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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 64, de 06/03/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 64

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 60

celebrada el martes, 6 de marzo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Del Parlamento de las Illes Balears, de sellos postales y otros efectos postales emitidos y puestos en circulación de conformidad con la realidad plurilingüe del Estado. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 77-1, de 26 de junio de 2000. (Número de expediente 125/000008.) . . . (Página 3085)

- Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y demás efectos postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 80-1, de 19 de julio de 2000. (Número de expediente 125/000009.) . . . (Página 3085)

- Del Parlamento de Navarra, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 82-1, de 19 de julio de 2000. (Número de expediente 125/000011.) . . . (Página 3085)

Modificación del Orden del Día . . . (Página 3100)

Página 3080


Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la LOGSE para que los profesores de Educación General Básica, integrados en el Cuerpo de Maestros, puedan disfrutar también del calendario de aplicación de la Ley. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 88-1, de 17 de octubre de 2000. (Número de expediente 122/000075.) . . .
(Página 3101)

Proposiciones no de Ley:

- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas las mujeres y las niñas en Afganistán. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 139, de 26 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000238.) . . .
(Página 3106)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León aplique las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca de Benavente. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 115, de 22 de diciembre de 2000.
(Número de expediente 162/000169.) . . . (Página 3111)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre juventud y racismo.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 94, de 17 de noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000140.) . . .
(Página 3115)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuación del Gobierno ante las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses. (Número de expediente 173/000044.) . . . (Página 3123)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación del sector eléctrico. (Número de expediente 173/000045.) . . .
(Página 3129)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en atención a su patrimonio genético. (Número de expediente 173/000046.) . . . (Página 3135)

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S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de Comunidades Autónomas . . . (Página 3085)

Del Parlamento de las Illes Balears, de sellos postales y otros efectos postales emitidos y puestos en circulación de conformidad con la realidad plurilingüe del Estado . . . (Página 3085)

Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y demás efectos postales . . . (Página 3085)

Del Parlamento de Navarra, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales . . . (Página 3085)

Defienden las proposiciones de ley de comunidades autónomas, para su toma en consideración, la señora Munar Riutort, representante del Parlamento de las Illes Balears, los señores Rull i Andreu y Carbonell i Aymerich, representantes del Parlamento de Cataluña, y Alli Aranguren, representante del Parlamento de Navarra.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Ballears, de sellos postales y otros efectos postales emitidos y puestos en circulación de conformidad con la realidad plurilingüe del Estado, se rechaza por 140 votos a favor, 165 en contra y una abstención.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y demás efectos postales, se rechaza por 140 votos a favor, 165 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales, se rechaza por 139 votos a favor, 167 en contra y una abstención.


Modificación del orden del día . . . (Página 3100)

La señora presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone a la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que figura como punto 36, pase a debatirse después del punto 37, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 3101)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado dos, de la Logse, para que los profesores de Educación General Básica integrados en el Cuerpo de Maestros puedan disfrutar también del calendario de aplicación de la ley . . . (Página 3101)

Presenta la proposición de ley la señora Martín Vigil, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Iniciativa que, explica, tiene como objetivo dar solución a una cuestión pendiente que afecta a los profesores y profesoras del llamado cuerpo de maestros que tienen la voluntad de acceder a la docencia en el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria y que no han disfrutado del espacio temporal que la ley establece para la implantación de la nueva ordenación del sistema educativo. Se refiere al calendario de aplicación del sistema educativo que, inicialmente, se estableció en diez años y que, posteriormente, se amplió a doce, lo que conduce a que la

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generalización del primer curso de educación secundaria se produzca en el curso escolar 1996-1997 y, por tanto, sucesivamente los posteriores hasta completar la etapa obligatoria de la consecuente implantación del cuarto curso en el año académico 1999-2000.
Considera que subsiste un desajuste de plazos, toda vez que el tiempo del que disponen los profesores y profesoras pertenecientes al cuerpo de maestros para acceder a la enseñanza secundaria obligatoria sigue siendo el que señala la disposición transitoria cuarta, en su apartado 2, de la ley, que mantiene los diez años. Da una serie de explicaciones sobre las características especiales de la profesión docente y recuerda una conclusión del Consejo Escolar del Estado, en su último informe publicado en 1999, sobre la situación del sistema educativo en España y que corresponde al análisis del año escolar 1997-1998. En ella se insta a las administraciones educativas a que procedan a la adaptación de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo al período de doce años y a que efectivamente todas las vacantes del primer ciclo de la ESO sean ofertadas al cuerpo de maestros.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado, 2, de la Logse para que los profesores de educación general básica, integrados en el cuerpo de maestros, puedan disfrutar también del calendario de aplicación de la ley, se rechaza por 121 votos a favor, 173 en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley . . . (Página 3106)

De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas las mujeres y las niñas en Afganistán . . . (Página 3106)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Riera Madurell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas las mujeres y las niñas en Afganistán, se aprueba por 291 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca de Benavente . . .
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Presentan la proposición no de ley los señores Iglesias García y Martínez Maillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En primer lugar lo hace el señor Iglesias García, que relata los graves sucesos ocurridos en Ciudad Rodrigo con ocasión de la tempestad de viento y agua del día 7 de diciembre y solicita la colaboración de la Cámara para pedir al Gobierno de España respuestas concretas para todos aquellos que de alguna manera se hayan visto perjudicados en la provincia de Salamanca.


En segundo lugar lo hace el señor Martínez Maillo, que concreta su iniciativa a la provincia de Zamora y fundamentalmente a la comarca de Benavente. Asegura que la presente proposición no de ley cobra especial vigencia y actualidad en el día de hoy porque las inundaciones se han vuelto a repetir, si cabe con mayor virulencia, en la comarca de Benavente y en otras de la provincia de Zamora. Por ello, explica, su grupo pretende que esta iniciativa parlamentaria sirva de ámbito político en el que se desarrolle el conjunto de las inversiones necesarias para paliar los efectos del temporal y, tras rechazar la enmienda

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presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, solicita el apoyo de todos los grupos políticos para que con su voto tengan un gesto de solidaridad territorial con Zamora y Salamanca.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Martínez Maillo.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca de Benavente, se aprueba por 291 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre juventud y racismo . . .
(Página 3115)

Defiende la proposición no de ley la señora Pajín Iraola, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muestra la preocupación de su grupo por el aumento de comportamientos racistas y xenófobos en todo en continente europeo, donde desgraciadamente España no es una excepción, y se refiere a hechos concretos ocurridos en diferentes regiones del país. Explica que se trata de comportamientos antisociales contra comunidades minoritarias que con frecuencia sufren exclusión, penuria económica y otras situaciones difíciles y acaban padeciendo todo tipo de discriminaciones y abusos. Encuentra preocupante que en el último informe del Injuve, del 19 de octubre de 2000, sobre la juventud española, se diga que el 30 por ciento de los jóvenes españoles cree que el fenómeno de la inmigración será, a la larga, perjudicial para la raza y otro 24 por ciento cree que tendrá efectos negativos para la moral y las costumbres españolas, persistiendo además actitudes racistas con las minorías étnicas constituidas principalmente por españoles como es el caso de los gitanos. Dice que su grupo tiene una gran preocupación por el aumento de los comportamientos xenófobos y racistas, no solamente en Europa, sino en España, en un momento en el que la inmigración aumenta en nuestro país y en el que tenemos la responsabilidad de poner en positivo ese multiculturalismo al que aspiramos como país. Por tanto, consideran oportuno que el Gobierno se comprometa a realizar actuaciones concretas en el marco de la erradicación de la discriminación, de la xenofobia y del racismo.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Pajín Iraola.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre juventud y racismo, en los términos de la enmienda transaccional presentada por la proponente, se aprueba por 272 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 3123)

Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuación del Gobierno ante las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses . . . (Página 3123)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda el debate de la semana pasada con motivo de la interpelación, en el que el ministro del Interior llegó a reconocer la importancia de los episodios meteorológicos que asolaron Galicia durante cuatro meses, sin que se hubiera reunido la comisión integrada por miembros de la Xunta de Galicia, de la Delegación del Gobierno y de las cuatro diputaciones con la Federación Gallega de Municipios y Provincias hasta tres meses después de que se produjeran los temporales y sin que hasta el 15 de febrero pasado la Dirección General de Protección Civil tuviera la evaluación definitiva de los daños producidos.
Muestra su extrañeza por que aún no se haya publicado

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el correspondiente real decreto para adoptar las medidas necesarias y urgentes para paliar las consecuencias de la catástrofe y expone los puntos de su moción en la que insta al Gobierno a promulgar urgentemente un real decreto-ley mediante el cual, de acuerdo con los datos suministrados por los ayuntamientos afectados y la Xunta de Galicia, se adopten las medidas necesarias para reparar los daños materiales provocados y amparar a los sectores sociales gravemente afectados.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez Sánchez.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la actuación del Gobierno ante las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 112 votos a favor, 158 en contra y 11 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación del sector eléctrico . . . (Página 3129)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Belt i Queralt, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Después de dar lectura a recortes de prensa en donde se pide una estabilidad legal para el sector, expone los motivos que hacen aconsejable poner un poco de orden en la regulación del sector eléctrico y abordar una discusión global que pueda dotar de estabilidad al mismo, y explica algunas iniciativas que su grupo considera que sería bueno que se contemplaran.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Belt i Queralt.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación del sector eléctrico, con la incorporación de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 104 votos a favor y 170 en contra.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en atención a su patrimonio genético . . . (Página 3135)

El señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la moción consecuencia de interpelación urgente.
Renuncia a reproducir el debate que tuvo lugar hace dos semanas con motivo de la interpelación urgente, porque afirma estar seguro de que todos los grupos parlamentarios coincidirán en que es responsabilidad suya intentar hacer compatibles los avances científicos y tecnológicos con el respeto a la dignidad humana, y muy concretamente con el respeto a su intimidad, así como con el respeto al derecho a no ser discriminado por razón del patrimonio genético. Añade que el objetivo fundamental de la moción es trasladar a los ciudadanos la preocupación que los poderes públicos y sus representantes políticos tienen sobre el tema y, al mismo tiempo, la tranquilidad de que ninguno de esos avances va a suponer perjuicio alguno para su calidad de vida, ni para sus derechos y libertades. Defiende someramente los cuatro puntos de la moción y fija la posición de su grupo respecto de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Coalición Canaria.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Silva Sánchez.


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Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en atención a su patrimonio genético, en los términos de la enmienda transaccional propuesta por el grupo proponente y aceptada por los grupos enmendantes, se aprueba por 216 votos a favor y una abstención.


Se suspende la sesión a las once y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE SELLOS POSTALES Y OTROS EFECTOS POSTALES EMITIDOS Y PUESTOS EN CIRCULACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA REALIDAD PLURILINGÜE DEL ESTADO. (Número de expediente 125/ 000008.)

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS DEL ESTADO EN LA EMISIÓN DE SELLOS Y DEMÁS EFECTOS POSTALES. (Número de expediente 125/000009.)

- DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS DEL ESTADO EN LAEMISIÓN DE SELLOS YOTROS EFECTOS POSTALES. (Número de expediente 125/000011.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. La primera de ellas es la del Parlamento de las Illes Balears, de sellos postales y otros efectos postales emitidos y puestos en circulación de conformidad con la realidad plurilingüe del Estado.
Para su defensa, en representación del Parlamento de las Illes Balears, tiene la palabra la honorable señora doña María Antonia Munar Riutort, diputada del Grupo Parlamentario de Unió Mallorquina.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Munar Riutort): Señor presidente, señorías, el artículo 3 de la Constitución dispone que el castellano es la lengua española oficial del Estado, pero este mismo precepto constitucional establece que las otras lenguas españolas también serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, y remarca que la diversidad lingüística del Estado será objeto de especial respeto y protección. En concreto, textualmente, el citado artículo de la Carta Magna establece, en su apartado primero, que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En su apartado segundo dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. En el apartado tercero dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural, que será objeto de especial respeto y protección.
Recientemente, y a modo de ejemplo, el Congreso de los Diputados, en sesión de 9 de marzo de 1999, aprobó por amplia mayoría la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el uso de las lenguas oficiales del Estado en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro. Asimismo, en la sesión de 13 de abril del mismo año, y también por una amplia mayoría, aprobó la toma en consideración de otra proposición de ley, de incorporación en los pasaportes y en los documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales del Estado español. Ambos acuerdos muestran la existencia de una voluntad política de incorporar en los símbolos estatales las lenguas del Estado diferentes del castellano, de acuerdo con el mandato constitucional, de respeto y protección a la diversidad lingüística.
El 1 de enero de 1850 se emitió el primer sello postal moderno español. En 151 años el Estado español no ha emitido ningún sello redactado íntegramente en una lengua española distinta del castellano y sólo se han emitido 38 sellos, es decir el 1,02 por ciento, con una o más palabras en catalán, en gallego o en eusquera. En este período, por otra parte, el Estado español no ha emitido ni un solo sello en las demás lenguas habladas en su territorio; hablemos del aragonés, asturiano y el occitano del Valle de Arán. Esta situación contrasta con la de otros Estados plurilingües de Europa y del mundo, que emiten regularmente sellos y efectos postales de toda clase en las diversas lenguas de sus ciudadanos, queriendo reflejar con ello en sus sellos su diversidad lingüística interna, promoviéndola tanto dentro como fuera de sus fronteras con el deseo de hacerla universal.
Estamos hablando de más de ochenta Estados en todo el mundo con una sólida tradición de efectos postales multilingües en los que, además, existen casos de autonomía postal que permiten la emisión de sellos en lenguas que como el catalán, el gallego o el eusquera tampoco son oficiales en sus Estados. Ciñéndonos al ámbito europeo, tenemos que referirnos a Estados

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como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega o Suiza, sobre alguno de los cuales tendremos ocasión de remarcar aspectos concretos e interesantes. Estos preceptos internacionales, juntamente con el mandato constitucional de respeto y protección de la diversidad lingüística ya citado y también la reciente ratificación por parte del Estado español de la Carta Europea sobre lenguas y culturas regionales y minoritarias, uno de cuyos objetivos es precisamente el desarrollo de su papel en el ámbito social y económico, serían suficientes para argumentar que sea más que razonable y justa la propuesta de incorporar las lenguas del Estado diferentes del castellano en los sellos españoles. Serían suficientes, pero el simple hecho de que estemos en estos momentos en el turno de defensa de esta proposición de ley a propuesta de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el trámite de su toma en consideración por esta Cámara, es un indicador claro de que la dinámica, la inercia del Estado no es precisamente el color en este sentido, pues tiempo ha habido más que suficiente para que fuera esta misma Cámara la que hubiera tomado ya y desde hace tiempo esa iniciativa.
Puede que haya quien argumente, en un intento de atemperar su conciencia, que hasta la Constitución de 1978 no se permitió la oficialización del catalán, el gallego y el eusquera en sus territorios históricos e impuso al Estado el mandato de respetar y proteger su diversidad lingüística interna. Es cierto que el 95 por ciento de los sellos en texto catalán y todos los sellos que han surgido en gallego o en eusquera son posteriores a esta fecha, pero entendemos que estas cifras no permiten hablar de una promoción significativa por parte del Estado de las lenguas diversas de sus ciudadanos. Además del hecho de que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emita unos 50 sellos nuevos cada año hace posible la presencia inmediata y adecuada de todas estas lenguas en este símbolo del Estado que son los sellos. La respuesta emitida por el Fondo Nacional de Moneda y Timbre nos permite abrigar ciertas esperanzas, siempre y cuando se corrijan determinadas apreciaciones que no nos parecen hoy por hoy correctas.
En una misiva remitida en diciembre de 2000 por este organismo a los diversos ayuntamientos que en su día aprobaron mociones en el mismo sentido que esta proposición de ley objeto de debate y en calidad de respuesta, el firmante don Manuel González García, en nombre de la Secretaría de la Comisión de Programación de Emisión de Sellos y demás signos de franqueo, deja la puerta abierta a la emisión de sellos bilingües, pero el operador de servicios dice que los términos Correos y España no se traducirán.
Nos debemos preguntar, ¿por qué? ¿En qué se basa para tan categórica afirmación? No queremos pensar que dispone de información que haría inútil el proceso legislativo que hoy quema una de sus etapas. Otro debe ser el motivo y nos gustaría saber cuál. La Ley 24/1998, sobre el Servicio Postal Universal y la liberalización de los servicios postales, no lo determina con tal rotundidad, de manera que no entendemos por qué no se puede, dado que en ninguno de sus artículos la citada ley informa en qué lengua pueden o deben emitirse sellos o cualquier efecto postal, ni en la ley ni en ésta ni en cualquier otra. Es hora de recuperar los ejemplos antes citados y dentro del ámbito europeo y mundial.
Tenemos el caso de Bélgica y de Finlandia, ambos socios de la Unión Europea. Bélgica utiliza en sus efectos postales el nombre del Estado en francés y en neerlandés e incluso, ocasionalmente, en alemán. Así en sus sellos podemos leer conjuntamente Belgique, België o Belgien.
Creemos que es este país lo suficientemente importante y no entiende nadie que tenga una especial osadía de mantener en todos sus sellos tres denominaciones. Lo mismo podemos decir de Finlandia. Todos sus sellos presentan la inscripción suomi-Finland, es decir, que el nombre del Estado figura tanto en finés, como en sueco. También Irlanda los emite en gaélico y en inglés.En Suiza, se emiten en alemán, en francés, en italiano y en romanche.Creo que son ejemplos suficientemente válidos para ser tenidos en cuenta.
Aún hay más, el caso belga da más de sí porque no es sólo ya que en sus sellos figure el nombre del Estado en varias lenguas, sino que también en la página web del servicio postal, de su operador postal universal, permite elegir el idioma, francés, neerlandés, o alemán, con el cual puede hacerse la consulta de La Poste, De Post o Die Post. Ya no es sólo Bélgica sino los correos belgas los que mudan su presencia en los efectos postales, o sea, los términos que identifican al operador postal universal expresan la realidad plurilingüe y pluricultural de aquel país. ¿Por qué el Estado español no? Al menos, ahora, no. Conviene recordar que cuando la España colonial imperaba se emitieron sellos para el Protectorado de Marruecos, Sahara o Ifni, en los cuales el término España y el término correos eran traducidos al árabe.¿Va la España constitucional a tratar peor que a las colonias, a los pueblos que tenemos una cultura diversa, que actualmente constituimos el Estado español.
Como hablantes de lenguas diferentes del castellano, exponente de las diferentes culturas propias de las naciones del Estado español, entendemos que la formación pública de la petición de que nuestras lenguas sean incorporadas a los sellos españoles, de una manera que haga justicia a su peso demográfico, histórico y cultural, permite dar un cumplimiento que no sea meramente testimonial al mandato constitucional de respeto y protección de la diversidad lingüística española.
La propuesta de incorporación no excluye las tres lenguas del Estado, que aunque no sean oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos sí que entendemos son merecedoras del respeto y protección, tal como se explican en sus respectivos estatutos.


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Por otra parte, no se puede olvidar que la variedad aranesa del occitano es oficial en el Valle de Arán, según una ley aprobada en el Parlamento de Cataluña. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Alos ciento cincuenta y un años ya es hora de que se produzca un viraje hacia la pluralidad en la que hasta ahora hemos tenido una uniformidad total de la historia filatélica española.
Entendemos que comienza a ser hora de ver la realidad. La toma en consideración de la proposición de ley 125/00008, de los sellos postales y otros efectos postales emitidos y puestos en circulación de conformidad con la realidad plurilingüe del Estado, presentada por el Parlamento de las Illes Balears, y aprobada por unanimidad, vale la pena recordarlo, de todos los grupos parlamentarios incluidos el PP, puede ser un paso más, un paso que no dudamos que esta Cámara sabrá apreciar como una aportación importante en el lento, a menudo excesivamente lento, camino de desarrollo pleno de la Constitución, para que el multilingüismo, la multiculturalidad y la multinacionalidad del Estado español tomen carta de naturaleza oficial.
Esperamos de los distintos grupos parlamentarios su apoyo, dado que, como he manifestado, en nuestro Parlamento ha tenido el apoyo de todos los partidos políticos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Munar.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y demás efectos postales.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rull.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Rull i Andreu): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, comparezco en nombre del Parlament de Catalunya ante las Cortes Generales del Estado para sustanciar esta iniciativa, aprobada por unanimidad en el seno del Parlament de Catalunya de todos los grupos parlamentarios, en relación a un debate que a alguien le puede parecer secundario, menor, que es sobre si los sellos y otros efectos postales tienen que reflejar la diversidad lingüística, cultural, política, nacional del Estado Español. No estamos ante un debate sobre matices, sobre cuestiones técnicas o, a lo sumo, sobre concesiones graciosas. Por contra, nos encontramos ante un debate sobre la realidad plural que configura el actual Estado español. Estamos hablando básicamente de derechos, de derechos de las naciones que hoy configuran el Estado español a verse reflejadas en los símbolos del propio Estado, a intentar construir entre todos un imaginario que sea suficientemente generoso y amplio como para que los diversos ciudadanos y ciudadanas de los territorios que no tienen el castellano como lengua propia se puedan sentir perfectamente identificados. Porque no estamos hablando, vuelvo a reiterar, de algo menor. Más de un tercio de los territorios del Estado español no tienen el castellano como lengua propia. No estamos hablando de algo secundario, sino de un punto que define al conjunto del Estado.
Esta iniciativa fue planteada como mínimo en el Parlament de Catalunya desde la sociedad civil, desde una entidad que se llama Organització per el Multilingüisme, y esta campaña concreta se llamaba sellos plurales. Pluralidad es un término que utilizamos a menudo y que en esta Cámara se utiliza de una forma muy frecuente.
Nosotros, desde el Parlament de Catalunya, reivindicamos que el concepto pluralidad sea un concepto bidireccional, que no sólo sea la pluralidad en los territorios con lengua propia hacia el castellano, sino que también sea esta pluralidad del castellano en relación a los diversos territorios que lo tienen como lengua propia.
Para mí sería extraordinariamente sencillo traducirles, leerles la intervención que tuvo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlament de Catalunya en la que nos contó exactamente los mismos argumentos que ahora les estoy trasladando. En la prensa hemos leído que el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta iniciativa y nos sabe francamente mal. Y nos sabe francamente mal también por el Partido Popular de Cataluña, que hizo un esfuerzo importante. Ahora vemos claramente qué es lo que pesa desafortunadamente en esa voluntad mayoritaria del Parlament de Catalunya. También apelamos al Grupo Parlamentario Popular a que tengan orgullo legítimo de la diversidad del Estado Español. ¿No lo hacen otros Estados de la Unión Europea? ¿No lo hace Bélgica que en sus billetes, en sus sellos, el propio nombre del país queda reflejado en las diversas lenguas oficiales del Estado? ¿No pasa lo mismo con Finlandia? ¿Por qué el Estado español, que intrínsecamente tiene una gran diversidad, la diversidad formada por las naciones que lo constituyen, va a renunciar a este patrimonio, a esta riqueza? A veces se habla del concepto lengua común, que también es un concepto muy relativo. Antes de mi intervención ha participado en este debate la honorable señora Antonia Munar. La lengua común, y perdonen, entre un catalán y un mallorquín es el catalán. Y la lengua común de relación entre un catalán o una catalana y un valenciano es el catalán o el valenciano, que son la misma lengua. Por tanto, referirse estrictamente a lengua común como lengua única nos parece que básicamente es un planteamiento empobrecedor desde nuestra humilde perspectiva.
Ya sabemos cuál es la posición de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y nos dicen que España y Correos son expresiones que identifican al operador y se basan en una ley concreta. El tema no es éste; el tema básico es que en los sellos debe figurar el concepto España en las diversas lenguas de las naciones que hoy configuran el Estado español. Este es el debate de fondo. Les decía al

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principio que no es una concesión graciosa, no es decir: en determinados sellos de determinadas comunidades autónomas vamos a incorporar las lenguas de las diferentes naciones que configuran el Estado. Este no es el debate; el debate es sobre la realidad pluricultural, plurilingüística y plurinacional del propio Estado español. Esta es la pretensión del Parlament de Catalunya a la hora de hacer esta propuesta, intentar participar de una nueva cultura política, esa cultura política que considere como bueno, como positivo, como interesante, incluso como un valor añadido del Estado español su diversidad, su pluralidad interna, la misma que el Estado español exige y pide cuando participa de las instituciones europeas, pedimos exactamente lo mismo.
Yo represento a un partido, a una coalición nacionalista, Convergència i Unió, y a veces nos dicen: es que ustedes siempre pretenden ser diferentes. Pues no, pretendemos ser exactamente iguales al resto de naciones, iguales en derechos y en deberes, evidentemente, pero pretendemos ser exactamente iguales para construir este proyecto que tendría que ser el Estado español plural.
Estoy convencido de que algún día también en estas Cortes Generales del Estado se podrá utilizar el catalán, el vasco, el gallego, sin necesidad de transgredir ninguna norma. Estamos discutiendo, a través de esta modesta iniciativa relacionada con los sellos, sobre la propia viabilidad de un Estado español que sea plural y, sobre todo, que refleje la diversidad interna de todos las naciones que la componen, no vaya a ser el caso -y me refiero al Grupo Parlamentario Popular- de que acaben dando la razón al alcalde de Madrid que este fin de semana insinuó la posible extranjería de un equipo de fútbol.
Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rull En nombre del Parlamento de Cataluña, tiene la palabra el señor Carbonell.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Carbonell i Aymerich): Señora presidenta, señorías, nuevamente nos encontramos una delegación del Parlament de Catalunya ante el Congreso de los Diputados para presentar una nueva proposición de ley sobre el uso de las lenguas, sin sentirnos vencidos por las derrotas sufridas en los pasados Plenos, sin temor al desaliento que representa el uso de la mayoría absoluta del Grupo Popular que ha frenado nuestras iniciativas, algunas de ellas unánimemente votadas por todos los diputados del Parlament, esperando hoy que esta iniciativa no se encuentre con la sinrazón del grupo de la mayoría conservadora, esperando que este grupo sea coherente, que su palabra -escuchen bien, señorías- valga lo mismo en Cataluña que en Madrid, que no sea un barullo. Esto es lo que le pido al Grupo Popular, que sea un partido coherente y que su palabra tenga el mismo valor en Cataluña que en Madrid.
Mi compañero Rull y la diputada señora Munar han hablado suficientemente de esta iniciativa parlamentaria. Es triste que, después de 150 años de la emisión del primer sello moderno, hoy llegue esta iniciativa parlamentaria a la sede del Congreso de los Diputados, pero esta es la realidad. Hoy llega amparada por todas partes sobre su constitucionalidad, sobre cómo en otros países es una práctica habitual. Lo ha dicho la señora Munar. Pensemos en Suiza que se emiten en francés, alemán e Italiano; en Finlandia, en sueco y en finlandés; o en Bélgica, en neerlandés, francés y alemán. Es una práctica habitual.
Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa representa un paso más, pequeño pero simbólico, en el reconocimiento de la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España. Ya sé que anteriores iniciativas han encontrado la oposición del Grupo Parlamentario Popular, una oposición que, a nuestro entender, es injustificable y muy poco coherente con el desarrollo constitucional.
Efectivamente, el artículo 3 protege las lenguas oficiales de Cataluña, Galicia y Euskadi, y mi pregunta es muy sencilla: ¿qué está haciendo el Gobierno de España para el fomento y protección de estas lenguas? Si nos encontramos nuevamente con la oposición del Grupo Popular y la desautorización de los diputados populares en Cataluña, nos deberemos formular la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón de la posición cerrada, centralizadora y monolítica del grupo del señor Aznar? ¿Es acaso la intención de volver a la España del pasado, a la España de blanco y negro? ¿Es esta la posición del señor Aznar y de su grupo conservador? ¿Cuál es la razón que explica esta posición del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados? Como ya he explicado, esta proposición es plenamente constitucional; por otra parte, es una proposición y, fíjense bien, señorías, votada por todos los diputados y suscrita por todos los grupos parlamentarios. Es una propuesta catalana que representa al pueblo de Cataluña, que representa al pueblo de las Illes y al pueblo de Navarra, tres parlamentos que hoy vienen a defender el mismo proyecto. Pues bien, si hoy este Parlamento volviera a desautorizar esta proposición por la sinrazón y por la impunidad de la mayoría absoluta del Partido Popular, se habría producido una herida más en algo que es muy importante en un país como el nuestro, que es la lealtad y la confianza constitucional, indispensable para vertebrar desde la pluralidad un país como el nuestro. Porque, euro, sellos, DNI, son importantes, pero lo más importante es la lealtad y confianza constitucional entre los pueblos, los parlamentos que forman España. Esto es lo que el Congreso, por la sinrazón de la mayoría conservadora, está poniendo en tela de juicio.
Señora presidenta, antes de acabar quisiera que constara en la sesión de hoy el agradecimiento de nuestro grupo y del Parlament de Cataluña a la Asociación para

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el Multilingüismo, que ha sido la que ha promovido estas iniciativas que nos parecen sumamente importantes.
Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carbonell.
Proposición no de ley del Parlamento de Navarra, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales.
Para la defensa de la iniciativa, en nombre del Parlamento de Navarra, tiene la palabra el señor Alli.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Alli Aranguren): Señora presidenta, señorías, me cabe el honor de comparecer ante este Congreso de los Diputados que representa la soberanía del pueblo español para defender esta proposición sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales, y lo hago en nombre de todo el Parlamento de Navarra, porque esta proposición de ley fue aprobada por unanimidad, con los votos de todos los grupos parlamentarios, desde el grupo mayoritario Unión del Pueblo Navarro, que es la versión foral o el socio del Partido Popular, al Partido Socialista, Grupo Izquierda Unida, Grupo Eusko Alkartasuna, Partido Nacionalista Vasco y Grupo de Convergencia de Demócratas de Navarra. Asimismo, tengo el honor de ser en este momento el portavoz de mis dos compañeras, señoras Arboniés e Izquierdo, de los grupos Socialista e Izquierda Unida, que me han encomendado esta defensa ante el Congreso de los Diputados. Por tanto, es la voluntad absoluta en este caso del pueblo navarro, a través de su Parlamento, la que pide que las lenguas de las nacionalidades históricas y los hechos de identidad que representan las distintas lenguas tengan el tratamiento dentro del Estado que se merecen como parte integrante de la cultura de todo el conjunto de pueblos que forman esa comunidad política que es España y el Estado español.
Es evidente que la Constitución de 1978 supuso el establecimiento de un nuevo paradigma en materia de reconocimiento de los hechos diferenciales, de distinta naturaleza y carácter, desde hechos institucionales, derecho civil, policía, hechos de autogobierno o sistema fiscal, constitucionalizándolos bien de modo directo en la propia Carta Magna o a través del bloque de la constitucionalidad que representa la incorporación a los distintos estatutos de autonomía.
Es no menos evidente que esto parte de la declaración que realiza el preámbulo de la Constitución reconociendo y protegiendo la personalidad de los pueblos de España, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Pues bien, la entidad histórica de los diversos pueblos y hechos nacionales que integran España, la existencia de instituciones históricas de autogobierno que iban permaneciendo a través de los sucesivos cambios de los sistemas políticos y la existencia de cuerpos de derecho civil diferenciado, de lenguas y de culturas ha venido siendo exponente de la identidad plural y diferenciada en lo institucional, en lo cultural y en lo lingüístico que ha venido caracterizando a los diversos pueblos y hechos nacionales que integran este mosaico que constituye España. La lengua y la cultura son claros referentes de identidad. La lengua y la cultura han sido objeto de auténticos procesos de persecución a todo lo largo de la historia por entender que la construcción del Estado nacional exigía una uniformidad en los hechos políticos, en los hechos administrativos, en los sistemas de Gobierno, en la cultura y en las lenguas.
Muchos liberales en esta misma Cámara declararon que la base de la construcción del modelo liberal era la unidad y que esa unidad debía llegar no sólo a los códigos sino también a las instituciones, al modelo de organización local, al modelo de organización provincial, a la realidad educativa y a la realidad lingüística. Así, con distintos comportamientos, generalmente muy contrarios a los hechos diferenciales, se buscó una uniformidad cultural que sucesivos procesos de homogeneización, incluso de persecución, no han logrado hacer desaparecer de la realidad de las vivencias identitarias de los distintos pueblos y culturas que forman la realidad española. Es, por tanto, evidente que hoy el constituyente, el cuerpo que es a su vez el marco de referencia del modelo de Estado, que es el bloque de la constitucionalidad, ha supuesto la superación de anteriores ideas reduccionistas de España basadas bien en el uniformismo centralista cultural y lingüístico del liberalismo, bien en la unidad de destino en lo universal, con la lengua del imperio del fascismo nacionalsindicalista o del nacional-catolicismo y su hecho de unidad religiosa impuesta, la uniformidad cultural de la lengua del imperio, bien en otras muchas formas que ha revestido a lo largo de más de cien años este proceso de atentar contra una de las señas de identidad de los pueblos culturalmente diferentes que forman el Estado español.
Hoy, la Constitución ha supuesto superar toda esa idea uniformista; ha supuesto reconocer las realidades pluriculturales, plurilingüísticas y pluriidentitarias que existen dentro del Estado español. Hoy, el Estado se construye en una nueva identidad basada en la existencia de una democracia que percibe los signos identitarios no como absolutos que hay que mantener sino como ejercicio de la libertad democrática, de la libertad ideológica y del pluralismo, que en lo cultural y en lo lingüístico, lo mismo que en lo político, en lo social y en lo religioso, es una de las señas de identidad del modelo de Estado y es una manifestación de los principios y, sobre todo, de los derechos y libertades fundamentales de la persona. Por tanto, esta nueva identidad no se basa en un concepto uniforme ni de la cultura ni de la lengua; se basa en los valores universales y abstractos que proclama la Constitución; se basa en la realidad del reconocimiento de nacionalidades y regiones,

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de hechos culturales y de hechos lingüísticos diferentes. Hoy podemos decir que España está configurada o lleva camino -a veces muy lento- de configurarse como un Estado policéntrico y descentralizado por el reconocimiento de autonomías políticas, un Estado pluricultural, un Estado que forma una comunidad orgánica de nacionalidades y regiones dotadas de autogobierno, un Estado que en lo cultural es confederal porque respeta y debe respetar y asumir con todas sus consecuencias como propia, sin ninguna idea uniformadora, la realidad pluricultural y plurilingüística de nuestro país.
Hoy, estos hechos diferenciales que en la época predemocrática eran reivindicación están finalmente constitucionalizados y son conceptos jurídicos institucionales amparados por la Constitución, por los estatutos y por las leyes de las distintas comunidades, que han atribuido carácter oficial a las lenguas que les son propias. Esta pluralidad cultural y lingüística de las nacionalidades y regiones es, como dice la Constitución, una riqueza; una riqueza que es patrimonio cultural y deberá ser objeto de especial respeto y protección, conforme a su artículo 3, y es una riqueza cultural de todo el país, exponente de la diversidad y, por tanto, reflejo de cómo la diversidad política, histórica, cultural y lingüística no es nunca óbice para la idea de proyecto común de Estado o de comunidad política. Por el contrario, quienes se empeñan en excluir de la realidad plural estos hechos diferenciadores no están trabajando a favor de una integración en una comunidad superior de los hechos nacionales, sino que son los mejores aliados de los disgregadores. Es evidente, y esto se dijo aquí hace muchos años, que no hay excluyentes si no hay excluidores; que no hay quienes se rebelan frente al uniformismo si no hay quienes pretenden establecerlo, lo mismo del pensamiento político único que de la lengua o de la cultura únicas.
Las lenguas, señorías, no sólo merecen el respeto y protección a que alude el artículo 3 de la Constitución. Se olvida muy a menudo que el artículo 9 tiene un mandato positivo a todos los poderes públicos: promover las condiciones para que la libertad -las lenguas son exponente de libertad- y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social. Pues bien, resulta evidente que una forma de cumplir este mandato es reconociendo como una riqueza colectiva esta pluralidad lingüística que nos caracteriza y haciendo gala y exponiéndolo en todas las facetas de la vida pública, porque de esta forma podremos seguir diciendo que el país tiene una lengua oficial, un vínculo común que es reconocido como tal en todos los estatutos de autonomía, pero también el país está reconociendo otras realidades lingüísticas, que son comunes porque son vivas de una parte de esa realidad de esta comunidad política, de esta comunidad social que forman los distintos pueblos de España. La Comunidad Foral de Navarra es exponente también de esta realidad. La Comunidad Foral de Navarra es plurilingüe; así lo tiene reconocido en la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra cuando en su artículo 9 declara que el castellano es la lengua oficial, pero que el vascuence, euskera, también es lengua oficial en aquellas partes que serán definidas por la ley foral -la Ley 18/1986-. ¿Qué ha pretendido el Parlamento de Navarra con la aprobación unánime, incluido el grupo que está aquí integrado en la mayoría? Ha pretendido hacer realidad esta constatación que la Constitución hace, que hace el amejoramiento y que hacen todos aquellos estatutos de autonomía de las comunidades en las cuales hay plurilingüismo, y es constatar ante la asamblea que representa el Congreso de los Diputados que, como dice la proposición de ley, estamos ante la necesidad de hacer un reconocimiento y una protección de la realidad plurilingüe del Estado español, manifestada a través de la emisión de sellos y otros efectos postales, práctica que es común y está plenamente admitida en toda la realidad pluricultural europea.
Pretende asimismo, como dispone el artículo 2, que la publicidad institucional haga mención explícita de la presencia de las lenguas oficiales distintas del castellano como reflejo de la realidad plurilingüe del Estado español. Pretende, finalmente, en su artículo 3, la incorporación efectiva de las lenguas diferentes del castellano en los sellos y en todos los otros efectos postales españoles en un determinado plazo.
No es, señorías, la primera vez que en esta Cámara se defiende una iniciativa de estas características. Quiero recordar que en sesiones del 9 de marzo y 13 de abril de 1999 hubo ya un pronunciamiento favorable que puso de relieve la sensibilidad, al menos en la composición de aquel momento, sobre esta realidad pluricultural. Por eso desde el Parlamento de Navarra solicito la toma en consideración de esta iniciativa, que es coincidente, como han podido comprobar SS.
SS., en tres parlamentos de comunidades que tienen una clara identidad histórica, institucional, cultural y lingüística, tres parlamentos que forman parte de la soberanía, en este caso limitada y parcial de sus propias comunidades, pero tres parlamentos que forman parte de este proyecto común, que es común en todo pero también en el respeto, la atención y la consideración como propios de los hechos culturales y lingüísticos. Por eso, en nombre, señorías, del Parlamento de Navarra, solicito que se tome en consideración la iniciativa que conjuntamente acabamos de defender los representantes de los parlamentos de la Comunidad de Baleares, de Cataluña y de Navarra.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alli. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

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En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, que por lo que deduzco compartirá el tiempo con el señor Rodríguez.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, desde hace unas cuantas semanas prácticamente en cada pleno del Congreso hemos debatido iniciativas que han venido del Parlamento catalán y en este caso debatimos una iniciativa que viene de tres parlamentos: el Parlamento catalán, el Parlamento de las Illes Balears y el Parlamento de Navarra. Quiero saludar muy afectuosamente a los diputados y diputadas que hoy han venido a defender estas propuestas y evidentemente anunciar, como no puede ser de otra manera, el voto favorable de Iniciativa per Catalunya-Verds a estas tres proposiciones de ley. También quiero aprovechar la ocasión para saludar, como ya se ha hecho aquí, a la Organització per el Multilingüisme, que ha efectuado una campaña importante en relación con el tema que hoy nos ocupa.
Creo que era el señor Carbonell el que venía a expresar la sorpresa o la -no encuentro la palabra- contradicción de que una cosa tan obvia que se está haciendo desde hace 150 hoy tengamos que debatirla aquí.
Creo que este es el tema de fondo. Aquí se han dado razones por las cuales estas iniciativas deberían seguir adelante. Se ha dicho ya que son 150 años de sellos y no llega a 40 el número de los que han sido emitidos en lenguas que no hayan sido exclusivamente el castellano, en catalán, en gallego o en euskera -en ninguna otra lengua-; eso significa el 0,8 por ciento. También se ha dicho aquí que esto contrasta con lo que en otros países se está haciendo. En otros países de Europa que son multilingües, por ejemplo, en Bélgica, se editan en tres lenguas, en Finlandia en dos, en Irlanda en dos y en Suiza en cuatro. La pregunta es por qué razón, una vez más, parece que el Partido Popular en esta Cámara va a rechazar una iniciativa que entronca con la realidad del Estado, que, por otro lado, significa un desarrollo del espíritu y la letra constitucional y que además viene hoy a propuesta de tres parlamentos autonómicos. Creo que en el fondo lo que se ha expresado en las votaciones de estas semanas pasadas, y parece que también se va a dar hoy, es una terrible y gran incomprensión del Partido Popular y de las mayorías parlamentarias; hoy es el Partido Popular, pero quiero recordar que en otras ocasiones ha habido otras mayorías, y no únicas mayorías sino mayorías plurales, que en 20 años de democracia no han dado ningún paso en esta dirección.
El problema de fondo es que históricamente el plurilingüismo del Estado español ha sido incomprendido, se ha considerado un problema y no ha aparecido como una riqueza. Yo decía el 6 de febrero, cuando debatíamos aquí una iniciativa parecida en relación con el tema del DNI y del pasaporte, que el Estado español ha evolucionado de forma muy importante en las transferencias de servicios, en la financiación autonómica, en las transferencias de competencias, pero que hoy, después de más de 20 años de Constitución española, el Estado español sigue teniendo dos grandes retos: hacer un reconocimiento efectivo y real de la plurinacionalidad y del plurilingüismo del Estado español.
La iniciativa que se trae aquí hoy es pequeñita pero positiva, constructiva y de un alto valor simbólico, por el que precisamente se rechaza. Se rechaza porque se sigue manteniendo y no se quiere reconocer una realidad que, independientemente de la votación de hoy, tarde o temprano se tendrá que reconocer. Estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano los sellos del Estado español serán multilingües. Estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano el DNI expresará la realidad plurilingüe del Estado español.
En ese sentido, es una pena y un error que la mayoría parlamentaria actual no se atreva a reconocer en este Parlamento la rica realidad del plurilingüismo en el Estado español y no se sitúe a la misma altura en la que están otros Estados europeos desde hace mucho tiempo. Se decía aquí que no había ninguna razón para decir que no.
No hay absolutamente ninguna razón; simplemente hay un miedo histórico que no deja hacer frente al reconocimiento de una realidad plurilingüe.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar efusivamente a la digna representación del Parlamento catalán, del Parlamento de las Illes Balears y del Parlamento de Navarra, que ha tenido a bien defender en este Congreso de los Diputados una iniciativa que de nuevo se tiene que enfrentar con la intolerancia; una intolerancia muy típica de los que no están dispuestos ni a reconocer simbólicamente la existencia del diferente, en este caso del diferente desde el punto de vista lingüístico. Habría que preguntarse qué pasa en un Estado donde incluso se es reacio y hostil a la admisión del pluralismo a un nivel simbólico. Pero no hay que desanimarse, como muy bien dijeron algunos de los representantes de estos parlamentos. La única salida democrática al final será la asunción por parte del Estado de su carácter plurilingüe y pluricultural.
En este caso se trata de una concreción simbólica de poco calado pero muy representativa, que significaría que el Estado español, en organismos e instituciones que a todos nos afectan, estaría dispuesto a marcarse con ese carácter plural que es propio de los Estados democráticos, concretamente en las actividades de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y también en la vehiculización de los efectos postales a través deCorreos y Telégrafos. Puede ser que hoy esta iniciativa

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fracase, señoras y señores diputados, pero tengamos la esperanza de que la única salida para el Estado español es que no solamente la representación simbólica sino los derechos ciudadanos y colectivos en materia lingüística se vean ampliamente amparados y protegidos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre de mi grupo, Coalición Canaria, mis primeras palabras son de cordialidad y bienvenida a los honorables señores y señoras miembros de los parlamentos autonómicos, doña María Antonia Munar, del Parlamento de las Illes Balears, señores Rull y Carbonell, del Parlamento de Cataluña, y don Juan Cruz Alli, del Parlamento de Navarra. En la misma identidad de principios basados en nuestra Constitución, de pluralidad no sólo lingüística sino cultural del Estado español va a ir nuestro voto de apoyo a estas tres iniciativas parlamentarias; en primer lugar, porque están dentro del marco de lo que se contiene en el título VIII de la Constitución española; en segundo lugar, porque es una manera de hacer Estado, trabando fundamentalmente voluntades de fuerzas políticas en parlamentos que, siendo autonómicos, son también constitucionales y democráticos dentro del Reino de España, y, en tercer lugar, porque se trata sencillamente, y recojo unas palabras del representante del Parlamento foral de Navarra, señor Alli, del enriquecimiento de un patrimonio común. Tenemos un enriquecimiento cultural colectivo, y esto es patrimonio común.
Cuando hemos ido reconociendo una serie de derechos lingüísticos en las distintas comunidades del Estado español, como País Vasco, Cataluña, Galicia, Illes Balears; cuando en los sellos que están en castellano el matasellos de origen contiene la toponimia de la central de Correos en lengua vernácula; cuando las matrículas de vehículos y una serie de efectos se atienen a la realidad de las cosas, pongámoslas también dentro de la normalidad a nivel legislativo. Verdaderamente, sería un contrasentido que dentro de año y pico todos los españoles tengamos en nuestro bolsillo una moneda común, el euro; que localidades y comunidades autónomas como la de Baleares, la costa catalana, la Costa del Sol en Andalucía o Canarias, que reciben verdaderas oleadas de turistas procedentes de la zona euro, tengan una moneda común expresada con distintos signos; que el euro impreso en Alemania tenga el mismo valor en Berlín que en las Illes Balears, en Barcelona, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia o que en el resto del Estado español; que la Unión Europea normalice una moneda, el euro, y que a la vuelta de la esquina pueda normalizar hasta los efectos postales de los sellos de correos; que Europa tenga una comunidad, cuando, precisamente, la Unión Postal Europea viene año tras año emitiendo un sello con la palabra Europa sin otra distinción que la moneda con que se paga ese sello, y que el año próximo cuando cada país emita el sello conmemorativo anual de Europa, ya no vendrá expresado con la palabra común Europa en la divisa o moneda de cada país, sino en euros; pues bien, si vamos hacia esa normalidad en todos los aspectos tengamos el principio de identidad con esa riqueza cultural, con ese compromiso de la pluralidad de las Españas, como se llamó muchas veces a los reinos que amparaban el mismo Estado en una misma Corona, puesto que hay un organismo oficial centralizado en la emisión de los efectos postales, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que viene curiosamente haciendo sellos en catalán para el Principado de Andorra, sitio donde circulan sellos con terminología francesa y catalana, que es como vienen expresados los símbolos faciales de los sellos de Andorra y que, curiosamente, no se imprimen en Andorra, sino que la parte española se hace en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sita en la Villa de Madrid. Pues bien, si estamos ante esta naturalidad, nuestro voto va a ir en la línea de ofrecimiento democrático, constitucional y solidario en lo positivo que esto entraña. Una toma en consideración es abrir el procedimiento parlamentario a la presentación de las enmiendas correspondientes que pueden acercar aquellos extremos que unifiquen el parecer de todas las fuerzas políticas. El voto de Coalición Canaria es favorable a las iniciativas de los tres parlamentos autonómicos, el de las Illes Balears, el de Cataluña y el de Navarra, para hacerlo efectivo en esa solidaridad nacional.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri.


GONZÁLEZ TXABARRI El señor DE MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los representantes de los parlamentos de las Illes Balears, de Cataluña y de Nafarroa, a quienes saludamos cordialmente, traen a este Congreso una misma iniciativa refrendada en cada una de dichas cámaras para que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emita todos sus productos postales en las cuatro lenguas oficiales del Estado, en consonancia con la realidad plurilingüe del país. Señorías, una vez más, son representantes de ciudadanos bilingües del Estado que siguen sin entender cómo es posible que los órganos adscritos a la Administración central del Estado sigan actuando en clave monolingüe sin tomar en consideración los derechos lingüísticos de los ciudadanos gallego, catalán y vascohablantes.


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El Grupo Parlamentario Vasco hace suyos los discursos de presentación expuestos en esta Cámara por la señora Munar, por los señores Rull, Carbonell y Alli, para la toma en consideración de esta iniciativa.
Como bien se recoge en la exposición de motivos de la propuesta suscrita en su literalidad por los tres parlamentos, esta misma Cámara aprobó el día 9 de marzo de 1999 una proposición de ley de contenido similar al formulado en el día de hoy, y dos años después, señorías, seguimos en las mismas. Hay un Parlamento y hay un partido político, el Gobierno del señor Aznar, que alza reiteradamente la voz escandalizado cuando las resoluciones de un Parlamento no se cumplen, y en nuestra opinión hacen bien en alzar la voz. Existen, señorías, seis proposiciones de ley y tres proposiciones no de ley aprobadas por una amplísima mayoría en esta Cámara durante la legislatura anterior que el Gobierno ha ignorado, ha incumplido y ha archivado antidemocráticamente; también ahora antidemocráticamente, esto no lo va a decir nadie, señorías; en este Estado debe haber distintos parlamentos y distintas varas de medir. Todas estas proposiciones de ley y no de ley aprobadas en esta Cámara e incumplidas antidemocráticamente por el Gobierno del señor Aznar hacen referencia a cuestiones relacionadas con la dimensión plurilingüe del Estado y a la obligación de los órganos administrativos del Estado de cumplir la Constitución española, los estatutos vigentes y las correspondientes leyes de normalización lingüística, pero de esto, señorías, nada de nada. El Estado sigue siendo consecuentemente monolingüe. El euskera, el gallego y el catalán, ni en los sellos, señora presidenta. Y a esto le llaman aceptar la pluralidad. El Gobierno incumple en lo que respecta a estas materias lo que esta Cámara ha ido aprobando, pero un silencio sobrecogedor se eleva a lo largo y a lo ancho de todo el país.
La propuesta que estos tres parlamentos presentan, señorías, hoy en esta Cámara es un nuevo aldabonazo. Menos teorías, señores de la mayoría, menos discursos vacuos y al grano. Este Estado es un Estado pluricultural y plurilingüe.¿No les llama la atención constatar que en 150 años el Estado español no haya emitido un solo sello en lengua distinta del castellano y que sólo haya emitido 38 -hay que ver en qué períodos- con una o más palabras en catalán, gallego o en euskera? No es ésta además la práctica lingüística europea. Hace un par de semanas pudimos oír que los pasaportes sólo podían ir en una lengua porque el ámbito europeo impedía otras posibilidades. Sólo lo pueden decir diputados que ni siquiera han constatado que los pasaportes van en ocho o nueve lenguas en ámbito europeo. Ni siquiera en países más centralizados en los que carecen de reconocimiento constitucional de su realidad plurilingüe se dan estas situaciones y, sin embargo, señorías, en España se opta por lo contrario, por grandes discursos retóricos, por una fuerte confrontación en los medios de comunicación con relación a las políticas lingüísticas y de mar de fondo, un Estado con todas sus instituciones, a la chita callando, desarrollando una política lingüística monolingüe, uniformadora y homogeneizadora, eso sí, en nombre de la pluralidad, eso debe quedar muy claro, en nombre de la pluralidad. Nos encontramos además, señorías, en el Año europeo de las lenguas. Desde las instituciones europeas se anima a aceptar y a fomentar la realidad plurilingüe que los ciudadanos europeos conocemos y desde el Grupo Parlamentario Vasco entenderíamos razonable que el Estado español hiciera un simple gesto en este Año europeo de las lenguas para que, por lo menos, la Fábrica de Moneda y Timbre emitiera alguno de los 50 sellos que anualmente emite, en euskera, catalán o gallego.
Como vascoparlante, señora presidenta, quisiera agradecer esta iniciativa a los parlamentos balear, navarro y catalán.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en primer lugar desde el Grupo Federal de Izquierda Unida quiero saludar, como no podía ser menos, a los representantes de los parlamentos de Baleares, de Cataluña y de Navarra, y darles las gracias. En repetidas ocasiones he tenido que manifestar nuestra posición sobre similares iniciativas y he dicho que sería muy conveniente que los dos primeros puntos que vinieran aquí, a un Pleno, fueran iniciativas provenientes de distintos parlamentos del Estado español. Yo pediría que vinieran, pero la culpa no es de los que las traen, evidentemente, sino de quienes no las traen.
Muy bien, señorías. Yo creo que todas y todos hemos oído aquí intervenciones, bien desde la tribuna o desde el escaño, sobre cuestiones como las matrículas de los coches, las monedas, los billetes, los carnés de identidad, los presupuestos. Venían iniciativas generalmente de distintos parlamentos en donde hay una composición política y social determinada que había permitido que estas iniciativas llegaran hasta aquí y he aquí el caso de que en el Pleno siempre se han encontrado un no, un no, un no y un no.
Señorías, humildemente y con un pequeño toque de ironía, me pueden permitir que recuerde aquella anécdota del que va por primera vez a París, se baja del tren y ve que hay un ciego tocando el violín; avanza un poco y a la salida de la boca del metro vuelve a encontrar a un ciego tocando el violín, y cuando llega al hotel le ameniza la cena otro ciego tocando el violín, con lo que se puede llegar a la falsa impresión de que tocar el violín produce ceguera. Utilizando esos mismos elementos, se observa cómo determinadas iniciativas, con unas determinadas composiciones de parlamentos que

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además del castellano utilizan otra lengua, traen estas propuestas a las que, sin embargo, cuando llegan aquí, con una mayoría del Partido Popular, en la que indiscutiblemente se utiliza el castellano, se les da el no. Alguien podría llegar a la conclusión de que el uso del castellano da mayoría del Partido Popular. Pero es evidente que de la misma manera que no es cierto que tocar el violín produzca ceguera, tampoco lo es, está claro, que el castellano -¡bendito castellano!- produzca mayorías del Partido Popular. Creo que con observar a Galicia o a Andalucía, en sentido totalmente distinto, o Extremadura u otras regiones, podría quedar claro que eso no es así. Pues bien, señorías, si eso no es así, si el castellano no se abraza a ustedes, señoras y señores del Partido Popular, ¿por qué ustedes se abrazan tanto al castellano? Yo les pediría un favor, un humilde favor, porque de tanto abrazarse al castellano, de tanto rebuscar argumentos, al final van ustedes a convertir al castellano en una nueva versión simbólica del español inmortal o en una versión simbólica de la lengua del imperio. Y como ustedes comprenderán, para mí, la lengua que usaron Góngora o Machado, Pere Abad o García Lorca no se merece eso.
Señorías, el debate de hoy, como el debate de estos días, es un problema de mera sensibilidad autonómica, de simple comprensión integral del Estado español. No se puede comprender el Estado español de una manera tan alicorta. Estamos ante un Estado complejo, que tiene la tremenda suerte de disponer de una cultura de idiomas comunes y de varias culturas y lenguas propias de ciertas regiones y nacionalidades, señorías, que también forman parte, o al menos deben formarla, del patrimonio cultural propio de todos los españoles.
Cada uno es muy libre de mantener las posiciones que considere oportunas a este respecto. Es evidente que la libertad de expresión les avala en éste como en otros campos, pero también es claro, señorías, que la Constitución española describe España como un Estado complejo, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Bien es cierto que esta definición no la hace con la claridad y la rotundidad que a nosotros nos gustaría, y ahí están el artículo 2 de nuestra Carta Magna y los numerosos estatutos de autonomía para proscribir cualquier tipo de lectura centralista, monocultural o monolingüística de nuestro actual ordenamiento constitucional. Sea como fuere, esta fuerza política -fuerza política federalista- tiene clara cuál es su forma de entender la lengua y los símbolos culturales en España. Para nosotros tan español es el castellano como el catalán, el euskera o el gallego; para nosotros tan español es un sello en castellano como un sello en catalán, en euskera o en gallego. Por tanto, entendemos que es razonable y perfectamente normal que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emita efectos postales en castellano, catalán, euskera, gallego o en cuantas otras lenguas sean sugeridas por las comunidades autónomas españolas.De hecho, lo auténticamente anormal es que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no haya tomado buena nota del contenido de la Constitución de 1978 y que 20 años después del advenimiento de la democracia todavía debamos reclamarle que produzca sellos y efectos postales en el resto de las lenguas españolas. Sin embargo, en los primeros ciento y pico años de vida de la citada fábrica es hasta cierto punto normal -lo de normal entre comillas- que sólo apareciese el castellano en los sellos españoles, dado que el ordenamiento constitucional prescribía las expresiones culturales y lingüísticas españolas, no castellanas. Sin embargo, la Constitución de 1978, señorías, debe significar una normalización cultural y lingüística también en el campo postal que, aunque ciertamente no sea un tema central, sí es un asunto de cierta relevancia simbólica y, como todos ustedes saben, los símbolos tienen su importancia en todos los regímenes políticos. Si España tuvo que soportar 40 años de simbología franquista excluyente, es normal y recomendable que, en democracia y en materia postal, España sea un país plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Debemos aceptar con normalidad y sosiego los símbolos propios de una democracia multinacional, multicultural y multilingüística como la española, pues el símbolo, también en democracia, ayuda a consolidar instituciones, valores y principios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de la toma en consideración de las tres proposiciones de ley presentadas por las comunidades autónomas balear, catalana y navarra, no sin antes agradecer -y concluyo como empecé- a estas tres comunidades autónomas el sereno uso que han hecho de la facultad que les otorga el artículo 87.2 de nuestra Constitución.
Nada más y gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero anunciar, como no podía ser de otra manera, nuestro voto favorable a la toma en consideración de las tres proposiciones de ley de los parlamentos de las Illes Balears, de Nafarroa y de Catalunya, así como saludar y felicitar muy especialmente a la diputada y diputados de los tres parlamentos autonómicos que hoy han venido a defender en el hemiciclo estas tres proposiciones de ley.
Estamos ante tres iniciativas de tres parlamentos del Estado, cuyos contenidos, tanto por lo que respecta a sus respectivas exposiciones de motivos como por lo que respecta a sus textos dispositivos, responden, desde nuestro punto de vista, a la expresión de un Estado plural,

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como ya se ha dicho repetidamente en esta Cámara esta tarde. Lo hacen con unos planteamientos y razonamientos que a este diputado personalmente, y también al resto de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos parece impensable que no puedan conseguir el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento. Sin embargo, lo que realmente sorprende a este diputado -quizá porque ésta sea su primera legislatura- es que, después de seis legislaturas y de lo que llevamos de la séptima, se dé la circunstancia de que tres parlamentos autonómicos que ostentan -no lo olvidemos- la representación de quizás más de siete millones de personas, ciudadanos de este Estado español, tengan que tramitar, aprobar y presentar ante esta Cámara tres proposiciones de ley que persiguen la simple plasmación de lo que en teoría reconoce la Constitución española. Me refiero, como todas SS.SS. conocen, a lo que se deriva del artículo 3 de la Carta Magna en cuanto a la diversidad lingüística, que el Estado debe proteger, amparar y respetar. Esta realidad, la que aflora del Estado español, plural desde muchos puntos de vista, es algo que no deberíamos ir recordando, reclamando y reivindicando con la frecuencia con que lo hacemos estas últimas semanas y estos últimos meses. Sinceramente creo que debería ser una responsabilidad plenamente asumida y compartida por todos los poderes públicos del Estado español, incluido por supuesto, el Gobierno del Estado.
Señorías, anteayer fueron las matrículas de los vehículos con distintivo autonómico; ayer fueron las monedas y los billetes de euro plurilingües, así como los documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir también plurilingües; hoy son los sellos plurales; mañana quizás sean determinados registros públicos, hoy monolingües, o documentos oficiales como el que nos acredita a todos los diputados y senadores. Toda la incomprensión que llevamos acumulada es sinceramente decepcionante y motivo de una progresiva incredulidad de mucha gente con relación a la capacidad real, verdadera, del Estado y de su Gobierno de defender y promover los hechos diferenciales que conviven en su seno.
La verdad es que, con la literalidad de los textos de las tres proposiciones de ley y con los argumentos utilizados por las defensas de los diputados de los parlamentos balear, catalán y navarro, bastaría para justificar un voto positivo a la toma en consideración de las mismas y, por tanto, para dar por finalizada esta intervención, bajar del estrado, esperar la votación y celebrar, en su caso, una votación favorable y unánime. Por estas simples razones, no acabamos de comprender, ni por supuesto de compartir, que hoy se nos anuncie el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular a estas tres proposiciones de ley, supongo que sobre la base de criterios técnicos que seguramente luego nos expondrá el portavoz del grupo mayoritario. Realmente este diputado no alcanza a descifrar cuáles van a ser estas razones técnicas, pero vamos a oírlo dentro de unos pocos minutos. La previsible presentación en próximas fechas, como se nos anuncia, de una proposición no ley por el grupo mayoritario en esta Cámara, no va a minimizar, según mi humilde opinión, el calado político del sentido de su voto en esta sesión. Hoy, de nuevo, seguramente perderemos una oportunidad para el consenso y para la normalización del Estado autonómico en la vertiente de su simbología plural.
Por todo ello, este diputado, que no se resigna a perder la esperanza en el éxito de la razón y de la igualdad de derechos entre los diferentes idiomas oficiales del Estado, sea cual sea la cifra de hablantes de cada una de ellas, quiere plantear a SS. SS. seis breves preguntas que pueden representar el compendio de lo que mucha gente opina en estos momentos con relación al momento actual de la evolución del Estado autonómico.
En primer lugar, ¿por qué el Estado español y su Gobierno, incluso desde la óptica del necesario cumplimiento de los mandatos constitucionales, no puede ponerse al mismo nivel que otros países de la Unión Europea -como ya han referido otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- como, por ejemplo, Bélgica, Suiza, Finlandia, Dinamarca y Noruega, en lo que se refiere a la emisión de sellos y efectos postales plurilingües? ¿Acaso los problemas técnicos no afectan a esos países? En segundo lugar, ¿por qué hemos tenido que esperar más de 22 años desde la aprobación de la Constitución española para tener una oportunidad como la de hoy para dar un pequeñísimo paso adelante en la dirección de la plasmación efectiva del Estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural? En tercer lugar, ¿qué valor le vamos a dar hoy a lo aprobado por tres parlamentos autonómicos del Estado desde la lealtad constitucional y la apuesta por una simple proyección administrativa, al menos a efectos postales, de la realidad plurilingüe del Estado? En cuarto lugar, ¿cómo se podría justificar hoy un voto negativo a estas tres proposiciones de ley, especialmente por parte -y me sabe mal decirlo- de aquellas diputadas y diputados navarros, baleares y catalanes presentes hoy aquí? Les compadezco sinceramente y les aprecio, pero, ¿cómo van a justificar su postura, cómo van a encontrarse cuando vuelvan a sus respectivas comunidades autónomas, más aún si sus respectivos partidos votaron afirmativamente en los parlamentos autonómicos? ¿Quizá alegando motivos técnicos? Realmente, creo que no sería de recibo.
En quinto lugar, ¿cómo va a poder justificarse un voto negativo a estas tres proposiciones de ley si en la historia reciente de las emisiones postales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya hay antecedentes de sellos bilingües, no en su totalidad, pero sí utilizando algunas palabras en alguna de las lenguas oficiales del Estado, por ejemplo, en castellano y en gallego, en castellano y en catalán y en castellano y en vasco, con motivo de tres emisiones completas de sellos que conmemoraban

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la aprobación de los respectivos estatutos de autonomía, en los años 1979, 1980 y 1981, o algún sello incluso cuatrilingüe, en castellano, francés, inglés y ruso, con motivo de la emisión de un sello conmemorativo de un aniversario de las Naciones Unidas? En sexto y último lugar, ¿no será que en la construcción del Estado de las autonomías, con sus luces y sus sombras, subyace un extraño síndrome que hace a los gobiernos del Estado -al actual y también a los de antes- capaces de lo mejor, pero también de lo peor, como ilustra un curioso efecto postal emitido con motivo de la aprobación de la Constitución española en el año 1978, en el que se superponía la leyenda: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho -que, como todas SS.SS. saben, es un fragmento del artículo 1 de la Constitución española- a la imagen de una bandera española con iconografía preconstitucional?

Mi compañero Ignasi Guardans, en su intervención el pasado 6 de febrero en esta Cámara, con motivo de la tramitación de dos proposiciones de ley del Parlamento de Catalunya, de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los pasaportes, documentos de identidad y carnés de conducir, decía que se percibía un cierto sentimiento de vergüenza hacia el propio patrimonio lingüístico español. Son palabras textuales de un compañero de mi grupo parlamentario; dentro de pocos minutos tendremos una nueva ocasión para confirmarlo o desmentirlo.
Para terminar, no voy a apelar a los distintos grupos parlamentarios a que demuestren su lealtad constitucional dando su voto favorable a la toma en consideración de las tres proposiciones de ley. Me voy a limitar a reiterar el voto favorable de mi grupo parlamentario a su toma en consideración, así como a advertir que determinados mensajes, afirmaciones o etiquetas de giros presuntamente proautonomistas de determinadas fuerzas políticas -en algún caso, por cierto, ya muy desacreditados- podrían ser hoy enterrados definitivamente no por palabras sino por hechos y actitudes políticas a todas luces injustificables, según nuestro criterio político, e insensibles a la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida a esta Cámara a los comisionados de los parlamentos de Catalunya, Illes Balears y Nafarroa que hoy nos acompañan para la defensa de estas tres proposiciones de ley, que en suma comparten un objeto esencial, el de acatar la Constitución, algo tan evidente como que en esta Cámara debemos acatar los mandatos constitucionales y, con tal fin, profundizar en el desarrollo de su artículo 3, para ejercer el reconocimiento del carácter pluricultural y plurilingüe del Estado español, esta vez en la emisión de sellos de correos y otros efectos postales.
Esta iniciativa no debería suscitar hoy problema alguno a ninguno de los grupos presentes en esta Cámara para votar a favor de su toma en consideración, como ya les anuncio que hará mi grupo con entusiasmo.
Como imaginarán, y ya se ha comentado, estamos ante algo muy sencillo y que además no es novedoso en esta Cámara. Sencillo, porque se trata simplemente de establecer la obligación legal de que los sellos y otros efectos postales emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se realicen en las cuatro lenguas oficiales, no para que todos y cada uno de los sellos y efectos postales emitidos incorporen las cuatro lenguas, sino para que haya emisiones de sellos en todas las lenguas estatales, y por tanto que existan en la lengua castellana, catalana, gallega y euskera. Pero además de no ser difícil hacer realidad estas proposiciones de ley, les comentaba incluso que tampoco era nuevo. En primer lugar, estas iniciativas, como ya se ha comentado, forman parte de un conjunto de proposiciones de ley que se trasladan a través de los legítimos representantes de los territorios autonómicos a esta Cámara con una petición, la petición de que mostremos nuestra voluntad política de incorporar en los símbolos estatales las lenguas del Estado diferentes del castellano. Así por aquí pasaron la acuñación de moneda europlurilingüe, los pasaportes y los documentos nacionales de identidad o el carné de conducir en todas las lenguas estatales, todas ellas, señorías, con una voluntad común, la de unir dos elementos esenciales de la vida cotidiana, la lengua y los símbolos, en consonancia con lo que reconoce nuestra Constitución respecto a la cooficialidad de lenguas y a la obligación no sólo de reconocimiento y respeto, sino también de protección de las lenguas minoritarias en relación con el castellano, o con que la riqueza cultural y lingüística de nuestro Estado sea patrimonio común y se refleje en sus elementos más cotidianos, como es en este caso el sello de correos, que por cierto, el 1 de enero de 2000 celebró su 150 aniversario con la emisión del primer sello postal moderno español; señorías, 150 años. (Rumores.) Pues miren, en 150 años el Estado español no ha emitido ningún sello redactado íntegramente en una lengua española diferente del castellano, y sólo se han emiti-do 43 sellos hasta el día de hoy con una o más palabras en catalán, gallego o euskera -no llega por tanto ni al 1 por ciento del total, y son datos de Correos y Telégrafos de esta mañana-, situación que contrasta con la de otros muchos Estados de Europa y del mundo, que emiten regularmente sellos y efectos postales de toda clase en las diversas lenguas de sus ciudadanos y sus ciudadanas. (Rumores.) Es el caso en Europa de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suiza.
(Rumores.) Estos precedentes internacionaleshacen aún más que razonables estas propuestas

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que hoy vienen supralegitimadas. (Rumores.) Son tres los parlamentos autonómicos que nos solicitan que escuchemos a las minorías que los conforman y dado que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite unos 50 sellos anuales, sería... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Chacón, por favor. (Pausa.) Adelante, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Les decía que dado que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite unos 50 sellos anuales, podría hacerse posible desde hoy de forma serena, adecuada y continua en el tiempo, esta realidad que queremos.
Otro lugar común en el objetivo de estas proposiciones que llegaron a esta Cámara es ser ante nosotros mismos y presentarnos ante el mundo como lo que somos, un país rico en identidades, culturas y lenguas, una España, señorías, tan sencilla como diversa y plural. Mas allá de todas estas iniciativas que provienen de parlamentos autonómicos existe aún un antecedente más notorio por próximo en esta Cámara sobre la cuestión que hoy debatimos. Es una proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados en mayo de 1999 que quedó aprobada por unanimidad con una enmienda del Grupo Popular, enmienda que también se incluye en estas proposiciones de ley por cuanto se trata de una obligación legal derivada de la normativa internacional que figure la palabra España en todos los sellos con el fin de que oficialmente se sepa qué país es el que ha emitido el sello.
Pues bien, señorías, que hoy la ciudadanía catalana, balear y navarra nos pida a los legisladores competentes, los que hoy estamos aquí, una vez más, que recorramos un nuevo trecho en el largo camino del pleno reconocimiento de la pluralidad lingüística en España, ese objetivo común que llevan tiempo trasladándonos a esta Cámara, parece ser, señorías, que volverá a hallar en esta Cámara un escollo común: la negativa del Partido Popular a aceptar el dibujo territorial del Estado de las autonomías. De nada sirve que en mayo de 1999 el Grupo Popular votara a favor, señorías, exactamente de lo mismo, pero en una proposición de ley en la Comisión de Cultura. Eso imagino que es lo que aducirá hoy en esta Cámara el Grupo Popular para votar en contra, que ya se votó. Pues bien, que sepan que poco les avalan los números y poco les avala la historia con este argumento. Los números porque hemos avanzado en sólo cinco sellos en lengua distinta del castellano desde que esta proposición no de ley se aprobó -por cierto, imagino que será casualidad, pero cero sellos desde que tienen mayoría absoluta, y son datos de Correos y Telégrafos- y porque, además, votamos unánimemente en esta Cámara en una proposición no de ley, por ejemplo, que nuestra moneda europea sería plurilingüe y ya ven ustedes como está el patio. Por tanto, la regulación legal es necesaria. Tal vez la razón más clara de que en 1997 y en 1999 el Partido Popular votara que sí y hoy no lo haga sea simplemente que eran otros tiempos, aquellos en los que el Grupo Popular, señorías, no tenía mayoría absoluta.
De nada va a servir el aval de tres parlamentos y que la iniciativa venga aprobada por amplias mayorías e incluso por unanimidades, como es el caso del Parlamento catalán. Permitidme, pues, que me recree en las intervenciones que allí se escucharon puesto que al Grupo Popular en esta Cámara le ha dado últimamente por rechazar estas iniciativas, como también se ha comentado aquí, aduciendo problemas de tipo técnico, otra de las posibilidades que tenemos hoy de escucharles como razón para votar negativamente.
La señora portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán intervino en junio de 2000, es decir, no sólo habiendo sido ya aprobada esa proposición no de ley de 1999, sino cuando ya tenía el Partido Popular mayoría absoluta en esta Cámara. Nos dice la señora Nadal que lo que se tiene que producir, en definitiva, es lo que todos queremos: el reconocimiento, el desarrollo de lo que es nuestra realidad plurilingüe y pluricultural. Además nos dice que las dificultades técnicas que se puedan llegar a plantear seguro que serán bien resueltas en el Congreso de los Diputados, porque, como nos decían también desde la asociación por el multilingüismo, incluso en aquellos países en que se utilizan no sólo dos lenguas diferentes sino alfabetos diferentes, esta cuestión se ha resuelto. Finalmente nos decía la señora portavoz del Grupo Popular en el Parlamento catalán: Por tanto, sólo queda felicitarnos por la unanimidad con que se aprueba, con que se aprobará esta proposición de resolución esta tarde en el Parlamento de Cataluña, que con toda seguridad nos permitirá avanzar en el respeto y en la protección de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.Nadie había avisado a la señora portavoz del Grupo Popular de lo que se iba a encontrar hoy de su propio grupo en esta Cámara.
Finalmente, he de denunciar de nuevo en esta tribuna, como llevo ya haciendo en ocasiones con otras iniciativas de este tipo, que no se puede defender la Constitución cada día en los medios de comunicación y negarla a la hora de la verdad en esta Cámara, que la prueba del nueve de las democracias avanzadas no es ya la aplicación de las decisiones de las mayorías sino el respeto por la voluntad de las minorías y que no la estamos pasando con estas decisiones en esta Cámara, o que nos hace muy poco creíbles como clase política que le digamos una cosa a los ciudadanos de un territorio en el Parlamento catalán, porque es lo que quieren escuchar, y cuando esas iniciativas vienen a esta Cámara donde dije digo, digo Diego, y ahora votarán exactamente la misma proposición de ley pero en sentido contrario.


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Le decía que mi grupo parlamentario -ya para terminar- votaría favorablemente a la toma en consideración de estas tres proposiciones de ley y que lo haría con entusiasmo. Eso sí, tras el entusiasmo, permítanme también que les traslade mi hastío por lo que ya podemos empezar a llamar política eólica del Grupo Popular, de quien al final tiene la llave de las decisiones en esta Cámara. Digo política eólica porque están instaurando lo de hacer una cosa u otra en función de por dónde venga el viento, y con mayoría relativa votamos una cosa, con mayoría absoluta votamos otra, en el Parlamento catalán votamos una cosa y en el Congreso de los Diputados votamos otra. Ya pueden insistir en vender día sí día también que son ustedes los grandes defensores de la Constitución española. Sólo he de decirles que les venga el viento de donde les venga, cuando ustedes siguen negando en esta Cámara a las minorías autonómicas su voluntad de sentirse más y mejor representadas en el Estado español, ese viento al que siguen les levanta, señores del Grupo Popular, la careta y nos enteramos todos de la verdad: que a ustedes esta Constitución de 1978 sigue sin gustarles, que este Estado de las autonomías les molesta. Pero no importa, aun sin matrículas autonómicas, aun sin euros plurilingües, aun sin documentos oficiales en diversas lenguas, aun sin sellos en catalán, gallero o euskera, aun sin todo ello ustedes seguirán con mayoría absoluta, pero seguirán solos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a esta Cámara a las señoras y señores diputados comisionados en nombre del Parlamento de las Islas Baleares, del Parlamento de Cataluña y del Parlamento de Navarra; palabras de bienvenida a este trámite parlamentario en el que debatimos de forma conjunta la toma en consideración de tres proposiciones de ley de los mencionados parlamentos, con postulados similares aunque no idénticos, pero que responden todas ellas a un entronque, a una filosofía común, como es el uso, la incorporación de las distintas lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales.
Señorías, España tiene la gran suerte de contar con un patrimonio y una riqueza cultural inigualable, y una manifestación de esa riqueza es precisamente la pluralidad de lenguas que conviven en el ámbito de algunas de nuestras comunidades autónomas. Pues bien, esa riqueza, esa realidad plurilingüe de nuestro Estado es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección, tal y como manda nuestra Constitución y, por tanto, debe ser también un compromiso de defensa asumido por todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Es precisamente en el artículo 3 de nuestra Constitución, que se contempla con lo que disponen los distintos estatutos de autonomía sobre la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano, donde encontramos la base de la regulación de nuestro pluralismo lingüístico. Así, según reza el apartado 1 del mencionado artículo 3, el castellano es la lengua española oficial del Estado, por lo que la Constitución sitúa a esta lengua en una posición diferente del resto de las lenguas españolas, al punto que el propio Tribunal Constitucional, en su célebre sentencia de 22 de junio de 1986, estableció que el castellano es la lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio nacional. Es más, como acertadamente se recordaba hace un mes desde esta tribuna por un diputado de Izquierda Unida, de nuestro ordenamiento constitucional sólo se infiere del castellano que existe un deber de conocimiento general para todos los españoles. ¿Cuál es la posición del resto de las lenguas españolas respecto del castellano? Esa posición viene definida por el apartado 2 del artículo 3 de nuestra constitución, al establecer que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con los estatutos; precepto del que se deriva que el criterio delimitador de la cooficialidad del castellano y otras lenguas españolas es el criterio territorial. Así también lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, cuando sentenció que el derecho de los ciudadanos a conocer y a usar la lengua propia de su comunidad hay que entenderlo limitado al ámbito geográfico de la comunidad autónoma en que dicha oficialidad despliega plenos efectos. Estas son de manera resumida las bases de la regulación de nuestro pluralismo lingüístico en nuestro ordenamiento y en la jurisprudencia constitucional.
Pues bien, examinando el contenido de las tres proposiciones de ley que hoy debatimos observamos en ellas la pretensión de incorporar obligatoriamente el resto de las lenguas españolas distintas al castellano en todos -y recalco en todos- los sellos y efectos postales españoles. Tal pretensión reflejada en las exposiciones de motivos de las tres proposiciones nace del reproche que se hace el Estado español por no haber emitido nunca ningún sello redactado íntegramente -y recalco íntegramente- en una lengua española diferente del castellano; situación que, según dicen, contrasta con la de otros muchos países de Europa donde se emiten sellos redactados en las diversas lenguas de sus ciudadanos, poniendo como ejemplo, entre otros, los casos de Finlandia, Irlanda o Suiza, y olvidando que, a diferencia de España, Finlandia tiene dos lenguas oficiales, Irlanda otras dos, la primera el irlandés y la segunda, que es la franca, el inglés, y Suiza tiene cuatro, que son oficiales en todo el territorio de sus respectivos Estados y no sólo en una parte de los mismos, como sucede en España con las lenguas oficiales distintas del castellano. Es más, en los casos suizo e

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irlandés ni siquiera es objeto de regulación legal el uso de sus lenguas en los sellos. Así, cuando desde el Servicio Filatélico de Correos español se consultó a los servicios postales suizo e irlandés cómo regulaban el uso de las lenguas en sus sellos, los responsables de dichos servicios contestaron de la siguiente manera. Caso irlandés: En Irlanda, el idioma oficial del país es el irlandés. De cualquier forma el idioma hablado diariamente por la mayoría de la población es el inglés. En relación con el uso de los idiomas en los sellos la postura es la siguiente: El nombre del país aparece siempre en irlandés, Eire, en el resto del texto el uso del idioma depende de cómo el tema es comúnmente conocido. Si el tema es conocido por su nombre o título irlandés, se utiliza éste o, si es bien conocido por su nombre o título inglés, entonces se utiliza el inglés. Por ejemplo, nuestra serie conmemorativa de la independencia irlandesa se tituló en irlandés, mientras que en una serie reciente sobre animales de zoológico los nombres aparecieron en inglés, ya que así es como son conocidos en Irlanda. Firmado el Director de Servicios Filatélicos de Irlanda. Caso suizo: En referencia a su fax, enviado el 27 de junio de 2000, le informo que no tenemos requisitos especiales para usar los cuatro idiomas nacionales en los sellos.
Suisse Poste es el único usuario del logotipo Helvetia que encontramos en todos los sellos suizos. Teóricamente podría utilizar otro logotipo en el idioma que quisiera, pero no lo hace por razones de pura estrategia política.En definitiva, ni estos casos son extrapolables a España, porque estamos hablando de países que tienen varias lenguas que son oficiales en todo su territorio, ni en todos los países con varias lenguas oficiales para todo su territorio el uso de las mismas en los sellos es objeto de regulación legal, que es lo que se pretende aquí con estas tres proposiciones.
Señorías, los sellos son efectos postales de pago, que sin duda tienen un innegable valor estético y pedagógico como vehículo de transmisión cultural, pero son fundamentalmente eso, elementos, efectos postales de pago que en su ámbito de circulación no se limitan a una comunidad autónoma, ni siquiera al territorio nacional, sino que los sellos están llamados a circular por todos los países del mundo, siendo su imagen símbolo identificador del Estado que los emite y no sólo de una de sus comunidades autónomas. Por ello, dado que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de correo y comunicaciones, la posición mantenida hasta la fecha, y refrendada en la propia Ley del Servicio Postal Universal, es que las expresiones España y Correos, al ser elementos comunes identificativos del país de emisión y del operador encargado de la prestación del servicio postal, deben ser inscritos siempre en castellano, dado que es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, lo que no debe impedir, es más, sería deseable como reflejo de nuestra realidad plurilingüe, que otras leyendas o expresiones puedan ser inscritas en el resto de las lenguas oficiales o protegidas distintas al castellano, algo que lamentablemente no ha ocurrido hasta la fecha con mucha frecuencia. Ese es el criterio que viene manteniendo el Grupo Popular desde hace tiempo, y que se reflejó en una proposición no de ley aprobada unánimemente en la Comisión de Educación de esta Cámara, y a la que se ha referido la portavoz del Grupo Socialista, proposición no de ley que se aprobó hace siquiera un año, y que rezaba: Se insta al Gobierno a realizar en las lenguas oficiales distintas del castellano emisiones diversas de sellos para, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19 de la Ley del Servicio Postal Universal, reconocer y proteger la realidad plurilingüe del estado español. Pues bien, dicho criterio parece chocar con los postulados de las proposiciones de ley que hoy debatimos, que solicitan en los distintos petitum, en conexión con lo que rezan sus correspondientes exposiciones de motivos, bien que todos los sellos y efectos postales se emitan íntegramente en cada una de las lenguas oficiales además del castellano, bien que en todos los sellos las inscripciones aparezcan en las distintas lenguas oficiales simultáneamente, pretensiones con las que el Grupo Popular no puede estar de acuerdo.
Además las tres proposiciones citan como lengua la asturiana cuando, de acuerdo al artículo 4 del Estatuto de Asturias, deberían de haber hecho mención al bable. Y, lo que es más grave, las proposiciones del Parlamento de Cataluña y de la Islas Baleares omiten la cita a la lengua valenciana, cuando dicha lengua tiene carácter oficial en su comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, cita que por cierto también ha olvidado en su discurso la portavoz socialista, por lo que no sé si sus compañeros valencianos se sentirán entusiasmados con su intervención. Por otro lado, los textos de las proposiciones adolecen de innumerables deficiencias, producto quizá de un desconocimiento técnico de la materia, y cito algunas de ellas. Afirman en su primer postulado que los sellos y en general los efectos postales son emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuando en realidad dicho organismo se limita a imprimir las resoluciones que sobre los sellos se formulan en la Comisión de programación de emisiones de sellos y que aprueban conjuntamente los Ministerios de Economía y Fomento. Contienen expresiones incorrectas; las expresiones sellos postales, sellos automáticos de franqueo variable o etiquetas postales no coinciden con ninguno de los términos o efectos definidos en el vigente reglamento de los Servicios Postales y, por el contrario, no se hace mención a algunos efectos postales que sí aparecen definidos en dicho reglamento como las impresiones de máquinas de franquear o estampillas de franqueo. Y podría poner algún ejemplo más. En definitiva, las proposiciones adolecen de muchas deficiencias técnicas y contienen postulados que nuestro grupo no puede compartir, por lo que no podremos apoyar su toma en consideración.
Lo que sí compartimos es su filosofía, la pretensión que late en todas ellas de corregir la pobre, la escasa presencia de otras lenguas oficiales distintas al castellano

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en las leyendas e inscripciones de los sellos y resto de los efectos postales. Está claro que nuestra realidad plurilingüe debe también tener su reflejo en los elementos de franqueo postal, especialmente en los sellos, pero para ello no es necesaria una regulación legal. De hecho, a raíz de la mencionada proposición no de ley aprobada por todos los grupos en esta Cámara hace poco más de un año, esta situación se está corrigiendo. Prueba de ello, como se ha dicho, es que aproximadamente se emiten una media de unos 50 o más sellos al año. Según datos que he recabado para el año 2001, la comisión de programación de emisión de sellos tiene previsto formular la emisión de 17 sellos, cuyo contenido guarda relación con temas vinculados a comunidades autónomas con lengua oficial propia además del castellano. Pues bien, en los 17 casos se va a consultar la lengua en que deben ser escritas las leyendas y expresiones contenidas en dichos sellos, y va a ser criterio general de Correos acceder en todos lo casos en que así se solicite a que dichas inscripciones puedan ir en lengua española distinta al castellano. Es el caso, por ejemplo, de la petición formulada por el Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza y respaldada por el Parlamento de Baleares para que se emita un sello en lengua catalana, conmemorativo de la declaración por la Unesco del casco antiguo de Ibiza como patrimonio de la humanidad, petición que va a ser atendida y, como usted sabe bien, señora Munar, ya se ha comunicado oficialmente. Por eso digo que esta situación, por cierto heredada de los gobiernos socialistas, se va corrigiendo. Pero queremos dar un paso más. Por ello hemos registrado una iniciativa que pretende que el fomento de la utilización de las lenguas españolas distintas del castellano se extienda no sólo a los sellos, sino también a los demás signos o efectos de franqueo, así como a la información o difusión que se realice de las emisiones de cualquier efecto postal que aluda a motivos o hechos relacionados con territorios con lengua oficial propia. Espero, señorías, que esta iniciativa que hemos presentado y que se debatirá próximamente en esta Cámara cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, como ya lo obtuvo la proposición no de ley a la que me he referido, y que permita desde ese consenso que nuestra realidad plurilungüe se vaya extendiendo progresivamente también a los sellos y demás efectos postales, algo que, repito, ya se está produciendo sin necesidad de ninguna regulación legal, solo teniendo voluntad política de cumplir el mandato de esta Cámara, que es lo que viene haciendo desde 1996 el Gobierno del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. Vamos a votar.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares, de sellos postales y otros efectos postales emitidos y puestos en circulación de conformidad con la realidad plurilingüe del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 140; en contra, 165; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la toma en consideración de la referida proposición de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y demás efectos postales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 140; en contra, 165; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 139; en contra, 167; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar el debate del siguiente punto y de acuerdo con la Junta de Portavoces, hay una propuesta de modificación del orden del día que quiero someter a la consideración de la Cámara. Conforme al artículo 64.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la propagación en España de la epidemia de la fiebre aftosa, que figura como punto 36 del mismo, pase a ser debatida después del punto 37, correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las actuaciones que ha realizado o piensa realizar para acabar con la creciente feminización de la pobreza y promover la independencia económica de las mujeres, incluyendo el empleo y

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erradicando la cada vez mayor carga de pobreza que recae sobre las mujeres españolas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIACUARTA, APARTADO 2, DE LA LOGSE, PARA QUE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA INTEGRADOS EN EL CUERPO DE MAESTROS PUEDAN DISFRUTAR TAMBIÉN DEL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LEY. (Número de expediente 122/000075.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Logse, para que los profesores de educación general básica integrados en el cuerpo de maestros puedan disfrutar también del calendario de aplicación de la ley.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Martín. (Rumores.) Señorías, ruego abandonen el hemiciclo en silencio y con rapidez quienes lo vayan a hacer, y los demás ocupen sus escaños al objeto de poder continuar con el debate.
Cuando quiera, señora Martín.


La señora MARTÍN VIGIL: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, buenas tardes. La proposición de ley que expondré y defenderé hoy en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene el objetivo de dar solución a una cuestión pendiente que afecta a los profesores y profesoras que pertenecen al llamado cuerpo de maestros y que tienen la voluntad de acceder a la docencia en el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria. Son profesionales que no han disfrutado del espacio temporal que la ley establece para la implantación de la nueva ordenación del sistema educativo. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Como saben SS.SS., la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, la Ley de ordenación general del sistema educativo, establece en su disposición adicional primera que el Gobierno, previo informe de las comunidades autónomas, aprobará el calendario de aplicación del sistema educativo; calendario que inicialmente se estableció en diez años, y que se modificó a través de la disposición vigesimoséptima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Allí se establece el ámbito temporal de doce años para la implantación gradual de la nueva ordenación del sistema educativo.
Para llevar a cabo la generalización del nuevo sistema con una implantación acorde con sus principios y con sus fines, se han ido dictando sucesivos reales decretos relacionados con distintos aspectos de la ley. Hoy, señorías, es oportuno recordar el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, donde se aprueba el primer calendario de aplicación de la nueva ordenación educativa. Aquel calendario también se modifica posteriormente y se complementa con otros reales decretos. Es el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el que desarrolla el nuevo plazo de doce años, que conduce a que la generalización del primer curso de educación secundaria se produzca en el curso escolar 1996-1997, y así sucesivamente hasta completar la etapa obligatoria de la consecuente implantación del cuarto curso en el año académico 1999-2000. De manera, señorías, que, en nuestra opinión, subsiste un desajuste de plazos, toda vez que el tiempo del que disponen los profesores y profesoras pertenecientes al cuerpo de maestros para acceder a la enseñanza secundaria obligatoria sigue siendo el que señala la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la ley, puesto que lo mantiene en diez años.
Señorías, la profesión docente es de gran importancia y de una especial sensibilidad para nosotros. El profesorado tiene la misión de reproducir el conocimiento transmitiendo un saber instrumental, pero también tiene la misión de ser uno de los principales, aunque no el único, agentes de socialización y de formación de las personas. Es cierto que la preocupación social por la educación, en su sentido más amplio, tiende demasiadas veces a responsabilizar a la escuela y al profesorado. Se confunde, desde nuestro punto de vista demasiadas veces, el sistema educativo con la escuela, cuando la realidad es que son muchos más los sectores implicados en la responsabilidad educativa. Lo que sí es indiscutible, desde nuestro punto de vista, es que los docentes y las docentes son los agentes principales de las reformas educativas, por lo cual nosotros nos identificamos absolutamente con la decimoquinta conclusión del dictamen sobre la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria, elaborada por la conferencia de educación en el año 1998, donde se afirma que ninguna reforma educativa puede llevarse a cabo sin el apoyo del profesorado, fundamental para el perfeccionamiento del sistema. Y allí, en esa decimoquinta conclusión, se insta también a la mejora profesional de ese sector.
La extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años necesita, obviamente, mucha preparación y mucho diálogo, sobre todo con quienes han de llevarla a cabo. Desde nuestro punto de vista, las reformas educativas hay que aplicarlas con el entusiasmo, con la ilusión, con el empeño del profesorado. Han de sentir que cuentan con el reconocimiento del esfuerzo que realizan, porque, reitero, pensamos que son los agentes básicos de las reformas educativas.


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La reflexión sobre la profesionalidad del profesorado es, para el Grupo Parlamentario Socialista, inseparable del objetivo, de la necesidad del estatuto de la función pública docente; un estatuto que debe recoger los derechos de los profesionales de la enseñanza pública en la lógica de armonizar sus condiciones de trabajo en el conjunto del Estado y lograr la necesaria promoción y su revalorización social. Porque, si bien es conocido también, señorías, que todavía hay profesores que sufren algunas frustraciones por falta de expectativas, nosotros creemos que es posible darles la flexibilidad en sus puestos de trabajo que haga posible que tengan diferentes formas de ubicarse en su profesión, de manera que eviten la mediocridad de la uniformidad y la rutina de la falta de estímulos.
Para abrir nuevas perspectivas profesionales a lo largo de su vida laboral seguramente hay que integrar diversas cuestiones, sobre todo formación, innovación, evaluación y progreso profesional, por descontado que junto a otras medidas de carácter organizativo que favorezcan que puedan asumir las nuevas funciones que se les están exigiendo. Esta cuestión ha sido puesta en evidencia en reiteradas ocasiones por nuestro grupo parlamentario y, por cierto, no aparece en la agenda de la actual ministra de Educación. Señorías, creemos que hay que adaptar las condiciones de trabajo de los profesores y de las profesoras a las demandas actuales, y por ello hay que establecer un sistema transparente y negociado para su desarrollo profesional.
Esta cuestión sin duda requiere de un proceso que no será sencillo, que tampoco podrá ser breve, pero por esas mismas razones hay que iniciarlo cuanto antes. Hay que atender bien a los profesionales de la enseñanza por otra razón, para no correr riesgos de fracaso de las reformas; atenderles recabando su autoridad y recabando, como he dicho de alguna manera ya, el reconocimiento social para con todos ellos.
Al referirnos hoy a la educación secundaria obligatoria hay que recordar que esta es una de las etapas educativas que nos merece mayor preocupación. La propia Logse define en su preámbulo que la ESO se organizará de manera comprensiva y compatible con una programación diversificada. La opción que hace la ley en cuanto a esta etapa es, por un lado, la de un modelo comprensivo y, por otro lado, la de abrir caminos posibles para la atención educativa en la diversidad desde diferentes planos y desde diferentes niveles. Esta es una opción muy exigente, señorías, es la más exigente de todas las opciones. Lo es, en primer lugar, con el profesorado; es mucho más fácil trabajar con grupos homogéneos que trabajar con alumnos y alumnas diversos entre sí en cuanto a niveles, en cuanto a motivación, en cuanto a conocimiento y en cuanto a interés. La puesta en práctica de la ley ha requerido y requiere todavía un gran esfuerzo de formación, de reciclaje y de actualización del profesorado. Pero también la ley toma una opción muy exigente con las administraciones educativas porque requiere un cambio profundo en la manera tradicional de proceder. Esperamos que contribuya decisivamente a ello la anunciada ley de calidad.
En la iniciativa que planteamos hoy hay que tener muy en cuenta la importancia de esa etapa educativa porque, como ya he dicho, estamos tratando del acceso de unos docentes a esa etapa. Creo que podemos afirmar que, aprobando la modificación de la disposición transitoria cuarta de la ley, en su apartado 2, ajustamos una situación en lógica consecuencia con la historia de aplicación de la Ley de ordenación general del sistema educativo. He intentado, señorías, expresar algunas reflexiones en la defensa de la bondad de esta iniciativa y, por tanto, de la decisión que planteamos.
Para terminar, me permitiré recordarles una conclusión del Consejo Escolar del Estado en su último informe, publicado en el año 1999, sobre la situación del sistema educativo en España y que correspondía al análisis del año escolar 1997-1998. Allí se expresa literalmente: El Consejo Escolar del Estado insta a las administraciones educativas a que procedan a la adaptación de la disposición transitoria cuarta de la Ley de ordenación general del sistema educativo a este período -se refiere al período de doce años del ámbito temporal de la implantación de la ley- y a que todas las vacantes del primer ciclo de la ESO sean ofertadas al cuerpo de maestros.
Estoy convencida de que todas SS.SS. comparten con mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, el reconocimiento a la autoridad y el rigor de los trabajos del Consejo Escolar del Estado y espero que podamos atender su conclusión y, por tanto, subsanar esta situación.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Martín.
Para fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/ 1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, y lo hacemos por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque resulta lógico y coherente adaptar a la nueva periodización un aspecto que quedaba descolgado de ella y que afectaba de forma crucial a un sector del profesorado, como es el de los profesores de educación general básica integrados en el cuerpo de maestros. En segundo lugar, porque incluso la propia ley reconoce que hay que seguir ofertando plazas suficientes para posibilitar la movilidad del profesorado en este primer ciclo de la ESO, aunque solamente fuera durante los diez años que estaba establecido y, por supuesto, también en el

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futuro. Y, en tercer lugar, porque hay algo que merece una reflexión muy profunda, y es que los profesores de educación general básica integrados en el cuerpo de maestros desempeñaban la función docente hasta los 14 años, pensamos que con un criterio acertado, teniendo en cuenta los requisitos de especialización que eran exigibles para impartir estas etapas escolares.
En todo caso, la proposición de ley que, vuelvo a repetir, es muy coherente y afortunada para acabar con un problema momentáneo, nos lleva a una reflexión mucho más profunda, cual es la necesidad de que todo el profesorado de la educación obligatoria y del bachillerato estuviese sometido a una titulación semejante en cuanto a su categoría profesional. Esto acabaría con muchas confusiones, con muchas dudas e incluso con muchos problemas que se dan en los centros. En todo caso, sería de esperar que el Gobierno, que anuncia leyes de calidad de la enseñanza para el futuro, tuviese en cuenta la conversión del título de maestro en título de licenciado, porque, vuelvo a repetir, daría mucha más coherencia a la función docente, que es una función respetable y que supone un gran esfuerzo y exigencia en cualquiera de las etapas de los ciclos educativos a los que nos estamos refiriendo.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar con sus votos la toma en consideración de esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista para ajustar el calendario de aplicación de la Logse a los profesores de EGB integrados en el cuerpo de maestros.
En la actual coyuntura de anuncio reiterado de cambios en la legislación básica en materia de educación, parece razonable optar por la transitoriedad de la ampliación del plazo para que los profesores adscritos a este cuerpo puedan optar a las vacantes del primer ciclo de la ESO, como lo han venido haciendo en los últimos años.
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco parece razonable que el Gobierno pare en su política de globos sonda en materia educativa y anuncie un calendario razonable de actualización de la legislación básica en educación, si es que lo va a hacer. No parece razonable que el conjunto de funcionarios de educación se encuentre en una situación de transitoriedad, conociendo, a través de los medios de comunicación social, distintas propuestas que el Ministerio avanza hoy sobre la primaria, mañana sobre la secundaria, pasado mañana sobre la selectividad o la reválida. Si, como anuncian, van a efectuar cambios, anuncien en qué plazos y abandonen la política de los globos sonda que termina por desconcertar a propios y extraños. El sistema educativo en general y sus agentes en particular se lo agradecerán vivamente.
En nuestra opinión, la política de maquillaje que el actual equipo directivo del Ministerio está llevando a cabo puede producir sus efectos en algunos medios de comunicación social predispuestos al aplauso y a la loa fácil, pero genera una sensación de frustración y de inestabilidad general en los distintos sectores implicados en el sector educativo, que no entienden que cinco años de Gobierno popular tengan anquilosado y sin proyecto el sector educativo en su conjunto, desde el parvulario hasta la universidad.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para fijar nuestra posición en relación con la proposición de ley que nos trae hoy a la Cámara el Grupo Socialista.
La Logse -como todos ustedes deberían saber y supongo que saben- establecía un calendario de diez años para la aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo y, en concreto, la disposición transitoria cuarta, apartado 2, establecía un plazo de diez años para que los maestros que impartían la especialización en la segunda etapa pudieran acceder al primer ciclo de la educación secundaria obligatoria. Casi once años después, la Logse, cuyo desarrollo no se ha ultimado, ha necesitado de reales decretos que amplíen el plazo establecido inicialmente, me refiero al Real Decreto 173/1998, que amplia a doce años el plazo previsto.
El Gobierno del Partido Popular no ha hecho frente a esta posibilidad de integración del cuerpo de maestros en la enseñanza secundaria. Por tanto, la proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista y que debatimos en esta Cámara no solamente es oportuna sino necesaria y coincide, además, con una proposición de ley que este grupo parlamentario presentó y defendió en la anterior legislatura y que de haber sido aprobada, señorías, hubiera resuelto el problema en tiempo y forma; es decir, antes de septiembre de 2000, que era el plazo inicialmente previsto. Pero como lamentarse no sirve de nada, este grupo parlamentario va a apoyar esta proposición de ley del Grupo Socialista, porque tenemos la absoluta convicción y la absoluta seguridad de que es una demanda legítima y, además, es una necesidad legal. Es preciso que el Gobierno del Partido Popular haga frente a esta situación y deje de mirar para otro lado, porque sencillamente uno tiene que

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hacer honor de aquello de lo que presume. Ustedes presumen sobradamente de que son gente seria y creo que deberían demostrarlo en iniciativas como esta, porque los maestros están esperando esta respuesta desde hace mucho tiempo y sería una torpeza política que ustedes no fueran capaces de considerar su posición. Deberían resolver este problema de una vez.
Nada más y muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo no apoyará la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista, a pesar de que comprendemos su oportunidad, por unas ciertas características a las que luego me referiré. Esta proposición de ley se refiere a la modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Logse, y solicita la ampliación de diez a doce años del período de aplicación de la citada disposición. La disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Logse establece un período de diez años para que las vacantes del primer ciclo de ESO se ofrezcan a los funcionarios del cuerpo de maestros. En Cataluña, donde el nuevo sistema educativo está consolidado, el calendario está plenamente aplicado y se ha procedido ya a la incorporación de todos los maestros que correspondían a este primer ciclo de la ESO. Mantener esta situación dos años más, tal y como propone el texto de la proposición, distorsionaría el sistema y también sería difícil de llevar a la práctica, teniendo en cuenta que prácticamente no hay vacantes en el primer ciclo de la ESO. Diez años son más que suficientes para resolver el problema del personal interesado, por ello se introdujo una disposición transitoria en la ley, y es de suponer que no deberían producirse nuevas necesidades en tal sentido. Ahora bien, comprendemos que en muchas comunidades autónomas con competencias o en territorio del Ministerio no se ha cumplido la fecha inicial del plazo que justifica los diez años y ahora allí existen necesidades de este tipo.
Por tanto, aunque nuestro grupo comprende la necesidad de la presentación de la propuesta del Grupo Socialista, en coherencia con las personas y estamentos que cumplieron con los plazos que inicialmente se fijaron, no vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición, aunque, repito, comprendemos que podría ser necesaria para las personas que sólo han podido disfrutar hasta el momento de cuatro, cinco o seis años en vez de diez años. Quizá les interesara una prórroga, pero nos parece ilógico que los que han cumplido, ahora se vean penalizados.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Rozada.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde tomar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en esta proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Logse, para que los profesores de educación general básica integrados en el cuerpo de maestros puedan disfrutar también del calendario de aplicación de la ley.
Como cuestión previa, quisiera manifestar, después de oír a los diversos portavoces, especialmente al portavoz del PSOE y al portavoz del PNV, señor González de Txabarri, que en estos momentos no está presente, que pienso que, aprovechando una situación como ésta, puntual, de modificación de esta disposición transitoria, han hecho referencias críticas, por qué no decirlo, a la actuación del actual Gobierno que atañen a todo el sistema educativo. A mí me gustaría -y espero que haya ocasión a lo largo de esta legislatura- poder hacer un análisis sosegado, tranquilo, sereno sobre la posición de cada grupo parlamentario, de cada partido en concreto en torno a la cuestión educativa en este país, sobre todo a partir de finales de la década de los setenta.
Yo he sido -y lo he dicho ya en más de una ocasión- testigo de excepción durante muchos años, como portavoz de educación en el Senado, de la profusión legislativa socialista en materia educativa y desde el año 1982 he seguido el espectacular cambio propuesto por el Partido Socialista en sus más de 13 años de Gobierno. Y como no es el momento ni el lugar ni tampoco quiero caer en el error de criticar a quienes, aprovechando una cuestión puntual han hecho referencia a otras colaterales, sí quiero decir que para mí la principal responsabilidad de muchos de los problemas aquí planteados en torno al profesorado y a la falta de financiación para todo el sistema educativo tienen causa precisamente en la posición del Grupo Parlamentario Socialista en los años en los que les tocó gobernar.
Pusieron en marcha leyes que ahora, de una u otra forma, el Gobierno del Partido Popular, en cinco años, intenta ordenar y canalizar; intenta corregir las consecuencias que ha supuesto el desarrollo tanto de la Lode, como de la Logse, como de la conocida ley Pertierra, y lo vamos a hacer. Tendremos ocasión de debatir y de decir dónde han estado los fallos, porque muchas de las cosas a las que la portavoz socialista hacía alusión en torno al profesorado, con las que yo estaría totalmente de acuerdo, traen causa en el cambio de postura que ahora mantienen para reivindicar algo que debe de acomodarse al actual sistema educativo y que en los años de Gobierno socialista han desatendido totalmente y nos han llevado

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hasta esa situación. Tomen buena nota de ello porque tendremos ocasión de discutirlo aquí con datos.
Al portavoz del PNV, señor González de Txabarri -antes decía que estaba ausente, pero ahora veo que está presente en la Cámara-, tengo que decirle que cómo es posible que una persona ponderada como él - por lo menos es la opinión que me merece- se quede tan fresca cuando, al final de su intervención, dice que en los cinco años de Gobierno del PP mantenemos un sistema educativo anquilosado y sin proyecto.
Dicho por usted, no me cabe sino criticarlo y decirle que no tiene ni pies ni cabeza. O no se ha querido enterar -y yo me ofrezco para hablar en los pasillos, cuando quiera- de quién es el responsable de un sistema sin proyecto y anquilosado o, ¿cómo se atreve usted a decirlo sin darnos alguna razón, algún fundamento, que asevere esa afirmación, a mi juicio peligrosa, que no se corresponde con la realidad del Gobierno del Partido Popular? Dicho esto, paso a la cuestión puntual sobre la que el Grupo Popular intenta posicionarse. El Grupo Parlamentario Socialista señala que la ampliación a doce años para implantar la Logse, llevada a cabo por la Ley de medidas de 1998 y desarrollada en los sucesivos reales decretos que aprueban el calendario para la aplicación de la reforma, no ha tenido en cuenta a los profesores de EGB, integrados en el cuerpo de maestros, que imparten docencia en el primer ciclo de la ESO. Por ello, propone que se modifique la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Logse, para que, durante los primeros doce años de vigencia de esta ley, los maestros puedan acceder a las plazas vacantes del primer ciclo de educación secundaria obligatoria, con los requisitos de especialización que se establezcan. Señorías, la Logse, en su capítulo III, regula el nivel de educación secundaria, que comprenderá, entre otras, la etapa de educación secundaria obligatoria, dividida en dos ciclos, que abarcarán cuatro cursos académicos, entre los 12 y los 16 años.
La disposición adicional décima de la Logse determina que el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria desempeñará sus funciones en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, y que el cuerpo de maestros desempeñará sus funciones en la educación infantil y primaria. En consecuencia, la Logse atribuye la impartición del primer ciclo de la ESO al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Sin perjuicio de ello, es cierto que la disposición transitoria cuarta establece, en su apartado 1, que los actuales profesores de educación general básica, integrados en esta ley en el cuerpo de maestros, que pasen a prestar servicio en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. La Logse valoró la circunstancia de que en el anterior sistema educativo el nivel de educación general básica comprendía, dentro de su ciclo superior, la impartición de enseñanzas a los alumnos del tramo de edad 12-14 años, cursos 7.o y 8.o, por funcionarios del cuerpo de profesores de educación general básica, que la ley integra en el cuerpo de maestros.
La citada disposición transitoria prevé, asimismo, que durante los primeros diez años de vigencia de la presente ley, las vacantes del primer ciclo de educación secundaria continuarán ofreciéndose a los funcionarios del cuerpo de maestros, con los requisitos de especialización que se establezcan. Y en su apartado 3 dice que, finalizado el plazo al que se refiere el apartado anterior, los funcionarios del cuerpo de maestros que estén impartiendo el primer ciclo de educación secundaria obligatoria podrán continuar trasladándose a las plazas vacantes de los niveles de educación infantil y educación primaria, y que para permitir la movilidad de estos profesores en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, así como el ejercicio de la docencia en este ciclo por los actuales profesores de educación general básica y por aquellos que accedan al cuerpo de maestros, en virtud de lo establecido en el apartado 4 de esa disposición, se reservará un porcentaje suficiente de las vacantes que se produzcan en este ciclo. El apartado 4 continúa diciendo que, hasta 1996, las vacantes resultantes del concurso de traslados en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria se incluirán en la oferta de empleo público para el ingreso en el cuerpo de maestros.
Señorías, las administraciones educativas han dispuesto de un amplio margen para establecer criterios y el procedimiento concreto de la redistribución en función de las características de cada ámbito territorial, siempre dentro del respeto a las previsiones de aquella disposición transitoria cuarta. En términos generales, la redistribución se ha hecho afectándose los centros de EGB a un instituto, modificando las plantillas de dichos centros y estableciendo una plantilla específica de puestos de primer ciclo de la ESO a desempeñar por maestros, determinándose asimismo los criterios con base en los cuales los maestros podían acceder a los puestos del primer ciclo. Sólo después de efectuada la redistribución de efectivos se ofertan las vacantes resultantes para ser cubiertas en los procedimientos generales de provisión del cuerpo de maestros.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor diputado, que vaya concluyendo. Ha terminado su tiempo.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Sí, voy finalizando.


El Ministerio de Educación y las demás administraciones con competencias han considerado siempre que el plazo de diez años, que se contempla en el apartado 2 de la disposición transitoria cuarta de la Logse, es un plazo específico para la implantación organizativa del primer ciclo de la ESO, durante el cual, con carácter exclusivo y excluyente, se ofertan las vacantes de aquel primer ciclo al cuerpo de maestros, tanto en procesos

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de redistribución como en procedimientos generales de provisión. Este plazo, previsto en una norma de derecho transitorio y computado a partir del hecho jurídico de la vigencia de la ley, es distinto, señorías, de los plazos concretos de implantación del calendario de aplicación de la nueva ordenación. Tal modificación de plazo, exclusivo en materia de calendario, era tema distinto del regulado en la disposición transitoria cuarta, toda vez que la norma no condiciona el plazo al calendario como en otras de sus disposiciones -durante la implantación del sistema educativo-, que establece un plazo muy concreto, diez años.
Por eso, señorías, se han manifestado en este sentido todas las administraciones educativas en el seno de la comisión de personal de la Conferencia sectorial de educación, convocándose bajo esta perspectiva el concurso nacional de traslados de los cuerpos docentes 2000-2001 y la circunstancia de que haya finalizado aquel plazo de la disposición transitoria cuarta no significa que no siga existiendo una oferta en procedimientos generales de provisión de vacantes del primer ciclo de la ESO al cuerpo de maestros...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández Rozada, le ruego concluya.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Termino. Si bien ya no en exclusiva, debiendo coexistir con una oferta de tales puestos al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Transcurrido el plazo transitorio de la disposición adicional cuarta, de conformidad con lo dispuesto en la adicional décima, debe comenzar a impartirse el primer ciclo por los profesores de enseñanza secundaria. Así se ha manifestado también todo este colectivo y así creemos nosotros que debe ser, por lo cual nuestro grupo parlamentario no va a poder atender la petición de apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Fernández Rozada. (Pausa.- La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Ruego ocupen sus escaños.
Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Logse, para que los profesores de educación general básica, integrados en el cuerpo de maestros, puedan disfrutar también del calendario de aplicación de la ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 121; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la referida proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJPNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, DE DENUNCIA Y CONDENA DE LA GRAVE SITUACIÓN A LA QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN AFGANISTÁN. (Número de expediente 162/000238.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas las mujeres y las niñas en Afganistán.
Turno de fijación de posiciones de cada uno de los grupos firmantes.
Primero, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez. (Rumores.) Señorías, la proposición no de ley que vamos a debatir a continuación va firmada por todos los grupos y tienen que fijar posición todos ellos, con el acuerdo de que se hiciera desde el escaño. Ruego a las señoras y señores diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan de la manera más rápida posible y, cuando menos, en silencio, para no dilatar el debate de esta proposición no de ley. (Rumores.) Señorías, ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
(Pausa.) Adelante, señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Hablo en nombre de todos los portavoces del Grupo Mixto para fijar posición sobre esta proposición sobre la situación de las mujeres, sobre todo en el área controlada por los talibanes en Afganistán.
Hace muy pocas semanas que tuve oportunidad de compartir mesa, en rueda de prensa, con la portavoz de la Asociación revolucionaria de las mujeres de Afganistán, que de forma tan simple como cruda describió la situación en que se encuentran las mujeres en ese país, un país pobre, de los más pobres del mundo, cuya renta per cápita no llega...(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Núñez. (Pausa.) Adelante.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Decía que su renta per cápita no llega al 12 por ciento de la media del PIB

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mundial; no mucho más del 10 por ciento de la población tiene agua corriente. Un país que ha sufrido guerras -en los últimos quince años ha habido más de millón y medio de muertos y hay 5.000.000 de refugiados- y un país fuertemente controlado por el régimen talibán, régimen que en su primera semana suprimió las escuelas a las niñas y suprimió el derecho al trabajo a la mujer, sumiendo los servicios y los hospitales en el caos más absoluto; régimen en el que las viudas, que no pueden ser sostenidas por ningún varón, casi en depresión recurren al suicidio; régimen en el que el maltrato y el crimen sobre la mujer han llegado a tal calibre que se puede hablar perfectamente de genocidio o de holocausto. En estos días hemos asistido a esa imagen tan fuerte de cómo con las armas se pretende destruir el patrimonio histórico-artístico, esos gigantescos budas, que lamentablemente han tenido más sitio en la prensa que el maltrato al que están sometidas las personas en el régimen talibán.
En estas circunstancias, hay que dar un grito de denuncia y condena en un marco de consenso, como hoy hacemos todos los grupos políticos, apoyar las acciones de las Naciones Unidas en la lucha por conseguir mediante el diálogo un Afganistán libre y en progreso, denunciar también esta situación ante el Parlamento Europeo y acabar con este crimen. Más que palabras, la situación de la mujer afgana merece silencio y reflexión.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre de mi grupo, Coalición Canaria, firmante de esta proposición no de ley junto con los demás grupos de la Cámara, quiero manifestar la necesidad de que esta Cámara denuncie de forma firme, unánime y solidaria, la situación de indignidad en la que viven las mujeres y las niñas de Afganistán. Estas personas viven una situación de infierno concretamente en los territorios controlados por los talibanes, donde las mujeres de Afganistán están sometidas y ello merece la respuesta de esta Cámara y que traslademos de forma firme y solidaria estas resoluciones al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas. Nos parece que es importante manifestar el apoyo a las acciones negociadoras de las Naciones Unidas, la necesidad de condenar la no injerencia que distintos gobiernos extranjeros han tenido sobre este país y que en nada han apoyado ni han contribuido al desarrollo de la paz.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo desde el escaño para obedecer a la señora presidenta que así lo ha pedido respecto de esta iniciativa, que lo es de todos los grupos, no por considerarla menos importante que otras, sino como expresión de la unanimidad que sin duda va a cosechar, ya que todos los grupos somos firmantes.
Se trata de una manifestación de reconocimiento del fracaso del progreso de la humanidad en la garantía y el respeto de los derechos humanos, en este caso respecto de las mujeres y niñas -también de los niños, pero sobre todo de las niñas- afganas. Es una iniciativa tan obvia en su pretensión que casi resulta difícil argumentarla. Todos sabemos que Afganistán vive una situación de guerra desde hace muchos años y que en la actualidad una facción radical sumita de los talibanes controla el 95 por ciento de este país, siendo el cinco por ciento restante islámico-radical. Sabemos también que en este momento los talibanes reclaman ser reconocidos por las Naciones Unidas y que con esta finalidad han iniciado contactos diplomáticos con diversos países -con Francia, con Estados Unidos, con Rusia- y han empezado una campaña de un cierto lavado de imagen, que sin embargo, de momento, no se ha trasladado al régimen represivo que sufren las mujeres y que se traduce en numerosísimos suicidios, por serles imposible el desarrollo de una vida normal. Por cierto, si una atiende a los medios de comunicación, parecería que tiene más importancia la destrucción de unas esculturas -eso sí, todo lo patrimonio de la humanidad que se quiera- que el hecho de que un 50 por ciento de esta humanidad esté viviendo en una situación de falta de tutela y garantía de derechos en una parte del planeta.
Es imposible, repito, no estar de acuerdo con la proclamación que se contiene en la proposición no de ley que ahora se somete no a debate, sino a asentimiento de todos, pero desde la perspectiva del grupo al que represento nos hubiera gustado que, además de las palabras, hubiese habido alguna mención referida a los hechos. No se puede olvidar que en esta misma Cámara, el 15 de julio de 1999, aprobamos una declaración con ocasión del 50 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y en ella el Congreso de los Diputados consideraba que la política exterior de España, como política de cooperación internacional para el desarrollo, debiera tener como principios objetivos y prioridades la defensa y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En este caso, la España democrática, se dice, ha realizado importantes esfuerzos en aquellas áreas geográficas que constituyen objetivo

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prioritario de nuestra política exterior. No conocemos que exista ninguna declaración del Gobierno de España en relación con esta zona concreta del planeta; ni siquiera conocemos que existan especiales esfuerzos en cuanto a la cooperación para el desarrollo. Es cierto y por todos conocido, el representante del Partido Andalucista lo ha manifestado, que hay asociaciones importantísimas y organizaciones no gubernamentales que están en este momento recorriendo el mundo explicando y concienciando de la situación de violencia en que se encuentra una parte de su país y también otra asociación que, desde Pakistán, está intentando poner en marcha políticas de cooperación al desarrollo.
Que yo sepa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en este momento, a través de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer y de la Cooperación al Desarrollo, que se articula desde la Lehendakaritza, Presidencia del Gobierno vasco, se está intentando poner en marcha ambiciosos programas que pretenden en lo inmediato y a corto plazo aliviar los sufrimientos que la guerra infringe a las mujeres y a las niñas afganas. En este sentido se llevan a cabo proyectos de emergencia en campos de refugiados de Pakistán y de asistencia a desplazados en el interior del propio país. A largo plazo, se pretende propiciar la igualdad de oportunidades a través de la educación y de la atención sanitaria y sobre todo generar actividades y habilidades rentables que permitan a las mujeres tener -repito- a largo plazo medios de subsistencia propios.
Creemos que debiera haberse incluido en la iniciativa, quizá nuestro propio grupo debiera haberla enmendado en este sentido, algo referido a actuaciones y no sólo a meras proclamas para que esto sea posible, para que se abra paso en la política exterior española, en la política de cooperación a la que tanto se alude cuando se habla de inmigración, algo así. Ypara que sobre todo no nos acordemos de estas situaciones que padecen las mujeres cuando se acerca cada año el 8 de marzo, el Grupo Vasco, el Grupo del PNV va a dar su voto afirmativo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Lo primero que quiero decir es que estoy muy contenta de que este Parlamento, por acuerdo, traiga esta iniciativa a esta Cámara, en una fecha muy cercana al 8 de marzo, fecha en que las mujeres del mundo celebramos un largo peregrinaje de sufrimientos, de arbitrariedades y de injusticias, y que me siento orgullosa, hoy más que nunca, de este Parlamento, porque un Parlamento vivo y un Parlamento democrático es un Parlamento que no olvida en ningún momento los derechos humanos en ningún lugar del mundo.
Dicho esto, voy a comentar un poquito, como todas las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que la guerra civil que asoló a Afganistán hasta el año 1992 no solamente dejó un saldo de un millón de muertos, medio millón de mutilados y más de ocho millones, casi la mitad de la población antes de la guerra de seres humanos que malviven en campos de refugiados entre Pakistán e Irán, sino que, además, la devastación que todo conflicto armado origina dejó el camino abierto a las reivindicaciones de los grupos fundamentalistas talibanes, que violentamente se han hecho con el control de casi todo el país, instaurando un régimen autoritario basado en una interpretación extremista y doctrinal del Corán. El Gobierno talibán, señorías, ha instaurado un régimen arbitrario y violento, ajeno a todo marco jurídico. La represión y la negligencia han devastado la sociedad civil y han privado a los afganos y a las afganas de una actividad política, pacífica y de unas ocupaciones intelectuales que son la propia base de la vida civil e institucional.
No hay que olvidar, señorías, quiénes fueron los responsables, quiénes son los responsables de que exista el Gobierno talibán y de que existan estas injusticias en el mundo. Fueron los Estados Unidos, occidente en general y las monarquías integristas del Golfo Pérsico los que jalearon y armaron hasta los dientes a estos bárbaros. Los talibanes son hijos de la miseria moral y política de quiénes pusieron en sus manos instrumentos que les han permitido estar cometiendo estas atrocidades y estas barbaridades. Es curioso que el colectivo de las mujeres del mundo no somos patrimonio de la humanidad. Y es preciso que haya la barbarie cultural contra los budas para que todo el mundo se eche las manos a la cabeza, incluidos los responsables morales y políticos de este régimen de terror.
Las mujeres afganas, señorías, han sido las víctimas principales de esta situación. El régimen talibán las ha convertido en el blanco preferente de sus abusos específicos contra los derechos humanos por motivos de género. Las mujeres afganas se han convertido en fantasmas, están recluidas en sus hogares, tras ventanas oscurecidas para no ser vistas, encadenadas al burka, que elimina todo vestigio de individualidad, forzadas a contraer matrimonio y sometidas a castigos públicos brutales. Se les ha prohibido salir solas a la calle, ir a la universidad, a la escuela, buscar ayuda médica y trabajar, lo que condena al hambre a todas las mujeres afganas que no tengan parientes masculinos que se hagan cargo de su mantenimiento, siendo consecuencia última el aumento de la mendicidad y el ejercicio de la prostitución. La situación de las mujeres afganas en Kabul y en el resto de las zonas bajo el control de los talibanes, señorías, exige una atención especial de lacomunidad internacional.


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Afganistán es un país donde la esperanza de vida está en los 43 años.
Imagínense ustedes la esperanza de vida de las mujeres; está sensiblemente por debajo. Además, tiene no sólo escandalosos índices de pobreza, sino que los índices de morbimortalidad maternoinfantil, indicadores fundamentales para saber cuál es la situación de un país, son escandalosos. El 165 por mil de mortalidad infantil. Lo decimos aquí las parlamentarias españolas y lo decimos apoyadas por los parlamentarios españoles. Lo decimos nosotras que nos sentimos privilegiadas y, aún así, sabemos que nos queda un largo camino por recorrer. Por eso, señorías, quiero decir de nuevo que agradezco profundamente que se haya podido producir esta iniciativa de consenso y una vez más manifiesto que me siento orgullosa de este Parlamento.
Pero también quiero decir a los que tienen responsabilidades de gobierno que cuidado en el futuro con nuestros apoyos, porque de los apoyos de occidente, de Estados Unidos y de las monarquías integristas vienen estos lodos.
Para terminar, quisiera decir que hoy las mujeres españolas desde este Parlamento y las representantes de las mujeres españolas no nos conformamos ya con mandar flores a las mujeres de Kabul, exigimos justicia y que se acabe de un modo inmediato el genocidio contra las mujeres afganas.
Nada más, señorías. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estos días todos los medios de comunicación se hacen un gran eco del edicto del jefe supremo de los talibán ordenando destruir los budas de la región afgana de Barmayán así como cualquier otro exponente cultural preislámico. Desde Convergència i Unió nos sumamos a la condena que la comunidad internacional realiza frente a esta nueva prueba de barbarie y fanatismo, frente a esta orden que se convierte en un símbolo de la destrucción sistemática que, como forma de gobierno, practica el régimen totalitario y fundamentalista de los talibán.
Ante este nuevo exponente de fanatismo, compartimos las palabras del ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, quien afirmó que la orden del mulá Omar no podía dar lugar a sorpresas visto el trato dado a las mujeres en Afganistán. Porque efectivamente para Convergència i Unió, pareciéndonos terrible la destrucción cultural, lo que consideramos absolutamente intolerable es la aniquilación de las personas. Y en Afganistán los talibán están practicando una violación sistemática de los derechos humanos de todos, hombres, mujeres, niños y niñas, pero de forma especial una represión de las mujeres y niñas que prácticamente hace que hayan dejado de ser consideradas seres humanos. Están obligadas a ver la luz del sol únicamente a través de la burka; no tienen derecho a la educación, ni a la atención médica, ni mucho menos a trabajar fuera de casa. Su vida no tiene valor, si no hay un hombre junto a ellas con el que salir a la calle, porque solas no pueden hacerlo, y que las mantenga, porque, como ya he señalado, les está vedado trabajar para subvenir a sus necesidades. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las organizaciones feministas y las ONG, entre las que quiero citar especialmente a la plataforma de Suport a l?Afganistá, solicitan reiteradamente a la comunidad internacional la denuncia y condena de esta situación y una reacción contundente para frenar esta barbarie.
Convergència i Unió no puede valorar más que muy positivamente esta iniciativa conjunta de todos los grupos parlamentarios para que hoy salga de esta Cámara una clara y unánime denuncia y condena de la violación de derechos humanos a que están sometidas las mujeres y las niñas de Afganistán, denuncia y condena que esperamos suponga un primer paso en la adopción de medidas eficaces, tanto para combatir y aislar el régimen talibán como para reprobar a aquellos que le dan soporte.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, para manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley que presentamos conjuntamente todos los grupos parlamentarios coincidiendo con la proximidad del Día internacional de la mujer, para denunciar y condenar una vez más la grave situación a la que están sometidas las mujeres y las niñas en Afganistán.
Como han puesto de relieve las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, desde que el régimen fundamentalista talibán llegó al poder en 1995, las mujeres afganas están sufriendo una violación masiva y sistemática de sus derechos y de sus libertades fundamentales.


Las mujeres afganas no pueden trabajar fuera de casa, ni tan siquiera salir de ella sin la compañía masculina. Lo ha explicado muy bien la portavoz de Izquierda Unida. Esta medida afecta, por ejemplo, de una manera muy especial a las miles de viudas, la mayoría de ellas viudas de guerra, que dependen de sus salarios para alimentar a sus hijos y que ahora o bien pasan hambre o

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bien corren el riesgo de ser azotadas si es que se atreven a acudir a los mercados a pedir limosna.
Las mujeres afganas no pueden ser examinadas por un médico ni un enfermero varón. Esto supone en la práctica que están condenadas a no recibir asistencia sanitaria alguna. Señorías, la mortalidad maternal en Afganistán es ahora la segunda más elevada del mundo.
Tampoco las niñas afganas pueden asistir a las escasas escuelas públicas que existen en el país, porque están reservadas para los niños. Como resultado de esta política, el analfabetismo en Afganistán alcanza ya al 85 por ciento de la población femenina.
Las mujeres afganas para salir a la calle deben colocarse el burka, un mantón que les cubre desde la coronilla a la punta de los pies y que incluye un velo que les tapa el rostro y que sólo les permite ver a través de una rejilla situada a la altura de los ojos. Si no usan el burka, si, como ellos dicen, no van correctamente vestidas, las mujeres son azotadas y apedreadas en público. Estas dramáticas restricciones a los derechos de las mujeres, unidas a la extrema pobreza que vive el país, están provocando una espantosa tragedia.
La presión internacional, y muy especialmente el trabajo de la misión de las Naciones Unidas en la zona, ha conseguido que el régimen talibán acepte unas mínimas concesiones, y gracias a ello algunos pequeños grupos de niñas pueden ahora recibir educación elemental en pisos privados, y cuarenta mujeres que eran estudiantes de medicina y que en 1996 fueron expulsadas de la universidad, como todas las mujeres, han podido reanudar su carrera.
Por eso queremos expresar nuestro apoyo al proceso de diálogo impulsado por Naciones Unidas, y muy especialmente a la labor desarrollada por el representante del secretario general de Naciones Unidas para Afganistán, y también dar nuestro apoyo a la posición común de la Unión Europea sobre Afganistán aprobada el pasado 22 de enero, que promueve el respeto del derecho humano internacional y de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y las niñas. Pero a pesar de todo ello, como muy bien han explicado recientemente algunos medios de comunicación, en Afganistán la situación de las mujeres en su conjunto sigue deteriorándose hasta extremos que han sido calificados como criminales.
Por todo lo expuesto, es por lo que en un día como hoy queremos manifestar una vez más nuestra denuncia y nuestro rechazo al clima de violencia y terror que viven las mujeres y las niñas en Afganistán y a las continuas agresiones que sufren en sus derechos más básicos, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, y que no son otros, señorías, que el derecho a la libertad y a la vida.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por último, Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Saínz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para expresar nuestro voto a favor de una proposición no de ley, que hemos firmado conjuntamente con todos los grupos políticos parlamentarios, con la que queremos simbolizar nuestro apoyo, nuestra firme defensa a favor de las mujeres de Afganistán, unido a la denuncia más clara y más contundente por la grave situación en la que malviven, porque no se puede decir que viven, las mujeres afganas que sufren la violación de los derechos humanos y la privación de las libertades más fundamentales.
Como conocen SS.SS., porque además las portavoces de los grupos parlamentarios así lo han puesto en evidencia, estas mujeres tienen prohibido trabajar o ejercer una profesión o estar en público como no sea en compañía de un varón. No tienen acceso a la educación ni tampoco a la dispensa de una atención sanitaria. Están obligadas a utilizar una burka que las cubre de los pies a la cabeza y sólo pueden mirar a través de unas rejas, porque eso son las rejillas, como si estuvieran en medio de una cárcel.
Señorías, aquí se ha dicho algo, y nuestra voz tiene que quedar también muy clara al respecto. La opinión mundial ha alzado su voz ante la destrucción de unas estatuas preislámicas que sabemos que los talibanes están destruyendo. Siendo un hecho de un barbarismo cultural muy claro y de una intolerancia religiosa que nuestro grupo no tiene menos que condenar (en este sentido queremos anunciar que presentaremos una iniciativa que también nos gustaría que fuese firmada por todos los grupos de esta Cámara), nos hubiera gustado escuchar las mismas condenas internacionales, las mismas voces en defensa de las mujeres afganas. Nos hubiera gustado incluso escuchar esa voluntad para acoger a algunas de las mujeres que están sufriendo esta situación de malos tratos, de riesgo de su vida, en aquellos países dispuestos en cambio a acoger rápidamente a las estatuas.
Estamos hablando de mujeres a quienes la represión de los talibanes acaba, cuando no torturando o incluso matando, convirtiéndolas en verdaderas estatuas, en momias vivientes, sin ningún derecho humano y sin libertad.
Nuestro parlamento lo ha denunciado en otras ocasiones y nuestro grupo muestra su satisfacción porque hoy las mujeres y los hombres de todos los grupos políticos volvamos claramente a denunciarlo y a condenar la tortura que sufren estas mujeres a manos de los talibanes. Deseamos algo más, dar traslado de esta denuncia y declaración al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas, con el fin de que se trabaje con toda la fuerza, con toda la decisión y con toda la voluntad por el respeto de los derechos humanos, del que hoy carecen

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millones de mujeres y niñas en Afganistán, a manos de un régimen totalitario que nuestro grupo rechaza en cualquier lugar en donde se dé. Porque nuestro grupo está siempre a favor de la libertad y de los derechos humanos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas las mujeres y las niñas en Afganistán.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 291; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de la proposición no de ley. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, APLIQUE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL FUERTE TEMPORAL DE LLUVIA Y VIENTO DE ESTOS ÚLTIMOS DÍAS EN CIUDAD RODRIGO Y EN LA COMARCA DE BENAVENTE. (Número de expediente 162/000169.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con al Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca de Benavente.
Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra, en primer lugar, el señor Iglesias, que deberá compartir el tiempo con el señor Martínez Maillo. (Rumores.) Una vez más reitero lo dicho al final de cada votación: ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan rápidamente y en silencio, y a los demás miembros de la Cámara les ruego que ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio Adelante, señor Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Sin lugar a dudas, el año 2000 y lo que llevamos de 2001 están siendo atípicos en lo que se refiere al tiempo atmosférico. Diciembre de 2000 trajo numerosas tempestades, vientos y aguas por doquier a toda la península Ibérica. Durante los primeros días de diciembre, esta tempestad fue especialmente rigurosa en las provincias de Salamanca y Zamora.
En la provincia de Salamanca, que es a la que me voy a referir, los daños han sido muy cuantiosos. Datos de la Diputación de Salamanca hablan de más de 500 millones en lo que a esta Administración se refiere; pero, sin lugar a dudas, ha sido Ciudad Rodrigo la que se ha llevado la peor parte de toda la provincia con el desbordamiento del río que pasa por la localidad, el río Águeda, y los regatos y riachuelos adyacentes.
Tengo que decir, señorías, que lo que aconteció el día 7 de diciembre en Ciudad Rodrigo fue una situación grave. Estuve allí presente y puedo asegurarles que, aunque desde la distancia puede parecer una anécdota lo que sucedió allí, hubo peligro incluso para las vidas humanas durante el transcurso de la mañana del referido día 7.
Ha habido cuantiosas pérdidas materiales en lo que se refiere a las infraestructuras de las administraciones públicas -local, regional y provincial-, carreteras, caminos y márgenes del mencionado río Águeda. También el campo por el que la riada discurrió, con cabezas de ganado muertas, cultivos anegados, etcétera, presenta un ambiente realmente dantesco.
Sin lugar a dudas, la cara más amarga del temporal que tuvo lugar el día 7 de diciembre la padece la población de la localidad de Ciudad Rodrigo, y esta es quizá la gran diferencia respecto a otros lugares.
Negocios familiares y viviendas han sido diezmados por el temporal y Protección Civil tuvo que evacuar a más de ochocientas personas en un tiempo récord. Vaya desde aquí mi felicitación a los cuerpos de seguridad del Estado y a todos aquellos que colaboraron porque, en una hora, el río pasó literalmente por más de cien viviendas de gentes en su mayoría humildes, que perdieron -y quiero poner el acento en esto- todo o prácticamente todo.
Han sido muchas las pé4rdidas que se han producido en la ciudad de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca -el compañero se referirá a la provincia de Zamora-, pero especialmente estas gentes son las que se llevaron la peor parte.
Sabemos que hay iniciativas por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, ha habido iniciativas importantes de otras administraciones, como la Junta de Castilla y León, como es la Diputación de Salamanca, pero es de justicia que esta Cámara en el día de hoy apruebe esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque apelando a su sentido común tengo que decir que para paliar en lo posible lo que ha sucedido en Ciudad Rodrigo, lo que ha sucedido en la provincia de Salamanca hay que hacer lo que sea más razonable. Esta proposición no de

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ley sin lugar a dudas da una respuesta política. Con el buen hacer del Gobierno de España, espero que haya otro tipo de respuestas más concretas para que todos aquellos que de alguna manera se han sentido perjudicados por el temporal, que fue absolutamente increíble, insólito e inesperado en la ciudad de Ciudad Rodrigo y en la provincia de Salamanca, puedan contar con la ayuda, con la colaboración del Gobierno de España y en primer lugar con el apoyo de esta Cámara para su aprobación.
Sin más, espero que esta proposición no de ley, que se refiere tanto a la provincia de Salamanca como a la de Zamora, sea comprendida por esta Cámara con el apoyo de todos ustedes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iglesias.
Señor Martínez Maillo.


El señor MARTÍNEZ MAILLO: Gracias, señora presidenta.
Como ha dicho Francisco Javier Iglesias, el motivo de la presente proposición no de ley traída a debate por el Grupo Popular (recalco traída a debate por el Grupo Popular por lo que al final de mi intervención diré) es consecuencia de las graves inundaciones sufridas en la provincia de Zamora, y fundamentalmente en la comarca de Benavente, desde el mes de diciembre del año pasado debido a las numerosas precipitaciones en forma de agua, inimaginables en años anteriores.
La presente proposición no de ley cobra especial vigencia y actualidad en el día de hoy porque las inundaciones se han vuelto a repetir, si cabe aún con mayor virulencia, en la comarca de Benavente, como en otras zonas de la provincia de Zamora, como las comarcas de Sanabria, La Carballeda, Aliste, Alba, Tierra del Pan y Sayago, razón por la que pretendemos que esta iniciativa parlamentaria sirva de ámbito político en el que se desarrollen el conjunto de las inversiones necesarias para paliar estos efectos del temporal.
Hasta sesenta localidades de la provincia de Zamora se vieron afectadas. Las consecuencias de las inundaciones fueron inquietantes: más de veinticinoveinticinco carreteras cortadas, decenas de pueblos aislados, problemas de luz, árboles y antenas caídas, polideportivos, casas consistoriales inundadas, así como viviendas anegadas.
En el conjunto de la provincia los daños afectaron en un 70 por ciento a infraestrucuturasinfraestructu` de carácter público, además de daños en las cosechas agrícolas, fundamentlamentefundamentalmen` en la cosecha de maíz, que supone el 80 por ciento de los ingresos del sector agrario de la comarca benaventana, así como la cosecha de remolacha. Especial relevancia tiene la ciudad de Benavente donde desde el 8 de diciembre del año 2000 se ha desboradodesbordado el río en seis ocasiones y hasta en seis ocasiones se ha tenido que estar sin agua potable. Hoy exactamente en Benavente no existe agua potable por lo cual 17.000 zamoranos no gozan de este servicio público.
Esta proposición no de ley debe servir para instar la reparación de los daños ocurridos. Concretamente el Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo aprobó una primera línea de ayudas por valor de más de 400 millones de pesetas para la recuperación de las defensas y la protección de las márgenes de los ríos. Tenemos que felicitarnos por esta iniciativa, ya que con urgencia y por la necesidad, plenamente justificada, se ha tenido la sensibilidad suficiente para acometerla con prontitud y eficacia. Pero igualmente se necesitan nuevas inversiones. La Administración central ha invertido más de 1.500 millones de pesetas en nuevas líneas de defensa, pero es necesario hacer una inversión mayor. El segundo proyecto Benavente consiste precisamente en la construcción de nuevas líneas de defensa que son absolutamente imprescindibles para todos los ríos que confluyen en la cuenca del Duero.
Esta proposición no de ley debe servir para instar al Gobierno para que en colaboración con las administraciones, fundamentalmente la Junta de Castilla y León, cuantifique y palie estos daños. Nos referimos fundamentalmente a las infraestructuras públicas, carreteras de titularidad provincial o autonómica, caminos rurales, bienes municipales, casas consistoriales, colegios, institutos, centros sanitarios, los daños en agricultura, fundamentalmente, como he dicho antes, en maíz y remolacha, también, como no podía ser de otra manera, a los daños a las propiedades privadas que en Benavente han sido inferiores a los que se han producido en Ciudad Rodrigo y, finalmente, la reparación de unos caminos de la ciudad de Benavente, así como la construcción de un nuevo paso de aguas en el camino de Santa Cristina, y fundamentalmente las actuaciones tendentes a garantizar el abastecimiento de agua potable en Benavente, que no vuelva a ocurrir, en definitiva, que estén sin agua potable Me gustaría finalizar con el principio de mi intervención, cuando hablaba de que esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Popular. Es cierto que mi provincia, por la que soy diputado, tiene indudables carencias, algunas de ellas estructurales, y que se traducen en ocasiones en datos económicos no muy alentadores, siempre y cuando se miren solamente desde el prisma del conocimiento puramente teórico y desde una escasa perspectiva histórica. Pero no es menos cierto que por primera vez un gobierno, el del Partido Popular, está comenzando a mirar por esta provincia tratando de rebajar a toda prisa el déficit histórico que otros crearon con su apatía, demostrando el Gobierno del Partido Popular que Zamora también existe. Buena prueba de esta intencionalidad política es la presente proposición no de ley que ha sido presentada por el Grupo Popular y que probablemente otros no se han atrevido a plantear quizá

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por algún tipo de prejuicio histórico. Señores del Grupo Socialista, tienen una inmejorable ocasión para comenzar a ejercer labor institucional en relación con la provincia de Zamora y no sólo poniéndose detrás de una pancarta, sino apoyando esta proposición no de ley que beneficia y ayuda al desarrollo de nuestra tierra.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista, a nuestro entender, carece de sentido porque se sale del objeto de esta proposición no de ley, ya que trata de ampliarlas a todo el territorio nacional adoptando medidas que no son de aplicación por la singularidad de las mismas. Por otra parte, la finalidad de dicha enmienda está recogida en el propio espíritu de la proposición no de ley.
Por todo ello, esperamos el apoyo de todos los grupos políticos para que con su voto hagan un gesto de solidaridad territorial con Zamora y con Salamanca, con una región y con unas provincias tan necesitadas de ayuda en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta.(La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Señorías, la verdad es que la propuesta que aquí se debate tiene tan poco contenido, efectivamente a iniciativa del Grupo Popular, como se ha reiterado, que al menos en la última de las dos intervenciones que han compartido SS.SS. se ha introducido un elemento que nada tiene que ver con las lluvias del mes de diciembre; ni con las de diciembre, ni con las del mes de febrero ni con las de marzo, con las que recientemente están asolando nuestra tierra. Es posible que muchas de SS.SS. no hayan comprendido la intención de esa última intervención. Se refiere a una manifestación de 30.000 ingenuos zamoranos -así calificados por el señor Cascos- que han reivindicado que se hagan cosas en Zamora, en relación con datos que no son teóricos, que son bastante reales. No he conocido nunca que datos o elucubraciones de carácter teórico puedan sacar a la gente a la calle en tal magnitud y con tal irritación. De lo que hablamos aquí es de un hecho singular y grave, que en estos días justamente está poniendo de actualidad, mucho más si cabe, esa situación.
Los daños han sido descritos, afectan a infraestructuras de comunicación, medioambientales, de regadíos, afectan directamente a las explotaciones agrarias y a particulares. Por eso, al Grupo Socialista le llama la atención que unos daños de tal naturaleza y con características tan múltiples tengan como respuesta en la propuesta del Grupo Popular algo tan sencillo como una frase que viene a decir que el Gobierno haga algo. Creo que la función del Parlamento debe ir un poco más allá, debe autovalorarse más, debe decir qué es lo que queremos que haga el Gobierno con relación a estos daños tan importantes. De todas las proposiciones no de ley, y hay muchas en esta legislatura y en otras con relación a situaciones como ésta de carácter catastrófico, nunca había visto una propuesta tan singular y tan vacía como la que hoy defiende el Grupo Popular. Pretender sacar agua -perdón por la alusión, que posiblemente no es oportuna- a una propuesta de esa naturaleza, con ese texto, me parece que es excesivo; sacar pecho diciendo: se nos ha ocurrido a nosotros y no a los demás que le digamos al Gobierno que tiene algunas obligaciones con relación a estos hechos, sin decirle nada más, me parece excesivo. ¿Por qué se reiteran en los mismos puntos de la geografía, en los mismos lugares concretos, a lo que se refiere la primera parte de nuestra enmienda, lo que afecta a Ciudad Rodrigo y a la comarca de Benavente, es decir, las inundaciones con un carácter tan escandaloso? Hoy se ha recordado aquí -y no es la primera vez, han sido varias en estos meses- que una de las ciudades con un número importante de habitantes de la provincia de Zamora -tenemos pocas- no tiene agua potable. No es algo que pueda imputarse a un hecho espectacular, a un terremoto o a algo realmente imprevisto, sino a que las infraestructuras con las que contamos y los medios de prevención que hay que poner para que esto no ocurra no han funcionado. Señorías, nos estamos refiriendo a inundaciones que tienen su causa directa en obras que se tenían que haber realizado y no se han llevado a cabo. Hace poco hemos asistido a un hecho realmente lamentable, la caída de un puente en Portugal, que no debería estar funcionando como tal puente. Aquí ocurren, en menor escala, hechos exactamente iguales. En 1996 se paralizan las obras de protección de Morales del Rey, de Santa Croya, etcétera, en la Confederación Hidrográfica del Duero, y si alguien conoce directamente las inundaciones, cómo se han producido, qué causas tienen y por qué han sido tan espectaculares, sabrá que tienen que ver directamente con esas obras de infraestructura y con la limpieza de los ríos que se tenían que haber hecho y no se han hecho. Este es otro elemento a tener en cuenta.
La enmienda que presenta el Grupo Socialista quiere introducir algo concreto, es decir, qué decimos al Gobierno con relación a estas situaciones. En primer lugar pide que se haga una evaluación de los daños causados, en colaboración con la comunidad autónoma, ayuntamientos y sectores afectados -por ejemplo, lo han exigido y no lo consiguen las organizaciones agrarias, algo tan concreto y sencillo como eso-. En segundo lugar, que esto se refleje normativamente de alguna forma para que el ciudadano, los ayuntamientos, los particulares por supuesto o las organizaciones

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afectadas sepan a qué acogerse; un real decreto -no debería ser ninguna novedad; yo he hablado con los representantes en esta materia del Grupo Popular y les parece un hecho realmente excepcional- que regule la forma en la que han de acogerse unos y otros a las reparaciones o a los derechos concretos y regulados a los que haya lugar en una materia como esta. En tercer lugar, no vale de nada decir que ha habido muchos daños en la agricultura. Claro que los ha habido, enormes proporciones de superficies fundamentales de la agricultura zamorana, de maíz, de remolacha que o bien no han podido ser recogidas o bien no se han podido hacer las siembras. Son daños precisos, por cierto, muchos de ellos no regulados en las órdenes que están previstas para los seguros, y, por tanto, proponemos algo de sentido común, que es que aquello que no esté contemplado como riesgos reparables en las órdenes que regulan los correspondientes seguros sea introducido como una reparación en este real decreto. Por último, pedimos que se hagan las obras necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
Es verdad que hay una segunda parte de la enmienda que, por lo que he visto, les ha llamado la atención a sus señorías. El Parlamento tiene que ser ágil. En este momento estamos sufriendo tragedias que territorialmente afectan a gran parte de las poblaciones españolas; por tanto, ¿por qué no puede el Parlamento introducir un elemento que responda de una manera inmediata a las cosas cuando ocurren y no varios meses después, de tal forma que eso introduzca elementos que no sólo regulen las cosas, sino que respondan a los daños cuando se han producido? No debería llamar la atención. Hoy hay territorios de la propia cuenca del Duero mucho más amplios que los que recoge la propuesta, territorios del Guadalquivir, de gran parte del país en su conjunto que están afectados por gravísimas inundaciones y por gravísimos daños. No debería llamar la atención que el Parlamento fuera capaz de reaccionar con cierta agilidad y con cierta rapidez.
Esta es la aportación que queremos hacer y espero que SS.SS.
reconsideren su postura de un no radical a todas y cada una de las enmiendas concretas que pretenden dar contenido a su propia propuesta.
Como gran parte de la intervención se ha referido a un hecho que nada tiene que ver con esta propuesta, les diré que, efectivamente, ha habido miles y miles de zamoranos que hemos salido a la calle -somos poco más de 200.000 y lo hemos hecho 30.000-. Es posible que quienes hemos salido a la calle seamos unos ingenuos, pero si usted quiere quitarse la espina de que efectivamente este diputado por Zamora ha estado en la manifestación, le aconsejo que elija un momento diferente y, sobre todo, una expresión más oportuna que esa, porque ya sabe usted lo que decimos en Zamora y cómo respondemos allí a una expresión tan ofensiva como la del señor Álvarez-Cascos. Nos puede llamar ingenuos, pero yo no voy a repetir aquí lo que los zamoranos piensan de usted y del señor Álvarez-Cascos por decir estas cosas. Dejen ustedes a los zamoranos que, por lo menos, se permitan el lujo de manifestarse. No es mucho y, por tanto, no les debería molestar.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Cuadrado.
En el turno de fijación de posiciones, ¿algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que una lo tiene difícil para saber qué tiene que hacer con una proposición como esta. Seguimos con los juegos florales. Yo comprendo que ser minoría es muy agobiante, pero también comprendo que ser mayoría pasa por tener más respeto a la oposición. Desde luego, venir aquí instando al Gobierno desde el Grupo Popular es una falta de respeto. El Gobierno es el que tiene que venir aquí con un crédito para resolver estos problemas de un modo inmediato, señorías, porque lo demás son juegos florales. No hay más. Los zamoranos y los afectados por estas desgracias lo que esperan del Partido Popular es precisamente eso, que vengan aquí con el crédito extraordinario para solucionar la situación.
Mi grupo parlamentario siempre ha defendido que exista una ley general para este tipo de sucesos que dé cobertura inmediata a las actuaciones del Gobierno y es lo que nos gustaría que hubiera, una ley que diera cobertura inmediata a las actuaciones del Gobierno y, además, que diera satisfacción a los afectados. Yo no voy a hablar de las desgracias de los afectados en la comarca de Benavente o en cualquier sitio de Castilla y León. Todos los que hemos nacido allí y somos nietos o hijos de campesinos sabemos de qué depende su vida. Yo pensaba que también lo sabían los señores del Partido Popular, pero veo que tienen una cierta esquizofrenia. Por lo tanto, agradeceríamos que hubiera en el futuro mayor rigor y mayor seriedad. Yo creo que nos merecemos ese respeto porque esta oposición es rigurosa. Me parece que es la cuarta vez que me veo obligada a pedirle este respeto al Grupo Popular.
Hay tres requisitos para nosotros exigibles en este tipo de actuaciones que yo me voy a permitir recordarles por si los señores del Partido Popular tienen a bien considerar las propuestas de esta diputada: ayudas directas, porque en los reales decretos nunca aparecen, no sabemos por qué. Ustedes siempre buscan fórmulas de préstamos, de cosas raras, que, al final, resuelven menos problemas de los que deben y crean algunos más de los que ya teníamos. Por tanto, les vuelvo a recordar la necesidad de estas ayudas directas para resolver este tipo de problemas. En segundo lugar pedimos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que

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haya un verdadero rigor en la valoración efectiva de los daños causados por las catástrofes naturales, y en este caso nos referimos concretamente a la proposición no de ley que usted presenta aquí hoy.
En tercer lugar, señorías, exigimos desde este grupo que haya una gestión transparente con participación de los afectados y de las diversas administraciones implicadas en la gestión de los recursos.
Con estas tres premisas nosotros, como es obvio, estamos dispuestos ya mismo a emprender ese viaje. El problema está en que tienen que saber los de la comarca de Benavente y el resto de los afectados que no garantiza nada el hecho de que aquí se traiga una proposición no de ley y se inste al Gobierno. Lo que nos daría tranquilidad a todos, a los afectados y a la oposición, es que el Partido Popular de verdad ejerciera su responsabilidad y, repito, que hubiera venido aquí con el dinero poniéndolo encima de la mesa, para que todo el mundo pudiera estar tranquilo. Una vez más han perdido ustedes la oportunidad de hacerlo. Yo quiero decir con todos los respetos desde el punto de vista personal por su trabajo, como siempre, para el compañero del Partido Popular que nos trae esto aquí que es cancha para el Gobierno pero no para los afectados por los desastres naturales en Castilla y León, particularmente en la comarca de Benavente.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez Maillo para señalar si acepta o rechaza la enmienda.


El señor MARTÍNEZ MAILLO: Simplemente quiero decir que no se acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Martínez Maillo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca de Benavente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 291; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida proposición no de ley. (Aplausos.) - DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE JUVENTUD Y RACISMO.
(Número de expediente 162/000140.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre juventud y racismo. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pajín.


La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para tratar un tema que francamente nos preocupa; nos preocupa porque durante los últimos años estamos asistiendo al aumento de comportamientos racistas y xenófobos en todo el continente europeo, donde desgraciadamente España no es una excepción. Estas actuaciones racistas comportan en muchas ocasiones graves consecuencias para los ciudadanos afectados, que incluyen daños graves a las personas y a las propiedades. No quiero decir con esto -entiéndanme bien, señorías- que España sea un país racista, en absoluto, pero hechos concretos ocurridos en diferentes regiones de nuestro país -véase el caso de El Ejido, de Almoradí en Alicante o de determinadas regiones de Cataluña- demuestran que no estamos exentos de este riesgo. Además, son comportamientos antisociales que se producen contra comunidades minoritarias, que con frecuencia sufren exclusión, penuria económica u otras situaciones difíciles y que acaban padeciendo todo tipo de discriminaciones y abusos. A nadie se le escapa, señorías, que estas discriminaciones nunca van en contra de inmigrantes que puedan jugar en los equipos de fútbol de primera división o de jeques que suelan tener sus mansiones en la Costa del Sol, sino de aquellos que sufren condiciones de exclusión y, por tanto, serios problemas económicos. Dichos comportamientos, además, responden a la pérdida de referencias individuales, a las dificultades de inserción social, al desconcierto ante la diversidad cultural, a la inquietud ante lo diferente y, también, a la explotación política de la ignorancia y la inseguridad.
El primer problema que nos encontramos, señorías, es que dichos comportamientos no siempre son visibles, pues pocas personas suelen declararse abiertamente racistas, y que sólo tiene su visualización clara en acontecimientos tan evidentes como las agresiones de los skins o de los grupos neonazis, los insultos o agresiones de particulares, pintadas y amenazas racistas, vulneración de los derechos fundamentales o discriminación laboral de los inmigrantes.
Es aquí donde quiero detenerme porque, desgraciadamente, ha habido un descenso en la edad de quienes practican estos comportamientos. El último informe del Injuve, del 19 de octubre de 2000, sobre la juventud española, y a pesar de la interpretación positiva que hicimos todos de él, arroja datos preocupantes en tanto en cuanto se ven

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todavía determinadas posiciones de carácter prejuicioso ante comportamientos xenófobos y racistas en un importante sector de jóvenes españoles. Esta situación puede acarrear graves consecuencias para la convivencia en nuestro país en el presente y más aún en el futuro. Así, en este informe, como les decía, señorías, se indica que el 30 por ciento de los jóvenes españoles cree que el fenómeno de la inmigración será, a la larga, perjudicial para la raza y otro 24 por ciento cree que tendrá efectos negativos para la moral y las costumbres españolas. Como ven, señorías, estos datos deben preocuparnos en tanto en cuanto están creciendo, como decía, los comportamientos prejuiciosos a raíz de la inmigración. Junto a esto, además, persisten actitudes racistas con las propias minorías étnicas constituidas principalmente por españoles, como es el caso de los gitanos.
Quiero hacer especial hincapié en este tema en un momento en el que el aumento de las diferencias entre los países pobres y ricos, los conflictos y la globalización de la información, entre otros elementos, están impulsando crecientes migraciones de personas hacia los países europeos, que en muchos lugares empezaron hace décadas. En España, la inmigración es un fenómeno muy reciente, pero es previsible un fuerte aumento de estos flujos, en un proceso mucho más rápido y brusco que el ocurrido en otros países en los que se inició antes y de forma más progresiva. Los acontecimientos vividos en nuestro país en los últimos meses ponen en evidencia ese riesgo si no sabemos actuar a tiempo. Las últimas cifras del CIS lo reflejan claramente. El grado de intolerancia de los españoles hacia los inmigrantes ha aumentado en 14 puntos respecto al año 1999; además, el 50 por ciento de los encuestados afirma que España es un país racista. Señorías, como consecuencia, hay una evidente relación entre el aumento de la inmigración y el de actitudes racistas preocupantes.
En este contexto, se hace necesario un especial esfuerzo de preparación de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para la convivencia en una sociedad multirracial y multicultural en la que, cada día con mayor nitidez, van a desarrollar sus vidas. Es aquí precisamente donde deben entrar las instituciones. Los grandes avances del sistema educativo desarrollados durante las últimas décadas y las importantes campañas de sensibilización llevadas a cabo por las administraciones, como Combate el racismo o Somos diferentes, somos iguales, que movilizaron a numerosas ONG e instituciones, supusieron un paso significativo en la concienciación contra el racismo y la xenofobia entre los jóvenes españoles. Hoy, los datos citados y los acontecimientos que ya he enumerado ponen de manifiesto la insuficiencia de dichas políticas públicas enfocadas a erradicar dichos comportamientos en los últimos años, dejando sólo en manos de las ONG la realización de campañas de sensibilización, como la tarjeta roja de SOS Racismo, las campañas de refugiados de CEAR o las del Consejo de la Juventud de España.
Señorías, la inmigración es el reto más importante que va a vivir nuestro país en este siglo. España tiende a ser un país multicultural donde los españoles, especialmente los más jóvenes, deben vivir dicho reto en positivo y deben estar preparados para la integración. Un país que deja aumentar los comportamientos racistas no es un país que profundice en los valores de nuestra Constitución; Constitución que contempla los derechos humanos como elemento esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Además, tanto la Organización de las Naciones Unidas como las instituciones españolas y las de la Unión Europea han asumido clara y reiteradamente la promoción de los valores inherentes a la diversidad cultural y racial y la defensa de las personas que son objeto de discriminación. En ese sentido existe una amplia coincidencia en el importante papel de la educación para avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad y para la promoción de los derechos y libertades fundamentales en el marco de una convivencia democrática y basada en el respeto mutuo.
Por todo ello, señorías, sería un paso decisivo que de forma unánime en esta Cámara instáramos al Gobierno a que se comprometiera a las siguientes actuaciones: Crear o estudiar la creación del observatorio español del racismo y la xenofobia, con los mismos objetivos que el europeo y con la dotación de recursos económicos y humanos necesaria.
Otro compromiso que nos parece fundamental es que el pacto por la integración social de los inmigrantes y el programa de prestaciones para los refugiados incluya medidas de prevención contra la violencia urbana, el racismo y la xenofobia, y también el resto de los planes de igualdad, ampliando especialmente esta cuestión en el plan de juventud. Nos parece además fundamental que se fomente la investigación y la producción de material educativo, el intercambio de material pedagógico, la formación continua del profesorado y los intercambios de personal docente en el ámbito europeo. Asimismo, instamos al Gobierno a que revise los textos y los libros de texto con el fin de que hagan visible la cultura, las costumbres y los valores de las sociedades de las que proceden los hijos de inmigrantes que se integran en nuestras escuelas. Creemos además que es importante incrementar el apoyo político y económico a organizaciones no gubernamentales de refugiados e inmigrantes, así como a las asociaciones de ciudadanos activamente comprometidos a favor de las minorías y que luchan contra el racismo y la xenofobia.
Creemos además fundamental, de acuerdo con el Consejo de la Juventud de España y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, además de las comunidades autónomas, poner en marcha una amplia campaña de sensibilización que anime a los jóvenes y a la sociedad en general a defender activamente el valor de la tolerancia y a promover la dignidad e igualdad democrática, planteando la diferencia como una reciprocidad

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positiva entre realidades y culturas. Esta campaña debería incluir información sobre la contribución positiva que los inmigrantes aportan a la sociedad española. Además vemos interesante proclamar el día 21 de marzo de cada año fiesta de la diversidad cultural en los establecimientos docentes, de acuerdo con las comunidades autónomas. Nos parece importante que no se trate sólo de un día simbólico, sino que se aproveche dicho día para poner en positivo la integración de los inmigrantes y la diferencia entre las distintas culturas. Además creemos que el Gobierno debería firmar convenios con los diferentes medios de comunicación para desarrollar un código de conducta exigente y respetuoso con los derechos humanos y los valores multiculturales que coexisten en la sociedad española.
En definitiva, señorías, traemos a esta Cámara una profunda preocupación por el aumento de los comportamientos xenófobos y racistas, no solamente en Europa, sino en España, en un momento en el que la inmigración aumenta en nuestro país y en el que tenemos la responsabilidad de poner en positivo ese multiculturalismo al que aspiramos como país, en tanto en cuanto creemos oportuno que el Gobierno se comprometa a realizar actuaciones concretas en el marco de la erradicación de la discriminación, de la xenofobia y del racismo, y que se comprometa a poner en positivo en la educación todos los valores que nos lleven a este multiculturalismo.


Señorías, les decía al principio de mi intervención que la inmigración es el reto más importante que tiene este país. Sepámosla prever, sepamos preparar a nuestro país, especialmente a nuestros jóvenes, para esta integración y pretendamos una convivencia en paz y en positivo.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Tahar Ben Jalloun, en su libro El racismo explicado a mi hija, afirma que el racismo está en todas partes donde hay hombres. No hay un solo país que pueda pretender que no tiene racismo. El racismo forma parte de la historia de los hombres. Es como una enfermedad, más vale saberlo y aprender a rechazarlo. Hay que controlarse y decirse: si tengo miedo al extranjero, él también tendrá miedo de mí. Siempre somos extranjeros de alguien. Aprender a vivir juntos, he ahí la mejor manera de luchar contra el racismo.
Estas frases que se explican en este fantástico libro, El racismo explicado a mi hija, de este escritor de origen marroquí, permiten expresar a todos los grupos de la Cámara una amplísima coincidencia en el planteamiento de fondo de esta proposición no de ley. De entrada, que sepa el Grupo Socialista que la iniciativa cuenta con nuestra simpatía. La creemos oportuna y necesaria en un momento, además, en el que el debate alrededor del fenómeno de la inmigración está demasiado rodeado de ruido, de barullo y donde el esfuerzo pedagógico que se está realizando entre todos seguramente es escaso. Hoy, si aprobamos esta proposición no de ley como espero que así suceda, contribuiremos desde esta Cámara a que el ruido y el barullo disminuyan y a lanzar algún mensaje pedagógico. Está claro que una política que incida sobre el racismo y la xenofobia sobre la que viene insistiendo desde hace años ya la Unión Europea, tiene que formar parte del conjunto de la política global de inmigración del Estado, pero también es cierto que en el caso de España, como el Consejo de Europa nos ha recordado en diversas ocasiones, también se incorpora la necesidad de combatir la discriminación de los ciudadanos españoles de etnia gitana. Esa es también una singularidad clarísima de la realidad del racismo en el Estado español.
Si recordamos, como bien apunta Tahar Ben Jalloun, que ningún país, ninguna sociedad, ningún Estado tiene ausencia de racismo y que el Estado español incorpora esta realidad, las políticas que dirijamos a combatir este fenómeno desde las administraciones incorporan de manera muy prioritaria el ámbito educativo. Si esta Cámara insta al Gobierno a realizar actuaciones en esta línea, debe partir de las competencias exclusivas que sobre esta materia tienen hoy las comunidades autónomas -y de ahí la orientación de las enmiendas que ha planteado nuestro grupo-, debe insistir en la necesidad de la formación del conjunto de todos los funcionarios de la Administración pública y de manera muy especial sobre los funcionarios de la Administración central del Estado. Asimismo, está la exigencia de que la Fiscalía General cumpla con las disposiciones españolas en la materia y de manera muy específica del Código Penal español, que en su reforma de 1995-1996 incorporó por primera vez una panoplia de artículos que permiten combatir al racismo, y ahí también apunto que quizá sería interesante que en algún momento la Cámara y el Gobierno efectuasen un balance de cuáles son las posibilidades que hasta el momento nos ha dado el nuevo Código Penal. Finalmente, una actuación en este ámbito debe incorporar una sensibilización del conjunto de la sociedad.
Estas políticas hoy tienen, además, una triple dimensión, la europea, la que se deriva del artículo 13 de la Constitución, donde se lucha contra el racismo y la xenofobia, se convierte en una política de la Unión, y debe partir también del hecho de que hoy los instrumentos más eficaces para combatir el racismo y la xenofobia desde lo público están en manos de los gobiernos autonómicos y de la Administración local, por lo que sería bueno que desde el Estado se procurase

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que esas administraciones tuviesen los recursos suficientes para desarrollar esa política, política que necesita la complicidad de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de inmigrantes, de los profesionales del mundo de la pedagogía, del mundo de la educación. Por tanto, aquello que se pretenda impulsar desde el Estado debe incorporar claramente ese principio de subsidiariedad.
La enmienda de Convergència i Unió pretende remarcar estas cuestiones. Existe una coincidencia de fondo con el contenido de la proposición no de ley así como con el contenido de la enmienda del Partido Popular y, por tanto, estamos convencidos de que esta tarde podremos aprobar por unanimidad esta proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a esta tribuna después de escuchar con la máxima atención a los anteriores portavoces, y subo con el firme convencimiento de que la proposición no de ley que hoy nos ocupa tiene como denominador común a todos los grupos la preocupación y la convicción de que, aun cuando cualquier actitud racista o xenófoba resulta absolutamente deleznable, es sin duda cuando este atentado a la convivencia y a los derechos fundamentales de la persona se produce por el sector más joven de la sociedad cuando nos merece un motivo especial de reflexión.
Qué duda cabe que al día de hoy la sociedad europea, como así señalaba la portavoz del Grupo Socialista, es una sociedad multicultural y multiétnica, y su diversidad reflejada en la diversidad de culturas y tradiciones es un factor positivo y enriquecedor. Es por ello que el objetivo sobre el que debemos mantener nuestras actuaciones ha de ir encaminado a mantener esa sociedad abierta, plural y tolerante. España no obstante, como el resto de Europa, no ha sido ajena, aunque quizá en menor medida, a esos movimientos racistas y excluyentes. A nuestro grupo no le satisface de ninguna manera observar datos del informe de juventud que nos dicen que un 30 por ciento de los jóvenes españoles cree que el fenómeno de la integración será perjudicial para la raza. Lo mismo que ese 24 por ciento que piensa que la inmigración tendrá efectos negativos para la moral y las costumbres españolas. Sí que nos puede satisfacer observar que en el año 1985 estos datos eran sustancialmente mayores, cerca de un 20 por ciento mayores, al igual que al día de hoy el hecho de que un 94 por ciento de los españoles no tenga ningún problema para aceptar a extranjeros. Es ciertamente no sé si un motivo de euforia pero sí de esperanza sobre todo si lo comparamos con el resto de países europeos. Insisto en que todavía queda mucho por hacer, que debemos sin duda avanzar, pero tampoco, dada sobre todo la importancia del tema a tratar, podemos vender en él fuegos de artificio, primero, porque la sociedad así nos lo exige; segundo, porque tenemos una responsabilidad con esos jóvenes.
De ahí que nuestro grupo valore positivamente la proposición no de ley que se presenta a esta Cámara aunque insistamos e incidamos en hacer ciertas matizaciones, primero, porque se nos pide la creación de instituciones cuyas funciones pudieran estar asumidas. Por algo el Observatorio europeo del racismo y la xenofobia establece como objetivo prioritario en su artículo 2 proporcionar a la comunidad y a sus Estados miembros informaciones objetivas, fiables y comparables sobre los fenómenos del racismo, la xenofobia y el antisemitismo a nivel europeo, que puedan resultar útiles en la adopción de medidas y en la definición de acciones en los ámbitos de sus competencias respectivas. Si a esto añadimos que la directiva comunitaria de 29 de julio de 2000 promueve la designación de uno o más organismos responsables de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas -en España hay que recordar que existe ya el Observatorio para la inmigración-, nuestro grupo considera necesario hacer un estudio previo antes de la creación de ese posible observatorio del racismo y la xenofobia, un estudio que nos asegure que no existe duplicidad de competencias y un estudio que nos asegure que el nuevo organismo goza de todos los instrumentos para ser útiles a la sociedad.
El resto de las enmiendas, señorías, inciden en determinados aspectos que nuestro grupo considera fundamentales; en que las diferentes administraciones del Estado se impliquen a través de convenios con las comunidades autónomas en campañas informativas sobre la inmigración, como fenómeno positivo, dirigidas a la población general; en la mejora de las infraestructuras de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de incrementar la seguridad ciudadana y prevenir brotes racistas o xenófobos; en fomentar valores en el sistema educativo que permitan luchar contra el racismo y la xenofobia y el apoyo decidido e incondicional a organizaciones no gubernamentales desde las que se impulsará el fortalecimiento de esos principios sólidos de libertad y de igualdad que promueve nuestro Estado de derecho.
No obstante, señorías, no quisiera bajar de esta tribuna sin recordar que existen hoy en día una serie de actuaciones que son útiles a nuestra sociedad y que desde luego están siendo aplicadas mayoritariamente. El propio Plan de acción global en materia de juventud ya incluye acciones de prevención contra la violencia, el racismo y la xenofobia, relativas a la promoción de

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los valores de solidaridad, de tolerancia y de convivencia. Conviene también recordar que el fenómeno del racismo y la xenofobia afecta también a la sociedad en su conjunto y no sólo a los jóvenes. Los responsables de actitudes y hechos racistas no son jóvenes exclusivamente, del mismo modo que cuando hablamos de actitudes y hechos racistas y xenófobos no sólo podemos referirnos a inmigrantes y refugiados, olvidando a colectivos tan importantes social y cuantitativamente como el colectivo gitano. Es por ello que también desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se vienen promoviendo actuaciones de sensibilización, en colaboración con diferentes organizaciones no gubernamentales y con otras administraciones, en la línea de programas de promoción, integración social de inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados.
Desde el año 1997, y con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo de las actitudes de la población respecto a los inmigrantes y de su tratamiento en los medios de comunicación, el Imserso promueve la realización de una encuesta anual, referida a la actitud de los españoles hacia los inmigrantes, y participa en la elaboración y difusión de un informe trimestral relativo al seguimiento de las noticias referentes a inmigración y racismo que se difunden por parte de prensa, radio y televisión. Además, durante este año se está realizando por primera vez con el apoyo del Imserso una encuesta para conocer las actitudes de los inmigrantes hacia la sociedad española.
Estamos de acuerdo en fomentar valores en el sistema educativo que nos permitan luchar contra al racismo y la xenofobia. El Ministerio de Educación y Cultura trabaja en el campo de la multiculturalidad, tanto en el desarrollo de investigaciones y experimentaciones como en la producción de materiales didácticos para el profesorado. Si se observa el programa de juventud de la Unión Europea vemos con satisfacción cómo se contempla la organización de intercambios juveniles de todo tipo, incluidos aquéllos que fomentan los valores de tolerancia y rechazan el racismo y la xenofobia. ¡Claro que hay que poner en marcha campañas de sensibilización! Como decía antes, el Imserso está realizando muchas, variadas e intensas. Hay una que se iniciará este año, y se mantendrá en los ejercicios sucesivos, en el marco de la cual se desarrollarán diversas actuaciones de sensibilización y una campaña de publicidad institucional en colaboración con comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales.
A pesar de nuestra enmienda, señorías, no podríamos pasar por alto hablar de la formación de los funcionarios públicos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de instar la labor de la Fiscalía en la persecución de los fenómenos delictivos de carácter racista y xenófobo o de la aplicación del Código Penal en esta materia, por que, señorías, a pesar de que queremos seguir incidiendo en ello, no podemos cerrar los ojos como si ninguna de estas actuaciones hubiese ocurrido hasta ahora.
Por lo que respecta la institución del ministerio fiscal, ésta ha demostrado desde tiempo atrás su intención decidida por luchar de forma efectiva contra este tipo de comportamientos. Basta señalar las referencias que a este tipo de conductas se hacen en la memoria anual del año 1998, respecto a la necesidad de detectar aquellas manifestaciones criminales que se produzcan por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación. En la propia memoria de 2000 de nuevo la institución manifiesta su especial sensibilidad hacia la situación de los ciudadanos extranjeros en España, recalcando aquí su función en cuanto a la efectividad de los derechos fundamentales.
Por lo que respecta a la formación de los funcionarios públicos y miembros de la carrera fiscal, estas actividades están orientadas por su propia naturaleza al estudio y profundización de carácter técnico en aquellas materias que en cada momento resulten necesarias o de especial interés, de acuerdo con los programas formativos que se diseñan para cada año. De igual modo, el Instituto Nacional de Administración Pública, en su programación de actividades formativas, incluye cursos cuyo objetivo es promover la tolerancia y la comprensión de las diversas culturas y la prevención de comportamientos discriminatorios. Igual podemos señalar respecto al Plan de formación del año 2000 sobre la integración social de inmigrantes y refugiados en el ámbito local, que tienen los mismos programas que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía nacional y, por supuesto, la Dirección General de la Guardia Civil.
Señorías, el Grupo Popular sube a esta tribuna con el firme convencimiento de que un consenso respecto al tema del racismo y la xenofobia es absolutamente necesario. Los datos son inquietantes pero a la vez esperanzadores. Desde luego nuestra posición siempre va a ser la de luchar contra esos movimientos. Ello lo refleja nuestra defensa profunda de la Constitución y del Estado de derecho. Queremos incidir en algunos aspectos que son los que he expuesto en las enmiendas, pero desde luego en un conjunto global estamos seguros de que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara estarán de acuerdo en que una proposición de este tipo necesita el máximo consenso y el máximo apoyo parlamentario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


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Mi grupo desearía un pronunciamiento de la Cámara en este punto del orden del día, porque queremos apoyarlo con nuestro voto. Felicitamos al Grupo Parlamentario Socialista por haber traído la iniciativa de juventud y racismo y estamos viendo que tanto en el texto de la iniciativa que ha defendido la diputada Leire Pajín como las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Popular, en el fondo estamos hablando de la misma preocupación y contenido de un problema que en España hay que atajar.
Bien es cierto que aquí se ha expresado por la portavoz socialista una serie de datos del informe de la juventud que es preocupante en muchos aspectos, y con esta iniciativa se están tomando unas medidas en las que su aplicación y resultado no son inmediatos. Estamos haciendo sencillamente una labor de pedagogía sobre la juventud para prepararla para el fenómeno de la inmigración, que va a ser constante según nos están diciendo los centros de prospección sociológica de los próximos 25 años, debido a la disminución de tasa de natalidad en España y a una mayor afluencia de extranjeros en un mercado laboral de base. Es necesario tener una educación y una pedagogía que no puede hacerse nada más que sobre la juventud. A eso venía precisamente el plan Greco, y es una oportunidad que trae la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Como ya nos había dicho aquí el propio delegado del Gobierno para la inmigración, era necesario considerar en el plan Greco, como un programa global de regulación y coordinación de la extranjería y de la inmigración en España, este aspecto educacional sobre la juventud. Yo creo que en eso tenemos que hacer notar a la Cámara que hay una sensibilidad política y una preocupación.
La enmienda del Grupo Parlamentario Catalán incluso concreta de una manera muy operativa y eficaz desde la creación de un observatorio español de racismo y xenofobia hasta la coordinación tanto con las comunidades autónomas como con las ONG. En Canarias, que somos región fronteriza por la llegada de inmigrantes ilegales que proceden del África Subsahariana, incluso de Marruecos y del antiguo Sahara español, tenemos esa sensibilidad y son necesarias acciones muy específicas y concretas como las que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la coordinación con la Fiscalía General del Estado y con todos los instrumentos orgánicos y policiales que deben colaborar también en esta actuación, pero fundamentalmente en la idea del Grupo Parlamentario Socialista reside también un factor común que es necesario apoyar.
Mi grupo se congratularía si estuviéramos de acuerdo en el fondo y en que no podría salir de la Cámara una dispersión en cuanto a un fenómeno que está ahí. Es necesario darles al menos a nuestros jóvenes la educación y el grado de responsabilidad ciudadana y de derechos humanos que impregna cualquiera de las justificaciones de la iniciativa con las dos enmiendas que nos llegan, y dentro de lo que es la defensa del plan Greco, que mi grupo va a apoyar, estamos en esa línea de coherencia y cohesión del delegado del Gobierno para la inmigración, de que se llegara a un texto de consenso que nos permitiera dar una respuesta unánime de la Cámara, porque a veces existen pronunciamientos en la sociedad española que distan muy mucho del plan político de defensa de derechos humanos, del que han dado hoy testimonio de oratoria las tres personas de los distintos grupos parlamentarios, y los que vamos a seguir hablando aquí.
De ahí que mi grupo, señora presidenta, fuerce y quiera llevar al ánimo del grupo proponente y de los grupos enmendantes un texto de consenso del mismo tono vibrante que debe salir hoy de esta Cámara como mensaje político de solidaridad. A la espera de conocer ese texto, mi grupo está dispuesto a votarlo favorablemente porque votaríamos cualquiera de las tres iniciativas que nos han planteado en la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueca.


El señor TXUECA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco para fijar nuestra posición a la propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Adelanto que nuestra posición es completamente favorable a dicha propuesta y además en todos sus términos, sobre todo porque entendemos que vivimos en un momento de rabiosa actualidad en esta materia y de total necesidad de una respuesta eficaz y ágil a las demandas que existen.
Todos los grupos de la Cámara coincidimos en que cuando hablamos de inmigración, pobreza, marginalidad, racismo, xenofobia, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de un problema de integración, estamos hablando de la necesidad y la capacidad que tenemos para dar respuesta a una integración real, social, económica y cultural. El debate es si somos capaces de enseñar políticas efectivas que propicien una integración real, pero en todos sus términos, social, económico y cultural. Estas políticas, por las razones extensamente esgrimidas por los grupos intervinientes anteriormente, han de incidir en la creación y fomento de unas actitudes y de unas culturas integradoras en todo el conjunto social, pero especialmente en y a través de la formación de la juventud, preparándola con estos valores inherentes a la democracia, como son el respeto a la diversidad cultural y racial y a la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente de lacondición de cada cual, frente a las actitudes xenofóbicas

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y hasta racistas que muchas veces desde nuestro propio subconsciente nos asaltan, ya sean de forma individual o colectiva.
Respecto a la proposición planteada y al articulado de la misma, sí desearíamos realizar una consideración general. Cuando se insta a la creación del observatorio español del racismo y la xenofobia con los mismos objetivos que el europeo, entendemos implícita la coordinación con los organismos ya creados para el desarrollo de dichas políticas de las comunidades autónomas que, como el Observatorio vasco de la inmigración y el Foro de la inmigración, actúan ya en políticas de respuesta unitaria en esta materia en el desarrollo de los diseños que existen ya en la ESO, que realizan convenios con las ONG, que han creado master para el tratamiento de estos temas y hasta han firmado ya protocolos con más de 30 medios de comunicación sobre deontología profesional de dichos medios y el tratamiento informativo que deben prestar ante los problemas que en esta proposición no de ley se explicitan. Vamos a aprobarla en todos sus términos porque son en los que incide esta proposición no de ley.
Finalizo, y creo que CiU ya ha incidido en esta materia a través de su enmienda, señalando que no debemos olvidar, a efectos prácticos, que las competencias en materia de juventud están transferidas a las comunidades autónomas y que, además del Consejo juvenil español y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no podemos ni debemos dejar en segundo plano a los organismos de juventud de las comunidades autónomas y a sus consejos de juventud a la hora de coordinar todas estas políticas a nivel del Estado español.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueca.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, en nuestro país la inmigración, como fenómeno social complejo y de gran impacto en las sociedades contemporáneas, se ha desarrollado muy recientemente. Me refiero a una inmigración pacífica, una inmigración violenta y de invasiones ya es antigua en nuestro país. Decía que esta inmigración es reciente, pero al mismo tiempo está creando una gran relevancia social y política que a nadie se le escapa. El impacto de esta relevancia en la creación de opinión pública y social es tan importante que los responsables políticos y administrativos no solemos ser conscientes, la mayoría de las veces, de la trascendencia, a veces regresiva, de nuestras opiniones. Sirva como dato que indiscutiblemente, junto a los graves problemas del país que siguen afectando sin solución en estos momentos, han cobrado un protagonismo mediático frases, que vamos a calificar cuando menos de desafortunadas, en el Parlamento andaluz, de la señora Ferrusola o del señor Barrera, todas ellas referentes a elementos de xenofobia. Por tanto, los responsables políticos estamos obligados al análisis de la conformación de la opinión pública y a atender la creación de imágenes que puedan acabar derivando en una cultura extensa de racismo y de xenofobia. Tenemos que vigilar esa creación. Desde los acontecimientos de El Ejido hasta hoy no han sido pocas las actitudes que han ido influyendo en la opinión pública en la dirección contraria, especialmente en el ámbito juvenil. No cabe duda de que esta opinión social debe ser tenida en cuenta para la elaboración de programas de intervención social, tanto por las administraciones públicas como por las organizaciones no gubernamentales. En los últimos años se han multiplicado los informes y estudios sobre la situación de los inmigrantes en nuestra sociedad e incluso se han incorporado a los sondeos de opinión preguntas sobre actitudes ante la inmigración de los ciudadanos españoles, cosa que no se hacía anteriormente. Son datos que no nos deben tranquilizar.
La proposición que hoy debatimos, traída por el Grupo Socialista, cita uno de estos sondeos relativos a la juventud elaborados por el Injuve. Los datos ofrecidos son graves, pero el mismo informe detalla algunos otros de especial trascendencia; resumo algunos. El dato más importante a resaltar es que más del 60 por ciento de los jóvenes españoles opina que la inmigración sólo tiene inconvenientes o más inconvenientes que ventajas, mientras que únicamente un 20 por ciento opina lo contrario. Señorías, la opinión de ese 60 por ciento se sustenta en las siguientes razones: el 45 por ciento piensa que quitan puestos de trabajo y que fomentan la precariedad en el empleo, cerca de un 20 por ciento se agrupan en respuestas claramente insolidarias y afirman que tienen culturas diferentes y que no se integran, un 10 por ciento cree que ante las condiciones de vida de los inmigrantes o ante su explotación sería deseable que no vinieran y, por último, un 9 por ciento opina que los inmigrantes generan problemas y los vinculan directamente con actividades de carácter delictivo. Es ciertamente sorprendente, señorías, cómo la opinión de la juventud ante lo que se denomina racismo militante, es decir, la expulsión de los inmigrantes, supera en cuatro puntos la opinión del total nacional. Así, mientras un 26 por ciento de los españoles considera que habría que expulsar a los inmigrantes en situación irregular, entre los jóvenes esta opinión alcanza el 30 por ciento, es un tercio. Los datos que refleja el estudio del Injuve son, pues, bastante sombríos: entre la juventud española se están asentando actitudes y opiniones insolidarias. Sin embargo, como revela la inconsistencia de las preocupaciones, muchas de estas opiniones no se basan en experiencias reales, sino en prejuicios y estereotipos, lo que demuestra la importancia de trabajar sobre su configuración y en su desmontaje. Señorías, ante las últimas frase que antes les

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refería, el comentario en el Parlamento andaluz, la frase tozuda y otras cosas del señor Barrera y la señora Ferrusola, francamente ese estereotipo es el más peligroso y el que más puede funcionar y el que, por tanto, hay que desmontar, entre otras cosas por falso. Son opiniones como las de la señora Ferrusola diciendo que si esto sigue así desaparecería el arte románico y las iglesias románicas y aparecerían las mezquitas. Indiscutiblemente, la construcción de ese estereotipo ha sido hábil, no ha sido casual. La señora Ferrusola no dijo que si esto sigue así iba a desaparecer el pa amb tomaca e iba a aparecer el cuscús; o no dijo aquello de que va a desaparecer la barretina y va a aparecer o va a quedar el turbante. Dijo: va a desaparecer el románico -con todo lo que supone de elemento cultural en el mundo rural y una seña de identidad en una nación como la catalana- y va a aparecer la mezquita. Quiero recordarle sencillamente, por inculta, a la señora Ferrusola, que cuando los ganaderos cristianos del norte entraron en el mundo de Al-Andalus fue al revés, iban desmontando mezquitas para construir iglesias góticas.
Si deseamos ser coherentes con este análisis, los campos de la comunicación y de la educación y el trabajo en la escuela y en los centros educativos conforman las prioridades para evitar la consolidación de estas opiniones y actitudes entre la juventud española, puesto que son los espacios de socialización más importantes para los jóvenes después de la familia. Las propuestas de la proposición no de ley que hoy debatimos caminan en la dirección del seguimiento y creación de opinión apuntados. Deben impulsarse iniciativas como ésta y algunas otras que materialicen este compromiso. Una de las ausencias de la propuesta en el campo de la creación de un imaginario colectivo de tolerancia y respeto a la diversidad social y cultural viene constituida por la comunicación y muchos de los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente el uso de la red. Comparto la preocupación y la propuesta de creación del código de conducta que aquí se formula.
Somos partidarios, en campos sensibles como éste, de completar la autorregulación con una tensión más relevante sobre la opinión xenófoba publicada o emitida desde los medios. Más contundentes deseamos ser sobre la red. No queremos entrar en el debate sobre la intervención en el medio más libre de cuantos existen actualmente, aunque merecería la pena reflexionar sobre las ideas contenidas en la reciente y conocida sentencia francesa sobre este extremo. Lejos de cualquier tentación prohibicionista, las administraciones públicas deben adoptar iniciativas que faciliten el control de la información y el contenido de la red en materia de xenofobia educadora y familia, así como la educación responsable en el consumo de esta última. El Observatorio europeo sobre racismo ha contabilizado dos mil cien sitios que incitan al odio racial. Sugerimos que las autoridades educativas, con soporte desde las administraciones públicas, faciliten a las familias información adecuada sobre filtro de selección de contenidos de material xenófobo de acceso gratuito, garantizando que esta exista en aulas, centros escolares y bibliotecas. No hay mejor antídoto frente a la creación de estereotipos que una educación e información veraces. En esta dirección es fundamental atender a los espacios formales de creación de opinión pero, como ocurre en muchas otras materias, debe prestarse atención a los espacios informales que socializan la opinión juvenil. Las ONG están mejor preparadas para afrontar estas circunstancias que las propias administraciones y, por ello, proponemos una programa específico de sensibilización y educación a administrar por ellas.
Para terminar, señorías, no dejaremos de citar la necesidad de que las respectivas instituciones controlen la expresión de opiniones xenófobas en actos de masas -conciertos, acontecimientos deportivos, etcétera- responsabilizando con mayor firmeza y dureza a sus convocantes de la expresión de este tipo de manifestaciones. La educación para la convivencia, las diversas campañas realizadas, las iniciativas impulsadas por las ONG, como Escuela sin Racismo, nos advierten sobre la importancia de incorporar la educación para la multiculturalidad entre las actividades escolares y extraescolares.
En este sentido, sugerimos la realización de un convenio entre las distintas administraciones para impulsar acciones de impacto en las actividades extraescolares en los próximos tres años. Es evidente después de esta intervención que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a respaldar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por último, señora Pajín, tiene usted la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


La señora PAJÍN IRAOLA: Señora presidenta, en aras del consenso, presentaremos una enmienda transaccional. Según ésta, el punto uno empezaría de la siguiente manera: Estudiar la creación del observatorio español del racismo y la xenofobia con los mismo objetivos que el europeo y con la dotación de recursos económicos y humanos necesaria, remitiendo el informe a esta Cámara antes de final de año. Incluiríamos las palabras: de acuerdo con las comunidades autónomas en los puntos 3, 4, 6 y 7. El punto 8 empezaría así: Continuar impulsando programas especiales..., y seguiría tal como está.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pajín.
Le ruego que haga llegar a los servicios de la Cámara y a la Mesa el texto de la transaccional que ha propuesto,

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que entiendo que es conocida por el resto de los grupos de la Cámara. (Pausa.) Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre juventud y racismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 272; en contra, uno; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVAAACTUACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LOS FUERTES TEMPORALES QUE SUFRIÓ GALICIA DURANTE LOS PASADOS CUATRO MESES. (Número de expediente 173/000044.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuación del Gobierno ante las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En el debate que hubo en esta Cámara la semana pasada, con la presencia del señor ministro del Interior entonces, el señor Mayor Oreja, el ministro llegó a reconocer la importancia, la magnitud de lo que llamó episodios meteorológicos que asolaron Galicia durante cuatro meses -conviene recordarlo, cuatro meses-, desde octubre hasta enero del año 2001. El ministro habló de un conjunto sucesivo de catástrofes -fueron palabras textuales- y al mismo tiempo reconoció que no se reunió ninguna comisión integrada por miembros de la Xunta de Galicia, de la Delegación del Gobierno y de las cuatro diputaciones con la Federación Gallega de Municipios y Provincias hasta el 26 de diciembre, es decir, tres meses después de haber empezado los temporales. También reconoció que hasta el pasado día 15 de febrero no había sido recibida por la Dirección General de Protección Civil la evaluación definitiva de los daños producidos. Un mes más tarde, ahora, a la altura del 6 de marzo del año 2001, aún estamos esperando a que se publique el correspondiente real decreto para adoptar las medidas necesarias y urgentes para paliar las consecuencias de la catástrofe. No se puede decir que después de siete meses y con un vacío legislativo, aún esperando por ese real decreto-ley, se pueda hablar de diligencia y mucho menos cuando también el ministro reconoció que la evaluación de daños alcanzaba los 57.000 millones de pesetas perfectamente contrastados, lo cual le obligó a reconocer que se trataba de un caso específico y singular.A nosotros nos convendría aclarar en este momento, ya que defendemos que se trata de un caso específico y singular, sobre todo entre los muchos que se están dando últimamente en el Estado español, que esto es así por la zona y el hábitat afectado, por la intensidad y la duración de los temporales y por las consecuencias económico-sociales. Y a pesar de que el ministro reconoció que había que hacer todo lo posible en cantidad y calendario, estamos esperando todavía por esta posibilidad en cantidad y calendario.
El primer punto de nuestra moción, por tanto, insta al Gobierno a promulgar urgentemente un real decretoley mediante el cual, de acuerdo con los datos suministrados por los ayuntamientos afectados y la Xunta de Galicia, se adopten las medidas necesarias para reparar los daños materiales provocados y amparar a los sectores socialmente gravemente afectados. Pero, ¿cuáles son para nosotros las medidas que ese real decreto debe de contener? De tres tipos; las primeras deben ir referidas a las infraestructuras dañadas, que son propiedad de las corporaciones locales y propiedad de personas particulares que se vieron afectadas gravísimamente en algo de primera necesidad como son las viviendas; por tanto, un primer bloque de carácter material, donde el Gobierno tiene que actuar urgentemente. El segundo bloque se refiere a la capacidad tributaria de empresas y trabajadores que están gravemente afectados por la catástrofe en sus medios de trabajo y en sus posibilidades de vida. En tercer lugar, está la ayuda a todo tipo de personas y sectores productivos, por lo menos a través de créditos, ya que se trataría de paliar las consecuencias que para estos sectores productivos o para estas personas particulares pudieron tener, aunque fuera de menor importancia, estas catástrofes continuadas en Galicia. En primer lugar, mencionaremos a las corporaciones locales. Recuerden todos ustedes: 239 ayuntamientos de Galicia de un total de 315, por un montante global de pérdidas perfectamente evaluadas y contrastadas de 19.000 millones de pesetas, casas de personas que tuvieron que abandonarlas e infraestructuras que pertenecen a servicios de carácter municipal. Y aquí hay una orden de 18 de marzo de 1993, que posibilita las ayudas directas a las familias, personas y corporaciones locales afectadas con subvenciones para reparación de infraestructuras y, en particular, para las corporaciones locales en la red viaria, en la red de saneamiento y en el abastecimiento de aguas. Nosotros pedimos que lleguen estas ayudas al 50 por ciento del coste total de las obras, que es lo que permite y ampara la Orden de 18 de marzo de 1993. Cabe recordar que ella reconoce que se puede hacer un expediente de

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ampliación de crédito por parte del Ministerio de Hacienda en el caso de que se encuentre agotada esta partida extraordinaria. Exactamente igual nos convendría recordar en este apartado que gran parte de las familias afectadas tienen ingresos inferiores a dos millones de pesetas y, en concreto, por poner un municipio típico gravemente afectado, en Cambre, un tercio de las familias afectadas no llegan al millón de pesetas de ingresos al año.
En segundo lugar, está la cuestión tributaria referida a las empresas y trabajadores, para lo cual el Gobierno tiene un instrumento muy eficaz que es la exención de pagos a la Seguridad Social y dar por cotizados los periodos en que hubo, aparte de merma de lucro cesante, imposibilidad de pagar a la Seguridad Social por parte de trabajadores autónomos o de personas que están vinculadas al régimen especial del mar y al agrario, que les recuerdo que fueron las más afectadas, muchísimas de ellas con salarios de subsistencia y, en concreto, las que constituyen la principal fábrica de Galicia, de hombres y mujeres trabajadoras en el marisqueo y en la pesca de bajura. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) La importancia de las pérdidas en ese sector se cuantifica en 16.637 millones de pesetas, según la Xunta de Galicia, de un total de pérdidas de 27.000 millones de pesetas que están evaluadas por la Administración autonómica y en consellerías que dependen de su regencia y de su competencia. Habría que contemplar también desgravaciones fiscales hasta el cien por cien en el IRPF, en el impuesto de sociedades, en el impuesto de actividades económicas y en el IBI. Es muy curioso que incluso por el silencio del Gobierno algunos ayuntamientos, prototípicos en este aspecto, como el de Caldas, hayan hecho una bonificación del impuesto de actividades económicas precisamente para paliar la pérdida de muchos comerciantes. No es de recibo que tengan que ser los ayuntamientos quienes tomen estas medidas que además pueden ser gravísimamente lesivas para sus ingresos. En todo caso, gran parte de estos impuestos que pueden afectar a las corporaciones locales por disminución de ingresos estaría bien que fuesen compensados por la Administración general del Estado. En último lugar, haré alusión al problema de los créditos. A través de las moratorias en sus pagos, en créditos personales o de hipotecas pendientes, el Gobierno, la Administración general del Estado debía participar por lo menos como avalista o, cuando menos, compensando a las entidades de crédito en los casos que se demostrase que se era incapaz de enfrentarlos precisamente por pérdidas derivadas de la catástrofe, así como las ayudas a los sectores socioeconómicos productivos afectados debían contemplar créditos subvencionados y avales para los accesos a nuevos créditos. En definitiva, señorías, no es difícil comprender que 57.000 millones de pesetas no pueden ser enfrentados por una administración autonómica, el 80 por ciento de cuyos ingresos está destinado ya a actividades que son de necesidad perentoria mantenerlas, y con ese escaso 20 por ciento del presupuesto anual no pueden hacer frente a un montante de tal enjundia, por no hablar de que, competencialmente, una parte muy importante de las obras que hay que enfrentar para que fueran recuperadas son de interés general o cuya construcción inicialmente fue competencia del Estado.
Otra parte de nuestra iniciativa se refiere al problema de enfrentar el futuro. Es necesario contar urgentemente con una normativa general que establezca un modelo de intervención reglado, regulado, que sea estable y que tenga también cierta utilidad para poder adaptarse a los casos concretos. En todo caso, consideramos que esta normativa debía tener un núcleo irreductible centrado en tres aspectos: las ayudas por las pérdidas de viviendas, las ayudas a los familiares de las víctimas (en las catástrofes siempre hay víctimas, recordaré que en Galicia fueron 14 muertos vinculados directamente a las catástrofes de carácter atmosférico) y un tercer bloque referido al régimen general de sanciones tributarias y las moratorias en los pagos respectivos. La norma debe tener rango de ley y afectar a bienes y servicios públicos y a bienes privados.
Acabo con una reflexión, señorías. Los antecedentes hasta ahora son ruines; de los acuerdos del Consejo de Ministros referidos a catástrofes parciales, a ayuntamiento particulares de otras partes del Estado español, sólo uno de ellos recibió el montante global que ya ha recibido toda Galicia para obras de emergencia por parte de los distintos ministerios en obras y en servicios que son competencia directa de ellos. ¿Saben cuánto dinero lleva invertido en obras de emergencia el Estado español en Galicia después de una catástrofe de esta categoría? Mil millones de pesetas. Miren los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes y verán cuál es la pedrea dedicada al resto de los territorios del Estado español. En segundo lugar, quiero decirles que no se está actuando con diligencia y preocupación, ni siquiera con preocupación política, en contraste con aquello a lo que acabamos de asistir apenas hora y media en relación con otros territorios del Estado español. No solamente es grave que no se hayan tomado medidas, sino que para nosotros es aún más grave y más clamoroso este silencio del Gobierno y esta actitud tan rutinaria, tan pasmosamente retardataria a la que nos está habituando. Les recuerdo que va a hacer prácticamente más de seis meses desde que empezó este proceso catastrófico y que hay mucha gente que tiene que comer todos los días y aún vive en lugares de los que tuvieron que ser retirados con carácter urgente, enfrentando prácticamente esos desahucios las corporaciones locales. La Xunta de Galicia solamente pudo hacer la promesa de invertir 4.500 millones de pesetas, pero en obras de infraestructuras que dependen directamente de ella. Lo único que les prometió a las corporacioneslocales -para que se enteren de cuál es la dialéctica

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política del país- es un adelanto de abonos por obras de necesidad urgente del 20 por ciento del coste, pero -eso sí- con cargo a la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado. Ya me dirán ustedes cuál es el futuro de esas corporaciones locales, si tienen que hacer frente con estos métodos a una catástrofe de tal categoría. Por tanto, espero su sensibilidad a la hora de votar esta moción.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es curioso que esta tarde se iniciaba casi el debate con otra iniciativa del Grupo Popular, que a mi entender es el reflejo más paradigmático de la incoherencia política. ¿Por qué Benavente y no Galicia? A mí me parece excelente que traigan una iniciativa instando a solucionar el problema de Benavente, y yo soy la primera que me solidarizo con ello, pero, ¿por qué no Galicia, con el tiempo que llevamos esperando esas soluciones? En la reseña que informa sobre el pasado Consejo de Ministros no aparece nada. Por tanto, creo que el equilibrio territorial que se supone debieran cuidar no está siendo precisamente ejemplar.
Pero volvamos a Galicia y a la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo, situación que ha sido dilatada en el tiempo -va ya para seis meses-, densa en la cantidad de agua caída y muy grave en las consecuencias, y queda todavía por evaluar lo que está ocurriendo estos días. Veíamos en los medios de comunicación cómo se agravaron de nuevo muchos pueblos de la provincia de Ourense o de la Terra Cha, en la provincia de Lugo. Coincidimos en que son 238 los municipios afectados, de los 315 que tiene Galicia, desde luego con distinto impacto y diferentes daños, que van desde el destrozo en infraestructuras a daños en equipamientos públicos y privados, y a pérdida de renta, y que afectan tanto a núcleos urbanos como rurales, a sectores claves ya castigados en Galicia últimamente con gran dureza, como son el sector pesquero y el sector agrario. La situación es de tal gravedad que o bien el Gobierno se conciencia de la dimensión del problema con rigor y con responsabilidad o determinados sectores y núcleos de población no levantarán cabeza en muchísimo tiempo.
No quisiera hablar de agravios comparativos, pero ustedes no pueden vender al mismo tiempo el interés del Gobierno gallego en solucionar el problema, como decía la semana pasada el ministro que ya no lo es, que es candidato a lehendakari, y la respuesta del Gobierno, del señor Aznar, que es de una continua dejación.
Se anuncian actuaciones que no se ejecutan, se vuelven a anunciar y siguen pendientes. Ese es el gran problema: mucho anuncio pero poca actuación.
El Grupo Socialista comparte los puntos de la moción presentada en casi toda su extensión, aunque podríamos introducir alguna mejora, porque en su globalidad son adecuados, puesto que de algún modo pretenden la reposición de los daños causados, desgravaciones fiscales y concesiones de ayudas a diversos sectores.
Respecto a las ayudas, y en concreto a la Orden de 18 de marzo de 1993, me gustaría hacer una consideración. Hace ya mucho tiempo que se aprobó esta ley y está un tanto desfasada, puesto que su aplicación estricta deja fuera a más de un 90 por ciento de los afectados que tienen ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, lo que no quiere decir que tengan una excelente situación económica, pero no cumplen muchos de los requisitos para que puedan percibir las subvenciones que esta orden permite. Por tanto, a la hora de traer a esta Cámara el real decreto que anunciaba la pasada semana el señor ministro, háganlo con realismo y háganlo con generosidad, teniendo en cuenta también este real decreto. Pero nos parece, señorías, que queda un flanco muy importante sin cubrir, y ahí están nuestras enmiendas, como es evitar en el futuro y en la medida de lo posible riesgos como los que acabamos de vivir. Nos basamos en el principio fundamental, que es el de prevención, que debe ser clave a la hora de planificar.
En esa línea va nuestra primera enmienda, que solicita que se establezca un programa de actuaciones urgentes en materia de infraestructuras para prever en el futuro el impacto de los temporales en los municipios más afectados. Tenemos un ejemplo clarísimo, el municipio de Caldas de Reis, que, año tras año, sufre las inundaciones del río Umia en su núcleo urbano y zona más comercial, que requiere un dragado y un encauzamiento adecuados, con un problema añadido que habrá que corregir, y es el efecto de la marea alta que agrava aún más la situación. Este río desemboca en Cambados, a sólo 20 kilómetros de Caldas, y tiene solamente 16 metros sobre el nivel del mar. La semana pasada se habló aquí del embalse como de una solución construida a un kilómetro río arriba para aprovechamiento hidroeléctrico, que tiene cierta capacidad, es cierto, pero los técnicos aseguran que eso no evitará inundaciones futuras. Por tanto, esta actuación, en esta localidad y en coordinación con la comunidad autónoma, tiene que ser una de las medidas que adopte el Estado. Del mismo modo que hablamos de Caldas, a modo de ejemplo, podemos hablar de otros lugares afectados, que sin ser totalmente competencia estatal, requieren importantes actuaciones, de carácter urgente, en las que debe implicarse el Gobierno.
La segunda enmienda tiene que ver con una obra declarada de interés general en el año 1996, el acondicionamiento

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del río Mero; obra importante del Ministerio de Medio Ambiente que, año tras año, venimos reclamando ante esta Cámara y que en los presupuestos generales de este año 2001 figura con la simbólica cantidad de 100 millones de pesetas. La incidencia de los ríos Mero y Valiñas, en una de las zonas más castigadas por las inundaciones, el municipio de Cambre, es bien evidente. Esta situación se agrava por la ubicación del embalse de Cecebre, que suministra agua a la ciudad de A Coruña y a los municipios de la mancomunidad, por lo que hay que cuidar en extremo las medidas de seguridad en su entorno. El Ayuntamiento de Cambre asume en solitario una dramática situación, con un elevado número de vecinos afectados y cuantiosos daños y, además, con un potencial riesgo de desgracias para el futuro.
Sin embargo, la enmienda va más allá de las obras ya comprometidas, como decíamos, concretamente de la del río Mero. Va para aquellos municipios que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Norte, pero que no tienen compromiso alguno de obra o que tienen compromisos sin materializar. Es el caso de otra zona muy afectada, el municipio de Sarria, en la provincia de Lugo, que también ha sufrido duramente el temporal. El río que la atraviesa pertenece a la Confederación Hidrográfica y es necesario encauzarlo adecuadamente en varios de sus tramos, corregir meandros y reconstruir numerosos puentes que, curiosamente, han sido mal planificados por la Diputación Provincial o por estructuras agrarias. Han suprimido ojos de un puente, que carece de aliviaderos y que hoy es una trampa en el cauce, actuando como un embudo, al no tener la capacidad suficiente para dejar pasar el agua y lo que arrastra a su paso. Por tanto, esta enmienda va dirigida a revisar todas estas situaciones de riesgo en actuaciones competencia del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica.
No olvidemos revisar, señorías, todos los puentes, muchos de ellos afectados, y hay una reciente experiencia dramática en Portugal.
Sabemos que, no todos pero sí algunos, por deslizamientos de terrenos, por problemas de afectación de las aguas subterráneas, han sufrido modificaciones en sus estructuras. Hagamos un estudio pormenorizado para evitar situaciones de riesgo.
En cuanto al tercer punto de la enmienda, solicitamos la elaboración de un mapa donde queden definidos los lugares de riesgo de inundaciones y se hagan constar igualmente las actuaciones necesarias para corregirlos. Esto es fundamental y, o nos tomamos en serio esta cuestión o tendremos en el futuro riesgos que lamentar. La situación en Galicia y en otras partes del Estado a veces es preocupante. En Galicia lo acabamos de vivir estos años y nos parece fundamental que el Gobierno elabore ese mapa, donde queden bien definidos esos lugares de riesgo por inundaciones y que se aborde, o por lo menos se planifique y se actúe para prever los daños que puedan ocasionarse.
Sólo si avanzamos en la adopción de medidas que eviten en el futuro situaciones de emergencia y riesgo, garantizaremos la tranquilidad de muchos ciudadanos gallegos y cumpliremos con ese principio que mencionaba a lo largo de mi intervención, el de precaución. El Gobierno tiene la obligación de poner en marcha urgentemente las ayudas necesarias para que los damnificados de todo tipo, personas individuales, empresas, pescadores, agricultores, reposición de infraestructuras, sufran lo menos posible las consecuencias y tienen también la obligación de evitar daños futuros.
Termino, señorías. Decía el ministro del Interior la pasada semana que tenía mucha preocupación por el problema. Me parece estupendo.
Como gallega que ha vivido de cerca la situación y que ha visitado muchos lugares afectados, no sólo comparto la preocupación sino comparto con los gallegos lo que sienten. Me parece que el Gobierno, en este momento, tiene que actuar, tiene que resolver los problemas, debe pasar a la acción. Por tanto, elaboren urgentemente ese real decreto que dé tranquilidad y solución a los problemas. Reitero, es importante esa inmediatez. Confío en que, ante las elecciones gallegas de octubre, no se espere al mes de septiembre. Háganlo ahora con responsabilidad política y no sólo como una baza electoral.
Muchas gracias.(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
¿Grupos que quieren intervenir para fijar la posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
De manera muy breve, quiero decir que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción que ha sido presentada por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto.
Señorías, creemos no solamente que es necesario agilizar los trámites en estos momentos, dada la situación que vive Galicia por las últimas inundaciones y por todas las que le vienen precediendo prácticamente desde septiembre del año pasado, sino que además este tipo de situaciones no deberían de estar produciéndose constantemente cada vez que ocurre una catástrofe de tipo natural. Es decir, tendríamos que agilizar todos los trámites, a través de una modificación legislativa, para que la intervención de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado pudiera ser rápida y realmente solucionase los problemas que se plantean a la ciudadanía. Hay personas con daños ocasionados por inundaciones o catástrofes en otras zonas del país que tienen problemas aún hoy para percibir las cuantías económicas en concepto de indemnizaciones por esos daños debido a la tramitación burocrática de estos

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expedientes. Desde el Estado no se es capaz de intervenir de manera eficaz para solucionar los problemas en el momento en que la ciudadanía necesita realmente esa intervención. No solamente necesitan reparación las estructuras sino que las personas damnificadas también necesitan esa intervención rápida y ágil.
Creemos que no se puede dejar la situación como está, que hay que actuar ya y de manera urgente porque los daños que se han ocasionado en Galicia con las inundaciones son bastante amplios. Esto es algo que a nuestro grupo parlamentario le parece realmente necesario.
Últimamente, en nuestro país se están produciendo catástrofes por inundaciones bastante frecuentes. Hay que empezarse a plantear en esta Cámara la necesidad de que por el ministerio correspondiente se elaborara un mapa de inundaciones que permitiera establecer cuáles son las obras prioritarias para evitar este tipo de catástrofes y para impedir las pérdidas que suponen a las personas y a las infraestructuras del Estado y de las administraciones afectadas.
Seguiremos apoyando este tipo de iniciativas, pero creemos que quizás se deba actuar en otra línea para evitar discutir constantemente de esta cuestión después de transcurrido bastante tiempo, que ni beneficia a los ciudadanos ni a las administraciones afectadas por las inundaciones.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente, voy a fijar nuestra posición ante la moción defendida por el Bloque Nacionalista Galego; posición que, ya adelanto, no va a ser favorable. Y no va a ser favorable, señora presidenta, porque nuestro grupo, desde el primer momento en que Galicia comenzó a sufrir esos fuertes temporales, manifestó muy claramente su preocupación y, de forma inmediata, presentó en esta Cámara una proposición no de ley para que el Gobierno paliase las consecuencias sufridas; pero, sin duda, al día de hoy, también carece de actualidad. Por esa razón, señoría -es la posición de nuestro grupo-, considero que la moción tampoco tiene actualidad. ¿Por qué? Porque en el mes de enero nuestro grupo expuso ya en la Diputación Permanente nuestra creencia de que el Gobierno estaba trabajando desde el primer momento de una manera coordinada con la comunidad autónoma gallega, con las diputaciones, con los ayuntamientos, a través de la Delegación del Gobierno; además, lo estaba haciendo de forma creo que acertada, con la mayor celeridad posible, incluso adelantándose a los tiempos marcados en la normativa; y también, de forma eficaz y consensuada, se estaba llevando a cabo la valoración de los daños, paso previo para que el Gobierno pudiera establecer cualquier tipo de ayudas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Como ustedes saben, el 21 de febrero, el señor ministro dejó muy claro que el procedimiento seguido estaba en trámite, y habló también de la excepcionalidad que suponía el hecho de ser un temporal prolongado en el tiempo, lo que provocó que la comisión evaluadora no tuviese que reunirse una sino varias veces y que la Dirección General de Protección Civil no tuviese los datos hasta el 25 de febrero.
Desde entonces, desde el 25 de febrero (fíjense ustedes el tiempo que ha pasado, estamos a primeros del mes siguiente, muy a primeros), se ha trabajado ya con celeridad en la elaboración de un real decreto que contempla las medidas oportunas para reparar las consecuencias de ese temporal. Al mismo tiempo, el señor ministro recordó cómo desde varios ministerios ya se habían aprobado obras de carácter urgente y de emergencia, por un importe de 1.000 millones, aproximadamente.
También se ha trabajado en ese ámbito. Por tanto, señorías, estamos ante un proceder del Gobierno adecuado.
Creemos que el real decreto anunciado por el Gobierno, que ya está en proceso de tramitación para su aprobación en esta Cámara, incorpora las medidas extraordinarias adelantadas por el señor ministro para dar respuesta a las demandas formuladas por todos los sectores afectados, y además con determinadas peculiaridades, en concordancia con los hechos realmente sucedidos. Ese real decreto, como aquí recordó el señor ministro, fue elaborado en permanente diálogo con el Gobierno de Galicia, quien, desde el primer instante, está actuando para paliar los daños y anticipándose de manera inmediata en la concesión de ayudas especiales. Esos 3.000 millones de anticipo (que, por cierto, aquí ahora han sido descalificados por el Bloque Nacionalista Galego y también, de alguna manera, criticada la actuación del Gobierno de la Xunta de Galicia por el Grupo Socialista) fueron consensuados con la Fegam, fueron consensuados con los alcaldes socialistas y del Bloque, que valoraron positivamente esa actuación de la Xunta de Galicia.
Señorías, desde luego, ustedes están en su legítimo derecho para instar al Gobierno todo lo que acuerden y consideren adecuado, pero me permitirán que, con la misma legitimidad, yo les diga que en este momento es innecesario porque el Gobierno está tramitando ese real decreto cuya elaboración, desde el primer momento, el Grupo Popular está siguiendo porque se ha preocupado, compartiendo esa inquietud, repito, con el Gobierno gallego; confío en que los ciudadanos gallegos percibirán como positivas las medidas incorporadas a ese real decreto. Puedo adelantarles (porque nos estamos preocupando de conocer los términos) que en determinadas cuestiones irá más allá de lo que ustedes plantean en la moción. Estamos convencidos de que el

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Gobierno va a aprobar ayudas de emergencia y de carácter inmediato, de acuerdo con esa orden de referencia a la que usted ha hecho mención en su exposición (orden de Interior, de 18 de marzo de 1993), y que tales ayudas contemplarán un régimen de compatibilidad con otras ayudas, públicas o privadas, que pudieran concederse; además, esperamos que estas ayudas sean importantes. Al tiempo, también sabemos que el Gobierno subvencionará, por un importe de hasta un 50 por ciento, los proyectos de reparación o restitución que ejecuten las entidades locales en el marco del artículo 26 de la Ley de bases de régimen local -también mencionada por ustedes-, y que a tales subvenciones se les aplicará el trámite de urgencia.
Sabemos también que los trabajadores agrarios y los del mar podrán obtener bonificaciones y moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, como se demanda, y que, en el marco de este tipo de ayudas, el colectivo de mariscadores de a pie, que sufrió efectivamente importantes daños, será objeto de una atención especial. Igualmente, y como claro ejemplo de que a buen seguro el real decreto irá más allá de lo que ustedes proponen, cabe decir que el Gobierno también está dispuesto a legislar sobre el régimen de los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por el temporal, y lo irá haciendo claramente en el marco de la protección social de los trabajadores. No nos cabe, por tanto, ninguna duda de la acción solidaria del Gobierno, que seguirá contemplando exenciones de las cuotas de impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica que afecten a explotaciones agrarias, a establecimientos mercantiles y también, porque hubo muchos daños, a viviendas, y sabemos que se contemplará una reducción en el impuesto sobre actividades económicas, todo ello de acuerdo a unas condiciones y a unos criterios objetivos, adecuados y justos. Se considerarán reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias y pesqueras muy afectadas. Y, desde luego, el Gobierno compensará también a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales que trabajan con celeridad y que sin duda también están abordando este problema adecuadamente, de la disminución de ingresos que se produzca como consecuencia de la aplicación de estas medidas, porque el Gobierno es coherente cuando contempla medidas de exención.
Y el Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial y de acuerdo con las entidades financieras con implantación autonómica, establecerá líneas de préstamo para financiar la recuperación de los distintos sectores económicos o incluso para la reparación de los sufridos también por los particulares. No nos cabe ninguna duda de que éstas y otras medidas integrarán el amplio catálogo de medidas de muy diversa naturaleza que en fechas próximas se aprobará, y que implicará a diversos ministerios en este ejercicio de solidaridad con Galicia.
Termino, señora presidenta, señorías, diciendo que tenemos una normativa que se va a mejorar y que haría inútil el apartado último de la moción. Así, bien conocen por el señor ministro, porque aquí lo manifestó el último día, que el Ministerio del Interior ha elaborado un proyecto de ley para su aplicación inmediata ante situaciones de emergencia producidas por fenómenos naturales, con el fin de no tener que recurrir a la aprobación de reales decretos-leyes cada vez que se produzca un hecho de esta naturaleza, como antes se venía haciendo.
Sin duda, otros gobiernos no lo modificaron, pero el Gobierno del Partido Popular sí, y además lo está tramitando y está ya casi finalizado. Pero mientras tanto, mientras no esté aquí esa nueva normativa, señorías, tenemos que cumplir la norma establecida, y el Gobierno del Partido Popular está negociando, con criterios de equidad y de solidaridad con el pueblo gallego, su aplicación.
Naturalmente, en todas estas cuestiones no necesitamos que se inste al Gobierno, porque el Gobierno, de forma diligente y con rigor, está trabajando, como aquí acabamos de recordar.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Señor Rodríguez, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta.


Aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, por cuanto complementan los puntos que nosotros proponemos en el apartado 2 de nuestra moción.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la actuación del Gobierno ante las consecuencias de los fuertes temporales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por parte del grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 112; en contra, 158; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE REGULACIÓN DELSECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 173/000045.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación del sector eléctrico.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Bel.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Adelante, señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.


Señorías, todo el mercado de la energía debería ser objeto de una nueva regulación del sector. José Barea, Cinco días, 24 de febrero de 2001. Las eléctricas piden a Folgado estabilidad legal para el sector. Prensa varia, 2 de marzo de 2001. Cabe añadir que no se lo pidieron al señor vicepresidente, De Rato y Figaredo, porque a última hora decidió suspender su presencia en la reunión con los presidentes de las eléctricas dominantes. Este diputado no conoce el motivo de la suspensión de la presencia; sí conoce la petición de las empresas del sector, un marco estable.
En los últimos años, el sector eléctrico ha sufrido continuas modificaciones; en 1997, en 1999, en el 2000, en el 2001. Nos parece que es necesario desde el Grupo Socialista empezar a poner un poco de orden en la regulación del sector y abordar una discusión global que pueda dotar de estabilidad al mismo. Por eso, nuestra moción insta al Gobierno a presentar al Parlamento en este período de sesiones un proyecto de ley del sector eléctrico.
Los motivos que hacen aconsejable una redefinición general de la regulación del sector son de diferentes tipos. En primer lugar, la regulación no es ni suficientemente transparente ni independiente.
Así se recoge en los diferentes informes de la OCDE o en el informe emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su página 43.71, cuando discute el riesgo regulatorio y dice, en sentido literal: El Tribunal ya ha señalado en anteriores ocasiones las incertidumbres introducidas por el riesgo regulatorio proveniente tanto de las carencias como de la impredecibilidad de los cambios normativos, la falta de explicación de las metodologías utilizadas por el legislador, por ejemplo, para determinar los precios o cantidades de garantía. Tribunal de Defensa de la Competencia.
Nos parece también que el sector necesita una mejor y más estable regulación, aunque el ministro y vicepresidente del Gobierno, señor De Rato y Figaredo, se mostró autocomplaciente con la evolución de los precios en España hace dos semanas, dándonos datos de Eurostat.
Podemos conocer algunos informes de Eurostat sobre la evolución de los precios, en la Unión Europea, de energía entre 1998 y 2000, y se lo voy a decir con literalidad. Los mayores descensos en precios se producen en Finlandia, Suecia y Dinamarca, y en electricidad para uso industrial la caída es especialmente grande en Alemania, Suecia, Portugal y Finlandia. España, en las medias. Después volveremos a los países escandinavos, a Alemania y a Gran Bretaña. La reducción de precios ha estado mal distribuida y ha estado trufada de subvenciones cruzadas desde los consumidores domésticos a los industriales.
En tercer lugar, creemos que el marco necesita una nueva legislación estable, porque, a pesar de los intentos del Gobierno, a pesar de la filosofía de la Ley de 1997, los resultados en términos de competencia han sido precarios. Esto lo indica, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su apartado 6.2 del informe sobre la fusión, cuando dice: En generación que Endesa e Iberdrola obtienen cada una poder de mercado en un número de horas comprendido entre el 40 y el 50 por ciento del total de horas de funcionamiento del sistema. En un número muy elevado de horas coinciden ambas empresas con demandas residuales positivas. Esto es, con poder de mercado. En términos de comercialización, el propio Tribunal nos dice en su apartado 6.5: Los resultados se pueden analizar en el cuadro anterior. Después de tres años, tan sólo el 1,4 por ciento de la energía eléctrica se comercializa a través de algún agente nuevo en el sector. Existen más referencias. Creemos que está vista en el Tribunal de Defensa de la Competencia, en el informe de la Comisión Nacional de la Energía, la precariedad de la situación de la competencia en España.
Por eso hemos presentado una moción en la cual, insisto, proponemos, en primer lugar, que se traiga a este Parlamento en este período de sesiones un proyecto de ley para regular el sector eléctrico y añadimos algunas iniciativas que creemos que sería bueno que se contemplaran. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Hoy, un portavoz del Grupo mayoritario ha jugado al solitario con la prensa y ha hecho trampas. Acusaba a nuestra iniciativa de retrasar la liberalización y la elección de suministrador, de subir los precios, etcétera. Voy a tomar cuatro minutos en analizar nuestra iniciativa. La primera de las medidas orientadoras que proponemos es libertad de elección de suministrador para todos los consumidores a partir de la entrada en vigor de la ley. No veo cómo retrasa la llegada de la libertad de elección. Por cierto, la libertad inmediata de elección de suministrador es lo que hay en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania. ¿Se acuerdan de aquellos países donde las tarifas han caído más? La segunda es estimular entrada de nuevas empresas, utilizando el concepto de garantía de potencia y suprimiendo la actual regulación sobre los costes de transición a la competencia. No hacemos sino seguir las indicaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia cuando, en el apartado 7.1 de su informe, indica que la actual regulación

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de los costes de competencia constituye un elemento de incertidumbre y de riesgo para los nuevos entrantes en el sector.
La tercera es que las empresas que realicen actividades de producción, distribución y comercialización, no podrán participar en el capital y gestión de los operadores del sistema y del mercado para garantizar una gestión independiente y neutral de los activos de transporte de alta tensión. No proponemos sino lo que indica el informe de la Comisión Nacional de la Energía, en la página 26 de su resumen ejecutivo, cuando dice que hay que separar la propiedad en la red eléctrica de los activos de generación, y lo que indica el Tribunal de Defensa de la Competencia, en el apartado 8.2 de su informe, página 53; dice: La regulación más eficiente en este sentido sería aquella que obligue a que la totalidad de las infraestructuras de transporte estuviesen totalmente independizadas de los agentes del sector eléctrico, lo cual precisaría de un cambio regulatorio en el sector. Comisión Nacional de la Energía, Tribunal de Defensa de la Competencia. La cuarta es el establecimiento de cuotas máximas de mercado en segmentos de generación, distribución y comercialización, hasta que existan condiciones efectivas de competencia. No proponemos nada más que lo que han dicho en sus informes la Comisión Nacional de la Energía, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la propia decisión del Consejo de Ministros del 2 de febrero, donde las establecía.
Quinta, las empresas que desarrollen actividades de distribución de energía eléctrica no podrán comercializar en sus zonas de influencia más del 60 por ciento de la nueva energía que se contrate por los consumidores cualificados, incluyendo los nuevos contratos y la renovación de los antiguos. Aquí debo reconocer que hemos copiado, como malos estudiantes, hemos ido a la literalidad. Hemos copiado la condición sustantiva 12 de la decisión del Consejo de Ministros de 2 de febrero. Nos pareció bien. No hay problema.
En último lugar, en este primer bloque, elaboración de una metodología objetiva y pública para la fijación de las tarifas y precios regulados, aunque esto al señor Gámir le parezca el sistema de establecimiento de precios administrados. No sé si de momento se proponen establecer precios libres en la red o en el transporte. Esto coincide literalmente con el apartado 7.1 del Tribunal de Defensa de la Competencia, final del primer párrafo. Añadimos después una serie de consideraciones sobre el órgano regulador sectorial. Como saben, es nuestra manía. Pedimos que les den más poder y más funciones. Y, como más poder y más funciones implican mayor supervisión, pedimos que el Parlamento tenga participación en la designación de sus miembros y el control de su actividad.
Dejemos las trampas del solitario para las declaraciones de prensa.
Nosotros no hemos venido aquí a buscar que la Cámara vote una serie de condiciones que a nosotros nos parecen las idóneas. Nosotros decimos que estamos dispuestos a discutirlo, pero sobre todo decimos: Transacciónennos, enmiéndennos, suprímannos todas las orientaciones que establecemos y acepten la necesidad de que el Gobierno traiga a esta Cámara un proyecto de ley, que seguramente incluirá más de las orientaciones con las que ustedes nos enmiendan y menos de las que nosotros usamos.
Por cierto, las que también usa el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía. Hasta incluso el Gobierno a lo mejor se contradice a sí mismo, porque algo le hemos copiado.
Les repito, hágannos una transacción. No venimos a esta Cámara a imponer libertad de elección de suministrador, aunque sería sensato.
Venimos a trasladar una impresión de nuestro grupo, una impresión que existe en el sector, una impresión que existe en los analistas y que creemos que está ampliamente difundida: Que es el momento de adoptar iniciativas para dotar al sector de mayor estabilidad a través de un marco regulador global. Hágannos esa transacción desde el Partido Popular, hágannos esa transacción desde Convergència i Unió, y nos vemos en este período de sesiones para discutir lo concreto. De momento, mientras deciden si nos hacen o no la transacción, voy a anunciar al Grupo de Izquierda Unida que transaccionaría su enmienda si en el apartado 11.1 cambiaran incremento de la autonomía energética por incremento de la diversificación de fuentes de energía. Ustedes van a tener dentro de un momento la palabra.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no comparte totalmente los criterios que el Grupo Parlamentario Socialista plantea en la moción. Sí compartimos la necesidad de que hay que presentar un proyecto de ley del sector eléctrico. Después de la experiencia ya de cuatro años de funcionamiento de la Ley del sector eléctrico se ha visto que no se ha introducido competencia en el sector, que la liberalización nos ha llevado sólo y exclusivamente a que se genere un oligopolio y que, en realidad, los beneficios que hoy tienen los consumidores a través de las reducciones de la tarifa eléctrica se podían haber conseguido de otra manera, sin necesidad de las liberalizaciones, de pasar de un monopolio estatal a un monopolio privado, y sin la necesidad de generar unos costes de transición a la competencia que han dado a las compañías eléctricas

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unos beneficios que no les eran necesarios, que en realidad solamente les han garantizado unos ingresos que han negociado con el Estado, con el Gobierno, y que además son los que conllevan las rebajas en las tarifas eléctricas.
Esta ley, y ya lo dijimos en su día cuando se discutió, nos parece que no era lo que necesitaba el sector eléctrico. Lo demuestra que hay otros muchos países de la Unión Europea que mantienen sus empresas eléctricas públicas y que inciden de una manera distinta en el mercado. Además, introducen competencia, porque desde el Estado, y siendo los servicios que se prestan desde los suministros de energía algo muy importante para el funcionamiento de la economía de un Estado, se mantiene esa manera de intervenir, intervención que puede beneficiar mucho más las intervenciones que sigue haciendo este Gobierno, pero señalando diferentes marcos regulatorios para el sector eléctrico. Siempre están en función, no de los intereses del Estado sino de los intereses de las compañías eléctricas de nuestro país.
Hemos presentado una enmienda a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque creemos que hay que mantener el grado de servicios que tienen que prestar las empresas de suministros de energía para que no nos veamos en ningún momento en una situación como la que se está produciendo en un Estado de los Estados Unidos de América, donde las liberalizaciones y privatizaciones de este sector no han llevado a mejorar la calidad del servicio a los usuarios, sino a verse sin la prestación del servicio y con el corte de suministro de energía eléctrica. Además, se ha de promocionar el ahorro y el uso eficiente de la electricidad.
El ministro decía en la interpelación que, a través de las modificaciones que se establecieron en la Ley de 1997, los consumidores se habían ahorrado 400.000 millones de pesetas. Yo no les puedo cuantificar en estos momentos cuánto se habrían ahorrado los consumidores si se hubiera promocionado el ahorro y la eficiencia energética, entre otras cosas, señorías, porque a un consumidor le interesa mucho más bajar su tarifa porque ahorra y el consumo que hace es eficiente que porque se baje la tarifa eléctrica. Los picos de aumentos que se han ido produciendo en el consumo energético no son un síntoma de bienestar en el país. Al contrario, es un síntoma de poca conciencia y de falta de respeto medioambiental porque significa mayor consumo energético y mayor contaminación medioambiental.
Pensamos que es necesario, y acepto la transaccional que proponía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, un incremento en la diversificación de fuentes de generación de energía eléctrica. No podemos depender sólo y exclusivamente de un determinado número de fuentes. Ahora es la energía nuclear o determinadas fuentes de empresas de generación de energía eléctrica por térmica de carbón. No se puede derivar la planificación que hacen las compañías eléctricas a depender de las de ciclo combinado; hay que diversificar mucho más.
En nuestra enmienda decimos que hay que resaltar la importancia de las energías renovables. Dentro de la diversificación tiene que existir obligatoriamente un mayor respaldo a las energías renovables.
No se puede consentir que se nos diga desde el Gobierno que se están respaldando las energías renovables y que aparezcan denuncias en los medios de comunicación de instituciones públicas o privadas o personas privadas que están teniendo problemas cuando utilizan generación de energía fotovoltaica y problemas por trámites burocráticos y por las trabas que ponen las compañías eléctricas para poder volcar la energía que generan a la red.
Hay que respaldar las energías renovables para que nuestro país sea menos dependiente de otros tipos de energías que son muchísimo más contaminantes. Creemos que es importante que se pueda utilizar una política de precios que incorpore las externalidades ambientales.
Hasta ahora, señorías, las compañías eléctricas sencillamente generan, los consumidores consumimos, pero no se carga la externalidad, el costo de la inversión medioambiental que puede suponer precisamente esa generación y consumo de energía eléctrica.
Además pensamos que esa política de precios no tiene que llevar a bajar la tarifa eléctrica, sino en todo caso a mantenerla, y que el mayor costo que pueda tener el kilovatio se pueda llevar a la creación de agentes económicos que puedan gestionar la demanda. No es necesario aumentar la producción de energía eléctrica, sino que, dentro de esa generación de energía eléctrica, podamos gestionar la demanda para reducir los consumos. Así se verán mucho más beneficiados los consumidores, nuestro entorno, nuestro medio ambiente y desde luego seguiremos teniendo las mismas prestaciones y en condiciones, si cabe, de mayor calidad.
Es importante también que se pueda incentivar, a través de la innovación tecnológica, el mantenimiento y la generación de empleo en el sector de la energía o en el sector eléctrico, en este caso.
Señorías, no es necesario que la modernización y la innovación tecnológica o que las propias fusiones puedan conllevar a la desaparición o destrucción de parte de los puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Estas innovaciones tecnológicas han de servir para prestar mejores servicios a la ciudadanía como consumidores, mejorando al mismo tiempo las condiciones de trabajo de las plantillas de las empresas de generación de energía eléctrica.
Además, ha de estimularse la generación de empleo en la incentivación no solamente de la innovación, sino también de la innovación de las energías renovables, para que realmente podamos hablar de respaldo a estas energías y que la investigación y el desarrollo tecnológico puedan permitirnos, con una menor inversión de los particulares interesados en este tipo de energías, ponerlas en práctica, puedan mejorar sus rentabilidades y puedan, al fin y al cabo, llevar a la práctica algo que se dice en

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los textos legislativos, en la Ley del sector eléctrico de 1997. Al final, la práctica nos lleva a concluir que en realidad el Gobierno, el propio Estado no se preocupa de este tipo de energías. No solamente no se preocupa, sino que algunos de sus decretos lo que han hecho es precisamente perjudicar a las que ya están en funcionamiento, como son la energía eólica o la minihidráulica.
Por tanto, señorías, sin compartir excesivamente los criterios del Grupo Parlamentario Socialista, sí que creemos que es importante que el Gobierno nos traiga a esta Cámara una ley del sector. Quizás los principios que hoy aquí puedan ser votados por parte de nuestro grupo no sean lo más importante. En realidad, lo que sería importante es que fuera aprobada esta iniciativa, que el Gobierno nos trajera un proyecto de ley, que volviera a regularse el marco del sector eléctrico, pero bajo los intereses de los consumidores y no bajo los intereses de las empresas del sector eléctrico, que fue como se hizo no solamente en la Ley del sector eléctrico de 1997, sino como se modificó después, para que los costes de transición a la competencia los estuvieran cobrando las compañías eléctricas a través de un impuesto en la electricidad que pagamos todos los usuarios.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Decimos de sustitución ya que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió entiende que no es necesaria en estos momentos una nueva regulación del sector eléctrico español. Ya decíamos al fijar nuestra posición en la interpelación que presentó el Grupo Parlamentario Socialista que el actual marco regulatorio del año 1997, consecuentemente también con las modificaciones que implicaba el real decreto, era suficiente para conseguir una liberalización total en el sector eléctrico y gasístico en España. Decíamos también que había aspectos muy positivos en el tramo desarrollado de dicho marco regulatorio. Se había producido una reducción importante de los precios de la energía eléctrica; sólo hacía falta ver las estadísticas para observar que, de 1997 a 2000, los precios habían experimentado una rebaja efectiva de casi el 19 por ciento, que, al compararla con las rebajas de años anteriores, considerábamos significativa.
Mencionábamos también como cuestión positiva la aceleración en el calendario de la liberalización del sector eléctrico español, que había tenido como consecuencia que algunos consumidores de energía eléctrica pudieran ser cualificados, con la consiguiente reducción de costes. Otro elemento positivo era la limitación de la actividad de generación de las grandes empresas. Decíamos también que había aspectos negativos que no se habían desarrollado en el marco regulatorio actual del sector eléctrico. Citábamos como puntos débiles, como puntos negativos o como puntos pendientes de desarrollo el hecho de que no se hubiera producido incremento de la competencia en el mercado de generación, quizás porque partíamos de un sector monopolístico u oligopolístico y era muy difícil que dicha competencia se pudiera dar en el mercado de generación. Destacábamos igualmente que no había aumentado la competencia en la actividad de comercialización ni en la de distribución y que no se había aprobado la planificación de la red del transporte, tal como estaba previsto en el real decreto.
Por todos estos motivos entendíamos que no hacía falta una nueva ley que regulara el mercado eléctrico y por ello hemos presentado una enmienda de sustitución que, de ser aceptada por el Grupo Socialista, posibilitaría la consecución de alguno de los objetivos importantes que el diputado Germà Bel ha destacado en su intervención, sin la necesidad de llegar al planteamiento de una nueva regulación del sector eléctrico español. Creemos sinceramente que, dentro del actual marco regulador, hay posibilidades de impulsar la liberalización e incrementar la competencia en el sector eléctrico y de manera muy especial en los mercados de generación, comercialización y distribución de la energía eléctrica.
Nuestra enmienda de sustitución tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, creemos que con el actual marco regulador del sector eléctrico español es posible potenciar la reducción de tarifas eléctricas para los consumidores domésticos e industriales. Si en los últimos cuatro años se ha llegado a una reducción efectiva de casi el 19 por ciento de los precios de las energías eléctricas, pensamos que, si profundizamos en ese marco, habrá espacio suficiente para conseguir rebajas cuantiosas para las economías industriales y domésticas. También decimos en nuestra enmienda que, dentro del marco del Real Decreto-ley 1955/2000, es posible conseguir una serie de acciones tendentes a la liberalización del sector eléctrico español, como acelerar los trabajos conducentes a iniciar el proceso de planificación de la red de transporte de la energía eléctrica gestionada por Red Eléctrica Española, S.A., estableciendo para ello la necesaria colaboración con las comunidades autónomas. Si esta aceleración es posible en el actual marco regulatorio, estamos convencidos de que, con la contribución de las comunidades autónomas, será posible también una reducción más rápida de los precios energéticos.
Puntualizamos asimismo en nuestra enmienda acordar la reestructuración y actualización de las tarifas deacceso a los suministros de energía eléctrica así como

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potenciar -y en eso coincidimos- la independencia de la Comisión Nacional de la Energía como organismo regulador independiente del mercado energético, en defensa de la competencia del sector y de los intereses de los consumidores. En este ámbito creemos que sería positivo que la comisión priorizara también el ejercicio de la facultad de las propuestas.
También proponemos en nuestra enmienda de sustitución avanzar en el calendario de la liberalización. El Gobierno ha dado un paso importante en el sentido de que a partir del año 2003 la liberalización ya sea para todos los clientes, pero creemos que sería muy bueno que desde el año 2001 al 2003 se aceleraran todas aquellas cuestiones para que la realidad de la condición de consumidor cualificado también se pudiera alcanzar para todos aquellos consumidores industriales con un mínimo anual de 0,5 gigavatios, pudiendo ser considerados en este tope como consumidores cualificados.
Es por este motivo que nuestro grupo parlamentario ha presentado esta enmienda de sustitución a la moción del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que creemos que sin necesidad de reformar la legislación vigente, sin necesidad de traer a esta Cámara un nuevo proyecto de ley que regule el sector eléctrico español podríamos, si se aceptara esta enmienda, conseguir los objetivos que usted planteaba en algunos puntos de su intervención, básicamente dirigidos a rebajar los precios de la energía eléctrica y para que también pudiera haber más competencia en los mercados de generación, distribución y comercialización. Por este motivo pediríamos al Grupo Socialista que reconsiderara su postura y aceptara esta propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en el buen sentido de que también es posible que si ustedes aceptaran esta propuesta el grupo parlamentario mayoritario de la Cámara también daría el voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gamir.


El señor GAMIR CASARES: Señor presidente, señorías, esta es la tercera sesión de un debate en tres actos. Los dos primeros actos tuvieron lugar hace quince días con ocasión de la interpelación que ha dado lugar a esta moción y del debate de un decreto-ley sobre esta misma materia. Ya entonces, al principio de la primera intervención, tuve ocasión de decir, siempre con el máximo respeto, que los problemas que me encontraba con el Grupo Parlamentario Socialista en esta materia eran su falta de credibilidad en problemas de política energética y su falta de credibilidad en su conversión al liberalismo. No quiero desarrollar lo aquí dicho entonces sobre sus posturas respecto a los precios del petróleo y los impuestos de los hidrocarburos o su fluctuante postura respecto a la no fusión entre Endesa e Iberdrola, y como tal simplemente quiero decir que aquello es aplicable en este tercer acto, en la tercera sesión a su moción.
Por razones de tiempo voy a fijarme en cinco puntos de su moción y en cinco puntos de la enmienda de sustitución que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
Primer punto, ustedes proponen que se traiga una nueva ley y que cuando haya pasado todos los trámites y haya acabado por ser aprobada entonces se plantee la liberalización desde la demanda del sector eléctrico. Esta ley tiene que ser presentada dentro del actual período de sesiones, luego tiene que pasar por el Congreso, luego por el Senado y luego se tienen que promulgar todos los decretos que la desarrollen. ¿Todo eso va a ser antes del 1 de enero del año 2003? Probablemente no. Si piensan ustedes que además, precisamente ahora porque no hay incertidumbre legislativa, se pueden poner en marcha las medidas que hace falta desde el punto de vista de que las 20 millones de entidades que estarán en el mercado puedan tener sistemas de medición y facturación, si ustedes además tienen que hacer eso después del desarrollo legislativo de la ley que plantean, se van mucho más tarde del 1 de enero del 2003 para la liberalización de la demanda. Lo que ustedes están proponiendo de hecho es retrasar la liberalización de la demanda del sector eléctrico.
Segundo punto. Ustedes en la misma moción dicen que esa proposición de ley debe contener una nueva metodología para las tarifas y para los precios regulados. Vamos a ver, ¿estamos hablando de liberalización o estamos hablando de tarifas y precios regulados? Porque, en general, cuando hay liberalización no hay tarifas y precios regulados. Si ustedes lo hubieran planteado con precisión hubieran podido hablar de tarifas o precios regulados en el transporte o en el suministro; incluso la postura del Partido Popular es que en el año 2007 desaparecerán todas las tarifas. Plantéenlo así, no pidan una metodología para tarifas y precios regulados porque entonces parece que ustedes quieren una liberalización con tarifas y precios regulados. Es un poco extraño, o es una contradicción entre dos partes de su propia moción. La contradicción está en palabra contra palabra.
Paso al tercer punto, porque en él hay una contradicción entre el lenguaje de los hechos y el lenguaje de las palabras. Ustedes piden en esta moción que el gestor de la explotación sea independiente; magnífico. Ustedes estaban en el Gobierno en el año 1994 y pudieron hacerlo, pero a través de la Losen crearon un sistema en el que además el gestor de la explotación no era independiente. Precisamente lo que se hizo por el Partido Popular fue no hacerles caso a ustedes y proponer un gestor de explotación muchísimo más independiente del que ustedes planteaban. Ahí su contradicción esentre el lenguaje de los hechos y el lenguaje de las palabras.


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Y no me digan, una vez más, que por qué recurrimos a la historia. Yo recurro a la historia porque ustedes han recurrido a ella. El portavoz de la Comisión de Economía, en una de sus última intervenciones en esa Comisión, dijo que en la historia el Partido Socialista había sido más liberal que el Partido Popular. Ahí tenemos una contestación empírica de esa hipótesis, en este caso del gestor de la explotación. Su hipótesis ahí queda claramente refutada, queda contrastada empíricamente de forma negativa.
Paso al siguiente de los puntos. Ustedes piden que las cantidades que se aplican a los CTC se destinen a la garantía de potencia; en otras palabras, si esto se hiciera de esta manera probablemente lo que ocurriría sería que se saltaría el límite actual de las seis pesetas por kilovatio/hora, lo cual tendría un efecto sobre las tarifas y sobre los precios. En el fondo ustedes son coherentes y es coherente que ustedes lo propongan y es coherente que nosotros nos neguemos.
¿Por qué es coherente? Porque con ustedes, en sus cinco últimos años de Gobierno, las tarifas subieron el 16,5 por ciento y con el Partido Popular en sus cinco primeros años de Gobierno las tarifas han bajado el 13,5 por ciento, y eso en términos nominales, en términos reales la reducción es mucho mayor. Luego es coherente que ustedes propongan medidas que en el fondo lo que implican, al final, es subida de precios y que nosotros votemos en contra de sus medidas, que en el fondo lo que suponen es subida de precios; es coherente con que ustedes subieran las tarifas y con que nosotros hayamos bajado las tarifas.
Ya que hablamos del problema de medidas no del todo adecuadas, diré que en alguna otra parte de su moción realmente no hay precisión en lo que ustedes plantean. Ustedes vienen a decir que se someta al Parlamento anualmente el sistema de planificación eléctrica, recurriendo al artículo 4 de la Ley de 1997. No es cierto, como comentaré precisamente al defender nuestra enmienda, y veremos que eso no es en absoluto lo que dice la legislación actual.
Paso ahora a las razones por las cuales hemos presentado nuestra enmienda. Nuestra enmienda se basa en dos ideas muy simples y es que en el 2003, yendo al ritmo más rápido posible para llegar a ese año, esté liberalizada toda la demanda; ahora está más del 50 por ciento de la demanda liberalizada, pero, repito, queremos que esté liberalizada toda la demanda y que al mismo tiempo haya oferta suficiente y sin duda suficientemente competitiva. Para ello proponemos una serie de medidas que son las necesarias para que realmente se fortalezca esa situación que defendemos. La primera es que se regulen con urgencia las tarifas de acceso; las tarifas de acceso tienen que contemplar la situación de los nuevos consumidores y tienen que plantearse en situaciones de estabilidad.
Punto segundo que planteamos. Todo lo que tiene que ver con la cantidad de la oferta. Recordemos que en este momento hay 45.000 megavatios instalados y que hay propuestas de instalación por valor de un 60 por ciento más, y con ustedes el incremento fue del 4 por ciento. Pero de ese incremento de un 60 por ciento, más de las dos terceras partes son del ciclo combinado, es decir, unos 21.000 megavatios, cuando lo que ustedes tenían en ciclo combinado era aproximadamente el 4 por ciento. Además, de las 40 propuestas que hay de nuevas instalaciones, 14 son de empresas que en este momento no tienen nada que ver con el mercado español. Luego se incrementa la cantidad, se incrementan los actores, se incrementa la competencia al mismo tiempo que se incrementa la cantidad. Y al mismo tiempo también pedimos que se desarrollen los sistemas de intercambios de electricidad entre países, porque uno de los problemas que tenemos precisamente es el de ser una especie de isla eléctrica y nos conviene mucho más que haya otra oferta proveniente de otros países, que no sea simplemente oferta interna. También planteamos en la diversificación el uso de energías alternativas, pero sobre ellas ya tuvimos un debate monográfico en este Pleno y vimos todo lo perjudicial que para las mismas eran las propuestas que algunos grupos parlamentarios ofrecían de reducción de los impuestos de los hidrocarburos.
Si esta es la postura desde la cantidad y la competencia que figura como segundo punto de nuestra enmienda, desde el punto de vista de la calidad lo que planteamos es que en la facturación se recojan los problemas de calidad, los problemas de interrupción, etcétera, en defensa del consumidor.
El cuarto punto que planteamos en nuestra enmienda es que estamos de acuerdo en la regulación de la garantía de potencia para que haga frente a las demandas no solamente en el futuro próximo, sino a largo y medio plazo, pero sin introducir sistemas que encarezcan los costos y las tarifas.
Según el artículo 4 de la ley de 1997 ó el decreto 1955/2000, proponemos que se traiga a esta Cámara, y urgimos al Gobierno a que lo haga, no una planificación anual sino una planificación de cinco años. Esta planificación debe basarse en la red de transporte en coordinación con las comunidades autónomas y luego necesita la aprobación de esta Cámara. Lo que se debe hacer anualmente es informar a esta Cámara de cómo se está desarrollando esa planificación. Eso es lo que exige la normativa y no la forma en que ustedes lo plantean, que lo hacen de manera muy imprecisa porque no lo han leído bien. Por estas razones planteamos una enmienda de sustitución a la moción que ustedes presentan.
Para terminar, quería comentar una idea básica y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha utilizado, y es normal que lo hagan, a tres portavoces distintos a lo largo de los tres actos de esta sesión. El portavoz que hoy ha actuado tiene una maravillosa habilidad, y es que cuando tiene ese turno especial, en el cual en teoría

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no tiene más que decir si acepta o no las enmiendas de los otros grupos, lo convierte en un último turno, en el que cierra el debate.
Y yo le digo que nos dé una sorpresa, y una de las formas en que podía darnos una sorpresa es decir que sí. Si quiere le doy algunas razones que, si le deja la Presidencia, puede esgrimir con el sí. Es mucho más clara la liberalización con nuestra postura, es mucho más clara la competencia desde la oferta y es mucho más claro que este mecanismo funcione así. Puede usted desarrollar estas razones, como tan bien lo hace utilizando su último turno. También nos puede dar otra sorpresa, que sería decir que no a nuestra enmienda sin decir nada más. En el caso de que usted decidiera no aceptar nuestra enmienda y mantuviera su moción, quisiera pedirle a esta Cámara el voto en contra de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario Socialista es votar a favor de que en España tengamos pronto un mercado eléctrico totalmente liberalizado desde la demanda, competitivo en cantidades suficientes desde la oferta y un marco totalmente diferente al que este país heredó en el año 1996.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gamir. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Bel a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor BEL I QUERALT: En primer lugar, por lo que se refiere a la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, dado que se ha aceptado la transacción, nuestro grupo la haría suya. En segundo lugar, por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Catalán, nuestro grupo no la acepta. En tercer lugar, por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Popular, como sin duda alguna el señor Gamir esperaba, nuestro grupo no la va a aceptar porque estamos por la estabilidad de la regulación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de regulación del sector eléctrico, con la incorporación de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 104; en contra, 170.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A LA INTIMIDAD GENÉTICA EN LAS RELACIONES JURÍDICO PRIVADAS, ASÍ COMO A NO SER DISCRIMINADO EN ÉSTAS EN ATENCIÓN A SU PATRIMONIO GENÉTICO. (Número de expediente 173/000046.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en atención a su patrimonio genético.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Silva. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y abandonen los escaños, si lo van a hacer, también en silencio.
Adelante, señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo avanzado de la hora y el contenido y duración de la interpelación que se debatió hace dos semanas yo creo que nos exime de volver a reproducir el debate que tuvo lugar en aquellos momentos. Yo creo que todos los grupos parlamentarios coincidimos, en primer lugar, en que es nuestra responsabilidad intentar hacer compatibles los avances científicos y tecnológicos con el respeto a la dignidad humana y, muy concretamente, con el respeto a su intimidad, a su privacidad, si acaso, que es un concepto más amplio, así como también el respeto al derecho a no ser discriminado por razón también del patrimonio genético. Pero, al mismo tiempo, esta obligación de preservar la dignidad humana ante estos avances de la ciencia y de la tecnología supone también un requisito fundamental para que la sociedad española en su conjunto preste a la ciencia, a la tecnología y ciertamente a sus investigadores el apoyo que éstos merecen y que, sin lugar a dudas, necesitamos poner a España en el lugar que le corresponde en este ámbito. De ahí que sea precisamente el objeto fundamental de esta moción trasladar también a los ciudadanos la preocupación que los poderes públicos y que sus representantes políticos tenemos en este tema y, al mismo tiempo, transmitir esa tranquilidad que les debe hacer ver los avances científicos y tecnológicos, fundamentalmente cuando se realizan por parte de ciudadanos de esta misma sociedad, de que en ningún caso estos avances van a determinar perjuicio alguno para su calidad de vida, para sus derechos y para sus libertades, sino todo lo contrario, precisamente van a aumentar su calidad de vida y sus posibilidades.


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El objeto precisamente de la moción presentada por Convergència i Unió es éste.
Paso muy someramente a defender cada uno de los cuatro puntos y a pronunciarme respecto de las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por los artículos 14 y 18 de la Constitución, constituye una base importante para garantizar el respeto a la intimidad genética y a no ser discriminado por esos motivos. Por si esto fuera poco, ciertamente el Convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano en aplicación precisamente de la biología y de la medicina, de 4 de abril de 1997, constituye un marco jurídico fundamental, incorporado ya en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, con el valor que le atribuye el artículo 96 de la Constitución. Sin embargo, es cierto que la Constitución y el Convenio de Oviedo constituyen el marco (tenemos que señalar que miembros de esta Cámara, pasados y presentes, como la portavoz del Grupo Parlamentario Popular doña Blanca Fernández, fueron impulsores decididos de la firma y ratificación del convenio) que debe ser desarrollado y trasladado a la legislación sectorial. Ya en mi intervención en la interpelación hace 15 días puse de manifiesto la conveniencia posiblemente de desarrollar el convenio y la Constitución, afectando a normas como puede ser la Ley de prevención de riesgos laborales.
Podríamos mirar también si la regulación actual de la Lorta es suficiente, verificar si, efectivamente, el Código Penal en su regulación actual y teniendo en cuenta que es una norma que debe ser interpretada restrictivamente en cualquier caso debe o no debe ser modificada. Por lo tanto, el planteamiento del primer punto de nuestra moción, precisamente en el marco del Convenio de Oviedo y de la Constitución, es efectuar un desarrollo de la legislación sectorial de cara a garantizar ese derecho a la privacidad y a no ser discriminado en virtud del patrimonio genético en las relaciones jurídico-privadas.
Hay que poner de manifiesto la especial importancia de estos datos genéticos desde el punto de vista de la intimidad de las personas. Lo decimos por muy diversos motivos. En primer lugar, son datos que afectan no sólo a la intimidad de una persona, sino a la de sus parientes. Ciertamente a través del conocimiento del patrimonio genético de una persona podemos averiguar datos no ya de él, como podría ser un puro análisis de sangre de una persona, sino datos que puedan afectar a sus parientes.
En segundo lugar, porque no estamos hablando, pura y simplemente, de datos que nos identifican una persona o nos la caracterizan físicamente, en virtud del color o la constitución física, sino que incluso nos están proporcionando elementos para conocer su comportamiento. Por lo demás, también son datos que permiten o que permitirán, en algunos casos, prever algunas circunstancias del futuro de esas personas; además, esas características genéticas son datos, en principio, inmodificables. De ahí que debamos ser especialmente sensibles para proteger la intimidad de las personas, incluyendo, y así se ponía de manifiesto en la interpelación aquí debatida hace quince días, el derecho de que no se informe de algunos de estos datos, que incluso -y de ahí la necesidad de trabajar sobre estos temas- puede estar en contradicción con el derecho que también pueden tener algunos miembros de su familia de conocerlos, con la finalidad de corregir alguna de estas circunstancias o evitar males mayores de cara al futuro.
También pretendíamos que el comité asesor de ética en la investigación científica y tecnológica elaborase un informe sobre los efectos, las circunstancias o las condiciones, desde el punto de vista económico, social y jurídico, que podían verse afectados por los nuevos descubrimientos en el área de la genómica y la proteómica.
Tengo que decir que en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular nos parece más completo este punto que el que contenía inicialmente nuestra moción, por lo que en estos momentos manifestamos la incorporación, en una enmienda transaccional, de ese apartado de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que establece la necesidad de regular ese comité asesor de la ética en la investigación científica y tecnológica, y, al mismo tiempo, garantizar la pluralidad disciplinaria que permita que los informes que deba emitir este órgano sean solventes y con una cierta periodicidad, la suficiente para que los avances de la investigación en estas materias se hayan estabilizado. De ahí que manifestemos por anticipado la aceptación de esa enmienda y que los informes que deba remitir este consejo asesor de la ética en las ciencias y en las tecnologías tengan un carácter bianual.
Es muy importante la labor que pueda realizar este comité o este consejo asesor. Hace dos semanas también pudimos debatir una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en la que todos los grupos, a pesar de su rechazo, pusimos un especial énfasis en la importancia de las funciones de este consejo o comité asesor.
Ciertamente es importante saber, hablando concretamente de la genómica y de la proteómica, qué enfermedades son unigénicas, qué enfermedades derivan de mutaciones en diversos genes, cuáles de estas enfermedades, que pueden tener un influjo o una incidencia genética son, sin embargo, metabólicas y, por tanto, permiten un determinado tratamiento en el futuro, y cuáles deban ser las consecuencias jurídicas, didácticas y sociales de estos avances.
Especial importancia tienen para mi grupo -y así lo ha presentado- los efectos que en materia de contratos de seguros puedan producir el conocimiento de estos avances en materia de genómica y de proteómica.
De ahí que planteemos la necesidad de constituir un grupo de trabajo integrado por los ministerios competentes

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en la materia, por los usuarios y las compañías aseguradoras, con la finalidad de estudiar e informar sobre determinados aspectos.
Quiero decirles, señorías, que así como el Convenio de Oviedo establece en su artículo 11 la prohibición de los tests o de las pruebas predictivas para fines distintos de los médicos o de investigación médica, el propio secretario del Comité Director para la Bioética del Consejo de Europa, Carlos de Sola, puso de manifiesto que no se había llegado a un acuerdo en el debate o en la formulación del convenio respecto de qué uso o qué aplicación podía tener la información genética ya conocida del contrato de seguro. No tanto sobre la imposición o no de la realización de un test genético, sino sobre qué ocurría con la información genética que ya estaba a disposición del individuo y el contrato de seguros. De ahí que sea importante la labor que deba realizar este grupo de trabajo para el estudio del valor actuarial de la información genética, porque, señorías, ciertamente puede no existir ningún valor actuarial en una información genética, que señala la predisposición, en un futuro lejano, a padecer determinadas enfermedades, cuando nos encontramos en presencia de un contrato de seguros de una duración reducida o incluso de una duración ordinaria. También conviene saber qué consecuencias puedan derivarse, incluso en el futuro, de la utilización de estos tests, y también cuáles son las consecuencias económicas y, por tanto, las consecuencias en la prima que deban resultar de determinada información genética o de determinadas predisposiciones genéticas, siempre partiendo de la base, primero, de que no puede ser discriminada persona alguna en el ámbito de la contratación de seguros por su patrimonio genético, pero al mismo tiempo poniendo de manifiesto el carácter especial del contrato de seguro, que requiere una especial buena fe y poner en conocimiento del asegurador aquellas circunstancias que inciden en el riesgo y por tanto evitando, porque eso también debe ser evitado, señora presidenta, y con esto voy acabando, fraudes que pudieran cometerse respecto del contrato de seguro. No voy a incidir más en este tema porque ya en mi intervención con motivo de la interpelación puse de manifiesto una serie de preguntas que ciertamente debemos contestar.
De lo que se trata en este caso es de garantizar, al mismo tiempo que la intimidad de las personas y su derecho a no ser discriminadas, el funcionamiento del contrato de seguro; funcionamiento muy importante porque, señorías, como decía hace quince días, no tenemos especiales problemas con los seguros sanitarios dado nuestro sistema universal de sanidad, pero en muchos casos el seguro de vida es la puerta para la adquisición de la vivienda y el requisito para la constitución de una hipoteca; por tanto es algo de gran importancia.
Finalmente, también queremos desarrollar en el ámbito de las relaciones laborales aquellas medidas que contribuyan al respeto a la intimidad y al derecho a la no discriminación por razón del patrimonio genético de las personas. Señorías, lo que queremos poner de manifiesto es que hay que hay hacer compatible el respeto a esa intimidad genética y a no ser discriminado con la salvaguarda de intereses legítimos de terceros y de la sociedad, incluso los del propio trabajador, que ya se encuentran protegidos en estos momentos en el artículo 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales. Es muy importante, ya digo, salvaguardar estos intereses que pueden estar en conflicto. Incluso hay quien dice que ni siquiera con carácter voluntario se podría aportar un test genético antes de solicitar un trabajo, en la medida en que eso acabaría equivaliendo a una discriminación de todos aquellos que no aportan esta información genética. Es algo sobre lo que tenemos que pensar, como también que existen algunos puestos de trabajo, desde el de piloto de aviación -aunque puede que estos días no se merezcan la cita- a otros puestos de trabajo que requieren la garantía de que se posee ciertas condiciones de salud, en la medida en que de las mismas, incluso de alguna predisposición a padecer o no según qué tipo de enfermedades degenerativas, depende la salud y la seguridad de otras personas. Por tanto, conviene estudiar el tema con participación de los agentes sociales, salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas y a no ser discriminadas por razón de su patrimonio genético y, al mismo tiempo, salvaguardar estos intereses de terceros.
No quiero acabar mi intervención, señora presidenta, sin agradecer la generosidad de los portavoces de otros grupos parlamentarios, que han presentado enmiendas completamente acertadas y que ya me han manifestado su voluntad de poder integrarlas en un texto transaccional, que sea un texto de todos. Desde luego, quiero agradecer la posición de don Diego López Garrido, de doña Blanca Fernández y de don Luis Mardones, que permitirán que la Cámara vote, salvo error u omisión, con una cierta unanimidad -esperemos que sea con unanimidad- un texto válido para todos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, en el debate de hace quince días en esta Cámara sobre esta interesante y oportuna -así lo consideramos en su momento- interpelación, quedó claro que estamos en los umbrales, en cuanto al descubrimiento del genoma humano, de unas enormes posibilidades para combatir las enfermedades y, por tanto, para que los seres humanos puedan vivir en mejores condiciones y tengan mejor calidad de vida, lo que permitirá que mejoren las

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condiciones de existencia de la sociedad humana. Sin embargo, también quedó claro en ese debate que esto, a su vez, es una posible fuente de discriminación, y en consecuencia de problemas, que puede ser utilizada negativamente, por su enorme potencia, por quienes tienen una posición de poder en relación con los individuos, sobre todo -porque ese era el sentido de la interpelación que defendió el señor Silva- en las relaciones jurídico privadas, por lo que el elemento de la discriminación en función de la herencia genética era una posibilidad y, añadiríamos, una realidad. De hecho, esto está sucediendo en países tan significados como Estados Unidos, el Reino Unido y otros en los que las compañías de seguros están manejando la herencia genética como un elemento del cual depende hacer o no un seguro, dar o no una prima o calcular un determinado coste para ese seguro a una persona que lo solicita. También se están dando casos -incluso ha habido litigios ante los tribunales- de personas a las que no se les ha dado un trabajo o se las ha despedido, simplemente como consecuencia del conocimiento de su herencia genética, es decir, de su probabilidad mayor o menor de contraer una determinada enfermedad en función de ese código que se llama genoma. Eso quedó claro en el debate.
A nuestro juicio, no quedó tan clara la posición del Gobierno, que manifestó una actitud que nosotros calificábamos de atentista, un tanto pasiva, de a verlas venir, esperando a ver qué pasa en otros países o qué hace la Unión Europea; sin embargo, nosotros creíamos que no era una posición adecuada ante un fenómeno que requiere una posición de iniciativa, de tomar medidas y de adelantarse a los acontecimientos más que de una posición pasiva, porque a pesar de que existe alguna legislación en la que apoyarse -por ejemplo, el Convenio de Oviedo al que ha hecho referencia el señor Silva-, también es verdad que en el plano más sectorial y concreto, como es el campo de los seguros -y lo ha señalado desde la tribuna el señor Silva-, existen peligros importantes para una discriminación efectiva de personas en función de su herencia genética.
Nosotros decíamos que es necesario tomar e impulsar medidas. En ese sentido, nos parece bien la moción que ha defendido el señor Silva, porque va precisamente en la línea de tomar esas iniciativas, de desarrollar los términos recogidos en el Convenio de Oviedo en la legislación sectorial, de elaborar un informe a través del comité de ética en investigación científica y tecnológica, de constituir un grupo para trabajar en la línea de preocuparse por cómo puede afectar a todo el enorme campo de los seguros, con su incidencia sobre la vida cotidiana de las personas, y también de promocionar ese tipo de medidas no discriminatorias en el ámbito laboral.
A nuestro juicio -por eso hemos presentado una enmienda a esta moción-, debería quedar mucho más claro un principio esencial.
Nosotros entendemos que la herencia genética no puede ser en ningún caso un motivo de discriminación en las relaciones jurídico privadas ni en las relaciones jurídico públicas, pero es mucho más difícil defender los derechos de los ciudadanos en las relaciones jurídico privadas que en las jurídico públicas, donde todo el sistema de recursos, incluso hasta el recurso de amparo, está montado frente a acciones de los poderes públicos, pero las grandes discriminaciones de la vida cotidiana se producen en las relaciones jurídico privadas, más que en las relaciones jurídico públicas. Estamos más defendidos frente a la acción del Estado que frente a la acción de un particular en las relaciones civiles, por ejemplo, una relación de seguros o laboral.
Nuestra enmienda quiere dejar claro que el impulso a las medidas legislativas que debe hacerse tiene que tener un norte muy definido y es que no se puede discriminar a las personas en las relaciones jurídico privadas por la herencia genética.
El señor Silva señalaba el caso de los pilotos o el de algunas profesiones que requieren un conocimiento determinado de la salud. Yo creo que no es este exactamente el tema de la herencia genética. Es evidente que para determinadas profesiones hace falta tener ciertas condiciones y que, por ejemplo, no todo el mundo puede ser bombero o ejercer cualquier otra profesión para la que se requieran determinadas aptitudes físicas, pero creemos que la mera expectativa genética de una mayor o menor probabilidad de contraer una enfermedad no debe ser un motivo de discriminación para el acceso a ninguna profesión. De eso se trata precisamente en este caso. Nosotros hacemos una alusión especial a las relaciones jurídico privadas, porque ese es el sentido de la interpelación -por tanto, no es una enmienda que vaya en contra, en absoluto, sino en el sentido de la interpelación-, y también hacemos una alusión específica al campo de los seguros, porque parece que es la especial preocupación de la iniciativa y también, sin duda, de la moción en su redacción. Creemos que nuestra enmienda puede integrarse perfectamente -y agradecemos la disposición del señor Silva para que así sea- en una moción que nos parece correcta en términos generales y que se vería completada con la admisión de esta enmienda que proponemos, con la que queremos dejar claro que la herencia genética no puede ser en ningún caso un motivo de discriminación en las relaciones humanas. Ese principio esencial de fondo debe quedar claro como posición política en un debate parlamentario en el que se ha tratado, a iniciativa -hemos dicho que oportuna- del Grupo de Convergència i Unió, este asunto fundamental, que puede ser objeto de consenso del conjunto de los grupos de esta Cámara. Sin duda este es un tema en el que no tendría sentido la discrepancia ni la confrontación entre los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el día que debatimos la interpelación que presentó Convèrgencia i Unió, de la que es consecuencia esta moción, decíamos que tenía un valor terapéutico emocional y hoy me ratifico todavía más en ello. Nuestras enmiendas y las enmiendas que nos han permitido llegar con generosidad casi a un texto consensuado, más que tener unas consecuencias prácticas inmediatas, tratan de tomar contacto con la realidad de unos avances en estas áreas que muchas veces despiertan reticencias no exentas de desconocimiento y de preocupación. Por eso es bueno poner al día nuestros mecanismos de actuación, hacer un aggiornamento si fuere necesario y activarlos.
Asimismo nuestras enmiendas pretenden hacer una llamada a los poderes públicos, al Gobierno y a las Cortes Generales y también esgrimir buenos criterios ante los miedos de nuestra sociedad.
Señorías, si bien es cierto que nuestra sociedad, la sociedad del siglo XXI, ya no es ni será la misma con relación a la ciencia y a la salud que la de hace quince años, debido a la aceleración de los conocimientos y a sus fascinantes posibilidades, también es cierto que la sociedad europea ha tenido y tiene unos foros de reflexión ética y de protección del hombre y de su entorno sociolaboral diferentes a los de otros países de fuera del área europea, que suponen la salvaguarda no sólo de los derechos sociolaborales sino también de los económicos y, sobre todo, de esos derechos inalienables, que en nuestro caso coinciden con los derechos establecidos en el título I de nuestra Constitución.
Cuando decía el otro día que nuestra posición debía ser atentista no me refería a que había que esperar a ver que hacían otros países -nuestras enmiendas no van por ahí- para decidir qué es lo que había que hacer, sino a que había que ver qué es lo que teníamos que hacer y sobre qué teníamos que legislar, que es distinto, porque no se puede legislar sobre esta materia en el aire, sino que hay que desarrollar una serie de normas sobre pilares muy sólidos, que todos sabemos que existen y que hemos evaluado y consensuado aquí.
En relación con el punto 1 de la moción, nuestra enmienda incide en el desarrollo de ese Convenio de Oviedo, del 4 de abril de 1997, convenio ejemplar y singular que ha entrado en vigor en España en el año 2000. Cualquier norma legislativa que afecte a la aplicación de las ciencias de la vida deberá remitirse a ese marco legislativo general sólido, sobre el que se apoyan todas las normas, por ser esta la de mayor rango, no solamente en España, sino también en Europa, donde hemos sido ejemplo para los demás países. Les puedo decir, señorías, que en 1999, cuando se notificó la ratificación que hizo España del Convenio de Oviedo, en el comité director de bioética se felicitó con una gran ovación a los representantes de España que estaban allí.
En cuanto al punto 2, y no quiero extenderme debido a la hora, señorías, el texto que hemos presentado al Grupo de Convergència i Unió como enmienda recoge igualmente la idea de que deberá ser el comité de ética el que tendrá que informar periódicamente a las Cortes, pero esa periodicidad debe permitir obtener una cierta perspectiva sobre la ciencia. No podemos hacer un informe sobre un asunto científico de hoy para mañana. Por eso hemos puesto una periodicidad que es bastante próxima, bianual, exigible para poder tener esa pequeña perspectiva ineludible sobre la que poder llegar a unos juicios y a unas reflexiones que sean meramente objetivos.
En cuanto al punto tercero y a la materialización de los efectos económicos sobre los contratos de seguro, nos remitimos a la legislación española y a la europea, que en este momento en España emana de la Directiva 95/46 del Consejo de Europa sobre el tratamiento de datos de carácter personal. Sobre la legislación española, el otro día decíamos también, y quiero volver a reflexionar sobre ello una vez más, que los datos genéticos coinciden con datos médicos, y dichos datos y quienes los utilizan están sometidos al secreto profesional, que afecta a todas las personas que trabajan en el ámbito de la sanidad y que tengan conocimiento de esos datos en el ejercicio de sus funciones. Esto no es nuevo. Antiguamente estábamos sometidos solamente al juramento hipocrático, pero sabemos también que es una norma deontológica de primer orden para todos los que trabajamos en esta área. Esas relaciones están siendo analizadas y estudiadas en la Unión Europea como también lo está siendo la protección de la intimidad y de los datos personales de los trabajadores.
Entramos, señorías, en el punto cuarto de la moción. Desarrollar materia en este ámbito es muy importante y las soluciones deben plantearse como cualquier cosa en el mundo global en el que estamos viviendo estos problemas también de una forma globalizada, de una forma armónica entre los países que se van a ver afectados. En nuestro caso van a ser los que estén regulados por la Comisión Europea, que ya ha iniciado el procedimiento de consulta con sus interlocutores sociales para conocer su criterio sobre las posibilidades de una acción comunitaria en este terreno y con el deseo de que los interlocutores puedan abordar una labor colectiva y una acción comunitaria, porque si no no tendría sentido en una sociedad como la de la Unión Europea. De acuerdo con estas previsiones temporales, esta acción de la Unión Europea y su negociación se va a iniciar y va a tener una tramitación en fecha muy cercana. En ese sentido, es razonable atenernos a lo establecido en este momento, que es el

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artículo 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, porque es suficiente a nuestro juicio, y no enmarañar el marco jurídico y el marco legislativo con medidas que serían temporales y muy breves en razón del ritmo que llevan los trabajos en la Comisión Europea. Los límites que encontramos actualmente en España, señorías, lo reitero y quedó claro a lo largo del debate de la interpelación, son los que impone la naturaleza. No todo el mundo puede ganar el tour de Francia, porque no se lo va a permitir su ritmo cardiaco, ni puede cantar como Montserrat Caballé. En resumen, deseamos que nuestras enmiendas para enriquecer y mejorar el texto, que han sido generosamente tenidas en cuenta, valgan para que esta moción nos permita tomar el pulso a la situación en España y reiterarnos en nuestra situación de privilegio. No es malo lo que abunda. En la interpelación quedó clara la idoneidad de las normas españolas y como se ha puesto en común por todos los grupos parlamentarios, estamos deseando profundizar en el Convenio de Oviedo del Consejo de Europa en los artículos 10, 11 y 12, que al más alto nivel protegen los derechos de los ciudadanos españoles y europeos en este sentido. Remitamos a ese convenio, como es preceptivo, cualquier texto legislativo, sectorial o administrativo, cualquier texto futuro para sentirnos al amparo de esos avatares que España ya previno muy adecuadamente en el año 1997, gracias a la firma del convenio y su posterior ratificación. Señorías, ningún país europeo tiene una mayor cobertura en este momento que la tiene España.
Solamente me queda agradecer al Grupo de Convergència i Unió y a los demás el talante dialogante al que hemos podido llegar, porque es un asunto en el que nos interesa obtener el máximo consenso, en el que hemos de apartar miedos infundados y crear una base sólida en la que poder asentar nuestro futuro legislativo en materias que de hoy en adelante van a ser cada vez más importantes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, con brevedad, porque ya la intervención del portavoz del grupo que trae la moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos facilita el trámite por su aceptación de la enmienda.
Mi grupo estaba preocupado porque esta iniciativa, que tiene el mérito de su oportunidad y que viene a madrugar un problema -valga la expresión- suscitaba un tema que estaba ahí en puertas ante el que había que tener cierta cautela, sobre todo en lo que se refiere a las compañías de seguros dándole una vuelta de tuerca a determinadas garantías, sobrepasando los principios que bien ha señalado el portavoz, señor Silva, de la buena fe, de la libertad, de la discreción y de la veracidad que preside todo contrato con una compañía privada de seguros, sobre todo en los seguros de vida o en los seguros de accidente de automóviles. Ami grupo no le bastaba solamente una invocación al Convenio de Oviedo.
El señor López Garrido ha tocado también esta preocupación que tiene que estar amparada en la Constitución española.
La enmienda de mi grupo, señora presidenta, venía a invocar el artículo 18, aparte del 14, que también se introduce en el texto de consenso, porque cuando el legislador hizo la Constitución en esta Cámara el artículo 18 vino a reflejar lo que era la defensa de la intimidad en los conocimientos que teníamos de la misma en la fecha en que se aprueba la Constitución española. Habíamos hecho una defensa del derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de la correspondencia y de las conversaciones telefónicas, pero no habíamos oído hablar del genoma ni de la información personalizada que de cada ser humano trae la fórmula genética o el genoma. Por tanto, tenemos que recordar que en la amplitud de las potestades de la Constitución española, en lo que viene a decir el artículo 18 de los derechos fundamentales a la intimidad, debemos hacer una lectura permanente de acuerdo también con el avance científico. La Constitución no puede, en los derechos fundamentales de la persona, leerse restrictivamente para cuestiones puramente de inviolabilidad de domicilio, de correspondencia o de conversaciones telefónicas. La ciencia nos ha descubierto que la intimidad del individuo no está solamente en objetos sino en su propio genoma, y aquí es donde tenemos que hacer también la protección constitucional y me congratulo que por la enmienda del Grupo Popular se acepte el texto fundamental que trae Convergència i Unió, así como de la acertada intervención del señor portavoz del Grupo Socialista, señor López Garrido, en ver también lo que es la defensa de un derecho fundamental. De aquí que recogiéndose por el portavoz señor Silva la enmienda de mi Grupo de Coalición Canaria, para invocar aquí también el artículo 18 de la Constitución española, como garantía y salvaguarda del derecho fundamental de la intimidad, hoy la ciencia nos ha llevado la intimidad hasta el genoma, pues protejamos también la intimidad en esta base fundamental genética. De aquí, señora presidenta, que con este texto de consenso vayamos a votar favorablemente esta magnífica iniciativa que ha tenido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con las enmiendas adicionales.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


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Voy a intervenir de manera absolutamente breve porque mi grupo parlamentario compartía la moción que había presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y desde luego va a apoyar la enmienda transaccional. Se trata de un tema que a nosotros nos parece bastante delicado, en el que además creo que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara han hecho hincapié. Nos parece importantísimo el hecho de que la ciencia pueda conseguir avances que permitan mejorar la calidad de la vida de las personas en cuanto al genoma, en cuanto a que se puedan incluso atender enfermedades o hacer desaparecer aquellas de origen genético, pero también es importantísimo salvaguardar la intimidad de las personas y que estas investigaciones no puedan ser utilizadas para que puedan sufrir discriminación, ya sea la persona afectada o sus descendientes directos. Con independencia de que podamos esperar o que estemos atentos a cómo van evolucionando los hechos, es necesario que estemos vigilantes para que según vayan avanzando las investigaciones, no nos quedemos atrasados en la legislación y se puedan ver los ciudadanos y las ciudadanas desamparados ante una eventual discriminación por razón genética. Señorías, nuestra legislación está bastante avanzada, pero no lo suficientemente como para que pensemos que no es necesario no solamente estar vigilantes sino incluso acceder a una legislación mucho más amplia que permita que no pueda ser discriminado ningún ciudadano ni ciudadana por razón genética. Creemos que esto es importante y, por tanto, señorías, vamos a aprobar esta moción.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


Señor Silva, tiene la palabra al objeto de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas, aunque en el transcurso del debate la Presidencia ha creído entender que iba a haber un texto transaccional.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Señora presidenta, hay un texto transaccional que ha sido entregado a los servicios de la Cámara y que será sometido a votación.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relaciones jurídico privadas, así como a no ser discriminado en éstas en atención a su patrimonio genético, que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que ha sido propuesta y aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 217; a favor, 216; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia aprobada la moción de referencia. (Aplausos.) Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las once y cinco minutos de la noche.

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