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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 34, de 18/10/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 34

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 32

celebrada el miércoles, 18 de octubre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas . . . (Página 1500)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia, así como del de la venta de Aerolíneas Argentinas. (Número de expediente 172/000039.) . . .
(Página 1526)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.
(Número de expediente 172/000042.) . . . (Página 1534)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del Salario Mínimo Interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC). (Número de expediente 172/000041.) . . . (Página 1542)

Página 1496


S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas . . . (Página 1500)

Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué responde el Gobierno sobre la repatriación de inmigrantes, encerrados en las bodegas de los ferrys o transbordadores? (Número de expediente 180/000270.) ... (Página 1500)

De la Diputada doña María Consuelo Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro del Interior: ¿Cómo explica el Gobierno la repatriación de inmigrantes en las bodegas de los buques? (Número de expediente 180/ 000275.) . . . (Página 1501)

De la Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué viabilidad considera el Gobierno que puede tener el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (Plan GRECO) en el año 2001? (Número de expediente 180/ 000276.) . . . (Página 1502)

De la Diputada doña Carmen Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué razón se niega el Gobierno a implantar en la enseñanza obligatoria el principio de gratuidad de los libros de texto? (Número de expediente 180/000279.) . . . (Página 1503)

De la Diputada doña María Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué razón el Gobierno no incrementa las becas? (Número de expediente 180/000280.) . . .
(Página 1504)

Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaborar un plan de reordenación del Sector Lácteo Estatal (vacuno de leche), dada la actual situación crítica del mismo? (Número de expediente 180/000250.) . . .
(Página 1505)

Del Diputado don Carlos Revuelta Méndez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Sanidad y Consumo dirigidas a potenciar la coordinación entre los niveles de atención primaria y especializadas del INSALUD? (Número de expediente 180/000288.) . . . (Página 1506)

Del Diputado don Ricardo Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha previsto el Gobierno alguna medida en cuanto a formación de profesionales sanitarios dentro del programa sanitario de asistencia a la inmigración? (Número de expediente 180/000289.) . . . (Página 1507)

De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué actuaciones piensa impulsar el Gobierno en relación al creciente hábito de fumar entre los jóvenes y especialmente entre las mujeres? (Número de expediente 180/000297.) .
. . (Página 1508)

Del Diputado don Máximo Ramón DíazCano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Le parece adecuado al Gobierno el tratamiento informativo dado por Televisión Española (TVE) el pasado día 8 de octubre a la manifestación que se desarrolló en Zaragoza contra el Plan Hidrológico Nacional? (Número de expediente 180/ 000278.) . . . (Página 1509)

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Del Diputado don Luis Acín Boned, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merecen al Gobierno las diversas posiciones de los interesados en relación al Plan Hidrológico Nacional? (Número de expediente 180/000283.) . .
(Página 1510)

Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que pueden atenderse las necesidades de agua de Aragón a medio y largo plazo, en el marco del Plan Hidrológico Nacional? (Número de expediente 180/000284.) . . . (Página 1511)

Del Diputado don Ángel Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las obras del Pacto del Agua para Aragón que estarán en curso durante este año y que están presupuestadas para el ejercicio 2001? (Número de expediente 180/000285.) . . . (Página 1512)

Del Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el Gobierno sobre el reciente viaje a España del Presidente Fox y la transición mejicana? (Número de expediente 180/000291.) . .
. (Página 1513)

Del Diputado don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los fines de la Fundación Carolina, que ha sido creada recientemente? (Número de expediente 180/000292.) . . . (Página 1514)

Del Diputado don Joxe Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Ciencia y Tecnología: ¿Tiene previsto el Gobierno diseñar un impuesto especial para dotar a la actividad científica de más recursos económicos? (Número de expediente 180/000272.) . . . (Página 1515)

De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno transferir a la Fundación para la Formación Continua en el País Vasco, Hobetuz, las cantidades pendientes debidas durante el año 2000, resultantes de la recaudación en concepto de cuotas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco? (Número de expediente 180/000271.) . . . (Página 1516)

Del Diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a los accesos a Cantabria a través de la autovía de la meseta, en base al contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001? (Número de expediente 180/000286.) . . . (Página 1517)

De la Diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con las medidas liberalizadoras sobre el suelo? (Número de expediente 180/000287.) . . . (Página 1518)

Del Diputado don José Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno, en relación al transporte marítimo, la implantación de nuevos sistemas de ayuda a la navegación marítima en las costas españolas anunciada por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento? (Número de expediente 180/000290.) . . . (Página 1519)

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Del Diputado don Josep Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas con el fin de reducir la velocidad de circulación del ferrocarril Euromed a su paso por el núcleo urbano de Salou, en beneficio de la seguridad física de sus habitantes y visitantes? (Número de expediente 180/000298.) . . .
(Página 1520)

Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Qué decisiones va adoptar el Gobierno ante la anunciada fusión de Iberdrola y Endesa? (Número de expediente 180/000273.) . . .
(Página 1521)

De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cómo piensa el Gobierno que va a afectar a las familias españolas la subida del precio de la bombona de butano? (Número de expediente 180/000274.) .
. (Página 1522)

Del Diputado don Jordi Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Reaccionará algún día el Gobierno a la continua subida de los precios de los carburantes que se sitúan ya sobre las 124,9 pesetas para el gasóleo automoción, en las 141,9 para la gasolina sin plomo y 151,9 pesetas para la súper? (Número de expediente 180/000277.) . .
(Página 1524)

De la Diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información como instrumento al servicio de la promoción turística? (Número de expediente 180/000282.) . . . (Página 1525)

Interpelaciones urgentes . . . (Página 1526)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia, así como del de la venta de Aerolíneas Argentinas . . . (Página 1526)

Presenta la interpelación urgente el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza su intervención afirmando que su grupo ha venido exigiendo claridad, transparencia y nitidez en el proceso de privatización de tantas y tantas empresas públicas, y ahora lo hace especialmente en relación con Iberia, porque es una compañía de naturaleza estratégica, que juega un papel fundamental en la economía y en la cohesión del país y es totalmente española. Hace referencia a la comparecencia del presidente de Iberia ante la Comisión de Economía, con motivo del debate de los presupuestos generales del Estado, en donde dijo que "en los años 1994 y 1995 se definieron unas sinergias de las cuales se viene aprovechando la compañía." Estas palabras le llevan a afirmar que el Gobierno socialista de los años 1993 y 1994 impulsó las políticas de liberalización del transporte aéreo. Considera que este no es un debate de naturaleza contable sino, esencialmente, de definición de política estratégica de cara a cubrir el último tramo del proceso de privatización del grupo Iberia, y muestra la preocupación de su grupo por una privatización, que es la más larga de la historia, de un proceso privatizador del sector público español. A continuación recuerda la venta del célebre barco Ciudad de Zaragoza por parte de la Dirección General de Patrimonio a la naviera del señor Matutes, entonces ministro de Asuntos Exteriores, por un precio excelente.
Plantea una serie de preguntas sobre la participación de Iberia en Amadeus y su segregación de Iberia poniéndolo en manos de la SEPI, y solicita del señor ministro una larga explicación sobre la evolución de la compañía.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En primer lugar contesta a la alusión del señor interpelante sobre la venta de un barco de la firma Transmediterránea a una compañía privada, diciendo que el señor Segura, tras la contestación que le dio entonces, no tuvo argumentos para continuar con el debate, retándole a que lo haga ahora, si es que tiene alguno, para que se vea hasta qué punto el interpelante es capaz de hacer afirmaciones sin final sobre personas que no se corresponden con la realidad. No va a discutir sobre la gestión del Gobierno

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socialista en la compañía Iberia, porque los datos son los que son y son conocidos por todos, pero no está de acuerdo en absoluto con los criterios financieros del señor Segura y afirma que el Gobierno del Partido Popular tomará las decisiones que más favorezcan a los intereses generales que, en su opinión, es cuanto más recursos se puedan obtener mejor. Aludiendo a Aerolíneas Argentinas se refiere a que la decisión de la compra de esa compañía se tomó en 1990, con un gobierno socialista, con una inversión de más de 2.000 millones de dólares, que son los que va a tener que aportar el erario público español a Aerolíneas Argentinas, pero ratifica la voluntad del Gobierno del Partido Popular de cumplir con los compromisos establecidos con Aerolíneas Argentinas.


Replica el señor Segura Clavell, duplicando el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y López- Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia . . .
(Página 1534)

Presenta la interpelación urgente el señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que su interpelación arranca de un debate jurídico cuya resolución se produjo en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional el 11 de noviembre de 1999. En dicho fallo, dictado por el alto tribunal conociendo dos recursos de insconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno vasco y el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, se ve claro la falta de acomodo a nuestra Constitución de determinados preceptos de la Ley 16/1989, de defensa de la competencia, que fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional, quedando diferida dicha nulidad hasta el momento en que resultaran establecidos y configurados los pertinentes criterios de conexión, de tal forma que las comunidades autónomas puedan desarrollar de manera plenamente operativa tales importantes competencias. Manifiesta que el motivo de la interpelación, que con carácter urgente ha presentado su grupo, es conocer en qué grado se hallan los trabajos que deban efectuarse para poner fin a esta anómala situación.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Explica en primer lugar la sentencia de 11 de noviembre del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales seis preceptos de la Ley de 1989, dejando claro que el Tribunal entiende que habrán de atribuirse al Estado todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional y que, por lo tanto, corresponden al Estado no sólo las actuaciones normativas sino también las ejecutivas relacionadas con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos se realicen exclusivamente en una comunidad autónoma.
Reconoce que existe el compromiso del Gobierno de discutir la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, adaptándola a la doctrina del Tribunal Constitucional, y avanza que el anteproyecto se encuentra en un proceso de elaboración, confiando en poder someterlo a los preceptivos informes del propio Tribunal de Defensa de la Competencia y del Ministerio de Administraciones Públicas en fechas próximas y, a partir de ahí, ofrecerlo a información pública, a efectos formales.


Replica el señor Padrol i Munté, duplicando el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del salario mínimo interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo (IPC) . . . (Página 1542)

Presenta la interpelación urgente, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Frutos Gras. Plantean esta interpelación para que se cumpla algo que está ya establecido por el Estatuto de los Trabajadores y que, por tanto, tiene rango constitucional, que es una revisión semestral del salario mínimo cuando los precios superen en un momento determinado lo que es la revisión que se ha efectuado en el anterior ejercicio, y aprovecha la ocasión

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para pedir que se busque la manera de poder afrontar un aumento sustancial de este salario mínimo.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos sociales (Aparicio Pérez). No pretende eludir su responsabilidad, pero manifiesta que esta cuestión trae causa del Estatuto de los Trabajadores, del que se cumplen ahora 20 años, por lo que no cabe imputar a este Gobierno un comportamiento especialmente distinto al de otros gobiernos. Explica los cuatro elementos determinantes de la revisión del salario mínimo, enfatizando en la complejidad de la materia porque, según los criterios del interpelante, se podría llegar a creer que el único elemento determinante es el índice de precios al consumo. Contesta a los extremos de la interpelación presentada por el señor Frutos y explica la dificultad que entraña el medir en una frecuencia semestral algunos de los indicadores, porque, añade, eso introduciría elementos de riesgo, de revisión sistemática y permanente de los incrementos salariales, y ésa no parece que sea la opinión que mantiene la propia negociación colectiva.


Replica el señor Frutos Gras, duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULAALSEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ RESPONDE EL GOBIERNO SOBRE LA REPATRIACIÓN DE INMIGRANTES, ENCERRADOS EN LAS BODEGAS DE LOS FERRYS O TRANSBORDADORES? (Número de expediente 180/000270.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.
Pregunta número 11, que formula el diputado don Felipe Alcaraz Masats.


El señor ALCARAZ MASATS: Buenas tardes.
Señor ministro, ¿cómo nos explicaría usted el traslado de inmigrantes en las bodegas de los navíos?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor ministro.


INTERIOR El señor MINISTRO DEL (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, quiero decirle que todos los traslados de inmigrantes desde 1985 se realizan, primero, cumpliendo la ley; segundo, cumpliendo los convenios internacionales marítimos; y, en tercer lugar, cumpliendo siempre las instrucciones de los capitanes de los barcos, que son los que tienen la autoridad en estos lugares. Quiero decirle, señoría, que se pueden, se deben y se van a mejorar las condiciones de traslado de esos inmigrantes, pero en ningún caso ha habido contravención de acuerdo, ley o norma alguna.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor ministro, estamos de nuevo ante la vieja imagen de los esclavos que se trasladaban en la bodega de los navíos. (Rumores.) ¿Recuerda el daguerrotipo? Y usted es el autor de esta reposición. Sí, sí, estamos hablando de leyes internacionales que no se cumplen. No ha dicho usted la verdad. Yestamos hablando también de derechos humanos, señor Mayor Oreja, porque hay una cosa que usted no comprende, y es que los derechos humanos hay que aplicarlos -no son proporcionales- a todo el mundo, tenga papeles o no, sean legales o ilegales. Esto es lo que usted no termina de entender, señor Mayor Oreja. Ni siquiera, señor ministro, en una buena ley de protección de los animales se permitiría el traslado que se está realizando con estos inmigrantes, por razón del corrimiento de las cargas y la posibilidad de vías de agua.
Señor ministro, han trabajado ustedes de manera consciente y sistemática el llamado efecto llamada, como un efecto invasión, como un efecto que aumentaría la inseguridad y cuya consecuencia sería que se llevaría puestos de trabajo. Con la misma sistemática consciente y la misma política mediática recurrente ustedes están organizando el efecto contrallamada, un efecto que ustedes organizan a partir de la aplicación de una ley que aún no se ha votado aquí, que es el texto de la contrarreforma de la ley involutiva con respecto a la que pactamos aquí, que se aprobó en enero. Ustedes están aplicando, señor Mayor, un estado de excepción encubierto con respecto a principios fundamentales y con respecto al fin del Estado de derecho en frontera. No piense que este tema nos lo van a inocular intentando

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de todos un giro a la derecha, un giro a la involución, a la insolidaridad. La izquierda no puede pactar este tema, señor Mayor Oreja; la izquierda no puede pactar este nuevo texto que ustedes traen, por lo menos nosotros no lo vamos a pactar. Señor Mayor Oreja, deje paso a la solidaridad y empiece ya su precampaña electoral.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, después de su intervención, no he escuchado ni ha citado ninguna ley, ninguna norma, ningún artículo en el que usted pudiese esbozar mínimamente incumplimiento por parte del Gobierno, absolutamente ninguna norma, señoría. Los traslados se producen de esta forma desde el año 1985, ininterrumpidamente, señoría. Y quiero poner las cosas en su sitio. Estamos hablando de trayectos que no suelen sobrepasar los 30 ó 40 minutos, de distancias que no sobrepasan los 15 kilómetros, trayectos que realizan estos inmigrantes acompañados por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las mismas condiciones que los inmigrantes.
No hablemos de bodegas, señoría. Las bodegas se reservan para la carga del barco y se encuentran en otras condiciones. Los traslados de los inmigrantes se hacen en lo que se llaman plataformas de vehículos, que también son utilizadas en muchos casos por pasajeros que trasladan sus propios coches en el barco, que además permanecen voluntariamente en el interior de los mismos, y eso ocurre múltiples veces durante el paso del Estrecho, señoría, sin que se pueda hablar de esclavitud, como usted ha hecho hace muy pocos minutos. Las plataformas de esos vehículos están iluminadas, ventiladas y están comunicadas constante y permanentemente, no son bodegas de descarga, señoría. Y hablando de rigor y de barcos, usted debe dejar el barco de la demagogia y a ver si se embarca alguna vez en el barco del rigor y de la realidad. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONSUELO RUMÍ IBÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO LA REPATRIACIÓN DE INMIGRANTES EN LAS BODEGAS DE LOS BUQUES? (Número de expediente 180/000275.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula la diputada doña María Consuelo Rumí Ibáñez.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor ministro, ¿cómo explica el Gobierno la repatriación de los inmigrantes en las bodegas de los barcos? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Silencio, señorías.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, exactamente haciendo lo que ustedes desde su Gobierno han hecho durante diez años. (Rumores.) Nosotros en estos cinco años estamos utilizando las mismas normas y, en todo caso, en su Gobierno y en el nuestro cumpliendo estricta y escrupulosamente la ley. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor ministro, la verdad es que no tenía grandes expectativas con respecto a la respuesta a esta pregunta, pero lo cierto es que ha desbordado negativamente todas mis previsiones, y lo ha hecho porque elude sus responsabilidades, y además porque no demuestra ninguna inquietud sobre este tema cuando estamos hablando de vidas humanas, de la vida de los inmigrantes pero también de la vida de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que usted dirige, por cierto.
Señor ministro, se ha vulnerado el convenio para la seguridad de la vida humana en el mar, que impide taxativamente que los pasajeros viajen en los garajes de los buques. Además, esto es así desde 1997.
Aquí está el convenio y el capítulo donde se realizan las enmiendas que ustedes no han enmendado. Por tanto, no hay nadie que haya vulnerado esta normativa excepto ustedes, y usted lo sabe, señor ministro, sólo ustedes han vulnerado este convenio.
Es cierto que los capitanes de los barcos pueden autorizar el acceso a los garajes; autorizar, señor ministro, no permitir la estancia en los mismos durante la travesía. Esto, señor ministro, es precisamente lo que desgraciadamente ha ocurrido, pero no por decisión de los oficiales, sino por iniciativa de los responsables de su Ministerio.
Nada les obliga a que los traslados se hagan en las bodegas, y a usted le corresponde la responsabilidad de que se hayan efectuado de este modo. Señor Mayor Oreja, me permito recordarle que es responsabilidad de su Ministerio encontrar y poner en práctica soluciones a los traslados que garanticen, además, la seguridad de todo el pasaje y que adopten las medidas necesarias para evitar incidentes.
Señor ministro, ¿le parece razonable que seres humanos viajen en las bodegas destinadas a los vehículos, que además lo hagan encerrados en estos, con riesgo de sus vidas? ¿Puede usted hacerme algún razonamiento para obligar a tantas personas a embarcarse

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en una travesía sin las adecuadas condiciones de seguridad, con la indefensión ante cualquier incidente que se produzca en el mar? O, lo que es peor, señor ministro, ¿le parece propio en un Estado de derecho que, contraviniendo el más elemental sentido humanitario, responsables de su Ministerio adopten decisiones que nos podrían abocar a tragedias irremediables? Me gustaría que contestara a estas consideraciones; que admita el error de su Ministerio; que se comprometa, no sólo con palabras sino con medidas, a que semejantes disparates no se vuelvan a repetir.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta, señoría, vuelvo a repetirle lo mismo que con anterioridad: no ha habido en este Gobierno absolutamente ningún cambio, ninguna norma nueva a efectos de traslado de inmigrantes devueltos, ni una sola norma diferente de la existente en la década ochenta y cinco/noventa y cinco. En todas las normas hay un principio básico que es el que hay que saber respetar, que es que hay una autoridad en el barco que es la única que determina la seguridad existente en el mismo, la única, y es el capitán. Y es el capitán es el que determina, no el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
(Rumores.-El señor Estrella Pedrola: ¡La ley!) Señorías, tranquilícense. El capitán de la embarcación determina cuándo hay riesgo y cuándo no. De hecho, a partir del 5 de octubre, algunos capitanes han tomado unas decisiones que nosotros respetamos y acatamos. Señoría, defender la normalidad de los traslados y afirmar con rotundidad que nunca se ha vulnerado convención alguna internacional no significa -y no lo hacemos nosotros-, ante lo que en un momento dado ha saltado en un medio de comunicación, y no precisamente de sus filas ni de ninguna otra, sino de un medio de comunicación y se lo agradezco, que no vayamos a introducir mejoras, y lo vamos a hacer. En ese sentido, la Secretaría de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior está planteando un acuerdo casi ultimado con las compañías marítimas para que se habiliten unas dependencias de traslado exclusivo para emigrantes en la zona de cubierta con las debidas garantías de separación y seguridad...
(Rumores.- Varios señores diputados: ¡Ahora!) Señorías, dirán ustedes lo que quieran, pero en diez años de gobierno ustedes no lo hicieron y en cinco años lo va a hacer este Gobierno. (Aplausos.-Rumores.-Los señores Martínez Sanjuán e Isasi Gómez pronuncian palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señor Martínez Sanjuán! ¡Señor Isasi! - DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VIABILIDAD CONSIDERA EL GOBIERNO QUE PUEDE TENER EL PROGRAMA GLOBAL DE REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA(PLAN GRECO) EN ELAÑO 2001? (Número de expediente 180/000276.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula la diputada doña Rosa Delia Blanco Terán.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué viabilidad considera el Gobierno que puede tener el Programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en España, el Plan Greco, en el próximo año 2001? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanco.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): La viabilidad del programa es total. Lo que puede estar en discusión es el grado de acuerdo al que podemos llegar en la subcomisión correspondiente, que deseamos que sea el máximo, para que este primer plan conjunto de inmigración sea una realidad.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señora Blanco.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, suponía que iba a decir esto, era obvio. (Rumores.) Hoy mismo se ha creado la subcomisión de integración en la Comisión de Justicia e Interior, así que era obvio. Pero yo le estaba preguntando otra cosa, señor ministro. Usted sabe mejor que nadie que fue el Partido Socialista el que lanzó la propuesta de llegar a un pacto de Estado sobre la inmigración y la extranjería en España.
Éramos y somos conscientes de que la inmigración supera el ámbito temporal de una legislatura y de que la política de inmigración no puede ni debe limitarse a la discusión que suscita su reforma de la ley. El pacto debe abordar la ley, pero también toda una serie de cuestiones que junto a la ley definen una auténtica política migratoria. En este marco se crea la subcomisión, pero ustedes se adelantan y anuncian la semana pasada, a bombo y platillo, que ya tienen el Plan Greco. Es decir, nos cuentan que tienen cuatro líneas de actuación sobre las cuales esta subcomisión se tiene que poner a trabajar; nos cuentan las 77 medidas del Plan Greco y los ministerios implicados. ¿Señor ministro, le parece razonable empezar a trabajar así,

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poniendo los deberes a la subcomisión cuando todavía no se ha reunido y se ha constituido al día de hoy? ¿Le parece razonable que no esté presupuestado en ningún sitio de dónde se va a sacar el dinero para este Plan Greco? Además de no presupuestarlo y de decirnos que está disperso en siete ministerios, que ustedes no aclaran -no en ocho, como afirman-, algunas de sus medidas sí las presupuestan. Por ejemplo, la número 53, campañas de información sobre los riesgos de la inmigración irregular y el tráfico de seres humanos en los países de origen. ¿Le parece razonable hacer campañas de este tipo en otros países como Marruecos? ¿Le parece que esto entra también dentro del Plan Greco, puesto que está presupuestado? ¿Le parece que no es posible seguir en esta dinámica si queremos llegar a buen puerto? Dicen ustedes que van a integrar a los inmigrantes, pero por el momento lo único que se ve es que siguen alarmando a la población sobre el tema de la inmigración.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Blanco.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, el programa global de coordinación y regulación de la extranjería y la inmigración constituye la primera iniciativa global de un Gobierno para afrontar el fenómeno de la inmigración y significa, además, esencialmente el instrumento necesario y complementario a la existencia de una ley de inmigración. Pero es la primera vez que un programa como tal aborda instrumentos no sólo de coordinación, sino de participación de un conjunto de departamentos ministeriales. Señoría, hay una primera previsión presupuestaria, hay una realidad de 2.500 millones de pesetas para la Delegación del Gobierno, y nosotros lo que decimos es que además tendrá que haber actuaciones de los diferentes departamentos ministeriales, y evidentemente en esas partidas presupuestarias no podemos diferenciar ni separar lo que vamos a gastarnos para residentes españoles y cuánto para residentes inmigrantes. Por eso no podemos cuantificar en esos departamentos, porque no puede haber partidas presupuestarias para españoles y partidas presupuestarias para inmigrantes. Se puede planificar y presupuestar lo que para la coordinación necesita la Secretaria de Estado, y ésa es la filosofía del plan y de la presentación del plan.
Señoría, no hay más que una voluntad del Gobierno presentando este plan: que haya un texto sobre el que trabaje la subcomisión. Podíamos haber ido a la subcomisión sin trabajo previo del Gobierno, pero nos hubiese parecido una irresponsabilidad. Era una manera de abdicar de la responsabilidad de un Gobierno a la hora de afrontar esta cuestión. Tiene que dar su opinión, pero -quiero tranquilizarle, señoría- lo hacemos para trabajar, porque estamos abiertos a las sugerencias de los demás grupos parlamentarios, porque el criterio del Gobierno en la inmigración es buscar, en la medida de lo posible, el mayor acuerdo con todas las fuerzas políticas parlamentarias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN CHACÓN PIQUERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ RAZÓN SE NIEGA EL GOBIERNO A IMPLANTAR EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EL PRICIPIO DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO? (Número de expediente 180/000279.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta número 20, que formula la diputada doña Carmen Chacón Piqueras.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, sepa usted que los presupuestos para el 2001 que nos han presentado nos han resultado decepcionantes, pero en particular lo son, me imagino que también para usted, los de su Ministerio. ¿Por qué a día de hoy todavía se niega el Gobierno, señora ministra, a implantar en la enseñanza obligatoria el principio de gratuidad en los libros de texto?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, el 25 de noviembre de 1999 hubo un acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara que concluía que la gratuidad de los libros de texto en los niveles de enseñanza obligatoria es un objetivo al que debe tenderse de forma gradual, de acuerdo con las correspondientes disponibilidades presupuestarias y garantizando, en todo caso, el principio de equidad. Así reza literalmente la conclusión de aquel acuerdo. Pues bien, es mi interpretación como ministra que el Gobierno está cumpliendo adecuadamente con ese objetivo con la actual política de becas y ayudas, mediante la que está desarrollando una ampliación progresiva de los sistemas de financiación pública de los libros de textos en las enseñanzas obligatorias. En este sentido, quiero recordarle, señoría, que en el período 2000-2001 se han convocado 625.000 ayudas para libros de textos y material escolar complementario, lo que supone un

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incremento de 300.000 respecto al curso anterior, con un coste estimado de 7.500 millones de pesetas, y que además la orden de convocatoria recoge el compromiso expreso del Gobierno de alcanzar el objetivo de extender estas ayudas a todas las familias que perciban rentas inferiores al actual umbral que hace preceptivo la declaración del IRPF.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora ministra, usted sabe que, a las puertas del siglo XXI, para que la educación sea de verdad gratuita y para todos lo deben ser también los instrumentos que la garantizan, los libros, y a los socialistas ese nos parece un objetivo prioritario e inminente. Pero para ustedes ese no es el camino y, por tanto, también deben estar equivocados la mayoría de países de Europa, puesto que usted sabe que sólo España, junto a Grecia y Portugal, no tiene implantada la gratuidad del libro de texto, y además Portugal ha dicho ya que lo va a implantar de inmediato. Pero no sólo está equivocada Europa, también lo están los padres de alumnos que, como usted sabe, trajeron a esta Cámara la primera iniciativa legislativa popular con el apoyo de los sindicatos, además de 600.000 firmas, para la gratuidad de los libros de texto, iniciativa que no prosperó porque ustedes se negaron como al resto de iniciativas que mi grupo ha hecho en ese sentido.
Le anuncio de nuevo que enmendaremos los presupuestos por la gratuidad del libro de texto, y lo haremos, señora ministra, por una sola razón, porque no creemos en los milagros, porque nos dice que usted quiere una educación de calidad y nos presenta en esta Cámara un presupuesto regresivo y casi ridículo. Usted misma anteayer lo calificó de merma de recursos, porque parece ser que la solución a los males de la educación es la famosa reforma de las humanidades para la que usted presupuesta cero pesetas, y además porque nos dice que no hacen falta los libros de texto gratis porque tenemos un grandísimo sistema de becas, y entonces nos trae un presupuesto a esta Cámara de becas que aumenta un 2,5 por ciento. Es decir, restada la inflación, lo estamos disminuyendo en un 0,4. Además, nos asegura que, para libros de texto, las becas suben un 92 por ciento, y usted sabe que es una afirmación mezquina. Lo es, señora ministra, porque sabe que en realidad 7.500 millones son insuficientes, pues la ayuda por alumno es de 12.000 pesetas y sabe que el gasto medio será como mínimo de 25.000. Además, ese presupuesto sólo llegará al 1 por ciento de los escolares.
Rectifiquen, apúntense y apúntennos a Europa, sigan las demandas de padres, sindicatos, centros educativos, editoriales y libreros y acepten nuestra enmienda para la gratuidad. Al menos en educación, señora ministra, cuélguese alguna medalla. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señoría, yo no creo en los milagros, pero desde luego en lo que no creo es en las fantasías y las fantasías en materia educativa han sido muy amplias durante mucho tiempo. Así que, como no creo en las fantasías y hay que ir a las realidades, le puedo asegurar que el esfuerzo que han hecho los gobiernos sucesivos en los últimos años, y también este año, en mi Ministerio a efectos de aumento de las ayudas para libros de texto ha sido muy notable.
Señoría, la gratuidad/préstamo de los libros de texto está implantada efectivamente en algunos países. Le recomiendo que pida a los editores los informes que tienen sobre los efectos y consecuencias no queridas de esos sistemas de gratuidad en términos de obsolescencia y de desarrollo de otros sistemas alternativos al libro de texto, porque es extraordinariamente interesante conocer también las consecuencias negativas que está teniendo eso.
En todo caso, las 12.000 pesetas que se da a las familias en concepto de ayuda es el gasto medio que considera la asociación de editores; pregúnteles a ellos que lo tienen publicado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ RAZÓN EL GOBIERNO NO INCREMENTA LAS BECAS? (Número de expediente 180/000280.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula la diputada doña María Amparo Valcarce García.


La señora VALCARCE GARCÍA: ¿Por qué razón el Gobierno no incrementa las becas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Pregunta escueta, señoría. Señora presidenta, permítame que, con algunos datos, le demuestre lo contrario, aunque no tenemos tiempo excesivo en estos momentos.
Las becas han pasado de 80.000 millones en el año 1996 a 105.429 para el año 2001. Es decir, el presupuesto ha

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crecido en todo ese periodo un 32 por ciento en pesetas corrientes y un 20 por ciento si hablamos en términos de presupuesto deflactado.
Además, hay que añadir el importe de las becas Erasmus, el importe de las becas Séneca de movilidad intercomunitaria e interregional, con lo que nos encontramos con un total de becas y ayudas al estudio que se cifra en 107.000 millones de pesetas. Además, el número de becarios ha decrecido de manera sensible por varias razones confluyentes, entre las que destaca el descenso de la natalidad, con la consiguiente reducción de alumnos. Destinar cada vez más recursos a compensar las desigualdades socioeconómicas es algo que ha venido haciendo el Gobierno no en esta legislatura, sino desde 1996.
Recuerde, señoría: de 80.000 millones en 1996 a 107.000, incluyendo todas las partidas, para el 2001.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señora ministra, hacen falta más becas. Se lo dicen los estudiantes, se lo dicen las asociaciones de padres, se lo dicen los sindicatos de profesores. Señora ministra, usted no escucha.
La realidad es la siguiente. Este año van a crecer las becas menos que el año anterior. Esto no lo decimos los socialistas, lo dice el ministro de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado. Usted sabe que, en pesetas constantes, el año que viene habrá menos dinero para becas. Exactamente, habrá un 0,7 por ciento menos. Usted sabe, porque así lo dicen los datos de su Ministerio, que habrá 15.200 universitarios menos. Usted sabe, además, que habrá nada menos que 7.780 universitarios españoles que no podrán tener una beca Erasmus para estudiar en otros países de la Unión Europea. Esto lo dice su Gobierno, esto no lo decimos los socialistas.
Señora ministra, lo que decimos los socialistas es que queremos una sociedad más moderna, una sociedad más justa, una sociedad más formada. En definitiva, queremos parecernos a los países de nuestro entorno europeo, y usted, si lee el informe Bricall, el informe sobre la situación de la universidad española, sabrá que dice que en nuestro entorno europeo, en los países de la Unión Europea, de cada 100 estudiantes universitarios, 40 tienen una beca o ayuda al estudio; en España, sólo 17 de cada 100 universitarios tienen una beca o ayuda al estudio. Esto es lo que hay que cambiar, señora ministra, y con su propuesta de becas retrocedemos en vez de avanzar.
Los socialistas enmendaremos el presupuesto de educación; lo vamos a enmendar porque es injusto, porque es insolidario, y lo es especialmente en el capítulo de becas, porque nosotros queremos ofrecer a los jóvenes españoles, desde luego, más igualdad de oportunidades, pero sobre todo una formación universitaria de calidad, una formación universitaria para todos.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, aprovecho el poquísimo tiempo que tengo para hacer un excurso. No se adelanten con el tema de la financiación de la reforma de las enseñanzas mínimas que incluye las humanidades. Ya hablaremos de la financiación de eso.
Quiero decirle una cosa. Hay unos datos contundentes, señoría. Son cinco millones y medio de familias las que pueden solicitar una beca, es decir, el 43,65 por ciento del total de las familias españolas.
Los datos son contundentes, cinco millones y medio de familias, el 43,65 por ciento del total de familias españolas. Me tengo que quedar aquí, señoría. Me parece totalmente contundente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¿Por qué no se las dan?)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.


- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿PARA CUÁNDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ELABORAR UN PLAN DE REORDENACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO ESTATAL (VACUNO DE LECHE), DADA LA ACTUAL SITUACIÓN CRÍTICA DEL MISMO? (Número de expediente 180/000250.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, número 10, que formula el diputado don Iñaki Txueka Isasti.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señor ministro, arratsalde on, buenas tardes.
De todos es conocida la delicada situación que atraviesa el sector lácteo vacuno del Estado español. Por lo tanto, señor ministro, la pregunta es evidente: ¿Para cuándo un plan general del Ministerio que reordene el sector y ponga remedio a la situación actual?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, presidenta.
Señorías, la situación del sector lácteo no puede ser considerada crítica en estos momentos. De una estructura productiva, a principios de los años noventa, poco eficaz, con más de 142.000 productores, con una cuota media de 35.000 kilos por productor, hemos pasado a tener 61.000 productores, con una cuota media por encima de los 90.000 kilos; los precios están evolucionando al alza, situándose por encima de las 50 ó 52 pesetas; la demanda de materia prima por parte de las industrias es firme y sostenida y, por otra parte, el 28 de septiembre fue reconocida la interprofesión del sector lácteo, que va a ser un instrumento de colaboración con el Gobierno para una profunda reordenación del sector.
Gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señor ministro, mire si la situación es crítica. La producción real de leche en el Estado español ronda los 7,5 millones de toneladas. Por lo tanto, más del 30 por ciento de la leche producida está sin cuota, es ilegal. Primer problema. De la leche que tiene cuota, según la Federación española de productores de lácteos, sólo el 70 por ciento cumple las normas de calidad exigidas por la Unión Europea, de obligado cumplimiento. Segundo problema. El resto de la leche ni lo menciono, ya que en su mayoría ni es sometido a control de calidad. El resultado de todo ello es que tenemos un montón de leche fuera de cuota, fuera de calidad. Tercer problema.
Esa leche es comprada a bajo precio a los ganaderos por los grandes grupos industriales que fabrican segundas marcas, líneas blancas, y además con políticas de precios que impiden una competencia seria y real a las industrias que se ajustan o desean ajustarse a los parámetros de calidad y de cuotas establecidas. Cuarto problema. Si a todo esto añadimos las políticas de la gran distribución alimentaria, que con frecuencia utilizan como reclamo comercial la práctica ilegal de venta de leche con pérdidas, la realidad es que nos encontramos, a nuestro juicio, con un panorama futuro del sector lácteo bastante desolador.
Señor ministro, el Ministerio conoce perfectamente esta realidad, y es más, ahora lo conoce la Unión Europea. Recientemente, la Feplac ha denunciado formalmente ante la Comisión Europea la situación que le estoy exponiendo. Desde 1996, fundamentalmente las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica - Asturias, Santander, País Vasco y Navarra- vienen insistiendo en ello, sin banderas y sin partidismos. Se lo han presentado a los dos ministros anteriores, y ni caso. Por todo ello, señor ministro, enfréntese al problema antes de que le explote en las manos. Trabaje con las comunidades autónomas y preséntenos un plan riguroso e integral de reordenación y de actualización del sector lácteo, que responda a todos los problemas que tiene.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
Este ministro es consciente del problema que existe en el sector lácteo. He impulsado la creación de una interprofesional. El pasado 9 de octubre, me he reunido con la interprofesional para abordar, con prudencia no exenta de energía, la solución de todos estos asuntos.
Con prudencia, porque no hay que crear alarma social innecesaria; con energía, porque hay que defender la calidad y a los consumidores.
Estamos ante un sistema muy complejo. Ahora mismo, cuando hemos repartido las 550.000 toneladas de cuota adicional que la hoy comisaria Loyola de Palacio consiguió en la Agenda 2000, podemos paliar el déficit estructural de cuotas y los problemas de sobrepasamiento, e introducir mayor transparencia en el sector. Lo voy a hacer en colaboración con las comunidades autónomas, mis mejores aliadas en este proceso, pero como le digo a S.S., con prudencia, sin crear alarma social, con energía y con transparencia.
No dude usted que mi deseo es favorecer a aquellos productores que han mejorado sus explotaciones, que las han dotado de registros de calidad y que se enfrentan a un mercado complejo; a ellos es a quienes debo proteger y amparar. Por tanto, señorías, soy plenamente consciente de la oportunidad de su pregunta, soy consciente de los esfuerzos que su Gobierno autónomo está haciendo en el buen camino de garantizar seriedad en el sector, y pienso impulsar una política similar en todas las comunidades autónomas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS REVUELTA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DIRIGIDAS A POTENCIAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADAD EL INSALÚD? (Número de expediente 180/000288.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a laseñora ministra de Sanidad y Consumo.


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En primer lugar, pregunta número 28, que formula el diputado don Carlos Revuelta Méndez.


El señor REVUELTA MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en nuestro país, en décadas pasadas, asistimos a un escenario sanitario hospitalocentrista, con un menoscabo absoluto hacia el papel que la medicina primaria había venido desempeñando históricamente como eje vertebrador de toda la asistencia. En los últimos años, la atención primaria ha recuperado parte del prestigio social perdido, y, hoy por hoy, se le reconoce su innegable protagonismo, no sólo como eslabón inicial del sistema asistencial sanitario, sino también en su función promotora de la salud, rehabilitadora, e incluso docente e investigadora, capaz de ofertar al ciudadano una atención integral, continuada, permanente, accesible y participativa.
No obstante todo lo anterior, distintas sociedades profesionales y científicas, como la Semergen o la Senfic, colegios de médicos, asociaciones de usuarios, etcétera, e inclusive las propias asociaciones sanitarias han venido preconizando la necesidad de fomentar una mayor coordinación entre los distintos niveles asistenciales. Diversos autores y estudios defienden que una optimización de la coordinación entre niveles se traduciría en una asistencia no sólo más eficaz, sino también más eficiente, capaz asimismo de mejorar un capítulo tan importante como es el de la calidad asistencial percibida por el usuario. Los que hasta ahora hemos venido dedicando nuestro ejercicio profesional a la atención sanitaria en el medio rural somos conscientes de las enormes dificultades que entraña esta adecuada relación entre la atención primaria y especializada. Por eso y por todos los motivos anteriores es por lo que formulamos a la señora ministra de Sanidad y Consumo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Sanidad y Consumo dirigidas a potenciar la coordinación entre los niveles de atención primaria y especializada del Insalud? Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora presidenta.


Efectivamente, señor diputado, hay una cierta tendencia a centrar la asistencia sanitaria en torno a los hospitales. Si uno analiza las encuestas de opinión pública realizadas por los propios instrumentos del Gobierno, a través del CIS, los ciudadanos tienen una valoración muy positiva de la asistencia hospitalaria y, sin embargo, le dan poco valor a la asistencia primaria. Tenemos la obligación de cambiar esta dinámica porque la asistencia primaria es la base fundamental del sistema.
Estamos obligados a dotarla de los medios económicos y humanos adecuados para que realicen su labor de la mejor forma posible. Al mismo tiempo, hay que adecuar la formación continua de la asistencia primaria a las necesidades reales de los pacientes y, como tercera pata de esa mesa, está la coordinación con la asistencia especializada.
Desde el Ministerio se está trabajando en la potenciación de las comisiones paritarias ya existentes, dándoles un contenido más real y una priorización mayor, agilizando la elaboración, dentro de estas comisiones, del catálogo básico de pruebas, de forma que quede muy delimitado cuáles son las necesidades de pasar a las consultas especializadas y a la asistencia especializada.


Asimismo, hay que asegurar el intercambio de información clínica entre facultativos de los dos niveles a través de diversas actuaciones, entre las cuales se encuentran: la mejora de la calidad de la hoja de interconsulta entre los dos sistemas, los informes clínicos de alta del paciente en la comunicación permanente entre los dos sistemas, facilitar que tanto la atención primaria como la atención especializada utilicen de forma sistemática la tarjeta individual sanitaria, la potenciación de la asistencia y atención domiciliaria, base fundamental de la percepción del ciudadano sobre la asistencia primaria, sobre si va bien o no, así como desarrollar de forma más decidida los programas de la asistencia ambulatoria.
Desde esta óptica, se están dando magníficos resultados y se puede descargar de forma importante a la asistencia especializada con medidas que potencian la asistencia primaria. Si escuchamos también a los representantes de este sector conseguiremos que nuestro sistema vaya perfeccionándose.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON RICARDO BUENO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿HA PREVISTO ELGOBIERNO ALGUNAMEDIDAEN CUANTO A FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS DENTRO DEL PROGRAMA SANITARIO DE ASISTENCIA A LA INMIGRACIÓN? (Número de expediente 180/000289.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don Ricardo Bueno Fernández.


El señor BUENO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, últimamente están llegando al territorio español un número considerable deinmigrantes, lo que origina una serie de problemas en

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cuanto a la educación, sanidad, vivienda o trabajo. Ello supone un gran esfuerzo para todas las autoridades, tanto las autonómicas como las locales, como las de la Administración central, además de la cooperación de la sociedad, en general, ante esta nueva situación.
Por ello, señora ministra de Sanidad y Consumo, pregunto: ¿Ha previsto el Gobierno alguna medida en cuanto a la formación de profesionales sanitarios, dentro del programa sanitario de asistencia de los emigrantes, así como a los reconocimientos sanitarios a los mismos? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueno.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Señor diputado, en las sociedades modernas el intercambio permanente de personas y de domicilios provocan nuevas situaciones diferentes y España no podía ser menos, no solamente por la presencia de la inmigración ilegal, sino también por la presencia de la emigración legal y de personas que vienen a trabajar a nuestro país y, asimismo, la mayor capacidad económica de los españoles que ha hecho que viajemos a países con problemas sanitarios importantes. Parece emerger algún tipo de enfermedades que no es producto directo de la inmigración, sino del intercambio de entrada y salida de ciudadanos tanto españoles como de otros países.
El Instituto de Salud Carlos III está trabajando para dotar al personal sanitario, tanto de asistencia primaria como especializada, de conocimientos que para algunos de estos colectivos ya habían desaparecido del mapa de estudios en la medicina. Prepara no solamente a los médicos y a otros profesionales sanitarios, sino también a los expertos de laboratorio, a los preventivistas, a los cooperantes o personas relacionadas con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el entorno de la inmigración y esta formación complementa la de aquellos profesionales sanitarios que realizan el reconocimiento médico.
Pretendemos prever posibles problemas que pudieran surgir -insisto- del intercambio permanente de personas que se produce en las sociedades modernas. En el sentido de la inmigración, me gustaría alejar cualquier miedo que pudiera aparecer en cualquier persona o colectivo sobre la transmisión de determinadas enfermedades. El propio Gobierno creó, dependiente del Ministerio del Interior, como usted sabe, la Delegación el Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, dentro de la cual se encuentran los programas sanitarios que el Ministerio de Sanidad ha preparado, ha colaborado y ha puesto en marcha con el Ministerio del Interior.
Esperamos de las comunidades autónomas la colaboración que deben prestar, puesto que la asistencia sanitaria interior, es decir, dentro del país, corresponde a las comunidades autónomas y la sanidad exterior es la única que sigue dependiendo del Estado. Por lo tanto, a través de convenios de colaboración con las comunidades autónomas conseguiremos resolver el problema en el caso de que éste se presente, que hasta este momento no ha sido así.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ ACTUACIONES PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL CRECIENTE HÁBITO DE FUMAR ENTRE LOS JÓVENES YESPECIALMENTE ENTRE LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000297.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula la diputada doña Zoila Riera i Ben.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el consumo de tabaco es un importante problema de salud pública. Representa uno de los factores de riesgo más importantes para la salud, se asocia a muchas enfermedades y es la principal causa aislada de mortalidad prematura. No obstante, cada uno va a lo suyo y la industria tabaquera ha invertido mucho dinero en publicidad destinada al mantenimiento y a la captación de nuevos fumadores, sobre todo entre la población más vulnerable, adolescentes y jóvenes. A nadie se le escapa que ha habido también una voluntad de captar, bajo lo que a mi modo de ver es un feminismo mal entendido, a la población femenina, con el espejismo de que al adquirir hábitos que tradicionalmente se consideraban masculinos la mujer se igualaba al hombre.
En el año 1997, la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud acordó una resolución en el III Plan de actuación para una Europa sin tabaco, con la finalidad de reducir el consumo de tabaco, en la que se fijaban fechas, acciones concretas, entre las que destacaba que en el año 2001 todos los países de la Unión Europea deberían haber implantado la prohibición total sobre la publicidad de los productos de tabaco.
El Tribunal Europeo de Justicia, según sentencia de 5 de octubre, ha anulado la Directiva europea 98/43, de publicidad y patrocinio de los productos de tabaco. En Cataluña, la Consellería de Sanitat ha reaccionado ante lo que nosotros estimamos como un grave retroceso en

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políticas que debían conducir a buenos hábitos de salud, iniciando una campaña que empezó el pasado domingo, día 15, dirigida especialmente a la población femenina para concienciar de los peligros del tabaco y las ventajas de no fumar. Una segunda fase de esta campaña consistirá en la edición de unos trípticos y unos carteles que se distribuirán en los centros de atención primaria, atención especializada y centros docentes.
El conseller de Sanidad, señora ministra, le ha pedido su colaboración y la discusión de este tema en el Consejo interterritorial de Salud. Quisiéramos saber, señora ministra, si está por la labor, si vamos a contar con su apoyo y cómo va a implicar desde su Ministerio para que Europa reaccione ante lo que nos parece un grave retroceso.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Señora Riera, usted sabe que en estos temas, como en otros muchos, cuenta con mi colaboración. Efectivamente, vamos a plantear el tema en el seno del Consejo interterritorial.
Hay una sentencia del Tribunal que nos obliga a todos los países de la Unión Europea, pero también sabe que ha habido una reunión antitabaco de la Organización Mundial de la Salud, donde ha estado presente el Ministerio de Sanidad español, donde se han debatido estas cuestiones y hemos llegado a un acuerdo el conjunto de países de la Unión Europea para empezar a preparar una directiva comunitaria que no provoque un nuevo recurso por parte de Alemania, por ejemplo, como ha sucedido con el anterior, de forma que podamos controlar adecuadamente la publicidad del tabaco, el uso del tabaco y medidas coercitivas que desde los poderes públicos podamos poner en marcha.
En este momento, el Ministerio de Sanidad ya tiene en marcha programas importantes. Es cierto que ha evolucionado el uso del tabaco en España, siguen fumando más los hombres que las mujeres, yo creo que en algo por lo menos salimos ganando las mujeres, pero es cierto.
El problema es que la última encuesta que se ha realizado por el Plan nacional de drogas en el año 1998, sobre el uso de drogas en la población escolar entre las que se encuentra el tabaco, hay un dato preocupante, que es el de que entre los 14 y los 18 años, el 28 por ciento de los escolares ha fumado, el 22,7 eran chicos y el 23,3 eran chicas, es decir, siguen fumando más los hombres, pero en la juventud aparece de forma más peliaguda el tema de las mujeres. ¿Qué estamos haciendo? En los programas educativos, conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura, estamos poniendo en marcha un programa de cuanto menos mejor. Dentro del propio sistema sanitario estamos haciendo campañas entre los propios médicos y personal sanitario y no sanitario del sistema para crear la cultura del no al tabaco que, como usted sabe, en ese sector es ligeramente complicado. Al mismo tiempo estamos preparando programas de divulgación, a través de los medios de comunicación, para luchar contra el tabaco. Conjuntamente con las sociedades científicas relacionadas con cáncer, problemas cardiovasculares, etcétera, estamos montando campañas de concienciación ciudadana. Pero usted sabe, como yo, que, a veces, las campañas de publicidad son poco efectivas. Por tanto, tenemos que ir más a una directiva con un nivel coercitivo importante que sea asumible por el conjunto de los países.


La señora PRESIDENTA: : Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON MAXIMO RAMÓN DÍAZ-CANO DEL REY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿LE PARECE ADECUADO AL GOBIERNO EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DADO POR TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) EL PASADO DÍA 8 DE OCTUBRE ALA MANIFESTACIÓN QUE SE DESARROLLÓ EN ZARAGHOZA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000278.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor Ministro de Medio Ambiente.
En primer lugar, pregunta número 19, que formula el diputado don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Permítame que le plagie, señor ministro. Desconcertado señor ministro de Medio Ambiente: no sé muy bien qué hace un ministro como usted respondiendo a una pregunta como ésta, pero aún así, me atrevo a preguntarle: ¿Le parece adecuado al Gobierno el tratamiento informativo dado por Televisión Española el pasado día 8 de octubre a la manifestación que se desarrolló en Zaragoza contra el Plan hidrológico nacional?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ser muy respetuosos con esta movilización ciudadana y con esta manifestación, con lo que significa,

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con lo que ha querido significar y con lo que ha representado de manifestación popular. En cualquier caso, creo que el tratamiento global de los medios ha sido correcto y, a mi juicio, también lo ha sido el de Televisión Española.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Díaz-Cano.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: La verdad es que su respuesta es francamente lamentable y no podía ser de otra manera porque usted viene aquí a hablar de Televisión Española, aunque teniendo en cuenta la gran polivalencia del Gobierno y sus aledaños (el director general de Radiotelevisión Española hablando de minas y astilleros, usted de televisión, el presidente de la SEPI de Televisión Española) probablemente lo más adecuado es que el director de informativos de Televisión Española fuese el ministro de Medio Ambiente. Por cierto, el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Aragón, por si no lo sabe, dice en una resolución aprobada por mayoría que la información ofrecida en la emisión nacional de Televisión Española, además de resultar escasa, no ha cumplido los criterios de objetividad y proporcionalidad ante la masiva respuesta del pueblo de Aragón en las calles de Zaragoza el pasado día 8. La información fue sesgada y descompensada, tanto en el fondo, como en la forma. Resolución aprobada mayoritariamente por el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Aragón.
Tenía alguna duda de por qué venía usted a responder a esta pregunta, pero creo que está claro: usted viene a pagar el favor que le hicieron ese día para aparecer usted en el informativo de Televisión Española o, a lo mejor, como al señor González Ferrari no le fue bien en el pregón en Zaragoza, se vengó en el informativo del día siguiente. (Aplausos.-Protestas.) Ustedes están más interesados en el plan de comunicación del Plan hidrológico nacional, que en el Plan hidrológico nacional en sí mismo. Les interesa más ganar la batalla de la opinión pública que hacer un buen Plan hidrológico nacional, porque saben que esa batalla de la opinión pública la tienen perdida en Aragón. Pero lo más grave es que están ustedes trasladando una imagen de los aragoneses y de Aragón que no se corresponde con la realidad y esto es grave desde un medio público de comunicación y no se puede aceptar. Por cierto, a mí el apellido Ameijide me suena a jefe provincial del Movimiento que sabía mucho de llevar autobuses. ¿Sabe donde? A la plaza de Oriente.
(Aplausos.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano. Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Creo que es injusto que usted en este momento esté descalificando la labor respetable de unos profesionales. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías! Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Creo que es injusto -insisto- que descalifique usted a todos estos profesionales e intente manipular una posición estrictamente política superponiéndola a la propia realidad.
Repito que el mensaje que dieron los ciudadanos, lo dieron, y el tratamiento que se le dio fue correcto. Globalmente considerado, creo que es indiscutible que Televisión Española está dando un tratamiento exquisito a esta cuestión. (Rumores.) Sin ir más lejos, y usted me permitirá que se lo diga, se han hecho programas de Informe Semanal, por ejemplo, en los que se pudieron oír todas las opiniones; y es más, un diputado de esta Cámara contrario a la realización de las obras que quiere hacer el Gobierno en Aragón tiene doce programas (Continúan muy buenos y muy respetables. los rumores.) Uno de ellos, en exclusiva, en el delta del Ebro, que es una de las zonas específicamente afectadas.
Esto demuestra respeto y, sobre todo -y con esto acabo, señora presidenta-, pone de manifiesto un tratamiento ecuánime globalmente considerado, que bajo ningún concepto puede esconder un problema real de los ciudadanos de Aragón que el Gobierno tiene la intención de solucionar. (Rumores.-Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

- DEL DIPUTADO DON LUIS ACÍN BONED, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECEN AL GOBIERNO LAS DIVERSAS POSICIONES DE LOS INTERESADOS EN RELACIÓN CON EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000283.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don Luis Acín Boned.


El señor ACÍN BONED: Señor ministro de Medio Ambiente, desde la presentación al Consejo Nacional del Agua del Plan hidrológico nacional, un día sí y otro también los medios de comunicación se hacen eco de las distintas reacciones que partidos políticos, empresarios, sindicatos, regantes, ecologistas y ciudadanos en general, han manifestado a favor o en contra del Plan hidrológico nacional.


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Como ya es conocido por todos, en Aragón es donde más problemas y tensión se han generado. El día 8 de octubre pasado hubo una manifestación contra los trasvases en Zaragoza. No obstante, desde mi punto de vista, había distintas posiciones antes y después del día 8: unos quieren regular y hacer las obras del pacto del agua en Aragón; otros quieren regular y no trasvasar; otros dicen que los embalses que se hagan son para trasvasar; otros no quieren hacer todas las obras previstas en el pacto del agua y tampoco trasvasar; otros no quieren regular ni trasvasar y que se vaya el agua del Ebro al mar; otros quieren hacer las obras del pacto del agua, primero, y, si hay excedentes, ser solidarios con las zonas receptoras; hay también partidos políticos que dicen una cosa en Valencia y otra en Aragón.
El Partido Popular ha fijado una posición a nivel nacional: háganse primero las obras del pacto del agua en Aragón antes de iniciar cualquier posible trasvase.
Usted opina, señor ministro, que sería conveniente alcanzar un pacto de Estado para aprobar el Plan hidrológico nacional, pero el señor presidente de Aragón le pide que lo retire y no le da alternativas, y el PSOE que no lo retire y sigamos negociando. No obstante, y para que quede claro una vez más, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué opinión le merecen al Gobierno las diversas posiciones de los interesados en relación con el Plan hidrológico nacional? Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Acín.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Manifestaré una vez más la actitud que respecto a este tema tiene el Gobierno. Quiero hacer hincapié en que el Gobierno ha presentado un borrador al Consejo Nacional del Agua para debatirlo previamente a la aprobación de cualquier proyecto definitivo.
Quiero reiterar en esta Cámara una vez más nuestra voluntad de diálogo, que se ha puesto de manifiesto en la tramitación de este plan; y no sólo con los ciudadanos de Aragón, con los de Aragón y con los de toda España. Conviene aclarar, por tanto, que esta propuesta es susceptible de ser modificada; esta propuesta es susceptible de ser enriquecida con las aportaciones que se puedan realizar por parte de todos los afectados. No se trata de una imposición de este Gobierno, sino de todo lo contrario: pretendemos alimentar y fomentar este debate que el Gobierno ha iniciado, pretendemos fomentar este contraste de propuestas y de opiniones, naturalmente siempre avaladas desde el rigor técnico y desde la praxis política.
Quiero decir que entiendo los problemas, la inquietud y la preocupación de los ciudadanos de Aragón, pero al mismo tiempo quiero reiterar -como usted muy bien ha dicho en su pregunta- nuestro compromiso con Aragón, y no es otro que el de garantizar la disponibilidad del recurso y que el agua no sea jamás un factor negativo para el crecimiento de Aragón en el futuro. Aragón necesita que se solucionen sus problemas. Es cierto que quizás históricamente todos hemos incumplido parte de nuestras promesas, pero creo que hoy tenemos la responsabilidad de intentar comprender esta problemática, de intentar comprender estas necesidades que hoy tiene Aragón y por ello el compromiso de este Gobierno va a ser que seamos capaces de solucionar el problema del agua en todos los territorios, y naturalmente primero en aquellos lugares donde el agua existe pero desgraciadamente no se ha podido aprovechar nunca.
Gracias. (Aplausos.)

PRESIDENTA: La señora Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE PUEDEN ATENDERSE LAS NECESIDADES DE AGUA DE ARAGÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO EN EL MARCO DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000284.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don Ramón Moreno Bustos.


El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Medio Ambiente, durante los últimos meses estamos escuchando muchas informaciones, unas sesgadas y otras no tanto, donde se cuestiona el borrador del Plan hidrológico nacional. Parece un tema donde todo el mundo, preocupado o no, se está permitiendo el lujo de opinar y la mayoría de las ocasiones desde una posición de desinformación total.
Está claro que, atendiendo a la pregunta que deseo formularle, son muchas las cuestiones que a los aragoneses nos preocupan. Todos sabemos que la demanda del agua es un elemento creciente y no hay nada más que ver la correlación entre el incremento del consumo y de la superficie regada en la cuenca del Ebro. Es cierto también que esa demanda conlleva una mayor calidad de vida, una mejora de los usos medioambientales, una repercusión importante en la explotación de las zonas industriales y de los servicios turísticos, la posibilidad de incrementar la superficie de regadío y un beneficio claro para la agricultura.
Por otra parte, estamos asistiendo a una serie de declaraciones sobre el cambio climático, sobre la previsión de descenso de la pluviometría y otros elementos

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con tintes dramáticos, donde se está permitiendo declarar a cualquier experto -entre comillas- que más que informar consiguen justamente lo contrario, confundir y enmarañar unos datos que están ahí y que son verdaderamente los que son.
Esta situación, señor ministro, está generando un estado de preocupación en ciertos sectores de la población aragonesa, principalmente los usuarios del agua, que están siendo bombardeados continuamente con informaciones contradictorias, donde incluso se están llegando a cuestionar las series históricas de aportación de caudales del Ebro como si no se hiciesen las mediciones oportunas en las múltiples estaciones de aforo que dan esos datos reales, como decía antes, y no los que a algunos seguramente les gustaría que se ofreciesen para así continuar manteniendo un discurso que hace unos años fue justamente el contrario del que hoy defienden, aunque ellos sabrán por qué intereses.
El pacto del agua y en su conjunto el Plan hidrológico nacional estoy seguro, señor ministro, que garantiza los usos actuales y futuros y ya sólo por eso merece apostar por él, pero también es la oportunidad que haga posible la ordenación del territorio de las tres provincias aragonesas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno Bustos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Precisamente la finalidad del Plan hidrológico nacional es que puedan atenderse las necesidades de agua a medio y a largo plazo. Es nuestra responsabilidad; nuestra responsabilidad es ser capaces de solucionar el problema del agua en todo el territorio español sin provocar enfrentamientos inútiles, estériles de un territorio contra otro que no nos conduciría a nada. Ese camino sería quizá fácil, demagógico y hasta incluso políticamente rentable, pero no es el camino adecuado; el camino es el de la voluntad de entendimiento y sobre todo la voluntad de ser capaces de solucionar un problema que España tiene pendiente y tiene que ser capaz de solucionar.
La propuesta de este Plan es fruto de un largo y laborioso proceso en el que se han realizado los estudios técnicos necesarios, ahora, antes y hace muchísimo tiempo, y que han contemplado los diversos escenarios que se pueden producir en el futuro. En base a esto se ha elaborado este documento.
Aragón, como no puede ser de otra manera, debe tener garantizado el que puedan atenderse las demandas de agua presentes y futuras, tal como establece el propio Plan hidrológico de cuenca, y de ahí el compromiso de este Plan de invertir más de 400.000 millones de pesetas en esta comunidad autónoma para atender a las demandas establecidas en este Plan. El pacto del agua es el fruto de un importante debate que se desarrolló precisamente en su momento desde la unanimidad, desde el consenso, para cifrar las necesidades futuras y presentes de esta tierra y que se tradujo en este acuerdo de las Cortes de Aragón del año 1992.
Por otra parte, es cierto que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa establece varias alternativas de trasvases, de las cuales se recomienda una por ser la que menos impacto medioambiental produce y la que se estima económicamente más rentable, que supone efectivamente la detracción de recursos de una cuenca...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL PINTADO BARBANOJ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS OBRAS DEL PACTO DEL AGUA PARA ARAGÓN QUE ESTARÁN EN CURSO DURANTE ESTE AÑO Y QUE ESTÁN PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICIO 2001? (Número de expediente 180/000285.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don Angel Pintado Barbanoj.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hablar en nuestra tierra de agua es hablar de pasión y de esperanza y creo que esos mismos términos se podrían utilizar en otras regiones de nuestra geografía nacional. Usted ha hecho referencia ahora mismo a un importantísimo acuerdo, calificado de hito histórico por distintos portavoces políticos que nos encontrábamos en la tribuna del Parlamento aragonés allá por el año 1992. Quisiera decir que el pacto del agua, tantas veces sacado a colación, significa un acuerdo entre todas las fuerzas políticas aragonesas que habla de obras de regulación, de aspectos medioambientales, de actuaciones en los municipios y también de la creación de una reserva estratégica valorada en 850 hectómetros cúbicos para atender demandas futuras de los regadíos, de los abastecimientos y de las industrias aragonesas.
Quiero resaltar también que en ese acuerdo histórico aragonés hubo un elemento importantísimo que fue la puesta en marcha, que derivó en la aprobación de la reforma de la Ley de aguas de 1985, aprobada a finales de la legislatura pasada, de los planes de restitución, es decir considerando las zonas afectadas por embalses, en este caso especialmente el Pirineo aragonés, para que se pudieran vertebrar estos territorios desde el punto de vista de actuaciones no solamente económicas sino también medioambientales.


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Usted acaba de decir que el acuerdo o la ejecución de estas obras supone aproximadamente 400.000 millones. En aquel momento de 1992, la valoración que hizo el Gobierno fue de 200.000 millones. Es decir, se ha incrementado exactamente al doble de lo que en aquel momento se planteaba. Le quiero decir que, tal como ha reconocido usted, ha habido un retraso importante en las obras durante estos últimos años, quizá por falta de voluntad de anteriores gobiernos, en otros aspectos también desde el punto de vista medioambiental, y por problemas administrativos.
Señor ministro, creo que el Partido Popular, su Gobierno, nuestro grupo político está demostrando con hechos y no solamente con palabras que estamos avanzando de forma definitiva para resolver los problemas de agua que tenemos en Aragón. En este sentido quiero apelar a la sensatez en este caso de los responsables del Gobierno aragonés que han entrado en una batalla de demagogia y de oportunismo político que no trae absolutamente nada bueno para los aragoneses.
En definitiva, quiero hacerle la pregunta que consta en el orden del día en relación con el calendario y la previsión de las obras a poner en marcha durante el ejercicio 2001.
Muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pintado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
La ejecución del presupuesto del año 2001 va a suponer un importante impulso para las obras del pacto del agua de Aragón, compromiso prioritario establecido en el proyecto del Plan hidrológico nacional, que es un compromiso de este Gobierno con Aragón. Van a iniciarse un gran número de actuaciones además de las que ya están en curso.
Concretamente, el próximo año está previsto iniciar las obras del recrecimiento de Yesa, los embalses de Biscarrués, Lechago, Mularroya, El Pontet y Biota y la regulación de la acequia de Pertusa, el proyecto de gran reparación del canal del Flumen, la reparación del revestimiento del canal de Aragón y Cataluña, las obras de la variante, la reparación del camino de la zona regable de Monegros y el recrecimiento de los embalses de La Tranquera y Las Torcas. Todas estas actuaciones ascienden a 70.200 millones de pesetas y en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se recogen ya las anualidades para esta ejecución.
Por otra parte, hay una serie de obras, también del pacto del agua, que están actualmente en ejecución o está previsto que se inicien antes de finalizar el año, entre otras las actuaciones de los embalses de La Loteta, Val, Montearagón y Mora de Rubielos; los proyectos de gran depuración de los canales del Flumen, La Violada y Caspe, las obras del tramo V del canal de los Monegros, las estaciones depuradoras de aguas residuales de Jaca y Sabiñánigo y los trabajos, estudios y redacción del proyecto de las presas de Mularroya, Nuévalos y Trasobares.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI YSAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SOBRE EL RECIENTE VIAJE AESPAÑADEL PRESIDENTE FOX Y LA TRANSICIÓN MEJICANA? (Número de expediente 180000291.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores. En primer lugar pregunta número 31, que formula el diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román.


El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor ministro, México es el más extenso y poblado de todos los países de habla hispana. Ha adquirido una creciente importancia en la escena internacional en los ámbitos económico, cultural, social y político, por razones que van mucho más allá de su mera pertenencia al tratado de libre comercio. Ha sido un factor de estabilidad en Iberoamérica y además es uno de los principales socios de la Unión Europea gracias al acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea, firmado en Lisboa el 23 de marzo de este año. El 2 de julio de 2000 se celebraron las primeras elecciones presidenciales que supusieron un cambio de partido en la jefatura del Estado en la Presidencia de la República. Sin embargo, la transición mexicana es un proceso largo, que está hace muchos años llevándose a cabo y consolidándose. De los 31 Estados y el distrito federal, diez son gobernados en la actualidad por la oposición. Los motores económicos del país están gobernados por el Partido de Acción Nacional, Nuevo León, Jalisco y ciudad de México. Hay que destacar las reformas legales e institucionales que emprendió el presidente Zedillo, que han hecho posible la transición ejemplar en México y que han ganado un puesto en la historia de México y de Iberoamérica. Es importante señalar el talante y la talla política de los candidatos a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Labastida, y del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas. Por último, conviene reconocer la ejemplar transición que están llevando a cabo el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional con equipos mixtos para lograr que se produzca un suave

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equilibrio entre la salida y la entrada de la nueva Administración.


Por todo ello, quisiera preguntarle, señor ministro, si puede informar el Gobierno sobre el reciente viaje a España del presidente Fox y la transición mejicana.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arístegui.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, lo hago con mucho gusto, porque las relaciones entre España y México son fundamentales; son fundamentales desde cualquier punto de vista y tenemos el enorme empeño e interés en que sigan siendo así de fundamentales y así de vitales de cara al futuro. Ha habido una relación con México en los últimos años que ha ido mejorando sustancialmente. Yo comparto con usted esa valoración, completamente positiva en relación a lo que ha significado la Administración del presidente Zedillo. desde muchos puntos de vista: desde el punto de vista de la cooperación antiterrorista, algo que nos interesa especialmente; desde el punto de vista de la cooperación económica, desde el punto de vista de la cooperación cultural, desde el punto de vista de la identidad de perspectivas en relación a muchos temas internacionales y creo que todos debemos un reconocimiento al equipo del presidente Zedillo y al propio presidente. Nuestra voluntad es ponerlo de manifiesto. Aparte de esta visita del presidente electo Fox el pasado 3 de octubre, está prevista una visita de su majestad la reina para inaugurar una exposición sobre Goya y otros actos culturales. Yo tengo el honor de poderla acompañar a principios del mes de noviembre y después también está prevista la asistencia del príncipe de Asturias a la toma de posesión del presidente Fox y de nuevo voy a tener el honor de acompañarle; por tanto estamos intentando darle el máximo realce. Mañana mismo la ministra de Asuntos Exteriores de México va a estar en España para que el viernes pueda hacer una serie de actos de conexión cultural entre los dos países y yo voy a tener la ocasión de entrevistarme con ella. Con todo ello quiero decir que México para nosotros ocupa una prioridad absoluta Estamos seguros que esa magnífica relación que hemos establecido con el presidente Zedillo y con su Administración va a seguir con el presidente Fox. El presidente Fox tiene grandes retos por delante; tiene el reto de la consolidación del proceso de democratización de su país después de prácticamente 72 años de administración del PRI. Es verdad que el propio PRI tiene un reto importantísimo, pero también es cierto que hay otro reto muy importante que debe ser el de seguir en la línea emprendida por el presidente Zedillo, que es el de la reforma económica desde la reforma estructural de su economía, y por tanto la definitiva inserción de México en el concierto internacional. En eso, desde luego, va a tener en España un amigo.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DELDIPUTADO DON ADOLFO FERNÁNDEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS FINES DE LA FUNDACIÓN CAROLINA QUE HASIDO CREADARECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/000292.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32 que formula el diputado don Adolfo Fernández Aguilar.


El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: Recientemente el Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Española de Cooperación Internacional la constitución de la Fundación Carolina. Permítame, señor ministro, que le haga llegar a usted y al Gobierno mi más sincera felicitación por tal iniciativa porque todo esfuerzo que se efectúe en ampliar el ámbito de la cultura española en el mundo es digno de nuestro aplauso.
La promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países a los que nos unen especiales vínculos históricos, culturales o geográficos le parece a mi grupo parlamentario, señor ministro, que debe ser un objetivo prioritario del Gobierno como sucede en este caso. La coordinación a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores racionalizando la ejecución de programas de becas de gran calidad dirigidos a la formación en España de futuros dirigentes políticos, económicos y culturales de Iberoamérica es sin duda una garantía de éxito. Por esto, señor ministro, le ruego encarecidamente que nos confirme cuáles son los objetivos y fines de la recién creada Fundación Carolina.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.
Contesto con muchísimo gusto, porque creo que es un tema de enorme importancia. El objeto de la fundación es promocionar las relaciones culturales y también la cooperación en materia educativa y científica entre España y el resto de países que conforman lo que llamamos la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También

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es cierto que eso puede ir más allá y establecer esa relación con otros países que tengan especiales vínculos históricos, culturales o geográficos con España. ¿Qué pretende la fundación? Crear unos programas, por ejemplo de becas de gran calidad, que permitan formar en España a los futuros dirigentes políticos y a los principales actores económicos, sociales y culturales de las sociedades de los países iberoamericanos. Eso puede hacerse de muchas maneras, pero me gustaría citarle algunas actuaciones concretas. Le he citado ya el programa de becas y de formación, destinado principalmente a estudiantes, profesores, artistas y profesionales; también organizar cursos, seminarios, conferencias, reuniones y otros actos; fomentar las publicaciones para difusión de las ideas que constituyen su fin y cualesquiera otras actividades que el patronato considera convenientes para cumplir el fin fundacional. Para todo ello hay que conformar desde el punto de vista institucional un patronato que responda a esos objetivos tan ambiciosos y tengo que decirle que habrá una Presidencia de Honor y serán miembros natos el presidente del Gobierno, el vicepresidente primero del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, el ministro de Ciencia y Tecnología, el presidente de la Junta Rectora y el director de la Fundación. También podrá haber hasta 15 miembros nombrados entre personas de reconocido prestigio o experiencia en estos campos.
La Junta Rectora estará presidida por el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica y formarán parte de ella el director general de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, cinco consejeros nombrados por el patronato, el director y el secretario de la Fundación.
La Fundación Carolina nace con un capital fundacional y su presupuesto para el año 2000 será sufragado con cargo a la Agencia Española de Cooperación Internacional, aunque prevemos también la posibilidad de que se financien sus actividades con fondos privados además de los públicos.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOXE JOAN GONZÁLEZ DE TXÁBARRI MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJPNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DISEÑAR UN IMPUESTO ESPECIAL PARA DOTAR A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS? (Número de expediente 180/000272.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Ciencia y Tecnología. Pregunta número 13, que formula el diputado don José Juan González de Txabarri Miranda.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la primera iniciativa conocida del recién nombrado presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido anunciar el diseño de un impuesto especial para dotar a la actividad científica española de más recursos económicos, una idea que él mismo califica de pionera, asegurando que la captación de recursos requiere una acción original, como puede ser esa introducción de una tasa específica, ligada a la ciencia y a la tecnología. De ahí la pregunta, señora ministra, queríamos saber si compartía este planteamiento.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, señora presidenta.
Señoría, usted sabe que el Gobierno entiende que seguramente hay muchas posibilidades y muchas vías, y hemos de buscarlas, encontrar todas y establecerlas, para ir mejorando los recursos públicos y privados destinados a la actividad científica. Pero hoy ni el Gobierno ni el propio presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entendemos que haya que establecer tasas o impuestos específicos para ello.
El objetivo del Gobierno -como bien sabe y queda demostrado en los presupuestos presentados- es fortalecer cuantitativa y cualitativamente el sistema español de ciencia, tecnología y empresa, y este sentido darle un adecuado marco financiero y fiscal que fomente no sólo la inversión pública, como estamos haciendo, sino también la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación, facilitando por un lado su financiación, además de incrementar las dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado destinados precisamente a investigación, desarrollo e innovación, buscando efectos multiplicadores en este ámbito.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señor González de Txabarri.


Señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Me alegro, señora ministra, de que descalifique al propio presidente del Consejo, pero esas declaraciones son suyas y están entrecomilladas en los medios de comunicación la semana pasada.
Ciertamente, le asiste a usted la razón. Tiene otros procedimientos para generar mayores recursos para los programas de ciencia y tecnología; el problema, señora ministra es que no lo hacen. Es verdad. Siga con su propio

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discurso y presupuesten recursos suficientes para esta materia.
Gestionen con mayor eficiencia, porque se está diciendo que no gastan ni el 78 por ciento de lo presupuestado.
Respecto a las relaciones entre las instituciones, transfieran de una vez al Gobierno vasco la materia de ciencia y tecnología, en cumplimiento de las previsiones del Estatuto de Gernika. El Gobierno vasco les está reclamando esta transferencia de investigación y ustedes hacen oídos sordos al cumplimiento del Estatuto de Gernika.
Nosotros tenemos la impresión de que mientras tanto se dedican a vender humo, originalidades como la del planteamiento de una tasa en estas materias, que en esta Cámara ha sido tradicionalmente rechazada. Hay por parte de los responsables del Ministerio, empezando por usted misma, mucha declaración proclamando la importancia de la investigación básica, como acaba de hacer, la necesidad de relacionar investigación y empresa o de cumplir las previsiones del Estatuto de Gernika, pero a la hora de la verdad la inercia, señora ministra, puede con ustedes, y el Ministerio le hace agua por todas partes. El sistema público de ciencia y tecnología está en un momento especialmente caótico. Sería más razonable, señora ministra, que presupuesten más, que gestionen mejor, que ofrezcan a los empresarios un tratamiento fiscal atractivo para que inviertan en I+D, y que residencie la competencia de I+D conforme a las previsiones estatutarias. Todo lo demás, señora ministra, es agua de borrajas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, señora presidenta.
Señoría, es realmente una satisfacción escucharle hoy, y espero que usted represente el sentir no sólo de esta Cámara sino el sentir social por la importancia de la investigación; la investigación básica, la investigación orientada, el desarrollo tecnológico y la innovación. Creo que esto es lo que hemos venido predicando, lo que ha llevado al Gobierno a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a establecer unos presupuestos con las cifras y el esfuerzo presupuestario que significan.
Estamos hablando en una función 54, a nivel del conjunto del Gobierno, del 11,3, de un incremento en el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología del 13,5, de un incremento de la función de investigación básica del 10,9 y de casi el 9 por ciento en innovación y tecnología; todo esto sin contar la profusión de medidas fiscales.
Es una satisfacción que esta Cámara dé la importancia que tiene a la investigación, desarrollo e innovación. Le aseguro que el presidente del CSIC no hacía ficción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO TRANSFERIR A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTÍNUA EN EL PAÍS VASCO, HOBETUZ, LAS CANTIDADES PENDIENTES DEBIDAS DURANTE EL AÑO 2000, RESULTANTES DE LA RECAUDACIÓN EN CONCEPTO DE CUOTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO? (Número de expediente 180/000271.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pregunta número 12, que formula la diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno transferir a la Fundación para la formación continua en el País Vasco, Hobetuz, las cantidades pendientes debidas durante el año 2000, resultantes de la recaudación en concepto de cuotas de formación profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señoría, el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto Nacional de Empleo, procedió a transferir a la Fundación vasca Hobetuz las cantidades aprobadas por la comisión tripartita para la formación continua correspondientes a la financiación del acuerdo interprofesional sobre formación continua en el País Vasco en el año 2000, por importe de 1.550 millones de pesetas, con fecha 29 de marzo del presente año. Por tanto, no existen cantidades pendientes debidas durante el año 2000, como inquiere S.S.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor ministro, hablamos de una cuestión estratégica, bien lo sabe usted, como es garantizar la formación continua de los trabajadores, en este caso vascos. Esto es importantísimo para garantizar la competitividad de las

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empresas y vital para el desarrollo del tejido productivo en nuestro país. Una formación cuya financiación reside básicamente en la recaudación de las cuotas de las empresas y trabajadores vascos, y que en este año y para este concepto resulta ser más de 5.000 millones de pesetas, una formación que es gestionada con un alto nivel de eficacia y calidad por Hobetuz, una fundación en la que se sitúan sindicatos, empresarios y Gobierno vasco, y que prevalece por ley sobre la Forcem. Qué está ocurriendo, señor ministro? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? La realidad es que sólo han transferido, como bien dice usted, 1.550 millones de los más de 5.000 millones de pesetas que debían recibir los trabajadores vascos. La realidad es que ustedes incumplen sistemáticamente el Estatuto de los Trabajadores, en sus artículos 83 y 84, al no respetar el estatus jurídico de un acuerdo interprofesional vasco.
Lamentablemente, la realidad es que ustedes están perjudicando seriamente a todos los trabajadores vascos y dañando la competitividad de las empresas y el tejido productivo. La realidad es que, una vez más, ustedes siguen incumpliendo el Estatuto de Autonomía vasco, en este caso en sus aspectos y materias sociolaborales. Nos sorprende que invoquen ustedes una lealtad al estatuto que a todas luces es falsa e inexistente.
Señor ministro, me va a hablar usted de acuerdos partidistas e intereses de no sé qué índole; olvídese de ellos, olvídese de los acuerdos y de los intereses partidistas. Sólo le pedimos que respete el ordenamiento jurídico, que respete y aplique la legalidad y, desde luego, que sobre la base de esa legalidad respete los acuerdos sociales mayoritarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Señor ministro, si lo que está ocurriendo con la formación continua es una muestra del interés que su Gobierno plantea hacia las ciudadanas y ciudadanos vascos, tengan asumido...


PRESIDENTA: La señora Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora Lasagabaster, no me olvido de los acuerdos. Tal vez ésa sea una de las grandes diferencias entre unas formaciones políticas y otras, y quien le habla tiene a gala cumplir los acuerdos.
A lo largo de su intervención, no ha podido invocar ni citar ninguna razón jurídica ni política para que la cuantía transferida a Hobetuz sea distinta de la que yo le he expuesto. Ha trasladado, además, una idea que me parece sustancialmente alejada de la realidad, y es que los proyectos de formación continua de trabajadores y empresarios en el País Vasco no tienen cobertura financiera; la tienen a través de la Fundación Forcem. Cosa bien distinta es que usted pretenda que no tengan la misma alternativa que tienen en el resto de comunidades autónomas, eso es una cuestión estratégica y una filosofía que, desde luego, señora Lasagabaster, yo no comparto. Cosa bien distinta, como también usted ha dicho que no le hable, supongo que porque no le resulta grato recordar, es que cuando a través del diálogo político se ha convenido que existían deficiencias de financiación, con luz, con taquígrafos y acuerdos parlamentarios se han hecho las complementaciones necesarias a la formación continua en el País Vasco. En ese mismo ánimo se mueve este Gobierno. Y desde luego este Gobierno no se olvida de sus acuerdos, no se olvida de sus compromisos y no se aleja de lo que son los marcos de relación, que creo y sigo insistiendo en que son el cauce más adecuado para zanjar estas diferencias en el sentido de que puedan existir.
Lamento, señora Lasagabaster, que mi contestación no sea sustancialmente diferente de la que ya tuve ocasión de expresar tanto el 17 de mayo como el 21 de julio, pero no es menos cierto que no ha podido invocar título jurídico ni político que haga diferente la posición manifestada por el Gobierno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS LÓPEZMEDEL BASCONES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A LOS ACCESOS A CANTABRIA A TRAVÉS DE LA AUTOVÍA DE LA MESETA, EN BASE AL CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001? (Número de expediente 180/000286.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. En primer lugar, pregunta número 26, que formula el diputado don Jesús LópezMedel Bascones.


El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, señor ministro de Fomento, para Cantabria es fundamental disponer de unas adecuadas infraestructuras y comunicaciones. La llegada hace cuatro años del Partido Popular al Gobierno de España ha supuesto un cambio muy importante de tendencia, produciéndose un notable esfuerzo inversor en esta materia -ahí están las importantísimas inversiones tanto en el puerto de Santander, en el aeropuerto de Parayas y también en la autovía del Cantábrico- que va a permitir con un grandísimo esfuerzo, como digo, y grandes cantidades destinadas al efecto que el próximo año en la parte referida a Cantabria estén totalmente concluidas

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estas obras. Sin embargo, sin esperar a su total conclusión, señor ministro, ya se ha iniciado lo que para los cántabros es absolutamente fundamental: los accesos a la meseta por autovía. Es esta una necesidad sentida desde hace muchísimos años, incluso es una auténtica prioridad y urgencia, y en ese sentido el Gobierno de la nación lo ha declarado así. En estos cuatro años el Gobierno de España ha tenido que poner en marcha, iniciar y concluir todas las numerosas y complicadas actuaciones previas a cualquier obra pública (proyectos, estudios, informes), trámites de todo tipo que anteriormente no se habían realizado. No sólo se han cumplimentado sino que ya se han iniciado las obras y ya está en marcha el tramo Torrelavega-Corrales, y no sólo queremos sino también creemos que pronto será una realidad en su totalidad.
Señor ministro, desde el Partido Popular más que dedicarnos a echar la culpa a los anteriores gobernantes por su pasividad, que podríamos ciertamente hacerlo, aplicamos todo nuestro esfuerzo a impulsar todos esos trámites que hagan que pronto Cantabria esté unida a la meseta mediante autovía, con las consecuencias que ello va a tener en relación con la industria, el puerto y la economía en general de esa comunidad. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 aparecen recogidos, tanto en Cantabria como en Palencia, diversos tramos, algunos de ellos mediante el método alemán, con la importancia que va a suponer para su agilización.Por ello, señor ministro de Fomento, me permito formular la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a los accesos a Cantabria a través de la autovía de la meseta, en base al contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001? Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor LópezMedel.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor diputado, aunque su generosidad le permite pasar por alto la historia de los accesos a la meseta, creo que en la política de infraestructuras hay que tener memoria, y por eso conviene recordar que en 1996 había tres capitales españolas periféricas que tenían incompleta y sin proyectos su conexión radial con la meseta o con el centro de España: Málaga en Andalucía, Oviedo en Asturias y Santander en Cantabria.
En lo que se refiere a los accesos a la meseta, en 1996, entre Palencia y Aguilar de Campoo ni siquiera había estudio informativo, y en 1996 entre Aguilar de Campoo y Torrelavega el estudio informativo carecía de declaración de impacto ambiental. Hoy, cuatro años después, los seis tramos entre Torrelavega y Aguilar de Campoo, que son 73 kilómetros de autovía, se encuentran de la siguiente manera: Torrelavega-Los Corrales, 12 kilómetros, 11.000 millones de pesetas, terminación prevista en el año 2003. En la programación de los presupuestos del 2001 se contemplan los tramos Los Corrales-Molledo para adjudicar por el método alemán. Reinosa- límite de provincia de Palencia y límite de provincia de Palencia- Aguilar son 40 kilómetros, con un presupuesto estimado de 41.000 millones de pesetas, entre 30 y 36 meses de adjudicación, entrada en servicio a finales del 2004. Tenemos previsto en la programación económica del año 2002 incluir los 21 kilómetros de los dos tramos restantes, Molledo-Pesquera y Pesquera-Reinosa, que también con plazos de 36 meses podrían entrar en servicio en el año 2005, como se ha comprometido el Gobierno del Partido Popular. En total está previsto en estos cinco años invertir en los accesos a la meseta de Cantabria 89.000 millones de pesetas. Y ya que me quedan unos segundos de tiempo, el señor diputado también me permitirá que le diga que de aquí al año 2002 estará íntegramente en servicio la conexión de Cantabria con Asturias por la autovía del Cantábrico, que son otros 34 kilómetros, con 37.000 millones de pesetas de inversión que van a permitir a Cantabria, al final de 2005, tener toda su comunicación transversal y toda su radial completa por decisiones del Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS LIBERALIZADORAS SOBRE EL SUELO? (Número de expediente 180/000287.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula la diputada doña Sandra Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el pasado mes de junio, el Gobierno traía a esta Cámara un conjunto de medidas liberalizadoras que no respondiendo a un carácter coyuntural, sino estructural, y afectando a sectores claves de nuestra economía pretendían, de un lado, incrementar el grado de competencia y flexibilidad con el objetivo de consolidar y prolongar la senda de crecimiento y de creación de empleo de un modo sostenido y estable; de otro, y lo que es más importante, sentar las bases del modelo económico español para los próximos diez años. Dicho esto, qué duda cabe que si de sectores clave hablamos, el sector inmobiliario ocupa un lugarfundamental. Por ello, y tal como el propio Real Decreto-

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ley que aquí se debatió establecía una correcta política de suelo, una política más flexible que elimine la discrecionalidad que la ley concedía a los ayuntamientos, que otorgue a la iniciativa privada la posibilidad de promover la transformación del suelo en urbanizable, que corrija las rigideces advertidas en el mercado e introduzca más transparencia, más facilidades y más oferta de suelo urbanizable, ha de incidir necesariamente en el precio de la vivienda. Por ello, señor ministro, en el momento en que en esta Cámara se van a comenzar a debatir las enmiendas al articulado de este proyecto de ley, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con las medidas liberalizadoras sobre el suelo? Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señora diputada, como usted conoce bien, en el programa electoral del Partido Popular se hacía una apuesta explícitamente referida para ampliar la oferta de suelo y para conseguir abaratar el precio de la vivienda a través de una mayor disponibilidad de suelo.
Para poder llevar a cabo esta política en la parte que afecta a las competencias del Estado, que son sólo una parte del conjunto de las competencias que afectan al mercado de suelo, porque debemos tener en cuenta -y luego volveré sobre ello- las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, el Gobierno se comprometió en su programa electoral a modificar la Ley del régimen del suelo. Ello, además, impulsando una política de coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que llevara a la práctica un esquema completa que permitiera abaratar la vivienda.
Nosotros hemos impulsado el decreto-ley, al que ha hecho referencia S.S., que ahora se tramita como proyecto de ley después de su convalidación en esta Cámara. Es la parte correspondiente a las obligaciones del Estado, de acuerdo con nuestro programa, para colaborar a esta política de suelo. Pero hemos planteado en la conferencia sectorial a las comunidades autónomas, y lo debemos hacer posteriormente con el acuerdo de las comunidades autónomas o con los acuerdos parciales que alcancemos con los ayuntamientos, intentar completar una política coherente. Para ello ya ha habido una conferencia sectorial celebrada hace tres semanas en la que hemos tratado estas cuestiones. En todo caso creemos, y eso es lo que figura en nuestro proyecto de ley, como figuraba en nuestro decreto ley, que es necesario definir suelos urbanizables con suficiente amplitud para aumentar la oferta, objetivando la clasificación de los suelos no urbanizables, y configurar el contenido de los planes generales, tarea en la que podemos animar a otras administraciones pero no tenemos la última palabra, con criterios de flexibilidad tanto en su contenido como en su horizonte temporal. La parte de los deberes del Estado la estamos haciendo -y yo pido ayuda a los grupos parlamentarios para completarla-, la parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, procuraremos ayudar a que todos coincidan y cooperen con el Gobierno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JIMÉNEZ SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿PARA CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO, EN RELACIÓN AL TRANSPORTE MARÍTIMO, LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS ANUNCIADA POR EL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/000290.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don José Jiménez Suárez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el sistema portuario español tiene en sus 27 autoridades portuarias la representación de los puertos de interés general del Estado. Por ellos transitan más del 50 por ciento del comercio con la Unión Europea, cinco de ellos, Barcelona, Bilbao, Valencia, Algeciras y Las Palmas, están entre los 75 puertos más importantes del mundo y el tráfico portuario que utiliza sus servicios se cifra en más de 112.000 buques en el año 1999, con un crecimiento sostenido que supera el 6 por ciento. Si a ello añadimos las embarcaciones menores, puertos deportivos y refugios pesqueros, podemos concluir que nuestras costas y nuestros puertos cada día estarán más concurridos. Por otra parte, es una evidencia que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de José María Aznar han apostado decididamente por las nuevas tecnologías en los sistemas de transporte, y en el caso concreto de la navegación marítima hay tres campos donde esto va a tener una trascendencia importante en la seguridad y en la eficacia de la gestión y el transporte marítimo. Me refiero, señor ministro, a las ayudas a la navegación y a la aproximación a los puertos, al control remoto de nuestros faros y a la caracterización en tiempo real del clima marítimo. Esta información, debidamente implantada, constituirá un sistema de visualización y de información necesario para nuestra navegación marítima, de acuerdo con loque preconiza la organización marítima internacional.


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Por todo ello, señor ministro, le pregunto: ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno, en relación al transporte marítimo, la implantación de nuevos sistemas de ayuda a la navegación marítima en las costas españolas? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, en mi comparecencia el pasado día 15 de junio anuncié la aceleración de los planes para la implantación de nuevos sistemas de ayudas a la navegación marítima, concretamente la implantación del GPS diferencial, el sistema de posicionamiento global diferenciado, que permite mejorar las prestaciones del GPS proporcionando a las naves las correcciones que deben aplicarse sobre el GPS, consiguiendo estas mejoras a base de la transmisión de dichas correcciones por medio de radiofaros marítimos que se van instalando aproximadamente en franjas que proporcionan cobertura en unos cien kilómetros de costa. Para ello se ha dividido la costa española en seis zonas, en Canarias en siete porque hay una zona para Tenerife y otra para Las Palmas, vinculadas a las autoridades portuarias. En cada una de esas zonas se promueven acuerdos entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria para la implantación del GPS diferencial. En estos momentos está en servicio desde julio de 1998 la red zonal de Galicia. La red zonal de Canarias correspondiente a la Autoridad Portuaria del puerto de Las Palmas ya tiene firmado el contrato de implantación con un plazo de ejecución de tres meses y está prevista su entrada en servicio operativo en diciembre del 2000. Por lo que se refiere a la red zonal mediterránea del norte, el contrato se acaba de firmar en septiembre del 2000 y la entrada en servicio operativo está prevista para abril del 2001. Nos quedan las zonas del Cantábrico, del Estrecho, Mediterráneo sur y la segunda fase de Canarias, correspondiente a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en las que estamos trabajando para conseguir los acuerdos entre las autoridades portuarias afectadas y la entidad Puertos del Estado para financiar la implantación de este proyecto. En todo caso, creemos que la red nacional de GPS diferencial para completar el sistema de ayudas a la navegación marítima podría estar, si llegamos a esos acuerdos, totalmente en funcionamiento a mediados del año 2002.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP MALDONADO I GILI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS CON EL FIN DE REDUCIR LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL FERROCARRIL EUROMED A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE SALOU, EN BENEFICIO DE LA SEGURIDAD FÍSICA DE SUS HABITANTES Y VISITANTES? (Número de expediente 180/000298)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula el diputado don Josep Maldonado i Gili.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el exceso de velocidad del tren Euromed, a su paso por el centro urbano de Salou, se ha convertido en un importante problema para la población que allí reside. Le formulo la siguiente pregunta: ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas con el fin de reducir la velocidad de circulación del ferrocarril Euromed a su paso por el núcleo urbano de Salou, en beneficio de la seguridad física de sus visitantes y habitantes?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, Renfe está estudiando esto y más cosas, está estudiando la adopción de otras medidas de seguridad en el paso por Salou. El Gobierno está estudiando la variante de Salou para que no haya problemas de velocidad ni de seguridad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor ministro. Me alegro de su pequeña insinuación y esperamos que sea una realidad.
Señor ministro, como sabe, Salou es un municipio turístico muy importante, miles de turistas de todo el mundo visitan este bonito municipio para bañarse en sus playas o para visitar el parque temático de Port Aventura. Sólo este centro de ocio aporta aproximadamente tres millones de visitantes durante seis meses. Esto da idea de la dimensión humana del tema del que hablamos. Ante el asombro de turistas y la preocupación de residentes, el tren Euromed atraviesa esta localidad habiendo producido hace pocos meses una víctima mortal. Por este motivo, el Ayuntamiento de Salou está requiriendo reiteradamente la reducción de la velocidad del tren Euromed a su paso por el centro del municipio, si bien esto sería sólo una medida provisional,

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ya que, como usted muy bien ha dicho, la solución definitiva sigue siendo la necesidad urgente del desvío de la línea férrea que afecta a este municipio, así como a otros de la misma zona, que ven cómo ésta les limita el crecimiento urbanístico, les divide el municipio o, como en el caso de Salou, mantiene en permanente peligro sus vidas y su integridad física. Esta, señor ministro, es una asignatura pendiente de su ministerio. Me alegro de su pequeña insinuación, esperamos que se haga realidad, es un deseo que tiene toda la zona.
Los habitantes de aquella zona desean la variante, desean que los municipios, de una vez por todas, dejen de estar divididos por la línea férrea, pero mientras esta solución no llega evitemos más muertos reduciendo la velocidad del Euromed mientras circula por los dos kilómetros del casco urbano de Salou, ya que reducir la velocidad durante dos kilómetros no supone retardar en absoluto su llegada al término.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, estoy seguro de que S.S. coincidirá conmigo en que, sea cual sea la velocidad a la que se reduzca, siempre puede haber riesgo de que aparezca algún accidente. Creo que no es bueno sacralizar la reducción de la velocidad como fórmula mágica para evitar los accidentes, especialmente algunos debidos a fallos humanos. En todo caso, quiero ser coherente con el discurso que mantengo desde el Ministerio de Fomento y que he reiterado en esta Cámara. En estos momentos, a raíz de ese accidente y de las peticiones del Ayuntamiento de Salou, Renfe está estudiando, por una parte, la reducción de la velocidad en el paso por el tramo urbano de Salou -actualmente, el paso del Euromed es de 140 kilómetros por hora- y también el perfeccionamiento del vallado, porque es muy difícil hacer muchas más mejoras a efectos de que una persona no respete el paso a nivel. Sin embargo, señor diputado, lo más importante es que en estos momentos está en fase de redacción el estudio informativo de diversos tramos, entre ellos, el corredor del Mediterráneo entre Cambrils y Tarragona; en el estudio informativo de ese tramo se contempla la variante de Salou, que sería la solución definitiva al problema que plantea objetivamente el tránsito urbano del Euromed por Salou. En las previsiones que realiza la Dirección General de Ferrocarriles, creemos que este estudio informativo estará en condiciones de salir a información pública en enero del próximo año 2001 y, si esa información pública resulta razonablemente consensuada, podremos abordar los proyectos de trazado para acometer la solución definitiva que preocupa a S.S. y al Ayuntamiento de Salou.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ DECISIONES VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LAANUNCIADA FUSIÓN DE IBERDROLA Y ENDESA? (Número de expediente 180/000273.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas formuladas al vicepresidente segundo del Gobierno. En primer lugar, pregunta número 14, que formula el diputado don Antonio Cuevas Delgado.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, conocemos el ingente trabajo que están desarrollando usted y otros miembros de su Gobierno, incluso el presidente del Gobierno, por impulsar y también por poner de acuerdo a todos los sectores de oligopolios, de los grandes sectores estratégicos de la energía, de las telecomunicaciones. No sabemos si lo han conseguido o si tienen algún problema todavía para que sus propios intereses, representados por los presidentes de las empresas privatizadas, estén salvaguardados. Por eso nos gustaría que nos contara si ya tienen algo decidido sobre cómo enfocar la fusión Endesa-Iberdrola.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Pues, sí, lo tenemos decidido, señor diputado. Cumpliremos lo que marca la ley y lo que marcan las decisiones adoptadas por esta Cámara y por el Tribunal de Defensa de la Competencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Señor ministro, usted viene repitiendo reiteradamente (lo cual no quiere decir que tenga la razón) que defiende la competencia, que defiende la libertad de mercado y que defiende a los consumidores. La verdad es absolutamente la contraria.
Cada vez hay más concentración de poder empresarial (como he dicho antes, cada vez más vinculado a su partido político), cada vez suben más los precios

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de todos estos sectores, que son algo fundamental para los consumidores, como la energía, la telefonía, etcétera, y usted sigue diciendo que defiende la competencia. Se basa en cuestiones pueriles como que con cuatro empresas en el sector eléctrico es suficiente.
¡Qué tendrá que ver eso! Ustedes lo que tienen que hacer es modificar el tamaño, tanto en generación como en distribución; lo que tienen que hacer es decir a los ciudadanos, con claridad, que les van a bajar los precios el año que viene, cosa que no hacen; lo que tienen que hacer es dejar de defender a los grandes oligopolios eléctricos, como han hecho con los CTC; lo que tienen que hacer son normas claras que realmente defiendan la competencia en este país, cosa que no hacen. Déjense de propaganda. Si ya no engañan a nadie, si al final, mes a mes, el ciudadano se da cuenta de que ustedes lo único que hacen es marear la perdiz, decir todo lo contrario de lo que realmente hacen. Están interviniendo descaradamente en el sector eléctrico, están interviniendo en el tamaño y en la forma de esas compañías en beneficio de su propio partido político y, desde luego, una vez que acaben con él pasará como con las empresas privatizadas.
Qué curioso que la mayoría de los que están en liza en este proceso son los presidentes que ustedes pusieron en esas empresas cuando estaban en el Gobierno y cuando hicieron la privatización. Han esquilmado el sector público empresarial español para apropiárselo indebidamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor diputado. Tengo que decir que S.S., independientemente de los juicios políticos que hace sobre el Gobierno (que como es natural son bajo la responsabilidad de su señoría), no habla de ninguna realidad sobre los precios de la energía. En España los precios de la energía están bajando en la electricidad. Si S.S. no lo sabe será porque no tiene la ocasión de pagar la luz de su casa.
(Risas.-Rumores.) Si S.S. pagara la luz de su casa podría comprobar que en los tres últimos años ha bajado el 16 por ciento; si S.S.
hablara con los empresarios de este país podría preguntarles cómo es posible que la luz subiera durante los diez años anteriores a nuestra llegada al Gobierno y ahora está bajando (Rumores.); y si S.S.
supiera lo que vota en esta Cámara (que dada la actitud de S.S. dudo mucho de que sea capaz de saberlo), sabría que el Gobierno ha establecido que durante esta legislatura el precio de la luz bajará un 9 por ciento como máximo y que, además, esta Cámara ha aprobado medidas -completamente desconocidas en nuestra legislación- para impedir que ninguna compañía eléctrica pueda tener un tamaño superior al que tiene en este momento Endesa y que Endesa no podrá aumentar su generación en cinco años. A eso S.S. no le da ninguna importancia, porque es difícil que dada la intervención que ha hecho S.S. pueda dar importancia a ninguna cosa.
Su señoría se admira de que un Gobierno democrático haya llevado a cabo un proceso de privatización; proceso, por cierto, sometido no sólo al Consejo de Privatizaciones -que nunca había existido-, sino a la Intervención General del Estado, que anteriormente ni siquiera informaba las privatizaciones. Es bueno que S.S. se ría porque seguramente, si no, tendría que tener otra expresión. Por tanto, señoría, no sólo el sistema de privatizaciones ha sido absolutamente transparente, sino que ha permitido aumentar los recursos del Estado y que millones de familias españolas puedan haberse beneficiado. El discurso de que las privatizaciones eran malas lo hicieron ustedes la pasada legislatura y perdieron las elecciones. El discurso de que las privatizaciones y la liberalización no han permitido la bajada de los precios es, pura y simplemente, una ficción falsa que no se compadece con la realidad. Y respecto a esta fusión a la que S.S. hacía referencia en su pregunta, y que al parecer no es lo que la motiva, sólo quiero decirle que las posiciones del Gobierno son conocidas. No sucederá como en fusiones anteriores, en las que las cosas de decidían a través de intermediarios que tenían conexiones con su partido político.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO QUE VA A AFECTAR A LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA BOMBONA DE BUTANO? (Número de expediente 180/000274.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada doña Isabel Pozuelo Meño.


La señora POZUELO MEÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, usted ha autorizado la subida del precio de la bombona del butano en cerca de 200 pesetas; es la subida más alta desde 1997.
En nuestro país hay 13 millones de españoles que utilizan este sistema de energía en sus hogares, y son las familias con rentas más bajas las que compran mayoritariamente la bombona

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de butano. Los ciudadanos españoles están soportando en los últimos meses una subida generalizada de los precios que afecta a sus necesidades más elementales, como son la alimentación, el transporte, la gasolina, los créditos hipotecarios y, por supuesto, los combustibles para usos domésticos. Con estas decisiones, el Gobierno está trasladando al conjunto de los ciudadanos la carga fundamental de la subida de los carburantes. Cada mes, los ciudadanos ven que les cuesta más llenar el depósito del coche de gasolina, cocinar o usar la calefacción. Por eso le pregunto, señor Rato: ¿Qué piensa usted de cómo va a afectar a las familias españolas la subida del butano?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora diputada. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, si se aplicase el precio máximo afectaría en una décima al IPC; si se aplica la subida de venta al público que se está llevando a cabo, en una milésima.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Señor Rato, por favor no nos cuente usted los cuentos de Calleja, que ya son muy antiguos. ¿Es cierto o no que usted ha autorizado una subida del precio de la bombona de butano de casi doscientas pesetas? ¿Es cierto que los ciudadanos están pagando la gasolina cada día más cara porque ustedes no se han atrevido a bajar los impuestos de los carburantes? ¿Es cierto que el recibo de la luz podría ser un 4,5 por ciento más barato si no se incluyeran los costes de transición a la competencia en las compañías eléctricas? Señor Rato, desde febrero de 1999 hasta hoy, la bombona de butano ha subido 341 pesetas, un 26 por ciento más. Mientras tanto, Repsol sigue manteniendo el monopolio de la distribución del butano en nuestro país y obteniendo los mayores beneficios de su historia. Por eso, señor Rato, esté atento y escuche qué es lo que opinan los 13 millones de españoles sobre la subida de la bombona de butano que usted ha autorizado. (Un señor diputado: Él no la paga.) Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora presidenta; gracias señores diputados.
Si S.S. sigue el precio de la bombona de butano, ya sea porque la paga o ya sea porque tiene interés en él (Rumores.), sabrá que en octubre del año 1999 la bombona de butano redujo su precio de las 1.313 que costaba en agosto de 1999 a 1.115 pesetas. Su señoría tiene que ser consciente de que los precios máximos que ha aprobado el Gobierno, en un sistema de precios regulados, dependen entre otras cosas de la cotización internacional de la materia prima, el FED y los costes de comercialización, que han oscilado suficientemente los últimos doce meses. El Gobierno ha autorizado una fórmula de precios máximos que es claramente inferior a la que se produciría si hubiéramos aplicado la fórmula que venía rigiendo de 1993 a 1999. No sé si S.S. nos va a plantear que en un sistema de precios regulados no debe haber una revisión de precios en función de los precios internacionales. Si es lo que plantea, sería bueno saberlo para poder tener un debate medianamente racional con S.S. sobre esta cuestión.
Al parecer, S.S. está preocupada por las personas que compran la bombona de butano, entre las que claramente no está. (Rumores.- Protestas.) Porque si lo supiera, si S.S. la comprara, sabría que el precio de venta al público sólo ha subido 20 pesetas. (Rumores.- Protestas.) Por tanto, una de dos, o cuando S.S. viene a esta Cámara no dice lo que sabe.....(Rumores.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor vicepresidente.


Señorías, señorías.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: ¡Yo la he pagado mucho más cara!

La señora PRESIDENTA: Señora López, le llamo al orden. El debate es entre el diputado interpelante y el miembro del Gobierno, señorías, entre nadie más. Ruego respeten los turnos.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señoría, los miembros del Grupo Socialista, claramente, hace mucho tiempo que no compran una bombona de butano, y se les nota (Protestas.) -se les nota y por eso la gente no cree en ustedes-, porque si la hubieran comprado se habrían enterado de que lo que ha subido en venta al público son veinte pesetas (El señor Moragues Gomila: Lo sabemos.) No tienen ustedes ni idea porque, una de dos, o vienen ustedes aquí a hacer un debate falso, con datos falsos que saben que no son los que preocupan a la gente, o, por el contrario, viven

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completamente aislados de la realidad y así les luce el pelo en cuanto a su credibilidad. (Aplausos.) En cualquier caso, señorías, seguiremos cuidando por tener un sistema transparente y por preocuparnos de que los ciudadanos españoles tengan la mayor competencia posible. Este debate no tiene ningún sentido porque las cifras que utilizan son falsas. (Aplausos.- El señor Moragues Gomila pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Moragues, le llamo al orden y le ruego que se abstenga de hacer comentarios en voz alta cuando no está en el uso de la palabra, y mucho menos comentarios irrespetuosos. (Rumores. ) Señor Núñez, le ruego se abstenga de hacer uso de la palabra también, por favor. (El señor Caldera Sánchez- Capitán pide la palabra.) Sí, señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Pido la palabra para una cuestión de orden, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Dígame, señor Caldera, primero el artículo y luego le concederé la palabra.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: El artículo 186 del Reglamento establece con claridad que no será admitida la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula. En consecuencia, toda pregunta que se presenta en esta Cámara, señor Rato, pasa el trámite del filtro de la Mesa y no contiene ningún interés personal. Ya vemos que usted sí tiene muchos otros intereses personales a la hora de responder, cosa inadmisible. (Aplausos.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, permítame que le recuerde que las cuestiones de orden se dirimen con la Presidencia y no se utilizan para realizar debates con miembros del Gobierno cuando S.S.
no está en el uso de la palabra. Señor Caldera, permítame que le recuerde el mismo artículo que ha invocado.


El señor CISNEROS LABORDA: Muy mal, Javier, muy mal. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio y permitan que continuemos con el debate ordenado.


- DEL DIPUTADO DON JORDI SEGURA SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿REACCIONARÁ ALGÚN DÍA EL GOBIERNO A LA CONTINUA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES QUE SE SITÚAN YA SOBRE LAS 124,9 PESETAS PARA EL GASÓLEO AUTOMOCIÓN, EN LAS 141,9 PARA LA GASOLINA SIN PLOMO Y EN 151,9 PESETAS LA SUPER? (Número de expediente 180/000277.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula el diputado don Jordi Sevilla Segura.


El señor SEVILLA SEGURA: Señora presidenta, muchas gracias.
Señor Rato, sosiéguese. Le veo muy nervioso últimamente y lo entiendo, porque menuda temporada lleva. Como se diría vulgarmente, si montara un circo, le crecerían los enanos, y el problema es que no sé si usted se está enterando o no.
Su edificio de política económica se está desmontandopieza a pieza y nos está permitiendo ver que era de cartón-piedra. La cuestión es que sus dificultades como ministro son las dificultades del país o, mejor dicho, que el problema de los españoles es su incapacidad para resolver sus problemas económicos, por ejemplo, el deterioro de rentas producido por la constante elevación del precio de las gasolinas. Este fin de semana, sin duda por casualidad y animados por el espíritu de competencia que reina en el sector, las tres operadoras dominantes han subido los precios de los productos petrolíferos casi a la vez y en cuantía muy similar. Ya digo, pura competencia.
Los ciudadanos ven cómo cada día les cuesta más llenar el depósito, mientras los beneficios de las compañías crecen y los ingresos tributarios del Estado también, como consecuencia del IVA aplicado a ese mayor precio: dos beneficiarios, compañías y Estado; un perdedor, el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, esta última subida tiene algunos elementos peculiares. En primer lugar, convierte en papel mojado el reciente acuerdo que se ha firmado con algunas organizaciones agrarias y del transporte, o al menos varios de los firmantes se sienten engañados. En segundo lugar, ha sido presentado como el final de un supuesto pacto de colaboración con el Gobierno para amortiguar las subidas de precios a los consumidores, y esto me parece preocupante, porque los ciudadanos no han percibido ese pacto, los precios han subido en torno a un 20 por ciento en lo que va de año. ¿Ha existido ese pacto? ¿En qué términos? ¿Han presionado ustedes a las operadoras dominantes? ¿A cambio de qué? El Parlamento merece una explicación por su parte al respecto y yo la espero hoy de su respuesta a la pregunta que le hago en los términos que figuran en el orden del día. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y

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MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Como entiendo que el señor Sevilla mantiene su pregunta, mi contestación es que el Gobierno ya ha reaccionado a la subida de los precios de los carburantes, probablemente desde antes de principios de este año, en las medidas que contenía la Ley de presupuestos para el año 2000.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.


Señor Sevilla.


El señor SEVILLA SEGURA: Señor Rato, entiendo que usted está muy ocupado reordenando y fortaleciendo los poderes económicos del país y situando a sus amigos al frente de las grandes empresas, pero los españoles le pagan también para que se ocupe de sus pequeños problemas, como la pérdida de poder adquisitivo que sufren por su ineficaz política a la hora de controlar la inflación, o de garantizar una verdadera competencia en el sector de las gasolinas, competencias que según todos los operadores...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sevilla.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado.
Como muy bien sabe la opinión pública española, los precios de las gasolinas a la última semana de septiembre, que son los últimos que pueden compararse con Europa, se sitúan en 3,56 pesetas por debajo del precio ponderado en la Unión Europea y en el gasóleo de automoción se sitúan en 6,86 pesetas también por debajo del precio ponderado en la Unión Europea.
En segundo lugar, señor Sevilla, todos hemos sido conscientes que S.
S. ha convencido a su grupo parlamentario de que los incidentes sociales que se iban a producir en este país como consecuencia del alza de la gasolina no iban a ser posiblemente manejados por el Gobierno. Lo hemos comprobado en que su líder parlamentario ha tenido que hacer preguntas justo en el peor día para hacerlas porque era el día que se cerraban los acuerdos con el Gobierno. (Fuertes rumores.) El ridículo que ha hecho su líder parlamentario le debe llevar a S.S.
a querer plantearlo ahora, cuando algunas organizaciones que quieren abusar de la situación no quieren firmar unos acuerdos que el conjunto de los sectores más representativos han querido firmar, y S.
S. tiene ahora el espejismo de que en España se va a producir una conmoción.
Yo quiero decirle a S.S. que el Gobierno ha sido capaz de llegar a los acuerdos que S.S. nunca creyó que éramos capaces de alcanzar; ha sido capaz de llegar a unos acuerdos que además se han considerado justos y suficientes por la mayor parte de las organizaciones representativas, alguna incluso próximas a su partido, cosa que ha dejado a S.S. en evidencia, por la falta de respaldo que tiene desde el punto de vista social; por último, el Gobierno tiene acuerdos suficientemente importantes como para mantener en España una actitud de diálogo social y constructivo, salvaguardando los intereses generales y, eso sí, sin seguir las consignas de S.S. de incentivar el consumo de energía, sino tomando otras medidas que le permiten al Gobierno mantener, por un lado, una política energética y una política medioambiental, de la cual S.S. se ha olvidado, y, por otro, responder a las necesidades de los sectores.
Finalmente, dada la contribución de su grupo a este debate parlamentario, este Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya estamos esperando ver la iniciativa de S.S. para aumentar los impuestos de determinadas compañías petroleras en España. La propuesta es realmente sugerente y nos gustaría mucho que usted fuera capaz de plasmarla, no vaya a ser que lo esté usted diciendo y no sea usted capaz de hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.


- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAALGOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA? (Número de expediente 180/000282.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula la diputada doña Susana Camarero Benítez.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, nos encontramos una semana más hablando de turismo. Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a seguir haciendo iniciativas en este sentido porque creemos que es importante prestar más atención en el Parlamento a un sector que es fundamental para el desarrollo de la economía española.
Usted, señor vicepresidente, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, explicaba que se deben fomentar las nuevas tecnologías y la formación en el sector. Decía que las empresas españolas del sector turístico están respondiendo al proceso de globalización y mundialización de la actividad que está teniendo lugar a través de estrategias de concentración en los principales mercados. Los canales de comercialización se están transformando adecuándose a las nuevas necesidades

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del sector, buscando ofertas complementarias que permitan a las empresas profundizar en este esfuerzo de calidad y también en las ofertas de formación.
Sabemos que el producto turístico evoluciona a lo largo del tiempo, bien porque mejora la renta del país o del resto del mundo, bien porque se ofertan nuevos productos que revolucionan el mercado y modifican el valor añadido del producto final, pero también un sector turístico evoluciona porque es capaz de ofertar los mismos productos o productos novedosos utilizando todas las tecnologías que están disponibles en el mercado. El hecho de favorecer el acceso y el uso de nuevos procedimientos de gestión o de comercialización propiciados, por ejemplo, por las nuevas tecnologías de la información se puede convertir en un nuevo factor de competitividad del producto turístico final, dado que además de introducir mayores dosis de eficiencia en los servicios ya ofertados, se pueden desarrollar con más facilidad nuevos productos y se pueden modificar los sistemas de comercialización de los mismos con unos menores costes y unas economías de alcance impensables hasta hace pocos años.
Dado que España es una economía con vocación y especialización turística, parece razonable que las administraciones públicas se encarguen de poner en marcha los mecanismos necesarios para que las empresas y los consumidores potenciales turísticos puedan accceder en las debidas condiciones a estas nuevas tecnologías. Por todo ello, al grupo Parlamentario Popular nos gustaría saber cómo valora el Gobierno la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información como instrumento al servicio de la promoción turística.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camarero.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, efectivamente desde enero del año 1998 la administración turística española está presente en Internet con la web Turespaña y quisiera informar a la Cámara que es una de las páginas turísticas con mayor número de consultas que se prevé que en el año 2000 alcanzará los tres millones de visitas y casi 20 millones de impresiones, es decir, de páginas visualizadas. Es, además, sin duda, la página web más completa de España en contenidos. Por citar algunos ejemplos dispone de información de 11.000 hoteles, 1.200 campings, 110 balnearios, 387 museos, 245 campos de golf, 300 puertos deportivos y 752 centros para celebrar convenciones; además, tiene información actualizada sobre los principales acontecimientos culturales en España. Por cierto, quisiera aclarar a la Cámara que una información que en la pasada sesión de control se manifestó aquí sobre la inexistencia de referencias al Teatro Real y al Liceo es una información errónea y que, sin duda, la pagina web de Turespaña contiene información referente al Real y al Liceo de Barcelona.
En segundo lugar, quisiera mencionar que el plan de marketing del 2000 ha incluido por primera vez la promoción del sitio web que desde Turespaña se elabora con la participación del sector privado y del resto de las administraciones públicas. Sin duda uno de los grandes retos de la promoción turística en el exterior en los próximos años será la utilización de las nuevas tecnologías, como S.S. muy bien ha manifestado, y creo que estamos ganando capacidad y experiencia en este canal de información y de comercialización.
En este sentido quisiera ratificar a la Cámara que es objetivo del Gobierno potenciar los instrumentos existentes y proseguir de forma decidida en la mejora de la información de la oferta turística española, presente en la red Internet a través del portal de turismo español, y para ello se está avanzando en tres objetivos: proporcionar una información de calidad al consumidor; ser un referente para los profesionales del sector, como los agentes de viaje, especialmente en destinos donde existen muchos agentes independientes, como puede ser el mercado norteamericano, y, por último, ser un instrumento de trabajo para otros canales de información turística que ofrece Turespaña, especialmente a través de las oficinas españolas de Turismo, que en este año habrán recibido más de un millón de peticiones en información. Creo que con este plan de marketing del año 2001, además del que les acabo de mencionar, la utilización de las nuevas tecnologías por la administración turística española cada vez será más importante.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL GRUPO IBERIA, ASÍ COMO DEL DE LA VENTA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS. (Número de expediente 172/000039.)

La señora PRESIDENTA: Punto V del orden día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del proceso de privatización del grupo Iberia, así como de la venta de Aerolíneas Argentinas.


Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Segura. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

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El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente en estos instantes.
Señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales ha venido exigiendo claridad, transparencia y nitidez en el proceso de privatización de tantas y tantas empresas públicas. Hemos exigido en la pasada legislatura la creación de una subcomisión especializada en el seguimiento de esas privatizaciones. Sabemos que tuvimos importantes discrepancias, pero en el caso concreto de la privatización del grupo Iberia, en el caso concreto de la privatización de la compañía de bandera del transporte aéreo nacional, de una compañía como ésta, que durante más de setenta años ha prestado importantes servicios en las comunicaciones entre los distintos puntos del Estado español o entre puntos del Estado español y distintos lugares del mundo, se trata de una compañía de naturaleza estratégica, enteramente nuestra, de todas las ciudadanas y ciudadanos españoles.


Es un proceso de privatización que está arrastrando algunas circunstancias adversas a pesar de la excelente marcha económica de la compañía; excelente marcha económica por la que nos felicitamos y de la que nos sentimos copartícipes como consecuencia de actuaciones definidas en los años 1994-1995, cuando la compañía se puso las pilas después de un largo proceso de complejidades laborales, de descenso notable del número de pasajeros en el mundo entero, de crisis en las que se vieron envueltas la mayor parte de las compañías europeas y de una situación de ampliación de capital que negoció el Gobierno socialista en 1995 con la Comisión Europea, ampliación que se materializó en una parte muy importante, y la segunda parte, de 20.000 millones de pesetas, se ha materializado a lo largo de 1999.
Tanto en la pasada como en la presente legislatura, hemos pedido en reiteradas ocasiones la comparecencia del presidente de la compañía, del presidente de la SEPI y del ministro responsable de la privatización. Cierto es que en estos cuatro años y medio de Gobierno del Partido Popular este proceso de privatización ha sido seguido con mucho interés por diputadas y diputados, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario Socialista: más de 300 preguntas y más de una docena de comparecencias en Comisión; pero el debate político con el ministro responsable de la compañía no se ha producido. ¿Por qué hemos demandado esa comparecencia y por qué esta interpelación que se materializa en el día de hoy? Porque, señorías, es una compañía de naturaleza estratégica, juega un papel fundamental en la economía y en la cohesión de nuestro país, es una compañía que hemos mantenido entre todos y nos preocupan notablemente algunos aspectos vinculados a ella.
No voy a hacer referencia a contenidos y a informaciones a las que tuvimos acceso en los últimos meses de la pasada legislatura tanto en la Comisión de Industria como en la de Infraestructuras. Tenemos en nuestras manos, naturalmente, los diarios de sesiones y hemos recibido las explicaciones que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales nos dio. Tuvimos importantes discrepancias y debates políticos al respecto y, consiguientemente, éste, señor ministro, señor vicepresidente del Gobierno, no es un debate de naturaleza contable, es esencialmente un debate de definición de política estratégica de cara a cubrir el último tramo del proceso de privatización del grupo Iberia.
Señor Rato, muchos comentaristas en nuestro país hablan de que el proceso de privatización del grupo Iberia está estableciendo de forma implícita tres tipos de accionistas: un primer tipo de primera división, que lo constituyen aquellos que compraron la compañía a un determinado precio -un 10 por ciento- y que integraron el que se ha denominado núcleo o sector industrial, formado por British Airways -con un 9 por ciento- y American Airlines -con un 1 por ciento-; un segundo grupo de accionistas ya de segunda división, los que se han denominado socios institucionales, denominación que es notablemente discutible porque no representan instituciones de naturaleza pública sino sectores privados, como Caja Madrid, Banco de Bilbao Vizcaya, Logista, Ahorro Corporación o El Corte Inglés, que constituyen un 30 por ciento que, junto con el 10 por ciento de los socios industriales, configura con un 40 por ciento un núcleo duro con la intención de gobernar y controlar el desarrollo de la compañía. El 54 por ciento -no voy a hacer referencia al porcentaje de que disponen los trabajadores de la empresa- está destinado a accionistas de tercera división, porque usted muy bien sabe, señor ministro, que si usted y yo -usted en cantidad superior a mí, naturalmente, por su situación económica- decidiésemos participar en la futura oferta pública de venta de acciones de Iberia seríamos accionistas de tercera división, porque vamos a adquirir las acciones a un precio distinto, más bajo del que lo han adquirido los dos núcleos de accionistas a los que he hecho referencia anteriormente. La valoración de la compañía ha bajado de 580.000 millones de pesetas -valoración inicial- a 450.000 con la que entraron los socios privados y parece que se va a situar en 350.000.
Señor ministro, a nosotros nos preocupa no sólo esta naturaleza contable; nos preocupa una privatización que es la más larga de la historia de un proceso privatizador del sector público español. La compañía tiene buenos resultados y debemos reconocer que ha dado un cambio de rumbo a su gestión porque ha aprovechado la sinergia definida por un Gobierno socialista en los años 1994 y 1995, ha aprovechado la ampliación de capital que la Comisión Europea aceptó, y, señorías, como veo que hay diputados que se sonríen, si quieren les leeré la intervención del presidente de la compañíaIberia el lunes de la semana pasada ante la Comisión de

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Economía de este Congreso de los Diputados, en la fase de tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, donde dijo precisamente eso, que en los años 1994 y 1995 se definieron unas sinergias de las cuales se viene aprovechando la compañía, y creo que el actual presidente de la compañía Iberia no ha sido propuesto en modo alguno por un Gobierno socialista, sino por el lobby económico que acompaña al actual Ministerio de Economía de nuestro país; lobby económico en el que se integran naturalmente personas que aquí fueron auténticos látigos contra el antiguo Gobierno socialista. Recuerden SS. SS. quiénes intervenían en materias de esta índole y qué papel están jugando hoy magníficamente ubicados en esa situación. Si quieren, en el turno de réplica podríamos hacer una valoración al respecto.
Nos preocupa, señor ministro, que este proceso de privatización se vea salpicado por errores como el que usted cometió, por ejemplo, a finales del año pasado, cuando, intuyo que por despiste por su parte, la Dirección General de Patrimonio -es decir, dependiente de usted- le vendió a la naviera de la que es titular el señor Matutes el célebre barco Ciudad de Zaragoza por un precio excelente y aquí le formulé la pregunta que figura en el «Diario de Sesiones» y usted contestó con el criterio que estimó oportuno esgrimir.
A nosotros nos preocupa, señor ministro, que no se sabe cuál es el auténtico patrimonio actual de la compañía o del grupo Iberia. Por ejemplo en relación con Binter Canarias, compañía integrada por nueve aeronaves ATR, un lobby de la comunidad canaria bien posicionado ante los grupos políticos que controlan hoy la comunidad viene pidiendo su segregación del grupo Iberia. Tal como dijo el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en su última comparecencia de la pasada legislatura, está prácticamente a punto de ser vendida por unos 5.000 millones de pesetas a un grupo económico de estas características. Y nos preocupa, señor Rato, que se produzca una venta de estas características, que es prácticamente un regalo de un auténtico servicio público que en la comunidad canaria se está produciendo. Por ejemplo, sobre la compañía Air Nostrum -que es la primera franquicia que una empresa de titularidad pública le hace a una empresa privada sin producir consultas a las otras de esas características- sabemos que sus titulares no están bien posicionados precisamente con otros grupos políticos, pero sí con quienes tienen responsabilidades en el Partido Popular, y Air Nostrum es la primera franquicia que Iberia da, y la única.
El Partido Socialista en acción de Gobierno en los años 1993 y 1994 impulsó las políticas de liberalización del transporte aéreo y fue España el país pionero de la Unión Europea en dicha liberalización.
Consecuencia de ello fue que apareció en aquellos años un conjunto de iniciativas empresariales positivas, entre las que se encontraba Air Nostrum, recuerdo otra compañía, Air Truck , otra compañía vasca, etcétera, que tenían la intencionalidad de irrumpir en ese mercado liberalizado produciendo vuelos de naturaleza regional. En el año 1996, cuando se le da la responsabilidad al actual presidente de Iberia y siguiendo instrucciones de la SEPI, Iberia toma la sorprendente decisión de no producir franquicias en las otras compañías de ámbito regional sino solamente en una, en Air Nostrum, de darle el handling en tierra a unos niveles económicos excepcionales, de avalarle el leasing de las aeronaves que va comprando o alquilando, de prepararle a los tripulantes. Hoy en día, en número de operaciones, es la tercera compañía que opera en el aeropuerto de Barajas.
Señor Rato, tampoco tenemos muy claro si globalmente la participación de Iberia en Amadeus está suficientemente valorada y si es un acierto o un error la segregación de esa participación de Iberia poniéndolo en manos de la SEPI, porque aquella teoría de que cuando se vende una casa se vende sin el cuadro de Picasso dentro desde luego es muy discutible. En la prensa económica en los últimos días el presidente de Iberia viene manifestando públicamente el criterio del consejo de administración de la compañía de lo que considera un desacierto en cuanto a la disminución que va a experimentar la compañía en su valoración patrimonial cuando la participación en Amadeus se produzca y pase a otras manos. Nos preocupa, señor ministro, y queremos saber -y conocemos la historia de la participación del grupo Iberia en las compañías iberoamericanas Ladeco, Viasa y Aerolíneas Argentinas- cómo se va a salir de una grave situación en la que la compañía Aerolíneas Argentinas ha estado, fruto de una cadena de circunstancias adversas en la década de los 90 y que parece ser que afortunadamente...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.


... el pasado día 15 de este mes se produjo ya un acuerdo por el que el Gobierno español va a hacer una aportación y nosotros queremos saber en qué cuantía. A nosotros nos preocupa, en relación con esta compañía de bandera, que dejará de serlo, la actitud política que ha tenido, por ejemplo, de alejarse de los vuelos interinsulares en Baleares y dejárselos a Air Nostrum; nos preocupa cómo, cuando se produce plenamente la integración de Aviaco en la misma compañía, del orden de once a quince rutas que el personal de Aviaco fue fidelizando duramente durante tantos años, terminando por convertirla en la compañía más puntual de Europa, han sido dejadas de prestar por el grupo Iberia y ahora los presta su compañía franquiciada.
Termino, señor presidente. Desde el punto de vista social, 20.000 trabajadores, y desde el punto de vistade la seguridad aeronáutica, se tendrán que explicar

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claramente operaciones de wet-lease que la compañía Iberia ha hecho, por ejemplo, con Aer Turas o con Air Atlantic, que no sé si usted sabe, señor ministro -intuyo que sí, porque usted sabe mucho de muchas cosas-, que esta última es una compañía operadora intermediaria, que presta servicios a Iberia en un gran número de vuelos interiores en el país, que los tripulantes carecen o han carecido hasta hace muy poco de contratos laborales...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, ha rebasado ampliamente el tiempo.


El señor SEGURA CLAVELL: ... por último, que se trata de una compañía que no es titular de sus aviones, que son de la Cathay Pacific y están prestando servicios en rutas de interés público.
Nosotros le pedimos que nos dé una larga explicación precisamente de la evolución de una compañía cuyo eslogan era: con Iberia ya hubiese llegado, cuando la realidad es que con Iberia todavía no ha llegado una privatización, que viene impuesta por las políticas de liberalización del transporte aéreo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Segura.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, haré una referencia a la pasada legislatura, que el señor diputado trae a colación. Cuando el señor diputado quiso plantear aquí que la venta de un barco de la firma Trasmediterránea a una compañía privada contenía intereses políticos le contesté, le di datos y el señor diputado no fue capaz de proseguir con ese debate.
Lo podía haber hecho perfectamente, podía haber planteado una interpelación. No lo hizo entonces y ni siquiera lo hace ahora. Pero sí está en condiciones de hacerlo, yo le reto a que lo haga para que quede claro hasta qué punto S.S. es capaz de hacer afirmaciones sin final sobre personas que no se corresponden con la realidad.
En segundo lugar, la verdad es que S.S. ha hecho dos afirmaciones, una relativamente simpática y otra que carece de toda lógica mercantil. La primera es que S.S. estaría en peores condiciones financieras que yo para suscribir acciones de Iberia. Eso no será por la diferencia entre el sueldo de diputado y de ministro, que me da la sensación de que a S.S. le beneficia más que a mí. Y la segunda, que es más sorprendente y que debería llevar a S.S. a meditar sobre cómo juzga las cosas, es que S.S. al parecer cree que si él y yo fuéramos a la privatización de Iberia y pagáramos por una acción menos de lo que ha pagado Caja Madrid o El Corte Inglés seríamos accionistas de segunda. No, señoría, habríamos salido beneficiados. Piénselo, no es difícil de entender. Si por la misma compañía, con los mismos activos, usted y yo pagamos 100 y Caja Madrid paga 150, ¿se considera S.S. un accionista de segunda? ¿Se considera estafado? ¿O qué es lo que pensaría su señoría? Con esa mentalidad es imposible debatir con ustedes, porque es la irracionalidad total. Es decir, el Grupo Parlamentario Socialista parte de la base de que ha sido terrible que cuando hemos vendido a grandes compañías españolas y han pagado por el valor 458.000 millones de pesetas, valor 100 la compañía, resulta que S.S. se indigna y considera que es terrible para los ciudadanos de a pie que puedan comprar la misma compañía con los mismos activos pagando menos. Es realmente estupendo, señoría. Espero que con esa mentalidad S.S. nunca abandone la vida política, porque si se dedica a la vida financiera va a estar sitiado por los acontecimientos con una gran rapidez.
A partir de ahí, S.S. nos ha dicho que hay que ver qué buena gestión hizo el Gobierno socialista con Iberia. Nosotros no tenemos ninguna discusión sobre eso. Los datos son los que son conocidos. En cualquier caso, quisiera recordar que en estos momentos la valoración de Iberia se sitúa, como he dicho, según el último pago que se ha hecho en subasta, en la que se ha comprado el 30 por ciento, en 458.000 millones de pesetas, cifra que no encontramos nunca en las memorias de venta que SS.SS. nos ofrecieron cuando llegamos al Gobierno. En cualquier caso, no voy a discutir ahora sobre la gestión que ustedes realizaron en su momento sobre Iberia.
En cuanto a la salida a Bolsa, es imposible que S.S., una vez que conocemos sus criterios financieros, coincida con nosotros. Nuestra intención es que dado que Iberia es propiedad del erario público español, la saquemos a Bolsa en el momento que más valga. Como S.S.
cree que eso es lo peor que le puede suceder a las personas, a partir de ahí nos es muy difícil poder coincidir con su señoría.
Efectivamente, nuestra intención es completar la privatización de Iberia y hacerlo en el momento que más convenga al erario público español, que para una mente racional en temas financieros es cuando más dinero se obtenga. En la teoría de S.S. no sé cuál será el mejor momento, pero seguramente no va a coincidir con el nuestro. A partir de ahí, S.S. -también con una mentalidad que yo tampoco puedo compartir, pero es más grave, no la puedo ni entender- sostiene que si los estudios técnicos nos indican que la valoración del mercado, por ejemplo, en el caso de Air France supone que el mercado, por las razones que sean, no valora Amadeus suficientemente, es irracional que los responsables públicos saquen a Amadeus de la privatización de Iberia para poder hacer dos operaciones que beneficien más al ciudadano español, que al final es el que se beneficia del objeto de las privatizacionesque revierten al Tesoro. Eso tiene bastante senti do

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para alguien que crea que nuestra mayor responsabilidad es obtener los mayores ingresos posibles. Y si S.S. lo piensa dos veces, se dará cuenta de que puede tener sentido. Fíjese, no le digo que vaya a suceder, pero podría tener mucho sentido que si realmente los responsables de la privatización de Iberia llegan a la conclusión de que desde el punto de vista de la obtención de recursos se obtiene más privatizando por separado Amadeus que privatizándolo junto con Iberia, se hiciera, habida cuenta de que a lo que S.S. se refiere como SEPI es al Estado español y que, por lo tanto, desde el punto de vista del interés público, que es el que supongo que defiende S.S., parece que tiene bastante lógica que por lo menos nos planteemos la idea. Hay un ejemplo que a S.S. le ha llamado la atención y le ha despistado, y es que al parecer, si S.S. fuera propietario de un piso que tuviera un Picasso y le ofrecieran 100 millones por el piso y 50 millones por el Picasso y, por otro lado, le ofrecieran 110 millones por las dos cosas juntas, dada la mentalidad de S.S., lo vendería por 110 millones. (Aplausos.) Quiero decirle que sería el único que lo hiciera porque eso no se le ocurre a nadie. Por lo tanto, señoría, dado que en cuanto a las mediciones financieras nosotros nos movemos desde otro punto de vista, nos parece racional que por lo menos tengamos en cuenta que experiencias anteriores de socios de Amadeus parece que indicarían que, al menos, deberíamos de meditar sobre el famoso ejemplo del Picasso y el piso; eso sí, desde el punto de vista de querérseles sacar el mayor dinero posible, que es lo que nosotros creemos que los españoles nos exigen. Dada la mentalidad que tiene S.
S. sobre inversiones financieras, S.S. seguramente tendrá otro. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) A partir de ahí, quisiera recordarle que el modelo de privatización que nosotros hemos seguido -y que, por cierto, S.S. no parece haber discutido- es uno en el que se combina la españolidad de la compañía con un núcleo estable español de grandes compañías españolas que han comprado. Por cierto, S.S. ha dicho que los responsables de esas compañías estaban en la época de la oposición ¿haciendo qué? No sé a lo que S.S. se ha referido y sería bueno que nos esclareciera si en el BBVA, en El Corte Inglés, en Logista o en Caja Madrid. ¿Qué estaban haciendo en la época de oposición? Que yo sepa, señoría, eran compañías que no tenían ninguna injerencia política y, por lo tanto, me sorprende que se haya referido S.S. a ello. En cualquier caso, lo que hemos entendido es que esas compañías, con una voluntad de permanencia, garantizaban lo que S.S. al parecer ha dicho y es la importancia de que la españolidad de esa compañía continúe, habida cuenta de la trascendencia que tiene para un país como nosotros -que además es un país evidentemente turístico-, con la segunda industria turística del mundo, mantener vínculos con una compañía. Al mismo tiempo el proceso de internacionalización, en el que parece imprescindible que se embarque cualquier compañía con apetencias de grandes mercados o con necesidades de un planteamiento global del negocio de transporte aéreo, nos aconsejaba un acuerdo con uno de los grandes grupos que se estaban creando en el mundo, y entendieron los directivos de Iberia y de SEPI que el acuerdo con British Airways era mejor que con otras compañías. Eso fue a lo que se llegó en un precio que supondrá el 10 por ciento del precio de la OPV. En tercer lugar nosotros hemos entendido, cosa que a S.S. al parecer no le gusta, que la mayoría del capital ha de estar en manos de todos los ciudadanos que quieran participar en la OPV para que puedan beneficiarse de una privatización que entendemos que puede ser muy rentable como lo demuestra la evolución de las cifras. A partir de ahí, el momento en el que tomemos la decisión será el que parezca que más puede beneficiar a los intereses generales, que en nuestra mentalidad será cuando más recursos se puedan obtener.
Su señoría me ha planteado más preocupaciones sobre el futuro de algunas de las líneas concretas. Me remito a la comparecencia del presidente de Iberia. Por cierto, antes de seguir más adelante, no es que S.S. tenga mala suerte, sino que ésta es una interpelación a la que yo contesto en nombre del Ministro de Hacienda, que en este momento está en Bruselas y que es el responsable de SEPI. Estoy convencido de que en la comparecencia eciente del presidente de Iberia han tenido ustedes oportunidad de plantearle estrategias muy concretas como las de S.S. ha expuesto sobre vuelos regionales o sobre handlings. Sinceramente, estaré dispuesto a mandarle a S.S. las respuestas por escrito si no se siente satisfecho.
Para terminar y para que veamos cuál es la situación de Iberia en estos momentos, en un año en el que indudablemente se ha producido un importante deterioro del precio del crudo que afecta de manera determinante a las compañías aéreas, la actual dirección de Iberia ha tenido la previsión de tener asegurado el 70 por ciento del precio del crudo que utiliza en una banda que va de 17 a 22 dólares el barril. Por lo tanto, Iberia en este ejercicio va a tener de enero a septiembre unos ingresos de explotación acumulados de más de 500.000 millones de pesetas, que suponen un incremento del 14 por ciento.
Pero esto, que podría ser simplemente una expansión de la demanda, además tiene desde el punto de vista del resultado de explotación un incremento del 16 por ciento y desde el resultado antes de impuestos un incremento del 70 por ciento más que en el año 1999. Por lo tanto, la marcha de la compañía es plenamente satisfactoria, incluso en momentos de encarecimiento de la materia prima como es el crudo.
Después S.S. muy eufemísticamente nos ha dicho que qué mala suerte lo de las Aerolíneas Argentinas. Efectivamente, y no haré, que me sería muy fácil, referencias a cómo se tomó la decisión política del año 1990. Nosotros nos hemos encontrado con que España

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a través de SEPI era propietaria de Aerolíneas Argentinas, con una inversión que en estos momentos probablemente va a superar los 2.000 millones de dólares, que es lo que el erario público español va a aportar en Aerolíneas Argentinas por una decisión que, como S.S. ha recordado lo más deprisa que ha podido, viene de julio del año 1990.
Nuestra posición, indudablemente, es cumplir el compromiso que se adquirió con Argentina, saneando la compañía con un volumen de recursos como el que he mencionado muy considerable, y proponiendo un plan director que entendemos que responde un poco a los esquemas con los que se planteó en Iberia. Quiero recordar a la Cámara que supuso para parte de los trabajadores una reducción de salarios de entre el 8 y el 15 por ciento.
Apartir de ahí se han establecido negociaciones muy complejas con los sindicatos y con las autoridades argentinas, que por cierto tienen una participación en la compañía. En este sentido, quiero decir que muy recientemente, el 13 de octubre de este mismo año, se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno argentino, que esperamos pueda irse cumpliendo a lo largo de los próximos meses. El presidente de SEPI y el secretario de Programación argentino firmaron un acuerdo que ha sido ratificado por la junta general de la Sociedad Arsa el 15 de octubre del año 2000, hace menos de una semana, que supone la aceptación por el Gobierno argentino de este plan director. Este plan director supone la capitalización de la empresa en 650 millones de dólares, de los que 32,5 serán aportados por el Gobierno argentino, y con ello SEPI pasará a controlar el 90 por ciento del capital, ya que los demás accionistas se han retirado. Al mismo tiempo, quiero decir que los sindicatos minoritarios de titulados superiores, los sindicatos de pilotos y los sindicatos de otro tipo de trabajadores han mostrado su conformidad con el plan, exceptuando la reducción salarial, que esperamos que comprendan que es imprescindible para salvar la compañía, un poco en el mismo modelo que el Gobierno español ha adoptado con Iberia.
En ese sentido, quiero ratificar una vez más ante la Cámara la voluntad del Gobierno del Partido Popular de cumplir con los compromisos contraídos con Aerolíneas Argentinas, después de un esfuerzo más que considerable del erario público español que indudablemente tiene su raíz en las decisiones del año 1990, y que ese esfuerzo tiene que venir acompañado de un plan director que entendemos ya ha sido aprobado por el Gobierno argentino y esperamos que en todos sus extremos, incluidos los más difíciles, como pueden ser los salariales, también sea aprobado por los sindicatos que representan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Segura.


El señor SEGURACLAVELL: Gracias, señora presidenta.


Señor Rato, casi todos los parlamentarios de estas Cortes Generales le reconocemos una importante capacidad dialéctica. Hoy no se ha lucido. Y no se ha lucido porque implícitamente usted ha reconocido que interviene en representación de otro ministro que no ha podido venir y le ha tocado a usted sortear esta interpelación. Pero como tiene tablas, se ha salido no por la tangente sino por la cotangente, que recordará usted que es la inversa de la tangente, y creo que es una magnitud que debemos recordar, señor ministro. Le voy a ir contestando puntualmente a cada una de sus matizaciones.


Primero, cuando en el último Pleno de control al Gobierno le formulé la pregunta sobre la venta que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda hizo del barco Ciudad de Zaragoza, de la Compañía Transmediterránea, que presta servicio entre el archipiélago balear y el litoral mediterráneo peninsular, aquel día le cogí despistado -lo recordará- porque intuyo que no tenía conocimiento de ese tema, pero tenía la responsabilidad política de haber vendido un barco al señor Matutes, ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Economía le vendió un barco al señor Matutes, ministro de Asuntos Exteriores. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Y el 11 de enero, ya fuera de sesiones parlamentarias, usted lanzó por delante al subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda a comparecer en el Congreso de los Diputados, en una larga mañana y en un debate en el que tuve oportunidad de participar sobre la situación de una importante compañía de transporte marítimo, de lo que hablaremos mañana en uno de los puntos del orden del día de la sesión plenaria cuando analicemos el proyecto de ley de crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas en concepto de finalización supuesta de un contrato programa que vincula al Estado con la Compañía Transmediterránea durante veinte años y las características de ese contrato programa. Verán ustedes cómo la Comisión Europea dictará una resolución en contra de esa decisión que previsiblemente tomará mayoritariamente la Cámara, que para eso tienen ustedes mayoría absoluta, para equivocarse con gran altanería y no prestar atención a quienes venimos en representación de los intereses ciudadanos a construir y no a destruir. Es lo mismo que ocurrió cuando era ministro el señor Arias-Salgado, al que se le advirtió que la adjudicación de las 11 rutas de interés público en el Estado español, dando un plazo de 12 días en el mes de diciembre de 1997, se la cargaría la Comisión Europea, como se la ha cargado -valga la terminología coloquial- el pasado mes de julio de este año. Lo mantengo y reitero, y usted se vio obligado a mandar al subsecretario de Economía y Hacienda para

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debatir sobre ese célebre tema que le era incómodo; consiguientemente, no hubo ninguna deformación.
En segundo lugar, señor ministro, yo no utilizo terminología despectiva ni esos adjetivos como usted usa acerca de la irracionalidad. Este diputado, en representación de un grupo parlamentario dignísimo, tiene la intención siempre de hacerlo con rigor, método, sistemática y seriedad, y esa ha sido la línea de conducta que en el tema de las privatizaciones ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista. Usted no puede poner en mi boca lo que no he dicho. Cuando antes dije, coloquialmente también, que si usted y yo compráramos acciones seríamos accionistas de tercera división, es cierto, porque cuando salga la oferta pública de venta ya una parte del patrimonio de Iberia, como es el suelo no utilizado para el negocio del transporte aéreo, habrá sido valorada aparte. Los ciento y pico mil millones de la valoración de la participación en Amadeus, cuando nosotros compremos acciones -que yo no voy a comprar porque no tengo ni una sola acción de ninguna compañía, y le hablo coloquialmente a nivel de ciudadano, porque esencialmente lo que soy es un contribuyente-, lo haremos con un conjunto patrimonial inferior al que había cuando han comprado otros, los del 40 por ciento.
Señor ministro, qué duda cabe de que tenemos conceptos distintos, sin duda alguna, y me siento orgullosísimo de ello. Tenemos conceptos distintos en materia de operaciones financieras porque nosotros no hubiésemos sacado nunca el concurso público de la telefonía móvil de tercera generación, la UMTS, como lo han sacado ustedes. (Aplausos.) Lo hubiésemos sacado a subasta como han hecho los países, y voy a utilizar este término conscientemente, civilizados, que han estado defendiendo en Europa el interés público. Aquí podríamos haber ingresado dos, tres o cuatro billones de pesetas, según como hubiese ido el concurso, y nos hemos quedado tal como estábamos por una decisión gubernamental que tomaron al día siguiente a las elecciones del 12 de marzo, el 13 de marzo.
Resulta sorprendente que haga referencia al combustible. El presidente de Iberia, por referirme a un solo tema, viene demandando la liberalización del suministro de combustible en los aeropuertos españoles. Ustedes están imposibilitando la libre competencia en el suministro de combustible en los aeropuertos españoles, y la vida económica de una compañía depende mucho del combustible, no sólo de las contrataciones que haga para largos períodos de tiempo a las compañías petroleras, sino de la libre competencia que se produzca en los aeropuertos españoles. Hoy no está liberalizado el suministro de combustible en España en los aeropuertos, se está empezando a dar pasos y se ha aprobado un real decreto del mes de junio pasado para los puertos de la red portuaria nacional, pero no para los aeropuertos. Eso es una realidad incontrovertible.
Nos preocupa, señor ministro, que en el volumen de negocio de esa valoración de los 330.000 millones de pesetas de la compañía de transporte aéreo no se nos conteste si está consignada una valoración de Binter Canarias y forma parte de ese grupo de Binter Mediterráneo.
Tampoco se nos dice qué ha ocurrido con la venta de Iberia Cargo, con dos super DC-8, que jugaba un papel importante en la logística y en el transporte de mercancías de este país, que se privatizó y que no sabemos cuál ha sido el descenso de la valoración de la compañía.
Respecto a la franquicia con Air Nostrum le he estado haciendo planteamientos específicos, cara a la valoración de algo que tiene que conocer un ministro que lleva en las responsabilidades de Economía y Hacienda del Gobierno de España desde el mes de mayo de 1996. Me ha sorprendido cómo ha hecho usted arabescos laterales con su capacidad dialéctica, sin entrar a dar contestaciones específicas.
No tenga la más mínima duda de que en la moción consecuencia de la interpelación que se está debatiendo en estos instantes, la semana próxima o la posterior, cuando corresponda, presentaremos un proyecto de resolución razonable con petición de información sobre un proceso de privatización, que no discutimos porque viene impuesto por políticas de liberalización del transporte aéreo sino porque podemos y debemos discutir el mecanismo y la oportunidad.


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya.


El señor SEGURA CLAVEL: Termino, señora presidenta.


¿Cómo es posible que en excelentes momentos económicos en Bolsa no se haya producido la OPV? ¿Cree usted que en los meses próximos vamos a estar mejor que en los anteriores en cuando a la cotización en Bolsa? Claro que nosotros queremos que la cotización sea lo más alta posible. Yo no he dicho lo contrario, no ponga como manifestaciones mías lo que este diputado no ha dicho. No dibuje usted nunca en política un esperpento para luego combatir lo que usted ha dibujado.
Este diputado le ha hecho preguntas específicas, rigurosas y concretas, que ustedes tienen la obligación de contestar, y si no lo hace en este turno de réplica desde luego será objeto de debate en el momento oportuno, insisto, en la moción consecuencia de la interpelación.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor Segura.


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En primer lugar, si nos referimos una vez más al tema del pasado, S.
S. pregunta ahora por la venta de un barco. La mayor parte de SS.SS.
no se acordarán de mi contestación. A las dos razones que aducía S.S.
yo le contesté: una, que el precio era el que habían marcado los interventores y que superaba el precio del barco, el que se pagó por él, habida cuenta de las reparaciones que incluían el precio y que cubrían la operación; y, dos, que además había una cesión de líneas y, por tanto, la Compañía Transmediterránea, que era propiedad del Estado, y el conjunto de los intereses generales estuvieron salvaguardados, hasta el punto de que en la comparecencia del subsecretario a la que S.S. ha hecho referencia -que no fue sobre este tema sino sobre la dimisión del presidente de Transmediterránea, vamos a recordar las cosas-, esta cuestión también le fue suficientemente contestada a su señoría. Sin embargo, si quiere seguir hablando del asunto yo no tengo ningún inconveniente, y no es que le pida que me lo anuncie, pero cada vez que S.S. me plantee una interpelación vendré con todos los datos para que sigamos hablando de esta cuestión, en la que S.S. no tiene ninguna razón y además lo sabe.
En segundo lugar, sobre accionistas de tercera, señor Segura, en la primera intervención ha dicho lo que ha dicho, que éramos accionistas de tercera porque íbamos a pagar menos. Ahora a S.S. le habrán dado algún consejo, pero le voy a decir una cosa para que S.S. la piense.
Si se privatizase la última parte de Iberia, el 54 por ciento que queda, y se hubiera vendido algún activo, el dinero de ese activo estaría en el balance de Iberia y, por tanto, los nuevos accionistas también se beneficiarían de ese activo. No sé quién le aconseja a usted desde ese punto de vista en el grupo parlamentario, pero cambie de consejero porque ese debate lo va usted a ir perdiendo continuamente. Nadie en este mundo piensa que una persona que compre la compañía equis en enero de un año y otra persona que compre la misma compañía en febrero, cuando se ha vendido un activo, compre una compañía que vale menos, porque por el activo le habrán pagado algo a la compañía. No sé si lo entiende S.S., pero no es difícil. A partir de ahí, que S.S. diga que los accionistas son de tercera porque pagan más barata una compañía que otros accionistas pagaron más cara, es un argumento que S.S. ha utilizado. ¿Qué a partir de ahí S.S. ha mandado su interpelación por la tangente? No le quepa ninguna duda. No le hacía ninguna falta a S.S. meterse en ese jardín, se ha metido y la culpa no es mía, pero desde luego no le quepa a S.S. ninguna duda de que su argumentación a partir de ahí se ha ido por la tangente, S.S.
lo sabe, yo lo sé y todos los que estaban aquí presentes lo saben también.
Sobre las ventas de activos o no, separaciones de Iberia, en estos momentos la compañía se valora en razón de los activos que son propiedad de la compañía, y sobrela preocupación regional que tiene S.S. sobre la compañía que opera en Canarias le diré que sigue siendo propiedad de Iberia y, por tanto, S.S. plantea un debate que no existe en esos momentos. Si se produjese un cambio de criterio, S.S. sería informado. Por cierto, quisiera recordar a la Cámara, que seguramente no lo sabe, que en la anterior legislatura las iniciativas parlamentarias que cumplimentó el Gobierno relativas al grupo Iberia fueron 403, es decir, S.S. pudo preguntar prácticamente sobre todo; el presidente de Iberia atendió a un total de 25 iniciativas en once comparecencias y el presidente de SEPI dos específicamente para el tema de Iberia; además en la actual legislatura se han cumplimentado ya catorce iniciativas parlamentarias con relación al grupo Iberia.
Por lo tanto, si todas tienen la entidad que S.S. ha planteado en ésta, seguramente llegaremos a las mil iniciativas. Su señoría plantea iniciativas tan endebles que es posible que nunca obtenga contestación, porque lo que plantea S.S. es bastante obvio. La compañía tiene hoy los activos que tiene y esos activos están en su valoración. Si la compañía se deshiciera de sus activos, el beneficio de esos activos continuarían en el patrimonio de la compañía. Es tan simple como eso.
Sobre la fecha de la OPV, S.S. tiene toda la razón. El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular no quisieron hacer una OPV con las Cortes disueltas. Es verdad. Hubiéramos podido acogernos a un precedente, que fue el que sentaron el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno del Partido Socialista en febrero de 1996, pero no quisimos hacerlo porque tenemos un compromiso político por el cual no nos parece serio que un gobierno promueva una privatización cuando las Cortes están cerradas.
Compromiso que ustedes no tienen. Ustedes lo hubieran hecho. Ya lo sé, ya lo hicieron y, por lo tanto, lo volverían a hacer. (Aplausos.) No le digo que esté ni mal ni bien, simplemente lo describo. No sé si a ustedes les parecerá mal. Yo les describo lo que ustedes hicieron.
(El señor Segura Clavell: ¡Telefonía móvil!) Ahora voy a telefonía móvil, ahora voy a llegar. El mayor avance patrimonial que se ha producido en este país como consecuencia de una concesión administrativa es la segunda licencia de operador móvil, que quiero recordarle a S.S. que se concedió por cero pesetas, y que sólo empezarán a pagar un canon a partir de las modificaciones legales que hemos introducido nosotros. Que conste que no hago juicios políticos, pero si S.S. quiere identificar personas concretas, jurídicas y físicas, que hayan tenido el mayor beneficio en la historia de España como consecuencia de una concesión administrativa otorgada por un Gobierno referida a la telefonía, S.S. no tiene que ir muy lejos.
Sólo tiene que ir al segundo operador de telefonía móvil y se encontrará con billones de pesetas de beneficio. (Aplausos.) Por lo tanto, habida cuenta de que a partir de ahora el Gobierno entiende que el criterio que han seguido todas las administraciones públicas españolas, la suya, la del Partido

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Popular, las autonómicas y las municipales, de considerar que el espectro radioeléctrico se concedía prácticamente sin precio, es un criterio que hay que revisar. El Gobierno ha explicado por qué y el Gobierno lo va a revisar. Pero si S.S. quiere ejemplos de ganancias relacionadas con concesiones, ustedes tienen el primer premio.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruíz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no va a fijar posición en estos momentos y lo hará una vez que conozca la moción subsiguiente. Sí quiero adelantar que no nos satisface la respuesta dada por el vicepresidente del Gobierno en el día de hoy. Nos chocan algunas cosas que las plantearemos en la moción. Por ejemplo, no deja de ser chocante que la SEPI, que está adscrita al Ministerio de Hacienda, haya dedicado en los últimos meses más de cien mil millones de pesetas a sanear Aerolíneas Argentinas que, como se sabe, es la empresa que se pone ahora en venta cuando esos son los dividendos que se atribuyó con los beneficios de 1999, que es lo conseguido con la absorción de Aviaco por Iberia más el producto de la venta de una parte de Amadeos. Todos esos temas nos preocupan, son chocantes y, repito una vez más, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida fijará su posición definitiva en la moción subsiguiente que se traiga a esta Cámara.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruíz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López- Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Muchas gracias señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que nuestro grupo, al que tengo el honor de representar, apoya claramente la política que el Gobierno ha seguido en el proceso de privatización de Iberia y la subsiguiente de Aerolíneas Argentinas. Son dos procesos no exentos de dificultades, pero sí modélicos en los que se ha producido, con anterioridad a la privatización parcial en el caso de Iberia, un proceso de saneamiento que va a quedar en la historia como un proceso complejo y complicado, pero en el que, como muy bien ha dicho el señor vicepresidente segundo del Gobierno, se ha tenido en cuenta la españolidad de lo que era la compañía de bandera de nuestro país.
Además, hay que salvaguardar todos los intereses del sector turístico y las sinergias que podrían producirse entre el transporte de viajeros en un país con un flujo turístico tan importante como es España. Gracias al éxito de ese plan de saneamiento, se ha podido atraer a socios industriales de la categoría de British o de American, socios que se han denominado por algunos de institucionales y que representan de alguna manera a sectores muy importantes de nuestro país desde el punto de vista financiero y económico. Por tanto, sólo queda la salida a Bolsa, que, como también se ha explicitado muy claramente, tendrá lugar cuando más le interese a este país. Es decir, que cuando las perspectivas de los mercados bursátiles así lo aconsejen, se procederá a poner en el mercado de valores el 54 por ciento restante de la compañía Iberia.
Por último, en el proceso de Aerolíneas Argentinas, que es un proceso bien distinto al de Iberia, mucho más complejo, a muchos kilómetros de distancia de nuestro país, este grupo parlamentario va a apoyar las actuaciones seguidas por el Gobierno. Pero sí le pido al Gobierno que lo mismo que ha tomado la decisión de hacer una aportación de capital tan importante como la que ha hecho en Aerolíneas Argentinas, exija que todas las partes implicadas, desde el Gobierno argentino hasta los sindicatos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas, asuman su parte de responsabilidad en ese proceso de saneamiento, para que Aerolíneas Argentinas pueda llegar a ese umbral de beneficios tan necesario para una posterior privatización y para que no sea una carga insostenible no sólo para el erario público español, sino para todos los que participan en dicho proceso. Por tanto, manifiesto nuestro apoyo explícito, con ese condicionante, al Gobierno de nuestro país.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REGULAR LOS CRITERIOS DE CONEXIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
(Número de expediente 172/000042.)

La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señor vicepresidente del Gobierno, señoras y señores

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diputados, la interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) arranca de un debate jurídico cuya resolución se produjo en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional el 11 de noviembre de 1999. En dicho fallo, dictado por el alto Tribunal conociendo dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno vasco y el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, se ve claramente la falta de acomodo a nuestra Constitución de determinados preceptos de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. Ni en los recursos ni en los fundamentos jurídicos de la sentencia se cuestiona a quién corresponde la potestad normativa respecto a las cuestiones de defensa de la competencia en el ámbito del Estado español.
Lógicamente, no podría ser así de ningún modo, habida cuenta del contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución española. En el ámbito del Estado español, la potestad normativa en materia de defensa de la competencia corresponde en exclusiva al Estado; lógicamente, sin perjuicio -conocido es de sobra- de las competencias normativas que corresponden a instituciones correspondientes de la Unión Europea, asumidas en virtud del artículo 81 y siguientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y de los diversos actos normativos que en desarrollo de estas atribuciones han ido emanado de las distintas instituciones comunitarias competentes al respecto. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Lo que se debatió por parte del Tribunal Constitucional y lo que se resolvió en la sentencia antes indicada, de 11 de noviembre del año pasado, fue precisamente si las comunidades autónomas que hayan asumido, en virtud de sus estatutos -como es el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 12-, competencias en materia de comercio interior pueden desarrollar facultades normativas de ejecución de las políticas y potestades administrativas de defensa de la competencia. Como es sabido, el Tribunal Constitucional falló resolviendo que las comunidades autónomas con competencias en materia de comercio interior tienen potestades administrativas -no normativas pero sí administrativas- para el desarrollo de las políticas de vigilancia y represión de las actuaciones que vulneren la libre competencia. Por tanto, las comunidades autónomas pueden actuar en defensa de una competencia suficiente y eficaz colaborando en la protección de la misma contra todo ataque al interés público en este ámbito de actuaciones.
A raíz de esta importante sentencia desde este punto de vista, tienen que coexistir en el ámbito español actuaciones administrativas de la Administración del Estado y de la Administración de las comunidades autónomas. Esta coexistencia o superposición de actuaciones administrativas en materia de defensa de la competencia en el contexto de la Unión Europea no es novedad alguna, tal como decía anteriormente, pues en los distintos países miembros de la Unión vienen superponiéndose actuaciones en defensa de la competencia desarrolladas por las instituciones comunitarias que operan respecto a aquellas situaciones consistentes en conductas prohibidas, abuso de posición dominante, actos de competencia desleal que falseen de manera sensible la libre competencia, concentraciones económicas que puedan afectar al mercado mediante su posición de dominio y, por último, en determinadas ayudas públicas a empresas, siempre y cuando esta serie de actos afecten o puedan afectar al comercio entre Estados miembros; mientras que las actuaciones administrativas respecto de operaciones que vulneren o afecten a la libre competencia sin que se sobrepase el ámbito territorial, en este caso de España, corresponden lógicamente a la Administración, al Tribunal y al Servicio de Defensa de la Competencia de la Administración del Estado.
Resulta evidente, recordada esta doctrina constitucional, que las competencias autonómicas a este respecto deben configurarse de tal manera que su existencia no suponga un menoscabo de un mercado único armónico que permita al Estado el desarrollo de su competencia constitucional de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. A este respecto, el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 1990, la número 64/1990, señala que, sin la igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica, no es posible alcanzar el grado de integración que su carácter unitario impone. Es por ello que aquellas actuaciones administrativas ejecutivas de carácter administrativo, aun cuando se ejecuten en el territorio de una comunidad autónoma, que afecten a todo el mercado español deberán desarrollarse por los servicios de Defensa de la Competencia de la Administración del Estado.Este doble nivel de actuación administrativa, que de forma absolutamente clara y diáfana establece la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado, exige, en coherencia con lo que acabo de indicar, que se articulen los correspondientes criterios de conexión que determinen claramente las competencias autonómicas al respecto, así como los correspondientes mecanismos de intercambio recíproco de información para un adecuado desarrollo de esta importante función. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) En conclusión, determinados preceptos de la Ley 16/1989 fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dicha nulidad, como también es sabido, quedó diferida hasta el momento en que resulten establecidos y configurados los pertinentes criterios de conexión, de tal forma que las comunidades autónomas puedan desarrollar de manera plenamente operativa tales importantes competencias. Hasta ese momento, quedarán en suspenso los efectos de la declaración de nulidad pues, de lo contrario, se produciría un vacío que podría generar desprotección en el

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ámbito en que la potestad exclusiva correspondiere a este nivel de las comunidades autónomas. Este es el motivo de la interpelación que, con carácter urgente, ha presentado mi grupo parlamentario en esta Cámara. El objetivo es conocer en qué grado de avance se hallan los trabajos que deban efectuarse para poner fin a esta anómala situación; la expresión situación anómala la cita literalmente el Tribunal Constitucional para referirse a esta situación de dependencia, a esta situación de operatividad de determinados preceptos que, sin embargo, vulneran claramente la Constitución, la Carta Magna. Por tanto, interesa conocer cuál es el grado de avance de estos trabajos.
En cuanto a la configuración de estos puntos de conexión, es verdad que lo que literalmente exige el Tribunal Constitucional es que se apruebe una ley estatal al respecto. Por tanto, bien pudiera pensarse que podría haberse presentado una proposición de ley, con una propuesta de criterios de conexión, dibujada de forma que se respetara el criterio del Tribunal Constitucional. Pero no es menos cierto que, aunque el sentido literal de la sentencia es el que acabo de indicar, en diciembre del año 1999 se aprobó una reforma parcial de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 52/1999 (ley aprobada después del fallo del Alto Tribunal, aunque no dio tiempo, en virtud del trámite parlamentario, a incorporar el sentido y el contenido de su mandato), y que en la disposición final segunda de esta ley se estableció que el Gobierno presentase, antes del 1 de octubre del año 2000, un proyecto de ley por el que se tenían que regular los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las comunidades autónomas de la competencia relativa al ejercicio de actuaciones administrativas respecto de las conductas prohibidas y autorizadas que afectaran a la defensa de la competencia. El 1 de octubre ya pasó, pero mi grupo parlamentario, pese a que esta fecha ha transcurrido, vería con agrado la constatación de que hay un grado de avance importante en estas tareas y que la remisión de tan importante proyecto de ley a esta Cámara se va a producir con la mayor brevedad posible, habida cuenta que el desarrollo del entramado orgánico que para las comunidades autónomas supone el ejercicio de las competencias que reconoció de forma clara el Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado depende del pistoletazo de salida que supone la aprobación del proyecto de ley que regule tales criterios de conexión.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Padrol. Efectivamente, el Tribunal Constitucional, en sentencia del 11 de noviembre, como ha recordado S.S., declaró inconstitucionales seis preceptos de la Ley de 1989 que habían sido objeto de enmiendas por parte del su grupo parlamentario y del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, anulando en todos ellos el inciso que decía textualmente: «en todo o en parte del mercado nacional». La Generalitat de Catalunya, por un lado, y el Gobierno vasco, por otro, planteaban en su recurso que las competencias autonómicas para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, en el ámbito de ejecución administrativa, no debían estar exclusivamente centralizadas. Y también sostenían los recurrentes que los principios constitucionales de unidad de mercado, libre circulación de bienes o las competencias estatales de dirección general de la economía no impiden las competencias autonómicas de gestión en materia de defensa de la competencia, sobre todo teniendo en cuenta que la uniformidad en todo el territorio nacional está garantizada por la existencia de una normativa común. Tanto el Estatuto de Autonomía de Cataluña como el Estatuto de Autonomía para el País Vasco atribuyen a los gobiernos autonómicos la competencia en materia de comercio interior y defensa del consumidor y usuario, sin perjuicio (y creo que este «sin perjuicio» también es importante tenerlo en cuenta) de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia. En ese sentido, el Tribunal Constitucional entiende que la materia de defensa de la competencia está integrada en comercio interior y que ambas comunidades autónomas (y, por tanto, todas las que tengan asumida esta competencia, que creo que en este momento ya son todas) tienen competencia sobre comercio interior y, en todo aquello que no suponga competencias del Estado, sobre defensa de la competencia. El propio Tribunal Constitucional afirma que la defensa de la competencia constituye un presupuesto y un límite necesario para la libertad de empresa, que no es una restricción de la libertad de empresa y, también, que no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución y por lo que puede corresponder a las comunidades autónomas en función de sus propios estatutos. Y aquí radica la visión del Tribunal Constitucional respecto a la competencia de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia sobre comercio interior. Lo que está claro es que el Tribunal entiende que habrán de atribuirse al Estado todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional y que, por lo tanto, corresponden al Estado no sólo las actuaciones normativas, sino también las ejecutivas relacionadas con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito supracomunitario (por encima de una comunidad autónoma) o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos se realicen exclusivamente en una comunidad autónoma. Todo esto

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supone que las comunidades autónomas tienen competencia que agota los efectos en el ámbito territorial autonómico, y que no debe interferir en cualquier caso con el mercado nacional o supraautonómico, tanto para instruir y resolver expedientes sancionadores por conductas prohibidas, con las restricciones que acabo de mencionar; para conceder autorizaciones singulares, con las restricciones que acabo de mencionar; para instruir y resolver los expedientes sancionadores, con las mismas restricciones; para dirigir intimaciones por los autores de conductas, en el mismo contexto, y para imponer multas a los autores de conductas, también en el mismo contexto. La sentencia considera que el Estado, en virtud de sus competencias normativas, puede y debe articular los mecanismos de coordinación que garanticen la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado nacional; y estas son palabras textuales del Tribunal. En consecuencia, atribuye al Estado la competencia para dictar normas que establezcan los llamados puntos de conexión, a los que ha hecho referencia S.S., que determinen que una conducta restrictiva de la competencia ha de ser sancionada por la comunidad autónoma, en los supuestos y con las restricciones que he mencionado (es decir, una actuación que radique en su territorio y exclusivamente en su territorio y que no tenga efectos sobre el resto de la competencia, ya sea a nivel nacional o supracomunitario) y los mecanismos de colaboración e información recíproca. Por tanto, el Gobierno está trabajando en estos momentos sobre esos puntos de conexión y sobre los mecanismos de colaboración e información. El propio Tribunal indica que los preceptos declarados nulos no lo serán hasta el momento en que haya una ley que fije esos criterios de conexión.
Efectivamente, la sentencia se produjo durante la tramitación de la Ley de Defensa de la Competencia en el Parlamento. En el Senado, su grupo parlamentario planteó unas iniciativas que fueron recogidas, con el compromiso de que efectivamente en el mes de octubre de este año estaríamos en disposición de discutir esta modificación de la Ley de Defensa de la Competencia adaptándola a la doctrina del Tribunal Constitucional, que tanto S.S. como yo acabamos de recordar.En estos momentos, este anteproyecto de ley se encuentra en un proceso de elaboración, que esperamos poder someter a los preceptivos informes del propio Tribunal de Defensa de la Competencia y del Ministerio de Administraciones Públicas en fecha próxima -por tanto, en este período de sesiones- y, a partir de ahí, ofrecerlo a información pública, a efectos formales. Es lógico que a efectos prácticos, desde el momento en que lo remitamos tanto al Ministerio de Administraciones Públicas como sobre todo al Tribunal de Defensa de la Competencia, el proyecto estará en disposición de ser conocido por todas las administraciones y, desde luego, por los grupos parlamentarios, que a partir de ahí podrán aportar -en este trámite o posteriormente en los trámites parlamentarios- sus criterios en algunas cuestiones que nos parecen especialmente significativas.
Por un lado, los criterios de reparto. El Gobierno tiene que acatar -como no podría ser de otra manera-, como cualquier Administración pública española, los criterios de conexión que define la sentencia del Tribunal Constitucional, donde queda establecido que, en materia de defensa de la competencia, corresponden a las comunidades autónomas aquellas actuaciones ejecutivas que hayan de realizarse en su territorio y que no afecten al mercado supracomunitario. Por tanto, tendremos que definir unos criterios de conexión que dejen claro qué actuaciones cumplen estos dos requisitos para estar sometidas a las actuaciones ejecutivas de las administraciones autonómicas. Debemos de precisar esos puntos de conexión para saber cuándo una conducta que sea restrictiva de la competencia, aunque esté realizada -como tiene que ser obligatoriamente- en un determinado mercado físico, que será un mercado autonómico, afecta al mercado nacional o a un mercado supracomunitario.
El mecanismo de asignación de expedientes y resolución de posibles conflictos de atribución también será, indudablemente, una cuestión que tengamos que dilucidar y sobre la que estamos trabajando. El borrador de anteproyecto de ley pretende incorporar a la normativa de defensa de la competencia un mecanismo de asignación de casos que dé una respuesta rápida a los posibles problemas planteados desde la perspectiva de la propia aplicación de esta normativa. Asimismo, estamos trabajando sobre la incorporación de un sistema de resolución de conflictos de atribución de competencias que pudieran producirse en la interpretación de la norma -que siempre es posible-, y debemos pensar que debe ser lo más ágil y lo más rápido posible, habida cuenta que, si no, estaríamos perjudicando el tráfico mercantil, que creo que no es la iniciativa política de ninguna de las administraciones involucradas.
Además de los puntos de conexión a los que he hecho referencia y de los mecanismos de asignación de expedientes y de resolución de posibles conflictos de atribución, también hemos de establecer un sistema de colaboración y de información. Por tanto, el anteproyecto sobre el que estamos trabajando incluye mecanismos que promueven esta cooperación, la colaboración e intercambio de información entre las administraciones que sean competentes, por tanto las autonómicas y la Administración General del Estado. Como instrumento fundamental de cooperación, estamos trabajando en la existencia de un órgano que integre a representantes de una y otra Administración, en el que se aborden los problemas de aplicación de derecho de la competencia por las distintas administraciones implicadas y que sirva de marco de discusión, de consulta y de intercambio de información, de manera que también mantengamos una coordinación y una homogeneización en las decisiones. Esta uniformidad en la aplicación de la normativa

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debe lograrse mediante los mecanismos de colaboración e información a los que acabo de hacer referencia.
Señor Padrol, señorías, es voluntad del Gobierno no sólo cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, sino también hacerlo en el plazo del compromiso político que establecimos en la pasada legislatura. Espero que antes de la finalización de este período de sesiones la opinión pública, los grupos parlamentarios y las administraciones territoriales tengan en su poder, una vez que hayan evacuado sus opiniones el Tribunal de Defensa de la Competencia y otros órganos del Gobierno, principalmente el Ministerio de Administraciones Públicas, un borrador en la línea que acabo de definir, es decir, una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia que establezca los puntos de conexión en los que las comunidades autónomas puedan ejecutar las políticas de competencia tal y como fija el Tribunal Constitucional, un sistema de asignación de casos y de resolución de conflictos y un sistema de coordinación y de información entre las distintas administraciones. Creo que debemos responder a ese mandato del Tribunal Constitucional y es voluntad del Gobierno hacerlo en este período de sesiones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor vicepresidente.
Señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno, señoras y señores diputados, intervendré brevemente en mi turno de réplica porque la verdad es que en el debate de fondo sobre esta cuestión no cabe más que respetar la opinión del Tribunal Constitucional y de lo que se trata es de lograr que este proyecto de ley esté cuanto antes en esta Cámara. Desde este punto de vista, mi grupo parlamentario constata con agrado la intervencion del vicepresidente del Gobierno y su compromiso, como no puede ser de otra forma, de que lo impulsará lo más rápidamente posible para que estos trámites previos al envío del proyecto de ley a esta Cámara se cumplimenten con celeridad.
Quiero agradecer también el avance de información sobre el contenido.
Cierto es que será una norma que habrá que articular detenidamente.
Es una norma con ciertas complejidades porque, por una parte, están las competencias asumidas, en virtud del marco de reparto de competencias constitucionales, por las comunidades autónomas -en el caso de Cataluña, artículo 12 de su Estatuto-, y, por otra parte, la salvaguarda también reconocida en la Constitución de la unicidad del mercado español. Por tanto, estos dos principios deben ponderarse adecuadamente. En cuanto al contenido, el momento para debatirlo políticamente será cuando este proyecto de ley llegue a la Cámara.
Por último, quiero señalar otra vez lo que he indicado anteriormente, es fundamental que este proyecto de ley llegue cuanto antes a esta Cámara y no sólo por un motivo que es muy importante -porque se trata de competencias que corresponden, en principio, a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en comercio interior-, sino por un hecho, por una reflexión política de carácter general, y es que en este momento las potestades administrativas, los actos ejecutivos de la Administración en defensa de la competencia en determinados ámbitos se están ejerciendo al amparo de preceptos que han sido declarados inconstitucionales, cuya eficacia -la eficacia de esta declaración de inconstitucionalidad- ha sido demorada hasta que no se aprueben estos criterios de conexión. Sin embargo, resulta evidente, como reflexión política general, que determinado ámbito de funciones administrativas se está llevando a cabo al amparo de textos que no tienen acomodo constitucional y creo que ni a mi grupo parlamentario ni a ningún otro, estoy convencido, le interesa que esta situación se perpetúe. Es un compromiso seguro que común a todos los grupos de esta Cámara el acabar rápidamente con una situación anómala que supone operar administrativamente al amparo de preceptos que no tienen acomodo constitucional. A este respecto, recuerdo la dicción literal del último párrafo previo al fallo de esta sentencia de 11 de noviembre del año 1999, en el que se dice que la lealtad constitucional obliga a todos -especialmente en este caso al Estado- a poner término a esta situación de provisionalidad lo antes posible.
Nada más por mi parte. Insisto en constatar con agrado el impulso que se le va a dar a la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Una vez más quiero reiterar el compromiso del Gobierno no sólo de cumplir la sentencia, sino de hacerlo en el plazo establecido políticamente en la pasada legislatura. Comparto la opinión del señor Padrol de que es un proyecto que va a tener unas determinadas complejidades técnicas, que estoy seguro que podremos superar estableciendo un sistema de cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado, habida cuenta que en las cuestiones relacionadas con la competencia vamos a estar actuando sobre decisiones empresariales de toda índole y debemos colaborar, de un lado, en la defensa de los intereses de los consumidores, y, de otro, en la propia defensa del derecho de los responsables de las empresas a tomar decisiones en un marco de liber tad,

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respetando las normas de competencia, y en ese sentido estamos trabajando, para poder discutir ese proyecto de ley lo antes posible.
Le agradezco mucho su intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Sin perjuicio de que establezcamos cuál es la posición definitiva en función de la moción, sí me parece muy acertado el haber traído a esta Cámara esta preocupación, porque surge de la resolución definitiva de una sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de noviembre de 1999 -ya se ha señalado por el compañero Padrol por qué surgen los recursos interpuestos-, que coincide, gracias a Dios, con la aprobación de la ley, al menos con la tramitación final de diciembre de 1999, por lo que se pudo introducir en la disposición final. La exposición de motivos de esta ley, que llegó a esta Cámara antes de la tramitación, no recogía esa posición descentralizadora, que al parecer es una cuestión, según el Tribunal Constitucional, absolutamente mandatada.
Estoy segura que no será fácil determinar los criterios de unas u otras conexiones, en todo caso, tenemos unas referencias, como ha dicho tanto el vicepresidente como el señor Padrol, unos criterios que aparecen recogidos en la sentencia del propio Tribunal Constitucional. No sería cuestión de reiterarlos, porque ya se han citado aquí, pero hay cuestiones clave. Debo reconocer que la defensa de la competencia no está incluida entre las competencias exclusivas del Estado del 149.1; estimar que la defensa de la competencia forma parte de la materia de comercio interior, atribuida con carácter exclusivo a las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos, en este caso las recurrentes, ya fuere Cataluña o la Comunidad Autónoma del País Vasco, con las expresas salvedades sobre la competencia legislativa; apelar también a las normas comunitarias, en eso me extenderé un poco más adelante, como fuente inspiradora de esta Ley de Defensa de la Competencia y como modelo en donde se articulan relaciones entre normativa y actuación de órganos comunitarios y estatales; en definitiva, establecer claramente que el término en materia de defensa de la competencia no se halla atribuido expresamente al Estado por la Constitución y que en una interpretación integradora, asistida por los correspondientes preceptos de los estatutos de autonomía, al Estado queda reservada la legislación, y corresponderán a las comunidades autónomas, en virtud de sus estatutos, las competencias de carácter ejecutivo.
Dicho todo ello, y aunque podríamos extendernos sobre los criterios de la sentencia del Tribunal Constitucional, pongo en consideración de la Cámara y de los inspiradores de ese proyecto de ley, sin perjuicio de que luego materialicemos nuestras ideas, nuestras propias orientaciones, que sería adecuado hacer fuente de inspiración a la normativa comunitaria. No se le escapa a nadie que las leyes en materia de defensa de la competencia, tanto la de 1989 como posteriores aplicaciones y desarrollos, tienen inspiración en la normativa comunitaria. Eso es claro y evidente.
También podría ser un elemento de orientación ver cuál es el camino que está siguiendo la Unión Europea, en este caso las instituciones responsables en materia de defensa de la competencia a nivel europeo, el Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos dedicados a este tema, artículos 85 y 86, y especialmente las prácticas descentralizadoras en esta materia. Está claro que cuando hablamos de Europa hacemos referencia a lo que tienen que ser las prácticas de coordinación entre normativa y aplicación comunitaria y estatal, pero también creo que esos principios descentralizadores podrían ser perfectamente de aplicación porque lo que nos viene a decir la Comisión es que ésta es una buena ocasión para la aplicación de una materia tan clara y a la vez tan compleja como es la defensa de la competencia.
No querría dejar de decir, ya que hablamos de principios orientadores o de líneas generales donde podemos ir, que también tenemos en la Unión Europea un elemento que podríamos tomar en consideración, con sus variantes, con sus propias especificidades, porque nada es exactamente igual. Me refiero a la ley alemana, relativa a las restricciones de la competencia, en la que se configura una estructura administrativa descentralizada, que opera en coordinación con la instancia técnica central que es el Bundeskartellamt. Por tanto, creemos que, como principio orientador, aunque no sea igual, podemos ver qué se ha hecho en otros lugares para poder tener unos elementos, de facto, más o menos asimilables y establecer la creación de entidades administrativas autonómicas que, en lo relativo a su ámbito territorial, se encarguen de las funciones atribuidas al servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia, reservando a ellos sólo los casos que superen dicho ámbito.
En definitiva, tenemos unas cuestiones a las que podemos aludir, otras muy claras que tenemos que cumplir, como son los mandatos del Tribunal Constitucional, y otras que pueden servirnos de criterios orientadores, sin perjuicio de la propia ideología y personalidad política que queramos darle cada uno de nosotros al proyecto de ley.
Lo que sí es cierto y está claro es que lo que tenemos que hacer ya es la remoción de aquellos obstáculos que impiden la organización descentralizada en una materia, como es la materia de defensa de la competencia, que, como dice claramente el Tribunal Constitucional, no forma parte de la competencia exclusiva delEstado y sí tiene mucho que ver la participación de las

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comunidades autónomas en lo que se refiere al comercio interior.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el grupo al que represento considera acertada y oportuna esta iniciativa presentada por el Grupo Catalán fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque nos permite llamar la atención del Gobierno en torno a una situación que, aun juzgando con extrema benevolencia, no puede ser calificada sino de irregular; irregular desde el punto de vista de la estructura constitucional de distribución territorial del poder. Es una situación -insisto- irregular, cuyo responsable, en principio, es el Gobierno y singularmente la inacción que ha presidido la actitud legislativa del Estado durante este último año en el ámbito de la defensa de la competencia.
No es este momento para criticar la política legislativa del Gobierno, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y en otros foros, y lo seguiremos haciendo; una política que, entre otras cosas, prescinde de la elaboración de un calendario legislativo, como imponen las prácticas más sanas de los regímenes democráticos; una política en la que la pauta parece ser que la marcan los reales decretos-leyes, las leyes de acompañamiento que, como se sabe, sustraen a las cámaras el debate a fondo de las iniciativas normativas que plantea el Ejecutivo. Pero, con todo, no puede pasarse por alto la situación creada por el Gobierno, como consecuencia de que no ha dado cumplimiento al mandato contenido en la disposición final segunda de la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, ley que por imposición, a su vez, de la sentencia del Tribunal Constitucional (a la que reiteradas veces se ha hecho referencia a lo largo de este debate, impone al Gobierno la presentación en el Congreso de los Diputados, antes del 1 de octubre del año 2000, de un proyecto de ley por el que se regulen los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las comunidades autónomas de competencias previstas en el marco legal de defensa de la competencia), ha supuesto, no en palabras mías, ni de mi grupo, sino en palabras del Tribunal Constitucional, la anómala pervivencia de una situación contraria al reparto constitucional y estatutario de competencias.
La declaración de inconstitucionalidad de los preceptos y la afirmación de la necesaria intervención legislativa -y sigo citando textualmente al Tribunal Constitucional- bastan, en virtud del principio de lealtad constitucional, para propiciar una pronta sanación de la situación institucional. En este punto, como puede verse, la actitud del Gobierno constituye una deslealtad constitucional porque mantiene ilegítimamente, y por encima de lo razonable en el tiempo, una situación contraria al orden de distribución de competencias.
En segundo lugar, consideramos que la iniciativa es también oportuna porque nos permite a los grupos parlamentarios emitir nuestra opinión sobre los criterios que han de presidir los puntos de conexión que el Gobierno ha de establecer por mandato legal y jurisprudencial.


La verdad es que las explicaciones del señor Ministro han arrojado hasta la fecha poca luz sobre las intenciones reales del Gobierno en esta materia. Hay algunos aspectos que consideramos positivos, sobre todo la referencia que ha hecho a la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre las diferentes instancias administrativas responsables para ejecutar las previsiones de la Ley de Defensa de la Competencia en esta materia, pero hay un aspecto que no nos deja de preocupar. A nuestro juicio, después de leer atentamente la sentencia, cabe una doble lectura de la misma.
Una lectura restrictiva que, ciñéndose al contenido literal del fallo, circunscriba la intervención ejecutiva autonómica a los supuestos contemplados estrictamente en los artículos 4, 7, 9, 10 y 11, todos ellos, como se sabe, sistemáticamente emplazados en el capítulo I del título I de la Ley.
Cabe también, sin embargo, una lectura más amplia, una lectura coherente con el discurso argumental sobre el que descansan los fundamentos jurídicos de la sentencia, que lo que combate no es el contenido de tal o cual precepto en concreto, sino -y cito nuevamente de modo literal- la pretensión de universalidad en la atribución al Estado de las competencias ejecutivas en el ámbito de la defensa de la competencia. Pretensión de universalidad que no se da únicamente en los preceptos contenidos en ese capítulo I al que he hecho referencia, sino también en el capítulo II, concerniente a las concentraciones económicas, y en el capítulo III, relativo a las ayudas públicas. En ambos capítulos, en el II y en el III, en el de las concentraciones económicas y en el de las ayudas públicas, la Ley de Defensa de la Competencia contiene previsiones vinculadas a la ejecución de sus preceptos que se reservan en exclusiva o al Tribunal Defensa de la Competencia o al Servicio de Defensa de la Competencia o al Consejo de Ministros; y ello haciendo abstracción del ámbito espacial sobre el que puedan incidir las prácticas o conductas que en ella se regulan. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

Es más, el artículo 14 de la Ley reserva con carácter exclusivo al Servicio de Defensa de la Competencia el conocimiento de los proyectos u operaciones de concentración de empresas como consecuencia de los cuales se adquiera o incremente una cuota igual o superior al 25 por ciento del mercado nacional, o de un mercado geográfico definido dentro del mismo, de un determinado producto o servicio. Con lo cual la ley viene a

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excluir de la intervención ejecutiva a las comunidades autónomas, aun en el supuesto de que la concentración afecte exclusivamente a la libre concurrencia de las empresas en un mercado geográfico distinto del nacional, inferior al nacional y definido dentro del mismo, que puede coincidir con los límites de una comunidad autónoma o revestir un nivel infracomunitario.
De estas dos posibles lecturas de la sentencia, me ha parecido adivinar que el Gobierno se adhiere a la primera. Si hemos de fijar posición, he de adelantar que nosotros somos más partidarios de la segunda.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Nuestro grupo también considera muy oportuna esta interpelación urgente porque, de hecho, había terminado el plazo para que el Gobierno nos trajera este proyecto de ley. No voy a repetir la cita literal referente a la situación anómala y a la obligación de lealtad constitucional, que afecta también al Estado en este caso, que han hecho tanto el señor Padrol como la señora Lasagabaster.
Es verdad que estábamos ante un retraso injustificado y ese retraso podía acabar siendo una expresión de deslealtad constitucional del Estado hacia las comunidades autónomas. Por eso me alegro, debo decirlo, de que el Gobierno tenga un anteproyecto en estado avanzado que va a someter a trámite de información.
El Gobierno no ha sido precisamente parco en modificaciones legislativas en materia de defensa de la competencia. En los últimos años ha realizado cinco modificaciones de la ley de la defensa, tres de ellas desde abril de 1999 -en poco más de un año-, y en cambio, aquel aspecto que la doctrina y el Tribunal de la Defensa de la Competencia le habían instado modificar, como era la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, no había llegado hasta ahora a nuestros oídos.
Respecto a los criterios que se han expuesto, hemos tenido la ocasión de oír un comentario jurídico, con una parte de resumen de sentencia que ha sido muy amplia, pero escaso en la parte de los comentarios; escaso en la parte donde se explican los problemas que se crean y cómo resolverlos. Estamos de acuerdo en que los tres grandes asuntos que se deben abordar son: las reglas de conexión, que deben hacer efectiva la posibilidad de que las comunidades autónomas ejerciten su competencia ejecutiva; los mecanismos de coordinación para garantizar la homogeneidad del mercado en todo el territorio español; y las reglas de colaboración e información recíproca porque la lealtad obliga, efectivamente, a ambas partes; pero sobre los detalles concretos no hemos podido oír nada.
En este sentido, debo decir que coincido con la posición que ha expresado la señora Lasagabaster. Creo que hoy era un buen día para avanzar algo más de los comentarios, no sólo de la descripción de la sentencia, y creo que tenemos en nuestro entorno dos referentes, dos grandes modelos que deberemos mirar cuando entremos a discutir esto: por una parte, el modelo comunitario europeo y, por otra parte, el modelo alemán. Tengo algunas dudas de que el modelo comunitario europeo sea demasiado aplicable. Creo que planteará problemas para saldar las cuestiones que tenemos por delante, porque el presupuesto de aplicación del modelo europeo es el comercio interestatal y nos encontramos en un supuesto de comercio intraautonómico básicamente.
Nuestro grupo en principio observa, como en otras cuestiones referidas al derecho de la competencia, con especial atención el modelo alemán de un Estado federado, que tiene una larga tradición en la resolución concertada cooperativa a nivel territorial de conductas restrictivas de la competencia. Sabemos que el modelo alemán en materia de defensa de la competencia no causa una gran simpatía en el Gobierno, pero creemos que esta vez valdría la pena que fuera mirado con atención, porque creemos que es un modelo que ayuda muy bien a resolver los problemas que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, creemos que el comentario final debería acercarnos a la legislación alemana en esta materia.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez- Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Me alegro del tono de las intervenciones de esta tarde porque creo que es constructivo y que nos va a permitir llegar a una moción que realmente avance en la cuestión que hoy tenemos planteada.
Estamos hablando de una sentencia que hace referencia a una ley de 1989. Por tanto, señor Bel, nuevamente bienvenido al club de los que cambian de opinión y se viene al nuestro, porque fue una ley que hicieron ustedes y que fue declarada inconstitucional. Cuando habla usted de lealtad constitucional la debe aplicar a su grupo que fue el que hizo la ley, pero no a nuestro grupo que lo que ha hecho es aplicar la ley de 1989, mejorándola para que la competencia fuera más efectiva en nuestro territorio. Esto, señorías, es así y se ha avanzado mucho en este tiempo.
Usted dice que hicimos una reforma a fondo de la ley de la competencia. Es verdad que esa reforma a fondo ha mejorado el funcionamiento y que contó con un apoyo mayoritario en la Cámara.
También es verdad

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que cuando estábamos en la última fase de aprobación de la modificación de la ley de la competencia, hace ahora un año, conocimos la sentencia y fue cuando introdujimos en el Senado la disposición final segunda, que hablaba de hacer un proyecto de ley que el Gobierno va a abordar y hemos conocido en la Cámara que próximamente lo tendremos y habrá la oportunidad de discutirlo a fondo. Tendremos la oportunidad de discutir a fondo un proyecto de ley que dé cumplimiento a lo que marca el Tribunal Constitucional. Y lo que marca el Tribunal Constitucional, señorías, es que la legislación sobre defensa de la competencia está atribuida al Estado y eso no implica que las comunidades autónomas no puedan asumir competencias de ejecución. Ahí vamos a avanzar y vamos a solucionar los problemas que se puedan ocasionar, porque como bien saben todos los grupos de esta Cámara no estamos hablando de un problema fácil, estamos hablando de un mercado abierto, de una apertura total y lo que hay que hacer es dar una correcta solución a los puntos de conexión.
La voluntad de mi grupo es desde luego plantear un debate a fondo para dar cumplimiento a la sentencia, pero para garantizar también que hay más competencia y que además el mecanismo no distorsiona el buen funcionamiento de la economía, porque no tendría objeto -y creo que ningún grupo de la Cámara lo querría- que hiciéramos una legislación que fuera un contrapunto al libre comercio o al buen funcionamiento económico. Creo que es voluntad de esta Cámara llegar a un acuerdo para, respetando la sentencia del Tribunal Constitucional, encontrar las soluciones de los puntos de conexión y hacer que, conservando el Estado la capacidad normativa, las comunidades autónomas puedan tener competencias en la ejecución de esa normativa.
A lo largo del debate que aquí se produzca vamos a estar abierto a las sugerencias y a la moción que se presente, y cuando entremos a fondo en la ley mi grupo querrá llegar a un texto definitivo que dé solución a este conflicto, pero que además siga mejorando lo que es nuestro interés, que es que en España haya más competencia y esté mejor regulada.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA NECESIDAD DE LA REVISIÓN SEMESTRAL DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL CASO DE QUE NO SE CUMPLAN LAS PREVISIONES SOBRE EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). (Número de expediente 172/000041.)

La señora PRESIDENTA: Interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de la revisión semestral del salario mínimo interprofesional para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.


Diputados, diputadas, ministro, nosotros planteamos esta interpelación para que se cumpla algo que está ya establecido por el Estatuto de los Trabajadores y que, por tanto, tiene rango constitucional, que es una revisión semestral del salario mínimo, cuando los precios superan en un momento determinado lo que es la revisión que se ha efectuado en el anterior ejercicio.
El salario mínimo no es un salario más; lo que pretende establecer o mantener son niveles de salario mínimo en actividades donde no exista un régimen eficaz para fijarlo, o bien en zonas del mercado de trabajo donde hay salarios excepcionalmente bajos. El salario mínimo ampara también a trabajadores que no gozan de negociación colectiva, para los cuales es una garantía de ingresos básicos. También es para trabajadores que perciben el subsidio de desempleo, de unos cuantos, alrededor de 350.000, u otros trabajadores cuyas rentas tienen como referencia el salario mínimo, por ejemplo, los trabajadores que sufren las consecuencias de una insolvencia empresarial y que tienen prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, o bien en otros casos en los que perciben rentas mínimas de inserción o salarios sociales. Según la encuesta de coyuntura laboral, se encuentran en esta situación unos 260.000 trabajadores; según los sindicatos; en estudios creo que rigurosamente elaborados, hay alrededor o más de medio millón de trabajadores.
Para todos ellos, para este conjunto de sectores del mercado de trabajo, el salario mínimo es una garantía que además viene recogida, en algunos casos impulsada, por distintas normativas nacionales e internacionales: por el Estatuto de los Trabajadores, a través del artículo 27.1; por el Convenio 131 y la Recomendación 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantean mecanismos para ajustar la cuantía del salario mínimo a la evolución del coste de la vida, al índice de precios al consumo. En nuestra legislación, que fue fruto de un durísimo debate social, sindical y político, pero que fijó unas garantías mínimas (y creo yo que los sindicatos en este caso dejaron muchos pelos en la gatera intentando buscar un acuerdo que fuera beneficioso para el conjunto de los trabajadores no únicamente para los trabajadores que tenían posibilidad de negociación colectiva porque tenían una fuerza sindical organizada), el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores fija claramente las normas que deben presidir el desarrollo del salario mínimo.
El Gobierno dice que fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y de forma anual, el salario mínimo,

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teniendo en cuenta cuatro cuestiones fundamentales: los precios, el IPC; la productividad media nacional alcanzada en el año pertinente; el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, en las rentas del trabajo y la coyuntura económica general. Y añade (después de estas cuatro normas que son de carácter vinculante porque son normas del Estatuto de los Trabajadores, por tanto normas de carácter constitucional) que igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones del IPC.
Si hay incumplimiento -convendríamos en ello, señor ministro- de revisión semestral, la legal, la que corresponde según el Estatuto de los Trabajadores, en caso de que haya habido un aumento de los precios por encima de la norma, por encima de las previsiones, se pierde poder adquisitivo por parte de los trabajadores; poder adquisitivo que se pierde y que no se recupera, aunque se recicla a final de año. A los trabajadores de la Administración pública en los últimos años lo que les pasa es que no reciclan nada, pierden en cifras absolutas.


Los sindicatos plantean en este momento concreto la necesidad de limitar al ámbito laboral las repercusiones de la revisión anual del salario mínimo, con el objeto de mejorar la eficiencia y la justicia social del mercado laboral. Consideran que otros elementos que ya forman parte de los presupuestos tienen que tratarse de forma específica y el salario mínimo debe ser un elemento indicativo del funcionamiento del mercado laboral. Es por ello que lo defienden ahora y están en una ofensiva en relación con el salario mínimo intergeneral. Quieren evitar, en definitiva, que el Gobierno incumpla las previsiones del Estatuto de los Trabajadores con el pretexto de que el salario mínimo ha pasado de ser una referencia puramente laboral a ser una referencia presupuestaria importante. Yo creo que tenemos que separar las churras de las merinas e intentar buscar que el salario mínimo sea una referencia laboral concreta para el mercado de trabajo, para la regularización del mercado de trabajo, para el equilibrio dentro del mercado de trabajo y, en todo caso, que se busquen otras referencias para indiciar el tema de la vivienda y otros elementos que sí deben figurar en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta interpelación plantea la necesidad de revisión semestral del salario mínimo para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre precios. Y de pasada, ya que estamos en ello y aprovechando la ocasión, le digo, señor ministro, que no estaría mal que buscaran ustedes la forma de que hubiera un aumento sustancial de este salario mínimo. Yo le propongo, para que usted lo vaya madurando y venga con la propuesta concreta cualquier día, que este salario mínimo sea de forma inmediata, en los próximos meses, de 79.132 pesetas para el año 2000, con la necesaria revisión de las partidas presupuestarias para que esto sea posible. En estos momentos se cumple absolutamente esta indicación y orientación de la Carta Social Europea, que dice que en términos netos se procurará que el salario mínimo sea un 60 por ciento del salario medio de un país. En España en estos momentos concretos estamos en el 38 por ciento. Por tanto, tenemos un trecho importante para ir avanzando hacia este 60 por ciento en términos netos; en términos brutos, el 68 por ciento descontados impuestos, Seguridad Social, etcétera.
Por consiguiente, le planteamos, además de hablar de la necesidad de la revisión semestral del salario mínimo para que no haya pérdida del poder adquisitivo, que usted nos traiga ya a este Parlamento una propuesta, una proposición de ley en el sentido de intentar que el salario mínimo vaya poniéndose gradualmente al nivel de lo que plantean los elementos más avanzados, que son poquitos pero alguno hay, de la Carta Social Europea. Por tanto, que haya este aumento importante. Espero que su respuesta nos permita que la próxima semana, cuando presentemos la moción correspondiente, podamos llegar a un acuerdo con el Gobierno para que sea real la revisión semestral y al mismo tiempo haya un propósito de enmienda para que este salario mínimo sufra un aumento importante que permita hacer frente a las necesidades.
Dinero para ello hay, al menos escuchándoles a ustedes que dicen estar ya en un déficit cero y que tienen en este momento disponibilidades importantes, fruto de una serie de políticas que han realizado en este año. Pues bien, yo creo que es justo que en el salario mínimo haya una recuperación por parte de los trabajadores de algo que se ha perdido en los últimos años mientras los excedentes empresariales han aumentado.
Gracias, señor presidente; gracias, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señorías, sin duda ninguna estamos ante una cuestión -he de decirlo- compleja e importante. No me gustaría en modo alguno minimizar esta cuestión.
El planteamiento que ha hecho S.S. podría dar la sensación de que es una cuestión o bien reciente o, como usted citaba, trae causa en el Estatuto de los Trabajadores del cual cumplimos 20 años (yo creo que globalmente considerado el Estatuto, al margen de algunas circunstancias, 20 años positivos para las relaciones laborales e industriales españolas), pero, sin duda ninguna, como reconocerá, no cabe imputar a este Gobierno un comportamiento especialmente distinto en esta cuestión al de otros gobiernos. Con ello no pretendo eludir ninguna responsabilidad, sino simplemente enfatizar en lo que creo que es evidente: la complejidad de esta materia; complejidad que queda rápidamente puesta

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de manifiesto cuando en una lectura más tranquila esas cuatro causas que han de ser tenidas en cuenta no se limitan a una sola, porque alguien podría llegar a creer, después de haber oído a S.S., que el único elemento determinante de la revisión del salario mínimo de manera automatizada -para lo cual, evidentemente, no harían falta consultas ni diálogo con nadie si existiese ese automatismo- es el índice de precios al consumo.
También reconocerá que ha habido años -y afortunadamente bajo gobierno del Partido Popular- en que el crecimiento del salario mínimo fue superior a la inflación finalmente producida, lo cual creo que ya es una línea más seria de análisis y nos debería llevar a considerar períodos más amplios y no precisamente períodos tan reducidos como los semestrales. Probablemente esta es una de las causas por las que no se ha producido ese mecanismo que, también hay que decirlo, es absolutamente infrecuente en el contexto europeo, tal vez porque la revisión de salarios -sea el salario mínimo interprofesional o sea el de cualquier otro convenio colectivo- parece que tiene una tendencia a períodos más amplios, incluso a período plurianuales, para permitir de alguna manera también la necesaria estabilidad en las relaciones sociales.
Si analizamos con un mínimo pormenor esos cuatro indicadores, veremos que uno de ellos es de relativa fácil medida -me estoy refiriendo al índice de precios al consumo-, no así la productividad media nacional, tema sobre el que usted, entiendo, con lógica parlamentaria, ha pasado a mayor velocidad. Me permito recordar que desde los bancos próximos al suyo, e incluso algún miembro de su grupo, se nos ha mostrado la enorme preocupación por la pérdida o merma de la productividad aparente en España. De seguir hasta el final ese discurso deberíamos tener en esa pérdida de productividad aparente un argumento para reducir el crecimiento del salario mínimo y, desde luego, esa no es mi opinión.
Se habla también del incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Comprendo que aquí también hayan pasado -y no solamente el señor Frutos, sino otros muchos diputados- a gran velocidad. Tal vez convenga recordar que hasta el año 1995 la participación de las rentas del capital era superior al 50 por ciento. Hoy, felizmente, se ha producido una inversión y en renta nacional sabe que tienen mayor participación las rentas salariales que las rentas de capital, detalle que suele pasar desapercibido, pero entiendo que permite distinguir a quien practica el llamado progresismo de salón de quien practica una correcta asignación de rentas. En este momento tengo la satisfacción de decirle que ya se supera ese 50 por ciento o, dicho de otra manera, que felizmente hay más rentas salariales que rentas de capital, cosa que no sucedía hacer unos años.
Habla de un cuarto factor también, que ha leído, que es la coyuntura económica general. Yo creo que, al final, hay que medir las políticas más por los efectos que por su diseño teórico, y lo que alguien podría reprocharnos, no sólo a este Gobierno, sino también a los agentes sociales, es que la política que se ha practicado de moderación salarial ha sido mala para el empleo o, como usted intentaba al final también insinuar, que las políticas de reducción de déficit son malas para el empleo. Yo creo que afortunadamente esto no es así. Digo que afortunadamente y no sólo en términos de lectura global de renta, hoy podemos hablar de más renta asignada a los trabajadores que al capital, y también en términos de que por esa moderación -permítame se lo diga en este momento y voy a utilizar esa palabra- el diferencial entre precios y salarios, el incremento de precios e incremento de salarios para mayor precisión, no es especialmente distinto en lo que concierne al salario mínimo interprofesional, en el período que usted puede imputarnos responsabilidades, que al resto de los salarios.
Creo que después de esta primera explicación se verá la dificultad real de medir, especialmente en una frecuencia alta o en una frecuencia semestral, algunos de los indicadores, pues por otra parte creo que eso introduciría elementos de riesgo, de revisión sistemática y permanente de los incrementos salariales, y no parece que sea la opinión que mantiene la propia negociación colectiva. Ahí voy a coincidir plenamente con usted, señor Frutos: es necesario seguir extendiendo el beneficio de la negociación colectiva al mayor número posible de trabajadores españoles.
Hoy estamos hablando de cifras realmente importantes de trabajadores que gozan de ese beneficio, y también de empresarios que gozan de la seguridad y de la confianza que da una negociación colectiva bien gestionada, y eso tiene que ser el verdadero objetivo. Como señalaba S.S. acertadamente, esta cuestión, que surge el año 1980 con un diseño en el Estatuto de los Trabajadores, al final ha impregnado muchísimas políticas, y como usted mismo señalaba, podría tener repercusiones muy importantes no sólo en los Presupuestos Generales del Estado sino también en los presupuestos de tantas cuantas administraciones han utilizado como elemento indiciario el propio salario mínimo interprofesional. Coincido en que esta primera y delicada reflexión sería la que permitiría diseccionar, en la línea que señalan los agentes sociales, cuáles son los efectos estrictamente salariales y otros tipos de efectos.
En términos estrictamente salariales -vuelvo a insistir, sin minimizar para nada esta cuestión- estamos hablando de una de las poblaciones más reducidas de Europa, apenas el 3 por ciento de los trabajadores españoles stricto sensu están acogidos al salario mínimo interprofesional. Esta cifra es sensiblemente superior en otros países de referencia, y no lo digo como disculpa. Tampoco estoy realizando ejercicio alguno

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elusivo, estoy intentando situar en sus justos términos lo que es esta materia. Yo creo que el verdadero objetivo vuelve a ser que la negociación colectiva, o la extensión de la misma pueda alcanzar a estos grupos. Le decía que lo contrario sería un subterfugio para producir incrementos o en cualquier caso modificaciones muy sustanciales en muchas de las políticas, no sólo de protección al desempleo, no sólo de garantía de rentas en el caso del Fondo de Garantía Salarial, sino de elementos como pueden ser las políticas de acceso a la vivienda de protección oficial. Esta mañana mis colaboradores detectaban hasta 30 ó 40 cuestiones que se podían ver concernidas.
Si me admite en primer lugar la complejidad de la propia lectura, y en segundo lugar las implicaciones que tendría para otras administraciones, estaríamos ante una cuestión que no creo pueda despacharse en términos parlamentarios ni en términos administrativos de un plumazo. En modo alguno digo que S.S. lo ha tratado de manera superficial, antes al contrario creo que ha hecho un análisis francamente pormenorizado.
Insisto en que salvo esa primera cuestión, la del IPC, que también creo que es más correcto medirlo en períodos amplios de tiempo, al menos en los años en que puedo sentirme más directamente responsable de la política la pérdida de poder adquisitivo, en los términos que usted ha expresado no sería sustancialmente diferente de la de otros grupos, admítame que cuando hablemos de la capacidad de compra o del poder adquisitivo también tendremos que ponderar otros factores, y los tendremos que ponderar porque no se trata sólo del salario.
Una de las dificultades de homogeneizar los datos en lo que concierne a esta cuestión es ver qué tipo de sociedad existe, o dicho de otra manera si hay universalidad en sus servicios, lo que es el verdadero concepto de salario social, aquello que no es recibido por los ciudadanos en metálico, pero sí en evitarle los gastos que conlleva una correcta universalización. Felizmente, a efectos de esa comparación España dispone -y esperemos que para siempre- de una magnífica sanidad pública, de una magnífica educación pública, consecuente al esfuerzo de muchos años, de muchas fuerzas políticas y de muchas personas, pero en la que yo creo que también debe hacerse esa ponderación y no sólo en cifras.
Ha hecho mención a la Carta Social Europea, documento sin duda alguna nacido del mejor ánimo, pero allá por el año 1961, en una sociedad bastante distinta y en un aspecto en el que no es directamente vinculante sino que usted ha citado la opinión de una comisión de expertos a los que se pidió hiciesen una valoración, que en este momento también data de más de 15 años. Perdone que tal vez sea reiterativo en esta cuestión, pero creo que hay que andar con un cuidado exquisito; lo citaba asociado también a los salarios de inserción o rentas de inserción, y es que ese es uno de los valores que ha adquirido en España. Para trabajos, para sectores de baja cualificación, como en este caso sectores alejados de la negociación colectiva, en muchos casos ha supuesto un instrumento de normalización y regularización de salarios. A mí nunca me producirá satisfacción un salario bajo, ya se lo digo de antemano, pero créame que a veces prefiero un salario bajo a un salario negro o sumergido, por ser coloquiales y claros.
Cuando se plantean algunas maniobras bruscas en la cuantificación de este tipo de salarios, hay que medir lo que puede existir de factor de riesgo para que esas personas pierdan calidad en cuanto a la contratación, o que directamente pasan a la economía sumergida, y éste sí que es un fenómeno del que hay cierta constancia empírica y práctica, en aquellos países que han tardado más en implantar los mecanismos de salario mínimo. Me permito recordar que ni siquiera todos los países de la Unión Europea tienen ese mecanismo; estamos hablando de ocho de los quince países. También le pido disculpas por la calidad de mi voz, que sé no es la adecuada.


En esta primera parte y sin perjuicio de que ulteriormente en la réplica podamos también ampliar o profundizar en esta materia, como decía hace unos instantes ese factor que puede parecer más difuso pero que es el más importante, esa coyuntura económica general, sobre todo leída en términos de empleo, es la que debe animar nuestras acciones. A la vista de que estos últimos años la asignatura de la cantidad la hemos resuelto, ahora que sin duda alguna, y ahí coincido con usted, tenemos la asignatura no solamente de mantener la cantidad sino también de mejorar la calidad, dejemos que opinen, que tenga presencia si es posible de nuevo el diálogo social. Lo digo porque ha sido también -y en esto demuestra que no se trata de atribuirse ningún mérito o de singularizarlo- determinante para ese clima de confianza social. Sé que es una de las reivindicaciones que plantean las centrales sindicales. Intentaremos que en la medida de lo posible tenga su cabida y su ubicación en el diálogo social, pero quizá fuese muy pretencioso, y con esto concluyo, si le dijese que esta materia, una materia que trae causa en un texto que data de hace más de 20 años, este humilde ministro la va a resolver en una sola semana, me parece que sería de una petulancia inusual en este Parlamento.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Entiendo que es una cuestión más o menos compleja, pero tampoco tanto.
Señor ministro, hoy estamos hablando y para la próxima semana intentaremos cuantificarlo. Respecto a la revisión semestral, podemos estar hablando de no sé

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exactamente, no quisiera decir un disparate, pero podemos estar hablando de 10.000 ó 15.000 millones de pesetas. Cuando le he hecho la propuesta de que se acomode el salario mínimo, ir avanzando hacia la orientación de la Carta Social Europea para que pueda llegar al 60 por ciento del salario medio español, estoy hablando de 60.000 millones de pesetas al año, no estoy hablando de una ruina. Con las cifras que se barajan para arriba y para debajo de reducción de impuestos, de reequilibrio de impuestos y beneficios empresariales, etcétera, cifras que realmente marean, creo señor ministro que no planteo ninguna barbaridad. ¿Que es una cuestión compleja? Muy bien, sé que no se puede despachar de un plumazo, por eso le digo, señor ministro, que su Ministerio tiene la responsabilidad de situar a este Parlamento con un debate en buenas condiciones para ver realmente las necesidades sociales que tenemos que ir complementando en nuestro país, siguiendo las normativas internacionales y las normativas propias -en concreto el Estatuto de los Trabajadores-, y luego cuantificar lo que cuesta eso. En un momento que da la impresión a veces de que pegando una patada en el suelo salen los miles de millones por todas partes, fruto de una política acertada en el terreno de las macromagnitudes, del déficit público, de la política de impuestos, etcétera, no creo que sería una carga excesiva para el país, y naturalmente podría ser tenido en cuenta por el Gobierno que usted representa.
Dice que no tienen ustedes una posición diferente a otros gobiernos.
No se trata de eso, yo no estoy comparando con otros gobiernos que ha habido anteriormente. Usted es el responsable de un Gobierno, el del Partido Popular que hace casi cinco años que gobierna, y ante su política nosotros analizamos y detectamos una serie de carencias de carácter social y laboral; es en función de esto y no mirando el pasado porque el pasado ya tiene una trayectoria, del pasado tendríamos que ver el conjunto de cosas que se hicieron bien, mal o regular, pero estamos hablando de la trayectoria concreta de un Gobierno que tiene una política, que la ha practicado hasta este momento y que continúa practicándola. Por tanto, tenemos que intentar ver cómo a partir de las leyes normativas nuestras e internacionales avanzamos en la mejora de un salario mínimo, de unas percepciones que afectan a un núcleo importante de trabajadores pero que no representa una ruina para el país la búsqueda de las cantidades necesarias para hacer frente a estas necesidades.
Tener en cuenta períodos más amplios. Me da igual el sistema, señor ministro, tengamos en cuenta períodos más amplios si hay finalmente recuperación y ampliación de lo que representan las pérdidas por no haberse hecho semestralmente una revisión. Yo creo que una revisión automática es algo bastante simple, y al mismo tiempo que se hace en el momento real que se produce esta situación de índice de precios al consumo por encima de lo que se había aprobado por parte del Gobierno en su momento, automáticamente, no hay ningún problema, y además en la medida que se haga de forma natural viene ya engrasado en el conjunto del sistema apareciendo las partidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Creo que debería verse de esta forma, como un elemento que tiene cierto carácter estructural, pero no un carácter estructural fuerte que determine el conjunto de las políticas económicas laborales, sino que son correcciones concretas de determinadas injusticias que comete el mercado laboral con sectores de trabajadores, en este caso un sector minoritario.
Pérdida de productividad, que usted dice podría ser un elemento para valorar. Aquí entramos en otro debate prácticamente monográfico, por qué hay pérdida de productividad. Aquí tendríamos que ver los defectos estructurales de nuestro sistema productivo, de nuestra investigación, desarrollo e innovación tecnológica, para saber por qué se pierde productividad; la preparación y formación de la gente que tiene que trabajar y tiene que facilitar un plus a los productos que se hacen en nuestro país, o los servicios que se ofrecen, etcétera.
Dice usted que tienen más importancia actualmente los salarios en la renta. ¿No será, señor ministro, porque ahora hay más trabajadores? Claro, es porque hay más trabajadores; no porque haya aumentado el salario mínimo o el salario de cada uno de los asalariados, sino porque hay más trabajadores y al haber más trabajadores los salarios tienen un peso superior en el conjunto y en la distribución de la renta nacional.
Nosotros estamos de acuerdo en ampliar la negociación colectiva desde el objetivo que ha planteado usted. Creemos que todavía hay muchas cortapisas. Aquí hay una negociación colectiva universal para todo el mundo, pero esto señor ministro quiere decir medidas legislativas concretas que no hagan que determinados sectores de la producción y de los servicios establezcan una selva, una maraña en la cual es imposible defender derechos sociales y laborales que han sido reconocidos desde hace ya 25 ó 30 años, algunos de los cuales se están perdiendo en muchos de estos sectores porque no tienen posibilidad ni organización sindical capaz de defenderlos. Estamos de acuerdo con eso, pero esto quiere decir también intentar de acuerdo con las organizaciones sindicales mejorar la fuerza organizada de los sindicatos en todos los sectores, buscando no únicamente el marco de la empresa, de empresas muy pequeñas que a veces no tienen capacidad de organización, sino el marco del conjunto de los trabajadores y muy especialmente de éstos que no tienen negociación colectiva porque no tienen fuerza para imponerla.
En definitiva, señor ministro, en la moción de la próxima semana intentaremos alumbrarle el camino para que el Ministerio nos traiga propuestas concretas que podamos discutir sobre temas que efectivamente son complejos pero sobre los cuales, señor ministro, está prácticamente todo inventado, es problema de sumas y

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de restas; aquí no hay que desarrollar ecuaciones muy complicadas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, el que a uno le alumbren, de Diógenes a esta parte siempre se agradece. No se preocupe que agradeceré cualquier sugerencia -lo digo en tono mucho más cordial- que nos permita abordar esta cuestión que, insisto, no es ni de hoy ni de ayer, y en la que no dudo de la dificultad con la que se redactó el estatuto, de la buena fe con que se redactó y de la dificultad práctica. Tal vez porque de esos cuatro factores, como decía, sólo uno tiene ese automatismo o ese seguimiento perfectamente pormenorizado o mensualizado, el IPC, los otros tres factores, la participación de salarios, como usted muy bien decía, básicamente por mayor número de trabajadores, lo cual me alegra infinito porque entre un modelo de más trabajadores con mantenimiento del poder o menos trabajadores con apariencia solamente de incremento salarial pero con reducción sistemática del número de trabajadores y finalmente inmersos en la crisis, me quedo con el modelo en el que crezca mucho el número de trabajadores y moderadamente los salarios, que hasta ahora es el único que se ha demostrado en España capaz de reducir de manera enérgica e importante las cifras del paro. Eso no debe llevar a olvidarnos de que hay personas con rentas inferiores. En esa búsqueda de una solución, admítame que alguna cuestión es complicada.
Me habla de los dineros públicos. Los que manejan dineros públicos, básicamente los que maneja el Ministerio de Trabajo son cuotas y nacen del esfuerzo de nuestros empresarios y nuestros trabajadores, y me permitirá que sea cuidadosísimo a la hora de gastar, porque ahí todos sabemos lo que cuesta generar esas cotizaciones.


El panorama. Felizmente, más del 80 por ciento de la población asalariada española y de los sectores se benefician de la negociación colectiva. En torno al 17 por ciento aun no teniendo ese beneficio directo se sitúan en salarios por encima del salario mínimo. Le decía que la población directamente afectada o concernida estaría en torno al 3 ó 3,5 por ciento, sin ánimo de minimizar, sino de definir con precisión cuál es su cuantía.
Vuelvo a decirle que dentro de los distintos modelos que podemos manejar, creo en el modelo del diálogo y en el modelo de concertación. Es una de las cuestiones que si los agentes sociales desean que esté sobre la mesa y esté en este momento en que se trata fundamentalmente de perfeccionar nuestro mercado laboral para conseguir más cantidad y más calidad o que seamos capaces de seguir manteniendo ritmos altos en cuanto a cantidad y mejora de la calidad, no lo dude que estará sobre la mesa y ahí todos podremos sugerir e impulsar que se llegue a feliz término.
Me decía finalmente una cuestión puramente técnica, y es que a veces los dineros públicos pueden solucionarlo todo. Estamos hablando de unos trabajadores que se mueven en el sector privado. Sabe el señor Frutos que a veces no es fácil producir ciertas transferencias; dicho de otra manera entrar a saco en el mundo de los salarios privados con los dineros públicos. Yo sé que la otra faceta, la garantía de renta, sí se mueve dentro de lo público, pero tampoco se me olvida que uno de los grandes compromisos parlamentarios y sociales que mantiene España es que su crecimiento social sea ordenado para que sea sostenible, para que tenga futuro y para que todos podamos ver el futuro con más tranquilidad, no sólo quienes tienen más edad, sino quienes aspiran a llegar a más a edad o no aspiran pero pueden verse envueltos en situaciones que merecen ser protegidas por un Estado que quiera llamarse de derecho y social sobre todo.
Créame que leeré con el máximo interés y la máxima atención las propuestas que realice su grupo y créame también que es uno de los temas para los que al menos a este Gobierno le gustaría encontrar una solución que fuese asumible por todos. Lo digo desde la absoluta convicción que antes le reiteraba de que ha costado mucho llegar a niveles de acuerdo; el propio Estatuto de los Trabajadores cuyo XX aniversario se celebra este año es un fiel reflejo de los esfuerzos de consenso que perfeccionan a una sociedad. Me gustaría también que en esta materia, y sin que haya por ello reproches ni lecturas especialmente retrospectivas, podamos avanzar.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,señor Ministro.
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Velasco.


El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la iniciativa formulada por Izquierda Unida desde el Grupo Parlamentario Socialista la hemos puesto en el momento histórico en que se produce. Hace unos días la Central de Balances del Banco de España volvió a informarnos de que el crecimiento de beneficios empresariales había vuelto a batir un récord en el segundo trimestre de este año. Habría que añadir que se trata de un nuevo récord, porque trimestre tras trimestre los beneficios de las grandes empresas españolas vienen aumentando sus márgenes sin que esto se hayan traducido en crecimiento de empleo ni en

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crecimiento de los salarios. Los datos concretos de los primeros seis meses son espectaculares. El beneficio neto de las grandes empresas creció el 27,2 por ciento respecto al mismo período del año 1999, mientras que el crecimiento de salarios en esas mismas empresas fue del 3,1 por ciento, al tiempo que en ellas aumentaba el empleo temporal en el 13,1 por ciento y el indefinido en sólo el 0,4 por ciento. Se extraña el señor ministro, pero no son datos nuestros sino de la Central de Balances del Banco de España. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Algo muy simple. El crecimiento de la economía no está repercutiendo de la misma forma en todas las clases sociales. Por poner un ejemplo, los jóvenes tenemos muchos problemas para encontrar un empleo fijo; los empleos que encontramos no están bien pagados y suelen ser de muy corta duración. Las grandes empresas mientras tanto reciben ayudas públicas, como el caso de las eléctricas, para luego hacer concentraciones monopolísticas y apenas crear empleo. Hoy, señor ministro, los consejos de administración de las grandes empresas sólo piensan en los beneficios a corto plazo y los empleados se han convertido en un simple capítulo de los gastos que hay que reducir. Como son tan pocos, según usted bien ha dicho, yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo con esta revisión, como pide Izquierda Unida.
Digo todo esto porque creo que ha llegado el momento de crear un verdadero salario mínimo que sea verdaderamente un mínimo salarial para todos, y no como ahora que apenas tiene repercusión en los salarios y sí mucha para la determinación de otro tipo de renta, por ejemplo los subsidios de desempleo o las pensiones mínimas. Por eso, el Grupo Socialista propone diferenciar entre un salario mínimo, que fuera ciertamente el mínimo de ingreso que ha de percibir un trabajador por cualquier empleo en cualquier sitio de España, y otro mínimo que se estableciera para las funciones de protección social; por ejemplo la cuantía del subsidio de desempleo o los ingresos máximos para acceder a una vivienda de protección oficial. No estoy de acuerdo en que no tenga una posición diferente con los gobiernos anteriores, como usted ha manifestado. Es verdad que en el período 1994-1995 no hubo revisión, pero también es verdad que estábamos en una crisis económica; antes sí la hubo y los datos están ahí. En todo caso, somos partidarios de que en el año 2001 el salario mínimo interprofesional recupere el poder adquisitivo en línea con la interpelación de Izquierda Unida, y esperamos a la moción consecuencia de esta interpelación que se presente para fijar nuestro punto de vista.
Muchas gracias. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Velasco.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, en cuya representación intervengo, consideramos efectivamente y como S.
S. ha dicho, que estamos ante una cuestión compleja y fundamental porque afecta a un importante número de españoles; pero también somos conscientes de que ésta ese una materia que debe ser objeto del diálogo social, como el señor ministro ha anunciado. Efectivamente, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece una serie de criterios, establece la obligación de fijar anualmente el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta cuatro factores que han sido descritos a lo largo del debate que estamos sosteniendo; pero también es cierto que la cuestión cuando se debate dentro de las mesas del diálogo social no es una cuestión pacífica. En la última revisión del salario mínimo interprofesional tenemos que recordar que frente a la pretensión de los empresarios de su subida del 1,5 por ciento, teniendo en cuenta la inflación media de la Unión Europea, estaba la pretensión de las organizaciones sindicales de que el salario mínimo alcanzara la cifra de 75.050 pesetas. No es que el Gobierno haya tirado por el camino de en medio sino que, utilizando un criterio de rigor presupuestario, de rigor económico -ese rigor que nos ha llevado a una importante creación de empleo en los últimos años-, lo fijó definitivamente con una subida del 2 por ciento.
Tengo que decirles, señorías, que la evolución de la participación de las remuneraciones salariales en la renta nacional sí experimenta variaciones y variaciones importantes. Desde el año 1995, que estaba en el 49,9 por ciento, ha pasado al 49,8 en 1996; al 49,8 en 1997; al 50 por ciento en 1998; al 50,1 en 1999; y en el segundo semestre del año 2000 estaba en el 48,8 por ciento.
Coincido con el señor ministro en que no es una cuestión que podamos resolver en una semana y de un plumazo, como S. S. ha dicho. En consecuencia, la posición del Grupo Parlamentario Popular es la misma que ha manifestado el Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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