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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 24, de 19/09/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 24

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 22

celebrada el martes, 19 de septiembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de Fondos de Inversión Mobiliaria en supuestos de reinversión. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 64-1, de 5 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000055.) . . .
(Página 1047)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 37-1, de 8 de mayo de 2000 y corrección del texto en número 37-2, de 22 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000028.) . . . (Página 1053)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 27-1, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000023.) . . . (Página 1053)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 40-1, de 8 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/ 000034.) . . . (Página 1053)

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- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 58-1, de 29 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/ 000048.) . . . (Página 1053)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la visualización de los distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas placas de matrícula. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
56, de 15 de septiembre de 2000. (Número de expediente 162/000108.) .
. . (Página 1066)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la economía y la industria española. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 6, de 25 de abril de 2000. (Número de expediente 162/ 000017.) . . . (Página 1076)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua escalada en los precios de los carburantes y sus efectos negativos en los distintos sectores productivos, como el agrícola, pesquero y el de transportes. (Número de expediente 173/000017.) . . . (Página 1084)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten el incremento desmesurado de los precios de los carburantes. (Número de expediente 173/000018.) . . . (Página 1084)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los costes sobre los sectores agrario y pesquero y del transporte derivados del continuado aumento del precio de los carburantes.
(Número de expediente 173/000019.) . . . (Página 1084)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 1047)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de Fondos de Inversión Mobiliaria en supuestos de reinversión . . . (Página 1047)

Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, el señor Eguiagaray Ucelay. El Grupo Socialista pretende con esta iniciativa la liberalización del mercado de fondos de inversión para eliminar los mecanismos de protección que amparan a las instituciones financieras en contra de los ahorradores.
Explica que la mayoría de los ahorradores están cautivos por la dificultad, debido a su coste, de cambiar de entidad gestora. Las barreras a la decisión de abandonar un fondo, de pasar de la renta fija a la variable o viceversa, de invertir en valores extranjeros o nacionales, están determinadas por la fiscalidad, añade. Asegura que su propuesta es totalmente liberal, pero que no debe asustar a nadie, porque favorece los intereses de la mayoría y busca la configuración de mercados eficientes que se ajusten a las prescripciones de la competencia. Se trata, en definitiva, de proteger a los ahorradores, de generar condiciones de neutralidad fiscal, de hacer más eficiente la economía, de impedir que los intereses de unos pocos prevalezcan sobre los de la mayoría.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario

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Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de fondos de inversión mobiliaria en supuestos de reinversión, se rechaza por 111 votos a favor, 165 en contra y 16 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho . . . (Página 1053)

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho . . . (Página 1053)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja . . . (Página 1053)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Saura), sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho . . .
(Página 1053)

Presenta la primera de las proposiciones de ley, para su toma en consideración, la señora Castro Fonseca, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Afirma que la sociedad española viene demandando desde hace tiempo la equiparación de las parejas de hecho a los efectos jurídicos que se derivan del matrimonio civil, así como la regulación normativa de las llamadas situaciones convivenciales de mutua ayuda. Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida apuestan claramente por una transformación radical del actual modelo de relaciones afectivas y sexuales entre las personas, basado en el concepto de familia tradicional, en cuanto a derechos y libertades, con inclusión clara y expresa de aquellas opciones sexuales distintas a la heterosexual, pero en un plano de auténtica igualdad. Considera que el Parlamento está obligado a acabar con la doble moral y debe hacer una nueva lectura del artículo 9º.2 de las Constitución que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que la opción sexual de cada persona se pueda vivir en circunstancias de libertad e igualdad efectivas y reales en todo el territorio español. Izquierda Unida presenta esta proposición de ley pretendiendo armonizar los derechos de todas y todos los españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que han decidido vivir, y con el objetivo de conseguir una regulación de las relaciones afectivo-sexuales distintas al matrimonio civil, en igualdad de derechos con éste, de forma que se reconozca a todas las parejas, independientemente de su orientación u opción sexual o de su forma de convivencia, los mismos beneficios de carácter económico- patrimonial, fiscalidad, herencia, Seguridad Social, alimentos, etcétera, y otros como son el hecho de la adopción de hijos, punto este último que pasa a defender expresamente.


En segundo lugar, presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, la señora Alberdi Alonso. Explica el contenido de la proposición de ley que es similar a la presentada en la Cámara el pasado 25 de abril, a excepción de la inclusión en esta propuesta de la equiparación al matrimonio en efectos procesales y tributarios y la reducción del tiempo de convivencia a seis meses. Pretenden con su iniciativa equiparar la situación de los convivientes de hecho con las uniones matrimoniales en aquellos aspectos civiles, laborales, administrativos, fiscales o procesales, que mantienen una discriminación absurda y, sobre todo, desfasada, de la realidad social. La sociedad, afirma, ya ha asumido el reconocimiento de las uniones de hecho, homosexuales o heterosexuales, como una forma de convivencia familiar que merece y reclama el apoyo de los poderes públicos y el amparo de las leyes y del ordenamiento jurídico.
Finalmente, anuncia el voto favorable de su grupo a las propuestas de los grupos de Izquierda Unida, Convergència i Unió y Mixto sobre el mismo tema, y acusa al Grupo Popular de hipócrita, al negarse -como se espera- a la toma en consideración de las mismas con la excusa de querer presentar su propia iniciativa.


Presenta la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem i Palmés. Su grupo somete a la consideración de la Cámara una proposición de ley que es prácticamente la transposición de la ley vigente y experimentada en Cataluña desde hace más de dos años. Considera que es un hecho notorio que además de la institución del matrimonio «stricto sensu» existen en la sociedad situaciones convivenciales perfectamente

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consolidadas y ampliamente aceptadas por los ciudadanos que reclaman que el ordenamiento jurídico dé una respuesta adecuada que llene el vacío legal existente y que permita superar las situaciones de desigualdad y desprotección en que se encuentran precisamente por la falta de reconocimiento y regulación. La finalidad de su iniciativa no es otra, explica, que la de dar carta de normalidad jurídica a lo que es normal en la vida cotidiana. Desarrolla el contenido de la proposición de ley y anuncia su abstención en las proposiciones presentadas por los otros grupos, haciendo un llamamiento al Grupo Popular para que escuche a una amplia representación parlamentaria que no hace sino recoger el clamor social al respecto.


Finalmente, presenta la última de las proposiciones de ley sobre el mismo tema, el señor Saura Laporta, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Confiesa su desazón por las noticias que le han llegado de la intención del Grupo Popular de votar negativamente las cuatro iniciativas y muestra su convicción de que tarde o temprano la Cámara aprobará el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho y de que si las votaciones siguientes se produjeran con libertad de voto, hoy también se aprobarían. Fundamenta este razonamiento en que ninguna mayoría absoluta en el Parlamento puede ocultar una realidad social que en la calle se acepta con normalidad y en que la Constitución ampara y promueve las iniciativas que hoy presentan cuatro grupos parlamentarios.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho, se rechaza por 133 votos a favor, 169 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho, se rechaza por 135 votos a favor, 169 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja, se rechaza por 147 votos a favor, 171 en contra y una abstención.


Sometida a votación, finalmente, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho, se rechaza por 138 votos a favor, 170 en contra y 11 abstenciones.


Proposiciones no de Ley . . . (Página 1066)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la visualización de los distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas placas de matrícula . . . (Página 1066)

Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané i Guasch. Comienza constatando la decepción de su grupo por el hecho de que el pasado viernes el Gobierno aprobara, sin el consenso de ningún grupo parlamentario, excepto del Popular, una decisión sobre las nuevas placas de matrícula, cuando se sabía que hoy se iba a debatir el tema en el Pleno del Congreso de los Diputados. Su proposición no de ley propugna un modelo de matrícula compatible con la sigla estatal que figura en esa placa, pero reflejando la pluralidad de las comunidades autónomas. Considera un grave error la decisión adoptada por el Gobierno de forma unilateral en cuanto al modelo de matrícula de vehículos porque el modelo adoptado, en el que únicamente figura el distintivo europeo y la sigla del Estado, se aparta absolutamente del marco constitucional al no reconocer la pluralidad y demuestra una nula sensibilidad autonómica por parte del Gobierno.


En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Jané i Guasch.


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El señor De la Encina Ortega solicita de la Presidencia la lectura de la enmienda de sustitución.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la visualización de los distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas placas de matrícula, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 141 votos a favor y 164 en contra.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la economía y la industria española . . . (Página 1076)

Defiende la proposición no de ley el señor Llamazares Trigo, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que con su iniciativa no sólo pretenden que la Cámara apruebe la evaluación del proceso de privatizaciones, sino también su participación, su conocimiento y su control en el proceso de privatizaciones, que hasta el momento ha supuesto la enajenación de 4,7 billones de pesetas que antes estaban en manos públicas y que hoy están, por diversos mecanismos, en manos privadas. Por otra parte, añade, se trata también de que esta Cámara oriente la política sectorial en materia industrial. Critica la política de privatizaciones llevada a cabo por el Gobierno y se queja de que no se haya contado para nada con el Parlamento, pasando a exponer el contenido concreto de su proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la economía y la industria española, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 15 votos a favor, 176 en contra y 101 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 1084)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua escalada en los precios de los carburantes y sus efectos negativos en los distintos sectores productivos, como el agrícola, pesquero y el de transportes . . . (Página 1084)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten el incremento desmesurado de los precios de los carburantes . . . (Página 1084)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los costes sobre los sectores agrario y pesquero y del transporte derivados del continuado aumento del precio de los carburantes . . .
(Página 1084)

En primer lugar interviene el señor Centella Gómez para defender la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señala que su grupo presenta la moción con la intención de forzar el debate y de trasladar a la Cámara la voz de miles y miles de ciudadanos que están gritándole al Gobierno que cambie su política y que tome decisiones que sean realmente eficaces y oportunas. Reitera los argumentos de la interpelación urgente y se queja del talante poco negociador del Gobierno, a pesar de sus buenas palabras, y de la manera en que ha llamado al enfrentamiento entre los sectores afectados y el resto de la población. Sin embargo, asegura, todo el mundo entiende el problema de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores o transportistas, porque la realidad es que las continuas subidas del precio del petróleo está afectando a todo el país. A continuación defiende el plan de actuación, que divide en tres bloques de propuestas y termina haciendo un llamamiento al Parlamento

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para que no dé la espalda a miles y miles de ciudadanos que hoy han estado en la calle pidiendo al Gobierno que rectifique y que gobierne.


En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista y, asimismo, de la enmienda presentada a la moción que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Bel i Queralt.
Explica que en la moción se plantean unos objetivos que pueden ayudar a solucionar parte de los problemas creados por la subida de los carburantes y por la pasividad del Gobierno para hacerles frente, pasando a exponer la situación creada desde finales de la primavera.
Acusa al Gobierno de carecer de una política de diversificación de fuentes energéticas, de ahorro de consumo de energía y de impulso de energías renovables, así como del fracaso de la política de liberalización de la distribución de carburantes, particularmente de la regulación del acceso a nuevos competidores, y del fracaso de la introducción de la competencia en España. La moción, explica, persigue tres tipos de objetivos: medidas estructurales que permitan diversificar el aprovisionamiento energético, impulsar el ahorro de consumo y reducir la dependencia del petróleo; medidas fiscales que afecten a los sectores especialmente golpeados, y medidas de reforma de los mercados. A continuación se refiere a las mociones presentadas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Catalán (Convergència i Unió), así como a las enmiendas presentadas a su moción.


Para defender la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Padrol i Munté. Pretende no repetir la avalancha de cifras y datos que expresan la preocupante situación generada por la evolución al alza de los precios de los hidrocarburos porque considera que ya se ha analizado y expuesto en la Cámara suficientemente la coyuntura generada por esta circunstancia y el impacto económico que ha provocado en la evolución de la inflación, en el bolsillo de los particulares y en los resultados y márgenes de determinados sectores productivos, fundamentalmente el agrario, el pesquero y el de transporte por carretera. Ante esta situación considera que sólo hay dos caminos a seguir: el del diálogo con los sectores más afectados y el de la concreción en las medidas que se sugieran y que deban adoptarse, en el marco de las concretas políticas económicas, a instancias de esta Cámara y por decisión del Gobierno. De todas formas, añade, esta situación no debe dar lugar a una valoración negativa en conjunto de la economía española ni de la economía en general de la zona euro, máxime si se tiene en cuenta que el balance global sigue siendo positivo, pese a que en una nota recientemente elaborada por la Comisión Europea la economía española es la más expuesta, junto con la belga y la portuguesa, al incremento de los precios del crudo en los mercados internacionales. A continuación pasa a explicar las medidas concretas contenidas en su moción, medidas que, considera, no pueden tomarse de manera unilateral por el Gobierno español o por el Parlamento español, sino que ha de hacerse en un marco de consenso con el resto de los Estados de la Unión Europea, porque el mensaje que se estaría mandando a los países productores de petróleo sería ciertamente pernicioso. Fija la posición de su grupo en relación con las hipotéticas rebajas de la imposición especial sobre hidrocarburos y anuncia la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a su moción.


En defensa de las enmiendas presentadas a las mociones intervienen el señor Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, Bel i Queralt y Padrol i Munté.


Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua escalada en los precios de los carburantes y sus efectos negativos en los distintos sectores productivos, como el agrícola, pesquero y el de transportes, se rechaza por siete votos a favor, 270 en contra y cuatro abstenciones.


Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 103 votos a favor, 171 en contra y siete abstenciones.


Sometida a votación finalmente la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 170 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones.


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Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA TRIBUTACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) DE LA TRANSMISIÓN O REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA EN SUPUESTOS DE REINVERSIÓN. (Número de expediente 122/000055.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de fondos de inversión mobiliaria en supuestos de reinversión.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, lo que venimos a decidir esta tarde no debiera llevarnos demasiado tiempo de discusión, así que no esperen por mi parte ni un discurso florido ni demasiadas palabras sobre una cuestión que, a mi juicio, es tan importante como simple o tan simple como importante.
Lo podemos contar de una o mil formas, las que ustedes quieran, pero todo se resume en saber si queremos defender a los ciudadanos que colocan sus ahorros para que lo hagan de la mejor manera posible o si, sobre todo y principalmente, lo que queremos es defender los intereses de las entidades financieras en las cuales estos ahorros se colocan. Lo demás -en lo que apenas me quiero entretener- son adornos cuya discusión únicamente nos sirve para oscurecer la decisión principal que tenemos que tomar esta tarde y, desde luego, para distraer al personal. Déjenme que se lo formule de una manera distinta a sus señorías, a los miembros de los diferentes grupos parlamentarios.
Lo que el Grupo Parlamentario Socialista propone al Gobierno y a la Cámara con esta iniciativa es la liberalización del mercado de fondos de inversión. ¿Para qué? Para eliminar los mecanismos de protección que amparan a las instituciones financieras en contra de los ahorradores. Por tanto, estamos ante una decisión que no es solamente de índole fiscal; es una decisión que afecta a la competencia y que tiene que ver con lo que uno entiende que puede ser la defensa de los intereses generales frente a otros intereses, que siempre son legítimos, en cuanto sean honestos, pero que nunca pueden tener la caracterización del interés general. En el sector de la telefonía, de la electricidad o en el del gas todos ustedes, señorías, como yo, estamos comprometidos en una batalla por la liberalización, que consiste principalmente en algo que se ha venido haciendo popular, en decidir quiénes son finalmente los consumidores elegibles y, si acaso, en tratar de que todos los ciudadanos, los consumidores, tengan libertad efectiva de elección de suministrador: de teléfono, de electricidad, de gas y de tantas otras cosas. Se dice que cuando los consumidores sean finalmente elegibles, cuando no sean cautivos de las empresas que les suministran, se habrán liberalizado los sectores.
Ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del sistema financiero y de los fondos de inversión, y les parecerá la analogía un poco tomada por los pelos, pero no hay tal. Salvadas las distancias, aquí ocurre lo mismo. No tenemos, como en los sectores mencionados, un problema de oligopolio de oferta que haya que modificar. No es un problema de ausencia de entidades gestoras de fondos. Sin embargo, la mayor parte de los ahorradores en fondos de inversión tienen sus ahorros cautivos por la dificultad, por el coste de cambiar de entidad gestora. Nada importa que la gestión se pueda revelar ineficiente o que la rentabilidad esperada de un fondo de inversión nada tenga que ver con la efectivamente obtenida o que la modificación de los tipos de interés y, por tanto, de las expectativas determine el deseo, por ejemplo, de los ciudadanos de salir de fondos de inversión en renta fija hacia fondos de inversión en renta variable, de fondos nacionales hacia valores extranjeros o hacia otros, hacia fondos globales o hacia fondos garantizados. El inversor está cautivo, no sólo por los encantos usualmente desplegados por el gestor de su fondo para que mantenga la inversión -encantos que, en la medida que sean efectivamente demostrables, no tengo ninguna objeción a que se exhiban-, sino que lo que resulta inexplicable y desde luego paradójico es que esté cautivo por decisión expresa del Gobierno, que se convierte en el principal aliado del statu quo de las entidades financieras. Las barreras a la decisión de abandonar un fondo, de pasar de la renta fija a la variable o viceversa, de invertir en valores extranjeros o nacionales están determinadas por la fiscalidad, contra toda lógica, y en esta situación se hallaba a finales del mes de julio un patrimonio de unos 32 billones de pesetas. Si esto es así, no veo ninguna razón, señorías, para que mantengamos esta situación por más tiempo en beneficio de

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algunos intereses tan legítimos como particulares que, desde luego, no son los de la mayoría. Espero que puedan coincidir conmigo en esta apreciación.
Para contribuir a su tranquilidad, les diré algo que espero les alivie. Entiendo razonable que alguien que oiga la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista considere si una posición tan proclive al mercado y a la defensa de la competencia, tan liberal en suma, no podría resultar un exceso. Entiendo que algunos de ustedes, sensibles como son a los derechos sociales y a los derechos fundamentales, se pregunten si una posición de esta naturaleza no entraña riesgos para el mantenimiento de valores y derechos que, por tratarse de bienes superiores, habría que preservar frente a los caprichos de un mercado de competencia.
Permítanme que tranquilice tan atribuladas conciencias como las que sientan así diciéndoles que no estamos, por una vez, hablando de derechos fundamentales ni a la vida, ni a la educación, ni a la protección de la salud, ni siquiera de derechos de la infancia o de la igualdad de los seres humanos, hombres y mujeres. Estamos hablando de cosas muy importantes, es verdad, de algo tan importante -porque nos afecta a todos- como es el interés de nuestros bolsillos; pero, al fin y al cabo, estamos hablando sólo de dinero, del maldito dinero, si ustedes quieren, y de la configuración de mercados eficientes que se ajusten a las prescripciones de la competencia. De modo que nadie tiene ninguna razón para preocuparse si la propuesta le parece económicamente liberal, porque no puede ser otra cosa: lo es; no puede dejar de serlo porque la realidad que tenemos hoy en este mercado no responde al mínimo exigible en un mercado competitivo, favorece a unos poderes y a unos intereses, está en contra de los intereses de la mayoría y no fomenta siquiera las condiciones de competencia.
No crean, sin embargo, que esto que puede resultar tan obvio ha sido siempre tan pacífico. De hecho, hasta ahora no lo ha sido. Si la memoria no me falla, esta es la cuarta vez que defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista que se pueda cambiar de fondo de inversión sin coste fiscal. Estaba en nuestro programa electoral del año 1996, lo discutimos a propósito de la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas, lo denunciamos cuando regularon ustedes -la mayoría de esta Cámara- los seguros de vida llamados unit linked y de nuevo a propósito de las recientes e históricas medidas de junio, esas que iban a servir para arreglar la inflación e introducir competencia por doquier en la economía española.
Tampoco ha sido pacífico en la historia esto de que haya que eliminar la fiscalidad para producir competencia. A quienes conocen la historia económica de nuestro país no les resultará difícil recordar, por ejemplo, el papel que los impuestos han tenido en la defensa del proteccionismo de nuestra economía. De hecho, la derecha política y económica que gobernó sin interrupción en el siglo XIX y durante buena parte del XX defendió un proteccionismo de nuestra economía que se expresaba principalmente en del mantenimiento de aranceles altos para la protección de los intereses textiles y siderúrgicos. Que eso tuviera efectos perniciosos en términos de atraso o de intensidad en el desarrollo económico de España está ya fuera de duda, pero entonces como ahora los impuestos -el arancel, en la época- fueron el mecanismo utilizado por los intereses económicos para defender sus posiciones, para reducir la competencia y para trasladar renta desde un sector -en este caso los consumidores- a los productores. Por tanto, nada nuevo bajo el sol, salvo la oportunidad de que ahora, situados nada menos que en el siglo XXI, en el año 2000, hayamos aprendido todos que las barreras a la competencia, donde esta efectivamente puede y debe existir, son un mal asunto para los intereses generales. En el pasado la derecha no lo entendió y me parece que no siempre lo entiende tampoco ahora. Tengo la esperanza de que, si no la convicción pasada, al menos la evidencia actual permita modificar las actitudes que hasta ahora se han defendido en esta materia.
La reforma de la fiscalidad sobre la renta fue la base de la mayor de las arbitrariedades en materia de imposición sobre el ahorro. En vez de decidir sobre el ahorro que merecía el apoyo fiscal por razón del plazo o de la finalidad, ustedes -la mayoría de la Cámara- hicieron una elección absurda de figuras a bonificar, más pendiente de la necesidad de distribuir los favores entre las entidades financieras que del mantenimiento del principio de neutralidad y de racionalidad económica. Y como la figura del seguro tenía que merecer algún tipo de premio, puesto que otro tipo de entidades financieras y de figuras habían merecido ya algunas compensaciones fiscales, tuvieron que dar entrada en el ordenamiento jurídico a los unit linked, que, como es sabido, se trata de figuras de colocación financiera en las que la existencia formal de un seguro otorga un tratamiento fiscal radicalmente distinto a realidades financieras y económicas prácticamente idénticas a los fondos de inversión. Y las mismas entidades que habían propiciado el desarrollo de los fondos de inversión propiciaron, a partir de esta reforma legislativa, el desarrollo de los unit linked con una publicidad que no dejaba lugar a dudas y que sonaba a algo así como lo que casi todos ustedes habrán recibido en sus domicilios: si usted va a invertir en fondos, recuerde que ahora le podemos ofrecer lo mismo que le ofrecíamos antes solamente que sin coste fiscal, porque ahora hay una exención fiscal si usted invierte en unit linked, que es lo mismo, solamente que con distinto nombre. No es extraño que los unit linked hayan crecido hasta alcanzar posiciones que en la semana trigesimoctava de este año, del 11 de septiembre, implican un volumen gestionado por las entidades registradas de más de dos billones de pesetas, una magnitud que no está por ciertolejos de los dos billones de pesetas aproximadamente

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que han salido en los doce últimos meses del patrimonio de los fondos tradicionales de inversión. ¿Y por qué, me pregunto, los casi ocho millones de partícipes que siguen teniendo sus ahorros en fondos de inversión, por así decirlo, de los del antiguo régimen, no debieran beneficiarse de la posibilidad, si lo desean, de cambiar el destino de sus ahorros, siempre que los reinviertan en su totalidad, sin coste fiscal alguno? Hay una razón de peso, sólo que esta razón -que es de peso, lo confieso- es inconfesable o imposible de esgrimir para justificar la actitud de un gobierno o de una Cámara, porque sería inconfesable o sería inaceptable, como ustedes prefieran, argüir el temor de las entidades financieras a que ello incremente la competencia en la captación de pasivo. Y efectivamente esta ha sido la razón por la que en las medidas de junio, a pesar de lo mucho que se había hablado, no fuera posible introducir algunas también para llevar la competencia al terreno de los fondos de inversión.
Naturalmente la eliminación de las barreras fiscales implicaría una redistribución -y debe hacerlo- de patrimonio entre las distintas entidades gestoras y también una especialización.


Pues bien, de eso se trata, señorías, y eso es lo que les propongo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que ayudemos, aquí, donde no está en cuestión otro tipo de planteamientos o de derechos superiores, que demos una entrada amplia, plena y total a lo que significa la creación de condiciones de competencia que tiene que reunir un mercado, que no puede ampararse en la fiscalidad como mecanismo de creación de barreras artificiales que limiten la competencia entre las instituciones financieras. Se trata de premiar la solidez y la eficiencia en la gestión del ahorro privado, no de premiar la cautividad de los fondos que en su momento fueron colocados en unas entidades cuando quizás esa voluntad hoy no se mantiene. Se trata de proteger a los ahorradores. Se trata de generar condiciones de neutralidad fiscal. Se trata de hacer, en definitiva, más eficiente nuestra economía, de impedir, por una vez, que los intereses de unos pocos prevalezcan sobre los de la mayoría.
Termino, señora presidenta, señorías. Quiero decir a los miembros de la Cámara y a los diferentes grupos que al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría contar con el apoyo unánime. Seguro que hay varios grupos que piensan otorgar su apoyo a esta iniciativa. Me gustaría dirigirme al grupo de la mayoría, al grupo del Partido Popular para pedirles también su apoyo. Es verdad que la derecha española históricamente no ha sido liberal. Yo no digo que lo vayan a conseguir en breve. Como saben, en política, ser liberal es una suerte de talante y de sensibilidad favorable a las libertades y los derechos individuales que cuando no siempre se ha tenido a veces cuesta aprender. Pero en economía ser liberal, especialmente hablando de dinero, suele significar otra cosa, y es bastante más fácil defender el papel del mercado, aunque eso algunos lo identifiquen con una ideología liberal en lo político.
La mayoría de esta Cámara, y desde luego la mayoría que representa el Grupo Popular, predica a diario las excelencias del mercado, aunque luego el Gobierno que ha surgido de esta mayoría no lo aplique todos los días, como su política de liberalizaciones está poniendo de manifiesto. No me negarán -espero- que la liberalización que ahora les propongo es de las cantadas, de las que no tienen duda, de las que es inevitable que se produzcan, de las que solamente se pueden posponer por algún interés que ciertamente no es el interés general, pero nunca por razones de competencia, por razones de eficiencia o por razones de defensa del interés de los ahorradores.
Si no estuvieran dispuestos a avanzar en esta dirección, que es lo más cantado y lo más fácil, ¿sería posible creer que pueden estar dispuestos a hacer algo real en mercados mucho más complejos, como son el de los carburantes, el de la electricidad o el del gas, en los que han prometido actuar? No quisiera, señorías, tener que volver a subir a la tribuna por enésima vez a contar algo que es obvio. Les decía al principio que no hace falta emplear muchas palabras en defender una cuestión como ésta. Solamente hace falta tener confianza y déjenme que por una vez espere que no la decepcionen los miembros de la mayoría.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eguiagaray. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Vasco va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, relativa a la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de fondos de inversión mobiliaria en supuestos de reinversión. Nos parece, al igual que al Grupo Socialista, poco equitativo el hecho de que las ganancias patrimoniales procedentes de fondos de inversión y que son reinvertidas tengan que tributar, mientras que las denominadas unit linked no lo tengan que hacer. Este hecho genera distorsiones en el tratamiento neutral del ahorro que es preciso sin duda corregir. Es más lógico que estas rentas tributen cuando abandonen este modo de ahorro y se destinen, por ejemplo, al consumo o a la inversión inmobiliaria.
El cambio fiscal que se propone obligaría igualmente a las entidades financieras a competir para captar este tipo de recursos ofreciendo mejores condiciones y cobrando menores comisiones a los clientes.
Pero lo

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que nos parece más importante es que los inversores, muchos de ellos pequeños, tengan la posibilidad de cambiar de fondo dentro de la misma gestora o cambiar incluso de gestora en función de la evolución de los mercados y de la aversión o preferencia del riesgo que tengan.
Si se produce, por ejemplo, una subida de tipos de interés, es probable que muchos inversores prefieran pasar sus posiciones de renta variable a renta fija garantizándose una rentabilidad y minorando su riesgo. Hoy en día, debido a la tributación de estas plusvalías, el inversor se encuentra atado de pies y manos y no optimiza sus inversiones, lo que afecta a su rentabilidad y a la del conjunto de la economía. El inversor ha de tener, sin duda, capacidad y flexibilidad para adecuarse a los vaivenes del mercado.
Existe, sin embargo, un riesgo que es preciso tener en cuenta. Es más difícil para la Hacienda pública controlar los movimientos de un ciudadano cuando multiplica sus operaciones y cambia de fondos y de entidades. Hay cierto riesgo de que aumente el fraude fiscal.
Entendemos, no obstante, desde nuestro grupo que este riesgo es evitable desde la gestión, adecuando los sistemas informáticos, tarea que en todo caso habrá de acometer el Gobierno.
Por todo lo anterior, nuestro grupo apoyará con su voto favorable la presente iniciativa.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
A riesgo de ser considerados no liberales, aunque el liberalismo vaya por barrios, el liberalismo político y económico, nosotros no podemos compartir en su texto estricto la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Y no la podemos compartir, por una parte, no tanto por el texto como por el contexto y, por otra, por alguna de las razones que acaba de aducir el Grupo Parlamentario Vasco.
En cuanto al contexto, nosotros, y creo que los ciudadanos en general, tenemos una cierta preocupación en relación con la política fiscal, sobre todo respecto a la desfiscalización de las rentas del capital que se está generalizando en nuestro país y que en los últimos días nos ha dado la sorpresa de que, mediante fraude de ley o mediante la utilización de la ley, se puedan obtener plusvalías multimillonarias y no cotizar a Hacienda por ellas. Es decir, a nosotros nos preocupa el contexto de desfiscalización de las rentas del capital, sobre todo cuando cada vez más son los ciudadanos individuales los que con impuestos indirectos y con impuestos sobre sus salarios contribuyen en medida mayoritaria a la Hacienda pública española.
Pues bien, la propuesta que se nos hace no plantea únicamente un conflicto entre entidades financieras y ahorradores. Nos estamos olvidando de una parte de los sujetos. Es verdad que se trata de un conflicto entre entidades financieras y ahorradores de forma directa, pero indirectamente también afecta al conjunto de los ciudadanos. ¿O no afecta al conjunto de los ciudadanos la fiscalidad? ¿O no afecta al conjunto de los ciudadanos la fiscalidad, en este caso no de los salarios sino de las plusvalías? En nuestra opinión, sí afecta al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, habría que tener en cuenta esta contradicción, este conflicto de intereses, que es verdad que no tiene que ver con derechos fundamentales, pero sí tiene que ver con prestaciones sociales y con políticas de gasto público, porque de algún sitio salen las prestaciones sociales y las políticas de gasto público, fundamentalmente del sistema fiscal. Por tanto, estamos ante una cuestión que no nos parece menor y normalmente a nosotros no nos gusta jugar en el campo del adversario, y en este momento nos da la impresión de que llevamos un tiempo haciéndolo, porque le planteamos una propuesta al Gobierno que pensaba hacer el mismo en el marco de los reales decretos aprobados en junio y finalmente no hizo.
Deberíamos pensar si no estamos jugando ya en el campo del adversario, en el campo de la desfiscalización de las rentas del capital. Nos parece que ese es un riesgo que no merece la pena correr. Antes decía el Grupo Vasco que hay otros riesgos, el de la opacidad y el del fraude fiscal. Señorías, cuando los datos apuntan a que el fraude fiscal puede haber aumentado, según declaraciones de los propios tribunales de justicia en los últimos años, sobre todo en los últimos meses en nuestro país, nos parece que hay que tentarse la ropa antes de tomar decisiones que aumenten la opacidad y que puedan favorecer el fraude fiscal.
Por esas razones, y porque podía haber sido posible una iniciativa que controlase los seguros financieros y no una iniciativa que descontrolase la inversión, en este caso en los fondos de inversión, porque podía haber habido esa iniciativa, pensamos que no merece la pena desregularlo todo. No merece la pena quitar la fiscalidad de los fondos de inversión para igualarlos a los unit linked. Creemos que podían haberse formulado otras iniciativas que sugieren los hacendistas, como es tributar como renta la plusvalía latente, o, por otra parte, podía haberse planteado la obligatoriedad de retenciones en los productos de inversión y en los seguros financieros como fórmula de control fiscal, pero no se nos plantea ni una de las propuestas, que mantendría la fiscalización de las rentas de capital, ni la otra, que mantendría una cierta transparencia fiscal. Por tanto, nosotros no podemos votar favorablemente esta iniciativa, aunque sí estemos de acuerdo en que las entidades financieras no primen sobre los ahorradores. Lo que pasa es que en este caso hay un tercer factor en discordia, que es la fiscalidad, que afecta al conjunto de la

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ciudadanía, y nosotros en este caso preferimos la prudencia a tomar una decisión de la que podamos arrepentirnos, como nos está ocurriendo en estos momentos, porque me imagino que el Partido Popular se estará arrepintiendo del real decreto que permite que plusvalías en estos momentos no tributen y que la Hacienda pública pueda dejar de ingresar medio billón de pesetas de grandes compañías multinacionales.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo. Quiero señalar una obviedad, y es que todos sabemos que la fiscalidad es cambiante, se basa en normas jurídicas que cambian y es lógico y bueno que así sea porque la realidad económica y social sobre la que se proyecta este ámbito de la política económica es cambiante y demanda adaptaciones continuas. Lo que ocurre es que hay cambios y cambios; hay cambios puntuales, numerosos y necesarios -y ejemplos hemos tenido en las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social de cada año- y son buenos social y económicamente, y hay cambios que deben verse desde una perspectiva más distante o con una reflexión más fría, y no necesariamente puntual, y este es uno de ellos. Lo digo al hilo de que cuando se aprobó en esta Cámara la nueva Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la 40/1998, que mi grupo votó favorablemente, uno de los objetivos fundamentales en la nueva regulación del IRPF, aparte de buscar una bajada de impuestos, es precisamente obtener una deseada neutralidad en el tratamiento tributario de las distintas fórmulas de ahorro. Por tanto, introducir cambios en la tributación del ahorro de forma puntual y sin una reflexión global sobre el conjunto de tributos que recaen sobre el mismo es una iniciativa que no consideramos conveniente.
A juicio de mi grupo, no es válida la comparación con los unit linked por un motivo evidente. El tratamiento tributario de los unit linked en España es un reflejo del hecho de que la normativa comunitaria establece que los mismos son un producto de seguro y si bien es cierto que en diciembre de 1999 se modificó el tratamiento tributario de las rentas derivadas de los unit linked, también es cierto que esta modificación no fue de carácter constitutivo, sino que fue meramente aclarativa, estableciendo el criterio que ya se venía aplicando por el Ministerio de Economía y Hacienda al respecto.


Por tanto, y por el hecho de que para modificar e introducir una no tributación de las rentas derivadas de la transmisión de participaciones de los fondos de inversión es necesaria una reflexión global y sosegada sobre la fiscalidad del ahorro y no es correcto hacerlo de manera puntual, mi grupo parlamentario no votará favorablemente, sino negativamente, a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez- Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer el tono de la intervención del portavoz socialista y, además, darle la bienvenida al club de los que pensamos que las liberalizaciones son un buen camino. No sé si esto es un nuevo mensaje de la dirección socialista, pero bienvenidos sean a este club porque entendemos que -y así lo estamos aplicando desde 1996- el camino de mayor libertad en el mundo económico lleva a un mayor crecimiento y a una mayor creación de empleo y de bienestar.
Sin embargo, no estamos debatiendo aquí una liberalización del mercado de fondos de inversión, como ha dicho el portavoz socialista, sino simplemente un diferimiento del impuesto para un producto de ahorro, sólo un producto y sólo del ahorro. Es una iniciativa ya vieja, una iniciativa que se debatió y rechazó en esta Cámara porque es inconsistente. Es verdad -y el señor Llamazares lo decía- que esta iniciativa, esta decisión de mejorar la competitividad en el ahorro la está estudiando el Gobierno porque nos importa mucho seguir fomentando el ahorro, como estamos haciendo desde 1996. Nosotros, con el apoyo de Convergència i Unió, del PNV y de Coalición Canaria, hemos introducido desde 1996 muchas mejoras para los ahorradores, muchas mejoras para incentivar el ahorro en España, para conseguir que sea más competitivo, que se tribute menos y contribuya de una manera más eficiente al crecimiento y a la creación de empleo. Desde 1996 se ha avanzado mucho. Ya en los decretos de 1996 se bajó el tipo, el tipo marginal que existía hasta entonces, al 20 por ciento.
Lo hemos vuelto a bajar ahora en los últimos decretos al 18 por ciento. Además, de acuerdo con unas conclusiones que se aprobaron en esta Cámara en una subcomisión parlamentaria, establecimos una reforma del IRPF que incentivaba el ahorro, que decía: Ciudadanos españoles, hay una fórmula de ahorro que tiene que tener la mayor rentabilidad financiero-fiscal, que es el ahorro-previsión, el ahorro complementario a los fondos y planes de pensiones, para que todos los ciudadanos españoles -porque creemos que eso se debe instrumentar sobre todo desde la forma colectiva- puedan percibir una pensión pública en una mano,

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que hemos garantizado, y una pensión complementaria en otra. Después había una segunda fórmula de ahorro a largo y medio plazo, que se instrumenta fundamentalmente a través de los seguros de vida, que obtiene una buena rentabilidad precisamente en el plazo y una tercera fórmula de ahorro a medio y corto plazo, instrumentada a través de fondos y depósitos, a los que también les hemos rebajado la fiscalidad y les hemos hecho más competitivos.
En España se está fomentando el ahorro, se ha introducido mayor competencia y mayor facilidad para la movilidad. Decía el señor Eguiagaray que había 32 billones de pesetas en fondos de inversión, y es verdad, pero de esos 32 billones de pesetas se ha movilizado en el último año el 48 por ciento. Hay una gran capacidad de movilización a través de las reformas que se han hecho hasta ahora.
Ahora nos trae una iniciativa que tiene lógica económica y fiscal, es una iniciativa cuya música suena bien -hacer que se produzca un diferimiento en el pago de impuestos a aquel ahorrador que no desinvierte sino que se cambia-. Pero eso, señorías, es una propuesta que tiene una falta de solidez considerable; es una propuesta restrictiva que limita el diferimiento a un solo producto. ¿Por qué la compra de participaciones en instituciones de inversión colectiva permite diferir los impuestos y no sucede así con las acciones, las obligaciones del Tesoro, con otros instrumentos de ahorro? Es una propuesta que rompe el equilibrio entre los distintos instrumentos de ahorro; se priman los fondos de inversiones con esta propuesta frente al depósito a plazo -instrumento elegido por muchos ahorradores, fundamentalmente ahorradores de rentas medias y bajas-, frente al seguro de vida, frente a las acciones, etcétera. Señorías, mi grupo entiende que cada ahorrador debe fijar su posición de ahorro según su propio perfil -mayor o menor riesgo, mayor o menor plazo- y no debe verse perjudicado por uno u otro instrumento. Pero además es una propuesta -y en esto coincido con lo que ha manifestado aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el portavoz de Izquierda Unida- la que tenemos sobre la mesa imposible de gestionar tributariamente; es una propuesta que abre una vía enorme de fraude fiscal. Muchas de las restricciones del Gobierno para no llevar a cabo este diferimiento en los productos de ahorro es precisamente evitar el fraude fiscal. Da la impresión de que el Grupo Socialista o no ha reparado en el fraude que puede suponer esta propuesta o no le importa que se abra una nueva vía de fraude. Desde luego la propuesta no tiene ninguna línea sobre cómo gestionar tributariamente esta iniciativa. Es además una propuesta, señorías, que no garantiza una protección del pequeño ahorrador frente al gran ahorrador, porque la experiencia en otros países es que cuando se establece un diferimiento en el pago de impuestos de los fondos de inversión, cuando los ciudadanos pueden cambiar de fondo de inversión, las instituciones establecen mayores comisiones de entrada y de salida, que afectarían fundamentalmente a los pequeños ahorradores y los grandes ahorradores podrían gestionar y negociar sus propias comisiones.
Es una propuesta, por último, que prima a las rentas de capital frente a las rentas de trabajo, que no pueden diferir impuestos. No me digan, señorías, que lo hacen, como ponen en la exposición de motivos, por comparación con los seguros de unit linked. Los seguros donde el tomador asume el riesgo es un producto que no ha aprobado este grupo parlamentario cuando estaba en el Gobierno, es un producto que se aprobó siguiendo unas directivas comunitarias en la Ley de ordenación y supervisión del seguro privado en esta Cámara en 1995 con un gobierno socialista. Lo que nosotros hemos hecho es determinar que con ese tipo de seguros no se puede hacer una gestión individualizada de cartera. En la ley, señor Eguiagaray, hemos tratado de evitar que utilicen un instrumento de ahorro para la gestión individualizada de cartera, pero el seguro, como usted sabe muy bien aunque no lo haya dicho en esta tribuna, tiene una tributación absolutamente diferente de los fondos de inversión. El seguro está calificado como rendimientos de capital y, por tanto, paga al marginal, excepto cuando hay un plazo largo, que es cuando consigue una buena rentabilidad, y los fondos de inversión tributan como incrementos de patrimonio, como plusvalías, ahora al 18 por ciento. Sólo cuando transcurren cinco u ocho años el seguro de vida, instrumentado como seguro unit linked o como seguro de vida normal, consigue una rentabilidad mejor.
Desde luego, el Gobierno tiene interés en profundizar en una mejora que fomente el ahorro. Es verdad, y lo han dicho portavoces socialistas en la última temporada, que en España se está produciendo un mayor incentivo al consumo que al ahorro; pero, señorías, todos sabemos que cuando hay un crecimiento económico y además ese crecimiento se distribuye de una manera más justa y llega a los más débiles, que tienen más propensión al consumo que al ahorro, se produce un mayor incentivo del consumo. Por eso, nosotros nos hemos comprometido a fomentar mucho más el ahorro, pero queremos fomentar el ahorro sin romper el equilibrio entre todos los instrumentos, sin perjudicar a nadie y con sistemas que faciliten la gestión tributaria, eliminando el fraude y no abriendo nuevas vías al fraude.
Queremos fomentar el ahorro, queremos fomentar la competencia y la movilidad y, sobre todo, estamos comprometidos en incrementar la cohesión de la sociedad, ayudando a los ciudadanos de rentas medias y bajas y a los asalariados, y la propuesta que hoy trae el Partido Socialista no garantiza estos principios y, por eso, nosotros votaremos en contra, como hará el resto de grupos de la Cámara, según han anunciado aquí, a excepción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV);

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por cierto, que en la legislación vasca del IRPF, para la que tienen todas las competencias, no está recogido.
Nosotros seguiremos...


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que termine.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Nosotros seguiremos estudiando cómo mejorar el ahorro y les invito a todos a sumarse a este club, señor Eguiagaray, pero desde 1996 se han ido tomando medidas muy importantes en el ahorro; medidas que han mejorado el ahorro en España, que han favorecido a los ahorradores y, sobre todo, a los ahorradores pequeños y medianos y, desde luego, hasta ahora siempre hemos contado con su voto en contra. Esperamos que a partir de hoy ustedes se sumen a este club, que quiere crecimiento, empleo y bienestar.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte.


Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la tributación en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de fondos de inversión mobiliaria en supuestos de reinversión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 111; en contra, 165; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa de referencia.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente 122/000028.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA , POR LA QUE SE RECONOCEN DETERMINADOS EFECTOS JURÍDICOS A LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente 122/000023.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE UNIONES ESTABLES DE PAREJA. (Número de expediente 122/000034.) - DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE IGUALDAD JURÍDICA PARA LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente 122/ 000048.)

La señora PRESIDENTA: En función de lo acordado en la Junta de Portavoces, a continuación someteremos a debate conjuntamente la toma en consideración de las siguientes proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho. En segundo lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho. En tercer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja. Y por último, la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho.
Para la defensa y presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder iniciar el debate.
Adelante, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para abrir el debate sobre la ley de parejas de hecho. (Rumores.) No se le escapa a ninguno de ustedes que la sociedad española viene demandando desde hace tiempo la equiparación de las parejas de hecho a los efectos jurídicos que se derivan del matrimonio civil, así como la regulación normativa de las llamadas situaciones convivenciales de mutua ayuda. (Rumores.) Presidenta, rogaría silencio.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Castro.
Señorías, es imposible seguir el debate si hay conversaciones en los pasillos o en los escaños. (Pausa.) Adelante señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: En los últimos tiempos asistimos a una especie de baile en todas las comunidades autónomas, donde se vienen aprobando poco a poco sucedáneos de lo que sería una regulación digna, proceso que además se produce con cuentagotas y de forma deslavazada en función de la idiosincrasia del Gobierno de turno, exceptuando el Parlamento navarro, al que saludo desde aquí, porque es el primer Parlamento de este país que ha tenido a bien aprobar una ley que regula las parejas de hecho.
Desde este punto de vista y desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, apostamos claramente por una transformación radical

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del actual modelo de relaciones afectivas y sexuales entre las personas (Rumores.-Pausa.), basado en el concepto de familia tradicional, en cuanto a derechos y libertades, con inclusión clara y expresa de aquellas opciones sexuales distintas a la heterosexual, pero en un plano de auténtica igualdad. Hay que acabar con la doble moral en esta sociedad y el Parlamento está obligado a acabar con la doble moral en esta sociedad. Fíjense ustedes. Hasta hace poquito tiempo, en este país se perseguían y discriminaban las conductas o las relaciones homosexuales, se discriminaba a las madres solteras, se marginaba a las parejas de hecho. Ahora, entre comillas, se toleran éstas y otras formas de quererse y relacionarse, pero se sigue negando la mayor. Y negar la mayor pasa por no entender de relaciones afectivas, que es lo que está en el núcleo de lo que queremos regular. No regulamos intereses económicos, sino una nueva familia. Hay una pluralidad familiar en nuestra sociedad, afortunadamente, y en esa nueva familia estamos regulando algo que tiene que ver con un compromiso expreso, que se basa en la afectividad. Supongo que todos sabemos aquí de qué estamos hablando.
Pues bien, en ese intento de acabar con la doble moral -y yo creo que el Parlamento es el primero que está obligado a acabar con la doble moral- deberían de hacer una relectura de la Constitución los señores del equipo de Gobierno y enterarse de que la Constitución, en el artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que la opción sexual de cada persona se pueda vivir en circunstancias de libertad e igualdad efectivas y reales en todo el territorio español.
Y, enlazando con lo de antes, quería decir -y no lo dije- que aquí lo que se niega por parte del Partido Popular en la legislatura anterior -y espero que no me sorprendan gratamente hoy, por desgracia- es la mayor, y la mayor es que dos hombres o dos mujeres pueden amarse y que igual que se presupone el acceso carnal en el matrimonio civil se presupone el acceso carnal entre dos seres humanos que se aman, independientemente del sexo. En el marco de este derecho y de otros que están recogidos en nuestra Carta Magna, y en este mismo sentido, todo hombre o toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio de su libertad, puede constituir una comunidad de vida que dé lugar a la creación de una familia o a cualquier modelo de convivencia digno de la misma protección jurídica y social.
Por otro lado, ninguno ni ninguna de los que aquí nos sentamos ignoramos que aún persisten en nuestra sociedad comportamientos lesbos y homofóbicos, que se traducen en discriminación laboral, en prohibición de manifestar libremente la afectividad en público o en el desprecio o burla hacia gays y lesbianas o transexuales, y dando prevalencia a las relaciones heterosexuales en la educación, en los medios de comunicación y en todos los ámbitos en los que la afectividad y la sexualidad tienen algún tipo de reflejo.
Por todo ello, y ateniéndonos y queriendo ser respetuosos con el escaso tiempo de que disponemos, Izquierda Unida presenta esta proposición de ley pretendiendo armonizar los derechos de todas y todos los españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que han decidido vivir y con el objetivo de conseguir una regulación de las relaciones afectivo-sexuales distintas al matrimonio civil, en igualdad de derechos con éste, de forma que se reconozca a todas las parejas, independientemente de su orientación u opción sexual o de su forma de convivencia, los mismos beneficios de carácter económico- patrimonial, fiscalidad, herencia, Seguridad Social, alimentos, etcétera, y otros como son el hecho de la adopción de hijos, y aquí me voy a detener expresamente, porque sé que este es el punto más polémico, y me dirijo a todas SS.SS., y particular y especialmente a los portavoces de los otros grupos parlamentarios que van a hacer uso de la palabra después de esta diputada. Yo no he encontrado -créanme- sinceramente ninguna razón ética, legal, jurídica, de ningún tipo para negar la adopción a las parejas de gays o de lesbianas. En lo único que la comunidad científica está de acuerdo en el mundo entero es que para el crecimiento integral de un ser humano es absolutamente imprescindible y necesaria la afectividad. ¿Dónde está escrito que un hombre por ser homosexual o una mujer por ser lesbiana no pueda dar amor? ¿Por qué tanta preocupación? Nosotros también pensamos en el niño antes que en nadie. Cuando hace 30 años esta diputada se separó de su pareja, de su marido, mis hijas, como las de todas las mujeres que fuimos pioneras en esto del divorcio o de la separación prematura porque no había divorcio entonces (yo me separé en otras épocas), sufrían muchísimo porque el marco referencial no era únicamente hombre-mujer, sino que era hombre-mujer, además juntos y además para toda la vida. Claro que sufrieron, claro que sufren los hijos de los padres separados ahora también; claro que sufren tantos niños en el mundo por no tener las prestaciones sanitarias suficientes, sufren muchos niños por no poder vacunarse de una simple polio. Los niños sufren por muchas cosas y hay que preocuparse de su sufrimiento, pero con honestidad y con valentía. Preocuparse del sufrimiento de los niños con honestidad y con valentía pasa por decir en esta Cámara que las instituciones no son el lugar para que un ser humano crezca integralmente. Los resultados están ahí, los niños que no han tenido nunca la fortuna de que alguien les adopte son carne de cañón y un alto porcentaje de esos niños pasan de la institución, con un tránsito relativamente breve, a la cárcel. Por tanto, yo no entiendo cómo se puede uno oponer a algo que es absolutamente elemental, que es el derecho de un niño a crecer en una familia con afecto y con ternura. Desde luego, ese derecho lo tienen los niños y ese derecho lo tienen los gays y lesbianas porque

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son seres humanos y porque aman como amamos los demás.
En nuestra proposición de ley exigimos además la adopción para gays y lesbianas que pasa por dar carta de naturaleza a algo que ya está en la sociedad. Que nadie crea que esto lo hacemos porque nosotros siempre estamos en la radicalidad y en la revolución. No. Lo que no puede ocurrir es que un Parlamento vaya 20 años por detrás de una sociedad; no puede ocurrir que las leyes lleguen 20 años después de que la sociedad nos esté planteando una realidad que es contundente y que está ahí. Yo no voy a cuantificar, no me gusta cuantificar los derechos, no me importa a cuántas personas afecte este problema, lo que verdaderamente me importa es que independientemente del número de personas que estén afectadas, porque esta ley no va dirigida sólo a gays y lesbianas sino que va dirigida también a las parejas heterosexuales que han optado por que nadie consagre su amor, ni nadie con un papel le diga que le quiere, esta ley va dirigida a un amplio colectivo social. Hay que reparar la injusticia, señorías, creo que ha llegado el momento de reparar la injusticia para que todos podamos sentirnos bien. Ha llegado el momento y para eso pido expresamente al Partido Popular que no bloquee este debate, que como grupo parlamentario debería presentar enmiendas a los proyectos de ley que vienen a esta Cámara y que, por favor, desde el Parlamento nos abstengamos de aplicar la moralina o las morales personales o particulares, que todas son respetables, pero que no son aplicables a las conciencias de los ciudadanos.
Por otra parte, quiero destacar que en nuestra proposición de ley planteamos también la necesidad de equiparar a los matrimonios de español o española con extranjeros a todos los efectos con los matrimonios civiles. También planteamos -y esto es una necesidad- que se produzca la unificación de los registros de parejas de hecho, descentralizada y gestionada por el Ministerio de Justicia que sirva a todos los efectos para acreditar las uniones de hecho.
En resumen, señorías, la proposición de ley que presenta en esta Cámara el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pretende hacer valer los derechos de todas las personas sin exclusiones por razón de opción sexual ni por razón de forma de convivencia. En definitiva, lo que antes decía, reparar la injusticia histórica para que podamos todas y todos dormir tranquilos y sobre todo para no seguir acumulando déficit democrático en esta Cámara. Ahora son los gays, las lesbianas y las parejas de hecho, otras veces son las mujeres y otras no sé quién, y mientras no estemos equiparados en derecho, señorías, permitan que esta nueva diputada modestamente les diga que la democracia está en solfa.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho, tiene la palabra la señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición de ley de reconocimiento de determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho, con independencia de su orientación sexual. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) La propuesta de nuestro grupo, presentada en la Cámara el pasado 25 de abril, es similar a la que tuvimos ocasión de presentar en la anterior legislatura, a excepción de la inclusión en esta propuesta de la equiparación al matrimonio en efectos procesales y tributarios y la reducción del tiempo de convivencia a seis meses.
La convivencia estable entre dos personas, con independencia de su orientación sexual, es una realidad de nuestras sociedades aceptada socialmente con toda normalidad, salvo excepciones lamentables que todavía perduran. Es una realidad que no debe permanecer al margen de la cobertura jurídica, que puede y debe tener una regulación que conforme sus manifestaciones y que sea reflejo de una realidad que siendo distinta al matrimonio queda o debe quedar encuadrada en lo que entendemos por familia.
La familia alberga hoy múltiples formas de convivencia, todas ellas acreedoras del amparo jurídico y constitucional. El matrimonio ha perdido el monopolio como eje de la familia que detentó durante tanto tiempo. Las uniones de hecho homosexuales o heterosexuales, con o sin descendencia, constituyen una realidad cada vez con mayor implantación social, sin que hasta la fecha se haya producido una regulación integral de las mismas, si bien han sido objeto de regulaciones parciales y de pronunciamientos de los tribunales acogiendo determinados efectos y derechos por vía interpretativa.


Aunque la unión de hecho y el matrimonio son realidades diferentes, ambas se integran en el concepto de familia que contempla el artículo 39 de la Constitución, y por tanto ambas y no sólo una deben gozar de la protección de los poderes públicos. Como tiene establecido el Tribunal Constitucional pueden derivarse las mismas consecuencias en determinados casos de una u otra situación, y también distintas sin vulnerar por ello el artículo 14 de la Constitución.
No se trata, pues, de equiparar dos situaciones diferentes, sino de no discriminar en el ámbito de protección del derecho a quienes optan por un compromiso no matrimonial. Son numerosos los pronunciamientos

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del Tribunal Constitucional en este sentido y podemos hablar de doctrina consolidada en temas tales como pensiones o subrogación arrendaticia. El Tribunal Constitucional ha precisado que no sería inconstitucional que la ley equiparase a efectos de la pensión de viudedad al cónyuge y al conviviente de hecho, o que se admita la subrogación del conviviente de hecho en el contrato de arrendamiento, en los mismos términos que el cónyuge supérstite Merece la pena en este contexto citar una vez más la ya famosa resolución del Consejo de Europa que predicó el reconocimiento de la eficacia de los contratos y pactos matrimoniales entre personas que conviven de hecho, y también -¡cómo no!- la resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad de derecho de los homosexuales, reiterando la convicción de que todos tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su orientación sexual.
Recientemente muchos países de nuestro entorno han aprobado regulaciones que superan este vacío legal fruto de la hipocresía social y de la discriminación, y han establecido en sus ordenamientos efectos jurídicos a las uniones de hecho con independencia de su orientación sexual. Países de nuestro entorno lo han afrontado de forma distinta, como Francia, que aprobó el año pasado el llamado pacto civil de solidaridad que incorpora múltiples formas de convivencia que pueden darse en la realidad cotidiana y otorga a todas ellas efectos, siempre que exista pacto y por tanto voluntad de unión. Holanda, la última, va más allá y plantea el matrimonio entre homosexuales o la posibilidad de adopción para este tipo de parejas.
Todo esto nos permite vislumbrar un camino de normalización en uno de los temas todavía controvertidos y que son reflejo de grandes prejuicios sociales. Muchos consideran con razón que uno de los elementos principales a tener en cuenta en la adopción es la capacidad para educar o para dar afecto a los menores por encima de la opción sexual de sus progenitores, y ése es el verdadero interés del menor al que alude la Convención de derechos del niño, ésa es su mejor defensa.
En lo que se refiere al contenido de nuestra proposición de ley, el proyecto, al igual que la mayoría de las propuestas, afecta a una gran diversidad de materias. En primer lugar al Código Civil en lo que alude a la vecindad y nacionalidad, donde se equipara a la prevista para los cónyuges. También se extiende a los convivientes la obligación de prestarse alimentos, así como los derechos hereditarios, que se reconocen al conviviente en la sucesión intestada en defecto de ascendientes y descendientes y antes que los colaterales.
También se proponen importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Por congruencia se modifica el artículo que excluye del ámbito de aplicación del Estatuto a los trabajadores familiares para incluir entre los mismos a la persona unida al empresario o empresaria de forma estable por análoga relación de afectividad a la conyugal con independencia de su orientación sexual, siempre que haya convivencia. También se reconocen al conviviente los derechos de traslado a la misma localidad cuando fuera destinado dicho conviviente, de igual modo que hoy se prevé para cónyuges.
Las modificaciones que se introducen en nuestra propuesta en la Ley general de la Seguridad Social son de gran calado, son importantes.
Hay que destacar la extensión que hacemos al conviviente del derecho del cónyuge a percibir pensión de viudedad, también a la percepción del auxilio por defunción y a la indemnización especial por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Proponemos, pues, la modificación del artículo 174 de la Ley general de la Seguridad Social, estableciendo el derecho a una pensión equivalente a la pensión de viudedad para la persona que hubiera convivido de forma estable con el fallecido o fallecida en análoga relación de afectividad. También dentro de este bloque y en coherencia con lo anterior, se extienden los beneficios de la asistencia sanitaria a los convivientes.
En lo que alude a la Función pública, también ha sido preciso introducir algunas modificaciones. Así se hace con la equiparación al cónyuge con el conviviente en los concursos para la provisión de puestos de trabajo y en la regulación de la excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Respecto al ámbito impositivo, se propone la equiparación a efectos tributarios de la convivencia con el matrimonio. Es de destacar que en esta materia existen numerosos países de la Unión Europea que ya han dado lugar a esta modificación.
Del mismo modo, se propone la equiparación de los convivientes a los cónyuges a efectos procesales, previsión que consideramos de enorme importancia para evitar las dilaciones y complicaciones procesales de este tipo de parejas a la hora de acudir a los tribunales.
En suma, en nuestra propuesta pretendemos equiparar la situación de los convivientes de hecho con las uniones matrimoniales en aquellos aspectos civiles, laborales, administrativos, fiscales o procesales que mantienen una discriminación absurda, y sobre todo desfasada de la realidad social que ya se ha asumido. La realidad social desde la normalidad ya ha asumido el reconocimiento de las uniones de hecho, homosexuales o heterosexuales, como una forma de convivencia familiar que merece y reclama el apoyo de los poderes públicos y el amparo de las leyes y del ordenamiento jurídico.
Así pues, la filosofía que enmarca el proyecto es fundamentalmente dar cobertura jurídica a una realidad, de hecho numerosa y creciente en nuestra sociedad: las uniones de hecho con independencia de su orientación sexual. Ésta es la misma filosofía que, a nuestro juicio, informa el resto de proposiciones de ley que hoy sedebaten para su toma en consideración.


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Nuestro grupo va a apoyar las distintas propuestas de Convergència i Unió, de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, por entender que aunque son diferentes en algunos aspectos buscan el mismo objetivo de atribución de efectos jurídicos a las parejas de hecho, con la singularidad de que en las propuestas del Izquierda Unida y del Grupo Mixto se incluye la adopción por parejas homosexuales, que si bien no se contempla en nuestra iniciativa no sólo no objetamos sino que consideramos oportuno tomarla en consideración y estudiar las fórmulas más adecuadas para que esa previsión se encuadre en nuestro ordenamiento.
Respecto a la posición del Grupo Parlamentario Popular, que ha anunciado que piensa oponerse a la toma en consideración de las propuestas que hoy se debaten, se trata, dicho sea con todos los respetos, de una posición equivocada, puesto que la realidad nos dice que el tema está maduro y la sociedad española ve de una forma generalizada con carácter positivo que se generen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho de una u otra orientación sexual. A nuestro juicio, es una postura hipócrita, pues tras el burladero de querer proponer su propia iniciativa, que ya han tenido tiempo para proponerla, se oculta la falta de voluntad política de acometer este tema, y sobre todo el miedo a indisponer a elementos sociales retardatarios y grupos religiosos de gran influencia, que siguen queriendo regir la vida cotidiana de la ciudadanía.
(Aplausos.) Algunos querrían que estuviéramos en los tiempos que lo que era pecado para la iglesia fuera delito para la sociedad. Ese sentimiento de ligar pecado y delito sigue aún vigente, por desgracia, entre los conservadores y en algunos elementos de nuestra sociedad, y más en este tipo de temas. Creo que nos va a costar sacar adelante estas normas, pues aún hay algunas -no sólo ésta- pendientes ante la cerrazón de determinados grupos como el Grupo Parlamentario Popular, y sobre todo ante el rodillo aplastante que ya se ve venir en este y otros temas.
Aquí se percibe claramente que el camino al centro político que ha anunciado el Grupo Parlamentario Popular no se transita y que existen materias en las que va aflorar lo más reaccionario de sus posiciones y de sus prejuicios. Pero no se preocupen, por más que se quiera poner puertas al campo estas materias se abrirán paso en la dirección adecuada de la libertad y de la igualdad. Ahora se oponen ustedes, los conservadores, se opone el Grupo Parlamentario Popular al reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas de hecho de uno u otro signo, como en su momento se oponían los conservadores al divorcio, augurando todo tipo de males a la familia tradicional. Sin embargo, y a pesar de sus negativos vaticinios, hoy la familia o las familias, como se quiera decir, que incluyen también las uniones de hecho, gozan de buena salud. Así seguirá siendo en un futuro, desde luego no muy lejano, cuando aun a su pesar y con su oposición consigamos aprobar una regulación que desde la normalización atribuya efectos jurídicos a las parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales.
Ése es el sentir de los grupos políticos que hoy presentamos nuestras propuestas, y son también los vientos que corren en la Unión Europea, donde la mayoría de los países han regulado este tipo de uniones que representan una opción más de vida, tan legítima y valorable positivamente como las demás o como la única que durante tanto tiempo ha sido reconocida de forma exclusiva.
En resumen y para terminar, reitero la posición de nuestro grupo en lo que respecta a la toma en consideración de todas las propuestas, y hago un llamamiento al Grupo Parlamentario Popular para que se una a estas posiciones que son razonables y responden a una demanda social.
Que abandone esa postura de rechazo que ya mantuvo en la anterior legislatura en la que se quedó solo y aislado, y que una vez más hoy conducirá al Grupo Parlamentario Popular a que se visualice ese aislamiento en que se encuentra, por más que nos imponga sus tesis haciendo uso de su mayoría.
En las últimas semanas han hablado demasiado en el Grupo Parlamentario Popular de acuerdo, de consenso, de centro político, de posiciones templadas, pero llegada la hora de la verdad ni ante propuestas tan razonables como las que presenta mi grupo y el resto de grupos, muestran su conformidad. Queda clara cuál es su verdadera posición, su verdadera cara ante estos temas de la vida cotidiana.
Esa posición es de conservadurismo del más viejo estilo y de negativa a regular efectos jurídicos a las uniones de hecho que tal vez a su pesar serán una realidad, también jurídica en un tiempo no muy lejano.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Alberdi.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja.
Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), voy a defender la proposición de ley que hemos presentado, sobre uniones estables de pareja con independencia de su orientación sexual. Ya en la pasada legislatura se presentaron ante esta Cámara diversas iniciativas para regular las parejas de hecho. Nuestro grupo parlamentario, entendiendo que existía una realidad social que demandaba ser normalizada jurídicamente, propició con su posición política que pudieran tramitarse las iniciativas de Coalición Canaria y del Grupo Popular, que finalmente no llegaron a fructificar. No obstante, ya expusimos entonces-y me remito al «Diario de Sesiones»- que nuestra

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posición no era coincidente con la proposición formulada por Coalición Canaria ni con la proposición del Grupo Popular, y manifestábamos que nuestra discrepancia con ésta última radicaba en que el proyecto de contrato de unión civil propuesto por el Grupo Popular no efectuaba el reconocimiento expreso de una realidad reconocida socialmente que eran las parejas integradas por personas del mismo sexo, y que por tanto la propuesta estaba desvirtuando la realidad de lo que se nos estaba demandando regular. Dijimos también entonces que nuestro modelo al respecto tomaba cuerpo en un anteproyecto de unidades de convivencia diferentes del matrimonio, que había elaborado el Consell Executiu de la Generalitat y que remitido al Parlament de Catalunya culminó en la aprobación, en julio de 1998, de la Ley de unión estable de parejas, ley que contó con el consenso de todo el arco parlamentario catalán, con excepción del Partido Popular, que lleva en vigor dos años y ya ha desplegado su eficacia en la regulación de unas realidades sociales plenamente consolidadas.


Hoy sometemos a la consideración de esta Cámara una proposición de ley que es prácticamente la trasposición de la ley vigente y experimentada en Cataluña desde hace más de dos años. Señorías, es un hecho notorio que además de la institución del matrimonio stricto sensu existen en nuestra sociedad situaciones convivenciales more uxorio perfectamente consolidadas y ampliamente aceptadas por los ciudadanos, que reclaman que nuestro ordenamiento jurídico dé una respuesta adecuada que llene el vacío legal existente y permita superar las situaciones de desigualdad y desprotección en que se encuentran precisamente por la falta de reconocimiento y regulación.
La finalidad de esta iniciativa, de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no es otra más que la de proporcionar esta respuesta jurídica, dar en definitiva carta de normalidad jurídica a lo que es normal en la vida cotidiana. Este propósito entendemos que además de justo es necesario, porque allí en donde no hay regulación, además de las consecuencias de desigualdad y desprotección que ya hemos señalado, se produce una extralimitación de la jurisprudencia, porque los tribunales se ven obligados a dar solución jurídica a los problemas que en estas situaciones convivenciales se plantean. Por tanto, ante el vacío legal existente están creando derecho, lo hacen de forma dispersa y contradictoria, y en definitiva se ven obligados a ejercer una función legislativa que no les corresponde a ellos sino a nosotros. Ésta es nuestra obligación y no podemos seguir rehuyéndola.


Entendemos que esta proposición que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone, además de un exquisito respeto constitucional asume la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo a los consejos de ministros de los Estados miembros, ratificada el 11 de junio de 1985 por esta Cámara, sobre no discriminación a los homosexuales, y también la resolución adoptada el 8 de febrero de 1994 por el Pleno del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea.
Por lo que se refiere a las características técnicas de nuestra proposición, ésta tiene dos capítulos: el primero de ellos regula el ámbito de aplicación, la acreditación de las parejas de hecho, así como las normas de regulación de la convivencia, el régimen de extinción de la misma y los efectos de dicha extinción. Es decir, nos explica cuáles son las uniones estables que regula y los derechos y deberes de los convivientes tanto durante la convivencia como a la finalización de la misma; cómo se contribuye a los gastos comunes de la pareja, la responsabilidad frente a terceros, las compensaciones económicas y pensiones que pueden solicitarse a la ruptura y la custodia de los hijos comunes en el caso de las parejas heterosexuales.
El capítulo segundo de nuestra iniciativa pretende regular de modo transversal todos los aspectos aún no regulados que se derivan de las referidas situaciones convivenciales; es decir, modificaciones que afectan a diversas leyes sectoriales (Código Civil, Ley orgánica del Poder Judicial, Estatuto de los Trabajadores, Ley de la Seguridad Social, Ley de medidas para reforma de la Función pública), fiscalidad y equiparación procedimental; todo ello en consonancia con otras proposiciones y con la finalidad de equiparar los derechos de las uniones estables de pareja a los derivados del matrimonio.
Este capítulo permitirá a las uniones estables de pareja el acceso al Estado del bienestar: medicina, pensión de viudedad, indemnización por fallecimiento, equiparación fiscal con los matrimonios en todas las figuras impositivas y equiparación procesal con la ya establecida para los matrimonios para el conocimiento judicial de las materias reguladas en esta proposición. Éste es el modelo que proponemos y que lógicamente vamos a votar favorablemente. Coincidimos con el resto de iniciativas en la necesidad de dar respuesta jurídica a estas situaciones, pero no en el contenido concreto de las propuestas, por lo que nos vamos a abstener.


Señorías, se han presentado en esta Cámara cuatro iniciativas que denotan la clara voluntad de regular estas uniones por parte de una amplia porción del arco parlamentario que representa a sectores diversos de la sociedad; iniciativas que cada una y desde su propio modelo quieren dar respuesta a la demanda social de regular situaciones totalmente consolidadas; respuesta que como ya he dicho no podemos seguir rehuyendo.
Hemos leído y oído estos días en el debate mediático que ha precedido al de esta tarde en la Cámara, que el Grupo Parlamentario Popular responderá a estas iniciativas retomando el contrato de unión civil para regular estas situaciones. Creemos, y lo decimos con absoluto

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respeto, que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular regula situaciones que no tienen ninguna necesidad de ser reguladas y extiende su ámbito de aplicación por no tener voluntad política para reconocer jurídicamente la existencia de uniones distintas del matrimonio basadas en el afecto. Creemos -y lo decimos también con respeto- que esto es un error; que no es la regulación que la sociedad nos pide y que la coherencia o la persistencia en un error no convierte a éste en acierto.
Nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular mostrara su acuerdo con esta amplia voluntad parlamentaria que no hace sino recoger -insisto una vez más- la voluntad y la petición social al respecto, máxime cuando han pasado ya tres años desde que se presentó la última iniciativa durante la pasada legislatura y estas situaciones han dejado de ser una novedad legislativa no sólo en los países de nuestro entorno sino también en los ordenamientos de algunas comunidades autónomas como Aragón, Navarra y Cataluña. Además, la equiparación se ha producido ya en las normativas más recientemente revisadas, como la Ley de arrendamientos urbanos o el Código Penal, y no tiene sentido no extenderla a todo nuestro ordenamiento jurídico.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ofrece su iniciativa para que pueda servir de base a un consenso. Exhortamos especialmente al Grupo Parlamentario Popular a que vote afirmativamente nuestra proposición con uno u otro alcance que podremos concretar en la Comisión, donde además deberemos perfeccionar técnicamente las iniciativas que aquí se aprueben, empezando por los defectos la nuestra propia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Señorías -finalizo ya mi intervención-, si a pesar de la amplia coincidencia existente para regular las parejas de hecho, hoy esta Cámara no aprueba ninguna de estas iniciativas, no puedo dejar de constatar que será única y exclusivamente responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular, porque en el legítimo ejercicio de su mayoría absoluta habrá impedido que demos la respuesta que la sociedad nos está solicitando.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Para defender su iniciativa, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señores y señoras diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds nuestra proposición de ley en relación a la igualdad jurídica para las parejas de hecho y creo que puedo decir en nombre de los portavoces que me han precedido qué estado de ánimo tenemos o cuál es mi estado de ánimo. Por un lado es de desazón, porque salvo sorpresas el Partido Popular ha anunciado que va a votar en contra de estas cuatro iniciativas parlamentarias; desazón, por qué no, porque se quiere ocultar, esconder una realidad de un entorno social. Pero les quiero decir, señoras y señores diputados del PP, que subo a esta tribuna con una profunda convicción: que tarde o temprano -y espero que cuanto antes mejor- esta Cámara va a reconocer jurídicamente la igualdad de las parejas de hecho que ustedes hoy niegan. Esta es una convicción profunda de los cuatro portavoces que hoy hablamos.
También estoy absolutamente convencido -lo cual es un atrevimiento por mi parte- de que si esta votación se produjera en conciencia, con libertad de voto, hoy se aprobaría. Por tanto, quiero dirigirme a la dirección del Grupo Parlamentario Popular para pedirle que deje libertad de voto a sus diputados y diputadas; que este es un tema de conciencia, de derechos, y que es importante que en temas como estos todos los diputados y diputadas de cada grupo puedan votar en conciencia. Por consiguiente, esta es mi y nuestra profunda convicción.
Estamos defendiendo una iniciativa que hoy seguramente vamos a perder, pero la vamos a ganar. Estamos convencidos de que hoy sólo la disciplina de grupo impide que esta Cámara recoja lo que es una mayoría social que piensa y siente en este sentido. ¿Por qué digo que tengo esa convicción? En tres cosas la fundamento. Primero, en que nadie -y tampoco una mayoría absoluta en el Parlamento- puede ocultar, esconder, negar una realidad social. Las mayorías absolutas pueden hacer muchas cosas pero no pueden borrar realidades sociales.
¿Y cuál es la realidad social a la que hoy nos estamos refiriendo? Que hay muchas formas de familia, no sólo la familia tradicional heterosexual, que sigue existiendo, sino que hay familias en las que hay un hombre que, como aquí se ha dicho, ama a un hombre o una mujer que ama a una mujer y que no hay ni ustedes tienen ni un solo argumento para justificar por qué razón hoy niegan y discriminan derechos por el solo hecho de que un hombre quiera a un hombre o una mujer quiera a una mujer. No hay ni un solo argumento y los que tienen se los habrán de guardar; si alguien tiene alguno seguro que responde a argumentos reaccionarios que cuesta subir a esta tribuna a defender. Pero es que además, mayoritariamente, la sociedad española de esto ha hecho normalidad. Ustedes van a intentar que en esta Cámara se borre la normalidad social que existe en este tema fuera de este Congreso de los Diputados. Además, la Constitución ampara, promueve, mandata las iniciativas que presentamos hoy cuatro grupos parlamentarios. En ello baso la convicción de que hoy perderemos pero mañana ganaremos y de que si hoy aquí hubiera una votación en conciencia ya se habría ganado.
Quiero aprovechar esta intervención para desde aquí saludar a las coordinadoras, a las asociaciones de gays y lesbianas que desde tiempo inmemorial siguen luchando, sin desmayo, por conseguir simplemente la

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igualdad de derechos; que en las campañas electorales y fuera de ellas, en el tema del sida y en otros temas hay hombres y mujeres que, a pesar de que hoy están siendo discriminados, siguen luchando sin desfallecer simplemente por tener los mismos derechos que otras personas, independientemente de su orientación sexual.
Evidentemente, como se ha dicho también, estas iniciativas parlamentarias tienen algunos antecedentes. Quiero hacer mención simplemente -si me lo permiten- al antecedente del 27 de mayo de 1997, que fue la última vez que en el Pleno del Congreso de los Diputados discutimos iniciativas parecidas. Quiero leer las últimas cinco líneas de la intervención del portavoz del Partido Popular sobre este tema. El 27 de mayo el portavoz, señor Trias Sagnier, dijo: Para acabar, sobre esa base este grupo apoyará, impulsará la subcomisión para que antes del 30 de junio de 1997, como tiene empeñada su palabra el portavoz de este grupo y yo mismo, exista una propuesta que elevar al Gobierno con el fin de que queden reguladas de una vez por todas estas situaciones, sobre todo las de aquellas personas que puedan alegar una cierta discriminación. Continuó diciendo: Nada más; muchas gracias. El «Diario de Sesiones» dice, entre paréntesis, aplausos. En mayo de 1997 el portavoz del Partido Popular dijo: No se preocupen ustedes porque el portavoz de mi grupo y yo - lo dijo literalmente- tenemos empeñada nuestra palabra en que antes del 30 de junio esto ocurra. Evidentemente, la palabra personal del señor Trias Sagnier y del portavoz del Grupo Popular me merecen todos los respetos, pero está claro -no hace falta que lo diga- que ha habido un incumplimiento grave de una palabra política, a pesar de que en la anterior legislatura desde diversos grupos instamos a que la ponencia se reuniera y acabara los trabajos.
Para terminar hablaré de dos últimas cuestiones. Hoy, tomando café, una persona me decía: Esto ha pasado siempre, los homosexuales siempre han estado discriminados y no sólo pasa en España. Yo le decía: Es cierto, pero hoy en el mundo se está avanzando, se están superando las discriminaciones por razón de sexo. Ha habido aquí referencias: el Parlamento Europeo, en 1994, en la resolución sobre igualdad de derechos de los homosexuales; en el año 1988 Dinamarca fue el primer país que reconoció esos derechos; también Suecia, Noruega, Francia, Bélgica, recientemente Holanda, incluso el Estado español; coincido en que Navarra es la que ha tenido la mejor iniciativa y que ha habido otras comunidades que se han acercado un poco, como Cataluña o Aragón. Lo que quiero decir es que estamos convencido de que el camino que hace pocos días nos ha marcado Holanda es el que van a seguir todos los países. Esta no es una cuestión política sino de libertad individual, porque ¿en función de qué podemos reclamar la libertad de las personas cuando ésta consiste fundamentalmente en la posibilidad de desarrollar la propia identidad y estamos negando la posibilidad de afirmar la propia identidad sexual ya que vamos a discriminar a esa gente? ¿Qué concepto de libertad es este? La Unión Europea, los países democráticamente avanzados tienen que regularizar, normalizar, aquello que la sociedad ya tiene normalizado. También quiero decir que en los medios de comunicación la pregunta estos días es: ¿A cuánta gente afecta eso? ¿A muchos o a pocos? Yo contesto siempre que nadie puede decir que no le afectan discriminaciones de los otros. ¿Qué quiere decir que esta es una ley sólo para los homosexuales? Mientras existan discriminaciones hacia los homosexuales y lesbianas yo me siento discriminado y tengo la obligación como diputado, como legislador, pero sobre todo como persona, de intentar acabar desde aquí con las discriminaciones, porque me siento mejor. Por tanto, una discriminación es una cuestión que afecta a todo el mundo, no sólo a aquellos que la padecen.
Por todas estas razones, señores del Partido Popular, presentamos nuestra iniciativa, que también contiene como cuestiones diferenciales la adopción, que la diputada Marisa Castro ha defendido de forma espléndida. Simplemente quería añadir a su definición de los padres con afectividad que los hijos lo que quieren son padres y madres felices; es decir, lo más importante que uno puede dar a sus hijos es ser feliz él mismo y luchar por la felicidad. Que en este trámite parlamentario ustedes hoy nieguen esto podría decir que es intentar atrapar un tiempo, intentar esconder la realidad, pero sobre todo es estéril. Su votación mayoritaria hoy no va a servir para nada, va a servir para atrasar un tema que en la calle es normal.
Rectifiquen, piensen y como mínimo concedan la posibilidad de que aquellos que piensan como nosotros nos puedan votar.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria fija su posición en congruencia con la iniciativa que en la legislatura pasada presentó y que mereció un apoyo mayoritario de la Cámara. Lamentablemente aquella iniciativa quedó bloqueada durante el largo trámite de la pasada legislatura y terminamos con su desaparición de los trabajos de la Cámara. Ahora quiero hacer en nombre de mi grupo la siguiente reflexión. La democracia, personalizada institucionalmente en nuestra Constitución, supuso en aquel momento una consagración del principio de las libertades del individuo, de la persona, sin ninguna discriminación; y ahí está el título I de la Constitución española, de los derechos del individuo. Derivado de ella vino la Ley del matrimonio civil, el reconocimiento

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del matrimonio por encima de la obligatoriedad que había en el régimen anterior del matrimonio canónico o de cualquier otro tipo religioso y, derivado de ésta, vino la Ley del divorcio. Hoy nos encontramos con que esa Constitución tiene un espíritu abierto, progresista, y nos tenemos que enfrentar con lo que quedó limitado al matrimonio civil y a sus repercusiones en las leyes correspondientes de la pareja matrimonial civil para llevarlo también a las parejas de hecho. Mi grupo va a ser consecuente con aquella posición doctrinal, ideológica y constitucional que mantuvo.
Quiero resaltar de las iniciativas que se han presentado su amplio contenido, porque no se trata sólo de hacer un simple reconocimiento de un derecho que nosotros creemos que está reconocido en el título I de la Constitución respecto a la no discriminación por ninguna razón, sino que debemos ser consecuentes para afrontar no solamente la letra sino el espíritu de este mandato constitucional y correlacionarlo con toda aquella serie de leyes que nuestro ordenamiento actual contempla. A nuestro juicio son muy completas las iniciativas que a este respecto han presentado los portavoces tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como las otras complementarias. Dan una imagen de la necesidad de una serie de reformas desde el Código Civil a la Ley de la Seguridad Social, la Ley de los trabajadores y sus cuestiones fiscales, es decir, todo un ordenamiento procesal y tributario. Creemos que votar favorablemente la toma en consideración de estas iniciativas es positivo porque permite a todos los grupos, por vía de las enmiendas, plantear su posición, tanto de apoyo como de rechazo, y que en el trámite parlamentario democrático encontremos una respuesta a un hecho natural que a nadie obliga, y si obliga a alguien será por imperativo legal a aquellas instituciones públicas, del orden constitucional, gubernamental, administrativo o judicial, que tengan que reconocer esos derechos. No obstante, sobre el común de los individuos de la nación, hombres y mujeres, cualquiera que sea su disposición ante los hechos naturales y los sentimientos, tienen derecho a un amparo constitucional. Antes de que el Tribunal Constitucional les venga a conceder este derecho, los legisladores tenemos que reconocérselo aquí porque, como ya tuve ocasión de decir en pasados debates en la Ley del divorcio, ni a nadie se le obligaba a casarse ni a nadie se le obligaba a divorciarse. Era la utilización de un derecho constitucional, en pro o en contra, pero tan legítimo el pro como el contra. Por tanto, es necesaria una reflexión de la Cámara sobre este problema, porque es un hecho que está en la realidad aunque nos produzca rechazo o aceptación. Los que nos hemos manejado en los principios de la transición centrista consagramos la fase y la frase de que había que hacer normal a nivel de Gobierno y de las leyes lo que era normal a nivel de la calle, siempre que no se fuera en contra de principios constitucionales, ni en la libertad del individuo ni de los grupos de opinión. Por tanto, mi grupo se congratula de que parlamentos autonómicos como el navarro y el catalán hayan entrado a legislar en estas materias. No podemos organizar un caos administrativo, judicial y de derechos civiles en el Estado español con unas comunidades cuyos parlamentos están legislando sobre otra materia, otros no lo estén y otros estén a la espera de cómo se pronuncia el Parlamento del Estado, las Cortes Generales. Esa línea de congruencia que hemos querido respetar, porque en la legislatura pasada salimos dolidos y frustrados por el bloqueo de nuestra iniciativa, nos lleva hoy a anunciar aquí nuestro apoyo mediante nuestro voto a las iniciativas que se han presentado.
Queremos destacar -y vuelvo a decirlo porque nos convencen sus argumentos- las intervenciones que han realizado tanto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el mejor sentido de la naturalidad democrática, como la señora Alberdi, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Lo que queremos es apoyar el trámite de aceptación y toma en consideración de esta iniciativa. Estamos a favor no solamente del principio constitucional y político de tomar en consideración unos textos que se pueden perfeccionar, sino también de tomar en consideración el derecho constitucional de la persona a vivir y convivir en sociedad, dentro del marco de las leyes naturales y no impuestas desde una cerrazón ideológica que tienen que hacer que un ciudadano cualquiera pueda sentirse realizado sea cual sea su opción. Todo ciudadano debe trabajar por la libertad y la democracia.
Mi grupo va a dar su voto favorable a estas iniciativas que he citado.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la apuesta por el reconocimiento de algo socialmente normal lleva también al Grupo Vasco a apoyar, como han indicado grupos que han intervenido con anterioridad, todas las iniciativas que se han presentado. Y ello porque ya apoyamos estas iniciativas en la legislatura pasada, porque mi grupo trabajó en la subcomisión que se creó para la regulación de las parejas de hecho dejando siempre constancia de forma muy clara que lo que pretendíamos que se regulase eran relaciones de pareja basadas en el afecto y porque incluso en esta legislatura lo llevamos de manera expresa en nuestro programa electoral por entender que la no discriminación en razón de sexo, también en el orden familiar o de pareja, es una exigencia que deriva del Tratado de Amsterdam.Ocurre además que en estaCámara, desde hace ya mucho tiempo, en la normativa

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sectorial aludimos una y otra vez a la existencia de parejas de hecho reconociéndoles derechos. Citaré, por hablar de las más antiguas, la Ley orgánica del hábeas corpus, que permite a la pareja de hecho sin distinción de sexo la solicitud de este derecho fundamental, de los primeros en regularse, creo que incluso antes de ser aprobada la Constitución. En la legislatura pasada, de las últimas leyes que aprobamos por unanimidad de esta Cámara está la de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo y también aquí reconocemos el derecho a pedir indemnización al conviviente de hecho, cualquiera que sea su sexo, de una víctima del terrorismo. Sólo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la legislatura pasada, no conseguimos introducir que el procedimiento especial que se regula en materia de familia pudiese hacerse extensivo a estas uniones, pero todo es perfectible y, de hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil ni siquiera ha entrado todavía en vigor.
Hablando ya del ámbito vasco, conseguiríamos solucionar un problema importante que tenemos en este momento. Desde el Gobierno vasco se pretende presentar una ley de igualdad, una ley de reconocimiento de uniones civiles que tropieza con enormes dificultades. Sabemos que hay ley catalana, que hay ley aragonesa, pero es claro que no todos los estatutos de autonomía son iguales; en nuestra percepción, autonomía quiere decir diversidad y distinto nivel competencial. El Estatuto vasco, que ciertamente es muy rico en otras competencias -en materia fiscal hemos podido regular privilegios respecto de estas uniones de hecho que otras comunidades no podrían-, no lo es sin embargo en materia civil, que sólo tiene reconocidas especificidades forales en materia sucesoria y, además, con un agravante importante: el derecho civil foral es distinto en los tres territorios que integran la comunidad autónoma y ni siquiera es un derecho continuo.
Por ponerles un ejemplo, quien les habla, esta diputada, por ser vecina de Guetxo es aforada y en materia sucesoria o en materia de régimen matrimonial, si contrajese matrimonio, tendría unas determinadas disposiciones mientras que, por ejemplo, el portavoz de mi grupo, teniendo vecindad en la villa de Bilbao, no puede tener ese mismo régimen civil. Comprenderán ustedes que con estas especificidades se nos hace muy difícil la posibilidad de llevar a la Cámara una ley propia como sí han podido hacer Navarra, Cataluña o Aragón, cuyas competencias en materia de derecho civil, repito, son más amplias que las que hay en el Estatuto vasco. Nos urgen, por tanto, las definiciones civiles, que creemos son competencia de esta Cortes Generales, y nos vendría muy bien que cuanto antes, para poder proceder a lo que el Gobierno vasco desea, se regulasen con el nivel de norma que requieren por estas Cortes Generales.
Quiero aportar un dato concreto que ha existido en el Parlamento vasco. Un parlamentario popular, con valor que admiro y gesto que respeto, presentó una proposición no de ley en la que urgía a las autoridades vascas a dar información, apoyo y atención psicosocial a los homosexuales y lesbianas por parte de la Administración. Decía en su justificación que las sociedades democráticas han colocado en la cúspide de sus valores la libertad, la tolerancia y el respeto hacia la orientación sexual. Esta iniciativa -repito que de un parlamentario popular-, con enmiendas variadas, fue votada por la totalidad de la Cámara vasca: por el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herritarrok, pasando por socialistas y populares. Existe, por tanto, una circunstancia concreta ya en la realidad vasca que me permito citar. Hay un llamamiento a las autoridades vascas para que atiendan determinado tipo de solicitudes asistenciales, educativas y también de divulgación o reconocimiento de derechos respecto de las personas afectadas por esta situación de homosexualidad, que, desengañémonos, son fundamentalmente a las que nos estamos refiriendo cuando hablamos de regulaciones de uniones de hecho. Para los heterosexuales existe el matrimonio civil y, quizá, solamente las situaciones de ruptura de estas uniones de hecho serán las que requieran regulación. Quienes no tienen otra opción y están necesitando una regulación civil son precisamente, con mayor intensidad, las parejas de homosexuales. Quiero terminar manifestando que la ciudad de Vitoria-Gazteiz, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco -todos ustedes lo conocen-, tuvo entonces el primer registro de parejas de hecho. Gobernada hoy por un alcalde popular, tiene establecido un servicio acorde con esta resolución que he citado del Parlamento vasco. Ya que su alcalde se sienta en la bancada popular, debiera convencer a su grupo, a su partido, para pasar de lo asistencial, de lo educativo, de lo prestacional, que no es poco, al reconocimiento de derechos regulando estas uniones.
Concluyo con la cita del editorial de un diario de hoy, más próximo a la ideología de ustedes que a la mía propia, desde luego, que se titulaba Las parejas y los derechos de los hechos, que concluía diciendo: Empiécese el camino que tiempo habrá de recorrerlo hasta su término. Por que se empiece este camino y se recorra, el Partido Nacionalista Vasco, el grupo vasco al que represento, está por la tramitación de estas iniciativas.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Estarás.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señora presidenta, señorías, quisiera que mis primeras palabras en esta mi primera intervención en esta Cámara fueran de agradecimiento a la ciudadanía y a mi partido, que me han dado la posibilidad de participar en esta Cámaracomo representante de la soberanía y, por tanto, del

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conjunto de la sociedad.Dicho esto, en nombre del Grupo Popular quisiera fijar la posición en relación a las proposiciones de ley hoy presentadas.
Debo iniciar mi intervención recordando que esto ha sido objeto de debate en repetidas ocasiones en la pasada legislatura. Qué duda cabe de que se trata de un debate de gran calado jurídico, social y humano y que es necesario hacer una valoración muy ponderada, dado que afecta a un gran número de preceptos de todos los sectores del ordenamiento jurídico y a un gran número de personas. Por eso es necesario situarnos en el ámbito de la responsabilidad, del pluralismo y del bien común, pero sin caer en falsos progresismos y teniendo en cuenta que es muy fácil caer en la falsa crítica colocando a unos en una parte y a otros como avanzados o modernos, como paladines en la defensa de derechos y libertades, y se da la paradoja de que aquellos que gobernaron durante casi trece años, un período muy amplio, con mayoría absoluta, no acometieron una regulación de carácter general en cuanto a estas uniones de hecho.
Por tanto, señorías, parto de la base de que todos los grupos de esta Cámara, todos los aquí presentes tenemos el decidido propósito de luchar contra cualquier forma de discriminación que pudiera existir en nuestra sociedad y de querer regular las uniones de hecho. No puedo aceptar bajo ningún concepto que se achaque al Partido Popular el no estar por el principio de la igualdad; estamos por el principio de la igualdad, por el principio de la libertad y por todos los principios que emanan de nuestro texto constitucional.
Efectivamente, en nuestra vida social, junto al matrimonio legal aparecen fórmulas de convivencia diferentes que van encontrando respuestas bien de carácter jurisprudencial, bien acuerdos o incluso leyes de esta propia Cámara. El actual marco normativo de referencia es muy disperso y diverso en cuanto al marco europeo, por tanto al marco comunitario, al marco autonómico y al marco estatal y, en consecuencia, será bueno dar una rápida visión de qué preceptos comunitarios, autonómicos y estatales existen en esta materia. En primer lugar, tenemos que referirnos a la Constitución. En nuestra Carta Magna hay que destacar tres artículos: el artículo 14, principio de igualdad; el artículo 32, referido al matrimonio, y el artículo 39. Cuando la Constitución se refiere al matrimonio lo hace de forma taxativa refiriéndose al hombre y a la mujer, y cuando se refiere a la familia, en el artículo 39, lo hace de una manera más amplia. En cualquier caso, confirmamos lo que ya decía la Constitución, que el matrimonio siempre se centra en una pareja heterosexual, y en este planteamiento coincido con el Grupo de Convergència i Unió y con el Grupo Socialista, con las palabras del portavoz socialista en el debate del año 1997 y con las de la ponente socialista en este debate y en este momento. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la jurisprudencia constitucional, han descartado toda posibilidad de equiparación entre uniones de hecho y matrimonios, resaltando además la imposibilidad de realizar una conexión en bloque de sus efectos entre ambas figuras, sin que esto signifique lesión del derecho de igualdad. En cambio, sí podemos -y se admite por el Tribunal Constitucional- hacer extensivos efectos del matrimonio a las uniones de hecho, por lo que nos debemos mover en este marco. Se trataría de abordar un nuevo cuerpo normativo diferente que va a regular una realidad diferente, conforme a un contenido y a una naturaleza propios; se trataría de regular cada realidad de acuerdo con su naturaleza. Recordemos que este Parlamento ya ha regulado de forma especial el asunto de las parejas de hecho: en la Ley de arrendamientos urbanos, en la Ley de indemnizaciones para víctimas del terrorismo, en la Ley de apoyo a la movilidad geográfica y en otras tantas leyes. También existen leyes, como se ha recordado en esta Cámara, en distintos parlamentos autonómicos que se han aprobado recientemente, la de Cataluña la primera, la de Aragón y muy recientemente la de Navarra; distintos registros administrativos en ayuntamientos y comunidades autónomas, así como la resolución, que también se ha recordado en esta Cámara, del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 1994, sobre igualdad de derechos de homosexuales en la Unión Europea -por cierto, mal formulada por la Unión Europea al reiterar homosexuales y lesbianas (homo no significa hombre; homosexuales lo abarcaría todo)- y que solicita los plenos derechos y beneficios del matrimonio. Sin embargo, también la legislación europea tiene algunas contradicciones; concretamente, dos meses después de esta resolución que toda la Cámara toma como paradigma, el día 14 de diciembre de 1994, cuando el Parlamento Europeo tiene que hablar de la protección de las familias y de las unidades familiares, parece volver sobre sus propios pasos al no incluir dentro del ámbito de protección a la familia homosexual. También el Tribunal de Justicia de Luxemburgo mantiene en el ámbito de la Comunidad Europea una interpretación que restringe el matrimonio a la pareja heterosexual. Basta con que nos fijemos, en este caso, en la sentencia de 17 de febrero de 1998.
El estudio del derecho comparado también muestra cómo las regulaciones existentes en los distintos países de nuestro entorno, los países occidentales, son muy diversas y responden a realidades sociológicas diversas. No es lo mismo España que Francia, Alemania, Italia u Holanda. Recordemos, por ejemplo, a los países pioneros en este tema, Dinamarca, Noruega o Suecia, la regulación recientemente tramitada en Holanda o la de Bélgica, que nos habla de cohabitación legal; la de Francia, de pacto civil de solidaridad, o la de Italia, donde no existe tal ley y donde se va acometiendo la cuestión por vía jurisprudencial. También se está debatiendo en estos momentos en Portugal, y en Inglaterra no existe regulación general. Por lo tanto, no estamos en el furgón de cola, pero tampoco vamos a hacer de

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locomotora. Es una cuestión que se está debatiendo en toda Europa, en todos los países de nuestro entorno, y conviene mirar qué han hecho los otros países para saber cuál es el modelo que se puede acoplar mejor a nuestra realidad sociológica.
Las uniones de hecho presentan, a su vez, múltiples formas de manifestación que sólo tienen en común un dato: la ausencia de matrimonio. Decía también un eminente jurista que el concepto de unión de hecho se da normalmente por exclusión del concepto de matrimonio. Esta multiplicidad se refleja también en el léxico empleado. Parece que para el Partido Popular serían uniones civiles; para el Partido Socialista, Grupo Mixto e Izquierda Unida, parejas de hecho; para Convergència i Unió, uniones estables de pareja; para Coalición Canaria, parejas de hecho estables. En fin, la terminología podría ser muy variada y pone de relieve la multiplicidad de formas en que puede manifestarse.
En cualquier caso, sentados estos principios básicos marcados por nuestro ordenamiento jurídico, pasaré a explicar por qué el Partido Popular va a votar en contra de estas cuatro propuestas. En ningún caso votamos en contra porque no estemos de acuerdo con su regulación; en ningún caso votamos en contra porque no creamos que se tiene que abordar el tema; en ningún caso votamos en contra porque no creamos que haya afectividad en una pareja de hecho, en una relación heterosexual u homosexual. Está claro que entre dos hombres, dos mujeres, una pareja, puede haber afectividad y que decidan acometer un proyecto en común. Votamos en contra porque entendemos que ninguna de estas propuestas va a resolver de manera satisfactoria el problema de las uniones de hecho en España. (Rumores y Protestas.) Señorías, si me lo permiten, la tolerancia y el principio de no discriminación pasa también por respetar la libertad de expresar opiniones diferentes. (Aplausos.) En primer lugar, la propuesta de Izquierda Unida, Grupo Mixto y Partido Socialista, sobre todo las de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, configuran una institución cuya diferencia con respecto al matrimonio consiste en ser mucho menos solemne y mucho más fácil de disolver. Recordemos la jurisprudencia que ha marcado el Tribunal Supremo, que creo que ha de ser la pauta, y por tanto hay una imposibilidad de equiparar las situaciones, que no los efectos.
En segundo lugar, deberían respetarse y ampararse las situaciones de quienes quieran formalizar su unión así como la de aquellos que quieran relacionarse más allá del derecho. (El señor Leguina Herrán pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Estarás, un momento.
Señorías, ruego que respeten las intervenciones que se realizan desde la tribuna sea quien sea el diputado o la diputada que esté en el uso de la palabra.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
Lo cual no significa, como decía, que en caso de conflicto no sigan vigentes los principios generales del derecho en cuanto al enriquecimiento injusto, abuso, etcétera. Me refiero al principio de desarrollo de la libre personalidad, al principio de la libertad. En el caso de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), si el mero hecho de convivir, sin una expresa voluntad de la pareja de estar en el ámbito del derecho, tuviera efectos jurídicos, se podría dar la anécdota de suprimir de facto el noviazgo como etapa previa a toda consecuencia jurídica (Protestas.), e incluso que se otorgara estatuto de pareja estable a quienes convivieron apenas unas noches si fruto de esta relación hubo descendencia. (Rumores.) No se sorprendan, porque en la propuesta de Convergència i Unió...


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Estarás.
Señorías, sería interesante que pudiéramos continuar con el debate si las intervenciones de los escaños así lo permiten.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
No es de extrañar lo que digo porque si alguna dificultad tienen los jueces a la hora de aplicar la ley de Convergència i Unió que está vigente hoy en Cataluña es precisamente que para las parejas de hecho, por el hecho de convivir, al utilizar la conjunción «o» en lugar de utilizar la conjunción «y», rigen efectos jurídicos sin que haya una declaración expresa de voluntad por parte de la pareja de entrar en el mundo del derecho, y eso ha creado más de un perjuicio.
En tercer lugar, no entendemos la reducción en la propuesta socialista de dos años, que solicitaban en el año 1997, a seis meses de convivencia para que se considere que la convivencia es estable y por tanto surte efectos jurídicos. No hay ningún referente en todo el mundo de que seis meses signifiquen que haya una relación estable: prácticamente hablaríamos de la fase de enamoramiento. (Rumores.) No existe ningún referente en el mundo de que una relación de seis meses se pueda considerar estable. Debería establecerse algún tipo de modulación entre los beneficios que se otorgan y el tiempo de convivencia. Fruto de la discrepancia entre esas propuestas es que mientras Convergència i Unió marca dos años, Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto marcan un año y el Grupo Parlamentario Socialista marca seis meses. Ya pueden imaginarse ustedes las apreciaciones en este sentido.
En cuarto lugar, excepto en la propuesta de Convergència i Unió, que es quizás la que reviste mayor calidad técnica, no se regula la ruptura de la convivencia, y es evidente que por vía judicial no dejarían de generarse derechos económicos y por tanto conflictos.


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(Continúan los rumores.) Tampoco se explica cómo se va a impedir la simultánea inscripción de diferentes...


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Estarás.
Adelante, señora Estarás.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
Sigo haciendo mi exposición en el bien entendido de que todos van a participar de ella como yo he participado de la de sus señorías.
He dicho en cuarto lugar que no se explica cómo se va a impedir la simultánea inscripción de diferentes convivientes ni qué pasará cuando una persona establezca y deshaga a lo largo de su vida una serie de situaciones de convivencia con las consecuentes consecuencias jurídicas.
En quinto lugar, la propuesta socialista, del Grupo Parlamentario Mixto y de Izquierda Unida habla de una exigencia de publicidad y de notoriedad de la convivencia, lo cual es contrario con la mera declaración y además de imposible objetivización sin menoscabo del derecho constitucional a la intimidad.
En sexto lugar, casi todas las propuestas aceptan que la unión de hecho pueda llevarse a cabo aunque los convivientes tengan un vínculo matrimonial en vigor si este vínculo no se ha podido deshacer por causas ajenas a su voluntad. Reconocerán conmigo que esto atenta contra el principio de seguridad jurídica.
En séptimo lugar, no hay justificación posible en cuanto a la elección del grado de parentesco. La propuesta socialista, de Izquierda Unida y Grupo Mixto excluye la aplicación de la norma que hace el Código Civil de prohibir el matrimonio hasta el tercer grado, a no ser que sea con autorización o dispensa del juez de Primera Instancia. Se marca el segundo grado y no encontramos explicación jurídica a este cambio.
En octavo lugar, la forma de acreditación es absolutamente ambigua e insegura. El Grupo de Izquierda Unida, Socialista y Mixto proponen incluso que la acreditación bastará hacerse delante del padrón de un ayuntamiento. Imaginen que se inscribe una pareja de hecho en el padrón de un ayuntamiento y se traslada a vivir a otro ayuntamiento.
Habría un momento en que, si no se vuelve a inscribir, se perdería incluso la pista de cuál es el estado de aquella pareja. (Rumores.) Tampoco comprendemos la alusión, en algunas propuestas, a que la unión tiene que ser libre, pues libres han de ser todas las modalidades de vida en común.
Por último, hay muchísimas incongruencias en torno a la presunción de paternidad, en torno a la desheredación, algunas propuestas hablan sólo de la sucesión intestada, otras de la sucesión intestada y testada; creo que el tema de la nacionalidad tendría que llevarse con una máxima prudencia, pues existe el riesgo de que su aplicación facilitara la comisión de fraudes al no exigirse formalidad para constituir una unión de hecho, y así podríamos seguir con múltiples contradicciones. Por ejemplo, el tratamiento desfavorable que se da en estas propuestas a los funcionarios públicos en relación con el personal laboral. Se piden 15 días de permiso en caso de que se constituya una unión de hecho para el personal laboral y no se pide, en cambio, para los funcionarios.
Casi, casi es anecdótico.
Por último, he de resaltar que en el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales no existe consenso y el Grupo Popular manifiesta su rechazo. Recordemos que la adopción es un instrumento de protección de menores, el interés protegido es siempre el interés del menor, así lo recordaba la Memoria de la Fiscalía General del Estado, la Asociación Española de Pediatría e incluso el informe de la Universidad Rotterdam de Holanda, a la que ustedes tanto recurren.
Precisamente el departamento de Psiquiatría Infantil y Juvenil de esa universidad dijo que no podía afirmar la incidencia que sobre el desarrollo de la personalidad del menor tendría la adopción por parte de homosexuales. Por eso, aunque entendemos el derecho a hacer la solicitud por parte de cualquier pareja homosexual, para nosotros, en ese conflicto de intereses, prima siempre el derecho del menor.


La señora PRESIDENTA: Señora Estarás, le ruego vaya concluyendo.


La señora ESTARÁS FERRAGUT: Acabo anunciando que tenemos un punto de partida, que es el contrato de unión civil. Sin duda, y quiero reconocerlo en esta Cámara, hay lagunas, por lo que es un texto que va a ser objeto de examen y tiene que perfeccionarse y pulirse. Entre otras cosas, habrá que redefinir lo que significa este contrato de unión civil, pero en ningún caso quisiera dejar pasar esta oportunidad sin aclarar que el Partido Popular quiere regular este tema, quiere hablar de afectividad, quiere hablar de parejas de hecho, sin ninguna duda toda persona es capaz de amar y, por lo tanto, entraremos a regular este tema, como no podría ser de otra manera.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Estarás.
Señorías, sometemos a votación de manera sucesiva los cuatro puntos del orden del día que han sido debatidos conjuntamente.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 133; en contra, 169;abstenciones, 11.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos jurídicos a las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 135; en contra, 169; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre uniones estables de pareja.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 147; en contra, 171; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre igualdad jurídica para las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 138, en contra, 170, abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa de referencia.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA VISUALIZACIÓN DE LOS DISTINTIVOS O SÍMBOLOS AUTONÓMICOS EN LAS NUEVAS PLACAS DE MATRÍCULA. (Número de expediente 162/000108.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la visualización de los distintivos o símbolos autonómicos en las nuevas placas de matrícula. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.)

Señorías, ruego a quienes vayan a salir que abandonen el hemiciclo de la forma más diligente posible, al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en nombre de Convergència i Unió quisiera empezar mi intervención en este Pleno constatando una decepción. En mi grupo parlamentario constatamos una decepción por el hecho de que el pasado viernes el Gobierno aprobara, sin el consenso de ningún grupo parlamentario de esta Cámara excepto el Popular, las nuevas placas de matrícula, cuando el Gobierno sabía que hoy íbamos a debatir este tema en el Pleno del Congreso de los Diputados. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Con ello, el Gobierno ha despreciado a esta Cámara y, si me lo permite, señor presidente, ha despreciado a este Congreso de los Diputados y este debate. Sabemos que es un tema polémico, sabemos que es un tema donde afloran sensibilidades diversas, y ante un tema así, señorías, lo mejor es intentar buscar el consenso, y el consenso se busca en esta Cámara escuchando las propuestas de los diversos grupos parlamentarios. Hoy todos tenemos la oportunidad -también los diputados del Grupo Popular- de debatir cuál es nuestro modelo de placa de matrícula. Nosotros consideramos que hay un modelo de consenso, un modelo que habría suscitado mayores unanimidades. Por tanto, señorías, en primer lugar, quiero que conste este malestar, esta decepción inicial de mi grupo parlamentario.
Nuestro grupo presentó la proposición no de ley que ahora estoy defendiendo el pasado 8 de septiembre, y nuestra proposición no de ley, que estaba a disposición de toda la Cámara y que tenía el Gobierno, propugnaba un modelo compatible con la placa europea, compatible con la sigla estatal que figura en esa placa, pero hacía posible que esa nueva placa europea reflejara la pluralidad de las comunidades autónomas. Ese es el modelo escrito en nuestra proposición no de ley, ese es el modelo que nuestro grupo presentó intentando buscar el consenso, intentando encontrar una solución aceptable para la mayoría de esta Cámara. Ante este planteamiento, conocido desde el día 8 de septiembre cuando se presentó la proposición no de ley, el Gobierno, de forma unilateral, aprueba el pasado viernes una orden con un modelo de matrícula que, para nuestro grupo, es un grave error, un modelo decepcionante. ¿Por qué es un grave error? ¿Qué argumentos tenemos para decir que es un grave error? En primer lugar, porque el modelo adoptado, el modelo por el que se opta por una placa en la que únicamente figurará el distintivo europeo y la sigla del Estado, sin ninguna diferenciación, se aparta absolutamente del marco constitucional, es un modelo que no reconoce la pluralidad. Señorías, en esta Cámara podemos hacer grandes debates sobre la pluralidad, todos hablamos de la necesidad

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de reconocer la pluralidad. Permítanme que les lea algunas frases pronunciadas por el propio presidente del Gobierno desde esta tribuna. En el pasado debate de investidura, el presidente Aznar aludía -y lo afirmó en diversas ocasiones- a la pluralidad constitutiva de España y, en su primer debate de investidura como candidato, Jose María Aznar hacía referencia expresa -y lo cito literalmente- a «la necesidad de reconocer, respetar y dar una respuesta jurídica y política suficiente no sólo a la diversidad de España» -decía el presidente Aznar- «sino a la plena asunción de su heterogeneidad por sus hechos diferenciales». Añadía José María Aznar que, en lo que al desarrollo autonómico se refiere, «el consenso no es un método sino que es un requisito».
Señorías, en esta ocasión, nada más lejos de la voluntad de llegar a un consenso, nada más lejos. Este era un tema de sensibilidad autonómica y nada más lejos que la voluntad de consenso ha presidido esta decisión del Gobierno. Con decisiones como ésta no se contribuye en esta Cámara ni en la sociedad a asentar el Estado plural. El Estado se hace más fuerte si en sus símbolos es capaz de reconocer la pluralidad. Cuando no somos capaces de reconocer esa pluralidad, en lugar de fortalecer el Estado lo que hacemos es debilitarlo.
El pasado viernes el Gobierno aprobó un nuevo sistema de matrículas, siendo la primera reforma global que se hace tras la aprobación de la Constitución. Ante este contexto, en lugar de reconocer la realidad plural y autonómica del Estado, nos alejamos de ella y la desconocemos. Les recomiendo un artículo de La Vanguardia: La soledad de la E, escrito por uno de los ponentes de la Constitución, don Miguel Roca Junyent. Miguel Roca dice en ese artículo cómo, después de más de 20 años de una Constitución que consagra la estructura autonómica del Estado, resulta que las siglas de las comunidades autónomas no pueden compartir la placa de una matrícula de coche. No es que sea un paso atrás, es mucho peor -dice Miguel Roca-, es una tontería. No existe ni un solo argumento ni una sola razón de carácter técnico capaz de compensar el enorme desacierto político que se acaba de producir. Les recomiendo este artículo que figura hoy en La Vanguardia. ¿Qué muestra todo ello, señorías? Una nula sensibilidad autonómica. En el tema de las matrículas ustedes carecen de sensibilidad autonómica. Han rehuido el consenso, han optado por un modelo uniforme, unitario. Lo hacen, además -si me lo permiten-, en la misma semana en que en Cataluña el Partido Popular pretende un giro que llaman catalanista, un giro de profundización del Estado autonómico que queda en meras palabras, en mera cosmética política.
Porque, a la hora de la verdad ¿qué van a votar hoy los diputados elegidos en Cataluña por el Partido Popular? Y ya que hablamos de matrículas, esta semana el Partido Popular ha puesto una nueva matricula en Cataluña: han puesto la C. En cambio, esta misma semana van a negar con sus votos aquí, y serán los únicos diputados de Cataluña que lo hagan, que los ciudadanos catalanes puedan tener las letras CAT en la matrícula, junto con la sigla del Estado y junto con el distintivo de la Unión Europea. Creemos que es un error, creemos que se desconoce la realidad autonómica y plural que en muchas comunidades autónomas, especialmente en las históricas, con una identidad nacional, cultural e histórica profunda, como es el caso de Cataluña, nos duele, nos sabe mal y provoca una irritación en los ciudadanos que podíamos habernos ahorrado.
Señorías, se dice, con razón, que una imagen vale más que mil palabras. Y como es así, me van a permitir que les muestre los dos posibles modelos de placa de matricula que hoy estamos debatiendo aquí. En primer lugar, me van a permitir que les muestre el modelo adoptado el viernes por el Consejo de Ministros. Es un modelo propio de un Estado centralista, en el que figura únicamente la sigla del Estado, el modelo europeo, pero carente de cualquier identificación territorial. Este es el modelo adoptado. Pero había otro modelo posible, el modelo que propugna nuestro grupo parlamentario. El modelo constitucional, el modelo de la pluralidad...( Aplausos.) El modelo que hace posible la sigla del Estado, el símbolo de la Unión Europea, pero que añade un distintivo autonómico que refleja la pluralidad de las distintas comunidades autónomas. Este es un modelo constitucional, un modelo adaptado a la Unión Europea. Hemos renunciado a él. Hoy, señorías, había dos modelos. Lo que votamos hoy aquí es un modelo u otro. O el modelo centralista y uniforme o el modelo constitucional, el modelo autonómico, el modelo de la pluralidad. Nosotros optamos por el de la pluralidad. Pero es que optamos por el de la pluralidad, señorías, porque en el debate de hoy, además de haber faltado a la estructura autonómica del Estado, faltamos a los ciudadanos, porque es cierto que muchos ciudadanos quieren la placa europea, pero también es cierto que los mismos ciudadanos que responden afirmativamente a la placa europea querrían ver reflejada también su identidad en esa placa.
Y si no pongamos ejemplos. Estados como Italia lo han hecho.
Reconocen una pluralidad en sus placas. El ministro de Administraciones Públicas ha estado recientemente en Italia y sabe que en esas placas, a la derecha, en una banda azul, está el distintivo territorial. O en Alemania. ¿Es que es débil el Estado alemán? ¿Es que es débil Alemania por le hecho de reconocer en sus placas de matrícula el escudo de cada uno de los länder? Estoy convencido de que cuando Austria adopte un modelo de placa europeo, que lo hará seguramente, va a hacer una placa plural. Teníamos esos dos modelos, y ustedes han optado hoy por el modelo más uniforme, más centralista. Es una decisión que, repito, causa un problema a los ciudadanos, porque muchos ciudadanos no van a sentirse cómodos con esta placa uniforme. Por eso, otros Estados lo hacen de forma

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diversa. Por eso, en Suiza, que no es de la Unión Europea, los cantones figuran claramente en la matrícula. ¿Por qué vamos a crear un problema cuando podíamos haberlo solucionado? Había una solución de consenso posible, había una solución de armonía posible, había una solución jurídica y técnicamente adecuada, y hemos renunciado a ella, y es una lástima y produce una decepción, decepción porque hemos obviado el debate de hoy. Yo tengo la esperanza de que, quizá, si no se hubiese tomado el pasado viernes esta decisión, no se hubiese adoptado, porque tras un debate en el que todos los grupos van a poder expresar cuál es su modelo en el ámbito de los símbolos, que es importante, creemos que ha sido un grave error.
Y, por último, nuestro grupo debe constatar la decepción que produce el que no se cumpla la palabra dada. Señorías, había un principio de acuerdo que se alcanzó el pasado mes de junio. El ministro del Interior estaba de acuerdo, había definido técnicamente cuáles eran las siglas de cada una de las comunidades autónomas. Había un acuerdo con la Generalitat de Cataluña sobre un modelo de placa como el que ahora les estoy mostrando. No pasaba nada y nos hubiésemos ahorrado problemas, nos hubiésemos ahorrado batallas de pegatinas, nos hubiésemos ahorrado discusiones estériles, porque había un modelo posible, constitucional, adaptado al Estado autonómico, como dice hoy uno de los ponentes de la Constitución, el modelo que no hay ningún motivo para rechazar.
Señor presidente, señorías, hoy yo les pido a todos que cuando voten piensen en si vamos a solucionar problemas o vamos a crearlos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego vaya concluyendo, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Les pido, por favor, que cuando hoy voten este modelo de matrícula, que es el que propone nuestra proposición no de ley, piensen que con él seguro que acertaríamos a dar una solución de consenso y ampliamente mayoritaria en el conjunto de la población.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Se han presentado enmiendas por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista. Por el Grupo Parlamentario Mixto los señores Saura, Puigcercós y Aymerich. Les ruego a los representantes del Grupo Mixto que recuerden que tienen que repartirse el tiempo en su intervención.
En primer lugar, el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero decir que votaremos favorablemente la proposición no de ley de Convergència i Unió. Nosotros tenemos en trámite una, y hemos presentado una enmienda, enmienda que fundamentalmente lo que pretende es dar mayor efectividad a la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió. Quiero justificarla con tres ideas y una previa. Primero, es curioso que con una plena mayoría absoluta posiblemente esta tarde sea la tarde, desde 1996, donde la soledad política del Partido Popular ha sido mayor. No ha habido ninguna otra tarde ni mañana en la que en dos votaciones importantes, como la que se ha producido antes y como la de ahora, el Partido Popular se haya quedado solo; antes intentando parar la historia, y ahora metiendo la pata, y tarde o temprano habremos de rectificar y cambiar las matrículas.
El representante de Convergència i Unió decía que se sentía decepcionado y que no se fiaba de la palabra dada. Yo creo que lo que es importante es que en el terreno de los símbolos se expresan las concepciones profundas. Posiblemente -no lo sé- el Gobierno y los miembros del Partido Popular pensarán hoy que ha sido un error, pero lo que han expresado ha sido una concepción no asumida del Estado de las autonomías. España no es un Estado centralista, es la suma de diversas autonomías y nacionalidades y eso ha de tener una traducción en todos los niveles, y especialmente en el simbólico.
Cuando estaba preparando la enmienda, pensaba: ¿qué digo? Esto es un error grave, es un olvido, es una barbaridad política, es una provocación... Es decir, creo que ha sido una de las medidas más desacertadas del Gobierno del Partido Popular y espero que próximamente se rectifique.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, las enmiendas de Esquerra Republicana a la proposición no de ley de Convergència i Unió responden a un doble interés: en primer lugar, tratan de subsanar el error -o no- del Gobierno español que, desoyendo a los diferentes grupos de la Cámara y a buena parte de las naciones históricas que componen hoy el Estado español, ha aplicado el rodillo nacionalista con la Orden ministerial del 15 de septiembre que modifica el reglamento general de vehículos.
Modificación que, tal como han expresado los demás grupos, deja fuera de las matrículas de los vehículos cualquier referencia territorial, sea nacional, regional o provincial, abriendo así un conflicto grave en aquellos países, regiones o comunidades que, por su personalidad histórica, quieren mantener viva su identidad diferencial.
En segundo lugar, pretenden establecer un modelo de matrícula que, de acuerdo con el reglamento europeo,

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permita la identificación de las diferentes comunidades autónomas, o bien volver al modelo tradicional, incorporando una letra más. De no ser así, señorías, ustedes habrán creado y estarán alimentando un conflicto que degenerará, a buen seguro, en una guerra de matrículas.
De la misma forma que los ciudadanos y la mayor parte de las instituciones de Girona incorporaron el adhesivo de GI, de Girona, encima de las matrículas que llevaban el rancio G, de Gerona, ahora mismo en Cataluña instituciones públicas -como ayuntamientos y diputaciones-, entidades, medios de comunicación, sindicatos, etcétera, están repartiendo este adhesivo con la abreviatura de Cataluña -CAT- para que los ciudadanos, libremente, lo peguen encima de sus matrículas.
Han provocado ustedes una situación de conflicto y deben rectificar.
Rectifiquen, consensuen y respeten la pluralidad. Guarden de una vez por todas el rodillo nacionalista español en el baúl de los recuerdos. Si no, ya lo saben: la solución va a ser la pegatina; y la pegatina, en este caso, va a ser un acto de insumisión. Parafraseando al malogrado Hélder Câmara: cuando ordenar es fácil, obedecer es imposible.
Señor presidente, en aras del consenso, retiraremos nuestras enmiendas en favor del acuerdo con los demás grupos y anunciamos nuestro voto favorable a la propuesta del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Socialista.
Gracias, señores diputados y señoras diputadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.


Ya lo han dicho otros portavoces: estamos ante una cuestión simbólica, pero eso no quiere decir que sea una cuestión de menos importancia. Los símbolos hacen referencia a una realidad determinada y pretenden que quienes los vean imaginen e interpreten esa realidad de una cierta forma.
No es igual cómo se haga referencia al Estado español en las matrículas de los vehículos a motor. No es indiferente, por ejemplo, que los que vean las matrículas imaginen un Estado español uniforme o que, por el contrario -y esa es la línea en la que va la enmienda del BNG-, los símbolos de las matrículas reflejen la pluralidad nacional, lingüística y cultural de ese Estado.
No es casual que el vicepresidente del Gobierno afirmase, para justificar la aprobación en Consejo de Ministros del sistema de matriculación vigente desde el pasado día 17, que España existe.
Parece exagerado, pero esa no es la cuestión. La cuestión es cómo se concibe ese Estado y si esa identidad española es agresivamente incompatible con la identidad de gallego, vasco, catalán o canario, por poner sólo algunos ejemplos.
La cuestión es también -y el Gobierno deberá dar explicaciones- que ese cambio de criterio obedece o, cuando menos, coincide sospechosamente en el tiempo con una campaña de prensa lanzada desde los medios de comunicación españoles más chauvinistas.
Con independencia de que se pretendan ocultar otros problemas, lo cual ya es grave de por sí, de no corregirse esta tarde la orden de 15 de septiembre de 2000 augura malos tiempos en lo que se refiere a la asunción de una pluralidad que, aunque de forma imperfecta, ya figura en la Constitución. Por eso nosotros pretendemos simplemente que las siglas distintivas de las naciones y de las comunidades autónomas integradas actualmente en el Estado español figuren en las placas de matrícula, algo perfectamente asumible por todos los diputados y diputadas de esta Cámara y practicado, por cierto, en otros Estados europeos, como ya se ha dicho, con bastante menos diversidad interna que el español.
Ese es nuestro objetivo y, para conseguirlo, y en aras a un eventual y deseable consenso, anuncio la retirada de nuestra enmienda a la proposición no de ley de Convergència i Unió. Ahora bien, esta retirada no quiere decir que renunciemos, para cuando esta iniciativa se apruebe, a que la determinación de las siglas distintivas sea acordada con cada una de las comunidades autónomas, sobre todo para permitir la continuidad de siglas ya popularizadas como GCT en Galicia o CAT en Cataluña utilizadas ya por un elevado número de vehículos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Buenas tardes, señor presidente, señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a fijar la posición con respecto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar, debo decirles que se ha perdido por parte del Gobierno una oportunidad para haber hecho un debate previo antes de que el pasado viernes 15 se aprobara la orden por la que se modifica el anexo 18 del reglamento general de vehículos. Es algo realmente poco comprensible, porque estamos de acuerdo en que había una cierta celeridad, puesto que en cuatro o cinco semanas se agotaban las matrículas en Madrid y ello podía producir un problema; pero de la misma manera que se sabía que estaba presentada ya una iniciativa del Grupo Catalán, se podía haber esperado un viernes más y haber hecho un debate que hubiera enriquecido, sin lugar a dudas, la posición final que hubiera adoptado el Gobierno, que a buen seguro hubiera sido distinta de haber oído a todo el arco parlamentario.
Sin lugar a dudas ese debate, aquí en el Parlamento, junto con una consulta a las comunidades autónomas

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pidiéndoles valoración sobre el particular, hubiera evitado hoy un debate social, una polémica que, en cierta manera, no conduce a nada, y a buen seguro, como digo, se hubiera generado un consenso actualmente, y digo actualmente porque todos sabemos que hace unos años era difícil.
No obstante, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Socialista acepta la orden de 15 de septiembre a la que he hecho referencia.
Estamos de acuerdo con el contenido básico de ella, puesto que se recoge expresamente además del símbolo de doce estrellas de la Unión Europea la E de España y, por tanto, se ajusta a la reglamentación europea. Pero a su vez consideramos que se debería añadir un dispositivo que permitiera la introducción de un distintivo que reflejara la realidad autonómica de España dentro de un marco constitucional en el que se recoge una España plural, descentralizada y autonómica.
Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacer un debate en positivo, queremos plantear un debate en términos de mejora, queremos, en definitiva, ayudar al Gobierno a corregir una decisión para que se pueda dar satisfacción a un sentimiento legítimo que no menoscaba en absoluto la soberanía estatal ni quita competencias a nadie, puesto que se reconoce expresamente por todos los grupos del ámbito parlamentario la E de España. Por tanto, nos gustaría ayudar con nuestra enmienda a que el Grupo Parlamentario Popular reconsiderara su situación.
Nuestra enmienda establece que, además de la obligatoriedad de la introducción de la sigla E de España, se incorpore un distintivo de las comunidades autónomas. No hablamos de que sea una sigla o un símbolo; que decida el Gobierno, pero que se refleje la identidad de la autonomía en la parte de la matrícula que considere oportuno.
Señorías, es que además nosotros consideramos que no es algo propio y típico de España, es algo que han resuelto en otros países con menos circunstancias autonómicas que nosotros. El señor Jané ha enseñado antes una matrícula, y yo le voy a decir al Grupo Popular, por si no lo sabe, cómo se han resuelto estos problemas en Europa. Por ejemplo, en Alemania se introduce, además de la inicial del país, el escudo del länder; es un Estado federal en el que aparece el escudito del länder en el centro de la matrícula. En Irlanda se reconoce en la matrícula la inicial del condado. En Francia, un país eminentemente centralizado y centralista, aparece en las matrículas el departamento con un número. Por citar un último ejemplo, en Italia aparece la provincia y el año, además, obviamente, de las estrellas europeas, de la «I» de Italia, de los números y las letras. Por tanto, esta es una cuestión que se ha resuelto en otros países sin ningún problema, de la misma manera que se indica en la propuesta que presenta hoy, en forma de enmienda de sustitución, el Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, el distintivo o el indicativo regional es algo que enriquecería, que ayudaría a no destapar sentimientos sociales, políticos, culturales que hoy día hemos visto que se destapan.
Por otra parte, señores del Grupo Parlamentario Popular, queremos pensar que ustedes han tenido un desacierto político, una actuación desacertada y no queremos observarla como un error en el que hayan tenido la intencionalidad política de marcar territorio, porque eso sería poco entendible, sería volver a unos esquemas del pasado y aquí creo que no ha lugar a ello, porque nadie pone en duda la unidad.
Debo volver a remarcar que ningún grupo del ámbito parlamentario ha puesto en duda la «E» de España. Por tanto, si ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, quieren ser coherentes y mantener el mismo discurso en todos los territorios, hoy tienen una oportunidad de oro para hacerlo. Como digo, desde el Grupo Socialista les queremos ayudar y por eso les pedimos que pongan en práctica el giro autonomista que este fin de semana precisamente, sin ir más lejos, después de aprobar la orden, han dado ustedes en Cataluña con ese baño de barniz autonomista. Si ustedes asumen el nacionalismo moderado, no echen por tierra la cantidad de folios y textos que a buen seguro las mentes sesudas de su partido, de los responsables del Partido Popular, habrán vertido este fin de semana en Cataluña buscando el centro moderado catalanista. De lo contrario, sinceramente, no va a haber quién les entienda. Incluso me planteo que va a haber alguien que piense que en ese congreso de fin de semana en Cataluña han triunfado más las tesis del señor Vidal Cuadras que las del señor Piqué. Además me pregunto con qué cara va a acudir el señor Piqué a Cataluña a decir que representa el centro catalanista y moderado, cuando no son capaces siquiera de aceptar algo tan simple como un símbolo, un distintivo de la comunidad autónoma en una matrícula en la que aparece la «E» del Estado. No va a haber quién les entienda, de verdad, porque van a hacer lo contrario de lo que ustedes acaban de aprobar este fin de semana con respecto al giro autonomista moderado que se han dado en Cataluña.
Señores del Partido Popular -ya termino-, sean consecuentes con lo que dicen y con lo que aprueban; apoyen nuestra enmienda de sustitución, que posibilita la incorporación de un distintivo de la comunidad autónoma además de la «E» de España; de lo contrario, estarán ustedes con aquello de enmendalla pero no mejorarla, es decir, insistiendo en el error innecesariamente.


Nosotros, desde la postura de querer llegar a un consenso, de querer posibilitar un tema que no debería haber llegado a ser discutido aquí, sino que se tenía que haber resuelto antes, les proponemos que apoyen la siguiente redacción: Que en las nuevas placas de matriculación de vehículos que se regulan en la Orden ministerial de 15 de septiembre de 2000, acogiéndose a la normativa europea, además de la obligatoriedad de la

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sigla «E», distintiva de España, se incorpore un distintivo de las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla. Creo que eso da satisfacción a todas las partes, está acorde con el mandato constitucional de la España plural y autonómica y sería lo más razonable de apoyar.
Por tanto, piénsenlo antes de votar, sobre todo, como ha dicho ya el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, los diputados catalanes; que sepan que si hoy no votan esta enmienda de sustitución estarán votando lo contrario de lo que votaron el fin de semana en su congreso de Cataluña.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor De la Encina.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria anuncia que va a votar la enmienda que a su propia iniciativa ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque nos parece sensata y tan racional que a veces explicar la obviedad resulta innecesario; sin embargo, hay que buscar argumentos para esta Cámara.
Buceando por la historia de la administración pública automovilística española buscando por qué hay unas siglas en las matrículas, descubro que obedecieron en su momento al legislador en tres condiciones: una mayoritaria de las capitales de provincia, donde coincidía su nombre con el de la provincia; otro grupo, propio del País Vasco, donde la capital de la provincia no coincidía con el nombre y se optó por la prioridad de la capital de la provincia; y un tercer grupo, en el que se encuentran las islas Canarias, donde sus distintivos provinciales no son en verdad de la provincia sino de la isla capitalina donde en aquel momento, hace muchos lustros, estaba la Administración del Estado sobre los registros de vehículos automóviles, y se optó por esta fórmula.
Hoy en día, desde Coalición Canaria queremos dar a Canarias un sentido de comunidad autónoma integrada. La geografía nos ha dado un archipiélago de siete islas, por tanto, un territorio fragmentado, donde cada isla tiene un sentido patrimonial, de orgullo legítimo y constitucional, sobre la definición del nombre de cada isla. El distintivo de la provincia de Las Palmas es GC, de la isla de Gran Canaria, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el distintivo es TF, de la isla de Tenerife. Nosotros políticamente nos sentimos amparados por el título VIII de la Constitución Española, como españoles y canarios, en la sensación de integridad de ese territorio. Pero en Canarias desde el siglo pasado hemos vivido un penoso y largo proceso político conocido con el nombre de pleito insular, un enfrentamiento político de intereses que ha dividido muchas veces a nuestro pueblo canario en dos entidades de una provincia y de otra o de una isla capitalina y de otra. Esto lo digo porque también queremos que acabe este pleito insular en las matrículas de los automóviles, porque llevando el distintivo de la comunidad autónoma, el ciudadano de un territorio fragmentado en islas se va a sentir copartícipe de una unidad territorial como la política de su propio Estado español.
Nos parece que la orden del 15 de septiembre dictada por el Gobierno cubre perfectamente la identidad de Estado, como es España, y como es el territorio de nuestra Unión Europea con la corona de las estrellas amarillas. Pero haberse olvidado de una regla y de una norma de identificación del ciudadano español, amparado por el título VIII de nuestra Constitución, que hace de España un Estado administrativo de las autonomías, donde hay símbolos de identidad externos con los que se identifica el ciudadano y que no son antagónicos de ningún otro, cuando tenemos unos tribunales superiores de justicia en cada comunidad autónoma administrando una justicia en nombre y con una simbología en esos jueces, donde detrás de esos tribunales está la bandera de España, la de la Unión Europea y la de la comunidad autónoma, ¿por qué el que ha redactado esa orden del 15 de septiembre ha aplicado con esa torpeza una ley del péndulo absurda, que pasa desde la terminología de la sigla provincial a hacerla desaparecer totalmente? Entre la provincia española y el nombre del Estado, del Reino de España, hay una cosa intermedia que está en la Constitución, que son las comunidades autónomas.
No dejemos prevalecer siglas que hoy tienen un criterio incluso rechazado por el propio sector comercial del mercado de segunda mano del automóvil, que clama contra esa división, porque produce una alteración de precios, produce una diferencia entre los ciudadanos españoles a la hora de hacer transacciones comerciales con su vehículo. Cuando tenemos una permeabilidad en todo el territorio peninsular, cuando en Canarias nos encontramos incluso con una fiscalidad distinta y con unos reconocimientos en transmisiones patrimoniales diferentes y que son también de las comunidades autónomas, ¿por qué no naturalizar ese hecho que está en la Constitución? Si han querido pasar el péndulo, torpemente, desde la sigla provincial o de capitalidad de la provincia o de la isla capitalina, suprimirla y pasarla al Estado, vamos a dejarle al ciudadano que tenga al menos también como signo externo y de identificación no solamente una bandera, una simbología, unos tribunales, una administración autonómica, sino lo que está implícitamente reconocido en los primeros capítulos de la Constitución española y en su título VIII: el Estado de las autonomías como una seña de identificación, como una seña de reconocimiento de la pluralidad del Estado, porque es esa suma la que en resumen va a enriquecer este aspecto. Para nosotros en Canarias es necesaria esa unidad, con unas siglas de

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archipiélago canario, de islas Canarias, superando pleitos insulares y rechazos que hay actualmente en las islas periféricas, que también, en un absurdo, podrían sentirse exigentes con una identificación insular, cuando hay mucho mar por medio entre una isla y otra.
Creemos que el sentido común más elemental, sin más razones, debe hacer la rectificación por complementariedad de la orden de 15 de septiembre y que se ponga, como señala la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la de otros grupos, la franja azul en el extremo derecho de la matrícula con el código de identificación de la comunidad autónoma. Ayudará incluso a la autoridad administrativa que regula el tráfico en nuestra nación.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un asunto que jamás debió llegar a esta Cámara si el Gobierno hubiese evidenciado la más mínima sensibilidad para atender lo que era un deseo de significación identitaria perfectamente de acuerdo con lo que es la composición plural y compuesta de un Estado que se define como autonómico. Ha hecho, sin embargo, muy bien el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en traerlo a esta Cámara porque nos ha evidenciado, primero, esta falta de sensibilidad y un añadido más. Conociendo el Gobierno que estaba ya incluido en el orden del día para ser debatido este martes, no se esperó siquiera al debate y aprobó la orden, que es orden, que no decreto, es decir, no hacía ninguna falta aprobarlo en el Consejo de Ministros del viernes, porque tanto daba, por tratarse de una orden ministerial, que hubiese sido aprobada el viernes pasado como mañana miércoles, una vez producido -repito- el debate, y, por lo menos, cubierto el trámite, si no se iba a hacer otra cosa, de ser oídos los grupos de esta Cámara.
El deseo identitario en los coches se ha querido venir atribuyendo en días pasados a un sentir nacionalista, lo cual no es necesariamente cierto, no tiene por qué estar reñido con la adscripción a otras opciones políticas. De lo que mi grupo no puede hablar, como ha hablado el Grupo Catalán, es de que haya habido algún incumplimiento de pacto. Evidentemente, no se lleva en estos tiempos hablar con el Grupo Vasco ni con el partido al que represento ni tampoco, según he constatado, con el Gobierno vasco, aunque tenga competencias asumidas en materia de tráfico.
No vale tampoco ampararse en la exigencia de norma europea. La prensa de estos días nos ha ilustrado hasta la saciedad con modelos existentes en otros países y basta la mera lectura de la exposición de motivos de la orden aprobada por el Gobierno para ver que el reglamento de la Unión Europea número 2411/88 no contiene nada que obligue a que la mención del Estado se haga en la forma aprobada en la orden ministerial a la que me estoy refiriendo, ni mucho menos hay nada en la normativa europea que autorice o exija la exclusión de otros signos distintos a esos, como podía ser la mención de la pertenencia a la correspondiente comunidad autónoma, como se ha expresado por distintos portavoces.
El grupo al que pertenezco va a apoyar, por supuesto, la iniciativa de Convergència i Unió con las enmiendas que se acepten y creemos que su paso por esta Cámara ha servido, como he indicado en el comienzo, para acreditar que se ha utilizado simplemente el ordeno y mando, con lo que el Gobierno no esconde, al aprobar esta orden, sus maneras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
Señorías, si el diputado que les habla fuera un político serio y responsable -eso que se llama políticamente correcto, cosa que no pretendo ser-, pondría la voz engolada, profunda y me haría una pregunta retórica: ¿cómo estos señores -los políticos correctos no dicen señoras y señores, solamente dicen señores-, con lo que está cayendo en este país, pierden el tiempo hablando de placas y de matrículas, con lo que nos cuestan, con el dinero que ganan? Me haría esa pregunta, pero indiscutiblemente alguien, con una vieja sapiencia, diría que gobernar es cuestión de prioridades, que legislar también lo es, pero que no es menos cierto que la democracia es como un velo tupido, donde tienen tanta importancia los marcos como los distintos hilos que los cruzan, y, por lo tanto, los pequeños problemas también ayudan a construir la democracia. Si este diputado que les habla fuera un político pragmático, se dirigiría al Grupo Catalán (Convergència i Unió) y le díría: pero, hombre, por Dios, ¿por qué han traído aquí el problema, por qué no lo solucionan por la vía de los hechos? De la misma manera que muchos coches ponen junto a la matrícula alguna pegatina de Soy rociero o I love Madrid o no sé cuántos, ¿por qué no ponen ustedes la de su comunidad y ya está y no nos traen aquí estos problemas? Pero alguien, yo creo que con una vieja sapiencia, me diría que, por favor, el tema que estamos discutiendo es mucho más serio que el de Soy rociero o el de I love Madrid. Si fuera un político revanchista plantearía que por qué se está permitiendo por ahí que muchas traseras de coches lleven la gallina o el águila imperial -no era imperial- del antiguo régimen y no se nos permita en estos momentos poneruna referencia constitucional, y alguien, con una

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sapiencia vieja, recordaría que no es lo mismo, que no se puede comparar lo que fue un símbolo no preconstitucional sino anticonstitucional con lo que es una referencia constitucional.
Señorías, si lo que me pide el cuerpo en este momento hubiera sido salir corriendo y no entrar en la votación. Yo pertenezco a aquella cultura de Yupanqui, de Larralde, de aquella canción que decía: Dicen que la patria es un fusil y una bandera...la patria son mis hermanos -continuaba-. Cuando se llega a esa situación yo creo que un político tiene que tener una referencia, por lo menos el marco legal por un lado y, por otro, la apuesta política. Yo creo que hay un marco legal, el de nuestra Constitución, con todos los respetos, y desde luego una apuesta política, la de mi grupo parlamentario, por un modelo federal solidario. También me viene de camino defender -porque ha habido muchas alusiones a lo federal y al avance- que el federalismo es solidario y que luego nos veremos a la hora de la financiación autonómica, que no es sólo un problema de poner la etiqueta azul con el nombre en un momento determinado.
Señorías, sobre todo quiero destacar la irresponsabilidad del Gobierno y también de algunas personas de otros grupos, que dicen que no les importa y que van a estar poniendo pegatinas hasta que les pongan la multa de 20.000 pesetas muchas veces. Pónganse la pegatina, pero no me cacareen lo que van a hacer, porque en las peleas de los símbolos o de los referentes, histórica y políticamente, no prima la razón sino la pasión, y el Gobierno yo creo que, irresponsablemente, ha generado un torpe caldo de cultivo para algún que otro descerebrado, y, desgraciadamente, hay unos cuantos grupos por ahí sueltos.
Desde luego, señores del Gobierno o señoras y señores del partido que sustenta al Gobierno, me sumo al posicionamiento de anteriores portavoces parlamentarios cuando planteaban que ustedes han hecho un flaco favor al Parlamento. Habría que releer el discurso de investidura del señor Aznar, releer la primera intervención de la señora presidenta del Parlamento, que a lo mejor no está aquí en este momento porque siente vergüenza -no preside el acto-, ella que decía que iba a defender la centralidad y el protagonismo y el gran papel del Parlamento. El asunto ya estaba en el orden del día. Aunque fuera solamente por cortesía política, un gobierno no introduce un tema; espera tranquilamente a que se produzca el debate -no hubiera que haber esperado a que lo trajera el Grupo de Convergència i Unió, sino el propio Gobierno-, bien en el Senado bien en el Congreso. Debiera haber escuchado en un tema tan sensible que, como digo, cuando se disloca no prima la razón sino la pasión.
Para terminar, como decía, nosotros nos vamos a la Constitución. Si en el artículo 4 se dice: «Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales», no puedo entender que por defender las primeras letras de la comunidad autónoma correspondiente estemos vulnerando nada, sino muy al contrario; es decir, no creo que la Constitución se sienta dañada porque extendiendo, a la trasera y a la delantera de los vehículos de motor o de la forma que sea, lo que ella abre, y abre generosamente, en el artículo 4, estemos vulnerando, ni mucho menos estemos dañando lo que algunos llaman la unidad sagrada de España.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón. Quiero decirle que la señora presidenta en estos momentos está representando a este Congreso en un acto protocolario de hospitalidad al rey de Marruecos.
Señor Seco.


El señor REJÓN GIEB: Señor Presidente, ¿es que aquí uno no puede hacer juegos retóricos? Si a cada uno le va a enmendar la plana el señor presidente del Parlamento, va a estar la cuestión complicada.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Creo, señoría, que es una información que era interesante conocer.
Señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Señor presidente, señorías, no seré yo menos que el señor Jané y comenzaré constatando una doble decepción, en primer lugar, porque el señor Jané haya hablado de acto unilateral del Gobierno cuando ha aprobado una orden ministerial. Parece que niega al Gobierno la posibilidad de ejercer la potestad reglamentaria que le corresponde y no puedo creer que el señor Jané piense de esa manera. La segunda decepción es porque, constatando las habilidades de prestidigitador del señor Jané en la exhibición de esa placa de matrícula, ha presentado una placa ciertamente desconocida para mí.
He visto muchos modelos de placas que presuntamente se iban a colocar en los vehículos españoles, pero no había visto la que ha mostrado el señor Jané. Pienso que podría haberse informado mejor y haber exhibido la que todo el mundo daba como posible, en caso de haberse admitido la referencia autonómica.
En ese ejercicio de buceo histórico-normativo al que se refería el señor Mardones y que yo también me he tomado la molestia de realizar, debo señalar que a principios del siglo XX, en 1907, se sintió la necesidad de establecer un registro de matrículas de los vehículos a motor, de los automóviles, dado el auge que tenía este medio de locomoción y la necesidad de su correcta identificación, y se ideó un sistema, que el señor Mardones ha explicado, que identificaba los vehículos mediante la inicial de la provincia o de la capital y unas cifras correlativas, sistema que se mantuvo, incluso con la entrada

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en vigor en 1934 del Código de la Circulación, hasta que a finales de la década de los sesenta y al aproximarse la provincia de Madrid a la cifra del millón de vehículos matriculados, se consideró conveniente simplificar este sistema de identificación de vehículos a motor incluyendo en la matrícula una combinación de cuatro dígitos, seguidos de una letra o combinación de dos letras, lo que elevaba el número de posibles matrículas por cada provincia hasta la cifra de 5.400.000 vehículos. Este sistema entró en vigor en octubre de 1971, por tanto, hace casi 29 años, pero este sistema, todos los sabemos -lo han repetido hasta la saciedad los medios de comunicación-, estaba próximo a agotarse; en apenas un par de semanas se acababan las matrículas en la provincia de Madrid, por lo que resultó urgente e inaplazable tomar una decisión al respecto, y básicamente había dos opciones: continuar con el sistema de numeración de las matrículas incorporando una letra más al final de las mismas o introducir la placa europea, cambiando además el sistema de identificación por una combinación aleatoria de cuatro cifras y tres letras, lo que, a pesar de que yo soy de letras, me permite asegurar que supone hasta un total de 80 millones de combinaciones, es decir, de vehículos.
La placa europea, como seguramente todos conocen y se ha explicado aquí, tiene su origen en una resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 1988, en la que se invitaba a la Comisión a estudiar la posibilidad de que todos los vehículos de los países pertenecientes a la Unión Europea llevaran el distintivo comunitario en las placas de matrícula. A este fin, un grupo de expertos elaboró un proyecto de directiva del Consejo en 1990, que consistía básicamente en la inclusión en la placa de matrícula de una banda vertical de color azul en el margen izquierdo de la misma, que incluiría el símbolo comunitario y la sigla distintiva del correspondiente Estado de la Unión. Este tipo de matrícula de placa europea se ha adoptado en diversos países a los que se ha hecho referencia: Italia, Irlanda, Finlandia, Alemania, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Países Bajos, Francia con carácter voluntario, el Reino Unido, que la incorporará a partir del próximo día 1 de enero del 2001, y España desde la aprobación y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden de 15 de septiembre pasado. Por cierto, se ha hecho referencia a algunos de estos países como ejemplo de posibilidades de identificación de regiones, provincias, cantones o localismos diversos, y no se han citado otros que, en uso legítimo de sus competencias, no identifican partes de su territorio. No se ha dicho, por ejemplo, que Inglaterra no identifica de ninguna forma los vehículos matriculados correspondientes a Gales, a Escocia o a la propia Inglaterra, salvo que por algún grupo parlamentario se pretenda negar tradición o carácter democrático a un país como el Reino Unido.
Pues bien, en España, la placa europea inicia su recorrido histórico en el año 1994. Afinales de ese año, por el que era entonces ministro de Industria, que hoy se sienta, si no estoy equivocado, en los escaños de esta Cámara, se convocó a los industriales del sector de la fabricación de matrículas para pedirles que hicieran un extraordinario esfuerzo inversor, un esfuerzo económico, de forma que el 1 de julio de 1995, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión, se pudiera incorporar el sistema de placa europea en España. Así, los empresarios hicieron esa inversión y el 30 de junio de 1995, en Consejo de Ministros, el señor Belloch, entonces ministro de Justicia e Interior, presentó al Consejo el proyecto de real decreto que aprobaba y establecía ese sistema de matrícula, esa placa europea. Sorprendentemente, fue retirado del orden del día, no fue discutido y no fue aprobado, por tanto, ese proyecto de real decreto que hubiera establecido la matrícula europea tal como la conocemos hoy en día. La consecuencia es que en 1995 se hizo eso y que en el año 2000 hemos tenido que aprobar la reforma del reglamento general de vehículos introduciendo la matrícula europea.
Esa es la consecuencia. (Rumores.) La pregunta que tenemos que hacer al Grupo y al Partido Socialista es por qué el día antes de la entrada en vigor se retiró y no se aprobó el real decreto. Lo que pasa es que la respuesta no la tiene el Grupo Socialista; la respuesta la tiene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Aplausos.) Esa es la historia de la placa europea en España.
Así las cosas, el Gobierno tenía que tomar una decisión y ha elegido la segunda opción: incorporar al ordenamiento español la placa europea, la combinación de cifras y letras, buscando con esto un triple propósito, que es dar solución al problema técnico del agotamiento del sistema actual de matriculación, dar estabilidad a un sistema de matriculación que puede ser modificado en el futuro, pero que no tiene que serlo por razones técnicas, y dar cauce al sentimiento europeo que tenemos los españoles, que queremos expresar también a través de la placa de matrícula. Por ello, el Gobierno ha optado por la placa europea y la anónima combinación de cifras y letras sin incorporar en la matrícula distintivo alguno que identifique la provincia ni la comunidad autónoma de origen. Y este, sin duda, la no incorporación de referencia alguna a la provincia o comunidad autónoma, es el aspecto más polémico de la decisión del Gobierno y el que ha levantado algunas críticas; críticas que son exclusivamente de algunos partidos de carácter nacionalista o de algunos partidos de ámbito nacional que tienen corrientes o sensibilidades no especialmente controladas, sino más bien un tanto descontroladas, y que pertenecen, como digo, a formaciones de ámbito nacional. Pero la obligación de un Gobierno serio y responsable es tomar decisiones buscando el interés general por encima de intereses particulares y por encima de localismos, por muy legítimos que sean.
El primer motivo que ha movido al Gobierno a tomar esta decisión ha sido atender al sentir general de

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todos los españoles, al sentir mayoritario de la sociedad española.
En este sentido, me van a permitir que haga referencia a algunas encuestas, unas publicadas, otras no, sobre las preferencias de los españoles en orden a la placa de matrícula que querían llevar en su vehículo. Estas encuestas señalan que más del 80 por ciento quiere la placa europea y sólo el 15 por ciento está en contra de la placa comunitaria. Se podría pensar: claro, el 80 por ciento, los que dicen que sí, son los que pertenecen o viven en comunidades autónomas en las que no gobiernan partidos nacionalistas, mientras que el 15 por ciento, los que dicen que no, son los que viven en esas comunidades.
(Rumores.) Sin embargo, si estudiamos esas encuestas con detalle, observamos que en la provincia de Barcelona el 86 por ciento de los encuestados dijo que quería la placa comunitaria (Rumores.), de igual modo que lo dijo el 83 por ciento de los habitantes de la provincia de Vizcaya, por ejemplo, el 76 por ciento de los habitantes de la provincia de A Coruña o el 83 por ciento de los madrileños. No es la única encuesta, hay otras. Esta a la que me refiero la hizo el Comisariado Europeo del Automóvil con 7.200 personas preguntadas sobre este tema. Hay otras, como digo, realizadas todas ellas por la empresa Sondeos de Opinión, S.L. En junio de 1996 el 74 por ciento de los entrevistados se manifestó a favor de la placa europea; el 25 por ciento a favor de la otra. En marzo de 1998, el 86 por ciento se manifestaba a favor de la placa europea y el 13 por ciento a favor de la placa normal. En febrero de 1999, el 85,6 por ciento estaba a favor de la placa europea y el 14 por ciento a favor de la placa normal. Pero no solamente entre los usuarios del sector se expresa mayoritariamente la preferencia por la placa europea sin ningún otro distintivo. También desde los propios ámbitos catalanes se manifiesta esa expresión. Tengo aquí una carta que puedo enseñarles -porque yo también puedo enseñar papeles; ustedes enseñan placas de matrículas, yo enseño papeles, señor Jané-, en la que el sindicato unitario de trabajadores de autoescuelas, perteneciente a Comisiones Obreras, envía una carta a doña Estrella Rivera, subdirectora general de Educación y Formación Vial de la Dirección General de Tráfico, en la que, entre otras muchas cosas, considera importante que no conste la identificación de la comunidad autónoma así como tampoco la región, provincia, comarca, etcétera. Aquí la tengo, a disposición de quien la quiera. Por tanto, es amplísima la demanda social que opta por la placa europea sin distintivo provincial ni autonómico alguno.
Hay una segunda razón de peso que ha movido al Gobierno a optar por la placa europea y es el sector de la automoción, que reclamaba unánimemente que no se incluyera ninguna... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Seco, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SECO GORDILLO: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay que señalar que en España, como consecuencia de la identificación provincial que hasta ahora ha regido, no existe un único mercado de vehículos de segunda mano, sino que existen 52 mercados. Esto sólo se soluciona eliminado la identificación comarcal, cantonal, local, provincial o autonómica de las placas de matrícula y eso es lo que ha hecho el Gobierno. No debemos olvidar que el sector de la automoción es el más importante de la industria española, siendo las industrias automovilísticas derivadas y auxiliares las que concentran el mayor número de empleos del sector industrial español.
Evidentemente, ha habido reacciones a esta decisión del Gobierno, unas a favor y otras en contra. No todas han sido en contra, como ustedes pretenden. A favor se ha manifestado no solamente el sector de la automoción sino la mayoría de la sociedad, empezando por los fabricantes de matrículas, que han dicho que la decisión es acertada; los usuarios; el Real Automóvil Club de España, el Comisariado Europeo del Automóvil, la Asociación Española de la Carretera, etcétera, etcétera. Son numerosísimas las asociaciones que han mostrado su apoyo y su contento por la decisión del Gobierno y no por ninguna otra.
En contra se han manifestado fundamentalmente, como decía, formaciones políticas de corte nacionalista, con declaraciones que van desde la lógica contrariedad por no haber visto recogidas a su gusto unas aspiraciones que sin duda son legítimas, hasta algunas que incluso podríamos llamar irresponsables, de miembros que se sientan en esta Cámara, hacia la desobediencia civil o incluso hacia la incitación a la infracción administrativa. Pero lo que es difícil explicar realmente es la posición del Grupo Parlamentario Socialista y ese arrebato nacionalista que ahora le ha entrado (Rumores.), porque cuando en 1995 pudo aprobar el modelo de placa europea no lo hizo; no lo hizo por presiones, sin duda del Grupo de Convergència i Unió, y ya he hecho referencia antes al proyecto del Gobierno del que formaba parte el señor Belloch.
Termino, señor presidente, señalando que gobernar es resolver los problemas de los ciudadanos eligiendo entre las distintas opciones, como muy bien decía el señor Rejón. El Gobierno del Partido Popular ha gobernado respondiendo a los intereses generales de la sociedad y no a intereses particulares, locales o localistas, por muy legítimos que estos sean o hayan pretendido ser. Por todo eso, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la iniciativa que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Seco.
Señor Jané, tiene la palabra a los solos efectos de explicar su aceptación o rechazo de las enmiendas.


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El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, a esta proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario se han presentado cinco enmiendas y todas ellas, señorías, guardan un mismo nexo. Todas las enmiendas presentadas podría decirse que van dirigidas al mismo objetivo. Incluso la enmienda que presenta nuestro grupo, una autoenmienda, también va en sentido idéntico que la proposición no de ley. Va dirigida a votar hoy aquí un modelo de placa de matrícula europeo. Antes se nos decía si se aceptaba o no el modelo europeo. Nosotros aceptamos el modelo europeo, que se plasmaría en una placa como ésta o similar. (El señor Jané i Guasch muestra una placa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jané, usted ya ha defendido su enmienda y su autoenmienda. Le ruego que, por favor...


El señor JANÉ I GUASCH: Me estoy pronunciando sobre las enmiendas.
Todas ellas quieren una placa que haga compatible el distintivo europeo y la sigla del Estado con la sigla de la comunidad autónoma; una sigla de la comunidad autónoma que nunca es un localismo. No han entendido nada, no entienden nada del Estado autónomico si creen que esto es un localismo...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Jané, está reabriendo el debate. Le pido por favor que nos diga qué enmiendas acepta y qué enmiendas rechaza. Es el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios.


El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo, señor presidente, acepta en este trámite la enmienda presentada por el Grupo Socialista, porque expresa lo mismo que nuestra proposición no de ley, que hace compatible el modelo europeo con el modelo autonómico. Nos congratulamos de que en esta Cámara haya hoy siete grupos parlamentarios, de los que seis votaremos a favor de la proposición no de ley. Uno quedará en solitario votando en contra.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por el proponente. (El señor De la Encina Ortega pide la palabra.) Señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, le rogaría, por favor, que se leyera el texto de la enmienda de sustitución.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): La enmienda de sustitución dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en las nuevas placas de matriculación de vehículos que se regula en la Orden de 15 de septiembre de 2000, acogiéndose a la normativa europea, además de la obligatoriedad de la sigla «E» distintiva de España, se incorpore un distintivo de las comunidades autónomas. ¿Es así?

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Y de Ceuta y Melilla.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Y de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 141; en contra, 164.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDAUNIDA, RELATIVAALAEVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SECTORIALES, SOCIOLABORALES Y TERRITORIALES DEL PROCESO DE PRIVATIZACIONES REALIZADO EN EL SECTOR PÚBLICO DE LA ECONOMÍAY LAINDUSTRIA ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000017.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la economía y la industria española.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Llamazares, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para presentar la proposición no de ley de referencia, en relación a la política de privatizaciones.
No se trata tan solo de pedir a esta Cámara que apruebe la evaluación del proceso de privatizaciones, se trata de algo que nosotros creemos mucho más importante, de que esta Cámara apruebe su participación, su conocimiento y su control del proceso de privatizaciones, que hasta el momento ha supuesto la enajenación de 4,7 billones de pesetas que antes estaban en manos públicas y que hoy están, por diversos meca nismos,

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en manos privadas. Por otra parte se trata de que esta Cámara, además de asumir ese control de la política de privatizaciones, oriente la política sectorial en materia industrial en este país, cosa que hasta el momento tampoco ha podido hacer esta Cámara en el denominado programa de modernización industrial. El denominado programa de modernización industrial, que es el único documento -en este caso documento aprobado por el Ejecutivo- que legitima la política de privatizaciones, es un documento con un término eufemístico. Tras la denominación de modernización lo que se esconde es una amplia política de privatizaciones, que se ha desarrollado en nuestro país, se ha acelerado en los últimos cinco años y que no ha contado con la participación de este Parlamento. Aquel programa de privatizaciones, mejor dicho ese programa de modernización industrial aprobado por el Gobierno, no ha sido remitido a esta Cámara, no ha sido aprobado por esta Cámara, y los únicos mecanismos con que ha contado este Parlamento para participar en cierta medida, para ser oído en el proceso de privatizaciones, han sido una lánguida subcomisión de Economía sobre la política de privatizaciones y un Consejo Consultivo de Privatizaciones creado ad hoc, a mayor loa de la política de privatizaciones del Gobierno, y no como mecanismo de control o de participación parlamentaria, en esa política de privatizaciones.
Señorías 4,7 billones de pesetas han sido enajenados del sector público y han pasado al sector privado, y todo esto se ha hecho a un ritmo de un billón por año y sin que esta Cámara haya tenido la oportunidad de discutir o de aprobar los sucesivos pasos de la política de privatizaciones. Algunos hemos visto con sonrojo como Holanda -país liberal donde los haya- tenía que aprobar en su Parlamento la fusión entre la empresa KPN y Telefónica; cómo Holanda no solamente se veía obligada a informar al Parlamento de la enajenación de esas acciones, sino que tenía que obtener la aprobación del Parlamento holandés. No ha ocurrido así con el Parlamento español, que se ha visto marginado de la política de privatizaciones, que sin lugar a dudas ha sido la protagonista de la política económica a lo largo de los últimos años, por parte del Gobierno de Partido Popular, que ha acelerado, sin lugar a dudas, la política de privatizaciones y que ha incrementado los ingresos como consecuencia de esas privatizaciones, en particular en el sector rentable. Digo en particular en el sector rentable, señorías, porque si vemos dónde se ha centrado esa política de privatizaciones, que se nos presentó como la forma de modernizar y de hacer viables sectores públicos deficitarios y mal gestionados, tenemos que reconocer que ni ha afectado a los sectores públicos deficitarios ni a los sectores públicos mal gestionados. Esa parte del sector público está todavía en proceso de privatización, mejor dicho en proceso de saneamiento previo a la privatización, y donde se han cebado las privatizaciones ha sido en el sector público rentable y en el sector público no cuestionado en cuanto a sus modelos de gestión ni en cuanto a la gestión propia de sus directivos.
Finalmente, la política de privatizaciones de un sector público no rentable y no eficiente ha sido una mera excusa para reducir la presencia del sector público en la economía, sobre todo para reducir la presencia del sector público más dinámico en la economía española, del sector público que podía influir en la reordenación del sector eléctrico, del sector de hidrocarburos o del sector de las telecomunicaciones, del sector que podía avanzar en materia de investigación y desarrollo y del sector público que podía favorecer, en ciclos económicos bajos, el crecimiento de la economía española.
En definitiva, ha sido un torpedo en la línea de flotación de la economía mixta que consagra nuestra Constitución. Si el título VIII de nuestra Constitución es el título de los localismos, no me extraña que la economía mixta sea puramente un nombre que no diga nada al Partido Popular. Anosotros nos dice mucho, nos dice mucho de la participación del sector público no solamente en los servicios y en la Administración pública sino en la economía, porque nosotros pensamos que no hay posible redistribución si no hay una distribución previa, para lo que es imprescindible la participación del sector público tanto directamente en la economía como a través de la regulación legal o del sistema fiscal.
Señorías, otros han sido también los argumentos para esta política de privatizaciones, los más cercanos la liberalización y la competencia en esos sectores. Señorías, tenemos que decir que el Partido Popular ha puesto el carro delante de los bueyes, ha llevado a cabo precipitadamente las privatizaciones en el sector rentable, en los segmentos más rentables de nuestra economía, pero ha dejado para después las liberalizaciones. La consecuencia de una privatización sin competencia es la creación de oligopolios privados -oligopolios privados en saldo, que han obtenido las privatizaciones a bajo precio- que hoy, sin una regulación de los precios, controlan directamente los precios al no existir competencia. En estos momentos está ocurriendo algo en el sector de carburantes que señala que esa falta de competencia y esa obsesión por las privatizaciones no han mejorado la situación de sectores económicos tan importantes como el sector de carburantes, el sector eléctrico o el sector de telecomunicaciones, que no han mejorado la competencia, y esa falta de mejora de la competencia la están sufriendo fundamentalmente los consumidores.
Otro argumento en defensa de las privatizaciones por parte del Partido Popular ha sido la eficacia en la gestión, el cambio de un modelo de gestión que decían político por un modelo de gestión empresarial. Pues bien, señorías, sí se ha cambiado el modelo de gestión; el modelo de gestión ya no tiene participación ni control democráticos, es verdad, esta Cámara no discute los presupuestos de muchas empresas hoy privatizadas,

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no controla a esas empresas hoy privatizadas, pero lo que no ha cambiado ha sido el control político de esas empresas privatizadas.
Lo hemos visto en el caso de Telefónica, donde el Gobierno ha hecho gala de ese control político, que no de control democrático, de las empresas privatizadas; lo hemos visto en la fusión KPN-Telefónica y lo hemos visto también en la desigual fortuna del señor Villalonga, presidente de Telefónica. Por tanto, otro de los argumentos fundamentales, el de la eficacia en la gestión, ha caído en algunos casos en el oprobio con asuntos como las stock options, que demuestran que los modelos de gestión poco confesables no son asimilables al sector público, sino que esos modelos de gestión, cuando no hay control, también se dan en el sector privado de la economía.
Señorías, las razones que he expuesto, junto con la evolución del empleo en estos sectores económicos, nos llevan a la presentación de esta iniciativa. Respecto a la evaluación del proceso de privatizaciones, en cuanto al resultado para el empleo y para la política territorial, la política de privatizaciones no ha sido precisamente beneficiosa. En términos generales, el empleo de las empresas privatizadas ha disminuido en torno a 50.000 empleos.
Ustedes dirán que se ha compensado con la creación de empresas subcontratadas o empresas en el entorno de las empresas privatizadas, que en general en el sector mantienen el volumen de empleo. Aceptando esa valoración, lo que se ha hecho es sustituir empleo público, empleo de calidad, por empleo precario, que es el que prima en estos momentos en muchas empresas antes públicas y hoy en segmentos no precisamente no rentables, como ocurre con el reciente caso de Initec, en donde vemos cómo al día siguiente de la privatización se produce un expediente de regulación y los trabajadores ven cómo se deterioran sus condiciones de trabajo en el plazo no de meses ni de años, sino de días y de horas.
Señorías, tampoco desde el punto de vista territorial ha habido ninguna responsabilidad en el proceso de privatizaciones. Quedan pendientes compromisos territoriales en relación al sector del aluminio, al sector del acero que, con la política de privatizaciones, han quedado claramente incumplidos. Estas razones nos llevan, señorías, a presentar la proposición no de ley. Por una parte, pretendemos que la evaluación del proceso de privatizaciones, de la que he hecho un resumen de la opinión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se pueda hacer con luz y taquígrafos en el seno de este Parlamento. Ya que no hemos tenido la oportunidad de participar, controlar y decidir las privatizaciones tan importantes que se han realizado hasta ahora, déjennos por lo menos la posibilidad de evaluar en qué medida esas privatizaciones, desde el punto de vista de sus efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales, han respondido a las necesidades de la mayor parte de la población o a las necesidades e intereses de una parte minoritaria de la población y del propio Gobierno.
En consecuencia, proponemos que se establezca una moratoria a las privatizaciones. De hecho ya existe, porque han llegado ustedes al núcleo duro o al hueso de las privatizaciones. En estos momentos tienen ustedes paralizadas la privatización del sector naval, la del sector de armamentos, la del sector de bienes de equipo, y todo ello porque se han encontrado con el sector público que tiene dificultades para su rentabilidad, que tiene dificultades en su viabilidad, y ahí no es tan fácil enajenar bienes públicos en manos privadas interesadas. Es mucho más difícil y será necesario dedicar buena parte de esos bienes públicos a un proceso de saneamiento que nos costará cantidades astronómicas que, finalmente, no garantizarán ni la viabilidad de las empresas ni el futuro de sus trabajadores.
Queremos también que este Parlamento garantice en el futuro la información y participación en el proceso de privatizaciones, información y participación que no tenemos hoy a través de la subcomisión de la Comisión de Economía y Hacienda, ni a través del Consejo Consultivo de Privatizaciones. También queremos que los beneficios de las privatizaciones tengan un destino claro de carácter inversor y social. Por otra parte, proponemos que en todo caso el Gobierno presente ante la Comisión correspondiente un diseño del sector público económico e industrial para la legislatura, diseño que el Gobierno no ha presentado todavía, que no era el plan de modernización, que finalmente era un plan de privatizaciones, y que nosotros consideramos necesario. Consideramos imprescindible que no solamente exista una política de liberalización, de competencia, como reclama el Gobierno, o una política de privatizaciones, sino que esté informada por una política sectorial, por una política industrial, que este Gobierno no ha presentado en ningún momento ante la Cámara, ni tampoco ha presentado el impacto territorial y social de esa política industrial.
Ese es el sentido de la iniciativa. Lo he intentado exponer lo más brevemente posible, por una parte porque considero el cansancio de los diputados pero, por otro lado, no vaya a ser que antes de terminar la iniciativa nos encontremos con la privatización del Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente a completar, con dos objetivos que consideramos prioritarios, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Si evocamos los nombres

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de Endesa o de Tabacalera o de Telefónica, podremos comprender hasta qué extremo el proceso de privatizaciones indujo a una reducción de plantillas, además de provocar efectos de concentración oligopólica y de desubicación industrial, o cuando menos de reducción de la presencia de estas empresas en determinado tipo de territorios. En concreto, las acciones públicas de estas empresas, como otras muchas, fueron vendidas en más de cuatro billones de pesetas. Pero lo alarmante es que este valor se multiplicó espectacularmente, de tal forma que no hicimos más que vender un patrimonio público que otros aprovechan de manera suculenta y muy beneficiosa para los intereses de una minoría. Se trata además de sectores que tienen que ver con la energía, con las telecomunicaciones, que normalmente habían sido considerados servicios públicos de carácter estratégico y que no mejoraron precisamente a través de la privatización ni el servicio ni mucho menos la competencia. La incidencia en el empleo, por tanto, es clara; fue tan clara que incluso tuvo una grave incidencia en la propia Seguridad Social.
Con la enmienda de adición primera proponemos que se mantenga el mismo nivel de empleo que antes del proceso de privatización, cuestión que hay que recordar al Gobierno continuamente, a pesar de que sus promesas nunca se cumplieron en este campo. Y en segundo lugar, adelantándonos a cualquier tipo de proceso, pero expresando una preocupación por lo que queda, pensamos que es fundamental que las sociedades o entes públicos como Correos, Renfe, Aena y Puertos del Estado, no dejen de ser nunca mayoritariamente de propiedad pública. En el caso de Correos porque es un servicio público esencial para todo el hábitat del territorio del Estado español, especialmente para las zonas rurales, y debe mantenerse, por tanto, en las zonas donde es competitivo con la iniciativa privada. En el caso de Renfe porque es fundamental para el transporte de viajeros y de mercancías y para que haya un servicio equilibrado en todo el Estado y no aún más jerarquizado de lo que está hoy en día. Y en lo que se refiere a Aena y Puertos del Estado, con claras ganancias, porque representan una red fundamental para el transporte, sobre todo de mercancías y, por tanto, deben estar al servicio de la sociedad, con control de las instituciones de carácter parlamentario. Esto no es incompatible incluso con que puedan ser descentralizados y gestionados por las comunidades autónomas, que nos gusta recordar que forman parte del Estado también. Y no hablaré ya de los medios de titularidad pública, los medios de comunicación, que a pesar de ser empleados hoy a favor del Gobierno, en la medida en que las instituciones se democraticen y el Gobierno tenga un control real parlamentario y sea un Gobierno realmente de talante democrático, seguro que hará que sirva al pluralismo de la sociedad, como establecen los estatutos por los que deben regirse.
Estas son dos preocupaciones del Bloque Nacionalista Galego que nos parece que sería bueno tener en cuenta a tiempo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, presidente.
Señorías, en la pasada legislatura asistimos a la ceremonia de la confusión en el ámbito de las privatizaciones; es una estrategia ampliamente utilizada por el Gobierno del Partido Popular. Así, se creó una subcomisión de control parlamentario sobre los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público tras una iniciativa de Convergència i Unió que tenía sentido porque pretendía controlar las privatizaciones a priori y que se descafeinó en el trámite parlamentario: la subcomisión acabó teniendo como objetivo simplemente conocer, sin necesidad de presentar ningún informe, las operaciones concretas de privatización. En definitiva, se trataba de conocer a posteriori lo que el Gobierno iba a hacer, algo que evidentemente está entre las obligaciones de cualquier trámite normal de control parlamentario. Lo que se hizo fue crear un órgano puramente ficticio, fue un acto más de propaganda.Se creó un instrumento sin ningún sentido que, por su propia naturaleza, impedía el objetivo del control de la tarea de privatización.
Esto se vio claramente con el desarrollo posterior de los trabajos.
En primer lugar, el trabajo fue lento e irregular. Desde la constitución de la subcomisión hasta las primeras comparecencias pasaron dos años, y el instrumento de trabajo de dicha subcomisión era precisamente las comparecencias parlamentarias. Además, en ese proceso de ritmo francamente lento, se puso de manifiesto la falta de respeto hacia el Parlamento por parte del Gobierno. Los ministros responsables de las áreas económicas no comparecieron y los presidentes de las empresas públicas lo hicieron en función de sus intereses y, lógicamente, en función de sus agendas y no de las peticiones del Parlamento. Gran parte de esas comparecencias se hicieron en dos días y de forma apelotonada; y en dos días porque el Grupo Parlamentario Socialista anunció que abandonaba la subcomisión porque era totalmente ineficaz.
Otro capítulo de lo que ocurrió durante la pasada legislatura que no tiene desperdicio fue el de la información. La información se caracterizó por su escasez, su baja calidad y, sobre todo, por ser de difícil accesibilidad. Hubo un rechazo firme a ofrecer informaciones básicas, como en los casos de Aceralia o Inespal; faltó el acceso a informes de auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado; hubo un conocimiento incompleto y parcial de los informes del

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Consejo Consultivo de Privatizaciones. Eso sí, todo ello estaba trufado y contrarrestado por las buenas palabras del presidente de la SEPI diciendo que toda la documentación existente sobre privatizaciones estaba a nuestra disposición en la SEPI; es decir, que los miembros de esta Cámara teníamos que ir de archiveros, una fórmula francamente excelente para facilitar la tarea parlamentaria.
En esta situación y con todas estas facilidades ofrecidas por la SEPI y el Gobierno, estaba claro que los resultados de la subcomisión iban a ser un rotundo fracaso y que, además, tendrían totalmente garantizada la falta de transparencia. Nos encontramos con que desconocemos cosas básicas sobre el proceso de privatizaciones.
Desconocemos los procedimientos y los métodos de valoración de algunas empresas -Aceralia e Inespal, como he dicho antes- y los acuerdos suscritos por los compradores de las mismas. Desconocemos la naturaleza y las funciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones y no sabemos si ha cumplido con su tarea de velar por la transparencia y la publicidad del proceso -desde luego por el acceso que desde esta Cámara hemos tenido a los informes, no-. Desconocemos si ha habido cumplimiento de las normas jurídicas vigentes y de los principios éticos que deben mantener en su comportamiento los gestores públicos y los miembros de los consejos de administración que fueron nombrados cuando las empresas eran públicas y que se han quedado cuando las empresas son privadas. Desconocemos la aplicación detallada de una buena parte de los recursos financieros producto de la privatización. Desconocemos definitivamente los efectos que todos estos procesos de privatización han tenido en el grado de concentración del poder económico en España.
Por tanto, creemos que una proposición no de ley en el sentido de solicitar nuevamente información del Gobierno en el plazo de este período de sesiones, desde nuestro punto de vista resulta bastante descafeinada y es por lo que hemos presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley de Izquierda Unida, en base a una petición que ya realizó nuestro grupo parlamentario en el mes de julio, y es la solicitud de creación de una comisión de investigación para analizar las privatizaciones y que concretamente analice e investigue la naturaleza de las funciones, de las actividades y del régimen económico-financiero del Consejo Consultivo de Privatizaciones, para comprobar o conocer su grado de eficacia.
Una comisión de investigación para que investigue el comportamiento -porque ya hemos dicho que lo desconocíamos- de los gestores públicos responsables de los organismos gestores del proceso, así como de los miembros de los consejos de administración de las empresas, en especial el conocimiento de la actividad realizada al respecto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con todas las empresas que han sido privatizadas mediante salida a Bolsa. Asimismo, queremos que la comisión investigue con detalle el resultado económico-financiero del proceso de privatizaciones, para evaluar de forma rigurosa los grados de eficacia o eficiencia resultantes de esta actividad.
Finalmente, solicitamos que se analicen e investiguen los resultados de los procesos de privatizaciones en relación a los intereses generales y es en este ámbito donde más podríamos aceptar la proposición mantenida por Izquierda Unida, porque precisamente queremos que se conozcan todos los efectos que hayan podido tener estar privatizaciones en la mejora de la competitividad de las empresas y también en la elevación del nivel de empleo, en definitiva la elevación o la situación del nivel de bienestar económico y social de todos los españoles.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mendizabal.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El debate que se suscita hoy no deja de ser una reedición de aquel que se formuló ya en mayo de 1996, también a consecuencia en aquel caso de una interpelación y una moción de Izquierda Unida. Cabe decir, sin lugar a dudas, que sí se aprecian algunas diferencias de planteamiento, no se produce una descalificación tan global del proceso de privatizaciones como la que se efectuaba a través de aquella moción, pero mi grupo a pesar de ese avance, de esas matizaciones o de esa mayor convicción en la bondad del proceso o menor desconfianza en la bondad del proceso por parte de Izquierda Unida, por diversos motivos no va a votar a favor de la proposición no de ley.
En primer lugar y como decía anteriormente, no compartimos esa descalificación global, que todavía se mantiene, del proceso de privatizaciones. Nosotros que en su día fuimos impulsores de este proceso entendemos que ha producido efectos beneficiosos de cara a la estructura de las empresas resultantes de las anteriores empresas públicas, que desde luego ha fomentado su internacionalización, la participación internacional en su capital e incluso el mantenimiento del nivel de empleo que es una de las cuestiones que sin lugar a dudas preocupan a Izquierda Unida, pero también preocupan a mi grupo.
En segundo lugar, tampoco tenemos una especial desconfianza en cuanto al sistema de control o de controles respecto de las privatizaciones.
Ciertamente existe un control ex ante, el control del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que en el fondo y tal como está regulado en nuestra legislación no hace sino mantener los criterios de los consejos consultivos de privatizacionesque podemos encontrar en Francia, Italia o Portugal,

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esto es órganos consultivos que emiten informes no vinculantes integrados por personas de prestigio que son designadas por el Gobierno. Se puede discutir su mayor o menor autonomía funcional (desde nuestro punto de vista no existe una relación jerárquica ni funcional con el Gobierno, otros grupos pueden tener distinta opinión), pero ciertamente responde a un modelo ampliamente compartido en el ámbito de la Unión Europea. Pero además de este control previo a través del Consejo Consultivo de Privatizaciones no cabe lugar a dudas de que se produce también un control posterior, un control ex post, no hablo pura y simplemente del Tribunal de Cuentas o de la Intervención General del Estado. Si el debate del que decía que hoy producimos una reedición tuvo lugar en mayo, en octubre, en la legislatura pasada mi grupo presentó -y lo ha recordado la señora Mendizábal- una solicitud de creación de una subcomisión para el seguimiento del proceso de privatización y reconversión. Por tanto, además de los instrumentos que existen en la propia Administración general del Estado ha existido esta subcomisión. De todas formas tampoco es el único instrumento, y baste acudir también a la Ley de 1995, de régimen jurídico de autorización de venta de participaciones del Estado en empresas públicas. Pero incluso hace relativamente pocos meses, ya en esta legislatura, se han suscitado debates concretos sobre algunas privatizaciones que todavía no se han producido. Hemos podido debatir aquí precisamente sobre la situación de Santa Bárbara y si la oferta de General Dynamics era el plan industrial que convenía o no aceptar en una privatización muy concreta, además en estos días todavía se debate, precisamente a raíz de la cumbre hispano-alemana, si al final se procederá a la enajenación a favor de General Dynamics o por el contrario a favor de la oferta alemana. Nos encontramos con instrumentos suficientes como para poder efectuar un seguimiento y un enjuiciamiento parlamentario de esto que no deja de ser una política del Ejecutivo, y por tanto perfectamente sometible y susceptible de ser controlada por el Legislativo.
Mi grupo no es que esté absolutamente satisfecho del funcionamiento de la subcomisión de seguimiento que se creó en la legislatura pasada, pero entiende que los frutos han sido bastante óptimos como para efectuar esta nueva solicitud y para que entre todos seamos capaces también de lograr que ese seguimiento pueda realizarse con mayor eficacia y con mayor eficiencia.
Si se solicita una comisión de investigación precisamente porque está amparada la comparecencia de personas no vinculadas a la Administración pública a través del delito de desobediencia del Código Penal, puede que en algún momento también nos tengamos que plantear si podemos o debemos extender ese delito de desobediencia respecto de aquellos que no acuden, se muestran especialmente reticentes o demasiado tímidos para acudir al llamamiento que se efectúa en una subcomisión o en una comisión de seguimiento.
Por tanto, entendemos que existen esos instrumentos que son idóneos.
Desde luego la política industrial, no sólo respecto del sector público sino también muy fundamentalmente respecto del sector privado es algo que mi grupo tiene mucho interés en suscitar en esta legislatura; no les vamos a negar que nos preocupa que la sustitución del Ministerio de Industria por el Ministerio de Ciencia y Tecnología además de un cambio de etiqueta pueda suponer cierta desorientación y cierto abandono de sectores industriales tradicionales que no integran el sector de nueva economía.
Respecto de la proposición no de ley que se nos plantea en el día de hoy, por los motivos a que he hecho referencia y por motivos históricos que son de todos conocidos, procederemos a votar e contra.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Silva.
Señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señor presidente.


La proposición no de ley de Izquierda Unida sobre las privatizaciones dice en su texto expositivo que la dinámica de privatizaciones ha sido llevada a cabo con una decisión, intensidad y rapidez antes desconocidas en España y en el entorno europeo en el que nos movemos.
Es claro que la experiencia europea y española muestra claramente que esas afirmaciones no son ciertas. Las privatizaciones no son un invento del Gobierno del Partido Popular, entre 1986 y 1996 los gobiernos socialistas privatizaron por valor de 2,2 billones de pesetas. Cuando el Gobierno del Partido Popular tomó posesión en 1996 el valor del sector público empresarial era de poco más que esos 2,2 billones de pesetas, o sea que más o menos se había privatizado la mitad de las empresas que el Estado tenía en 1986.
Por lo que respecta al contexto europeo, tampoco es cierta esa afirmación. La OCDE estima que el importe de las privatizaciones realizadas en Europa hasta el año 2000 está en el orden de los 200.000 millones de dólares. El impacto del sector público en el mercado europeo ha pasado en el conjunto de los países de la Unión Europea del 15,3 por ciento en 1985 a aproximadamente el 9 por ciento en 1998. Las previsiones apuntan a que se van a reducir al 2 por ciento en pocos años.
Lo que sí ha cambiado sustancialmente con los gobiernos del Partido Popular es la forma de llevar a cabo las privatizaciones. Saben ustedes que por el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 1996 se aprobó el programa de modernización del sector público empresarial del Estado; desde entonces las privatizacionesse hacen bajo los principios de concurrencia,

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de publicidad y de transparencia. Si hacemos historia podemos recordar que entre 1982 y 1996 se vendieron más de 60 empresas públicas, de esas 60 empresas públicas 33 se vendieron mediante adjudicación directa. Una novedad desde el año 1996 es la casi generalización del sistema de oferta pública de venta, que sin duda alguna potencia esos principios de concurrencia, de transparencia y de publicidad. Otra virtud de la oferta pública de venta es que amplía la base accionarial de las empresas. En el período de l996 a 2000 se estima que más de 4.000.000 de ciudadanos han accedido a la condición de accionistas a través de las empresas privatizadas. La oferta pública de venta también potencia los mercados financieros puesto que los dota de mucha más profundidad y mucha mayor liquidez.
He de señalar que la pretensión de la proposición no de ley de Izquierda Unida de que se haga una evaluación de las consecuencias sectoriales, laborales y territoriales del proceso de privatización, parece más una tarea de investigación del mundo académico que una tarea del Gobierno. Hay muchísimos datos al respecto para hacer ese estudio. Los criterios subjetivos sobre la interpretación de esos datos es trabajo más propio de una universidad, de una fundación que se dedique a esas cosas que del Gobierno, que obviamente formularía un juicio positivo al respecto.
Tampoco parece razonable pedirle al Gobierno una moratoria en el proceso de privatizaciones. El referido programa de modernización prevé la privatización de la generalidad de las empresas públicas y sobre la totalidad de su capital social. La única excepción a ese principio es la minería del carbón, sometida como SS.SS. saben a planes de reordenación aprobados en el ámbito comunitario. Fuera de ese sector todas las empresas son privatizables. Acceder a la moratoria significaría retrasar el proceso de modernización y desaprovechar situaciones de mercado propicias para la venta, con quebranto del erario público.
Por otra parte, no es riguroso decir que el Congreso ha estado al margen del proceso de privatizaciones cuando en la anterior legislatura hubo 1.800 iniciativas parlamentarias en relación con la actividad principal de SEPI, que no es sólo la privatización sino también la fase previa de saneamiento y consolidación de las empresas a privatizar. De todo ello ha tenido cumplido conocimiento la Cámara, también a través de la subcomisión de privatizaciones, de las comparecencias del presidente del Comité Consultivo de Privatizaciones, del presidente de SEPI, y de los presidentes de varias empresas privatizadas. Además, en cumplimiento de la ley de creación de SEPI se remite trimestralmente a las Cortes Generales la misma información que las sociedades que cotizan en Bolsa están obligadas a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tampoco tiene mucho sentido decir que se privatiza para conservar el control político; parece una paradoja que empresas públicas que podrían controlar mucho mejor el Gobierno las privatice para seguir controlándolas. No creo que haya ni un Gobierno que nombre gestores o personas desafectas a ese Gobierno para que gestionen las empresas públicas. Por tanto, eso es una paradoja y una demagogia que no tiene mucho sentido.
No es lógico ni se puede sostener con rigor que los trabajadores hayan sido convidados de piedra en el proceso de privatización. En primer lugar porque generalmente se les ha hecho oferta de compra de acciones de su empresa en condiciones ventajosas respecto a los del tramo minorista, que como se sabe la oferta siempre es más favorable que la del tramo institucional. Además, porque ha habido siempre contactos fructíferos con las centrales sindicales. La prueba es que prácticamente no ha habido conflicto laboral que haya surgido con motivo de un proceso de privatización. No se recuerda.En tercer lugar, porque se ha llevado a cabo la externalización de los compromisos laborales asumidos por las empresas, lo que ha supuesto un esfuerzo de más de un billón 300.000 millones de pesetas.
Otra justificación de la proposición no de ley es la ausencia de las comunidades autónomas en los procesos de privatización. No parece procedente que las comunidades participen en el proceso de enajenación de unas empresas de titularidad del Estado. Ello no es óbice para que dentro del espíritu de lealtad institucional se mantenga la colaboración no sólo con las comunidades autónomas, sino también con las administraciones locales en aquellos procesos en que esas administraciones puedan verse afectadas de una u otra manera.
Respecto a la afectación de los ingresos derivados de la venta de las empresas públicas, que también plantea la proposición no de ley, sabe S.S. que hasta 1995 se podían destinar a reducir el déficit público y a eso se destinaba, pese a lo cual ustedes no reducían el déficit.
A partir de entonces se ha venido utilizando en reducir la deuda, entre otras a conseguir que la deuda histórica del INI que en 1996, cuando el Partido Popular formó Gobierno, ascendía a 530.000 millones de pesetas, sea hoy en lugar de una deuda histórica una reliquia histórica. Saben SS.SS., por otra parte, que la Ley general Presupuestaria establece el principio de no afectación de los ingresos; tienen ustedes el cauce de la proposición de ley para intentar modificar la Ley general Presupuestaria.


Lo que más sorprende es que proponen ustedes la creación de un impuesto sobre los beneficios excesivos de las empresas privatizadas ¿A qué llaman ustedes beneficios excesivos? ¿Al 5, al 20, al 80 por ciento? ¿Ustedes consideran serio, señores de Izquierda Unida, que un país que pretende estar en una posición destacada en los mercados internacionales alterara arbitrariamente las condiciones por las que en su día acudió al mercado de capitales para la venta de sus empresas públicas? ¿Dónde queda en esa pretensión el principio de seguridad jurídica? ¿Qué credibilidad debe tener el

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Estado español en esa economía globalizada? ¿Qué perjuicio no se causarían a las magníficas expectativas de inversiones extranjeras en España? ¿Cómo se puede hacer una propuesta de esa naturaleza? Me voy a referir ahora a la enmienda del Grupo Socialista. El Grupo Socialista propone crear una comisión de investigación con diversos objetivos. Ya lo ha explicado la señora Mendizábal: investigar la actuación del Consejo Consultivo de Privatizaciones, analizar el comportamiento jurídico y ético de los gestores públicos para sacar conclusiones solventes sobre la limpieza del proceso, estudiar el resultado económicofinanciero del proceso de privatizaciones y los resultados en relación con los intereses generales.
No vamos a apoyar esta enmienda del Grupo Socialista porque carece absolutamente de oportunidad. Si en algo se ha distinguido el Gobierno del Partido Popular en esta legislatura y en la pasada en relación con el proceso de privatizaciones, ha sido en la transparencia y en el rigor del proceso. ¿Quién fue el autor del programa de modernización del sector público empresarial? El Gobierno del Partido Popular ¿Quién cerró la hemorragia de fondos públicos que ascendieron en el período 1989 a 1995 a 8 billones y medio de pesetas cuando el valor de las empresas públicas a mediados de 1996 era solamente de 2 billones y medio? (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) El Gobierno del Partido Popular ¿Quién creo el Consejo Consultivo de Privatizaciones precisamente para darle más rigor al proceso? El Gobierno del Partido Popular. (Rumores.) Señorías, las ofertas públicas de venta realizadas desde junio de 1996 hasta el momento actual representan el 84,6 por ciento de lo ingresado. Ello significa que es la fórmula que el Gobierno viene utilizando, y sin duda la más transparente. Este Gobierno formula la privatización como un plan expreso y explícito, abiertamente asumido y como tal explicado a la sociedad. La participación se plantea bajo los principios de generalidad y de totalidad. Generalidad quiere decir que afecta a todas las compañías del sector público, y totalidad que ha de privatizarse la total participación del Estado en la compañía.
Por lo que respecta al control, además de los procesos genéricos de la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, a partir del mes de junio de 1996 existen tres controles adicionales: el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Privatizaciones, la auditoria específica para cada operación por la Intervención General, y finalmente el control parlamentario a través del Pleno, la Comisión de Industria entonces del Congreso y del Senado y la específica subcomisión de privatizaciones. Los gastos de las ofertas públicas de venta se han reducido en más de 30.000 millones de pesetas. Eso significa que el coste se ha reducido del 11,5 por ciento de los ingresos al 8,4 por ciento. Respecto a los precios a que se han vendido, basta decir que como media la cotización de las empresas privatizadas está hoy en línea con el índice del Ibex 35, ligeramente más rentable el tramo minorista que el tramo institucional, lo cual da idea de que si alguien se hubiera favorecido con el precio no serían los núcleos duros de las empresas, sino esos más de 4.000.000 de modestos accionistas. Además, la enmienda del Grupo Socialista, con una falta de pudor clamorosa, propone que la comisión de investigación...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Albendea, le ruego vaya terminando.


El señor ALBENDEA PABÓN: Enseguida termino, señor presidente.
Como decía, propone que la comisión de investigación analice lo realizado a partir de mayo de 1996. Se olvida el Grupo Socialista que en su etapa de Gobierno se iniciaron las privatizaciones de empresas tan importantes y destacadas como Seat, Repsol, Endesa o Telefónica.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Estamos dispuestos, señores del Partido Socialista, a reeditar la subcomisión de privatizaciones que funcionó la pasada legislatura, pero no a crear una comisión de investigación porque es absolutamente innecesaria.
En cuanto a la enmienda del Grupo Mixto defendida por el señor Rodríguez, tampoco podemos prestarle nuestro apoyo ya que el nivel de empleo ha de analizarse de forma global, no puede contemplarse empresa por empresa. Es evidente que la creación de empleo es uno de los grandes éxitos del Gobierno del Partido Popular; por eso, someter cada empresa a la limitación que propone el señor Rodríguez no es posible. Tampoco podemos aceptar la enmienda número 2. España no debe autolimitarse a tendencias de privatización de servicios públicos imperantes en nuestro entorno occidental. Por todo ello, no vamos a aceptar ninguna de las dos enmiendas.
Finalmente, señores de Izquierda Unida, en esta proposición no de ley están ustedes planteando un tema con una gran carga ideológica. Les reconozco a ustedes muy gustoso la coherencia ideológica y también les reconozco la perseverancia, pero la coherencia y la perseverancia en un camino equivocado, en una dirección opuesta totalmente por la que hoy discurre el progreso económico y social, y nosotros con el máximo respeto a sus creencias no podemos acompañarles en esas nostalgias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Albendea.
Señor Llamazares, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas planteadas.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Tenía dudas en intervenir porque el señor portavoz del Partido Popular ha aceptado y rechazado las enmiendas.
En todo caso, quiero decir por un lado y respecto a la enmienda del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista

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Gallego, que la aceptamos, y por otra parte con relación a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista hubiéramos deseado que comprendiera el punto 1 que se refiere a la evaluación, en este caso a la investigación de la política de privatizaciones, pero si se mantiene como enmienda de totalidad y sustitución del conjunto del texto, nosotros no la podemos admitir. Si se plantea como una enmienda de adición o como una enmienda de sustitución del punto 1, la admitiríamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares. Se ha planteado como una enmienda a la totalidad.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la evaluación de los efectos sectoriales, sociolaborales y territoriales del proceso de privatizaciones realizado en el sector público de la economía y la industria española. El proponente de esta proposición ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto; por tanto así se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 15; en contra, 176; abstenciones, 101.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la proposición no de ley anteriormente citada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE ALACONTINUA ESCALADA EN LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES Y SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS, COMO ELAGRÍCOLA, EL PESQUERO Y EL DE TRANSPORTES. (Número de expediente 173/000017.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS QUE EVITEN EL INCREMENTO DESMESURADO DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES. (Número de expediente 173/000018.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATENUAR LOS COSTES SOBRE LOS SECTORES AGRARIO Y PESQUERO Y DEL TRANSPORTE DERIVADOS DEL CONTINUO AUMENTO DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES. (Número de expediente 173/000019.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, los puntos 8, 9 y 10 del orden del día, relativos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para hacer frente a la continua escalada en los precios de los carburantes y sus efectos negativos en los distintos sectores productivos, como el agrícola, el pesquero y el de transportes; del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de adoptar medidas que eviten el incremento desmesurado de los precios de los carburantes; y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los costes sobre los sectores agrario y pesquero y del transporte derivados del continuado aumento del precio de los carburantes, se debatirán acumuladamente.
La Junta de Portavoces ha acordado esta mañana que los tres grupos proponentes tengan un tiempo de 15 minutos para la presentación y defensa de las mociones. Por tanto comenzamos el debate, y en primer lugar corresponderá al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida la defensa de su moción.
Tiene la palabra el señor Centella. (Rumores.) Señorías, permitan al orador que comencemos el debate de este punto del orden del día.
Señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, la semana pasada asistimos en la interpelación a un extraño debate en el que el ministro señor Montoro parecía más preocupado por defenderse, por justificarse, y en algunos casos incluso llegó a parecer él el interpelante, que por comprender que lo que se pretendía era trasladar a esta Cámara un debate que diera esperanza de solución a miles y miles de ciudadanos que en estos momentos pasan por una situación de crisis, en algunos casos desesperada. Por eso salimos preocupados la semana pasada y venimos hoy a esta Cámara con la intención de forzar el debate, con la intención de trasladar a esta Cámara la voz de miles y miles de ciudadanos que hoy, en las calles y en las carreteras de este país, están gritándole al Gobierno que cambie su política y diciéndole que es el momento de rectificar y de tomar decisiones que sean realmente eficaces y oportunas. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Por eso creemos que este es un debate importante, un debate que no puede ser solamente pasar página, que no puede ser solamente venir a justificarnos, sino a debatir con la voluntad de que hoy salgan de aquí acuerdos que puedan

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empezar a solucionar una situación muy grave que sufre este país.
Aestas alturas del problema tenemos la sensación de que el Partido Popular, el Gobierno, está dando la espalda a miles y miles de españoles, está dando la espalda a un grave problema y se está poniendo, como decíamos la semana pasada, del lado de los poderosos, del lado de las petroleras, que están haciendo su negocio a costa de la economía de este país. En definitiva, lo que hace el Gobierno es esperar a que amaine el temporal y que los problemas se solucionen por sí solos. Triste postura la de un Gobierno que en este momento tiene en la calle y en la carretera a miles y miles de manifestantes y tiene preocupados a sectores económicos de este país. Por eso decíamos la semana pasada que ustedes están siendo cómplices de las petroleras y del gran negocio que están haciendo a costa de los intereses de muchas economías de este país. Hoy tienen ustedes aquí mayoría para aprobar las propuestas que quieran; tienen votos suficientes para sacar adelante las medidas que quieran tomar, pero hoy también tienen que saber que tienen enfrente a todos los sectores que están afectados por la crisis y que hoy les están censurando miles y miles de ciudadanos que hoy están votando en contra de ustedes en las carreteras y en las calles de este país, miles de ciudadanos que les dicen que no pueden seguir así, que hay que tomar medidas eficaces y que vayan realmente al fondo del problema. Todos los gobiernos tienen la obligación de escuchar las protestas, sobre todo cuando vienen acompañadas de propuestas serias y rigurosas. Los campesinos, los ganaderos y los pescadores no salen a la calle para hacer turismo, no salen a la calle por diversión; salen a la calle después de haber estado sufriendo y después de ver cómo su economía se pone en peligro. Por eso Izquierda Unida apoya con rotundidad -y lo quiere dejar bien claro hoy aquí- las movilizaciones de los sectores afectados porque entendemos que están ejerciendo un derecho ciudadano, pero también porque están ejerciendo la responsabilidad que le falta a este Gobierno, que les da la espalda, que está más preocupado por esperar a que pase el temporal que por solucionar el problema. Por eso Izquierda Unida está hoy con los miles y miles de manifestantes que han recorrido las calles y carreteras de este país.
Pero la situación es más grave. El ministro decía la semana pasada que tenían un método: negociar, negociar y negociar. Sin embargo, ha pasado una semana y se ha visto que lo que ellos llamaban negociar era reprimir; que lo que ellos llamaban dialogar era la política del palo. Eso se ha visto ayer cuando se reprimían las manifestaciones, cuando se utilizaban las fuerzas de orden público para negociar. Ese es el talante negociador de este Gobierno; a eso es a lo que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Hoy han dado ustedes un paso más y han llamado al enfrentamiento ciudadano. Han querido enfrentar a los manifestantes con el resto de la población, y eso es muy grave. Ustedes no sitúan el problema entre un Gobierno que no toma medidas y los sectores afectados, sino entre los sectores afectados y el resto de los ciudadanos.
Afortunadamente este país tiene madurez democrática suficiente para no caer en la tentación y hoy los miles de manifestantes tienen la simpatía y la solidaridad del resto del país; porque el problema no es solamente de los agricultores, de los ganaderos o de los pescadores o transportistas; el problema lo sufrimos ya todos los ciudadanos de este país. La realidad, señorías, es que las continuas subidas del petróleo están afectando a todos los sectores del país; están afectando muy directamente a unos sectores que, como el agrícola, no pueden subir los precios porque ya están regulados por la Unión Europea; y están afectando muy seriamente a la economía del país, al bolsillo de todos los ciudadanos con subidas del índice de precios al consumo que muchos no van a poder recuperar; todos aquellos que no tienen pactados valores para recuperar en sus convenios no van a poder equilibrar al final del año esta subida del IPC, y tampoco la van a poder equilibrar los funcionarios. Por este motivo hoy estamos todos los ciudadanos en la calle con los transportistas y con los agricultores, defendiendo que este Gobierno de una vez por todas se ponga al lado de las personas que tienen problemas y no al lado de los que ganan dinero, de los que están haciendo el gran negocio: las petroleras.
En este debate Izquierda Unida participa con responsabilidad y, en la medida en que se nos deja, planteando alternativas claras. Hoy presentamos aquí propuestas frente a una alternativa del Partido Popular que es insuficiente e ineficaz. No es simple retórica puesto que las medidas han demostrado ser insuficientes e ineficaces. Hace cuatro meses, el vicepresidente del Gobierno decía en esta Cámara que tenía la solución del problema: poner gasolineras en los hipermercados. Después el presidente del Gobierno vino a decir que tenía la solución: que los transportistas, los taxistas, consumieran menos carburante. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Esas medidas ya se ha demostrado que son ineficaces.
Hoy les decía un representante de los manifestantes que ustedes estaban intentando suministrar aspirinas para combatir un cáncer.
Repito que sus medidas son insuficientes y sobre todo son ineficaces.
La situación es grave y por tanto requiere medidas adecuadas a la problemática que estamos sufriendo. En este sentido, desde Izquierda Unida proponemos un plan de actuación que nos hubiese gustado poder discutir con el Gobierno y con el Partido Popular. En ese afán dialogante el Partido Popular ni siquiera ha intentado consensuar propuestas con Izquierda Unida; ni siquiera se ha dignado enmendar las iniciativas de Izquierda Unida. Simplemente va a utilizar la mayoría parlamentaria para derrotarlas. Van a situar ustedes a este Parlamento de espaldas a los intereses de esos miles y miles

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de ciudadanos que hoy en la calle están protestando contra su política.
Nosotros planteamos tres bloques de propuestas. El primero trata de que se adopten las medidas necesarias para que disminuya la demanda de productos derivados del petróleo. No se trata de que venga el vicepresidente a decir que se consuma menos, lo cual, como decía la semana pasada, es muy fácil decirlo desde el coche oficial pero es muy hiriente oírlo desde el tractor o desde el taxi; es hiriente oír decir que la solución es que se consuma menos petróleo. Hay que tomar medidas eficaces, que, por cierto, ustedes vienen rehuyendo cada vez que discutimos los Presupuestos Generales del Estado. Medidas eficaces significan presupuestos y un plan concreto y no simplemente que el presidente diga en la televisión que se consuma menos.
Planteamos una disminución del IVA en el transporte público colectivo, una disminución del IVAen las bombonas del gas butano y que se reduzca a tipos superreducidos en el gas licuado de uso doméstico. Estas sí son medidas que fomentarían el transporte público y una disminución en el consumo de carburantes.También solicitamos que desde la Administración central se apoye, se incentive el establecimiento de grandes zonas peatonales y de carriles-bici en las grandes ciudades. ¿Saben ustedes cuántos carriles-bici hay en este país? Solamente hay dos ciudades en este país que tienen carriles- bici en condiciones. Por tanto, no vengan ustedes aquí a decir que están haciendo algo cuando no hacen prácticamente nada.Asimismo pedimos que se potencie el transporte masivo de mercancías por ferrocarril y por otros medios de transporte que tengan un menor potencial contaminante. Estas medidas, junto a la potenciación de una política de ahorro energético y sobre todo acompañadas de investigación y desarrollo de energías renovables, como la energía bicombustible o la de cogeneración, podrían hacer que disminuyera el consumo y que tuviéramos una verdadera política energética en este país, que es lo que hace falta.
Un segundo bloque plantea adoptar las medidas necesarias para mantener la seguridad en la oferta y la concurrencia en el sector de producción derivada del petróleo. Solicitamos que se haga una petición al Consejo de Seguridad de la ONU para que se eliminen las restricciones de exportación de petróleo a Irak, que se acabe de una vez con esa hipocresía, que se acabe de una vez con esa situación que al final está pagando el pueblo iraquí y que está provocando lo contrario de lo que se dice que se combate: que haya una menor oferta de petróleo en el mercado. Es una petición que serviría para acabar con esa injusticia que está costando la vida a miles de niños en Irak por unas sanciones que al final no han conseguido ninguno de los objetivos que se proponían pero que sí vienen a enriquecer más a las petroleras. También planteamos que haya una puesta en común de las reservas petrolíferas de la Unión Europea, que haya una petición a la Unión Europea para que los contratos de petróleo que haga se puedan pagar en euros y no tengamos que depender de fluctuaciones de otras monedas. Igualmente solicitamos medidas eficaces que favorezcan la concurrencia en el almacenamiento y en la distribución de hidrocarburos con la participación de nuevos operadores, como pueden ser las cooperativas de consumidores de productos derivados del petróleo, que están pasando un verdadero calvario para poder entrar en el mercado.
También planteamos una mayor regulación del acceso a los sectores energéticos, en especial al de hidrocarburos, mediante el establecimiento de peajes y la reducción de los plazos de vigencia de los contratos. Como ven, son medidas simples pero que van de verdad al fondo del problema; son medidas que pueden situar el problema en vías de solución. También pedimos que se establezca de nuevo la política de precios máximos en el sector de hidrocarburos hasta que realmente no exista una verdadera competencia en el mismo. De esta manera se podría evitar el oligopolio que en estos momentos existe y del que el Gobierno está siendo cómplice.
En el tercer bloque proponemos que se adopten las medidas fiscales oportunas para que se palien los aumentos de los precios del petróleo en los sectores afectados y en la economía en general, así como políticas de ahorro y de energías alternativas que no sean contaminantes. Estas medidas deben tener tres pilares al menos. En primer lugar, una tasa especial del cinco por ciento sobre los beneficios de las empresas petroleras. Esta medida, que tanto ha asustado a miembros del Gobierno, trata ni más ni menos que de hacer justicia social, de poner una tasa a aquellos que están obteniendo unos beneficios a costa de la economía de miles y miles de españoles.
Para esto es para lo que debe servir una tasa, un impuesto, una fiscalidad: para redistribuir la riqueza. Evidentemente a ustedes les duele porque están situados en un bando que es precisamente el que está haciendo el negocio, el que está obteniendo beneficios, y les duele que se hable de gravar estos beneficios. También planteamos reducir el actual impuesto sobre hidrocarburos y modificar técnicamente su figura para que tenga un carácter finalista y que lo recaudado vaya a potenciar políticas de ahorro energético y de energía alternativa no contaminante. Ese es un elemento sobre el que podemos trabajar. Si es verdad lo que dice el señor presidente en la televisión de que hay que ahorrar combustible, aquí hay elementos para avanzar en este camino. Lo contrario es demagogia y lo contrario es intentar echar la culpa a los ciudadanos de un problema que tiene que resolver el Gobierno. Como no está el señor ministro no voy a explicar qué significa la palabra temporal, teniendo en cuenta que todas las medidas que toma un Gobierno son temporales. Cuando decimos que esta reducción es temporal lo hacemos sabiendo que todas las medidas tienen que ser temporales porque ningún impuesto que se fije puede ser de por vida. Cualquier medida tiene que ser temporal y gobernar

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es tomar medidas que son temporales. Lo hemos quitado de la redacción pero sigue manteniendo el mismo espíritu que decíamos la semana pasada en la interpelación y que el señor ministro no llegó a entender o no quiso entender.
Por último, planteamos destinar el incremento obtenido de recaudación por la Hacienda pública y originado por el aumento del precio del petróleo para compensar fiscalmente a los sectores productivos más afectados por esta gran subida, como son el agrario, el del transporte, el pesquero y otros. No es justo que al final, junto con las petroleras, el otro gran beneficiado de la crisis sea el Estado.
Es un contrasentido que mientras se están arruinando miles y miles de economías familiares, de economías medianas, al final el Gobierno haga el negocio también junto con las petroleras. Como no es justo planteamos una medida que puede venir a compensar esta situación. Son propuestas realistas, posibles y sobre todo que van al fondo del problema. Lo contrario es lo que ustedes están haciendo: recetar aspirinas para combatir el cáncer. Ustedes podrán imponer hoy su mayoría parlamentaria, podrán ganar la votación, pero la están perdiendo en la calle y, sobre todo, lo que más nos preocupa es que la está perdiendo este país, porque al final no se trata de que ustedes ganen una votación sino de resolver un problema. Al final van a tener que tomar estas medidas, pero las van a tener que tomar cuando sea tarde, cuando ya el daño esté hecho, cuando sus amigos hayan hecho el gran negocio y gran parte de este país haya acabado en la ruina. Repito que todavía estamos a tiempo, todavía estamos en la prórroga y todavía se pueden tomar medidas como las que plantea Izquierda Unida.
Señor presidente, en relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista podíamos haber llegado a una propuesta conjunta, puesto que en lo esencial son bastante coincidentes, pero no merece la pena presentar una enmienda transaccional PSOE-Izquierda Unida porque si el Partido Popular no se ha dignado presentar enmiendas es porque ya tiene dispuesto su rodillo para derrotar, sin siquiera rebatir, las propuestas de Izquierda Unida y del PSOE. Pero es evidente -y hay que señalarlo aquí- que hay coincidencias y que en lo esencial estamos de acuerdo. Sucede igual con la enmienda que se nos presenta por parte de Eusko Alkartasuna, en la que se especifica que al aplicar la legislación vigente se tengan en cuenta las peculiaridades fiscales de cada comunidad. Son enmiendas que podían ser perfectamente asumibles; la enmienda del Grupo Socialista al ser muy minuciosa no la vamos a poder aceptar, pero en lo esencial son muy parecidas.
Señorías, termino haciendo un último llamamiento porque hoy la gente ha estado en la calle y no se merece que este Parlamento dé la espalda a miles y miles de ciudadanos que hoy con su grito le han pedido al Gobierno que rectifique y que haga lo que tiene que hacer: gobernar.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista y, asimismo, de la enmienda presentada a la moción que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señorías, esta moción es consecuencia de una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a raíz de la especial gravedad que ha alcanzado el problema de los carburantes y de la pasividad mostrada por el Gobierno en el pasado y en el presente para hacerle frente.En esta moción planteamos unos objetivos que creemos que pueden ayudar a solucionar parte de los problemas.
La situación era grave a finales de la primavera y esto motivó ya algunas iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista. La reacción del Gobierno fue la pasividad. El único mensaje que el vicepresidente Rato ha dado a la sociedad española ha sido el de que consuma un poco menos. A este paso se puede llegar a pensar que el siguiente mensaje del Gobierno sería encargar rogativas para tener un invierno templado, que no hiciera frío y no usáramos la calefacción. El Gobierno, como hace tantas veces, atribuye sólo a factores externos los problemas de España y, por tanto, fía su solución a causas externas. Nos dice -y es cierto- que el Gobierno no controla el precio internacional de los carburantes y no determina la fijación de la relación del tipo de cambio entre euro y dólar. Sin embargo, los problemas que están padeciendo hoy muchos españoles, particularmente la gente que trabaja en la agricultura, la pesca y el transporte, son más graves como consecuencia de algunos de los pasivos de la política de este Gobierno en los últimos años. Destacaré tres. En primer lugar, el Gobierno ha carecido de cualquier asomo de política de diversificación de fuentes energéticas, de ahorro de consumo de energía y de impulso de energías renovables. Quizá por eso España está a la cabeza de los países de la Unión Europea en materia de dependencia energética del petróleo. La segunda ausencia de política que agrava el problema en España es el fracaso de la política de liberalización del Gobierno, la liberalización de la distribución de carburantes y particularmente de la regulación del acceso a nuevos competidores. En 1995 las dos compañías con más peso en la distribución española, Cepsa y Repsol, concentraban el 78 por ciento de los puntos de venta; en 1999 estas dos compañías continuaban concentrando el 72 por ciento de los puntos de venta en España. Y si el cálculo fuera por volúmenes de venta el nivel de concentración aún sería mayor. ¿Se debe quizás a esto que España esté literalmente en la cabeza de los países de la Unión Europea con una menor ratio gasolinera-vehículos, que en nuestro caso en 1999 era de 0,4 gasolineras por 1.000

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vehículos? Un tercer gran pasivo de la política de este Gobierno y que trae consecuencia del fracaso de la liberalización ha sido el fracaso de la introducción decompetencia en España. A veces se discute si la similitud de precios entre estaciones de servicio es consecuencia del pacto entre compañías o del seguidismo de las menores respecto de la mayor, bench-marking. Creo que hay un indicador más claro de lo postrada que está la competencia en la distribución de combustibles. ¿Se les ha ocurrido pensar cómo puede ser que los precios sean sensiblemente iguales en las estaciones de servicio donde un operador coloca el combustible y en las estaciones de autoservicio? Si el coste de distribución es diferente debe reflejarse en los precios, y si no serefleja en los precios tenemos un problema de competencia. No tiene sentido. Tampoco tiene sentido que el Gobierno y el grupo que le apoya continúen negándose a dar poder e independencia al Tribunal de Defensa de la Competencia porque, créanme, tenemos graves problemas en esto. Ante esta situación muchos gobiernos de Europa han actuado. El Gobierno francés ha adoptado diferentes medidas, entre ellas una reducción de impuestos; el Gobierno italiano ha adoptado una reducción de precios al por menor del gasóleo; el Gobierno holandés ha adoptado un aumento de devoluciones fiscales del gasóleo, con efectos retroactivos; el Gobierno portugués decidió a finales de la primavera mantener los precios máximos; precios máximos como los que nos van a traer cuando liberalicen la telefonía local. Se van a mantener los precios máximos aprobados en diciembre de 1999 hasta finales del 2000. Quizá por eso hoy el litro de gasóleo pesquero en Portugal cuesta 37 pesetas y el litro de gasóleo que pagan nuestros pescadores cuesta 56 pesetas.
Aquí, si acaso, más allá de la ausencia hemos asistido a una alegría encubierta del Gobierno al encontrarse con unos 100.000 millones de pesetas sobrevenidos, derivados del aumento del precio de los combustibles, el famoso efecto IVA implícito, y una impasibilidad absoluta a la explosión de los beneficios de las petroleras, que también se derivan en parte del aumento de los costes.
El Gobierno nos ha enredado con una discusión sobre una bajada general de impuestos que nadie propone, y no puede continuar enredando de esta manera. En términos generales, está bien asentado que es razonable que los aumentos de costes, sobre todo si van a ser permanentes, sean internalizados en precios, de forma que los agentes económicos puedan mover la demanda para ajustarse con flexibilidad. A esto se le llama elasticidad demanda/precio. Lo que decíamos antes se aplica con generalidad a los ciudadanos que toman medios de transporte privado y/o individual, pero hay algunas particularidades.
Miren el sector pesquero. ¿Cómo va a responder un barco de pesca al aumento de precios? ¿Cómo va a seguir las peticiones del vicepresidente Rato, saliendo a pescar y parando un par de millas marinas antes? Es imposible, no está el caladero; si no llega al caladero no pesca. En términos técnicos esto se denomina elasticidad demanda/precio rígida a corto plazo. Por tanto, si la elasticidad demanda/ precio es rígida a corto plazo, la demanda no puede responder a cambios a corto en el precio, quedan dos opciones: salir o amarrar, pero esto no puede ser una alternativa para los pescadores españoles. En la agricultura pasa lo mismo.
Alguien puede plantearse si labra media finca y deja la otra media para el año siguiente porque lo pide el señor Rato, pero es que el barbecho hace tiempo que cayó en desuso. En agricultura, elasticidad demanda/precio es bastante rígida a corto plazo. En algunos sectores muy específicos como el agrícola y el pesquero, donde la elasticidad demanda/ precio a corto plazo es muy rígida, donde no tienen alternativa modal -no pueden tomar el tren- y donde no pueden trasladar sus precios al producto final, tenemos un problema. Ante la pasividad del Gobierno, la moción que defiende este grupo se dirige a ofrecer soluciones en términos de objetivos generales y en términos de medidas concretas.
La moción persigue tres tipos de objetivos. En primer lugar, impulsar medidas estructurales que permitan diversificar el aprovisionamiento energético, impulsar el ahorro de consumo y reducir la dependencia del petróleo. Señalaré una medida particular -otro pasivo de la política del Gobierno-: planes de impulso de la calidad y la eficacia del transporte colectivo para aumentar el atractivo hacia los ciudadanos, no vía precios sino vía tiempo, porque los ciudadanos reaccionan al tiempo. Esto requiere infraestructuras y servicios móviles. El segundo objetivo es coyuntural, temporal, vinculado a la duración de la gravedad de la situación: medidas fiscales que afecten a los sectores especialmente golpeados. Mencionaré tres. En primer lugar, una reducción, en el marco de la normativa comunitaria, de los impuestos especiales que gravan a los sectores pesquero y agrícola; en segundo lugar, medidas de devolución fiscal, similares a las holandesas, en los sectores de transporte por carretera y taxi; en tercer lugar, la forma de financiarlo con una cierta ortodoxia y no poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria, a través de dos fuentes, los 100.000 millones del efecto IVA, el aumento imprevisto, y el estudio de la implantación de una tasa extraordinaria sobre beneficios extraordinarios generados por el aumento extraordinario del precio de los combustibles para cuadra. El tercero, y otra vez en términos más generales, el impulso de medidas de reforma de los mercados. Decididamente. A largo plazo, mejorar la competencia con liberalización real. Mencionaré dos medidas, y dejemos de enredar: dar poder y autonomía al Tribunal de Defensa de la Competencia. Y, en segundo lugar, dar la posibilidad a las cooperativas de vender combustibles a terceros no socios -después volveré al matiz-. Este conjunto de medidas, juntamente con algunas medidas fiscales que afectan a la estimación objetiva por el

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impuesto sobre la renta o al régimen simplificado del IVA, pueden servir de acompañamiento a un paquete más general pero son insuficientes y además corren el riesgo de ser injustas. Quizá hay dificultad de distinguir entre cereales y cítricos, aunque el consumo de gasóleo en la actividad de cereales es mucho mayor que en la actividad de cítricos. No voy a meterme dentro de los cítricos, porque también existen diferencias. Esto en economía se llama costes de transacción por aplicación de medidas. Será muy caro afinar en esta regulación, pero este conjunto de medidas pueden dar salida a una situación de especial gravedad que algunos ciudadanos están percibiendo, una situación a la que ha contribuido la situación internacional en gran medida y que este Gobierno, por las políticas que no ha aplicado y por su falta de reacción, ha contribuido a agravar. Es hora de que las medidas comiencen a aplicarse, porque hoy en España hay muchos ciudadanos que han visto afectada no sólo su actividad económica, sino su vida. Hoy tenemos en las calles una muestra evidente de que la desesperación crece. Ya es hora de que empecemos a darles esperanza. Este es el sentido de esta moción.
Concluido este término de fijación de posición, voy a fijar nuestra posición en el resto de mociones y dejaré para un punto posterior la apreciación estricta sobre las enmiendas presentadas a nuestra moción. Por lo que se refiere a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el portavoz ha puesto de manifiesto la existencia de una gran cantidad de enmiendas que no van a aceptar.
Por ahí no va a ser posible un acuerdo, y aunque es cierto que en algunos aspectos coincide la posición, en otros no.
Voy a centrarme ahora en la siguiente posición, aunque debo confesarles que tengo un pequeño lío, porque la moción que se ha presentado lo ha sido por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero ha sido anunciado hace un rato que esta moción ha sido ya pactada con el Partido Popular. Por lo tanto, no sé si referirme al inicio de la moción o al resultado del pacto. Pues mitad y mitad. En la práctica, esta moción sólo incluye medidas fiscales. Lo he dicho antes: algunas son afortunadas, creo que son insuficientes y mal delimitadas pueden llegar a ser injustas por no identificar correctamente a los perjudicados por el aumento del precio del petróleo. Además de esa insuficiencia, tienen algunas trampas. Voy a ello.
Previsiblemente, teniendo en cuenta los acuerdos políticos existentes, va aprobarse esta tarde lo de las cooperativas y la venta a terceros no socios. Han introducido la venta de cooperativas; lo de terceros aparece en declaraciones a agencias de uno de los acordantes; lo de no socios, en ninguna. Sean claros: ¿van a poder vender las cooperativas a no socios o no? Todavía están a tiempo de enmendar. Punto cinco. Hablan del Servicio de Defensa de la Competencia y de dar cumplimiento al Real Decreto-ley de medidas urgentes. ¿Todavía dos meses después no han dado cumplimiento a las medidas urgentes aprobadas el 23 de junio? Suena poco creíble.
Incrementar las actuaciones urgentes de vigilancia sobre el comportamiento de los operadores del mercado de la distribución de hidrocarburos, bla, bla, bla. Lo de antes lo han probado en Alemania.
Es muy ortodoxo. En Estados Unidos y en Alemania, es una línea mayoritaria en la Unión Europea. Denles poder y autonomía a los órganos encargados de velar por la competencia. No se asusten con las medidas que propone el Grupo Socialista, son unas medidas moderadas.
Miren si son moderadas -voy acabando, señor presidente- que no llegan al extremo de algunas propuestas que ha formulado algún que otro grupo parlamentario del Partido Popular en algún que otro rincón de la geografía española. Les voy a leer: «El Parlamento insta al Gobierno a que, a los efectos de romper la situación casi monopolística del mercado de hidrocarburos en nuestra comunidad autónoma, declare de utilidad pública y se expropien las instalaciones de descarga y almacenamiento existentes en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, a fin de garantizar de esta manera una mayor transparencia en el mercado y una efectiva competencia en las Islas Baleares.» Esa es una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de las Islas Baleares el 30 de mayo, que no fue aprobada porque hay un Gobierno razonable. De todos modos, una última pregunta en el alero: después de las proclamas de su presidente sobre la vigencia del Partido Popular como único partido con un mensaje común en España, ¿debemos pensar que esta moción llegará también al Parlamento español? Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel.
Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señoras y señores diputados, el pasado miércoles mi grupo parlamentario presentó una interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para atenuar los costes sobre los sectores agrario, pesquero y del transporte, derivados del continuado aumento del precio de los carburantes. Me corresponde en este momento detallar la fundamentación de la moción presentada por mi grupo el pasado miércoles.
Ala hora de plantear esta argumentación, me he propuesto el intentar, en primer lugar, no repetir la avalancha de cifras y datos que expresan la preocupante situación generada por la evolución al alza de los precios de los hidrocarburos. Y el propósito se debe a que en esta Cámara ya se ha analizado y expuesto repetidamente la coyuntura generada por esta circunstancia y el impacto

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económico que ello ha provocado en la evolución de la inflación, en el bolsillo de los particulares y en los resultados y márgenes de determinados sectores productivos, fundamentalmente el sector agrario, el sector pesquero y el sector transporte por carretera.
Entiendo que es especialmente destacable el detalle aportado por mi compañero de grupo parlamentario, Ramón Companys, en la interpelación debatida el pasado miércoles. Pero aun cuando las cifras hayan sido profusamente expuestas en diversas intervenciones ya producidas en esta Cámara, lo cierto es que la realidad no deja de proyectar sombras de preocupación sobre la situación ya existente. Así, a día de ayer el euro marcó nuevos mínimos respecto del dólar, acercándose a la barrera de 200 pesetas frente al dólar, y el precio del barril de crudo brent ayer cotizó prácticamente a 135 dólares, lamentablemente espoleado por un nuevo factor negativo como es el de las discrepancias entre Irak y Kuwait respecto de la territorialidad de determinados yacimientos explotados por este último país.
Junto a estos datos económicos, en las últimas fechas se han empezado a registrar, en descorazonador paralelismo con lo que está ocurriendo en otros estados europeos, movimientos y manifestaciones de los sectores económicos y sociales más afectados por las circunstancias descritas. Entre ayer y hoy se han realizado actos de protesta en Barcelona, Castellón, Vinaroz, Salamanca y un largo etcétera. Ante esta situación, resulta evidente que sólo cabe seguir dos caminos absolutamente complementarios e inseparables: diálogo con los sectores más afectados y concreción en las medidas que se sugieran y que deban adoptarse en el marco de las concretas políticas económicas a instancias de esta Cámara y por decisión del Gobierno. Pero antes de pasar a esta cuestión y al contenido concreto de la moción presentada por mi grupo parlamentario, no quiero dejar de hacer referencia a que, siendo cierto este análisis particular, singular y específico de la situación económica generada por la evolución del precio del crudo y de la cotización del euro, que es ciertamente preocupante, ello no debe dar lugar a tener una valoración negativa en conjunto de la economía española ni de la economía en general de la zona euro; máxime si se tiene en cuenta además que el balance global sigue siendo positivo pese a que, en una nota recientemente elaborada por la Comisión Europea, la economía española es la más expuesta, junto con la belga y la portuguesa, al incremento de los precios del crudo en los mercados internacionales. Pero lo cierto es que la valoración económica global sigue siendo positiva, y así lo ha ratificado recientemente el Instituto para la Economía Mundial de Kiel con las previsiones sobre crecimiento económico en la zona euro y sobre creación de empleo. Por tanto, siendo negativamente impactante la subida del precio del crudo en los mercados internacionales, el balance económico global sigue presentando un aspecto positivo.
Pese a este balance económico global, lo cierto es que no puede volverse la espalda a la indiscutible circunstancia de que hay personas que lo pasan mal; hay colectivos y sectores específicos que lo están pasando realmente mal. A estas personas poco les vale que hagamos un balance global de la economía con carácter positivo si día a día están sufriendo las consecuencias negativas de la disminución de renta disponible por la evolución al alza del precio de los carburantes. Hay que dar cumplida respuesta a estas personas que sufren y hay que dar cumplida respuesta de manera realista, combinando siempre la perspectiva de la evolución económica a corto plazo con la evolución a largo plazo; es decir, con responsabilidad.
Sólo a través del diálogo pueden los poderes públicos tomar una conciencia real de las necesidades y las urgencias que tienen los particulares afectados. En caso contrario, las medidas que se adopten sin diálogo, sin profuso diálogo, pueden ser perfectas en lo abstracto pero absolutamente ineficaces para sus destinatarios.
A esta necesidad de sugerir medidas concretas responde el contenido de la moción que estoy ahora defendiendo en esta Cámara en nombre de mi grupo parlamentario. Le diría al señor Bel que, como a mi grupo parlamentario lo que más le preocupa es que las medidas que se sugieran sean eficaces y sean aprobadas y la aritmética parlamentaria es la que es, nos hemos preocupado muy mucho de que no queden en un ejercicio de retórica verbal, sino que sean aprobadas finalmente por el Pleno de la Cámara. Esto es lo que interesa: dar soluciones a los ciudadanos afectados por la evolución de precios.
Las medidas concretas se articulan en los siguientes bloques: en primer lugar, rebaja de la fiscalidad que soportan los sectores más afectados por la subida del precio del crudo, fundamentalmente para aquellas empresas de dimensión más reducida cuyos márgenes y resultados acusan en mayor medida el alza en el precio de los carburantes. Este objetivo debe lograrse reduciendo la tributación en el ámbito del IRPF a las personas que contribuyen en este impuesto en virtud del régimen de estimación objetiva por módulos -agricultores, pescadores y transportistas- y reduciendo también la factura fiscal del impuesto sobre el valor añadido por aplicación del régimen simplificado de dicho impuesto. También debe aumentarse -y esto es muy importante- la compensación prevista en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, que en la actualidad, y como consecuencia de sucesivas iniciativas de mi grupo parlamentario en el pasado, aumentó hasta el cinco por ciento; entendemos que, habida cuenta de la evolución del coste de las materias primas y de los input energéticos para los sectores agrícolas, debería aumentarse hasta una compensación cifrada en torno al siete por ciento. Con ello se conseguirá compensar la pérdida de renta disponible que el encarecimiento del gasóleo va a generar en los sectores

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referenciados. Con la rebaja de impuestos propuesta tiene que compensarse la pérdida de renta que en la actualidad se está produciendo. Es significativo traer a colación una cifra aportada por las organizaciones profesionales agrarias, que estiman que la pérdida de renta disponible que puede producirse durante este año como consecuencia de estas circunstancias puede alcanzar un nivel próximo al 10 por ciento, cifra realmente preocupante.


En segundo lugar -segundo bloque de medidas- quiero referirme a la tan deseada transparencia y mejora de la competencia en el sector de los carburantes. Les recuerdo que mi grupo valoró positivamente las medidas liberalizadoras que el Gobierno adoptó y esta Cámara convalidó el pasado mes de junio en relación con la distribución de carburantes. Es un acierto desde una óptica conceptual apostar, por ejemplo, por la apertura de puntos de venta de combustible en las grandes superficies, máxime si se atiende a la experiencia derivada de lo ocurrido al respecto en otros Estados de la Unión Europea; pero tales medidas no pueden constituir un punto final, sino una coma o, a lo sumo, un punto y seguido. La vigilancia de la transparencia del mercado de distribución de carburantes debe ser continua y permanente, una labor constante. Por ello proponemos reforzar los órganos e instituciones que se encargan de velar por la correcta competencia en este tipo de mercados de nuestra geografía; concretamente, reforzar el Servicio de Defensa de la Competencia.
Llegados a este punto, debemos tener en cuenta un hecho a mi juicio muy importante. Es cierto que las empresas petroleras ganan dinero, pero lo ganan las que producen y distribuyen -las que producen, esencialmente-; las que sólo distribuyen ganan poco dinero hoy en día. Lo cierto es que sería preocupante a medio plazo, desde la óptica de la competencia, que las que sólo hacen distribución se vieran expulsadas del mercado de forma irregular por las productoras y distribuidoras; de forma irregular desde el punto de vista de la competencia. El consumidor, a medio plazo, se resentiría de una evolución del mercado de este tenor que espero que efectivamente no se produzca; se habría producido un empeoramiento de su situación.
En tercer lugar, deben removerse aquellos obstáculos normativos que impiden en la actualidad la libre distribución de carburantes a terceros no socios -creo que es una medida en la que hay un amplio consenso en esta Cámara- por parte de las cooperativas agrarias, pesqueras y de transporte, garantizando las condiciones de seguridad homogéneas en las mismas. Debe recordarse que en 1992, a partir del desmantelamiento del monopolio de Campsa, desde el propio Gobierno se instó a que estas entidades, que hasta el momento se habían limitado a distribuir gasóleo entre sus socios, se incorporaran plenamente en el mercado de distribución minorista de combustibles y carburantes.
Sin embargo, la Ley 34/1998, la Ley vigente sobre hidrocarburos, en su disposición adicional decimoquinta establece que la labor distribuidora con terceros no socios sólo podrá llevarse a cabo en virtud de la constitución de una sociedad con personalidad jurídica separada y distinta de la propia cooperativa, lo que de hecho ha supuesto un obstáculo poco entendible, poco explicable para que este tipo de entidades participe en la distribución al pormenor de carburantes. Y digo que es poco explicable porque la justificación de esta adicional decimoquinta es por razones del régimen fiscal privilegiado para este tipo de cooperativas, pero todos sabemos que este tipo de entidades tienen que llevar una contabilidad y cuenta de resultados separada a efectos fiscales para que no se aplique el régimen fiscal privilegiado a las operaciones que realizan con quienes no son sus socios, con lo cual podríamos remover este obstáculo que dificulta esta distribución al pormenor de carburantes por parte de estas entidades y nada aporta desde el punto de vista del rigor fiscal y de la aplicación de la normativa vigente. Máxime si tenemos en cuenta que el artículo 43 de la citada Ley de hidrocarburos establece que la actividad de distribución al pormenor de carburantes y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física y jurídica. Levantemos estas barreras y favorezcamos la competencia en el sector.
En cuarto lugar, debe incentivarse el uso de biocarburantes mediante la opción de medidas fiscales al respecto. Los biocarburantes definidos en la adicional decimosexta de la Ley de hidrocarburos vigente deben ser objeto de potenciación por suponer una alternativa siquiera reducida, en estado embrionario, a la fuerte dependencia de los productos petrolíferos, y esta circunstancia es especialmente importante en España, ya que se trata del cuarto mayor importador de crudo de Europa detrás de Alemania, Francia e Italia, importando más de cuatro millones de barriles diarios en marzo, de los que 833.000 procedían de la OPEP.
En último lugar, y última medida sugerida en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, ¿qué sucede si esta compleja y dolorosa situación se mantiene, qué sucede si los sectores afectados no ven compensada de manera eficaz su pérdida de renta en virtud de las medidas propuestas, situación que esperemos que no se produzca, pero qué ocurriría en tal caso? Sucederá que deberán explorarse otros caminos, deberán explorarse otras vías desde la óptica de la responsabilidad política.
Lo cierto es que el resto de medidas que pueden tomarse, máxime si hacen referencia a la imposición especial sobre hidrocarburos, no puede -y es la posición de mi grupo parlamentario- tomarlas España de manera unilateral, prescindiendo de las decisiones o de las opiniones que puedan tener al respecto sus socios comunitarios. Es decir, que si la situación se agravase de forma que determinados sectores se vieran sometidos a mayores tensiones en relación al coste de sus

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inputs energéticos, es posible que lleguemos a la conclusión de que deben plantearse rebajas selectivas por categorías de consumidores profesionales de la imposición especial sobre los hidrocarburos, solución que, por cierto, apuntó recientemente la comisaria de Energía de la Unión Europea en una entrevista publicada en un determinado medio de comunicación diario. Se trata de una posibilidad que no daría lugar a un incremento en el consumo de carburantes a corto plazo, y aquí coincido con la intervención del señor Bel, del Grupo Parlamentario Socialista, porque la demanda de estos sectores a la evolución del precio no es elástica, con lo cual no se producirían los riesgos apuntados desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Gobierno de que con una rebaja de la imposición sobre los carburantes se vería incentivado de forma perniciosa el consumo del carburante, porque se trata de rebajas para categorías de consumidores profesionales, insisto, opción propuesta o apuntada incluso por la comisaria de la Energía en el ámbito de la Unión Europea.Pero, insisto, estas medidas no pueden tomarse de manera unilateral por el Gobierno español, por el Parlamento español, no pueden tomarse si no es en un marco de acuerdos, si no es en un marco de consenso con el resto de Estados de la Unión Europea, porque si no el mensaje que se estaría mandando a los países productores de petróleo es ciertamente pernicioso. El mensaje sería de interpretación inequívoca: Sigan ustedes en los actuales niveles de producción que ya trasladaremos las pérdidas de bienestar y de riqueza económica a nuestros consumidores en los países consumidores. Desde un punto de vista de responsabilidad política internacional esto no puede y no debe hacerse.
Por tanto, simplemente a efectos de fijar la posición de mi grupo respecto a estas hipotéticas rebajas de la imposición especial sobre hidrocarburos para categorías concretas de consumidores profesionales, diré que, en primer lugar, debemos explotar las medidas que sugiere la moción que hoy votamos en esta Cámara; si la situación se alargara deberían explorarse otras medidas, siempre y cuando fuera en un marco de acuerdo con el resto de Estado de la Unión Europea y nunca de manera unilateral por parte del Estado español. Qué duda cabe que para plantear cualesquiera otras medidas que hicieran falta si la situación actualmente existente se prolongara el próximo Ecofin del 29 de septiembre es un buen momento para explorar opiniones y posibles consensos con otros Estados miembros de la Unión Europea. Este es el sentido del quinto punto de la moción que hoy debatimos. Lo contrario sería exigir a los sector afectados esfuerzos que no son, desde un punto de vista social, mínimamente exigibles ni presentables.


Para acabar, quisiera decir que mi grupo parlamentario aceptará la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por entender que refleja una sintonía sobre el análisis de la situación económica actual y una sintonía respecto a las recetas económicas que deben proponerse y articularse de manera concreta para salir al paso de la preocupante situación que determinados sectores del ámbito económico y social están padeciendo.
Nada más. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Padrol.
Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Popular.Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevísimanente para dejar paso a la señora Lasagabaster.
El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas. La primera de ellas se incardina a corto plazo dentro de la política del Gobierno, para que tenga cuando menos la opinión de los grupos parlamentarios de la Cámara, respecto de la revisión del precio de la bombona de butano que, como saben todos ustedes, se estableció por el Real Decreto de 1999 con un IVA del 7 por ciento, con cero de impuesto especial y, por tanto, manteniendo un precio de 1.115 pesetas. Se trata de que cualquier subida que se pueda realizar a partir del mes de octubre no supere el índice de precios al consumo, que es la manera de que no contribuyamos a una mayor inflación, sobre todo para beneficiar a los hogares más desfavorecidos.
La segunda tiene una importancia estratégica de mayor alcance, pero sin duda está relacionada con el problema de fondo que estamos discutiendo, y es que si bien en el año 1997, con la crisis asiática, la demanda de petróleo disminuyó alarmantemente, ahora no es así, estamos en un ciclo expansivo de las economías y por tanto sería muy positivo que Irak pudiese contribuir con su crudo a una oferta en el mercado internacional, lo que sería beneficioso para los países industrializados. No es un criterio exclusivo del Bloque Nacionalista Galego, presidentes de organismos públicos de Estados de la Unión Europea así lo han manifestado, e incluso, para que no sea piedra de escándalo desde el punto de vista político, diré que el señor Fraga Iribarne se declaró favorable a tal medida, ejerciendo incluso como presidente de la Xunta de Galicia y para justificar en todo caso la impotencia del Gobierno del Partido Popular de no poder actuar con entera capacidad de maniobra en un contexto internacional tan condicionado. En todo caso, comprendemos que es una medida de carácter económico que tiene sin duda colaterales connotaciones políticas, pero pensamos que es el momento oportuno de defenderlo.
Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
También intervendré brevemente. Es poco habitual que se presenten interpelaciones que coincidan en sus objetivos y creo que también es poco habitual, por desgracia, que ciertamente coincida lo que estamos hablando aquí con lo que están manifestando los ciudadanos. En este caso, la coincidencia hace referencia a la situación realmente problemática a la que se enfrentan muchos de los sectores productivos como los que se citan: agrícola, pesquero y de transporte, y realmente es una situación de efectos negativos que hay que afrontar.
En este caso es sintomática esa coincidencia en interpelaciones, en la realidad desgraciada de sus efectos negativos y en la necesidad de establecer medidas como las que aquí se proponen.
Estamos de acuerdo con las mociones originales presentadas por los grupos. Podríamos haber hecho algunas puntualizaciones como, por ejemplo, en el caso de la propuesta de Izquierda Unida, establecer un mayor número de medidas destinadas a posibilitar una verdadera competencia entre las empresas petroleras. Estamos de acuerdo en todas las medidas a que se hacen referencia en el punto 3 de la propuesta. En las demás propuestas podríamos matizar, incidir en la forma de articularse otras medidas como las que se proponen en el Estado francés relativas al impuesto sobre sociedades o en el caso del proyecto de real decreto de deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, que parece que todavía no está en marcha. Es decir, tenemos matices que hacer pero en definitiva estamos de acuerdo con las mociones originales aquí presentadas porque al menos tratan de ver cómo se pueden paliar esos efectos negativos.
El porqué de nuestras enmiendas, que anuncio ya que vamos a retirar, después de haber conversado con dos de los ponentes de estas mociones, es que aunque todos deberíamos ser conscientes de cuáles son las competencias de cada Administración en materia tributaria o de Hacienda, a veces hay que hacer recordatorios para que no haya solapamientos de competencias que afectan a una u otra Administración. Queríamos recordar esa especificidad, ese hecho diferencial que tienen por razón del Convenio de Navarra o del Concierto en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Somos conscientes de que son diferentes competencias, puede haber solapamientos pero, en todo caso, queríamos hacer el recordatorio. Hemos hablado con los ponentes, no con todos -y me disculpo con el ponente portavoz de Izquierda Unida-, y son conscientes de que hay que tener muy clara esa diferencia de competencias. Creemos que como recordatorio valía, pero no tenemos ningún inconveniente en retirarlas en este momento. Por tanto, retiramos nuestras enmiendas a las tres mociones y apoyaremos las mociones originales que se han presentado en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gámir.


El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, voy a utilizar este turno para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de las tres mociones presentadas y simultáneamente defender las enmiendas de nuestro grupo parlamentario. En teoría, dispondría de quince minutos, pero, debido a la hora, intentaré ser ligeramente más breve.
En cuanto a la moción de Izquierda Unida, desde el mayor respeto, existe la mayor discrepancia. Además, es lógico, desde principios ideológicos distintos es normal que se desarrollen posiciones diferentes, y esto ocurre a lo largo de esta moción, tanto en su parte técnica y económica como que si desde el Partido Popular se hubiera redactado una frase sobre el problema de Irak se hubiera hecho de manera distinta. Insisto, desde el mayor respeto, simultáneamente, la mayor discrepancia, lo cual es normal.
Respecto al Grupo Socialista, desde su cambio de dirección, viene diciendo que ya está preparado para gobernar; está preparado para gobernar, sin duda. Lo creo y lo respeto. Pero supongamos que el Partido Socialista hubiera estado en el Gobierno durante los primeros quince días del mes de septiembre. Supongamos que al gobernar hubiera utilizado para expresar sus ideas, en lugar de la prensa o los medios de comunicación, el Boletín Oficial del Estado. Un partido en el Gobierno puede utilizar el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué hubiera ocurrido? El día 1 hubiera aparecido en el Boletín Oficial del Estado: Se rebaja el impuesto relacionado con la gasolina en seis pesetas. Me imagino que el día 2 hubiera aparecido en el Boletín Oficial del Estado: Se copia a Francia en la colocación de un impuesto especial para las petroleras que sirve para financiar la disminución de impuestos relacionados con el gasóleo y con las gasolinas. Cuidado, aquí hay un problema técnico. Francia no es que pusiera un impuesto a las petroleras. No, vamos a ver. Había un problema de tipo técnico-fiscal: determinados fondos -provisiones- podían ser utilizados sin gravamen por las petroleras francesas y esos fondos los eliminó Francia, con lo cual lo que hizo Francia fue ajustarse a la posición española. Luego técnicamente es difícil decir que Francia lo que hizo fue poner un impuesto sobre las petroleras que debiéramos copiar en España cuando Francia lo que quitó fue una deducción fiscal que no existía en España. Pero aquello fue lo del día 2 de septiembre.
Sigamos a lo largo de este mes. El día 10 de septiembre el secretario general, en uno de los diarios de mayor difusión de este país, dice dos cosas: que hay que disminuir

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ya los impuestos sobre el gasóleo y, en cierto plazo, sobre la gasolina. El día 13 de septiembre. Perdón, día 13 de septiembre ¿a qué hora? ¿Día 13 de septiembre a las 4,30 horas de la tarde? El día 13 de septiembre a las 4,30 horas de la tarde el secretario general, en un debate sobre el tema de los precios del petróleo, no hace mención en absoluto a los impuestos sobre los hidrocarburos. A las 7,30 horas de la tarde del mismo día, el portavoz económico del Partido Socialista dice que hace falta reducir los impuestos transitoriamente. Vale. Postura número 5. Supongamos que hubiera estado en el Gobierno y que todo aquello hubiera ido apareciendo, en vez de en la prensa, en el Boletín Oficial del Estado. Hubiéramos tenido que crear un sistema especial de fe de erratas realmente importante o hubiera tenido que plantearse un sistema de normas que van cambiando la anterior. Gobernar es decidir, pero es decidir con una coherencia continuada en el tiempo.
Pero hablemos ahora de la última propuesta de este impuesto transitorio, que cuando suben los precios se bajan los impuestos y al revés. ¿Tiene algún problema esta propuesta? Quizá alguno se preguntara: el PSOE gobernaba cuando la crisis del Golfo Pérsico y entonces subieron los precios y además parecía que era transitorio.
¿Entonces bajó los impuestos? No bajó los impuestos, al contrario, si acaso, los subió y criticó duramente al franquismo de 1973 que bajó impuestos. En España además las cosas transitorias tienden a ser bastante permanentes. Porque, además, se dice que los impuestos volverán a subir cuando los precios vuelvan a bajar a niveles adecuados. ¿Cuándo los precios bajan a unos niveles que ya se pueden elevar los impuestos? Si desde el PSOE se ha dicho que ahora a veces parece que podemos llegar a movernos al son de manifestaciones, manifestaciones y manifestaciones, entonces habrá manifestaciones, manifestaciones y manifestaciones diciendo que no han bajado suficientemente los precios y que no se pueden volver a subir los impuestos. No sé si ése es el mejor sistema de plantear la política fiscal en España.
Pero además de ello, estamos ante una crisis del precio del crudo del petróleo. Desde la Unión Europea -uno de cuyos comisarios se llama Pedro Solbes- se ha dicho que estamos ante una crisis de duración no necesariamente corta, normalmente, y, en todo caso, indeterminada. Si estamos ante una crisis que puede no ser corta, todo lo que se ha dicho sobre elasticidad precio a corto plazo ¿tiene algún sentido? Si esta crisis puede ser a medio plazo, sin duda empieza a jugar la elasticidad precio.
En las filas del PSOE hay personas que son muy conocedoras de economía y saben que juegan y que jugaron bastante a corto plazo las elasticidades precio en 1973-1974. Están los magníficos estudios del Banco de España sobre la forma en que empezaron a jugar las elasticidades precio precisamente cuando la crisis de 1973-1974, cuando el Gobierno franquista bajó impuestos en aquel momento. Pues si es así, si empiezan a jugar y pronto las elasticidades precio y además ante una crisis que puede ser a medio plazo, nos podemos encontrar con que la demanda crezca y de manera importante en relación a lo que crece en Europa por la elasticidad precio, y que las funciones de producción sean mucho más intensivas en energía petrolífera precisamente por esa elasticidad y nos separemos de Europa como nos ocurrió en la crisis de 1973-1974.
En el mundo de los principios, ante situaciones parecidas lo lógico es tomar medidas similares. Luego ¿está acaso diciendo el PSOE que si sube el precio de la materia prima de un producto importante, bajaría el impuesto de ese producto? Porque ante situaciones parecidas, medidas similares. ¿O también está diciendo que si baja bruscamente el precio, por ejemplo, de los ordenadores habría que ponerles un impuesto para que las pymes no se encontraran con que tenían que competir con ordenadores de penúltima generación contra los de última generación? ¿Qué quiere decir todo esto? No pienso que sea oportunismo político, pero se puede interpretar que se quiere decir que no creen en los precios relativos y no creer en los precios relativos es no creer mucho en el mercado.
Me parecía que el PSOE había tenido una evolución en su historia y que hoy era bastante más promercado que hace años. Sin duda del mercado rectificado en los temas de solidaridad y de ecología, aunque en la ecología lo que ocurre es que, si acaso, las medidas propuestas por el PSOE empeorarían la situación ecológica en relación a las medidas propuestas, por ejemplo, por Convergència i Unió y enmendadas por el Partido Popular.
Nos encontramos, pues, con un planteamiento discutible frente al cual el análisis beneficio-coste del planteamiento alternativo que aparece en la moción de Convergència i Unió con las enmiendas del Partido Popular resulta mucho más lógico. En las dos se plantea reducir impuestos, pero en unas se reduce distorsionando el sistema de precios de mercado, haciendo que nos volvamos mucho más vulnerables a los problemas de futuras crisis del petróleo. En la otra se rebajan impuestos, pero dirigiéndolos directamente a incrementar la renta de los sectores afectados, pesca, agricultura, transporte por carretera, autotaxi, etcétera, compensándoles por la crisis del crudo. Luego en los dos casos, con la misma medida, reducción de impuestos, en una la relación instrumentoobjetivo es mucho más adecuada que en la otra.
Esto lo saben perfectamente las personas con conocimientos económicos de las filas del PSOE -que son muchas-.
Pero además esto se haría a través de módulos, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del IVAy de muy distintas medidas fiscales al respecto. Y además de ello se plantean unas medidas de defensa de la competencia. ¿Qué es lo que se plantea con esas medidas? Con toda claridad, cuando se desmontó el monopolio del Estado, el Gobierno del PSOE, en el sentido técnico de la palabra, creó un oligopolio, y ahora lo que se plantea

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es desmontarlo. El PP va a desmontar ese oligopolio -esto es lo que se critica ahora desde el PSOE- y va a desmontarlo, como es lógico, ejecutando los decretosleyes que se aprobaron muy recientemente, pero son medidas estructurales y, al ser medidas estructurales, hace falta un cierto tiempo para su pleno funcionamiento. Pero al mismo tiempo fortalezcamos el Servicio de Defensa de la Competencia, introduzcamos competencia por parte de las cooperativas. Hagamos un ambiente mucho más competitivo que no va en la misma línea de lo que ha dicho algún alto dirigente institucional del PSOE, que ha manifestado que lo que nos ocurre viene de ciertas medidas liberalizadoras tomadas por parte del Partido Popular.
Además de todo esto, la suma de la moción de Convergència i Unió con las enmiendas del Partido Popular posibilitan actuar en la misma línea que Europa y tomar nuevas medidas al mismo tiempo que Europa para no descolgarnos de la política europea, como nos ocurrió en el período 1973-1974 además de apoyar al unísono formas de energía alternativa.
Acabaría diciendo que por parte del secretario general del Partido Socialista se han hecho declaraciones que me parecen muy positivas.
Se ha dicho que en temas de política de Estado hay que llegar a acuerdos, se ha dicho que es bueno que en los temas importantes haya una cierta aproximación entre la oposición y el Gobierno. El Partido Socialista, no en esta intervención, pero sí en otras, ha manifestado que a veces parecía como si tuviéramos que tomar medidas al son de manifestación, manifestación, manifestación. Yo pediría que ideas mencionadas del secretario general del Partido Socialista -por las que le felicito- se convirtieran en el lenguaje de los hechos, que se haga política de Estado y se apoye al Gobierno del Partido Popular y a la moción de Convergència i Unió con las enmiendas del Partido Popular, para que se tomen las medidas necesarias en vez de al son de manifestación, manifestación, manifestación, al son de diálogo, diálogo, diálogo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Gamir.
En turno de aceptación o de rechazo de las enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra el señor Centella, del Grupo de Izquierda Unida.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Tomo la palabra, como ya dije en mi intervención, para decir que no aceptamos ninguna de las enmiendas presentadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias.
El señor Bel tiene la palabra por el Grupo Socialista.


El señor BEL I QUERALT: Señor Gámir, a veces parecía usted comentar la propuesta de rebaja de impuestos especiales que hizo el PP en 1991, porque usted no se ha referido a la intervención de hoy ni a la moción que ha presentado...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Bel, le recuerdo que el turno de palabra es para aceptar o rechazar las enmiendas que se han presentado a la moción que usted ha defendido.


El señor BEL I QUERALT: Gracias.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, este grupo acepta la primera enmienda y no acepta la segunda. Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas y retiradas por Eusko Alkartasuna, este grupo agradece la retirada e indica que el espíritu de la enmienda estaba implícito en la moción.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Bel.
¿Señor Padrol?

El señor PADROL I MUNTÉ: Como he indicado en la tribuna, aceptamos la enmienda del Partido Popular y rechazamos el resto de enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Vamos a proceder a la votación de las tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes que se acaban de debatir y lo haremos de manera separada.
En primer lugar, procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, cuyo proponente no ha aceptado ninguna de las enmiendas que aquí se han debatido.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, siete; en contra, 270; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada.
A continuación votaremos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la enmienda del Grupo Mixto que ha aceptado el proponente, la primera que presentó el señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 103; en contra, 171; abstenciones, siete.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada.
Procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

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Unió), con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha aceptado el proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 170; en contra, 108; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.

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