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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 56, de 06/02/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 56

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 52

celebrada el martes, 6 de febrero de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados . . . (Página 2660)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el Estado español (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 31-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 125/ 000006.) . . . (Página 2660)

- Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 32-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 125/000007.) . . . (Página 2660)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del artículo 206 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real Decreto-Ley 5/1999, de 9 de abril. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 12-1, de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000008.) . . . (Página 2671)

Página 2656


Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 99, de 24 de noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000148.) . . .
(Página 2680)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre articulación de un plan de fomento de la lectura. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 115, de 22 de diciembre de 2000. (Número de expediente 162/ 000168.) . . . (Página 2680)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar el hábito de la lectura entre la población. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001.
(Número de expediente 162/000215.) . . . (Página 2680)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000193.) . . . (Página 2689)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000192.) . . . (Página 2690)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), por la que se insta al Gobierno a habilitar las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los empleados públicos en el año 1997, así como a restablecer el derecho de negociación colectiva recogido en la Ley 7/1990. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000202.) . . . (Página 2690)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a cumplimiento de la sentencia de 7 de noviembre de 2000, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000209.) . . . (Página 2690)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000196.) . . . (Página 2690)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado el incremento retributivo correspondiente a 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000214.) . . . (Página 2690)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados . . . (Página 2660)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas . . . (Página 2660)

Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el Estado español (Orgánica) . . . (Página 2660)

Página 2657


Del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español . . . (Página 2660)

Presenta la primera proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el Estado español, el señor Ferrer i Roca (Diputado del Parlamento de Cataluña).


Igualmente, presentan la segunda proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español, el señor Ferrer i Gironés y la señora Comas D?Argemir i Cendra, diputados igualmente del Parlamento de Cataluña.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el Estado español, se rechaza por 140 votos a favor, 161 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español, se rechaza por 138 votos a favor, 164 en contra y una abstención.


Toma en consideración de proposiciones de Ley . . . (Página 2671)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril . . . (Página 2671)

Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, el señor Jáuregui Atondo. Manifiesta que aunque la reforma legal de la Ley de Seguridad Social que su grupo plantea pueda parecer eminentemente técnica, el contenido de la misma tiene una enorme importancia en relación con las políticas de empleo llevadas a cabo en el país. Considera que la reforma que se introdujo en el artículo 206 de la Ley de la Seguridad Social con el Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, por la que las cuotas podían financiar también las bonificaciones que incentivasen la contratación indefinida, es radicalmente contraria a los principios que inspiran el Pacto de Toledo, cual es que las cuotas deben de financiar prestaciones y que otro tipo de gastos tienen que ser soportados por la fiscalidad general, por lo que su grupo propone la supresión del párrafo 2 del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social. Explica las razones que han llevado a su grupo a proponer tal supresión y hace una serie de preguntas sobre si la política de estímulos a la contratación estable ha dado o no buenos resultados.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del artículo 206 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril, se rechaza por 127 votos a favor y 172 en contra.


Proposiciones no de Ley . . . (Página 2680)

Página 2658


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población . .
. (Página 2680)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre articulación de un plan de fomento de la lectura . . . (Página 2680)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar el hábito de la lectura entre la población . . . (Página 2680)

La señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la proposición no de ley de su grupo, poniendo de relieve en primer lugar la preocupación de los diversos grupos de la Cámara por el bajo índice de lectura de los españoles, según se deduce de las tres iniciativas que se debaten en el Pleno de hoy. Dejando a un lado la importancia indiscutible de la lectura, defiende la postura del Grupo Popular y del Gobierno -y cree que de todos los grupos de la Cámara-en relación con el libro. Considera que el libro no debe estar sometido a las leyes del mercado y debe recibir un apoyo específico de los poderes públicos, haciendo a continuación un diagnóstico de la situación y una explicación de su propuesta, instando al Gobierno a que ponga en marcha una movilización general a favor de la lectura, de acuerdo con las administraciones autonómica y local y con el sector privado.
Finalmente fija la posición de su grupo respecto de las otras iniciativas sobre el mismo tema.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la proposición no de ley sobre articulación de un plan de fomento de la lectura la señora Valcarce García. En primer lugar expresa su satisfacción porque se hayan traído a la Cámara en el día de hoy tres proposiciones no de ley que versan sobre una cuestión fundamental como es un plan de fomento de la lectura, aunque las tres sean bien distintas en el concepto, en la forma y en el fondo, en lo que persiguen y, sobre todo, en su compromiso y ambición. Manifiesta que su grupo ha solicitado reiteradamente un plan de fomento de la lectura impulsado por el Gobierno y se queja de la incomprensión del Grupo Popular y de la insensibilidad e incumplimientos del Gobierno ante sus peticiones. Da una serie de datos extraídos del último informe de la Sociedad General de Autores de España sobre los hábitos de consumo cultural del país que considera alarmantes y que por sí solos justificarían el voto favorable a la proposición no de ley que el Grupo Socialista somete hoy a la consideración de la Cámara. Explica que su propuesta, en definitiva, recoge el dictamen de la Comisión de humanidades que pedía que la lectura se incorporase desde todas las áreas curriculares, que la lectura fuese impulsada de forma específica para alcanzar los niveles precisos no sólo en la lectura literaria sino también la informativa y documental, a través de las bibliotecas de aula, las bibliotecas escolares y las de barrio o el entorno más cercano a los estudiantes, y que todo ello estuviera impulsado y dirigido por un profesional.
Finalmente fija la posición de su grupo en relación con las otras iniciativas.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), defiende la proposición no de ley para fomentar el hábito de la lectura entre la población el señor Guardans i Cambó. Asegura que se está ante una de esas iniciativas que pueden correr el riesgo de convertirse en mera retórica, lo que sería un grave error porque la intención de su grupo -y está seguro que también la de los otros grupos proponentes de iniciativas similares-es que se convierta en medidas de Gobierno, para lo que espera la colaboración del Grupo Popular. Aceptando el contenido de la proposición no de ley del grupo mayoritario -aunque la considera un poco genérica- propone que se haga una campaña publicitaria, que se apoyen las distintas iniciativas que la sociedad plantee, refiriéndose naturalmente a la lectura en general, en cualquiera de las lenguas en que se lee y se publica en España en este momento, y que el Gobierno adopte las medidas necesarias para fomentar el hábito de la lectura entre la población, medidas que ya se pidieron en una proposición no de ley que fue aprobada en la Comisión de Educación y Cultura el 23 de febrero de 1999 y que todavía no han sido llevadas a la práctica. Se refiere a continuación a dicha proposición no de ley y propone incorporarla a la iniciativa que hoy se trae a la Cámara, para así reiniciar lo que fue el compromiso del Gobierno en todo un conjunto de medidas a las que pasa a dar lectura. Afirma que su grupo pretende que el tono de su iniciativa sea absolutamente constructivo y positivo y espera que de la votación de hoy salga un nuevo impulso a algo esencial en la sociedad, como es el hábito de la lectura.


En defensa de las enmiendas presentadas a las tres proposiciones no de ley interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda,

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del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmienda presentadas intervienen las señoras Rodríguez-Salmones Cabeza y Valcarce García.


Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población, en sus propios términos, al haber sido rechazada la enmienda presentada, se aprueba por 288 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.


Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre articulación de un plan de fomento de la lectura, en sus propios términos, al haber sido rechazada la enmienda presentada, se rechaza por 127 votos a favor y 177 en contra.


Sometida a votación, por último, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fomentar el hábito de la lectura entre la población, se aprueba por 300 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997 . . . (Página 2689)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Saura), sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997 . . .
(Página 2690)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), por la que se insta al Gobierno a habilitar las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los empleados públicos en el año 1997, así como a restablecer el derecho de negociación colectiva recogido en la Ley 7/1990 . . . (Página 2690)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres.
Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al cumplimiento de la sentencia de 7 de noviembre de 2000, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional . . .
(Página 2690)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997 . . . (Página 2690)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado el incremento retributivo correspondiente a 1997 . . . (Página 2690)

Presentan las distintas iniciativas relativas a la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997 los señores Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista; Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas a las iniciativas intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), y LópezMedel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Jané i Guasch, Erkoreka Gervasio y López- Medel Bascones.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, se rechaza por 122 votos a favor, 174 en contra y una abstención.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, se

Página 2660


rechaza por 120 votos a favor, 176 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997, se rechaza por 121 votos a favor, 176 en contra y una abstención.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), por la que se insta al Gobierno a habilitar las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que anula la congelación salarial de los empleados públicos en el año 1997, así como a restablecer el derecho de negociación colectiva recogido en la Ley 7/1990, se rechaza por 121 votos a favor, 176 en contra y una abstención.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al cumplimiento de la sentencia de 7 de noviembre de 2000, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se rechaza por 12 votos a favor, 178 en contra y 108 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado el incremento retributivo correspondiente al año 1997, en los términos del contenido de la enmienda transaccional que ha sido leída por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y repartida a los señores portavoces, se rechaza por 17 votos a favor, 162 en contra y 119 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo del orden del día, juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por dos nuevos diputados.
Conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Jordi Pedret i Grenzner, en sustitución de don Raimon Martínez Fraile, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, prometo.


La señora PRESIDENTA: Don Jordi Pedret i Grenzner ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.) Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Carlos Núñez León, en sustitución de don Manuel Seco Gordillo, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor NÚÑEZ LEÓN: Sí, juro.


La señora PRESIDENTA: Don Carlos Núñez León ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PASAPORTES Y DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL. (ORGÁNICA) (Número de expediente 125/000006.)

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE INCORPORACIÓN A LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES DE LAS LENGUAS OFICIALES EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 125/000007.)

La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En primer lugar, para su debate conjunto, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el Estado español. Asimismo, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español.
En nombre del Parlamento de Cataluña, tiene en primer lugar la palabra el señor Ferrer i Roca.


Página 2661


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señora presidenta, señorías, como es bien sabido, periódicamente, en este Pleno se plantean y debaten iniciativas procedentes del Parlamento catalán sobre temas muy diversos, pero con alguna reincidencia sobre asuntos que se proponen desarrollar y desplegar los contenidos de respeto y protección a todas las lenguas que son oficiales en el Estado español. Así, quizá SS.SS. recuerden que el pasado 12 de diciembre también se vio en este Pleno una iniciativa procedente del Parlamento catalán que proponía que en los billetes y monedas euros se tuviese en cuenta todas las lenguas que son oficiales en el Estado español. No prosperó en aquella ocasión aquella iniciativa. Quiero recordar que el portavoz del grupo mayoritario argumentó -lo que fue objeto de algún comentario por nuestra parte- que la iniciativa se había presentado cuando el Gobierno tenía programadas y elaboradas ya las primeras series de billetes y monedas, cuando en realidad la iniciativa del Parlamento catalán se había adoptado en octubre de 1998, dos años antes. A veces, señorías, el viaje desde Cataluña a esta Cámara resulta más lento de lo que pudiera uno prever a principios del siglo XXI.
Aquella fue una iniciativa en orden a desplegar y desarrollar el respeto y protección a todas las lenguas oficiales -en aquel caso con referencia a los billetes y monedas euros- y hoy traemos aquí dos iniciativas más. La primera que voy a exponer ante ustedes es la que hace referencia a la posibilidad de que los pasaportes y los documentos nacionales de identidad sean expresados en todas las lenguas que son oficiales. El objetivo de esta iniciativa, que también fue aprobada por el Parlamento catalán hace dos años, en diciembre de 1998, no es otro que dar continuidad y aplicar la Constitución. La Constitución, como todas SS.SS. saben, protege y reconoce la existencia de diversas lenguas que son oficiales en las comunidades en donde se hablan y es un reconocimiento histórico que ha tenido a lo largo de estos veintidós años una plasmación práctica, pero que, como toda cosa viva, como todo fenómeno vivo, exige la aplicación a aquellos supuestos que aún no tienen este reconocimiento. Por consiguiente, hoy venimos aquí a plantear la toma en consideración de que esas mismas lenguas oficiales estén también presentes en los textos que acompañan los documentos nacionales de identidad y los pasaportes. Esta iniciativa, como acabo de decir, fue aprobada por el Parlamento catalán en diciembre de 1998 y consta de una exposición de motivos que, como no podía ser de otra manera, hace referencia al preámbulo y al artículo 3 de la Constitución, que expresan ese reconocimiento histórico del carácter plurilingüe del Estado español, que hoy, por cierto, ya nadie discute. Lo que ocurre es que no solamente se trata de no discutirlo, sino de aplicarlo con voluntad política a aquellos supuestos que aún no registran este reconocimiento.


La proposición de ley que traemos a su consideración, que hace referencia a la reforma de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, consta de tres artículos, el primero de los cuales dice lo siguiente: Los documentos nacionales de identidad entregados en el territorio de las comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del castellano deben redactarse íntegramente en la lengua oficial del territorio y en lengua castellana, por este orden. Por tanto, el primer artículo de esta proposición de ley hace referencia a los documentos nacionales de identidad. El segundo se refiere a los pasaportes y dice: Los pasaportes expedidos en el territorio de las comunidades autónomas que tengan una lengua oficial distinta del castellano deben redactarse íntegramente en la lengua oficial del territorio y en lengua castellana, por este orden, sin perjuicio de que puedan utilizarse también otras lenguas de acuerdo con la normativa europea y el ordenamiento jurídico. Finalmente hay un tercer artículo donde se hace la previsión de la aplicación de esta reforma que se propone.
Sabemos que el Gobierno tiene preparada una iniciativa en este campo, pero por las noticias que nos llegan, todavía escasamente concretas, creemos que solamente hace referencia a la aplicación de todas las lenguas oficiales a los documentos nacionales de identidad y no a los pasaportes. Estimamos que esto será una pérdida de tiempo, porque si se emprende una iniciativa por parte del Gobierno solamente hacia los documentos nacionales de identidad, SS.SS. no deberán extrañarse de que en los próximos meses una delegación del Parlamento catalán venga a exponer la necesidad de que también en los pasaportes se recoja el carácter plurilingüe del Estado español. Todos estos temas, señorías, hubiesen podido resolverse de un plumazo con una iniciativa política, pero se ha preferido solucionarlos caso por caso. A continuación, otros diputados del Parlamento catalán expondrán en esta tribuna otro caso de aplicación del carácter plurilingüe del Estado español, y así vamos estudiando, analizando, debatiendo y hemos de suponer que aprobando caso por caso, cuando en realidad nos pasa muy cerca la posibilidad de resolver con voluntad política todos aquellos supuestos en donde debería reflejarse el carácter plurilingüe del Estado español.
Me refería a la iniciativa que parece ser que ha emprendido y tiene preparada el Gobierno y que solamente hace referencia a los documentos nacionales de identidad. Creemos que es una lástima no aprovechar la ocasión para resolver estos dos temas: pasaportes y documentos nacionales de identidad. También nos parece, y esto es más grave, que se plantea esta iniciativa del Gobierno con carácter opcional, solamente para los ciudadanos que así lo deseen, cuando en realidad lo que debemos considerar, como se ha hecho habitualmente en la aplicación de la protección de todas las lenguas que son oficiales en el Estado español, es la territorialidad.


Página 2662


Es una lástima que no se aproveche esta ocasión y creemos que casi veinticinco años después de haberse aprobado la Constitución deberíamos mostrar algo más de rapidez para que estos puntos que a menudo figuran en el orden del día del Pleno de este Congreso de los Diputados pasaran a la historia en el sentido de que se resolvieran ya definitivamente.
En nombre de la delegación que tenía que exponer ante SS.SS. este punto del orden del día, debo solicitarles, pues, el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, en la confianza de que no se trata de algo novedoso ni de un hallazgo, sino simplemente de la aplicación a un caso concreto de los contenidos que configuran la Constitución en orden a la protección y al desarrollo de todas las lenguas que son oficiales. En esta confianza, señorías, les he expuesto esta iniciativa y esperamos su voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
Para la presentación y defensa de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español, tiene en primer lugar la palabra don Francesc Ferrer i Gironès.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Ferrer i Gironès): Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es la quinta vez que vengo aquí a hablar, a pedir, a solicitar, a demandar -no sé qué verbo tengo que utilizar-, pero no lo haré de rodillas, porque de las cinco veces, ninguna ha prosperado. Cataluña es un pueblo derrotado, somos derrotados; fuimos derrotados en 1714 por la fuerza de las armas, pero la fuerza de la razón tampoco es suficiente para poder ganar un derecho individual y un derecho colectivo. Ustedes deben saber que en 1714 José Patiño dijo que los catalanes estaban tan obsesionados con su patria que solamente hablaban en catalán; pero al año siguiente el fiscal general del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Villalpando, hizo unas sugerencias a los corregidores de Cataluña, que eran doce y militares, y les dijo, en la sexta: Procurarán introducir la lengua castellana, a cuyo fin darán las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado.
Nosotros creemos que las providencias templadas y disimuladas aún subsisten, porque cuando un Parlamento nacional aprueba casi por unanimidad un proyecto o una proposición de ley, lo llevamos a Comisión y, con providencias templadas y disimuladas, nos dicen que sí, en realidad es que no, y cuando nos dicen que no, es que no hay otro camino. La Constitución de 1978, que yo aprobé y firmé en esta misma Cámara, dice en el artículo 3 que las lenguas serán todas respetadas y protegidas, pero no me lo acabo de creer. No me lo creo porque lo que vengo a defender hoy aquí es que el permiso o la licencia de conducir vehículos a motor y ciclomotores pueda emitirse en lengua catalana.
¿Por qué venimos a pedirlo? Pues porque un ciudadano de Tarragona quería este documento en catalán y la Dirección de Tránsito no se lo dio, y ¿adónde fue? Tuvo que ir ante el Juzgado a pedir un derecho fundamental de la persona. Hoy un Parlamento en pleno también lo pide, venimos aquí y parece que no quieren darnos este derecho.
Los catalanes, desde la Revolución Francesa, somos hombres nacidos con todos los derechos de igualdad y de libertad, pero, en cuanto a las lenguas, creo que no tenemos ni libertad ni igualdad. Por ejemplo, no es posible que un ciudadano pueda optar a que su carnet de identidad o su licencia para conducir vehículos pueda ser solamente en castellano y nosotros no podamos tenerlo sólo en catalán. Esto no es libertad ni es igualdad, porque sí hay ciudadanos que tienen todo el derecho a tenerlo en su lengua. Por tanto, el catalán solamente es optativo; el castellano es obligatorio. Esto no es igualdad ni es libertad.
Señora presidenta, yo pediría que esta vez, que es la quinta, tuvieran en cuenta nuestra petición. No pido benevolencia, que no la necesitamos, porque estamos exigiendo un derecho. No quiero citar la retahíla de documentos internacionales, de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo o la Carta de las Lenguas; no quiero hablar de estos documentos porque lo dice la propia Constitución y si la Constitución lo dice, creo que no pueden pasar veinticinco años celebrando la Constitución y la Monarquía y que esta Ley de leyes no se cumpla y tengamos que estar siempre ante un tribunal en defensa de nuestra lengua. Pensemos en lo que dijo José Patiño, que amamos tanto a nuestra patria que solamente hablamos en catalán. Hoy, el catalán es plurilingüe, quiere ser políglota, y de hecho nosotros somos políglotas y lo queremos ser, pero no entendemos que un Estado moderno, un Estado que se ha realizado y materializado para defender jurídica y políticamente los derechos de los ciudadanos, no nos trate como clientes ni como contribuyentes ni como usuarios; nos trata como súbditos, y nosotros pedimos sencillamente que no tengamos que ir ante un juez a pedir un derecho.
Señora presidenta, estoy seguro de que nuestros razonamientos serán plausibles para SS. SS. y nos darán un voto favorable. Ojalá esta quinta vez sea fructífero el viaje.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
Para la presentación y defensa de la misma iniciativa, tiene la palabra la señora doña Dolors Comasd? Argemir i Cendra.


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La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Comas d?Argemir i Cendra): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, esta proposición de ley que hoy pedimos que el Congreso de los Diputados tome en consideración, que consiste en que se incorporen las lenguas del Estado español en los permisos y en las licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores, supone, junto con la que se ha presentado anteriormente, dar un pequeño paso en conseguir la igualdad plena en aquellas comunidades autónomas que tienen dos lenguas oficiales. Insisto en lo de dar un pequeño paso, porque se trata de incidir exclusivamente en lo que se viene denominando espacio simbólico y, por tanto, en irlo llenando con contenidos que reflejen la realidad plurilingüística existente en el Estado español. En esta proposición de ley se plantea que en los permisos de circulación aparezcan las dos lenguas que son oficiales en un determinado territorio de forma automática y universal, es decir, no condicionándolo a quien lo pida, lo que implica un esfuerzo de voluntad y en cierta forma una situación de excepcionalidad, ni que sea de forma individual, sino de forma universal para todas las personas que habiten en esta comunidad autónoma; en este caso la iniciativa ha partido del Parlamento de Cataluña, atendiendo a la situación específica de dicha comunidad autónoma.
Se ha dicho ya por parte de los diputados que me han precedido que la propia Constitución española protege las lenguas del Estado español.
Yo quisiera añadir, para no reiterar una vez más esta cuestión, que incluso la propuesta que hoy presentamos aquí responde a un mandato del propio Congreso de los Diputados, que es el que en definitiva aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1979, y es en uno de sus artículos, en concreto el 3.3, donde se indica que la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas de Cataluña, que tomará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena por lo que respecta a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña.
Lo que está indicando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados y que, por tanto, responde a un mandato de esta propia Cámara, es lo que venimos hoy a defender aquí. Podría citar además las numerosas disposiciones emanadas del Parlamento Europeo que justificarían con más razón esta propuesta.
Espero que estén de acuerdo, señoras y señores diputados, en que el Parlamento de Cataluña ha sido muy prudente, yo diría que incluso extremadamente prudente, en esperar más de veinte años, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía y la Constitución anteriormente, para presentar una propuesta como ésta y la que ha precedido. Por este motivo, atendiendo a la necesidad de dar estos pequeños pasos en el reconocimiento de la igualdad de las lenguas oficiales en el territorio de cada comunidad autónoma, solicito el voto favorable de sus señorías, y, por tanto, con la confianza de que puedan prosperar estas iniciativas, presentamos estas propuestas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Comas. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura, que deberá compartir su tiempo con el señor Rodríguez.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds, quiero anunciar, como no puede ser de otra manera, nuestro voto favorable a estas dos proposiciones de ley del Parlamento catalán y aprovechar la oportunidad para saludar a la diputada y a los diputados que en nombre del mismo han defendido aquí estas iniciativas.
Me gustaría decir clarísimamente que estas dos propuestas inciden -y desde el Parlamento catalán se ha reiterado la necesidad de esta incidencia- en la evolución del modelo de Estado. Quiero decir bien alto que nosotros hacemos una valoración globalmente positiva de un modelo de Estado que en estos 20 años ha pasado, de ser centralista, a tener un nivel importante de descentralización del gasto y un nivel igualmente importante de transferencias de servicios y competencias, si bien es cierto que este modelo de Estado aún tiene hoy dos grandes asignaturas pendientes: por un lado, el reconocimiento real y efectivo de la plurinacionalidad del Estado español y, por otro, la necesidad de reconocimiento, también real y efectivo, del plurilingüsmo del Estado español.
Las iniciativas que hoy debatimos son -se ha dicho ya en las intervenciones de presentación de las proposiciones de ley- dos propuestas concretas que dan pasos pequeñitos en la consecución del gran reto de hacer del Estado español un Estado plurinacional real y efectivamente. Tengo que decir que las dos iniciativas tienen muchos antecedentes en la Constitución y en el Estatuto y, de forma mucho más cercana, en una moción de diciembre de 1997 que esta Cámara aprobó por unanimidad. En ella, la Cámara instaba al Gobierno del Estado español a que impulsara determinadas iniciativas, entre las cuales se encontraban las que hoy se presentan. Han pasado prácticamente cuatro años y esto no se ha hecho, como tampoco fue hecho por ninguno de los gobiernos anteriores.
Para acabar, quiero decir simplemente dos cosas: en primer lugar, que el plurilingüismo del Estado español ha sido históricamente incomprendido en el mismo Estado español y, a menudo, ha sido objeto de problema. Las iniciativas que se traen hoy aquí son positivas

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y constructivas y tienen la intención y el objetivo de que el plurilingüismo pase de ser un problema a ser patrimonio y riqueza de todos.
Añadiré, en segundo lugar, que no hay ninguna razón que justifique hoy el voto en contra de estas dos proposiciones de ley. No porque lo diga el Parlamento catalán y ni siquiera porque lo aprobamos aquí por unanimidad hace cuatro años, sino porque hoy se propone simplemente desarrollar a un nivel pequeñito el espíritu y la letra de aspectos fundamentales de la Constitución que se aprobó hace más de 20 años.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Quiero saludar a los señores Ferrer y Ferrer i Gironés y a la señora Comas, del Parlamento de Cataluña y anunciar nuestro voto afirmativo, evidentemente - como ha dicho el señor Saura-, a estas dos propuestas del Parlament de Catalunya. Y ello no sólo por una razón de coherencia, sino porque entendemos que en el Estado hay una realidad plurilingüística. Hay cuatro lenguas en el Estado, hay cuatro culturas; y hasta que por parte del Estado y del Gobierno español no se reconozca esta pluralidad -y esta Cámara no es ajena a todo ello-, el catalán, el gallego y el euskera serán vistos como problemas. Pues bien, lo que tendría que ser fuente de diálogo, de pacto y, en definitiva, de transferencia de cultura, no puede ser nunca un problema.Estas dos proposiciones de ley que se presentan desde el Parlamento de Cataluña tienen una función muy clara: socializar la diferencia en todos los lugares del Estado. El derecho a la diferencia es un derecho fundamental y desde este Parlamento hay que reconocer que hay, repito, cuatro lenguas, cuatro culturas. Se pide en los documentos oficiales como un paso para socializar la diferencia. Esta es, seguramente, la asignatura que tiene pendiente hoy el Estado español, la asignatura pendiente en el proceso de democratización desde la dictadura.
Entendemos que es comprensible y que tiene que tener el apoyo razonable y racional de esta Cámara el hecho de que los carnés de identidad, los carnés de conducir y los pasaportes estén en los idiomas oficiales no sólo en el Estado sino en los respectivos territorios, tal como definen las proposiciones de ley. La contribución de la Cámara Baja a la pluralidad del Estado, al reconocimiento de la diferencia, sería un avance democrático; no hacerlo así es una regresión y es volver a esta España uniforme, a esta España que podríamos considerar rancia, que no acepta la diferencia.
Desde el Parlamento de Cataluña se ofrece la posibilidad de avanzar democráticamente, tranquilamente, hasta un Estado plural, un Estado de diálogo, un Estado, en definitiva, en el que todos nos podamos sentir mejor y más libres, con un enriquecimiento cultural que es necesario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego tiene la satisfacción de ver, una vez más, que una representación del Parlamento de Cataluña acuda al Congreso de los Diputados a defender una proposición de ley sobre la normalización de usos de las lenguas que no son el castellano. Es sintomático porque el Parlamento y el Gobierno de Cataluña se caracterizan por hacer la política lingüística más democrática y avanzada, dentro de las posibilidades constitucionales, en el Estado español.
Decimos que es muy importante la iniciativa del Parlamento de Cataluña porque se hace una lectura constitucional que parte del supuesto de que Galicia, Cataluña, Euskadi y otras comunidades autónomas tienen una lengua propia que debe tener todos los derechos en su territorio y, por tanto, la Administración general del Estado en sus competencias debe respetar estos derechos y actuar en la documentación y en todos los textos burocráticos originados en o con destino a, en protección de estos derechos de carácter individual y colectivo. En este caso concreto, los permisos y licencias de conducir, el documento nacional de identidad y el pasaporte, que son clara competencia del Estado, deben ser documentos bilingües, deben estar en la lengua propia de cada comunidad y en la lengua del Estado español. Realmente, cualquier otro tipo de salida sería considerar que frente a la posibilidad de que todos tengamos derechos plenos, deberes generalizados por parte del Estado en respeto al pluralismo lingüístico y su consideración como bien colectivo, frente a esto, repito, cualquier otra posibilidad sería una concesión individual de objeción de conciencia, nada más que la consideración de un bien particular, incluso la consideración de que gallego-parlantes, catalán-parlantes o vascoparlantes son elementos extraños a los que habría que respetar exclusivamente en función de un criterio de la diversidad individual, pero no de un derecho asumido por la Administración pública en general.Decimos esto porque es una oportunidad de oro para que se reconozca este carácter bilingüe del Estado español.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, mi grupo quiere transmitir un cordial saludo de bienvenida y adhesión a los miembros del Parlament de Catalunya que nos honran hoy con su presencia. En segundo lugar, Coalición Canaria ha sido siempre un grupo con un sentido de respeto a todas las decisiones de los parlamentos autonómicos tomadas democráticamente y que han merecido el apoyo mayoritario de los grupos para venir aquí a defender sus iniciativas parlamentarias en aquellas materias de ámbito legal que constituyen un campo competencial de esta alta Cámara legislativa que es el Congreso de los Diputados en el ámbito del Estado español. En esta toma en consideración de proposiciones de ley vienen hoy dos iniciativas del Parlament de Catalunya y nosotros queremos hacer una diferenciación de voto, siempre constructivo, permitiendo una salida a la iniciativa catalana.
En cuanto al primer cometido, referido al pasaporte y al documento nacional de identidad, entendiendo que el artículo 3 de la Constitución española reconoce como lengua oficial de todo el Estado el castellano y la complementariedad en las comunidades autónomas, como la de Cataluña, la de Euskadi o la de Galicia, hacemos una reserva de que esto se pueda considerar en el campo de los pasaportes por la naturaleza del documento en sí mismo. Mantendremos aquí una postura de interpretación y de respeto al artículo 3 de la Constitución y nos vamos a abstener.
Con respecto a la segunda toma en consideración que trae el Parlamento de Cataluña, la que se refiere a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores, entendemos que se trata de otro nivel de documentación y vamos a votarla favorablemente.
Creemos que tarde o temprano muchas competencias en el ámbito de tráfico podrán ir pasando a las comunidades autónomas, porque no hay razón para una centralización excesiva en esta cuestión, como ocurre con determinados actos o documentos en el ámbito de la sanidad o del poder judicial, donde las competencias están ya transferidas a las comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña y Canarias. Por este motivo, nosotros apoyaremos la toma en consideración.
Con respecto a las iniciativas que presenta el Grupo Popular, ir subiendo esta escalera de homologación paso a paso es positiva y el espíritu de Coalición Canaria en este tema está en sintonía con lo que ha dicho el Parlamento catalán. Votaremos favorablemente la iniciativa referente a los permisos de circulación y de conducción de vehículos a motor y de ciclomotores.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Al terminar prácticamente el último período de sesiones decíamos a las señorías catalanas que nos visitaban que fueran constantes en el planteamiento de estas reivindicaciones; vemos que lo son y por ello les felicitamos desde el Grupo Parlamentario Vasco que sostiene, como SS.SS., que este es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe y que razonablemente todas estas iniciativas deben ir por el propio ámbito legal que el Estado viene dándose a sí mismo. Sin embargo, observamos que veintitantos años después todavía estamos en este nivel de planteamientos, con estos documentos oficiales, en la única lengua del Estado reconocida, solicitando y teniendo posturas reivindicativas en cosas que debieran ser tan normales y tan naturales, incluso en el ámbito administrativo. Después, señora presidenta, se reivindicará el Estado de derecho, se dirá que el cumplimiento de la ley debe de ser el componente normal de funcionamiento de una sociedad, se instará a los distintos gobiernos o a los órganos administrativos al cumplimiento de lo que esta Cámara decide y se observa con sorpresa, por parte nuestra o por parte de otros grupos y diputados que han intervenido, que veintitantos años después prácticamente seguimos en las mismas. Y es difícil que un Estado se encuentre a sí mismo en estas situaciones, cuando el cumplimiento de leyes de este nivel le resulta tan difícil y tan complicado y hay una retranca en el fondo de las estructuras del Estado para que todas estas iniciativas no sólo no se aprueben sino que, a ser posible, no se cumplan en ninguno de los casos. Salvamos hoy que se está de alguna manera generando alguna teoría sobre el bilingüismo escalonado y nosotros creemos que esto no es más que un planteamiento de sucedáneo de no querer admitir el planteamiento constitucional tal y como está, guste o no guste, que es en el fondo un freno que quiere impedir que, con criterio general, los documentos administrativos de los ciudadanos que residen en comunidades bilingües y con lenguas oficiales distintas del castellano puedan conocer en sus propios documentos administrativos la realidad sociolingüística que ellos conocen en sus propios ámbitos, y que desde esa situación el Estado no se declare sólo nominalmente Estado pluricultural y Estado plurilingüe sino que de hecho actúe en consecuencia y en consonancia con estas dimensiones del propio Estado, que son también dimensiones constitucionales.
Quedarán otra vez en el «Diario de Sesiones» estas reflexiones, señora presidenta; nosotros les felicitamos, señorías catalanas, por seguir insistiendo, insistiremos nosotros también y el tiempo nos dará la razón porque evidentemente la tenemos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.


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Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en primer lugar, deseo saludar, en nombre de mi grupo, esta iniciativa. Ojalá -y no es la primera vez que se dice desde estos escaños- uno o dos puntos de los órdenes del día del Pleno del Parlamento hagan referencia a la toma en consideración de iniciativas provenientes de distintos parlamentos de las comunidades del Estado español. Ojalá también uno eche de menos que haya de otras comunidades. Pues bien, quede, en primer lugar, ese saludo.
La última interviniente, diputada del Parlamento de Cataluña en defensa de esta iniciativa, decía, como un argumento de peso e intentando captar la benevolencia, que el Parlamento catalán ha sido prudente, muy prudente. No sé si el Parlamento catalán ha sido prudente o muy prudente. Indiscutiblemente, lo que consideramos en este grupo es que los distintos gobiernos que son y han sido en el Estado español, han sido imprudentes, muy imprudentes, por no haber ido aplicando el plurilingüismo del Estado español, reconocido en la Constitución, en las distintas etapas de desarrollo que la propia normativa, la propia cotidianeidad y el propio uso tenía que haber aplicado, y así nos hubiéramos evitado debates que muchas veces pueden servir para cargar otros elementos, como el tema de las placas, como el de las monedas y otras cuestiones. Por tanto, creo que han sido imprudentes los distintos gobiernos que ha habido.
Espero -no sé los resultados finales- que esta iniciativa sea tomada en consideración; luego, las enmiendas serán presentadas por cada grupo. Voy a fijar también la posición de mi grupo, en el caso de que se produjera esa toma en consideración, que vamos a votar afirmativamente.Yo espero del Partido Popular ese voto afirmativo, teniendo en cuenta, señorías, sus documentos internos cuando todavía no formaban la mayoría absoluta y en distintos congresos hablaban de documentos que consensuaban y aprobaban; hablaban de las lenguas españolas, de las distintas lenguas españolas, dándoles esa característica. Espero que sea ésa la teoría que se imponga y no la de la intervención de la investidura del señor Aznar, que cuando hablaba del castellano parece que hablaba, de nuevo, de la lengua del imperio.
Señorías, a pesar de que vamos a votar que sí a la toma en consideración, en el caso de que se produjera su aceptación introduciríamos una enmienda pues considero que, respetando el espíritu y la letra de la propia Constitución, cuando se dice que los distintos documentos se hagan en las dos lenguas, es decir, en la lengua de cada comunidad y en la lengua castellana, por este orden, nosotros entendemos que en la puridad de la propia Constitución, en primer lugar, sería el castellano, que es la lengua oficial del Estado español y, luego, aparecería en la lengua de las distintas comunidades. ¿Por qué? No es porque el Estado o el Gobierno de la nación o la Administración central sean más Estado que una comunidad autónoma o que un ayuntamiento. Todos somos Estado pero, indiscutiblemente, en la Constitución solamente es obligatorio el conocimiento de una de las lenguas, que es el castellano y, por tanto, si quieren, por prevalencia de entendederas de aquél que va a hacer uso o control de los distintos documentos, es lógico, simplemente por prevalencia de entendederas, no por prevalencia de más valor de una lengua sobre otra, que primero esté escrito en castellano y luego en la lengua de la comunidad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, también yo querría iniciar mi intervención con un saludo, que pretende ser mucho más que cortesía, a los representantes del Parlament de Cataluña, que una vez más en muy poco tiempo se presentan ante esta Cámara, en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa que tiene el Parlament, para plantear un debate que puede que vuelva a resultar inútil.
Es tristemente sorprendente que estemos de nuevo aquí discutiendo este tema. Hace muy poco tiempo muchos de los presentes asistíamos a un acto informal, como era la entrega de unos premios concedidos por una asociación de periodistas. Entre otros premios, un compañero de mi grupo parlamentario en el Senado recibió el premio -creo recordar que el título era ese- al senador que mejor defiende las autonomías.
Y en sus breves palabras de recepción de ese premio y de agradecimiento se limitó a decir que lo lamentable, agradeciendo el premio, era que el premio existiera. Lo lamentable es que todavía tengamos que estar a estas alturas de la película premiando a quien defiende las autonomías o discutiendo si el catalán es o no oficial, si el euskera o el gallego son o no oficiales, en todo lo que eso supone de plenitud de contenido de la palabra lengua oficial. ¿Qué sentido tiene que sigamos discutiendo esto hoy? ¿Hay o no en España más de una lengua? ¿Hay o no en España más de un idioma oficial? Y si esos idiomas oficiales, que lo son porque así lo dice la Constitución y los estatutos, existen, ¿por qué no pueden tener su oficialidad reflejada documentalmente en igualdad de condiciones con los demás idiomas oficiales? ¿Por qué hay que crear la impresión ante la opinión pública española, ante los ciudadanos y ante nuestros propios ciudadanos de que estamos aquí mendigando algo que no nos es debido, que la graciosa benevolencia del Gobierno de turno nos permitirá quizá disponer de

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documentos en nuestro propio idioma? No es eso. Estamos hablando de aplicar la Constitución, de aplicar el estatuto. ¿A qué viene tanta dificultad? ¿Conocen ustedes el país en el que viven? ¿Quieren ustedes el país en el que viven como es o quieren un país distinto, que no existe y que desearían que existiera? Porque si ustedes aman al país al que dicen amar, ese país hoy es plurilingüe y para muchos ciudadanos su idioma materno es el catalán y quieren tener su documentación en catalán porque así se lo reconoce la Constitución y el estatuto y en el que para él es el otro idioma oficial, que es la lengua castellana. Para mucha gente la lengua castellana es el otro idioma oficial y es lamentable que hoy estemos discutiendo esto de esta manera. Sólo la ceguera política, que por cierto no tuvieron sus compañeros del Partido Popular en el Parlamento catalán, o una falta de respeto estrepitosa a los derechos individuales de los ciudadanos puede explicar la actitud de lo que aparentemente va a ser la votación de hoy, una actitud, bien es cierto, con la que tampoco queda del todo bien parado el propio Partido Socialista, que no está libre de culpa, puesto que tuvo tiempo de corregir esta disfunción en sus largos años de Gobierno en la Administración general del Estado.
El 8 de noviembre de 1994 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aceptando la reclamación de un ciudadano individual -que supo ejercer sus derechos en democracia y que llevó a la Dirección General de Tráfico, concretamente a la Jefatura Provincial de Tráfico, ante los tribunales por denegarle el derecho a tener su permiso de conducir en catalán-, reconoció ese derecho. Pero, como no podía ser de otra manera, lo único que pudo hacer fue reconocer el derecho de ese ciudadano a tener su permiso de conducir en los dos idiomas oficiales en Cataluña, el catalán y el castellano. Lo lógico hubiera sido que inmediatamente después la Administración general del Estado hubiera dictado una norma que hubiera reconocido ese derecho tal cual la justicia en ese momento lo había admitido. Pues no, esa norma sigue sin existir. Evidentemente, hoy es cierto que se están emitiendo algunos carnés de conducir en catalán de una forma absolutamente discrecional, en catalán y castellano -una parte del documento exclusivamente en castellano, otra parte bilingüe-, sin ninguna norma que refleje eso de una forma clara. Lo que pide el Parlament de Cataluña hoy, lo que pidió mi grupo en el Parlament de Cataluña votando esa iniciativa junto a todos los demás y lo que hoy apoyamos es que la oficialidad alcance a todos los documentos. Lo pedimos ya hace poco en otra iniciativa y lo planteamos hoy: permisos de conducir, documento nacional de identidad y pasaporte.
Se nos dice por el Partido Popular -lo hemos sabido por la prensa y por el Registro del Congreso- que han presentado dos proposiciones no de ley que se debatirán en otro pleno, a partir de las cuales el Gobierno se dará un plazo para que, por vía parlamentaria -no se quiere hacer por vía legislativa, sin que jurídicamente compartamos esa argumentación-, se establezca la posibilidad de que, a petición del interesado, el documento nacional de identidad y el permiso de conducir se pueda obtener en los distintos idiomas oficiales. Bueno, esperamos esas iniciativas, pero incluso respecto de esas iniciativas ya discrepamos desde este momento del hecho de que se deje a la petición individual de cada uno de los ciudadanos y del hecho de que se excluya el pasaporte. No hay ninguna explicación para que se excluya el pasaporte.


A veces da la impresión, señorías -y se percibe en este tipo de limitaciones-, de un cierto sentimiento de vergüenza hacia el propio patrimonio lingüístico de España en este momento, algo que recuerda un poco a la música de aquellas tristes palabras, después rectificadas pero que quedaron en las hemerotecas, de un presidente del Gobierno de la transición, muy respetado por otras muchas razones pero que tuvo la poca fortuna de afirmar que, evidentemente, era impensable la idea de estar escribiendo de física nuclear en lengua catalana. Palabras muy comentadas en su momento y, evidentemente, desmentidas durante muchos años por los trabajos científicos de la universidad en Cataluña. Ese tipo de sentimiento de vergüenza, de: ahí están los catalanes con su idioma, de sentirse tolerados en lugar de no sólo respetados sino incorporados como riqueza al propio patrimonio, es lo que se percibe un día sí y otro también con este tipo de debates, lo que se percibirá de nuevo la semana que viene cuando se nos diga el carné de identidad sí, el pasaporte no. El pasaporte puede tener 11 idiomas, puede estar redactado en 11 lenguas; es posible que dentro de poco tengamos las menciones del pasaporte en esloveno, en croata. No, en catalán no, hasta que un día, dentro de unos años, la mayoría, a lo mejor, permita que el catalán también se pueda introducir.


Hoy saldremos de vacío de este debate. Se nos anuncia el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular, que tiene en este momento la mayoría. Tenemos, eso sí, la promesa de una solución parcial a lo que se está reclamando con esta iniciativa en el próximo Pleno. No corren tiempos para mucha confianza en el Gobierno en lo que hace referencia a la pluralidad lingüística ni cultural, no nos corren tiempos hoy para tener una gran confianza y para hacer votos de confianza en el Ejecutivo en este tipo de promesas, pero no nos queda más remedio, ustedes tienen la mayoría. Por tanto, vamos a esperar al Pleno de la semana próxima para ver cómo plantean ustedes esas iniciativas que, aparentemente, vienen a sustituir, rebajando el grado legislativo y convirtiéndolo en decreto, lo que hoy se plantea.
Cuando llegue ese momento veremos si ustedes han defraudado nuestra confianza y la de sus propios ciudadanos porque, insisto, quienes a ustedes les votaron en Cataluña sí habían apoyado esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera dar la bienvenida a esta Cámara a los comisionados al Parlament da Catalunya que hoy nos acompañan para la defensa de estas importantes proposiciones de ley que han sido acumuladas y cuyo objeto esencial es simplemente el de aplicar la Constitución, el de ejercer el reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado español en los documentos oficiales de identificación personal más significativos como son el DNI o pasaporte o el carné de conducir. Benvinguts.
A continuación, quiero anunciarles el voto favorable y entusiasta de los socialistas, voto que de forma estable venimos realizando ante proposiciones de este tipo en el trámite que nos ocupa de esta iniciativa, que es la simple toma en consideración. Quiero reiterar de nuevo esta cuestión, el momento procesal en el que nos encontramos, por cuanto ya viene siendo una constante en esta Cámara el que quien tiene la clave para que puedan ser aprobadas estas proposiciones de ley, el grupo mayoritario del Partido Popular, opte por escudarse en consideraciones de tipo práctico-formales para votarlas sistemáticamente en contra, aun a sabiendas de que estas cuestiones son perfectamente subsanables en los trámites posteriores a la toma en consideración de la propia proposición de ley.
Avanzado esto, vayamos realmente al fondo de la cuestión, a dos fondos distintos: primero, el de la propia proposición de ley, su objeto y, después, el de la verdadera voluntad de quien parece que va a negar hoy la demanda de otra voluntad absolutamente legítima y encomiable: la de la casi total mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que, a través de sus representantes en el Parlament, nos traen una propuesta aprobada sin un solo voto en contra. Y lo que hoy nos piden en lo que ya son una serie de propuestas en el mismo sentido procedentes de Cataluña es, simplemente, que apliquemos la Constitución y los estatutos de autonomía. La cuestión está clara. ¿Queremos o no avanzar en la construcción del Estado autonómico, en el reconocimiento, en el respeto y la protección de las diversas lenguas estatales y muy claramente en la protección de las lenguas propias de los territorios con cooficialidad lingüística? ¿Queremos o no profundizar en los mandatos constitucionales, en la propia jurisprudencia constitucional ya estable en esta materia? Porque no sólo existe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 1994, que comentaba hace un momento el señor Guardans, sino que incluso podemos remitirnos a una sentencia, de enero de 1998, del propio Tribunal Supremo en el mismo sentido para el valenciano en los documentos oficiales. A su vez, hay que preguntarse si queremos o no mejorar la calidad de nuestra democracia, porque a nadie se le escapa que, hoy, la prueba del nueve de las democracias occidentales no es ya que se cumplan las decisiones de las mayorías, sino que se sea capaz de respetar las voluntades de las minorías. ¿Y no lo haremos mejor, no legitimaremos más nuestra democracia, incluso no haremos más difícil argumentar la poca cabida de proyectos colectivos diversos en el seno de nuestro Estado que aceptando esta unión de identidades que nos propone el Parlamento catalán? Esta proposición nos permite algo que puede empezar a dar respuesta a uno de los mayores retos que se le plantean a los Estados nacientes de finales del siglo XX y, con toda seguridad, para el siglo XXI: cómo vamos a ser capaces de congeniar identidades diversas en el seno de un mismo Estado o cómo articular satisfactoriamente la convivencia pluriidentitaria, pluricultural y plurilingüística en el marco de los Estados nación. Hoy, en esta Cámara, podemos avanzar en ello uniendo lenguas, símbolos e identidades, permitiendo reflejar en los documentos oficiales, los que nos identifican como ciudadanos de un Estado, las lenguas propias de las comunidades autónomas junto a la oficial en el conjunto del Estado. Volveremos a hablar, como ya ocurría con la proposición de acuñar el europlurilingüe, de qué imagen queremos ofrecer de España frente a los demás, pero, sobre todo, expresaremos qué imagen tenemos como Estado de nosotros mismos.
¿Queremos vernos y que nos vean como un Estado plurilingüe y pluricultural, como lo han querido a través de sus documentos oficiales Bélgica, Suiza, Finlandia o Canadá, o queremos volver a ser, como así dispusimos ya en esta Cámara, con la inestimable ayuda del Grupo Popular, el Estado monocorde de las matrículas uniformizadas y del euro monolingüe? Llegados aquí, como les decía, vamos a pasar al fondo de la otra cuestión que les planteaba, el de la voluntad real de quien obstruye en esta Cámara que se avance en la profundización del Estado autonómico escudándose en cuestiones de tipo formal. Porque esto es lo que viene sistemáticamente llevando a cabo quien tiene al final la mayoría en esta Cámara para construir o deconstruir, aceptando o rechazando este tipo de iniciativas, el modelo autonómico: el Partido Popular. Ayer fueron cuestiones técnicas las que impedían el euro plurilingüe; hoy parece ser que sucederá lo mismo con tener un DNI en catalán y en castellano, un pasaporte en gallego y castellano o un carné de conducir en euskera y castellano. Pero si el problema es sólo de forma... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Chacón.
Señorías, les ruego guarden silencio para que la intervención de la diputada que está en el uso de la

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palabra pueda ser perceptible, algo que, desde luego, con el murmullo que hay en la Cámara, es difícil.
Adelante, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Si el problema, como les decía, es sólo de forma, ¿qué mal hay en aceptar el fondo aprobando la toma en consideración de la proposición de ley y subsanando posteriormente el resto de las cuestiones? Lo más probable es, como les anunciaba, que el tema sea más de fondo y menos de forma. Porque no ha pasado todavía un año desde que el Partido Popular votaba a favor en esta misma Cámara de la misma proposición de ley que hoy parece ser que va a rechazar, y exactamente eso hizo también en la toma en consideración del plurilingüismo para el euro: votar a favor la legislatura pasada y en contra, en cambio, en ésta.
Hoy el Grupo Popular va a tratar de escudarse en dos proposiciones no de ley que han corrido a registrar en esta Cámara y que parece que les podrá salvar dignamente la papeleta: cambian la obligación estatal de redactar en las lenguas cooficiales los documentos por la potestad individual de solicitarlo. Pero ¿no dice la Constitución que es el propio Estado quien debe proteger las lenguas minoritarias? ¿No dicen los propios estatutos, leyes orgánicas del Estado, que la lengua propia de las comunidades autónomas es la cooficial en el Estado y es a la que debe proteger? ¿Qué ha cambiado realmente? Me van a permitir que les recuerde con qué énfasis defendía el Grupo Popular, en abril de 1999, la misma proposición que hoy debatimos.
Nos decía el Grupo Popular: Es esa normalidad, esa naturalidad con la que se cambia de una lengua a otra, la que debe reclamarse no sólo en los documentos del Estado central, como hoy hacemos en esta Cámara, sino también en los documentos que salgan de las distintas administraciones autonómicas. Para llegar a esa normalización -añadían-, quiero dar un paso al frente y afirmar que sería conveniente que todos los grupos políticos que estamos representados en esta Cámara fuésemos capaces de ofrecer una solución definitiva a estas cuestiones, y yo soy de los que creen que el camino más simple es, como siempre, el más lógico, y el camino más lógico en la cuestión lingüística sería el desarrollo total del artículo 3 de la Constitución española por medio de una ley orgánica, es decir, una ley de normalización lingüística de todas las lenguas que se hablan en España y que fuese aplicable a todo el territorio del Estado. No se pierdan el final de esta intervención. Decía el Grupo Popular hace escasamente un año: Nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición porque estamos decididos, señorías, a hacer realidad esa frase del admirado presidente Suárez que hizo historia: Hacer normal lo que en la calle es normal. No pretendamos, como algunas veces se intenta, hacer pasar por normal lo que no es más que un puro invento histórico.
Vamos a ver, ¿es que cree el Grupo Popular, acaso, que la obtención de su mayoría absoluta ha variado la normalidad de nuestro país, la naturalidad de la convivencia cotidiana de sus culturas y de sus lenguas? ¿Es hoy menos necesario que ayer el reconocimiento por el Estado y la protección de su carácter plurilingüe, la protección de su diversidad? Señores del Grupo Popular, yo les aseguro que, a pesar de su mayoría absoluta, lo normal sigue siendo hoy lo normal, que nada ha cambiado la vida lingüística de este país porque ustedes tengan 183 diputados. Así que, con todo el respeto, permítanme que les pida desde mi grupo un par de cosas. La primera, que sigan su doctrina de la legislatura anterior y olviden la de ésta; olviden la uniformidad en las matrículas y el monolingüismo en el euro y acepten tomar en consideración esta proposición de ley. Aunque, ciertamente, comprendo que si las matrículas les parecían chapas sin importancia, esto de los documentos oficiales no pueden ser más que simples papelotes. Y si creen que ya ha dejado de ser normal la pacífica convivencia de nuestras diversas lenguas estatales y más en concreto el uso del catalán y del castellano en la vida cotidiana de Cataluña; si creen eso, entonces simplemente déjenme que les dé un consejo: ahora que el presidente Aznar ha decidido bajar a la tierra, por favor, que se dé un paseo por Cataluña, a lo mejor tenemos más suerte la próxima vez.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular y deseo que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a esta Cámara a los señores que componen la delegación del Parlamento de Cataluña. Palabras de bienvenida a este trámite parlamentario en el que debatimos la toma en consideración de las proposiciones de ley de incorporación de las lenguas oficiales en el Estado español a los pasaportes, documento nacional de identidad y permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Consideramos que esta propuesta es oportuna porque estamos hablando de la realidad plurilingüe del Estado, y podemos hablar porque España tiene la suerte de tener al lado de la lengua común, el castellano, otras lenguas con la condición de lenguas oficiales; lenguas que vertebran políticamente los pueblos que las utilizan. Esta realidad, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, no se puede obviar sino que, antes al contrario, es un patrimonio común que debemos proteger, conservar y potenciar. La clave se encuentra, como ya se ha repetido en esta Cámara, en el artículo 3 de la

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Constitución española de 1978, así como en los artículos correspondientes de los respectivos estatutos de autonomía, que configuran la base de la regulación del pluralismo lingüístico en el ordenamiento constitucional español. Ahora bien, según el apartado primero del artículo 3 de la Constitución española, el castellano es la lengua oficial del Estado, con lo que sitúa a esta lengua en una posición diferente del resto de lenguas oficiales por el hecho de ser la única oficial en todas las comunidades autónomas y por lo tanto la única oficial en todo el territorio del Estado. En ese sentido, la sentencia 82/1986, de 22 de junio, del Tribunal Constitucional, manifiesta que el castellano es lengua oficial de todos los poderes públicos en todo el territorio español. No obstante, el apartado segundo del citado artículo 3 de la Constitución añade que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas», afirmación de la que deriva, según la sentencia citada, que el criterio delimitador de la cooficialidad de las lenguas españolas es el criterio del territorio. Y sigue afirmando la sentencia: La cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en territorio autonómico sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración general del Estado y de otras instituciones estatales. Asimismo, es inherente a la cooficialidad que, en los territorios donde exista la utilización de una u otra lengua, ante los poderes públicos radicados en dicho territorio tengan en principio la misma validez jurídica. De lo señalado en la jurisprudencia constitucional se deduce con claridad, por un lado, que la cooficialidad lingüística tiene un alcance limitado al respectivo territorio autónomico; y por otro, que en los territorios en que exista otra lengua oficial el uso de cualquiera de las lenguas oficiales tiene la misma validez jurídica y debe ser respetado por todos los poderes públicos estatales o autonómicos radicados en dicho territorio. En consecuencia, en el territorio de aquellas comunidades autónomas con lengua propia el uso de la misma debe ser incorporado a aquellos documentos que sirven como medio de relación entre el ciudadano y los poderes públicos situados en el territorio en el que dicha lengua tiene carácter de cooficial.
Estas consideraciones que resumen la jurisprudencia constitucional en materia de lengua no son aplicables, según nuestro criterio, al pasaporte dado que el mismo constituye un documento de identificación en frontera, es decir, un documento que por su propia naturaleza va a ser utilizado en un ámbito que supera el territorio de una comunidad autónoma. (Un señor diputado: ¿Y qué?) El pasaporte es un documento de identificación de los ciudadanos españoles en el extranjero y en los supuestos de entrada y salida del territorio de países no integrados en el espacio de la Unión Europea. No es, pues, siguiendo la doctrina constitucional citada, un elemento de relación con las administraciones públicas sitas en el territorio de las comunidades dotadas de lengua cooficial ni resulta, por tanto, de aplicación al mismo las consecuencias derivadas del reconocimiento constitucional de la cooficialidad lingüística. La Constitución española reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y en materia de seguridad pública -artículo 149.1, apartados 3 y 29- y en ejercicio de esa competencia, corresponde en exclusiva al Estado, de conformidad con la normativa internacional y europea al respecto, la determinación de las características del pasaporte, no existiendo base jurídica para exigir la incorporación al mismo de las lenguas autonómicas por cuanto que se trata de un documento de identificación y relación de los ciudadanos españoles con las administraciones públicas de otros países y con la Administración estatal, titular de la competencia para el control de las fronteras. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Cuestión diferente es, a criterio del Grupo Parlamentario Popular, el tratamiento que se le ha de dar al documento nacional de identidad y a las licencias de conducción de vehículos a motor y motocicletas. Me explicaré. La posición diferente de la lengua castellana que le atribuye la Constitución no comporta en ningún caso una inferioridad de las diferentes lenguas respecto al castellano, puesto que esta diferencia implica convivencia y a la obligación de respetar se ha de sumar la de proteger todas las lenguas, lo cual se refuerza si lo ponemos en relación con el artículo 9 del mismo texto constitucional, según el cual corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y también algo que es fundamental: remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Si centramos este análisis en la libertad de expresión colectiva de un pueblo, el Grupo Popular considera que esto afecta no sólo a los contenidos con los que se manifiesta este pueblo, sino también a cuáles sean los códigos de exteriorización que utiliza, ya que sin la conjunción de estos dos elementos no hay auténtica libertad de expresión. Creemos importante remarcar que para el Grupo Popular la lengua como expresión individual de la persona afecta al desarrollo de la personalidad y constituye a la vez un derecho subjetivo y una libertad individual. Desde el punto de vista colectivo, que es lo que nos interesa en este debate, la lengua se define como un elemento común de expresión propia de un conjunto de personas, de un pueblo, de una nación, de un Estado y, por lo tanto, es un patrimonio común que es necesario proteger, conservar y potenciar, que es lo que se plantea hoy en esta Cámara.
De acuerdo con lo expuesto, y por lo que respecta al documento nacional de identidad, nada se opone a que los datos personales que figuran en el mismo sean redactados, además de en la lengua oficial del Estado, en otra lengua oficial propia de la comunidad autónomaen la que se expida el documento. Ello no obstante,

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para conseguir tal objetivo no es necesario modificar una norma con rango de ley orgánica, ya que las características propias del documento nacional de identidad se regulan en normas de rango reglamentario. En cuanto a los permisos y licencias de conducción, cabe señalar que estos documentos ya se vienen expidiendo en la lengua oficial del Estado y en las otras lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas. En este sentido, el Ministerio del Interior ha venido dando cumplimiento a lo dispuesto por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 8 de noviembre de 1994, que reconoció el derecho a la expedición de los citados documentos, además de en la lengua oficial del Estado, en la otra lengua propia de la comunidad autónoma. (La señora presidencia ocupa la Presidencia.) Por todo lo anterior, puede apreciarse la innecesariedad de modificar una ley para algo que en la práctica ya se viene haciendo desde el año 1995. En cambio, sí puede ser oportuno modificar las normas reglamentarias aplicables a la expedición de permisos y licencias de conducción para dar cauce jurídico a lo que de hecho ya se viene haciendo.
Hablaba anteriormente de la oportunidad del planteamiento de esta proposición de ley, dado que coincide con la preocupación y el trabajo que viene realizando el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de tal forma que hemos presentado dos proposiciones no de ley respecto a la incorporación de las lenguas oficiales en los documentos nacionales de identidad y en las licencias y permisos para conducir vehículos a motor y ciclomotores, que pueden considerarse como alternativas a las proposiciones de ley cuya toma en consideración se pone en cuestión. En dichas proposiciones no de ley se insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses, en el caso del DNI, y de tres meses en el de los permisos de circulación, adopte las disposiciones reglamentarias necesarias para que los datos personales que figuran en dichos documentos y que sean expedidos en el territorio de las comunidades autónomas que además del castellano tengan otra lengua oficial propia sean también redactados en dicha lengua.
Concluyo ya, señoras y señores diputados, dejando patente nuestro respaldo en cuanto a la filosofía contenida en las proposiciones de ley presentadas por el Parlamento de Cataluña que hacen referencia a estos dos documentos, es decir, al DNI y al permiso de conducir.
Ahora bien, en lo que no coincidimos es en el procedimiento que debe presidir esta modificación. Entendemos que realizar esta incorporación por vía reglamentaria es mucho más ágil que mediante la modificación legal, pues ello implicaría vernos abocados a una serie de modificaciones de leyes importantes con la consiguiente complejidad que comporta técnicamente una modificación legislativa.
Señorías, tengo el convencimiento de que cuando entremos a debatir en breve la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular se llegará a un consenso sobre el fondo a través del diálogo de todos los grupos de esta Cámara. Tengan la seguridad, señores diputados del Parlamento de Cataluña, de que nuestro deseo es también que se recojan las lenguas oficiales en aquellas comunidades que dispongan de lenguas propias y para los documentos mencionados. En esta línea estamos trabajando, pero permítannos nuestro derecho a discrepar sobre el procedimiento legislativo para sacar adelante estas propuestas En coherencia con todo lo expuesto, anuncio el voto negativo de nuestro grupo porque consideramos más adecuada la vía manifestada en nuestras proposiciones no de ley en aras de simplificar el procedimiento parlamentario.


Muchas gracias. Bona tarda. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martí.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los pasaportes y documentos nacionales de identidad de las lenguas oficiales en el Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultados: votos emitidos, 304; a favor, 140; en contra, 161; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
Sometemos, a continuación, a votación la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de incorporación a los permisos y licencias de conducir vehículos a motor y ciclomotores de las lenguas oficiales en el Estado español.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 138; en contra, 164; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.


TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE SUPRESIÓN DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 206 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, ENLA REDACCIÓN DADA AL MISMO POR EL

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ARTÍCULO TERCERO DEL REAL DECRETO- LEY 5/1999, DE 9 DE ABRIL. (Número de expediente 122/000008.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jáuregui. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, la proposición de ley que les voy a presentar pretende la supresión del apartado 2 del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social. Aunque la denominación de la proposición de ley pueda parecer especialmente técnica, quiero advertir a SS.SS. que... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Jáuregui, por favor. (Pausa.) Adelante, señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Les decía, señorías, que aunque la proposición que nuestro grupo les presenta para una reforma legal de la ley de Seguridad Social pueda parecer eminentemente técnica, porque inclusive la denominación de la proposición de ley lo es en su enumeración, lo cierto es que el contenido, la propuesta en sí, tiene una enorme importancia en relación con las políticas de empleo en nuestro país. Ustedes saben que el artículo 206 de la Ley de Seguridad Social contempla la acción protectora del desempleo, es decir, la regulación de las prestaciones por desempleo, la regulación del subsidio de desempleo y también las cotizaciones a la Seguridad Social de los parados. Sin embargo, a partir de una reforma de hace ya un par de años, concretamente a partir del Real Decreto 5/1999, de 9 de abril, se estableció en este artículo de la Ley de la Seguridad Social que las cuotas pueden financiar también las bonificaciones que incentivan la contratación indefinida; es decir, la ley introdujo un párrafo que a nosotros nos parece profundamente erróneo y radicalmente contrario al principio que inspira el Pacto de Toledo, cual es que las cuotas deben de financiar prestaciones y que otro tipo de gastos tienen que ser soportados por la fiscalidad general. Nosotros pretendemos con esta proposición de ley que ahora les traemos defender la supresión de este apartado 2 del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social.
Podría darles, señorías un buen número de razones para explicar esta supresión, pero voy a hacer una defensa breve y sistemática de las tres razones principales que nos mueven a defender la supresión de este apartado 2 del artículo 206 de la Ley de Seguridad Social.
En primer lugar, quiero decirles que nosotros no estamos de acuerdo, como ya señalaba en el comienzo de mi intervención, con que sean las cuotas de los trabajadores y de los empresarios las que financien esta bonificación a las empresas para estimular la contratación del empleo fijo. Y esto porque contraviene la esencia misma, el principio básico y primero, valga la redundancia, porque es la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que establece expresamente que la acción protectora en su modalidad universal se financiará mediante aportaciones del Estado -y ésta lo es-, mientras que las aportaciones contributivas deberán ser financiadas básicamente, dice la primera recomendación del Pacto de Toledo, con cargo a las cotizaciones de las personas obligadas. Por tanto, esta es una razón que afecta a la esencia básica del Pacto de Toledo y esta aportación del Estado a los empresarios no puede ser sufragada con cuotas de trabajadores y empresarios, sino con cargo a la fiscalidad general, porque es insolidario que sean los trabajadores con sus cotizaciones los que bonifiquen a las empresas que contratan trabajadores fijos. Es incoherente que gravemos el empleo y, en cierto modo, esta cotización quizá excesiva de los trabajadores y empresarios al desempleo es un gravamen al empleo para favorecer a su vez el empleo fijo, es un circuito incoherente, y además es absurdo porque establecemos una especie de impuesto para las cotizaciones de los trabajadores y empresarios que se devuelve después en un circuito absurdo a las empresas. Si hemos decidido, y yo no lo cuestiono, la conveniencia de estimular financieramente la contratación estable, el origen lógico y sobre todo legal de esa financiación debe ser la fiscalidad general y no las cotizaciones.


Luego veremos, señorías -y probablemente en los próximos meses podremos discutirlo, cuando se plantee el debate sobre las propuestas que nos hagan sindicatos y empresarios-, si afortunadamente hubiera un acuerdo del diálogo social que está en este momento en marcha, cómo probablemente sindicatos y empresarios acabarán coincidiendo en que es más razonable que los contratos fijos tengan, por ejemplo, un premio, un estímulo, mediante la reducción de la cuota general a la Seguridad Social y que los contratos temporales tengan un gravamen, un incremento. Yo sé que vamos a discutir esta cuestión hoy y que previsiblemente se rechazará esta proposición, pero quienes lo hagan saben que seguramente acabarán coincidiendo con esta argumentación porque es mucho más razonable que las empresas que tienen empleo fijo y que contratan empleo estable tengan un estímulo en el conjunto de sus cotizaciones, pero no es razonable que reciban una subvención complementaria como la que están recibiendo

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en este momento; a su vez, es más razonable que las empresas que contratan empleo eventual tengan una carga en sus costes por la cotización y, si quieren, que luego externalicen esos costes porque tienen trabajadores eventuales, pero que lo paguen. Este mecanismo es mucho más razonable que este circuito absurdo que hemos creado de tener que abonar con cuotas de trabajadores y empresarios bonificaciones a las empresas, es un circuito, repito, incoherente y absurdo.
Hay una segunda razón que me parece no menos importante y es que, señorías, lo que gastamos en bonificar a las empresas por hacer contratos fijos reduce nuestra capacidad como país de hacer políticas activas de empleo. Por ejemplo, ustedes saben que este año en los Presupuesto Generales de 2001 el presupuesto del Inem contempla aproximadamente 300.000 millones de pesetas -repito, 300.000 millones de pesetas- para bonificar a las empresas que hagan contratos fijos.
Si tenemos en cuenta que la fiscalidad general no aporta en el presupuesto de 2001 ni una peseta, ni una, al presupuesto del Inem, a las políticas de empleo, es fácil concluir que las políticas activas de empleo se ven reducidas en 300.000 millones de pesetas que podrían recibir esta aportación de las cotizaciones a ellas destinadas, a las políticas de empleo, pudiéndose hacer una política más eficaz en el estímulo de la contratación.
Pues bien, señorías, permítanme que les recuerde que estamos en un momento en el que las políticas de empleo probablemente necesiten un nuevo esfuerzo. No es baladí recordar aquí que, desde septiembre del año pasado hasta enero de este año, en los últimos cinco meses, señorías, está aumentando el paro sistemática e ininterrumpidamente; llevamos cinco meses creciendo en paro y el mes de enero ha sido fatal porque ha aumentado el paro en más de 60.000 personas y ya ha absorbido todo el paro que se redujo en el año 2000, más de 50.000.Me pregunto, señorías, si no hay razón para estar preocupados, a pesar de que nuestro país todavía pueda tener una previsión de crecimiento económico para el 2001, en este clima de psicosis y preocupación que nos rodea sobre las magnitudes y las previsiones económicas, si no es el momento para que, a la vista de estos datos y de lo que viene económicamente, a la vista de nuestros déficit en inflación y productividad, hagamos un esfuerzo para hacer más políticas activas.
¿No sería bueno que gastáramos este dinero que damos a los empresarios absurdamente, desde las cotizaciones, en hacer políticas activas de empleo? Yo creo que sí, señorías, creo que hay una razón más que evidente para gastar más y mejor en políticas de empleo. Hay una rutina y una insuficiencia en las políticas de empleo que yo quiero denunciar aquí, porque ya es el momento de empezar a hablar sobre nuestros resultados en el empleo, en cantidad y en calidad, en los últimos meses, y creo que una buena manera de insuflar actividad, de insuflar innovación, a las políticas de empleo es dotar al presupuesto del Inem de un dinero que le es propio porque procede de las cotizaciones de trabajadores y empresarios y que debiera de estar, natural y lógicamente, destinado a las políticas de empleo.
Piensen, señorías, que podríamos gastar cantidades tan importantes en políticas activas de empleo, como el Partido Socialista les propuso en el debate presupuestario, en mejorar la formación ocupacional y continua en las líneas que establece la cumbre de Lisboa, una cantidad importante en mejorar los programas locales de empleo en el ámbito de la nueva economía, parques tecnológicos, ayuda financiera a nuevos emprendedores, incubadoras de empresas, abrir un programa de servicios sociales de ayuda y de asistencia a domicilio que, al tiempo que mejora la cobertura social de nuestros dependientes, crea empleo en el nicho más oportuno y clásico de creación de empleo que tiene España en este momento. Señorías, estas políticas son básicas para nuestro mercado laboral, para nuestra sociedad del bienestar, y podrían hacerse si este dinero no fuera dedicado, incorrectamente como digo, desde cotizaciones a bonificaciones a empresarios.
Termino explicándoles la tercera razón en la que baso mi propuesta, señorías. Creemos que el coste de la bonificación a los contratos estables no guarda una relación apropiada con los resultados obtenidos. Este es un país bastante frívolo -permítanme que se lo diga- a la hora de evaluar sus políticas públicas. De hecho, en España, desgraciadamente, como una muestra de inmadurez y de ineficiencia, se hace muy poca evaluación de políticas públicas. Me pregunto si no es la hora de evaluar, cuatro años después de que se instalara, si esta política de estimular la contratación estable -sé que lo hicimos como consecuencia de un acuerdo de sindicatos y empresarios, del propio Gobierno y de la propia oposición entonces- con casi el 50 por ciento de media en la cuota de Seguridad Social a aquellas empresas que contrataran a un trabajador fijo, ha dado o no buenos resultados. Es hora de preguntarse si ésta es una política correcta, si gastamos en exceso, si da o no buenos resultados.
Señorías, creo que ésta es una pregunta que le corresponde a esta Cámara. Y lo hago precisamente en el curso de un debate que hemos tenido públicamente, y que seguramente luego reproduciremos a propósito de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la negociación colectiva. Yo creo que en todos los casos es exigible a la Cámara, al foro de la soberanía popular, la fijación de posiciones. Hoy podemos y debemos evaluar si la política de estímulos a la contratación estable ha dado o no buenos resultados, para establecer una política distinta, que es lo que yo les propongo. Por cierto, adelantándonos a lo que van a acabar pactando sindicatos y empresarios mañana. Y esa política, señorías, deben ustedes saber que ha producido muchas dudas, porque si bien es verdad que la contratación fija desde 1997 hasta el año 2000 ha crecido un poco, realmente hay que acabar concluyendo

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que hemos estimulado contratos que no llegan al 9 por ciento de los que se hacen habitualmente. Es decir, que hoy y ayer, por cada 100 contratos que se hacen 91 son eventuales y sólo 9 son fijos. ¿Ha servido para algo la bonificación? Sí, ha servido para que la tasa de eventualidad no haya aumentado -dicen-, pero realmente no la ha mejorado, porque en el año 1997 teníamos un 33 y pico por ciento de tasa de eventualidad y hoy tenemos un 32 y pico por ciento. Por tanto, ¿cabe que nos preguntemos si esa política ha sido buena?

La señora PRESIDENTA: Señor Jáuregui, le ruego concluya.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Termino ya.
Ustedes deben saber, señorías, que hemos gastado en bonificar los contratos estables aproximadamente un billón de pesetas. Les leo los presupuestos: 1998, 102.000 millones; 1999, 290.000 millones; 2000, 285.000 millones; 2001, 293.000 millones. Vamos a gastar un billón de pesetas en estimular a las empresas para que creen contratos fijos y estos no pasan del 9 por ciento. Señorías, ¿no es demasiado dinero?, ¿no hay formas más baratas de estimular los contratos estables?, ¿se habrían contratado los mismos fijos si no hubiera habido esta subvención? Es una pregunta tremenda. Y fíjense en otra pregunta todavía más dramática: ¿cuántos de los contratos fijos que han sido subvencionados con importantes cantidades del presupuesto público, de cotizaciones, han sido rescindidos? El otro día escuché al señor Chozas que probablemente un 25 por ciento de los contratos fijos que han sido bonificados han sido ya rescindidos, sin resarcimiento ninguno a las arcas públicas. Pues bien, señorías, yo creo que estas cosas corresponden a una evaluación que un país serio tiene que hacer, que tienen que hacer sindicatos y empresarios, pero también nosotros, que somos la Cámara que legisla. Yo les propongo que suprimamos este párrafo, para que a partir -yo estoy seguro- de este acuerdo y de esta supresión establezcamos un criterio más razonable de estímulo a la contratación fija, que puede ser una reducción de cuotas, pero que no sea una bonificación de cotizaciones de esta naturaleza.
Termino ya, señora presidenta. Les he dado tres razones que se superponen. Probablemente con una sola de ellas hubiera bastado, porque realmente cada una de ellas, tomadas aisladamente, tiene entidad suficiente como para aprobar nuestra proposición de ley, pero con las tres juntas me parece inevitable el que se apruebe.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui. ¿Turno en contra? (Pausa. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, el señor Aymerich, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley. Voto favorable porque la consolidación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, después de la aprobación de la Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, debería haber supuesto, desde nuestro punto de vista, una mayor contribución pública -es decir, una mayor contribución de los Presupuestos Generales del Estado- a la financiación de la Seguridad Social.
Es cierto que durante los últimos años ha ido creciendo la aportación del Estado a la Seguridad Social, pero lo ha hecho a un ritmo inferior al de los demás países de la Unión Europea. La aportación se sitúa en este momento en un 31,3 por ciento del total de recursos, frente al 16,1 que suponía en el año 1980, pero este incremento no ha sido destinado a aumentar la protección social de todos los ciudadanos o a consolidar el sistema de Seguridad Social, sino a compensar el déficit de financiación ocasionado por las continuas reducciones de las cotizaciones empresariales durante dicho período.
Debe repararse en que las cotizaciones empresariales durante el período de 1980 a 1998 se redujeron desde el 82,4 por ciento del total de los recursos en el año 1980 al 67 por ciento en el año 1998, según datos del propio Consejo Económico y Social de los años 1997 y 1998. Por tanto, el esfuerzo de contribución de la financiación pública a la Seguridad Social está ocultando los enormes beneficios concedidos a empresas que ven reducida su aportación a la Seguridad Social en un escenario de aumento constante de sus beneficios; o, por lo menos, eso es lo que dice la propaganda del Partido Popular.
También es cierto que el señor Montoro, cuando tiene que hablar, dice que la crisis o las sentencias, condenas, etcétera, las paguen los trabajadores.
La proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista denuncia otra medida adoptada por el Gobierno del Partido Popular de disminución de la aportación pública a la financiación de la Seguridad Social, de manera que sean las cotizaciones de los trabajadores al Inem las que compensen la reducción de ingresos originada por las deducciones en las cotizaciones empresariales a las empresas beneficiadas por los programas de fomento del empleo. El Bloque Nacionalista Galego está conforme con que esta financiación provenga de los Presupuestos Generales del Estado, que se nutren en gran parte de los impuestos de los ciudadanos, y no se atribuya al presupuesto del Inem la obligación de financiar programas de fomento del empleo que básicamente consisten en conceder deducciones sobre las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Es más, en este momento el Inem

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tendría capacidad financiera incluso para hacerse cargo de las cuotas empresariales bonificadas, no por un aumento del presupuesto producto de una mayor aportación del Estado, sino porque la reducción de las prestaciones por desempleo ha sido drástica, en especial por el aumento de los requisitos exigidos a los trabajadores para acceder a las mismas.
Para el Bloque Nacionalista Galego también es conveniente o deseable esta mayor aportación pública al sistema de Seguridad Social, sobre todo porque supone un mecanismo de redistribución de la renta disponible, en especial cuando el sistema impositivo se fundamenta en impuestos directos y progresivos, aunque no -debe reconocerse- en el caso actual del Estado español, en que la imposición es general y mayoritariamente indirecta y, por tanto, general y mayoritariamente regresiva. El Gobierno del Partido Popular ha contribuido, pues, enormemente a que la redistribución vertical de rentas que podría resultar de esta imposición directa y progresiva y su posterior transferencia a financiar prestaciones sociales básicas para todos los ciudadanos haya sido truncada, al realizar aportaciones del Estado a la Seguridad Social cuya exacción se realiza por medio de un sistema regresivo e indirecto, basado en la imposición al consumo, que grava en especial las rentas medias y bajas.
En definitiva, el Bloque Nacionalista Galego considera que se debe proceder a suprimir el apartado 2 del artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, que impone al Inem la financiación de los costes originados por las reducciones en las cotizaciones empresariales establecidas en los programas de fomento del empleo y, en consecuencia, la detrae de las aportaciones de los trabajadores destinadas a garantizar la suficiencia económica en situaciones de desempleo. Creemos que estas reducciones deben ser costeadas por aportaciones del Estado extraídas de la fiscalidad general y que, al mismo tiempo, esta fiscalidad general debe ser objeto de reflexión y revisión para que la redistribución vertical de rentas sea una realidad. Ello sólo será posible si la imposición tributaria general se orienta hacia impuestos de carácter progresivo y directo. Sólo de esta manera será solidario y de toda la sociedad el sostenimiento del sistema de Seguridad Social, sin recaer casi en exclusiva, como ocurre actualmente, sobre las espaldas de los trabajadores.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
He seguido con verdadera atención el discurso dialéctico del señor Jaúregui en defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decirle, en primer lugar, que comparto plenamente el fondo de la cuestión que plantea el señor Jaúregui, mi discrepancia es con la forma. Si leemos detenidamente la exposición de motivos, la justificación de la iniciativa socialista, veremos que en el fondo se está planteando un problema de conflicto, de contradicción, de contraposición, entre el Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril -que de hecho viene a modificar el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social-, y la primera recomendación del Pacto de Toledo.
Diríamos que este es el fondo jurídico de lo que aquí se plantea.
Lo que ocurre es que al plantear en esta proposición de ley como artículo único la supresión simple y llanamente del apartado 2 del artículo 206 del texto refundido de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, el señor Jaúregui ha dicho: busquemos una fórmula para que la incentivación de los contratos permanentes se pueda realizar sin incurrir en una denuncia, que es cierta en primer lectura, cuando viene a decir en su exposición de motivos que esta situación (la que se produce en el conflicto o contradicción o contraposición entre el Decreto-ley 5/1999 y la primera recomendación del Pacto de Toledo) imposibilita por ilegal que con dinero proveniente de las cuotas de desempleo se financien políticas no incluidas en el marco de la acción protectora del artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, cuales son las bonificaciones de los contratos estables. Y viene a decir que las bonificaciones en las cotizaciones de los contratos deben hacerse con cargo a la fiscalidad general, de acuerdo con la primera recomendación del Pacto de Toledo.
Pues bien, si nosotros aceptáramos aquí esta proposición de ley nos encontraríamos, señora presidenta, también con varias contradicciones. Primera contradicción: que estaríamos aprobando la supresión del apartado 2 del artículo 206 sin hacer ninguna provisión legislativa del vacío que se nos produce para la regulación de la incentivación de los contratos fijos que se tienen que hacer por esta vía de bonificaciones. Sencillamente, no podemos suprimir esto.
Posiblemente se suprima, en razón de lo que voy a decir a continuación, pero habrá que hacerlo con la alternativa de decir: váyase ahora por la vía de utilizar otros instrumentos financieros, bien los que provienen de la política fiscal de presupuestos, bien los que provengan de fondos del Instituto Nacional de Empleo, del Inem, y aclárese si la dotación del 2 por ciento los deja en esta situación de denuncia -que yo no comparto-, que no tengan ni siquiera para su autofinanciación. Bien, discutamos la procedencia del recurso para las bonificaciones que incentiven estos contratos.
La segunda contradicción de esta Cámara es que si tenemos abierto un escenario y un marco de debate y discusión, que es la Comisión del Pacto de Toledo, en este momento, con la votación que hagamos de esta iniciativa, podemos estar sustrayendo a la Comisión del

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Pacto de Toledo, que se está reuniendo en el Congreso de los Diputados, una de las fórmulas que tienen que venir de allí. Mi observación para votar de la forma en que lo voy a hacer, oponiéndome a esta iniciativa, no es de fondo sino de forma, porque entiendo -y así lo entiende mi grupo- que es la Comisión del Pacto de Toledo la que tiene que recoger estas situaciones y proponer a la Cámara la resolución del fomento o financiación de la bonificación de los contratos estables. Vuelvo a decir que la simple supresión del apartado 2 del artículo 206 no resuelve el problema -como bien ha dicho el señor Jaúregui- si no hay una alternativa de fuente, de origen de financiación de esta bonificación de los contratos. En segundo lugar, flaco servicio haríamos a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que ésta tiene que ser -y mi grupo la apoyará- una de las propuestas de corrección y de solución en el capítulo correspondiente. Aunque se denuncie aquí que el Real Decreto-ley 5/1999 entra en conflicto con la primera recomendación del Pacto de Toledo, es el Pacto de Toledo que está vigente no el que queremos modificar vía Comisión. No hagamos de la Comisión del Pacto de Toledo el instrumento de corrección de todas estas políticas laborales y asistenciales, que estamos ya en el marco de la legislación que tenemos que cambiar. No se debe sustraer la competencia de la Comisión del Pacto de Toledo en una propuesta de resolución completa, donde tendría cabida la iniciativa del Grupo Socialista, con las correspondientes modificaciones de las fuentes de financiación de los contratos. Por esta razón mi grupo está de acuerdo en el fondo con lo que aquí se ha planteado, pero lo remitimos al marco y a la competencia de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que es la vía formal por la que debe ir esta solución. Con la simple supresión del apartado 2 del artículo 206 no daríamos una solución si no instrumentalizamos, vía Comisión del Pacto de Toledo y con lo que estas cámaras legislen en su momento oportuno, una nueva reedición actualizada y adecuada a la circunstancia laboral del mercado de trabajo en España.
Señora presidenta, por esa razón mi grupo va a votar negativamente esta iniciativa legislativa.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida coincidimos con el grupo proponente en que, efectivamente, como puede parecer en el enunciado, esta propuesta más que técnica es una proposición con un alto contenido social. En este sentido, un economista nos ha llamado recientemente la atención sobre las cosas dichas de soslayo. El decreto legislativo al que se refiere esta proposición es precisamente una de estas cosas que se dicen de pasada pero que constituyen todo un cambio de filosofía social y política. Cuando se dice que los recursos del desempleo son para reducir cotizaciones, no sólo se está diciendo que los trabajadores se apañen con sus recursos para crear empleo, sino que los salarios seguirán reduciéndose, porque de eso es de lo que estamos hablando. Ésta es la filosofía del asunto y la perspectiva política que abre la reforma legislativa que hoy se propone cambiar, desde luego y ya lo anunciamos con el voto favorable de Izquierda Unida.
No dejaré de llamar la atención de dos prácticas políticas que escondió este decreto legislativo y que tienen que ver con el escaso apego de la derecha al Estado de bienestar: la supresión de todo consenso como garantía de este Estado de bienestar y la sustitución de la solidaridad pública por la solidaridad entre trabajadores como técnica de protección y creación de empleo. No es un tema baladí el que estamos debatiendo aquí hoy, que este decreto legislativo suprima de un plumazo la primera recomendación del Pacto de Toledo que atribuye a los presupuestos del Estado todas las prestaciones asistenciales como las políticas activas de empleo. Políticamente se suprime la línea de consenso que se reclama para reformar el sistema de pensiones y técnicamente se condena a estas políticas a recibir cada vez menos recursos. Los presupuestos del año 2001 ya han supuesto, como señala la propuesta, una reducción de transferencia de recursos que se pretenden compensar con la desviación de dineros que corresponden a políticas de asistencia contributiva a aliviar las cotizaciones empresariales. Dicho de otro modo, si los trabajadores quieren creación de empleo que se lo paguen ellos con sus cotizaciones. Después de esto vendrá una nueva política de reducción de la prestación contributiva y una nueva reducción de la cobertura.
Éstas son las cosas dichas de soslayo por la reforma legislativa que introdujo la derecha. Es deseable imaginar formas de crear nuevos empleos, incluso reflexionar sobre toda clase de incentivos, pero no lo es a costa de negar la solidaridad pública que debe expresarse a través de los presupuestos.
Lo que este decreto legislativo proponía es que los desempleados vivan a costa de los desempleados. Mientras, el Gobierno de la derecha alimenta su masa electoral a base de regalos fiscales a quienes debería alimentar mínimamente esta solidaridad pública. Hay muchos elementos de sustitución del Estado de bienestar en las políticas, que de pasada viene imponiendo la derecha.
Para terminar, me atrevo a sugerir al PSOE una reflexión común con sindicatos y otros partidos de la izquierda, para realizar un análisis global de todo lo que está ocurriendo en la economía española y que nose transmite bien a la sociedad, a base de iniciativas

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que puntualmente vayan arreglando desaguisados como el que esta propuesta pretende atajar.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista, a través de la intervención de su portavoz señor Jáuregui, ha planteado un debate que va mucho más allá del estricto contenido de su proposición de ley; un debate interesante y sugerente en relación al conjunto de instrumentos que desde la política pública española en materia de empleo nos hemos dotado y nos debemos dotar en los próximos años para avanzar hacia ese objetivo de pleno empleo, hacia ese objetivo del empleo de calidad Algunas de sus consideraciones yo creo que merecerían un debate sosegado y una reflexión en serio del conjunto de la Cámara. Coincido de manera muy especial con su afirmación en el sentido de que deberíamos ser capaces en el Congreso, pero también en el conjunto de las administraciones, de evaluar de verdad nuestras políticas públicas.
Creo que ahí nos movemos casi en el terreno de la indigencia, y por tanto a ese planteamiento sepa que mi grupo se va a apuntar.
Sin embargo, por lo que hace referencia al estricto contenido de su iniciativa, nosotros no la vamos a votar; vamos a votar en contra de la misma, y lo vamos a hacer básicamente por tres o cuatro razones.
En primer lugar entendemos que estas bonificaciones, que han formado parte esencial de la política de empleo de España en los últimos años, han dado un buen resultado, y es posible que en estos momentos las cifras sean menos positivas de lo que a todos nos gustaría, pero el balance global de la política derivada de un escenario determinado en el terreno macroeconómico y también de una incidencia en el mercado de trabajo, ha dado buenos resultados. Creo que éste es un hecho indiscutible, y en el caso específico de Cataluña es especialmente significativo. En 1995 y en el terreno de la temporalidad, Cataluña estaba por encima de la media del conjunto del Estado; hoy Cataluña está cinco puntos por debajo de la media del Estado; por tanto, esta política en materia de creación de empleo y en materia de creación de empleo estable, a Cataluña le ha dado buenos resultados. Una política, además, que encajaba en una iniciativa acertada en la pasada legislatura, y esperemos que también se concrete en la presente, que es la de fomentar que la política de incidencia del mercado de trabajo se derive muy fundamentalmente del acuerdo entre los agentes sociales, y esta política de bonificación se deriva precisamente de esos acuerdos entre los agentes sociales, deriva por tanto de los acuerdos sociales y en consecuencia creo que no estamos tan solo ante un éxito del Gobierno, sino que estamos ante un éxito del conjunto de la sociedad. Pueden existir elementos que sean preocupantes, que merezcan reflexión; debe existir esa evaluación que planteaba el señor Jáuregui sobre la exactitud o no de este recurso en la creación de empleo -yo me apunto a sus dudas-, pero creo que en el actual contexto, período 1996/2001, éste ha sido un buen instrumento; un instrumento que además tiene un carácter muy cíclico, y que responde a saber jugar en un determinado momento de funcionamiento de nuestra economía. Además por su propio carácter provisional, pues piensen ustedes que las bonificaciones a las que hacemos referencia tienen una vigencia de dos años, una vez superado ese plazo de vigencia permite reforzar en todos los sentidos la propia debilidad del sistema público de pensiones. Me parece que todos tenemos claro que en el corto y medio plazo aquello que garantiza la coherencia de nuestro sistema de pensiones es precisamente el incremento del empleo. En este sentido, la medida que aparentemente puede parecer que choca con los principios del Pacto de Toledo -y digo aparentemente porque mi grupo no entiende que choque con el Pacto de Toledo-, lo que hace es reforzar su propia viabilidad.
Estaría bien que el debate que se nos plantea hoy girase en relación con el funcionamiento de las prestaciones por desempleo en el Estado español y por los actuales niveles de cobertura o de protección social efectiva de los mismos. Ahí existe un debate, a nuestro entender importante, y sería necesario que el Estado español lo asumiese con cierta normalidad para ser capaces de dar mayor protección social, pero también para ser capaces de crear un sistema que incentivase de verdad a aquellas personas que están en paro a incorporarse al mundo del trabajo. Ésta es una cuestión que hoy al hablar del desempleo en España tenemos pendiente. Al mismo tiempo tendríamos que ser más capaces de buscar políticas activas que sirviesen para incorporarse al mundo del trabajo a aquellos colectivos que hoy están teniendo más dificultades. Ahí yo creo que está parte del debate de fondo que existe sobre el empleo. El gran debate es cómo somos capaces de ir reduciendo los índices de temporalidad a un ritmo superior al que hemos tenido hasta ahora, pero también cómo somos capaces de incorporar al mundo del trabajo a sectores importantes que aún no lo están. Ahí es evidente que nuestro actual sistema de prestación por desempleo no termina de funcionar.
Finalmente, me referiré al texto que la proposición de ley del Grupo Socialista pretende suprimir. Quizás no de manera principal, pero para mi grupo de manera muy significativa, se incorpora por primera vez en un texto que hace referencia a la Seguridad Social el papel de las comunidades autónomas. Dice en concreto este apartado segundo que todo ello sin perjuicio, en su

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caso, de las competencias de gestión de las políticas activas de empleo que se desarrollarán por la Administración general del Estado o por la Administración autonómica correspondiente, de acuerdo con la normativa de aplicación. Estoy convencido de que lo que no pretende suprimir el Grupo Socialista es esa referencia al papel de los gobiernos autonómicos en la política de empleo y en el ámbito de la Seguridad Social, pero a mi grupo le gusta que en este artículo, en esta ley exista esa referencia específica al papel de los gobiernos autonómicos. Por tanto, es un buen instrumento que nos apuntamos a la idea de evaluar, y un instrumento que no rompe con el principio del Pacto de Toledo. Quizá sea bueno abrir el debate en serio sobre el funcionamiento de las prestaciones por desocupación, y esta referencia de carácter autonómico a nosotros nos gusta que forme parte del marco normativo. Todas estas son razones para entender nuestro voto contrario a esta toma en consideración.
Dos comentarios más. Uno, es evidente que hoy estamos incursos en pleno diálogo social. Esperamos que ese diálogo social termine en la misma línea que en el año 1997, con el acuerdo entre los sindicatos y las organizaciones empresariales para dar un nuevo empuje a la creación de ocupación y a la creación de ocupación estable. Por tanto, estoy seguro de que en la Cámara en las próximas semanas vamos a tener que ocuparnos de verdad de todas aquellas cuestiones relacionadas con el empleo. En ese contexto algunas de las reflexiones que planteaba el Grupo Socialista seguramente va a ser oportuno que podamos debatirlas, pero hoy nos parece que no tendría excesivo sentido que mi grupo diese apoyo a esta toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el grupo proponente de la presente proposición de ley nos propone un cambio que yo diría no tiene un gran contenido ni un gran calado político, aun a pesar de que en la exposición de motivos se nos haya hecho creer que por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular, de alguna forma no se cumple la primera recomendación del Pacto de Toledo cuando se estudió la problemática de la Seguridad y las reformas para solucionarla. Aunque no es de un gran calado político, quiero agradecer de corazón el tono que ha empleado el grupo proponente; es de agradecer en profundidad decir que podemos mejorar, que podemos contribuir a estudiar de otra forma y no decir continuamente que el grupo o el Gobierno yerra todas las políticas sociales. Recuerdo que hace escasamente un par de meses subí a esta tribuna para defender la posición de mi grupo ante una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que se nos decía que se prolongaran las excedencias voluntarias por maternidad para cuidado de hijos y un año para cuidado de familiares y que las cotizaciones corrieran a cargo de la imposición directa, es decir de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Eso sí me parece un cambio importante en el espíritu que conforma la ponencia del Pacto de Toledo, porque ahí se establece, como muy bien sabe el señor Jáuregui, en la primera recomendación esa fórmula de petición al Gobierno, que por cierto ahora está en plan de revisión -se ha constituido una comisión no permanente para estudiar la revisión del Pacto de Toledo-, y se dice al Gobierno en esa primera recomendación que usted cita que hay que ir adoptando progresivamente las medidas para proceder a la separación de fuentes del sistema. Por otro lado, creo sinceramente que si cada vez que queremos mejorar o variar algo de contenido social tenemos que ir a buscar y rescatar recursos provenientes de la imposición directa quizá llegaría un momento, señor Jáuregui, que eso contradiría de alguna forma la política económica que comparte el grupo parlamentario al que represento, que estaba en nuestro ideario político que fue con el que concurrimos a un determinado proceso electoral, y entiendo yo revalidado por la opinión pública.
En la regulación del desempleo ha habido sucesivas reformas. La Ley básica de Empleo en 1980 reguló de alguna forma la configuración actual de lo que se entendía por prestación de desempleo. Luego hubo sendas reformas, que propuso su grupo cuando ustedes configuraban el Poder Ejecutivo, las reformas en 1984 y 1985, pero ya en el año 1988 y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1987, puesto que estábamos ante una situación de desequilibrio económico, ante una situación en que desgraciadamente el desempleo crecía, no crecía el fomento de empleo ni por tanto la creación de empresas o la creación de puestos de trabajo, ustedes tuvieron que legislar por primera vez que a partir de ese momento las aportaciones del Estado, las cantidades que deberían aportar cada año los Presupuestos Generales del Estado, que hasta aquel momento habían sido de un 40 por ciento, los recursos que financiaban al Instituto Nacional de Empleo (el 40 por ciento proveniente de la fiscalidad directa y el 60 por ciento proveniente de las cotizaciones efectuadas por ese concepto) deberían ser revisadas anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos.
El año 1995 estábamos en una situación todavía precaria de desequilibrio económico, pero fruto de las políticas económicas del Gobierno yo creo que ha tenido una serie de lecturas satisfactorias, como muy bien decía el señor Campuzano, que se han traducido en un nivel comparativo muy distinto del que partíamos en 1995. Se ha creado empleo, ha menguado el desempleo. Ya se reconocía que de las cuotas de desempleo

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podían salir todas aquellas políticas de reinserción, formación profesional, reconversión, reinsertación y hoy se regula por primera vez, con un precepto aprobado en esta Cámara, que las bonificaciones, es decir las políticas de fomento de empleo, todas aquellas políticas por las cuales ha apostado siempre el Gobierno, sean con cargo a las cotizaciones derivadas del desempleo. Hoy, señor Jáuregui, fruto de todas estas políticas económicas, tal y como dice la propia exposición de motivos cuando se propone la modificación del artículo 206 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, sólo es necesario aportar por parte del Estado el 2 por ciento de los recursos que se configuran en la estructura económica del Inem. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá la política puede ser mejorada -todo es susceptible de mejora-, pero no se puede decir que ha sido errónea; creo que ése no es el calificativo más acertado por una razón: hay menos desempleo y por tanto se pagan menos prestaciones directas de desempleo -hablo de las que son de naturaleza contributiva, que no de las asistenciales- y entran más recursos en las arcas del Inem al haber mayor empleo, mayor plantilla de trabajadores, pues la cuota que pagan el trabajador y el empresario al Instituto Nacional de Empleo supone mayores ingresos. Se puede hablar de las políticas activas de fomento del empleo, de creación de empleo, de creación de empresas, de no imponer un mayor sistema impositivo (hemos dicho muchas veces desde esta tribuna que el 80 por ciento de los puestos de trabajo en España se configuran en la pequeña y mediana empresa); y nuestra política, acertada o no, coincide con las directivas que emanan de la Unión Europea relativas al fomento de las políticas activas de creación de empleo. Si eso fuera un error estaríamos no del todo pero sí bastante satisfechos con ese error, ya que la política de fomento del empleo, de creación de empleo ha sido acertada.
Además, quiero añadir una cosa, señor Jáuregui: tengo mis dudas de que la configuración actual del artículo 206 de la Ley general de la Seguridad Social vulnere, jurídicamente hablando, la recomendación primera contenida en el Pacto de Toledo; recursos procedentes de las cotizaciones financian bonificaciones que fomentan la contratación indefinida. Usted ha dicho: pongamos un gravamen a la temporalidad.
Eso no solucionaría ningún problema; continuemos apostando por mayores bonificaciones a las empresas para los colectivos de especial dificultad a la hora de encontrar un puesto de trabajo, bonificaciones para todo aquello que pueda servir a la creación de contratos indefinidos y atengámonos al sentido común, señor Jáuregui, diciéndole de nuevo que todo puede ser mejorable. Si hoy cogemos a un grupo de ciudadanos en la calle y les preguntamos si sería mejor proteger las políticas pasivas de desempleo en lugar de la política que actualmente realiza el Gobierno de fomentar las políticas activas de creación y fomento del empleo, que gracias a esta política económica actual han podido ser mejoradas muchas cuestiones sociales contenidas en el sistema único de la Seguridad Social, como son elevaciones importantes de las pensiones mínimas de viudedad y de jubilación; si decimos al ciudadano que con ello necesitamos menos recursos para pagar a menos desempleados y que podemos destinar mayores cantidades provenientes de esos recursos a fomentar la contratación indefinida, estoy totalmente convencida, señor Jáuregui, de que los ciudadanos dirían que ésa es la política correcta y que en ese campo se debe seguir ahondando para continuar creando mejor y más empleo estable. Es cierto que tenemos que luchar contra la temporalidad, y ya se ha mencionado aquí que en este momento estamos pendientes de que los agentes sociales lleguen a pactos, a acuerdos positivos para que puedan salir beneficiados los ciudadanos y toda la sociedad.


La señora PRESIDENTA: Señora Montseny, le ruego concluya.


La señora MONTSENY MASIP: Concluyo enseguida, señora presidenta.
Señor Jáuregui, usted ha hablado de un billón de pesetas para financiar la contratación indefinida, que usted ha basado sólo en el 9 por ciento, que bienvenido sea. A mí no me salen las cuentas, porque usted habla en la exposición motivos de que 300.000 millones han sufragado esa contratación indefinida, y si la ley y la reforma datan de 1999, que fue cuando se convalidó el Real Decreto-ley 5/ 1999, que fue el que luego ratificó esta Cámara y por lo que quedó modificado el artículo 206 de la Ley de Seguridad Social, la verdad es que no cuadran las cifras. Yo no sé de dónde saca usted el billón de pesetas. Aunque así fuera, todo aquello que el Gobierno presupueste para seguir fomentando la política económica social en la que cree mi grupo parlamentario y la formación política a la que yo represento, seguiríamos apostando por esa política; pero usted encontrará siempre nuestro espíritu de diálogo para mejorar, dentro de la discrepancia natural entre las distintas formaciones políticas, todas aquellas políticas que todavía puedan facilitar un mayor incremento de creación de puestos de trabajo y de creación de empresas.
Lamento decir que no podremos apoyar esa iniciativa porque en ese campo estamos relativamente satisfechos de los frutos que ha dado la política económica del Gobierno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del apartado 2 del artículo 206 delTexto refundido de la Ley General de la Seguridad

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Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al mismo por el artículo tercero del Real Decreto-ley 5/1999, de 9 de abril.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 127; en contra, 172.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO DE LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN.
(Número de expediente 162/000148.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ARTICULACIÓN DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. (Número de expediente 162/000168.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ), PARAFOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN. (Número de expediente 162/000215.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: proposiciones no de ley.De acuerdo con lo previsto en la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día con los números 4, 5 y 6 y que son las siguientes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población; en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre articulación de un plan de fomento de la lectura; y en tercer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fomentar el hábito de la lectura entre la población.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
(Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.) Adelante, señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes, señorías, y bienvenidos a este nuevo período de sesiones que iniciamos - lo que a nosotros nos parece importante- con tres proposiciones no de ley, las tres primeras, que tratan de la preocupación de los diversos grupos de esta Cámara por el bajo índice de lectura de los españoles. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Repito que a nosotros esto nos parece importante porque -podríamos decir- son no sólo las primeras proposiciones del período de sesiones sino también de este siglo, siendo la cuestión del bajo índice de lectura de los españoles realmente preocupante o algo que al menos nos debiera preocupar. Con esto quisiéramos iniciar en el Pleno algo que ya hemos hecho repetidamente en Comisión sumándonos a una verdadera movilización en favor de la lectura, que es algo a lo que el Gobierno suponemos que en breve plazo nos va a convocar poniendo en marcha un plan de fomento de la lectura.
No voy a hacer yo aquí, puesto que ya se ha hecho durante siglos y se sigue haciendo ahora también, naturalmente, un canto a la importancia de la lectura. Es como si viniera a proponer un plan contra la sequía y tuviera que hacer un canto en favor del agua y sus beneficios para el campo o a proponer un plan contra la contaminación y tuviera que hablar del oxígeno. Me parece que todos lo compartimos, por lo que no voy a añadir palabras a lo que ya está escrito. Sin embargo, precisamente en virtud de la importancia de la lectura, sí quisiera hacer una consideración previa que me parece fundamental. Para nuestro grupo parlamentario, para el Partido Popular y para este Gobierno (y creo que esto es compartido por todos los grupos de la Cámara) el libro -significando éste la escritura y la lectura en su conjunto- no es un producto más del mercado, está regulado singularmente, pero incluso así no podemos tolerar que esté sometido a las leyes del mercado, como no lo está una cama de hospital o -por seguir particularizando- un pupitre. Creemos que los poderes públicos deben prestar al libro, esto es, a la escritura y a la lectura, a toda esta cadena, un apoyo específico y así se lo demandamos cuando pedimos un plan, que normalmente es algo que nosotros no estamos pidiendo.
Hecha esta consideración previa sobre el valor de la lectura y que no es para nosotros un producto más del mercado, es importante -y en ello estamos todos de acuerdo- hacer un diagnóstico de la situación o por lo menos una fotografía. Los tres grupos que hemos presentado proposiciones no de ley damos el dato -no sé si alarmante pero, desde luego, preocupante- de que el 40 por ciento de los españoles no lee nunca. Hay que actuar sobre ello. Lo repetimos tantas veces que estamos como anestesiados. Parece un dato del paisaje, del clima, pero no tiene que ser así. Esta situación tiene remedio si nos ponemos a ello; además, siempre se generaliza y se hace banal cuando decimos que es una tradición histórica, cuando, por ejemplo, en El Quijote se dice que su enfermedad venía por leer demasiados libros y pretendieron curarle quemando su biblioteca. Este mal tiene raíces históricas profundas, pero sin duda alguna tiene una raíz mucho más triste: la falta de escolarización de la población española. Cuando la

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población de la mayor parte de los países de nuestro entorno estaba ya escolarizada a finales del XIX, la escolarización total de la población española no se produce hasta los años setenta, y ello muy limitadamente. Ese arraigo del hábito de lectura se produce tardíamente y cuando la televisión ya estaba en los hogares españoles. Por eso es mucho más difícil implantar un hábito nuevo cuando llegan desde muchos ámbitos otros sistemas de conocimiento y de ocio más fáciles. La lectura requiere tiempo, requiere soledad y requiere un esfuerzo y el zapping es mucho más fácil y cambia nuestra manera de acercarnos a las fuentes del conocimiento. Por eso digo que era muy difícil arraigar un hábito generalizado de lectura teniendo esa población sin escolarizar.
Dicho esto, nos gustaría proponer e instamos al Gobierno a que haga algo que no quisiéramos llamar campaña, sino movilización general, que deberíamos plantear en tres marcos de acción en ámbitos distintos -voy a intentar resumir-, cada uno con sus acciones específicas. Uno es tener un observatorio permanente de análisis y de diagnóstico. El año pasado se puso en marcha un estudio general sobre los indicadores de lectura; ya había habido varios pero éste va a tener carácter periódico; es decir, un panel grande de personas van a ser auscultadas y los resultados se van a ofrecer trimestralmente. Esto es importante porque una labor continuada pudiendo rectificarse y viendo los resultados es un instrumento sin el cual no podríamos plantear esta cuestión.
Otro marco de acción sería la cadena del libro. Dar el marco apropiado y solucionar los problemas que tienen -y los tienen muy grandes- esos diferentes eslabones que van desde el autor, sea científico, poeta o divulgador, hasta el lector, que es nuestro verdadero objeto. Si pensáramos en el Plan hidrológico nacional, ahora que lo tenemos tan próximo, sería desde la cabecera del río hasta la desembocadura. Esos eslabones están atravesando unos momentos complicados. El final es el que tiene el bajo índice de lectura, pero los autores tienen problemas de todo tipo y no son menores los de la propiedad intelectual y los derechos de autor; editores y libreros están en un proceso de globalización que les afecta más que a ningún otro sector. Nosotros hemos tomado medidas a favor de las familias con los libros de texto, pero querríamos por encima de todo que siempre fueran compatibles con la protección al tejido librero, que nos parece de gran importancia. El eslabón entero, que va desde el autor hasta el lector, merece un especial estudio y acciones para dotarle de un marco adecuado que hay que revisar hoy, pues realmente los problemas están siendo muy grandes.
Por último, en lo que compete muy esencialmente a los poderes públicos, creemos que en ese tercer punto tenemos que actuar transversalmente. No es posible que una sola administración se enfrente a esta cuestión. La Administración central tiene una responsabilidad, y la tiene grande sin duda alguna. La Administración autonómica tiene nada menos que las bibliotecas escolares, eje central de toda esta política para el fomento de la lectura; es en la escuela donde arraiga el hábito de lectura y, como se ha dicho, un niño no es una botella que hay que llenar, es una hoguera que hay que encender, y eso se hace con la lectura. A través de la Administración local vamos a poder abrir las bibliotecas escolares a toda la comunidad, cuestión que nos parece sustancial para poder mantener un hábito que se ha adquirido en la escuela. Y, por supuesto, dentro de la Administración central es importante la colaboración entre diferentes ministerios; pienso muy especialmente en Ciencia y Tecnología. Ahora parece que son campos casi enemigos que tienden a desplazarse cuando son realmente complementarios. Sin dominio de la lectura, incluso de la escritura, no puede uno enfrentarse con la pantalla, y al mismo tiempo son las nuevas tecnologías las que permiten y ponen al alcance de todos en cualquier parte el texto que le sea necesario o placentero. Por consiguiente, creo que las tres administraciones, central, autonómica y local, deberían trabajar juntas -por lo que pedimos a la Administración central que las convoque- también los diferentes departamentos ministeriales y, por supuesto, el sector privado. El sector privado de verdad conoce esta cuestión (durante muchísimos años ha luchado en solitario por fomentar esta pasión por la lectura o al menos este hábito de lectura de los españoles) y es el que puede pilotar mejor que nadie nuestras acciones. Si conseguimos esa colaboración conjunta para toda la cadena que va desde el autor hasta el lector y al mismo tiempo hacemos un seguimiento, yo creo que estamos en condiciones de plantear una acción seria de fomento de la lectura.
Se han presentado dos proposiciones no de ley que se debaten conjuntamente. Nos gustaría poder votar a favor la proposición no de ley del Grupo Socialista, pero nos va a ser muy difícil porque está planteada en términos imposibles de asumir económicamente sin una previa evaluación. Es decir, sin un proyecto de bibliotecas escolares, sin un plan de bibliotecas escolares, sin un plan de bibliotecas escolares, sin una convocatoria de todos los responsables, hablar de 10.000 millones de pesetas iba a decir que no nos parece serio -¡claro que es serio y seguro que se lo toman muy en serio!-, pero no nos parece riguroso. Empecemos por detectar las necesidades, hagamos una evaluación y hablemos del dinero. Por otro lado, hace casi un mes pedían ustedes 5.000 millones, hoy son 10.000, ¿por qué no 100.000? Es una cifra dada a voleo. Nos hubiera gustado que admitieran nuestra enmienda hablando primero de un plan y en el mismo incluir la financiación cuando estuviera listo.
La proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) podemos votarla favorablemente, y lo hacemos con mucho gusto. Creemos que se basa en

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aquella proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso en febrero.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Rodríguez, le ruego vaya concluyendo.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Ahora mismo termino, presidente.
Como digo, se basa en aquella proposición no de ley, lo que da un rigor a todo el conjunto, y nos insiste en que se respete y se tenga siempre en cuenta el carácter plurilingüístico de cualquier acción que se emprenda. Esto es elemental y si hay algún problema estamos dispuestos a subsanarlo; y si esto es elemental para cualquier acción en el Estado lo es mucho más cuando hablamos de la lengua materna que para un niño en el que queremos arraigar un hábito de lectura es sustancial. No creemos necesario incluir en nuestro texto la enmienda que nos propone el Bloque Nacionalista Galego porque es exactamente lo mismo que propone el Grupo Catalán en su proposición, que vamos a votar favorablemente.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Rodríguez- Salmones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere expresar su satisfacción porque hoy se hayan traído a la Cámara tres proposiciones no de ley que versan sobre una cuestión para nosotros fundamental, como es un plan de fomento de la lectura. Es cierto que las tres proposiciones son bien distintas: en el concepto, en la forma y en el fondo, en lo que persiguen y sobre todo en su compromiso y ambición. Tendré la oportunidad de irlas señalando una a una.
El Grupo Parlamentario Socialista ha expresado reiteradamente en esta Cámara la necesidad y la urgencia de un plan de fomento de la lectura impulsado por el Gobierno de la nación. Recientemente lo hemos reclamado en el debate de los Presupuestos Generales del Estado. En todos los casos nos hemos encontrado con la profunda incomprensión del Grupo Parlamentario Popular y con la absoluta insensibilidad del Gobierno, que no está comprometido en un plan de fomento de la lectura y mucho menos en financiar conjuntamente con las comunidades autónomas ese compromiso. Esto viene unido a otra cuestión, a los reiterados incumplimientos del Grupo Parlamentario Popular y del propio Gobierno de la nación en dos cuestiones que se refieren al fomento de la lectura y, en concreto, a las bibliotecas escolares que hoy nos ocupan aquí. Me estoy refiriendo, en primer lugar, al incumplimiento sistemático del dictamen de la comisión de humanidades aprobado por unanimidad en la conferencia sectorial de educación; en segundo lugar, al incumplimiento hasta la fecha en los términos en que se aprobó en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta Cámara la proposición no de ley sobre la promoción del libro y el fomento de la lectura en la pasada legislatura, el 23 de febrero de 1999.
Señorías, si queremos llamar su atención sobre la necesidad de un ambicioso plan de fomento de la lectura es porque estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI algunos datos sobre esta cuestión merecen ser recordados aquí. Me permito recordarles algunos datos extraídos del último informe de la Sociedad General de Autores de España sobre los hábitos de consumo cultural en nuestro país; datos que son verdaderamente alarmantes a juicio de nuestro grupo parlamentario y que justificarían el voto favorable a la proposición no de ley que sometemos a su consideración. Señorías, el 51,8 por ciento de los españoles reconoce que no lee nunca o casi nunca. Además, de este número importantísimo de ciudadanos que reconocen que la lectura no está entre sus hábitos culturales conviene señalar algunas particularidades: el 82 por ciento de las personas que reconocen que no leen nunca o casi nunca no ha realizado ningún tipo de estudios; también es profundamente llamativo que el 15 por ciento de los que reconocen que no leen nunca son personas con titulación universitaria. Sólo este dato sería suficiente para avalar este plan de fomento de la lectura porque responde a un déficit histórico y tiene unas profundas raíces estructurales que hay que resolver.
También hay que recoger otro dato importante de este informe, y es que se produce una erosión en los niveles de lectura en los últimos años; es decir, la situación no mejora, bien al contrario se agrava.
Esto obliga a poner en marcha desde los poderes públicos políticas para resolver una situación que tiene visos de ser ya insostenible.
Señorías, también quiero llamar su atención sobre otros datos de este informe de la Sociedad General de Autores de España. Quiero llamar su atención sobre los hábitos de lectura entre nuestros jóvenes. El esfuerzo del sistema educativo, el esfuerzo de las comunidades autónomas, el esfuerzo que realizan también los ayuntamientos no está obteniendo los resultados apetecidos. Hay todavía datos extraordinariamente preocupantes: el 46,2 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 19 años reconoce que no lee nunca; el 42,1 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años no lee nunca; sólo el 20 por ciento de los jóvenes reconoce que lee habitualmente y con asiduidad.
También nos llama profundamente la atención un hábito cultural asociado al de la lectura, y es que sólo el 6 por ciento de los jóvenes entre 14 y 24 años una vez al mes compra un libro, pero sólo el 3,5 por ciento de estos jóvenes es usuario de bibliotecas.
Traemos a la consideración de la Cámara un plan de fomento de la lectura que tiene la ambición de que sea impulsado desde el Gobierno de la nación en cooperación

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con las comunidades autónomas, pero un plan sostenido financieramente, un plan que tiene que sostenerse sobre bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, bibliotecas de barrio, que cuente con profesionales al frente de las mismas y con la financiación necesaria. Yo no voy a caer en la osadía de señalar que debido a que el Gobierno de la nación, según explicó en el debate presupuestario, sólo disponía de 165 millones de pesetas para financiar el plan de fomento de la lectura, impulsar subvenciones a bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, bibliotecas en centros cívicos, etcétera, en convenio con comunidades autónomas, no ha hecho las cuentas. El Gobierno ha expresado en esta Cámara que sólo dispone de 165 millones de pesetas para el año 2001. Estoy completamente segura de que el Gobierno ha hecho los cálculos sabiendo cuáles son las necesidades de este país. Desde luego le garantizo, señora portavoz del Partido Popular, que el Grupo Parlamentario Socialista sí los ha hecho cuando ha propuesto una financiación para el año 2001 de 5.000 millones de pesetas y ahora en la Cámara defiende un plan de fomento de la lectura a tres años con una financiación global de 10.000 millones de pesetas. ¿Estamos pidiendo algo que no esté en el entorno europeo? No, señorías. Es verdad que algunos rasgos son específicos de nuestro país, por ejemplo, cuando me refería al número de personas adultas y mayores que, por razones de una alfabetización tardía o de una escolarización claramente insuficiente, no han podido tener acceso a la cultura y no han adquirido el hábito de leer. Es cierto, pero aquí nos estamos refiriendo al problema que tenemos en el siglo XXI, el de que nuestros jóvenes no adquieren el hábito de la lectura. Este no es sólo un problema de nuestro país, sino que también aparece en los de nuestro entorno, que lo resuelven con planes ambiciosos. Le voy a poner un ejemplo bien reciente, por cierto, de un Gobierno laborista pero que frecuentemente es citado por el presidente del Gobierno. Me estoy refiriendo al premier Tony Blair, quien ha puesto en marcha en el Reino Unido un ambicioso plan de fomento de la lectura para el año 2001, financiado por el Gobierno laborista con 65 millones de libras, que será ejecutado también de una manera descentralizada hacia todo el país. Algo así es lo que están haciendo Francia y Alemania.
Nosotros queremos converger en esos niveles de calidad y de cultura.
Nuestra propuesta quiere recoger el dictamen de la comisión de humanidades, que pedía tres cosas: en primer lugar, que la lectura se incorporase desde todas las áreas curriculares; además, pedía que la lectura fuese impulsada de forma específica sobre todo para alcanzar los niveles precisos no sólo en la lectura literaria sino también en la informativa y en la documental. Esto tenía que establecerse a través de las bibliotecas de aula, las bibliotecas escolares y las bibliotecas de barrio o en el entorno más cercano a los estudiantes.
Para ello apostaba por una figura esencial, un profesional que dinamizara e impulsara estos planes en los centros educativos.


Señorías, yo quiero recordarles una frase del presidente de la comisión de humanidades que elaboró el dictamen. El profesor Ortega y Díaz-Ambrona concluyó diciendo que todo plan de humanidades podía resumirse en tres palabras: lectura, lectura y lectura. Esto es lo que hoy traemos nosotros aquí. Queremos alterar un ritmo estadístico en el cual la lectura no está entre los hábitos españoles; no sólo no está, sino que la situación empeora año a año. Además, nos preocupa y alarma que nuestros jóvenes no adquieran ese hábito de la lectura.
Queremos enmarcar esta propuesta en el primer objetivo de la educación, que es el desarrollo integral de la persona, y creemos que nada contribuye más y mejor a ese desarrollo integral que adquirir un hábito cultural; el que más y mejor contribuye a ese objetivo educativo es el hábito de la lectura. Pedimos su voto favorable a la propuesta que trae el Grupo Parlamentario Socialista porque creemos que recoge las necesidades expresadas en su momento en el dictamen de la comisión de humanidades y porque refleja la posición de esta Cámara solicitando unánimemente un plan de fomento de la lectura en la Comisión de Educación del Congreso. Además, pensamos que si ese plan no va acompañado de la financiación necesaria, será un plan totalmente vacío.
Nosotros vamos a votar favorablemente la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque compartimos el fondo de lo expresado en ella, porque nos entusiasma especialmente su llamamiento a que todo plan de fomento de la lectura tiene que estar enmarcado en lo que es España, un Estado plurinacional, en el que la pluralidad de culturas y el plurilingüísmo tienen que estar presentes en todos los ámbitos.
Nosotros, que compartimos ese planteamiento...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Valcarce, le ruego vaya concluyendo.


La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, señor presidente.


Nosotros, como decía, vamos a votar favorablemente esta propuesta, además porque en ella se hace especial mención a otras cuestiones más allá de lo que es el plan de fomento de la lectura, que es todo lo que se refiere al impulso y la promoción del libro, en el sentido de recoger los acuerdos de las mesas de trabajo de promoción del libro que se establecieron en la legislatura pasada -en esa proposición de ley a la que ya me he referido con anterioridad, que aprobó la Comisión de Educación y Cultura por unanimidad el pasado 23 de febrero de 1999-, en los cuales, además de lo referido a las bibliotecas escolares, se hacía especial mención a la propiedad intelectual, al fomento de las librerías,

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a la oficina del libro español y a la colaboración con las comunidades autónomas.
Señorías, no podemos más que decir que nos parece claramente insuficiente la proposición no de ley del Partido Popular. Es meramente declarativa, es un brindis al sol, es única y exclusivamente un recordatorio a su Gobierno de que no ha cumplido compromisos adquiridos. En ese sentido nos parece positiva, pero más allá de la mera declaración es una propuesta carente de contenido. No saben lo que quieren hacer ni saben cómo lo quieren hacer y, lo que es peor, no están dispuestos a dedicar ni una sola peseta de los presupuestos generales a este objetivo. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista de ninguna de las maneras va a cometer la extravagancia de no apoyar una proposición que insta al Gobierno a sacar adelante un plan de fomento de la lectura. Bienvenidos sean a algo que nosotros llevamos reclamando mucho tiempo. Nos parece que la reclamación se hace en voz demasiado baja y desde luego de forma muy incompleta; sin embargo, no seremos nosotros los que les pongamos ningún impedimento.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valcarce.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que estamos ante unas iniciativas que pueden sonar a retóricas y que corren el riesgo de convertirse en tales. Me refiero a las tres que se están debatiendo conjuntamente, empezando por la que se presentó en un primer momento, que era la del Grupo Parlamentario Popular, que podrían sonar a iniciativas de relleno, es decir, conviene discutir determinadas cosas y se ponen sobre la mesa algunas propuestas que no son realmente de enjundia. Eso sería un grave error, porque la intención de mi grupo -y estoy seguro que la de los otros dos grupos autores de estas proposiciones no de ley- es que lo que aparentemente es retórica se convierta en medidas de Gobierno. Esa es la diferencia, porque tanto el Grupo Parlamentario Socialista con su proposición como nosotros mismos podemos hacer poco más que hablar desde esta tribuna, pero el Ejecutivo -y evidentemente el Grupo Parlamentario Popular impulsándole- es el único que tiene en su mano conseguir que aquello de lo que ahora hablamos no sea retórica, sino que sea obra de Gobierno; eso sí está estrictamente en sus manos, sea cual sea de las tres la proposición o las proposiciones que finalmente resulten aprobadas.
Comparto lo que decía la portavoz del Grupo Popular de que no es este el lugar para hacer un discurso sobre la importancia de la lectura; podría llenarnos a todos de satisfacción, pero seguramente no es ni el sitio ni el momento de hacerlo. Que España está en unos niveles de lectura ínfimos, por no decir vergonzantes, comparada con el resto de Europa, comparada con países de renta per cápita equivalente y con países de nivel de escolarización equivalente, es algo que debe llamarnos a la preocupación. Se lee muy poco.
Evidentemente, esa falta de hábito de lectura debe ser resuelta en primer lugar por los primeros responsables de la educación, que son los padres. Lo que quiero dejar claro es que la responsabilidad de introducir a los niños en edad escolar en el hábito de la lectura corresponde sin duda a los padres en primer lugar. Por supuesto, los poderes públicos tienen un papel de primer orden en el fomento del hábito de la lectura, y esa es la razón de que lo estemos tratando aquí. Estamos muy acostumbrados a que se nos sancione por no llevar el cinturón de seguridad en los vehículos; estamos acostumbrados a que los paquetes de tabaco lleven una inscripción advirtiendo que fumar produce cáncer; sin embargo, no hemos llegado al punto -y probablemente deberíamos llegar, dicho sea sin la pretensión de hacer una frase retórica- en que se nos avise de alguna manera de qué ocurre cuando no se lee, de cuáles son las consecuencias de una sociedad que no lee o -dicho más provocativamente, y perdónenme- de una sociedad que, en hipótesis, leyera exclusivamente prensa deportiva y programación de televisión. Esa sociedad sería una sociedad enferma, una sociedad pobre e incapaz de formar finalmente ciudadanos capaces de cumplir con todas las obligaciones, tanto las de dirección o de iniciativa en el mundo de la empresa como las desarrolladas en cualquier campo intelectual y humano en el que se tengan que desenvolver en la vida social. Este discurso que puede sonar a retórica tiene que convertirse, y puede hacerlo, en medidas de gobierno cuando un Gobierno se toma en serio lo que son buenas palabras o grandes discursos sobre la importancia de la iniciación en el hábito de leer. Es algo que, por cierto, no puede hacerse por decreto, algo que difícilmente puede hacerse por una decisión del Consejo de Ministros, sino que supone una gran campaña, una gran movilización -me ha gustado esa expresión de la portavoz del Grupo Popular-, acompañada de medidas muy concretas. De ahí el contenido de nuestra proposición no de ley. Aceptando los términos de la iniciativa del grupo mayoritario, aunque puede resultar un poco genérica viniendo precisamente de quien tiene las responsabilidades de Gobierno, lo que venimos a proponer para su votación es, en primer lugar, la necesidad de hacer incluso una campaña publicitaria, campañas en sentido muy amplio. En segundo lugar, proponemos apoyar las distintas iniciativas que la sociedad plantee subrayando -y me alegro de que los otros portavoces hayan hecho propia esa afirmación que contiene nuestro texto, y se lo agradezco- que cualquier apoyo al hábito de lectura, y muy particularmente en los sectores de población en edad de escolarización obligatoria,

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debe hacerse respetando el carácter pluricultural y plurilingüístico de España, como no podría ser de otra manera. Por tanto, estamos hablando de la lectura en abstracto, de la lectura en cualquiera de las lenguas en que se lee y se publica en España en este momento.
Mi grupo plantea básicamente esas dos medidas, pero ha querido recuperar, por remisión o por incorporación, una proposición no de ley que fue aprobada en la Comisión de Educación y Cultura el 23 de febrero de 1999, después de un amplio debate en el que culminaban unos trabajos hechos con gran espíritu de consenso. Esa proposición no de ley fijaba un marco de medidas de gobierno, vuelvo a insistir en ello, no palabras, palabras, palabras, no flatus vocis, sino auténticas medidas de gobierno, muchas de las cuales precisaban un calendario y todavía no han sido llevadas a la práctica. Más que recriminar en este momento que algunas de ellas todavía sigan un poco durmiendo el sueño de los justos, preferimos mirarlo en positivo y apoyar esa función que tiene este Parlamento, que es también la de impulso, y por tanto traerla e incorporarla a esta iniciativa y que de alguna forma se entienda que la votación hoy de esta proposición no de ley supone rebotar -si se nos permite la expresión-, refrescar, reiniciar lo que era el compromiso del Gobierno y el mandato que esta Cámara le daba en ese conjunto de medidas, medidas que voy a leer muy brevemente por encima, entre otras cosas porque los diarios de sesiones tienen sus tradiciones, al final acabará constando que por remisión se vota una proposición no de ley y algunos no sabrán exactamente qué es lo que se está votando.
La proposición no de ley del 23 de febrero de 1999 instaba al Gobierno -por tanto, en cierto sentido hoy lo estamos volviendo a hacer- a elaborar un plan de promoción del libro y la lectura, con una serie de detalles de lo que tenía que contener ese plan, entre otras cosas, una potenciación concreta de una política de bibliotecas públicas en colaboración con las comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, etcétera. Hablaba también de la fiscalidad -tema muy delicado que ha dado lugar a otros debates y sobre el cual no me quiero detener-, de mejorar la fiscalidad del libro, de elaborar un plan de modernización y fomento de las librerías como principal instrumento de divulgación del libro; de mantener el sistema del precio fijo como elemento clave para el desarrollo de la pluralidad cultural para garantizar la competencia equilibrada en el sector y defenderlo en el ámbito de la Unión Europea; de realizar un gran estudio significativo sobre los hábitos de consumo y lectura en toda España y apoyar otros más especializados que permitan, tras su conocimiento, adoptar las decisiones adecuadas al respecto; de otorgar pleno apoyo a los derechos de propiedad intelectual y a sus titulares, especialmente ante el fenómeno de las nuevas tecnologías, impulsando en la propia Administración pública una actuación ejemplar -guerra a la fotocopia, diría yo en nota a pie de página-; de establecer, en colaboración con las comunidades autónomas implicadas, programas específicos de apoyo a la edición de libros en todas las lenguas cooficiales; de dar apoyo económico y técnico a la oficina del libro español y apoyar en el ámbito de la Unión Europea la consideración del libro como producto cultural, de lo que se deben derivar beneficios fiscales, económicos, de promoción, traducciones, etcétera, así como promover la actualización de la legislación en materia del libro y la lectura en el ámbito específico de las competencias de la Administración central.
Esto no es retórica, este no es un discurso gratuito y genérico que permita rellenar diarios de sesiones sobre la importancia de leer o la preocupación por la formación de la juventud española. Estas son propuestas concretas que el Congreso de los Diputados -en su momento la Comisión de Educación y Cultura, hoy el Pleno- impulsa al Gobierno a realizar, a seguir realizando, podríamos decir, porque algunas me consta que van en esa dirección; otras están un poco atrancadas. En esta iniciativa pretendemos que el tono sea absolutamente constructivo y positivo y esperamos que de esta votación de hoy salga un nuevo impulso a algo que nos parece absolutamente esencial.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego no va a hacer más énfasis en lo importante que sería aumentar el índice de lectura en el Estado español. Nuestra enmienda es de adición a la proposición no de ley del Partido Popular y va destinada a remarcar especialmente lo importante que es contar con las competencias autonómicas y con el pluralismo cultural y lingüístico en el Estado español para hacer un plan de promoción de la lectura que sea positivo, consecuente y que dé los frutos requeridos. ¿Por qué razón? Porque teniendo en cuenta las competencias autonómicas a nadie se le oculta que la enseñanza obligatoria, en particular las bibliotecas escolares y la dependencia de la lectura respecto del sistema educativo, incluso de los libros de texto, es una competencia de carácter autonómico. Tampoco se puede ocultar la especial incidencia que puede tener un profesorado bien preparado y que sea capaz de impulsar el gusto por la lectura en los alumnos, igual que unos bibliotecarios adecuados, competentes y entusiastas del fenómeno de la lectura desde la edad infantil. En este aspecto tenemos que decir que el personal funcionario y esta red de bibliotecas públicas son también de dependencia autonómica. Por fin, quien surte de libros a las bibliotecasfundamentalmente, tanto en sistema educativo

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como en la mayoría de las corporaciones locales, es también la Administración autonómica, a lo que hay que añadir la importante función que puede cumplir en este terreno el sistema autonómico de radiotelevisión pública, en el caso de Galicia la Radiotelevisión Galega, con sus campañas propagandísticas a favor de la lectura en la adolescencia, en todos los años de la enseñanza obligatoria, incluso con sus programas de comentarios de libros que podrían ser de gran importancia para lectores de todas las edades.
En relación con el pluralismo cultural y lingüístico, queremos señalar tres aspectos importantes, en primer lugar, las muchas editoriales pequeñas que están defendiendo la variedad cultural y lingüística y que tienen su sede y, por tanto, pagan sus impuestos y merecen una apuesta definitiva por parte de la Administración autonómica como garantes de esta variedad cultural y lingüística; en segundo lugar, la red de pequeñas librerías que tiene también una incidencia en el gusto por la lectura, en la información al público, a los lectores y en la observancia del libro como un material próximo y familiar; en tercer lugar, lo importante que es que para preservar la diversidad cultural y lingüística hay que intentar una buena alfabetización del alumnado en las lenguas que tienen menos recursos en su mano, por tanto, que están más discriminadas, y no es indiferente el tipo de alfabetización que se hace del alumnado en la red de la enseñanza obligatoria. Estos temas tienen una gran incidencia en lo que estamos tratando. En todo caso, se trata de un problema de pluralismo, de diversidad y de un buen empleo del ocio, así como del gusto por el conocimiento, que sin duda, teniendo en cuenta las competencias autonómicas y este pluralismo al que he aludido, saldrá muy fortalecido en toda campaña de ámbito estatal que se asiente en esos criterios.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de intervenir en este debate y su posición es de máximo apoyo, porque todas las iniciativas planteadas, tanto las de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Catalán de Convergència y Unió, como la enmienda del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, están en la misma sintonía. Aunque hablar de fomentar el hábito de la lectura en la población española parezca una obviedad, es oportuno insistir una vez más en ello. Yo esperaría una labor de ensamblaje entre las iniciativas que aquí se han presentado, porque son complementarias. La del Grupo Popular va dirigida a una declaración de principios para toda persona sensata y culta: el conocimiento de la ciencia en cualquiera de sus aspectos, el hábito de gozar de una buena lectura, el placer de la literatura, que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Otra de las iniciativas se refiere a los instrumentos de las nuevas tecnologías, del libro, etcétera, para la difusión de la cultura. Algunos párrafos de la tercera van referidos a los destinatarios, bien sean sectores juveniles, generales o adultos, así como a las distintas administraciones -y esto es muy importante- que se tienen que ocupar de consolidar una infraestructura física y administrativa del ámbito de la cultura, y digo física refiriéndome desde el libro a la biblioteca.
Afortunadamente en España las bibliotecas tienen un amplio recorrido, desde la más modesta biblioteca municipal o de colegio hasta la Biblioteca Nacional y los grandes centros bibliotecarios que existen en determinadas comunidades autónomas. La propia Administración tiene un papel importante. Para el fomento de la lectura debe haber una infraestructura de bibliotecas municipales y una potenciación de las editoriales, que se realiza con bibliotecas móviles y con la promoción del libro. Todo esto tiene que ser llevado a cabo con una política inteligente. No olvidemos que en nuestro país a veces, en el fomento de la lectura desde órganos institucionales o administrativos, se ha llegado al esperpento, basado en un diagnóstico de lo poco que se lee, de presentar como estímulo de la lectura una publicidad de mínimos, y la publicidad de mínimos puede llevar a la lectura esperpéntica al promocionarlo a través de los instrumentos estatales de difusión con aquella frase entonces de: un libro al año no hace daño. Llevar a esta patología la lectura pone de relieve el empobrecimiento que teníamos y de aquí que sea necesaria una política de promoción y de publicidad inteligente para estimular la lectura. No solamente hay que tener las infraestructuras físicas y administrativas de bibliotecas, de libros o de difusión de los mismos. No nos olvidemos que el libro también es un bien en venta y hay sectores de población donde el precio es un factor disuasorio y, por tanto, los poderes públicos y las administraciones tienen que promocionar con la gratuidad de los textos que se ofrezcan el fomento de la lectura.
Sería deseable que las tres iniciativas, incluso la enmienda para la peculiaridad lingüística que ha presentado el compañero del Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Galego), se ensamblaran en un texto común, porque lo que no puede salir de la Cámara es una disparidad de criterios sobre el fomento del hábito de la lectura, cuestión de tal obviedad que lo ve sin más argumentos al respecto cualquier persona que no sea analfabeta y que tenga un sentido mínimo de responsabilidad de los valores culturales que se consagran en nuestra propia Constitución, pero que están presentes antes en el sentido común de la especie humana para enriquecerse intelectualmente. De aquí que mi grupovotará favorablemente toda la iniciativa, si hay una

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enmienda de ensamblaje y de síntesis, que recoja lo que es hoy día una preocupación que ennoblece a cualquier persona que tenga un mínimo de responsabilidad por las palabras civilización y cultura mediante la lectura de un libro.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco también va a tomar en consideración estas proposiciones no de ley que varios grupos parlamentarios realizan. Yo creo que la portavoz del Grupo Socialista, señora Valcarce, ha centrado en la primera parte de su intervención correctamente este debate. El informe del profesor Ortega y Díaz- Ambrona pone el dedo en la llaga en este punto sobre el fomento de la lectura; hace incluso un análisis más extenso en referencia a la lectura comprensiva y la importancia de estos hábitos de lectura y comprensión, en general, para lo que son los estudios de los alumnos en todo tipo de niveles educativos.
Estas iniciativas vienen a recordar que el Gobierno ha hablado mucho sobre las humanidades, pero ha hecho muy poco. Se ha dedicado a hacer maquillaje en algunas asignaturas, a dar a entender que ha sido capaz de enfrentar y de encarar una reforma de las humanidades, pero si se lee el informe presidido por el profesor Ortega y Díaz-Ambrona, uno puede constatar que los puntos básicos en los cuales se detectan los fallos en la orientación del sistema educativo siguen estando exactamente igual que antes y, además, lo que es peor, que no hay conciencia ni consciencia de que los fallos básicos estructurales están ahí. Si no se lee, difícilmente se aprende nada; si no se entiende lo que se lee, es que no hay humanidades que valgan y no se quieren encarar los problemas, señor presidente. El Gobierno prefiere vender ante la opinión pública la capacidad que tiene de afrontar algunas reformas educativas dando a entender que con ello el sistema educativo está ya en vías de redención y, sin embargo, todo el mundo sabe que no es así, sabe que nos estamos engañando a nosotros mismos.
El dictamen de referencia, presidido por el profesor Ortega y Díaz- Ambrona, fue aprobado además por unanimidad. Sin embargo, no se ha querido seguir en esta línea, no se ha querido abordar las directrices que están incluidas en ese informe ni abordar estos problemas. La última pregunta que en una sesión de control este diputado pudo formular a la ministra de Educación, Cultura y Deporte estuvo precisamente centrada en este tema; es decir, el Ministerio está ocupado en muchos líos, y basta leer las revistas y los medios de comunicación para observar cuántos líos ocupan al Ministerio. Sin embargo, los temas básicos de actuación del Ministerio en sus propias competencias están dejados de la mano de Dios. No hay una política del libro, no hay una política de lectura, no hay una política editorial -basta hablar con cualquier librero para saber lo que pasa- y difícilmente puede haberla con los presupuestos que tiene la Secretaría de Estado de Cultura para estos fines. Se ve que tienen grandes proyectos para entrar en otras materias y para que en el ámbito internacional conozcan ciertas cosas. Yo no sé si en el ámbito internacional conocen cómo es esta sociedad en sus comportamientos culturales.
Nosotros entendemos que es razonable abordar este tema, que estas proposiciones no de ley sean como tirar de la oreja a la ministra de Educación, Cultura y Deportes y hacerle ver que debe de ocuparse de algunas materias que son básicas en lo que es la competencia del Ministerio, que está el Ministerio completamente desorientado en las materias que le ocupan y que desde la consideración de las competencias que tiene el propio Ministerio hay que hablar del abanico de medidas, algunas de las cuales están recogidas en las enmiendas que los distintos grupos presentan hoy, abordarlas como medidas concretas y dotarlas de presupuesto, porque sin recursos presupuestarios tampoco se pueden realizar políticas, que son, de verdad, políticas de intervención. Al Gobierno le interesa mucho intervenir en el ámbito económico, basta ver lo que ha pasado. Ahí el Gobierno es muy intervencionista. Parece ser que en estos temas de cultura, de educación, no es tan importante marcar pautas de comportamiento. Nosotros como grupo vasco, como Partido Nacionalista Vasco, quisiéramos unos ciudadanos cultos, unos ciudadanos que leen y que lo hacen a menudo. Las cifras estadísticas que desde el propio Gobierno se ofrecen no dan esa imagen y esa no es la imagen de ciudadanos libres de un Estado moderno. Queremos aportar nuestro grano de arena para dar saltos cualitativos en esa dirección. Menos maquillaje, más políticas reales de lectura y conciencia clara de que si los temas educativos no se abordan desde estos problemas básicos todo lo demás es puro maquillaje.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para no repetir argumentos. Lo primero que quiero decir es que la lectura, en mi opinión, no es una cuestión académica, ni una cuestión que tenga que abordarse únicamente desde el ámbito escolar. Pero también es bastante contradictorio plantear, por ejemplo, en la proposición no

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de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán el tema de la responsabilidad de la familia, cuando en su proposición ustedes mismos plantean que el 35,3 por ciento no leen nunca o casi nunca.
Eso quiere decir básicamente que los que menos leen generalmente son los padres y, por lo tanto, difícilmente los padres van a poder ser un estimulante para que los hijos empiecen a leer. Yo voy a votar a favor de las tres proposiciones, como no puede ser de otro modo, pero quiero decirle al Partido Popular y a mi querida amiga, ponente en este caso de la propuesta, que esto ya lo aprobamos en este Parlamento hace dos años todos los grupos, que una vez más fue un brindis al sol, y que es curioso que el Grupo Popular vuelva a plantear esto aquí, cuando el Gobierno del Partido Popular tendría ya que haber puesto en marcha un plan para fomentar la lectura. No quiero dejar de decir esto porque podemos encontrarnos dentro de dos años de nuevo aquí disertando sobre lo importante que es la lectura.
No hace falta que digamos que la lectura amplía horizontes, que elimina prejuicios raciales, que te hace partícipe de otras culturas, que los libros rompen las fronteras y, por consiguiente, es una preocupación legítima de este Parlamento y me alegro de que todos coincidamos en la preocupación. Ahora bien, para que cambien las cosas en nuestra sociedad con respecto al hábito de la lectura tienen que cambiar otras muchas cosas. Les va a parecer muy psicodélico, pero yo no me voy a privar de decir lo que pienso.
No basta con planes, no basta con debates, no basta con manifestar preocupaciones. Los medios de comunicación tienen que jugar un papel clave en esto. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno del Partido Popular es eliminar los programas basura de las televisiones públicas y tratar de que a través de las mismas haya programas que estimulen el interés por el conocimiento y por la lectura. Además tiene que haber una ley de comercio que prohiba abrir los centros comerciales los fines de semana, porque la culpa de que se lea menos no la tiene Internet, no la tienen las nuevas tecnologías. Es un fenómeno multicausal. Hay otras muchas razones: han cambiado las formas de convivencia familiar; está produciéndose por fortuna una progresiva incorporación al mundo del trabajo de las mujeres; nuestros hijos y nuestras hijas viven mucho tiempo en solitario y, además, no tienen la oportunidad, como hemos tenido otras u otros de ver a nuestra madre o a nuestro padre con un libro en la mano, aunque fuera de Corín Tellado; ni siquiera nuestros hijos pueden tener ese referente.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es muy difícil dadas las nuevas formas de relación y de convivencia familiares. Tiene que ver con muchas cosas, pero también con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, con los horarios estresantes. Por eso, también, para fomentar la lectura, señorías, tenemos que ir a una sociedad donde se rebaje la jornada laboral a 35 horas, que también favorecerá el estímulo a la lectura, porque si bien es verdad que he leído en algunas de las proposiciones que esto no es una cuestión de la cultura del ocio, también es verdad, señorías, que la cultura del ocio es imprescindible a estas alturas del milenio y que si no hay tiempo libre no se puede leer. Por lo tanto, hay medidas estructurales que están detrás de todo esto y que tienen que ver con la sociedad que estamos conformando; por tanto luego no podemos intentar arreglar los problemas que surgen con parches. Porque realmente hay problemas estructurales de fondo que son muy importantes y que no debe obviar este Parlamento a la hora de abordar este tema que no es académico exclusivamente.
Señorías, además, hay que hacer bibliotecas públicas en todos los distritos de las grandes ciudades, en todos los barrios, en los pueblos y extender sus horarios, incluso abrirlas por las noches, y dejar de pensar que la lectura es sólo para que los niños se animen, porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y aquellas personas adultas que no la han tenido hasta este momento tienen que tener la posibilidad de hacerlo si les apetece y, lógicamente, tienen que facilitárselo las diversas administraciones públicas.
Por lo tanto, este es, como digo, un tema muy complejo de fondo que exigiría un debate monográfico más a fondo. No hay tiempo para ello y yo no quiero cansarles. Lo que me parece ante todo absolutamente sorprendente es que el partido del Gobierno nos presente una proposición donde no se contempla la pluralidad cultural y lingüística, no así en el caso de Convergència i Unió y el PSOE a la hora de plantear un tema como éste. Y más sorprendente aún: el partido del Gobierno nos viene aquí con un instar al Gobierno como si fuera un primo carnal del Partido Popular al que ve una vez al año y no viene con un calendario y un plan de financiación. Perdónenme, lo siento muchísimo pero no me puedo creer estas historias. Es decir, si de verdad ustedes están preocupados y tienen la voluntad política de cambiar las cosas, no puedo entender -yo sí entiendo a la diputada y a la ponente, claro que la entiendo- a los ausentes del banco azul que son los que tienen el dinero y los que tienen que ponerlo encima de la mesa y a los que usted tiene que exigírselo, y desde luego va a contar con mi apoyo para eso. No se puede venir aquí a la Cámara diciendo: instemos al Gobierno a que fomente la lectura. ¿Dónde está el dinero, dónde están los compromisos, dónde está el calendario? Porque es la clave de la política y lo demás es literatura. Por tanto, a pesar de todas estas quejas que planteo y de estas sorpresas, que, francamente, yo creía que no iba a tener ninguna más después de la última sobre la que también tuve la oportunidad de debatir con el ponente del PP, veo que volvemos a lo mismo.
La proposición del Grupo Parlamentario Socialista es atinada, posible, una proposición que plantea las necesidades y recursos necesarios y ustedes, que son los que gobiernan, tienen que decir de dónde los van a

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sacar y si están dispuestos a sacarlos. Si no, repito, dentro de dos años nos volveremos a ver las caras discutiendo otra vez de lo importante que es leer, pero no habrá ni un niño más que haya leído gracias a este Parlamento.


Por tanto, señorías, tendrán el voto a favor de Izquierda Unida, pero con todos estos considerandos, que quiero volver a repetir: estamos conformando una sociedad que aleja a las personas del interés por la cultura, del interés por la lectura, del interés por otras muchas cuestiones y otros muchos valores. En consecuencia, no vayamos siempre por los cerros de Úbeda y centrémonos en las cuestiones estructurales; tratemos de cambiar la sociedad para que todos tengamos derecho a tener tiempo libre. Esta diputada, que tiene entre sus grandes aficiones la de la lectura, no tiene ningún pudor en reconocer que no tiene tiempo para leer. No tengo tiempo para leer las cosas que me gustan, las que me apetecen, tengo dificultades tremendas y cuando tengo que leer me lo quito de mi tiempo libre o de mi descanso y de mi sueño. Yo reivindico una sociedad en la que trabajar y vivir dignamente sean compatibles. Pero hay una cosa más: cómo compatibilizar la lectura con los intereses de la familia o de las múltiples formas de convivencia en las viviendas públicas que se están haciendo, porque para leer también hay que tener el entorno adecuado. Si no hay bibliotecas y resulta que hay viviendas para trabajadores que son cajas de cerillas, donde en el mismo espacio hay que compatibilizar los intereses del padre, de la madre, del hermano mayor, del hermano pequeño, es muy difícil que nuestros hijos e hijas puedan tener en casa el lugar adecuado para estudiar. Naturalmente me refiero a los hijos de los trabajadores, que son los que tienen viviendas más pequeñas, más modestas y con menos posibilidades de tener un cuarto de estudio.
Por tanto, esto de la lectura no es sólo una cosa de educación pura y dura, sino algo transversal que afecta a toda la acción política del Gobierno y no puedo dejar pasar la ocasión sin llamar la atención sobre estas cuestiones. De todos modos, tendrán el voto a favor de Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por último, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda que ha sido presentada a su iniciativa por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Aunque estamos de acuerdo en la cuestión, creemos que está incluida en la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que vamos a votar a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora Valcarce, ha sido presentada una enmienda a su iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Popular. ¿Puede manifestar su aceptación o rechazo?

La señora VALCARCE GARCÍA: Enmienda que rechaza el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señorías, sometemos a votación en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre la población, en sus propios términos al haber sido rechazada la incorporación de la enmienda presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 288; en contra, uno; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre articulación de un plan de fomento de la lectura, asimismo en sus propios términos al haber sido rechazada la enmienda que había sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 127; en contra, 177.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fomentar el hábito de la lectura entre la población.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 300; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE ANULA LA CONGELACIÓN SALARIAL APLICADA A LOS FUNCIONARIOS

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EN 1997. (Número de expediente 162/000193.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SAURA), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE ANULA LA CONGELACIÓN SALARIAL APLICADA A LOS FUNCIONARIOS EN 1997. (Número de expediente 162/000192.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PUIGCERCÓS), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A HABILITAR LAS MEDIDAS PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LAAUDIENCIA NACIONAL QUE ANULA LA CONGELACIÓN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL AÑO 1997, ASÍ COMO A RESTABLECER EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA RECOGIDO EN LA LEY 7/1990. (Número de expediente 162/ 000202.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRES. AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVAAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2000, DE LA SECCIÓN SEXTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DE LAAUDIENCIA NACIONAL. (Número de expediente 162/ 000209.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE ANULA LACONGELACIÓN SALARIALAPLICADAA LOS FUNCIONARIOS EN 1997. (Número de expediente 162/000196.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE OBLIGA AL GOBIERNO A APLICAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EL INCREMENTO RETRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A 1997. (Número de expediente 162/000214.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, en función de lo acordado por la Junta de Portavoces van a ser debatidos de manera conjunta los puntos del orden del día números 7 al 12, ambos inclusive.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán. (Pausa.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo, si lo van a hacer, de la forma más rápida posible.
Adelante, señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no sé si el 23 de enero pasado la sentencia de la Audiencia Nacional, reconociendo las facultades y los derechos de los empleados públicos en materia de sus retribuciones, que habían sido modificadas por un acuerdo del Gobierno y posteriormente trasladado en la ley de presupuestos, devolvió a la tierra, a la realidad cotidiana, a más de uno que parece que estaba en algún otro sitio, ajeno quizá a la realidad que se cocía y que realmente sucede en este país. Parece que es verdad que esta sentencia ha puesto sobre el tapete muchos debates, muchas circunstancias, muchos acuerdos, muchas filosofías que algunos no habían conseguido entender o aceptar desde la responsabilidad nueva que tuvieron al llegar al Gobierno en el año 1996. Yo no sé si esta decisión, este acuerdo, esta sentencia de la Audiencia Nacional a algunos les ha hecho recapacitar sobre actos pasados, actos y resoluciones que se produjeron en el año 1996, concretamente siendo ministro de Administraciones Públicas el actual vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, a quien parece que el señor Aznar ha encomendado la gestión y la resolución de los conflictos más importantes que tiene este país. Decidió trasladar a la mesa general de la Función pública allá por el mes de septiembre de 1996 un acuerdo que había tomado previamente el Gobierno del Partido Popular, una medida unilateral que impedía la garantía y el cumplimiento de una decisión que había tomado el Gobierno de España de acuerdo con los empleados públicos, a través de sus organizaciones más representativas y en función de una ley, la Ley 7/1990, de 19 de julio, que aseguraba la negociación colectiva en el seno de la Función pública y la garantía de los acuerdos.
El Gobierno decidió entonces, en el año 1996, cambiar una realidad en virtud de decisiones unilaterales en materia de retribuciones para los empleados públicos, para los del acuerdo y para todos los demás, incumpliendo no sólo un acuerdo, el del año 1994, sino también aquel al que había llegado el propio Gobierno del Partido Popular en el mes de julio de 1996. En aquel momento, señorías, para incumplir y para justificar la ruptura del acuerdo existente creemos que utilizó más la prepotencia y la arrogancia que los argumentos, siendo adornada la irresponsabilidad del Gobierno en aquel entonces con acusaciones que todavía hoy a este diputado le siguen aflorando a sus oídos. El Gobierno congela el acuerdo en materia de retribuciones y congela las retribuciones para el año 1997 en base a que el Gobierno socialista había dejado las arcas públicas

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exhaustas porque habíamos perdonado a través de decisiones unilaterales 200.000 millones de pesetas a nuestros amiguetes. ¿Lo recuerdan ustedes, verdad? Esa fue la filosofía básica para intentar justificar una decisión en materia de retribuciones con los empleados públicos que posteriormente se adornó con otra serie de argumentos.
Se lo dijimos entonces. El Grupo Parlamentario Socialista les avisó por activa y por pasiva en el año 1996 en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a través de nuestras enmiendas, a través de nuestros argumentos, a través de una proposición no de ley, a través de una interpelación, a través de las declaraciones de mi grupo parlamentario, a través de José Luis Rodríguez Zapatero y de Jesús Caldera. Le decíamos entonces al grupo mayoritario, al Gobierno, que no podían dejar de cumplir el acuerdo a que se había llegado en el año 1994, ya que suponía vulnerar clara y nítidamente los principios de la negociación contractual basada en los principios jurídicos de la Ley 7/1990, que se podía haber cambiado, renegociado o discutido con las organizaciones sindicales si las consecuencias económicas que parece que se argumentaron entonces hubieran cambiado. Pero no. Se decidió de forma unilateral no entrar en una negociación, no entrar en una decisión compartida.
Lo que hizo el actual vicepresidente del Gobierno, entonces ministro de Administraciones Públicas, fue comunicar una decisión previa del Gobierno: que no se entraba en la discusión de la negociación salarial sino que se aplicaba, en función de una decisión previa, la congelación salarial que estaba recogida en la Ley 7/1990 y en los principios de la negociación colectiva que en la misma imperan.
No nos hicieron caso entonces. Se lo anunciamos. Hoy esta sentencia pone sobre la mesa los mismos argumentos que se barajaron en 1996, pero cuatro años más tarde y con un problema mucho más importante que el que aconteció entonces y que hoy este Gobierno es incapaz de resolver. Si la irresponsabilidad del Gobierno en 1996 fue fuerte cuando decidió no aplicar y cambiar el acuerdo, tanto más ha sido la irresponsabilidad política del Gobierno en la gestión de las consecuencias que ha producido la sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de enero, porque, frente a la decisión de la Audiencia Nacional, este Gobierno y el partido que lo apoya, han utilizado la histeria, en términos generales, para criticar una sentencia, para conseguir crear un clima de opinión y para poder llegar a un estado de ánimo que haga imposible la ejecución y la aplicación del acuerdo, ahora o cuando tenga que ser. Frente a la sensatez que han demostrado los agentes sociales y las organizaciones sindicales, que han sido los que han hecho triunfar sus argumentos en la negociación y en la cuestión que afecta a la sentencia de la Audiencia Nacional, el Gobierno y el Partido Popular poco menos que han intentado crear un conflicto entre la sociedad y los funcionarios, los empleados públicos, tratando de establecer que los argumentos y los intereses de un colectivo importante de la sociedad española como son los empleados públicos están antagónicamente enfrentados a los intereses de la sociedad como consecuencia de esta sentencia. Además, psicológicamente han tratado de crear, por activa y por pasiva, un clima social de enfrentamiento de la sociedad frente al Poder Judicial, frente a las sentencias de la Audiencia Nacional, acusando poco menos que de irresponsables a los que han dictado la sentencia.
Han creado un clima y un ambiente de confrontación y de crispación.
Señorías, cuando un ciudadano de esta sociedad pierde una sentencia se puede pensar dos cosas: que no tenía razón o que ha sido mal defendido. Alguien, de buena fe, puede llegar a pensar que algún juez que le ha juzgado ha podido inclinarse más hacia un lado o hacia otro, tratando quizá de favorecer a uno frente a otro y le ha tocado a él. Pero esta última cuestión no la puede poner en boca nadie que gestione los intereses públicos, como ha hecho este Gobierno, al ridiculizar una sentencia y decir, tras el varapalo anterior de Gómez de Liaño, que no les gustaba la sentencia y que no se fiaba de las decisiones judiciales. Ha sido arrogante y lo que ha pretendido decir es que las consecuencias de la sentencia han sido tales que producen una indefensión jurídica, un conflicto competencial. No ha pensado que quizá no tenía razón o que los intereses del Estado, que los gestiona el Gobierno, no han sido defendidos bien. No estamos hablando de los intereses del Gobierno, estamos hablando de los intereses del Estado que gestiona el Gobierno y sus servicios jurídicos.
En los dos momentos procesales anterior la Abogacía del Estado ha hecho otra argumentación distinta a la de que estábamos hablando de un problema laboral que afectaba a los funcionarios y sólo ahora, cuando la sentencia negativa ha sido conocida, se plantean las consecuencias de conflictos de intereses, de conflictos jurídicos, cuando en aquel momento se podía haber argumentado así y el Gobierno a través de los servicios jurídicos no lo hizo. Ha buscado una decisión, desde el punto de vista político y mediático, de confrontación, de agresividad, de cargarse de razón sin tenerla, buscando unos argumentos y una estrategia que mi grupo parlamentario no puede aceptar. Tras aquella famosa reunión de maitines -como se le llama en el argot del Gobierno- se empleó toda la batería política, mediática, jurídica para intentar cargarse aparentemente de razón en la defensa de unos argumentos que no fueron ni defendidos ni atendidos por la sentencia de la Audiencia Nacional. No tengo tiempo para hacer en estos momentos una recomposición de todas aquellas frases, argumentos, políticas, declaraciones, tergiversaciones de todo tipo que se emplearon para intentar justificar una decisión, unos argumentos, que han sido inutilizados jurídicamente por la sentencia de la Audiencia Nacional. Han dado lugar a un gran debate nacional, a una sensación de caos a través de las declaraciones

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del Gobierno, con la preocupación -lo digo sinceramente- de crear el clima de que esta sentencia, ahora o cuando sea, no se llegue a cumplir nunca, por razones políticas o económicas. Y esto es preocupante, señorías, porque no se puede hacer exclusivamente el discurso de acatar la sentencia cuando desde los bancos del Gobierno y del partido que lo sustenta se está haciendo una política de desprestigio de la sentencia de la Audiencia Nacional.
A pesar de las cosas que se han dicho en los medios de comunicación sobre la irresponsabilidad de nuestras declaraciones o actitudes, que no tengo tampoco tiempo de contestar ahora, el Partido Socialista actuó como actuó en 1996 con responsabilidad. Presentamos la proposición no de ley que estoy defendiendo ahora aceptando, acatando y pidiendo que esta sentencia no nos lleve a unos problemas que cualquier sociedad no pueda ser capaz de digerir. Creemos que la sentencia es clara, nítida y que da la razón fundamentalmente a los que la solicitaron, a los empleados públicos, que han visto poner en solfa sus reivindicaciones, sus acuerdos y su capacidad de negociación colectiva. Por eso, nosotros en la proposición no de ley no pedimos el oro y el moro, no exigimos al Gobierno que la cumpla mañana, no le exigimos que la cumpla de una sola vez. Pedimos tres cosas: en primer lugar, no sólo acatar la sentencia sino que se cumpla ahora; en segundo lugar, que no se haga de una sola vez sino que exista un diálogo entre las fuerzas económicas y sociales con el Gobierno para buscar una solución, diálogo que los sindicatos han ofrecido y que este Gobierno no ha aceptado, y, en tercer lugar, que se pongan en marcha los mecanismos para poder cumplir esta sentencia.
No voy a entrar en el contenido material o jurídico de la misma. Se podrá o no discrepar, pero a nosotros nos parece coherente, lógica y que hay que cumplirla, y por eso hemos presentado esta proposición no de ley. Ningún funcionario, ningún empleado público puede entender que teniendo la razón, habiéndole dado la razón la Audiencia Nacional, no se materialice ahora y no se sabe cuándo el cumplimiento de esta sentencia. Nadie en esta sociedad, sea empleado público o no, puede entender que los compromisos adquiridos de buena fe y regulados en función de las leyes entre diferentes administraciones no se cumplan. Habría argumentos, habría ejemplos de todo tipo que tampoco tengo tiempo, señora presidenta, de defender. Nadie de esta sociedad, ningún ciudadano puede entender la actitud del Gobierno más allá de los que defienden una política determinada que no cree en las consecuencias de la negociación colectiva entre las partes en materia de Función pública.


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Sanjuán, le ruego vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino ya, señora presidenta.
El representante del Partido Popular nos ofrecerá argumentaciones desde el punto de vista jurídico o práctico. El turno que se suele fijar en esta presentación de las proposiciones no de ley impedirá posiblemente que el Grupo Parlamentario Socialista pueda contraargumentar. Sí les diría, señores del Partido Popular, que posiblemente existen a troche y moche, como se suele decir vulgarmente, argumentos que vayan en dirección contraria a los que puedan SS.SS. esgrimir. Se nos podrá preguntar que cómo es posible que pidamos el cumplimiento o adelanto de una sentencia hasta que ésta no sea firme. Porque, por la misma razón, el Grupo Parlamentario Popular lo pidió en anteriores legislaturas para que se pudiera compensar y no crear un problema adicional y mayor; porque hay administraciones gobernadas por el Partido Popular hoy, ayer, que han firmado acuerdos y convenios sobre empleados públicos que afectan a un período superior al actual legislativo en materia de administraciones locales, que tienen vigor y vigencia concretamente hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando todos sabemos que las elecciones municipales van a ser en mayo del citado año; porque hay argumentos de todo tipo para afirmar que cuando presentamos la proposición no de ley creemos que estamos siendo coherentes, sensatos y dando una alternativa a un problema. Las decisiones políticas que ustedes tomaron nos han llevado a esta situación en la que miles de empleados públicos tienen razón, pero ustedes se empeñan en quitárselo con argumentos políticos y jurídicos. Por eso presentamos una proposición sensata, razonable y razonada, queriendo ser constructivos con la resolución de un problema que ni mi grupo y ni el Partido Socialista ha creado, sino que lo han creado ustedes por una decisión prepotente, mal medida y sin hacer caso a los que pensábamos en dirección contraria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds una proposición no de ley que, de hecho, coincide en lo fundamental con otras cinco proposiciones no de ley. No sé si existe algún precedente anterior desde la recuperación de la democracia en el que coincidan, al mismo tiempo, seis proposiciones no de ley que le dicen una sola cosa al Gobierno: ¡Oigan ustedes, cumplan la sentencia!. ¿Por qué? Porque lo que dicen exclusivamente hoy las seis

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proposiciones no de ley es que el Gobierno cumpla la sentencia.
El señor Martínez Sanjuán ha hecho ya una cronología de los hechos que es sobradamente conocida. Acuerdo, en septiembre de 1994, entre el Gobierno y los sindicatos. En septiembre de 1996 ilegalidad manifiesta en la resolución del ministro de Administraciones Públicas, negando y excluyendo el derecho a negociación colectiva de los funcionarios. Aprobación de los presupuestos de 1997. Recurso de la Federación de Comisiones de Enseñanza y sentencia en la que se falla a favor de los demandantes y obliga al Gobierno a cumplir, y negativa del Gobierno. Por tanto, lo que estamos diciendo hoy aquí es que el Gobierno cumpla la sentencia. El Gobierno, señoras y señores diputados, está hoy en una situación delicada en este tema. Pero quiero destacar que este no es el único tema. En pocas semanas este Gobierno, porque sembró muchos vientos, está recogiendo tempestades y tormentas. Sembró el viento de Gómez de Liaño y ha recibido un varapalo. Hace dos años dijo que era legal y justo, e intentó justificar un billón 300.000 pesetas a las compañías eléctricas, y ha debido rectificar. Hizo unas declaraciones ridículas en el submarino Tireless, y ha tenido que rectificar. Dijo que las subvenciones del lino eran una operación de la oposición, y ha tenido que rectificar.
Minimizó el tema de las vacas locas, y está rectificando. En definitiva, quiero destacar que en pocas semanas el clima político del Estado español está cambiando porque algunas de las decisiones que el Gobierno del Partido Popular ha tomado en los últimos años hoy se están volviendo en contra del propio Partido Popular.
Yendo al contenido de lo que hoy nos ocupa, quiero resaltar dos cosas. Primero, ante el argumento del Gobierno y del Partido Popular de que esta decisión invade las competencias en las Cortes, hay que replicar que quien actuó ilegalmente, en base a excluir los derechos de negociación colectiva de la Ley 7/1990, fue el Gobierno del Partido Popular en 1996. Quiero destacar que con perspectiva histórica, no es sólo un problema jurídico, sino que hoy podemos decir que en estos cuatro o cinco años de crecimiento económico importante en el Estado español, el Gobierno del Partido Popular ha sido generoso con los más poderosos y muy fuerte con los menos poderosos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos cuatro o cinco años? Que no había dinero para pagar 200.000 millones de pesetas a los funcionarios pero en junio y julio de 1996 se tomaron medidas fiscales que disminuyeron la recaudación del Estado en más de 300.000 millones de pesetas porque se disminuyeron las rentas del capital; que no ha habido dinero para mantener el poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional; que no ha habido dinero para mantener las inversiones en un nivel importante, pero paralelamente se han hecho operaciones como la de regalar billones a las compañías eléctricas, o se han dejado de ingresar miles de millones de pesetas al no hacer por subasta el concurso de la segunda generación de los móviles. En resumen, señoras y señores diputados, este hoy no es un casi aislado sino un caso más de un marco político en el que el Gobierno del Partido Popular, por primera vez desde hace cinco años, tiene grandes dificultades. En segundo lugar, estamos ante un hecho por un acto que, según la propia sentencia, no se ha ajustado a derecho. En tercer lugar, expresa una política fiscal y económica de favorecer a los más poderosos. Y, en cuarto lugar, es un intento también de descalificar o ridiculizar la justicia.
Señoras y señores del Partido Popular, les dije hace un par de meses que las mayorías absolutas no sirven para todo en un sistema democrático, y hoy estamos viendo cómo las mayorías absolutas toman decisiones pero, aunque lentamente, los mecanismos democráticos retornan contra las mayorías absolutas las decisiones inapropiadas.
Cumplan la sentencia, y aunque sea tarde reparen el poder adquisitivo que quitaron a los empleados públicos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hasta ahora, por lo que hemos oído, nadie cuestiona que los presupuestos son una norma de rango formal y material de ley. Lo dejan bien claro el Tribunal Constitucional y la misma Constitución en el artículo 66. La ley de presupuestos puede aumentar, mantener o rebajar las retribuciones de los funcionarios.
Es una competencia atribuida exclusivamente a las Cámaras por la Constitución, que no admite interferencias de otros poderes. El problema, pues, no está en esta Cámara, que no hace nada más que ejercer sus competencias, el problema es del Gobierno. Aunque fuese una resolución y un acuerdo del Gobierno anterior que había asumido obligaciones, el actual Gobierno también tiene que asumirlas, unas obligaciones con los funcionarios mediante el mecanismo legal de la negociación colectiva en virtud de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de la Ley 9/1987.
El informe de los servicios jurídicos del Senado sobre el caso en cuestión admite que existe una antinomia jurídica, contradicción entre las normas de mismo rango, entre los pactos previos firmados con las organizaciones sindicales y el contenido posterior aprobado por la ley de presupuestos. ¿Qué tenía que hacer, pues, el Gobierno para superar esta antinomia? Primero, acatar y aplicar el mandato del legislador; segundo, revisar sus propios actos anteriores adoptados en septiembre de 1994 por ser contradictorios con la ley posterior de presupuestos para el año 1997 e instar a su anulación. La ley establece la posibilidad de que las administraciones

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puedan revisar sus actos, a pesar de haber sido firmes. Las administraciones públicas pueden dejar sin efecto sus actos, incluso en el caso de que sean declarativos de bienes para terceros.
¿Mediante qué mecanismos? La ley es clara. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, regula los procedimientos de revisión de los actos nulos. Si el Gobierno considera que se trata de un acto radicalmente nulo, será necesario el dictamen favorable del Consejo de Estado para su declaración. Si considerara que es anulable -y esta es nuestra opinión- el Gobierno insta, en nombre de la Administración general del Estado el procedimiento de declaración de lesividad para el interés público y pide su anulación ante la jurisdicción contencioso-administrativa por existir una infracción del ordenamiento jurídico. No olvidemos que se trata de un acuerdo colectivo firmado entre funcionarios, trabajadores, y la Administración, en este caso la patronal, que, igual que los convenios colectivos firmados al amparo del Estatuto de los Trabajadores, es impugnable ante los tribunales y, en este caso, por la vía del contencioso. En cualquier caso, es cierto que la decisión del Gobierno, para ser válida, ha de ser ratificada otra vez por el dictamen del Consejo de Estado o los tribunales de justicia en su defecto.
El Poder Legislativo goza de soberanía plena para aprobar los presupuestos, pero esta potestad ni es ilimitada ni puede ser objeto de uso abusivo, ha de ser respetuosa con los intereses de terceros.
El Gobierno se aprovechó de su mayoría parlamentaria, del rodillo, para incumplir un compromiso previo con un determinado colectivo.
Esta decisión debería haber requerido un control externo que garantizase que no se realizaba un uso abusivo de la potestad legislativa. Sorprende, o no, que en el informe del Senado, para desprestigiar el contenido de la sentencia, se haga referencia a Bismarck o al viejo Estado autoritario prusiano. El autoritarismo, en este caso, es utilizado por la mayoría parlamentaria para vulnerar un compromiso previamente alcanzado de acuerdo con la legalidad vigente.
Respetar el Estado de derecho significa entender que la mayoría no dispone de una potestad ilimitada y que ésta debe someterse también a controles y debe ser cuidadosa con los derechos de todo el mundo. Ni viejo ni nuevo autoritarismo a través de mayorías absolutas, ni antiguos ni nuevos káiser, aunque se llamen Aznar; debe defenderse a ultranza una sana separación de poderes, tanto cuando se está en la oposición como cuando se está en el Gobierno. Una cosa es la voluntad popular y otra muy diferente la voluntad del Partido Popular, aunque últimamente parece que todo sea lo mismo, porque el PP instrumentaliza el lenguaje y los valores democráticos de una forma cada vez más perversa y peligrosa.
Para acabar, los reajustes presupuestarios y los recortes necesarios para poder acceder a la moneda única fueron, en parte, a cargo de los funcionarios.
Ahora, la Audiencia Nacional obliga al Gobierno a corregir y actualizar los sueldos desde 1997, es decir, alrededor de 500.000 millones, cantidad que trastoca y altera cualquier criterio de estabilidad presupuestaria, es decir, lo del señor Montoro. Lo lógico habría sido que estos costos se hubieran financiado a través de las privatizaciones. Un proceso de liberalización de los sectores estratégicos correcto, transparente y a favor de la libre competencia, es decir de la mayoría, y no de unos pocos, amigos o no, como lo han hecho algunos países, como la telefonía de tercera generación UMTS, o evitando la inyección de capital público, como es el caso de los costes de transición a la competencia a las compañías eléctricas, habría bastado para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios.
Rectifiquen, pues. Esta es la solución y a esto les obliga la Audiencia Nacional. Esquerra Republicana de Catalunya presenta esta proposición no de ley para que rectifiquen y arbitren las partidas específicas para cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la última iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya han hecho referencia a que existe una sentencia firme, de la Audiencia Nacional, que condena al Gobierno, a la Administración del Estado, a compensar a los trabajadores públicos, al conjunto de los empleados públicos, por las subidas retributivas dejadas de percibir y previstas en un acuerdo firmado por el Gobierno en el año 1994.
Debe mencionarse que, por importante que sea la cantidad -y ya se ha dicho por otro interviniente- que el Gobierno debe pagar en cumplimiento de esta sentencia, es sólo una pequeña parte de los costes de transición a la competencia que el Gobierno del Partido Popular dispuso generosamente a favor de las compañías eléctricas y que estamos pagando todos los consumidores, o una pequeñísima parte de los billones que el Gobierno dejó de ingresar por escoger el procedimiento que escogió de adjudicación de las licencias de UMTS, de la telefonía móvil de tercera generación. Sorprenden ciertas declaraciones del señor Montoro para el cual los efectos de esta sentencia van a pagarlos todos los trabajadores; sorprenden porque los trabajadores públicos también son eso, trabajadores. Sorprenden, en segundo lugar, porque deja bien claro qué grupos sociales van a soportar las iras del Gobierno, iras que desde luego existen. Y sorprenden, en tercer lugar, porque el señor Montoro, que negó en esta tribuna en

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varias ocasiones la propia existencia de clases sociales, podría haber dicho que en vez de los trabajadores iban a ser las rentas más altas, los beneficios empresariales, en fin, los beneficiados por regalos fiscales del Gobierno los que iban a soportar este pago.
En un Estado de derecho digno de tal nombre, los contratos, acuerdos, los pactos, son obligatorios para las partes. Recuerdan ustedes: pacta sunt servanda. En el caso del acuerdo de 15 de septiembre de 1994 este carácter vinculante del acuerdo viene reforzado por disposición expresa de la Ley 7/1990; es decir, la contravención, el incumplimiento de este acuerdo da lugar a responsabilidad. Para un Gobierno que presume de liberal, sabido que esta doctrina entiende que todas las sociedades se fundamentan en pactos libremente negociados y suscritos por los ciudadanos y que por esa razón son obligatorios, es realmente sorprendente que este Gobierno que presume de liberal y que en ningún momento denuncia la vigencia de un acuerdo se pretenda amparar después en un cambio de circunstancias, como le aconseja el informe del Senado, para desvincularse de un contrato suscrito con los representantes sindicales de los funcionarios públicos. Pero es que además la contumacia gubernamental, la actitud terca de negativa al cumplimiento de esta sentencia y a cualquier negociación con los trabajadores públicos, amenaza con socavar los propios cimientos del Estado de derecho. No se trata sólo de que temerariamente se interponga contra esta resolución un recurso de casación ordinario, sino que además se instrumentaliza a las Cortes Generales, actuando como fuerza de choque del Gobierno, para enfrentarlas a un tribunal que lo único que hizo es utilizar las potestades constitucionalmente previstas de control del Ejecutivo, es decir, que un episodio cotidiano de control judicial de las administraciones públicas, que en cuanto que confirmación de la buena salud del Estado de derecho debía alegrar al Gobierno, se transforma en un conflicto entre poderes vinculando al Parlamento. Sumen a lo anterior las declaraciones del ministro de Justicia al diario El Mundo, según las cuales al Ejecutivo no le puede controlar cualquiera y en las que, de forma más o menos velada, se anuncia la intención de aprovechar la reforma pendiente de la justicia para delimitar claramente, entre comillas, el ámbito que le corresponde a cada uno de los poderes y tendrán todos los ingredientes de un régimen totalitario con fachada democrática, por cierto, cada vez más cuarteada, el régimen al que ustedes nos conducen ya en estos últimos meses pisando el acelerador a fondo.
En la mejor tradición liberal, les decimos que como los pactos están para ser cumplidos y como además, también en la mejor tradición democrática, las sentencias judiciales deben ser acatadas y cumplidas incluso cuando no conviene, les proponemos, primero, que cumplan la sentencia y que desistan de cualquier recurso; que negocien con los funcionarios públicos y con sus representantes; que compensen a las administraciones locales y autonómicas de cualquier perjuicio económico que esta sentencia les pueda suponer, pues es la Administración del Estado -se recordó en su momento el carácter básico de la decisión- la responsable; que se declare oficialmente por parte del Gobierno que las consecuencias de la sentencia no las van a sufrir los trabajadores, sino toda la sociedad de acuerdo con el principio de progresividad fiscal; que cambien la política retributiva seguida respecto de los funcionarios públicos en estos últimos años y que se depuren, porque está previsto también en la Ley 30/1992, artículo 145.3, respecto del señor Rajoy o de cualquier otra autoridad responsable, las responsabilidades a que haya lugar por los daños que su actitud negligente, culposa o incluso dolosa, causó a los bienes y derechos de la Administración pública.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: ¿Ante qué panorama político nos encontramos, señora presidenta? Nos encontramos ante una derecha cada vez menos interesada en la apariencia de centro, que no acepta la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores públicos y que no acepta una revisión salarial respecto al índice de precios al consumo.
Negociación colectiva de los trabajadores públicos que reconoce el artículo 103 de la Constitución -o por lo menos cabe en su ámbito-, que está reflejada directamente en el Convenio 151 de la Organización Internacional de los Trabajadores y que desde luego está, negro sobre blanco, en la Ley 7/1990, que en absoluto ha sido retocada ni derogada, a pesar de la posibilidad que ha tenido el Gobierno de hacerlo para restablecer cierta seguridad jurídica.
El Gobierno simplemente comunica su decisión de que no va a negociar, y punto redondo; ni siquiera se molesta en enmendar o en derogar a través de la ley de acompañamiento. Los trabajadores públicos aparecen como una especie de prolongación del ejército que no tienen derecho a la negociación colectiva, sólo tienen derecho a la obediencia debida. Los intereses y los proyectos del Partido Popular son justos, y punto redondo; no vale ninguna explicación, ningún intento de negociación. No se acepta sino el sacrificio salarial.
¡Hay que sacrificarse, señores trabajadores públicos! ¿Por qué? Porque sí. En una etapa de crecimiento económico, con una inflación moderada, se les dice a los trabajadores que hay que sacrificarse.
Efectivamente, hay que educar a los trabajadores; hay que educarlos en el sentido de que, en un período de crecimiento económico, debe repartirse como en período de recesión económica

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para mantener beneficios. Desde luego, también para apuntar al dogmático objetivo -lo que es un instrumento se convierte en fin- del déficit cero. También para la convergencia nominal con Europa, cuando todo el mundo sabe -lo ha visto en los números- que ese espectro de la contabilidad creativa ha permitido que todo el mundo acceda a los indicadores de convergencia nominal de Maastricht. Se les pide sacrificio para educarles para lo que se ve venir en el horizonte y empezará dentro de poco tiempo: repartir en la etapa de crecimiento como si estuviéramos en una etapa de recesión porque ésta última puede venir y hay que mantener excedentes, hay que mantener la estabilidad y la Ley de estabilización que se acaba de aprobar, y hay que mantener el déficit cero cueste lo que cueste a los trabajadores, claro está, a los trabajadores públicos.
El ejemplo se formaliza, el patrón de patrones lanza la consigna; ya ven el resto de los patrones lo que hay que hacer: no explicar, congelar, pedir sacrificios y repartir el crecimiento como si estuviéramos en etapa recesiva. Es sangrante, se responde en lo que afecta a los trabajadores; incluso aunque haya sentencias: se pasa la sentencia, se les vuelve a pedir sacrificio y se les dice que están desestabilizando la situación económica, el cuadro macroeconómico y el porvenir convergente de esta nación. De todo esto se les acusa; y se lo dicen los mismos que acaban de regalar más de dos billones de pesetas en las licencias de telefonía de tercera generación. Los mismos que han hecho una reforma del IRPF por la que dejan de ingresar 800.000 millones de pesetas, de los cuales 400.000 vendrían de los que cobran 20, 30 ó 40 millones de pesetas anuales y los otros 400.000 millones del resto de los mortales. O los mismos que han hecho otra serie de cosas, como la desfiscalización de las rentas de capital, constante en este último período, que hemos ido denunciando de manera puntual y sistemática. Jamás se ha visto con más claridad el atrevimiento de la mayoría absoluta del Partido Popular. Panoplia grande y tristemente significativa como ejemplo, tras los maitines de Moncloa.
Primera trinchera, el Parlamento: se nos invade, hay que contraatacar. Inmediatamente se pone en marcha el intento de una teoría por la cual se ha roto la división de los tres poderes y el Parlamento está siendo invadido en sus competencias. Precisamente aquellos que han dejado de creer, de pensar -porque ya están en el Gobierno, porque tienen mayoría absoluta- que esto puede ser el centro de la política nacional y están convirtiendo el Parlamento en un enfermo, en una especie de paciente inglés, son los que dicen que hay que defenderse, que hay que contraatacar, que hay que defender el poder legítimo independiente del Parlamento poniéndolo de escudo frente a la invasión del poder judicial. Primera trinchera, que falla después porque era excesiva y porque el rigor de los miembros jurídicos de este Parlamento no la ve posible, pero se lanza esa idea en los primeros días de esta contraofensiva.
Segunda trinchera, reforma judicial, dicho así, en caliente. Cuando no se debe reformar ni la más simple ley en caliente, se dice que hay que reformar la justicia por completo, ¿para qué? Pues lo dice el señor Acebes: para que no se vuelvan a repetir sentencias como las que se han dado. ¿Hay algo más grave que decir en este momento? Esto es gravísimo. Para que no se vuelvan a repetir estas sentencias haremos una reforma judicial, eso sí, basada en un pacto de Estado, pero si no hay pacto de Estado, naturalmente vendrá el rodillo. Así se dice, en caliente, y se lanza este mensaje negro sobre blanco en una entrevista que, también en caliente, en esta idea de segunda trinchera, se lanza a partir de los famosos maitines de Moncloa.
Tercera trinchera: el señor Montoro incluso dice que ese dinero tiene que salir del bolsillo de los contribuyentes y habla de un impuesto; acto seguido, inmediatamente, se dan cuenta que es excesivo -lo de utilizar el Parlamento como escudo, lo de la justicia aún no lo han desmentido-, se dan cuenta de que lo del impuesto es una barbaridad, que es excesivo, o creíamos nosotros que se habían dado cuenta, porque la cuarta trinchera es que el señor Aznar en Galicia dice cosas muy fuertes en el intento de enfrentar a la población, al pueblo en su conjunto, con los jueces y con los funcionarios. Dice: No es algo que vayamos a pagar nosotros, el Gobierno, la sentencia les va a salir cara a todos ustedes. Es la nueva versión de la instauración de un nuevo impuesto. Por tanto, el pueblo tiene que reaccionar frente a los funcionarios, tiene que reaccionar frente a los jueces. Cuando, al mismo tiempo, en coloquios, charlaterios y mentideros de todo tipo se están lanzando dos rumores, que además arraigan, porque el cuerpo social de este país tiene una cierta cultura y han pasado ciertas cosas. El primer rumor está basado en el desprestigio de los funcionarios: gente que cobra trabajando poco; vuelva usted mañana; que se enfrentan a los ciudadanos. El segundo rumor es que se trata de una sentencia basada en la necesidad de una cierta venganza de los jueces de cara a negociaciones futuras que están por venir. Se lanzan tranquilamente.
A mí me ha dicho un ciudadano que daba miedo la reacción del Gobierno, las trincheras que iba cavando, los anuncios que iba haciendo, algunos corregidos, otros todavía no; daba miedo. Daba miedo la potencia de un poder con esa mayoría absoluta que iba a actuar en distintos frentes por una sentencia judicial a favor de los trabajadores, por una sentencia judicial que reconoce la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores públicos, por una sentencia judicial que entonces podía suponer muy poco dinero y ahora afecta a 56 nóminas de cada uno de los trabajadores, y que en cascada naturalmente puede suponer bastante más dinero.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo y comprendemos que los trabajadores se tengan que movilizar, tienen que defender sus intereses, afecta a muchos trabajadores.


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Es un desplante que no tiene explicación por parte del Gobierno.
Un Gobierno que ante la Ley 7/1990 podía haber respondido con la Ley de acompañamiento de 1997, pero que ni se molesta en responder desde la ley de acompañamiento, porque ya no podía meter en los presupuestos ningún cambio de ley en función de la sentencia del año 1992 del Tribunal Constitucional. El Gobierno dice que no hay ni que reformar la ley, que todo está claro, que no se debe negociar con los trabajadores públicos, que eso es una concesión que desmedula el Estado y que ni mucho menos se les va a subir el 2,6 por ciento, 190.000 millones, en aquel momento, en 1997, que afectaba a todos.
Es la forma, señorías, dicho metafóricamente, de cerrar el paraguas y desenvainar la espada. No estamos de acuerdo y, por tanto, pedimos, desde la razón, desde la sentencia, desde la capacidad de respuesta de los trabajadores, desde la capacidad de movilización que van a tener los trabajadores públicos, que son muchos y tienen razón, que se negocie con ellos, que se responda al espíritu y la letra de la ley, y desde la necesidad de que en esta etapa de crecimiento el patrón de patrones sepa repartir, como en etapa de crecimiento debe hacerse, en la etapa que corresponde que los trabajadores reciban del crecimiento y no se mantengan los excedentes a costa de lo que sea, que el Gobierno también reaccione de manera adecuada. Si no se hace, será un nuevo error político que sumar a las cositas que estamos sufriendo en este momento, un nuevo error político en una situación que no se sabe corregir; las mayorías absolutas no permiten la corrección, o se convierten en mayorías absolutistas o en mayorías absolutorias, como ha sido el caso con respecto a las dos sentencias que se han nombrado a lo largo de estos días.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la presentación y defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el debate que hoy nos trae a pronunciarnos desde el Congreso de los Diputados se origina a partir de la sentencia de 7 de noviembre de 2000 de la Audiencia Nacional, una sentencia con importantes repercusiones porque anula la congelación salarial de los funcionarios de la Administración general del Estado correspondiente al ejercicio de 1997. Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) esta es una sentencia importante y la aplicación de la misma requiere, señorías, un pronunciamiento expreso de esta Cámara.
Antes de decir cuál debe ser este pronunciamiento, mi grupo parlamentario quiere destacar algunos aspectos significativos que creemos que enmarcan la sentencia de la Audiencia Nacional. En primer lugar, queremos recordar el especial esfuerzo que se ha exigido a los funcionarios públicos en épocas en las que la prioridad era luchar contra el déficit público, teníamos que cumplir unas exigencias derivadas del Tratado de Maastricht, había unos requisitos marcados por la convergencia económica europea y se exigió a muchos un sacrificio, pero de forma especial a los trabajadores públicos, al conjunto de empleados públicos, y quiero recordar también que ese especial sacrificio, plasmado de forma evidente en una congelación salarial en el año 1997, también se había exigido en ejercicios precedentes. Recordemos que también hubo congelación salarial en el ejercicio de 1993 o en el de 1994. La Ley de presupuestos de 1993, la Ley de presupuestos de 1994 y también la Ley de presupuestos de 1997 impusieron una congelación salarial, impusieron, por tanto, a este sector un especial sacrificio que nuestro grupo parlamentario considera que esta Cámara debe reconocer.
En segundo lugar, la sentencia de la Audiencia Nacional comporta, señorías, una importante repercusión económica. Otros grupos parlamentarios así lo han destacado en sus proposiciones no de ley.
Se habla de que el cumplimiento de esta sentencia supondría más de 200.000 millones de pesetas. Nosotros consideramos que ahora no debemos debatir cuál es la cifra exacta, no corresponde a esta Cámara, señora presidenta, cifrar ahora el cálculo de la aplicación de esta sentencia. Pero es cierto que, sea cual sea el montante final, es un montante importante que tendrá una repercusión en el equilibrio presupuestario y, por tanto -lo ha dicho también el Grupo Socialista-, debe arbitrarse una fórmula de cumplimiento de la sentencia que haga posible lo que la misma impone con lo que debe ser una traslación en diversos ejercicios, para que su cumplimiento no altere el necesario equilibrio presupuestario, un equilibrio, señora presidenta, señorías, que nos exige la propia Unión Europea.
En tercer lugar -y esto creo que hoy no ha salido aún en el debate-, la sentencia, señorías, no es firme; no estamos ante una sentencia firme de la Audiencia Nacional. El Gobierno ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, por tanto, ante una decisión importantísima y de gran repercusión económica, tenemos que no hay una decisión judicial firme. ¿Cuál es, por consiguiente, el ejercicio que hoy esta Cámara debe hacer? Debe pedir el respeto absoluto a la sentencia, que lo hacemos, pero el respeto también al resultado de los posibles recursos ya interpuestos contra la misma. Nosotros no hemos interpuesto recurso ante esta sentencia, pero sí que es cierto que la misma no es firme y que no sabemos, no conocemos aún, señorías, cuál va a ser el resultado final. Por tanto, ante esta incertidumbre en un aspecto capital, que alterará seguro la estabilidad presupuestaria, porque el montante económico será importante, ante esta situación,nuestro grupo cree que un ejercicio de responsabilidad

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de esta Cámara es acatar la sentencia, acatar también el resultado de los posibles recursos interpuestos y, una vez se conozca el resultado final, aplicarlo. Este es el objetivo de nuestra proposición no de ley: aplicar el resultado final de los recursos interpuestos.
No debemos olvidar, señorías, que esta sentencia ha abierto también, incluso en los propios servicios jurídicos de esta Cámara y del Senado, un debate doctrinal, un debate jurídico sobre el alcance y la repercusión que esta sentencia puede tener. Nosotros no queremos entrar hoy aquí en ese debate, ya lo resolverán los tribunales ante el recurso interpuesto por el propio Gobierno, pero creemos que un ejercicio de responsabilidad ante los trabajadores públicos, a quienes hemos exigido también ese especial sacrificio no en el ejercicio de 1997, sino también en ejercicios anteriores, nos obliga hoy a ese ejercicio de responsabilidad de no decir que se aplique una sentencia que no es firme. ¿Cómo podemos aplicar una sentencia si no es firme, si está recurrida, si estamos aún a la espera del resultado de ese recurso? Sin embargo, nuestro grupo quiere de entrada afirmar públicamente que, sea cual sea el resultado, pedirá que se aplique de la forma más rápida posible, que se aplique haciéndolo compatible con la previsiones de estabilidad presupuestaria, que se aplique de forma consensuada con los representantes de los trabajadores públicos y que se aplique, al final, lo que resuelva de forma firme un tribunal de justicia. Esta es la posición que hoy trae nuestro grupo parlamentario. Por tanto, no negamos el consenso, no negamos el derecho a la negociación colectiva, no entramos en el debate doctrinal y jurídico abierto, pero sí pedimos que hoy esta Cámara dé un mensaje de responsabilidad. ¿Cuál es el mensaje de responsabilidad? Pedir que se acate la resolución judicial cuando ésta sea firme. Por tanto, ésta es la posición de nuestro grupo parlamentario, una posición que viene plasmada en nuestra proposición no de ley, que creemos que es respetuosa con la posición de los trabajadores públicos, respetuosa con el Poder Judicial y respetuosa también con los poderes de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
La sentencia controvertida que esta tarde centra la atención de la Cámara aprecia dos vulneraciones del ordenamiento jurídico, dos vulneraciones distintas que yo quisiera diferenciar a efectos de definir con nitidez cuál es nuestra postura en relación con la primera y con la segunda.
La primera tuvo lugar cuando el entonces ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy, expuso ante la mesa general de negociación de la Administración general del Estado -mientras se fumaba un flamante puro, según atestiguan algunos testigos que estaban presentes en la reunión- la voluntad administrativa unilateral de excluir de la negociación todo lo relativo a la retribución de los empleados públicos, vulnerando con ello evidente y clarísimamente lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la ley 7/1990, de 19 de julio, que imponen taxativamente la obligación de negociar el incremento de retribuciones del personal de las administraciones públicas, salvo que ambas partes, de común acuerdo, dispongan lo contrario, circunstancia que evidentemente no se producía en aquella ocasión.
Por su parte, la segunda vulneración que identifica la sentencia se produjo porque, ignorando el carácter vinculante que el artículo 35 de la ley 7/1990 reconoce y atribuye a los acuerdos alcanzados entre las administraciones públicas y los representantes del personal que trabaja a su servicio, el Gobierno rehusó incorporar al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1997 el incremento retributivo pactado en el capítulo 6.º del acuerdo de condiciones de trabajo del año 1994, decisión que posteriormente fue ratificada por las Cortes Generales. Según la sentencia, en este caso hubo una contravención del ordenamiento jurídico porque el acto de aprobación del gasto público por parte de las Cortes Generales -entienden los magistrados que suscriben la sentencia- no es más que la determinación de la finalidad que ha de aplicarse a lo ingresado por el erario público y, en consecuencia -dice literalmente la sentencia-, ha de producirse con sometimiento a las leyes por las mismas aprobadas, leyes entre las cuales se encuentra la propia Ley 7/1990 que, entre otras cosas, atribuye fuerza vinculante a los pactos celebrados entre las administraciones públicas y los representantes de personal.
Aunque el debate político, social, jurídico e incluso mediático que ha tenido lugar durante las últimas semanas se ha centrado fundamentalmente en esta segunda contravención del ordenamiento jurídico que identifica la sentencia de la Audiencia Nacional, lo cual, por otra parte, parece lógico habida cuenta que es ella la que mayor enjundia jurídica plantea y la que mayor relevancia económica reviste, el grupo al que represento entiende que no debe pasarse por alto el hecho de que al excluir unilateralmente de la negociación todo lo relativo al incremento retributivo de los empleados públicos el Gobierno del Partido Popular en aquella ocasión incumplió gravemente la ley, dando muestras de un talante autoritario y altanero, muy poco edificante y modélico desde una perspectiva democrática y muy poco coherente para quien se pasa el día y parte de la noche invocando el Estado de derecho.


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Por lo que hace a la segunda vulneración del ordenamiento jurídico, el grupo al que represento coincide con el planteamiento -que consideramos impecable- que se hace en el informe emitido por los servicios jurídicos de esta Cámara en relación con la adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque coincidimos con el informe jurídico en que la ley ordinaria no es parámetro de adecuación al ordenamiento jurídico de la ley presupuestaria, porque ambas -la ley ordinaria y la ley presupuestaria- revisten el mismo rango y participan de una misma naturaleza, aun cuando esta última, la ley presupuestaria, tal y como ha señalado reiteradas veces el Tribunal Constitucional, se dicta en ejercicio de una competencia específica, que es el resultado del desdoblamiento de la genérica potestad legislativa de las Cortes Generales. Creemos por ello que en este punto el pronunciamiento judicial se apoya sobre bases doctrinales erróneas y que el Gobierno no sólo puede, sino que está obligado a intentar el recurso de casación. En consecuencia, somos partidarios de no precipitarse en la habilitación presupuestaria de los créditos que puedan dar satisfacción a las pretensiones de los recurrentes hasta que no se conozca, por lo menos, el resultado del recurso ya interpuesto. Por esta razón, nuestro grupo va a votar en contra de aquellas proposiciones no de ley que plantean explícitamente la inmediata habilitación de los créditos necesarios para dar satisfacción a las pretensiones de los recurrentes en este pleito. Ahora bien, pese a ello, creemos necesario en este momento formular una reflexión y una propuesta.
La reflexión es la siguiente. Cuando la sentencia postula que nunca un precepto legal debe ser interpretado en el sentido de que su contenido pueda quedar vacío o su eficacia anulada, no se limita, a nuestro juicio, a proponer una simple pauta hermenéutica más o menos razonable y más o menos aceptable; además apunta una cuestión de gran envergadura y que atañe directamente a los cometidos de esta Cámara y al conjunto de las Cortes Generales. Está poniendo de manifiesto, a nuestro juicio, que este desbocado y desordenado ritmo legiferante que han impuesto las Cortes Generales durante los últimos años, donde imperan las modificaciones puntuales y descontextualizadas, llevadas a cabo a través, fundamentalmente, de la ley de acompañamiento y de los reales decretos-leyes, está dando lugar a un ordenamiento jurídico plagado de contradicciones y antinomias, en cuya aplicación el operador jurídico se ve sumido en la perplejidad y en la desorientación con una frecuencia, a nuestro juicio, superior a la deseable. Creemos por ello que la Cámara debe tomar buena nota de este dato y comprometerse formalmente a producir de cara al futuro un derecho más claro, más coherente, más inteligible y comprometerse al mismo tiempo a depurar las abundantes antinomias que tiene el ordenamiento jurídico como consecuencia de esta política normativa y de las que el caso que tenemos entre manos es solamente un ejemplo muy puntual y concreto.
La propuesta la articulamos como enmienda a la proposición no de ley planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Aun cuando, como antes he señalado, esta sentencia descanse sobre una posición doctrinal equivocada, es evidente que ni invade competencias constitucionalmente atribuidas a las Cortes ni priva al Gobierno de la capacidad de diseñar su propia política económica ni, desde luego, impide a las Cortes Generales ejercer la potestad presupuestaria, como ridículamente se ha dicho por parte de algún portavoz del Ejecutivo. En consecuencia, a nosotros nos parece absolutamente ilegítima y vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes la pretensión, hecha pública a través de los medios de comunicación, también por algún portavoz más o menos autorizado del Ejecutivo, de bloquear el pago a los funcionarios en caso de que los recursos interpuestos no prosperen. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva incluye, como reiteradamente ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, el derecho a que se respeten y ejecuten las resoluciones judiciales en sus propios términos porque, de no ser así, que no ha ocurrido así -lo dice el propio alto Tribunal-, la tutela judicial se vería reducida a la producción de decisiones puramente declarativas que no ampararían los intereses de quienes las imperasen. Por eso creemos que esta Cámara ha de reprobar y actuar firmemente contra todo intento de hacer jugar las mayorías parlamentarias frente a las resoluciones judiciales firmes a través de las cuales se ejerce también el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental que, como todo el resto de los que integran el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución, ocupa una posición de jerarquía institucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Catalán en la que proponemos incorporar a esa proposición un tercer punto en el que, presupuesta la legitimidad de la presentación de un recurso de casación ante la sentencia de la Audiencia Nacional que ahora nos ocupa, se asuma el compromiso por parte del Gobierno de que si el recurso interpuesto no prospera, se ejecute el contenido de la sentencia, algo elemental que deriva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señora presidenta.


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Señorías, la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco a propósito de la precipitación de las proposiciones no de ley, me permite recordar que confundir la virtud de la rapidez con el defecto de la prisa es algo que tiene una manifestación muy clara en las iniciativas parlamentarias que hoy se debaten. Esto es lo que ha sucedido con algunos que se apresuraron a presentar proposiciones no de ley sin esperar al resultado de la admisión a trámite del recurso interpuesto por el Gobierno contra el fallo de la Audiencia Nacional.
Si esa precipitación era poco responsable, menos lo es pretender, como sucede ahora en algún caso, mantener la posición inicial como si no hubiera sido admitido ningún recurso, como si la sentencia fuera absolutamente firme, cuando como bien ha dicho antes el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la sentencia no es firme. Señorías, al igual sucede en todos los órdenes de la vida, y como el portavoz del Grupo Socialista también ha hecho referencia a la conveniencia de recordar la historia, permítanme recordar unos breves acontecimientos que también forman parte de nuestra historia y que todos asumimos. Hay que señalar que en el año 1994 un Gobierno en aquel momento muy frágil llegó a un acuerdo con los sindicatos, acuerdo que fijaba la retribución para el año siguiente, limitándose, por lo que se refería a los ejercicios futuros, a establecer sólo las premisas y métodos para el cálculo. Por tanto, entender que ello vinculaba directamente al Ejecutivo para el futuro, sería calificar como absolutamente irresponsable al Gobierno que permitió tal hipoteca para el futuro. Sí me atrevo a calificar como absolutamente irresponsable a aquellos que propiciaron la situación económica que tenía España en aquellos años. Es conocida por todos la situación en cuanto a la inflación, en cuanto al paro, en cuanto al déficit público y en cuanto a los impuestos, y es conocida también por todos la situación que tenía nuestro país a propósito de los requisitos para la integración en el marco de la unión monetaria europea. Ante esto, el Gobierno del Partido Popular se vio obligado a tomar decisiones que sin duda exigían un esfuerzo colectivo, y el primero que realizó en aquel momento ese esfuerzo fue el propio Gobierno del Partido Popular que procedió a elaborar un presupuesto con una gran contención, con un significativo recorte de los gastos, de manera directa y primera de los gastos corrientes de los propios ministerios, que experimentaron no ya una congelación sino un auténtico recorte. También se pidió un esfuerzo a los empleados públicos y hoy nadie, absolutamente nadie puede negar que ello, junto con otras medidas, posibilitó que todos los ciudadanos españoles y entre ellos todos los funcionarios, se beneficiasen en sus economías del progreso que estaba alcanzando nuestro país. Esta contribución especial de los funcionarios la valoramos, la explicamos, fueron capaces de entenderla y ahí está la escasa respuesta que tuvieron las movilizaciones que se convocaron en su momento ante la respuesta del Gobierno, y también lo supieron valorar cuando llegaron las elecciones generales y entendieron que además del tema retributivo de un año concreto, existen otras dimensiones, ajuste de niveles, fondos adicionales y también la consideración de la autoestima y la dignidad de la función que desarrollan como servidores públicos desde el respeto y la profesionalidad. Esto es algo que también hemos intentado potenciar, materia en la cual nadie nos podrá dar lecciones y menos aquellos que tuvieron responsabilidades de Gobierno y dejaron una Función pública digna de mejor aprecio. Resulta divertido, señorías, que se pida negociación por parte de aquellos que provocaron los mayores conflictos con los sindicatos, aquellos que provocaron las mayores movilizaciones de los trabajadores de este país y resulta aún más curioso, aún más divertido que esto se pida a un Gobierno que ha demostrado que podrá acertar o equivocarse, pero que por encima de todo sabe negociar y sabe dialogar con los agentes sociales.
Dejando de lado muchas otras áreas que se podrían traer a colación, y por referirme exclusivamente a la materia de Función pública, quiero recordar que en los cuatro años y medio o cinco de Gobierno del Partido Popular han sido 21 los acuerdos a que se ha llegado con los sindicatos, más de cuatro acuerdos entre el Gobierno del Partido Popular y las centrales sindicales en materia de Función pública, desde la ordenación de la negociación colectiva del personal laboral, el acuerdo de retribuciones para el año 2000, pasando por otros especialmente importantes como el convenio único del personal laboral, que reduce a uno solo los 55 convenios que había hasta entonces, lo cual no era sino una manifestación del panorama que existía en la Función pública española.
Así pues, desde luego nadie nos puede dar lecciones de negociar. Es cierto que en el otoño de 1996 se intentó, pero no se llegó a ningún acuerdo porque la situación económica española no permitía ningún margen, y después se ha seguido negociando, tal y como demuestran los acuerdos a los que me he referido. Pero mientras que la sentencia no sea firme, permitan que el Gobierno defienda lo que tiene que defender: los intereses generales. Además, en este asunto deben ser el prisma fundamental, porque hay que recordar que por encima de los intereses sindicales, por encima de los intereses de cualquier colectivo, por encima de los intereses de cualquier partido, del Partido Socialista o del Partido Popular, están los intereses generales, y esos intereses generales son precisamente los que demandan que se actúe como está actuando el Gobierno, interponiendo los recursos oportunos y ejercitando los medios que garantizan la tutela judicial ante los tribunales. Habría sido una absoluta irresponsabilidad, por dejación de sus deberes, que la Administración no hubiera recurrido, como algunos plantean, y se hubiera procedido sin más a pagar sin apurar o ejercitar los mecanismos

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propios de defensa que existen en un Estado de derecho. Además, por no recordar no ya los recursos sucesivos sino los agotamientos que en temas que palpitaron, en temas que fueron muy sensibles ante la opinión pública española que se produjeron hace muchos años, solamente por recordar y no entrar en ellos, permítanme recordar el tema de la colza y el tema de la presa de Tous, en los que se esperó muchos años al agotamiento no ya de los recursos, sino también de los medios de vida de las personas afectadas.
En todo caso, desde la legítima discrepancia que se puede tener con las resoluciones de los tribunales, pero también desde el profundo respeto, quisiera que entendieran que la Administración estatal, en defensa no ya simplemente de sus derechos, sino también y como antes señalaba de los intereses generales, no sólo podía sino también, subrayo, debía -y eso es lo que ha hecho precisamente- interponer el recurso de casación. Quiero que valoren, por favor, que algo de fundamento puede tener ese recurso cuando frente a una sentencia que no es unánime porque tiene un voto particular importante, en cambio la admisión a trámite por la propia Sala se realiza por unanimidad.
Éste es el juego propio del Estado de derecho, materia en la cual nosotros nos reafirmamos una vez más, desde la discrepancia en este caso pero también -y es precisamente lo que decimos en nuestra enmienda- desde el respeto a los tribunales. Precisamente en esta materia, y con toda humildad pero también con firmeza, permítannos que reivindiquemos el principio de legalidad que supone, como dice el artículo 9 de la Constitución, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
Los órganos jurisdiccionales, al igual que el Gobierno y la propia Administración, son poderes públicos y todos ellos están sujetos a la ley, que está, como expresión democrática que es, por encima de todos ellos. Éste es el sentido de la expresión «imperio de la ley» que nuestra doctrina y el propio texto constitucional consagra. Junto a este axioma, también es fundamental en el principio de legalidad la sujeción plena de la Administración al control por los tribunales, y en esta materia, dicho sea con todo respeto, tampoco se nos pueden dar lecciones. Quiero recordar una de las leyes más importantes que se han podido aprobar en este Parlamento, la Ley de lo contencioso- administrativo. Hace poco más de dos años entró en vigor una de las leyes que regula cuestiones fundamentales en un Estado de derecho, como quién controla al Gobierno y a la Administración, cómo se le controla, qué garantía se establece, cómo se articula en definitiva el ideal de justicia. Pues bien, en esta ley del año 1998, consensuada por todos pero impulsada desde el Gobierno del Partido Popular, se consagraron una serie de principios que son fundamentales en nuestro Estado constitucional. Esta ley sustituye a la de 1957; quizá otros estuvieron cómodos gobernando con esa ley del año 1957, sin duda muy buena técnicamente, pero que respondía a otros principios. Pues bien, decía que en esa ley de 1998, impulsada por el Gobierno del Partido Popular, se regulan materias fundamentales como la supresión de zonas inmunes al control jurisdiccional, suprimiéndose, frente a lo que mantenían otros, la categoría de los actos políticos. También se amplía en esa ley -y eso lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular- el ámbito sujeto a control, pudiendo impugnarse asimismo la inactividad o la pasividad por parte de la Administración. Se amplía la legitimación, y en ese sentido se reconoce expresamente -no estaba dicho antes- a los propios sindicatos. Se establecen procedimientos abreviados, y a propósito de la ejecución de sentencia, ya que estamos hablando de eso, en materia de ejecución la ley del año 1957 -vigente, repito, hasta hace dos años- establecía la posibilidad de que en casos de perjuicio grave a la Hacienda pública pudiera suspenderse o inaplicarse esa sentencia. Nosotros, desde el Partido Popular, suprimimos esa causa de no aplicación de la ley porque entendíamos que era contraria al Estado de derecho. Igualmente, a propósito de la ejecución -y voy concluyendo, señora presidenta- establecimos la causación de crédito ampliable cuando se trata de sentencias condenatorias, igualmente ampliamos los intereses cuando se trate de sentencias condenatorias, y evidentemente desde que la sentencia fuera firme. Un Gobierno que impulsa estas medidas no puede en modo alguno, señor Alcaraz, dar miedo sino por el contrario auténtica confianza.


Por último, quisiera hacer una reivindicación del propio Parlamento en cuanto titular directamente democrático de la potestad legislativa. Nuestro sistema constitucional se califica a sí mismo como un sistema parlamentario y esto es algo que no puede quedar en defensas retóricas sino que exige siempre la prevalencia absoluta del carácter normativo. Por eso, cuando por intereses partidistas de la oposición se deja de propugnar este principio -incluso se cuestiona a quienes sí lo hacen- entonces hay algo que no está funcionando.
Precisamente desde esas argumentaciones, desde ese profundo respeto a la decisión de la Audiencia Nacional, pero también desde ese profundo respeto a la sentencia, a la resolución que en su momento dicte el Tribunal Supremo, desde la defensa de los intereses generales, nosotros propugnamos la enmienda que sometemos a la consideración de esta Cámara.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Medel.
Señor Jané, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las dos enmiendas que han sido presentadas a su proposición no de ley.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario, ante las enmiendas

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que se han presentado a nuestra proposición no de ley, plantearía para la votación un texto transaccional que intenta recoger las distintas enmiendas planteadas y el propio texto de nuestra proposición no de ley. El texto transaccional que someteríamos a votación es el siguiente: El Congreso de los Diputados proclama el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación de las retribuciones de los funcionarios públicos en 1997 y considera necesario esperar a la resolución del recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo para fijar el alcance final de su aplicación.


Hay un punto segundo que dice lo siguiente: Si los recursos interpuestos no prosperasen se adoptarán con la mayor brevedad posible las medidas necesarias para ejecutar la sentencia de forma que se atienda el interés general y las políticas de estabilidad presupuestaria en el ámbito de la Unión Europea. Éste es, señora presidenta, señorías, el texto transaccional que ofrece nuestro grupo ante las enmiendas planteadas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo acepta el texto transaccional porque incorpora lo fundamental del planteamiento que formulábamos en la enmienda, y era asegurar que interpuestos los dos recursos -que nosotros consideramos inevitables- pero en el supuesto de que dichos recursos no prosperen, la ejecución sea inexorable y no puedan aducirse argumentos de uno ni de otro tipo para evitar la ejecución de una sentencia firme, porque creemos que es lo que exige el ordenamiento jurídico.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor López-Medel.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señora presidenta.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular aceptaríamos el punto primero de la enmienda transaccional pero no el segundo porque entendemos que conduce a confusión. No obstante, al no poderse votar según se me ha comunicado de manera separada esas dos iniciativas, aun compartiendo buena parte del espíritu vamos a votar negativamente a esa enmienda transaccional y favorablemente sólo a nuestra propia enmienda.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Jané, entiende esta Presidencia que el texto transaccional sustituye por completo al texto inicial de su proposición.
(Asentimiento.) Muchas gracias. Le solicitamos que lo haga llegar a la Presidencia o al servicio de los letrados. (Pausa.) Sometemos a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 122; en contra, 174; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa de referencia.
Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 120; en contra, 176; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Acontinuación votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el cumplimiento de la sentencia que anula la congelación salarial aplicada a los funcionarios en 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 121; en contra, 176; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto, señor Puigcercós, por la que se insta al Gobierno a habilitar las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los empleados públicos en el año 1997, así como a restablecer el derecho de negociación colectiva recogido en la Ley 7/ 1990.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 121; en contra, 176; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la iniciativa de referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al cumplimiento de la sentencia, de 7 de noviembre de 2000, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 12; en contra, 178; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a aplicar a los funcionarios de la Administración del Estado el incremento retributivo correspondiente al año 1997, en los términos del contenido de la enmienda transaccional que ha sido leída por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y repartida a los señores portavoces.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 17; en contra, 162, abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las nueve y treinta minutos de la noche.

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