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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 7, de 17/05/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2000 VII Legislatura Núm. 7

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 7

celebrada el miércoles, 17 de mayo de 2000

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas . . . (Página 196)

Interpelaciones urgentes.


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre asignación de licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera generación. (Núm. expte. 172/ 000001.) . . . (Página 220)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores de fruta seca y algarrobas. (Núm. expte. 172/000005.) . .
. (Página 226)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país. (Núm. expte. 172/ 000004.) . . . (Página 233)

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S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas . . . (Página 196)

- Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles han sido las razones que han motivado el rechazo del Gobierno a la fusión de Telefónica con KPN? (Número de expediente 180/000003.) . . . (Página 196)

- Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es la estrategia y el horizonte político que tiene planteado el Gobierno en relación con los acontecimientos que se están produciendo en el País Vasco? (Número de expediente 180/00004.) . . . (Página 197)

- Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente visita oficial del Presidente del Gobierno al Reino de Marruecos? (Número de expediente 180/000013.) . . . (Página 198)

- De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía: ¿Qué medidas económicas y fiscales piensa adoptar el Gobierno para solucionar el grave problema del precio del gas-oil agrícola? (Número de expediente 180/000005.) . . . (Página 199)

- De la Diputada doña Elena Pisonero Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la incidencia de la evolución del Euro en nuestra economía? (Número de expediente 180/000015.) . . . (Página 200)

- De la Diputada doña Matilde Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Mantiene la Sra. Ministra que ha incorporado a su equipo las «mejores cabezas» de la Sanidad española? (Número de expediente 180/000012.) . . . (Página 201)

- De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar la Sra.
Ministra para impulsar la prescripción de los medicamentos genéricos? (Número de expediente 180/000022.) . . . (Página 202)

- Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas de política criminal piensa adoptar el Gobierno para evitar que puedan quedar impunes delitos muy graves contra la integridad y la vida de las mujeres? (Número de expediente 180/000008.) . . . (Página 203)

- De la Diputada doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia: ¿Está Vd. dispuesto a desarrollar en esta Legislatura una Ley Integral contra la violencia de género que abarque desde las causas de esa violencia hasta las respuestas sociales y jurídicas? (Número de expediente 180/000009.) . . .
(Página 205)

- Del Diputado don Vicente MartínezPujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la previsión de déficit público

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para el año 2000? (Número de expediente 180/000014.) . . .
(Página 206)

- De la Diputada doña María Fátima Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la campaña de renta correspondiente a la declaración de 1999? (Número de expediente 180/000016.) . . . (Página 207)

- Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las medidas que piensa adoptar el Gobierno para proteger los intereses de los usuarios de compañías aéreas que se ven afectados por la multiplicidad de ventas de plazas conocido como «overbooking»? (Número de expediente 180/000011.) . . . (Página 207)

- Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles son las previsiones sobre introducción de nuevos horarios nocturnos en la circulación de trenes de cercanías entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú? (Número de expediente 180/000023.) . . . (Página 209)

- De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz: ¿Considera el Gobierno que la retransmisión en abierto y en directo de partidos de fútbol, como los protagonizados por equipos españoles en la Liga de Campeones, ya no es de interés general? (Número de expediente 180/ 000006.) . . . (Página 210)

- Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las principales actuaciones del plan de impulso de las Bibliotecas Públicas 2000-2003? (Número de expediente 180/000019.) .
. . (Página 211)

- Del Diputado don Amador Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha previsto llevar a cabo el Gobierno para conmemorar el centenario del cineasta Luis Buñuel? (Número de expediente 180/000020.) . . .
(Página 211)

- De la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo.
Sr. Ministro Portavoz: ¿Qué medidas ha articulado el Gobierno, una vez conocida la situación creada por el virus informático «I love you», para prevenir a los ciudadanos de los efectos del mismo? (Número de expediente 180/000007.) . . . (Página 213)

- De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cúando piensa el Gobierno resolver la aplicación del censo real de población en relación a la financiación autonómica? (Número de expediente 180/000010) . . .
(Página 214)

- Del Diputado don Manuel Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cuáles son las razones que aconsejan al Gobierno no adscribir el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) al Ministerio de Ciencia y Tecnología? (Número de expediente 180/000021.) . . .
(Página 215)

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- Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué criterios, según el Gobierno, debe mantener la Unión Europea en la negociación con el Reino de Marruecos, para alcanzar un acuerdo de pesca? (Número de expediente 180/000002.) . . . (Página 216)

- Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la ejecución del Acuerdo Interprofesional sobre Formación Continua (Programa HOBETUZ) en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el ejercicio del año 2000? (Número de expediente 180/000001.) . . . (Página 217)

- Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el resultado de la investigación realizada en torno a las presuntas irregularidades relacionadas con la financiación destinada a la Formación Profesional? (Número de expediente 180/000017.) . . .
(Página 218)

- Del Diputado don José Manuel Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas generales del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España 2000? (Número de expediente 180/000018.) . . . 219

Interpelaciones urgentes . . . (Página 220)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre asignación de licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera generación . . . (Página 220)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Caldera SánchezCapitán.
Comienza su intervención deseando a la señora ministra éxito en su gestión y felicitándola, en su condición de anterior responsable de Retevisión, por la concesión de una licencia de telefonía móvil de tercera generación a dicha empresa por un importe de 22.000 millones de pesetas. Solicita a la señora ministra que ahora que está en la otra parte de la barrera piense en el interés general y explique a la Cámara por qué el Gobierno español concedió cuatro licencias a través de un concurso, con un precio por licencias tan bajo y tan insignificante. Expone el procedimiento de concurso seguido por el Gobierno para la concesión de las licencias en lugar del de concurso-subasta, seguido por todos los países, excepto España y Finlandia, y pone de manifiesto la falta de información sobre el mismo, que induce a la sospecha y a la confusión. Pregunta sobre las razones para utilizar el procedimiento del concurso, los criterios utilizados para la selección de operadores, las valoraciones sobre cada oferta, los precios que cobrarán las compañías y el plan de inversiones de cada una. Su grupo parlamentario no pide responsabilidades, sino soluciones para que este proceso aporte a los usuarios españoles los mayores beneficios. Explica que en la concesión de licencias hay dos modelos: uno, que favorece a las empresas y a sus accionistas; y otro, que favorece, a través de los poderes públicos, el interés público y los intereses de los usuarios, modelo por el que aboga su grupo.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Considera, por las palabras del interpelante, que el Grupo Parlamentario Socialista y el anterior Gobierno compartían la voluntad de que España fuera pionera en la introducción de las tecnologías de tercera generación, objetivo común del que hay que felicitarse. A continuación da una serie de explicaciones sobre la tecnología de tercera generación que permite garantizar la prestación del servicio de telefonía móvil a nivel mundial mediante la asunción universal de este estándar por todos los países. Afirma que no se trata de duopolios u oligopolios, sino de desarrollo de una nueva tecnología que tiene una relevancia clave para el desarrollo de la sociedad de la información y que va a tener una gran importancia en el progreso económico y social, hoy y en el inmediato futuro. Añade que, teniendo en cuenta los beneficios que la sociedad de la información y la telefonía móvil van a proporcionar a la economía y a la sociedad española, el Gobierno realizó una apuesta decidida por la introducción de esta tecnología, por lo que convocó y resolvió un concurso para el otorgamiento de cuatro licencias. Da una serie de explicaciones sobre las razones que han llevadoal Gobierno a adjudicar las licencias de telefonía

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móvil de tercera generación por este sistema de concurso, manifestando que dicho concurso satisface la finalidad perseguida por el Gobierno español sobre dichas licencias. Concluye solicitando al señor interpelante que no trasladen inquietudes innecesarias a la sociedad española y, sin embargo, contribuya, desde el diálogo y el consenso más amplio posible, a situar a España en el lugar que le corresponde.


Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando la señora ministra de Ciencia y Tecnología.


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores de fruta seca y algarrobas . . . (Página 226)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Maldonado Gili. Comienza su intervención felicitando al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación por su nombramiento y deseándole éxito en su gestión, que, sin duda, redundará en beneficio del sector agrario, ganadero y pesquero. Explica a continuación que su interpelación no va en contra de nadie, sino tan sólo en defensa de un sector angustiado, el de frutos secos, y brinda al Gobierno el apoyo de su grupo político ante las negociaciones en Bruselas. Expone la situación del sector y se niega a que la única solución sea su reconversión, puesto que, dada la tipología agrícola de la zona, tan sólo se podría cultivar el viñedo, el olivo o el cereal, cultivos que no es posible acometer puesto que la OCM no otorga nuevos derechos. Explica que la pérdida de las ayudas de la Unión Europea al sector de los frutos secos afectaría directamente a 20.000 familias sólo en Cataluña, sin olvidar otras comunidades como la valenciana, la aragonesa, la andaluza, la murciana y la balear, entre otras, que también cultivan productos como la avellana, la almendra, la algarroba y la nuez.
Asegura que los agricultores de Cataluña y del resto de las zonas de España afectadas confían en la sensibilidad del Gobierno y recaban una marcha atrás de la primera postura del Ejecutivo comunitario, que llevaría a la ruina a un sector que durante diez años ha conseguido con su esfuerzo no sólo producir frutos secos de calidad sino también reorganizar el sector.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Agradece al interpelante el planteamiento de este debate, el tono constructivo de su intervención y el apoyo que le brinda su grupo parlamentario ante una batalla que se presenta difícil. Asegura que el Gobierno es totalmente consciente de la importancia económica, social y medioambiental que el cultivo de los frutos secos tiene en muchas comunidades autónomas y de las dificultades por las que atraviesa ante la desaparición en el mes de mayo de este año de los primeros planes de mejora de la calidad y comercialización y de las ayudas a tanto alzado para la avellana, contempladas en la organización común de mercado de frutas y hortalizas. Explica los problemas con los que se va a encontrar en la negociación, pero muestra su convencimiento de que con la colaboración del sector y de todos los grupos políticos representados en la Cámara se conseguirá introducir en el debate europeo los elementos de convicción necesarios para vencer la actual resistencia de la Comisión Europea a prorrogar y mantener el régimen de ayudas.


Replica el señor Maldonado Gili, duplicando el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, contestando el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Excepcionalmente intervienen la señora Cunillera i Mestres y el señor Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, para protestar por la descortesía o descoordinación del Gobierno al no informar a su grupo a su debido tiempo de la asistencia del señor ministro al debate de la interpelación.


Continuando con el turno de fijación de posiciones, interviene el señor Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país . . . (Página 233)

Presenta la interpelación el señor Frutos Gras, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere al incremento producido en los accidentes laborales desde 1995 hasta la fecha, recordando la preocupación que el señor Pimentel, anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, mostraba por este hecho. Explica los pasos dados después de la aprobación de la Ley de prevención de riesgos laborales del año 1995 para luchar contra este problema y se queja de que no se tuvieran en

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cuenta las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, encaminadas a conseguir que los representantes de los trabajadores intervinieran, junto con la empresa, en el proceso de inspección. Pide que se cumpla la ley en todas las comunidades autónomas y que se amplíe la plantilla de inspectores. Se refiere al debate que tuvo lugar en 1998 entre el ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Arenas, y el diputado de Izquierda Unida, Vaquero del Pozo, sobre las causas del incremento de la siniestralidad, preguntándose si no podrían ser los trabajos a destajo, la prolongación de la jornada y las horas extras, situaciones que producen fatiga y sobreacumulación de trabajo en unos, mientras otros están en el paro. Analiza pormenorizadamente las causas de los accidentes de trabajo y considera que la mayoría serían evitables sin gran coste por parte de las empresas. Finalmente pregunta qué tipo de medidas se van a emplear, cuáles son los plazos, qué mecanismos concretos se van a poner en marcha y cuántos inspectores se utilizarán para llevarlo a la práctica.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Afirma que la siniestralidad laboral, la prevención de riesgos y la salud laboral son materias centrales en el debate social y político español y acepta el hecho de que no sólo hay que crear empleo, sino que éste ha de ser de calidad en sus dos dimensiones: la estabilidad y la seguridad. No se muestra en absoluto satisfecho con las cifras de siniestralidad, pero quiere que el debate se haga sobre cifras homogéneas y comparables con las de otros países, mostrando la disposición del Gobierno a actuar en el plano indispensable de la inspección y buscando la colaboración de la sociedad y de las comunidades autónomas, sin la cual sería muy difícil ser eficaces. Finaliza diciendo que es deseo del Gobierno que esta materia figure en los diálogos sociales y políticos que ahora se abren, teniendo en cuenta las opiniones de las centrales sindicales mayoritarias, pero también la del conjunto de la sociedad.


Replica el señor Frutos Gras, duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIEDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL RECHAZO DEL GOBIERNO A LA FUSIÓN DE TELEFÓNICA CON KPN? (Número de expediente 180/000003.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Punto III del orden del día: En primer lugar, preguntas dirigidas al presidente del Gobierno.
Pregunta número 7, que formula el diputado señor Llamazares Trigo.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente del Gobierno, ¿cuáles son las razones para el rechazo a la fusión KPN-Telefónica?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta, señorías, el Gobierno no ha rechazado formalmente esa operación porque formalmente no ha sido planteada. Otra cosa distinta es que el Gobierno tenga su opinión, como es lógico.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, es evidente que el Gobierno ha rechazado públicamente la fusión KPN-Telefónica, y no sólo la ha rechazado públicamente, sino que ha presionado a los accionistas de Telefónica para lograr la frustración de esa operación. Ustedes han argumentado que su principal razón era la defensa de los intereses españoles frente a la participación pública de un Estado extranjero.
Pues bien, señoría, ustedes han privatizado una empresa, Aceralia, con participación pública mayoritaria del Estado de Luxemburgo, y ustedes son conscientes también de que existía el compromiso del Gobierno de Holanda de desinvertir en la compañía KPN haciendo además referencia a sus derechos políticos en la futura fusión con Telefónica.
Señorías, sus razones no son éstas. Sus razones son políticas y privadas, privadas y políticas. Su relación con el señor Villalonga es el fondo de la razón para el rechazo de la fusión Telefónica y KPN. Señorías, ustedes no han utilizado la ley, porque la ley no les permite vetar una

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fusión de estas características. Ni la Ley 5/1995 ni la Ley 55/1999 les permiten vetar una fusión ni les permiten que veten una fusión por participación de capital extranjero. Ustedes, en definitiva, se han dejado llevar únicamente de sus problemas de familia, señor Aznar. Pero lo que no puede ocultar es que su responsabilidad es plena. Usted es el responsable del nombramiento del señor Villalonga, es responsable de sus aventuras (Risas.) y es responsable también del divorcio entre usted y el señor Villalonga.
Señor presidente, lo peor de todo esto es que representa un modelo de privatización. Su modelo de privatización ha sido sustituir el control público y la participación democrática por las alianzas financieras y la injerencia política. La injerencia política, sí, señoría, cuyo resultado es menos eficacia, menos independencia y menos profesionalidad. En definitiva, si esto ocurre con una empresa señera como Telefónica, ¡qué no ocurrirá con el resto de los sectores privatizados!

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señora presidenta.
Señoría, me dan ganas de darle la bienvenida al campo de las privatizaciones y de la libertad de las decisiones empresariales, sinceramente. (Aplausos.) Uno puede esperar muchas cosas, pero ésa en su grupo parlamentario es especialmente interesante esta tarde.
Créame que estoy de acuerdo con lo que dice S.S., que naturalmente el ámbito de las privatizaciones, de las liberalizaciones y el respeto a las decisiones empresariales tienen que ver bastante con la prosperidad de un país, y por eso procuramos mantener esa política.
Ahora bien, en algunos casos, en algunos sectores concretos estratégicos que han sido antiguamente monopolios puede haber alguna excepción, y eso es exactamente lo que se pretende con la golden share, señoría. Evidentemente de lo que se trata es de tener cuidado, de proteger lo que pueden ser acciones derivadas de la adquisición o de la desfiguración de la personalidad jurídica en este caso de una operadora.
Su señoría sabe que en los últimos años se ha liberalizado y privatizado mucho en España, sabe que la decisión del Gobierno es que el Estado no debe participar ni en el capital ni en la gestión de las empresas, parece bastante lógico que si negamos al Estado español esa posibilidad se lo neguemos también a cualquier otro Estado, porque de eso se trata, de que no haya una compañía que pudiese caer en que un 17 por ciento de la nueva compañía que se fundara estuviese en manos de un Gobierno extranjero. Yo creo que la Unión Europea tiene un problema, el de que hay mercados cerrados y empresas todavía públicas que compiten o pretenden competir en mercados abiertos y en países donde se practican políticas de liberalización y de privatización, y esa es una anomalía que espero que la Unión Europea corrija pronto con una política que incentive la liberalización, la privatización y la libre y sana competencia.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.


- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA Y EL HORIZONTE POLÍTICO QUE TIENE PLANTEADO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE ESTÁN PRODUDIENDO EN EL PAÍS VASCO? (Número de expediente 180/000004.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8, que formula el diputado don Luis Martínez Noval.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, ¿cuál es la estrategia y el horizonte político que tiene planteado el Gobierno en relación con los acontecimientos que se están produciendo en el País Vasco?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías, después del debate de investidura, en el que se fijó claramente la posición, que está, por supuesto, vigente, el Gobierno tiene fundamentalmente tres objetivos en el País Vasco, que es la salvaguardia y la aplicación del Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones democráticas vascas y la unidad de todos los demócratas en torno a un ideal de convivencia, de libertad y de paz. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aznar.
Señor Martínez Noval.


El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señora presidenta.
Después de la ruptura de la tregua, señor Aznar, nos enfrentamos una vez más a una nueva ofensiva de ETA, de manera que políticos, cargos públicos, periodistas, jueces, ertzainas, policías, sindicalistas, empresarios, todos cuantos defienden la vida y la democracia pueden acabar siendo víctimas mortales del terror. Es por ello que el clima político en Euskadi se encona, que la fractura política se agranda y que esa fractura amenaza con el enfrentamiento social. La desesperanza -por qué ignorarlo- crece; aumenta la polarización y, además,

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el Gobierno vasco adolece en estos momentos de una preocupante inestabilidad.
En ese panorama, señor Aznar, compartimos con ustedes la Constitución y el Estatuto; absolutamente nada nos diferencia en la convicción y en la firmeza de esas posiciones. Apoyamos sin reserva alguna su política contraterrorista y creo que coincidimos también en cuanto a la situación que fue origen de estos acontecimientos, que no es otra que el giro dado por el PNV en relación con la unidad democrática y la puesta en pie del pacto de Estella.
Entretanto, señor Aznar, suponemos que estará de acuerdo con nosotros en que es necesaria una estrategia política para hacer frente a esos acontecimientos. No entendemos su posición en relación con el anticipo de las elecciones. Deje a su partido político que legítimamente aspire a ese objetivo, pero en su boca -créame- esas palabras suenan a conflicto institucional.
Nosotros queremos ir un poco más lejos. En nombre de mi grupo parlamentario le ofrezco una nueva estrategia, la que creemos que se corresponde hoy con el objetivo de la paz. Queremos recuperar la estrategia de la unidad democrática de la que nunca debió salirse el Partido Nacionalista Vasco. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): He dicho antes que en el debate de investidura fijé claramente la posición que considero vigente, y me remito a las actas de la Cámara; afortunadamente, nosotros no tenemos que discutir sobre otras actas aparecidas después de dicha sesión de investidura.
La situación que S.S. ha descrito, cuyo exponente máximo son las víctimas que causa una organización terrorista, es resultado de una política concreta por parte del nacionalismo vasco: la del pacto de Estella. Ese pacto es un error, ha sido un fracaso y, además, ha sido fraudulento para las expectativas de paz que tenía la sociedad vasca.
Hay un amplísimo sector de la sociedad vasca que no siente en este momento las instituciones vascas como punto de referencia de su seguridad ni de su libertad. Eso se debe sólo a una cosa: a que hay un grupo que ha cedido no solamente la duración de una legislatura sino la vida de un Gobierno y el propio funcionamiento de las instituciones a la decisión de una organización terrorista y de su entorno. Eso es absolutamente inadmisible. No vale decir hoy que Estella no vale o que no está en funcionamiento por la violencia.
Estella es inválida desde su raíz porque es la exclusión, porque es la ruptura de la convivencia del Estatuto y de la Constitución y porque es un pacto con una organización terrorista. Lo que hace falta es parar el deterioro institucional, y ese deterioro institucional no se para con apelaciones voluntaristas que no tienen reflejo, y bien lo sabe S.S. después de las últimas elecciones autonómicas, cuando lo intentaron; no se para con operaciones para ganar tiempo; no se para tirando la toalla y diciendo que la organización terrorista y su entorno sigan condicionando las instituciones. Se hace apelando a que los ciudadanos libres se manifiesten libremente, que es lo que se hace en una democracia.
Creo que ese es el camino justo, creo que es el camino de la libertad y en ese camino, señoría, siempre vamos a estar juntos. En el camino de la libertad, que es el camino verdadero, no en el camino de la tiranía ni del encubrimiento vergonzante; el nuestro es el de la libertad, y eso pasa por la decisión de los ciudadanos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.


- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL REINO DE MARRUECOS? (Número de expediente 180/000013.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don Juan Manuel Albendea Pabón.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, sería ocioso que yo recordara a la Cámara el número de asuntos importantes que hay en las relaciones entre España y Marruecos. La importancia de esos asuntos la ha puesto de relieve que, ya en su primera etapa de Gobierno, la primera visita oficial que hizo S.S. fue al Reino de Marruecos y, recientemente, ha ratificado esa costumbre, en su segunda etapa de gobierno, con otra visita.
Los temas de inmigración, el propio desarrollo de Marruecos, el tema del conflicto de la pesca, el Tratado de pesca de la Unión Europea con Marruecos, etcétera, son temas de suma importancia para España y por eso creo que es muy importante que la Cámara conozca cuál es la valoración que hace usted, señor presidente, de su reciente visita oficial al Reino de Marruecos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Como S.S. recordaba, es una tradición diplomática española que el primer viaje del jefe del Gobierno, una vez producida la investidura, sea al Reino de

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Marruecos. Es una tradición y además es una vocación de la política exterior española, a la que en este caso se unía una invitación personal del Rey de Marruecos. Ha sido también un momento muy oportuno y muy importante para repasar y dar un nuevo dinamismo a las relaciones de España y Marruecos, tanto en las conversaciones que he podido tener con el primer ministro, señor Yusufi, como con el propio Rey de Marruecos. Quiero decirle que eso no es, como decía antes, solamente la manifestación de una tradición, sino que España y el Gobierno de España manifiestan una vocación clara de entendimiento y de superar las dificultades objetivas que tengamos en nuestra relación con el Reino de Marruecos.
Sabe S.S. que España es el segundo cliente y proveedor de Marruecos.
Sabe S.S. que hay más de 800 empresas españolas que trabajan normalmente en Marruecos. Sabe S.S. que hay centenares de miles de trabajadores marroquíes en España. Sabe también S.S. que existen importantes acuerdos de contenido financiero y económico, que existe una voluntad de cooperación muy clara, que yo reitero, que asumo y ofrezco, en materia de política de inmigración y también, por supuesto, que tenemos que establecer un marco cooperativo para la solución del problema y los asuntos pesqueros. A lo largo de este viaje hemos podido entregar una iniciativa que se inició hace años, que es la iniciativa del plan de desarrollo integral de la región norte de Marruecos, de especial interés para el Reino de Marruecos y de especial interés también para España, región que tuve ocasión de visitar, especialmente las ciudades de Tánger y Tetuán.
Esa plenitud de relaciones entre España y Marruecos encontrarán este año dos circunstancias más favorables y positivas: una es la reunión de alto nivel que se celebrará este otoño en Marruecos, y, muy especialmente, la visita del Rey de Marruecos en el mes de septiembre a España, visita de Estado de Su Majestad Mohamed VI, que esperamos y deseamos -y a ello contribuiremos- que sea un gran éxito para el bien de las relaciones de España y Marruecos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULAAL SEÑOR VIDEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES PIENSAADOPTAR EL GOBIERNO PARASOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA DEL PRECIO DEL GAS-OIL AGRÍCOLA? (Número de expediente 180/000005.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor vicepresidente segundo.En primer lugar, pregunta número 9, que formula la diputada doña Teresa Cunillera i Mestres.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, ¿qué medidas económicas y fiscales piensa adoptar el Gobierno para solucionar el grave problema del precio del gasoil agrícola?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.
El Gobierno ha tomado ya medidas a lo largo del primer trimestre de este año y también en la ley de presupuestos para abaratar los costes energéticos, dentro de su política energética y dentro de las circunstancias del mercado internacional.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, le hablaba de grave problemas porque en el precio del gasóleo agrícola confluyen dos circunstancias: la primera ha sido la subida desmesurada del precio de este carburante, que sólo en el año 1999 subió más de 20 pesetas, lo que supone un porcentaje del 46,3 por ciento de incremento, eso sin contar las ocho pesetas que ha subido el gasóleo en el año 2000, que pone el incremento en un 60 por ciento. Esto en un consumo agrícola normal, de abril de 1999 hasta abril de este año, supone un incremento de costes de 55.000 millones de pesetas.
Pero hay una segunda circunstancia que es el sector del que estamos hablando. El sector agrícola ha padecido en los dos últimos ejercicios una bajada de los precios de los productos agrícolas del 5,3 y del 1,67 por ciento, unido ello a la pérdida de rentas agrarias, que como debe saber S.S. sólo en el año 1999 ha sido del 8 por ciento y veníamos sufriendo pérdidas en los dos años pasados.
Esto es tan así que el ministro de Agricultura calificó la subida del gasóleo agrícola de espectacular y dijo además que ese precio iba a hacer perder un 12 ó 13 por ciento de beneficios en algún cultivo.
Usted se ha referido en esas medidas a la rebaja del 2 por ciento de los módulos del IRPF. Usted sabe que esa rebaja del 2 por ciento de los módulos son 2.500 millones de pesetas para todo el sector, lo cual hablando

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del incremento de costes a que me he referido es manifiestamente insuficiente.
Lo que le pido con esta pregunta es que atienda las reivindicaciones de miles y miles de manifestantes que han salido a la calle a pedirle dos cosas: una, que evite usted la subida desmesurada de ese carburante, que ha sufrido mayores subidas que el resto de los carburantes; y dos, que utilice los mecanismos que usted tiene para rebajar los impuestos especiales sobre hidrocarburos que soporta el gasóleo agrícola. Y se lo pido avalada por las propias declaraciones del ministro de Agricultura, que estuvo de acuerdo con los manifestantes, y por tanto estará de acuerdo con esta petición, y con los miembros de su partido que han votado esto mismo en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y de Aragón, por el momento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cunillera.


Señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora diputada. Entiendo perfectamente los argumentos y la preocupación que manifiesta S.S., pero estoy seguro de que S.S.
también entiende que nos encontramos en un entorno en el que todos los sectores productivos españoles están sufriendo las consecuencias de un encarecimiento del precio del petróleo, que por desgracia se ha vuelto a producir, y de una pérdida de relación entre nuestra moneda y el dólar. En cualquier caso, también S.S. es consciente de que no siempre sucede así, de que en el año 1998 estábamos en una situación radicalmente opuesta.
En cualquier caso, en contra de lo que S.S. afirma, tengo que decir que la Orden ministerial de marzo del año 2000, que contiene la reducción de módulos para actividades agrícolas y ganaderas y para el sector del transporte, es la continuación de una reducción del 7 por ciento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el mismo sector, que, por cierto, lamento muchísimo que su grupo parlamentario no respaldara; en cualquier caso, eso ya es cosa de otra legislatura.
Quiero recordarle a S.S. que en la misma Ley de Presupuestos del año 2000 -y ahora no puedo afirmar si su grupo la respaldó o no, por tanto le concedo el beneficio de la duda- redujimos también y modificamos la Ley del IVA incrementando la compensación a tanto alzado que perciben los agricultores por las cuotas del IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios; y quiero también recordarle que en la propia Ley de presupuestos no se incrementaron los impuestos sobre las gasolinas en el 2 por ciento en que estaba previsto el incremento de la inflación y, por tanto, hubo una reducción del 2 por ciento. Sin duda, S.S. desde la oposición me dirá que eso no es suficiente. Creo que eso en estos momentos nos permite comparar cuál es la fiscalidad que se está produciendo en el gasóleo empleado en la agricultura, que tiene una fiscalidad reducida de 13,09 pesetas litro y que representa aproximadamente un 29,2 por ciento de la fiscalidad, mientras que el resto del gasóleo tiene casi un 45 por ciento de fiscalidad. También sabe S.S., igual que yo, que nuestra fiscalidad es notablemente inferior a la de la Unión Europea tanto en el gasóleo como en otros productos petrolíferos y que en el gasóleo agrícola en ningún caso estamos por encima de la media europea.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.


- DE LA DIPUTADADOÑAELENA PISONERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL EURO EN NUESTRA ECONOMÍA? (Número de expediente 180/000015.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta que formula la diputada doña Elena Pisonero Ruiz.


La señora PISONERO RUIZ: Gracias, señora presidenta. (Rumores.) No sé si se habrá producido otro divorcio en algún sitio ... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Adelante, señora Pisonero.


La señora PISONERO RUIZ: Sin que sirva de precedente, voy a hacer una pregunta al señor vicepresidente en el sentido siguiente. Desde que España tuvo ocasión de formar parte de los países fundadores del euro dicha moneda se ha depreciado en torno al 22 por ciento, en concreto, en los cinco primeros meses del año 2000 se ha depreciado un 9 por ciento. Si bien en el año 1999 la economía española ha mantenido un crecimiento diferencial importante, incluso mayor que el previsto inicialmente, esta senda de depreciación está teniendo un impacto en la economía española que es lo que me gustaría que valorara el señor vicepresidente, en concreto, cuál es la incidencia de la evolución del euro en la economía española. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pisonero.
Señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora diputada. Indudablemente no es fácil que haya una pregunta más de actualidad en este momento que la evolución de la moneda, (Varios señores diputados: ¡Oh!), exceptuando la celebración del congreso del Partido Socialista. (Aplausos.) Pero, habida cuenta que no me van a preguntar por eso y que además no sé nada, me voy a limitar, modestamente, a hablar del euro, si SS.SS. me lo permiten.
(Rumores.) Indudablemente, señora diputada, señorías, la moneda europea ha sufrido una importante depreciación desde su nacimiento, lo cual no empece para considerar, sin duda, que nuestra incorporación al euro ha sido ya muy ventajosa para la economía española en términos de estabilidad y de credibilidad; esto permite hoy que nuestra economía goce de tipos de interés altamente competitivos en el mercado mundial o que las empresas españolas puedan hoy beneficiarse de mercados financieros importantes. Sin embargo, es indudable que está en el interés de España y en el interés de todos los países europeos una moneda estable y una moneda fuerte, y creo que en ese sentido estamos asistiendo en este momento a un fenómeno que no nos beneficia. Puede que tenga beneficios parciales desde el punto de las exportaciones, pero, como S.S. sabe muy bien porque ha sido responsable de ellas, la competitividad de nuestras empresas no se está basando en la competitividad que adquirimos momentáneamente con la depreciación de la moneda, sino que se basa en los aumentos de liberalización y en la reducción de las rigideces en nuestros mercados. Por tanto, es nuestro interés -y así lo hemos manifestado en las reuniones europeas- que el euro recupere la estabilidad y, sobre todo, se afiance con un valor más acorde a los fundamentos de la economía europea.
Se está produciendo en este momento una clara recuperación de las economías europeas; una recuperación que hay que seguir impulsando y, desde luego, es voluntad del Gobierno español, tanto en España como en Europa, contribuir con una política económica que aumente el crecimiento potencial de nuestras economías de manera que Europa, junto con Estados Unidos, pueda asentarse en largos ciclos de crecimiento. En ese sentido, esperamos que la credibilidad de las instituciones europeas, la voluntad liberalizadora de los gobiernos y la reducción lo más rápidamente posible de los déficit públicos en Europa, a ser posible en el año que viene, nos permita recuperar una situación más estable y más sólida de nuestra moneda.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE VALENTÍN NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿MANTIENE LA SEÑORA MINISTRA QUE HA INCORPORADO A SU EQUIPO LAS MEJORES CABEZAS DE LA SANIDAD ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000012.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes a la señora ministra de Sanidad y Consumo. En primer lugar, pregunta que formula la diputada doña Matilde Valentín Navarro.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿mantiene que ha incorporado a su equipo las mejores cabezas de la sanidad española?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Estoy en ello, señora diputada.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valentín.


La señora VALETÍN NAVARRO: Señora ministra, lamento profundamente los nombramientos que ha hecho hasta este momento porque están ustedes poniendo en peligro la sanidad pública y, sobre todo, la protección de los ciudadanos con la reaparición de personajes con una demostrada inclinación a privatizar la sanidad. Usted ha incorporado a su equipo a una persona que no ha sido perseguida ni juzgada por los socialistas, como decía usted esta mañana, ha sido condenada por la Audiencia Territorial de Madrid por llevarse pacientes de un hospital público a su clínica privada para operarles y, por supuesto, cobrarles; comportamiento que califica la sentencia como una falta de decoro y dignidad profesional.
Señora ministra, está empezando a comentarse en algunos círculos sanitarios que ha puesto usted la zorra a cuidar gallinas. ¿De verdad nombra usted las mejores cabezas? ¿Para qué, para organizar campañas contra la Ley General de Sanidad y contra la universalización de la sanidad pública? ¿Qué compromisos atiende usted con estos nombramientos? ¿Le van a asesorar mientras trabajan en defensa de sus intereses privados? Señora ministra, me alegré sinceramente en sus primeras declaraciones oírle decir que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, pero la elección de sus colaboradores definen claramente qué es lo que pretende hacer usted en los próximos cuatro años. Deje de

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hacer política de escaparate y demuestre con hechos lo que no ha sido capaz de hacer en sus primeros pasos al frente del Ministerio de Sanidad. Invierta más en los centros sanitarios públicos, que puedan disponer de medios y tecnologías adecuadas; dótelos de personal suficiente y motivado y no sigan con la cantinela de que como lo público no funciona todo lo bien que debiera funcionar, la única solución es hacer de la sanidad un rentable negocio privado. No le quepa la menor duda de que desde el Grupo Socialista seguiremos trabajando incansablemente para que los millones de personas que utilizan los servicios sanitarios públicos reciban una asistencia sanitaria gratuita y de calidad. Se lo merecen los ciudadanos y se lo merecen los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
No sé por qué me daba la sensación, señoría, de que no iba a estar usted de acuerdo con ninguno de mis nombramientos. Daba igual. Me da la sensación de que va a seguir usted estando no de acuerdo con lo que yo vaya haciendo, pero eso es normal. A lo mejor resulta que su enorme fracaso político a lo largo de su carrera política es debido fundamentalmente a que jamás se ha sabido rodear de la gente adecuada. (Rumores.) Tómeselo usted como consejo, porque tal vez le vendría muy bien. (Continúan los rumores.) Señora diputada, sigo manteniendo las declaraciones que he hecho, sigo defendiendo el sistema público de salud. Creo que tenemos un magnífico sistema sanitario en este país y creo que tenemos a los mejores profesionales, pero ustedes adoran el santo por la peana y yo quiero que el sistema esté al servicio de los ciudadanos; para ello pienso contar con todo el mundo, con médicos y con todos los colectivos que afectan a la sanidad y espero poder contar también con la colaboración del grupo que usted representa; pero no parece que vaya usted por esa línea, porque sigue usted con las cantinelas del pasado. Si quiere usted que hablemos del año 1982, hablamos.
(Rumores.- Varios señores diputados: No.) Vamos a hablar del señor Rodríguez Colorado, presidente de la diputación de Madrid, que creo ha tenido algún problema con los fondos reservados. (Rumores.) Creo que el tema de los juzgados lo ha llevado bastantes veces por ahí.
(Continúan los rumores.) En última instancia, señoría, queremos mantener una sanidad pública en beneficio de los ciudadanos, ya que los ciudadanos son lo más importante en el sistema sanitario. (Rumores.) En segundo lugar, queremos contar con la colaboración de todos...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, ruego mantengan silencio, al objeto de que todos podamos escuchar las intervenciones de todos, tanto del Gobierno como de los señores diputados.
Adelante, señora ministra

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Y en último lugar (Rumores.), ¿se calman? Gracias.
Señora diputada, espero que a partir de ahora tenga usted un poco más de modernidad en sus planteamientos (Continúan los rumores.), porque espero que nos dé tiempo a discutir, y no con la pregunta tan corta y por el poco espacio de tiempo que tengo, lo que ustedes hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan. Entre otras cosas, usted ha sido consejera de salud de Castilla-La Mancha y habría que preguntarse por qué no ha seguido usted siéndolo. En última instancia, señora diputada, los nombramientos del gabinete, si no le importa a usted y con su permiso, los hace directamente la ministra y la idoneidad de sus miembros la marco yo y no usted.
Muchas gracias. (Aplausos.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR LA SEÑORA MINISTRA PARA IMPULSAR LA PRESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS? (Número de expediente 180/000022.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula la diputada señora Riera i Ben.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, según informe que ha dado a conocer recientemente el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, uno de los centros investigación de la Comisión Europea, los países de la Unión deberán aumentar su gasto sanitario en los próximos siete años entre el 7 y el 10 por ciento del producto interior bruto de cada país. Este estudio señala, entre otros aspectos, que el envejecimiento de la población generará una fuerte demanda al sistema sanitario y que esta demanda tendrá una incidencia muy especial en la factura del gasto farmacéutico. Nosotros no vamos a ser la excepción, más bien al contrario, esta tendencia va a verse reflejada en el conjunto del Estado, ya que ni las comunidades autónomas con competencias transferidas en sanidad ni las que aún son Insalud están hoy en situación de hacer valoraciones distintas a las que nos dibuja el estudio europeo mencionado. En este contexto, en

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la pasada legislatura se llegó a acuerdos con el Gobierno y los grupos parlamentarios nacionalistas les apoyamos para invertir más dinero en sanidad -aún insuficiente, señora ministra, pero más dinero- y para legislar en aspectos que al mismo tiempo que garantizan prestar un servicio público y universal de calidad favorezcan la racionalización del gasto.
Soy consciente, señora ministra, de que cuando efectúe su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad probablemente usted abordará, entre otras, esta cuestión, pero en el ínterin, y como ha habido declaraciones suyas respecto a los medicamentos genéricos, queremos formularle la pregunta sobre las medidas que piensa adoptar para impulsar la prescripción de los mismos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Efectivamente, comparto con usted la preocupación por el excesivo gasto farmacéutico que impide que dentro de sanidad las inversiones se puedan dedicar a otros objetivos más cercanos al ciudadano y que se haga una mejor distribución del gasto en medicina. Comparto con usted que en sanidad podríamos introducir mecanismos de mayor financiación, lo que pasa es que hay veces que no se puede hacer, y lógicamente hay que buscar fórmulas que alivien el gasto farmacéutico. En ese sentido, el Gobierno del Partido Popular apoyó y sigue apoyando decididamente los medicamentos genéricos y todas las medidas, tanto en el ámbito de los prescriptores como de los usuarios, las seguiremos tomando para conseguir que el uso sea mayoritario y controlar el excesivo gasto farmacéutico que efectivamente afecta no solamente a nivel del Insalud sino al resto de las comunidades autónomas, idea que creo compartimos todos los grupos políticos de esta Cámara.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Señora ministra, sí es necesario poner más dinero en sanidad y mi grupo parlamentario se lo va a pedir durante toda esta legislatura, ya se lo anticipo.
Segundo aspecto. Usted en la anterior respuesta que ha dado a la diputada portavoz del Grupo Socialista ha dicho que está abierta al diálogo y que busca complicidades. Señora ministra, me parece que es el camino. En sanidad es un mal sistema que hagamos de la confrontación el medio parlamentario. Va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para encontrar estas complicidades, pero está en su mano, señora ministra, que esto sea factible.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora diputada.
Efectivamente, entiendo que desde el diálogo y desde el consenso podemos conseguir resolver problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos y qué duda cabe que la sanidad es uno de los más básicos y de los más importantes. Por tanto agradezco su actitud dialogante y es la que pretendo mantener en el seno de este Congreso porque entiendo que cada grupo político significa una sensibilidad, y por tanto entre todos podemos conseguir una mejor sanidad para todos, que es el modelo y el mensaje que intento llevar a cabo a lo largo de estos cuatro años.
En el tema de los medicamentos tengo aquí los datos relativos a las recetas médicas de abril del año 2000; es el último dato. En el territorio Insalud se ha conseguido por primera vez ahorrar dinero en recetas médicas el 1,87 por ciento. ¿Por qué se ha conseguido? Por la aplicación de los genéricos. Es cierto que tenemos que seguir luchando, y ahí su grupo parlamentario, como el resto de los grupos de esta Cámara, tiene que contribuir con nosotros para conseguirlo.
Son eficaces, son rápidos, son más baratos para el sistema, y por tanto aquellas medidas que sirvan en este sentido las seguiremos tomando. Como usted sabe, dentro de poco se aprobará el proyecto de orden ministerial sobre el sistema de precios de referencia. Con todas estas medidas, con medidas cara a la opinión pública, con mensajes a través de medios de comunicación, intentamos sensibilizar a la población.
Muchísimas gracias por su colaboración. Espero que sigamos en esta misma línea durante estos cuatro años.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINAL PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE PUEDAN QUEDAR IMPUNES DELITOS MUY GRAVES CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000008.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de Justicia.


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Pregunta número 12 que formula el diputado don Juan Fernando López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿qué medidas de política criminal tiene previstas adoptar el Gobierno para evitar que queden impunes delitos muy graves contra la integridad y la vida de las mujeres?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.


Quiero comenzar esta intervención afirmando que durante esta legislatura haremos y continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que no quede impune ningún delito de violencia contra mujeres o contra niños. Desde ahí las medidas concretas para que esto no se produzca vienen derivadas de dos hechos. Que un acto de estas características quede impune se debe bien a que no se ha presentado denuncia, y por tanto no se conocen los hechos, o bien a que presentada la denuncia no se ha conseguido probar o no se ha podido acreditar. Pues en estas dos direcciones tenemos que trabajar.
Respecto a la primera cuestión, S.S. ya conoce que en junio del año pasado la Ley 14 aprobó una serie de medidas cautelares muy importantes, como es el alejamiento del agresor de la víctima; ahí tenemos que profundizar para que se haga de manera inmediata y con todos los requisitos de seguridad. En segundo lugar, vamos a apoyar la creación de un servicio jurídico especializado de atención a las víctimas, además de mayores dotaciones personales y materiales para esta atención, y fundamentalmente más policía judicial especializada de la Guardia Civil. También vamos a apoyar los servicios que ya están generándose en algunas fiscalías para coordinar las prestaciones de los juzgados, de los servicios sanitarios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y tanto los servicios sociales del Estado como los autonómicos. Todo esto unido a los registros que se están creando en las fiscalías para el seguimiento de este tipo de delitos, me parece que forman un conjunto de medidas adecuadas, a las que sin duda se pueden incorporar todas aquellas que SS.SS. tengan oportuno formular para ser absolutamente contundentes en la persecución de estos delitos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta y gracias, señor ministro.
El Grupo Socialista entiende que la política criminal es un elemento capital de la política interior de la que es responsable el Gobierno, y que la política criminal no se agota con el ejercicio de la iniciativa legislativa en materia penal, sino que comprende muchas otras actuaciones, como por ejemplo la protección de las víctimas del delito y ciertas actuaciones en materia penitenciaria, pero desde luego y sobre todo hacer todo lo que esté en manos del Gobierno para contener aquella criminalidad que más preocupa a la sociedad y que merece un mayor reproche social. Sin duda, en esa línea figura la criminalidad contra las mujeres, en la que España arroja un balance siniestro de mortalidad que se incrementa cada semana con una o dos muertes más y el Gobierno es políticamente responsable si no hace todo lo que puede, si no hace todo lo que debe. Le pongo un ejemplo que tiene que ver con mi circunscripción. En marzo de 1997 una ciudadana cubana, Adela Rosa Reyes, es brutalmente muerta a puñaladas por su marido, Osmande Lescay. Pues, por increíble que parezca, tres años después, la Audiencia provincial de Las Palmas se ve compelida a dictar la libre absolución del acusado porque la única acusación personada en la causa, que es la del ministerio fiscal, apuesta por la libre absolución, sin ninguna medida de seguridad, sobre la base de entender que era penalmente inimputable por encontrarse con un grave trastorno psíquico en el momento de los hechos. Eso produce, como usted convendrá con nuestro grupo, un grave escándalo social, produce escarnio, produce desconcierto y desorientación en la sociedad y está en manos del Gobierno hacer cosas para que ningún episodio judicial de esas características pueda volver a repetirse; por ejemplo, interesar del fiscal general del Estado instrucciones y circulares para que sea imposible que un representante del ministerio público pueda apostar por la libre absolución en un caso de esas características. Si lo hace así, el Gobierno estará sintonizando con la sociedad, y desde luego tendrá el apoyo del Partido Socialista y del Grupo Socialista; si no actúa en esa dirección y no conseguimos contener al final de esta legislatura esa estadística siniestra de criminalidad contra las mujeres, de mortalidad entre las mujeres víctimas de la violencia doméstica y de los malos tratos, nuestro grupo entenderá que el ministro y el Gobierno al que pertenece son políticamente responsables.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.


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Señoría, está bien que empiece por el final, lo que va a ocurrir al final de la legislatura, de lo que daremos cuenta a esta Cámara y a todos los españoles con mucho gusto, pero tengo que recordarle que ha sido en la pasada legislatura cuando se ha puesto en marcha un plan integral -me parece que tendremos oportunidad de hablar de ello en la siguiente pregunta- precisamente contra la violencia doméstica, contra los malos tratos...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINAALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿ESTÁ USTED DISPUESTO A DESARROLLAR EN ESTA LEGISLATURA UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ABARQUE DESDE LAS CAUSAS DE ESA VIOLENCIA HASTA LAS RESPUESTAS SOCIALES Y JURÍDICAS? (Número de expediente 180/ 000009.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, de la diputada doña Cristina Alberdi Alonso.


La señora ALBERDI ALONSO: Señora presidenta, como ha dicho mi compañero de grupo, cada día hay más rechazo y más denuncias contra los malos tratos a las mujeres. En el año 1999 son 21.782 denuncias y han aumentado los malos tratos en un 22 por ciento en los últimos 10 años. Anteayer un hombre asesinaba a su cónyuge delante de los tres hijos menores de 5 años. Ayer, otro hombre prendió fuego a su cónyuge, creándole terribles quemaduras de primer grado. Nadie puede resultar ajeno a esto, ningún grupo parlamentario, todos somos responsables de semejante indignidad y de semejante atropello a los derechos humanos.
Hace unos días, en el debate de investidura, el presidente señor Aznar dijo que su grupo y, si era investido presidente el futuro Gobierno, desarrollarían la voluntad de llevar a cabo una normativa integradora de lucha contra la violencia doméstica. Yo le pregunto, señor ministro, ¿está usted dispuesto, está dispuesto su Gobierno a desarrollar en esta legislatura una ley integral -no un plan integral, que eso ya se hizo-, una ley integral contra la violencia de género que abarque desde las causas que dan lugar a la violencia, como la publicidad, el lenguaje, la educación, los valores desiguales, la desigualdad entre hombres y mujeres hasta las consecuencias y las respuestas de tipo social y de tipo jurídico?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora diputada. Creo que sí es bueno que hablemos del plan integral, dado que desde su grupo se reclamaba en la pregunta anterior actuaciones e incluso ya se calificaba lo que iba a ser el futuro, hay que recordar que es el Gobierno de José María Aznar, al que usted ha citado, el que hace el primer plan integral para abordar este problema, que ese es un método adecuado de abordarlo, y así vamos a seguir haciéndolo en el futuro.
Creemos que esto se debe plantear desde un punto de vista integral que aborde todas las cuestiones, que efectivamente son muchas, para luchar contra la violencia doméstica. Ese plan que existió en la anterior legislatura, que ha dado buenos frutos, hay que renovarlo, hay que replantearlo en esta legislatura a partir del año 2000, para lo que espero contar con la colaboración y con la ayuda de su grupo para que acertemos en su desarrollo y en sus planteamientos. No va a ser problema, créame, dotarnos del instrumento jurídico adecuado para que sea lo más eficaz posible, una ley o varias leyes, pero en cualquier caso no será el instrumento la causa por la que no podamos tener un acuerdo, sino la aportación de todos y la voluntad de abordarlo desde la máxima seriedad y desde el máximo rigor. Ésa es nuestra predisposición y la oferta que hacemos a su grupo.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Señor ministro, estábamos planteando la posibilidad de una ley integral entendiendo que podía ser esa normativa integradora a la que se refería hace unos días el señor Aznar. Es importante que la respuesta desde el punto de vista social y jurídico sea integradora porque hay una enorme dispersión, como puso de relieve el Defensor del Pueblo en su informe, según la respuesta en las distintas comunidades autónomas. Desde luego, el punto de integrar la respuesta es importante, pero además y desde el punto de vista jurídico es también importante que haya una normativa integradora que todo el mundo conozca, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista penal, y que además las normas orgánicas que regulan el funcionamiento de los tribunales no faciliten la dispersión que supone que cada juzgado conozca de un caso distinto. Eso puede y debe hacerse en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía y el turno de oficio...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Con toda brevedad he de decir que, efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo en que lo importante es el objetivo de dotarnos de todos los medios adecuados.
Ya sabe usted que existe una discusión doctrinal en cuanto a técnica legislativa sobre si las sanciones penales deben estar en las leyes y por tanto en las normas generales, o es mejor hacer una ley especial; pero le digo que ese no va a ser el problema para ponernos de acuerdo. Si lo más eficaz es una única ley, hagamos una única ley; si es más eficaz hacerlo en las leyes generales, hagámoslo así, pero hagámoslo conjuntamente, aportemos cada uno lo que mejor podamos y se nos ocurra de manera más eficaz, y con eso tendremos una garantía de éxito.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ- PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORAEL GOBIERNO LAPREVISIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO PARA EL AÑO 2000? (Número de expediente 180/000014.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes el señor ministro de Hacienda. En primer lugar, pregunta número 18, que formula el diputado don Vicente Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en primer lugar quiero felicitarle por su nueva responsabilidad ya que es la primera vez que actúa en tal cargo y desearle muchos éxitos, también en la consecución del objetivo de equilibrio presupuestario que ha sido una de las bases para garantizar el crecimiento, la creación de empleo, el bienestar y la convergencia real con Europa en la última legislatura y tiene que ser uno de los fundamentos para el futuro.
Hasta 1996 nunca se había entendido por los gobiernos del Partido Socialista como una cosa buena el logro del equilibrio presupuestario o la reducción del déficit. Hasta 1993 entendían que el desequilibrio presupuestario era bueno. Ya descubrieron que no, y a partir de ese momento hacían buenos propósitos que nunca se concretaban en la realidad y planteaban objetivos, pero luego los ingresos siempre eran menores a los presupuestados y los gastos mayores, con lo cual el déficit presupuestario cada vez era mayor. Desde 1996 la técnica presupuestaria ha permitido controlar el déficit. Se han hecho presupuestos más conservadores en sus previsiones para poder realizar políticas más progresistas, políticas que avancen más en el crecimiento, en la creación de empleo y en el bienestar. Señor ministro, mi grupo querría conocer qué previsiones tienen para el ejercicio en curso y cómo valoran el cumplimiento del objetivo que teníamos previsto hace unos meses.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, presidenta.
En esta mi primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, quiero en primer lugar saludar a la Cámara y a todos los grupos políticos y ponerme a su disposición para responder en las sesiones de control a fin de facilitarles la información del departamento de Hacienda y también para que la oposición pueda ejercer legítimamente su derecho de control del Gobierno.
En relación con el planteamiento que hacía SS., el diputado Martínez- Pujalte, la intención del Gobierno esvolver a reducir su objetivo de déficit público sobre las previsiones ya muy ajustadas y ambiciosas del programa de estabilidad del Reino de España. Como SS.SS. conocen, esa previsión era del 0,8 por ciento como objetivo del déficit público sobre nuestro producto interior bruto y era una previsión enmarcada en una etapa de crecimiento económico que afortunadamente la realidad está volviendo a superar. Así lo muestran los indicadores disponibles sobre evolución económica y así lo muestra también la evolución muy importante de creación de empleo, revelada tanto por la encuesta de población activa como por la afiliación a la Seguridad Social.
El Gobierno aboga por llevar adelante todos los esfuerzos de consolidación presupuestaria, tal como expresó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura; adelantar el calendario de previsión de la consecución del equilibrio presupuestario un año, es decir que en el año 2001 podamos tener en España equilibrio presupuestario de manera que el déficit público sea un episodio de nuestra historia pasada y de esa forma continuar impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo, que junto a las políticas de liberalización han sido las claves que han explicado la actual etapa de prosperidad, de bienestar económico, de aumento de igualdad de oportunidades en la consecución de empleo y de convergencia real. Ese esfuerzo mayor de consolidación presupuestaria para este año lo ejerceremos sobre el mayor rigor en el cumplimiento estricto de los presupuestos de los departamentos ministeriales y también sobre el no uso de cualquier modificación de carácter presupuestario que signifique incremento del gasto público de manera que lo haremos una vez más sobre la contención del gasto sin apelar de ningún modo a mayores incrementos de impuestos, tan perjudiciales para la recuperación económica y la continuidad de esta fase de creación de empleo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LA CAMPAÑA DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN DE 1999? (Número de expediente 180/000016.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que plantea la diputada doña María Fátima Báñez García.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la entrada en vigor del nuevo IRPF el 1.o de enero de 1999 ha supuesto una auténtica rebaja del impuesto para todos los ciudadanos. La nueva concepción del mismo, configurada fundamentalmente por la existencia de un mínimo exento que responde a las circunstancias familiares y personales del contribuyente, ha supuesto una novedad. Por otro lado, la Agencia Tributaria ha ido incrementando paulatinamente los servicios de asistencia y ayuda a los ciudadanos con la finalidad de dar apoyo técnico para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.En ese sentido, los cuidadanos utilizan cada vez más los medios que la Administración pone a su disposición manifestando así su confianza en las instituciones públicas, y es previsible que en esta campaña con el nuevo IRPF la demanda de estos servicios que presta la Administración sea solicitada por un gran número de contribuyentes.
Por eso, señor ministro, es interés de esta diputada conocer qué medidas está adoptando el Gobierno para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la campaña de renta correspondiente a la declaración de 1999.
Muchas gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Báñez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, presidenta.
Tiene mucha razón la diputada Báñez cuando se refiere a la importancia que tiene estar en este tiempo de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, teniendo en cuenta en primer lugar que se trata del primer ejercicio, de la primera liquidación del nuevo impuesto sobre la renta, que en nuestro país está vigente a partir de 1.o de enero del año 1999 y que ha supuesto modificaciones no sólo en la normativa, sino también en su modelo de gestión.


Quiero recordar a la Cámara, como principales novedades del impuesto, en primer lugar que la rebaja fiscal media es del 11 por ciento; que 1,7 millones de personas con rentas bajas dejarán de pagar el impuesto, de los cuales 600.000 son pensionistas; que 9,5 millones de propietarios de vivienda habitual dejarán de pagar por este concepto, de ellos 2,4 millones son pensionistas; que la rebaja de la retención es generalizada a todos los contribuyentes, lo que les permite incrementar su renta disponible y que en torno a 5 millones de personas dejarán de declarar. Es, en definitiva, por la vía de simplificación del impuesto como vamos a facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera voluntaria. Ello permitirá, además, por esa reducción de efectivos de la administración tributaria, la reducción de los costes de gestión, dedicar también mayores recursos a la atención al ciudadano y a la lucha contra el fraude, que tal y como demuestran los datos va mejorando año tras año.
En esta declaración de 1999 hay 5 millones de ciudadanos para los que se elimina la obligación de declarar, aunque aquellos contribuyentes que lo deseen pueden presentar una solicitud -de hecho ya la han presentado- de devolución rápida. Para este caso se ha creado la plataforma de gestión tributaria, un nuevo servicio de la Agencia Tributaria que puede incluso calcular el importe de la devolución, siempre que el usuario facilite sus datos personales.
Asimismo, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales la Agencia pone a disposición de los declarantes, un año más, el programa Padre, así como plataformas telefónicas que se están llevando a cabo para las declaraciones simplificadas.
Para todo aquel contribuyente que tenga duda sobre el nuevo impuesto o sobre cualquier otra cuestión de carácter fiscal, están a su disposición tanto las oficinas de la Agencia Tributaria como la plataforma telefónica de información tributaria básica.
Se han realizado más de 20 millones de envíos por correo, que contienen...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS USUARIOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS QUE SE VEN AFECTADOS POR LA MULTIPLICIDAD DE VENTAS DE PLAZAS CONOCIDO COMO OVERBOOKING? (Número de expediente 180/000011.)

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La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de Fomento. En primer lugar, pregunta número 15 del diputado con José Segura Clavell.


El señor SEGURACLAVELL: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, la Dirección General de Aviación Civil de su Ministerio tiene las competencias reguladoras de inspección y defensa de los usuarios de compañías aéreas. ¿Qué medidas piensa adoptar esa Dirección General, a través del ministro, para combatir una auténtica situación de indefensión que las compañías aéreas producen constantemente en lo que coloquialmente se ha venido denominando situación de overbooking.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado.
Dos cosas: en primer lugar invitar a las compañías aéreas a una autorregulación para evitar los excesos que han producido los desequilibrios y los conflictos recientes. En segundo lugar, colaborar con la comisaria europea de Transportes para revisar y actualizar el reglamento 295/91 que regula esta práctica.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor ministro.
Señor diputado.


El señor SEGURACLAVELL: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, a lo largo de los últimos años su ministerio se ha dedicado esencialmente a labores de infraestructura, pero no ha prestado atención a la defensa de los intereses de los usuarios de los medios de transporte. Es una realidad que las organizaciones de defensa del consumidor han manifestado reiteradamente. Decenas de miles de ciudadanos que utilizan los medios de locomoción aéreos en los últimos tiempos se han visto afectados por ese mal abusivo que las compañías aéreas, haciendo mal uso de la normativa en vigor, han venido implantando, reitero, abusivamente. Sin duda alguna le corresponde a su Ministerio combatir esta situación y para ello, desde la óptica del Grupo Parlamentario Socialista, estimamos que es fundamental que el Ministerio lidere de una vez por todas una acción política que le conduzca a plantear en el seno de la Comisión Europea y en el seno de las instituciones comunitarias toda una normativa amplia que pueda ser traspuesta al ordenamiento jurídico nacional de defensa de los intereses de los usuarios, de defensa de los intereses de los consumidores. Una carta europea para la protección de los usuarios del sector aéreo es un proyecto ilusionante al que el Reino de España no puede renunciar en modo alguno a liderar ni a poner en exclusiva en manos de la Comisión Europea. Se nos avecinan momentos en los que una política de cielos abiertos impulsada por la Unión Europea, una política de unificación de los sectores aéreos militar y de pasajeros civiles va a llevar inexorablemente a un incremento de la densidad del tráfico y a un deterioro en el uso de las instalaciones aeronáuticas por un lado y de los medios de transporte por otro. De ahí que con esta pregunta este diputado requiera esencialmente al señor ministro...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señoría, con toda seguridad no ignora que, cuando se trata de abordar una modificación de una regulación recogida en un reglamento europeo que afecta al funcionamiento del mercado único, la obligación y la convicción del Gobierno de España es hacerlo a través de los procedimientos habituales en estos casos. Contamos de antemano con la declaración previa de voluntad política de la comisaria de Transportes, que ya se ha pronunciado abiertamente a favor de la reforma de esta reglamentación para proteger más adecuadamente los derechos de los usuarios. Por tanto, el Gobierno español colaborará activamente e impulsará las reformas necesarias para que o bien por la vía de las penalizaciones o bien por la vía de otras reformas se puedan evitar los comportamientos abusivos.
Lo que querría subrayar, puesto que no se ha dicho pero sin duda S.S.
conoce, es que este sistema no perjudica a todo el mundo, sino que también beneficia a mucha gente, a mucha gente que le interesa que los billetes no tengan ningún tipo de gravamen por no presentarse a la hora de la facturación. Hay mucha gente cuyos intereses seguramente en defensa de los consumidores también tendremos que defender equilibradamente y yo creo que en el equilibrio está exactamente la posición para evitar las situaciones de carácter abusivo. Para eso creo que la voluntad de autorregulación de las compañías aéreas, que tienen además los datos de la evolución de la demanda en las distintas situaciones, puede ser un elemento muy importante y muy relevante para que, sin necesidad de llegar a la formalización de una reforma del reglamento, paliemos las consecuencias de un sistema que, por un desequilibrio a favor de una situación, está perjudicando gravemente a un sector importante de los usuarios del transporte aéreo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorministro.


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- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES SOBRE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS HORARIOS NOCTURNOS EN LA CIRCULACIÓN DE TRENES DE CERCANÍAS ENTRE BARCELONA Y VILANOVA I LA GELTRÚ? (Número de expediente 180/ 000023.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula el diputado don Carles Campuzano i Canadés.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Hace unos días, señor ministro, ha trascendido a través de los medios de comunicación la intención de la dirección de la compañía Renfe de prolongar los horarios nocturnos de los trenes en la zona de cercanías de Barcelona, en concreto en dirección a la ciudad de Vilanova i la Geltrú. Nos gustaría saber si el señor ministro nos puede confirmar esta información y cuál es la previsión concreta de esta prolongación de los horarios nocturnos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, quiero confirmarle que, efectivamente, no sólo en las cercanías de Barcelona, sino con carácter general desde hace mucho tiempo en todos los itinerarios de cercanías, Renfe está haciendo un esfuerzo para ampliar los horarios de salida. En este sentido, puedo anunciarle con carácter inmediato que a partir de fechas próximas se ampliará a las 23,20 la salida del último servicio de cercanías entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú. Además, dentro del convenio que existe entre Renfe y la autoridad de transporte de Barcelona, se va a estudiar un plan de servicio global que determinará las necesidades del servicio público nocturno, así como cuáles son los medios de transporte más adecuados para atender la demanda que se genera en estas circunstancias, de tal manera que esa demanda global resuelva el problema conjunto de todos los ciudadanos del área de cercanías que utiliza el servicio Barcelona-Vilanova i la Geltrú.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Creemos que es buena la noticia que nos da, pero de hecho en la dirección Vilanova i la Geltrú esta prolongación de horario es simplemente de 10 minutos. Nos parece que en esta legislatura el conjunto de las administraciones públicas, y muy especialmente el Ministerio de Fomento, deberían hacer un esfuerzo para avanzar hacia la extensión de estos horarios nocturnos en el área circundante a la ciudad de Barcelona. Las razones son evidentes: desde las relacionadas con la seguridad viaria al coste económico para los usuarios, pero también para el conjunto de la población, así como la demanda de los ciudadanos que utilizan estos servicios.
Además, el señor ministro sabrá perfectamente que en otras zonas del Estado los horarios son incluso mucho más largos. El último tren Gijón-Oviedo sale a las 23,45, el de Bilbao a Santurce a las 23,40 y en Madrid, dirección a Guadalajara, a las 23,38; a Parla a las 23,48; a Aranjuez a las 23,55; a Fuenlabrada a las 23,59; a Tres Cantos a las 23,11 y a Móstoles a las 23,39.
Señor ministro, le pedimos que tenga en cuenta la necesidad de avanzar con cierta celeridad en acabar con la discriminación que en materia de transporte público los ciudadanos del área de Barcelona aún padecemos. Nos parece que esta es una apuesta de futuro y que en el marco de la apuesta por la convergencia del conjunto de las administraciones públicas en materia de transporte público hay que avanzar para evitar que esta situación se prolongue demasiado en el tiempo.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, si este fuera un problema estrictamente empresarial yo le hubiera contestado que tendríamos que estudiarlo en el marco del contrato-programa de Renfe o que tendríamos que estudiarlo en términos estrictamente de los muchos costes que genera la extensión o la ampliación de un horario. No he querido darle esta respuesta porque he partido de que es una necesidad social por múltiples razones, en las que interviene, por ejemplo, el propio concepto de seguridad frente a otros medios de transporte, incluido el vehículo particular. Lo que he querido era introducir y respaldar la orientación que se venía siguiendo, reforzándola, de que la respuesta tiene que ser global. A esa demanda concreta, en unas horas determinadas, para realizar un itinerario puede haber otros modos de transporte más adecuados que racionalicen mejor los recursos económicos disponibles. Por eso lo he querido incluir y espero que esa ampliación de 10 minutos la tome como una declaración de voluntad y ese compromiso de discutir a nivel global esa respuesta global, en el marco de las actuaciones con la autoridad de transportes de Barcelona, resuelva definitivamenteel problema que plantea S.S.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Corresponde el turno a las preguntas que van a ser formuladas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA RETRANSMISIÓN EN ABIERTO Y EN DIRECTO DE PARTIDOS DE FÚTBOL, COMO LOS PROTAGONIZADOS POR EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA LIGA DE CAMPEONES, YA NO ES DE INTERÉS GENERAL? (Número de expediente 180/ 000006.)

La señora PRESIDENTA: En primer lugar, pregunta número 10 que formula la diputada doña Amparo Valcarce García.


La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.¿Considera el Gobierno que la retransmisión en abierto y en directo de partidos de fútbol como los protagonizados por equipos españoles en la Liga de Campeones ya no es de interés general?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora presidenta.
Es también mi primera intervención en estas sesiones de control. De la misma manera que ha manifestado el ministro de Hacienda, yo también quiero mostrar mi disposición a facilitar a todos los grupos parlamentarios sus tareas de control al Gobierno. Por tanto, en mí van a encontrar siempre todas las facilidades que sean necesarias.
En relación con la pregunta formulada por S.S., debo decirle en primer lugar que no corresponde al Gobierno determinar qué acontecimientos deportivos son de interés general. Esto es lo primero que querría subrayar. De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/ 1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, la calificación de los acontecimientos de interés general debe hacerla el Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, órgano en el que, como usted sabe, están representadas no sólo las distintas administraciones públicas, sino también todos los sectores sociales con intereses sobre esta materia, como los operadores de televisión pública y privada, representantes de medios radiofónicos y de prensa escrita, operadores de cable, representantes de los usuarios, sindicatos, etcétera.


Respecto a la Liga de Campeones, el Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas consideró en su momento, al aprobar el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general correspondiente a la temporada 1999-2000, que sería de interés general un partido por jornada en la que participara un equipo español. Estas previsiones, señoría, se han cumplido al retransmitirse un partido en directo, en abierto y para todo el territorio nacional en cada una de las jornadas de Liga de Campeones.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Por supuesto, señora ministra, tiene usted razón, esto no es competencia del Gobierno. Me alegro de que usted lo reconozca así, pero el Gobierno tiene que reconocer que ha sentado doctrina sobre esta cuestión. Esto nos obliga a hablar de la Ley del fútbol y, sobre todo, de la doctrina Cascos; nos obliga a hablar del interés general, de la doctrina del interés general. Aquí parecía que todos los partidos tenían que ser en abierto, en directo, de la mejor de las maneras posibles. Indudablemente ese era un mundo perfecto. De acuerdo. Pero eso lo único que estaba ocultando era una intervención gubernamental en el mundo del fútbol y de las retransmisiones deportivas absolutamente increíble. Nosotros ahora planteamos que, por supuesto, quien tenía los derechos para garantizar que se cumpliera ese interés general era Radiotelevisión Española, pero, mientras el señor Cascos pontificaba con su doctrina del interés general, el señor Cabanillas vendía los derechos que tenía Radiotelevisión Española. Los desmanes del señor Cascos le han llevado -eso sí, por una puerta lateral-, al Ministerio de Fomento.
Quien optimizó los recursos de Televisión Española vendiendo aquellos derechos, y además bien pagados -fíjese 7.000, 9.000, 9.000 y 9.000 millones en cuatro años-, ha sido premiado llevándole a la portavocía de este Gobierno.
Nosotros nos tenemos que preguntar que ustedes, en primer lugar, han engañado a los aficionados del fútbol y, señora ministra, usted debe pedir perdón en nombre del Gobierno. Y, en segundo lugar, la Ley del fútbol está el Tribunal Constitucional, pero nosotros queremos saber si usted va a proponer a esta Cámara su rectificación, o bien díganos cómo va a garantizar el interés general cuya doctrina asentó el señor Cascos por la cual los partidos como, por ejemplo, el Valencia- Barcelona o el Bayer de Munich-Real Madrid se pueden dar para todos en abierto, gratuito y, lo más importante, en directo, señora ministra.
Gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo le aseguro que probablemente el debate doctrinal que usted propone sería apasionante habida cuenta de las diversas doctrinas que en un pasado inmediato se han elaborado sobre el tema, pero creo que no es el momento de celebrar ningún debate apasionante de carácter doctrinal. El Gobierno tiene que cumplir con la ley y la ley dice lo que yo le he expresado. (La señora Valcarce García: ¡Claro, claro!) Usted sabe muy bien que la ley tiene carácter general y que no puede entrar en todas las particularidades de cada momento.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PLAN DE IMPULSO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2000-2003? (Número de expediente 180/000019.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, del diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras en nombre del Grupo Popular para dar la bienvenida a la señora ministra en las sesiones de los miércoles.
Respecto de las bibliotecas públicas quería formularle una pregunta, puesto que tanto desde el punto de vista de la cultura como del de la educación son fundamentales todas las bibliotecas y, en especial, las bibliotecas públicas. El índice de lectura en nuestro país, si lo comparamos con países de un desarrollo similar al nuestro, todavía es bajo. Por ello, cuantos esfuerzos se hagan respecto a las bibliotecas públicas serán muy positivos. Ya sé que la competencia sobre las bibliotecas públicas, señora ministra, está compartida con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y de ahí el gran interés en el Plan de bibliotecas públicas del 2000-2003. Por otra parte -y quiero significarlo-, como bien conoce la señora ministra, en el programa del Partido Popular insistíamos sobre el apoyo a las bibliotecas, especialmente a las públicas.
Por todo ello, señora ministra, interesaría a este diputado y al Grupo Popular saber cuáles son las principales actuaciones del Plan de impulso de bibliotecas públicas entre los años 2000 y 2003.
Muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría usted ha mencionado el Plan de impulso de bibliotecas públicas 2000-2003, y las medidas y proyectos inicialmente incluidos en este plan están agrupados en torno a dos grandes líneas estratégicas fundamentalmente. La primera línea engloba lo que podemos llamar las acciones de información, acciones que tienen como objetivo modernizar la imagen social y las prestaciones de las bibliotecas públicas españolas como centros de información mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación. En esta dirección hemos previsto un plan de comunicación pública sobre las bibliotecas para el 2000-2001, la conexión a Internet de las bibliotecas públicas entre el 2000 y el 2004, así como la creación de un portal para el semestre 2000, y la puesta en marcha de un servicio cooperativo de información en la red.
La segunda línea agrupa lo que podemos denominar las acciones de desarrollo de las bibliotecas públicas, con la participación de las distintas administraciones implicadas. En este sentido, destacan varias iniciativas. Por ejemplo, la realización de un estudio sobre bibliotecas públicas en España mediante un convenio con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez; la elaboración de unas pautas o exigencias mínimas para las bibliotecas públicas en España; la realización de cursos de planificación estratégica y mejora de la calidad de los servicios de las bibliotecas públicas del Estado o la celebración de un congreso nacional de bibliotecas públicas que se celebrará en octubre del año 2001.
Todas estas medidas y actuaciones tienen como finalidad contribuir al desarrollo de las bibliotecas públicas españolas en un marco de cooperación, independientemente de su ubicación, en una u otra comunidad autónoma. En este sentido, el Plan de impulso de las bibliotecas públicas se justifica en la necesidad, desde luego ineludible, de mantener una política bibliotecaria del Estado que contribuya a garantizar el derecho y la libertad de todos al acceso a la información y la cultura para todos los españoles.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON AMADOR ÁLVAREZÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

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POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA PREVISTO LLEVAR ACABO EL GOBIERNO PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL CINEASTA LUIS BUÑUEL? (Número de expediente 180/000020.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que realiza el diputado don Amador Álvarez Álvarez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, me uno a las palabras de bienvenida de mi compañero deseándole todo el éxito posible en su responsabilidad al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este Gobierno.
Señora ministra, a los artistas que practican las bellas artes les debemos los ciudadanos el reconocimiento a su preocupación por la innovación y el progreso, que nace, fundamentalmente y sin lugar a dudas, de sus impulsos creativos y del deseo de perfección intelectual y no de intereses crematísticos, aunque el reconocimiento del primero tenga consecuencias no buscadas en el segundo aspecto.
España ha sido a lo largo de toda su historia un verdadero manantial de creadores en múltiples facetas del arte: la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza, el cine, el teatro o la literatura, y éstos han sido admirados en todo el mundo y han ejercido verdadero magisterio sobre las generaciones posteriores, contribuyendo al descubrimiento de nuevos talentos artísticos. De ahí el patrimonio artístico y cultural de nuestro país, que es verdaderamente impresionante, incomparable. Todavía están recientes los éxitos de nuestro cineasta Pedro Almodóvar, coincidiendo con una etapa de verdadera explosión artística de nuestro cine en los últimos años, y estamos conmemorando el centenario del nacimiento de nuestro primer gran maestro del cine, el admirado y reconocido aragonés universal, don Luis Buñuel. Luis Buñuel, miembro destacado de la llamada Generación del 27, autor de grandes obras maestras de cine, muchas de ellas provocadoras por su inconformismo, incorpora al cine los postulados del surrealismo literario y artístico y por ello se le ha llegado a considerar en todo el mundo un verdadero genio de la cinematografía, adelantado en este arte. Un español universal como Buñuel debe ser conocido por todos y debemos valorar lo que ha significado su obra para la cinematografía española en particular y la cinematografía universal en general.
Por todo ello, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué actos tiene previstos su Ministerio para celebrar el nacimiento de Luis Buñuel? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, en primer lugar quiero agradecerle sus buenos deseos para mi gestión; en segundo lugar, decirle que comparto su valoración de la obra de Buñuel, cineasta por el que siento personalmente una cierta predilección.


En relación a la pregunta que me formula, tengo que decirle que en muy poco tiempo se han organizado numerosas actividades y homenajes en España y también en diversas ciudades europeas y americanas en conmemoración del centenario del cineasta Luis Buñuel. Ello ha sido posible, en parte, gracias a la labor que ha desarrollado la comisión creada a tal efecto por Orden ministerial de 4 de mayo de 1999, dependiente del entonces Ministerio de Educación y Cultura, hoy de Educación, Cultura y Deporte. En esa comisión se integraron representantes de las administraciones tanto de la Comunidad Autónoma de Aragón como del Ayuntamiento de Calanda, así como de otras entidades públicas y privadas vinculadas a la vida y a la obra de Buñuel, de la misma manera que se incorporaron amigos y familiares.
Las funciones de esta comisión han sido promover y estimular, a la vez que coordinar, las acciones de todas estas entidades con el fin de que, aun cuando cada una de ellas organizara sus propios actos, todos ellos formasen parte de un mismo conjunto.
Dada la limitación obvia de tiempo de que dispongo y el extenso programa de actividades que recordarán durante este año la figura del artista, destacaré sólo algunos de los acontecimientos previstos, quedando a su disposición y a la de todos los miembros de esta Cámara el calendario completo de las actividades conmemorativas. En primer lugar, la exposición Buñuel, el ojo de la libertad abrió el pasado 21 de febrero, en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en la fundación ICO, los actos en conmemoración del centenario del cineasta español. El 22 de febrero, coincidiendo con la fecha de su nacimiento, se inauguró en Calanda su casa-museo, el Centro Luis Buñuel, y asimismo están previstos entre otros -citaré solamente algunos- los siguientes actos. Un ciclo en la Filmoteca Nacional, donde se va a proyectar a lo largo de este año su obra íntegra. Por su parte, el Instituto Cervantes está mostrando una amplia retrospectiva de su obra en todos sus centros. El pasado domingo, como S. S. recordará, en el Festival de Cine de Cannes se inauguró la exposición El mundo secreto de Buñuel y se abrió en el palacio de festivales una sala de proyección dedicada al cineasta...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Preguntas correspondientes al señor ministro de Administraciones Públicas.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULAALSEÑOR MINISTRO PORTAVOZ: ¿QUÉ MEDIDAS HA ARTICULADO EL GOBIERNO, UNA VEZ CONOCIDA LA SITUACIÓN CREADA POR EL VIRUS INFORMÁTICO I LOVE YOU», PARA PREVENIR A LOS CIUDADANOS DE LOS EFECTOS DEL MISMO? (Número de expediente 180/ 000007.)

La señora PRESIDENTA: En primer lugar, pregunta número 11, que formula la diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué medidas ha articulado el Gobierno una vez conocida la situación creada por el virus I love you para prevenir a los ciudadanos de los efectos de este virus?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora presidenta.


El Gobierno ha planteado una serie de medidas para garantizar una seguridad -que luego le detallaré, si quiere- todavía mayor de los sistemas de información de la Administración pública y, al mismo tiempo, potenciar y reforzar las actuaciones del centro coordinador de alerta temprana para prevenir con la mayor rapidez posible a los ciudadanos, y queremos incrementarla continuamente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta. Parece que no estuvieron ni muy alerta ni muy tempranos porque el virus ha dejado claro que el Gobierno, una vez más, ha resultado ineficaz en cuanto a informar y proteger a los ciudadanos. Este virus, señorías, ha afectado en España, nada más y nada menos, que a miles de ordenadores, y se calcula que aproximadamente a un 80 por ciento de las principales empresas. Además, el Gobierno ha reconocido que fue advertido del problema, y sin embargo ni coordinó la información ni avisó a los ciudadanos con urgencia, como han hecho otros países.
Este no es un tema baladí, señoría, porque alertar de los riesgos de la nueva sociedad de la información es una obligación y una responsabilidad política de un gobierno, y así lo entienden el resto de los países europeos. Ustedes no pueden limitarse a lo que han venido haciendo hasta ahora, a organizar todo un aparato de propaganda, como hicieron el 31 de diciembre con el efecto 2000, con presidente y vicepresidente incluidos, y ahora dejar tirados a los ciudadanos y no informarles. Un gobierno ha de estar en vigilia permanente para proteger y para informar a los ciudadanos. Un gobierno ha de articular medidas que le den seguridad, y ustedes no lo han hecho en esta ocasión. No pueden limitarse a lo que hasta ahora han hecho, que es nada; no informar cuando estaban obligados a hacerlo y tenían conocimiento de ello. Lo que han hecho hasta ahora es utilizar los datos informáticos para que los manejen terceros, como ha ocurrido con los datos sanitarios de los pacientes.
Este es un debate que preocupa a todos los países de Europa y que debiera preocuparle también a este Gobierno. No sean ustedes la excepción y dejen la propaganda, protejan a los ciudadanos y ofrézcanles garantías para que todos nos sintamos seguros. En ese camino encontrará al Partido Socialista, en el de... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, tengo que rechazar la interpretación que hace de lo que ha ocurrido, porque no refleja la realidad. Cuando nosotros conocimos, y lo conocimos con cierta rapidez, la existencia de este virus, lo publicamos a primera hora del viernes 5 de mayo en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, concretamente dentro de la página del Consejo Superior de Informática. Inmediatamente alertamos a los usuarios que, a su vez, nos habían alertado a nosotros, porque estábamos suscritos a una asociación de correo electrónico que comunicaba los datos. En la reunión que tuvimos en el Consejo Superior de Informática el día 10 de mayo se constató, por un lado, algo muy importante que afecta al Consejo Superior de Informática, y es que los daños que habían sufrido los ordenadores de la Administración eran mínimos, y se tomaron medidas para reforzar esa seguridad. Al mismo tiempo, se constató que se había actuado con una rapidez razonable y decidimos precisamente potenciar esa actitud.
¡Claro que consideramos que es un tema importante! Por mucho que hagamos, siempre habrá dificultades. No es algo que podamos asegurar al cien por cien, pero vamos a hacer un esfuerzo máximo para poder alertar cuanto antes. Prueba de ello es que ha habido un nuevo virus en Estados Unidos que comenzó a los dos días, y alertamos con una rapidez suficiente, que ha sido reconocida por los propios usuarios privados. Sabemos que cada día habrá que trabajar más para perfeccionar esta situación. Esa alerta, y no sólo alerta sino defensa del virus, es necesaria. Lovamos a hacer y queremos hacerlo cada vez mejor, pero

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no se puede aceptar que se diga que no se ha hecho nada. Eso es vulgarizar la situación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO RESOLVER LA APLICACIÓN DEL CENSO REAL DE POBLACIÓN EN RELACIÓN A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA? (Número de expediente 180/000010.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula la diputada doña Isabel Pozuelo Meño.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias señora presidenta. Señor ministro, usted debe saber ya que la población es un elemento fundamental en la financiación de las comunidades autónomas y debe saber también que a Andalucía no se le reconoce la existencia de 400.000 andaluces, con los consiguientes perjuicios para la financiación de sus servicios esenciales. Ustedes están reduciendo y limitando los recursos económicos de la Junta de Andalucía al no aceptar a los ciudadanos que han nacido o han regresado a nuestra comunidad en los últimos doce años. El Gobierno andaluz no percibe ni una sola peseta para la financiación de los servicios que necesita esa nueva población, más de 400.000 andaluces. Nadie puede entenderlo, nadie, ni en Andalucía ni en el resto del país. No es una cuestión de colores políticos. Le aseguro, señor ministro, que es una reclamación unánime de todos los ciudadanos andaluces. Por eso hoy, que es el primer día en que debe responder usted ante esta Cámara, le pregunto: ¿cuándo piensa el Gobierno reconocer el censo real de habitantes de Andalucía y restablecer los recursos financieros que le corresponde por su población?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creo que no está perfectamente hecha esa pregunta. Ese censo real que dice usted del año 1996 sí se reconoce, por ejemplo, al sistema de financiación de los servicios de sanidad en el período 1998-2000.
Sí se reconoce. Se reconoce también para asignar los recursos económicos que corresponden a los entes locales. También. ¿En dónde no se reconoce? En el sistema de financiación autonómica. ¿Por qué? Porque cuando se adopta un sistema para el quinquenio 1997-2001 se adopta un año base, que es una convención, porque el año base es 1991; pero todas las comunidades autónomas aceptan esa situación. Entonces, lo que se aplica es lo que deriva de esa convención que, como le he dicho, es el año 1991. ¿Cuándo se podrá aplicar el censo que usted llama real de 1996? En el próximo sistema de financiación autonómica, que no será tampoco el real, porque ya estaremos en el 2002, pero habrá que tomar un año como referencia.
Por tanto, no le demos a esto un carácter litúrgico. Se adopta el sistema teniendo como referencia el año 1996 donde puede adoptarse; donde ha habido un acuerdo que afecta a los demás no puede aplicarse.
Por otro lado, hay otro problema verdaderamente decisivo para Andalucía, que luego si lo desea le puedo comentar, en cuanto al sistema de financiación autonómica.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias.
Efectivamente, usted ha puesto muy bien de manifiesto las propias contradicciones de su Gobierno. Señor ministro, desde la historia antigua, y hay ejemplos en la Biblia, como el que se refiere al rey David en el Libro de los Reyes, se han producido graves conflictos siempre en la población con la elaboración de los censos. Lo que no existe con seguridad son antecedentes de gobiernos que elaboran censos, los aprueban, para luego ignorar a la población y actuar al margen de ellos. Señor ministro, esta es una cuestión de justicia, de ecuanimidad y de sensatez. Un gobierno no puede mantener tozudamente una decisión que es contraria a los intereses comunes de los ciudadanos, una decisión que se basa en no reconocer su existencia y que ha significado la pérdida de 200.000 millones de pesetas para Andalucía. Señorías, el peor desprecio que se puede ejercer sobre las personas es ignorarlas. El presidente de Andalucía, de todos los andaluces, ha ofrecido, en su discurso de investidura ante el Parlamento, su mejor disposición de diálogo y negociación al Gobierno de la nación. Acepten esa oferta sincera de diálogo, abandonen una posición tozuda e insolidaria.
Señor ministro, en Andalucía vivimos 7.236.459 andaluces, hombres y mujeres que tenemos el derecho a ser reconocidos y a que el Gobierno de España sea también el Gobierno de todos ellos. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora presidenta.


Ya veo que usted viene con una argumentación trenzada, independientemente de lo que yo diga. Le vuelvo a decir lo mismo: no es un problema del Gobierno, es

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un problema del Gobierno y las demás comunidades autónomas que pactan un acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre con Andalucía? Que tiene que decidir, y pronto, si acepta el sistema que tienen las demás, 1997- 2001, o la prórroga de 1992-1996, que va a ser muy fuerte.
Yo acepto ese diálogo que ofrece el presidente Chaves y estoy dispuesto a sentarme mañana mismo, no con él, con la consejera de Economía o con quien le parezca, para ver ese tema y que comprenda que hay una seguridad que les dio mi antecesor, que era que nunca saliera por debajo de la financiación que daba ese censo de 1996.
Esta es una situación que tienen las demás comunidades autónomas y que también se le da a Andalucía, pero no se le puede dar a Andalucía una cosa aparte de las demás, porque se pactó con ella. Esto es una cosa sencilla y que no tiene nada que ver ni con odio a un pueblo, ni con persecución a unos ciudadanos, ni con no querer reconocer que existen...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON MANUEL SILVA I SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE ACONSEJAN AL GOBIERNO NO ADSCRIBIR EL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA) AL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA? (Número de expediente 180/000021.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta planteada a la señora ministra de Ciencia y Tecnología.
Pregunta número 25 que formula el diputado don Manuel Silva i Sánchez.


El señor SILVA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, después de darle la bienvenida a esta primera sesión parlamentaria no solemne, querría formularle la siguiente pregunta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acogió con gran satisfacción la constitución del Ministerio de Ciencia y Tecnología por entender que era conveniente la integración en un único departamento ministerial de las funciones de coordinación de las actuaciones de las grandes instalaciones científicas españolas, el fomento y difusión del conocimiento científico y la gestión de los recursos públicos que le competen, así como también la integración de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito industrial y el ejercicio de aquellas competencias relacionadas con la calidad, con la normalización o con la seguridad. De ahí que debamos manifestar nuestra extrañeza y formular la siguiente cuestión.
Una vez observado el real decreto de desarrollo orgánico de su departamento ministerial, no entendemos por qué un organismo de las características del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial no ha sido adscrito a su departamento. Por tanto, desearíamos conocer las razones que aconsejan al Gobierno no formular esa adscripción.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señoría, señorías, efectivamente esta es mi primera intervención en esta Cámara. Aprovecho para saludar a la Presidencia, a los miembros de la Mesa, a los distintos grupos y a las señoras y señores diputados, poniéndome -como no podía ser de otra manera- a su entera disposición, en particular en relación con el ejercicio de su función de control.
Por lo que se refiere a la pregunta formulada por S.S., sabe que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el responsable de la política de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, del desarrollo tecnológico y de la ordenación de las comunicaciones. Así lo establece el Real Decreto 557/2000 de 27 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales, cuyo fin, como sabe, es impulsar la acción del Gobierno, facilitar el desarrollo de su programa político y dotar de la mayor eficiencia a la Administración general del Estado.
Además de estas responsabilidades mencionadas con carácter general, en el real decreto se le encomiendan de manera clara y explícita al Ministerio del que soy responsable las competencias atribuidas a diversos órganos de investigación, desarrollo e innovación, quedando adscritos al mismo una serie de organismos entre los que, sin perjuicio de estas competencias, no se encuentra el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.


Luego, si quiere, podemos seguir hablando de cómo se va a llevar a término esta coordinación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Silva.


El señor SILVA I SÁNCHEZ: Me gustaría que prosiguiésemos en ese sentido.
Nuestra extrañeza deriva de que el artículo 13 de la Ley de la ciencia establece precisamente una enumeración de los organismos públicos de investigación y, posteriormente, una regulación conjunta de un determinado estatuto jurídico. De esos organismos de investigación, se adscriben todos al Ministerio de Ciencia y

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Tecnología menos el Instituto de Técnica Aeroespacial. Se adscribe, obviamente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ciemat, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Tecnológico Geominero... y no se produce la adscripción de un organismo que parece que realiza unas funciones similares y que está sometido a un estatuto jurídico también similar.
Hemos discrepado de que no se hayan integrado las universidades en su departamento ministerial, aunque podemos entenderlo mejor, pero no entendemos esta especificidad del INTA, que es una punta de lanza de la investigación científica y tecnológica en España.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, presidenta.
Sabe S.S. que la ley orgánica de 1980 por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar atribuye al Ministerio de Defensa el fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en materias que afecten a la defensa nacional. Estas competencias son reconocidas tanto por la Ley 3/1986, de Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, como por la normativa posterior relativa al propio Instituto.
De este modo, pues, el INTA reúne unas especiales circunstancias que conjugan al mismo tiempo estas actividades de I+D+I con las necesidades del Ministerio de Defensa. Por tanto, hay una especificidad propia de defensa y en cambio una de investigación, desarrollo e innovación, pero corresponde, efectivamente, al Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinar todo el ámbito de la I+D en nuestro país. Por ello, la específica situación del INTA vinculado orgánicamente al Ministerio de Defensa le aseguro que no supone en modo alguno, si esta es su preocupación, un detrimento de las competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Quiero poner énfasis en ello, la no adscripción del INTA al...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ CRITERIOS, SEGÚN EL GOBIERNO, DEBE MANTENER LA UNIÓN EUROPEA EN LA NEGOCIACIÓN CON EL REINO DE MARRUECOS, PARAALCANZAR UN ACUERDO DE PESCA? (Número de expediente 180/000002.) La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Pregunta número 6, que formula el diputado don Guillermo Vázquez Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted como profundo conocedor que es del sector pesquero sabe que de que se alcance un buen acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos dependen un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos. Sabe también que el 29 de septiembre del año pasado esta Cámara aprobó por unanimidad una resolución impulsada inicialmente por mi grupo político que fijaba unos criterios de negociación que su antecesor en el cargo se comprometió a defender.
Nosotros creemos necesario, pasados los meses y con un nuevo Gobierno, que usted exponga precisamente ante esta Cámara cuál es su postura política en este tema y es por lo que le formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué criterios, según el Gobierno, debe mantener la Unión Europea en la negociación con el Reino de Marruecos para alcanzar un acuerdo de pesca? Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, señor diputado, como S.S. ya conoce la Comunidad Europea es quien tiene la competencia para negociar y concluir acuerdos pesqueros con terceros países. En el caso concreto del acuerdo con Marruecos, el Gobierno español otorga la máxima prioridad a las relaciones pesqueras entre la Comunidad y el Reino alauita efectivamente por la importante repercusión económica y social que tiene este acuerdo para determinadas comunidades autónomas como Galicia, Andalucía y Canarias. Por eso el Gobierno español apoya las gestiones que la Unión Europea viene realizando para lograr que las negociaciones comiencen lo antes posible, y espera y desea que la Comisión y autoridades marroquíes fijen, con ocasión de la visita del comisario europeo de Pesca, un calendario de negociación.
Respecto a los criterios que debe mantener la Unión Europea para alcanzar un acuerdo pesquero, está claro que el punto de partida tiene que ser el mandato de negociación que el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el pasado 15 de octubre, en el que se fijan como objetivos los siguientes: asegurar la conservación y gestión racional de los recursos pesqueros en aguas marroquíes, reforzar la cooperación entre las partes en todas las etapas de la actividad pesquera, asegurar

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la continuidad de la actividad pesquera de los Estados miembros bajo diferentes fórmulas con Marruecos, asegurar el mantenimiento del nivel económico y de empleo en las regiones de la Comunidad altamente dependientes de la pesca y, por último, cooperar en los programas de formación y de intercambio de conocimientos en el sector de la pesca.
Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor ministro.
Efectivamente, usted hace referencia a varias cuestiones que deben orientar la negociación entre la Unión Europea y Marruecos para alcanzar un nuevo acuerdo de pesca. En todo caso, señor ministro, le quiero decir lo siguiente. A mí me parece que usted tiene delante de sí dos problemas: en primer lugar, hacer que la Unión Europea asuma la propuesta de negociación del Estado español en esta materia y, por tanto, que el señor Fischler se comprometa, naturalmente, a intentar una línea de negociación que nos lleve a un nuevo acuerdo de pesca que efectivamente suponga el mantenimiento de la flota que faenaba a la luz del anterior acuerdo y la titularidad de las empresas, evitando, por tanto, la vía de las empresas mixtas, así como las garantías jurídicas necesarias que permitan planificar su actividad, porque esta es una demanda, como usted sabe perfectamente, del sector afectado por esta falta de acuerdo en este momento.
Yo quiero decirle, señor ministro, que me resultan muy preocupantes las declaraciones que provienen de la Unión Europea. En concreto hoy mismo el señor Kreuzhuber, portavoz de la Comisión, nos dice, en primer lugar, que no hay prisa en alcanzar un nuevo acuerdo, contradiciéndole además a usted en sus afirmaciones respecto al posible problema presupuestario si se alarga en el tiempo alcanzar ese nuevo acuerdo, y, en segundo lugar, que para la Unión Europea lo que es importante es conseguir un acuerdo diferente, es decir, pasar de los pactos colonialistas a los de cooperación. Señor ministro, permítame que le diga que eso lo quehace es evidenciar que la Unión Europea cree que acuerdos de pesca como el anterior son colonialistas, lo que señor ministro...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno español es plenamente consciente de los intereses económicos en juego. Ayer estuve reunido con el señor Fischler y esta mañana he estado reunido en Bruselas con el director general de Pesca obviamente para trasladar la inquietud del Gobierno español y los términos en que queremos que empiece una negociación. El Gobierno español desea que la visita del señor Fischler a Rabat mañana se traduzca en la fijación de un calendario y en empezar, por ambas partes, a poner propuestas encima de la mesa. Pero una negociación es cosa de dos, es complicada, es muy difícil articular una solución inmediata en este problema y yo confío y deseo que se logre un acuerdo rápido. Ahora bien, el Gobierno español ha articulado los mecanismos necesarios para poder tener una negociación con tranquilidad, aprobando las órdenes ministeriales que garantizan a los pescadores y armadores su subsistencia económica durante el período de negociación que sea necesario.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE FORMACIÓN CONTINUA (PROGRAMA HOBETUZ) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2000? (Número de expediente 180/000001.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


En primer lugar, pregunta número 5, que formula el diputado don Iñaki Txueka Isasti.


El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, arratsaldeon, buenas tardes. Todos los años se viene convalidando, mediante reales decretos- ley, la financiación del acuerdo interprofesional sobre formación continua en Euskadi; el hecho es que dichas convalidaciones se realizan prácticamente al finalizar cada año, el 17 de diciembre de 1998 y el 16 de septiembre de 1999. Ello viene produciendo, además de una inseguridad importante, una situación delicada por problemas de tesorería a la fundación Hobetuz, que gestiona dichos fondos.
Por ello, y dado que estamos en situación de adelantar los mismos, desde el Grupo Vasco le formulamos la pregunta de cuáles son sus previsiones en esta materia para el ejercicio del año 2000.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señoría, no entienda como descortesía un problema de acústica, pero si no realmente es muy difícil la audición.


El Gobierno tiene la intención de cumplir, como ha venido haciendo hasta ahora, y como no podía ser de otra manera, los compromisos asumidos y los mandatos legales que afectan a este acuerdo interprofesional sobre formación continua de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Txueka.


El señor TXUEKAISASTI: Le agradezco su voluntad y asimismo desearía aprovechar, señor ministro, para recordarle la reclamación que se viene produciendo hace unos cuantos años por parte del Grupo Vasco sobre la necesidad de que en los próximos ejercicios exista una partida nominativa en los distintos proyectos de ley de presupuestos que garantice la continuidad de la financiación del acuerdo interprofesional vasco para la formación continua, que en todos estos ejercicios acaba siendo atendida mediante sendos convenios de colaboración en reales decretos-ley que recomponen finalmente la financiación con carácter siempre extraordinario, generando por ello innecesarias dudas y problemas de gestión por la incertidumbre temporal.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.


Señoría, sin duda sabe que este año ya se han transferido las cantidades que corresponden a la financiación de este acuerdo para el año 2000. Si usted está planteando la necesidad o la oportunidad de financiaciones complementarias como las que han venido operando desde el año 1996, deberá admitir que algunas de las circunstancias han cambiado radicalmente. No estamos ante una insuficiencia constatable, como la que se produjo como consecuencia del incumplimiento del Real Decreto-ley 12/1995 y, por otra parte, tampoco estamos ante acuerdos políticos de legislatura tales como los que se produjeron en el discurso de investidura del año 1996. Yo creo que las actuaciones que hasta ahora se han realizado desde ambas administraciones han permitido además actuar no sólo con respeto máximo a las normas y formas de hacer de la Forcem, de su comisión tripartita, sino que también han permitido hacerlo con luz y taquígrafos, puesto que ha habido debate parlamentario al respecto.
Insisto en que, de haber nuevas fórmulas de financiación complementaria, deberán obedecer a estas nuevas voluntades políticas dentro de marcos más amplios que el que sea estrictamente la formación profesional, tal y como se produjo en el año 1996. Eso sí, puedo hablarle con la enorme tranquilidad de saber que están escrupulosamente cumplidos todos los compromisos políticos entonces adquiridos y todos los mandatos legales que se adquirieron, incluso también alguno de los que en el pasado no había sido debidamente atendido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN TORNO A LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN DESTINADA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL? (Número de expediente 180/000017.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don José Eugenio Azpiroz Villar.


El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Señor ministro, permita que empiece felicitándole por su nombramiento, aunque ya era titular de la cartera, y le deseo, como no puede ser de otro modo, los mayores y mejores éxitos en el bien de todos por la importante responsabilidad que tiene su Ministerio.
Quiero recordar cómo a principios de este año se produjo un gran revuelo público y fue objeto de tratamiento por los medios de información y también por destacados miembros de la política en orden, yo creo que precipitadamente, a denunciar determinadas posibles y supuestas financiaciones irregulares con la formación continua en el seno de su Ministerio. El hecho adquirió una relevancia que creo que SS.SS. no olvidan y, aunque lógicamente era comprensible por la época preelectoral en que nos encontrábamos, no dejó de haber, yo creo, un uso abusivo de la posición que algunas personas manifestaron.
No obstante, debo recordar aquí que es objeto nuclear del programa del Gobierno del Partido Popular, y también compromiso del presidente del Gobierno, y estoy convencido de que es su decisión y voluntad política,señor ministro, la lucha contra cualquier fraude, la

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lucha contra la opacidad, la lucha contra cualquier posible irregularidad o incluso supuestos casos de corrupción.
Desde esta perspectiva, y estando como estamos en una sesión de control, lógicamente en esta pretensión de transparencia, de claridad, le tengo que demandar, en virtud de una investigación que en el seno de su Ministerio se acordó en aquellas fechas, una respuesta a la pregunta que figura en el orden del día y que reza: ¿cuál es el resultado, señor ministro, de la investigación realizada en torno a las presuntas irregularidades relacionadas con la financiación destinada a la formación profesional? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado por situar la pregunta en el contexto creo que correcto.
En este caso, daré cuenta no solamente de las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Trabajo a través de su Inspección de Servicios, sino también de las que se han realizado en colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas, Inspección de Servicios, y la Abogacía del Estado.
Ciertamente de las actuaciones que se han realizado se desprende que no existen indicios ni irregularidades, no digo ya en el orden penal, que evidentemente no existen, sino figuras tales como en su vida se manejaron o se pudieron imputar de tráfico de influencias, de manejo de información privilegiada. Sí que se ha podido constatar, con relación a este funcionario, en concreto al señor Aycart, que en la etapa en la que no desempeñaba el puesto de director de gabinete del anterior titular sí que realizó, a través de unas empresas participadas directa o indirectamente, actividades para las cuales hubiese necesitado no sólo la comunicación sino la autorización del Ministerio. Dicho de otra manera, no eran actividades por sí irregulares o por sí ilegales, hubiesen requerido una autorización que no se solicitó.
En consecuencia, dado que sí que estaríamos ante una situación de incompatibilidad o de indicios de incompatibilidad, parece lógico que se inicie, se substancie un expediente que depure estas responsabilidades. Bien es cierto que en el resto de los ámbitos estas investigaciones exhaustivas, realizadas con la debida profesionalidad e, insisto, con la colaboración del MAP, porque también había que dejar claro que no se había cometido ninguna irregularidad en el ámbito del registro de altos cargos, nos permiten concluir que las explicaciones tanto en el ámbito administrativo como en el político, que fueron facilitadas ya en su momento por el anterior titular del departamento, pueden considerarse como suficientes. En relación con ese aspecto, insisto, relacionado con una cuestión tal vez menor, como son los indicios de incompatibilidad por actividades que aun siendo legales no fueron declaradas, se substanciará con normalidad el correspondiente expediente administrativo cuya resolución final, evidentemente, como el resto de actuaciones producidas, sabe S.S. que están a disposición de esta Cámara por ese afán, que creo que debe ser un objetivo y una pauta de comportamiento, de plena transparencia en sus actuaciones ante este Parlamento y ante la opinión pública.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DELDIPUTADO DON JOSÉ MANUEL PÉREZ CORGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO DEL REINO DE ESPAÑA 2000? (Número de expediente 180/000018.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don José Manuel Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sepa S.S. que gustosamente me adhiero a las felicitaciones y buenos deseos formulados por mi compañero el señor Azpiroz al inicio de su pregunta.
El pasado 28 de abril, señor ministro, el Gobierno salido de las elecciones del 12 de marzo en su primer Consejo de Ministros adopta sus primeros acuerdos, y uno de ellos es el de aprobar el Plan nacional de acción para el empleo del Reino de España para el año 2000. Es un plan que responde a esa estrategia comunitaria, impulsada por el Gobierno de España pero también por el conjunto de los países de la Unión Europea, nacido de la cumbre de Luxemburgo en el año 1997. Es, por tanto, el tercer plan. Los anteriores han funcionado bien. La experiencia es que España ha creado el doble de empleo de la media de la Unión Europea. El nuevo plan es eminentemente ambicioso, dotado con casi dos billones de pesetas y que va dirigido a más de un millón de trabajadores. El esfuerzo realizado, señor ministro, y los objetivos alcanzados nos hacen depositarios de una especial credibilidad en cuanto a políticas de empleo en el conjunto de la Unión Europea. En consecuencia, yo quiero preguntarle, señor ministro, cuáles son las líneas generales de este nuevo plan de empleo del Reino de España para el año 2000.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señoría.


Permítame también que exprese mi deseo de cooperación no solamente con cuantos diputados del Grupo Popular formulen iniciativas de control o de cooperación con el Gobierno, sino con el resto de los grupos de la Cámara. Creo que en este caso lo que no puedo decir es que sea nuevo en la misma, son ya, felizmente, bastantes años de cooperación.
La línea que está siguiendo este programa -que, por cierto, conviene recordarlo, es el tercero y recoge lo que sin duda ha sido una experiencia positiva, en algunos momentos se han calificado los planes españoles como los mejores- es el desarrollo de esos cuatro grandes pilares que cita la Unión Europea, que es mejorar la capacidad de inserción profesional de nuestros trabajadores, desarrollar el espíritu de empresa, fomentar la capacidad de adaptación de trabajadores y de empresas y reforzar las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hablo desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero estoy hablando de un plan en el que han cooperado, de una manera enormemente positiva, ministerios como Economía y Hacienda, Educación y Cultura, Industria y Energía, Medio Ambiente, Administraciones Públicas y Fomento. Se trata, como saben sin duda SS.SS., de estructurar de una manera correcta el mayor número posible de medios económicos y humanos en orden a cumplir estos objetivos que, sin duda alguna, son de máxima importancia para una nación. La tónica ha sido de crecimiento de los recursos disponibles, a sabiendas de que, afortunadamente, se ha reducido el número de posibles beneficiarios. Hoy, día en que también se han dado a conocer o se han analizado datos referentes al empleo, creo que podemos hablar de una menor población susceptible del beneficio de estos planes. Es un tipo de población, además, contada con metodología propia, esa metodología que denominamos colectivos de Luxemburgo, en una jerga tal vez de difícil comprensión pero que creo que sitúa el problema. Eso nos permite hablar de más de un millón de beneficiarios, pero ciertamente son un número sensiblemente inferior al de ejercicios anteriores, de 1.100.000 personas, que desagregaríamos en 236.000 personas jóvenes, menores de 25 años; de 530.000 adultos, mayores en este caso de 25 años pero con más de 12 meses de paro; 285.000 parados, en general de mayor duración, y 50.000 minusválidos. Pensamos que el total de acciones previstas y que podrán desarrollarse serán más de un millón y medio y que la financiación se situará en los aledaños del billón de pesetas.


Resumiendo, con la experiencia recogida, con mayores recursos y para un número más reducido de beneficiarios, creo que alcanzaremos una mayor calidad y eficacia en nuestras gestiones de empleo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ASIGNACIÓN DE LICENCIAS DE TELEFONÍA MÓVILUMTS O DE TERCERA GENERACIÓN. (Número de expediente 172/000001.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre asignación de licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera generación. Para su defensa, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, señora ministra, permítame una doble felicitación en nombre de mi grupo: primero, le deseo éxito en su gestión al ser su primera comparecencia en la Cámara y, segundo, como hablaremos de licencias de telefonía móvil, por su anterior condición de responsable de Retevisión he de felicitarla por el éxito empresarial conseguido por esa entidad al obtener una licencia de telefonía móvil de tercera generación por un importe de 22.000 millones de pesetas, que si lo comparamos con lo ocurrido en licencias similares en Inglaterra, un billón 200.000 millones de pesetas, supone exactamente el pago de 60 veces menos por la misma. Por supuesto que desde el punto de vista empresarial lo importante es proporcionar valor al accionista. Usted lo consiguió de forma notable. Pero ahora le pediré que, ya que está en la otra parte de la barrera, transite hacia el interés general y nos explique en esta Cámara por qué el Gobierno español concedió estas cuatro licencias a través de un concurso y con un precio por licencias tan bajo y tan insuficiente.
Señora ministra, primero se concedieron coincidiendo con una campaña electoral -espero que usted reconozca conmigo que no es el momento más adecuado-, sin explicación alguna, ni a la opinión pública ni a esta Cámara. Le voy a hacer un recordatorio. En 1994, con ocasión de la concesión de una licencia GSM de telefonía móvil -la que ahora está en explotación- a Airtel, el entonces titular de la cartera, Josep Borrell, compareció varios meses antes en la Comisión correspondiente de esta Cámara y durante toda la mañana explicó a SS.
SS. el alcance de aquel concursosubasta, porque fue un sistema procedimental distinto. Desembolso por tanto, señoras y señores diputados, inapreciable. ¿Lo dice el Grupo Parlamentario Socialista?

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No. Lo dice una consultora muy importante llamada Lehman Brothers, hace tan sólo 10 días, señoría, que se expresa así: Si Telefónica no ha visto alterado su precio objetivo -y esta consultora rebaja los precios objetivos de las compañías de telecomunicaciones europeas- ha sido porque ya ganó la licencia de telefonía de tercera generación en España con un desembolso inapreciable -repito que son palabras de una consultora como Lehman Brothers-, muy lejano de los 6,3 billones de pesetas obtenidos por Inglaterra por una licencia más -cinco, no cuatro- y a través del procedimiento de subasta y publicidad absoluta. Todo ciudadano europeo, señorías, ha podido seguir el proceso inglés por Internet y en España estamos -permítanme hacer un homenaje al gran escritor Buero Vallejo- en la más ardiente oscuridad. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Ni ustedes, señoras y señores diputados, ni los ciudadanos conocemos por qué se han concedido estas licencias, no sabemos cuáles son los compromisos de estas empresas, su plan de inversiones, el precio que cobrarán a los usuarios ni cómo se desplegarán en el territorio español, salvo algunas pequeñas exigencias que figuraban en el pliego de condiciones. Por tanto, no sabemos casi nada. Este sistema que siguió su gobierno sólo lo han utilizado en Europa Finlandia y España. También en esto, señorías, somos diferentes. El resto de los países está utilizando la subasta o el concurso-subasta, más trasparente. Es evidente, señora ministra, que todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes -seguro que sí, no lo pongo en duda-, pero a juzgar por los resultados europeos -Inglaterra ya, Francia cambió el sistema, Alemania utiliza la subasta, Italia el concurso-subasta- parece claro, desde luego, que el camino elegido por el Gobierno español fue el peor, al menos, para los intereses de los usuarios.
Telefonía móvil de tercera generación, una tecnología que supone la mayor revolución en el campo de las telecomunicaciones junto con Internet, una tecnología que permitirá el establecimiento de voz, datos, imágenes entre terminales móviles; para entendernos, un Internet móvil en un aparatito pequeño que será sin duda objeto de una explosión de futuro en las sociedades como la española. ¿Qué ocurre con esta tecnología? ¿La puede utilizar cualquiera? No; sólo un número limitado de empresas. ¿Por qué, señorías? Porque el espectro radioeléctrico que se utiliza es limitado y es un bien de dominio público. Por eso cualquier empresa que quiera ejercitar esta iniciativa empresarial tiene que obtener licencia de la Administración. Esa licencia tiene un valor que es alto porque pueden explotarlo obteniendo legítimos beneficios, señora Birulés, durante 30 años -son 20 años la adjudicación, prorrogables por 10 más- y en Inglaterra sólo son 20 años y por las mismas han pagado las operadoras 6,3 millones de pesetas. En España todo induce a la duda, a la sospecha, a la confusión: desde la adjudicación en pleno período electoral hasta las filtraciones previas a esa concesión, mediante las cuales algunas de las empresas que participaban en el consorcio Xfera tuvieron importantes subidas en Bolsa o la vulneración de las bases del concurso porque, como usted sabe, Vodafón tiene participación en Airtel y en Xfera. Y lo que no sabemos es lo más importante -lo sabrá el Gobierno, pero no esta Cámara ni los ciudadanos-: las razones para utilizar el procedimiento de concurso, los criterios utilizados para la selección de operadores, las valoraciones sobre cada oferta, los precios que cobrarán las compañías o el plan de inversiones de cada una. O sea, no se sabe casi nada y queremos saber; queremos que el Gobierno lo explique. El PSOE, mi grupo parlamentario, quiere saber si el Gobierno piensa adoptar alguna medida para corregir lo que se presenta -me voy a quedar en este nivel- como un lamentable error de cálculo. No voy a pedir responsabilidades. No; vamos a pedir soluciones; vamos a pedir que este proceso aporte a los usuarios españoles los mayores beneficios. Por tanto, repito, no queremos pedir responsabilidades sino soluciones. No importa tanto si el procedimiento es mejor o peor, sino sus resultados, y aquí no sabemos en qué medida beneficia a los usuarios y sólo sabemos que el Gobierno español, en principio y en comparación con lo ocurrido en otros países, ha perdido una importante fuente de recursos. Queremos saber si están garantizadas las obligaciones de servicio público y de servicio universal. Es decir, el acceso por igual a estas revolucionarias tecnologías de todos los ciudadanos españoles con independencia de su lugar geográfico de residencia y de su capacidad económica o, lo que es lo mismo, garantía pública a través del servicio universal de un precio accesible a todos los ciudadanos con independencia de su nivel económico. Esto es lo que tiene que garantizar el Gobierno y no sabemos si lo ha hecho. De acuerdo con criterios de valoración aceptados, dividiendo el precio de la licencia por la población cubierta se obtiene que en Inglaterra el precio aplicado a España supone para nuestra administración una pérdida mínima, muy conservadora, de 3,5 billones de pesetas.
Por tanto, hay dos modelos: uno que favorece a empresas y a sus accionistas y otro que favorece, a través de los poderes públicos, el interés público y los intereses de los usuarios, bien con exigencia a las empresas para la cobertura de un servicio universal amplio y a precios accesibles o garantizando esa financiación del servicio universal por el conjunto de los operadores para permitir acceso a telefonía fija y móvil, por ejemplo a Internet con tarifa plana, a todos los ciudadanos, con independencia, repito, del lugar de residencia y de la situación económica. No es de extrañar -vuelvo otra vez al informe de la consultora mencionada anteriormente- que Lehman Brothers haya rebajado el precio objetivo de las otras operadoras europeas y que añada en su informe lo siguiente: Tele fónica

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pagó tan poco por la licencia que muchos analistas ni siquiera han tenido en cuenta el gasto; repito, pagó tan poco por la licencia que muchos analistas ni siquiera han tenido en cuenta el gasto. Y debemos recordar que Telefónica estaba dispuesta a pagar en Inglaterra un billón de pesetas por una licencia similar. Esto hubiera supuesto una transferencia neta de recursos al Tesoro inglés de una compañía española, a un país más rico que España de acuerdo con los criterios utilizados en la Unión Europea. Puede usted darme dos argumentos.
Uno, que al ser barata la licencia los precios serán menores. ¿Pero cree usted, señoría, que los precios serán 40 veces menores que en Inglaterra? ¿Es posible considerar esto? Además, los precios dependen del mercado y la experiencia demuestra que se aproximan en unos y otros países. El mercado de móviles no tiene competencia libre, es oligopolístico; no hay libertad de entrada y por eso la expectativa de beneficio es muy alta. La rebaja de precios vendrá por la competencia y, si esta es limitada -sólo cuatro licencias-, costes más bajos no significan precios más bajos, sino más plusvalía para las empresas. El segundo tiene que ver con las inversiones. Nos podrá decir que aquí las inversiones que han de asumir las empresas serán mayores que en Inglaterra. Le prevengo contra ese argumento. No es así. Las inversiones serán idénticas, adaptadas al territorio y a la población a cubrir. Por tanto, de ahí esta interpelación, señoría.
Créame que queremos ser útiles al interés público. Creemos que ha habido un lamentable error. Tenemos ideas para corregirlo, pero antes queremos escuchar al Gobierno. ¿Tiene el Gobierno español alguna fórmula para compartir los beneficios de esta revolución tecnológica con todos los españoles? Es justo que las empresas obtengan beneficios, pero también los usuarios, bien directamente a través de los poderes públicos, con la garantía del servicio universal, con servicio de mayor calidad, o con precios accesibles a todos los españoles. Eso le pedimos: si podemos corregir el resultado de esta subasta. Queremos información. Creo que la Cámara la necesita.
Explíquenos por qué ha ocurrido así y si tienen alguna propuesta para mejorar el interés público.
Gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Caldera.
Señora ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Buenas tardes.
Señoría, al leer y sobre todo al escuchar su interpelación de hoy sobre la adjudicación de las licencias de telefonía móvil UMTS se aprecia -si me permite decirlo de este modo- que su grupo comparte la voluntad del anterior Gobierno de que España sea pionera en la introducción de esta importante tecnología, voluntad también compartida, como no podía ser menos -y se lo digo con creces-, por esta ministra de Ciencia y Tecnología. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Creo que todos, por lo tanto, debemos felicitarnos por este objetivo común y esta voluntad compartida, y le digo que esta voluntad está plenamente justificada.
Como sabe bien, a diferencia de la generación de telefonía móvil analógica y digital, tanto en sus versiones 900 como 1800 que se han producido -antes hacía usted referencia a la del año 1994-, y la ADCS, que al final de este año hará dos años que se hizo, esta tercera generación permite garantizar la prestación del servicio de telefonía móvil a nivel mundial mediante la asunción universal de este estándar por todos los países. Por tanto, es claramente un salto tecnológico importante y hay que resaltar que un conjunto de empresas, las concesionarias, sean tanto de la telefonía digital en primera generación como de la segunda, son empresas de las que algunas aún están en proceso de despliegue y de inversión. Pero esta es una generación importantísima que permite garantizar la prestación de este servicio y, además, cualquier ciudadano podrá hablar con su teléfono móvil desde cualquier parte del mundo sin que existan incompatibilidades técnicas, a lo cual hay que añadir lo que usted mencionaba de la especial importancia del ancho de banda y, por tanto, el prestar un conjunto heterogéneo de servicios de telecomunicaciones, de voz, datos e imágenes, para lo que se requiere una gran capacidad y velocidad de transmisión, siendo el ejemplo más paradigmático el acceso a Internet de alta velocidad. Sería, por tanto, un hecho clave el que no se ha esperado a que ninguna empresa haya no sólo amortizado las inversiones que están haciendo, sino incluso que hayan terminado sus despliegues para acelerar y penetrar en la telefonía móvil de tercera generación. Por tanto, nada a favor en este caso, sino todo lo contrario, del interés general; nada a favor de unas empresas con unas licencias concedidas. No se trata de duopolios u oligopolios, sino de desarrollo de una nueva tecnología que tiene una relevancia clave para el desarrollo de la sociedad de la información y que va a tener una importancia en el progreso económico social hoy y en el inmediato futuro. Sabemos todos que Internet y la sociedad de la información están creando nuevos modelos de relaciones económicas, comerciales, laborales, sociales e incluso personales. Por ello es la telefonía móvil de tercera generación un ingrediente importante que se está configurando como uno de los principales instrumentos para acceder a Internet y para ayudar en la consolidación de los beneficios de nuestro modelo de sociedad. Por consiguiente, clarísimamente, futuro interés general y avance y liderazgo en el marco europeo.
Teniendo en cuenta estas circunstancias y los beneficios que la sociedad de la información y la telefonía móvil van a proporcionar a la economía y a la sociedad

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españolas, el Gobierno realizó una apuesta decidida por la introducción de esta tecnología, para lo cual, como es bien conocido, convocó y resolvió un concurso para el otorgamiento de cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación. Son de todos conocidos los efectos beneficiosos que se han derivado para la sociedad española, sus empresas y sus ciudadanos por no habernos acogido en su momento a la prórroga que nos daba la Unión Europea para liberalizar los servicios de telecomunicaciones. Si lo hubiéramos hecho no estaríamos hoy hablando ni de telefonía móvil de tercera generación. La anticipación y las apuestas decididas de futuro han demostrado ser un acelerador de la difusión de las nuevas tecnologías de la comunicación con los consiguientes efectos positivos sobre la productividad, el empleo y el desarrollo económico y social. De hecho, España es uno de los países pioneros en apostar por introducir lo antes posible esta estratégica tecnología de futuro y de gran potencial, hasta el punto de que ha sido el segundo país a nivel mundial, después de Finlandia, en haber otorgado las oportunas habilitaciones para prestar este servicio. Es cierto que existe un gran debate en toda Europa -y cuando este debate deje de ser coyuntural estoy segura de que será muy interesante- sobre la idoneidad de utilizar el sistema de concurso o el sistema de subasta para la adjudicación de licencias en el sector de las telecomunicaciones y en particular en las licencias de telefonía móvil de tercera generación-UMTS. Señalo a S.S. como consideración general que ambos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes y que la idoneidad y oportunidad de uno u otro deben valorarse en función de diversos factores, en especial de los objetivos perseguidos. Bajo esta premisa, y tal como solicita S.S., paso a exponer detalladamente las razones que han llevado al Gobierno a adjudicar las licencias de telefonía móvil de tercera generación por este sistema de concurso.
En primer lugar, quiero resaltar que el sistema tradicionalmente utilizado en todos los casos en nuestro ordenamiento jurídico para otorgar títulos que habilitan para prestar servicios públicos y servicios de telecomunicaciones es y ha sido el sistema de concurso.
De hecho, no se conoce ningún caso en nuestro acervo jurídico en el que la gestión de un servicio público de telecomunicaciones que se haya otorgado conforme a la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas se haya tramitado por el sistema de subasta, sino que todos se han hecho por el sistema de concurso. En segundo lugar, el Gobierno ha considerado como su objetivo prioritario situar a España en el liderazgo europeo en el desarrollo de la tecnología UMTS y que consiguiera la mayor y mejor implantación de dicha tecnología como medio de impulsar la sociedad de la información. Dada la fuerza con la que se está implantando el teléfono móvil en España, una tecnología como la UMTS, que permite acceder a Internet a través del teléfono móvil, puede sin duda ser decisiva. En tercer lugar, el Gobierno quería asegurar un volumen, un ritmo y una calidad de la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, unos precios asequibles para todos los ciudadanos y un rápido desarrollo de los servicios que permite el UMTS. En cuarto lugar, el Gobierno ha querido sobre todo satisfacer mejor las necesidades de comunicación de los ciudadanos en este nuevo modelo de sociedad, posibilitando la introducción de un mayor grado de concurrencia en un sector caracterizado por la vitalidad de la demanda y sus altas tasas de crecimiento actual y futuro, como es el de la telefonía móvil, así como permitiendo que se presten muchos otros servicios adicionales que hasta ahora no se podían prestar mediante la actual tecnología móvil digital, como es el caso principal del acceso a Internet de banda ancha. La consecución de esta finalidad traerá consigo no sólo el fomento de la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo, sino la dinamización de la economía española en el marco de la sociedad de la información con la consiguiente generación de riqueza. Con estas consideraciones, prioridades y objetivos el Gobierno decidió, a mi entender acertadamente, optar por el sistema de concurso para la adjudicación de licencias de UMTS. Señoría, quiero insistir en la idoneidad del sistema de concurso en el caso español subrayando algunos factores y hechos.
El sistema de concurso no ha recibido ninguna tacha jurídica, política o social de ningún sector, medio de comunicación o partido político. Hasta que en el Reino Unido se resolvió una licitación para otorgar licencias de ese servicio por el sistema de subasta no se preguntaron por otras alternativas. Asimismo, nadie había manifestado ninguna objeción o crítica a la cantidad que se había fijado en el pliego. De hecho, 21.500 millones de pesetas por adjudicatario, pero como contribución financiera al Tesoro público que los adjudicatarios de las licencias debían abonar, efectivamente los 86.000 millones de pesetas, hasta que se otorgaron las licencias británicas. En este contexto incluso la Comisión Europea, antes de que se resolviera la subasta en el Reino Unido, consideró que exigir 21.500 millones de pesetas a cada uno de los operadores UMTS por licencia podía ser excesivo, solicitando información al Estado español al respecto. Si al conceder licencias el objetivo fuera recaudatorio, el sistema de subasta podría ser una fórmula, pero el problema es que la subasta no contempla ni un ritmo ni un volumen de inversiones que permitan implantar con la mayor rapidez, calidad y al mejor precio posible el servicio de telefonía móvil UMTS y para todos los ciudadanos. La detracción de cuantiosos recursos de los posibles futuros operadores a que podía dar lugar el sistema de subasta no aseguraría ni el ritmo ni el volumen ni la calidad en las inversiones que el Gobierno consideraba prioritarios y, por otro lado, no se podía descartar el hecho de que esta detracción de recursos a los operadores y, por tanto, el aumento sustancial

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en sus costes no se trasladara al consumidor en forma de mayores precios.
Para terminar, y atendiendo a lo que podía ser una preocupación de su interpelación que ha quedado explícita, quiero reseñar que el concurso para la adjudicación de licencias ha sido en todos sus términos abierto y transparente. Las adjudicaciones, como es bien conocido, se han hecho conforme a los criterios que se marcaron en el pliego de condiciones y que están principalmente especificados en la cláusula 16, de entre los cuales destacan la calidad de la cobertura radioeléctrica medida en extensión geográfica, los requisitos de cobertura geográfica a nivel del territorio, de cobertura de la población, niveles de intensidad, por tanto de campo y de calidad de la señal, niveles de coberturas de interiores, rendimiento espectral, radiobases instaladas, capacidad de itinerancia internacional de la red a instalar, número de puestos de trabajo permanentes a crear y su destino incluso en el caso de personas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades, así como la contribución al desarrollo del tejido tecnológico industrial nacional y, cómo no, el facilitar el acceso a Internet a todos los ciudadanos a precios asequibles y en condiciones asequibles. Asimismo de ellos se valoraba -así lo hicieron los propios concursantes- el que se garantizase el cumplimiento de los compromisos asumidos en las ofertas. Como se puede observar, estos criterios, además de ser los que van dirigidos a satisfacer más adecuadamente las necesidades individuales de las personas y las necesidades colectivas de la sociedad, son criterios objetivos, claros y susceptibles de ser cuantificados, de ser expresados en cifras y otras medidas comparables entre las ofertas de los distintos licitadores.


La señora PRESIDENTA: Señora ministra, le ruego que vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): En definitiva, el análisis en profundidad de las circunstancias de otorgamiento de las licencias UMTS lleva a la conclusión de que el concurso satisface la finalidad perseguida por el Gobierno español con dichas licencias. Señoría, le pido que no traslademos inquietudes innecesarias a la sociedad española, que históricamente ha acogido muy favorablemente la introducción de nuevas tecnologías y servicios, y que contribuyamos y avancemos desde el diálogo y el consenso más amplio posible para situar a España en el lugar que le corresponde.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no puedo por menos que afirmar que me siento defraudado ante una respuesta tan puramente formalista y que no ha entrado para nada en el fondo de mis requerimientos. Lo entiendo en parte porque usted estaba en el otro lado cuando esto se produjo.
Como es obvio usted pedía una licencia y el responsable fue el Gobierno al que usted todavía no pertenecía, pero por aquello de la sucesión de obligaciones supongo que usted -lo ha dicho aquí- asume completamente esa decisión y no nos da ninguna solución.
Le voy a comentar algunas cosas. Primero, dice usted que nadie puso en duda ese procedimiento. Yo le digo que sí: nosotros. Algún compañero de mi grupo parlamentario y yo personalmente pedimos en esta Cámara subasta, señoría. En segundo lugar, no es cierto que la tradición jurídico-administrativa en el sector de las telecomunicaciones se sitúe siempre en el concurso; no es verdad. El 16 de febrero de 1994, una solicitud de comparecencia de su grupo actual, el Grupo Parlamentario Popular, pedía -y compareció el señor Borrell- comparecencia para hablar de los aspectos básicos del inminente reglamento que regule las comunicaciones de telefonía móvil automática, así como del correspondiente concurso en régimen de competencia. ¿Sabe usted lo que significa eso? Eso es un concursosubasta. ¿Sabe usted en qué acabo? En que en el concurso se establecían unas exigencias básicas para la prestación del servicio -ahora hablaremos de ellas- y después un régimen competitivo de precios para la explotación de un bien de dominio público, que ganó Airtel. ¿Sabe usted por cuanto dinero, verdad? Por 80.000 millones de pesetas, para una tecnología con una potencialidad de desarrollo infinitamente inferior a las actuales. Es decir, que seis años atrás el Gobierno español (aunque luego los avatares de las decisiones de la Unión Europea obligaran a devolver esa cantidad, por otras razones, señora Mato), en aquel momento la segunda parte del concurso se resolvió con 80.000 millones de pesetas de recaudación para el Tesoro público español. Por tanto, uno, ha habido concursosubasta, y dos, nosotros pusimos en duda el procedimiento de subasta. ¿Que estamos de acuerdo con el proceso de apertura y liberalización de las telecomunicaciones? Claro. ¿Y en Inglaterra no lo están? ¿Que queremos que España esté a la cabeza y lidere ese proceso? Claro.
¿Pero sabe en qué lo vamos a liderar? En la multiplicación de las plusvalías de las empresas adjudicatarias de las licencias, si no ponemos remedio. Dígale a su compañero el señor Rato, que pasa por ser un mago de la economía, que ya puede anunciar algo, que las cuatro compañías adjudicatarias de estas licencias, cuando salgan a Bolsa, tendrán unas revalorizaciones superiores al mil por cien; se lo garantizamos. Lo dicen los analistas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Queremos que usted nos informe. Porque ¿de qué me sirve a mí que me hable de la cláusula 16, en la que efectivamente se exigía a cada compañía que optaba a

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la licencia el plan de inversiones, los precios, la cobertura territorial? ¿Pero cuáles son? si ustedes no lo han dicho, si esta Cámara no lo conoce, si todavía no sabemos, señora ministra, en qué período de tiempo los ciudadanos españoles van a disponer de esta tecnología. Sólo sabemos lo que dice esta orden: que antes del 1 de agosto del 2001 tendrán que estar cubiertas las ciudades de más de 250.000 habitantes, el 27 por ciento de la población española. ¿Sabe usted lo que ocurre en Inglaterra? Tendrá que estar cubierto el 80 por ciento de la población en el 2007. Aquí no hay ni siquiera exigencias para ello. Y dice usted: se ralentizarán las inversiones porque la licencia ha supuesto un precio caro en Inglaterra. Usted es economista. Si en Inglaterra las compañías han pagado un billón 300.000 millones por licencia y tienen un período de explotación de 20 años -en España serán 30-, ¿habrán de hacer las inversiones inmediatamente para poner el servicio en marcha y empezar a obtener rentabilidad de la inversión realizada o no habrán de hacerlo así? En consecuencia, con el sistema inglés se beneficiarán más rápidamente los usuarios ingleses que con el sistema español. (Aplausos.) Señora ministra, así es. Y aquí padeceremos, de no solventar y resolver este problema, un sistema mediante el cual serán las compañías las que decidan a lo largo de los 30 años de explotación de sus licencias cuándo invierten, cuándo dan cobertura a todo el territorio y cómo lo hacen. El interés público no ha estado bien defendido.
Le vamos a proponer en la moción dos alternativas: una, un informe para conocer si esta decisión -y espero que usted lo acepte- es lesiva a los intereses públicos, y dos, el establecimiento de un mecanismo para los que van a obtener fantásticas plusvalías -y esto no se acaba aquí, señora ministra, lo veremos en el resto de países europeos; lo veremos con Francia, con Italia, con Alemania y traeremos aquí los resultados de la recaudación de cada una de las adjudicaciones de licencias- y le pediremos que al menos corrija esta situación con la adscripción al servicio universal de una cantidad que suponga un tanto por ciento de la facturación bruta de estas empresas. ¿Para qué? Para repartir con equidad y con solidaridad los beneficios de esta tecnología, para garantizar que todos los españoles podrán acceder a ella cuanto antes y sin distinciones, y para garantizar, claro es, los legítimos beneficios de las empresas, pero también los de la administración pública...


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ... cosa que ustedes, con este comportamiento, no hacen. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, creo que ha de repasar un poquito la lección. Cuando usted se estaba refiriendo a subastas, concursos mixtos o concursos con competencia, realmente eran concursos en los que se contemplaba una posibilidad, y es que se pusiera un precio adicional, pero no era una subasta. El único elemento determinante no eran los precios, las preferencias de los operadores no se revelaban desde el punto de vista de los precios. Por tanto, eran concursos de otras características.


Respecto al que usted hace mención con tanto ahínco, y que posteriormente la Comisión Europea hizo devolver los 85.000 millones de pesetas, le recordaré que una de las entidades pagó y la otra no, con lo cual había unas reglas de juego de partida bastante curiosas.
Pero dejemos esta parte a un lado porque la historia es historia y hemos de tratar de construir y de avanzar. Le recuerdo que cuando el Gobierno convocó el concurso para el UMTS ya había salido la convocatoria en Inglaterra por el sistema de subasta, y en el propio pliego de condiciones y en la orden ministerial está recogida la posibilidad de impugnación del sistema de concurso y no se impugnó.
Vayamos al futuro. Existe un tema de fondo cuando hablaba del debate coyuntural, y luego entraré en lo que han hecho los operadores y cuáles son los requisitos, porque tengo buenas noticias. El nivel de exigencia, el nivel de cobertura, el nivel de compromiso, el nivel de inversión y el nivel de despliegue en el tiempo no tiene nada que ver con los 10 ó con los 20 años, se acerca mucho más a los cuatro años, tema que no es exigido en otros sitios. Además, con su ayuda podemos conseguir aquello que ocurrió en el período del GSM, en la generación del GSM, que es que consigamos que los productores de aparatos que aún no están en el mercado los avancen en el tiempo en el ámbito europeo y que además nos los pongan a precios muy asequibles. (Una señora diputada: Que los regalen.) Si me permiten, termino yo, que estoy en el uso de la palabra.
Me gustaría que recordáramos que el propietario del dominio público es la comunidad, la ciudadanía española, y que lo que debe guiar la acción del Gobierno es fundamentalmente la ordenación de su uso de acuerdo con los fines de utilidad pública, a los que tales bienes están destinados. Este es un tema de fondo, al que hacía referencia antes. No creo que sea una explotación patrimonial para obtener la mayor recaudación posible en el momento de concesión de las licencias. Este es un modelo que han utilizado otros países de acuerdo con sus fines y esta es la función que corresponde a este Gobierno.
Por lo que se refiere al empleo, le diré que el número total de empleos directos relacionados con los proyectos de los que estamos hablando suman más de 36.000 y los indirectos derivados de la contribución tecnológica

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industrial suponen otros 402.000. Otra cifra que creo que es de interés para conocer este grado de compromiso es el número de estaciones base a instalar que las empresas adjudicatarias han adquirido en el desarrollo de la red, llegando a un compromiso de instalación de más de 29.337 para el año 2004, cuando saben que en estos momentos los equipos y los terminales no están disponibles. Es decir, empresas que hoy no han terminado despliegues de red de GSM están ya comprometiéndose y antes de que existan terminales en el mercado están asumiendo el riesgo y avalándolo para tener un despliegue total en el año 2004, que no sería ni cuatro años. Además las empresas adjudicatarias, tal y como se establece en el concurso, garantizan el cumplimiento de estos compromisos con unos avales, en el caso de las inversiones, que superan más de 1,9 billones de pesetas en estos cuatros años.Además de estas inversiones, hay unos avales para los casos de incumplimiento de los compromisos adicionales, que son fundamentalmente los períodos temporales, de más de 500.000 millones de pesetas.
Quiero advertir que en este caso de lo que se puede dudar es que sea bueno para el conjunto de los españoles que quien resulte adjudicatario -y lo digo seriamente, creo que es un debate de fondo- tenga una mayor capacidad financiera inmediata, porque pueda acogerse al elevado precio pagado para justificar luego insuficiencias en su actuación o prestación de servicios futuros. Ya sabe aquello de: como he pagado mucho, voy a hacer lo que me convenga, y estoy convencida de que S.S. estaría en total desacuerdo con ello, como lo estoy yo.
Por tanto, entiendo que este es un tema de fondo, es un tema en el que ciertamente en el caso del Reino Unido ha habido una diferencia en las cifras recaudadas, pero lo que hoy no me parece admisible, ni ante esta Cámara ni ante la opinión pública, es que no se resalte la exigencia de inversión, de celeridad en el tiempo, de que los precios sean asequibles, de difusión de Internet en plazos cortísimos, tan cortos que dudo los haya en otros países hoy, como es el caso de Francia, que en el caso de que hagan un concurso -utilizando sus términos- con cierta competencia en los precios ya han avanzado que lo van a utilizar para financiar el déficit de la Seguridad Social.
Afortunadamente, nosotros hemos escogido, y esta es una opción del Gobierno, que se priorice -y creo que esta Cámara está de acuerdo- en las telecomunicaciones, en la difusión de éstas y más, como la tecnología digital de banda ancha, con la relevancia que tiene en Internet, en lugar de utilizarlo para otras prioridades, para las cuales hay otros instrumentos.


La señora PRESIDENTA: Señora ministra, le ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Voy concluyendo, señora presidenta.
Creo que en este caso está más que cubierto -y estamos dispuestos, por tanto, a un seguimiento detallado de ello- que esta tecnología llegue a todos los ciudadanos.
Le agradezco sus dos felicitaciones -sobre todo la primera, la segunda ya es de otra época- y quiero decirle que transmitiré a las empresas del sector que se les garantiza una salida a Bolsa con mucho éxito, por lo que estarán inmensamente satisfechas.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DEFENDER ANTE LA UNIÓN EUROPEA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS A LOS PRODUCTORES DE FRUTA SECA Y ALGARROBAS. (Número de expediente 172/ 000005.)

La señora PRESIDENTA: Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productores de fruta fresca y algarrobas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO GILI: Señora presidenta, señorías, señor ministro, en primer lugar quiero felicitarle por su reciente nombramiento y desearle suerte y éxito en esta nueva responsabilidad; éxito que sin duda redundará en beneficio de los hombres y mujeres que componen el sector agrario, ganadero y pesquero del Estado.
Permítame que una vez expresados, en nombre del grupo que represento, Convergència i Unió, nuestros deseos de suerte en su nueva singladura, entremos de lleno en el motivo de nuestra interpelación.
Interpelación que no va en contra de nadie sino tan sólo en defensa de un sector que está angustiado. Esta interpelación ha de servir para que, durante sus negociaciones con Bruselas, sepa que tiene el apoyo del grupo que represento y espero que también el de todos los grupos de esta Cámara, porque es mucho lo que nos jugamos.
Señor ministro, hemos presentado esta interpelación por vía urgente porque es un tema que nos preocupa mucho. La posibilidad de la pérdida de las ayudas de la Unión Europea al sector de los frutos secos, afectaría directamente a 20.000 familias sólo en Cataluña.
Además, no hay que olvidar que las 610.000 hectáreas que

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cultivan productos como la avellana, la almendra, la algarroba y la nuez, también afectan a otras comunidades como la valenciana, aragonesa, andaluza, murciana y balear, entre otras. Asimismo, alrededor de este cultivo hay un importante sector de comercialización, del que sólo en Cataluña viven más de 5.000 familias, sector que está expectante y preocupado ante la posibilidad de hundimiento del sector de la fruta seca.
En Cataluña son muchos los pequeños municipios agrícolas cuyo ingreso básico es el de este sector, y sus ayuntamientos y sus habitantes contemplan con la misma preocupación la problemática que ahora se les avecina. Quisiera pedirle, señor ministro, que el Gobierno y su Ministerio no caigan en el error de ver la solución en la reconversión del sector. No existe esa solución, dado que la tipología agrícola de la zona tan sólo podría derivarlo hacia la implantación del viñedo, el olivo o el cereal, y usted sabe que no es posible acometer nuevas plantaciones de viñedo, pues la OCM no otorga nuevos derechos, así como tampoco es posible hacerlo con los olivos ni con el cereal.
Quiero que, a través de mi interpelación, sepa que no sólo nos interesa que tenga claro lo que le he expuesto al principio de mi intervención, que tiene a nuestro grupo a su lado para defender los intereses de los agricultores durante la negociación con la Unión Europea, sino que, además de ser necesaria la continuación de las ayudas económicas al sector existentes hasta ahora, también hacen falta otras ayudas, ayudas a la renta y a la producción, así como más ayudas estructurales para la modernización de las explotaciones. Esto quedará fielmente reflejado en la proposición no de ley que presentaremos inmediatamente.
Curiosamente, estamos hablando de un producto en el que Europa es altamente deficitaria; no hay excedentes, señor ministro, no hay excedentes. ¿Qué sentido tiene recortar las ayudas económicas a las zonas productoras de frutos secos? Es cierto que estamos preocupados con esta amenaza de no proseguir con las ayudas económicas al sector de la fruta seca, porque supondría un drama económico, una angustia por su futuro que tienen en este momento miles de familias agricultoras, pero hay otro aspecto también importante que nos preocupa. La falta de ayudas comunitarias y la fuerte competencia de países como Turquía y Estados Unidos, con aranceles muy bajos en la Unión Europea, tal como usted reconocía ayer en sus declaraciones, llevaría al abandono de los cultivos, por tanto a la desertización de las zonas abandonadas. Cataluña tiene un 60 por ciento de masa forestal y no están lejanos los graves incendios sufridos que han castigado nuestros bosques. Si la respuesta de la Unión Europea fuera no seguir con la política de ayuda económica al sector, comportaría irremediablemente el abandono de los cultivos y tendríamos que ampliar esta masa forestal, con el consiguiente peligro de convertirnos en una zona de permanentes incendios.
Desde nuestro grupo parlamentario, que siempre ha demostrado una clara voluntad europeísta, no se entendería de ninguna manera que la política europea abandonase a un sector tan necesitado de ayuda como es el de los frutos secos. Por este motivo esperamos con verdadero interés, no sólo su respuesta a nuestra interpelación, sino el resultado de las reuniones de ayer en Bruselas, así como las líneas de actuación que piensa llevar a cabo para no perder estas ayudas.
Señor ministro, ha dicho usted ayer que nunca da por perdida una batalla. Los agricultores de Cataluña y del resto de las zonas de España afectadas confían en la sensibilidad de su gobierno y recaban una marcha atrás de la primera postura del ejecutivo comunitario, que llevaría a la ruina a un sector que durante diez años ha conseguido con su esfuerzo, no sólo producir frutos secos de calidad, sino también reorganizar el sector, pero ahora ve cómo todo su esfuerzo puede ser inútil, todo su esfuerzo puede irse al traste. Señor ministro, esta es una batalla que hay que ganar, pero hay que ganarla ya, porque nuestros agricultores necesitan tener la garantía para la continuidad del sector.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero agradecer al diputado señor Maldonado la oportunidad de introducir este debate, el tono constructivo de su intervención y el apoyo que me brinda de su grupo político en una batalla que es difícil, pero que es importante, primero librarla y en segundo lugar ganarla. El Gobierno es absolutamente consciente de la importancia económica, social y medioambiental que el cultivo de los frutos secos tiene en muchas comunidades autónomas, no sólo en Cataluña, sino también en Andalucía, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares. Somos conscientes de las dificultades que atraviesa el sector ante la desaparición en el mes de mayo de este año de los primeros planes de mejora de la calidad y comercialización y de las ayudas a tanto alzado para la avellana, contempladas en la organización común de mercado de frutas y hortalizas.
Este ministro se reunió la semana pasada con los representantes del sector, que me mostraron su preocupación y las alternativas de solución que ellos veían. Estoy seguro que con la colaboración del sector, así como con todos los grupos políticos representados en esta Cámara, seremos capaces de introducir en el debate europeo los elementos de convicción necesarios para vencer la actual resistencia de la Comisión Europea a prorrogar y mantener este régimen de ayudas, sin duda por las tensiones que viene experimentando la financiación

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de la política común agraria en el seno del presupuesto comunitario.
Hay que establecer, además, dónde están los problemas. Decía S.S. que la protección arancelaria de estos productos es muy baja, entre el 0 y el 5,8 por ciento de arancel. No podemos competir con países como Estados Unidos, que tienen unos rendimientos diez veces superiores a los nuestros, o países como Turquía, que tienen una mano de obra muy barata. Rendimientos altos y bajos costes de producción hacen que competir sea muy difícil sin un apoyo por parte de la Unión Europea.
Estamos ante un cultivo eminentemente de secano que por su variable rendimiento, baja productividad por hectárea y condiciones climáticas en que sedesarrolla, tiene unas condiciones más parecidas a los cultivos herbáceos que a las frutas y hortalizas. Y dice bien S.S.
Estos cultivos no admiten otra alternativa. El olivar no recibe ayudas a las nuevas plantaciones desde 1998, no cabe plantar viñedos si no se adquieren derechos y los cultivos herbáceos tienen la superficie de siembra contingentada. Es ser o no ser. Ese es el mensaje primero que le trasladé al señor Fischler en el día de ayer, que no estamos ante un problema baladí, estamos ante un problema que afecta a 600.000 hectáreas y, sobre todo, a 140.000 familias. Por lo tanto, que la Unión Europea no se puede lavar las manos ante un problema de esta envergadura. Eso le da a este ministro la convicción de defender los temas. Por eso este ministro ayer, en el debate del paquete de precios en la Unión Europea, en el que yo me estrenaba, como se ha estrenado usted en su discurso, que en el parlamentarismo británico se llama el maiden speech -le felicito por ese primer discurso, pues ayer estaba yo debutando en el Consejo de Ministros- hizo algo que no tenía preparado por mis colaboradores.
En el paquete de precios tenemos algunas discordancias con la Comisión, pero luego tenemos una serie de peticiones que el Gobierno español viene haciendo año tras año. Yo llevaba diez peticiones en la cartera, guardé nueve y concentré todos los esfuerzos políticos en una única: señalar que para España en el paquete de precios tiene que haber una solución al problema de los frutos secos, cambio de estrategia necesario. Porque además creemos que los planes de mejora han surtido efectos: se han aplicado sobre 433.000 hectáreas, han beneficiado casi a 140.000 agricultores y las ayudas son necesarias para la supervivencia del cultivo. Los planes contemplaban líneas de ayudas para el arranque y la reconversión varietal, para la mejora de técnicas de cultivo, para la mejora genética y ayudas para la gestión de parcelas y asistencia técnica y comercial. El problema es que en mayo de este año finalizan 22 de los 60 planes de mejora y los demás irán finalizando hasta el año 2006, en que desaparecerán todas las ayudas, que suponen casi 40.000 pesetas por hectárea. Calculen SS.SS.
la repercusión en la renta de los agricultores, y ayudas que han alcanzado incluso 95.000 pesetas por hectáreas en casos de reconversión varietal. Los planes de mejora han permitido la subsistencia del sector, pero no han conseguido hasta la fecha situarlo en condiciones de competitividad suficientes para afrontar unos mercados totalmente abiertos. Y si no hacemos algo, el mercado internacional quedaría casi en una situación de monopolio u oligopolio, con un único proveedor de almendra, los Estados Unidos, y un único proveedor de avellana, que sería Turquía.
Coincido plenamente con S.S. en que la desaparición de un régimen de ayudas implicaría gran abandono de superficie cultivada y afectaría negativamente al tejido agroindustrial y comercial construido sobre estos productos. Hasta 1999 España ha recibido 120.000 millones de pesetas, aproximadamente 13.500 millones/ año. Ahora mismo, en el Ministerio estamos realizando estudios del presupuesto comunitario, de la evolución, de la situación por las diferencias de precio entre el euro y el dólar, para ver cuál puede ser el margen de maniobra que podamos encontrar dentro del presupuesto comunitario para, desde el punto de vista técnico, sustentar nuestras pretensiones. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El Gobierno ya ha planteado a la Comisión Europea, al Consejo de Ministros de Agricultura, la necesidad de apoyos permanentes que permitan el mantenimiento y la mejora de la productividad. Y cuando la Comisión presente al Consejo, antes de finales del año 2000, el informe evaluando el funcionamiento de la organización común de mercado de frutas y hortalizas y las propuestas de reforma del sector, entiende el Gobierno que es el momento procesal en que hay que hacer un planteamiento de futuro concreto y permanente para el sector. Yo creo que el pasado nos tiene que hacer ver que los planes de mejora para diez años no han sido suficientes y que hacen falta mecanismos distintos en el seno de una organización común de mercado.
Mientras se define una nueva organización común de mercado de frutas y hortalizas, el Gobierno va a seguir insistiendo en la necesidad de prórroga de las ayudas hasta que se reforme esto. Lo planteó mi antecesor el pasado 17 de marzo, lo planteé ayer directamente al comisario Fischler y lo planteé en el Consejo de Ministros. Por tanto, no dude S.S. de que el Gobierno realizará todas las actuaciones necesarias para garantizar la permanencia de estos cultivos a nivel comunitario, y a nivel del Estado español, en concurrencia con las comunidades autónomas, y sobre todo para asegurar la renta de las familias que de ellos dependen. Yen esta tesitura lo que más agradezco es el apoyo de todos los grupos políticos para consensuar una posición unitaria que robustezca la defensa que de estos planteamientos podamos hacer el próximo mes de junio en Luxemburgo, en el Consejo que apruebe el paquete de precios.
Yo creo que es la ocasión de intentar forzar una medida que garantice la viabilidad de estos cultivos y el futuro del sector.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Maldonado.


El señor MALDONADO GILI: Gracias, señor presidente.


Permítame, señor ministro, que le agradezca sus palabras y el contenido de las mismas. Intuyo que en este tema podremos andar el camino juntos, ya que veo que en el contenido de mi interpelación y en el de su respuesta hay más aspectos que nos unen que los que nos separan.
Le animo a seguir por este camino: el de reivindicar más ayudas para un sector que, de lo contrario, entraría en una profunda crisis que desembocaría en su total desaparición. Tiene una gran oportunidad para conseguir en su primera gestión ante las autoridades europeas que un sector que ha perdido un 31 por ciento de su renta pueda mirar el futuro con gran esperanza. A la vez, el resto de agricultores, ganaderos y pescadores españoles podrán observar la sensibilidad del nuevo ministro de Agricultura.
Lo contrario supondrá la falta de sensibilidad de la Unión Europea, pero también un grave tropiezo del ministro español, que podría poner en entredicho futuras negociaciones importantes a las que tiene que enfrentarse España durante esta legislatura. Estoy seguro de que este no será el caso y de que su defensa será tan contundente como efectiva. Hay que recordar a la Comisión Europea que este es un problema social y medioambiental y que la Unión Europea nació para proyectar la prosperidad de Europa hacia el futuro y no para orquestar medidas que hundan a miles de familias de una zona agrícola en la miseria. También debe recabar el apoyo de todo su Gobierno para hacer frente común antes las autoridades europeas. Así lo han hecho otros países europeos ante problemas que ponían en entredicho el futuro de determinados sectores agrícolas. Tan solo la contundencia de los gobiernos afectados consiguió solucionar el problema.
Vaya, señor ministro, a Bruselas; vaya a ganar la batalla, como ayer decía; vaya con contundencia y con vehemencia y vaya con la ilusión de poder salvar un sector importante de nuestra agricultura. Desde aquí seguiremos muy de cerca sus gestiones y sepa que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha fijado la solución de este problema entre los objetivos prioritarios de esta legislatura.
No acepte el intercambio de cromos. Europa puede pedirle que priorice entre determinados problemas que tenemos. Antes nos ha dicho amablemente que, de diez, priorizó éste. Es lo que ahora se necesita.
Ahora, hoy, señor ministro, hay que defender el sector de los frutos secos; mañana, los otros. Con esto veremos que para el Gobierno español no hay agricultores de segunda y habremos dado un paso importante para conseguir un país justo y próspero por el que todos luchamos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Maldonado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, señorías, quiero reiterar mi agradecimiento por la oferta de colaboración y transmitir a la Cámara el mensaje siguiente. Estamos en este momento en la Unión Europea en una situación muy distinta de la de períodos anteriores. Con el período de inminente ampliación en la puerta, las tensiones presupuestarias son muy distintas de las de épocas anteriores. Yo he vivido trece años de la construcción europea en los que, cuando se planteaban debates agrícolas, el dinero no era lo fundamental; lo fundamental era buscar el acuerdo de los Estados sobre cómo se repartían cantidades de dinero que estaban disponibles.
A partir de este momento, siempre tendremos unas perspectivas financieras y unos techos de gasto que van a hacer enormemente compleja no sólo la situación de este sector, sino todas las reformas de organizaciones comunes de mercado que vengan. Por tanto, es fundamental priorizar. Lo que hizo ayer el Gobierno, señor Maldonado, fue priorizar de manera excluyente entre diez peticiones. No podemos cambiar cromos porque los hemos tirado todos y sólo tenemos uno: tenemos los frutos secos encima de la mesa. Nos hemos jugado todo a una carta y lo hemos hecho con la convicción de que hay sectores que pueden ir mejor o peor, de que si hay una reducción de las ayudas directas en cereales puede haber un problema de reducción de renta o no, pero en este sector estamos hablando de desaparición de cultivo, de desertificación, de abandono y de falta de alternativa.
Por tanto, creo que tenemos argumentos importantes que hemos procurado trasladar a nuestros colegas europeos, todos con escasa sensibilidad para los problemas de los demás y con enorme sensibilidad para los propios. Pero en ese debate, en esa conjunción de intereses, en esa construcción de una Europa más próspera y más justa creo que tenemos elementos suficientes para que podamos articular, primero, soluciones transitorias, y desde luego tratar de conseguir soluciones definitivas.


Cuando se discutió la pasada reforma de la organización común de mercados no logró el Gobierno español garantizar la viabilidad del sector en el seno de la misma, porque el fondo de operaciones tenía muy poco volumen para estas producciones y no era suficiente. Creo que ese es el gran reto que tenemos por delante: plantear en la reforma definitiva un mecanismo que permita la viabilidad permanente y la competencia con nuestros competidores más próximos, con Turquía y Estados Unidos, y la garantía de supervivencia de este cultivo y de la industria anexa al mismo.


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Por tanto, puede tener la seguridad el señor diputado y el grupo que él representa que va a ser una prioridad del Gobierno, que estamos trabajando durante todo este mes a todos los niveles. Yo he mantenido esta mañana en Bruselas con los gabinetes de varios comisarios los contactos pertinentes, y no sólo con el comisario responsable de Agricultura, sino con otros comisarios responsables de otras carteras, para tratar de influir en una decisión final; he hablado también con el director general de Agricultura, he hecho todos los esfuerzos que se pueden hacer para exponer las razones que nos asisten, que son importantes, que son justas y que deben ser atendidas. Espero que nos asista también un poco la suerte, que siempre es bienvenida.
Por tanto, señor diputado, agradezco la colaboración de su grupo, espero el resultado de la proposición no de ley que van a presentar y me gustaría que el mayor número de grupos pudieran suscribirla, porque eso dará más fuerza a nuestras posiciones al contar con el aval de esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Sabaté, por el Grupo Socialista.


El señor SABATÉ IBARZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, quiero, en primer lugar, dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de la pequeña trampa y descortesía parlamentaria que supone hoy su comparecencia en la Cámara, señor ministro, que agradecemos, pero que no debería repetirse en las formas. Se la perdonamos pero nos la apuntamos, porque si se nos aseguró primero que hoy no iba a estar aquí, no pueden a hurtadillas pactar usted o sus colaboradores con otro grupo su presencia sin que el resto de grupos parlamentarios lo sepamos y no podamos actuar en consecuencia. Le pedimos que dé las órdenes oportunas para que esto no se pueda y no se vuelva a repetir.
Pero lo que nos trae hoy aquí es otra cosa, hablar del sector de los frutos secos en cuya importancia no es necesario abundar. Este sector representa en el conjunto de España más de 600.000 hectáreas. Su cultivo se localiza en el 95 por ciento en superficie de secano, en zonas en las que no existe alternativa y donde juega un papel importante la conservación del medio ambiente. Particularmente importante es en mi circunscripción, donde supone un 23 por ciento de las áreas de cultivo entre almendras y avellanas, aproximadamente 57.000 hectáreas. Además, paradójicamente, siendo la Unión Europea claramente deficitaria importamos almendras de Estados Unidos y avellanas de Turquía. Pues bien, a pesar de esta paradoja todos sabemos que el sector productivo español no puede ni podrá en el futuro hacer frente a la competencia de los mismos. En consecuencia, el mantenimiento de las ayudas aprobadas por la Comisión Europea en 1989 es imprescindible para mantener y asegurar una renta a los agricultores. Además -ya se ha dicho aquí también-, porque podría suponer el abandono y la desaparición de los cultivos, con graves consecuencias de carácter ambiental y socioeconómico, con efectos sobre el territorio y sobre la actividad en el mundo rural. Pero estas ayudas, tan denostadas en el pasado por algunos y tan necesarias ahora, concluyen y el sector ha llevado a cabo estas últimas semanas movilizaciones masivas en Lleida, Murcia, Tarragona, por poner sólo unos ejemplos; movilizaciones que reclaman justamente una solución porque no se aprecia ninguna alternativa a corto plazo que contemple la continuidad de las ayudas dirigidas al sector de los frutos de cáscara y las algarrobas y, por tanto, que aseguren el mantenimiento de las rentas.
En este momento, señores del Gobierno, no pueden poner como excusa el pasado, cuando ahora todos alaban las ayudas logradas por el Gobierno socialista. Han tenido cuatro años para prevenir las consecuencias negativas que pueden derivarse de la finalización de las ayudas, cuatro años de excesiva autocomplacencia y de poca visión de futuro del Gobierno y de quienes le han dado su apoyo. Y no será por falta de advertencias desde los bancos de la oposición, en particular de nuestro grupo. Recuerdo la moción que presentamos en esta Cámara en 1996, cuando pedíamos, precisamente en relación con los frutos secos, mantener el régimen específico en la organización común de mercado de frutas y hortalizas, proponer la continuidad de las ayudas actuales más allá del horizonte para el que estaban previstas, establecer, por fin, mecanismos de defensa de nuestras producciones en el mercado comunitario para el conjunto de los frutos secos y en particular para las avellanas mediante ayudas a la renta y exigencia de certificados de importación. Pero ustedes, por boca de la ministra de entonces, saludaban de esta manera la reforma de la OCM de frutas y hortalizas de 1996, que no reconoció, como acaba de decir usted hace pocos instantes, las especificidades de las producciones de frutos secos.
Decía la ministra: La extensa descripción de los aspectos positivos que contiene el enfoque de la reforma, así como las sensibles mejoras incluidas en el texto final, muchas de ellas debidas al posicionamiento y defensa que la representación española ha realizado del sector, son criterios suficientes para justificar el voto favorable de España en esta reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Así transcurrió la legislatura, incluso al final de la misma el ministro Posada decía en esta Cámara, el 1 de diciembre de 1999, hace apenas cinco meses: Puedo asegurar que el Gobierno está preparando, y ahora diré cómo, toda una panoplia de medidas para cuando llegue en el año 2000 la evaluación por la Comisión del funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas dar labatalla para que esos planes de mejora para los frutos

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secos y algarrobas continúen. Y acabó diciendo: Esa batalla la veo con optimismo. Repito que era el 1 de diciembre de 1999 y la autocomplacencia y el optimismo se han convertido en alarma y en pesimismo.
Señor ministro, usted estaba entonces en otros menesteres, pero ese era el panorama que contemplaban sus compañeros hasta hace muy poco.
Esta mañana nos hemos enterado por la prensa de que usted pidió ayer en Bruselas el mantenimiento de las ayudas a los productores de frutos secos en la próxima reforma de la organización común de mercado de frutas y hortalizas, que se mantenga el esquema actual de ayudas un año más, hasta la puesta en marcha de la reforma, y que ha declarado que es necesario mantener el mismo esquema de ayudas a esos cultivos o introducir otro tipo de subvenciones que garanticen la competitividad de los productores. Pues bien, señor ministro, le vamos a prestar nuestro apoyo, ¿cómo no íbamos a hacerlo? No podemos ser tan insensatos como para negárselo, no vamos a tratarle de pedigüeño para que no se sienta mal cuando llegue a Bruselas a negociar, pero sobre todo para no perjudicar al sector. Pero este va a ser un apoyo crítico y un apoyo vigilante, porque recelamos...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Sabaté, le ruego que concluya.


El señor SABATÉ IBARZ: Termino, señor presidente.


Recelamos de la prórroga cuando la reivindicación del sector en estos momentos es la ayuda directa a la renta y porque hasta ahora no nos han demostrado ustedes que sean eficaces en la defensa del sector.
Cuente, pues, con este apoyo, aunque no sea incondicional, y exhíbalo, si lo desea, en Bruselas, que buena falta le va a hacer.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Sabaté.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, debo decir que me ha sorprendido la intervención del portavoz del Grupo Socialista porque ha utilizado las palabras trampa y descortesía. Y mire, señor presidente, cuál es la situación real: El Consejo de Ministros de la Unión Europea tenía prevista una duración de dos días para discutir la organización común de mercado del lino y del cáñamo y para discutir el paquete de precios más la ampliación. El Parlamento Europeo no se pudo pronunciar el martes sobre el lino y el cáñamo y el Consejo se acortó. Estando yo en el Consejo y viendo que el orden del día iba a ser sólo de un día, entendí que mi deber como ministro era venir aquí a dar la cara en una interpelación sobre un asunto que preocupa a los ciudadanos. He pedido venir, esta mañana he estado en Bruselas y ahora estoy aquí. No creo que sea ni descortesía ni trampa, sino ponerme al servicio de esta Cámara en la función de control que un grupo parlamentario ha querido ejercer.
Por tanto, yo no puedo admitir esos calificativos. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.) Respeto al señor parlamentario, pero creo que aquí no ha habido ninguna trampa. Yo no sabía que el Parlamento Europeo no iba a dar su dictamen. Preveíamos un Consejo de Ministros, como siempre, de dos días con noche maratón, y bilaterales; no ha habido bilaterales y no ha habido dictamen del Parlamento Europeo. Había comunicado la ausencia porque creía que iba a estar ausente, cuando vi que podía estar presente lo comuniqué y he estado dispuesto a comparecer aquí. En primer lugar.
En segundo lugar, aquí se han hecho una serie de valoraciones y se ha hablado de las movilizaciones. Me parece que las movilizaciones son legítimas, pero lo que sí le puedo decir al sector es lo que le dije, que este ministro no se va a sentir más impresionado porque haya más o menos movilizaciones en la calle, estoy impresionado por la gravedad económica y social del problema. Estoy sensibilizado y pienso trabajar para solucionarlo. Los agricultores pueden hacer lo que quieran y pueden expresar sus opiniones de la forma que quieran, pero a este ministro ya le han convencido. Ahora este ministro tiene que convencer a las autoridades de la Comisión Europea.
Se ha criticado la organización común de mercado de frutas y hortalizas. Para criticarla hay que ser ecuánime. ¿Qué había antes? Un sistema del que no se beneficiaban nada los agricultores españoles; ¿qué hay ahora? Unos fondos de operaciones donde nos llevamos la tajada del león. Han cambiado las cosas en España, hay organizaciones de productores que han mejorado sustancialmente sus problemas de comercialización.


Un tema que se tiene que saber aquí es que cuando la Unión Europea hace muchos años planteó la posibilidad de las ayudas directas el Gobierno de entonces no las quiso, quiso planes de mejora, y esos planes de mejora no vencen hasta el año 2000. Es decir, todos los agricultores de frutos secos este año cobrarán sus ayudas. El problema se nos plantea en el 2001, y el Gobierno no ha hecho nada no por inercia o por vagancia, no lo ha hecho porque el momento de hacerlo es cuando se aborde la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, que empezamos en el mes de septiembre y terminaremos en el mes de mayo del año 2001. Por tanto, nosotros vamos a plantear en el seno de esa OCM una estrategia distinta, una estrategia de apoyo.
Entretanto, queremos garantizar los mecanismos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro, vaya terminando.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, creo que el Gobierno ha hecho los deberes bien y en el momento, ha respondido al sector cuando le han pedido que se reúna y ha venido a esta Cámara cuando ha sido interpelado por un grupo político. Por tanto, señor presidente, creo que hemos cumplido con nuestra obligación. (Aplausos.- La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, quiero aclararle al señor ministro que si no ha habido descortesía, lo que ha habido en el Gobierno ha sido descoordinación, al menos respecto a nuestro grupo. Sabe el Gobierno, porque le consta y lo ha hablado con nuestro grupo, que nuestro grupo se enteró de la asistencia del señor ministro ayer por la tarde. Por tanto, el señor ministro...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Cunillera, le pediría por favor que me dijese por qué pide la palabra.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Pido la palabra porque el señor ministro ha dicho que no aceptaba las palabras del representante de nuestro grupo, palabras ajustadas a lo que había sucedido.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): En cualquier caso, señora Cunillera, si me permite y con todos los respetos, el señor ministro ha contestado a la primera parte de la intervención del señor Sabaté diciendo por qué el señor ministro estaba hoy cuando al principio parecía que no iba a venir. Es verdad que en su intervención ha contradicho parte de la intervención del señor Sabaté. Si es por esa segunda parte, le rogaría al señor Sabaté que en cualquier caso consuma un turno de un minuto para replicar al señor ministro. Pero la primera parte creo que ha quedado clarísimamente expuesta por el señor ministro.
Gracias, señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Sí, pero no ha quedado claro, señor presidente, lo siento, que nuestro grupo no supo de la asistencia del señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Si le parece, si el señor Sabaté lo cree oportuno, tiene la palabra por el tiempo de un minuto.


El señor SABATÉ IBARZ: Simplemente mantengo mis palabras y la opinión del grupo, que no es una opinión mía: no se nos informó de que el señor ministro iba a venir en el momento oportuno y no hemos podido ajustar el orden del día y nuestras iniciativas parlamentarias a ese supuesto, que es el que se tenía que dar en cualquier momento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor presidente, señorías, en primer lugar, lamento que el cumplimiento estricto del control por parte del ministro esta tarde asistiendo a esta sesión molestara de esta forma al Grupo Socialista. Nosotros creemos que es lo que tiene que hacer y que la sesión de control es para que los ministros prioricen y estén presentes para dar explicaciones sobre aquellos temas que como el del fruto seco ocupan y preocupan al conjunto de los ciudadanos. En este sentido, nosotros pensamos que su actitud es meritoria de todo tipo de halagos y por eso felicitamos al señor ministro y agradecemos que haya venido esta tarde aquí a dar explicaciones.
Yo no voy a insistir en la importancia que tiene el sector de los frutos secos para las zonas de la cuenca del Mediterráneo -se ha hecho suficientemente aquí-, tampoco voy a insistir en todos aquellos aspectos que definen el problema. Por el contrario, nunca está de más -y eso sí lo voy a hacer- agradecer el tono y la colaboración que el grupo proponente, el grupo que ha interpuesto la interpelación, ha tenido a la hora de exponer sus argumentos. Y es que, señorías, el asunto, desgraciadamente, no es nuevo, si bien tampoco resulta novedosa, afortunadamente, la sensibilidad que viene manifestando el Gobierno de cara a la solución del mismo.
Coincidiendo también, como ahora, con el inicio de la legislatura, el verano del año 1996 fue especialmente intenso para el sector de la fruta seca y en especial para la avellana. La caída de precios, los valores inalcanzables de productividad y competitividad de otros países productores, los acuerdos preferenciales para las exportaciones americanas de almendras y turcas de avellanas y las políticas arancelarias derivadas de los acuerdos del GATT llevaron al sector al filo de su propia subsistencia, con el riesgo socioeconómico y medioambiental que ya se ha citado y que lleva asociado todo este tipo de problemática.
Ante esta situación, el sentido común llevaba directamente a comprender y a asumir los posicionamientos, que no las actitudes, algunas de ellas y en algunos casos, de quienes venían soportando cotidianamente la crisis, los productores. Y si en el ámbito de la sociedad, de la calle, poco más se podía hacer que apoyar y responder a los llamamientos del sector, desde las administraciones era obligado trabajar con firmeza hacia la búsqueda de soluciones.
Y precisamente esto es lo que se hizo desde el Gobierno del Partido Popular. Todos recordamos las

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intensas negociaciones, la firmeza, la contundencia, sobre todo la convicción, con que la ministra en aquellas épocas, Loyola de Palacio, llevó las negociaciones en el seno de la Unión Europea, y los resultados allí estuvieron. Esa actitud firme y decidida del Gobierno, también el compromiso de las comunidades autónomas afectadas y la confianza del propio sector llevaron a la consecución dentro de la OCM de frutas y hortalizas del mantenimiento de determinadas ayudas que han alejado del abismo al sector en las últimas campañas, por cierto, ayudas que en su momento fueron criticadas por parte del Grupo Socialista y mira por dónde ahora el Grupo Socialista sí quiere recordar el pasado, cosa que en otros temas y en otros momentos siempre ha intentado rechazar, y ha querido recordar el pasado para atribuirse la titularidad o la propiedad o el éxito de las ayudas de los planes de mejora que en su época se hicieron. Totalmente de acuerdo, así fue por la fecha, pero también debe recordar el Grupo Socialista que quizás el fruto seco, quizás la avellana no corrió mejor suerte porque la negociación en su momento para introducirla en la OCM de frutas y hortalizas fue un escandaloso fracaso por parte del ministro de turno, por parte del socialista en aquellas épocas el señor Romero.
Pero vayamos al presente, a lo que en realidad nos ocupa, y es que si la finalización en la presente temporada de las ayudas de los planes de mejora ha vuelto a reavivar el problema, como decía, no es menos cierto que la actitud del Gobierno no se va a modificar un ápice con la mantenida en la crisis anterior a la que he hecho referencia. Ayer mismo tuvimos buena prueba de ello. La firmeza en la forma y la clara asunción de los planteamientos de los productores como fondo constituyeron el denominador común de la actitud del ministro en la reunión previa con el comisario, señor Fischler, que tuvo antes del Consejo de Ministros. De ahí han quedado dos aspectos perfectamente claros: primero, el cumplimiento de los compromisos que adquirió con los productores en la reunión conjunta que celebraron la semana pasada y, segundo, la firme convicción de que tanto la influencia del sector sobre el territorio, la falta de cultivos alternativos y la competencia despiadada de Turquía y Estados Unidos son argumentos más que contundentes para incidir en la sensibilidad de los que tienen la enorme responsabilidad de construir la política común europea.
Claramente sentadas estas premisas, entraremos en un nuevo proceso de negociación, en el que, no nos engañemos, vamos a confrontar, por un lado, el posicionamiento del Ejecutivo...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ricomá, le ruego vaya concluyendo.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Concluyo, señor presidente.
Vamos a confrontar en estas negociaciones, como decía, el posicionamiento del Ejecutivo sobre la necesidad y la más que probada justificación de prorrogar las ayudas correspondientes y, por otro, una visión mucho más teórica y desafectada de la Comisión Europea fielmente representada por el pragmatismo de su titular, el señor Fischler, viejo conocido del campo español, y tampoco hay que olvidar el desinterés hacia el sector de la mayoría de países miembros, negociaciones que entendemos requieren tranquilidad suficiente para ir madurando en el seno de la Comisión todo lo que hemos venido hablando de la importancia y de las consecuencias y del peligro que conllevaría la desaparición de este sector. En este sentido resulta muy acertada la estrategia definida por el ministro de solicitar prórroga, para intentar en un futuro obtener aquellas mejoras estructurales como solución definitiva dentro de la reforma de la OCM.
Por todo ello, por el conocimiento a fondo del problema, por la creencia de que el ámbito supera meramente el agrícola, por la convicción de los importantes efectos negativos que la falta de soluciones conllevaría, por la apuesta convencida sobre la utilidad de los planes de mejora y, por qué no decirlo, también por las declaraciones del ministro diciendo que no darán la batalla por perdida, son aspectos todos que generan en el Grupo Parlamentario Popular confianza sobre el rigor con que el ministro está abordando esta cuestión, hecho que ha sido valorado muy positivamente por la mayoría de organizaciones de productores, a los que desde aquí les quiero agradecer tal actitud, y circunstancia que genera grandes expectativas cara a las finales que afrontará el fruto seco y que se tienen que jugar en Portugal y Luxemburgo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ricomá.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA REDUCIR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 172/000004.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país.
Tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señoras diputadas, señores diputados, el pasado 1º de mayo la lucha contra los accidentes laborales fue uno de los elementos principales que presidieron todas las manifestaciones que hubo en este país. Vamos a recurrir a la historia reciente y a utilizar algunos argumentos que se dieron ya en estaCámara en la Comisión de Política Social y Empleo o

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en el mismo plenario no hace mucho para reforzar nuestras tesis, nuestras argumentaciones de la propuesta que vamos a hacer previsiblemente la semana que viene a través de una moción.
En septiembre del año 1997 se producía un debate en la Comisión de Política Social y Empleo, el en aquel momento secretario de Estado, señor Pimentel, reconocía que había habido muchos avances en la creación de puestos de trabajo, en el empleo, pero que, al mismo tiempo y de forma contradictoria, se había producido un aumento importante de los accidentes laborales. Argumentaba que en 1996 había habido casi tres muertos al día y que en los seis primeros meses de 1997 estos accidentes laborales con muertos habían aumentado casi un 7 por ciento en relación con los mismos meses del año 1996; que el número de accidentes por cada mil trabajadores asalariados era de 32 en los seis primeros meses de 1997 cuando en los seis primeros meses de 1996 había sido de 31, y que los accidentes por mil asalariados habían sido, en 1996, del 43,5 en los trabajadores que tenían contrato indefinido y del 104, casi 105, en los trabajadores con contrato temporal. Por tanto, ya tenemos un primer elemento del problema: contratos indefinidos, estables, determinados derechos reconocidos y aplicados más que en otros contratos y contratos temporales, con una gran precariedad y un gran peligro, como se ve, para la seguridad e higiene en el trabajo; en este caso, seguridad con muertos, con gente tullida que queda por el camino.
El señor Pimentel mostraba una gran preocupación. Decía que en 1995 se había aprobado la Ley de prevención de riesgos laborales, que abría en nuestro país una expectativa de creación de una cultura sobre la prevención de los accidentes laborales. En octubre de 1996 se creó una Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el señor Pimentel continuaba argumentando que debíamos tener un edificio normativo adecuado para formar -para formar gente, para formar empresarios y da la impresión de que no se ha avanzado mucho en ese terreno, ya que los datos demuestran que el 80 por ciento de los empresarios no se han enterado de que existen estas leyes, estas normativas-, para divulgar -en la misma línea, aquí hay un agujero negro importante por parte del Gobierno- e informar; es decir, formar, divulgar e informar. Como Gobierno -continuaba Pimentel- y como Administración tenemos que hacer cumplir la ley. Y lo decía con énfasis porque él llegaba a la conclusión de que era un problema serio en nuestra realidad y decía que, a partir de ahí, iban a actuar «con contundencia» -son palabras de Pimentel- «en la lucha contra el incumplimiento de la normativa, dando un nuevo impulso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social». En aquel debate -septiembre de 1997-, nuestro diputado Pedro Vaquero decía, con comprensión hacia la buena voluntad del secretario de Estado de Trabajo, pero al mismo tiempo con escepticismo, que sí, que había mucha preocupación del Gobierno, que había mucha modificación de la Ley de inspección del trabajo, pero que no habían aceptado enmiendas de los diversos grupos, y en concreto de Izquierda Unida, para que los representantes de los trabajadores fueran cooperadores activos, in situ, dentro de la empresa, de las visitas inspectoras que se hacen, porque, claro está, hecha la ley, hecha la trampa. El empresario que sabe que van a hacer una inspección, inmediatamente arregla las cosas, retira los muertos, los tullidos, los accidentes leves incluso y dice que en su empresa todo funciona perfectamente.
No se ha incrementado -decía nuestro diputado Pedro Vaquero- la plantilla de inspectores. Primera pregunta que le hago, señor ministro: entonces, en aquel debate, había 516 inspectores en toda España, ¿cuántos hay ahora? Yo no lo sé; habrá más, pero, en todo caso, de momento no han demostrado mucha eficacia. Y seguramente que ellos lo hacen bien, seguramente el problema parte de otra realidad.
Las competencias de las comunidades autónomas, reiteraba nuestro diputado, no impiden, no deben impedir, no pueden impedir la verificación del cumplimiento de la legislación, porque el Estado, el Gobierno del Estado y la Administración del Estado tienen la obligación de velar para que el conjunto de las leyes básicas del Estado se cumplan en todas partes, en cada una de las comunidades autónomas. Y añadía nuestro diputado Pedro Vaquero como algunas de las causas para el debate que se había intensificado la dureza laboral en las empresas; se habían intensificado los destajos, con los peligros para la salud laboral y para los accidentes laborales de las empresas; que se habían incrementado las horas, extras o no, pagadas o no como extras, muchas veces horas extras que eran pagadas como horas normales; que se habían intensificado los contratos temporales, los estacionales y los precarios, y que todo ello, decía (incluso relativizaba la frase para no hacerla tan contundente y por esto yo hablaba de comprensión), puede ser elemento de incremento de accidentes.
En febrero de 1998, más de medio año después, Javier Arenas, ministro de Trabajo y Seguridad Social presente en el debate, constata un nuevo aumento de accidentes laborales en 1997, con repercusión importante en todos los accidentes, los graves, los leves, los accidentes con muerte. Decía: se han producido 688.000 accidentes con baja, un 10 por ciento más que en 1996; 1.090 de estos han sido mortales y 345 durante el trayecto, in itinere. Y se decía en este mismo debate (creo recordar que había planteado la interpelación el diputado Peralta, del Grupo Mixto) que en España había un inspector por cada 27.000 asalariados, cuando en países referentes para el tema de la lucha contra la siniestralidad laboral, como Dinamarca o Finlandia, había un inspector por cada 5.000 asalariados. Se remarcaba justamente en esta intervención de nuestro diputado Pedro Vaquero, que el presidente Cuevas y otros dirigentes de la CEOE, la organización delgran empresariado, sólo hablaban de abaratamiento de

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despido, de reducción de cuotas a la Seguridad Social, pero nunca se les ocurría hablar de los accidentes laborales, seguramente porque éste no era su problema, no era su drama, no lo vivían en términos directos como lo viven los trabajadores y sus familias. Javier Arenas era capaz de reconocer, como ministro de Trabajo y Seguridad Social, la realidad: que había más accidentes, más muertos, más tullidos y más gastos de la Seguridad Social. Pedro Vaquero, nuestro diputado, volvía a preguntar, esta vez con tensión dramática y espíritu constructivo: ¿No tendremos que convenir que los destajos, la prolongación de la jornada y las horas extras producen fatiga y sobreacumulación de trabajo en unos mientras otros están en el paro, no tienen un puesto de trabajo? Ahí está la madre del cordero, señor ministro, ahí está la madre del cordero, de verdad. El grado de educación y coerción aplicado hacia toda la sociedad, hacia empresarios, trabajadores, sindicalistas, hasta ahora no sirve, y no sirve por una razón elemental: no es un problema de voluntarismo piadoso ni tampoco es un problema de buena fe, de trabajar en esta línea para intentar solventar este gravísimo problema; es un problema de explotación, de sobreexplotación y de pitorrearse de los derechos naturales y legales de la gente si estos derechos no dan beneficios, y como no dan beneficios estos derechos, por tanto hay una eliminación o un no tener en cuenta toda una serie de normativas de salud laboral y de prevención de accidentes del trabajo, que no se ponen en marcha, naturalmente, porque esto no rinde beneficios.
Naturalmente, al lado están la desidia, el ahorro de costos, la precariedad y la flexibilidad en los empleos, la eventualidad, la existencia de empresas de trabajo temporal y el hecho de que en nuestro país muchos trabajadores ni tan siquiera se atreven a defender sus derechos, sean naturales como el derecho a la vida, o legales como muchas de las leyes que se han aprobado en este Parlamento, y debo reconocer que se han aprobado; pero repito, muchas veces hecha la ley hecha la trampa. Esto es lo ocurrido en 1996 y 1997. ¿Qué pasa en 1999? ¿qué realidad tenemos en ese año? ¿hemos avanzado hacia la superación de estos problemas?

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le ruego vaya concluyendo.


El señor FRUTOS GRAS: Intentaré acabar, señor presidente.
En 1999 no sólo no se reducen los accidentes laborales sino que aumentan. Decía el señor Pimentel en 1996 que había tres accidentes mortales diarios. En 1999 hay cinco. Se puede argumentar que ahora hay más trabajadores, pero no hay equilibrio porcentual ni total entre el número de trabajadores de entonces y el de ahora; por tanto, han aumentado los accidentes laborales. La tasa de fallecidos por cada 100.000 es la más alta de la Unión Europea: 10,2, una tasa altísima, de Tercer Mundo. En los últimos cuatro años ha habido 5.840 muertos, de los cuales 1.602 han sido in itinere, es decir durante el trayecto. En el conjunto de los accidentes laborales también triplicamos la media europea: en 1999 ha habido 916.369 accidentes laborales con baja, es decir 111.000 más que en el año 1998, casi el 14 por ciento más. Han pasado cinco años desde la aprobación de la Ley de prevención de riesgos laborales y han aumentado los accidentes, las comunidades autónomas no la aplican o no se enteran, el Gobierno no la impulsa y hay dos billones más de gastos de la Seguridad Social además de los fallecimientos, las secuelas que dejan los accidentes laborales, las incapacidades, los sufrimientos y el dolor para mucha gente, etcétera.
Señor ministro, las causas de la mayoría de los accidentes graves siguen siendo fácilmente evitables, además sin gran coste por parte de las empresas. Por ejemplo, los accidentes en jóvenes, por citar uno de los aspectos en los que más ha avanzado la siniestralidad laboral, representan un porcentaje mucho más alto que la media; además se han dado las razones del porqué: rotación en sus puestos de trabajo, falta de formación y experiencia e imposibilidad real de ejercer derechos fundamentales; muchas veces ni siquiera se atreven a ejercerlos porque las empresas de trabajo temporal tienen cola de espera para cubrir puestos de trabajo. Es decir la precariedad en el empleo, lo que en términos coloquiales se ha llamado empleo basura, que ha aumentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le ruego que procure concluir.


El señor FRUTOS GRAS: Ahora sí que concluyo, señor presidente, gracias por la benevolencia que tiene.
La Federación de Comisiones Obreras de la construcción tiene presentada una proposición de ley en este Parlamento partiendo del argumento de que la construcción tiene el 60 por ciento de contratos eventuales -si añadimos los contratos en obra llegan casi el 80 por ciento- y naturalmente tiene un índice de accidentabilidad laboral superior a cualquier otro sector. Es un emplazamiento que ya tenemos en el Parlamento. Es una decisión política: ¿qué va a hacer el Gobierno? Dígame usted, señor ministro, qué va a hacer en relación con esta iniciativa legislativa popular que se convierte en proposición de ley.
Pero es que, además, hay elementos a tener en cuenta. En Aragón, a través de la actuación planificada y sistemática sobre las empresas controladas y con más accidentes laborales se han llegado a obtener resultados importantes en el último año. Es un ejemplo que podemos tener en cuenta en la medida que sea necesario tener en cuenta las normativas que se han utilizado y ponerlo en marcha.
Por tanto, señor ministro, desde Izquierda Unida le planteamos qué tipo de medidas se van a emplear y cuáles son sus plazos, qué mecanismos concretos se van a poner en marcha y qué inspección y cuántos inspectores e inspectoras se utilizarán para llevar esto a la práctica. Me anticipo a agradecerle a usted sus buenas intenciones, que me consta las tiene, pero desde mi

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grupo desearíamos que esas buenas intenciones se convirtieran en convicciones, las convicciones en leyes y las leyes en la aplicación de unas normas que realmente hicieran frente al problema y permitieran una gradual solución del mismo.
Gracias por su atención, señor ministro, señoras y señores diputados.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señor presidente.
Señorías, ciertamente uno tiene la primera sensación un tanto extraña al volver a ocupar después de cuatro años esta posición para sus intervenciones, si bien en condición política distinta.
La materia que el Grupo de Izquierda Unida ha elegido como eje de su interpelación, la siniestralidad laboral, la prevención de riesgos, la salud laboral -podría tener distintos enunciados-, es una de las materias hoy centrales en el debate social y en el debate político español, que no haya ninguna duda. Afortunadamente estamos viviendo un momento en el que hemos superado ciertas sensaciones indeseadas, la sensación de que España no era capaz de crear empleo o la sensación de que España no era capaz de crecer, incluso de crecer más y mejor en términos económicos y de empleo que otros países de la Unión Europea, pero lógicamente ahora creo que es el momento de plantearse si no tenemos que hacer aún mejor las cosas, sobre todo porque el empleo no tiene que ser solamente cantidad (en eso coincido con lo que se ha afirmado desde esta tribuna, es la tesis que siempre he sostenido), sino que ha de tener calidad, calidad desde dos dimensiones, una de las cuales, la de estabilidad, se ha citado.
Aunque aceptásemos, como tenemos que aceptar, que España tiene áreas importantes de su actividad económica asociadas a la estacionalidad y que difícilmente, salvo en el terreno de la utopía o de la ilusión, podríamos pensar en cambiar nuestra climatología para modificar el comportamiento de algunas de estas áreas económicas, yo creo que debemos aspirar a que esa temporalidad sea la mínima imprescindible.
Éste es un objetivo además común. Piense que no es novedoso, puesto que ya se tenía en mayo de 1997, y agradezco que haya elegido usted la fecha del 17 de mayo, ya que, aparte de ser San Pascual Bailón le diré que es el tercer aniversario de un eficaz y para mí gran acuerdo, el acuerdo sobre estabilidad en el empleo. Me parece importante y creo que es un signo de normalidad que nuestros empresarios, nuestros trabajadores y nuestros políticos coincidiesen, como coincidieron en 1997 no solamente en un diagnóstico, el diagnóstico de exceso de temporalidad, sino también en unas pautas que han permitido que por ejemplo ayer se hiciese público el dato de la menor temporalidad de los diez últimos años. Si usted me pregunta si estoy satisfecho, naturalmente le tengo que decir que no, pues sigo creyendo que hay terreno para mejorar y lo creen también, y así lo están expresando ante la opinión pública, los agentes sociales y la totalidad de las fuerzas políticas. Si usted me pregunta ahora si me causan satisfacción las cifras que España tiene en materia de siniestralidad, evidentemente le tengo que decir que ninguna satisfacción, pero ni el más leve atisbo.
Hay dos planos de discusión, pero ya le anuncio de antemano que en uno de ellos no voy a entrar, ya que además me parece que es una de las posibilidades reales de actuación del Gobierno y no sólo del Gobierno, sino, como trataré de hacer ver, de todo aquel que quiera aproximarse de buena fe a esta materia. La primera línea de debate sería ver si nuestras cifras son absolutamente comparables, homogéneas y concordantes con la metodología que se sigue en el resto de países con los que usted mismo y otras muchas personas establecen comparaciones, a sabiendas claramente de que no son iguales, de que hay países que adoptan el criterio de una duración mínima de tres días para empezar a hablar de accidente laboral, países que computan en lista bien distinta no solamente los accidentes in itinere que usted ha citado, sino causas como son los accidentes vasculares o las enfermedades cardiovasculares, que probablemente, aunque no digo que en modo alguno no guarden relación; todo guarda relación con la actividad laboral, señor Frutos, lo sabemos usted y yo. De hecho la actividad laboral prejuzga y condiciona a veces otras actitudes, pero no me negará que también hay un bloque de situaciones que tienen que ver más con el aspecto o carácter, saludable o no, de la vida de una persona, que, insisto, no pretendo con eso decir que las personas se desdoblan y que una es la persona que trabaja y otra es la persona que vive el resto del día.
Decía que ese debate difícilmente nos puede llevar a ningún punto de interés. Hay debates que yo creo sí ha llegado el momento de abordar.
Estoy plenamente de acuerdo en que no debe ser indiferente a ningún efecto el tratamiento económico y la aportación que al mantenimiento y a paliar los efectos de la siniestralidad hagan quienes sí que adoptan medidas frente a quienes no adoptan esas medidas de prevención. Lo que también admitirá sin duda el señor Frutos es que estamos en esta España en la que una de nuestras características evidentes es la existencia de microempresas que hace mucho más difícil trasladar las medidas a todos los rincones de la actividad productiva. A mí no me gustaría tampoco crear la sensación de que aun estando mal estamos peor que cuando no disponíamos de una legislación adaptada u homologada a la legislación europea; también sería profundamente injusto. Estamos mejor. Digo mejor porque ya hemos recorrido al menos ese desfase normativo que mereció incluso algún apercibimiento por parte de la Unión Europea. Nuestro problema es que esa ley no solamente sea conocida -primera etapa en la que creo que todos podemos colaborar- sino especialmenteaplicada. Debemos saber que nuestra dificultad a veces

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es esa enorme dispersión y esa mínima estructura de muchas de nuestras empresas. Supongo que también puedo coincidir con S.S. en que el objetivo básico es preservar el empleo mejorándolo, pero manteniéndolo. Quiero decir que al igual que en materia de economía sumergida todos hemos convenido que el objetivo era transformar esa economía irregular en economía formal, todos tenemos el objetivo no de destrucción de los puestos de empleo en los que no estén cumpliéndose con exactitud milimétrica todas las prescripciones y necesidades, sino su adaptación a ese marco correcto.
Decía que en esa línea evidentemente también el Gobierno está dispuesto a actuar en ese plano indispensable que alguien denominará coactivo, inspector o represivo. El catálogo de adjetivos y de palabras es suficientemente amplio y elocuente.
Me decía que podía entenderse que había habido una cierta inhibición o pasividad a la hora de proveer del primer material, que es el elemento humano -de inspectores-, a nuestra sociedad. Partía de una cifra que afortunadamente ya ha quedado muy desfasada; tenemos bastantes más de 500 inspectores. En mayo del 2000, en la fechas que estamos hablando, ya tenemos 734 inspectores. Usted me dirá que le siguen pareciendo pocos. Yo podría hablar de un crecimiento porcentual muy importante; estaríamos hablando de que estas plantillas han crecido más del 25 por ciento. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) También le digo, señor Frutos, que ojalá hubiese una proporción directa entre el número de acciones inspectoras e incluso entre la intensidad de esas acciones inspectoras y la reducción de los accidentes, porque -y no dudo de la palabra de nuestros servicios de inspección- cuando han crecido de manera muy importante y significativa todas las actuaciones relacionadas con la inspección, pero no solamente en número de visitas, que puede parecer banal, número de trabajadores afectados, número de obras paralizadas, sanciones aplicadas han crecido en porcentajes altamente significativos. Ahorro a SS.SS. una lectura tediosa de porcentajes, pero ciertamente son cifras importantes. No hemos tenido esa proporción directa que desde luego para mí sería un deseo, pero que no se corresponde con la realidad o con la tozudez de las cifras. Le añado que no sólo hay que perseverar, también hay que mejorar los mecanismos de inspección. No tenga ninguna duda de que seguiremos proveyendo de nuevas promociones de inspectores, que, por cierto, estuvieron muchos años contenidas. Voy a tratar de ser, dado que apelo a la colaboración de todos los grupos, lo más cuidadoso posible en el lenguaje. Pues bien, se han expandido, y se han expandido también de manera muy significativa; bien es cierto que hay profesiones en las que no se puede improvisar. Yo no creo que sea aconsejable improvisar jueces, improvisar inspectores de trabajo, que gozan también no sólo de presunción de veracidad en sus actuaciones, sino que gozan de autonomía en lo personal y desde luego yo creo que los ritmos pueden ser mejorados. De hecho, le garantizo que entre en las prioridades de personal de este Ministerio volverá a figurar la dotación de inspectores de trabajo; no tenga ninguna duda.
Le decía que también hay que ir a estructuras de contribución, a paliar los daños sociales, en este caso al menos los económicos, distintas a las actuales. Tampoco es una labor que pueda tener eficacia de la noche a la mañana, se lo garantizo. Crear un banco de datos con suficiente trayectoria en el tiempo que permita valorar quién está haciendo bien -y de manera sostenida- las cosas y quién lo está haciendo mal no es algo que pueda improvisarse de la noche a la mañana; pero cuente no sólo con el impulso político sino con que ya están dados pasos importantes en esta materia, al igual que habrá que ir -y ya han sido consultados los agentes sociales- a una estructura diferente de nuestra tarifa de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional.
Admitirá también S.S., el señor interpelante que alguna medida no va a ser posible realizarla si no es en cooperación con la propia sociedad, en este caso expresada por los agentes sociales y en colaboración, en auténtica cooperación leal y sensata con las comunidades autónomas. ¿Por qué? Eso lo sabe también su fuerza política en la que a fecha de hoy hay personas que ocupan responsabilidades directas en la gestión de esta materia. Sabe que sin esa cooperación va a ser muy difícil por no decir imposible, siendo respetuosos con el marco constitucional, ser eficaces en esta materia.
De lo poco que he aprendido en el ejercicio del departamento y del Ministerio es el camino por el que nunca va a resolverse un descenso de la siniestralidad. El traslado de responsabilidades o pensar que sólo una de las partes es responsable directa de la solución de este problema no es el camino. El camino es la cooperación interinstitucional y el diálogo.
Le diré en esta primera parte -y con esto concluyo, señora presidenta- que también es deseo del Gobierno que esta materia figure en esos diálogos sociales y políticos que ahora se abren, porque -insisto- creo que el camino que se abrió en el año 1997, especialmente en las mejoras de nuestro mercado laboral, ha sido un camino correcto que ofrece un balance positivo, mejorable sin duda, perfeccionable sin duda, pero positivo. Es por eso, y además tal vez por la coincidencia más que casual de la fecha elegida, que queramos que este asunto forme parte de las materias en las que puede y debe haber diálogo social y que no sólo tengamos la opinión de una de las partes que usted citaba. Respetuosamente asumo que me interesa la opinión manifestada por una de las centrales sindicales mayoritarias, pero si es posible me gustaría que también tuviéramos la opinión del conjunto de la sociedad. Créame que en ese esfuerzo de cooperación encontrará siempre a este Gobierno y naturalmente al titular de este departamento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Frutos.


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El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor ministro, por sus respuestas y -de lo que no me cabía ninguna duda- por su buena voluntad para hacer frente al problema y superarlo.
Dice usted que hemos superado diversas sensaciones negativas o leyendas negras que había en este país, tales como que no éramos capaces de crear empleo, que no éramos capaces de crecer y crear empleo, etcétera, y que lo hemos hecho. Yo voy a reconocer la realidad que hay, como voy a reconocer que mucho de este empleo que se ha creado es excesivamente precario y temporal y que origina muchos de estos fenómenos que hemos intentado analizar. Esto no viene de la nada. Yo le he hablado del año 1996, casi tres muertos en accidente laboral, tullidos que quedan por el camino, familias destrozadas, etcétera, con mucho gasto para la Seguridad Social y para toda la sociedad, y de lo que ha ocurrido en 1999, con cinco muertos reales. Yo le he hablado de todo esto. Esto ha ocurrido durante todo este tiempo; es un problema serio, riguroso, al cual debemos hacer frente, pero teniendo en cuenta el conjunto del problema, que es todo lo que ocurre en el conjunto del mercado laboral. Hay gente en este país que va a buscar un empleo, precario, temporal, y ni siquiera se atreve a defender sus derechos laborales y sociales porque defender estos derechos laborales y sociales representaría perder el puesto de trabajo. ¿Qué pasa en este país, señor ministro? Éste es el problema de fondo.
Usted me dice que es un problema de toda la sociedad y de todos en el camino del acuerdo y de la cooperación. De acuerdo. Pero, señor Aparicio, señor ministro, siguiendo aquella vieja máxima de zapatero a tus zapatos, desde la izquierda, desde los sindicatos, desde las fuerzas de izquierda tenemos que defender fundamentalmente el derecho de la gente a tener dignidad y salud y lo que yo veo en los estados de cuentas de los grandes bancos o de las gentes que se organizan en torno a la CEOE, a la gran organización de empresarios, es en primer lugar los beneficios, los beneficios y los beneficios, en segundo y tercer lugar, y luego hablaremos de lo otro. Normalmente hablan de reducir los costes laborales, las cuotas a la Seguridad Social, etcétera, y casi nunca hablan, no hacen ningún simposio ni jornada alguna sobre accidentes laborales. Desde el Gobierno también se podría impulsar que estos sectores de la sociedad, el gran empresariado, los sectores con estos grandes beneficios, fueran un poquito más piadosos. Renuncio a que sean más humanistas y más solidarios, un poquito más piadosos, y así no tendrían una contradicción tan grave en muchas de las cosas que dicen, rompiendo su personalidad entre lo que dicen y lo que realmente hacen, es decir en la hipocresía social.
Ahora debemos ir al empleo de calidad. Ha dicho usted que todo el problema que tenemos es el del empleo de calidad y le recojo la palabra; empleo de calidad que representa hacer frente a los posibles problemas que pueden venir.
Habla usted del acuerdo sobre el empleo del 17 de mayo, pero yo también tengo otros documentos de los sindicatos, y en estos primeros meses del año 2000 los sindicatos hablan de determinadas realidades; documentos que hablan de que para reducir el incremento que se sigue produciendo en el conjunto de los accidentes, más del 13 por ciento, es necesario dar cumplimiento estricto y urgente al Plan de acción, visita a las 30.000 empresas, actuación contundente y ejemplificadora del sistema sancionador. Son los mismos sindicatos que firmaron el 17 de mayo de hace tres años, exactamente los mismos, hablan de eso y en ellos me baso, cuando dicen que a nivel nacional cada día laboral se producen 2.600 accidentes con baja y que cada día laboral cinco trabajadores mueren en el trabajo o en el trayecto hacia el trabajo. Me baso en lo mismo, son los mismos sindicatos. Yo no sé si tienen una personalidad doble, pero en todo caso dirán una cosa en la mesa, que será razonable, y llegarán a acuerdos con la patronal y con el Gobierno; pero al mismo tiempo reconocen una realidad existente que nadie puede eludir. La temporalidad, señor ministro, continúa siendo de cerca del 32 por ciento, y temporalidad quiere decir precariedad, eventualidad, todo lo que hemos dicho antes.
Usted dice que hay diversas formas de valorar la siniestralidad, en relación a los términos de homologación que hay en Europa. Nosotros somos absolutamente moderados en esto.


La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego vaya concluyendo.


El señor FRUTOS GRAS: ¿Estamos mejor en el momento de homologar los sistemas de comparación que hay entre España y Europa, estamos mejor o peor? Yo creo que hay elementos más rigurosos en el conjunto de Europa para valorar la siniestralidad laboral. Por ejemplo, aquí no tenemos en cuenta algo que yo he omitido en mi intervención inicial, y es que las enfermedades profesionales no tienen tratamiento preventivo, ni tan siquiera registro, y que además afectan mucho más a las mujeres, que es una de las grandes preocupaciones de su Gobierno para el inmediato futuro.
Me alegro de que sean ya 734 los inspectores en vez de 516, como había, porque algo hemos avanzado, el 25 por ciento, pero es poco, tiene que haber más. Además tiene que haber delegados de prevención de accidentes, y aquí tiene que haber un acuerdo firme, fuerte con los sindicatos; constitución de comités de salud y seguridad; personación en los accidentes graves y mortales, posibilidad de personarse; amenaza de las fiscalías de perseguir y castigar los crecientes delitos laborales, también tiene que haberla, y que los jueces y fiscales tengan un poquito más de formación técnica para hacer frente a los problemas que tienen encima.
Además y termino, señor ministro, las empresas con mayor volumen de accidentes laborales están perfectamente identificadas. Yo le he puesto el ejemplo de Aragón. Sabían cuáles eran las empresas, sabían el grado de accidentalidad laboral que tenían estas empresas,

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han actuado en consecuencia con esto, y han avanzado. Es la misma medida que le pido a usted y a su Gobierno y naturalmente para esto, para las cosas buenas, las comunidades autónomas tienen que disciplinarse y aceptar la Ley de Bases que permite avanzar en la solución de problemas tan graves como éste.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.
Agradezco el tono de la intervención del portavoz del Grupo de Izquierda Unida y lógicamente agradezco que haya ámbitos en los que, desde una distancia ideológica ineludible, en lo que es coincidencia de objetivos podamos establecer debates como el de esta tarde.
Evidentemente hablamos de pasar de 500 y pico inspectores a más de 700; yo le citaba el crecimiento simplemente del último año, y estamos hablando de crecimientos superiores incluso al 25 por ciento.
Ojalá llegásemos a la conclusión de que es posible atajar la siniestrabilidad laboral simplemente incrementando el número de inspectores y ojalá alguien dijese que se atajan los accidentes de tráfico simplemente multiplicando el número de agentes de la Guardia Civil; lo dudo, rotundamente lo dudo. Las buenas prácticas siempre han sido valoradas y reconocidas, alguien más drástico diría que la mejor forma de eliminar los accidentes de tráfico es prohibir la circulación, pero supongo que ése no es el objetivo de ninguna fuerza política.
Sí le diré que, en alguno de los temas, también ha habido avances menos perceptibles, pero más contundentes. Usted ha citado el caso de lo que podríamos denominar las buenas prácticas -en terminología europea- que se están llevando a cabo en Aragón. Lo reconocemos como positivo; ciertamente, se puede hablar de un menor crecimiento, incluso de una reducción en algunos sectores. Ha sido posible conocer eso gracias a la existencia de la conferencia sectorial de asuntos laborales, un órgano que, como usted sabe, cuenta con la presencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las comunidades autónomas. Le diré que esa conferencia ha sido posible desde el año 1997 y no antes, para que vea que este Gobierno está intentando no solamente hacer discurso semántico o voluntarista de la cooperación con las comunidades autónomas, sino realmente ejercerlo.
Le decía que ojalá el aumento que han tenido las actas de infracción -más del cien por cien, 114-, el importe de las sanciones -más del 183 por ciento-, el número de trabajadores afectados por infracciones -más del 250 por ciento-, las paralizaciones de tajos y trabajos -más del 246 por ciento-, hubiesen llevado a esa directa e inmediata reducción del número de siniestros. También es bueno recordar que se han estabilizado, en cifras muy altas pero se han estabilizado, los accidentes con resultado de muerte. Yo diría que incluso puede apreciarse en el comienzo del año una tendencia a la baja. Se han estabilizado los accidentes graves y, ciertamente, se han disparado, por qué no decirlo, los accidentes leves y de menor importancia. Ésa sería la fotografía. No creo que fuese bueno trasladar a la realidad de la opinión pública que estamos peor, insisto, que cuando no disponíamos de una ley comparable a la del resto de países europeos o como cuando se actuaba con menor intensidad y grado en las actuaciones inspectoras.
Me sugería algo que también estamos haciendo. Las acciones de divulgación son fundamentales. Coincido porque, además, es más difícil emprender acciones divulgativas en un tejido industrial y productivo extraordinariamente disperso y de pequeña dimensión, como es el nuestro. Créame que estamos abiertos, y de hecho se han practicado acciones de cooperación con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, en la divulgación y conocimiento de estas materias. No se van a regatear esfuerzos porque creemos que, al igual que sucede en esa área de analogía que es el tráfico, también el conocimiento del Código de la circulación ayuda al menos a mantener actitudes responsables; no digo que no siga habiendo conductas temerarias, pero el conocimiento del Código y de alguno de sus efectos parece que sí ayuda y coopera en la causa.
Finalmente, le decía que esta es una de las materias que sin duda alguna va a estar presente en el diálogo social y en el diálogo político. Creo que lo más positivo lo hemos conseguido ya, que es que figure en la máxima prioridad de agentes sociales y de fuerzas políticas. Es un tema que antes podía entenderse de segunda línea, tal vez -y conviene dejarlo claro en esta sesión- porque hay que indicar que, desgraciadamente, la menor siniestralidad se produce cuando hay menor actividad económica o, dicho de otra manera, hay una regla de tres que opera: a mayor paro, menor siniestralidad. Esto es consecuencia no solamente de los aspectos de temporalidad que citaba S. S. sino también de que, cuando realmente hay una gran oferta de puestos de trabajo, probablemente la cualificación inicial está por debajo de los umbrales y niveles que todos consideramos deseables.
Insisto, uno de los retos, sin duda alguna, es mejorar nuestra formación profesional y, dentro de ella, dar valor real a las actividades preventivas. Vuelvo a insistir en que no podemos ser neutrales, desde el punto de vista financiero, económico, de cotización y de gastos, ante comportamientos distintos, tratar igual a quien sí está adoptando medidas preventivas y consiguiendo resultados que a quien no lo consigue. Ahí, toda la experiencia, surja del Gobierno de la Administración general del Estado, surja de las comunidades autónomas, será incorporada.
Finalmente, todo lo que se haga en ámbitos como son los hábitos saludables de evitación general de drogas,

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alcohol, la mejora de nuestro tráfico, las actitudes responsables, tendrá un valor importante a la hora de, en cualquier caso y sean cuales sean las metodologías de medición, una mejora importante de una situación que vuelvo a calificar como claramente insatisfactoria para mí y para todas cuantas opiniones he tenido ocasión de conocer en estos últimos días, tanto a través de los contactos realizados con los agentes sociales como con el resto de fuerzas políticas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean intervenir fijando posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Intervengo desde el escaño para fijar la posición de mi grupo a la espera de los debates que tendremos la semana que viene. La interpelación que plantea el señor Frutos esta tarde es absolutamente oportuna y necesaria. En la Cámara se está expresando una amplia coincidencia en dos líneas; una primera es que la situación es absolutamente insatisfactoria. No existe motivo de alegría en este campo. En su día ya fue denunciado por el ministro de Trabajo y ha sido denunciado escasamente hace pocos días por los sindicatos. En segundo lugar, el conjunto de las políticas públicas que desarrollamos en esta materia son también insuficientes. Por tanto, es un debate que deberemos afrontar en esta legislatura.
Se han planteado también, tanto en la intervención del señor Frutos como en la del señor ministro, suficientes elementos que nos deben obligar a todos a matizar y a aceptar que esta es una problemática compleja. Encontrarle soluciones y vías de resolución no va a ser ni mucho menos fácil. Recuerdo que en la anterior legislatura tuvimos dos debates al respecto en la Comisión de Política Social y Empleo; seguramente el conjunto de aportaciones de los grupos parlamentarios no introducían posibilidades excesivamente diferentes en relación a aquello que ya se venía realizando por parte de los poderes públicos o, incluso, en las reflexiones que podíamos hacer en relación a las actitudes de unos y otros, tampoco aportábamos demasiadas novedades.
Nuestro grupo ha planteado, y creo que se va a discutir en el Pleno de la próxima semana, la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, un espacio para poder profundizar en relación con las necesarias soluciones que debemos abordar desde el conjunto de las administraciones en este ámbito. Al margen del contenido de la moción que podamos debatir la semana que viene y que nuestro grupo abordará con muchísimo interés, pretendemos que este espacio de la subcomisión sea también un espacio de discusión y diálogo para matizar y profundizar en muchas de las cuestiones que se nos plantean y que, por tanto, sea un espacio para generar consenso parlamentario en relación con las políticas que se requieren en este ámbito. El consenso y el diálogo social son básicos, pero esta Cámara también tiene la obligación de profundizar en uno de los retos más importantes de nuestro mercado laboral. Anosotros nos gustaría que, al margen de la moción del señor Frutos, la propuesta de la semana que viene de Convergència i Unió para la creación de esta subcomisión sirviese para crear un espacio de diálogo y de consenso en esta materia. Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos profundamente que cuatro años después de haber entrado en vigor la Ley de prevención de riesgos laborales, sigamos debatiendo sobre medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país, en este caso a través de una interpelación, que apoyamos, del Grupo Socialista, y que consideramos oportuna en el tiempo, fundamentalmente por los últimos acontecimientos en este sentido. Y lo lamentamos por dos razones. Primero, porque no sólo es que en España se sigue produciendo una media de un millón y medio de accidentes de trabajo cada año, sino también, y esto es lo más preocupante, porque los índices de incidencia, como ya ha señalado el señor Frutos, siguen creciendo cada año. En números absolutos hemos pasado de 1.172.000 accidentes en 1.996 a 1.606.000 en 1999, y de ellos, anualmente, más de mil han sido accidentes mortales. Las cifras, señor ministro, son muy graves, y el incremento de la siniestralidad, como ya he dicho, muy preocupante, tan preocupante que podríamos hablar de una tragedia cotidiana en el mundo laboral, ya que estamos hablando de una media de más de cuatro accidentes mortales diarios.
El segundo motivo por el que lo lamentamos es porque el Gobierno, como responsable último, disponiendo desde hace cuatro años de un instrumento valiosísimo como es la Ley de prevención de riesgos laborales, ley homologable con las normas europeas y valorada positivamente por los sindicatos y por las instituciones, no ha sabido o no ha podido reducir, ni siquiera frenar, los accidentes de trabajo en nuestro país. Créame, señor ministro, que no digo esto con ánimo de confrontación ni de buscar culpables ajenos, sino que lo hago con intención y actitud constructiva y responsable, intentando analizar las verdaderas causas para actuar inteligentemente frente a los accidentes que, como ha señalado el

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representante de Convergència i Unió, es un tema bastante complejo.
No le quepa ninguna duda de que hoy al Grupo Socialista le encantaría felicitarle si se hubiesen reducido los accidentes, porque, en definitiva, ello hubiese sido un triunfo para los trabajadores, en primer lugar, y, por supuesto, para su Gobierno, para el resto de los grupos políticos, para los agentes sociales, para los empresarios y para toda la sociedad. Pero las cifras son las que son y demuestran que la ley y los reglamentos por sí solos no son suficientes, y así lo confirma la cruda realidad. ¿Qué falla entonces? El señor Frutos ha señalado algunas de las causas que en general nosotros también compartimos. Yo voy a señalar sólo algunas.
Es evidente que los elevados índices de siniestralidad en nuestro país se deben, por un lado, a la alta precariedad en el empleo, que destruye la profesionalidad de los trabajadores e impide el aprendizaje adecuado de los requerimientos del trabajo que se desempeña, y por otro, a un incumplimiento de la normativa por parte de empresarios e incluso de las administraciones públicas. Sabemos que la facultad de legislar en materia de seguridad y salud laboral es competencia del Estado, de esta Cámara, y que la ejecución de estas políticas corresponde a las comunidades autónomas. Creemos que el Gobierno, en su función de velar por el cumplimiento exacto de la ley, debería aprovechar la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que está presente no sólo el Gobierno sino las comunidades autónomas, empresarios y sindicatos, para ejercer una auténtica labor de coordinación en dichas comunidades. El Gobierno, además de aprobar leyes y reglamentos, de hacer normas y de exhortar a los empresarios, a los sindicatos y a las administraciones a ser corresponsables, tiene que ser capaz de gestionarlas e impulsar su cumplimiento para obtener resultados concretos. Porque, señor ministro, si bien es cierto que, como usted ha dicho, esta tarea requiere el esfuerzo de todos, no lo es menos que el responsable último es el Gobierno. No es de recibo, por ejemplo, que en un estudio realizado en la pequeña empresa por la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo se constate que sólo el 11 por ciento de los empresarios tienen conocimiento de la Ley de prevención frente a un 60 por ciento que no la conoce; que únicamente el 9 por ciento de las empresas ha puesto en marcha el Plan de prevención; que el 59 por ciento desconoce la obligación de aplicar la ley y que el 83 por ciento de las empresas ni tan siquiera ha realizado la evaluación inicial de riesgos. Quizás esto explique que el mayor número de accidentes se dé en empresas de entre uno y cinco trabajadores.


La señora PRESIDENTA: Señor González, le ruego vaya concluyendo.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Termino, señora presidenta.
Ante realidades como ésta, no cabe duda que habrá que poner en marcha planes específicos de actuación de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa, dotándoles, por supuesto, de los medios técnicos y humanos necesarios. Tendremos que conseguir un sistema preventivo público eficiente. Entre otros avances, creemos que es necesario incrementar los recursos humanos y materiales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Asimismo, creemos necesario exigir a las mutuas de accidentes una dedicación más intensa a la actividad preventiva, fuera de toda mercantilización. Si, según las estadísticas que edita la propia Administración, el mayor porcentaje de accidentes -el 70 por ciento, aproximadamente- se produce entre trabajadores con un contrato temporal y de una media de edad entre 25 y 34 años, habría que desarrollar planes de acción específicos para este sector, incidiendo de forma especial en la formación para los trabajadores temporales.
No se trata, señor ministro, de buscar culpabilidades exclusivas ni de hacer justificaciones más o menos lógicas. Se trata, en definitiva, de que las administraciones públicas y, por supuesto, su Gobierno, ejerzan y desarrollen el papel que les corresponde, de que los empresarios asuman sus responsabilidades y de que a los trabajadores, una vez formados, se les exija el cumplimiento de las medidas preventivas.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa y el talante del señor Frutos a la hora de presentarla; además, hoy lo hago como portavoz de mi grupo en la materia. Me hubiera gustado no tener que hacerlo en una materia como la siniestralidad laboral porque sería señal de que no existía tal problema, pero le agradezco que lo plantee porque compartimos su preocupación y su sensibilidad.
Ha dicho el señor ministro, y hago mías sus palabras, que esta es una cuestión que ha llegado el momento de abordar, no porque antes no se haya hecho, sino con la decisión propia de que otros escenarios de la política social avanzan favorablemente, cual es el empleo, y hay que ir a un empleo de calidad y, por tanto, a un tratamiento paliativo de la siniestralidad. Desde esa perspectiva, ha hecho una oferta concreta en orden a que el diálogo social sea el instrumento que articule y vertebre, dentro de este complejo mundo de la siniestralidad laboral, a interlocutores sociales e institucionales.
Le puedo decir, señor Frutos, que vamos a analizar con todo detenimiento las propuestas que puedan formular desde su grupo en la moción que previsiblemente, como ha dicho, nos presentarán el próximo martes en el debate plenario. Las estudiaremos con todo el interés del mundo porque toda aportación en esta materia es importante.


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Haré alguna matización en relación con algún punto que quizá a lo largo del debate pueda ser enriquecido con mi breve intervención. No voy a decir lo que voy a exponer con el ánimo de maquillar ningún dato ni de eludir ninguna realidad porque la realidad, desgraciadamente, es la que es y objetivamente está ahí. Sí hay que decir que, a la hora de diagnosticar la siniestralidad laboral en España, habría que plantearse -lo ha dicho el señor ministro- los criterios de homogeneización que se utilizan en otros países de la Unión Europea. No lo digo con ningún afán de maquillar, pero sí he de decir que no son los mismos parámetros que se utilizan en España. En España, un accidente de trabajo lo es desde el primer día, mientras que en otros países como Alemania, Inglaterra, Italia o Irlanda, lo es sólo a partir del tercer día. En España hay diversas prestaciones porque hay diversas contingencias y no es lo mismo que un trabajador perciba una prestación por accidente de trabajo que por enfermedad común o por accidente no laboral. Por descontado, esa es una cuestión que incide directamente en términos económicos en el trabajador que haya padecido un accidente, sea de la clase que sea, o una enfermedad. Además, hay que decir que hay etiologías que no son accidente laboral en otras legislaciones. Tan sólo España y Francia tienen etiologías no traumáticas, como los infartos o los aneurismas, y éstos representan el primer factor de mortandad dentro del mercado laboral español. Insisto en que no lo digo por maquillar ningún dato, pues en todo caso son muertes, lo que ocurre es que, con la evolución jurisprudencial, las personas que hemos estado y estamos vinculadas al ejercicio del derecho laboral conocemos los cambios que en esta materia evolutiva y progresivamente se han ido produciendo en orden a considerar la habitualidad de cosas que antes eran enfermedad común y hoy en día son accidente de trabajo en el contexto de España, que en esta materia es tan sólo equiparable a Francia.
Digo todo esto por enriquecer el debate. El problema es grande y creo que hay que agradecer mucho que se traiga aquí a debate, en esta primera sesión plenaria de control. Mi impresión personal es que no hay una mentalidad social, no hay una conciencia social suficiente para abordar este problema. Este es un debate que con la sensibilidad que usted ha puesto, con su preocupación en el aspecto trágico y con su responsabilidad y moderación, me parece interesante e importante, que hay que valorar y traducir y los medios de información que nos puedan estar escuchando es bueno que lleven a la sociedad que este es un problema de todos, de empresarios y trabajadores, del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, de los ciudadanos y de los educadores, que también tienen un papel relevante que hacer a la hora de la formación de los alumnos en esta materia para que tengan sensibilidad y eviten no sólo sus accidentes futuros, sino los de sus padres.
Me permito hacer ahora una puntualización a la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Hablaba de medidas a adoptar por el Gobierno. Evidentemente las interpelaciones al Gobierno son el marco en el que uno puede plantear una iniciativa, como ha hecho Izquierda Unida, pero no son las medidas a adoptar por el Gobierno; el Gobierno tiene un papel impulsor y una responsabilidad que ha planteado el señor ministro en términos de incentivo social y de incentivo del diálogo entre los interlocutores sociales. Pero esta es una materia que desborda la actuación estricta del Gobierno y que en mi opinión impregna a toda la sociedad y a la corresponsabilidad de toda la sociedad.Por eso hago una apelación a ese diálogo imprescindible para llegar a un consenso necesario que nos permita no sólo tener cada día más empleo sino que el empleo sea con mayor seguridad, con más calidad, con más justicia y -el señor Frutos lo decía- quizás haya que llevar al ánimo de los empresarios que es en términos de dinero, porque usted ha citado que la siniestralidad laboral supone al año dos billones de gasto -hay quien la cifra en 2,2 billones-; aunque sólo fuera por esta razón, que creo que también, pero en primer lugar por la tragedia humana que implica, tendremos que esforzarnos todos en buscar unas líneas de acuerdo en el foro que anteriormente citaba el señor ministro.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la tarde.

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