetores de conciencia y potencia el voluntariado. Si a ustedes no les parece suficiente, pregunten a los jóvenes españoles porque ellos tienen la respuesta.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Moneo.
Señor Velasco, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas.


El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señor presidente.


De la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida vamos a aceptar los números 2, 3 y 4 porque creemos que mejora nuestra proposición no de ley, tanto en la incorporación de las organizaciones no gubernamentales, aquellas que ya perciben ayudas a través del impuesto sobre la renta, como en el programa de apoyo que viene a entablar una correlación con nuestra propuesta, tanto en los contratos de trabajo como en la cuestión de realizar un programa concertado con ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones provinciales para determinar los baremos de evaluación de esta calidad.
Vamos a aceptar también el número 1 de la enmienda de Convergencia i Unió en lo referente a trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas en el desarrollo de los programas de asociaciones, del voluntariado y de empleo.
No aceptamos los números 2 y 3 porque ya están aprobados por esta Cámara, como bien ha explicado el portavoz de Convergència i Unió, que han sido incumplidos por el Gobierno, como ya han expuesto, tanto él como los demás proponentes, en sus comparecencias.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Velasco.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 112; en contra, 158; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Y LAS CONSECUENCIAS DE TODO TIPO QUE SUPONDRÍA APROBAR EL PROYECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE INSTALAR UN ESCUDO ANTIMISILES. (Número de expediente 173/000067.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señora presidenta.
Señorías, el miércoles pasado tuve oportunidad de hacer un debate con el señor Trillo con respecto a la posición de España de cara a la aceptación o no del escudo antimisiles. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz, por favor. (Pausa.) Adelante.


El señor ALCARAZ MASATS: Fue un debate interesante, no exento de cierta dureza. Yo le dije aquello de que el ejército que diseñaba se le parecía un poco a la guerra de Gila, y él me lanzó la idea de los cascotes del muro de Berlín y cosas por el estilo.En todo caso, él en su intervención trazaba una línea divisoria entre lo que es moderno y lo que no, y situaba la modernidad precisamente a partir del año 1989, en que los Estados Unidos tienen derecho, por razones de soberanía llegó a decir, a la instalación después de la aprobación del escudo antimisiles. La modernidad, en opinión del señor Trillo, consistía en superar el acuerdo de 1972, el acuerdo contramisiles balísticos, que fue fundamental a la hora de congelar la situación del armamento nuclear, y también la modernidad suponía superar, transgredir, traspasar los límites de los acuerdos Salt I y Salt II.
Eso es lo

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que significaba la modernidad para el señor Trillo y los que nos oponíamos a esa situación y a la instalación del escudo antimisiles estábamos trasnochados. Pues bien, de la semana pasada a esta han ocurrido algunas cosas y es que el tema va muy deprisa, pudiéndonos encontrar hoy con que este Congreso de los Diputados apruebe la instalación del escudo antimisiles cuando está claro que el Senado de los Estados Unidos va a votar que no. Son situaciones paradójicas que se dan a partir de una posición errática, como errático es el concepto de modernidad que tiene el señor Trillo.
Durante esta semana ha surgido la figura del senador Jeffords, una persona que no creo que tenga nada que ver con las tradiciones que yo puedo representar hoy aquí y que dice que sus electores no entienden la aprobación de la instalación del escudo antimisiles. Pues bien, esto es lo que venimos a defender hoy aquí por razones lógicas y absolutamente ponderadas de paz mundial. El señor Trillo, emulando al personaje don Ángel Síseñor, vino a decir que los Estados Unidos realmente no se han puesto en contacto con España ni con el señor Aznar. Y luego hemos descubierto otra cosa más que se ha publicado durante la semana y es que la Comisión del misil, encabezada por un miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no ha venido a España a explicar el proyecto. Ha ido a otros países, pero no se ha dignado venir a España cuando España, a través del señor Aznar, ha sido el primer país de Europa que ha dicho sí a la instalación del escudo antimisiles. Asombroso, de auténtica aurora boreal.
Lo que nosotros estamos pidiendo ya es moneda de cambio en la Unión Europea. En primer lugar, no se sabe exactamente lo que vale el escudo antimisiles, pero cuesta muchísimo y no hay dinero para ello.
En segundo lugar, se dijo que, una vez superada la carrera de armamentos, se reiniciaría de nuevo en función de que uno de los países, en este caso el país más potente del orbe, los Estados Unidos, aprobara el proyecto de instalar el escudo antimisiles.
Naturalmente, en este caso surgirían tensiones mundiales fortísimas, empezando por Rusia y siguiendo por China. Por cierto, otra novedad más de esta semana, a pesar de los rumores que circulaban por las cancillerías españolas, es que Rusia se niega en redondo, primero, a superar el Tratado de 1972, el ABM, y segundo, a que la convenzan de la instalación del escudo antimisiles, puesto que ello supondría de nuevo un aporte fortísimo de gastos militares y el relanzamiento de la tensión mundial.
En función de esto, nosotros hemos presentado una serie de puntos en el marco de una resolución. En primer lugar, que naturalmente este Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que no acepte esta propuesta del presidente de los Estados Unidos. Digo presidente y no Cámara de los Estados Unidos a ningún nivel. En segundo lugar, que el Gobierno de España mantenga esta posición tanto en los foros de las Naciones Unidas como en los de la Unión Europea en los que se trate este tema, la no aceptación de la instalación del escudo antimisiles. Y en tercer lugar, que hay que defender la vigencia del acuerdo de misiles balístico de 1972, así como los acuerdos Salt I y Salt II, de desactivación nuclear, e ir a por el acuerdo Salt III, que supondría una desactivación mucho más profunda del armamento nuclear.
El Partido Socialista ha presentado una serie de enmiendas (así nos gusta a nosotros el Partido Socialista, aguerrido y fuerte, un partido que lleva un día sin firmar un pacto de Estado) que nos convencen. Ya se lo hemos dicho a su portavoz. Incluso no habíamos pensado sobre una de ellas y, por lo tanto, también la aceptamos, y es que el Gobierno de la nación informe periódicamente a este Congreso de los Diputados de las novedades que se estén produciendo de cara a la presunta instalación del escudo antimisiles.
Esta es nuestra posición, con un dato más que todo el mundo está manejando con absoluta fiabilidad, y es que nadie sabe si el escudo antimisiles va a funcionar tecnológicamente. Hasta ahora, en las pruebas que se han hecho, falla más que la escopetica de una feria.
Todo el mundo dice que lo que supone de gastos financieros no tiene ninguna seguridad jurídica. Ahora el señor Atencia nos dirá otra vez lo de los cascotes y cosas así, pero nosotros lo que pedimos es que este Gobierno ayude a Europa a no fragilizar esta posición contra el escudo antimisiles. Hasta el señor Blair está diciendo en la campaña que no. Ustedes son los únicos de la arena europea que dicen que sí.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De Puig.


El señor DE PUIG I OLIVÉ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Socialista en esta materia va a ser la que ya ha sido señalada por mi predecesor en el uso de la palabra: contraria a apoyar el proyecto del presidente Bush, tal como ha sido planteado. Y no porque haya ningún apriorismo ideológico; simplemente porque de lo que sabemos de él hasta la fecha se observan muchos interrogantes, muchas inquietudes, muchos elementos negativos. No se ven los aspectos positivos de un proyecto de este calibre.
El proyecto en sí, tal y como ha sido planteado, nos ofrece enormes problemas, y en especial a los europeos. No está claro que haya una amenaza real que justifique un despilfarro económico del calibre que supone este proyecto y son muchos los institutos, los gobiernos y los políticos, incluso estadounidenses, que han señalado que la necesidad de un paraguas antimisiles, por si Corea del Norte, Irán o Irak van a atacar a los Estados Unidos, no es una previsión real.


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Como se ha dicho ya, tampoco hay seguridad tecnológica de cómo implementar este proyecto, no hay seguridad de que sea defensivamente seguro, pues puede haber contramedidas; no se sabe exactamente en qué consistiría; representa un esfuerzo económico no justificado y, además, con sólo su proclamación, ha creado una serie de problemas, de tensiones, de desestabilización se podría decir, respecto a Rusia, Europa y China. ¿Cómo se puede apoyar un proyecto así? No son muchos los que le apoyan, se ha dicho ya aquí. Los países europeos, Francia a la cabeza -ayer Lionel Jospin lo recordaba-, los italianos, los rusos, los belgas, los británicos. Es la primera ocasión en que yo he visto parlamentarios británicos criticar un proyecto americano por innecesario y por inaceptable. Y, en fin, el Senado norteamericano, los senadores demócratas americanos tampoco lo aceptan y van a bloquear ese proyecto. De manera que es posible que el ejercicio que estamos haciendo hoy tampoco sirva para nada porque este proyecto no va a prosperar.
En cualquier caso, resulta sorprendente que el Gobierno español, en cuanto el presidente americano hizo la declaración, saliera aquí a saludarlo entusiásticamente. Nos parece un error. En honor a la verdad, hay que recordar que el secretario de Estado de Exteriores y el ministro de Defensa reconocieron que del proyecto se sabe demasiado poco, que hay muchos interrogantes, y asumieron que hay muchos problemas difíciles de resolver. Por eso extraña tanto que el presidente del Gobierno español saliera con esta afición y con este entusiasmo a saludar el proyecto. Si lo que se nos ofreciera fuera un proyecto de sistemas antimisiles con control y verificación que sirviera para rebajar la carrera de armamentos, que sirviera para reducir los arsenales nucleares y fuéramos a otro tipo de disuasión, si fuera asumible para todos, americanos, europeos, chinos, rusos, si fuera para beneficio tecnológico de todos e incluso beneficio económico y que no sea sólo el negocio de un país y nos trajera más garantías de paz, de distensión y de desarme sería otra cosa, pero no es eso lo que se nos ha presentado. Está claro que no es así y nosotros somos simplemente solidarios con los senadores demócratas americanos.Por tanto, no creo que nadie pueda decir que estamos en una posición ideológica frente a Estados Unidos.
Por eso, señora presidenta, hemos presentado una enmienda de sustitución en la que en el primer punto instamos al Gobierno a que no dé su apoyo al sistema de defensa antimisil propuesto por el presidente de Estados Unidos.


La señora PRESIDENTA: Señor De Puig, su tiempo ha concluido.


El señor DE PUIG I OLIVÉ: ¿Puedo terminar de leer la enmienda o ni siquiera eso?

La señora PRESIDENTA: No es cuestión de esta Presidencia, señor De Puig. Le recuerdo, como viene siendo habitual en las mociones, que por acuerdo unánime de Junta de Portavoces se ha decidido que, tanto en las mociones como en las interpelaciones, en el momento que se enciende la luz el diputado o diputada que esté en el uso de la palabra abandone la tribuna.


El señor DE PUIG I OLIVÉ: Me refería solo a leer la enmienda. Si la puede leer un secretario, los colegas se enterarán.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo con gran brevedad para manifestar que mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa por entender que en una democracia paradigmática, como son los Estados Unidos de Norteamérica, su Cámara de Representantes y su Senado tendrán la última palabra para pronunciarse a este respecto. Ya anunciaba aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista las vicisitudes que puede sufrir esta iniciativa dentro de los propios Estados Unidos. Mi grupo quiere dejar bien claro que en una situación como la actual no se trata de hacer grandes escudos de protección antimisiles, sino que los esfuerzos deben ir en el marco de Naciones Unidas, de los derechos humanos, por los cauces diplomáticos de las relaciones bilaterales o multilaterales entre los Estados, por una vigilancia contra todos esos gobiernos no democráticos que pueden entrar en una enloquecedora línea belicista. Pero esto no es óbice para que no se tenga que hacer este reconocimiento a quienes tienen esta responsabilidad, un gobierno, el del señor Bush, que puede hacer una propuesta de este tipo y unas Cámaras que -como vuelvo a decir- son paradigmas del ejercicio democrático de las participaciones tienen su última palabra. En este sentido de respeto mi grupo no va a votar favorablemente esta iniciativa. Lamento que no se haya podido defender con más extensión la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que venía en una línea de reflexión y de entendimiento del sentido común.
Por estas razones que estoy diciendo, y en ese respeto que una Cámara le debe a otra, tanto a los senadores demócratas como a los republicanos que se oponen en Estados Unidos a la instalación de un escudo antimisilesos les corresponde precisamente la responsabilidad de dictar el sentido común. Si el gasto es superfluo e innecesario o verdaderamente excesivo que lo digan quienes tienen esta responsabilidad democrática.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
La interpelación y la moción que nos ha presentado izquierda Unida abordan una de las cuestiones presentes en la polémica internacional en las últimas semanas. Es evidente que la convicción de que el fin de la guerra fría, el fin del mundo bipolar va a obligar, está obligando ya, al conjunto de los Estados a redefinir sus conceptos de seguridad y constituye parte del eje del debate que la interpelación y la moción nos plantean. Y es evidente que, desde la perspectiva de cuáles son las exigencias de nuestras sociedades, los objetivos de la distensión, del desarme, de la reducción de los arsenales nucleares deben ser las prioridades a la hora de redefinir estos conceptos de seguridad.
En este escenario, la irrupción de la propuesta de la Administración Bush no ha sido una buena noticia. Se recupera una propuesta planteada al menos en dos ocasiones anteriores, la última de ellas en el mandato del presidente Reagan, propuesta que fracasó por lo mismo que previsiblemente va a fracasar la propuesta de la nueva administración: por sus costes desorbitados, por la inseguridad en los objetivos a los que pretende responder, quizá por el rechazo político en los Estados Unidos, derivado de la nueva mayoría, e incluso por el aspecto conceptual que expresa esa visión. Creo que era el señor Puig el que hacía referencia a que quizá los problemas de seguridad de Estados Unidos y del conjunto de Europa no se sitúen tanto en la posible utilización de misiles por los denominados Estados terroristas sino en muchas otras cuestiones.
En este contexto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere expresar de manera muy clara su oposición a la idea de la Administración Bush. Al mismo tiempo, hay que entender que quizá el Gobierno español se ha precipitado al tomar una posición política sobre esa cuestión. No vemos la necesidad que el presidente del Gobierno tuvo de manifestar un posición política aparentemente favorable a esa consideración. Pero resolver, hoy, a través del mecanismo de la interpelación y la moción, el debate de fondo no nos parece la mejor manera de abordar el debate abierto.
Nosotros vamos a abstenernos en la moción que nos plantea Izquierda Unida y sugerimos a los grupos de la Cámara que en el marco de la Comisión de Asuntos Exteriores debemos ser capaces de definir una posición española común sobre esta materia, basada en los principios de la distensión, el desarme y la reducción de las armas nucleares.
Quizá a través de alguna proposición no de ley conjunta de los grupos de la Cámara podríamos alcanzar una posición que me parece que, en el fondo, los grupos de la Cámara compartimos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular, al hilo de la moción que se ha presentado por el Grupo de Izquierda Unida, enmendada por el Grupo Socialista, entiende que, al final, ésta pasará a ser una moción conjunta.
En primer lugar, nos parece que conviene tener en cuenta que este proyecto de Estados Unidos, del que se está hablando, todavía no está definido, por lo que la decisión sobre un eventual apoyo o rechazo resulta prematura en este momento, como el otro día quedó claramente en evidencia en el debate de la interpelación, con la intervención del ministro.
La posición del Grupo Popular, que es la del Gobierno de España, como el otro día dijo el ministro de Defensa, tiene que ser responsable, propia de un país que es miembro de la Alianza Atlántica y que ha de tener en cuenta los criterios de otros países socios, aliados nuestros dentro de este organismo. También debe ser la decisión de un país que está satisfecho de su condición de aliado, y de aliado preferencial, tal como ha ratificado la reciente declaración conjunta entre Estados Unidos y España del pasado mes de enero.
La verdad es que la posición de Izquierda Unida, y entendemos que también la del Grupo Socialista, nos alejaría de esta cautela, que consideramos que debemos mantener y que hasta el momento han manifestado el resto de los aliados europeos, y nos pondría en la posición más radical, la que curiosamente mantiene un país como China, e incluso en una posición más radical que la de la propia Rusia. Por eso, no nos parece curioso que Izquierda Unida lo plantee, que evidentemente no entiende que hay nuevos escenarios estratégicos o mantiene su posición, lo que nos extraña es que el Partido Socialista esté al borde de recurrir a viejas proclamas ya superadas.
En cualquier caso, hay una nueva situación estratégica que obliga a los tratados sobre limitación de misiles antibalísticos. Desde el punto de vista del Grupo Popular, y sin duda de los intereses de España, sería deseable que, si se producen modificaciones, tuvieran el consenso de la anterior situación. El Grupo Popular entiende que no debe afectar negativamente los esfuerzos realizados por el desarme, la no proliferación y el control de armamento.
En todo caso, como dijo el ministro de Defensa en la interpelación, España tiene que estudiar con total interés todo lo que esté dirigido a lograr una mayor seguridad futura, para nuestro país y para el resto de Europa, dentro de nuestra política común y con nuestro apoyo entusiasta a todas las medidas de reducción y control de armamento.
Ésta es la línea que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, prudencia, cautela y coherencia

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con nuestro compromisos internacionales, y la posición en que estamos; allá otros, que unos días parecen más americanos que nadie y hoy mantienen posiciones extrañas. En cualquier caso, desde la coherencia de nuestra actuación y desde el sentido de la responsabilidad, nosotros votaremos negativamente la moción que se presenta.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Señor Alcaraz, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda, la Presidencia ha creído entender que la aceptaba.


El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 106; en contra, 156; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SITUACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO ESTATAL. (Número de expediente 173/000068.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema portuario estatal.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, tal como se defendió, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la pasada semana la interpelación sobre la situación tarifaria de los puertos españoles, hoy presentamos una moción integrada por 14 puntos, que pasaré a defender y que fundamentaré con los mismos contenidos con los que se fundamentó la interpelación de la semana pasada.
Señorías, saben ustedes perfectamente que la Ley 62/1997, por la que se modificó la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante, recogía en la exposición de motivos de forma clara y rotunda que la ley tiene que garantizar la libertad tarifaria de las autoridades portuarias, sin más límites que los que se deducen del objetivo de autofinanciación y de los que resulten del mantenimiento de un marco de libre y leal competencia, evitando prácticas abusivas con relación a tráficos cautivos, así como actuaciones discriminatorias u otras acciones análogas. Asimismo, señorías, en la disposición transitoria de aquella ley se establecía claramente que para garantizar el objetivo de autofinanciación, evitar prácticas abusivas con relación a los tráficos cautivos, así como discriminatorias y otras análogas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 70 de la ley, durante el plazo de tres años, el Ministerio de Fomento, a propuesta del ente Puertos del Estado y oídas las autoridades portuarias afectadas así como las asociaciones de usuarios, establecerá los límites máximos y mínimos de las tarifas, de modo que nunca tengan un nivel superior al 40 por ciento. Así pues, la ley del año 1997 estableció claramente que para posibilitar la libre competencia de los puertos, para posibilitar la libertad tarifaria con la que generar, potenciar e impulsar la autonomía de gestión de los puertos, el ente público Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento se comprometía a presentar en las Cortes Generales, en el plazo de tres años, un proyecto de ley regulador de la libertad tarifaria.
Señorías, se reiteró en la interpelación pasada que pasaron los tres años, 1998, 1999 y 2000, y esa ley no tuvo entrada en las Cámaras para su debate, para potenciar la autonomía financiera y económica de gestión de los puertos. El Gobierno, consciente de ello, en la Ley de acompañamiento del año 2001 para el presente ejercicio introdujo una especie de prórroga de tres meses, por cuanto terminó el primer encuentro de aquellos tres años. La Ley de acompañamiento dice: En los tres primeros meses del ejercicio 2001, el Gobierno presentará una ley que regule la libertad tarifaria, que potencie la autonomía de gestión de los puertos, que impida el debilitamiento económico y financiero de los puertos. Señorías, nos encontramos a finales del mes de mayo y, dado que el Gobierno no ha cumplido ese mandato legislativo, al ministro de Fomento se le dijo claramente en la interpelación que ha tenido dos incumplimientos consecutivos que están trayendo consigo el debilitamiento de los puertos. Se lo dije al señor ministro y está recogido en el «Diario de Sesiones». Pero quienes no tuvieron la oportunidad de asistir al debate o no han leído alguna intervención en el «Diario de Sesiones», han llevado a cabo manifestaciones tendentes a pensar que esta iniciativa debilita la autonomía de gestión de los puertos, y nada más lejos de la realidad, de la verdadera intencionalidad y del contenido de los 14 puntos consecutivos que integran nuestra moción. Son puntos que tienden a potenciar la capacidad autónoma de gestión de los puertos, la mayor integración de lascomunidades autónomas en los entes directores y gestores

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de las autoridades portuarias y, por encima de todo, a sacarlos del marasmo legislativo derivado de toda una serie de circunstancias, de sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas, que han mandado a las autoridades portuarias a efectuar la devolución de las liquidaciones practicadas a los operadores portuarios como consecuencia del vacío normativo que existe, dado que las autoridades portuarias producen la liquidación desde la perspectiva del concepto de precio privado y eso choca normativamente con las resoluciones, a las que hice referencia, de sentencias de distintos tribunales.
En consecuencia, señorías, hoy el ente Puertos del Estado, las distintas autoridades portuarias tienen la obligación de devolver a los operadores portuarios, a los armadores que han utilizado los puertos, más de 45.000 millones de pesetas, consecuencia de sentencias judiciales firmes en este momento, casi 35.000 como reconoció el ministro de Fomento y queda recogido en el «Diario de Sesiones». De lo que se trata es de darle el marco normativo legal que posibilite la libre competencia de los puertos entre sí, que posibilite el marco -insisto- jurídico que les permita producir liquidaciones y no tenerlas que devolver. Recuerden SS.SS. que la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2001, actualmente en vigor, tenía una partida presupuestaria de 3.000 millones de pesetas para una primera actuación de devolución por parte de las autoridades portuarias. Señorías, por eso el Grupo Socialista, para profundizar en la autonomía de gestión de los puertos, para posibilitar la libre competencia que, al margen de ello, nos vendrá dictada dentro de muy pocas fechas por una directiva comunitaria de liberalización de los servicios portuarios, ha presentado esta moción integrada por 14 puntos, que empieza diciendo que se insta al Gobierno a que, de una vez por todas -me expreso coloquialmente-, traiga el proyecto de ley que no ha traído hasta estos momentos y que tiene dos mandatos legislativos incumplidos. Y termina con dos puntos por los que propugnamos un tratamiento tarifario diferenciado en los puertos de Ceuta, Melilla, Islas Baleares o de las islas Canarias como consecuencia de que tienen la obligación de atraer tráficos cautivos.
Señorías, termino, señora presidenta... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señor Segura, ha concluido su tiempo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra muy brevemente. La preocupación del Bloque Nacionalista Galego en el marco de regulación, globalización y trasnacionalización que se está abriendo no solamente en la Unión Europea, sino en los tráficos internacionales es cómo garantizar que el sistema portuario en general del Estado español pueda seguir cumpliendo una función cada vez más adecuada y apropiada al servicio de los intereses mercantiles y sociales de cada una de las comunidades que lo constituimos. En ese sentido, queríamos llevar a la preocupación de este Congreso de los Diputados el hecho de que el sistema portuario del Estado español tiene problemas generales y también problemas particulares en cada autonomía. En la moción que presenta el Grupo Socialista se habla con claridad de los casos de las islas, en concreto de las Illes Balears y de las islas Canarias, pero a nadie se le oculta que en el caso concreto de una comunidad autónoma como Galicia tenemos seis puertos de interés general y da la casualidad de que tres de los seis puertos están situados a no más de 30 kilómetros de distancia cada uno, en concreto, el caso de Vigo en relación con Marín o el de Marín en relación con Pontevedra. No es posible hacer una política de tipo portuario acertada si no se tiene en cuenta este problema y habría que buscar alguna fórmula para hacer los tres puertos complementarios, a no ser que se vaya a un tipo de sistema donde, al final, acabará ganando exclusivamente una de las opciones y, a lo mejor, empobreciendo poderosamente al país.
Si vamos al caso de Ferrol y A Coruña pasa exactamente igual. Son dos puertos que están sometidos a mercancías cautivas, el de Ferrol al tráfico de graneles sólidos de carbón y el de A Coruña a hidrocarburos. Pues bien, no se puede seguir manteniendo el criterio de que dos autoridades portuarias vivan de espaldas la una a la otra.
Por supuesto, un puerto que depende del de Ferrol, como es San Cibrao, pero que está situado a más de 100 kilómetros de distancia, tendrá también algo que decir o algún tipo de alternativa que procurar que exceda de la mercancía cautiva de alúmina-aluminio .
Por todo esto, nos parece que en cualquier nuevo proyecto de futuro de carácter legislativo habría que contar también, sin romper la unidad del sistema portuario del Estado español, con la posibilidad de que, a instancia de una comunidad autónoma con varios puertos de interés general en su territorio, se pueda articular un subsistema portuario entre ellos, con el fin de su coordinación eficaz y su complementariedad funcional.
Nosotros somos de los que partimos de que el hecho de que los puertos de interés general se integren en las comunidades autónomas con todas las consecuencias, por lo menos en casos tan característicos y específicos como el de Galicia, no solamente no es un tropiezo sino que será una de las piedras claves para poder garantizar su continuidad con plena eficacia, servicio público y servicio a la comunidad, e incluso a lo que sería el tráfico de mercancías en el conjunto de Europa, de una forma equilibrada y, vuelvo a repetir, positiva para todas las comunidades.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comparte la preocupación que se expresa por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la moción que se ha presentado a esta Cámara, precisamente por el vacío legislativo y las inseguridades jurídicas que plantea la situación de los puertos españoles a raíz de la aprobación de las diferentes modificaciones de la Ley de puertos del Estado y también por la aplicación en breve plazo de la nueva Directiva de liberalización de los servicios portuarios. De ahí que mi Grupo Parlamentario haya pretendido con las enmiendas que ha presentado, además de insistir en la preocupación que lleva al Grupo Socialista a presentar esta moción, ampliar en la moción alguna de las inquietudes que tiene mi propio grupo parlamentario.
Por eso, señorías, en el primer punto de la moción el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida plantea la necesidad de que el Gobierno informe a esta Cámara de cuáles pueden ser las consecuencias júridico- administrativas que puede tener la promulgación de esa futura ley sobre la libertad tarifaria de los puertos españoles, aclarando también en qué situación quedaría el propio mandato constitucional que con respecto a puertos tiene nuestro ordenamiento jurídico.
En la segunda enmienda que presentamos nuestro grupo parlamentario plantea al Gobierno que se informe a esta Cámara sobre las consecuencias que puede tener precisamente la aplicación de esa libertad tarifaria, a medio y largo plazo, en el funcionamiento de los puertos españoles y que se nos expliquen cuáles pueden ser esas consecuencias en cuanto a la planificación general del sistema portuario, su funcionalidad territorial y las medidas que se podrían arbitrar para evitar las discriminaciones que puedan tener lugar.
Nuestra enmienda al apartado número 9 va también dirigida a que se informe por parte del Gobierno a estas Cortes Generales sobre las competencias, no sólo organizativas sino también competenciales, que puede acarrear a los puertos españoles la entrada en vigor de la anunciada directiva europea. Creemos, señorías, que es muy importante que tengamos claro, antes de aprobar la aplicación de la directiva europea y también la nueva ley de liberalización de los puertos del Estado, cuáles son los problemas competenciales que pueden acarrearnos y muy especialmente cómo se va a hacer la coordinación general de los entes y las transferencias que tiene ya las comunidades autónomas por la Ley de puertos de 1997.
Es necesario que todas esas clarificaciones sean apuntadas, con independencia de que también es necesario que a la hora de realizar las inversiones que se tienen que hacer desde el ente Puertos del Estado se tenga en cuenta no solamente la seguridad laboral de los trabajadores sino también la protección medioambiental que debe de conllevar cualquier actuación desde el ente Puertos del Estado, ya sea en infraestructuras o en ampliación del tráfico portuario. Todos sabemos lo fácil que puede ser contaminar el entorno desde un puerto que no tenga las garantías de protección medioambiental. Por tanto, señorías, desde nuestro punto de vista, también es necesario que se contemple este tipo de medidas.
Uno de los últimos puntos, por no hacer referencia a todos los que hemos planteado, hace mención a la necesidad de que desde el Gobierno, y teniendo en cuenta el principio estricto de equidad para tratar a los desiguales con una discriminación positiva para que puedan estar a la altura de aquéllos que tienen mayores competencias o facilidades, se establezcan unas determinadas características para que no se pueda padecer una discriminación por parte de aquellos puertos que por falta de equipamientos o infraestructuras no puedan concurrir o se vean en una situación precaria, sobre todo en aquellos aspectos o características de los llamados tráficos cautivos.
Señorías, es importante que se puedan establecer este tipo de discriminaciones positivas que puedan favorecer el funcionamiento de todos los puertos del Estado y no solamente de aquéllos que, por determinadas razones, hoy tienen unas mejores instalaciones y precisamente puedan intervenir en un libre mercado con una libre competencia en mejores condiciones que lo puedan hacer aquellos puertos que hoy no las tienen pero que tampoco entran dentro de una planificación para poderlas mejorar.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, subo al estrado a fijar la posición del Partido Popular en relación con la interpelación y la moción consecuencia de la misma relativa al marco general de regulación de los puertos y a defender las enmiendas que plantea el Partido Popular al respecto.
El Partido Popular celebra la oportunidad de este debate, porque -el ministro lo ha anunciado en Pleno y en Comisión- el Partido Popular y el Gobierno tienen la intención de traer a esta Cámara un nuevo marco jurídico que dé garantía y estabilidad al sistema portuario español.
Sin embargo, queríamos de alguna forma quitar algo de hierro al diagnóstico catastrofista de su señoría. Dice que hay que devolver las liquidaciones, yyo quiero recordar el diagnóstico: se practican liquidaciones

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de acuerdo con la ley; las recurren determinados usuarios del puerto; y en ese sistema de recursos lo que están haciendo las autoridades portuarias, de acuerdo con la ley, es practicar una nueva liquidación, y sólo da derecho a pagar los intereses de demora.
Su señoría a la hora de hacer el diagnóstico se ha olvidado de algunas cosas, como, por ejemplo, que la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2000 no sólo dice que hay tres meses para hacer una nueva ley sino que dice más cosas, habla de un régimen transitorio. Con anterioridad, en la disposición transitoria treinta y cuatro de la Ley 55/1999 se regulaba una nueva liquidación tarifaria a la vista de las sentencias del Tribunal Supremo. También en los presupuestos del Estado se han consignado determinadas cantidades para atender de alguna forma los intereses de demora.
En resumidas cuentas, señoría, ya se lo dijo el ministro y se lo volvemos a decir ahora, no existe incertidumbre respecto al régimen tarifario de los puertos. Existe seguridad y cobertura jurídica y presupuestaria para atender todas las necesidades que se produzcan.
Además, señoría, existe un dictamen del Consejo de Estado, porque el Gobierno no actúa a la ligera. El dictamen dice que las tarifas son exigibles y que, ante una anulación de liquidación practicada, ha de practicarse una nueva liquidación, que es lo que se está haciendo.
Por todo ello, el Grupo Popular, siguiendo con la idea del ministro de invitarle a llegar a acuerdos en el nuevo marco de regulación de los puertos de interés general, ha presentado una enmienda con l0 puntos, prácticamente coincidentes en algunos momentos con los que presenta el Grupo Socialista. Van encaminados a alcanzar ese nuevo marco que da estabilidad, competitividad, transparencia, que permite que los puertos afronten los nuevos negocios, y a distinguir de una forma clara y nítida los servicios portuarios del uso del dominio público de los puertos. Si S.S. es coherente con el reto del discurso de hoy y con el reto del discurso del pasado miércoles, si S.S. es coherente y consecuente con la necesidad de tener un nuevo régimen de los puertos, si S.S. es coherente con tener una transparencia en los puertos de interés general del Estado, que afronten y den estabilidad al sistema tarifario, le sugiero que admita y acepte las enmiendas del Grupo Popular. En el punto número 1 no sólo le decimos que aceptamos que en el más breve tiempo posible se traiga una ley de libertad tarifaria. El Grupo Popular le ofrece un marco más amplio que da esa estabilidad, esa transparencia, que permitirá acomodar la Ley de puertos a la nueva directiva de acceso al mercado de los servicios portuarios. Ese nuevo marco es coherente con el discurso de S.S. Y, por coherencia con todo lo que he dicho, aceptará las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado por el bien del sistema portuario español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias señora presidenta.
La lectura de esta moción consecuencia de la interpelación a mi grupo le ha producido estupefacción y preocupación. También al ver la correlación que puede haber en muchos de sus puntos con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Esto lo digo desde la Comunidad Autónoma de Canarias, desde su estatuto de autonomía, y desde la filosofía y el enfoque político que hemos querido dar siempre a la administración portuaria española y, dentro del Estado, a la de los puertos canarios, donde no puede soslayarse ninguna de las competencias que, en los aspectos fiscales, pueda tener la materia en cuestión. Parece ser que hay ciertas discrepancias en la interpretación o en la seguridad jurídica por las tasas, las tarifas o los servicios portuarios.
En muchas de las opciones que se dan en el texto de la moción que trae causa de este debate y en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular se plantean una serie de circunstancias muy preocupantes.
Habría que modificar grandes aspectos de la vigente Ley de puertos.
Parlamentariamente hemos sufrido las siguientes vicisitudes. La primera con la Ley 27/l992, de los puertos; en 1997, la Ley 62, de puertos del Estado, y ahora se anuncia un proyecto de la ley reguladora del sistema portuario de interés general. Pedimos un reconocimiento de respeto, no al hecho insular, como recogen los puntos 9 y 10 de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, o los puntos 13 y 14, del Grupo Parlamentario Socialista. Incluso en contradicción, porque uno habla de que se pida que Canarias quede integrada en la red transeuropea del transporte. Y ya lo está; esto está atinadamente recogido en el punto 10 de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Es una obviedad. Está ya reconocido y, en las conversaciones que parlamentarios de mi grupo hemos tenido con la comisaria doña Loyola de Palacio, se nos han dado perfectamente las explicaciones y las seguridades jurídicas que en los organismos de la Unión Europea se han seguido para consolidar esta situación. Por tanto, estas dos perlas finales de las dos enmiendas no nos dan nada que no se tenga ya en este momento desde el archipiélago canario.
Es una cuestión verdaderamente preocupante y si, como ha anunciado ya en algunos textos o proposiciones el Grupo Parlamentario Popular, se trae un proyecto de ley reguladora del sistema portuario de interés general, ya discutiremos políticamente, en sede parlamentaria, cuáles son los alcances y los compromisos que de esto se deriva. A nosotros nos llena de preocupación este enfoque puramente centralista y estatalista,

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que olvida, margina y trata de retroceder en lo que viene siendo una reivindicación en estructuras portuarias que existen en ciertas comunidades autónomas, como es el caso de la de Canarias o como es el caso de la Comunidad Autónoma catalana. No se puede venir ahora con este planteamiento totalmente nuevo pero en una dirección totalmente distinta de lo que habíamos avanzado en el sentido de la autonomía de estos puertos, que no van a estar fuera de una red estatal, pero tienen derecho a una gestión que tiene el soporte y el apoyo logístico de todas esas actividades, inversiones y competencias, que los gobiernos autonómicos de estas comunidades tienen en la materia.
Por esas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar en contra de esta moción y de cualquiera de sus enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señorapresidenta.
Hoy tenemos una moción consecuencia de interpelación, moción sin exposición de motivos, por tanto la motivación es la inicialmente escrita en la presentación de la interpelación, aunque después, en el debate oral, se intentase diluir. No nos engañemos, hoy estamos ante una moción socialista con alto grado de involución autonómica. Se escribían y describían para la interpelación los dones fantásticos de la Ley de puertos del Estado de 1992. Ley socialista, claro. Se decía: órganos de gobierno nombrados por el Ministerio, conjunto de puertos del sistema totalmente integrado, Ente de Puertos del Estado centralista, gran modernización de los puertos, etcétera. La Ley de 1992 era la gran panacea. Pero ¡sorpresa! En 1996 hay elecciones y consecuencia de las mismas se producen unos fenómenos extrañísimos: presión, condicionantes derivados de precipitados compromisos adquiridos por PP y CIU -figura en el documento-. ¿Cómo es posible que en 1997 la Ley de 1992 sea modificada? Se nos explica en la interpelación lo malo que fue el resultado de la modificación. Se nos explica en la interpelación que los órganos de gobierno de las autoridades portuarias eran nombrados por las comunidades autónomas, que la Administración del Estado pasaba a tener un papel coordinador, etcétera.
Todo ello y más lo encontrarán en el documento de la interpelación, en el número de registro 33141, de 16 de mayo, que yo tengo. Les pediría que lo leyesen, verían lo que dice. Se quiere resucitar la Ley de 1992 ahora. ¿Saben los socialistas catalanes de su regresión? ¿Lo saben en Andalucía, con autoridades portuarias dirigidas por personas nombradas por una comunidad autónoma con Gobierno socialista, los puertos de Málaga, Sevilla, Cádiz -en su momento muy peculiares esos tres puntos, con alcaldías del Partido Popular-, o en Huelva, donde preside la comunidad portuaria el que era diputado en esta Cámara y portavoz del PSOE en la Comisión de Infraestructuras? Sí sabemos que hoy hay problemas en la regulación de tarifas portuarias, que los hay entre competencias de las autoridades portuarias y el Ente Puertos del Estado y que los hay en financiación de las autoridades portuarias. Todo ello es solucionable con las correspondientes modificaciones, hablándolas y consensuándolas. Pero, señorías, la propuesta socialista, regresiva de intención, ha tentado al Grupo Popular a una especie de: si tú, blanco, yo, también; si tú, regresivo, yo, también. Así, en la enmienda presentada -10 puntos-, con una transaccional que después veremos y con un acuerdo ya escrito en el que, de los 10 puntos, siete son coincidentes en las dos, hay un punto -el 1- que no tiene desperdicio en cuanto a su intención retrógrada. Va más allá de lo que podría deducirse de las palabras del ministro el otro día. ¿Se podría sospechar -no lo haré- deslealtad a los pactos del año 1996? ¿Se pretende y se confirma lo que ya intuíamos? Se trataría no sólo de modificar para resolver los problemas económico- financieros que puedan producirse, sino también de una recuperación total de esquemas. Se dice, y debe ser verdad, que existe ya un grupo de trabajo de carácter mixto, integrado por miembros del Partido Popular y del PSOE.
Lógicamente, no podemos estar de acuerdo hoy con esta actitud regresiva ofrecida en la moción que ha presentado el Grupo Socialista. Quisiera muy sinceramente equivocarme, pero tengo que dejarlo en puntos suspensivos. Hoy tenemos que votar negativamente a la moción.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Segura, tiene usted la palabra, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, la moción del Grupo Parlamentario Socialista va a incorporar los puntos 4, 6, 9 y 10 de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y, del punto 1, si lo acepta el grupo proponente, el texto que diría que, en el menor plazo de tiempo posible, remita a las Cortes Generales un proyecto de ley reguladora de los regímenes económico-financiero, tributario, de utilización de dominio público portuario, de prestación de los servicios portuarios, etcétera, tal como recoge ese punto, eliminando tres líneas que nosotros no aceptamos.
Por consiguiente, se incorporan los puntos 4, 6 y 9, del Grupo Parlamentario Popular; el punto 1, con la redacción que se acaba de indicar; mantenemos los puntos 2, 3, 11 y 12, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista; y, por último, tal como muestra el texto que

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se ha repartido a los grupos y entregado a la Presidencia, una enmienda transaccional sobre el punto 8 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que diría: Se insta al Gobierno para que, en el marco de la próxima reforma de la Ley de sociedades y como forma de incrementar la eficiencia de los puertos españoles, se estudie la posibilidad de incorporar las rentas generadas por el Ente Puertos del Estado y las autoridades portuarias del sector público estatal a alguno de los regímenes tributarios especiales que actualmente contiene la normativa reguladora del impuesto sobre sociedades.
Si me lo permite la señora presidenta, termino leyendo de nuevo, en aras de la claridad de la resolución que se podría aprobar, una lista que tiene la Presidencia: Mantenimiento de los puntos 2, 3, 11 y 12, de la moción socialista; incorporación de los puntos 4, 6, 9 y 10, del Grupo Parlamentario Popular, y del 1, con la ligera mutilación a que he hecho referencia; y, por último, la transaccional sobre el número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, que es prácticamente coincidente con la que como número 5 presentó el Grupo Parlamentario Popular. Esa sería la moción conjunta, ordenada metodológicamente, que se somete a votación por parte del Grupo Parlamentario Socialista, recogiendo los planteamientos coherentes con lo defendido por dicho grupo.
Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y al Grupo Mixto, a través del señor Rodríguez, lamentamos indicarles que la aceptación de algunas de sus enmiendas estaría alejada del método que hemos intentado imprimir al debate y a la resolución.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor Jiménez, como grupo enmendante, el grupo autor de la moción propone aceptar parcialmente su enmienda. Sabe que, de acuerdo con el Reglamento, tiene que ser aceptado por el grupo enmendante.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: La propuesta del Grupo Socialista se refiere a quitar el nombre de una ley en el punto 1 y la aceptamos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias. (Pausa.) Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema portuario estatal, que se somete a votación en los términos derivados del debate y que han sido expuestos por el portavoz del Grupo Socialista, señor Segura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 259; en contra, 14; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.


Eran las ocho y cincuenta minutos de la tarde.

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