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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 12, de 13/06/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 12

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 12

celebrada el martes, 13 de junio de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 1-1, de 19 de abril de 2000. (Número de expediente 125/000001.) . . . (Página 449)

Modificación del orden del día . . . (Página 460)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de menores (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 6-1, de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000002.) . . . (Página 460)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 75-1, de 9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000066.) . . .
(Página 460)

Página 444


Propuesta de designación del Defensor del Pueblo:

- Propuesta de designación del Defensor del Pueblo. (Número de expediente 262/000001.) . . . (Página 469)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 25, de 5 de junio de 2000.
(Número de expediente 162/000045.) . . . (Página 469)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de hidrocarburos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 25, de 5 de junio de 2000. (Número de expediente 162/000044.) . . .
(Página 470)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 25, de 5 de junio de 2000. (Número de expediente 162/000049.) . . . (Página 470)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado ante las graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10 de junio de 2000. (Número de expediente 162/000070.) . . . (Página 477)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2000 en Cataluña. (Número de expediente 162/000071.) . . . (Página 477)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al plan de medidas inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado 10 de junio de 2000. (Número de expediente 162/000072.) . . . (Página 477)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sáhara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional.
(Número de expediente 173/000007.) . . . (Página 484)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medidas que, en su caso, piensa adoptar el Gobierno. (Número de expediente 173/000008.) . . .
(Página 491)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas . . . (Página 449)

Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial . . . (Página 449)

Presentan la iniciativa, en nombre y por delegación del Parlamento de Cataluña, los señores Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; Masllorens i Escubós, del Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi, y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal

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de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña por la que se modifica la Ley Orgánica 6/ 1985, del Poder Judicial, se rechaza por 142 votos a favor, 168 en contra y 11 abstenciones.


Modificación del orden del día . . . (Página 460)

La señora presidenta, conforme al artículo 68. 1. del Reglamento, y considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que figura como punto 8, se sustituya por otra del mismo grupo parlamentario sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración general del Estado ante las graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10 de junio del presente año y que, asimismo, se debata acumuladamente con las presentadas por los grupos parlamentarios Popular y Socialista sobre el mismo tema, lo que se acuerda por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 460)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de menores (Orgánica) . . (Página 460)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar (Orgánica) . . . (Página 460)

Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, la señora Alberdi Alonso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Recuerda que la proposición de ley que hoy se presenta ya fue objeto de debate en la anterior legislatura y, entonces, todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se tramitaran las distintas iniciativas, a pesar de las discrepancias que existían en cuanto a la forma de abordar el problema. Explica que las dos proposiciones de ley que se presentaron en diciembre de 1999 por los grupos parlamentarios Popular y Socialista perseguían dotar al sistema jurídico de un instrumento eficaz para combatir la sustracción o retención ilícita de menores, aunque lo hacían con planteamientos distintos. Explica el sentido de la proposición de ley de su grupo, reiterando que la tipificación de la sustracción de menores como delito autónomo es necesaria y va a posibilitar una persecución eficaz de estas conductas en el plano nacional, pero también, y muy especialmente, en el plano internacional, para poder llevar a cabo la expedición de órdenes de detención internacional y también las peticiones de extradición. Finalmente anuncia su voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, sin perjuicio de las enmiendas que puedan presentar.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, la señora Barrios Curbelo. Explana el contenido de la proposición de ley que insta a la modificación del Código Penal en el sentido de tipificar específicamente el secuestro que llevan a cabo determinados familiares respecto de sus hijos o nietos, basándose en una crisis familiar, y fija la posición de su grupo en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Anuncia que su grupo votará a favor y solicita de la Cámara el apoyo para la toma en consideración de las dos propuestas.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de menores, se aprueba por 325 votos a favor.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código

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Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar, se aprueba por 324 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Propuesta de designación del Defensor del Pueblo . . . (Página 469)

El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura a la propuesta formulada por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.


Se procede a la votación nominal secreta y por papeletas.


Terminada la votación y efectuado el escrutinio, dio el siguiente resultado: votos emitidos 326; a favor de la propuesta 306; en contra, 11; en blanco, ocho; nulos, uno. Queda designado Defensor del Pueblo don Enrique Múgica Herzog al haber obtenido una votación superior a los tres quintos de la Cámara.


Proposiciones no de Ley . . . (Página 469)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos . . .
(Página 469)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de hidrocarburos . . . (Página 470)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes . . .
(Página 470)

Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista la señora Mendizábal Gorostiaga. Opina que las numerosas subidas del precio de los carburantes en lo que va de año inciden de una manera generalizada sobre la capacidad de compra de la mayoría de los consumidores y usuarios, problema que se viene planteando de manera reiterada y en el que incide indudablemente el precio del crudo y la evolución de la paridad del euro, pero esto no puede servir en ningún caso para eludir la responsabilidad del Gobierno y su capacidad para influir, a través de una serie de medidas concretas, en la aceleración de un proceso de liberalización que -según su opinión-se encuentra francamente frenado por una Ley de Hidrocarburos que resulta claramente insuficiente y que mantiene una estructura oligopolística del sector de carburantes.
Pasa a explicar el contenido de su proposición no de ley y la posición de su grupo en relación con las otras dos proposiciones no de ley presentadas.


La señora Pisonero Ruiz defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de hidrocarburos, ofreciendo, en primer lugar, la voluntad de su grupo de llegar al máximo consenso posible, sin escuchar las acusaciones de esquizofrenia, irresponsabilidad o falta de diligencia efectuadas por la señora portavoz del Grupo Socialista en su intervención anterior.
El Grupo Popular considera que la solución a la subida de los carburantes ha de ser general para todos los consumidores y no sólo para colectivos concretos y que se ha de incidir en las causas en las que se puede actuar y no en los factores que son exógenos, apostando por una mayor competencia y liberalización del sector. Explica las medidas propuestas en su proposición no de ley, que enmienda la aprobada hace dos semanas, con el objetivo de establecer unos puntos básicos con los que el Gobierno pueda empezar a trabajar en las medidas a adoptar.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Centella Gómez en defensa de la proposición no de ley sobre medidas para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes. Considera que es un debate importante porque contempla un problema serio que está afectando muy directamente al bolsillo de los consumidores y a la economía del país. Es necesario, opina, llegar a acuerdos eficaces y creíbles por el ciudadano, que frenen la subida ilógica de los precios de los carburantes, subida que su grupo achaca al fracaso de la política de liberalización del Partido Popular, independientemente de la subida del precio del crudo y de la depreciación del euro. Explica las medidas que propone su proposición no de ley, refiriéndose en especial al establecimiento de una ecotasa, que persigue que el dinero que se recauda a través de los impuestos sobre la gasolina y otros productos se invierta en actuaciones eficaces a la hora de reducir los efectos de la contaminación provocada por el exceso de vehículos en la vía pública.
Por último, manifiesta que es difícil llegar al consenso que pide el Partido Popular si el Gobierno sigue apostando por el liberalismo.


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En defensa de las enmiendas presentadas a estas proposiciones no de ley intervienen los señores Vázquez Vázquez y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.


A los solos efectos de expresar la aceptación o el rechazo de la enmiendas presentadas intervienen las señoras Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialist; Pisonero Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos, en los propios términos en que ha sido planteada, al no haber sido aceptadas por el grupo proponente las enmiendas presentadas a la misma, se rechaza por 132 votos a favor y 179 en contra.


Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mercado de hidrocarburos con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se aprueba por 185 votos a favor, 118 en contra y seis abstenciones.


Sometida a votación, por último, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para hacer frente al crecimiento de los precios de los carburantes, en sus propios términos por cuanto no ha sido admitida la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se rechaza por 128 votos a favor y 180 en contra.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado ante las graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10 de junio de 2000 . . . (Página 477)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2000 en Cataluña . . . (Página 477)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al plan de medidas inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado 10 de junio de 2000 . . . (Página 477)

Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sedó i Marsal. Alude en primer lugar al cambio efectuado en el orden del día en relación con la proposición no de ley que tenían presentada sobre la seguridad del túnel de Vielha y la construcción de un nuevo túnel y manifiesta que las lluvias torrenciales acaecidas en la madrugada del pasado día 10 en los alrededores de Montserrat y de El Vendrell, que dieron lugar a grandes pérdidas económicas y, lo que es más importante, a pérdidas humanas, alteran la prioridad de su grupo en cuanto a los temas a tratar en el Pleno de hoy y justifican su petición de modificación del orden del día. Su proposición no de ley va dirigida a paliar los efectos de dichas tormentas y explica las medidas que proponen al efecto.


En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2 en Cataluña, interviene el señor Sanz Palacio. Considera que la magnitud y el alcance de estas lluvias requieren una respuesta inmediata de los poderes públicos para restablecer la normalidad en las zonas y sectores afectados, siendo necesaria la adopción de distintas medidas por parte del Gobierno, con la debida coordinación con otras administraciones competentes, y pasa a dar lectura a un texto refundido de las tres proposiciones no de ley presentadas al efecto, al que se ha llegado después de dialogar con otros grupos políticos, especialmente con Convergència i Unió, y que somete a la consideración de la Cámara.


En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al plan de medidas inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado 10 de junio de 2000, interviene la señora Cunillera i Mestres. Explica el contenido de su proposición no de ley y recuerda que es importante no olvidarse de los pequeños pueblos y de sus habitantes que no han tenido tanta repercusión en los medios de comunicación, pero que han sufrido considerables pérdidas.
Solicita el voto favorable de la Cámara porque considera que la iniciativa de su grupo postula un planteamiento serio y riguroso de la reacción que desde la Administración se debe

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tener y que es la que esperan los ciudadanos y ciudadanas afectados por las lluvias del pasado día 10, pero que también es buena para los no afectados, que verán con esperanza cómo este Congreso de los Diputados es capaz de pronunciarse con rapidez ante hechos acaecidos hace pocos días. Finalmente anuncia el voto favorable de su grupo a la propuesta que salga finalmente del consenso de todos.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


A los solos efectos de aceptar como enmienda transaccional el texto refundido de las tres iniciativas interviene el señor Sedó i Marsal.


Sometido a votación el texto transaccional que ha sido acordado por los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, Popular y Socialista, se aprueba por 307 votos a favor y uno en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 484)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sáhara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional . . .
(Página 484)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que en la interpelación de la semana pasada su grupo intentó dejar claros los elementos sobre los que era necesario situar la moción que hoy se va a discutir, y lo hacían con firmeza pero con voluntad de consenso. Considera que este debate es necesario, ya que se está intentando desvirtuar la situación del Sáhara Occidental presentándola como una problemática bloqueada ante la imposibilidad de celebrar un referéndum y ante la necesidad de buscar fórmulas intermedias, que no son sino una claudicación de la comunidad internacional ante las presiones de Marruecos, y afirma que, ante esta situación de bloqueo, nuestro país no puede mirar hacia otro lado y tiene la obligación de trabajar de una vez por todas para que los habitantes del Sáhara Occidental puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Explica el contenido concreto de la moción y manifiesta que está convencido de que hoy se conseguirá un acuerdo de la Cámara que hará concebir esperanzas a miles de saharauis que luchan en el desierto y confían en poder decidir libremente sobre su futuro.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Puigcercós i Bioxassa y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Camacho Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que solicita que se dé lectura al párrafo segundo de la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores en la anterior legislatura.


El señor secretario (Mato Adrover) da lectura al párrafo segundo de la proposición no de ley que fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores en la pasada legislatura y que figura en el inicio de la enmienda transaccional que se someterá a votación.


A los solos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Centella Gómez.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sáhara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional, en los términos que han sido expresados por el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en función del acuerdo transaccional que propone a la Cámara, se aprueba por 292 votos a favor y dos abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medidas que, en su caso, piensa adoptar el Gobierno . . . (Página 491)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Bel i Queralt, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que desde el momento en que el Grupo Socialista presentó la interpelación urgente hasta ahora se ha agravado su preocupación por la tasa de inflación en España, al conocerse el dato de que la tasa interanual está por encima del 3 por ciento. Opina que

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el hecho de que el Gobierno no pueda mover los tipos de interés ni el precio del barril de petróleo ni el tipo de cambio entre el euro y el dólar no explica el diferencial de inflación entre España y el resto de la Unión Europea. La moción que presenta su grupo incide sobre las políticas de oferta en España y su contribución a la inflación diferenciada española. Les preocupa, por un lado, promover las condiciones de competencia y, por otro, prevenir los abusos de posición dominante derivados de posiciones de oligopolio o facilidad para acuerdos entre empresas en los mercados. Hace un balance de lo que ha sido la política de liberalización de la economía española de los últimos años y explica los objetivos de carácter genérico que contiene su moción, que son: conseguir reducir los espacios de monopolios subsistentes en España, reducir las posiciones susceptibles de abuso dominante y mejorar los poderes e instrumentos de las instituciones de defensa y promoción de la competencia. Se trata, por tanto, de conseguir mejores condiciones para los consumidores domésticos, mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas, en términos de elección y en términos de precio, y así contribuir a reducir la inflación.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Pisonero Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Bel i Queralt.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medidas que, en su caso, piensa adoptar el Gobierno, en los términos resultantes del debate y de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 107 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones.


Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL (ORGÁNICA).
(Número de expediente 125/000001.)

La señora PRESIDENTA: Comienza la sesión.


Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Proposición de ley del Parlamento de Cataluña, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/ 1985, del Poder Judicial.
En primer lugar y al objeto de presentar la iniciativa, en nombre y por delegación del Parlamento de Cataluña tiene la palabra el diputado señor don Joaquim Ferrer i Roca, que podrá hacer uso de la misma durante cinco minutos, al objeto de que el resto de miembros del Parlamento de Cataluña lo hagan durante otros cinco minutos.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señora presidenta, señorías.


Con frecuencia, señorías y ustedes lo conocen bien, a este hemiciclo llegan iniciativas de los parlamentos autónomos que, en general, son producto de la experiencia y de lo que el Tribunal Constitucional con frecuencia ha denominado dinámica constitucional; son iniciativas que proponen profundizar en el desarrollo del Estado de las autonomías.
Pues bien, la iniciativa que hoy tenemos el honor de presentar ante ustedes es de este talante. Es una proposición de ley orgánica para modificar una Ley orgánica de 1985, del Poder Judicial. Esta Ley de 1985 instituyó, formó cuerpos nacionales para la Administración de justicia, pero unos años después, exactamente una sentencia del Tribunal Constitucional de 1990 matizó aquella decisión del legislador, advirtiendo que la Administración de justicia efectivamente es competencia exclusiva del Estado, pero no así el personal al servicio de la Administración de justicia. Por consiguiente, decía el Tribunal Constitucional, era lógico que ese personal al servicio de la Administración de justicia pudiera organizarse en cada autonomía de las que sí tienen competencias en esta materia. Esto es justamente lo que propone la iniciativa que aprobó el Parlamento catalán el 16 de diciembre de 1998: que el personal al servicio de la Administración de justicia pueda organizarse en cada una de las siete comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia.


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¿Qué objetivos específicos tiene la iniciativa que presentamos hoy en esta Cámara? Fundamentalmente desarrollar unas competencias que están ahí, pero que debido a la actual Ley orgánica del Poder Judicial no han podido ser desarrolladas. Concretamente se propone la reforma de cinco artículos, el 189, el 454, el 455, el 503 y el 504. Son cinco artículos que abren la puerta para que las comunidades autónomas que tienen reconocida la competencia en esta materia puedan organizarla.
Éste es el objetivo fundamental de la iniciativa que hoy presentamos ante ustedes.
Esta iniciativa tiene también otro aspecto, y es la utilización de la lengua propia en aquellas comunidades que sí la tengan reconocida naturalmente, como es el caso en todas las que poseen lengua propia, para que ésta esté presente y sea utilizada por el personal de la Administración de justicia.
En estas últimas décadas, señorías, es evidente que la protección a las lenguas que existen en el Estado español es una realidad, pero también es evidente que el campo de la Administración de justicia ha quedado como una rareza al margen del trato habitual y el reconocimiento de las lenguas propias que existen en el Estado español. En la exposición de motivos de esta iniciativa que presentamos ante ustedes, se dice: La Administración de justicia ha quedado como un reducto aislado, poco permeable a la utilización de las otras lenguas. Por esta razón, la iniciativa propone que se modifique el artículo 471 y se considere un requisito imprescindible del personal al servicio de la Administración de justicia el conocimiento de las dos lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas. Éstas son las características de la iniciativa.
No quiero describir con más detalle esta iniciativa porque se explica de forma muy evidente. Es una necesidad utilizar el autogobierno también en esta materia, es necesario que el personal que presta servicio a la Administración de justicia utilice, si es capaz de utilizarlas, todas las lenguas oficiales en cada comunidad autónoma.
En definitiva, señorías, se trata de una iniciativa para la cual solicitamos su voto favorable. Es la profundización de un aspecto sensible e importante del Estado de las autonomías, que se hace a partir de una experiencia y es de toda lógica que reciba el voto favorable de los grupos parlamentarios.
Por mi parte, en nombre del Grupo de Convergència i Unió que avaló con sus votos en diciembre de 1998 esta proposición de ley, solicito a todos ustedes el voto favorable para ella.
Muchas gracias señora presidenta, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferré.
A continuación, tiene la palabra el diputado señor don Alex Masllorens.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Masllorens i Escubós): Señora presidenta, señoras y señores diputados, debo confesarles que experimento cierta incomodidad ante la posibilidad de que pueda parecerles, a juzgar por uno solo de los artículos del texto de la proposición de ley que hoy defendemos, que el principal problema de la justicia en Cataluña es el de la lengua. Francamente a mí no me lo parece. Otra cuestión distinta, que entiendo debería resolverse cuanto antes en beneficio de todos, es el derecho real del justiciable a dirigirse a la Administración de justicia de su comunidad autónoma en su lengua materna, entendido éste como un derecho vinculado al derecho a la tutela efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución. Creo que ese derecho deberíamos defenderlo no sólo en los parlamentos autonómicos sino también desde esta misma Cámara como exponente de la voluntad del legislador de conseguir una Administración de justicia más próxima al ciudadano -a cada ciudadano y cada ciudadana-, que garantice no sólo la igualdad ante la ley sino también el reconocimiento de la rica diversidad existente en nuestro país.
Si la Administración de justicia merece en general tan poco credibilidad como al parecer merece a la ciudadanía, probablemente sea porque ésta no se siente bien administrada en esta materia. La cuestión de fondo en todo este problema es cómo conseguir la adecuación de la justicia a los tiempos que corren. Cuando tanto se habla de nuevas tecnologías, de sociedad-red, de inmediatez en la transmisión de datos y ejecución de todo tipo de operaciones, no es de recibo, a mi entender, que la Administración de justicia parezca anclada en el pasado en sus métodos y en sus formas pero también en sus resultados.
Creo que ha llegado, señorías, el momento de descentralizar el único poder del Estado que prácticamente no se ha adecuado al modelo autonómico.
La proposición de ley que defendemos en representación del Parlament de Catalunya, es sólo un tímido esbozo de lo que debería ser, a juicio de muchos, una reforma en profundidad de la Administración de justicia en España. Así se ha pronunciado el propio Consejo General del Poder Judicial e incluso, como ya se ha dicho, el Tribunal Constitucional, que en su sentencia salomónica 56/1990 estableció que la gestión del personal al servicio de la Administración de justicia no se integraba en el núcleo estricto de la materia Administración de justicia, sobre el cual el Estado tiene competencia exclusiva de acuerdo con el artículo 149.1.5.a de la Constitución, y que el modelo de cuerpos nacionales posiblemente no sea el único admisible constitucionalmente.


Estamos, pues, por la reforma de la Administración de justicia, pero no en beneficio de una u otra comunidad autónoma, sino en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país, una ciudadanía y un país

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que, a nuestro entender y a estas alturas, no merecen estar sufriendo una justicia como la nuestra. Debemos hacernos eco del clamor popular y poner los medios para conseguir una reforma en profundidad de la justicia. Esta proposición de ley puede ser un primer paso; sin embargo esta reforma deberá pasar, entre otras cosas, por su descentralización y por su acercamiento al ciudadano, pero creo que deberá tener en cuenta también otras muchas cuestiones de fondo y de forma, que en todo caso esperamos haya otras ocasiones para tratar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Masllorens.
A continuación, tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA(Ridao i Martín): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, para juzgar convenientemente tanto el objeto como el alcance de la modificación que hoy se propone de la Ley orgánica del Poder Judicial por un amplio consenso del Parlamento catalán, ya sea por un lado y como se ha dicho la creación de cuerpos autonómicos de funcionarios judiciales (una alternativa, por cierto, se ha dicho reiteradamente, constitucionalmente posible y admisible) y también la atribución al conjunto de comunidades autónomas del pleno control de la oficina judicial, simplificando y dotando de operatividad las actuales atribuciones en materia de personal, en el desarrollo reglamentario del estatuto y régimen jurídico de los funcionarios, en el de la ejecución simple en aspectos como la formación y la selección, los ascensos, la jornada, la provisión de destinos, el régimen disciplinario, etcétera, pero también en un aspecto importante y trascendente como es el de la acreditación del conocimiento de las distintas lenguas oficiales de las comunidades que, como Cataluña, disponen de una lengua y de un derecho propio, evidentemente de entrada debemos situar la cuestión en su adecuado contexto porque lo que hoy se está discutiendo, señorías, básicamente atañe, como se ha dicho ya, a la descentralización de un poder del Estado, el Poder Judicial, único poder que como es sabido no se ajusta al actual modelo de organización territorial del Estado y se mantiene como un auténtico residuo centralista, más propio del pasado. Una descentralización que se plantea hoy, al menos en un aspecto y en uno de sus niveles, como es la asunción y desarrollo por parte de las comunidades autónomas de las competencias relacionadas con la Administración de justicia, lo que la doctrina constitucional ha venido en denominar la administración de la Administración de justicia. Queda pendiente, como ustedes conocen perfectamente, otro aspecto de la descentralización, el de los órganos que integran el Poder Judicial y su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Seguramente este aspecto será un elemento clave en el debate sobre la reforma de la justicia.
Indudablemente, la modificación propuesta contribuiría a hacer de la justicia (cómo no, una de las instituciones que goza en este momento de menor credibilidad y estima entre la ciudadanía) una institución al servicio de las personas más ágil y más eficaz; pero si hay un ámbito que se vería sensiblemente beneficiado por esta reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, éste es el de la utilización de las lenguas oficiales distintas del castellano, el catalán, el euskera y el gallego, que continúa siendo una asignatura pendiente, señorías.
Sin ir más lejos, este mismo fin de semana se divulgaba en Cataluña un estudio realizado por el Consejo Social de la Lengua que no puede ser más elocuente y revela que sólo el 35 por ciento de los juzgados catalanes pueden atender en catalán escrito, que el 8,3 por ciento de los funcionarios entienden catalán, que el 86 por ciento de los jueces nunca redactan una resolución en esta lengua o que el total de las actuaciones escritas oscila entre el 3 y el 5 por ciento; evidentemente, aquí hay un problema.
Sabemos bien que las causas son diversas y largas de enumerar: La inercia de funcionamiento de una Administración atávica, tradicional, la excesiva movilidad del personal, e incluso, si ustedes lo quieren, el desconocimiento de la lengua por parte de muchos operadores jurídicos que intervienen. Lo cierto es que los ciudadanos de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, del conjunto de comunidades autónomas históricas y que disponen de lengua propia tienen unos derechos lingüísticos que consisten en la facultad de poder escoger libremente la lengua en que se quieren relacionar con la Administración de justicia, como usuarios que son de un servicio público. Lo que hace falta es que esos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y que todas las lenguas, todas, sean de uso normal y habitual.
Para acabar señorías, podrá decirse que para conseguir este objetivo es necesaria una actitud favorable del justiciable y de los operadores jurídicos implicados; que hacen falta más recursos presupuestarios, tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas, y que estos sean adecuados, sí; pero evidentemente y sobre todo son necesarios nuevos instrumentos legales como los que hoy se proponen.
Por todo ello, terminando esta intervención y en nombre del conjunto de diputados del Parlamento catalán que han intervenido, queremos solicitar que tomen en consideración esta iniciativa legislativa y que voten favorablemente a la misma.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Ridao. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

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El Grupo Parlamentario Mixto ¿va a repartir el tiempo? (Asentimiento.) Tiene la palabra en primer lugar el señor Aymerich, y la señora Lasagabaster después.


El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que no desvelo ningún secreto al anunciar que el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. No es ningún misterio, no es ninguna sorpresa porque ya en la legislatura anterior el Bloque Nacionalista Galego presentó una proposición de ley de modificación de los artículos 341 y 471 de la Ley orgánica del Poder Judicial, precisamente para garantizar que los jueces, magistrados y los propios presidentes de los tribunales superiores de justicia pudiesen acreditar un conocimiento suficiente de la lengua propia en los concursos de traslados. Aquella proposición de ley del Bloque en la VI Legislatura era más ambiciosa que la que hoy se somete a nuestra consideración.
Es cierto que esta proposición de ley del Parlamento catalán va más allá de la normalización lingüística y pretende aclarar, en la línea de lo aconsejado en el Libro Blanco de la justicia del Consejo General del Poder Judicial, cuál es la virtualidad de las cláusulas subrogatorias de las comunidades autónomas en materia de justicia, y establecer también, en aras de la eficacia, un sistema más claro, más simple de distribución de competencias. Este esquema supondría la desaparición de cuerpos estatales que pasarían a tener ahora la consideración de cuerpos autonómicos, una opción perfectamente constitucional como ya se dijo, y permanece la duda acerca de los secretarios judiciales. ¿Son o no son los secretarios judiciales personal judicial en este sentido? ¿Pueden ser los secretarios judiciales un cuerpo estatal o pueden pasar a constituir cuerpos autonómicos? Es algo que también habremos de dilucidar, porque el Tribunal Constitucional guarda silencio a este respecto.
Acabo diciendo que ésta no es nuestra alternativa. Nosotros defenderíamos una opción que podríamos denominar de federalismo judicial, la existencia de un poder judicial gallego, de un consejo general del poder judicial gallego. Defenderíamos también como mínimo que para la designación de los miembros de los órganos periféricos de gobierno del Poder Judicial, las salas de gobierno de los tribunales superiores, participasen los parlamentos autonómicos al menos en parte. Aun así y a pesar de su prudencia, la situación que resultaría de esta proposición de ley sería mucho más positiva que la que actualmente tenemos. Por eso vamos a votar a favor, sin perjuicio de que estas reticencias, estos deseos más ambiciosos que acabo de formular se materialicen como enmiendas durante la tramitación parlamentaria.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y de Esquerra Republicana de Cataluña para fijar la posición en lo que se refiere a la proposición presentada en el Parlamento de Cataluña.
En primer lugar, quiero agradecer a los parlamentarios del Parlamento de Cataluña que hayan presentado una cuestión que es de gran interés para las formaciones que represento en estos momentos. Ésta es una cuestión muy sensible y que hemos discutido en esta Cámara a lo largo de los últimos años en múltiples ocasiones. No se trata de cuestiones de ideología o de particularidad ideológica, sino de eficacia y, en definitiva, del derecho a la tutela judicial efectiva.
En diferentes debates en esta Cámara, ya fuere en la moción sobre la situación de la justicia en febrero de 1999 o incluso de comparecencias recientes del ministro de Justicia, hemos abogado sobre la necesidad que se nos propone hoy de suprimir los cuerpos nacionales de justicia, y especialmente de establecer la cooficialidad lingüística en aquellos territorios, en aquellas naciones que tienen una doble lengua reconocida.
No se trata, como decía anteriormente, de una cuestión sensible ideológica, sino de la capacidad o necesidad de habilitar lo que se refiere al derecho de defensa. La justicia preocupa a todos los miembros de esta Cámara, pero tenemos que hacerla efectiva según las necesidades o particularidades de cada una de nuestras naciones.
Como señalaremos a la hora de hacer enmiendas parciales, no es necesario, no es constitucional tener un cuerpo nacional de justicia y tenemos que adecuar el Estado autonómico que tenemos a la justicia o viceversa, los cuerpos de justicia al Estado autonómico. Lo que existe ahora es cierto caos -permítame la expresión-, en la distribución competencial y necesitaríamos tener un cuerpo propio de justicia habilitado y adecuado a las necesidades propias de la Administración de justicia que cada uno tenemos en nuestra comunidad o al menos en las siete comunidades que tienen la habilitación o la distribución competencial en medios personales y materiales.
Se puede y se debe hacer y creemos que es urgente y necesario hacerla ya. Esto permitiría tener una habilitación propia en las plantillas, una distribución propia en los cuerpos de justicia y, en definitiva, tener una justicia más rápida, más eficaz y más cercana a los ciudadanos; a la vez permitiría solventar una de las cuestiones más sensibles que hoy día tienen planteadas nuestras comunidades: la capacidad, la necesidad o el derecho que tenemos de otorgar que los ciudadanos puedan dirigirse

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a la Administración de justicia en la lengua que le es propia.
Hemos hablado mucho de este tema, tendremos que hablar más, como decía nuestro compañero del Bloque Nacionalista Galego. Nuestras enmiendas irán más allá incluso de la proposición que hoy se nos presenta, pero volvemos a decir que manifestamos nuestro total y completo apoyo, pues creemos que si la justicia requiere hoy un pacto de Estado, lo requiere en los términos que hoy se nos han presentado para que los ciudadanos puedan tener claramente el derecho a la tutela judicial efectiva, a la administración racional, a la Administración de justicia eficaz y a la capacidad de poder presentar sus habilitaciones, sus defensas en la lengua que consideren oportuno.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar un saludo cordial por parte del Grupo de Coalición Canaria a los señores comisionados del Parlamento de Cataluña por venir aquí a la Cámara del Congreso de Diputados para presentar esta iniciativa.
Mi grupo, señora presidenta, está de acuerdo con las palabras del diputado catalán, señor Ferrer, por Convergència i Unió de que a veces los calendarios de llegada de las propuestas a la Cámara, la sintonía cronológica que tiene que haber puede producir determinadas situaciones como la que para mi grupo se produce en este caso entre la iniciativa del Parlamento de Cataluña y la reciente oferta que nos hizo en la Comisión de Justicia e Interior, el señor Acebes, ministro de Justicia, sobre el plan de choque de la misma.
Mi grupo entiende que hay una serie de materias, entre las cuales está la consideración del Parlamento de Cataluña sobre el fondo y la forma de los cuerpos nacionales de funcionarios de justicia, que tienen que ser considerados más en un acuerdo de pacto global, dado que mi grupo se ha comprometido con el ministro de Justicia a cuestionar todas estas actuaciones para llegar a un consenso dentro de un marco global de reforma de la justicia en el Estado español, y atenernos a lo que han sido acuerdos muy recientes, concretamente, la sexta reunión de la comisión de coordinación de las siete comunidades autónomas, entre las que está la de la Generalitat de Catalunya así como la del Gobierno Autónomo de Canarias, que se ha tenido en los primeros días de este mes en Valencia, donde se ha acordado llegar a unos principios que puedan dar una cobertura a este consenso general, porque no se trata de reformar las competencias de la Administración de justicia en el seno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino de las transferidas a las siete comunidades y de las que no están transferidas, sobre todo cuando hacen referencia a una cuestión tan sensible como es el carácter de los cuerpos nacionales.
Mi grupo, señora presidenta, quiere decir que participa del fondo de la proposición de ley que trae el Parlamento de Cataluña hasta que discutamos el consenso y conozcamos el parecer ya definitivo sobre el borrador que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial muy recientemente y podamos abordar una serie de cuestiones, buscando también un cierto equilibrio ante el carácter que han de tener de cuerpos propios de esa administración autonómica, como señala aquí y recaba el Parlamento de Cataluña, con los equilibrios que otras comunidades puedan tener, como los problemas que tiene la administración autónoma de Canarias, donde hay una serie de funcionarios que no se generan vocacionalmente dentro de Canarias, sino que vienen a prestar en destino los funcionarios procedentes del territorio peninsular de los cuerpos nacionales de la oficina de justicia.
Compartiendo, señora presidenta, la mayoría de los principios que aquí se dicen, pero supeditándonos a la cuestión del consenso y de la línea que entendemos que debe globalizar la reforma de la justicia en España, entrando todos los grupos a discutir una nueva ley del Consejo General del Poder Judicial, o las reformas que deban hacerse, dado que la parte formal de la iniciativa del Parlamento de Cataluña a quien afecta es a la Ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, nosotros preferimos que esto se plantee en un consenso de todos los grupos y con un proyecto del Gobierno sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial en el que solicitamos que se incluyan, si no lo haríamos en el trámite de enmiendas, las ideas fundamentales, que compartimos, de la iniciativa del Parlamento de Cataluña.


Por esta razón, y con el máximo respecto a la Cámara autonómica, mi grupo se va a abstener, señora presidenta, por darle esta valoración a los planteamientos que trae la iniciativa del Parlamento de Cataluña para tratar de armonizarlo, y por tanto no sesgar con nuestro voto aquí el tema ni a favor ni en contra, porque no estamos en contra, pero estando a favor estaríamos en contra del planteamiento que le hemos hecho al señor ministro de Justicia en el pacto de hecho por la reforma de la justicia.
Por esta razón, señora presidenta, nos vamos a abstener.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el hecho de que baje a la tribuna no es sinónimo de extensión en nuestro planteamiento, sino que simplemente en la legislatura pasada se utilizó la práctica de que, en función de la importancia relativa que se daba a las iniciativas, los grupos nos posicionábamos o no desde nuestro escaño o desde esta misma tribuna.
El hecho de que la iniciativa provenga del Parlament de Catalunya y de que estemos hablando de la Ley Orgánica del Poder Judicial es lo que hace que esta portavoz haya bajado hasta la tribuna para expresar cuál es la postura del Grupo Vasco.
Debo adelantar que me satisface sobremanera posicionarme en nombre de mi grupo en esta iniciativa del Parlament de Catalunya, ya que ahora que tanto se habla del respeto al marco constitucional y estatutario y se nos atribuye a algunos el alejarnos del consenso estatutario me parece oportuno manifestar que en el momento estatuyente vasco muchos de los que participamos en él activamente considerábamos que lo que la iniciativa catalana pretende ahora, veinte años después, iba a poder producirse rápidamente por el juego de las competencias que el Estatuto vasco y otros estatutos asumían, teniendo en cuenta el sistema de cláusula subrogatoria en función de la reserva de competencias que la Constitución se atribuía a sí misma vinculadas a la unidad del Poder Judicial y, repito, el sistema de cláusula subrogatoria que permitía que las comunidades autónomas fuésemos a poder hacer -o así lo pensábamos- todo lo que la Administración central hacía en materia de administración de la Administración de justicia.
Tuve la suerte de ser testigo en la intensa actividad de confección del texto estatutario en sede vasca y recuerdo muy bien a redactores del PNV, a redactores socialistas, de Euskadiko Ezquerra, de entre las huestes ucedeas sólo recuerdo a uno, mi propio tío, Juan Etxebarría Gangoiti, y a nadie de Alianza Popular, lo que digo a efectos de lo que SS.SS. quieran entender en cuanto al contenido estatutario, su conocimiento y asunción y su interpretación unívoca que se pretende ahora congelar y sacralizar.
Mi pacto, al votar el referéndum estatutario, incluía la querencia cierta de que lo que la iniciativa que hoy examinamos pretende iba a ser realidad de inmediato. Ciertamente yo no era el profesor García de Enterría cuando emití mi voto -él resultó ser luego bastante uniformador en materia de competencias-, pero sí creo que representaba por mi opción política el sentir inusitado o increíble en cuanto a las posibilidades de autogobierno deseadas por una parte importante de la ciudadanía vasca; luego vino la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en función de la cual hubo un importante recorte en cuanto a lo que entendíamos que era el contenido propio del estatuto; seguidamente la sentencia del Tribunal Constitucional 59/ 1990; luego la reforma de la Ley Orgánica 16/1994, que permitió un cierto optimismo; y, finalmente, la sentencia dictada hace escasamente dos meses que, sin ser para tirar cohetes desde una perspectiva autonomista de autogobierno, sí ampara totalmente lo que la iniciativa del Parlament de Catalunya ahora pretende.
La cláusula subrogatoria no parece tener, según el Tribunal Constitucional, ningún contenido mínimo necesario, y eso no nos gusta desde nuestra perspectiva, pero sí parece decir el Tribunal Constitucional que la ley orgánica en cada caso puede definir cuál sea su contenido respetando el 149.1.5, extensible además a otros títulos competenciales que el Estado se haya reservado. No está en este caso nada de lo que la iniciativa catalana contempla; además son cuestiones ya tratadas en esta Cámara con ocasión de una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la legislatura pasada, que también tuvimos oportunidad de debatir con ocasión de la non nata Ley Orgánica del Poder Judicial que había de acompañar a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con ocasión de la proposición de ley a la que ha hecho referencia el representante del Bloque Nacionalista Galego y sobre las que el Grupo Vasco se ha pronunciado reiteradamente y que integran incluso nuestro propio programa electoral, sobre todo en lo referido a cuerpos nacionales y al uso en la Administración de justicia de lenguas distintas del castellano. En la comparecencia en la Comisión de Justicia del señor ministro el día 24 de mayo tuve ocasión de manifestarme in extenso al respecto.
La iniciativa que examinamos, hecha obviamente antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que he citado, insisto en que encaja perfectamente con este pronunciamiento. Es también oportuna en su momento de debate en cuanto que coincide con la oferta por parte del Gobierno de un pacto de Estado en materia de justicia, en el que en principio todos los grupos parlamentarios hemos manifestado querer entrar. Nada impide que lo que definitivamente sea este pacto proceda de distintos orígenes, no necesariamente todo va a proceder del Gobierno -mi propio grupo tiene intención de presentar alguna iniciativa-, ni siquiera lo que sea definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por qué proceder sólo de un proyecto del Gobierno. Creo, además, que sería simbólico el que, puesto que de un pacto de Estado estamos hablando, una parte de él procediese de un órgano de la soberanía popular, además de una de las comunidades históricas.
Por eso, felicitando al Parlament de Catalunya por esta iniciativa, concluyo anunciando el voto favorable del grupo vasco a la iniciativa que se nos propone, y lamentando que el señor ministro de Justicia no haya considerado la conveniencia de estar presente esta tarde en este debate.
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, solía repetir uno de aquellos reyes de Prusia, uno de los Federico Guillermo que nos amargaron más de una de las meriendas de las tardes escolares, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Y desde la felicitación al Parlamento de Cataluña -ojalá fuera una técnica que proliferara en otros parlamentos autonómicos- por haber hecho uso del artículo 87.2 de la Constitución, nuestro grupo parlamentario se va a abstener porque, aun coincidiendo en el fondo de la iniciativa que viene desde el Parlamento, no estamos de acuerdo ni con el marco ni con la propia temporalidad. Me refería a aquello de para hacer una tortilla... Indiscutiblemente, para que esta propuesta tuviera toda la virtualidad que, a nuestro entender, debiera tener y porque estamos quizá dos pasos más allá de ella, creemos que esto debería entrar dentro de una propuesta general, en un momento en el que la totalidad de las comunidades autónomas tuvieran transferidas las competencias de justicia o hubieran hecho renuncia política expresa a ello. De no estar en el marco de un compromiso de reforma de la Constitución, que hubiera abierto un proceso pactado de lectura constituyente o de lectura federalizante, entenderíamos que esto se quedaría colgado en el aire. Por eso desde nuestro grupo planteamos que, en el momento, vuelvo a repetir, en que estuviera transferida la competencia de justicia a la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, sería el momento procesal oportuno para plantear un proyecto de ley similar por parte del Gobierno, dentro del pacto de Estado. Porque si no, entre las competencias que se conceden a las comunidades autónomas sobre los funcionarios y las funcionarias y el cuerpo que se puede ir creando, en el caso de que saliera adelante esta iniciativa legislativa, se podría producir una desigualdad en torno a los funcionarios y funcionarias de las otras comunidades autónomas ante un taifato de movilidad funcionarial que incluso entraría en colisión con el artículo 138.2 de la Constitución.
A ello también habría que entender la problemática que se plantea desde los secretarios de los juzgados - no es que salgamos en defensa de ellos-, pero habría que esperar al modelo de oficina judicial para ver si, al final, los secretarios y las secretarias van a jugar un papel más similar al cuerpo de jueces o al de gestores.
Por último, respecto a la lengua oficial, nos movemos en la misma línea que se han ido pronunciando distintos colectivos de jueces progresistas, de Jueces para la Democracia, y planteamos que no se puede exigir como requisito. Estamos de acuerdo en que tuviera un plus, unos puntos, unos premios a la hora de acceder a ese puesto, pero no se debe exigir como requisito, máxime cuando uno de los mayores usos que se suelen hacer es ante los tribunales superiores y, como saben, la relación ciudadano-tribulanes superiores se suele hacer por escrito.
Desde la comprensión, pero desde dos pasos más allá, en la línea de la intervención del representante del Bloque Nacionalista Galego, nosotros nos abstenemos y felicitamos de nuevo al Parlamento de Cataluña, planteando que sea algo que debiera extenderse al resto de los parlamentos.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señores comisionados del Parlament de Catalunya, esta proposición de ley puede abordarse desde diversos puntos de vista, y uno de ellos, desde luego no el menor, es el de adaptar, ajustar el Poder Judicial del Estado, la administración de la Administración de justicia al Estado autonómico, profundizar el Estado de las autonomías, profundizar, sin lugar a dudas, el autogobierno. Sin embargo éste, que ha sido uno de los aspectos contemplado y examinado hasta estos momentos, no es tampoco el único desde el cual puede abordarse esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que pretende fundamentalmente suprimir el carácter nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia de forenses, auxiliares, oficiales y agentes, así como también establecer el carácter preceptivo para dicho personal del conocimiento de las lenguas propias, de las lenguas oficiales, además de la del castellano, en el seno de las comunidades autónomas.


Señorías, en estos días en que tiene objeto esta discusión en el Congreso de los Diputados hay un órgano constitucional, integrado además por personas designadas por las Cortes Generales, por el Congreso y por el Senado, que está debatiendo precisamente un documento cuyo borrador, aprobado por una comisión de este órgano -y me estoy refiriendo al Consejo General del Poder Judicial-, dice algunas cosas tan sensatas y tan conformes a esta proposición de ley como -tratando de las lenguas autonómicas y de la Administración de justicia- que se incorporarán de modo progresivo criterios de preceptividad -preceptividad, no mérito- del conocimiento de la lengua autonómica y se regulará la licencia para su aprendizaje. Es el punto 44.2 de este documento, de fecha mayo del año 2000, sobre cuyo borrador está estudiando en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial.
Pero del mismo modo que hace referencia a las lenguas autonómicas en la Administración de justicia, en

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este mismo documento, ya digo, aprobado por una comisión del Consejo General del Poder Judicial y objeto en estos momentos de enmienda, aparece también el punto 43.1, que establece que desaparecerá el carácter de cuerpos nacionales en las actuales categorías al servicio de la Administración de justicia, creándose una categoría única, de plena competencia de las comunidades autónomas o bien del Ministerio de Justicia donde no se hayan formalizado las correspondientes transferencias.
Señorías, el planteamiento, la filosofía, el contenido de la proposición de ley del Parlament de Catalunya mantiene esta coincidencia sustancial con la posición del Consejo General del Poder Judicial, no exclusivamente en este nuevo documento de fecha mayo o junio del año 2000, sino también ya contenido... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Silva, un momento.
Señorías, ruego guarden silencio.
Continúe, señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que se produce esta coincidencia sustancial, lo cual desde luego es un camino a la esperanza de que podamos incidir, antes o después, posiblemente no esta tarde, y avanzar decisivamente en estos temas. Y es importante, señorías, avanzar en estos temas por muy diversos motivos. Ya lo hemos repetido muchas veces, no diría yo hasta la saciedad, porque estamos dispuestos a repetirlo cuantas veces haga falta. La creación de estos cuerpos autonómicos al servicio de la Administración de justicia supone fundamentalmente que las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de personal puedan realmente ejercer esta competencia y asumir esta responsabilidad, que puedan establecer perfiles de puestos de trabajo, requisitos especiales de acceso, las condiciones precisamente para prestar ese mejor servicio a los ciudadanos, teniendo en cuenta además cuál sea la realidad social de cada una de estas comunidades. Podrán establecer plazas de informáticos o de bibliotecarios o de letrados, ayudantes de determinado personal. En segundo lugar porque, como pone de manifiesto el propio Consejo General del Poder Judicial, la triple competencia que se produce en estos momentos respecto de este personal, Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y Consejo General del Poder Judicial, es algo que acaba generando una importante irresponsabilidad y, en cualquier lugar, una importante disfuncionalidad. En tercer lugar, porque conviene dotar a las plantillas del personal al servicio de la Administración de justicia de estabilidad. Señorías, el concurso de 1998, y por lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña, supuso ni más ni menos que 900 movimientos de personal al servicio de la Administración de justicia en relación con Cataluña: 400 funcionarios salían del territorio de la comunidad autónoma, 400 se movían dentro del territorio de la comunidad y 100 funcionarios desde fuera de la comunidad accedían a la misma. Con este grado de movilidad, señorías, no hay manera de llevar a cabo una política de personal, no hay manera de garantizar esa estabilidad y, por tanto, nos encontraremos con oficinas judiciales y organismos administrativos con un grado de volatilidad tal que cualquier objetivo de prestación de un servicio correcto a los ciudadanos será algo totalmente inasumible.
Finalmente, la penúltima ventaja -porque seguro que habrá alguna más- de la creación de estos cuerpos de funcionarios autonómicos al servicio de la Administración de justicia es el arraigo en la comunidad y, por tanto, el conocimiento de la lengua propia de dicha comunidad. No dudo que a través de licencias o de méritos pueda fomentarse el conocimiento de la lengua por parte de los funcionarios que acudan de fuera de la comunidad, pero el reclutamiento (y en el ámbito del personal al servicio de la Administración de justicia ese reclutamiento es perfectamente posible) dará lugar a funcionarios perfectamente capacitados, con conocimiento de la lengua oficial del Estado y de la lengua oficial y propia de la comunidad y, por tanto, a un arraigo mayor y a un mejor servicio a los ciudadanos.
Ciertamente, señorías, puede haber algunos obstáculos. Nosotros querríamos decir a los sindicatos de funcionarios de la Administración de justicia que estas medidas pretenden garantizar y garantizarán, sin duda, las expectativas y los derechos que tienen adquiridos. Pero también decimos con mucha claridad que las expectativas de los funcionarios en modo alguno pueden suponer obstáculo a la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos ni, como podría ocurrir en el caso de la lengua, esas expectativas -sin lugar a dudas respetables o legítimas- pueden pasar por encima de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Los funcionarios y la Administración están al servicio de los ciudadanos y no puede pedirse precisamente lo contrario: que los ciudadanos se pongan al servicio de la Administración.
Lo dicho me permite unirlo a la segunda propuesta fundamental -y voy acabando, señora presidenta-: el establecimiento de la preceptividad del conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma para el personal al servicio de la Administración de justicia; por supuesto, con los elementos de progresividad que podamos entender oportunos. No es sensato, no es razonable, señorías, que un ciudadano del Estado en el territorio de su comunidad autónoma y utilizando una de las dos lenguas, la propia o la cooficial en la comunidad autónoma, precise de intérprete para dirigirse a su Administración. Esto podrá suscitar determinadas resistencias desde una perspectiva política o desde la perspectiva que pretende, como decía antes, poner laexpectativa de un funcionario de ocupar plaza en cualquier

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lugar del territorio del Estado por encima de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Pero esta es una batalla que no tiene ningún sentido y es una batalla, si se pretende presentar como tal, que acabará con la victoria de los derechos de los ciudadanos. La Administración es un organismo servicial y antes cabrá exigir a los funcionarios el conocimiento de las lenguas propias de una comunidad que exigir al ciudadano la expresión en una de esas dos lenguas o algo tan absolutamente extravagante -permítanme expresarlo así- como la utilización de un intérprete dentro del propio Estado.
Ciertamente que el planteamiento será efectuarlo con respeto a las expectativas o a los derechos correspondientes. Antes hablábamos de la supresión del carácter nacional de los cuerpos; obviamente, habrá que establecer mecanismos de intercomunicación y la posibilidad de que los funcionarios que deseen pasar del cuerpo de una comunidad autónoma al de otra puedan hacerlo sin ningún tipo de cortapisas.
Esta proposición de ley, que está impulsada por el deseo de mejora fundamental de la justicia y de una mejor garantía de los derechos de los ciudadanos, fue presentada en su día por el Gobierno de la Generalitat y aprobada por el Parlament de Catalunya. De acuerdo con la perspectiva que tenemos hoy, esta proposición de ley difícilmente saldrá adelante, pero queremos tener la esperanza de que los motivos que puedan ser alegados por el Partido Popular, como los que han sido alegados por Coalición Canaria o por Izquierda Unida, no son motivos de fondo; no hay una discrepancia sustancial en cuanto al fondo, sino en cuanto a la pura estrategia o al calendario. Si se pretende que debatamos estos temas dentro del pacto de Estado por la justicia, los debatiremos allí, aunque nos hubiese gustado que la proposición fuera aprobada hoy, pero permítannos que mantengamos la esperanza de poder prestar este mejor servicio a los ciudadanos respetando mejor sus derechos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dar la bienvenida a esta Cámara a los comisionados del Parlament de Catalunya que hoy nos acompañan para defender esta proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Benvinguts. Proposición que, a nuestro juicio, procura un estadio más en la todavía hoy insuficiente adaptación de nuestra Administración de justicia al Estado de las autonomías, es decir, a un modelo de Estado basado en la existencia de una pluralidad de entes territoriales dotados de capacidad de autogobierno, de autonomía política y, en el caso que nos ocupa, el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, poseedora, además, de lengua propia diferente del castellano.
Dicho esto, la proposición que hoy consideramos nos parece que en este sentido se mueve en consonancia con lo que, por utilizar un símil jurídico, es jurisprudencia consolidada del Grupo Parlamentario Socialista. En primer término, esta proposición refuerza y aclara las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene transferidos los medios materiales y personales al servicio de la Administración de justicia para desarrollar con plenitud sus propias políticas en la materia, tanto en el ámbito del desarrollo reglamentario como de la simple ejecución. La creación de cuerpos autonómicos de personal al servicio de la Administración de justicia, línea de actuación propuesta por el propio Consejo General del Poder Judicial en su libro blanco y entendida por el Tribunal Constitucional como modelo perfectamente ajustado a la Constitución y al bloque de la constitucionalidad, nos parece una fórmula racionalizadora de la gestión y planificación de la administración judicial que puede venir a ofrecer una respuesta más ágil y eficaz a los ciudadanos y a las ciudadanas a quienes ésta debe prestar servicio. Y por si alguna o alguno de ustedes aún lo ignoraba, sepan que aunque la proposición que hoy nos ocupa se refiere a Cataluña, hablamos de un proyecto socialista para toda España, pues nos parece que el desarrollo de las competencias de la Administración de justicia que hayan asumido estatutariamente las comunidades autónomas debiera ser paulatinamente asumido por las mismas en toda su plenitud. Ello, repetimos, en perfecta consonancia con la Constitución y el bloque de la constitucionalidad, como ha reiterado en varias ocasiones el Tribunal Constitucional en sentencias como la 56/90, 62/90 o la recientemente fallada 105/2000.
En segundo lugar, y como ya comentábamos, esta proposición de ley permite profundizar en otro de los aspectos también deficitarios de nuestro sistema de administración de justicia, como es el de la eficiencia, la eficacia y la economía en su gestión. Es evidente que la irregular distribución de competencias en la materia perjudica el funcionamiento de la Administración de justicia y que esta asimetría competencial se convierte en acicate para la dilución de responsabilidades y mandatos de eficacia frente a fallos múltiples del sistema.
No obstante, también somos conscientes de que la mayor claridad competencial que aporta esta proposición de ley sólo contribuye a un muy limitado avance en este sentido. Por ello, queremos reiterar aquí nuestra voluntad de que esta Cámara aborde una reforma de la justicia mucho más profunda y de manera mucho más global, pues este no es más que otro parche en una Ley Orgánica del Poder Judicial poco acorde con el Estado autonómico o la propia modernidad que vivimos. No

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más reformas segmentarias y parciales; abordemos de una vez, de forma comprensiva y globalizadora, con criterios que superen intereses coyunturales y visiones parciales del problema, una reforma del sistema de justicia de acuerdo con el espíritu constitucional y que asegure su funcionamiento como servicio público, como ha sido siempre voluntad del Grupo Parlamentario Socialista.
Esta proposición constituye, además, un positivo ejercicio de lo que los británicos han convenido en llamar devolution y de forma más continental nosotros llamamos políticas de subsidiariedad. Nuestro grupo verá positivamente aquellas modificaciones normativas cuyo objetivo esencial sea el del acercamiento al ciudadano de la toma de decisiones.
Finalmente, esta proposición, en consonancia con la condición plurilingüe del Estado español, supone un avance en el objetivo constitucional del respeto al derecho de opción lingüística de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración pública y el también derecho a que esta Administración se adapte a la situación de cooficialidad establecida por la propia Constitución; todo ello muy en relación no sólo con la norma suprema sino con la jurisprudencia constitucional en la materia, la proposición no de ley de reforma de la justicia aprobada por esta Cámara al final de la legislatura pasada y la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que reconoce en su artículo 20 el derecho a usar de palabra y por escrito ante los tribunales de justicia la lengua históricamente hablada en el seno de su territorio y que fue aprobada por esta Cámara en junio de 1996. De modo que, señores del Grupo Popular, comuníquenle al ministro de Justicia, señor Acebes, que tiene hoy aquí, a través de ustedes, una excelente oportunidad para cumplir uno de los objetivos que ha comentado que se había propuesto en su gestión, el de la defensa del fomento del uso de la lengua catalana en la Administración de justicia, aunque sí es cierto lo que hoy nos anuncian los medios de comunicación, esperemos que sea más diligente y exitoso con el resto de sus propósitos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista ve con ánimo positivo esta proposición de ley procedente del Parlament de Catalunya, a la que ya les anunciamos que realizaremos nuestras aportaciones con ánimo de enriquecerla, al entender que alguna de las reformas que propone deberían tener más amplitud y especialmente deberían tener más en cuenta las medidas contenidas en la proposición no de ley de reforma de la justicia anteriormente citada y que esta Cámara aprobó al final de la legislatura pasada con el voto favorable de la mayoría de grupos parlamentarios, así como algunas de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco para la justicia. De forma que por si acaso, señores del Grupo Popular, no nos vengan a poner la excusa del pacto de la justicia para negar hoy la toma en consideración de esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues sin duda ofrece una buena oportunidad, eso sí, si existe voluntad real de pacto, para acompasar la tramitación de esta reforma de la ley orgánica a lo que fuera un pacto mayor que contenga la globalidad de reformas que la Administración de justicia hoy necesita. Menos planes de choque inútiles y reaccionarios y, si quieren ser realmente sensibles al problema, aprovechemos esta oportunidad de reforma para pactar una solución más amplia. Pero tengan clara una cuestión. Pactar significa negociar, transaccionar, y no pedir la firma a contratos de adhesión para regocijo propio, que es lo único que hasta ahora han venido proponiendo. Hoy la justicia, tras cuatro años de una gestión que la ha colocado a la cola de las instituciones valoradas por la ciudadanía, algo de lo que son responsables, no precisa sólo retales sino que demanda soluciones globalizadoras y, sobre todo, no requiere de opciones de partido sino de opciones de y para el conjunto de la ciudadanía. En ellas se sitúa mi grupo parlamentario y para ellas, en su momento, esperamos también el apoyo de esta Cámara.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular quiere sumarse a la cordial bienvenida que se ha efectuado por parte de otros grupos parlamentarios a la delegación legislativa del Parlament de Catalunya; delegación legislativa que comparece ante esta Cámara Baja para sustanciar una iniciativa legislativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La iniciativa legislativa que nos convoca pretende una reforma limitada de determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que inciden en la vertiente organizativa competencial y de servicio público a la Administración de justicia o de servicio público en el seno de la Administración de justicia, lo que se ha dado en llamar, en definitiva, la administración de la Administración de justicia; es decir, y según la tan repetida sentencia del Tribunal Constitucional 56/1990 a la que se ha hecho alusión por la práctica totalidad de oradores que me han precedido en el uso de la palabra, al sustento personal y material de la Administración de justicia en sentido estricto, Administración de justicia stricto sensu que el alto tribunal, en idéntico pronunciamiento, identificaba con el ejercicio de la función jurisdiccional y la ordenación de elementos unidos a la determinación de la independencia con que debe desarrollarse. Es ese deslinde conceptual que no competencialel que anima la proposición de ley orgánica objeto

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de debate que se refiere al llamado personal al servicio de la Administración de justicia, esto es, a ese substratum personal al que aludía el Tribunal Constitucional que se incardina en el segundo círculo concéntrico de la Administración de justicia. De la atenta lectura del texto debatido, con cuyo sentido literal parecen pugnar algunas de las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra, se infiere que la vocación reformadora se contrae, en definitiva, a la supresión del carácter nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia, la correlativa atribución competencial a las comunidades autónomas de la potestad de creación de esos cuerpos autonómicos, como lógico corolario también la consideración de la lengua no como mérito sino como requisito de acceso y, en fin, el incremento del nivel competencial de la Administración autonómica en orden a la gestión de la oficina judicial y de los institutos de medicina legal.
El posicionamiento al respecto del Grupo Popular, obviando posiciones maximalistas, debe realizarse desde la ponderación y desde la preocupación manifestada por el señor ministro de Justicia ante la Comisión de Justicia de esta Cámara, el pasado 24 de mayo, por la consecución de un modelo de justicia ágil, rápido y eficaz que dé una respuesta adecuada a las necesidades de una sociedad avanzada. Y qué duda cabe, señorías, que ese modelo de justicia rápido y eficaz demanda de una forma inapelable cambios sustanciales en la organización de la oficina judicial, entre cuyas carencias hay algo más que la tan denunciada escasez de personal. Como decía el señor ministro de Justicia en la citada comparecencia, tenemos que convertir en realidad la implantación de nuevos sistemas organizativos y modelos de trabajo en el seno de la oficina judicial, con un modelo común y homogéneo y a la vez flexible que permita la adaptación a las necesidades de cada juzgado y tribunal, impulsando y desarrollando cuando sea necesario el establecimiento de unos servicios comunes que con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales repercuta en una ágil tramitación de los procesos, todo ello combinado, señorías, con la implantación y dotación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esta es, señorías, a nuestro juicio, la cuestión medular en la reforma de la oficina judicial, la mejora de la calidad de servicio que se presta al justiciable y al administrado en general, combinado homogeneidad y flexibilidad, huyendo de la fragmentación que supondrían escenarios competenciales divergentes y buscando la potenciación de las sinergias que en términos de optimización de recursos humanos y materiales derivan de la existencia de unos servicios comunes y de un mínimo común denominador en la organización de la justicia.
Nuestro grupo votará negativamente la proposición de ley orgánica, pero no lo hará por las razones apuntadas, lo hará fundamentalmente por razones de oportunidad o, mejor aún, por razones de inoportunidad, porque entiende que la reforma de la oficina judicial y la reforma en definitiva del régimen de la llamada administración de la Administración de justicia se integra de una forma nuclear en el conjunto de medidas que han de constituir el futuro y anunciado pacto de Estado sobre la justicia.
El presidente del Gobierno ofreció en el debate de su investidura la posibilidad de llegar a un pacto con todas las formaciones políticas en relación con la organización de la justicia. El ministro de Justicia, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia de esta Cámara el pasado 24 de mayo, asumió el compromiso de impulsar con todos los agentes políticos y operadores jurídicos una reforma integral de la justicia a través de ese pacto de Estado. Pues bien, la materia de que trata la proposición de ley objeto de debate entendemos que presenta los caracteres singulares de importancia para ser incluida en el futuro pacto de Estado sobre la justicia, requiere sin lugar a dudas un tratamiento específico dentro de ese pacto que deberá concitar el mayor grado de consenso para que prospere y requiere de un diálogo profundo y previo, diálogo al que obviamente están convocados todos los agentes políticos, al que están obviamente convocados todos los colectivos profesionales y al que están obviamente convocados también los agentes sociales representativos de los colectivos funcionariales afectados, que por cierto en alguna ocasión han manifestado una cierta renuencia cuando no una clara reluctancia a la desaparición de ese carácter nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia. En definitiva, señorías, se trata de alcanzar un pacto de Estado sobre la justicia que el titular de Justicia calificó como un pacto permanente y global cuyo eje vertebrador debe ser el diálogo. En ese sentido, debe hacerse desde el diseño de un modelo de conjunto que, permitiendo esa visión global, dé coherencia e integre la totalidad de las reformas que han de acometerse, también la reforma de la oficina judicial, pero también la reforma de las leyes procesales, del Consejo General del Poder Judicial, del sistema de acceso a la judicatura, del Centro de Estudios Judiciales y, en definitiva, de todas y cada una de las reformas que han de constituir ese pacto global y construido sobre el diálogo. El diálogo y el consenso, señorías, entendemos que deben erigirse en el basamento para construir el edificio de la reforma constitucional en cuyo andamiaje encontraremos aportaciones y renuncias, encontraremos sesiones y concesiones, encontraremos transacciones de todos los grupos políticos, de todos los colectivos profesionales y en definitiva también de todos los operadores jurídicos. Nosotros nos mantenemos en una línea de coherencia en relación con los cuerpos nacionales, no como ha hecho la señora Chacón, del Grupo Parlamentario Socialista, que viene a contradecir el sentido de anteriores intervenciones de su grupo en relación con estos cuerpos nacionales. Le recuerdo, por ejemplo, la tramitación de la Ley Orgánica 16/1994. Pero, señorías, queremos hablar en sentido positivo y constructivo. Entendemos que votar afirmativamente la reforma propuesta significaría hipotecar la esencia constitutiva de ese andamiaje que está constituido por materiales tales como el consenso y el diálogo.


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Y si el consenso y el diálogo son los materiales irrenunciables para construir ese pacto de Estado, sin duda su divisa esencial es el marco constitucional. El pacto de Estado sobre la justicia no pretende otra cosa que la realización de un modelo constitucional. Se ha citado por todos los oradores que me han precedido en el uso de la palabra la sentencia del Constitucional 56/1990. Ciertamente esa sentencia delimita los ámbitos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas, fija la operatividad y el radio de acción de las llamadas cláusulas subrogatorias. Pero quiero señalar una cosa, y es que si el alto tribunal, respecto a los cuerpos nacionales, insinúa o apunta a modo de obiter dicta la posibilidad de existencia de otra opción constitucionalmente admisible, lo cierto y verdad es que el alto tribunal, en la misma sentencia, justifica el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, le ruego que termine.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Concluyo ya, señoría.
Decía que entendemos que en dicha sentencia el alto tribunal viene a avalar la constitucionalidad del actual modelo de los cuerpos nacionales.
Quiero concluir anunciando, señorías, que el Grupo Popular votará negativamente la toma en consideración de la proposición de ley orgánica por considerar que su planteamiento es extemporáneo, diacrónico, fuera del tempo parlamentario y político en que debe sustanciarse esta cuestión, y por entender, en definitiva, que se trata de un no con ánimo constructivo que se hace desde la convicción de que el pacto de Estado empieza de cero, que el pacto de Estado, con la generosidad y la responsabilidad de todos los grupos, podrá construirse con el diálogo como divisa y con el consenso como objetivo sobre estas y otras cuestiones, pero en todo caso en beneficio de todos los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 142; en contra, 168; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley de referencia.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: Asunto previo, antes de entrar en el siguiente punto del orden del día: propuesta de modificación del mismo.
Conforme al artículo 68.1º del Reglamento y considerando lo acordado por la Junta de Portavoces, se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que figura como punto 8 del orden del día, por la que se insta al Gobierno a elaborar de inmediato un plan de emergencia para reforzar la seguridad del túnel de Vielha y a acelerar los trabajos de construcción de un nuevo túnel, se sustituya por otra del mismo grupo parlamentario sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración general del Estado ante las graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10 de junio del presente año y que, asimismo, se debata conjuntamente con la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2000 en Cataluña y, asimismo, con la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a plan de medidas inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las lluvias torrenciales caídas en Cataluña el pasado día 10 de junio.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y EL CÓDIGO CIVIL, PARA COMBATIR LA SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN ILÍCITA DE MENORES (ORGÁNICA).
(Número de expediente 122/000002.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SECUESTRO FAMILIAR DE MENORES E INDUCCIÓN DEL PROGENITOR A QUE EL MENOR ABANDONE EL DOMICILIO FAMILIAR (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000066.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento

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Criminal y el Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de menores, que será debatida junto con la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Alberdi.
(Rumores.) Señorías, ruego a los señores diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y con la mayor rapidez posible, al objeto de poder continuar con el debate, y a los que permanezcan en el hemiciclo que lo hagan en sus escaños. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. Adelante, señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de menores. La presente proposición de ley fue objeto de debate en la anterior legislatura, en diciembre de 1999, y decayó por disolución de las cámaras al finalizar la legislatura. Ya entonces todos los grupos parlamentarios, a pesar de nuestras discrepancias en cuanto a la forma de abordar el problema, estuvimos de acuerdo en que las distintas propuestas se tramitaran, conscientes de que había que regular mejor en el Código Penal la sustracción de menores. Ya entonces se había constituido en Madrid una asociación para la recuperación de menores sacados de su país, y los medios ya se hacían eco de la existencia de más de un centenar de menores retenidos en circunstancias ilegales fuera de España y a los que por las vías normales previstas en otros países no se podía recuperar, dada la exigua tipificación delictiva prevista en nuestro Código Penal para la desobediencia a los mandatos judiciales, con penalización de un año de prisión, única previsión contenida en nuestras normas penales aplicable a los supuestos cuando se quebrantaba una orden judicial.
El 14 de diciembre de 1999 debatimos dos proposiciones de ley, la del Grupo Parlamentario Popular y la del Grupo Parlamentario Socialista.
Ambas perseguían, como digo, un mismo objetivo, dotarnos de un instrumento jurídico eficaz, aunque lo hacían con planteamientos distintos. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Popular desarrollaba sus previsiones en torno a la modificación de los artículos 163 y siguientes del Código Penal...


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Alberdi.
Señorías, es imposible escuchar a la señora diputada que está interviniendo en la tribuna, y es imposible que con el murmullo de conversaciones que hay en el hemiciclo se pueda seguir el debate con un mínimo de respeto a la interviniente. Ruego a SS.SS. lo que tantas veces he reiterado desde esta Presidencia, que los señores y señoras diputadas que estén en el hemiciclo permanezcan en silencio y en sus escaños y que quienes deseen establecer conversaciones lo hagan en los pasillos.
Adelante, señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta.
Como digo, el Grupo Parlamentario Popular desarrollaba sus previsiones en torno a la modificación de los artículos 163 y siguientes del Código Penal, que se refieren a las detenciones ilegales y a los secuestros. Por nuestra parte lo incardinábamos bajo la rúbrica de los delitos contra los derechos y deberes familiares, en torno, por tanto, a la modificación del artículo 224 del vigente Código Penal, junto con otras previsiones complementarias sobre medidas cautelares, mediante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Civil. El Grupo Parlamentario Socialista, considerando que la tipificación del Código Penal de la sustracción de menores por parte de los padres debe ser un delito autónomo, entiende que esa situación posibilitará una persecución más eficaz de estas conductas y facilitará la cooperación policial y judicial internacional. Por ello, una de las primeras iniciativas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en la presente legislatura, que fue registrada el pasado día 5 de abril, fue una proposición de ley orgánica para la modificación que hoy nos ocupa.
Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, la protección de los derechos del menor ha sido una constante en las iniciativas legislativas a partir de la aprobación de la vigente Constitución española, de 1978. Existe una clara trayectoria en todo lo relativo a la custodia de menores a fin de evitar, en lo posible, los efectos perjudiciales que en casos de rupturas matrimoniales les pueda ocasionar la conducta inadecuada de sus progenitores. El Código Penal de 1995, entre otras innovaciones, suprimió el delito, con sustantividad propia, de la sustracción de menores de siete años. En cambio, agravó la pena para los delitos de detención ilegal o secuestro cuando la víctima es menor de edad o incapaz. El artículo 484 del anterior Código Penal, como ya expusimos en su día en el anterior debate, fue muy criticado por la doctrina por muchas razones. En primer lugar, por su imprecisión, siguiendo por la incomprensible desigualdad en la sanción en el secuestro de un mayor de siete años, con lo que parecía que la condición infantil suponía un privilegio para el aprehensor. El tipo planteaba muchos problemas, de todo orden, entre los que cabe añadir el que le era indiferente la cualidad de la persona en cuyo poder se encontrara el niño sustraído.
En suma, muchas dificultades que fueron objeto de estudio en la elaboración y en los trabajosdel vigente Código Penal y que hoy también nos

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sirven para que nuestras propuestas se ajusten más a la realidad y a las necesidades de respuesta a las conductas que queremos tipificar como delictivas.Vemos que existen muchos supuestos y que en la mayoría de ellos la conducta de sustracción o negativa a restituir a un menor se realiza precisamente por sus progenitores, incluso privados legalmente del ejercicio de determinadas facultades inherentes a la patria potestad. Ante estos casos es necesario dar una respuesta penal clara, que no quede al arbitrio de una interpretación judicial más o menos contundente y que vaya más allá del delito de desobediencia genérico.
También hace falta prever las correspondientes medidas cautelares, tanto en el ámbito penal como en el civil, que eviten las sustracciones o retenciones ilícitas de menores. La propuesta de nuestro grupo parlamentario, entre las varias soluciones posibles en cuanto a la sistemática, opta por la modificación del actual artículo 224 del Código Penal, por tanto por su inclusión, dentro del capítulo referido a la materia familiar, entre los delitos contra los derechos y deberes familiares.
La modificación que proponemos consiste en añadir tres nuevos apartados al actual artículo 224, quedando su actual redacción configurada en un nuevo apartado 4. Se tipifica como delito de una forma autónoma la conducta del progenitor que sustrajere a un menor de su lugar de residencia sin causa que lo justifique, con el fin de impedir la comunicación o estancia con el otro progenitor. Las penas previstas en nuestra proposición son de seis meses a dos años de prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, la tutela, la guarda o el acogimiento familiar por tiempo de dos a cuatro años.
También se prevé que, si se produjeran los hechos quebrantando una resolución judicial, se incurre además en la pena prevista en el artículo 556 del Código Penal, que contempla la desobediencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, en este caso a la autoridad judicial. El tipo se completa con un agravamiento de la pena, que se deberá imponer en su mitad inferior para el supuesto de que se exigiese condición para la restitución o se trasladase al menor a un país extranjero para dificultar su localización. Son precisamente los casos que más dificultades plantean con la normativa actual y a los que es preciso dar una respuesta eficaz.
Por último, también consideramos en nuestra propuesta el supuesto de restitución del menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción. En tal caso, el responsable quedará exento de pena, siempre que el menor sea depositado en lugar conocido y seguro y no haya sido objeto de trato delictivo alguno o se haya puesto en peligro su vida, salud o integridad física o moral y cuando el lugar de estancia haya sido comunicado a quien corresponda legalmente su cuidado.
En cuanto a la reforma prevista por nuestro grupo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ciñe a añadir un nuevo artículo a la ley, que sería el 544 ter, para cubrir la posibilidad de imponer medidas cautelares, desde luego motivadamente y en interés del menor, siempre en interés del menor, de privación de derechos inherentes a la patria potestad y la extinción de la tutela, curatela, guarda o acogimiento familiar, así como la incapacidad para ostentar dichos cargos.
En lo que alude al Código Civil, proponemos un nuevo artículo, que sería un 102 bis, para permitir la adopción de medidas cautelares, tanto en medidas previas como en coetáneas a la demanda de separación o divorcio, o con posterioridad, es decir en cualquier momento que los hechos lo aconsejen a juicio del juzgador de oficio o a petición de las partes. Tales medidas cautelares comprenden desde la prohibición de salida del territorio nacional a los menores hasta la necesidad de autorización judicial para el cambio de domicilio del menor, así como la prohibición de expedición del pasaporte a los menores.
Existen muchos casos de sustracción de menores, especialmente en países árabes, con los que España no tiene tratados bilaterales o no son firmantes del Convenio de La Haya. Aparte de otros muchos problemas que suscitan estas conductas, que en demasiadas ocasiones responden a presiones y chantajes para obtener ventajas patrimoniales o de otro orden, nos encontramos con una seria descoordinación de las administraciones públicas responsables y con una ausencia total de estadísticas sobre el número de casos y sus circunstancias. Sin duda, la tipificación de la sustracción de menores como delito autónomo también nos va a permitir conocer mejor el número de casos que se producen. En otros países, como Canadá y Estados Unidos, existen centros nacionales de desaparecidos que permiten la coordinación y la simplificación de los trámites administrativos para aquellos que quieren recuperar a sus familiares desaparecidos. Tampoco existe en España un control con respecto a la expedición de pasaportes relacionado con personas en situación de riesgo. En suma, puede decirse que nos encontramos en esta materia con muchas posibles alternativas de mejorar la actual situación, además -claro está- de la reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Civil, que es objeto de nuestra propuesta de hoy.
También es cierto que muchas tensiones entre cónyuges y parte de la violencia de género repercute muy negativamente sobre los menores. De ahí la necesidad de tipificar la sustracción de menores como delito autónomo, a fin de proteger a éstos de los efectos perjudiciales que puede ocasionarles un traslado o retención ilícita, a la vez que se garantiza la restitución del menor, sin olvidar que, naturalmente, este tipo de conductas ha de comportar la pérdida de todos los derechos inherentes a la patria potestad cuando se trate de progenitores.


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El Defensor del Pueblo en funciones, el pasado mes de mayo, alertaba sobre los problemas que produce la actual situación y hacía varias recomendaciones. Una de ellas era la modificación del Código Penal, para que la sustracción de un menor por parte de uno de sus progenitores se convierta en un delito específico, un delito autónomo, tan grave como las detenciones ilegales y los secuestros.
La reforma, según la recomendación, facilitará la expedición de órdenes de detención internacional y las peticiones de extradición; también ha de contribuir a cambiar la mentalidad. Llevarse a un hijo al extranjero de esta forma es un delito, se trata de un acto de violencia. El Defensor aludía también a una serie de propuestas de enorme interés, que se refieren a temas que he comentado, como la creación de un centro de desaparecidos, similar a los que existen en otros países, para mejorar, sobre todo, la coordinación. También citaba nuevos tratados para colaborar en asuntos de custodia y para la devolución de menores, especialmente de países árabes, donde es el padre el que habitualmente tiene la custodia de los hijos menores.
Hay que hacer obligatorio el consentimiento de ambos progenitores para la salida de un menor del país; además, hay que formar adecuadamente a las fuerzas de seguridad fronterizas y estudiar tantos otros temas necesarios para que, de verdad, este asunto no se siga considerando como algo sin importancia, con el argumento de que el menor, al fin y al cabo -como se dice-, se encuentra con uno de sus progenitores. Desgraciadamente, por muchas personas se viene considerando que se trata de un tema menor o que se trata de un tema que no requiere una sanción penal, una sanción clara para combatir este tipo de conductas, y más aún en las situaciones de riesgo cuando hay una separación conyugal o un divorcio conflictivo, que es precisamente cuando se utiliza este tipo de acción para chantajear y para presionar al otro progenitor.
Una vez explicado el sentido de nuestra proposición, que sabemos que difiere de la propuesta del Partido Popular en cuando a la sistemática y a la concepción del tipo de delito, anuncio que, como ya se hizo con motivo de la proposición de ley presentada en la legislatura pasada, nuestro grupo también va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, sin perjuicio de que en el trámite correspondiente se trabaje en la modificación o en la introducción de enmiendas que busquen ese objetivo o que permitan llegar a encuentros en cuanto a la normativa aplicable a este tipo de delitos. En cualquier caso, reiteramos que la tipificación de la sustracción de menores como delito autónomo es necesaria, va a posibilitar una persecución eficaz de estas conductas en el plano nacional, por supuesto, pero también, y muy especialmente, en el plano internacional, para poder llevar a cabo la expedición de órdenes de detención internacional y también las peticiones de extradición.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
Para la defensa de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, explanar el contenido de la proposición de ley que insta la modificación del Código Penal en el sentido de tipificar específicamente la sustracción denominada parental, el secuestro que llevan a cabo determinados familiares respecto a sus hijos o a sus nietos, en un momento dado, basándose en una crisis familiar.
Tal como ha dicho la señora Alberdi, todos sabemos -y ya lo recordábamos con tristeza y con dolor en el debate del 14 de diciembre de 1999- que estas situaciones se producen normalmente cuando existe una crisis de pareja, en la que al final se utiliza a los hijos como instrumentos de coacción, de daño a la otra persona, e incluso más de una vez se nos ha contado que se les utiliza por motivos económicos. Lo cierto es que el niño o la niña padecen un gran sufrimiento, se ven instrumentalizados, e incluso muchas veces se les pregunta a quién quieren más o con quién quieren vivir, aunque su voluntad ni siquiera se tenga en cuenta. En un momento de crisis personal, de pareja o familiar, uno de los progenitores, normalmente, decide de forma unipersonal, porque no está de acuerdo con la resolución dictada, porque quiere aprovechar que todavía no se ha dictado o porque quiere coaccionar o penalizar a la otra parte, que el hijo común desaparezca, ayudado muchas veces por determinados familiares, provocando no sólo su ocultación en el territorio nacional sino su traslado a otros países y haciendo muy dificultosa su localización. ¿Y por qué es muy dificultosa su localización? Las asociaciones que están trabajando en este tema y que son conocidas a través de los medios de comunicación desde hace más de dos años se quejan amargamente de la situación de estos cientos deniños, que se encuentran casi en pleno abandono, ocasionándose un coste personal terrible para aquellos que tratan de buscar a sus hijos en el territorio nacional o fuera de él.
Tal como ha dicho también la señora Alberdi, aun existiendo en nuestro Código Penal dos títulos importantes, el título VI, delitos contra la libertad, donde se regula el secuestro y la detención ilegal, y el título XII, que regula los delitos contra las relaciones familiares, lo cierto es que los términos utilizados en su regulación han dado lugar a que nuestros jueces consideren que ninguno de ellos está tipificado de forma suficientemente

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clara como para aplicarlo a la sustracción parental, a los secuestros de los niños por sus progenitores. En primer lugar, alegan que, como los artículos 163 y 164, que regulan la detención ilegal y el secuestro, utilizan la expresión el particular para contraponerlo a la detención o el secuestro llevados a cabo por agentes o por funcionarios del Estado, los lazos de consanguinidad entre el familiar, el que secuestra y el menor no permiten su aplicación, puesto que no se trata de un particular sino de un familiar. En segundo lugar, los artículos 223 y 224, al regular el quebrantamiento del deber de custodia o la inducción al abandono familiar se refieren siempre a un tercero que lo hace frente a los progenitores, por tanto tampoco se aplican y se acude al artículo 556 o al 662, que regula la falta de desobediencia judicial y que contempla una pena máxima de seis meses. Esta pena tan reducida en relación con la gravedad del hecho que se lleva a cabo ha dado lugar a que no exista una reacción de busca y captura, incluso a nivel internacional.
Por ese motivo, estas asociaciones, estos padres que ven cómo su hijo desaparece y no vuelven a saber de él o les cuesta un gran esfuerzo encontrarlo, se han unido y han trasladado a la opinión pública su sufrimiento. Ese sufrimiento lo hemos conocido y lo compartimos todos, pero quiero hacer mención a algo que es muy importante para el Grupo Popular, y es que, siendo muy importante el sufrimiento de los familiares, queremos hacer constar que para nosotros lo más importante es el interés del menor, el sufrimiento del menor. La Constitución española, los tratados internacionales y la Ley de protección jurídica del menor fijan que el interés superior del menor está por encima de cualquier otro interés. Ningún cariño paternal o maternal puede servir de fundamento para apartar al niño o a la niña de su familia, de su entorno y de su cultura. Nosotros consideramos que la modificación del Código Penal que llevamos a efecto es la más adecuada y por eso la mantenemos en este segundo debate, aunque vamos a apoyar por supuesto la del Grupo Socialista. En el debate en Comisión seguro que saldrán las tesis más favorables.
Consideramos que ese interés del menor tiene que estar por encima de cualquier otro interés familiar o de cualquiera de sus progenitores o familiares, y tenemos que regularlo dentro del delito, como hemos hecho, mediante un añadido, un subgrupo al artículo 163, porque no deja de ser una detención o un secuestro aunque se lleve a efecto sobre el propio hijo.
La pena tiene que ser grave, tal como es este el delito, que fija hasta los cuatro o seis años de privación de libertad si se superan los quince días y la superior en grado si, además, el menor se oculta fuera del territorio español, porque lo que se ataca aquí es especialmente la libertad del menor, en las dos modalidades de libertad deambulatoria: en la de permanecer donde se considere más adecuado para el interés del menor o el trasladarse al lugar que se considere y no permitírselo hacer.
Estas dos modalidades de la libertad deambulatoria, no la relación familiar, son las que se van a ver afectadas en el secuestro parental y por eso lo regulamos como un secuestro dentro del artículo 163. Lo regulamos de esta manera porque conforme a lo que recoge el Código Penal, es posible también penalizar por esta vía la conspiración, proposición y provocación del delito recogidas en los artículos 17.3 y 18.2. Es muy difícil, señoras y señores diputados, que una sola persona consiga el secuestro de su hijo. Normalmente, tiene que ayudarle alguien cercano, de su familia, para preparar, conspirar y elegir el momento adecuado para salir rápidamente y ocultarlo sin que se le reconozca. Por eso a nosotros nos ha parecido bien recoger como secuestro esta doble vertiente, puesto que lo es y, además, este delito nos ofrece la posibilidad de penalizar a quienes auxilian en esos actos previos que tan decisivos son. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Hay dos aspectos que nos parecen muy importantes de esta iniciativa del Grupo Socialista: la modificación que lleva a cabo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con estas medidas cautelares, aunque algún término utilizado, como el de extinción de la patria potestad, no nos parece muy adecuado y nos parece más correcto que se utilice el de la suspensión de la patria potestad; también cabe añadir un artículo 102 bis para cuando se presenten las medidas provisionalísimas o provisionales. Estamos de acuerdo en prohibir la modificación del domicilio o la salida del territorio español o la expedición del pasaporte, pero quizá sería mejor plantearnos que se regule en el artículo 103 para aplicarlo no sólo en las medidas provisionalísimas y provisionales, sino también en la presentación de demandas de separación, divorcio o nulidad si se pudiera comprobar que durante el procedimiento uno de los progenitores planea la sustracción del menor. Son aspectos que podremos debatir en la Comisión. Lo importante es que todos los parlamentarios y parlamentarias estemos de acuerdo en la necesidad de modificar el Código Penal y seguro que la tesis jurídica más adecuada es la que va a salir adelante porque todos los grupos parlamentarios de esta Cámara nos hemos preocupado mucho de la problemática de los menores. Como ya he dicho anteriormente, los términos en los que han estado regulados algunos artículos del Código Penal han permitido que la sustracción de menores por sus padres no pueda ser penalizada tal como nosotros creemos que merece: con la pena de hasta cuatro años y, como he dicho, si son más de quince días, hasta seis años.
En cuanto a la regulación que se hace por el Grupo Socialista de la modificación del artículo 224, no nos gusta la frase: no tener una justa causa, porque con ello ya estamos dando pie a que se sustraiga al menor. Si la hay, lo que hacemos es modificar los artículos 223 y 224 recogiendo como autor también al progenitor, pero eso ya lo debatiremos en Comisión.


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Respecto a la excusa absolutoria de que comunique en veinticuatro horas dónde se encuentra el menor, no nos parece adecuado. Quien lleva a cabo la sustracción del menor contraviniendo la libertad del mismo y los derechos que tiene a una familia, está cometiendo un delito, y aunque lo comunique en veinticuatro horas, puesto que lo podría hacer desde Brasil, Colombia o cualquier otro lugar, no elimina el delito.
Repito que la finalidad, la filosofía, es la misma que debatimos en diciembre. Cada grupo tiene una postura respecto a encausar el tipo de delito, pero lo que interesa al final es que todos estamos de acuerdo en penalizar tal conducta execrable y grave, que debe penalizarse adecuadamente.
Por lo tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar la iniciativa del Grupo Socialista, pidiendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios para las dos iniciativas.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Barrios.
Grupos que quieren fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando a finales de la legislatura anterior se suscitó este mismo debate, ya entonces el Bloque Nacionalista Galego, no a través de este diputado lógicamente, anunció el voto favorable a la toma en consideración de las dos proposiciones de ley, tanto la del Grupo Socialista como la del Grupo Popular.
Creíamos entonces y seguimos creyendo ahora que son iniciativas oportunas y que, junto a lo que se establezca en tratados internacionales, intentan de salir al paso de una situación frecuente que afecta negativamente a los menores. Por tanto, entendemos que la sustracción o la negativa a la restitución de menores exige una respuesta clara desde el ordenamiento jurídico. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Sin embargo, pensamos que hay que hacer una distinción previa. No es lo mismo la sustracción ilícita de un menor por parte de un progenitor al que en alguno de los supuestos del artículo 111 del Código Civil le haya sido retirada la patria potestad, que la sustracción o retención ilícita por parte del progenitor desfavorecido con ocasión de un proceso de separación matrimonial o de divorcio, del desfavorecido en la atribución de la custodia de los hijos.
Este segundo caso, divorcio, separación, pensamos, y muchas de SS.SS.
coincidirán con nosotros, es un supuesto frecuente que merece un estudio y un debate más amplio que el limitado en exclusiva a una reforma del Código Penal, ya que cada vez son más numerosas las protestas por parte de progenitores a los que se ha retirado la custodia y que reclaman, en aras de una mayor igualdad en las relaciones conyugales y de pareja, el establecimiento de una custodia compartida de los hijos para estos casos de separación o de divorcio, sistema este de la custodia compartida que rige ya en otros Estados europeos.
Acudir a soluciones de este tipo creemos que haría innecesaria en la mayoría de las ocasiones la respuesta penal, en el bien entendido de que en los casos más extremos esta respuesta seguiría siendo necesaria, aunque atrasada, por ejemplo y sobre todo en los casos de huida al extranjero con los menores.
Dentro de esta tendencia de ceñir la respuesta penal a los supuestos más extremos, más graves, nos parece más adecuada la línea de regulación que incorpora la proposición de ley del Grupo Socialista al considerar que la sustracción o la retención de menores es un delito contra los derechos y deberes familiares, y no un tipo especial dentro del delito de secuestro, dentro del delito de retención ilegal que es la perspectiva que adopta la proposición de ley del Grupo Popular.
La razón es obvia. En la tipificación de los delitos contra los derechos y los deberes familiares, el artículo 224 del Código Penal no exige la concurrencia de una negativa del menor a la sustracción, negativa que sí es preciso demostrar en el delito de secuestro o de retención ilegal. Bastaría con que la sustracción persiga evitar la comunicación con el otro progenitor, circunstancia más fácilmente acreditable y que simplifica la aplicación del tipo penal.
Además, la proposición de ley del Grupo Socialista acoge con mayor claridad el principio de intervención penal mínima al contemplar como causa de exención de la aplicación de la pena la restitución del menor.
Así, reitero lo que dije al comienzo. Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de ambas proposiciones de ley y será después, en el trámite parlamentario, cuando estas reticencias que acabo de manifestar se traduzcan eventualmente en enmiendas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente -nos lo han pedido así las dos portavoces que sustentan las iniciativas, las señoras Alberdi y Barrios- las dos proposiciones, porque entendemos que son complementarias una de otra, se enriquecen mutuamente en su propia consideración y en el fondo están hablando del mismo derecho que hoy nos mueve aquí a dar nuestro voto positivo a las dos. ¿Por qué decimos esto? Efectivamente al desaparecer del Código Penal de 1995 la figura sustantiva de la sustracción de menores, quedó solamente una característicapenal: la retención ilícita o el secuestro. ¿Qué

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nos viene ocurriendo? Que en el caso de matrimonios mixtos, y sobre todo cuando el varón es de nacionalidad y tiene pasaporte de un país que no ha suscrito el Convenio de La Haya -lo ha recordado aquí la señora Alberdi y conozco en este momento varios casos que se han dado en Canarias de matrimonios mixtos por su nacionalidad- la policía española de fronteras es incapaz, no puede utilizar ningún argumento legal contra un señor provisto de un pasaporte -de un país árabe, caso concreto del que hablo, sin citarlo aquí- que viene acompañado de un menor o de dos, que está en verdad contraviniendo un principio moral de nuestras leyes, pero que si no está contemplado en el Código Penal imposibilita que la policía española de frontera proceda a la retención. Esto genera una indefensión.
Creemos que es oportuno el enfoque y lo que ha dicho aquí la señora Alberdi de, junto a un mantenimiento de tipo penal, ir al derecho de familia, predominando siempre, como también ha recordado la señora Barrios, el derecho del menor y al mismo tiempo hacerlo compatible con el derecho de familia. Esto necesita una clarificación y una contundencia legal para que, una vez que tengamos la ley hecha, cualquiera que sea el infractor que trate de pasar la frontera con un menor, la policía española pueda detenerlo y llevar a cabo las actuaciones correspondientes, es decir, la función disuasoria para que esto no se sitúe en los parámetros actuales.
Las dos iniciativas son complementarias porque coinciden, al menos formalmente, en el intento de modificación del artículo 224 del Código Penal, que está en ambos textos. El texto del Grupo Popular hace hincapié en la modificación acertada de los artículos 163, 165 y 223, coincidiendo, como digo, las propuestas del Partido Popular y del Partido Socialista solamente a efectos de ubicación.
En la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista hay dos llamamientos que quiero resaltar. En primer lugar, sí considero oportuna la modificación del artículo 102 como 102 bis del Código Penal, porque si no hay garantías cautelares mientras se produce un proceso definitivo este personaje, el que quiera contravenir este fondo moral de lo que hoy día nos mueve a dar nuestro voto de apoyo positivo, puede pasar impunemente la frontera con el menor. Tiene que haber una medida cautelar de retirada de pasaporte o de cualquier otra cautela que contemple la ley, para que nuestra actuación, a través de los agentes de la autoridad de frontera actúen de forma impecable, correcta y ajustada a ley. Pero también hay una consideración que a mi grupo le mueve resaltar y que propone el Grupo Parlamentario Socialista como modificación del artículo 224, apartado 3 del Código Penal. Señorías, estas situaciones obedecen a dramas familiares. Hay un contexto de emotividad, no hay en principio una presunción de acto doloso, de acto de infracción penal; obedece al drama de la vida humana, que va a reflejarse en los intentos de mala utilización de la patria potestad sobre los menores.
Hacemos víctima al menor en un drama de la pareja familiar, pero no solamente al menor, sino a los derechos familiares del otro cónyuge, que incluso puede tener otorgada la tutela de este menor. Pero como son dramas humanos familiares motivados no por una actividad dolosa, de intencionalidad penal, en la que el Código Penal debe ser inflexible, creemos que es oportuno introducir un concepto humanitario, como trae el punto 3 de la propuesta del Grupo Socialista de modificación del artículo 224, por la que si hay una restitución del menor quede exento de penas. Esto dignifica y ennoblece la conducta de ese cónyuge, aunque haya actuado así, para que si reflexiona y se aviene a razones, encuentre en la propia ley una salida ordenada para que no sufra mayor daño el menor, y que esa entrega, esa devolución en lugar conocido, tenga un reflejo de condescendencia -vamos a llamarle así- en nuestro Código Penal.
Sin más razones, señora presidenta, y por entender que estamos hablando de un fondo que nos une a todos a dar nuestro voto, como las dos iniciativas son complementarias y en la misma sintonía, mi grupo va a votarlas favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Vasco es poco dado a las modificaciones del Código Penal en función de lo que publiquen las páginas de sucesos de los periódicos.
Sin embargo, la reiteración de sucesos comprendidos en lo que pretenden las dos normas que se nos presentan, nos llevan a considerar que quizá sí debamos aceptar la admisión a trámite de las dos iniciativas, con la presentación de algunas enmiendas para reconducir a sus justos términos las medidas que deban ser adecuadas para tratar estos asuntos. Por ello, vemos más lógica y más correcta, técnicamente, la iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que parte de menos a más. Nos gusta que en ella, en principio, se parte de las medidas cautelares civiles que intentan evitar la patología penal. Son medidas previas a la comisión del hecho delictivo, ciertamente limitativas de derechos, pero que lo son en bien del menor, y que, repito, pueden evitar la comisión del hecho delictivo. Nos parece que esa debe ser la primera medida que el legislador intente, la utilización de los procedimientos civiles antes de adentrarse en los procedimientos penales.
Mayor reticencia nos suscita lo que en la iniciativa socialista se plantea dentro de las medidas cautelares penales. Nos parecen bien las posibles modificaciones

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de limitaciones de derechos en relación con la guarda y la tutela del menor. Quizá la idea de la extinción case mal con la idea de lo cautelar, que es esencialmente provisional y revisable, pero, en todo caso, estamos abiertos a que, mediante la presentación de enmiendas, lo discutamos cuando se aborde en la correspondiente ponencia.También nos gusta de la iniciativa socialista que lo que se aborde sea una modificación del artículo 224, dentro del capítulo referido a los delitos que se producen en el ámbito familiar, más que abordar, como hace la iniciativa del Grupo Popular, el tipo genérico de secuestro.
El apartado primero que se pretende introducir en el artículo 224, nos parece correcto. Tenemos alguna duda respecto al apartado segundo, porque no vemos que sea necesario introducir el concurso de delitos dentro del tipo. Quizá pudiera abordarse de una manera distinta desde una mayor corrección técnica. También consideramos que lo que se introduce como 224.3, de exención de la pena en determinados casos, podría tropezar con la adición del artículo 225, que para idénticos supuestos contempla una rebaja y no la exención.
En todo caso, es un problema de técnica legislativa, un mero error técnico que estamos dispuestos a abordar en el trámite de ponencia.
Más sorpresa nos ha suscitado la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Siendo muy ponderada en lo que a la exposición de motivos se refiere, nos parece un despropósito, si se nos permite decirlo en estos términos, en cuanto a la técnica que utiliza. La modificación del artículo 163, el tipo genérico de secuestro, nos parece que es técnicamente incorrecta. La mera lectura del apartado cuarto de este artículo 163, al que me estoy refiriendo, hace que de inmediato se nos ocurran por lo menos tres enmiendas, las tres sustanciales. Una de ellas referida a un importantisimo vis in idem que se produciría en relación con el texto del artículo 165. Tampoco nos parece adecuada la forma en que la iniciativa popular aborda la modificación del artículo 223, ya que hace prácticamente coincidente lo que contempla con el 556 del Código Penal, que castiga la desobediencia a un mandato judicial, o con el 622, que contempla esta pena como falta y no como delito. Igualmente ocurre con la adición que la iniciativa popular tiene en relación con el artículo 224, párrafo segundo, que introduce una penalidad, equiparando al extraño que induce a un menor de edad o incapaz a abandonar el domicilio familiar con el padre del menor. Hay que suponer razonablemente que el riesgo que corre el menor es siempre menos grave en el segundo caso que en el primero. Por un principio de proporcionalidad de la pena, no se debe sancionar igual lo que es desigual.
Nos produce sorpresa que un grupo que tiene la mayoría tan suficiente como la que tiene en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular, que tiene, además, entre sus filas acreditados juristas, nos haya presentado una iniciativa, repito, tan incorrecta en lo técnico. Ello no obstante, y puesto que las dos son atendibles en cuanto que la exposición de motivos, por ejemplo, de la iniciativa popular está muy bien fundada, el Grupo Vasco votará favorablemente a las dos, presentará las enmiendas oportunas y en el trámite de ponencia intentaremos que la ley quede lo más ceñida a lo que son las necesidades sociales, sin excedernos en la contemplación de excesivos tipos delictivos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Con brevedad, señora presidenta.


Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de las proposiciones. Este grupo nunca ha considerado conveniente, una vez que estaba establecida la detención ilegal o el secuestro -es verdad que en la modificación del Código Penal de 1995 se dejaron algunas lagunas-, ir tipificando cada una de las casuísticas de Pepe Pérez o de Antonio García. No creíamos que dar respuesta a todas las situaciones debiera ser la actuación del legislativo. No obstante, las lagunas que dejó la reforma de 1995 nos lleva a apoyar las propuestas, la toma en consideración, aunque también presentaremos las enmiendas oportunas. Me voy a referir a algunas de ellas.
Sobre el texto del Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, el artículo 224.1, al final, cuando se habla de que incurrirá, además, en la pena prevista en el artículo 556, entendemos que es una barbaridad en técnica jurídica la concurrencia de penas. En todo caso, habría que darle otra estructura. Incluso el artículo 224.3, al final, parece como una excusa para no tipificar el hecho en sí mismo.
En el artículo 102 bis.1, cuando se dice: de igual forma cualquier variación del domicilio del menor, que no esté justificado..., a nuestro entender pudiera incurrir incluso en una situación de inconstitucionalidad al rozar el derecho a elegir libremente la residencia, tal como establece el artículo 19 de la Constitución española. No obstante, tanto estas cuestiones como las del Grupo Popular, las vamos a votar favorablemente y en el trámite correspondiente presentaremos las enmiendas pertinentes.
Nada más, muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por último, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem tiene la palabra.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es para mi un motivo de satisfacción intervenir por primera vez en esta Cámara, en nombre del

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Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fijar nuestra posición respecto de las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular.
El Grupo Catalán aprobará estas proposiciones de ley, como ya lo hizo en la anterior legislatura, porque ambas, con la misma finalidad, aunque por distintas vías, vienen a dar respuesta a un problema social, llenando un importante vacío legislativo en el ordenamiento penal, con el fin de proteger los derechos del menor en los supuestos del llamado secuestro interparental, objetivo que evidentemente compartimos desde Convergència i Unió.
Este tipo de actuaciones, el que un progenitor retenga o traslade a un hijo a lugar distinto del que ha venido residiendo, bien con ambos padres o con el que tiene su custodia, con el efecto de que el contacto con el otro progenitor queda impedido, es un fenómeno que si bien no es nuevo, tal como aquí ya se ha dicho, ha venido creciendo, desgraciadamente, tanto en casos en que los progenitores son de distinta nacionalidad, pero también en casos en que son de la misma nacionalidad. En estos supuestos, señorías, las víctimas de la situación son los menores, porque son considerados más como un objeto con el que unas veces hacer daño al otro progenitor, y otras utilizarlos como pieza de trueque en las negociaciones patrimoniales, que como un sujeto del derecho a la libre y normal relación con ambos progenitores, imprescindible para su desarrollo integral.
Como se ha dicho ya por la señora Alberdi, no hay estadísticas oficiales ni un centro específico en la Administración española que coordine estos temas. Por tanto, me veo obligada a utilizar también los datos oficiosos, facilitados por al ONG Asociación para la recuperación de niños sacados de su país, que nos dice que anualmente en el Estado español más de un centenar de niños son objeto de este tipo de sustracción. Convergència i Unió apoyará estas proposiciones de ley, porque actualmente el trabajo de búsqueda y retorno de los menores viene dificultado, e incluso a veces obstruido, por la inexistencia en el Código Penal del delito de secuestro interparental.
Efectivamente, aunque en el Código Penal de 1995 se otorga una gran cobertura jurídica al menor, como ya se ha dicho, la sustracción de menores por sus propios progenitores no ha encontrado cobertura adecuada en la aplicación del Código Penal porque los tribunales excluyen la aplicación a estos supuestos tanto del tipo penal descrito en el artículo 163 del Código Penal, que trata de las detenciones ilegales y secuestros, como del tipo descrito en el artículo 224 del mismo cuerpo legal, que se refiere a los delitos contra derechos y deberes familiares, y remiten el de desobediencia a la autoridad judicial, delito que, por llevar aparejada pena inferior a un año, imposibilita la emisión de una orden de detención internacional.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apoyará estas proposiciones de ley porque la tipificación permitirá activar los mecanismos internacionales de cooperación, especialmente con países que no han suscrito el Convenio de La Haya -como también ha dicho la diputada señora Alberdi- o con los que no hay todavía un convenio bilateral.
Por lo que se refiere a las propuestas concretas, señorías, tenemos dos proposiciones de ley de las que va a tener que salir un nuevo texto. Un texto, esperamos, de consenso entre todos los grupos, que se concretará en la futura ley y que esperamos se nutra y enriquezca con las enmiendas que se presenten en el trámite correspondiente, tendentes a subsanar y completar algunas insuficiencias que, a nuestro juicio, tiene tanto una como otra proposición.
Convergència i Unió, compartiendo de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista la necesaria armonización del Código Penal con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el Código Civil, y por lo que respecta a este último cuerpo legal, cree que las medidas cautelares propuestas tendrían menor acogida en sede del artículo 158 que en la del artículo 102. Si se regulan en este último, únicamente surtirían efecto en el caso de que se interpusieran medidas provisionales de separación o divorcio, y es bien sabido que este tipo de conductas muchas veces se realizan antes de producirse una separación. Creemos que las medidas cautelares deberían poder solicitarse genéricamente para protección del menor por la vía del artículo 158 del Código Civil, como se ha dicho, que permite hacerlo en medidas cautelares tanto previas como coetáneas o después de ellas.
En cuanto a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, nos parecería más riguroso, desde un punto de vista sistemático, que la regulación de este delito se incluyera en el título XII libro segundo del Código Penal, que trata de los delitos contra los derechos y deberes familiares, porque esto es, a nuestro juicio, lo que estas conductas son. Si se quiere, creando un subtipo con pena tan elevada como la prevista para los secuestros y detenciones ilegales, pero dentro de los delitos contra las relaciones familiares.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) echa de menos en una y otra propuesta la precaución de contemplar la necesidad de un requerimiento previo al progenitor presuntamente secuestrador, requerimiento que serviría para constatar que nos hallamos efectivamente ante una situación de secuestro o retención y no únicamente ante un retraso o un imponderable. Todo ello con el fin de evitar -también en aras de la protección del menor- que esta tipificación pueda ser utilizada maliciosamente contra el otro progenitor.


En conclusión y esperando poder tener un texto consensuado entre todos los grupos parlamentarios, Convergència i Unió apoyará las proposiciones de ley que

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hoy se presentan porque, en definitiva y como se ha dicho, dan respuesta jurídica a un problema social y facilitan la resolución de estas terribles situaciones de secuestro interparental.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Civil, para combatir la sustracción o retención ilícita de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 325.


La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de ley de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Penal en materia de secuestro familiar de menores e inducción del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de ley de referencia.


PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO:

- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (Número de expediente 262/000001.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Propuesta de designación del Defensor del Pueblo.
Ha sido remitida, por parte del señor presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, la propuesta formulada para la elección por el Pleno del Defensor del Pueblo.
En primer lugar, ruego al señor secretario primero de la Mesa que dé lectura a la propuesta formulada por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.


El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en su reunión del día 31 de mayo de 2000, celebrada en el Palacio del Congreso de los Diputados, acordó, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de 6 de abril de 1981, modificado por la Ley Orgánica 2/1992, de 2 de marzo, elevar al Pleno del Congreso de los Diputados y, en su caso, al Pleno del Senado, la candidatura de Defensor del Pueblo de don Enrique Múgica Herzog, presentada por los portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Coalición Canaria, que se aprobó por mayoría.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 31 de mayo de 2000. El presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Rogelio Baón Ramírez.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
Señorías, la votación será secreta y por papeletas. Las señoras y señores diputados serán llamados nominalmente por un señor secretario para depositar la papeleta en la urna correspondiente. Votar sí significa votar a favor de la propuesta formulada por la Comisión Mixta, y votar no significa votar en contra de dicha propuesta. Por cuanto no hay más que una candidatura presentada, ha sido sólo una la propuesta elevada al Pleno, por lo que las papeletas pueden contener asimismo indistintamente el nombre del candidato.
Llamen a votación. (Pausa.) Vamos a proceder a cerrar las puertas del hemiciclo, como reglamentariamente está previsto.
Señor secretario, comenzamos la votación.


(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores diputados.)

Terminada la votación y efectuado el escrutinio, dijo

La señora PRESIDENTA: Resultado de la votación: votos emitidos, 326; a favor de la propuesta, 306; en contra, 11; en blanco, ocho; nulos, uno.
En consecuencia, al haber obtenido una votación superior a los tres quintos de esta Cámara exigidos, queda designado Defensor del Pueblo don Enrique Múgica Herzog.
Este resultado será comunicado al Senado, a los efectos oportunos.
(Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA LIBERALIZACIÓN REAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS. (Número de expediente 162/000045.)

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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL MERCADO DE HIDROCARBUROS. (Número de expediente 162/000044.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL CRECIMIENTO DE PRECIOS DE LOS CARBURANTES.
(Número de expediente 162/000049.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos. Asimismo, serán debatidas conjuntamente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el mercado de hidrocarburos, y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para hacer frente al crecimiento del precio de los carburantes.
En primer lugar y para defender la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, estamos asistiendo a una subida del precio de los carburantes continua y reiterada; en lo que va de año son quince veces las que han subido los carburantes. Esta subida afecta de manera especial a determinados colectivos, para los cuales mi grupo parlamentario ya ha presentado proposiciones de ley específicas, pero incide de manera generalizada sobre la capacidad de compra, y por tanto sobre la mayoría de los consumidores y usuarios.
Pero esto no es algo nuevo, ya en 1999 los precios de la gasolina en España registraron un comportamiento alcista superior a la media de los quince países de la Unión Europea. Es por tanto un problema que -como he dicho antes- se viene planteando de manera reiterada y en el que sin duda tienen incidencia el precio del crudo y la evolución de la paridad del euro, pero en ningún caso esto puede servir para eludir la responsabilidad del Gobierno y su capacidad para incidir, a través de una serie de medidas concretas, en la aceleración de un proceso de liberalización, que se encuentra francamente frenado por una Ley de Hidrocarburos que resulta claramente insuficiente y que mantiene una estructura oligopolística del sector de carburantes. Por tanto, pensamos que la legislación es insuficiente y que el Gobierno debería tomar una serie de medidas. Efectivamente, hay que recordar que en abril de 1999 y en octubre del mismo año -creo recordar- el Gobierno aprobó una serie de planes de liberalización que incluían determinadas medidas que incidían en este sector, y cuyo balance, a la vista de la situación en que nos encontramos en estos momentos, podemos calificar de claramente negativo.
Sin embargo, una vez más estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión o de la esquizofrenia en lo que se refiere a la política del Gobierno. Por una parte están las grandes declaraciones de intenciones, lo que llamamos la literatura, en la que el señor Rato, refiriéndose a la profundización del proceso de liberalización, está explicando continuamente que en esa dirección va el Gobierno, y por otra parte no terminan de tomarse medidas. Todo esto viene acompañado además por una proposición no de ley, que no ha sido retirada por el Grupo Popular, en la que se proponen una serie de generalismos como fomentar, tratar de, incentivar, pero sin establecer ninguna medida concreta. Sé que, por otra parte, hay una enmienda del Grupo Popular que especifica más concretamente una serie de medidas, pero de verdad parece que el Gobierno tiene falta de interés o no sé si atreverme a decir falta de responsabilidad en este caso. ¿Desde cuándo se está anunciando que va a haber medidas? Estamos todos de viernes a viernes y tiro porque me toca, pero no hay ninguna medida. Hay anuncios de determinadas medidas sobre las que en su momento discutiremos en cuanto a la efectividad que puedan tener porque vendrán a esta Cámara y las debatiremos. Quiero recalcar en este momento la falta de diligencia del Gobierno en hacer sus deberes, en atender a su responsabilidad y en tomar una serie de medidas que afectan de manera intensa e inmediata a la mayoría de los ciudadanos.
Nosotros presentamos en su momento una proposición no de ley que tiene dos bloques y pretende por una parte facilitar que se impidan las prácticas restrictivas, y por otro lado que se fomente la entrada de competidores. El segundo bloque va a posibilitar un comportamiento más transparente y eficaz de los órganos que tienen reconocidas las atribuciones en materia de defensa de la competencia.
No voy a explicar la proposición no de ley punto por punto, simplemente voy a incidir en aquello que considero tiene más importancia o por lo menos creemos que tienen mayor incidencia para posibilitar la práctica de restricciones o bien posibilitar la entrada. Me estoy refiriendo a recuperar por parte del Gobierno la posibilidad de establecer precios máximos de venta al público de gasolinas y gasóleos en determinadas ocasiones de carácter excepcional y que vengan establecidas mediante ley. Señalo esto para que no se me diga que es una intervención del Gobierno para establecer precio máximo, que si se interviene según los precios máximos que había antes ahora el precio de la gasolina podría estar más alto. No. Voy a evitar a la responsable del Grupo Popular que me conteste eso. Se trata de que haya posibilidad de establecer un precio máximo en situaciones excepcionales y ésta es una situación excepcional, porque hay acusaciones por parte del Tribunal

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de Defensa de la Competencia de falta de competencia. Es una situación excepcional donde el establecimiento de ese precio máximo estará establecido por ley y el Gobierno podrá claramente ver cómo se establece ese precio máximo; por tanto, toda esa argumentación puede tener muy poco sentido.
La segunda medida que nos parece importante es que la posibilidad de acceso a la infraestructura logística sea regulada; es decir que no sean los competidores o los que quieran entrar o utilizar la Ley de infraestructura logística quienes tengan que negociar un precio con los propietarios, es decir con CLH, la Compañía Logística de Hidrocarburos porque la negociación siempre estará en situación desventajosa. Pretendemos que el acceso sea regulado, sea tarifado por el ente de los procesos de liberalización y a la hora de establecer una competencia efectiva tal función la tiene asignada la Comisión Nacional de la Energía. Por tanto, consideramos que el acceso regulado por la Comisión Nacional de la Energía es un tema fundamental para posibilitar la entrada de competidores en este sector.
Quiero destacar otro de los puntos que es la reducción a cinco años del plazo máximo de vigencia de los contratos en exclusiva. Hay una directiva comunitaria que ha entrado en vigor el día 1º de junio, y esto lo doy por hecho. Voy a incidir en una enmienda que por entrar en vigor la directiva comunitaria a partir del día 1º de junio, va a permitir que se establezca un período de transición para aquellos que están secuestrados con un contrato de diez años; es decir, que se pueda permitir a los distribuidores minoristas resolver anticipadamente sus contratos en exclusiva siempre que hayan superado los cinco años, manteniéndose lógicamente las condiciones que definan el equilibrio económico de estos contratos en exclusiva.
Respecto al segundo bloque de las medidas que hemos presentado, van como he dicho antes a asegurar el funcionamiento transparente y eficaz de los órganos de la competencia. En este sentido, pedimos que tanto el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, como el presidente de la Comisión Nacional de la Energía comparezcan cada seis meses en esta Cámara para informar del estado de la competencia efectiva, en este caso nos estamos refiriendo al sector de hidrocarburos pero llegará otro momento en que tendremos que hablar de otros sectores energéticos, y que a su vez sugieran y propongan todas aquellas iniciativas, y también que presenten un balance de actuaciones en este ámbito de la liberalización y establecimiento de la competencia efectiva.
Respecto a las dos proposiciones no de ley que aparecen presentadas por otros grupos, me estoy refiriendo a la proposición no de ley de Izquierda Unida respecto a este tema, el Grupo Parlamentario Socialista coincide con todos los puntos que se explicitan en esa proposición y por tanto votaremos a favor. Con relación a la proposición no de ley del Partido Popular, que no está retirada y por tanto me veo en la obligación de tener que explicarme, resulta francamente generalista, es una proposición no de ley que se ha presentado un poco para salir del paso hoy y que lo mismo vale para un roto que para un descosido, porque quiero recordar que en esta Cámara y en la última sesión plenaria que hubo se presentó esta misma proposición no de ley generalista como enmienda a una proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que tenía el objetivo de incidir única y exclusivamente en el sector del gasóleo agrícola. Este sistema multiuso de quita y pon nos parece que supone una adulteración total de lo que es el procedimiento parlamentario, y seguimos en la misma porque hoy sigue esa proposición no de ley en pie, pero el Partido Popular presenta como enmiendas a las otras dos proposiciones no de ley que se han presentado otra proposición que efectivamente es mucho menos generalista, y sobre la que me definiré en el momento procesal oportuno, porque creo que una de las cosas importantes es mantener el procedimiento.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Para defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pisonero.


La señora PISONERO RUIZ: Señora presidenta, señorías, esquizofrenia, irresponsabilidad, falta de diligencia. A pesar de eso y quizás saltándome el procedimiento, subo a esta tribuna para ofrecer el máximo acuerdo posible, porque en este caso seremos capaces de avanzar poniendo los puntos positivos y no empezando por lo negativo, que siempre es una mala fórmula en una democracia cuando se quiere avanzar y solucionar problemas en lugar de buscar protagonismos mal entendidos.
Tengo que decir que si hay dilación de un viernes a otro viernes, yo creo que eso es poco tiempo comparado con diez o doce años que se han tardado en sacar determinadas leyes, como es el caso de la Ley de Hidrocarburos de 1992, en la que en su caso ya se empezó a liberalizar un sector que se sabía necesitaba una reforma desde diez años antes.
Por tanto, más vale que intentemos ponernos de acuerdo en la literatura y sobre todo buscar el paso más consensuado posible en la práctica, y hoy tenemos la ocasión -así lo entiende el Grupo Popular- de avanzar lo que considera esta Cámara y por tanto los ciudadanos que es importante se haga en el sector de los hidrocarburos antes de que el Gobierno adopte unas medidas concretas.
En ese espíritu de colaboración recordaba la portavoz socialista que en un debate anterior el Grupo Popular presentó una enmienda que efectivamente era la proposición no de ley que en principio se quería debatir

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en ese proceso, y no se aceptó en términos generales porque entendía que si había sectores que se veían especialmente perjudicados no podíamos dejar al resto de los ciudadanos y consumidores sin solucionar una cuestión que consideramos fundamental, que es favorecer la bajada de los precios de los hidrocarburos para todos y no sólo para algunos sectores, cosa en la que el Grupo Popular es coherente; a lo mejor lo interpreta usted como multiuso pero desde la perspectiva del Grupo Popular es coherencia plantear soluciones a problemas. Defendimos esa proposición no de ley en su momento, en el sentido de decir: no hay que bajar impuestos de hidrocarburos porque estamos en un proceso de convergencia en impuestos especiales, es una solución parcheada a un problema que debemos abordar globalmente, y en ese sentido tenemos que apostar por una mayor competencia y liberalización, que fue lo que se estableció y se aprobó en ese debate por iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y ahora avanzamos en la concreción de lo que debe ser la solución a un problema general que es el del sector de hidrocarburos, y no sólo para colectivos concretos como se planteó en la ocasión anterior.
Planteado así el problema, el Grupo Popular considera fundamental no sólo favorecer al conjunto de consumidores, sino que incidamos en las causas donde podemos actuar y no en los factores que son exógenos y que están en la raíz del problema que a veces se exime del análisis, como son el precio del crudo y la depreciación del euro. Reiteramos que es preciso incidir en las causas que puedan estar en un comportamiento diferencial de la economía española, incidiendo en cualquier caso en lo que debe ser una competencia efectiva de un sector como es el de hidrocarburos. Creo que en eso estamos llegando a cierto acuerdo. Quiero recordar, y es el elemento positivo, que hasta el Grupo de Izquierda Unida insta a que avancemos en la dirección de una mayor liberalización y competencia efectiva. Por tanto hay tres grupos de esta Cámara que ya manifestaron su adhesión, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en su día, y el Grupo de Coalición Canaria en el sentido de apoyar todas las iniciativas que mejoraran tanto la competencia del sector como que avanzaran en la liberalización. De esa es forma se pueden lograr acuerdos que está buscando el Grupo Parlamentario Popular, como ha manifestado desde el principio de la legislatura, de ir sobre mínimos construyendo grandes acuerdos. Es el ánimo que nos trae hoy a esta Cámara, y es el ánimo que nos ha llevado a presentar una enmienda, ya no multiuso como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, sino una enmienda que sobre ese enfoque general de mayor liberalización y mayor defensa de la competencia, detalle medidas más concretas para avanzar en esa mayor liberalización.


Desde esa voluntad de diálogo el Grupo Popular enmienda su propia proposición no de ley (es lo que reclamaba la portavoz socialista como aclaración), dado que la misma se aprobó como enmienda a la proposición no de ley de Convergència i Unió en el debate del 30 de mayo. Por tanto, lo que hoy se debatiría es la enmienda a la proposición no de ley que ya está aprobada por esta Cámara en términos genéricos y hoy profundizamos en ese debate para avanzar en las medidas concretas, y solicito al Grupo Socialista al igual que al Grupo de Izquierda Unida su toma en consideración para avanzar en acuerdos que consideramos importantes sobre dos piezas básicas donde ya hay acuerdo: mayor liberalización y una profundización de lo que es la política de defensa de la competencia.
En ese sentido, analizadas las propuestas de los otros grupos al detalle -que ese es nuestro interés-, y no cayendo en la tentación de no analizarlas y directamente votar en contra (cosa que era mucho más fácil, ya que podíamos decir se vota no y fin del problema), vemos que tanto en la proposición no de ley del Grupo Socialista como en la de Izquierda Unida existen elementos que nos permiten avanzar en posiciones de acuerdo, como son las que yo planteo en esa búsqueda de acuerdos, en cinco puntos fundamentales, que son: en primer lugar favorecer el acceso a las instalaciones en las redes de almacenamiento y distribución para todos los operadores, un principio en el que estamos de acuerdo, y luego veremos el desacuerdo. El segundo, además incorporando directamente el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, es asegurar la neutralidad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), para que no esté controlada por un número reducido de operadores mayoristas; segundo punto de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y con la filosofía de la propuesta del Grupo de Izquierda Unida. Hay un tercer punto donde podemos seguir avanzando. La Unión Europea ha sacado ya un nuevo reglamento que nos permite prohibir desde el 1º de junio de 2000 todos los acuerdos de exclusividad en la distribución que superen el período de cinco años. Efectivamente, como solicitaba la señora Mendizabal existe un período transitorio para aquellos contratos que ya existieran antes del 1º de junio de 2000, período transitorio que llega hasta diciembre de 2001, para ponerse al día en esa nueva normativa, y cualquier iniciativa en ese sentido va a estar apoyada por el Grupo Parlamentario Popular; por tanto, tres puntos de acuerdo. El cuarto punto de acuerdo que es opcional, trata de fomentar el aumento del número de gasolineras, fijando como se establece en la enmienda los criterios básicos para que entre todas las administraciones públicas se promueva la constitución de nuevos puntos de suministro. Este punto lo considero opcional, aunque por lo que he visto en el registro de 6 de junio de 2000, el Grupo Parlamentario Socialista, en un plan presentado a través de una proposición no de ley, en uno de sus puntos insta al Gobierno a promover nuevos puntos de suministro, con lo cual también podríamos llegar a un

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acuerdo en ese cuarto punto. Y el quinto aspecto es profundizar en el desarrollo de la política de competencias. Son cinco puntos que extractados de lo que es la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a sendas proposiciones no de ley, propone el grupo parlamentario como un acuerdo en el que todos podamos coincidir, sabiendo que el Grupo Parlamentario Popular puede votar su enmienda sin mayores problemas y con el detalle que estime conveniente; pero el Grupo Parlamentario Popular prefiere aprobar algo en lo que todos estemos de acuerdo.
No vamos a estar de acuerdo en dar marcha atrás en un proceso de liberalización, estableciendo precios regulados en mercados donde hay un precio libre. Consideramos que eso no es positivo, tampoco consideramos positivo marcar las cuentas de resultados de empresas privadas; eso se haría si se fijaran los precios máximos con la responsabilidad que supondría de compensar a una empresa por haberle fijado la pieza básica de su beneficio. No estamos tampoco de acuerdo en que tengamos que aplicar sistemas regulados en un mercado donde ya funcionan los procedimientos negociados, como es el caso del sector de los hidrocarburos, con unos resultados muy positivos en los que el coste medio de los servicios logísticos ha seguido una tendencia descendiente y continua, lo que indica no hay una barrera en ese ámbito que llevara a regular el precio, puesto que el coste se está abaratando.
Para terminar, en lo que yo entendía que era el procedimiento establecido y era un debate conjunto de las tres proposiciones no de ley, decir que hemos coincido en muchos elementos de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que yo propondría unir en una transaccional que pudiéramos votar todos en ese espíritu de diálogo y constructivo. Con el Grupo de Izquierda Unida coincidamos también en dos o tres aspectos que consideramos positivos y están incorporados en la propuesta que les estoy planteando en nombre del Grupo Parlamentario Popular, aunque no estaríamos de acuerdo, porque además es contradictorio, en mejorar fiscalmente por un lado a unos colectivos y por otro establecer una eco-tasa, que encarecería mucho más las gasolinas y los hidrocarburos para todos los ciudadanos en beneficio de un solo colectivo. El Grupo Parlamentario Popular considera que eso es incoherente y no lo apoyará.
En definitiva, y termino, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular ha enmendado su proposición no de ley que fue aprobada en un texto de hace dos semanas, con el interés de avanzar medidas donde podamos llegar a acuerdos y concreciones sobre lo que debe hacer el Gobierno en cuanto a la liberalización del sector de los hicrocarburos. Con ese ánimo constructivo podemos avanzar y desde el Parlamento podemos establecer unos puntos básicos al Gobierno en las medidas que adopte, con independencia de que después las debatamos en esta Cámara. Quiero ampliar, porque se me ha olvidado decirlo, que el debate lo hagamos en la sede de la Comisión de Economía y no planteándonos procedimientos extraordinarios, para debatir como veremos en la moción de inflación que es complementaria a esta proposición no de ley de hidrocarburos, más expedientes de competencia y que pueda venir el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de las comisiones respectivas a informar de las materias de su competencia, para lo que contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pisonero.
Para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes, tiene la palabra el señor Centella.


El Señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, estamos en un debate importante, y estoy convencido de que todos nuestros compañeros diputados están en sus despachos siguiéndonos por televisión y no contemplando otros posibles eventos que se están produciendo en estos momentos; por tanto el que haya pocos diputados responderá a ese motivo y no a otro.
Digo que es un debate importante porque estamos ante un problema serio en este país, problema que está afectando muy directamente al bolsillo de muchos ciudadanos y a la economía de este país, ya que la sucesiva subida de la gasolina está provocando que se castigue muy seriamente a sectores como el agrícola y también al ciudadano normal, que ve cómo incomprensiblemente sube el precio de la gasolina sin parecer tener fin. Por eso es muy importante que hoy aquí lleguemos a acuerdos que sean eficaces y que sean además creíbles desde este momento. No podemos plantear propuestas y decir a los ciudadanos que esperen a que den resultados, como esperan a que venga la lluvia o cualquier otro fenómeno natural. Por tanto, repito, aquí tenemos que acordar propuestas que hagan posible desde este momento frenar esta subida y cambiar una tendencia que todos creemos no tiene lógica en estos momentos. Hay una realidad, y es que la subida de la gasolina tiene sus causas en varios aspectos, pero hay una muy evidente y es que ha fracasado la política de liberalización del Partido Popular, y ha fracasado en este sector como también está fracasando en el sector de la vivienda, porque el camino que han escogido, el camino de la liberalización no es el que mejor puede llevar a un control efectivo de los precios. Ustedes se empeñan en mantenerlo creyendo que el liberalismo resuelve todos los problemas de este mundo, y en este tema se ve claramente que no es el mejor camino a seguir, y no está dando los frutos, ni siquiera aquellos que el Gobierno planteó de que se iba a bajar la gasolina todas las semanas cuando se anunciaron estas medidas,

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y además ha ido parejo con una renuncia del Gobierno a defender los derechos de los usuarios, los derechos de los consumidores. Ahí radica el problema número uno del Gobierno en estos momentos, y es que ha hecho dejación de una obligación que tiene todo Gobierno, que es defender los derechos de los ciudadanos. Digo esto porque la subida no está afectando solamente de forma directa a aquellos que utilizan carburante para su actividad económica, sino que está provocando en cadena día a día una subida de los transportes de viajeros, de los transportes de mercancías y unos daños irreparables en el sector agrario. En consecuencia, medidas que pudieran dar unos resultados dentro de unos meses, no podrán de ninguna manera paliar los daños que día a día se están produciendo. Por tanto, repito, ustedes deben empezar asumiendo que el liberalismo, que a ustedes tanto les gusta, no resuelve todo los problemas de este mundo, ni mucho menos el que tienen planteado en este momento de las subidas de las gasolinas. En consecuencia, independientemente del proceso que ha habido de subida de precio del crudo, independientemente de la depreciación del euro, ha habido precisamente ese fracaso de su modelo de política, esa dejación que ustedes han hecho de intentar participar o intentar incidir en un mercado, y al final se ha producido una auténtica desregularización del sector que ha dado lugar a la aparición de un verdadero oligopolio que controla actualmente el mercado de la distribución. Si ustedes no toman medidas, como se han tomado en otros países, se están convirtiendo por activa en cómplices de esta situación, situación que podemos llegar incluso a pensar que conscientemente está provocando unos inmensos beneficios a unos pocos en perjuicio de la mayoría de la población. Por tanto, rechazamos las argumentaciones que quizá se han utilizado en otros debates, de que el precio de la gasolina en España es de los más bajos de Europa. Las rechazamos porque no podemos caer en la trampa de comparar los precios finales; hay que comparar los precios finales en función de los salarios y del poder adquisitivo de los consumidores, esa es la verdadera comparación. Si hacemos esa comparación veremos que la gasolina y el gasóleo están mucho más caros en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Nosotros consideramos que el Gobierno tiene una parte importante de responsabilidad y que tiene que actuar como no lo ha hecho hasta ahora: cambiando su política. Tiene que actuar de manera que incida realmente en pocos días en el precio de la gasolina y del gasóleo. No podemos poner en práctica medidas para decirles a los ciudadanos que esperen semanas o meses a que den resultados.
En nuestra propuesta nosotros denunciamos esta situación y planteamos la necesidad de que el Gobierno haga propuestas concretas que tengan efectividad desde el mismo momento en que se planteen. No estoy hablando, por supuesto, de su sorprendente pasión por las grandes superficies, y no lo digo porque sea malo ni bueno. Nos sorprende ese anuncio de que la solución es que se venda gasolina en las grandes superficies. Su pasión por estas grandes superficies, que tanto daño han hecho y hacen al pequeño y al mediano comercio en este país, les puede llevar a seguir por un camino que no es el más adecuado.
Hay que adoptar medidas realmente eficaces que favorezcan la concurrencia en el almacenamiento y distribución de los hidrocarburos. Creemos que hay que regular el acceso a estos sectores mediante el establecimiento de cargas de peaje y la reducción de los plazos de vigencia de los contratos. Hay que establecer un límite máximo de precios y mejoras fiscales para sectores como el agrario, el pesquero o el transporte público. Estamos hablando de impuestos indirectos, de esos impuestos que castigan por igual al pequeño comerciante, al pequeño agricultor o al hombre medio español, que al que tiene tierras y al que tiene dinero. Son impuestos bastante injustos ya de por sí para que, encima, los sobrecarguemos.
Mantenemos la necesidad de promover iniciativas concretas para garantizar la eficacia real del Tribunal de Defensa de la Competencia y actuaciones en materia decisoria sobre esta cuestión. Por tanto, nosotros planteamos medidas que creemos pueden ser eficaces.
Para terminar, como se ha hecho alusión a nuestra propuesta de establecer una determinada ecotasa, quiero hacer un breve comentario al respecto. El sentido de la ecotasa no es aumentar la fiscalidad, sino redistribuirla mejor. Su implantación no tiene por qué suponer en términos generales un aumento de la fiscalidad, se trata de que ésta tenga un carácter finalista y que parte del dinero que se recauda a través de los impuestos sobre la gasolina y otros productos se invierta en actuaciones eficaces a la hora de reducir los efectos de la contaminación provocada por el exceso de vehículos en la vía pública. En esta misma línea, hay que hacer una apuesta por las medidas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Aunque no era el tema esencial de mi intervención, he querido dejar constancia del interés de introducir la ecotasa dentro de la fiscalidad española, no para aumentarla -insisto- sino para su mejor redistribución.
Se nos hacen desde esta tribuna llamamientos al consenso y no es fácil responder porque el método que se ha utilizado no es el mejor.
El consenso no se puede buscar sólo para sacar párrafos o puntos concretos, sino que estamos hablando de una política general, que es lo que nos puede llevar al consenso. En este momento hay dos caminos y el Gobierno no ha dado un paso para buscar el consenso; sigue por un único camino: el del liberalismo, aunque se le han planteado otras propuestas, como la de intervenir realmente en los precios en la medida en que pueda hacerlo. Si el Gobierno se empeña en mantener un solo camino, es evidente que la llamada

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al consenso muy difícilmente podrá tener eco en otros grupos, especialmente en el Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
A estas proposiciones no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
Tiene la palabra.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a tratar de defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego en este nuevo debate sobre las medidas a adoptar para frenar la espectacular y preocupante subida de los precios de los carburantes.
Para nosotros, estos debates por lo menos deberían tener dos finalidades: en primer lugar, no dar por buenas o inevitables estas subidas que, indudablemente, están teniendo unas repercusiones muy negativas en el bolsillo de los ciudadanos en general y en algunos sectores económicos en particular. En segundo lugar, también desde nuestro modesto punto de vista, los debates deberían perseguir la búsqueda de soluciones -soluciones que, naturalmente, en última instancia, debe adoptar el Gobierno- que buscasen reducir de inmediato este impacto negativo de la subida de las gasolinas y también, aprendiendo de lo sucedido en los últimos tiempos, que se pusiesen en marcha mecanismos prácticos que evitasen situaciones semejantes en el próximo futuro.
Por estas razones venimos insistiendo en debates anteriores, y hoy lo volvemos a hacer, en que para poner en marcha esas soluciones prácticas que demandan los ciudadanos hay que analizar los factores que inciden en la subida desmesurada de los precios y desde luego actuar, cuando menos, sobre alguno de ellos, porque si no probablemente los debates se transformarán en algo estéril. Desde nuestro punto de vista, por más que al Gobierno no le guste ni al Grupo Popular tampoco, hay dos factores que inciden con claridad en el precio final de los carburantes sobre los que el Gobierno podría actuar si estuviesen dentro de la lógica de su política económica.
Sin duda podría actuar rebajando la carga fiscal que actualmente sufren los carburantes, algo que naturalmente el Gobierno no se muestra partidario de realizar, entre otras cuestiones porque, como ya se afirmó en otros debates, el Gobierno elige como vía de recaudación la de los impuestos indirectos, frente a la vía de los impuestos directos; podría actuar también sobre los márgenes de beneficio de las petroleras -y no vamos a incidir en que éstos aumentan más cada día que pasa- usando esa capacidad de fijar precios máximos a la que, como ya ha renunciado, no parece querer volver; podría también utilizar otras medidas compensatorias de tipo fiscal, etcétera, para amortiguar este impacto de las subidas en aquellos sectores que más las están sufriendo y que desde luego tienen más dificultades para repercutir los costes en los precios.
En lugar de eso, el Gobierno insiste en difundir, eso sí, machaconamente la idea de que se corregirá el problema con la aplicación de eso que se da en llamar más liberalización del sector, con la introducción de más competencia, y acaba de hacer referencia la señora portavoz del Grupo Popular a ese tipo de medidas. Es un mecanismo de actuación sobre los precios de los carburantes para orientarlos a la baja cuyas bondades hasta el momento no se han contrastado en la práctica; ya se procedió, efectivamente, a privatizar el sector y también renunció el Gobierno, como decía antes, a esa capacidad de fijar precios. Sin embargo, de esas medidas no se derivó una bajada de precios sino lo contrario. En la práctica no se contrastó, por tanto, que ese tipo de política sirviese para ese fin, para disminuir los precios.
Nos parece -y permítame que lo digamos con claridad- más que discutible que la profundización en ese tipo de planteamientos vaya a conseguir que se contengan los precios. En todo caso, sí conviene decir también que hay que reconocer que el Gobierno está consiguiendo paulatinamente llevar el debate a su terreno. Nosotros somos -por decirlo claramente también- absolutamente escépticos en cuanto a la utilidad de esas llamadas medidas liberalizadoras como fórmula para contener esos precios de los hidrocarburos y mantenerlos en niveles aceptables, por lo menos a medio y largo plazo, si no se acompañan estas medidas de actuaciones del Gobierno, como anteriormente propusimos y a las que acabo de hacer referencia. En todo caso, como quien dice, tampoco podemos oponernos demasiado a las medidas que propone el Gobierno porque seguro que no van a empeorar las cosas, dicho al margen; lo más que podrán conseguir, efectivamente, será que en algunos ámbitos reducidos puedan bajar los precios, pero de manera general desde luego no.
Para concluir, señora presidenta, quería decir que las enmiendas que presentamos pretenden incidir una vez más en el tema de bajar los precios para algunos sectores que especialmente están más afectados en este momento, como son el agrícola y el pesquero y que, de alguna manera, en el debate no se sustraigan estos problemas, aunque estamos convencidos de que esa no es la intención del grupo proponente. Estos sectores están pidiendo soluciones inmediatas o medidas concretas que frenen esa repercusión que están teniendo los precios de los carburantes. También es verdad que el Gobierno no está dispuesto a poner en marcha ninguna medida en este sentido. Nosotros, cómo no, inasequibles al desaliento, creemos que habría que hablar de medidas generales y también de medidas concretas de

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una manera inmediata y a ellas hacemos referencia, porque si no se toman estas medidas concretas, señoras y señores diputados, los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias de políticas, cuando menos, poco acertadas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿Grupos que desean fijar posición y que no han presentado enmiendas? (Pausa.) Señora Mendizábal, a los solos efectos de expresar la aceptación o el rechazo de las enmiendas presentadas.


La señora MENDIZÁBALGOROSTIAGA: Muchas gracias, señora presidenta, pero me permitirá agradecer el tono de la representante del Grupo Popular en su intervención. Le agradezco el tono, aunque no estoy de acuerdo con las cosas que realmente ha dicho. La verdad es que no estamos de acuerdo en tantas cosas...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Mendizábal, quedaba otra enmienda del Grupo Mixto.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, parecía mal gritar y al fin nos hemos enterado.
Nosotros hemos presentado una enmienda de adición al punto 2 de la proposición no de ley del Partido Popular en la cual añadiríamos al final del texto de este punto 2: «y, en especial, las destinadas a garantizar que no existan acuerdos, con tendencia al oligopolio, entre las grandes empresas petroleras que operan en España». La motivación es que consideramos especialmente prioritario incidir políticamente en este aspecto, que tiende a controlar los beneficios abusivos de las empresas de petróleo. El mismo presidente de la Comisión de Industria y Comercio Exterior del Parlamento Europeo señala exactamente cómo el Gobierno español parece que no tiene mucho interés en que una autoridad impida las prácticas contrarias a la competencia en detrimento de los consumidores. El problema es que el Gobierno -dice- ha demostrado que no está interesado en que exista un organismo independiente que controle el tema de las posiciones dominantes.Nosotros creemos que el Gobierno español debería tomar ejemplo del Gobierno italiano que, ante la existencia de estas compañías petrolíferas, de estos monopolios, ha castigado con unas multas de 320 millones de dólares por acordar ilegalmente los precios de las gasolinas en detrimento de los consumidores. Nosotros creemos que las grandes empresas petroleras están creando en España un oligopolio y el Estado debería intentar, de alguna manera, combatir este gran oligopolio por lo menos a través de esa autoridad antimonopolios que desgraciadamente en nuestro país no existe.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Ahora sí, señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Quiero decir al Grupo Popular que no son tantas las coincidencias que tenemos, porque no coincidimos en el tema de los accesos, aunque así lo haya dicho la representante del Grupo Popular. Es decir, estamos de acuerdo en todo lo adyacente, en todo lo instrumental y no en lo fundamental. Como he dicho en la presentación de mi proposición no de ley, lo fundamental es el establecimiento del precio máximo, que no...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Mendizábal, no reabra un nuevo debate. Por favor, exprese si acepta o rechaza las enmiendas, tanto la presentada por el Grupo Parlamentario Popular como la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Estaba dando una explicación de por qué no aceptamos la enmienda del Grupo Popular, porque no recoge lo fundamental de nuestra proposición no de ley.
Aceptamos la enmienda de la Chunta. En cuanto a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, como ya presentamos nuestra iniciativa la semana anterior respecto al tema específico, consideramos que en estos momentos no es oportuno introducir en una proposición no de ley de tipo generalista cuestiones específicas con relación al sector agrario y al sector pesquero.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal. Quiero indicarle que la enmienda del Grupo Mixto, del diputado señor Labordeta, afecta a la proposición no de ley del Grupo Popular, no a la de ustedes.
Señora Pisonero, también a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora PISONERO RUIZ: En lo que se refiere a buscar la persecución de las posiciones oligopolísticas, aunque no esté planteado formalmente en la enmienda, creo que sería de los pocos ejemplos a seguir del Gobierno italiano. Efectivamente, están en curso expedientes, hasta lo que sabemos, para detectar si se ha producido una concurrencia, cosa que no es fácil, y de eso se derivarán las sanciones pertinentes. Eso como una contestación puntual a su enmienda, que completa la proposición no de ley del Grupo Popular, que entiendo que está aceptada. Informalmente -un segundo-, agradecerle el tono...


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La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Pisonero, este trámite es única y exclusivamente de aceptación o rechazo. Muchas gracias.
Señor Centella, del Grupo Federal de Izquierda Unida, también a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Popular.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero decir que no aceptamos la enmienda tal y como había dicho en el debate, porque no podemos aceptar una enmienda que no plantea el consenso, sino simplemente que asumamos la política del Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para avanzar en la liberalización real del sector de hidrocarburos líquidos en los propios términos en que ha sido planteada al no haber sido aceptadas por el grupo proponente las enmiendas presentadas a la misma.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 132; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el mercado de hidrocarburos con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 185; en contra, 118; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para hacer frente al crecimiento de precios de los carburantes en sus propios términos, por cuanto no ha sido admitida la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 128; en contra, 180.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ANTE LAS GRAVES CONSECUENCIAS PRODUCIDAS EN CATALUÑA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL PASADO DÍA10 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente 162/000070.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, POR LAQUE SE INSTAAL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN CON LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2000 EN CATALUÑA. (Número de expediente 162/000071.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVAALPLAN DE MEDIDAS INMEDIATAS PARA REMEDIAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES CAÍDAS EN CATALUÑAEL PASADO 10 DE JUNIO DE 2000.
(Número de expediente 162/000072.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha sustituido a la que figuraba en el orden del día, sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado ante las graves consecuencias producidas en Cataluña por las lluvias torrenciales del pasado día 10 de junio. Asimismo, se debatirá conjuntamente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas urgentes en relación con los daños ocasionados por las lluvias del día 10 de junio, así como la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al plan de medidas inmediatas para remediar los daños y perjuicios causados por las lluvias torrenciales caídas en Cataluña.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo tenía asignada en el orden del día inicialmente previsto para hoy una proposición no de ley sobre la seguridad del túnel de Vielha y la construcción de un nuevo túnel. (El señor vicepresidente Camps Ortiz ocupa la Presidencia.) Es para nosotros un tema verdaderamente importante, pero en la madrugada del pasado día 10 se produjeron unas lluvias torrenciales en casi toda Cataluña, especialmente en dos puntos concretos, alrededores de Montserrat y alrededores

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de El Vendrell, y se produjeron circunstancias que alteraron nuestra prioridad para el plenario de hoy.
Yo recuerdo en otras legislaturas muchos plenos en que temas sobre inundaciones y sobre circunstancias especiales de tormentas se debatían cuando llegaba a la Cámara el correspondiente decreto ley del Gobierno con las medidas para paliar los efectos de estas inundaciones y tormentas. Esta vez, lamentablemente, se produjeron en una fecha que dio tiempo suficiente a los grupos parlamentarios para intervenir haciendo una propuesta de urgencia, propuesta que, a través de la previsión que había para el día de hoy, ha dado origen a la posibilidad de un cambio en el orden del día. La prioridad creemos que era la que ahora tenemos que debatir, y por lo tanto solicitamos el cambio.
Vamos a debatir dos proposiciones semejantes, del Grupo Popular una y del Grupo Socialista otra, que también veían esa prioridad. Nuestro agradecimiento al voto unánime de la Cámara para el cambio del orden del día que permite el debate que ahora estamos iniciando.


De todas maneras, no debo seguir sin antes decir que las circunstancias producidas por las lluvias torrenciales dejaron muchas pérdidas, pero lo más grave es que hubo pérdidas de vidas humanas.
Sentimos verdaderamente dichas pérdidas, las que se produjeron directamente por causa de las tormentas y las que se produjeron circunstancialmente, en entrega y cumplimiento de su obligación de servicio, con la muerte de dos miembros del cuerpo de la Guardia Civil. Nuestro pesar por ello, nuestro pésame a sus familiares.
Señorías, nuestra proposición no de ley va dirigida a paliar los efectos de las tormentas del pasado día 10. Nuestra proposición de ley pedía en su primer punto (y digo pedía porque hemos trabajado conjuntamente la proposición no de ley del Grupo Socialista, muy parecida a la nuestra, y la del Grupo Popular, más genérica, y se ha podido llegar a un texto de posible consenso), la evaluación inmediata de los daños y la declaración de zona catastrófica. Este es un término que parece ser que hoy en día ya no se usa y nosotros estamos dispuestos, si se aprueba una nueva redacción, a aceptar que desaparezca este concepto e incorporar otro que lo sustituya. En nuestro segundo punto pedimos una investigación exhaustiva sobre las causas que han provocado el derrumbamiento del puente sobre la carretera N-II entre los municipios de Esparraguera y Abrera. En esa zona se han dado una serie de circunstancias que hay que investigar exhaustivamente. No se conocen las causas todavía, pero se deberán arbitrar soluciones técnicas para que en el futuro no se produzcan hechos como los sucedidos y hay que dilucidar si ha habido responsabilidades porque es increíble la forma en que se ha hundido el puente. En el punto tercero solicitamos el impulso inmediato de la reconstrucción de este puente, así como también los demás tramos afectados. Ha habido derrumbes y movimientos de tierras que afectan a toda la circulación, tanto a las vías de ferrocarril como de carreteras de diversos municipios de la zona. También en el punto quinto pedimos el impulso de una solución inmediata ante los problemas de la segunda zona que he citado, donde un puente sobre la línea férrea y un paso inferior en la carretera N-340 originan, debido posiblemente a un diseño defectuoso o no acertado, graves inundaciones en el denominado Torrent del Lluch. Esto es evitable y, por tanto, hemos de dar solución rápidamente al problema. Por último, en el punto cuarto pedimos que se impulsen medidas de bonificación del peaje de la autopista A-2 porque la zona de Lérida está en estos momentos no diré que incomunicada pero sí en unas condiciones precarias para poder comunicarse básicamente con Barcelona a través de vías aceptables y que tengan un carácter gratuito. Así pues, pedimos la bonificación, aunque sea parcialmente, mientras se están realizando las obras, o en todo caso que sea gratuito, si se considera oportuno, para que pueda circularse por la autopista A-2.
Estas medidas deben tomarse inmediatamente y por ello nuestra proposición no de ley es de carácter urgente. Si prospera, que espero que así sea porque de ello hemos hablado al elaborar el texto refundido, supondrá el voto conjunto de esta Cámara para que desde el Gobierno se actúe, se tomen las medidas necesarias para paliar los efectos de la desafortunada madrugada del día 10 de junio. Tengo que decir que no hemos podido considerar enmiendas que a nuestro texto se habían presentado por cuanto que no parecía oportuno que en la redacción del refundido pudieran aceptarse enmiendas que desligaran el texto común que se presentará luego. He de decir que ha sido relativamente fácil porque los distintos grupos han estado prestos para poder llegar a un consenso. Repito que el texto del Grupo Socialista, aunque con tres puntos, coincidía mucho con el nuestro, y el texto de la propuesta del Grupo Popular era más de carácter general, nosotros lo aceptamos como genérico, pero creemos que hay que matizar un poco más, entrar en cosas concretas, y a través del diálogo a ello hemos podido llegar. Por tanto, nosotros hemos presentado ya el texto de nuestra proposición no de ley y esperamos que de la votación común de un texto podamos instar al Gobierno a la resolución de muchos problemas que se han creado estos días.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, el señor Sanz tiene la palabra.


El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, las fuertes lluvias caídas en Cataluña el pasado día 10 de junio han ocasionado importantes

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daños en distintos municipios de esa comunidad autónoma, afectando a las infraestructuras viarias y ocasionando importantes perjuicios en distintos servicios públicos, así como produciendo daños a particulares no sólo en bienes materiales sino, lo que es más lamentable, cobrándose vidas humanas. La magnitud y el alcance de estas lluvias requieren una respuesta inmediata de los poderes públicos para restablecer la normalidad a las zonas y sectores afectados. Con esta finalidad de hacer frente, con celeridad y eficacia, a las consecuencias de estas lluvias es necesaria la adopción de distintas medidas por parte del Gobierno, con la coordinación necesaria con otras administraciones competentes.
Asimismo, y sin que este sea el momento de profundizar en el tema, se ha producido el hundimiento de un puente recientemente construido, hace diez años, cuyas causas serán investigadas por el Ministerio de Fomento. Afortunadamente, en el momento del siniestro no había excesiva circulación de vehículos, cosa habitual en esa zona, lo que habría agravado las consecuencias catastróficas. El Grupo Popular es consciente de la alarma social que todo ello ha provocado, así como de los diversos daños causados. Por ello, y ante la necesidad de acercar el Parlamento a la situación real, ha presentado una proposición no de ley aceptada como punto del orden del día por la Mesa y ratificándolo el Pleno para intentar mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a todos los afectados. Este es, señorías, un buen momento para demostrar la corresponsabilidad y la solidaridad del Estado con todas las comunidades autónomas, en este caso con la Comunidad Autónoma dañada, Cataluña. Porque no se trata de que cada palo aguante su vela, sino de que se sumen esfuerzos por todas las administraciones para ponernos al servicio del bien común. Se trata, en definitiva, de tomar medidas dentro de las competencias de cada órgano de la Administración, bien sea estatal, autonómica o local.
El Ministerio de Fomento ha sido diligente y ha impulsado el peaje gratuito de camiones para descongestionar la autopista. La factura a Acesa la paga Fomento. También ha impulsado un estudio para averiguar las causas del derrumbe. Por su parte, la Generalitat nos consta que está reunida para adoptar medidas económicas. ¿Cómo solucionar el asunto? ¿Qué terapia se ha de aplicar? En primer lugar se ha de evaluar la situación, conocer exactamente cuál es el alcance del desastre, y esto se ha de hacer con la mayor diligencia posible. En segundo lugar, se han de aplicar criterios para remediarlo.
Antiguamente se aplicaba el criterio de zona catastrófica, pero actualmente se requiere un criterio distinto al tradicional.
El criterio de zona catastrófica implicaría limitaciones y un perjuicio para los ciudadanos afectados por la catástrofe en Cataluña, ya que la Orden Ministerial del año 1993 condiciona las ayudas a que el trabajador esté cobrando el salario mínimo. Es decir, se limitarían los baremos de ayudas y las ayudas no serían reales, las indemnizaciones serían pequeñas y no arreglaríamos el problema. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo mismo que ya se hizo en los casos de Badajoz y de Écija. Se trata de sustituir el viejo sistema por un real decreto-ley del Ministerio del Interior en el que se reflejen subvenciones para coparticipar. De esta manera no habrá una demora grande una vez producidos los daños, porque hay que atender los daños en viviendas, en enseres, en vidas, así como en las infraestructuras, servicios públicos y diversos sectores económicos afectados; sobre todo, se trata de adoptar medidas para que esto no se vuelva a repetir. El real decreto-ley rompe los umbrales de las cuantías a pagar y no se produce desamparo en los ciudadanos. Se trata de adoptar, previa evaluación de los daños causados por las lluvias en Cataluña, en colaboración con la Generalitat y las administraciones locales de los municipios afectados, aquellas medidas acordes con la cultura y capacidad de Cataluña. Se trata, en suma, señorías, de trabajar en común y aunar esfuerzos. En este sentido, fruto de las conversaciones y el diálogo con grupos políticos, en especial con el Grupo de Convergència i Unió, vamos a proponer un texto refundido de las tres proposiciones no de ley, al que el señor Sedó ha hecho referencia anteriormente, que leeré al final de mi intervención para, si se estima oportuno, sea sometido a la consideración de la Cámara.
Señorías, este es un ejemplo de cómo el Parlamento ha de estar al día y no ir a remolque de la realidad. La agilidad con que se ha reaccionado es una buena muestra de ello. Espero y deseo que estos lamentables sucesos sirvan como testimonio de solidaridad y como ejemplo de colaboración de las administraciones implicadas y de los grupos parlamentarios en orden a solucionar problemas reales y urgentes de los ciudadanos. Esa y no otra es la respuesta que se espera de nosotros. Estoy seguro de que todos, sin excepción, vamos a saber estar a la altura que se nos exige.
Voy a leer el texto que proponemos conjuntamente para su votación: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa evaluación de los daños causados por las lluvias en Cataluña el pasado día 10 de junio, adopte, en colaboración con la Generalitat y las administraciones locales de los municipios afectados, las medidas necesarias para paliar con la máxima urgencia posible las consecuencias de las mismas en infraestructuras, servicios públicos y en los diversos sectores económicos afectados. Entre las medidas adoptadas deberán quedar incluidas ineludiblemente las referidas a: A) Presentación de un real decreto-ley por el que se adopten medidas urgentes para reparar los daños causados por las citadas lluvias, dictando el Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales las disposiciones necesarias, tal y como ya se ha venido produciendo en casos análogos anteriores. B) Investigación exhaustiva sobre las causas que

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han provocado el derrumbamiento del puente sobre la carretera N-II entre los municipios de Esparraguera y Abrera y estudios sobre la canalización de la Riera de la Magarola. Esta investigación deberá arbitrar soluciones técnicas que impidan hechos como los sucedidos y deberá depurar las responsabilidades que en su caso pudieran derivarse. C) Impulso de una solución inmediata ante los problemas que origine en el municipio de El Vendrell el puente de la línea férrea de Renfe, así como el paso de la N-340 y su variante, que con su actual diseño provocan graves inundaciones, con el desbordamiento del denominado Torrent del Lluch. D) Proceder a la inmediata reconstrucción de las infraestructuras viarias y ferroviarias dañadas por las lluvias, en especial las ocasionadas por el desbordamiento del torrente del Lluch en el término municipal del Vendrell y el derrumbamiento del puente de la carretera N-II entre los municipios de Esparraguera y Abrera. E) Impulsar, en los casos que proceda, medidas de bonificación, incluida la gratuidad en el peaje de la autopista A-2 mientras duren las obras de reconstrucción de la N-II en los tramos afectados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sanz.
Para defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos aquí para hablar de las lluvias torrenciales que cayeron sobre algunas comarcas de Cataluña el pasado día 10 y que han provocado, como ya se ha dicho aquí, múltiples daños de tipo personal, material o en infraestructuras viarias que han suscitado una manifestación de ayuda y apoyo por parte de servicios públicos y ciudadanos y ciudadanas a los afectados digna de encomio. Por ello, mis primeras palabras serán para reconocer ese trabajo y dedicación.
En especial, hay que hacer referencia al Cuerpo de la Guardia Civil, que perdió a dos de sus miembros en las tareas de rescate de dos de las víctimas mortales de la catástrofe. Una vez más, ese cuerpo ha sabido dar la medida de su disposición y entrega.
Las lluvias a las que hacemos referencia tuvieron lugar en un espacio muy corto de tiempo y a una hora intempestiva que sorprendió a los ciudadanos y ciudadanas en sus casas, que fueron arrasadas en algunos sitios, como lo fueron sus negocios o medios de subsistencia. La movilización en pro de la reparación de los daños causados ha sido rápida y permite tener esperanza de cara al futuro. Ahora bien, es misión de este Congreso instar al Gobierno a que habilite los mecanismos necesarios para hacer lo posible en lo que sea materia de su responsabilidad, y en este sentido estaba orientada la proposición no de ley de nuestro grupo, que ha presentado para su debate en esta Cámara, porque es el momento de la búsqueda de soluciones, de la averiguación de los porqués y de la articulación de cómo llevar a cabo las acciones necesarias.
Nos parece oportuno, antes de entrar en la explicación del contenido de nuestra iniciativa, dejar claro que no sólo es importante considerar los efectos que han tenido un reflejo más fuerte en los medios de comunicación, sino que debemos pensar también y no dejar de lado esos pequeños pueblos y sus habitantes que se han visto seriamente afectados. Decía estos días un alcalde de alguna de las poblaciones pequeñas en la falda de Montserrat que temían el olvido de sus pueblos. Y podría suceder así si no se le pone remedio. Hoy mismo podíamos leer en un medio de comunicación cómo algún pueblo, con un presupuesto municipal de 18 millones de pesetas, ha sufrido pérdidas del orden de los 1.000 millones. Es evidente que estos daños no se pueden paliar sin la ayuda de las otras administraciones.
Porque no podemos olvidarnos de los que no ocupan las primeras páginas de los periódicos o los primeros minutos de los telediarios y demás informativos, el primer punto de nuestra proposición no de ley incide directamente en la necesaria articulación y sistematización de las medidas que se deben aprobar por el Gobierno y su dotación presupuestaria. No es suficiente, simplemente, declarar la zona merecedora de medidas urgentes. Los daños causados son diversos y distintos y pedir que esas medidas se adopten por medio de un decreto-ley no es una solicitud caprichosa de nuestro grupo, es porque precisamente deberán ser muy complejas y atender a situaciones muy diversas. Un decreto de esas características permitirá abarcar toda esa complejidad: los daños en casas particulares, en fincas rústicas, en negocios y comercios y, por fin, en infraestructuras viarias. Por ello hay que pensar en una diversidad de medidas que vayan desde la fiscalidad a la renegociación de créditos, etcétera.
Es evidente que una catástrofe de esta magnitud y la reparación de los daños exige una dotación económica extraordinaria y, por ello, habrá que articular el crédito extraordinario o la medida que el Gobierno considere oportuna, pero en todo caso la que dé a los afectados la tranquilidad de que esas medidas están respaldadas económicamente. Ayer mismo los ayuntamientos de la zona más afectada se han ido reuniendo para reclamar la declaración de zona catastrófica y han aprobado mociones con peticiones muy concretas a las administraciones responsables que van desde las consejerías del Gobierno autónomo a las que competen a la Administración central, y en estas últimas nos corresponde a nosotros pronunciarnos hoy, al tiempo que reclamar del Gobierno la coordinación con la Generalitat de Cataluña y los municipios para la mejor utilización de los recursos.
Nuestro grupo, en su punto segundo, pide al Gobierno la reconstrucción inmediata de las infraestructuras viarias afectadas por las lluvias del día 10, especialmente

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la carretera N-II, que se ha visto cortada por los desplomes en la zona del Bruc y por el derrumbe del puente entre las poblaciones de Esparraguera y Abrera o en El Vendrell, la N-340, con el desbordamiento del torrente de El Lluch.La riada producida en la N-II ha conllevado también el destrozo de los tubos de desagüe de los vertidos en las rieras de las empresas y viviendas particulares situadas en la zona. Ello puede significar que esos vertidos vayan directamente al río Llobregat, con lo cual se puede ocasionar un daño ecológico de magnitudes todavía no cuantificadas pero, con toda seguridad, enormes. Es evidente que esto puede conducir a un grave deterioro medioambiental en una zona donde se han dedicado muchos esfuerzos a paliar antiguas deficiencias estructurales en la conservación del medio ambiente. Esos esfuerzos no pueden resultar vanos y habrá que tomar nuevas medidas. Pedimos que se investiguen de manera exhaustiva y lo más rápida posible las causas y motivos que han originado el derrumbe del puente entre Esparraguera y Abrera.
Creemos que esa debería ser una exigencia de todos los grupos, entre otras cosas, para evitar la distorsión de la realidad de lo ocurrido o la equivocación del ilustre representante del Grupo Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, que debería saber que ya hoy están publicando los medios de comunicación que la antigüedad del puente derrumbado no es de diez años, es mucho más antiguo. Incluso en alguna iniciativa presentada en esta Cámara y que hoy no se debate se hacen afirmaciones erróneas y consideraciones que no se ajustan a lo que se ha ido conociendo en los pocos días transcurridos. La mejor manera de luchar contra la demagogia que algunos pueden tener la tentación de utilizar es el conocimiento de los hechos. De manera similar debemos pronunciarnos respecto del desbordamiento del Torrent del Lluch, en el término municipal del Vendrell, y que arrasó tanto el centro comercial de esa localidad como sus barrios marítimos.
En cuanto al tercer punto de nuestra iniciativa, pedimos que se garantice el tránsito gratuito de vehículos por la autopista A-2, entre Lleida y Barcelona, no sólo para el transporte pesado sino para los de todo tipo. Sabemos que hoy ha entrado en funcionamiento lo que se refiere al transporte pesado, pero desde nuestro punto de vista no se pueden dejar olvidados el resto de los 40.000 vehículos que diariamente circulan por esa vía, que sin ser transporte de mercancías o de viajeros también viajan por trabajo. No se puede hacer por dos motivos fundamentales. El primero, porque no hay otra alternativa de acceso directo entre Lleida y Barcelona y, si se utilizan otras de acceso más indirecto -por ejemplo el Eje transversal, que ya nació insuficiente para un volumen de tráfico normal- se colapsan. Además, no se puede considerar válida sin entrar en la consideración de poblaciones importantes, como Tárrega o Cervera, en la provincia de Lleida, que quedan a mitad de trayecto y tienen dificultades añadidas. En segundo lugar, los desvíos para vehículos particulares por el interior de las poblaciones que atraviesa la N-II producen además de los inconvenientes para los vehículos los que tienen que asumir esas poblaciones. Los colapsos que ya se han producido en estos dos días vienen a darnos la razón. Como bien han dicho anteriormente los que han intervenido, al final vamos a votar una resolución producto de la unificación de las tres iniciativas aquí presentadas. Por lo que respecta a nuestro grupo, queremos dejar claro que, en aras a que eso salga aprobado, vamos a apoyar la propuesta de bonificaciones, sin que esa sea la petición que nuestro grupo haya hecho y no se resigna a volver a hacer, porque, tal y como pueden aplicarse esas bonificaciones, del uso de esa autopista paralela a la N-II puede resultar un beneficio para las empresas que no sea el objeto de esta votación, pero que sea el resultado de la misma.
Hemos pedido el voto a la Cámara para esta iniciativa porque creemos que hemos traído un planteamiento serio y riguroso de la reacción que desde la Administración se debe tener, y que es la que esperan los ciudadanos y ciudadanas afectados por las lluvias del pasado día 10.
Pero creemos que también es buena para los no afectados, que pueden ver con esperanza cómo este Congreso es capaz de pronunciarse con la rapidez con la que hoy lo va a hacer respecto a hechos acaecidos hace tan pocos días. La voluntad de nuestro grupo al votar la propuesta que va a salir finalmente nos permite no defraudar la expectativa de estos ciudadanos y ciudadanas, porque no podemos dejar el pronunciamiento del Congreso en una mera declaración de intenciones o en el ámbito de las buenas palabras, al mismo tiempo que debemos evitar, aquí y fuera de aquí, los juicios de valor que se pueden demostrar falsos en el futuro más o menos inmediato, cuando el mal ya esté hecho.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Cunillera.
Hay enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, por los señores Saura y Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, antes de nada quiero dejar clara nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de las inundaciones y de los agentes de la Guardia Civil que dieron su vida para salvar a estos.
Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado enmiendas a las tres proposiciones no de ley. Las diferentes enmiendas se pueden resumir en tres puntos. En primer lugar, establecer las investigaciones pertinentes por parte del Ministerio de Fomento para esclarecer las causas del derrumbamiento del puente sobre la carretera N-II, entre los municipios de Esparraguera y Abrera, y de la canalización del arroyo Riera de Margarola. En

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el caso del municipio del Vendrell, buscar una solución definitiva y rápida a los problemas que origina el puente de la línea férrea de Renfe, así como el paso de la carretera N-340 y su variante, que con su actual trazado y estructura provocan el desbordamiento sistemático del arroyo Torrent del Lluch. Las indagaciones y estudios no pueden limitarse a explicar las causas y razones técnicas, sino que tienen que establecer las soluciones más oportunas para evitar que esta situación se repita en este caso y en las posibles construcciones de la última década que responden al mismo proceso constructivo y a los mismos materiales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Tampoco podemos pasar por alto que de constatarse una construcción defectuosa o posibles negligencias la Administración tendrá que depurar responsabilidades a aquellas empresas contratadas o subcontratadas para tal efecto y a los responsables de la Administración en el período de construcción. En segundo lugar, hay que adoptar las medidas oportunas para evitar los problemas de tráfico en Esparraguera, permitiendo que el peaje de la autopista A-2 entre Lleida y Barcelona, así como el trayecto entre Manresa y Tarrasa de la autopista A-18 sea gratuito mientras duren las obras de reconstrucción. La proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió insta al Gobierno a bonificar a aquellos que utilicen el peaje de la A-2. El Gobierno ya ha puesto en práctica esta medida. Nosotros creemos que no es suficiente. Hace falta descongestionar el paso de la antigua carretera N-II en su paso por el municipio de Esparraguera y siendo realistas esto sólo se puede conseguir con la gratuidad del peaje en el tramo entre Lleida y Barcelona.
Coincidimos con la iniciativa del Grupo Socialista plenamente con todo el texto, pero el punto número 3 es insuficiente. En Esquerra Republicana de Cataluña entendemos que comarcas como la Segarra y Urgell y municipios como sus capitales, Cervera y Tárrega, no podrán beneficiarse de la gratuidad de la autopista A-2 ya que su salida natural hacia la capital catalana es por la carretera comarcal-25, el Eje transversal, hacia la autopista A-18 entre Manresa y Tarrasa. Por esta razón pedimos la gratuidad de la A-18 entre Manresa y Tarrasa.
El tránsito gratuito por las dos autopistas aliviará el tránsito por la N-II, no alterará la vida del municipio de Esparraguera y será un buen acicate para que las obras de construcción del puente de la N-II sean rápidas y seguras. Finalmente, tal como argumentan las proposiciones no de ley del Grupo Socialista y de Convergència i Unió, no así del Grupo Popular, que el Parlamento inste al Gobierno a declarar a los municipios de la Cataluña central afectados por las lluvias torrenciales del 10 de junio como zona catastrófica y a establecer las líneas de ayuda necesarias para que puedan recuperar la normalidad lo antes posible.
Para acabar, señorías, una sociedad moderna puede recurrir a la explicación fatalista si no hay o no se detectan razones técnicas para explicar lo sucedido. Sin embargo, mucho nos tememos que en este caso puede haber negligencias como parecen aventurar los diferentes especialistas. Se trata de evitar que casos como éste no vuelvan a suceder y, sobre todo y lo más importante, que el Gobierno y las diferentes administraciones implicadas resuelvan satisfactoriamente un problema que afecta a muchos ciudadanos de Cataluña, pero también a muchos transportistas del resto del Estado que utilizan la N-II como vía habitual.
Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas.
Quiero añadir que damos por defendidas las enmiendas del señor Saura, del Grupo Mixto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra la señora Urán para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Anuncio además que también fijaré la posición de mi grupo parlamentario con respecto no sólo a las iniciativas presentadas por Convergència i Unió sino al texto que al final parece ser consensuado entre los diferentes grupos que han presentado la iniciativa en esta Cámara.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida lo primero que quiere es que nos felicitemos en esta Cámara por haber sido capaces de hacer política, como se dice de manera habitual, en tiempo real, es decir, hablar de los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas cuando estos surgen y cuando necesitan de una respuesta de esta Cámara. Desde luego lo que sí intentamos con esta felicitación es que de ahora en adelante consideremos que hay que tratar con el mismo sentido y con el mismo rigor cualquier iniciativa que tenga unas características similares, para que pueda ser presentada en esta Cámara y realmente hablemos de los problemas que afectan a la ciudadanía de una manera mucho más ágil y mucho más rápida, intentando además que, si al final conseguimos una reforma del Reglamento de esta Cámara, sea precisamente para que este tipo de situaciones se puedan discutir de manera ágil y en el momento que corresponden y sin que hayan transcurrido meses, porque damos la sensación de que nos importa poco lo que pueda pasar fuera de estas cuatro paredes.
Mi grupo parlamentario ha presentado sólo y exclusivamente enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Popular, entre otras cosas, porque nos parecía excesivamente generalista; es decir, creíamos que dada la situación que se produjo tras las inundaciones del día 10 en la zona de Cataluña, era necesario no solamente hablar de una manera general, instándole al Gobierno, sino que había también que decirle al Gobierno desde esta

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Cámara cómo se debía empezar a tomar ese tipo de medidas. De ahí, señorías, que nuestras enmiendas estuvieran dirigidas precisamente a intentar complementar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para que además de que se pudiera hacer una evaluación de los daños causados también se hiciera una cuantificación económica y se establezcan las líneas de ayudas, ya fuera por la declaración de zona catastrófica, ya fuera a través de un decreto-ley que nos pudieran hacer más accesibles y más amplias las medidas que se tuvieran que adoptar y las prestaciones o las cuantificaciones económicas de ayuda a los afectados.
Señorías, planteábamos en nuestras enmiendas la necesidad de que cuando se consensuen las medidas, además de estar coordinadas, y abiertas al diálogo las administraciones implicadas, también lo estuvieran las asociaciones de afectados que pueden poner al corriente a todas las instituciones sobre cuáles son los intereses de las personas o los negocios que se han visto afectados, es decir, los bienes dañados por estas inundaciones. Igualmente ampliábamos esto a la necesidad de que se hiciera un seguimiento y un control de las ayudas económicas que se pudieran prestar por las diferentes instituciones tomen medidas con respecto a este siniestro.
Por último, pedimos al Grupo Parlamentario Popular que recoja en su iniciativa lo que las dos iniciativas, tanto la de Convergència i Unió como la del Grupo Socialista ya reflejan, que era la declaración de zona catastrófica y la inmediata reconstrucción de las infraestructuras que se han visto afectadas, además de la exhaustiva investigación.
En cuanto a la exhaustiva investigación, sin que esta diputada pretenda saber qué es lo que ha sucedido, ni muchísimo menos, sí que había que hacer una llamada de atención a la Administración pública, ya fuera autonómica o ya fuera a la central, fundamentalmente a la central, para que, cuando se redacten los proyectos de infraestructuras para determinadas zonas del Estado español, se tengan en cuenta características específicas que pueden conducir a vernos en estas circunstancias; es decir, la zona del Mediterráneo tiene unas características específicas en cuanto a pluviometría, ya que no necesariamente la pluviometría de cuarenta años cae en ese período de cuarenta años sino que puede darse en un solo día. Hay que tenerlo en cuenta y hay que reflexionar sobre qué tipo de infraestructuras y cómo se está construyendo este tipo de infraestructuras en una zona donde son frecuentes las riadas y donde también es corriente la invasión de torrenteras y la invasión de cauces que están normalmente secos, pero que en un momento determinado pueden alcanzar grandes cantidades de agua, precisamente por el nivel de lluvias que se ocasionan en períodos de tiempo muy breves, es decir, que en una hora puede caer la lluvia que no ha caído en cuarenta años. Por tanto, señorías, no solamente existe la necesidad de esa investigación, sino también la necesidad de que desde las administraciones públicas, sobre todo desde la Administración central, se tengan en cuenta esas características específicas que tienen determinadas zonas del Estado español donde nos podemos ver en situaciones como la que ahora mismo estamos discutiendo.
Señorías, nosotros planteábamos también la necesidad de impulsar un convenio entre las diferentes instituciones y administraciones afectadas para que se produjera una liberalización del peaje de la autopista para todo tipo de vehículos, no solamente para los vehículos pesados, entre otras cosas porque, como ya se ha dicho desde esta tribuna, se ve afectada toda la ciudadanía que de momento no puede utilizar una vía de rápido acceso que ha quedado parcialmente destruida.
En consecuencia, nos parece que el texto acordado ha quedado excesivamente corto en este apartado. Dejar al estudio la posibilidad de las bonificaciones, incluida la gratuidad, no es suficiente para paliar la situación que se ha generado con la destrucción del puente y de una parte de la autovía. Es necesario ir un poco más allá y la iniciativa deber instar al Gobierno sobre la necesidad de la liberalización del peaje de la autopista para que se pueda utilizar como vía rápida de acceso, dado que la autovía en estos momentos no es transitable.
Mi grupo va a votar a favor de la propuesta conjunta que ha resultado de las tres que se habían presentado, pero no renunciamos a seguir exigiendo, hasta tanto no sea reparada la autovía, la liberalización y la gratuidad total de la autopista para que todos los ciudadanos de Cataluña puedan acceder en las mismas condiciones.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán. ¿Algún grupo que no haya enmendado desea fijar su posición? (Pausa.) Señor Sedó, a los efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su proposición no de ley por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, nuestro grupo no puede aceptar ninguna enmienda, porque hemos trabajado en el texto refundido de las tres proposiciones. En todo caso, aceptamos lo que es como enmienda transaccional la refundición del texto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó. ¿De sus palabras debo de deducir que las iniciativas presentadas por los tres grupos se retiran y se va a someter a votación el texto de la transaccional, texto que es conocido? (Asentimiento.) Como consecuencia del texto acordado entre los tres grupos proponentes y de la voluntad de los mismos de retirar sus iniciativas, sometemos a votación el texto transaccional que ha sido acordado por los grupos parlamentarios

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de Convergència i Unió, Popular y Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 307; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de referencia.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA LA SOLUCIÓN DEL CONTENCIOSO DEL SAHARA OCCIDENTAL, DE ACUERDO CON LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
(Número de expediente 173/000007.)

La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sahara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada, en el debate de nuestra interpelación intentamos dejar claros los elementos sobre los que era necesario situar la moción que hoy vamos a discutir, y lo hacíamos con firmeza, pero sobre todo con voluntad de consenso, la misma voluntad de consenso que ha presidido hasta ahora los debates y los acuerdos parlamentarios sobre la problemática del Sahara Occidental.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella. (Pausa.) Adelante.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, espero que los comentarios del partido de fútbol no vuelvan a interrumpir esta intervención. (Rumores.) Decía que considerábamos este debate necesario, y es que estamos preocupados porque se está desvirtuando la situación. Desde algún punto de decisión se está intentando presentar la actual situación del Sahara Occidental como una problemática bloqueada ante la imposibilidad de celebrar el referéndum y ante la necesidad de buscar fórmulas intermedias que no son sino una claudicación de la comunidad internacional ante las presiones de Marruecos, que no parece estar dispuesta a respetar los acuerdos y la legalidad internacional. Pero también creemos que es un debate necesario, porque ante esta situación de bloqueo nuestro país no puede mirar hacia otro lado; en primer lugar, por el simple respeto a los derechos humanos, que hace que ésta siga siendo una asignatura pendiente en el Sahara Occidental y, sobre todo, por nuestra responsabilidad histórica, una responsabilidad que el paso del tiempo no puede ni debe borrar, porque al menos nosotros, y nos consta que la mayoría del pueblo español, rechazamos la vergonzosa entrega del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania por el último Gobierno franquista, en el mal llamado Acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Consideramos que estos acuerdos, que manchan el nombre de Madrid, constituyen -repito- uno de los legados más onerosos que ha heredado la España democrática en cuanto a política exterior. Estos acuerdos no solamente fueron y son desfavorables para el pueblo saharaui, que vio cómo su tierra era ocupada militarmente por Marruecos, que vio cómo tenía que abandonar sus casas y sus pueblos, sino que también fue desfavorable, aunque evidentemente en menor medida, para los intereses españoles. Por ello, consideramos obligación de nuestra política exterior trabajar de una vez por todas para que los habitantes del Sahara Occidental puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Un derecho que llevan más de veinticinco años esperando ejercer; un derecho que ha sido reconocido por todas las instancias internacionales.
Tenemos que ser claros porque en esta situación no se puede utilizar un doble lenguaje y hay que decir dónde están los problemas. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores decía hace dos semanas que había miles de recursos presentados que bloqueaban el referéndum, debería haber dicho que la casi totalidad de estos recursos ha sido presentada por Marruecos. No se puede dar la impresión de que en estos momentos las dos partes en conflicto tienen la misma responsabilidad en la situación de bloqueo. La historia no admite interpretaciones, y menos una historia tan reciente. En este conflicto, una parte, el Reino de Marruecos, no solamente no ha realizado ningún esfuerzo para celebrar el referéndum que parece saber que tiene de antemano perdido, sino que está poniendo todas las trabas posibles para impedir su celebración.
El primer punto de nuestra moción insta al Gobierno a realizar un llamamiento a las partes en conflicto para que retiren los obstáculos que impiden la celebración del referéndum y el desarrollo de los acuerdos contemplados en el plan de arreglo. Con esta propuesta queremos que esta Cámara reafirme que el conflicto no tiene otra salida posible que la celebración del referéndum de autodeterminación y que el mismo debe contar con todas las garantías democráticas.
Entendemos que cualquier otra cosa es una claudicación que pretende darvisos de legalidad internacional a una ocupación que

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no tiene más aval que la fuerza militar y la complicidad, en aquel momento, de la dictadura franquista.
En el segundo punto proponemos que por los foros internacionales se manifieste la necesidad de aclarar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la de pedir una mayor implicación de las Naciones Unidas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos a la población saharaui. Lo hacemos porque, como decíamos hace dos semanas, ha quedado claro en los foros internacionales que los derechos humanos no pueden ser considerados como cuestión interna de ningún Estado. En el caso del Sahara Occidental, con una ocupación militar que dura más de 25 años y constantes denuncias sobre violación de derechos humanos, como señalábamos con datos precisos, la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado sin convertirse en cómplice de esa situación. Además, no se puede pretender el desarrollo de un proceso mínimamente democrático si no existe una garantía total de respeto a los derechos humanos del pueblo saharaui.
Por último, planteamos en nuestro tercer punto la necesidad de continuar e intensificar la ayuda humanitaria a la población afectada por el conflicto, para lo que se propone que se presenten plantes concretos de ayuda del Gobierno español al pueblo saharaui.
Permítanme, señorías, que en este punto rinda homenaje a todo un pueblo que ha tenido la fuerza de voluntad y el coraje de mantener su identidad en las peores condiciones. Un pueblo que ha sabido transformar una sociedad feudal en una auténtica nación con índices de formación y de articulación social muy por encima de los de otros Estados de su entorno, y todo esto en una situación de guerra y, en muchos casos, de exilio. Dentro de este homenaje, quiero hacer una mención especial a la mujer saharaui. Una mujer que en el frente, en la retaguardia, en las tareas de gobierno o en las labores familiares se ha ganado un lugar en la historia de los pueblos que luchan por el reconocimiento de su propia personalidad.
Como dice nuestra propuesta, es necesario intensificar la ayuda humanitaria porque es una obligación de toda la comunidad internacional; pero también es una obligación de nuestro país como corresponsable o, si lo prefieren, como cómplice necesario de una situación que ha expulsado al desierto a miles de ciudadanos que llevaban siglos viviendo en una tierra que, sin ser rica, habían sabido hacer habitable. Nuestra deuda con ellos nos obliga a la mayor solidaridad. Solidaridad, por cierto, que tiene muy bien asumida el pueblo español, que se organiza en cientos de comités de ayuda a la República Árabe Democrática Saharaui, y solidaridad que, me permito decirles, tendría que empezar con una mayor dotación de medios materiales y humanos a nuestra embajada en Argel para facilitar al menos los trámites administrativos en favor de los miles de niños que vienen a nuestro país cada año. En definitiva, señorías, se trata ni más ni menos que de asumir nuestra responsabilidad política y moral en un conflicto, el de Sahara, que, como decía, tiene su origen en aquel acuerdo triste de 1975.
Por eso, con nuestra moción, con este debate pretendemos que el Congreso de los Diputados apoye la celebración del referéndum como única vía para acabar con el conflicto; pretendemos reafirmar que este referéndum es la única vía para que el pueblo saharaui decida libremente su futuro; pretendemos provocar que se reafirme la necesidad de colaborar activamente con la ONU, con la Unión Europea y con las partes actuales para superar el conflicto y llevar a cabo la celebración inmediata del referéndum de autodeterminación; pretendemos que se apoyen las iniciativas de Naciones Unidas orientadas a preservar el plan de arreglo, ya que su fracaso sería un duro golpe para la credibilidad de la zona y además pondría en peligro la estabilidad y la consolidación de todo el Magreb, cosa que tendría evidentes consecuencias negativas también para nuestro país.
Pero también queremos que se abra un procedimiento en esta Cámara para velar por los derechos humanos en el Sahara occidental y mostrar nuestra preocupación por los hechos recientemente ocurridos.
Con todas estas premisas, nos parece importante el acuerdo que se puede alcanzar mediante este debate en esta Cámara; un acuerdo que nos puede permitir presentar una enmienda transaccional, una vez oídas también las intervenciones de los demás grupos, que recoja en esencia lo que plantea nuestra moción, que no es ni más ni menos que superar las dificultades; apoyar la aplicación del plan de arreglo; apoyar la aplicación de los acuerdos de Houston; manifestar la necesidad de promover el respeto a los derechos humanos y que nuestro país continúe prestando la ayuda humanitaria. Entendemos que en esta línea podemos plantear una propuesta de síntesis, de consenso que de una vez por todas sitúe a España con claridad en el buen camino, que no es ni más ni menos que el del respeto, el del apoyo a un proceso de paz que solucione una situación de conflicto que dura 25 años, que no se tenía que haber producido y de la cual este país es cómplice, aunque nosotros no nos sintamos herederos de aquel régimen. De una vez por todas debemos exigir que se haga justicia con un pueblo que lleva 25 años ganándose el derecho simplemente a decidir sobre su futuro.
Estoy convencido -repito- de que podemos llegar a ese acuerdo, que vamos a llegar a ese acuerdo y que hoy será un día importante para esta Cámara, pero también será un día de esperanza para los miles de saharauis que en el desierto todavía luchan y confían en poder decidir libremente sobre su futuro.
Nada más. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorCentella.


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A esta moción han sido presentadas dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, una por el señor Puigcercós y otra por la señora Lasagabaster, que repartirán el tiempo.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo de forma breve, rápida y concisa. Nuestra enmienda tiene una sola finalidad: acelerar el proceso de reconocimiento internacional del pueblo saharaui. El reconocimiento por parte del Estado español de la República Árabe Saharaui, como ya lo han hecho más de 60 Estados, implicaría un paso más certero y seguro hacia la celebración del referéndum con garantías.
A nuestro entender, es inaceptable que el Gobierno español mantenga una ex colonia que fue abandonada en el año 1975 a merced del Estado marroquí y no haya tenido decisiones más claras durante estos años.
Hace 25 años que el pueblo saharahui vive condenado en campos de refugiados en el exilio. Dos generaciones de saharauis han nacido y crecido en la provisionalidad y la precariedad. El Gobierno español tiene las responsabilidades y el primer paso es el reconocimiento de la República Árabe Saharaui en el contexto internacional.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
También intervendré muy brevemente. Creo que ha sido muy acertada la realización de este debate y que ha sido oportuno, porque ciertamente estamos en un momento crucial, una vez más, ante una situación y una problemática que lleva sufriendo el pueblo saharaui, como se ha dicho aquí, desde hace más de un cuarto de siglo. Se han realizado muchísimos intentos de soluciones internacionales y ciertamente nos volvemos a encontrar en una encrucijada en la cual realmente la situación es muy crítica. Hay que realizar varias reflexiones al respecto. La primera es que creemos de una manera firme que en esta realidad las responsabilidades no vienen del pueblo saharaui sino que mucho nos tememos -y así lo constatamos- que Marruecos en ningún caso ha demostrado voluntad para llevar a cabo la aplicación de las soluciones internacionales que se han ido plasmando a lo largo de los tiempos.
En este sentido, en la resolución -esperemos que haya consenso- debe quedar constancia de esta realidad y de estos hechos, de estas responsabilidades diferenciadas entre las partes que intervienen en el conflicto. También constatamos, como se ha dicho en el debate, que la única solución es la celebración del referéndum, evidentemente con garantías, pero no podemos volver a iniciar nuevas concesiones y negociaciones que no sean sobre la base de la celebración de ese referéndum en tiempo real.
En tercer lugar, de manera clara y contundente, nos gustaría realizar una exigencia a la ONU, que ciertamente tiene sus problemas, para que lleve a cabo con cierta eficacia este cumplimiento del mandato de la celebración del referéndum.
Nuestras enmiendas, intentando llegar a un consenso y enmendar lo mínimo posible la propuesta original, lo que trataban es de esclarecer, si cabe, las múltiples y desgraciadas violaciones que se han ido produciendo a lo largo de estos años sobre la población saharaui de manera rotunda y, vuelvo a señalar, con más contundencia que en la moción original, así como que apareciera reconocido que la población afectada es la saharaui.
Tenemos el deseo de llegar a un consenso, pero creemos que no sería justo establecer el mismo nivel de igualdad a aquellos que ciertamente han mostrado diferente interés a la hora de cumplir con sus responsabilidades en la solución de este conflicto. Vamos a esperar la enmienda transaccional, pero sólo podremos apoyarla si aparecen muy claros estos tres principios.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Dando continuidad a la posición que ya el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria mantuvo en el debate del Pleno de hace unas dos semanas, a raíz de la interpelación presentada por Izquierda Unida, hemos presentado la siguiente enmienda a la moción que hoy se discute. Está motivada sobre todo por la situación que, como decíamos, existe de enquistamiento histórico del conflicto del Sahara Occidental y por la preocupación con que se ve desde Canarias este continuo aplazamiento del referéndum de autodeterminación y la amenaza que esto supone de hecho a la paz y a la seguridad en el Magreb.
Entendemos, como ya decíamos hace dos semanas, que España tiene una responsabilidad histórica en el Magreb y, a nuestro entender, esto debe condicionarnos a mantener una actitud activa en la resolución de este problema. Por eso, y en la línea del plan de paz desarrollado por Naciones Unidas y en colaboración y coordinación con las actuaciones de este organismo, planteamos en la enmienda que la Cámara se manifieste apoyando expresamente la resolución del Parlamento Europeo sobre el Sahara Occidental, acta del 16 de marzo de 2000, y asimismo instar al Gobierno en todauna serie de puntos -muchos de ellos están recogidos

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en las enmiendas presentadas por otros partidos-, entre los que destacaría los siguientes: reiterar nuevamente ante los organismos internacionales el apoyo expreso de España al plan de paz de la ONU, que contempla la celebración del referéndum de autodeterminación como la vía adecuada y justa para la solución del conflicto y alcanzar la paz en el territorio; colaborar activamente con la ONU y la Unión Europea y las partes en conflicto para superar las actuales dificultades que impiden la celebración inmediata del referéndum; invitar a las partes en conflicto, Gobierno de Marruecos, Frente Polisario, así como países afectados de la zona a unas sesiones de trabajo en el seno del Congreso de los Diputados, con el fin de conocer directamente las posiciones y evaluar posibles iniciativas de nuestro país en el marco del plan de paz y en colaboración y coordinación con las posibles estrategias de la ONU; adoptar las iniciativas políticas necesarias de apoyo a las Naciones Unidas en su esfuerzo de avanzar dentro del marco del plan de paz ya mencionado, ya que entendemos que su fracaso supondría un duro golpe para la comunidad internacional, tanto por su credibilidad como por las imprevisibles consecuencias para la paz y la estabilidad de la zona; velar por el resto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, mostrando preocupación ante los foros internacionales por los hechos recientes acaecidos en la zona, instando la necesidad de aclarar dichas denuncias; y, como último punto, incrementar la ayuda humanitaria a la población saharaui de los campos de refugiados para responder a las necesidades en materia de alimentación, sanidad y educación, así como de otros servicios básicos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Camacho.


La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace dos semanas, cuando el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó ante esta Cámara la interpelación urgente sobre cuáles iban a ser las iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sahara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional, mi grupo parlamentario solicitó al proponente la posibilidad de que la moción que se presentara, y que se hace hoy aquí, pudiera contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, al igual que pasó durante la VI Legislatura, en donde se presentaron tres proposiciones no de ley en la Comisión de Exteriores y una moción en el Pleno de esta Cámara, con respecto a este tema, que se aprobó por unanimidad. Y es que pedir que se alcance un acuerdo conjunto de todos los grupos parlamentarios significaría el respaldo de España a los nuevos esfuerzos que desde las instancias competentes de Naciones Unidas se están llevando a cabo con el objetivo de hacer posible la aplicación efectiva de lo previsto en el plan de arreglo para el Sahara Occidental.
Como potencia colonizadora que fuimos, la comunidad internacional nos pide que mantengamos una postura de neutralidad. Ya lo comentamos en días pasados y estamos de acuerdo al objeto de no interferir en el proceso, pero esta neutralidad no quiere decir que debamos ser invisibles como si el tema no nos afectara, porque de hecho nos afecta y bastante. Por eso, hemos creído en la necesidad de llegar a un acuerdo esta tarde, o por lo menos intentar un acuerdo esta tarde que espero que llegue a buen fin, porque ese acuerdo reflejaría nuestra posición unánime sobre un conflicto que dura ya demasiado y que se creó tras la firma del Tratado de Madrid, en el que España entregaba el destino del Sahara a Marruecos, condenando al pueblo saharaui al exilio. En todo caso, y siguiendo la línea de lo que se ha argumentado y aprobado en la pasada legislatura, mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución, en la que se insta al Gobierno a respaldar las actuaciones de Naciones Unidas para intentar solucionar los problemas surgidos en la puesta en práctica del plan de arreglo y en la organización de un referéndum para la autodeterminación del Sahara Occidental, poniendo a disposición de la Secretaría General la cooperación y participación de España en cuanto se crea conveniente y necesario y procurando de los demás Estados de la Unión Europea su colaboración y respaldo en los mismos términos.
Asimismo, pedimos que se identifique la ayuda humanitaria al pueblo saharaui por parte de España y a través de las organizaciones no gubernamentales que trabajan para atender las necesidades básicas mediante la elaboración y puesta en práctica de un plan específico y complementario de los que se desarrollan en la actualidad.
Por último, como punto tercero de la enmienda, solicitamos que se informe periódicamente a esta Cámara de lo dispuesto en los apartados anteriores. Con nuestra enmienda lo que pretendemos es volver a centrar la solución del problema en torno al plan de arreglo propuesto en 1991, que tendría como culminación la celebración de un referéndum; referéndum que estaba previsto para el próximo día 31 de julio y que ha tenido que aplazarse nuevamente a causa del enorme número de reclamaciones presentadas contra el censo electoral elaborado por la misión de Naciones Unidas para el referéndum, provocando una prórroga de dos meses de Minurso y una situación de bloqueo al proceso. Nos parece asimismo fundamental incrementar la ayuda humanitaria a la población saharaui de los campos de refugiados para responder a las necesidades en materia de alimentación, salud, educación y otros servicios, tal y como proponemos en el segundo apartado de la enmienda que presentamos y que de igual manera recogen

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la mayoría de los grupos parlamentarios en sus enmiendas.
Desde la creación de Minurso el 29 de abril de 1991, el plan de arreglo ha tenido que sortear muchos escollos, pero ha logrado siempre salir adelante. De nuevo nos encontramos con una situación de bloqueo que es preciso salvar, de nuevo la comunidad internacional está pendiente de las conversaciones que tendrán lugar en Londres a finales de este mes de junio, en las que estará presente el Frente Polisario, Marruecos y el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, James Baker. Confiamos en que el diálogo abierto entre las partes despeje de nuevo el camino. El Frente Polisario y Marruecos deberían buscar de manera firme y decidida soluciones que permitan de una vez por todas desbloquear la situación originada, que impide por ahora la celebración del referéndum y la posibilidad de independencia del Frente Polisario, reconocido no solamente en el plan de arreglo, sino también por la Asamblea General de la ONU.
Marruecos debería ser consciente de que cuando se apuesta por un proceso no se puede dar marcha atrás cuando comprueba que la resolución de dicho proceso puede no serle favorable. Por ello deseamos que el fruto de las próximas negociaciones sea positivo porque la situación creada nos preocupa. Nos preocupa por varias razones. La primera -no por mencionarla antes pierden las demás relevancia-, porque cuando un proceso se dilata tanto en el tiempo, ya sea por falta de entendimiento entre las partes o porque surjan nuevos inconvenientes cuando se van solventando los que les preceden, de cara a la opinión pública el problema empieza a perder importancia y se hace rutinario, ajeno e incómodo. Entonces a los inconvenientes se unen la suspicacia, los malentendidos, las denuncias con más o menos fuerza y la percepción de que el proyecto no será viable; o comentarios sobre el coste económico que ha supuesto Minurso hasta ahora, subrayando además aquellas personas que hacen los comentarios que dicho gasto solamente ha servido para sustentar un programa fallido. Los posicionamientos cerrados, vengan de donde vengan, conducen a esta visión. La búsqueda constante de obstáculos que dificulten el proceso, también.
El Grupo Parlamentario Socialista piensa que un conflicto de tal magnitud no puede perder relevancia, porque estamos hablando de un problema que afecta a una zona geográfica importante y porque estamos hablando también de personas que actualmente carecen de libertades fundamentales. Otra de nuestras preocupaciones se sustenta en que, debido a la falta de acuerdo entre las partes y ante la necesidad de cerrar el conflicto de alguna manera, éste pudiera cerrarse en falso, tomándose decisiones que no obedezcan al deseo de las dos partes o que pudieran cercenar las aspiraciones legítimas de un pueblo, quedando de esta forma el problema, en el mejor de los casos, siempre latente. En este sentido se vienen apuntando por fuentes diplomáticas algunas vías alternativas al referéndum a la vista de la imposibilidad de llegar de nuevo a acuerdos concretos. Nos parece fundamental, por tanto, que el Frente Polisario y Marruecos hagan un esfuerzo especial por conseguir un acuerdo fructífero que ponga fin a esta difícil situación. Y también nos preocupa que mientras todo esto sucede haya un pueblo de refugiados condenado a sufrir toda clase de carencias y de inconvenientes, y lo que es peor, sin esperanza y sin derechos; un pueblo condenado a no tener un futuro inmediato como tal y que espera en un desierto abrasador a que impere un poco de cordura.
Señorías, a nuestro grupo parlamentario le gustaría que en la próxima reunión, que se celebrará en Londres probablemente el día 28 de junio, se presentaran alternativas viables capaces de desbloquear el proceso de paz y de fijar el calendario definitivo para la celebración del referéndum con garantías suficientes de que este proceso sea justo, limpio y transparente, en donde todos los ciudadanos llamados a ejercer ese derecho al voto lo hagan con absoluta tranquilidad y con plena libertad.
Para terminar, quiero expresar de nuevo el deseo con el que empecé, en el sentido de que mi grupo espera que esta tarde podamos llegar en esta Cámara a un acuerdo unánime al respecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camacho.
Por último, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señora presidenta.


Nosotros hemos presentado una enmienda que queda sobre la mesa y que sin duda SS.SS. conocen, entre otras cosas porque este es un asunto que reiteradamente viene a la Cámara. En todas las legislaturas de la democracia se ha discutido sobre el problema del Sahara, y creo que hacer un discurso histórico-político sólo tendría interés si fuésemos capaces de romper lo políticamente correcto. Pero si lo hiciéramos sería mucho más difícil alcanzar un consenso. No obstante, espero que, como estamos a estas horas y no nos ha ido bien en el fútbol, nos vaya un poco mejor en el debate.
Es cierto que España es la antigua potencia colonial -hasta ahí estamos de acuerdo- y, como tal, no podemos cerrar nosotros solos ni decidir cuál es el resultado del proceso de autodeterminación, sobre todo cuando hace 25 años que abandonamos aquel territorio. Por lo tanto, el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática por parte de la antigua potencia colonial no solamente no serviría para nada sino que dificultaría notablemente el esfuerzo al que se ha referido la portavozsocialista con mucha oportunidad y que está en este

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momento sobre la mesa para resolver los problemas que hasta ahora han impedido la celebración del referéndum.


Piensen ustedes que la Resolución 690, de la que todavía estamos comiendo en este asunto y que sustenta la paz, difícil y precaria, que hay en la zona y el alto el fuego, tiene casi diez años de vida, por lo que estamos en una situación en la que todavía no se ha cerrado el proceso que se abrió hace más de nueve años. Esa es la dificultad de la cuestión. A nosotros no nos compete, evidentemente, decir nada a nadie ni dar una solución al conflicto sobre el Sahara Occidental, pues de eso se trata, de un conflicto en el que hay dos partes, y nosotros no somos ninguna de ellas. Y tengo que decir que afortunadamente no somos ninguna de ellas porque si a estas alturas fuéramos una de ellas, probablemente en estos últimos 25 años, en vez de haber dedicado nuestros esfuerzos a la modernización política y económica de este país y a la transición democrática, nos hubiéramos encontrado metidos en un enfrentamiento de tipo colonial que, desde luego, no era lo que más nos interesaba en aquel momento. Dicho esto, todos nos hemos de sentir comprometidos con el destino y el presente del Sahara Occidental. En primer lugar, porque hay un amplio consenso en esta Cámara sobre el grado de apoyo que España tiene que prestar a Naciones Unidas. En segundo lugar, porque existe un fuerte compromiso humanitario con la ayuda y la cooperación al pueblo saharaui. Y, en tercer lugar, porque a todos nos preocupa, como no podía ser de otra manera, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en un enorme territorio de cuya población una parte importante vive en Argelia y otra en el Sahara Occidental, por lo que se trata de un pueblo escindido, dividido físicamente por un muro perteneciente a dos bandos enfrentados que no disparan, pero que están en el momento importante, dramático, como en toda gran crisis internacional, en el que tienen que decidir qué hacen con las armas, si enterrarlas bajo las generosas arenas del desierto o bien desengrasarlas y ponerlas otra vez en marcha.
Hay una palabra que aquí no se ha pronunciado, pero yo creo que, incluso aunque me cueste salirme de lo políticamente correcto, debe ser pronunciada: Argelia; la palabra es Argelia. Algo tiene que ver Argelia en todo esto, puestos a hacer discursos políticos y geoestratégicos. Argelia tampoco es parte, pero sí tiene algo que decir en este conflicto y alguna responsabilidad y algún grado de compromiso tiene y debe tener con el plan de Naciones Unidas y con las discusiones actualmente en marcha.
Efectivamente, a finales de este mes habrá otra importantísima reunión. Hubo una el 14 de mayo, en la que por primera vez se veían las dos partes cara a cara desde las conversaciones de Houston, y eso demuestra que el bloqueo había llegado a tal nivel, que el secretario general de Naciones Unidas y su enviado especial, el señor Baker, se vieron en la necesidad de enfrentarles para ver si conseguían salir del impasse en el que se encontraban. La conclusión -y lo dije en el debate anterior- no puede ser más triste: según el informe del secretario general último, la aplicación del plan de arreglo ha sido impedida año tras año durante los últimos nueve años por diferencias fundamentales entre las partes sobre la interpretación de su contenido más importante, y por lo tanto las perspectivas de celebrar un referéndum son tan lejanas como siempre.
Y termina el secretario general diciendo lo siguiente -y es bueno que SS.SS. lo escuchen porque tiene alguna importancia sobre el momento político en el que nos encontramos-: Dadas las dificultades de los últimos años en acercar las diferencias que han sido recurrentes entre las partes y el hecho de que no hay un mecanismo para que Naciones Unidas obligue a cumplir el plan de arreglo, sería esencial que las partes ofrecieran ahora soluciones específicas y concretas a los problemas múltiples que se refieren a la aplicación del plan de arreglo o, alternativamente -y esta es la parte importante-, deberían estar preparadas a considerar otros caminos para lograr una pronta, duradera y acordada resolución de su conflicto sobre el Sahara Occidental. En ese momento preciso es en el que nos encontramos, y por eso no es el momento de cambiar la posición de esta Cámara y la del Gobierno; se trata más bien de reiterarla, y ese es el sentido de la enmienda presentada por el Grupo Popular. Y ese es el sentido de la enmienda transaccional que estoy seguro de que el diputado señor Centella procederá a leer a continuación, que tiene al menos el acuerdo de mi grupo y que, desde luego, espero que obtenga el acuerdo unánime o casi unánime de esta Cámara.
Este país es neutral en ese conflicto. Está comprometido con el plan de arreglo de Naciones Unidas y los acuerdos de Houston y se pone a disposición de Naciones Unidas para hacer cuanto sea necesario para conseguir la aplicación de ese plan de arreglo. Es importante que en este momento alentemos y llamemos a las partes para que solucionen sus diferencias y, por supuesto, debemos manifestar nuestra voluntad y nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales del pueblo saharaui y al compromiso de seguir prestando la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo que sea necesaria para el pueblo saharaui.
Es un momento de continuidad, de insistencia a las partes y también para que esta Cámara tome conciencia de que estamos ante unos momentos graves y decisivos. Si las armas vuelven a ser usadas o vuelven a ser enterradas bajo las arenas del desierto no depende de nosotros, pero sí que las partes sepan que España está con la paz y no con la reanudación de la guerra.
Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles. ¿Grupos que no han presentado enmiendas y que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. Del conjunto de las intervenciones se deduce, aparte de la propia realidad, que estamos ante un momento de gran pesimismo en lo que al conflicto del Sahara se refiere. Estos días he estado releyendo las distintas iniciativas que se han aprobado en esta Cámara, en el Pleno y en la Comisión de Asuntos Exteriores, durante la pasada legislatura e incluso en la anterior, y en todas ellas rezumaba un punto de esperanza por parte de quienes las defendían en el momento de ser presentadas y ese no es el caso de hoy.
Hoy estamos debatiendo un texto en el que todos hablamos de la gravedad del momento. El propio portavoz del Grupo Popular hablaba del riesgo real de que vuelva a empezar la violencia y no voy a entrar en el detalle de la situación, porque se ha expuesto suficientemente. Hasta ahora, todas las iniciativas que se han aprobado -y espero que también sea el caso de hoy- se han efectuado desde la unidad de todas las fuerzas políticas y dejando clara la absoluta neutralidad. Mi grupo evidentemente no va a romper eso, apoyaremos esa unidad y, por tanto, esperamos que se pueda aprobar esa enmienda transaccional pactada entre todos. Pero dejando claro que esa neutralidad es comprometida, que no significa indiferencia ante lo que está ocurriendo, sino que es una auténtica neutralidad comprometida que nos hace seguir muy de cerca la situación. La mejor manera de manifestar que esa neutralidad es comprometida era el detalle que contenía la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en la legislatura pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores y que aparece mencionada al inicio de esta enmienda transaccional que probablemente se aprobará hoy. Por tanto, como este mecanismo de cita al final acaba dejando las cosas sin contenido, pediría, señora presidenta, que, al amparo del artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara, se lea por parte del secretario el párrafo 2 completo de la proposición no de ley que fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores, en el que se detalla cuál es el contenido de lo que en su momento se acordó, suprimiendo aquellos elementos que fueron coyunturales y que ya no siguen en vigor.
Solicito la lectura de ese texto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Mato.


El señor SECRETARIO (Mato Adrover): El párrafo segundo dice lo siguiente: Con el fin de colaborar en dicho proceso, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:

a) El Ministerio de Asuntos Exteriores informará a la Secretaría General de Naciones Unidas de la disponibilidad de España para cooperar en la puesta en práctica del plan de arreglo para el Sahara Occidental y recabará de aquélla el conjunto de acciones en que más útil pueda resultar la ayuda de España. Una vez recibida dicha información, el Gobierno elaborará un programa de apoyo a la aplicación del plan de arreglo.
b) En la preparación y ejecución de dicho programa, el Gobierno consultará adecuadamente con las instancias competentes de Naciones Unidas y el Acnur, promoviendo la apropiada coordinación e involucración de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión en el apoyo internacional a la puesta en práctica del citado plan. El referido programa de actuación se orientará a facilitar el desarrollo y obtención de los objetivos que son propios a las diferentes fases contempladas en el plan de arreglo: identificación de votantes, intercambio de prisioneros, liberación de detenidos o prisioneros políticos, reducción y acuartelamiento de tropas, retorno de refugiados y cumplimiento del código de conducta durante la campaña para el referéndum en el Sahara Occidental.
En especial, dicho programa deberá contemplar la realización de aportaciones voluntarias al Acnur, con el fin de preparar y cooperar en la ejecución del programa de repatriación, colaborando con la ONU en todo aquello para lo que sea requerido por dicho organismo, con el acuerdo de las partes para el efectivo retorno de los refugiados a las zonas previstas de destino. La realización de aportaciones de otros fondos de ayuda humanitaria, el apoyo técnico y de cualquier otra índole que se requiera a las actividades de desminado que realice la Minurso y su unidad militar, con el fin de acometer el problema de las minas sembradas durante el conflicto. El apoyo a cuantas medidas disponga el representante especial para conseguir un referéndum sobre las bases pactadas, mediante el acceso, en condiciones de igualdad de todas las partes, a todas las emisoras de radio y televisión, con el objetivo de difundir sus respectivas opiniones sobre el referéndum. A dicho efecto, se prestarán las necesarias facilidades, desde el territorio español, que sean solicitadas por Naciones Unidas y que respeten las exigencias constitucionales y la neutralidad de España ante el referéndum.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
Señor Centella, a los efectos de manifestar su aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


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El señor CENTELLA GÓMEZ: Más bien al efecto de leer lo que sería la enmienda transaccional que se sometería a votación, que diría: El Congreso de los Diputados reitera su voluntad, expresada en la proposición no de ley del 22 de diciembre de 1997 y la moción de 19 de mayo de 1998, de reafirmar la neutralidad de España con respecto al plan de arreglo para el conflicto del Sahara y de coadyuvar al desarrollo de las actuaciones de Naciones Unidas con el fin de alcanzar la solución pacífica y democrática para el problema del Sahara, en especial de la que realice el Gobierno de España en interés de la consecución y del éxito del citado proceso de paz, e insta al Gobierno a alentar a las partes a que superen las dificultades que han impedido la aplicación del plan de arreglo de Naciones Unidas y de los acuerdos de Houston, en orden a la situación del referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, cooperando a tal efecto con las Naciones Unidas y en especial con su secretario general y su enviado especial.


Segundo, manifestar la necesidad de promover el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los saharauis, y, tercero, continuar prestando la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo que sea necesaria a favor de todos los pueblos saharauis.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Centella.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre iniciativas del Gobierno para la solución del contencioso del Sahara Occidental, de acuerdo con la voluntad de la comunidad internacional, en los términos que han sido expresados por el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en función del acuerdo transaccional que propone a la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 292; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto en los términos expuestos. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MANTENIMIENTO DEL OBJETIVO DE INFLACIÓN PARA ESTE AÑO Y LAS MEDIDAS QUE, EN SU CASO, PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000008.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medidas que, en su caso, piensa adoptar el Gobierno.
Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, cuando el Grupo Socialista presentó su interpelación hace dos semanas, a raíz de conocer la tasa de inflación en España, teníamos una preocupación, que se ha agravado después del dato que hemos conocido hoy y que ha llevado nuestra tasa interanual por encima del 3 por ciento. Sabemos -el Gobierno nos lo repite constantemente- que la política monetaria es competencia del Banco Central Europeo, por lo tanto, no está en nuestras manos mover tipos de interés; también sabemos que el Gobierno no puede afectar al precio del barril de petróleo en el mercado mundial ni al tipo de cambio entre el euro y el dólar. Pero estos factores no nos bastan para explicar la inflación, no explican el diferencial de inflación entre España y el resto de la Unión Europea. El Gobierno nos dice que, como nuestra economía crece más, la inflación debe crecer más, pero, cuando uno toma el último informe panorámico de la OCDE, observa que entre los países de la Unión Europea, sólo Irlanda tiene una inflación más alta que la española; que existe una serie de países que crecen tanto o más que España con inflaciones menores, como Suecia, Holanda, Luxemburgo y Finlandia, y que, dentro de la OCDE y fuera de la Unión, países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda tienen tasas de crecimiento mayor y tasas de inflación menor. Algo habremos hecho mal, y es bueno reconocerlo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

Hoy, en la moción que defiendo en nombre del Grupo Socialista, ponemos el énfasis sobre las políticas de oferta en España y su contribución a la inflación diferenciada española. En particular, nos preocupa, por un lado, promover las condiciones de competencia en España, mejorar las condiciones de competencia en España y, por otro, prevenir los abusos de posición dominante derivados de posiciones de oligopolio o facilidad para acuerdos entre empresas en los mercados.
Es bueno realizar un somero balance de lo que ha sido la política de los últimos años, por ejemplo, la liberalización, más retórica que real, de la economía española. Por una parte, se ha privatizado sin reestructurar previamente los sectores privatizados, se ha privatizado sin haber introducido competencia; se han mantenido regulaciones de entrada, barreras de entrada restrictivas, lo cual ha permitido a las empresas instaladas controlar la competencia; se ha acentuado el control político sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia y se ha restado independencia y poderes a las comisiones reguladoras (las discusiones sobre la reforma de la Ley de defensa de la competencia, en 1999, fueron muy ilustrativas en este sentido); y, en último

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lugar, la regulación ha tendido a favorecer los intereses de la expansión internacional de los sectores privatizados, que han obtenido financiación barata para su expansión internacional con cargo a las tarifas de los consumidores y, eventualmente, a los costes de transición -entre comillas- a la competencia.
Voy a mencionar algunos ejemplos o consecuencias de la levedad liberalizadora de la política económica española de los últimos años.
En términos de barreras de entrada se nos presentan las telecomunicaciones como un paradigma de liberalización española, en cambio, cuando vemos la situación de la liberalización del bucle local en Europa, observamos que ya desde 1999 Dinamarca, Alemania y Austria tienen liberalizado el bucle local; que ya en 1999, países como Suecia, Italia, Reino Unido y Holanda estaban tramitando la liberalización; en Italia ha concluido; en Holanda y Reino Unido han llegado a acuerdos entre reguladoras y dominantes. España se ha quedado a la zaga, con Grecia, Portugal e Irlanda; no es mala compañía, pero se ha quedado a la zaga. Y, dicho sea de paso, me parece interesante observar que Holanda nos lleva un año de adelanto en la liberalización en las telecomunicaciones. Quizás el Gobierno no lo ha entendido, porque confunde privatizar con liberalizar. Repito, en Holanda la liberalización de telecomunicaciones lleva un año de adelanto a la española. Si esto se hubiera sabido, quizás tendría que haberse tenido en cuenta al tratar la operación Telefónica-KPN; quizás todavía estamos a tiempo de tener en cuenta estas consideraciones.
En segundo lugar, en materia de tarifas reguladas, se nos dice que la tarifa de la electricidad ha bajado en los últimos años; ciertamente, en términos reales desde 1991, en términos nominales más recientemente. Les voy a leer unas consideraciones que ha emitido una conocida institución financiera española en su último informe mensual del mes de mayo. Literalmente dice: En España, el precio medio del kilovatio/hora para la industria se situó en 8,7 pesetas en 1999, mientras que el precio medio del mercado doméstico llegó a las 22,4 pesetas. Este diferencial tan amplio, superior al 150 por ciento, no es general en el ámbito internacional y se sitúa claramente por encima de la media de los países europeos de la OCDE, en torno al 95 por ciento. Como SS.SS. saben, nuestras tarifas de electricidad doméstica y para pequeñas y medianas empresas sólo son superadas por Portugal.
Por último -y ahora seré breve-, en materia de defensa de la competencia y prevención de acuerdos oligopolísticos basta citar las recientes sanciones a las petroleras italianas de la autoridad antimonopolio italiana de 56.000 millones de pesetas, equivalentes al 3,5 por ciento de la factura anual, y basta saber que Francia ha entrado en acción. Necesitamos dar un impulso al fomento de la competencia y necesitamos prevenir los abusos monopolísticos; lo necesitamos por muchos factores, también para contener la inflación.
Para conseguirlo, la moción que presenta mi grupo se propone actuar con cuatro objetivos de carácter genérico. En primer lugar, desea ampliar las condiciones de competencia en los mercados, en algunos casos desregulando, cuando normas de carácter legal impidan el acceso a la competencia, por ejemplo, adelantando la liberalización del suministrador eléctrico. Si podemos elegir presidente, ¿por qué no podemos elegir compañía eléctrica? En segundo lugar, hay que regular, porque no hay que confundir liberalizar con desregular. En ocasiones son necesarias regulaciones para facilitar el acceso a la competencia en segmentos oligopolizados. Por cierto, haré una pequeña digresión sobre precios máximos, que últimamente son objeto de una acusación prácticamente en blanco y negro. Si se cumplen las previsiones de liberalización de telefonía local, cuando el Gobierno nos traiga una exploración, seguro que traerá precios máximos de telefonía local.
Los precios máximos no deben aplicarse en general, pero cuando las condiciones de competencia no se cumplen, porque las políticas de liberalización no han sido adecuadas, son usados con carácter transitorio por todos los gobiernos preocupados por la competencia.
Nos proponemos reforzar la institución que tiene por misión defender la competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia, atribuyéndole todas las competencias al respecto, atribuyéndole las competencias de instrucción del Servicio de Defensa de la Competencia y manteniendo separada, eso sí, la instrucción y la sanción. En tercer lugar, queremos dar independencia y fuerza a las comisiones reguladoras dándoles competencias en materia de fijación de tarifas, de regulación de accesos, etcétera. El Gobierno debe tener, si es posible, las manos fuera de estos ámbitos. En cuarto lugar, queremos aumentar la publicidad y la transparencia en el funcionamiento de estas instituciones y de la política de competencia, tanto en la supervisión parlamentaria como en el funcionamiento de las comisiones reguladoras, dando entrada a expertos, a asociaciones de consumidores, etcétera. En el Estado de derecho la transparencia y la publicidad son garantías máximas de defensa del interés general y créanme, señorías, con independencia del Gobierno de que se trate, estos terrenos son propicios a los acuerdos opacos entre poder y negocios. La publicidad y la transparencia -si me permiten, viejos remedios liberales decimonónicos cuando liberal quería decir otra cosa- son grandes remedios.
Voy a acabar. Los objetivos de la moción que defendemos son conseguir reducir los espacios de monopolios subsistentes en España, reducir las posiciones susceptibles de abuso dominante y mejorar los poderes e instrumentos de nuestras instituciones de defensa y promoción de la competencia. Se trata de conseguir mejores condiciones para los consumidores domésticos, mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas, en términos de elección y en términos deprecio y así contribuir a reducir la inflación.


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Señorías, en economía, y en general, hay algo más importante que estar bien; moverse bien es más importante que estar bien y en materia de liberalización y competencia, no nos hemos movido bien en los últimos años. Cuando el entorno avanza rápido, quedarse estancado es la antesala del fracaso. Invocamos el consenso de esta Cámara, poniendo el énfasis donde hoy creemos que hay que ponerlo -que es en las políticas de oferta en España y desde la premisa, si se comparte, de dar independencia y fuerza a los órganos de defensa de la competencia y de control regulador-, para que el conjunto de la Cámara sea capaz de aprobar esta moción para poder dar este impulso a un mejor funcionamiento de la economía Española.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El texto original de la moción del Grupo Socialista, en el párrafo quinto del apartado 1, propone la posibilidad de recuperar el control de los precios máximos de productos y servicios en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, pero restringiendo esa potestad gubernativa a los mercados sometidos a procesos de liberalización.
El Bloque Nacionalista Galego propone que dicha facultad pueda ser ejercida por el Gobierno en todos los mercados cuando se juzgue oportuno en atención a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Queremos evitar abusos por parte de grandes empresas que actúan en régimen de oligopolio. Si bien la subida de precios es más acusada en estos momentos en los sectores energéticos recientemente liberalizados, debemos tener presente que la tendencia actual de concentración empresarial, con una importante penetración de capitales extranjeros en la economía española, podría provocar que surjan en otros sectores, no sometidos a procesos de liberalización, posiciones dominantes de mercado en manos de unos pocos operadores empresariales, que contarían con amplias facultades de fijación abusiva de precios y tarifas en perjuicio de los consumidores y usuarios. Por tanto, abogamos por que sea tarea del Gobierno tutelar dichos mercados, otorgándole para ello las más amplias facultades. No se ha demostrado que la fijación de precios máximos a los productos y servicios de los sectores estratégicos y en aquellos mercados donde la competencia es mínima sea perjudicial para el crecimiento económico ni tampoco perniciosa para los consumidores. Antes al contrario, en tiempos bastantes recientes se empleó como un instrumento válido para controlar tanto la inflación como el abuso a los derechos de consumidores y usuarios. Echamos en falta en la actualidad esa eficacia cuando observamos que el Gobierno asiste a las subidas de precios en los productos energéticos, principalmente los derivados del petróleo, como un mero espectador; abandona su deber de tutela sobre los precios en los mercados que no cuentan con la necesaria transparencia y competencia y obliga a los consumidores a que se impregnen de su resignación.
En definitiva, el Bloque Nacionalista Galego no está contradiciendo el espíritu de la moción sino que intenta mejorarla proponiendo instrumentos en manos del Gobierno que impidan las subidas injustificadas y desmesuradas de precios en productos y servicios en todos aquellos sectores y mercados que, más allá del mero hecho de haber estados sometidos a procesos de liberalización, puedan presentar indicios de una existencia de posición dominante en el mercado que sea aprovechada para abusar de los consumidores y usuarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, comienzo leyendo el «Diario de Sesiones». Señor presidente, señorías, la liberalización de los mercados de bienes y servicios es fundamental para conseguir mayor competencia menor inflación. Sigue diciendo más adelante: La lucha contra la inflación y la búsqueda de mejores servicios a precios más baratos va a seguir siendo nuestro objetivo principal en este terreno. De esta guisa o de esta manera se expresaba el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno el día 25 de abril del 2000, en torno a las doce del mediodía. Como diría un castizo,¡ qué buena ocasión para haberse callado! o, como diría un rural, al primer ratón, su rata. Porque al poco tiempo el aumento experimentado por el índice de precios en mayo, el 0,2 por ciento, había situado la inflación interanual en el 3,1 y el aumento acumulado en estos cuatro meses del 2000, el 1,5, ya representa el 75 por ciento de la previsión del Ejecutivo para todo el año. Llegados aquí, ¿dónde quedan los éxitos en la lucha contra la inflación, que el Gobierno aireaba con intensidad, a la que el señor presidente, a la que el señor candidato a la Presidencia en ese momento se comprometía como uno de los elementos del frontispicio de su política económica.
Hay que reconocer que en los cuatro años del Gobierno anterior la tasa media de inflación pasó del 4,7 en 1995 al 2,3 en 1999, pero también es cierto que ha habido periodos en la historia de España con similar variación. Pero en estos momentos la situación difiere en un aspecto esencial. España, señorías, consigue tasas históricamente reducidas de inflación en valores absolutos pero presenta un diferencial con los países de la Unión Europea que, de mantenerse, supondrá, está

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suponiendo ya un deterioro de la posición competitiva de nuestras empresas al ser inamovible el tipo de cambio. No olvidemos que nuestros socios en la Unión Europea son también -no lo olvidan ellos- nuestros principales competidores.
Ya nuestro sector exterior tradicional con freno al crecimiento ha empezando a sufrir los efectos de esta situación, restando puntos porcentuales al crecimiento del producto interior bruto. El aumento de la cotización en dólares del petróleo, los efectos negativos de la climatología sobre los precios de algunos alimentos, la depreciación del euro frente al dólar son elementos que contribuyen a explicar el repunte en estos últimos meses en nuestra tasa de inflación, y han dado al traste con las previsiones del Gobierno en 1999 y seguramente harán lo mismo en el año actual. Pero desde luego, señorías, siguen sin explicar el diferencial relativo que en el contexto de la zona euro es lo más relevante. Es comúnmente aceptado que la inflación en España y el diferencial que mantenemos con la Unión Europea puede explicarse por la ausencia de competencia en buena parte del sector servicios. Así la moderación salarial, intensa en los últimos años, o el ahorro en costes financieros por la bajada de los tipos de intereses, a pesar de los repuntes, no se traduce en menores precios sino en un aumento de los márgenes empresariales. Retengamos un dato, entre 1996 y 1999 los beneficios empresariales han crecido seis veces más que los salarios. Siguiendo este razonamiento, desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario que lo soporta se defienden las llamadas reformas estructurales que incluyen la liberalización e introducción de competencia en los mercados de bienes y servicios, con bastante demagogia, por cierto, ya que en muchos sectores económicos energéticos, por ejemplo comunicaciones, estas políticas se han transformado más que en una liberalización en un simple traslado de competencias, pasando las facultades del sector público al privado; esto es, el Gobierno del PP ha cometido el error de abdicar de su poder de intervención propugnando una falsa liberalización, convirtiendo monopolios públicos en oligopolios privados y consolidando el desmantelamiento del sector público empresarial. La formación de los precios depende de aquellos que controlan los mercados, y hay que empezar a entender que en muchos de ellos la competencia, señorías, es pura ficción.
Las liberalizaciones -entre comillas- no han procurado un beneficio a la mayoría de la sociedad. A modo de ejemplo -y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hablado de ello-, en el sector de carburantes se produce una escasa traducción en los precios de la bajada del precio del petróleo y, sin embargo, en una gran transmisión en su encarecimiento, y de eso se puede dar fe en los «Diarios de Sesiones» de estos últimos días; en el sector de telecomunicaciones España es uno de los países de la Unión Europea donde menos han bajado los precios desde la liberalización del sector; y en el sector eléctrico la bajada de precios prima -indiscutiblemente aparte de que somos los más caros después de Portugal, como se ha dicho hoy aquí- a la empresa y al consumo industrial frente a la familia. Por eso, señorías, nosotros, aunque en una filosofía global podríamos haber tenido una abstención ante la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista -en este caso el que quiere lo más quiere lo menos-, hemos presentado una serie de enmiendas, que tampoco es que actúen sobre un núcleo duro, en todo caso puede ser un mejoramiento técnico, de redacción. Por cortesía parlamentaria, puesto que desde el Grupo Socialista se nos ha indicado que una de las enmiendas de adición, al hablar de aumentar suelo público en el mercado de la construcción, les creaba problemas ya que se podía entender que el suelo público debía seguir dedicándose a las viviendas sociales, nosotros, con la benevolencia de la Presidencia y del resto de los grupos, estaríamos abiertos a aceptar una enmienda transaccional.
Nada más, señorías, y muchas gracias.(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pisonero.


La señora PISONERO RUIZ: Por ser breve, y sin menoscabo de la importancia del debate, voy a contestar desde el escaño.
Efectivamente hay dos grandes líneas de pensamiento, coincidiendo todos en la preocupación por el control de la inflación. En cualquier caso, hay que recordar que en su componente más estructural y, por tanto, el que hay que comparar con nuestros competidores, es decir, la inflación subyacente, se sitúa en un 2,3 por ciento, más en línea con el objetivo que ha planteado Europa como estabilidad de precios.
Eso nos debe llevar al Grupo Parlamentario Popular, primero, a redoblar esfuerzos para continuar avanzando en el modelo de crecimiento planteado como un esquema de política económica más ortodoxa, de combinación adecuada de política presupuestaria y política monetaria, junto con reformas estructurales. Nada más lejos de la autocomplacencia como para pensar que las medidas adoptadas son las mejores del mundo y que no son mejorables; por supuesto que se pueden mejorar, y en ese proceso es en el que estamos. Efectivamente las reformas de liberalización y de privatización deben ir acompañadas a veces de una revisión constante de los marcos regulatorios para producir un ajuste fino en un mundo como el actual, que está abierto y sufriendo constantes cambios ante los que hay que reaccionar. En ese sentido el Grupo Parlamentario Popular está abierto, por supuesto, a analizar todas las propuestas que nos permitan mejorar las reformas emprendidas, en el bien entendido de que esa es la opción adecuada, es decir, seguir en

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un proceso constante y continuo de reformas en los sectores que nos permitan mejorar su competencia y, por tanto, tener una economía más acorde con la del entorno. Esa es la posición que ha defendido el Grupo Socialista y en la que podemos estar de acuerdo en muchos puntos. Caso distinto es lo defendido tanto por el Grupo Mixto como por el Grupo de Izquierda Unida, porque en sus teorías subyace un planteamiento contrario al mercado como un mecanismo eficaz de asignación y en el que, al final, se acaba volviendo como solución de todos los males a la intervención directa del Estado en la determinación de los precios. En eso no podemos estar de acuerdo. Sí podemos estarlo en la mejora del funcionamiento del mercado, y así lo hemos expresado en la enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo Socialista, proponiendo remover cuantas barreras e imperfecciones en el mercado sean necesarias para permitir su mejor funcionamiento, pero sin buscar fórmulas que nos lleven a antiguos planteamientos reguladores e intervencionistas directos, puesto que esa no es la vía que están siguiendo el resto de países de nuestro entorno. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) España quiere modernizarse, quiere adaptarse a las reformas que se están produciendo en el entorno y no dar marcha atrás en un proceso de liberalización. Se ha criticado que no vayamos más allá. Nos hemos comparado con países en los que los precios son mucho más altos que en España. Hay que decir que España ha sido capaz de adelantar, por ejemplo, el calendario de liberalización en telecomunicaciones; hemos adelantado y propondremos que se siga avanzando. Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta concreta de mayor disponibilidad del bucle de abonado que propone el Grupo Socialista. Estamos de acuerdo en eliminar todas las barreras a la entrada de nuevos competidores, incluso con la intervención del Estado si eso es lo que se requiere de acuerdo con la proposición no de ley defendida por su compañera, la señora Mendizabal. Estamos de acuerdo en garantizar el acceso a terceros. Estamos de acuerdo con un montón de planteamientos de mejora de la competencia. Estoy de acuerdo con el portavoz socialista que a veces es necesaria la regulación, pero no dando marcha atrás en un proceso de liberalización, sino alimentando dicho proceso. Por tanto, en hidrocarburos repetiría el debate de la proposición no de ley en la que podemos estar de acuerdo en principios concretos, pero no en el detalle de fijación de precios máximos ni de intervención directa del Estado.
En cuanto a la otra parte del debate, en lo que es el Tribunal de Defensa de la Competencia hay que recordar el debate que se ha producido de modificación de la Ley de competencia hace escasamente seis meses. Se refuerza el papel del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es contradictoria la propuesta que hace el Grupo Socialista de un mecanismo eficaz en el que se separe la instrucción de la sanción, si eso reside en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Consideramos que es mucho más eficaz el mecanismo de separación en el que la instrucción arranca del servicio de defensa de la competencia separado del Tribunal de Defensa de la Competencia, que es independiente para hacer su dictamen, y el Gobierno se reserva un instrumento básico en una economía moderna, que es la política de competencia. Sin esa política de competencia de carácter horizontal y que establezca unos criterios básicos comunes a todos los sectores (pues en otro caso según qué sector hay una política de competencia distinta), en un mundo abierto en el que hay que ponerse de acuerdo entre muchos países, es llevarnos al desastre. No podemos apostar por la dispersión en materia de defensa de la competencia sin unos criterios básicos que tiene que establecer el Tribunal de Defensa de la Competencia para todos los sectores, reservándose el Gobierno la capacidad de establecer al final una serie de decisiones que le permitan utilizar un instrumento de política económica que no es nada despreciable como es el de política de defensa de la competencia. Reforcemos la defensa de la competencia, pero no dispersándola en organismos distintos y atribuyendo competencias máximas a entes que son distintos del propio Gobierno que está sometido al control de esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en avanzar en la liberalización, pero no dando marcha atrás. Está de acuerdo en introducir -y ha sido la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular- medidas ambiciosas también en otros sectores; en telecomunicaciones, por supuesto, como ha comentado el Grupo Parlamentario Socialista, pero también en el sistema energético adelantando el calendario de liberación, por qué no -hay que ver dónde se puede seguir avanzando en la liberalización-, y también reforzando la política presupuestaria para que tengamos una política antiinflaccionista. El ministro de Hacienda manifestó ayer esa intención, y estamos muy de acuerdo en ser mucho más ambiciosos en el objetivo de reducción del déficit público. En definitiva, en ir avanzando en todos los ámbitos, con posturas que sean coherentes y no pidiendo intervención directa del Estado por un lado, e independencia en lo que es la garantía de la competencia por otro. En ese sentido, planteábamos una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista por buscar elementos comunes, que si no somos capaces de avanzar tendríamos que votar en contra de la moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pisonero.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Padrol tiene la palabra.


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El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
A efectos de fijar la posición por parte de mi grupo, quiero reiterar lo manifestado hace dos semanas en la presentación de la interpelación urgente, y es que mi grupo lógicamente sigue con atención la evolución de la magnitud de la inflación, pero siempre situándola en el contexto de la economía española, con un crecimiento previsto por parte de la OCDE que puede alcanzar el 4,3 por ciento para el año 2000, y siempre recordando la incidencia de factores externos, como es la evolución de precio del crudo y la cotización de la paridad euro/dólar. Baste un ejemplo para apreciar la incidencia de la evolución de la cotización del euro respecto del dólar. Si tenemos en cuenta que en enero del año 1999 una tonelada de petróleo en el mercado internacional costaba en pesetas una proporción de 16.422 y que ahora, dieciséis meses después, en pesetas el precio se ha cuadruplicado mientras que en dólares el precio no ha llegado a doblarse, la incidencia queda claramente manifiesta. Pero esto, el hecho de que existan estos factores que deben llevar a apreciar en conjunto la evolución de la inflación, no quita que mi grupo parlamentario, como el resto de la Cámara -insisto-, no deba estar atento a la toma de medidas que puedan incidir en el mejor control de esta variable. Concretamente, las medidas -y ya se han comentado reiteradamente- son la corrección del déficit público, y desde este punto de vista mi grupo considera de forma muy positiva las medidas anunciadas ayer por el ministro de Hacienda, en la Comisión de Economía y Hacienda, respecto de que al final de ejercicio el déficit se situará por debajo del 0,8 por ciento del PIB y la eliminación del déficit público para el año 2001. Otras medidas lógicamente -y es el núcleo del debate- consisten en profundizar las medidas liberalizadoras, especialmente en aquellos sectores en que como consecuencia de la toma de estas medidas pueda incidirse claramente a la baja en los precios y tarifas satisfechos por los consumidores y compradores de los servicios y de los bienes correspondientes a estos sectores.
A la vista de esta posición, mi grupo considera muy positivo el objetivo perseguido por la moción presentada por el Grupo Socialista, pero sin embargo existen una serie de puntos que no entendemos sean correctos y que no casan convenientemente con un entorno de liberalización y de mayor flexibilidad en determinados sectores.
Fundamentalmente son tres puntos a los que haré referencia a continuación. Entendemos que se deja demasiado abierta la fórmula de que el Gobierno pueda incidir en la estructura de oferta de los sectores energéticos y de telecomunicaciones. En segundo lugar, también se deja demasiado abierta la fórmula para que se puedan fijar precios máximos en determinados bienes y servicios. Y también el hecho de que aparezca en un determinado sector, en concreto el gas natural, gases manufacturados por canalización, una cifra concreta de rebaja de los precios finales. Insistimos, estas tres medidas configuran un paquete, una serie de cuestiones que no casan convenientemente con el entorno de liberalización que mi grupo pretende defender. Estas objeciones están salvadas en la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con quien comparte el objetivo final perseguido de lograr flexibilizar aquellos sectores, aquellos ámbitos que pueden incidir a la baja en aquellos precios que pueden significar un mejor control de la inflación. Por tanto, nos manifestamos favorables a esta enmienda de modificación, con dos breves acotaciones. Así, en el punto 2, en el tercer párrafo, cuando se dice: se debe actuar sobre los siguientes sectores económicos, proponemos añadir: dando prioridad a la toma de medidas que incidan directamente en una disminución de los precios que satisfagan consumidores y usuarios. Otra modificación sería en el último párrafo, cuando se hace referencia en la letra c), al Tribunal de Defensa de la Competencia, que cuando se alude a que sea el Tribunal de Defensa de la Competencia el competente para interpretar y resolver los criterios de conexión que legalmente se definan en ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre atribución de competencia de las comunidades autónomas, que este párrafo acabe su redacción con la palabra áreas. Es decir, que quede redactado de la siguiente forma: que el Tribunal de Defensa de la Competencia sea la autoridad competente para fijar los criterios de competencia en todas las áreas. Que la atribución de las competencias en este ámbito al Tribunal de Defensa de la misma se realice cuando se dicten las leyes en desarrollo de los mandatos de la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.


Nada más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por último, señor Bel, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos Mixto, de Izquierda Unida y Popular.


El señor BEL I QUERALT: Por lo que se refiere a la enmienda presentada por el señor diputado del BNG, propondríamos una transacción, que creemos conserva el espíritu de su propuesta, consistente en añadir entre liberalización y mientras tanto, la expresión: y donde subsistan restricciones relevantes de la competencia. Tratamos de subrayar la excepcionalidad del mecanismo aun manteniéndolo.
Por lo que respecta a las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aceptaríamos la primera, segunda y cuarta y, como ha mencionado el señor Rejón, creemos más oportuno en cuanto a la tercera reservar el suelo público para la promoción de vivienda social.


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En cuanto a la enmienda presenta por el Grupo Parlamentario Popular, es cierto que existen espacios de posible consenso entre las medidas propuestas en nuestra moción y dicha enmienda, pero el hecho de que desvirtúe a nuestro entender el énfasis que hay que poner ahora sobre las políticas de oferta por una parte, y en segundo lugar porque nos distancia una brecha todavía insalvable en cuanto a la caracterización institucional de los órganos de defensa de la competencia...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Bel. Éste es un trámite en el cual sólo se manifiesta la aceptación o rechazo, no se reabre el debate.


El señor BEL I QUERALT: No la aceptamos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señorías, procedemos a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento del objetivo de inflación para este año y las medidas que en su caso piensa adoptar el Gobierno, en los términos resultantes del debate y de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 107; en contra, 163; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa de referencia.
Se suspende el Pleno, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las diez y veinte minutos de la noche.

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