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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 344, de 22/10/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 344

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA

Sesión núm. 24

celebrada el lunes, 22 de octubre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de Universidades. (Número de expediente 121/000045.) . . . (Página 11018)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se abre la sesión.
Celebramos la sesión sobre el proyecto de ley orgánica de universidades. De acuerdo con los criterios de esta presidencia para ordenar el debate, que fueron formulados en la Junta de Portavoces y la Mesa de la Comisión y que, por tanto, conocen los portavoces, el debate se hará por títulos y cada grupo dispondrá de un máximo de quince minutos para defender sus enmiendas y emitir las opiniones que considere oportunas. Asimismo, agruparemos dos materias en un debate separado. Una relativa a las universidades privadas y otra en relación con todos los artículos que se refieren al espacio universitario europeo. Estos dos debates se realizarán al final de los títulos del proyecto de ley. (El señor Lissavetzky Díez pide la palabra.) Señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Con su permiso, quiero intervenir para una cuestión previa, que tiene que ver con el momento de la redacción y recepción del informe de la ponencia. Consta en el mismo que los dos componentes de esa ponencia por parte del Grupo Socialista, doña Carmen Chacón y yo mismo, estábamos en desacuerdo con el enunciado inicial. Podría ser un mero formulismo, puesto que después de relatar quienes componen la ponencia, dice que todos estos miembros han estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa. Estamos en desacuerdo. No se ha estudiado con todo detenimiento y queríamos hacerlo constar así, como consta en el texto de la ponencia. En segundo lugar, el informe de la ponencia tiene una serie de errores, en absoluto imputables al señor letrado, y sí, a nuestro modo de ver, a este calendario absolutamente precipitado, atropellado que impone la mayoría del Grupo Popular. Por eso queremos que antes de iniciar el debate de este proyecto de ley conste la queja una vez más del Grupo Socialista del Congreso por cómo se ha entregado; y un dato más, por ejemplo, a las siete y cinco de la tarde fue entregado al portavoz de nuestro grupo, don Jesús Caldera, mientras que los representantes en esta ponencia, doña Carmen Chacón y don Jaime Lissavetzky, lo recibieron a las siete y cuarto de la tarde. Parece también un procedimiento algo inhabitual el que sin la firma de aquellos que tienen que cotejar lo que se trató en la reunión de la ponencia, circule ya entre los portavoces. Desde el punto de vista formal esto es un auténtico desastre y queríamos que así constara.


El señor PRESIDENTE: En relación con los posibles errores que se hayan deslizado en el texto del informe de la ponencia, serán subsanados oportunamente a lo largo de este debate.
Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: También quiero hacer constar formalmente la queja del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto a esta cuestión. Todos hemos venido insistiendo a lo largo y ancho, iba a decir, que es muy poco largo y muy ancho, del trabajo de esta ponencia en que esto supone un déficit democrático a la hora de abordar una reforma educativa, que es un tema esencial y básico en democracia. Parece que ustedes no nos escuchan, porque esto se podía haber evitado con haber impedido que una mano desaprensiva ponga aquí: con todo detenimiento. No hemos estudiado con todo detenimiento nada. Este debate ha sido precipitado, desordenado y por lo menos podrían tener la sensibilidad de no hacernos comernos papeles donde se pongan cosas que no se corresponden con la realidad.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quiero sumarme a dichas protestas y agradecer al presidente que la sesión de hoy haya comenzado a las once, gesto que se agradece por parte de los diputados que dicen periféricos.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, en nombre de mi grupo también me sumo a la constatación de que la tramitación que está siguiendo esta proposición de ley no se corresponde con la importancia de su contenido. No lamentamos la literalidad de la propuesta, ya que este grupo sí recibió el jueves el texto, pero sí lo que destila la intervención de los demás portavoces, la forma en que este proyecto de ley está siendo tramitado, porque nos está poniendo a todos los grupos parlamentarios y a todo aquello que cada uno de nosotros representa en una situación de tensión absolutamente insoportable, que no se corresponde con la importancia del texto que intentaremos aprobar hoy o que ustedes intentarán aprobar hoy.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muy brevemente, señor presidente.
En estos momento estamos haciendo referencia a la ponencia, y su reunión incluso la cerramos a las ocho de la tarde. No hubo allí ningún problema, porque en la ponencia se pidió que el Grupo Popular dijera cuáles eran las que aceptaban, cuáles no y cuáles quedaban para Comisión y en su caso para Pleno. Por tanto, cualquier crítica en lo que respecta a la ponencia, a mi juicio no ha lugar, pero en fin, libres son los grupos de expresar lo que deseen.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate del título preliminar, pero antes hago otra observación

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de carácter previo. Realizaremos una primera votación de aquellos títulos que hayamos debatido a lo largo de la mañana, pero no antes de la dos de la tarde.
En relación con el título preliminar, por el Grupo Mixto han presentado enmiendas el señor Saura Laporta y la señora Lasagabaster, la enmienda 613, quien tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Intervengo en esta Comisión, aunque no soy ponente ni comisionada específica en ella, por la justificada ausencia del señor Rodríguez que todo el mundo entenderá. Además, creo que fue solicitado que este debate fuera en otro momento, lo que hubiera parecido oportuno no sólo por las circunstancias de ser el día después de unas elecciones en Galicia, sino también -me sumo a todas las protestas que se han realizado anteriormente- porque vamos a iniciar el dictamen en Comisión formal, que no material, de una ley muy importante para la que no ha habido tramitación material y desde luego lo que no ha habido es debate parlamentario parcial en Comisión de cada uno de los puntos.
Me da la sensación de que a nadie de la mayoría popular le interesa lo que podamos decir o dejar de decir en este trámite, y dado que se están celebrando otras comisiones en este momento, defenderé ahora esta enmienda y daré por defendidas todas las de los restantes miembros del Grupo Mixto; es decir que, en el caso de que no pudiera asistir por estar en otra Comisión, entendería que se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto. Eso sí, vuelvo a señalar que, si se trata de batir un récord de cómo tramitar una ley tan importante -con más de 800 enmiendas- en poco tiempo, estará muy bien, pero eso no es parlamentarismo ni debate parlamentario; se incluirá en el Guiness, pero nada más.
La enmienda 613 -y entro ya en el título preliminar- se enmarca dentro del hilo argumental de una de las cuatro cuestiones clave con que nos opusimos a este proyecto de ley en el debate de totalidad.
Entendemos que no se desarrollan, no se permite y se obstaculiza las competencias sobre universidades que corresponde a las comunidades autónomas en virtud del ordenamiento jurídico. La enmienda hace referencia al artículo 2.5, por el cual las comunidades autónomas quedan subordinadas al consejo de coordinación universitaria, cuestión con la que, desde luego, no estamos de acuerdo. Proponemos una modificación del texto del artículo. El sentido de la enmienda está, como he dicho, en uno de los hilos argumentales de nuestra oposición a esta ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) -que ha presentado dos enmiendas, las números 40 y 41-, tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Mi grupo parlamentario tiene tres enmiendas a este título preliminar -las números 40, 41 y 42-, que se apoyan en tres cuestiones básicas que subyacen en este proyecto de ley. La primera, un excesivo grado de reglamentación en el diseño del proyecto de ley, que es a la vez ley orgánica, también ley básica y además una ley muy reglamentista; con estas enmiendas tratamos de evidenciar el excesivo grado de reglamentación presente en el diseño del proyecto de ley. Es una ley extensa y prolija que regula en exceso multitud de aspectos de la vida universitaria que desbordan las competencias del Estado en la materia. En consecuencia, el resultado final es un modelo universitario único -el napoleónico-, de amplia tradición en Europa continental, pero que no responde al diseño del Estado autonómico constitucional de este país. Tal grado de reglamentación no deja margen al desarrollo de proyectos universitarios diferenciados y alternativos, de modo que, con la redacción del informe de la ponencia se renuncia a la diversidad en el sistema universitario español en cuanto a modelos de organización, de investigación, de enseñanza y de gestión. Se obvia desde la base que existen universidades distintas, con tradiciones, aspiraciones y características diferentes, consagrando un modelo por el que, a pesar de que es verdad que se producen avances sobre el de la ley anterior, y más ahora con las enmiendas que se aceptaron en el trámite de ponencia -sobre todo las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), circunstancia que agradecemos puesto que participamos de los criterios recogidos en ellas-, el gobierno de las universidades sigue correspondiendo a elementos excesivamente controlados, dominados y diseñados desde el Estado.
En segundo lugar, en estas enmiendas se discrepa de la concepción de la autonomía universitaria del informe de la ponencia. Es verdad que la autonomía universitaria puede entenderse de maneras diversas y que el dictamen del Consejo de Estado respalda ciertamente, basándose en el TC, la visión de la autonomía que el proyecto de ley tenía en principio, enfocado casi en exclusiva a la garantía de la libertad de cátedra. No obstante, existen otros puntos de vista y otros modelos universitarios en los países del entorno europeo en que España está inmersa y, si de lo que se trata es de buscar universidades de calidad y de excelencia, tenemos dónde ver y observar; contamos con modelos universitarios de indudable éxito en los que poner nuestra mirada. Es lamentable que no se hayan podido llevar a cabo comparecencias para valorar esos modelos de excelencia y calidad que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no quiere observar; de hecho, no quiere ver lo que tiene a la vez tan cerca y tan lejos.
Estas enmiendas, señor presidente, intentan articular mejor el trinomio poder del Estado, poder autonómico, autonomía universitaria.
El desarrollo de gran parte de los elementos recogidos en el proyecto de ley corresponde

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a las comunidades autónomas con competencias en esta materia, para favorecer así un modelo más cercano a las necesidades de cada sociedad. Por ello, gran parte de las disposiciones contenidas en el proyecto deberían estar en los reglamentos que las universidades decidieran en su momento. Esa debería ser la base de la autonomía universitaria; una autonomía por la que, las decisiones que se tomen, sean evaluadas y compensadas en el órgano de decisión universitaria.
En tercer lugar -y para terminar-, las enmiendas tratan de aminorar el carácter centralista de la ley consagrado -como he dicho- por el denominado modelo universitario napoleónico que, en consonancia con lo detallado de la reglamentación que incluye, deja demasiados aspectos en manos del Gobierno del Estado, y no debería ser así dentro del marco competencial que tiene España en este momento. Es verdad que la ley de 1983 es centralista -es la primera ley post Loapa, término que no ha podido debatirse todavía en esta Cámara- y aceptamos que hay aspectos en el proyecto de ley que tienen una base descentralizadora respecto a ella, máxime con las enmiendas incorporadas en el trámite de ponencia, como ya he dicho; pero sería más lógico, ahora que todas las universidades están transferidas a las comunidades autónomas, realizar un planteamiento distinto, dentro del ámbito de poder del Estado que no discutimos -lo digo con toda claridad, para que no se desvíe el debate- y aceptando un modelo universitario de base única y homogénea para todo el Estado. Desde luego, existen posibilidades de establecer equilibrios distintos sobre la base de los tres poderes -el del Estado, el autonómico y el de las universidades-, para que el proyecto de ley pueda enfocarse desde otro punto de vista en el futuro.
Estas son, señor presidente, las tres bases sobre las que se plantean estas tres enmiendas, y me gustaría que pudiéramos tener debates a lo largo del día. Es verdad, como decía en ponencia el señor Guerra Zunzunegui, que esta ley lleva dos meses y medio en el Congreso; quizá sea hoy el primer día que podamos debatir algo a nivel político.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado enmiendas a este título preliminar. Para defenderlas, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Estamos en un título -el preliminar- que tiene que ver con definiciones, y estas son importantes a la hora de adivinar cómo quieren orientar la reforma universitaria quienes, al tener mayoría absoluta en la Cámara, presentan un proyecto de ley que previsiblemente saldrá adelante.
Este tipo de definiciones se refieren a la autonomía, a las propias funciones de la universidad y a un tercer apartado, que forma parte de una enmienda del Grupo Socialista, en el que elevamos a artículo la participación.
Creemos que, además de definir esas funciones, además de hablar y definir lo que es la autonomía universitaria, debemos también incorporar como artículo en este título preliminar la participación.
En opinión del Grupo Socialista, desde el principio se empieza mal, y los malos principios nunca tienen aspectos positivos. Si se hace un proyecto de ley, hay que intentar, cuando ya se convierte en ley, que sea recordada por algo. Hasta el momento, este proyecto de ley se está recordando, por lo menos mi grupo así lo califica, como reglamentista, farragoso y poco respetuoso con la autonomía universitaria. No ha sabido encontrar el equilibrio necesario entre ese binomio del que hablaba el señor González de Txabarri en la autonomía universitaria, las competencias de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, siendo esto grave, subsanable, evidentemente, en los trámites de enmienda. Lo que es más grave es que no se ven los objetivos, no se alcanza a ver, inclusive desde este título preliminar, qué objetivos tiene este proyecto de ley de universidades. Cuando se hizo la otra ley, la Ley de Reforma Universitaria, había unos objetivos, a mi modo de ver, claros: la democratización, el acercamiento a la sociedad, el aumento de la investigación. En este sentido, después de 18 años, se hace una valoración. En algunos aspectos, se ha avanzado de manera notable; se cambió esa universidad clasista, jerarquizada y rígida que había en esos años y unos dirán: oiga, sirvió para lo que sirvió, todos coincidíamos, en que era el momento de cambiarla y entresacamos que con este proyecto de ley no se consigue aprovechar una oportunidad, yo creo que magnífica, para llevar a cabo ese cambio de ley. ¿Qué objetivos tiene este proyecto de ley? Aparte de la retórica huera del proyecto de ley, pocas cosas se pueden encontrar que respondan a las soluciones que necesita la universidad española. Lo vamos a ir viendo a lo largo del texto. Un primer ejemplo es este título preliminar. El artículo 1, que tiene como título: funciones de la universidad, es, más o menos, el mismo que había en la Ley de Reforma Universitaria; lo único que, en un ejercicio de creatividad, cambian, por ejemplo, el apartado 1 que figura aquí: La universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. ¿Cómo estaba en la Ley de Reforma Universitaria? Que realiza el servicio público, figura aquí, y allí ponía corresponde a la universidad. En nuestra opinión, esa pequeña diferencia, que puede parecer nimia, ya indica algo. Creo que tiene mucho más énfasis quién realiza el servicio público de la educación, a quién corresponde, si se redacta como estaba la ley anterior. Observamos, con algún asombro, que cambian el orden de investigación, docencia y el estudio. A mí, personalmente, la investigación me parece importantísima, una función clave de la universidad, pero en el artículo 1, la función de launiversidad, tiene que ir en otro orden: la docencia, el

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estudio y la investigación. Cuando haya que hablar de investigación, habrá que tomar medidas que merezcan la pena para que se mejore la investigación en las universidades españolas que, por cierto, son el primer agente tecnológico del país y más del 60 al 65 por ciento de la investigación se hace allí, pero al cambiar un orden y poner investigación delante, se desvirtúa absolutamente lo que ha de ser una definición clara de funciones de la universidad, y quien les habla es firme defensor de la investigación, entiéndase bien.
Curiosamente, en el siguiente artículo se cambiaba el orden -ha habido una enmienda que ha aceptado el Grupo Popular-, porque cuando se hablaba de estructuras flexibles, se ponía en primer lugar la docencia y después la investigación. No, ahí, el Grupo Popular ha corregido inteligentemente al Gobierno aceptando la enmienda socialista, cosa que agradecemos, y podría aplicar también esta inteligencia ahora para decir: la universidad se define, discutamos si realiza el servicio público o corresponde, pero pongamos las cosas en su sitio, mediante la docencia, el estudio y la investigación, y no cambiar por cambiar, porque así no se hace un mayor énfasis en la importancia de la investigación.
A este artículo 1, presentamos una enmienda que consiste en añadir un epígrafe específico que tiene que ver con uno de los retos que hay ahora mismo en nuestra sociedad y que tiene que ver con la formación permanente de los ciudadanos. Por eso ponemos un nuevo subapartado, que es la formación permanente de los ciudadanos. Ese es uno de los retos y es algo por lo que me gustaría que, cuando pasen los años, si esa ley sale adelante, se la recuerde como una ley que ha servido para que haya esa concepción de la universidad, no solamente como transmisora de conocimientos, sino también como una universidad crítica y que está abierta a aquellos que no tengan la titulación reglamentariamente exigida. Por ello, desde el principio, y no con frases en subapartados, hay que poner claro y concretamente la formación permanente de los ciudadanos. El proyecto del Gobierno en la letra d), del apartado 2 del artículo 1, al final de todo (me imagino que se les habrá ocurrido después de la segunda o tercera redacción del proyecto de ley y no, evidentemente, leyendo nada de lo que algunos habíamos publicado ya), pone: La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. Señorías, no es correcto poner en un artículo de una ley a lo largo de toda la vida; se puede poner, y me parece mucho más correcto, la formación permanente de los ciudadanos. Son muchas las faltas de ortografía, ha habido parlamentarias aquí, con el método de debate, pero también hay faltas de ortografía llamémoslas de carácter político a la hora de definir unas funciones que son absolutamente claves para saber qué universidad del futuro queremos. Esta es una de ellas. Reitero que, desgraciadamente, tendremos la oportunidad de ir viendo muchos de estos aspectos a lo largo del debate del proyecto de ley. Dentro de este artículo 1 hay además de algunos palabros, como valorización. Lo he mirado en el diccionario y es verdad que existe, pero, la verdad es que las cosas adelantan hoy muy rápidamente. No estamos planteando más que saber cómo tenemos que definir la universidad, y esta definición es mejorable y, por consiguiente, ésas son nuestras enmiendas al artículo 1 que, sobre todo, hacen énfasis especial en la formación permanente de los ciudadanos, que debe ocupar un lugar predominante en esa nueva universidad que queremos establecer.
El artículo 2 último artículo de este título preliminar tiene que ver con la autonomía universitaria. Hay que ser absolutamente respetuosos con la autonomía; no hay que temerla. La autonomía universitaria ha sido y es el motor de la universidad, algo que ha permitido avanzar de modo sustancial. Se tiene que preservar e incluso reforzar. Las enmiendas del Grupo Socialista a lo largo de todo el proyecto de ley van en esa dirección: reforzar, preservar, hacer que la autonomía universitaria sea realmente el motor de la universidad y que esa autonomía universitaria sea también la garantía de la calidad del servicio público. A lo largo del proyecto de ley hay una línea de actuación que recorta la autonomía universitaria. Este recorte de la autonomía universitaria también puede verse incluso en las definiciones que se contemplan en el artículo 2. Repito que para nosotros es imprescindible que se tenga muy en cuenta este principio que no se debe de recortar en absoluto. El Tribunal Constitucional dice en una definición que es una mezcla de derechos fundamentales y garantías constitucionales, y, dentro de la capacidad de legislador, tenemos que ser conscientes de que cualquier recorte de este tipo de autonomía, al final, lleva a una situación mala para nuestra universidad. ¿Qué es la autonomía? La autonomía podría definirse en tres niveles: la autonomía financiera, la autonomía académica y la autonomía organizativa. La autonomía financiera es algo que, evidentemente, figura en este texto. Nadie va a decir que no venga, pero para poder tener una autonomía financiera de verdad, se necesita tener una suficiencia financiera. Si en el proyecto de ley no se contemplan, más allá de definiciones, actuaciones, aspectos, medidas que permitan garantizar esa suficiencia financiera a las universidades, me parece muy bonito, un buen canto al sol, que se defina la autonomía financiera como algo deseable y bueno para la propia universidad, no sólo aquí, no sólo en esa falta de suficiencia financiera, sino en otros aspectos que tienen que ver con la financiación, como es el régimen económico de las universidades, al que se le da un trato francamente peor que a muchos componentes del sector productivo en el ámbito privado, tema que tiene que ver, por ejemplo, con el régimen fiscal, aunque ya hablaremos de ello. La autonomía financiera no debe ser sólo y exclusivamente esta definición. Hay algo más. La autonomía académica tiene -y eso que

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en el trámite de ponencia algo se ha mejorado- unos problemas totales por una apropiación por parte del Gobierno de los temas que tienen que ver con las titulaciones, etcétera, y que francamente nos parece que roza casi la ilegalidad y sobre todo la irracionalidad. Iremos viendo a lo largo del debate del texto que hay que intentar referirse al máximo, en cuanto hablamos de autonomía, a los estatutos de las universidades. Las universidades no son todas iguales y tienen que cumplir funciones distintas, según su tamaño, según su entorno y según los objetivos que tengan planteados. A lo largo del texto, repito, no existe ese respeto normativo en lo académico -y lo veremos- ni en lo organizativo ni tampoco en lo financiero.
Una parte de nuestras enmiendas a este artículo 2 tiene que ver con la creación de un título específico de universidades privadas. No tiene sentido que a lo largo del texto se vayan tratando aspectos ligados a las universidades privadas y que, inclusive, en el informe de la ponencia se haga referencia, en cuanto a lo que ha de ser la organicidad de los artículos, a que no deben estar diseminados así, no sólo por una razón formal sino también por una razón política. La universidad -por eso quitamos siempre el adjetivo pública- engloba a la pública y a la privada. Nuestras enmiendas quieren que las universidades privadas tengan las mismas obligaciones que las universidades públicas, tanto en la participación como en sus normas de organización y funcionamiento, desde el punto de vista de la democracia, y en asegurar la calidad de la enseñanza dentro de las universidades. Como esto se tratará en un título específico de universidades privadas, simplemente diré que hay un paquete de enmiendas que tienen que ver con todo aquello que se refiere a universidades privadas dentro del artículo 2 del título preliminar.
Asimismo, a este artículo 2 hay algunas enmiendas que eran de sentido común y que ha aceptado el Grupo Popular. Por supuesto -se lo dijimos en la ponencia y se lo repetimos aquí-, agradecemos su aceptación, antes me he referido a alguna de ellas, pero hay otras que podrían mejorar de una manera mucho más definitiva el texto. Voy a poner algunos ejemplos. El proyecto de ley del Gobierno se refiere en todo el texto a la relación de puestos de trabajo. Nosotros estamos a favor del término plantillas y voy a intentar explicarlo porque este es un empecinamiento y, a lo mejor, si yo lo explico razonablemente bien, como nada es inmutable, incluso el Grupo Popular, en lo referente a la ley orgánica de universidades que estamos debatiendo, puede corregir un error. Las plantillas son algo más flexible. Los puestos de trabajo, las famosas RPT, son una descripción, una relación pormenorizada de puesto de trabajo por puesto de trabajo, donde figuran los complementos, los complementos específicos, etcétera. Lo sensato es que se tenga un diseño flexible, que haga las plantillas, que no se puedan cambiar las cantidades asignadas para esas plantillas, pero que las universidades, en el uso de su autonomía, a la hora de tener que desdoblar una o dos plazas para crear una o dos de titular o para crear una de catedrático, etcétera, no tengan -entre comillas- que pasar por la Administración correspondiente. ¿O es que tiene sentido cambiar un complemento de destino e ir a la administración educativa correspondiente de la comunidad autónoma para decirlo? ¿Qué pasa con algunos contratados tipo de los del programa Ramón y Cajal que se ha puesto en marcha en las universidades? ¿Dentro de qué entran? ¿Entran dentro de los puestos de trabajo, con el dinero que se les asigna, con número, etcétera? Si no entra ahí, ¿dónde entran? En cualquier caso, según mi modo de ver, habría que tener una cierta apertura de miras y darnos cuenta de que, en el caso concreto de esta redacción, hablar de puestos de trabajo es incorrecto. Es mucho más correcto hablar de plantilla. De alguna manera, esto también toca a la autonomía universitaria. No es simplemente una definición, no es simplemente un concepto, sino que también afecta a la autonomía universitaria.
Señor presidente, también aprovecho para preguntar con respecto a una enmienda del Grupo Popular, la 678, que en principio había sido aceptada en la ponencia y al final de la misma se dijo que quedaba en suspenso. Imagino que ahora nos darán la razón de ser. Dentro de lo que hemos podido estudiar en el informe, observamos que no ha sido incorporada al informe de la ponencia. Quisiéramos saber qué ocurre con ella. Me imagino que saldremos de dudas haciendo un cierto recorrido por las otras enmiendas.
Me referiré a un aspecto específico de una de nuestras enmiendas en la que existe un error. Concretamente, en la enmienda 355, donde figura: sustituir el término representación por administración, se trataría de añadir, no de sustituir. Me refiero al artículo 2.2,b) que dice: En los términos de la presente ley, la autonomía de las universidades comprende la elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación. Nosotros lo que queríamos era añadir: y administración, no sustituir representación por administración. Este no es un aspecto baladí. Creo que hay una tendencia -entre comillas- a recortar esa autonomía. Como ejemplo pondré el gerente, que no es un órgano de representación, por lo tanto, no estarían incluidos dentro de la autonomía de las universidades todos aquellos aspectos referidos al gerente. El gerente, al no ser órgano de representación ni órgano de gobierno, debe estar incluido aquí. Por lo tanto, sería una adicción para que el artículo 2.2,b) quedara redactado con órganos de gobierno, representación y administración. Esta es una de las diversas enmiendas que hemos presentado a este título. Volvemos otra vez a la retórica -si se me permite- de formación a lo largo de toda la vida.
En lugar de en el artículo 2.2,d) póngaseesto en primera plana, en las funciones de la universidad

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como un subapartado específico. Por eso pedimos la supresión del texto en este punto.
Para terminar, señor presidente, también quisiera poner de relieve la enmienda 358, del Grupo Socialista, que se refiere al artículo 2.2, g). Aquí se redacta qué es lo que comprende la autonomía de las universidades y dice textualmente: La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios. Nosotros proponemos una enmienda que pretende sustituir toda esa frase por: la expedición de títulos y diplomas. ¿Porqué? Porque al decir títulos abarca todos, los títulos oficiales y los propios, por lo que la redacción que hay es innecesaria. Además, yendo más allá, hay un aspecto importante, y es que, dentro de poco -y lo veremos todos- vamos a avanzar en el espacio europeo de enseñanza superior. Esta redacción es restrictiva para cuando los títulos europeos tengan validez en nuestro país. ¿Por qué no hacemos una definición más concreta y más correcta de la expedición de títulos y diplomas y nos salimos de esa dinámica en la que parece que había un concurso de ver cuántos artículos tenía la ley, o si era más larga o cuánta tinta íbamos a gastar en todo esto? El sentido común lleva a que tengamos una fórmula que sea mucho más comprensiva, mucho más amplia y que no sea restrictiva. Por eso espero y deseo que este tipo de enmiendas, que yo llamo de sentido común, se tenga en cuenta o al menos se argumente en contra de ellas porque es lo que se espera de este debate.
Por todo ello, señor presidente, creo sinceramente que este título es manifiestamente mejorable, que hay razones de forma del propio título que tienen que ver con planteamientos claramente políticos y de respeto a la autonomía universitaria, de preservarla y mejorarla, y que tienen que ver, también, con ese reparto competencial que es fundamental a la hora de diseñar una universidad para este siglo.
También hay aspectos de fondo donde hay una redacción inadecuada y a veces farragosa, que no es para un proyecto de ley. En cualquier caso, este título preliminar tiene una mala redacción.
Otra enmienda que plantea el Grupo Socialista tiene que ver con un nuevo artículo. Antes de ella quisiera decir -como iremos refiriéndonos a ello no voy a hacer énfasis- que, como verán ustedes a lo largo del texto y de nuestras enmiendas, cambiamos el nombre de consejo de coordinación universitaria que pone el Grupo Popular en el proyecto de ley. En el título específico daremos todas las razones, pero simplemente quiero hacer mención a que no creo que por cambiar el nombre de un órgano se avance mucho. Si esa es otra aportación creativa de los redactores del Gobierno, la verdad es que en temas de creatividad no andan muy sobrados.
Por último, pedimos la adicción de un artículo 2 bis que tenga que ver con la participación universitaria. Las universidades se organizarán de forma que en su gobierno y en el de sus centros quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, profesores, personal de administración y servicios y estudiantes de acuerdo con las funciones que a cada uno correspondan en relación con las señaladas en el artículo 1 de la presente ley, así como la participación de representantes de los intereses sociales. Tiene que ver con el punto 3 del artículo 6, con alguna diferencia, creemos que hay que elevarlo a rango de artículo y que tiene que estar en el título preliminar, pero no simplemente porque tenga que estar ahí, sino porque, primero, acotamos profesores, personal de administración y servicios y estudiantes y aseguramos algo que tampoco se cumple en este proyecto de ley, según entendemos nosotros e iremos viendo, como es la participación similar, por decirlo de alguna manera, a la que hay ahora. Este proyecto de ley recorta de alguna manera la participación de algunos estamentos; ya lo veremos. Sobre todo, con este artículo queremos - la palabra obligar no me gusta, digámoslo de otra manera- que tanto las universidades públicas como las universidades privadas tengan, dentro de sus diferencias, un modelo que permita la participación. Decía el verbo obligar porque de alguna manera este artículo, en el título preliminar, permite -entre comillas- obligar a marcar un terreno a las universidades privadas para que tengan esa participación necesaria.
Por todo ello, señor presidente, y agradeciendo la atención de los diputados, nuestro grupo tiene una versión bastante negativa de lo que este título preliminar significa, y sólo llevamos dos artículos.


El señor PRESIDENTE: Habrán tomado nota los grupos de la corrección de la enmienda número 355 que acaba de exponer verbalmente. ¿Algún grupo desea manifestar su opinión? (Pausa.) Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: El otro día algún parlamentario pedía que la oposición o los grupos parlamentarios no introdujéramos en este debate el filibusterismo político; ni el filibusterismo político ni el paripé. Izquierda Unida hace más de diez años que viene uniendo de alguna forma su voz y sus inquietudes a las de los sindicatos y otros sectores de la comunidad universitaria para poner en marcha una reforma universitaria capaz de acometer un debate público amplio y participativo sobre la LRU, una vez que todos habíamos constatado que había claras insuficiencias para dar respuesta a las demandas sociales que estaban planteadas y una vez que se habían podido detectar, dada la praxis de la propia ley, importantes fallos en su puesta en práctica. Prueba de nuestra preocupación, señor presidente, de la preocupación que Izquierda Unida tiene por la situación que atraviesa la universidad española es que hemos venido planteando diferentes iniciativas en todas las legislaturas pasadas. Y al inicio de esta

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legislatura, exactamente en junio del año 2000, mi grupo parlamentario solicitó la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte sobre la reforma universitaria. Para Izquierda Unida era imprescindible y urgente implicar al Parlamento en un intenso debate que estaba ya en la calle y que en ese momento mantenía la comunidad universitaria a partir de diversos informes, particularmente del informe Universidad 2000 que se hizo público, como ustedes saben muy bien, en marzo del año 2000 y que generó múltiples reacciones junto a una interesante polémica en el ámbito universitario.
Frente a esto, el Gobierno del Partido Popular ¿qué ha hecho? Ha evitado toda posibilidad de abrir y potenciar el debate que requeríamos, tanto la oposición parlamentaria como la comunidad educativa, el conjunto de la sociedad, y ha optado por seguir un proceso desde nuestro punto de vista ajeno completamente a la más mínima voluntad de acuerdo y de participación democrática de los distintos sectores sociales tanto del ámbito universitario como extra universitario, que tienen mucho que decir sobre la reforma de la universidad. Como prueba de ello hay que señalar la premeditación y alevosía con la que el Partido Popular ha planteado esta cuestión. La señora ministra eligió exactamente el mes de mayo -época, como todo el mundo sabe, muy adecuada para que los estudiantes puedan hacer el debate sobre la reforma- para hacer público el borrador, el anteproyecto de ley de universidades, y además dio un plazo exiguo, por no decir ridículo, a la Conferencia de rectores y al Consejo de Universidades para que hicieran su propia valoración y pudieran aportar sus propuestas. A finales de junio, a la vista del considerable rechazo generado, la ministra informa al Consejo de Universidades de los cambios que piensa introducir en el anteproyecto, sin dar pie a que ni siquiera dicho órgano los pueda analizar, y también en pleno verano, el Consejo de Ministros aprobó el correspondiente proyecto de ley orgánica de universidades y lo remitió al Parlamento, donde se estableció igualmente un plazo exiguo -ridículo, diría yo- para presentación de enmiendas. Bien, pues corregirla y no enmendalla. Ustedes se han conformado con esto. Lo digo con dolor y con mucha frustración, y yo voy a dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y no voy a hablar más en esta Comisión porque no voy a formar parte de este paripé; voy a votar porque es mi obligación y mi responsabilidad. No han aprobado nada más que una enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que ha trabajado con sentido de la responsabilidad. Para que los periodistas que están en la sala puedan saber de qué hablamos, me estoy refiriendo a la enmienda número 129. Fíjense ustedes la cintura democrática que tienen y la intención que tienen de mejorar el texto por las voces múltiples y variadas que hay en esta Cámara. Es una enmienda de sustitución en la que, en lugar de decir «persona en quien delegue», nosotros decimos «por miembro del mismo en quien delegue». Ese es el esfuerzo democrático que ha hecho el Partido Popular para tener en cuenta el trabajo de mi grupo parlamentario. Es indignante, es frustrante y lo que le apetece a esta ponente y portavoz de este grupo, sinceramente, lo que le pide el cuerpo, y no se lo puede permitir por la responsabilidad que le asiste, es irme a tomar café y una tostada.
Así de claro, porque es verdaderamente increíble.
Nuestras enmiendas iban en la línea de hacerles a ustedes los deberes, de reconciliarles con la comunidad educativa y con el conjunto de la sociedad, pero ustedes han hecho oídos sordos.
Nuestras enmiendas ¿qué querían corregir? Primero -evidentemente, ya no vamos a hablar del pasado- queríamos que hubiera un debate, cosa que no ha sido posible, queríamos mejorar este proyecto de ley, a pesar de su escasez de voluntad política, para consensuar una reforma educativa. Señorías, no estamos hablando de cualquier reforma.
Estamos hablando de una reforma educativa que es clave en una sociedad democrática, la reforma de la universidad. ¿Qué queríamos nosotros con nuestras enmiendas? Muy sencillo. Queríamos contribuir a que no hubiera un retroceso histórico en la autonomía universitaria, que está por cierto consagrada en el artículo 27 de la Constitución.
Ustedes han restringido las competencias de las universidades en la selección del profesorado, ustedes recortan las competencias de la comunidades autónomas al establecer un único sistema -entre comillas- nacional de habilitación del personal docente e investigador.
Nuestras enmiendas iban en la línea de corregir esos desatinos. Esta ley va a ser la ley del Partido Popular, esta ley no va a ser la ley de nadie más que del Partido Popular. No han recogido ni una sola de nuestras enmiendas, que iban en la dirección, como he dicho antes, de reconciliarles a ustedes con la comunidad educativa y con el conjunto de la sociedad respecto a la autonomía universitaria. Nuestras enmiendas iban también en la línea de más democracia interna en la universidad.


Este proyecto de ley supone un serio recorte de la democracia interna en los órganos de gobierno de las universidades, porque ustedes acentúan el poder de los rectores y demás órganos unipersonales en detrimento de los claustros y de otros órganos colegiados. Además reducen, cuando no eliminan, la presencia del profesorado contratado, del profesorado no doctor, de estudiantes en los órganos colegiados.
Nuestras enmiendas iban en el sentido de corregir esa tendencia, lo que por otra parte ya hemos manifestado en multitud de ocasiones, tanto en la Comisión como en el pleno. Ustedes restauran el viejo elitismo universitario y jerarquizan la universidad. En esa dirección, en la dirección de corregir estos errores, iban las enmiendas de Izquierda Unida. No resuelven en absoluto la situación precaria de los actuales Penenes, doctores y no doctores. Nosotros

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también habíamos trabajado para corregir esa situación en algunas enmiendas, porque ustedes presentan una carrera docente que más bien parece una carrera de obstáculos -faltan los caballos- que no va a animar, señoría -y esta es la gran preocupación de Izquierda Unida- a las jóvenes y jóvenes licenciados o doctores a seguirla. Lo más probable es que antes de entrar en el vía crucis huyan que es lo lógico y lo único consecuente.
Habíamos trabajado asimismo en la línea de impedir que ustedes introdujeran la arbitrariedad en el sistema de acceso de los estudiantes. No han recogido ni una de nuestras enmiendas en ese sentido. Tampoco han hecho el más mínimo caso de las enmiendas que tienen que ver con corregir ese afán compulsivo que tiene el Partido Popular de abrir un proceso de privatización de la enseñanza universitaria y de la investigación, al facilitar la creación y puesta en marcha de universidades privadas que no tienen que cumplir requisitos análogos a los de las universidades públicas, ni en lo que se refiere a la proporción del profesorado acreditado, ni en el carácter democrático de su organización y funcionamiento. También nos preocupa el especial trato de favor que ustedes siguen otorgando en esta reforma universitaria a la Iglesia católica, por cierto impropio absolutamente de un Estado aconfesional. Corrijo, el otro día decía laico y alguien del Partido Popular atinadamente me dijo que era aconfesional. Pues sí, efectivamente, tampoco ustedes han tenido en cuenta ninguna de estas preocupaciones de Izquierda Unida.
Nosotros entendemos que estamos asistiendo esta mañana y vamos a asistir a lo largo del día - con el respeto para los grupos parlamentarios que han optado por otro método de trabajo en esta comisión- a un paripé, paripé en el que sencillamente esta portavoz no va a participar. Izquierda Unida sigue apostando y va a participar en todas las movilizaciones sociales que haya en la calle, de universitarios, de estudiantes, cualquier tipo de movilización, defendiendo un modelo de universidad pública que esté basado en los principios de autonomía plena, de democracia participativa, de corresponsabilidad ante la sociedad y de una financiación pública suficiente para asegurar una calidad docente e investigadora en condiciones de igualdad que permita que la sociedad española sienta que tiene la universidad que necesitamos. En esa dirección habíamos trabajado, señorías, y ustedes, señores del Partido Popular, nos han aplicado un vil rodillo impropio de un Estado democrático, social y de derecho. Sigan ustedes trabajando en esta dirección, porque yo pienso que de éxito también se muere y seguramente por este camino, a pesar de que hoy estarán ustedes muy contentos por el resultado de las elecciones gallegas -yo estaría empezando a preocuparme si fuera del PP, pero cada uno hace su propio análisis-, se van a morir ustedes de éxito pero mucho antes de lo que ustedes tienen previsto y desgraciadamente mucho más tarde de lo que otros deseamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo querría utilizar este turno de intervención al hilo del título preliminar, aunque mi grupo no tenga en él ninguna enmienda viva, para hacer una cierta valoración de conjunto, como han hecho otros portavoces, y fijar lo que va a ser la línea política de mi grupo parlamentario en esta Comisión de hoy.
En el debate del pleno de la Cámara de las enmiendas de totalidad nosotros dijimos claramente que el proyecto de ley que había entrado en la Cámara no era un buen texto. Dijimos incluso que nos parecía que merecía un suspenso. Pero, como acertadamente me precisó y señaló un destacado miembro del Grupo Parlamentario Popular, un suspenso significa suspender el juicio, no decir en ese momento que reprobamos el texto, que es lo que supone hacer un voto negativo, sino suspender o congelar el juicio -eso es lo que fue la abstención- a la espera de que ese texto fuera sustancialmente mejorado, alterado, perfeccionado y a la vez, e insisto ya desde este momento en eso- que en el proceso social que tiene que acompañar a la elaboración de una ley de esta categoría, de esta trascendencia, fuera mejorándose, el proceso de diálogo social entre el Gobierno y la sociedad, entre el Gobierno y la comunidad educativa. La realidad es que desde esa fecha en que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se abstuvo en esa votación hasta hoy, en que tenemos que proceder a votar el texto elaborado por la ponencia, las cosas han cambiado bastante y hay que dejarlo claro.
El texto que estamos discutiendo hoy que viene de la ponencia es bastante mejor que el proyecto de ley originario. Es bastante mejor, en primer lugar, porque el propio Grupo Parlamentario Popular se ha autoenmendado a sí mismo en algunos puntos y ha introducido mejoras que la sociedad, los grupos políticos y la comunidad educativa le venían pidiendo. En segundo lugar, porque es innegable que el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado, ha incorporado como texto de la ponencia algunas enmiendas, algunas muy importantes, presentadas por este grupo político. Podrán reconocerlo otros grupos. En algunos casos coinciden, si no en su literalidad, porque eso es difícil, sí en espíritu, con algunos puntos que otros grupos también planteaban; aunque finalmente el texto incorporado haya sido el de un grupo en lugar del de otros.
Querría dejar claro que hemos percibido por parte del Grupo Parlamentario Popular un nivel de diálogo importante, que ha permitido mejorar el texto respecto de su situación original y ha permitido, si se quiere,despejar determinadas incógnitas o superar determinados

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obstáculos que a nosotros nos hacían absolutamente inasumible el proyecto de ley originario, particularmente en ámbitos de defensa de las competencias de las comunidades autónomas, de la Generalitat de Cataluña y de los demás gobiernos autónomos, que nos parecían directamente violadas, infringidas y atacadas en el proyecto de ley originario. Entendemos que hoy eso no está exactamente en esa situación, que en los ejes más importantes esos puntos han quedado prácticamente superados, aunque no todos todavía. También habíamos hecho una serie de enmiendas de las que iremos hablando hoy -algunas siguen vivas, otras habrán quedado incorporadas en la ponencia-, de tipo técnico, de concepto de modelo de universidad. Algunas de ellas, insisto, han quedado incorporadas. En conjunto, podemos decir que este texto está mucho mejor de lo que estaba. Pero en esta primera intervención quiero dejar claro, en aras de la transparencia, que desde la posición de Convergència i Unió esta ley sigue en suspenso.
En suspenso significa que todavía hoy este grupo parlamentario no puede dar su apoyo a este proyecto de ley en la forma en que está hoy. Y no lo puede dar porque todavía tiene algunos interrogantes de sustancia que no están resueltos y que entendemos que no van a quedar resueltos hoy. Y en segundo lugar, y quiero subrayarlo mucho, porque nos perturba profundamente la forma en que se está desarrollando este debate. Nos perturba, nos desagrada profundamente la sensación de tensión social a la que se está llevando a la comunidad universitaria por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Llega un momento, cuando se está hablando de una ley como esta, que ya no se trata sólo, aunque también, de saber si a uno le gusta la letra b) del apartado 3 del artículo equis. Se trata de saber si estamos consiguiendo presentar a la sociedad desde esta Cámara un texto en el que la sociedad, de forma mayoritaria al menos, se pueda sentir reconocida, cómoda y pueda considerar que el Parlamento le está dando un nuevo instrumento para su desarrollo, un nuevo marco, un nuevo traje jurídico, si se me permite la expresión, en el que esa sociedad pueda desarrollarse y en el cual pueda actuar. Las leyes, y especialmente una ley como en la que estamos ahora, no son imposiciones. Esto no es el código penal. Esto es el marco jurídico con el cual la universidad española tienen que trabajar y tendrá que hacerlo durante los próximos años. Lo que se les está dando es el edificio, un edificio jurídico pero tan importante como el edificio material. Y este edificio jurídico que hoy estamos construyendo lo estamos haciendo mal y la responsabilidad de que lo estemos haciendo mal recae en el Grupo Parlamentario Popular que le está imponiendo una velocidad, una falta de diálogo con la sociedad y una cierta falta de cintura con iniciativas a lo mejor presentadas por otros grupos o por la propia sociedad que nos hace hoy por hoy imposible sumarnos a ese trayecto, subirnos a ese tren. Nosotros no podemos hoy -y vamos a ver qué ocurre de aquí al Pleno, está también en manos del Grupo Parlamentario Popular- mantener o no que todo esto tenga que ser resuelto en una semana. Si todo esto tiene que ser resuelto en una semana es muy difícil que hayamos superado los obstáculos que hoy ponen al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en la situación de mantener su estado de suspensión, por no decir suspenso, su estado de abstención, de cara a lo que es el conjunto de este proyecto de ley. Vamos a ver qué ocurre en esta semana. Probablemente lo que haya que hacer es incluso aplazar el debate en el Pleno. La decisión sobre ello la tendrá quien tiene la mayoría absoluta de la Cámara y quien controla la Mesa y Junta de Portavoces.
Termino, señor presidente. Nosotros valoramos positivamente, muy positivamente, el esfuerzo hecho por el Grupo Parlamentario Popular en alguno puntos concretos; valoramos muy positivamente que se hayan rectificado algunos aspectos centralizadores y algunos aspectos que infringían el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, pero seguimos sin poder mantener que esta sea una ley que merezca ser votada favorablemente a la que Convergencia i Unión pueda prestar su apoyo y pedimos al Grupo Parlamentario Popular que reflexiones si de verdad está dispuesto a asumir el coste político y el coste social que supone acabar sacando una ley de reforma del conjunto de la situación universitaria con sus solos votos. Porque en este momento Convergència i Unió no puede comprometer que pueda contar con los de otro grupo, concretamente el que yo represento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Voy a hacer referencia al título preliminar porque tanto en algunas enmiendas del Grupo Socialista como en otras intervenciones se ha hecho referencia a universidades privadas, sobre las que tendremos un debate exclusivo. También se han tratado otros temas pero este portavoz no va a entrar en ellos hasta que no llegue el momento correspondiente.
Agradezco que el representante del PNV y el representante de CiU hayan dicho que esta ley es menos centralizadora que lo fue la LRU actualmente vigente y que se han tenido en cuenta por parte del Grupo Popular enmiendas de descentralización y otras enmiendas. Aunque yo no creo que rozaban las competencias autonómicas, para que no hubiese duda, entre las presentadas por el Grupo Popular y las que ha admitido este grupo se ha conseguido que haya un equilibrio positivo respecto de las competencias centrales, digámoslo así, y autonómicas.
Quiero indicar que el dictamen del Consejo de Estado era claro en este sentido y lo sería más si ahora hubiera un postdictamen del mismo. Voy a citar, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitu cional,

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la sentencia del 11/7/96: Si bien la normativa básica debe establecerse mediante ley formal votada en Cortes, el Gobierno en ciertas circunstancias puede regular por real decreto aspectos básicos en una determinada materia. Estas circunstancias se dan cuando el reglamento resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas, sentencias 25/1983, 32/1983 y 48/1988. Es indispensable, cuando la ley formal no resulta instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos básicos, debido al carácter marcadamente técnico, la naturaleza coyuntural y cambiante de los mismos. Sentencias del Tribunal Constitucional también 76/1983 y 149/ 1992.
No querría dejar de hacer alusión a algunos temas de las enmiendas presentadas por el PSOE que dicen que no hay suficiente financiación.
Cuando se debatieron las enmiendas a la totalidad ya dijimos que, si hay un acuerdo de financiación autonómica, con unas cantidades muy fuertes que van a recibir las comunidades autónomas, lo que no se podía hacer es decir que en las cuestiones que tienen competencia iba a haber una financiación por parte del Estado central. Por otra parte, en esta ley los cambios que puede haber al respecto figuran en la memoria económica. Respecto de los estatutos de cada una de las universidades, creo que queda bien claro que la redacción de estos estatutos se deja a la autonomía de cada una de las universidades. Se decía que no todas son iguales. Por ello los estatutos los va a redactar cada universidad, adaptándolos indudablemente a sus circunstancias. Se ha hecho también alusión a unos temas en los que entraremos posteriormente con algunas enmiendas, por ejemplo, la 358, del Grupo Socialista, relativa a expedición de títulos y diplomas, haciendo referencia al espacio europeo. Nosotros entendemos -y así lo hicimos saber en la ponencia- que la creación de un título especial para el espacio europeo era una aportación positiva del Grupo Socialista y contemplamos la posibilidad de llegar a un acuerdo con dicho grupo. Finalmente, siento mucho que la señora Castro no esté y se haya ido a tomar café con tostadas. A mí me gustaría que el señor presidente cuando llevemos algún tiempo nos invite en algún descanso a café y tostadas, lo agradeceríamos enormemente. No se trata de la representación de la sociedad, señorías. Yo en esta cuestión estoy en absoluto desacuerdo. El pueblo español, la sociedad, está representado en esta Cámara conforme a las decisiones que adoptó en las últimas elecciones y por lo tanto las enmiendas que se han recogido ya en las transacciones que se han hecho, etcétera, y el apoyo por parte del grupo mayoritario es lo que recoge la sociedad.
Todo lo demás pueden ser unos comentarios y no voy a calificarlos, que al hilo de las intervenciones se pueden efectuar, pero que no se corresponden con la realidad.
Nosotros mantenemos el título preliminar y las enmiendas que quedan vivas al mismo las rechazaremos.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, acojo la sugerencia que me ha hecho, independientemente de su coste.
Señor González de Txabarri,

El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: ¿Se podrá replicar, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Sí. Tiene un minuto, señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Este diputado no quisiera adoptar la posición de la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ir a tomarse un café con tostadas, pero quiero dejar claro ante la presidencia que ninguna de las posiciones que este grupo parlamentario ha mantenido en su primer turno de intervención ha sido contestada por el portavoz del Grupo Popular. Ciertamente en esta Cámara están representados todos los ciudadanos españoles, pero parece que no todos con la misma consideración, señor presidente. Yo, en nombre de los ciudadanos a los que represento, sí quisiera significar que este debate no se sustanciará entre el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz socialista, porque entonces este diputado se vería obligado a adoptar la misma postura teniendo que expresar sus posiciones en formas y en fondo que no quisiera en ningún caso. No se trata de tomar café y tostadas. Se puede discutir y en pluralidad. Al inicio de mi intervención he dicho que a ver si hoy era el día del debate. Pero si el día del debate va a ser entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, se nos está dando a entender que estamos de sobra. Sigo insistiendo, señor presidente, me gustaría que los portavoces del Grupo Popular nos explicaran porqué no quieren entrar en el debate de los planteamientos políticos en materia universitaria que realiza el Grupo Parlamentario Vasco y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Es que las propuestas que se hacen son inconstitucionales? ¿Es que lo que está escrito es inconstitucional? ¿Es que lo que está escrito es antiestatutario? ¿Por qué no se quiere debatir? Esa es la cuestión, señor presidente. Quisiera que esta no fuese la tónica del debate porque nos encontraríamos en una posición completamente incómoda.


El señor PRESIDENTE: Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Para una réplica para impedir el desorden, en mi opinión. No voy a entrar en el fondo de la cuestión porque no se nos ha contestado a ninguna enmienda, pero como de la única que se ha contestado se ha vertido una inexactitud que no corresponde con mi intervención, como estamos

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debatiendo un proyecto de ley, me imagino que tendremos derecho a replicar, con la idea de avanzar. Un ejemplo. Hay muchas enmiendas de las que hemos dicho que no se han mencionado -cada portavoz hace lo que cree mejor-, pero la que se ha mencionado tiene que ver con el artículo 2.2.g). Lo digo para intentar entendernos dentro de esa presión social que hay y de esta sensación de estar aquí cumpliendo un papel que no sé si es brillante o no y no tanto por lo que se dice sino por el caso que te hacen. Artículo 2.2.g): La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios. Esa es la redacción del proyecto de ley del Gobierno. ¿Qué propone el Grupo Socialista? La expedición de títulos y diplomas. Sin más. ¿Qué significa esto? Que si se aprueba un espacio europeo de consenso no va a tener una referencia aquí, en el 2.2.g) y por lo tanto estamos haciendo una propuesta sensata y de sentido común. Si se nos dice que no tenemos razón por tal y por tal, el Grupo Socialista lo acepta, pero si la tónica del debate va a consistir en, de manera numantina, decir que no a todo, no escuchar las cosas que se dicen y no decir por qué no se acepta una enmienda... Habrá que explicar esto aquí y en la sociedad.


El señor PRESIDENTE: Al título I han presentado enmiendas, por el Grupo Mixto, el señor Saura Laporta, el señor Puigcercós y la señora Lasagabaster, que tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Esto hasta se está convirtiendo en divertido, porque realmente es un caos.
En todo caso, simplemente para suscitar la atención del Grupo Popular, diré que las seis formaciones del Grupo Mixto hemos presentado 266 enmiendas. Cuando menos, me parece que hay que tener en cuenta el esfuerzo realizado por los distintos miembros de este grupo y que alguna consideración debieran tener. Teniendo en cuenta, como decía el señor González de Txabarri, que en el debate de totalidad la ministra tampoco replicó a las enmiendas de totalidad, algo que viene siendo habitual últimamente, esto son unos monólogos muy bonitos, muy divertidos, absolutamente inoperantes en lo que debe ser una tramitación parlamentaria. De cualquier modo, por respeto a mis compañeros, intentaré defender en el tiempo que pueda y mientras no tenga que ir a otras comisiones las enmiendas, aunque sólo sea para formalmente estar aquí.
En nuestro caso, hemos presentado dos enmiendas al título I en relación con la creación de universidades, artículos 3 a 6. Nuestras enmiendas hacen referencia al artículo 4, en concreto, 4.1.b) y 4.3.
He de decir que en este caso la ponencia ha hecho una pequeña variación en el artículo 4.3. Quiero agradecer a los servicios técnicos de la Cámara que hayan puesto en negrita las modificaciones de la ley porque es una manera de saber qué ha hecho la ponencia. Lo digo porque, considerando que la ponencia debió terminar a última hora de la tarde del jueves y que ha sido el día de hoy cuando hemos tenido el boletín del informe de la ponencia, es imposible, para los que no hemos sido ponentes y que también tenemos interés, saber qué es lo que se ha trabajado, si realmente se ha modificado algo o no del proyecto de ley. Ese sistema técnico de que las modificaciones aparezcan en negrita nos va a permitir saber qué es lo que ha habido. Desde luego, esto tampoco es serio. Tengo que decir que este artículo al que hemos presentado estas dos enmiendas era uno de los que citábamos de manera concreta en la propia enmienda de totalidad, porque entendíamos que la creación de universidades, cuya competencia la ley atribuía a las Cortes, corresponde a las comunidades autónomas y por tanto planteábamos distintas modificaciones dirigidas a esto, a respetar las competencias de las comunidades autónomas. En concreto -lo decíamos claramente en el artículo 4.3-, decíamos algo que no creo que suscite ningún reparo: sin perjuicio de las competencias previstas en los estatutos de autonomía y de la disposición adicional primera de la Constitución. Hablamos de respetar el ordenamiento jurídico porque entendemos que en ese artículo, creación de universidades, el proyecto de ley no es conforme a los estatutos de autonomía en general y al nuestro en particular.
Estas son las dos enmiendas que yo defiendo aquí y que mantengo y doy por defendidas el resto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Vasco mantiene dos enmiendas vivas a este título I. Una es la número 43, al artículo 4.1.b), que hace referencia a cómo deben crearse las universidades públicas y al reconocimiento de las universidades privadas y donde nosotros añadimos una nota que acota que cuando se creen estas universidades públicas o se reconozcan las universidades privadas por ley de Cortes Generales, a propuesta del Gobierno y de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial haya de establecerse, tal y como dice el proyecto de ley, se añada: cuando la universidad que se cree o reconozca tenga una función especializada y destinada predominantemente a la investigación científica y técnica del Estado y al intercambio, fomento y comunicación cultural en el plano internacional; se acota la posibilidad de creación de universidad pública o de reconocimiento de universidad privada por ley de Cortes Generales a estos supuestos.
Es verdad que este texto del 4.1.b) está prácticamente igual que en la ley anterior, pero es de señalar que esta situación de creación de centros docentes es diferente sustancialmente en los niveles no universitarios,

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donde el único poder público competente para ello es la comunidad autónoma en la que están radicados, de conformidad con los principios que inspiran la organización del Estado autonómico. Es cierto que repudian la posibilidad de que las mismas competencias puedan ser ejercidas simultáneamente por el Estado y las comunidades autónomas en un mismo ámbito territorial, de conformidad con la decidida y explícita voluntad del constituyente cuando suprimió el inciso del artículo 143.2.27 del anteproyecto de Constitución.
Desde nuestro punto de vista, ni el legislador estatal ni el Tribunal Constitucional cuando revisó la ley han hecho extensible ese criterio al nivel universitario y sí al no universitario. Sin embargo, puestos a clarificar los niveles competenciales, es preciso exigir que se acate por el legislador estatal este aspecto, por lo menos desde una perspectiva que nos parece más ajustada a la doctrina constitucional y que comprendería definir los límites o criterios extraordinarios que permiten al Estado mantener dicha posibilidad y crear o reconocer dichas universidades en la formulación que se explicita para el texto articulado en la enmienda 43. Desde esta perspectiva se remite la creación o reconocimiento de universidades, según el ámbito de las respectivas competencias de las comunidades autónomas y del Estado, de modo que la creación o reconocimiento por ley de Cortes Generales únicamente sea posible dentro del ámbito de competencias del Estado y por lo tanto, para crear o reconocer universidades que exceden en su configuración de la naturaleza principal de centros docentes de competencia autonómica. En conclusión, el Estado únicamente debiera crear o reconocer universidades que se caractericen por tener una función especializada y destinada predominantemente a la investigación científica y técnica del Estado y al intercambio, fomento y comunicación cultural en el plano internacional. Éste es el planteamiento de la enmienda. La enmienda 44 solicita que los requisitos de exigencias materiales y de personal que están indicados en el mismo sean calificados como requisitos mínimos. En el texto de la ponencia se recogía una enmienda que los calificaba como requisitos básicos, palabra que tiene otras connotaciones. Admitiendo que con carácter general se ha avanzado en el texto original al indicar requisitos básicos, en nuestra opinión el adjetivo más indicado para calificar requisitos sería el de mínimos, que limita el espacio normativo que se reserva el Estado con mayor claridad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans, para defender sus dos enmiendas.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: No estoy seguro de tener dos enmiendas, sino una. Entiendo que la otra quedó incorporada en el texto de la ponencia. Empiezo por la que quedó incorporada, en la medida en que es un mero debate jurídico. En efecto, nosotros entendimos que había que modificar el apartado 3 del artículo 4 porque daba la sensación de que, en los requisitos que planteaba el Estado, había una cierta intromisión en la competencia legislativa y de desarrollo de las comunidades autónomas, y de ahí que nos pareció que lo jurídicamente correcto era proponer que se introdujera la palabra «básico», si creemos que es en lo que consiste jurídicamente. Es la palabra «básico» la que debe quedar incorporada, más que estrictamente «mínimos», porque -y no es un juego de palabras- entiendo, sin querer entrar en un debate constitucional con el señor González de Txabarri, que incluso si pusiéramos «mínimos», los requisitos mínimos sólo podrían ser los básicos, es decir, los requisitos mínimos que estableciera el artículo 4.3 siempre tendrían que ser requisitos mínimos de carácter básico. De ahí que nos parezca importante esta modificación, y así ha quedado incorporado en la ponencia, lo que sirve como ejemplo de un caso en el que se ha mejorado esta ley desde el punto de vista competencial.
En cambio, seguimos manteniendo una enmienda viva que pretende la supresión de la letra b) del número 1 del artículo 4, es decir, pretende suprimir la posibilidad que se reserva el Estado, entendido como ente contrapuesto a las comunidades autónomas -en este caso dentro de la ambivalencia del término-, de seguir creando una universidad por ley de las Cortes Generales. Aunque eso se condiciona al acuerdo de la comunidad autónoma en cuyo territorio se deba implantar, entendemos que no se corresponde con la realidad jurídica actual mantener esa posibilidad después de que se hayan traspasado todas las universidades españolas y las competencias en materia universitaria. Mantener esa posibilidad en este momento no tiene sentido. Es cierto que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que podría ser leída de distintas maneras a este respecto, y a lo más que podría llegar sería a una fórmula idéntica o similar a la que proponía el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) hace un momento, es decir, a subrayar que en determinados casos, por la vía de la excepcionalidad, quizá el Estado, en supuestos muy excepcionales y perfectamente delimitados, podría llegar a reservarse esa competencia. No obstante, nos parece que establecer como criterio general que el Estado puede seguir creando universidades por ley de las Cortes Generales no se compagina con el marco estatutario ni con el marco constitucional, y por eso nosotros seguimos manteniendo la enmienda que pretende la supresión pura y dura de esa posibilidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: El Grupo Socialista presenta al título I varias enmiendas a las que me voy a referir. La primera tiene que ver directamente conel nombre del título. Según el proyecto de ley del

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Gobierno, el título es: De la naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las universidades. Hay una parte obvia de nuestra enmienda, por lo que he dicho anteriormente. En lo que se refiere a universidades privadas el reconocimiento y diversos apartados y subapartados no deben estar ahí, y lo debatiremos en el momento de debatir conjuntamente las universidades privadas. Además pensamos que tendría sentido -y al no haberse aprobado en ponencia parece que no va a poder ser así- que al nombre de este título I, que sería: «De la creación, régimen jurídico...» se añadiera ...«y estructura de las universidades». Es decir, para definir más claramente el marco de la referencia con otras universidades, habría que hablar no solamente de cómo se crean y de su régimen jurídico sino también de su estructura.
El proyecto de ley separa una serie de artículos que incluye el título II, que son los relativos a centros y estructuras, departamentos, institutos universitarios de investigación o centros de enseñanza universitaria adscritos a universidades públicas, y yo creo que sería más correcto que formaran parte del título I. Este no es el argumento más de fondo, sino que señalamos que como quitamos lo referente a privadas, creemos que no tiene sentido el artículo 3, por lo que proponemos suprimir lo relativo a su naturaleza al no ser necesaria la definición que se hace aquí. Por cierto, yo creo que a las universidades privadas hay que exigirles que tengan calidad, etcétera, pero tampoco hay que hacer lo que hace el Grupo Popular, el Gobierno en este caso, que las trata de una manera bastante desautorizadora porque las define en negativo, y yo creo que esto no es lo más correcto en castellano, porque hace referencia a las instituciones no comprendidas en el apartado anterior. Me parece que el departamento creativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha conseguido -y esto hay que reconocerlo- que el esfuerzo de imaginación sea casi nulo a lo largo de todo el proyecto y que la capacidad de redactar una ley sin decir prácticamente nada y tocando todas las cosas se mantenga también en este título.
Hay otra enmienda importante a la que han hecho referencia los dos portavoces anteriores, en la que el Grupo Socialista, que mantuvo un debate sobre la cuestión, ha optado por la solución que también plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y es que las universidades deben crearse por ley de la asamblea legislativa de la comunidad autónoma. Creemos, eso sí, que puede haber excepciones que permitan que se puedan crear por ley de Cortes Generales, pero la experiencia muestra que, cuando se redacta la Ley de Reforma Universitaria, no estaba completado el Estado de las autonomías y no había transferencias, por lo cual era necesario que figurara específicamente ese artículo, y en 18 años de aplicación de la Ley de Reforma Universitaria no hay ni un solo caso, con lo cual llegamos a la conclusión de que debe ser más bien una excepcionalidad. Si se crea una universidad de carácter internacional, etcétera, como he leído en la justificación de alguna enmienda, ¿qué es lo sensato? Si es tan singular y tan excepcional, esta redacción no impide que haya otro artículo para que se vea esa singularidad y esa excepcionalidad. Yo creo que es bueno que figure expresamente el respeto competencial, y no nos parece correcto que figure en un apartado de la ley que se puedan crear también las universidades por Cortes Generales. Posiblemente la Constitución lo contemple, nosotros creemos que es así, pero si va a ser una excepción porque en 18 años de vigencia de la LRU no se ha creado ninguna, yo creo que lo más sensato y lo más correcto es dejar el apartado a) exclusivamente. Yo creo que esta es una enmienda de fondo y la defendemos con bastante énfasis porque creemos que sería un avance suprimir el apartado b). No obstante, se mejora la redacción en las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y en otras del Grupo Parlamentario Mixto, por lo que esperamos que sea recogida alguna para mejorar el texto si se mantiene el apartado b).
Respecto al artículo 3, cuya supresión pedimos, creo que ha sido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el que ha aportado un dato nuevo al apartado 3, que tiene que ver con las enseñanzas que llaman no presenciales. Es clamoroso el vacío que había en el proyecto de ley con respecto a algo que está cada vez más en uso, la enseñanza virtual. Creo que se ha aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que pasa a ser el nuevo apartado 3 del artículo 3; esa enmienda cubre en parte ese vacío, porque este proyecto de ley está lleno de baches y huecos que hay que ir tapando, y cuando hay muchos baches al final se tapan mal o insuficientemente. Aquí se ha avanzado algo, y nosotros debatiremos en una disposición adicional nuestra posición con respecto a la enseñanza virtual, pero pensamos que poner puertas al campo o no ser conscientes de que estamos en la era digital, que estamos en la sociedad de la comunicación y en una sociedad en la que las tecnologías de la información y de las comunicaciones son fundamentales, es otro enorme error, otra falta de ortografía política del Grupo Popular y de la ministra de Educación o de su equipo, y en ese sentido lo resalto. Bienvenido sea el apartado 3 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); creemos que tendría que tener una redacción más amplia, que defenderemos en nuestra disposición adicional. En mi opinión no se debe hablar de enseñanza no presencial sino de enseñanza virtual. La enseñanza no presencial era la antigua, aquella de los alumnos libres que no estaban presentes en clase. Yo creo que es más correcto el término virtual, y lo defenderemos también en su momento cuando tratemos la disposición adicional, pero téngase en cuenta, por si sirve de algo para mejorar el texto, que yo creo que es más correcto hablar de enseñanza virtual.
Dicho esto, también haré referencia a otra enmiendaque tiene que ver con ese tufillo del Gobierno, del

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Grupo Popular, de los redactores de la ley, de no tomarse en serio esto del Consejo de Universidades. Por cierto, Consejo de Universidades que a lo largo de todos estos años de Gobierno del Partido Popular ha perdido un peso tremendo, y en esta ley el Consejo de Universidades también se devalúa bastante en mi opinión. Yo me pensaría muy mucho -no es mi caso, evidentemente que no- ser secretario porque al que le corresponda ser secretario general del Consejo de Universidades no sé que va a hacer ahí con el texto de ley que hay. Es evidente que se crea un organismo como es la agencia de evaluación y acreditación -ya hablaremos de ello- pero por otro lado se le quitan montones de funciones. Por ejemplo, en el artículo 4, para crear universidades se pide un informe previo del Consejo de Universidades. Eso parece un acto administrativo, como decir ponga usted el sello y ¡hala! se crea una universidad. Aunque parezca que no es tan importante, nosotros añadimos: previo y motivado. Un informe de un órgano como el Consejo de Universidades tiene que ser un informe motivado, un informe denso, porque tiene competencias para hacer esos informes. En casi todo el texto, también hay un cierto desprecio a la labor o al peso que ha de tener el propio Consejo de Universidades. Tiene que ser informe previo y motivado.
Por otro lado, respecto a una enmienda a la que también se ha referido el portavoz de Convergència i Unió, que tiene que ver con la creación de universidades, nosotros hemos presentado la enmienda 371 que tiene que ver con los requisitos -no voy a entrar en una discusión de si mínimos o básicos- que permitan asegurar que en las universidades españolas haya unos niveles mínimos de calidad, que se dé un número suficiente de titulaciones (aquello que se decía del trivÓum y el quadrivÓum), que se dé un número suficiente de titulaciones o de enseñanzas, que no se hagan -no digo que no las haya en España, que también las hay- universidades de piso o de garaje, tipo otros países, que quien quiera abrir un centro universitario tenga que cumplir unos requisitos, se llamen mínimos o básicos, que aseguren que existe esa calidad de la enseñanza. En ese sentido hemos redactado dicha enmienda, que dice: El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades determinará con carácter general el número de enseñanzas universitarias y las exigencias materiales y de personal mínimas necesarias para el comienzo de las actividades de las nuevas universidades o ampliación del número de enseñanzas universitarias en las ya existentes atendiendo para ello a su carácter presencial o virtual de forma que quede garantizada la calidad docente e investigadora. En este sentido, repito, creo que esta enmienda es más clara: cuando hablamos del número de enseñanzas no estamos discutiendo algo clarísimo, que las enseñanzas dependen de las comunidades autónomas; lo que queremos decir es qué número de enseñanzas, qué mínimos tiene que tener un centro para que pueda abrirse. En ese sentido, además de añadir el referente virtual al que me he referido antes, este texto permite dar mayor claridad a lo que ha de ser la creación de las universidades.
Respecto al artículo 5, específico de privadas, no tengo nada que decir ahora. En cuanto al artículo 6, de régimen jurídico, se ven aquí una vez más deficiencias preocupantes de cómo lo entienden algunos -me refiero a doña Pilar del Castillo, al Gobierno pues es su proyecto de ley-, y espero que el Partido Popular inteligentemente subsane algunas de estas cosas. Yo creo que son errores de bulto, es decir que tienen su importancia. Por ejemplo, obligar en un proyecto de ley a que se publique la creación de universidades públicas en el «Boletín Oficial del Estado» me parece que es absolutamente innecesario. ¿Qué queríamos, rellenar más los artículos, que pareciera más grande? Dice: Una vez aprobados los estatutos, entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Asimismo, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado. ¡Hombre, por favor, esto no!: tiene que figurar en una ley. Me parece tremendo.
Otros aspectos que queremos corregir con nuestras enmiendas dentro de ese artículo 6, de régimen jurídico, vienen por ejemplo en el 6.4, que dice: En las universidades públicas las resoluciones del rector y los acuerdos del consejo social, del consejo de gobierno y del claustro universitario agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso- administrativa. Esto, en buena técnica legislativa, no tiene que venir aquí. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hablado de ninguno de estos órganos. Es decir, ponemos un artículo que se refiere a unos órganos que no hemos definido porque no se han tratado en la ley.
¡Pónganlos ustedes donde tienen que estar, en los órganos de Gobierno y no en el régimen jurídico! Como se puede ver, en este título I tampoco vamos mejorando -yo no voy a poner notas-, y lo que más me duele es que algunas cosas que creo que son razonables y que no tienen excesivo trasfondo ni siquiera se tengan en cuenta. Me parece que había un poeta que decía que se desprecia lo que se ignora; yo espero que no sea despreciado este grupo una vez más por ignorancia y que se pueda contestar realmente a las cosas que aquí se han dicho porque hay que saber qué decimos en nuestras enmiendas, por qué queremos esas enmiendas, qué mejoran. Quiero oírle decir al Grupo Popular por qué está o no está de acuerdo, porque esto no es un trámite, es un debate político que no se está produciendo, al menos en opinión de este portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con intensidad y dando uno razones y quitándoselas al otro, por supuesto desde la educación y desde cierta pasión; esto no puede ser exclusivamente una especie de Muro de las Lamentaciones en cada intervención porque aquí no se contesta absolutamente a nada.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Por mi parte, señorías, aunque la enmienda que presentaba mi grupo a este título ha sido aprobada en ponencia, y por tanto está subsumida en el texto que hoy estamos debatiendo, aprovecho para comentar que con independencia de que el portavoz de nuestro grupo en el debate de las enmiendas a la totalidad manifestó la postura del mismo respecto al texto que hoy estamos debatiendo, también en aquel momento expuso la necesidad de que a lo largo de este trámite, se hiciera un esfuerzo por parte de todos los grupos para lograr el máximo consenso o por lo menos el debate necesario para una ley que como todos sabemos tiene un importante impacto de futuro en el desarrollo de nuestras universidades. Bastantes enmiendas han sido valoradas, pero respecto de otras esperamos que continúen abiertas las posibilidades de discusión en el seno de esta Cámara o de esta Comisión en por un lado, en la línea de aquellos bloques de enmiendas que apoyaban el desarrollo de un mayor respeto a las competencias autonómicas en materia universitaria y por tanto a mejorar aspectos descentralizadores del texto de esta ley, por otro lado, referido a la incorporación al texto de algunas particularidades propias del territorio del que yo provengo. Parte de ellas han sido asumidas pero otras todavía es cuestión de seguirlas defendiendo y debatiendo; así me reservo la valoración global que haga mi grupo a lo largo de todo el debate del día de hoy y de aquí al debate definitivo que podamos tener en el Pleno.
Concretamente en este título, y termino señor presidente, se ha recogido una enmienda que consideramos que tenía cierto interés, sobre todo para evitar problemas que puedan suscitarse en el día a día de las universidades, puesto que en el texto está recogido que el control de legalidad de los estatutos corresponde a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas; en el caso de que sucedan problemas o que los gobiernos entiendan que existe algún precepto de los estatutos que sea contrario a ley, entendíamos que no estaba recogida la vía de desarrollo de resolución de este problema, y la redacción que actualmente se le ha dado al texto abre una salida respetuosa con el principio de autonomía universitaria y, a su vez, permite que las universidades habiliten en sus propios estatutos mecanismos que permitan corregir deficiencias observadas sin tener que someter otra vez el texto de los mismos a un nuevo proceso de aprobación por el claustro.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pido mis excusas por no haber hecho alusión anteriormente a la enmienda 678 del Grupo Popular, al artículo 2, que retiramos.


Por lo que respecta a las enmiendas que se han planteado al artículo 4 del título I, he de decir que la redacción del proyecto de ley no quita en absoluto la capacidad para creación de universidades públicas. La letra a) del punto 1 dice: Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. Y la letra b) especifica: Por Ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse. Quiero indicar al señor González de Txabarri y a la señora Lasagabaster que aquí está suficientemente claro que ese proceso se inicia por la asamblea legislativa de la comunidad autónoma y que las Cortes Generales tienen que decidir a propuesta del Gobierno de la comunidad autónoma. Entiendo que no hay ningún problema al respecto y que la redacción actual del artículo 4, está suficientemente clara. Por eso no voy a contestar a cada una de las enmiendas, puesto que entiendo que no se invade ninguna competencia de las comunidades autónomas.
En lo que respecta al término básico, el PSOE propone mínimos y nosotros entendemos que es más correcto decir básico, por lo que mantenemos la redacción.
El Partido Socialista vuelve a insistir, por medio de varias enmiendas, en cambiar el Consejo de Coordinación Universitaria por el Consejo de Universidades. El Gobierno ha entendido que es mejor Consejo de Coordinación Universitaria, ya que sus competencias son realmente de coordinación.
En cuanto a la cita que ha hecho el señor Lissavetzky, tengo entendido que es de Antonio Machado, en Campos de Castilla. Lo digo porque me parece que toda ilustración es buena y para que quede claro en el «Diario de Sesiones».
Nosotros defendemos la redacción dada al Título I, con las enmiendas que se han introducido en cuanto a la capacidad del Estado para crear o reconocer universidades de acuerdo con la correspondiente comunidad autónoma. Para abundar en ello quiero señalar algunas sentencias del Tribunal Constitucional. En la 26/1986 dice que el Estado puede crear o reconocer universidades, respetando análoga potestad en las comunidades que hayan asumido las competencias; servir en su caso las necesidades de programación de la enseñanza universitaria (artículo 149 en relación con el 27.5 de nuestra Constitución) y cumplir la obligación de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, que es lo que nos dice el artículo 149.1.15. Si el Estado puede crear o reconocer universidades de acuerdo con las comunidades autónomas, nada impide que esa creación o reconocimiento pueda tener alcance superior al de una comunidad autónoma si todos los afectados dan su conformidad. Por consiguiente, no se podrá crear o reconocer una universidad si no existe la conformidad por parte de la comunidad autónoma.


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Respecto de algunas enmiendas de la señora Castro, que no se encuentra en estos momentos en la Sala, relativas a las universidades de la Iglesia católica, etcétera, he de decir que a las universidades ubicadas en territorios con lengua cooficial no puede darse otro tratamiento que no sea el derivado de la aplicación de las correspondientes leyes de normalización lingüística.
Con esto creo que he contestado fundamentalmente a las enmiendas presentadas al Título I relativas a las comunidades autónomas. Hay una enmienda del Grupo Socialista al artículo 6.4. Dicho punto dice que en las Universidades públicas, las resoluciones del rector y los acuerdos del consejo social, del consejo de gobierno y del claustro universitario, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Grupo Socialista alega que todavía no se ha hablado de la figura del rector, del consejo social ni del consejo de gobierno, pero en muchísimas leyes así se hace.
En cuanto a lo del Boletín Oficial de la comunidad autónoma o el «Boletín Oficial del Estado», no entro en ello porque es obvio lo que se quiere indicar. Además, en todas las leyes se dice que entrará en vigor a partir de la publicación en el BOE y en ésta se subraya el de la comunidad autónoma y el «Boletín Oficial del Estado». Además, decimos que en todo momento tiene que haber la conformidad de la comunidad autónoma, previo informe del consejo de coordinación universitaria, por lo que, señor presidente, mantenemos la redacción actual con las enmiendas que han sido admitidas.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), he de decir que habíamos admitido la enmienda 582, respecto a la modalidad presencial y no presencial, pero propondríamos que la redacción definitiva sea que las Universidades podrán impartir enseñanzas en su modalidad presencial y no presencial. Y añadimos: en el supuesto de la enseñanza no presencial. Ahora pasaremos a los diferentes grupos una copia de esta transaccional, que trata de añadir nada más que sólo trata de añadir la expresión en el supuesto de la enseñanza no presencial.» Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Yo le admito al señor Guerra Zunzunegui que su planteamiento es claro y que además no altera las competencias de las comunidades autónomas; eso no se lo voy a negar.
Lo que yo le sigo preguntando es si el planteamiento que realizan el Grupo Parlamentario Vasco y el Partido Nacionalista Vasco es claro también y si altera las competencias de las comunidades autónomas. Es la pregunta que le he formulado antes y lo vuelvo a hacer ahora. El problema es que los planteamientos que realizan el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vasco son distintos; porque sea claro, porque no altere las competencias de las comunidades autónomas, no hay que deducir que el planteamiento sea el mismo, ya que es radicalmente distinto. El señor Guerra Zunzunegui está defendiendo que en todo caso el Estado, con la aquiescencia de la correspondiente comunidad autónoma, por ley, crea y reconoce universidades públicas o privadas en esta Cámara, y el planteamiento que está realizando el Grupo Parlamentario Vasco es que esa competencia es de la comunidad autónoma y que se admiten excepcionalidades en dos supuestos que la enmienda predetermina. Luego no vale argumentar, señor presidente, que el planteamiento es claro y que además competencialmente es correcto. Nosotros entendemos que admitiendo esas premisas o razonamientos que realiza el Grupo Popular, también el planteamiento el Grupo Parlamentario Vasco es claro y constitucional y competencialmente correcto. Lo que hay que discutir es cuál es el método más correcto o que incide mejor en la calidad y en el mejor funcionamiento de las universidades. Nosotros tenemos un planteamiento y el Grupo Popular sostiene otro; lo que no se puede deducir es que sea el mismo, porque son radicalmente distintos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Yo me quedo sin saber por qué no es mejor el término virtual que presencial, me quedo sin saber por qué no es mejor que esté la parte de estructura dentro de este Título I, no sé cuáles son las enormes razones del portavoz del Grupo Popular, me quedo sin saber por qué es mejor puesto de trabajo que plantillas, sigo sin saber por qué se citan resoluciones de órganos que no se han definido; es decir, me quedo como estaba. En lo que sí le doy la razón al señor Guerra Zunzunegui es en que ha acertado el poeta, es don Antonio Machado. Una vez acertado el poeta, sigo pensando que el que no me conteste es porque se ignora; si quiere, quito lo de desprecio, pero cuando no se contestan las cosas que se están diciendo aquí es porque se ignoran o porque no se quieren contestar, y si no se quieren contestar estamos en un debate viciado.
Sinceramente, si seguimos así y estamos en el Título I, a este ritmo nos vamos a quedar casi como estábamos.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Solamente quiero decir al representante del Grupo Parlamentario Socialista que nos parece mejor la redacción del proyecto de ley del Gobierno. He contestado, si no a todas las enmiendas, a una serie de ellas y he resumido, porque, entiendo que he contestado a los temas fundamentales que han planteado, además de acertar el poeta, que habría servido en un concurso de televisión para conseguir una cifra importante, pero este no es el caso.


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Me gustaría que el ujier repartiera el texto de la transaccional a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Dicen que la norma es que se reparta por un ujier, aunque no tengo inconveniente en repartirla yo.


El señor PRESIDENTE: Como ya hay texto, ahora la repartirá el ujier, señor Guerra Zunzunegui.
Pasamos al debate del Título II, al que han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, todas ellas vivas, según nos ha manifestado la señora Lasagabaster, y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para cuya defensa tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Aunque me invade la melancolía, (creo que era el señor Ortega y Gasset, si el señor Guerra Zunzunegui me lo admite, quien decía que los esfuerzos baldíos producían melancolía y es en este estado anímico en el que me encuentro a estas horas de la mañana), tenemos cuatro enmiendas más a este Título II, de la estructura de las universidades, con la misma lógica de los planteamientos que hemos venido sosteniendo hasta el momento. Se propone la modificación del apartado dos del artículo 8, porque siguiendo con el debate anterior en el que mis planteamientos no han sido contestados, como dice el señor Lissavetzky, no se si el debate está viciado, pero lo que está claro es que está condenado al fracaso-, la creación, modificación y supresión de los centros universitarios, así como la implantación y supresión de sus enseñanzas (desde nuestra perspectiva clara, competencial y constitucionalmente correcta), debe de ser competencia de las comunidades autónomas. Como sostenemos este principio, que no se rebate ni se contesta, creemos que el proyecto de ley debe de tener dos matizaciones. Una primera dirigida a dejar claro que la normativa autonómica es la que debe regular los trámites pertinentes, para que la comunidad autónoma otorgue las autorizaciones a las que se refiere el precepto que estamos analizando. Resulta una intromisión excesiva regular aquí el trámite de iniciativa y cómo y cuando interviene, a estos efectos, el consejo social de la universidad. Una segunda matización, dirigida a especificar con el rigor preciso, algo que en modo alguno puede resultar superfluo, sino que es necesario, que es recoger el modo de actuar ante la concurrencia de competencias, es decir, qué procedimiento se debe seguir cuando alguna universidad pretenda abrir centros en el territorio de otra comunidad autónoma distinta al de su ubicación. Esta alternativa puede resultar interesante desde la perspectiva económica y en relación con la expansión de los estudios universitarios, por ejemplo, y este es un supuesto claro, la Universidad de Navarra en la comunidad autónoma vasca. Hay que especificar cómo debe resolverse este tipo de fórmulas de doble consentimiento de autorización por parte de las comunidades autónomas implicadas. Desde nuestro punto de vista, ni el principio primero sobre el que se basa este precepto queda claro, ni el funcionamiento está debidamente especificado.
En segundo lugar, y en referencia a los departamentos, entendemos que debe suprimirse la remisión a normas básicas del Gobierno sobre la creación, modificación y supresión de los departamentos sustituyéndola por una exclusiva remisión a las directrices de carácter general que se acuerden en el consejo de coordinación universitaria. Por ello se propone la modificación del apartado dos del artículo 9, con un texto alternativo, suprimiendo esta remisión a normas básicas del Gobierno ya que sólo hace falta que nos diga cómo deben de organizarse los departamentos universitarios. En nuestro opinión, la redacción que se propone ofrece mayor flexibilidad, que la necesitan las universidades para adaptar su organización y evitar vinculaciones rígidas a las áreas de conocimiento.
La enmienda número 47 tiene la misma base que el artículo 8.2, que ya he explicado, por lo que se suprime del texto «bien a propuesta del consejo social o bien por propia iniciativa de acuerdo con el referido consejo».
La enmienda número 48, con el mismo planteamiento, en coherencia con la enmienda al artículo 8.2, propone la supresión del último inciso del apartado 1 «el centro adscrito deberá de estar establecido en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma». Lo que no sé, señor Presidente, es si las alternativas o las discusiones van a quedar para Pleno, con lo que quizás nos podamos ahorrar gran parte de la mañana, porque insisto en que mi estado anímico es melancólico.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene planteadas dos enmiendas, para cuya defensa tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Es una enmienda, porque la otra enmienda, la número 544 -a la que me imagino que se refería usted- ha quedado incorporada en el texto de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Si no me equivoco están vivas las enmiendas 542 y 543.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: La enmienda número 543 también está incorporada en el texto de la ponencia, por lo tanto, la enmienda que sigue viva es la número 542 al apartado 1 del artículo 10.
Esta es una enmienda de carácter competencial, porque efectivamente nosotros pedimos que se haga referencia expresamente a que los institutos universitarios de investigación se regirán por la presente ley y por las normas que en su desarrollo dicten las comunidades autónomas, así como por los estatutos universitarios. En general, en esta ley hay un juego que nosotros no compartimos. En algunos casos se entiende, casi lo ha entendido

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el Gobierno, y si la ley se aprueba así se dirá que así ha entendido el legislador), que entre la ley y los Estatutos de las Universidades no hay nada. Nosotros entendemos que, aunque en algún supuesto puede ser así, en otros supuestos está el triple juego, estará esta ley, estará la ley, que en el ámbito de sus competencias, elaboren las comunidades autónomas, y estarán los estatutos universitarios. Un ejemplo, en el que esto es así, es éste, y no será el último en este debate. Entendemos que los institutos universitarios de investigación, en la medida en que pueden impartir cursos de doctorado, tal como se prevé en el propio artículo 10.1, del que estamos hablando, también deben de estar sometidos al desarrollo normativo de las comunidades autónomas, y a la posibilidad de que las comunidades autónomas, por vía normativa y legislativa establezcan reglas que tendrán superioridad sobre los estatutos universitarios.
Por tanto, y este punto lo desarrollo un poco más, precisamente porque se repetirá más veces, entre la ley general y el estatuto de la universidad debe de seguir siendo posible que la comunidad autónoma dicte su propia ley.
Esta es la enmienda que queda viva, ya que las demás han quedado subsumidas en la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Como le comentaba, mi grupo parlamentario ha presentado nada más ni nada menos que 14 enmiendas a este título II, que consta de cuatro artículos, de manera que casi se pueden entender como una enmienda a la totalidad del mismo. Por ello, quisiera dar de antemano una explicación de cómo voy a exponer nuestras enmiendas a este título, aprovechando que estamos hablando de frustraciones y melancolías. Quiero hacerlo porque, dado que esta es mi primera legislatura, me parecía que legislar sobre la universidad, y hacerlo además activamente - como es mi caso actualmente-, era una cosa suficientemente magna como para que le diéramos la importancia que tiene. Como finalmente no hemos podido intervenir respecto a cada uno de los artículos, quiero decir al señor presidente que el Grupo Socialista se reserva el derecho a explicación de voto en algunos artículos concretos que a nuestro grupo le parezcan especialmente difíciles de aceptar. Como les digo, señorías, no sé si me estoy explicando para ustedes o para la posterioridad, porque en definitiva habrá quien mañana quiera saber algo respecto a la autonomía o a la legislación universitaria, entre en la hemeroteca y se encuentre con un debate como el que hoy estamos teniendo, sin ninguna duda -si me permiten hacer una ironía- con la carrera docente e investigadora que esta ley finalmente describe y va a tener muchos problemas no sólo para llevar a cabo ese estudio, sino también para aprender algo de él. Por eso hacía esta introducción respecto a cómo voy a ordenar mi intervención, ya que voy a tener que hacerla de manera un poco global, por cuanto se trata casi de una enmienda a la totalidad, cosa que también nos va a pasar en bastantes de los títulos. Por eso quería empezar de esta manera y decirles que probablemente bajaré a lo concreto en aquellas enmiendas que me parezca particularmente importante exponer y de las que necesite recibir una explicación; no obstante, voy a tener que hacer intervenciones casi introductorias cuando sean tantos los artículos enmendados por parte de mi grupo parlamentario.
Sin nada más, quería exponer como introducción por qué nos parece especialmente poco pertinente la estructura de las universidades que diseña la ley del Gobierno en este punto. Como saben, y es de sobra conocido, la autonomía universitaria, derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, permitió que en 1983 la Ley de Reforma Universitaria fuera un instrumento fundamental para que en desarrollo de la misma las universidades aprobaran sus propios estatutos y concretaran en ellos sus ámbitos de autonomía académica, organizativa, de selección del personal docente y no docente y presupuestaria que caracterizan a cualquier universidad moderna. Hoy el sistema universitario español que emprendió aquel proceso de autorreforma se parece ya muy poco al de 1983, y es así porque ha aumentado sustancialmente tanto el número de universidades públicas como el de privadas y porque ha crecido mucho el número de estudiantes en nuestras aulas universitarias, entre ellos -déjenme que lo diga yo misma- muchas mujeres, que paulatinamente han ido incorporándose al sistema. Además las universidades -como también se ha puesto aquí de manifiesto- una vez transferidas las competencias en la materia dependen ya de las comunidades autónomas. En fin, gracias a la autonomía universitaria -y quiero puntualizarlo de nuevo- y también a la política, el sistema universitario ha ido diversificándose de forma que hoy disponemos -y a ello quiero ir- de una razonable y una muy sana heterogeneidad, que sin duda ha enriquecido nuestra oferta de estudios superiores y, por tanto, a la sociedad española misma. Tras 18 años de vigencia de la Ley de Reforma Universitaria, es un lugar común que ésta debe de reformarse, y creemos que debe hacerse para corregir las disfunciones que tras estos 18 años sabemos que existen, pero sobre todo para asumir nuevos retos. En ellos una estructura de las universidades flexible que permita esa riqueza y esa heterogeneidad nos parece imprescindible.
De estos retos se ha hablado aquí: integrar la universidad española en el espacio europeo de enseñanza superior, adecuar lo que hoy se enseña en nuestras aulas a las demandas de un mercado laboral que está cambiando a un ritmo vertiginoso, mejorar nuestra calidad docente -cosa archirrepetida, como todos sabemos-, convertir nuestra universidad en un motor de transformación de la sociedad de la información en la sociedad del conocimiento, abrir sus aulas más allá de lo que las abre sin ninguna duda esta

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ley y volcarnos en la innovación, en la investigación; pero para que todos esos retos puedan ser mañana una posibilidad real, necesitamos una universidad que sea capaz de flexibilizar su propia estructura.
Por eso para los socialistas -y este es el sentido genérico o global de nuestras enmiendas- esta universidad que les describo, esa universidad que hemos querido llamar de la sociedad del conocimiento debe estar dotada de la autonomía académica y organizativa necesaria para que sea capaz de incorporar esas nuevas enseñanzas y esas nuevas titulaciones, de impartir enseñanza presencial y virtual y para crear por ende las estructuras académicas que sean capaces de soportar esas nuevas actividades. En resumen, les quiero traer aquí lo que proclamaron cerca de 500 representantes políticos y universitarios, que participaron -como ustedes saben- en la convención de instituciones europeas de educación superior que celebramos en nuestro país, en Salamanca, en marzo de este año. Todos ellos coincidieron en el papel insustituible de la autonomía universitaria a la hora de garantizar universidades flexibles, próximas y capaces de adaptarse de manera rápida y con calidad a las demandas cambiantes de la sociedad. El diseño de estructuras universitarias de esta ley impide avanzar en este sentido. La universidad que ha diseñado aquí el Gobierno del Partido Popular en nada se parece a esta universidad con nuevos retos que les acabo de describir. Cuando parece ser que la universidad necesita más autonomía para confirmar y para configurar ese diseño estructural probablemente novedoso, el Gobierno la recorta. El proyecto de ley define una estructura rígida y uniforme, poco adecuada a esa flexibilidad que demandan los nuevos retos e incompatible -déjenme que lo diga- con la deseable heterogeneidad y diversidad que pueda servir de instrumento para que la universidad sea más eficaz, más capaz, responda más rápidamente a los cambios, etcétera, lo que ustedes -o al menos la señora ministra- declaman en sus intervenciones, pero que después en la práctica nadie es capaz de encontrar. Esto -que también pusimos de manifiesto en el debate a la totalidad, pero a lo que la ministra tampoco quiso contestarnos- lo dicen cuando declaman, pero en la práctica no encontramos nada que se ajuste a esas declamaciones. Voy a entrar ya en el detalle, pero les recuerdo: recorte de la autonomía, hiperreglamentismo, rigidez y poca proximidad nos parecen los ingredientes básicos -más máximos que mínimos- en el título II, por eso les hablaba de una enmienda casi a la totalidad con las 14 enmiendas parciales de mi grupo.
Se empeñan ustedes en ser exhaustivos en la nomenclatura de los centros y estructuras, en vez de dejarlo en departamentos, facultades, escuelas y centros que decidan los estatutos, como dice la enmienda socialista; en ese afán de reglamentismo se han dejado ustedes fueran del sistema unos cuantos centros. Se han dejado el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas, la Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de La Coruña; se han dejado fuera la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I. Las escuelas universitarias politécnicas se van a salvar finalmente a través de la incorporación de una enmienda a última hora, pero se quedaban también fuera. La pregunta es: ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué les obligamos a desaparecer o a cambiar de nombre porque no se ajustan al exhaustivo catálogo de su ley? ¿Por qué hacemos un catálogo de la ley en este sentido? ¿Tiene algún argumento lógico? Porque a nosotros nos parece relativamente absurdo. Espero que reconozcan finalmente la importancia de la tradición en los nombres de los centros. Enmendemos este hiperreglamentismo y aceptemos simplemente que se nombren como ellas quieran. Ya entiendo que me dirán que esto es menos sustantivo y probablemente más colateral, pero es simplemente un ejemplo de que estos catálogos exhaustivos lo que hacen al final es dejar fuera a centros que ya se han venido nombrando de otra manera.
Otra cuestión importante es la relegación que sufre el departamento en su catálogo, que tampoco es baladí. La voluntad del Gobierno ha sido efectivamente la de debilitar a éstos en el nuevo sistema en beneficio de las facultades y escuelas. Ya lo hemos denunciado en alguna otra ocasión, pero al Gobierno del Partido Popular no le gusta el modelo departamental de la universidad y quiere volver a la preeminencia de las facultades y escuelas, rescatando con ello una estructura mucho más rígida -ésta de facultades y escuelas- asociada a los títulos, frente a una estructura de departamentos mucho más racional, porque está asociada a los contenidos de las enseñanzas, y además mucho más interdisciplinar, que es por donde el sentido común nos dice que se debe ir, pero sobre todo por donde ya van las cosas.
Asimismo van a obligar ustedes a muchas universidades a rediseñar absurdamente estructuras que han venido funcionando a la perfección en estos últimos años. Para los socialistas, el departamento debe figurar antepuesto a facultades y escuelas, porque debe seguir siendo el órgano, la unidad básica, la primera de las estructuras encargada de organizar y desarrollar la investigación y no sólo de apoyar las actividades investigadoras -como se dice en este texto- y las enseñanzas propias de sus respectivas áreas de conocimiento.
Abundando de nuevo en el recorte a la autonomía académica de las universidades que de manera transversal se encuentra en todo el texto el artículo 8 restringe la capacidad de creación de centros que las universidades tenían hasta ahora atribuida. Para nosotros es necesario en este punto que se refuerce el papel de la comunidad autónoma sin ninguna duda -no se pudo hacer en 1983, pero sí se puede y se debe hacer en el 2001-, pero también de la comunidad universitaria y, por tanto, que la creación, modificación y supresión de facultades, escuelas y centros se realice por la

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comunidad autónoma, pero a propuesta de un órgano de dicha comunidad universitaria y de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto deban establecer los estatutos. Hay mucha falta de remisión estatutaria en esta ley y también de manera transversal en todo el texto. En estas cuestiones dada la experiencia que tenemos es importante continuar con este proceso de profundización y perfeccionamiento de la autonomía de nuestras universidades, y ahí está la remisión estatutaria que realiza a este efecto la enmienda socialista.
Ciertamente hay una de las enmiendas aceptada por el Grupo Popular que minora en parte el recorte de esta autonomía universitaria del texto de la ministra, pero no obstante queremos dejar constancia una vez más cómo para el Gobierno... (El señor Guardans i Cambó: ¡De la ministra!) Perdón, el texto del Gobierno. Lo que nos ha parecido -lo hemos denunciado- es que el único problema que tenía la universidad española parecía ser el de su autonomía, porque ahí sí que se ha metido mano de manera sustantiva y sistemática en casi todo. Parece que el único problema que tenía la universidad española era el de su autonomía, y eso no es cierto. Por tanto hay falta de remisión estatutaria, que ya existía, que nos parece importante no sólo mantener, sino en algunos aspectos profundizar, y por supuesto la otra contraparte, una mejora en las fórmulas y por tanto un perfeccionamiento en las fórmulas de rendición de cuentas y de control social para la universidad, pero también adaptar las estructuras de nuestra universidad o permitir que se adapten a estos nuevos retos y a estas nuevas funciones que deben asumir si queremos continuar liderando, que nuestra universidad sea capaz de liderar el motor social, económico y cultural que queremos ser como país.
Que quede también constancia de una pequeña extrañeza. Hay una enmienda que se le ha aceptado a Convergència i Unió en estos puntos casi idéntica a la del Bloque Nacionalista Galego, y en cambio esta última no se ha tenido siquiera en cuenta. Quería simplemente ponerlo de manifiesto, porque ya ha dicho alguno de los grupos que de manera sistemática parece ser que ni se han mirado las enmiendas, y muchas de ellas son idénticas a otras.
Respecto de los institutos universitarios de investigación lo cierto es que la coletilla que añaden de investigación sólo puede tener un objetivo -simplemente utilizaré ese refrán de que quien repite su propia mentira mil veces al final se la cree, y no estoy diciendo que nadie mienta, simplemente quiero traerlo a colación-. Sumar de investigación al instituto universitario para meter de nuevo la palabra investigación y que salga en este texto tantas veces como sea posible no va a subsanar el clamoroso olvido que en esta ley de reforma de nuestra universidad tiene la investigación y la innovación, y nosotros insistiremos en ello a pesar de que ustedes insistan en nombrarla mucha veces en este texto. Pero para mayor abundamiento en los problemas, al añadir la investigación a los institutos universitarios olvidamos que, aunque es verdad que éstos se dedican fundamentalmente a la investigación, también imparten docencia especializada y proporcionan un imprescindible asesoramiento técnico. Nos gustaría que se fuera consciente de eso, porque en el artículo 10 la enmienda socialista le otorga al instituto universitario la función de asesoramiento en el ámbito de su competencia, por cuanto ya existen institutos que están prestando al sector productivo asesoramiento fundamental en el ejercicio de sus servicios, y por eso nos parecería importante que esa enmienda se aceptara. Un ejemplo es el Instituto de Automoción de la Politécnica de Madrid, que está hoy por hoy llevando a cabo todas las pruebas que se hacen en el sector del automóvil, y esto la ley del Gobierno lo impedirá si se queda así. A no ser que nos den una explicación al respecto de este punto no nos parece lógico, excepto que constatamos de nuevo interés en recortar algunas funciones, recortar autonomía, como también sucede en la creación y supresión de los propios institutos universitarios. Insistimos en nuestra enmienda, en que la propuesta debe venir de un órgano de la propia universidad.
Finalmente, en el artículo 11 nos parece que deben suprimirse -y esa era una de las cuestiones que debía acometer sin duda esta reforma- los centros adscritos a las universidades y procurar la integración de éstos en alguna de nuestras universidades públicas o privadas. En su momento los centros adscritos -todos lo sabemos- cumplieron un papel importante, que era el de dar respuesta a un enorme incremento de demanda de plazas universitarias. El Gobierno ha argumentado hasta la extenuación que algunos de los cambios que introducen en esta ley son fruto precisamente de que esto ya no sucede, por cuanto decrece la curva demográfica y tendremos cada vez más vacías las aulas. La pregunta es qué sentido tiene mantener hoy los centros adscritos en vez de procurar su integración en una universidad española y lo que ello conlleva de control de la calidad de la docencia que en ellos se imparte. Cuando les digo que el Partido Socialista cree que esta era una de las reformas que debían acometerse lo que tratamos de decir es que esta ley debe ser capaz de impedir algunas prácticas que existen en la actualidad y que ponen en duda las garantías de calidad mínimas o básicas o incluso evidencian en algunos casos la escasa calidad real de la docencia que se imparte en alguno de esos centros adscritos, a veces incluso escasa calidad directamente, en franca competencia desleal con las universidades públicas y también por supuesto con algunas universidades privadas.
Ahí quiero ir, porque quede claro que para el Partido Socialista, para mi grupo esto no es generalizable. Precisamente por ello y para bien de los centros privados que sí ofrecen un servicio universitario de calidad, algunos de ellos de gran calidad, se debe procurar en esta reforma la integración de los actuales centros adscritos

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en una universidad española. Para mi grupo este era un reto, como les decía, que debía afrontar esta ley y que además debía llevarse a cabo en un plazo suficiente (es el que proponemos además en una de nuestras enmiendas a las disposiciones transitorias); se trata de que esta integración de los centros adscritos en una universidad española se lleve a cabo en un plazo de hasta cinco años, que incluso puede extenderse a ocho si así lo decide con carácter extraordinario la propia comunidad autónoma.
Para resumir y finalizar, creemos que en esta materia, en la de estructuras, vamos hacia donde no se debe ir, vamos a menos autonomía, mayores rigideces y constreñimientos y por tanto a menos diversificación de nuestro sistema universitario, a una concepción limitada de la investigación universitaria, una disminución del papel de los departamentos y a la dejación en el aseguramiento de la calidad del servicio universitario en materia de centros adscritos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: No quisiera este portavoz en su turno contribuir a la tristeza ni a la melancolía de ninguna de SS.SS. en hora tan avanzada de la mañana; procuraré por tanto esgrimir algún tipo de argumentación en el corto tiempo de que dispongo para tan sustanciosas intervenciones como se han escuchado.


Sí quisiera señalar, si me lo permite, señor presidente, una petición de principio, o sea, un principio general, que es el siguiente. No hay que confundir las críticas o posiciones políticas diversas a las del Gobierno con lo que dicen los propios textos legislativos, es decir, una cosa es lo que se afirma en las leyes, otra cosa diferente es lo que los grupos legítimamente interpretan de lo que se dice en las leyes y una cosa distinta es lo que se afirma en las enmiendas.
Quiero con ello decir cosas como las siguientes.
El señor González de Txabarri comentaba que no le gustaba suficientemente -interponía enmiendas, cuatro concretamente- el artículo 8 de esta ley, y fundamentalmente lo hacía según ha dado a entender y ha explicado,por el punto 2 del artículo 8, que concretamente dice: La creación, modificación y supresión de los centros a que se refiere el punto 1 del artículo 7, así como la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional -subrayo esa última expresión-, serán acordados por la comunidad autónoma, bien a propuesta del consejo social o bien por la propia iniciativa con el acuerdo del referido consejo. ¿Cuál es el problema? Pues que el señor González de Txabarri legítimamente interpreta que él entiende como una excesiva intromisión en las normas básicas de la comunidad autónoma con respecto a lo anteriormente leído la interpretación del Gobierno. Supongo que usted estará de acuerdo conmigo en que el Gobierno puede interpretarlo justamente a la contra, que es lo que hace; es decir, el artículo pretende precisamente subrayar el carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional, y consiguientemente, señor González de Txabarri, aquí no se está negando a juicio del Grupo Popular absolutamente ninguna de las competencias de la comunidad autónoma a las que usted mismo se refiere como intromisión excesiva, según he tomado nota. Por tanto, no estamos en un no por un no, sino que estamos defendiendo un principio político diferente y estamos teniendo, como es evidente, una visión de lo que son las competencias nacionales del Gobierno y del propio Estado diferente de la que usted mantiene legítimamente de lo que son las de las comunidades autónomas, entendiendo además que no hay ninguna contradicción entre lo que dice el artículo del Gobierno y lo que dice usted. (El señor González de Txabarri Miranda: Se lo he dicho yo.) Yo se lo aclaro, porque usted se ha referido antes a su tristeza y melancolía y yo no quiero contribuir en absoluto a la suya, se lo aseguro.
Con respecto a lo que el señor Guardans decía con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tendría que subrayar algo muy parecido.
Usted dice una frase que me he tomado la molestia de anotar, y espero haberla apuntado bien; creo recordar que planteaba la 542 al artículo 10.1, y decía: hombre, a mí me parece que entre la ley y los estatutos de la universidad no hay nada. Señor Guardans, el problema es que nosotros entendemos que hay muchas cosas: en primer lugar, el texto de la ley, que para eso lo presenta el Gobierno; y en segundo lugar, el Gobierno, que es parte en este asunto, y espero que me reconozca usted como el resto de grupos parlamentarios que tiene algo que decir en el proceso de organización y gestión de las universidades españolas; es decir, que no es necesariamente neutral respecto a lo que las universidades hagan o digan. Además, el proyecto de ley no vulnera en ningún momento el principio constitucional de autonomía universitaria -y espero tener oportunidad de contestar ahora debidamente a las afirmaciones de la señora Chacón-; lo que hace el Gobierno es legislar sobre determinados criterios políticos que entiende legítimos y, amparándose en dicho principio, los desarrolla en determinada dirección política, la que corresponde a la ley; para eso la hace el Gobierno y la remite al Parlamento. De ahí que me haya permitido contestarle al señor González de Txabarri que no es que desechemos sus enmiendas, sino que pensamos de modo distinto, como usted puede ver. Lo mismo le digo al señor Guardans, con todo el afecto y con todo el respeto parlamentario. Usted dice: Hombre, es que no hay nada entre la ley y los estatutos de la universidad. Pues, sí, están los propios estatutos, que la ley respeta siempre y en todos

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sus artículos, absolutamente en todos; no hay ni un solo artículo de esta ley que vaya en contra de ningún estatuto de autonomía, y quiero que conste en el «Diario de Sesiones» de una manera clarísima. ¿Qué hay entre los estatutos de la universidad y los estatutos de autonomía? La ley que presenta el Gobierno y el consejo de universidades; es decir, no estamos ante el horror vacui medieval, sino ante una determinada estructura legislativa que da cobertura justamente a lo que tiene que dársela. Por eso rechazamos su enmienda, y no de una manera olímpica sin hacer caso a lo que ustedes proponen.
Quiero ir muy rápido, porque tengo muy poco tiempo. Respecto a la larguísima intervención de la señora Chacón que ha dicho que, por medio de sus 14 enmiendas presentaba prácticamente una enmienda a la totalidad -creo haber entendido que decía eso-, las cosas son bastante complicadas. En primer lugar, ha hecho una defensa de la autonomía universitaria que no será el Grupo Parlamentario Popular quien la censure puesto que estamos absolutamente de acuerdo en esa defensa, -¡faltaría más!- porque es un principio constitucional. Un problema distinto, señora Chacón, como sugería al principio de mi intervención, es que la interpretación que ustedes legítimamente daban al principio de autonomía universitaria en la ley que hicieron -la LRU- no coincida con la que esta ley le da; es decir, no pensamos lo mismo de un principio constitucional en lo que se refiere a su aplicación legislativa y reglamentaria. Usted entiende además que hay excesiva aplicación reglamentaria en este proyecto de ley respecto a dicho principio.
Ha hablado usted -y perdone que vaya deprisa, pero ha dicho usted muchísimas cosas y quisiera contestarle a algunas de ellas en el tiempo de que dispongo- de la intención de su grupo de potenciar integración de la universidad española en el espacio europeo. Espero y deseo que tengamos oportunidad durante este largo debate de poder hablar tranquilamente de ese asunto. Ha insistido usted en la necesidad de flexibilizar la estructura de la universidad española.
Dicen ustedes: Con este proyecto de ley, en concreto con el título II, no se flexibiliza dicha estructura. Permítame que le diga que no estoy de acuerdo con lo que está planteando usted, y me parece que el problema es que tenemos una visión distinta sobre cuál debe ser la estructura orgánica de la universidad; ese es el problema, no la flexibilidad de la estructura, sino la estructura misma. Como es natural entra usted a decir: Para conseguir la flexibilidad universitaria que propongo como representante y portavoz de mi grupo, no estoy de acuerdo con el debilitamiento de los departamentos que hacen ustedes en el artículo 9 -y ha insistido usted bastante en ello, así que me va a permitir que ahora lo haga yo-. Dice usted que el título II del proyecto de ley, debilita los departamentos para fortalecer las facultades y escuelas. Permítame que no esté de acuerdo con esa interpretación -ya sé que usted no lo estará con la mía-; voy a repasar un poco lo que dice el texto del proyecto de ley. Lo que dice el título II, artículo 9, es muy claro: Los departamentos son los nuevos encargados de coordinar y desarrollar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la universidad de apoyar las actividades investigadoras del profesorado y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los estatutos -los estatutos de las universidades-. ¿Quiere usted decirme en qué debilita este artículo que acabo de leer la autonomía de los departamentos y su papel central en el proceso universitario? Yo francamente no encuentro argumento que pueda justificar el suyo, se lo digo con cordialidad y con interés parlamentario. Pide usted también que haya mayor respeto a los estatutos de las universidades. Naturalmente, señora Chacón; es que en ningún punto de este título del proyecto de ley hay nada en contra de los estatutos universitarios ni de su autonomía. Todo lo contrario: se respetan absolutamente en todos y cada uno de sus artículos. Le ruego a S.S., si lo estima oportuno y conveniente, que tenga a bien decirnos dónde se vulnera ese principio.
Respecto a los institutos universitarios de investigación, -y ya sé que no le puedo contestar a todo, créame que lo lamento-, en el artículo 10 del título II, dice S.S. que no está de acuerdo con el tratamiento que les da la ley. Pues, qué le vamos a hacer; es evidente que tiene usted otro planteamiento distinto, pero la ley defiende un proyecto clarísimo de instituto universitario, y lo defiende vehementemente y sabiendo lo que defiende. ¿Por qué el texto de la ley que debatimos añade la investigación? No porque la ley quiera suprimir la investigación ni el desarrollo científico- tecnológico en las universidades, sino precisamente porque los institutos universitarios en función de su autonomía organizativa y estructural son órganos magníficos para desarrollar la mejor de las investigaciones en la universidad española. Así, cuando introduce el término investigación el proyecto de ley quiere hacerlo en un sentido absolutamente positivo y de respeto a la autonomía de los institutos universitarios; por eso lo introduce y no porque se haya olvidado el resto del proyecto de ley o porque queramos que los institutos universitarios se queden sin adjetivar para recortarles algunas de las funciones que hoy están desarrollando, por cierto magníficamente.
Quisiera decirle, señora Chacón, que no estamos de acuerdo con la interpretación que S.S. hace del artículo 11, los centros de enseñanza universitaria adscritos a universidades públicas, y ello por una razón que quiero ofrecerle -aunque no espero convencerla-, que es la siguiente. La enmienda que proponen ustedes, que suprimiría la figura de centro universitario adscrito a las universidades públicas obligaría a que cualquier persona que quisiera hacer uso de su derecho constitucional a impartir enseñanzas y a crear centros docentes tuviese que crear universidades, lo que implicaría una limitación objetiva del derecho mencionado. Esa es la

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razón por la que no estamos de acuerdo con su planteamiento, y así se lo manifiesto y expongo.
Si me permiten, señorías -y ya termino, señor presidente, porque no quisiera exceder el tiempo de que dispongo-, quiero subrayar el aspecto fundamentalmente positivo del título. Aquí no hay ningún ataque a la autonomía universitaria en ningún sitio -insisto y resumo-. En el proyecto de ley se subraya -y, por tanto, nuestro grupo también lo hace- el carácter nacional que tiene la obtención de títulos, así como su validez en todo nuestro territorio, entre otras razones porque el Grupo Parlamentario Popular no está contraponiendo el Estado a las autonomías; lo que ocurre es que las autonomías son una parte esencial del Estado, reguladas por el título VIII de la Constitución y vertebradas en el Estado a través de sus correspondiente estatutos de autonomía. Justamente por eso podemos defender legítimamente que el Gobierno de la nación tenga sus legítimas competencias legislativas, sin contraposición y sin intromisión alguna en las legítimas competencias de las comunidades autónomas en materia universitaria, aprobadas y desarrolladas por sus estatutos. Comprendemos, pero no compartimos, lo que el señor Txabarri y el señor Guardans han expuesto entendiéndolo legítimamente como excesiva intromisión -según el Grupo Parlamentario Grupo Vasco- o como horror vacui -el señor Guardans, me ha recordado ciertamente a los escolásticos medievales- (El señor Guardans i Cambó pronuncia palabras que no se perciben) -lo ha dicho usted, señor Guardans, no digo otra cosa- entre la ley, los estatutos de la universidad y la estructura universitaria.
Espero, señorías, que aun no estando de acuerdo -supongo- con las razones que este portavoz ha tratado de ofrecerles al menos estas no hayan contribuido ni a su tristeza ni a su melancolía. No vamos a aceptar sus enmiendas porque no estamos de acuerdo con ellas, y hemos tratado de puntualizar en qué sentido apoya nuestro grupo el proyecto de ley y por qué razones las rechazamos. (El señor González de Txabarri Miranda, el señor Guardans i Cambó y la señora Chacón Piqueras piden la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Está claro que el hambre aguza el ingenio, que estamos dejando la melancolía a un lado y que el debate se anima.
El señor Calomarde tiene razón cuando indica que los textos pueden ser interpretados; en menudo debate nos introduciríamos. Dice que el Gobierno lee distinto de lo que lee el Grupo Parlamentario Vasco; gracias a Dios. Lo que nosotros queremos saber es lo que lee el Grupo Parlamentario Popular, y para eso hemos venido a debatir aquí, porque no podemos debatir con el Gobierno. Él ha hecho un esfuerzo en esta intervención por entrar en el debate y yo, por lo menos, se lo agradezco. En una intervención anterior le he dicho al señor Guerra Zunzunegui que yo reconozco que el texto que plantea el Grupo Popular es constitucional y que respeta las competencias estatutarias. Lo que le preguntado ya dos veces y sigo sin contestación es si las alternativas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco son también constitucionales y estatutarias. Como lo son, ahí es donde hay que argumentar porque indudablemente la Constitución y los estatutos también son interpretables, señor Calomarde. ¿O es que sólo es interpretable el texto del Gobierno? Todo es interpretable y todo tiene lecturas.
Nosotros lo que queremos significarle en este trámite es que las lecturas o las interpretaciones que está realizando el Grupo Parlamentario Popular son las más retrógradas en lo social, son decimonónicas en lo académico, son escolares o napoleónicas, como he dicho antes, en lo organizativo y son loapistas en lo que se refiere al modelo de Estado. ¿Que entra dentro de la LOAPA? Claro que entra dentro de la LOAPA. ¿Por qué hacen ustedes tanto desde el punto de vista social, académico, escolar o de modelo de Estado las interpretaciones y las lecturas más restrictivas? Señor presidente, sería interesante una vez que esté listo el dictamen de la Comisión realizar el mapa de competencias que tiene establecidas el Estado o las comunidades autónomas y las universidades. Nominalmente se puede reclamar toda la autonomía universitaria que se quiera y realizar bellos discursos, pero luego hay que ver cuáles son las competencias de las universidades y cuál es el funcionamiento entre el Estado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre las comunidades autónomas y sus departamentos de educación y entre las universidades y sus propios órganos de gobierno. Esa es la prueba del algodón, ver cómo queda esto. La lectura que está realizando el Grupo Parlamentario Popular es la más restrictiva y la más restringida de todas las posibles. ¿Que eso puede imbricarse dentro del marco competencial? Nosotros no lo vamos a discutir, pero, ¿por qué es la única? ¿Por qué se quiere llevar a que tanto las comunidades autónomas como los propios órganos de gobierno de las universidades sean como delegaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? No son delegaciones de este ministerio.


El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Intervendré brevemente.


Yo quería aclarar este tema del horror vacui y del vacío, porque es importante donde estamos. (Risas.) Se me ha malinterpretado y dado la vuelta a lo que yo quería decir. Efectivamente he hablado de un vacío, pero lo que hago es criticarlo. Aquí hay tres niveles normativos. Hay un nivel normativo que es la legislación general

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del Estado en materia de universidades. Hay un tercer nivel normativo que son los estatutos universitarios. En muchos casos, allí donde están en juego las competencias autonómicas, hay un segundo nivel normativo entre los dos, entre los estatutos universitarios y la legislación general del Estado -entre otras cosas, esta propia ley- que es la legislación de las comunidades autónomas o el desarrollo normativo que las propias comunidades autónomas hagan. Ese hueco existe allí donde hay competencia autonómica. Donde no hay competencia autonómica, pero hay autonomía universitaria, pasamos directamente de la legislación general del Estado al estatuto universitario.
Nuestra enmienda habla de ese supuesto en el que la relación es directa entre el estatuto universitario y la legislación general del Estado sin que haya nada en medio, ese supuesto puede que se dé el algún caso concreto, pero no debe darse aquí. En este caso concreto, en la medida en que los sustitutos universitarios pueden hacer cursos de doctorado, la ley debe reconocer expresamente que entre la legislación general del Estado y el estatuto universitario, existen competencias autonómicas que pueden ser desarrolladas normativamente.
De hecho, así se ha hecho al admitir otras enmiendas. Efectivamente, en otras enmiendas originariamente se decía: Esta ley y los estatutos. Aceptando en otros casos -no me voy a dedicar a buscar cuáles- la sugerencia, vía enmienda, presentada por este grupo ha quedado claro que es en esta ley, en las normas autonómicas que la desarrollen y en los estatutos. Esto es precisamente lo que pretendemos en este caso también, que en el ámbito de los institutos universitarios de investigación -insisto-, porque pueden hacer cursos de doctorado, quede claro que es en esta ley, en las disposiciones autonómicas que la desarrollen y en los estatutos; es decir, que se mantengan los tres niveles.
La realidad es que el juego de las reglas generales del derecho de quién desarrolla qué de los estatutos, etcétera, a lo mejor nos lleva en la práctica al mismo resultado, acepte o no la enmienda el Grupo Parlamentario Popular, porque hay veces en que las cosas son como son fruto del conjunto de las enmiendas. Esto quedaría mucho más claro dicho de esta manera.


El señor PRESIDENTE: La señora Chacón tiene la palabra. Intervenga también brevemente, por favor.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Ya que hablamos de interpretaciones y de lecturas -a eso vamos- hay un colega de la universidad de Granada que siempre dice que no entiende esta manía de los constitucionalistas de leer y releer la Constitución porque él la lee mil veces y siempre dice lo mismo; a lo mejor estamos en eso. En cualquier caso, agradezco que usted acepte que hay diversas lecturas de las cosas, que hay diversas interpretaciones, pero sobre todo que las exponga.
Es la primera vez que estamos asistiendo a respuestas en ese sentido por parte del Grupo Parlamentario Popular y queremos que al menos se nos diga por qué se nos aceptan o por qué no se nos aceptan las enmiendas, porque, si no realmente, dan ganas de hacer como la señora Marisa Castro, y ya no tostada, pero en cualquier caso alguna cosa podríamos tomar.
Por lo tanto, quiero empezar con un agradecimiento expreso a este cambio en este sentido. Me parece que la estructura que se conforma en este texto es demasiado rígida, demasiado poco flexible para los retos que la universidad española tiene ahora. Estamos en un punto en que profundizar en la autonomía de nuestras universidades era importante, no sólo en el principio constitucional sino también en derecho fundamental, como usted sabe. En materia de departamentos sí que creo que los debilita de manera meridianamente clara en su participación democrática, hasta el punto de que el Grupo Popular ha tenido que enmendar en ese sentido y minorar de alguna manera el propio texto de la ministra; ya entraremos en eso más adelante. Usted no me dirá que no han dejado de tener menos funciones que las que tenían. Antes eran unidad básica de docencia e investigación y ahora han dejado de serlo en materia de investigación y son simplemente órganos de apoyo. Eso es lo que dice este texto; si quiere yo lo puedo leer treinta veces más, pero en este caso los departamentos que vamos a tener tras la entrada en vigor de esta ley pasan a ser órgano de apoyo a la investigación en vez de unidad básica de investigación y docencia.
Respecto a los institutos universitarios, aparte de lo que he querido decir respecto a la investigación -que ha sido una denuncia más general-, le pregunto por qué ustedes dejan de darles esta función de asesoramiento técnico que, como le digo, están llevando a cabo en la actualidad y que nos parece que es importante mantener. Es imprescindible que se permitiera el propio ejercicio de la docencia, como el señor Guardans también ha comentado. Como esta ley en muchos sentidos es hiperreglamentista la sensación que acaba dando es que todo aquello que no se diga, significa que no es. Puede ser que usted me diga: Ya vendrán los estatutos, ya podrán decir que asumamos mayores funciones, que ampliemos aquello que hacen. El problema es que a veces ustedes hiperreglamentan unas cuestiones y, en cambio, olvidan otras que nos parecen fundamentales. Por supuesto sensu contrario, habrá que pensar, que si esto lo hacen en unos casos, en otros habrán decidido que ya no deben tener este tipo de funciones.
Yo acepto que usted me diga: Los estatutos ya lo harán, no olvide usted que aquí tenemos tres ámbitos. De acuerdo, pero lo que le digo es que causa como mínimo extrañeza. Desde la oposición está siendo unánime la denuncia de estas cuestiones. Lo que parece, sensu contrario, es que si no esta aquí, significa que no está, porque hay muy poca remisión estatutaria en esta ley, por supuesto a nuestro juicio en esta ley.


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Respecto a la limitación objetiva del derecho fundamental a la creación de centros docentes que impartan enseñanza universitaria. La fórmula que el Grupo Socialista en sus enmiendas pone sobre la mesa no limita objetivamente ese derecho. Simplemente lo que trata de limitar son los excesos y los abusos que sabemos que, durante estos años se han venido ejerciendo. Lo único que quiere hacer esa enmienda es tener la potestad de ejercer un mayor control sobre la garantía de la calidad de esa docencia. Hasta ahora, la experiencia nos demuestra que la integración de esos centros en las universidades, ese control, se puede perfeccionar o reforzar. Dado el decrecimiento demográfico que sabemos que existe ya -y sobre el que el ministerio ha argumentado algunas veces hasta la extenuación para realizar algunos cambios o reformas en esta ley-, este es un buen argumento para tomar la decisión, por fin, de ejercer ese control necesario de garantía de la calidad en la enseñanza universitaria privada que se está llevando a cabo. Una fórmula, admito que no estén de acuerdo.
Y que una fórmula -y admito que ustedes no consideren que es la adecuada, pero es la del Partido Socialista, es la de mi grupo y por eso la defiendo- es sobre todo capaz de ejercer el freno en ese abuso conocido por todos y que no significa sólo competencia desleal respecto a la universidad privada. Lo significa sobre todo respecto a quien, desde el derecho particular e individual de crear docencia universitaria privada, lo está llevando a la práctica con un esfuerzo mucho más importantes que esos otros centros y que por lo tanto a causa de esto nos parece importante que nuestra enmienda se aceptara.
En cualquier caso, reitero el agradecimiento al Grupo Popular por hacer el esfuerzo de contestarnos a las enmiendas que tenemos sobre la mesa.


El señor PRESIDENTE: Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Le pido un minuto para puntualizar dos cuestiones escuetamente. La primera es que no hay nada más alejado de mí que el jacobinismo napoleónico, señor González de Txabarri, y lamentaría muchísimo que esto no constara en el «Diario de Sesiones».
Un problema diferente es la legítima interpretación distinta que usted y yo tenemos de lo que son los hechos autonómicos y la vertebración de los mismos con el Estado. Pero, por favor, no me tache usted a mi de jacobino napoleónico.
Punto segundo. Señora Chacón, me parece espléndida su intervención y agradezco además el tono. Le diré en que discrepo de lo que usted acaba de decir en este último minuto. Manifiesta su señoría su preocupación por la calidad de la enseñanza universitaria. No dude su señoría de que el Grupo Parlamentario Popular tiene la misma o más que ustedes; por lo menos la misma que ustedes. Precisamente por eso queremos poner en funcionamiento con este proyecto de ley la agencia nacional de la calidad - que supongo que su señoría avalará y que defenderá, como hace este portavoz- para que controle y haga viable y posible en todo el territorio español, sin ningún tipo de contraposición con las comunidades autónomas en el ámbito de sus legítimas competencias, ese derecho que asiste a la calidad universitaria. Por último, señora Chacón, sólo quisiera matizarle -perdóneme usted- dos consideraciones. El texto no es de la ministra, usted hábilmente lo cita así y yo lo entiendo, pero permítame que le sugiera que el texto es del Gobierno. En segundo lugar, efectivamente, el problema de los constitucionalistas en España es bastante considerable y no digamos de sus interpretaciones. Y usted tiene razón, pero no olvide usted que según su interpretación probablemente tendríamos que borrar el Tribunal Constitucional, que existe en nuestro ordenamiento constitucional justamente para hacer posible las interpretaciones constitucionales y los diversos criterios sobre las mismas.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del título III.
En primer lugar, en nombre del Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Paso a defender alguna de las enmiendas que no han sido incorporadas al texto de la ponencia, concretamente la enmienda número 322, al artículo 14, habla sobre los consejos sociales. Nosotros proponemos añadir un texto al segundo párrafo del punto 2. A los consejos sociales, además de corresponderle la aprobación de presupuestos y la programación plurianual de la universidad, proponíamos que se incluyera, a propuesta del consejo de Gobierno, informar la propuesta de relación de puestos de trabajo aprobada por éste antes de su remisión a las comunidades autónomas.
Si queremos que realmente los consejos sociales sean un órgano de participación de la sociedad en la universidad y supervise -como bien dice el texto que hoy discutimos- la actividad económica y el rendimiento de las universidades y sus servicios deben tener entre otras cosas elementos de criterio, conocimiento e información.
Respecto al tema económico en la universidad, todos sabemos la importancia que juega el capítulo 1 y todo lo que significa el capítulo de personal, no sólo desde el punto de vista meramente económico, sino desde el punto de vista de involucrarse en uno de los recursos más importantes de la universidad, que es el recurso humano.
Entendemos que el consejo social, al aprobar los presupuestos y las cuentas, para hacerlo con conocimiento y contenido, ha de hacerlo también informando y conociendo, antes de ser tramitado - como es lógico, nosotros lo planteamos así-, hacia la comunidad autónoma, el impacto que puede haber o no de las propuestas del capítulo 1 no sólo a nivel económico sino de la relación de puestos de trabajo que se pueda considerar más oportuna, de forma que la universidad

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se vaya adaptando cada vez más a las demandas sociales. Por lo tanto mantenemos viva esa enmienda. También me gustaría comentar que en este sentido, en el título III ha habido mejoras producto de las enmiendas de otros grupos. Nos parece que es importante que se haya suprimido del texto la no capacidad de voto del rector, del secretario general y del gerente, así como incluir un representante del profesorado, de los estudiantes y del personal administrativo y de servicio, dándoles derecho a voz y voto.
Quiero comentar otra enmienda que en este caso sí está incorporada al texto que es la enmienda 323, al artículo 17. Proponíamos que las juntas consultivas, si bien es el órgano ordinario de asesoramiento al rector y al consejo de Gobierno, lo sean fundamentalmente en materia académica. Entendemos que eso se sobreentiende pero quizá clarifica haberlo incorporado, en cuanto que el papel académico de la junta consultiva es fundamental, dentro de la división del trabajo de los diferentes órganos que aparecen en la universidad. También valoramos positivamente que se haya incluido en el artículo 19 la representación de los estudiantes y del personal administrativo y de servicios en el consejo del departamento. Es una enmienda introducida por el Grupo Popular que enriquece el texto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Las enmiendas entre la 49 y la 57 que presenta el Grupo Parlamentario Vasco a este título III, del gobierno y representación de las universidades, me dan buen pie para seguir con el debate anterior y enlazar con los razonamientos de defensa y justificación de estas enmiendas.
Decía el señor Calomarde que él no es jacobino ni napoleónico en el modelo universitario que se defiende. Pues muy bien, el otro modelo que se existe es el anglosajón que es lo que yo he indicado anteriormente. Vamos a que los órganos de gobierno y representación de las universidades públicas sigan el modelo anglosajón. Esa es la cuestión y ese es el modelo alternativo. ¿Por qué las universidades de calidad y excelencia están en el mundo anglosajón y cuando hablamos de estos temas en otros ámbitos no existen dudas y todo el mundo mira a ese tipo de universidades? Ahora no, ahora no se es jacobino o napoleónico pero el modelo que se defiende es exactamente ese. Hay un modelo alternativo señor Calomarde, miremos al mundo anglosajón, cómo se organizan las universidades anglosajonas, esas que todo el mundo reconoce que son de excelencia y calidad, en lo que respecta al gobierno y representación de las propias universidades. Y ustedes ¿por qué, en vez de mirar ahí, miran a otro lado? Nosotros entendemos, -y así lo sostienen las enmiendas 49 a 57 que estamos defendiendo ahora, que el modelo de universidad al que hay que avanzar debe tomar estas universidades del mundo anglosajón como referencia porque comúnmente están aceptadas como las de mayor éxito, excelencia y calidad. Y, de acuerdo con ese modelo, la autonomía universitaria, lejos de limitarse a garantizar la libertad de cátedra como defiende el proyecto de ley, se entiende como la capacidad de las autoridades universitarias para establecer con toda libertad las políticas que estimen más oportunas y la organización que más se avenga a la consecución de los objetivos planteados.
Esa libertad tiene una contrapartida: la evaluación de los resultados obtenidos, tanto en docencia e investigación como en el subsiguiente sistema de estímulos, positivos y negativos, a aplicar en función de dicha evaluación. Este es el modelo a aplicar y para ello, legislativamente, en derecho comparado y en el mundo anglosajón, los modelos universitarios son leyes muy livianas, leyes de bases con mínimos de reglamentación, de forma que cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, pueda utilizar la forma de organización y establecer las normas que mejor se avengan a sus características y objetivos. Ése es el modelo anglosajón en lo que respecta al tema legislativo y al tema universitario y aquí se opta por lo contrario.
Yo entiendo que es bastante duro admitir el sambenito de que uno es napoleónico y jacobino pero es lo que se desprende de la lectura del proyecto de ley, que en este momento no es un proyecto de ley de la ministra ni del Gobierno; para nuestra desgracia, es un texto de esta misma Cámara una vez que la ponencia lo ha aceptado. Vamos a ser coherentes. Si aceptamos el modelo anglosajón -que no es el modelo jacobino que por lo visto no defiende nadie en esta Cámara-, la universidad es una entidad de la sociedad, al servicio de la sociedad y está abierta a sus propias necesidades -así se definen las universidades más prestigiosas del mundo- y es la sociedad la que debe marcar y orientar los objetivos universitarios, dotando a las universidades de autonomía académica para su desarrollo y organización.
Y aquí hay tres tipos de intereses que están en conflicto: los generales de la sociedad, que deben estar representados por personas destinadas por los estamentos públicos; los de los estamentos que profesionalmente dedican sus esfuerzos a la universidad, los docentes, los investigadores, el personal auxiliar, de servicios, y los receptores de los servicios de cada universidad, especialmente los alumnos. La cuestión es, en este modelo universitario, cómo se complementan estos intereses: buscar una visión estructural a largo plazo, la visión de los profesionales y la recepción de los servicios a corto plazo, en el caso de los alumnos. En nuestra opinión, en estos textos que estamos analizando ahora se han separado los intereses en dos grupos: los generales y los estamentarios. En esta separación de roles entre la sociedad, que colabora en la dotación y control económico, y el mundo académico,

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que organiza y gestiona la universidad, no parece que conjuguen suficientemente bien los intereses diversos y las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco a este título III. Inciden precisamente en acoplar esto mejor o plantear las alternativas que presenta el modelo anglosajón, en contraposición a otro modelo, el del texto del proyecto de ley, que nosotros entendemos que es napoleónico y centralista.
Por ejemplo, una de las enmiendas hace referencia al nombramiento del rector, que es una cuestión esencial del proyecto de ley. El rector es nombrado directamente por la comunidad universitaria, con voto ponderado, y debe pertenecer al cuerpo de catedráticos de la universidad, debe ser de los que preste los servicios en esa misma universidad. En el modelo anglosajón, los rectores son nombrados por el que sostiene financieramente la universidad y no tiene por qué ser doctor o profesor universitario. Es aquella persona que quienes financian y sostienen la universidad entienden capaz de organizar mejor la universidad que está bajo su responsabilidad, porque el rector debe tener una clara concepción de las necesidades de la sociedad a largo plazo, capacidad para aglutinar e ilusionar a todos los estamentos universitarios y capacidad de gestión, con independencia de su origen. Es preciso encontrar las personas más adecuadas allí donde las haya. Hay universidades que ponen anuncios buscando rector; en el mundo anglosajón ponen anuncios, señor Guerra Zunzunegui, lea usted la prensa internacional. Se buscan rectores.
¿Por qué el mejor científico va a ser el mejor organizador? Va a ser el único caso en que la entidad que financia una institución no tiene nada que decir en relación a los nombramientos de las personas de responsabilidad en esa entidad que financia en exclusividad y no es razonable. ¿Por qué es así? Porque el modelo es el jacobino; precisamente por eso. Nosotros no creemos que las comunidades autónomas deban delimitar su función principal a dotar de recursos a la universidad y no tener nada que decir ni la más mínima participación, en su orientación básica. Entendemos que es razonable discutir que hay distintos procedimientos de nombramiento del rector y la propuesta de nombramiento de rector que se hace en el anteproyecto no es la más adecuada.
Otro conjunto de enmiendas hace referencia a «podar» o simplificar la estructura interna universitaria, que entendemos que es excesiva.
Bastantes de las previsiones que se realizan en este título creemos que deben remitirse a los estatutos de las universidades, en vez de indicarse en el propio proyecto de ley cómo deben organizarse las propias universidades.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, creo que tiene cinco enmiendas vivas a este título. ¿Es así? Lo digo a efectos de facilitar después la votación.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Se lo aclaro al hilo del debate, porque alguna voy a retirar y una ha quedado recogida. Hacemos un recuento de las que queden cuando termine mi intervención.
Antes de entrar en la literalidad de las enmiendas quería hacer un mínimo de valoración del conjunto de este título y particularmente de ese modelo anglosajón al que hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Efectivamente, aquí se está optando por un determinado modelo y hay que asumir que ese es el modelo y defenderlo y no avergonzarse de introducir un modelo distinto y un modelo que tiene sus riesgos y que en todo caso no es el nuestro. Es un ejemplo más de los casos en que, sin plantear una oposición frontal, yo, como portavoz de mi grupo, me siento en la obligación de dejar claro que el modelo de dirección de las universidades que se establece en esta ley no es el modelo de dirección, de gobierno, de las universidades de Convergència i Unió. Sí lo es el reforzamiento del consejo social, con ese o con otro nombre, y las correcciones que se han introducido en ponencia a la relación entre el consejo social y el consejo de Gobierno nos parecían absolutamente indispensables, porque creaban una disfunción notable y en algún caso una situación absurda al negar el voto y limitarse a tener allí de oyentes al rector y los representantes de la comunidad universitaria en el consejo social y viceversa. Entendemos que eso ha cambiado y nos felicitamos por ello, pero el conjunto de mecanismos de gobierno que se establecen en este capítulo I del título III no es exactamente la fórmula que plantearíamos nosotros. Y no lo es sobre todo esa elección por sufragio universal libre y secreto, mediante elección directa, que establece el artículo 20. No lo vamos a cuestionar, entre otras cosas porque como los esfuerzos inútiles provocan melancolía, mi grupo parlamentario, salvo en algunos casos en que excepcionamos nuestra propia regla, intenta no presentar enmiendas que tengan muy pocas posibilidades de ser aprobadas. En este caso concreto, decidimos que no íbamos a ir de frente, pero este es el momento de dejar claro que este mecanismo de designación del rector por sufragio universal tiene enormes riesgos. En primer lugar, no tiene una tradición sedimentada y sólida detrás que justifique exactamente adoptar una medida de estas características.
Y en segundo lugar, tiene riesgos porque puede introducir en lo que es la vida universitaria, en la comunidad universitaria, una serie de tensiones parapolíticas, parapartidistas, incluso un juego populista que puede distorsionar mucho la vida universitaria, sin contar con algo que la ley no regula y debería hacerlo como es la financiación de las campañas electorales a rector. Estaríamos en algo similar a lo que ocurre en el juego de los partidos políticos. Una de dos, o hay una financiación pública y más o menos transparente de las campañas a rector, con lo cual habrá que ver de dónde salen los recursos, o quien tenga más dinero tendrá más posibilidades -sobre todo no existiendo un límite de gasto- de hacer la campaña a rector. Ese es un dato

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más entre los diversos que hacen que nosotros no nos sintamos especialmente entusiastas con la figura del rector elegido por sufragio universal y directo, que por un lado puede ver teóricamente reforzada su legitimidad pero, por otro, puede tener dificultades con esa misma legitimidad en la medida en que el voto es ponderado entre los distintos sectores que integran la comunidad universitaria y esa ponderación puede hacer que en algún caso tenga numéricamente muchos más votos de un sector, léase por ejemplo de los estudiantes, que en la ponderación posterior evidentemente van a ver reducido su peso de cara a la designación definitiva del rector. Todo este juego hace que este mecanismo no sea el que nosotros hubiéramos asumido.
Entrando en la literalidad de las enmiendas, nuestra enmienda 547, al artículo 15, puede quedar retirada porque ha quedado suficientemente recogida en la ponencia al haberse aceptado la enmienda del Grupo Popular. Por tanto esa enmienda no la someteríamos a votación. En cuanto a las enmiendas al artículo 24, tocan directamente uno de los ejes, si se quiere conceptuales, de mi grupo con esta ley. Es que, sin renunciar al carácter funcionarial -porque entre otras cosas sería una revolución que mi grupo no está en condiciones de plantear- de la universidad española. Al hecho de que la universidad española siga pivotando en todo su peso alrededor de la figura del profesor funcionario público, sí éramos partidarios -de ahí estas dos enmiendas- de equiparar tanto como sea posible, dentro de la universidad, la figura del profesor contratado doctor con la del profesor funcionario público. Esta ley ya nos parece positiva, lo dijimos en el debate en el Pleno y lo volvemos a decir hoy, en lo que tiene de aportación al haber introducido la figura del profesor contratado doctor y al haber permitido que efectivamente quede establecida una carrera universitaria estable con la contratación laboral indefinida de profesores que no son funcionarios públicos.
Pero nosotros querríamos ya desde ahora dar un paso más, sin tener que esperar a dentro de equis años cuando ese paso más se dará, estamos absolutamente seguros de ello. Esa es la virtud que tiene el «Diario de Sesiones». Ahí quedará este «Diario de Sesiones» que alguien rescatará del olvido para constatar cómo lo que ahora pide Convergència i Unió en su momento se convertirá en ley sin saber exactamente cuándo. Desde el momento que admitimos que existen profesores contratados doctores, ¿por qué esos profesores contratados doctores no pueden ser decanos o directores de departamento? ¿Qué argumento filosófico, jurídico, político, social, económico, otro tipo o universitario puede impedir que un profesor doctor que además -esta ley tiene vocación de continuidad- puede llevar 20 años en ese departamento o en esa facultad, un profesor doctor con 20 años de experiencia, cientos de publicaciones a sus espaldas, sólo porque no reúne la condición de funcionario público no pueda ser decano, no pueda ser director de departamento? (Un señor diputado: ¡Es una barbaridad!). Eso no tiene más que un sentido: no enfrentarse -quiere uno creer- con determinados elementos de presión sindical de la función pública a los que quizá habría que dar otro tipo de compensación. Si no es así, si no es un miedo a la presión sindical de la función pública, suponiendo que estemos reorganizando la universidad española y modernizándola, en términos racionales a este portavoz se le escapa qué argumento puede permitir que una persona con su cátedra recién obtenida o su titularidad recién obtenida y apenas unos pocos años de docencia a sus espaldas debe tener primacía, puede ser decano o director de departamento; y un profesor contratado doctor con 20 ó 25 años de docencia, publicaciones, prestigio nacional e internacional no puede serlo sencillamente porque no es funcionario público. Ese es el sentido de nuestras enmiendas 549 y 551, que evidentemente mantenemos vivas.
Teníamos además una enmienda que ha quedado suficientemente recogida por vía transaccional en la ponencia y por tanto uno de esos textos que se han transmitido a una enmienda nuestra no lo aceptamos sencillamente porque creemos que ya quedó recogido en la ponencia. Me refiero a un texto que se ha hecho circular y que aparece con el título Transacción a la enmienda número 550, de CiU. De hecho, ya quedó recogido en la ponencia y mi grupo no acepta este texto que hoy circula porque considera bueno el que ya quedó incorporado en la ponencia. Por tanto, la enmienda 550, de CiU, ya no existe y lo que queda es el párrafo segundo del artículo 24. Me explico. Además de si puede ser o no decano o director de departamento un contratado doctor seguía quedando pendiente una dificultad específica en el ámbito de las escuelas universitarias, porque en ellas, donde hay gran cantidad de funcionarios no doctores, se puede dar en muchos casos que no haya funcionarios doctores para poder ser designados director de la escuela universitaria. En ese caso hubiéramos llegado a la situación absurda y académicamente ofensiva de que estaría en mejor posición para ser director de la escuela universitaria un funcionario no doctor que un contratado doctor; de ahí arrancaba nuestra enmienda e insisto, creemos que se llegó a una posibilidad transaccional que ya quedó suficientemente reflejada en la ponencia y por la cual un funcionario no doctor está en las mismas condiciones que un contratado doctor para ser director de escuela universitaria. Cuando no existe en la escuela universitaria funcionario doctor pueden competir, por decirlo así, en igualdad de condiciones los otros dos, contratado doctor o funcionario no doctor.
Por último, nuestra enmienda 552, al párrafo segundo del artículo 25, la retiro en este momento. El texto de la ponencia, aunque no llega exactamente al mismo resultado que hubiera sido la supresión pura y dura de ese párrafo segundo del artículo 25, que hace referencia a la teórica posibilidad de que existan departamentos

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dentro de las escuelas universitarias, posibilidad que tal como estaba redactado el proyecto de ley era irreal, no se correspondía con la realidad. Ha quedado, aunque no se habla propiamente de departamentos en las escuelas universitarias como sigue -permítanme que lo lea porque el «Diario de Sesiones» tiene aquí una especial trascendencia-: En los departamentos constituidos sobre las áreas de conocimiento a que se refiere el apartado 3 del artículo 58 podrán ser directores: funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que no estén en posesión del título de doctor. Por tanto, eso que nos parecía una anomalía, seguir recogiendo la posibilidad de que existieran departamentos dentro de las escuelas universitarias, ha quedado corregido aunque sea por una forma distinta de la que nosotros habíamos supuesto y por tanto la enmienda 552, de CiU, queda retirada.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor presidente, quisiera comenzar matizando una cuestión, porque antes no había entendido al señor Calomarde cuando me decía que iba a desaparecer con mi propuesta el Tribunal Constitucional. Finalmente he entendido que no nos hemos entendido y simplemente quisiera matizarlo. Cuando yo traía a colación la frase de mi colega de que lee mil veces la Constitución y siempre dice lo mismo, decía que precisamente porque aquí se discrepa de esa interpretación, agradecía que también discrepara usted de la misma al poner otras interpretaciones sobre la mesa y abrirse a que existan otras lecturas. Sepamos que al menos en eso estamos en la misma tesis. Muy al contrario en la que viene ahora, que es el del gobierno y representación de las universidades en este título III, en que el Grupo Socialista tiene de nuevo muchas enmiendas a cada uno de los artículos, de manera que también quisiera hacer una breve introducción al mismo y posteriormente ir bajando a lo concreto.
Quisiera empezar hablando por boca de otros, porque es casi unánime la voz que está tildando al proyecto de ley de este ministerio en materia de órganos de gobierno y de representación de las universidades de hiperreglamentista, rígido y constreñidor, vulnerador de la autonomía universitaria, reductor de la participación de determinados sectores de la comunidad universitaria en ellos, confuso y finalmente provocador de una uniformidad incompatible con la deseable diversidad del sistema universitario español, pero sobre todo incompatible, como les decía, con los retos que tenemos por delante. Unánime parecía ser también la voz que pedía, tras 18 años de vigencia de la Ley de Reforma Universitaria, y conscientes todos -también este grupo- de las disfunciones que podía haber provocado el anterior sistema, una mejora en el gobierno de nuestras universidades que se basara esencialmente en conseguir una separación nítida entre las funciones de gobierno, representación, control e incluso asesoramiento, si se quiere, de la universidad, pero en cualquier caso una separación nítida. Lejos de adecuarse a estos objetivos, parece que el único problema que ha visto el Ministerio de Educación en la universidad española ha sido su excesiva autonomía. La única solución que ha visto ha sido recortarla. El patrón único con que se han cortado las nuevas telas de este proyecto de ley ha sido sustantivamente ése.
La estructura de gobierno que se diseña en esta ley afecta seriamente a los diversos ámbitos de la autonomía universitaria, que sin duda protege la Constitución española. Quiero citar aquí, pues no me parece que sea en balde, que prestigiosos juristas, en informes que han encargado las universidades españolas, han puesto en tela de juicio la constitucionalidad de algunas de las propuestas de esta ley. Me referiré a ellas más tarde, pero quería que constara también, que ante la necesidad de una separación nítida de funciones el Gobierno, a nuestro juicio, ha optado por una estructura complicada y confusa que no distingue con claridad la dirección, la representación, el control, asesoramiento y que dificulta enormemente la gestión del día a día de nuestra universidad. Como verán a través de nuestras enmiendas, mientras mi grupo abogaba por una profundización en la autonomía universitaria, junto a una mejora y a un perfeccionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas de nuestras universidades -y en ese sentido van también las enmiendas que vengo a defender-, el Gobierno ha optado por enfrentar la universidad en todos estos aspectos con la sociedad, por entender incompatible la mejora del control social con la autonomía en nuestras universidades, imprescindibles ambas. En este caso, la autonomía universitaria - y voy a reiterarme en este punto- lo es en un momento en que nuestra universidad debe responder a una compleja composición de demandas que actualmente la sociedad le está exigiendo nuevos programas de estudio; fórmulas de acceso diferentes; una organización temporal distinta de las ofertas educativas; innovaciones metodológicas; fórmulas para la integración en el espacio común europeo de educación superior al que esperamos converger, como comentaba el señor Calomarde; la adopción de la enseñanza virtual junto a la presencial que se vuelque en la formación permanente del ciudadano. Por todo ello, tiene que resolver con rapidez y con autonomía, con capacidad académica y de gestión suficiente, los innumerables problemas a los que se debe enfrentar que, por novedosos, va a tener de gestión, pero también muy interesantes.
La receta ante este diagnóstico al Grupo Socialista le parece clara, para el Partido Popular también está siendo meridianamente clara.
Nuestra receta pasa por que esa mayor complejidad de la gestión lleve a profundizar en la autonomía académica y de gestión de nuestras universidades y que, en justa contrapartida, esa mayor

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autonomía organizativa venga acompañada de una mejora en los sistemas de rendición de cuentas y el control social y en las funciones de estos sistemas o de las fórmulas que encontremos. Para el Gobierno, desde la desconfianza profunda hacia la universidad española, la solución radica en el recorte de la participación democrática de la comunidad universitaria en el gobierno de la institución y en el establecimiento de mecanismos de intervención, más allá de injerencia política, que recortando la autonomía, reglamentando en exceso y diseñando unos órganos de gobierno, cuyo tamaño y composición no son los adecuados, auguran probablemente un difícil funcionamiento que puede provocar inestabilidades, pero que sobre todo va a dificultar la gobernabilidad, que es lo que hoy deberíamos de ser capaces que no saliera del texto que entre todos esperemos podamos enmendar.
Quiero bajar a lo concreto, aunque me va a tocar empezar por lo general, porque nos ha acostumbrado el Gobierno, durante estos meses, a que aquello que predica nada tiene que ver con lo que practica; es decir, que toma la palabra para explicarnos en términos genéricos su ley y la sensación es que nada de aquello que dice les recuerdo las constantes intervenciones de la oposición el día del Pleno. Hay en las propuestas concretas de su texto. Voy a empezar por el principio del título III, que nos habla de gobierno y representación de las universidades. El Gobierno nos ha repetido hasta la saciedad, desde el mes de marzo, que en esta ley vamos a separar nítidamente funciones de gobierno, gestión, representación, asesoramiento y control de las universidades. Bajo la rúbrica que les comento, gobierno y representación, nos encontramos con el órgano de control social, el consejo social, el de asesoramiento, la junta consultiva.
No parece un buen comienzo en materia de coherencia, lo dejamos en gobierno de las universidades o lo explicitamos todo. Esa es una de las primeras enmiendas que teníamos. La relación nominal de órganos que proponemos en nuestra enmienda al artículo 13 nos parece más adecuada que la del texto. Parece que le gusta al ministerio cambiarle el nombre a las cosas por cambiar, aunque en este caso no sabemos qué le debe parecer a las comunidades autónomas que decidamos sin explicación cambiar la junta de gobierno por consejo de gobierno.
Para nuestro grupo lo de junta de gobierno estaba bien, cree que es menos exhaustivo y por ello más flexible juntas de centro, cosa que ya hemos traído a colación anteriormente, y finalmente creemos completamente innecesaria la junta consultiva.
En materia de órganos unipersonales, para el Grupo Parlamentario Socialista el refuerzo de las fórmulas de rendición de cuentas públicas debe ir acompañado del refuerzo de la presidencia del consejo social, de ahí su inclusión en la relación de órganos unipersonales, que finalmente, de nuevo por excesivo reglamentismo, debe suprimir en el texto actual al director del instituto universitario.
Hay que hay que dejar en estas cuestiones mayor flexibilidad a los órganos a la hora de decidir determinados asuntos y entre ellos si quieren tener un director, un presidente, un órgano colegiado de dirección o llamarle como decidan. Hay que dar más flexibilidad a la universidad y confiar más en ella, que ha demostrado en estos años que sin ninguna duda se puede. Finalmente, nos alegra que una enmienda del Grupo Parlamentario Popular permite incorporar al departamento entre los órganos cuya composición se va a realizar democráticamente, pero quiero recordar -y nos gustaría que constara- la voluntad originaria del ejecutivo de recortar participación de la comunidad universitaria en esta ley.
Respecto del consejo social, para el Grupo Parlamentario Socialista este debe ser sin ninguna duda -y creo que en eso sí que confluirán voluntades- el lugar de encuentro de la universidad con la sociedad.
Lo creíamos así en 1983, en la Ley de Reforma Universitaria, y lo seguimos creyendo hoy si cabe con mayor énfasis, aunque no es menos cierto -quisiera exponerlo aquí- que la experiencia ha demostrado que es probablemente el punto más débil de los órganos universitarios y que debe corregirse, buscando una fórmula que le haga más capaz de llevar a cabo sus funciones, porque las funciones son más imprescindibles hoy que nunca. Los ciudadanos deben de pagar nuestra educación universitaria y deben por ello saber de forma transparente cómo se gastan sus recursos. Ello no es incompatible con la autonomía universitaria, no está reñido, y por lo tanto es capaz de convivir lo uno con lo otro. El diseño socialista de los órganos de la universidad busca esencialmente un equilibrio entre esa autonomía universitaria necesaria y el también imprescindible control de la sociedad.
La experiencia nos ha indicado, allá donde ha funcionado el consejo social, que reforzar a los presidentes puede ser una fórmula que les permita un mejor funcionamiento, así como un cambio en su composición y un consecuente refuerzo de funciones, junto a la asignación de los recursos suficientes para garantizar el ejercicio de las mismas. El aval fundamental que debe recibir en su elección el presidente es puntal importante a la hora de empezar a perfeccionar sus funciones.
A esta voluntad de mejorar el consejo social, se refiere la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista respecto de algunas de las funciones que varían y se añaden y, sobre todo, a la designación del presidente, que debería hacerse por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, a propuesta del consejo de gobierno de la comunidad autónoma y oído el rector. Es importante el acuerdo que comentaba de dos tercios, así como que se les permita el nombramiento de un tercio de representantes del propio consejo social; que las comunidades autónomas tengan mayor capacidad a la hora de determinar la composición, para lo cual nos remitimos a laley de la comunidad autónoma; que se cuente con los

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sindicatos, ya que son una pieza fundamental, y se garantice su presencia en la ley. En este país hacer lo contrario sería absurdo, por lo que debería hacerse expresa mención expresa a los mismos, máxime en un órgano como el que estamos hablando. La propia universidad, junto al rector, debe incorporar a representantes sociales y a tres miembros de la comunidad universitaria, que deben ser miembros natos, pero con voto, Somos conscientes de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular pero, sinceramente, a quién se le ocurre que a quien el texto llama la máxima autoridad de la universidad deba sentarse en un órgano de la comunidad universitaria, el consejo social, sin voto. Hemos dicho reiteradamente que nos parecía un castigo al discrepante que no augura nada bueno. Nos alegramos de que entre todos seamos capaces de enmendar el empecinamiento de la ministra. Hablaba también de mayores funciones, de un mayor peso económico y de investigación que queremos adjudicar al consejo social. Queremos agradecer la transaccional que a tal efecto nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Popular en los apartados f) y g), para entre todos solucionen algunas lagunas del texto, lo hemos recogido aquí, porque, de manera explícita, queríamos explicar nuestra fórmula de consejo social. El que haya un reconocimiento de esta carencia y de que entre todos somos capaces de enmendarla nos parece positivo. La experiencia nos demuestra que es uno de los órganos que hay que retocar para mejorar, pero cuando ha habido un presidente de consejo social que ha podido impulsar y ha tenido ganas, capacidad y recursos, le hemos otorgado un mayor aval en su nombramiento y una mayor capacidad para ejercer sus funciones Somos capaces de mejorar esta fórmula imprescindible, hoy más que nunca, de control social y mejora de la rendición de cuentas públicas de nuestras universidades.
En cuanto al consejo de gobierno, quiero preguntar de nuevo al Grupo Parlamentario Popular por qué tiene esta manía de reglamentarlo todo y encorsetar a nuestra universidades, por qué obligarlas a nombrar de un mismo modo, a tener de un mismo modo y a ser de un mismo modo.
Dejen que las universidades, dentro de unas pautas básicas, se organicen conforme a sus estatutos, pero no les obliguen a tener más órganos -luego me referiré a la junta consultiva-, ni a que todos estos órganos estén cortados por el mismo patrón. Hay que confiar más en nuestras universidades Para ellas, desde los sillones de sus aulas y sus despachos, saben mejor de lo que se puede saber desde los sillones del ministerio respecto a cómo se pueden organizar para realizar, de una manera más fácil y adecuada, las funciones que la Constitución y las leyes les encomienden. Por qué todas las juntas de gobierno -para nosotros los consejos de gobierno, ya les digo que en un ataque de originalidad le han cambiado el nombre- tienen que tener las misma composición. ¿Creen ustedes -me gustaría que nos lo pudieran explicar- que la Politécnica de Cataluña tiene que organizar su gobierno de acuerdo con los mismos criterios y las mismas pautas que la Complutense de Madrid o la Universidad de Burgos? Me gustaría que alguien nos respondiera a esta uniformidad que se pretende y que en este momento, en el año 2001, nos parece muy poco adecuada.
Para el Grupo Parlamentario Socialista -es el sentido de nuestras enmiendas-, las universidades deben poder estructurarse de manera diversa. Señorías, la diversidad es fuente de riqueza, en esto como en casi todo, y esta diversidad debe reflejarse en el máximo órgano de gobierno de la universidad cuya composición y funciones deberán concretar los estatutos. El gobierno opta de nuevo por el reglamentismo, el recorte de la autonomía y la desconfianza hacia la universidad. Para nosotros, debería estar formado por el rector, los vicerrectores, que él o ella hayan determinado, el secretario general, el gerente y representantes de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, y que después los estatutos terminen por redefinir este dibujo. Abundando en el reglamentismo que les comentaba, el gobierno decide que tres miembros del consejo social, no pertenecientes a la comunidad universitaria, serán miembros natos del consejo de gobierno. ¿Por qué no dejan que sean los estatutos quienes lo determinen? No me digan que porque nadie lo va a decidir por sí mismo, porque ustedes saben igual que yo que ya existen casos y que esto ya se está dando. Lo que el Grupo Parlamentario Socialista pide simplemente es que no imponga entre otras razones -y lo dejo aquí para la reflexión-, porque imponer a las universidades la participación con voto de personas ajenas a la misma, en el único órgano de gobierno que queda en la universidad con esta función clara, puede ser incluso inconstitucional, puede estar franqueando la inconstitucionalidad. El consejo de gobierno ejerce el gobierno de la misma en representación de los titulares directos del derecho a la autonomía universitaria, y si desde la ley le imponemos la interpolación con unos titulares de este derecho, podemos estar desvirtuando la autonomía de la universidad, derecho fundamental, además de principio constitucional, como ustedes bien saben. Nuestra voluntad es que no se imponga desde la ley.
En el consejo de gobierno que ha diseñado el ministerio quiero ponerles sobre una pista en la que sé que ya están, añadiendo que todavía nadie nos ha explicado por qué lo diseña este Gobierno de manera que en él no quepa la universidad española actual. Ustedes limitan el número de miembros y con ello expulsan a la actual universidad española. Repito: imposición desde la silla del ministerio, reglamentismo, confusión y malestar. A nuestro juicio, es un modelo para disminuir la participación de dos sectores de la comunidad universitaria, especialmente los estudiantes y el personal de administración y servicios. Quería demostrárselo con un ejemplo.
El texto nos dice que fijamos un máximo de 40 miembros y que el 30 por ciento es designación del rector;

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el 40 por ciento del claustro, reflejando la composición de los diferentes sectores; y el 30 por ciento, de los directores y decanos.
Supongamos que son 40 personas, por lo que el 30 por ciento del rector significa 12 personas, en las que no hay estudiantes; el 30 por ciento de directores y decanos, son otros 12, aquí tampoco hay estudiantes, y nos queda el 40 por ciento, que son 16 personas, que debe elegir el claustro en proporción a los sectores del mismo. Si suponemos una media de un 25 por ciento de estudiantes, que aproximadamente es la media actual, nos quedamos en 4 estudiantes, es decir el 10 por ciento; es el máximo de representación que tendrían los estudiantes en su consejo de gobierno. Lo mismo les digo en relación con el PAS, que se quedaría en la misma situación. ¿Esto es mejorar la democracia representativa en la universidad? A este grupo parlamentario le parece que no. Quería demostrárselo con este ejemplo, porque siguen repitiendo que lo que los socialistas decimos no es cierto, aunque no somos el único grupo que está poniendo sobre la mesa estas cuestiones.
Pasamos al siguiente artículo, que es el relativo al, rector. El Gobierno, como también saben ustedes, se ha llenado la boca con el fortalecimiento de la figura del rector en su ley, pero lo cierto es que el malestar actual entre el colectivo de rectores de la CRUE -y me remito a las declaraciones que una y otra vez han sido unánimes contra esta ley- tiene algo que ver con ello. A tenor del contenido de las declaraciones unánimes de la CRUE (saben ss. ss. que han hecho hincapié en otros problemas que tiene el texto en su conjunto, esto no constituye estrictamente un problema, incluso han preferido callar para que no se pueda decir que ellos o han afirmado), podemos deducir que no están especialmente encantados con el reforzamiento que el Gobierno da a la figura del rector y que finalmente se pretende conseguir con un cambio en su elección. Quede claro en este artículo que lo único que a ustedes les da pie para decir que esta ley refuerza al rector es el nuevo método de elección. Las consecuencias de la obligación de llevarlo así a cabo -porque esta ley no hace remisión estatutaria alguna, la enmienda socialista propugna que sean las propias quienes decidan, en función de su tamaño y de sus capacidades, cuál debe ser la fórmula de elección de su máximo representante- pueden ser en algunos casos especialmente distorsionadoras para la vida académica y participativa de la universidad. La pregunta de este grupo es si ustedes han pensado bien en esto; si alguien se ha parado a pensar en las consecuencias de obligar a todas las universidades españolas a escoger a su rector a través de este sistema de sufragio ponderado. Hay que imaginar que sí, porque no lo han podido copiar de ningún sitio, lo que significa que no sólo lo han pensado bien sino que además lo han creado.
Quienes alguna vez lo probaron -y me remito allá donde he sido capaz de encontrarlo, como Argentina o la Universidad de San Carlos de Guatemala- han decidido ya descartarlo, precisamente debido a estas distorsiones que quiero poner de manifiesto. Ustedes tienen en la cabeza el modelo teórico, y el problema es que quieren experimentarlo y convertir a la universidad española en una especie de laboratorio de ciencia política. ¿Creen ustedes que la universidad española merece esto? Repito que no hay ningún Estado que haya tomado esta decisión. Lo que no es teóricamente concebible en esta elección presidencialista -podemos hablar análogamente de elección presidencialista del rector- son las prerrogativas parlamentarias que se le otorgan al claustro.
Alguien tendría que explicarnos si han pensado también en las consecuencias y si les parece que le da mayor peso al rector permitir a un órgano que no le ha elegido mecanismos de censura que en este caso el rector tiene. Probablemente lo más criticable es la imposición de esta elección en su proyecto y la politización de la universidad que en algunos casos puede producirse con este modelo de elección. Quiero referirme en particular a la ponderación. Como ustedes saben, se establece un doble sistema de ponderación en las elecciones a rector, pero señalar los coeficientes de ponderación en un momento posterior al escrutinio de votos nos parece una grave alteración de las reglas del juego, cuando el juego ya ha concluido.
Lo mismo que la ponderación por sectores debe estar predeterminada en el momento del cierre del censo electoral, los coeficientes de ponderación deben estar claramente establecidos en las reglas electorales, pues su concreción posterior al escrutinio puede resultar una fuente importante de conflictos. Estas cuestiones han llevado a estos países en los que he sido capaz de encontrar una elección similar del rector a erradicarla. Ciertamente, no está diseñado el método de elección para que una persona valga un voto, pero tampoco debe estarlo para que nadie sepa más que con la quiniela ya premiada cuánto ha supuesto su participación en la misma.
Quisiéramos pedirles también explicación sobre la elección del rector. Como saben ss. ss., es complicado referirse de manera específica a algunos artículos, a pesar de que hayamos tomado la decisión de que esta ley se debata a través de títulos. Otra explicación que quería que me dieran es si han pensado que se podría dar el caso de un candidato elegido rector con un número de votos muy inferior a otro que no resulta finalmente elegido. ¿Qué haremos con la legitimidad de un rector elegido con 2.000 votos, frente a otro que cosechó hasta 20.000, y que finalmente, por efectos de la ponderación, no ha sido elegido rector de esa universidad, con las prerrogativas de elección parlamentaria del claustro? A juicio de mi grupo, puede haber un desequilibrio en la representación de la diversidad de nuestras universidades. Me gustaría saber si han pensado qué va a pasar en una universidad como la Complutense -cuya facultad de Derecho consta ahora mismo de unos 25.000 miembros, frente a los 85.000 del conjunto de la comunidad universitaria- cada vez que Derecho

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se ponga de acuerdo en presentar y votar a un candidato. ¿Han tenido ustedes en cuenta que probablemente se acabarán las elecciones ahí, ya que el resto de los centros de la universidad determinarán que no van a participar en la elección a rector, puesto que no hay nada que hacer, ya que Derecho ha decidido, con el grueso de su comunidad universitaria, que va a poner sobre la mesa un candidato a rector o rectora? Para terminar -sé que me estoy extendiendo un poco, señor presidente, pero el título es extenso-, respecto a los vicerrectores, no nos parece necesario que estén en esta ley, a pesar del carácter potestativo que imprime el artículo. En este caso, nuestra enmienda solicita su supresión. Asimismo, para mi grupo, decanos y directores de escuela -que deberían ser de centro; reitero lo dicho respecto a la exhaustividad en las nomenclaturas- deberían ser elegidos por la comunidad universitaria de sus respectivos centros y no permitir que sean simplemente designados. No habido problema alguno de ello y que no supone ninguna mejora, sino que, al contrario, resta legitimidad permitir que existan a través de la simple designación. Quisiéramos una explicación a este efecto, si fuera posible.
Tenemos también problemas -y queremos ponerlos de manifiesto- con la redacción final de este artículo, incorporadas ya las enmiendas, al menos las últimas que conocemos. El portavoz del Partido Popular en este título, el señor Ollero, nos ha preguntado si habíamos leído las enmiendas. Yo todavía no he podido leer las enmiendas nuevas, por lo que es posible que algunas cosas hayan variado y en mi intervención yo las desconozca; por tanto, me refiero a las enmiendas que estaban en el informe de la ponencia que teníamos para trabajar estos días.
No alcanzamos a comprender cuál es el sentido de incorporar la posibilidad de que profesores contratados doctores puedan acceder al cargo de directores de escuelas universitarias -lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo de Convergència i Unió- y que eso no pueda ser así en facultades y escuelas, donde es más lógica la figura del profesor contratado doctor. Requeriríamos una explicación a este efecto, pero sobre todo la pregunta es: ¿Qué haremos con la dirección de la escuela, si en el mandato vivo del director le fine a éste la vigencia del contrato? ¿Se lo van a prorrogar o no podría presentarse quien tenga un contrato con vigencia no superior al espacio temporal de la vigencia del propio cargo de director? Esa es otra pregunta que queremos hacer. Sigue habiendo mucha precipitación en este proceso y en la redacción de esta ley, y ya no les cuento en el calendario, como ya hemos comentado los grupos parlamentarios excepto el Grupo Parlamentario Popular.
En resumen, quisiera decirles que este título significa recorte de la autonomía universitaria, de nuevo encorsetamientos y constricciones, carencia de remisiones estatutarias, recorte de la participación democrática en la universidad, confusión, malestar y, eventualmente, conflicto. Este título es por sí solo muy significativo de la mayor parte de los epítetos que ha cosechado esta ley del Gobierno y resume muy bien el mal favor que en esta legislatura, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, le estamos haciendo a la universidad española y, por tanto, a nosotros mismos. Ponemos de manifiesto que el principio fundamental en que está basada esta ley es la desconfianza profunda del Gobierno español hacia nuestra universidad.
Consciente como somos del papel fundamental que la universidad ha jugado en el cambio de fisonomía de este país en todos estos años de democracia, y también en nuestra universidad, no podemos más que estar muy en desacuerdo con el título de esta ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Les pido perdón porque a estas alturas de la tarde ya, como es mi primera intervención, comience por señalar algo en lo que estoy totalmente de acuerdo con la señora Chacón, con la que comparto vicios universitarios, y es la sensación de estar protagonizando un momento histórico. Los universitarios tendemos a creernos el centro del mundo y la crema de la intelectualidad, y por tanto le damos siempre una dimensión particularmente valiosa a lo que hacemos; yo ahora mismo se lo doy, sin duda alguna. Quiero dejar además constancia de que lo hago, en primer lugar, con una gran sensación de alivio, porque vamos a vernos libres de una ley que ha machado a la universidad española.
El propio Partido Socialista ha intentado dos veces modificarla, la primera de ellas hace ya nueve años, y por tanto hay unanimidad al respecto en ese sentido. Además lo hago con un alivio que me produce una sensación de enorme relajo y de paz. Quiero que quede constancia de que no estoy en absoluto crispado ni la sociedad me ha transmitido su inquietud. Yo he salido esta mañana, hacía un día espléndido y he visto a la gente muy normal, algunos estaban preocupados por asuntos que no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, pero la verdad es que nadie me ha transmitido de una manera lacerante una sensación de crispación metafísica. (Risas.) Por tanto, estoy lleno de paz, una paz que me ha permitido leer con gran detenimiento el informe de la ponencia, con lo cual estoy en condiciones de decir, como he hecho hace un momento, qué artículo está y qué artículo no está en el informe de la ponencia, porque lo he podido leer con toda tranquilidad. Incluso, como he estado siguiendo el debate en el momento en que no he estado aquí en la sala, me ha hecho mucha gracia que a alguien que ha estado como yo en la universidad anteayer trabajando y que sigue publicando de vez en cuando algo, incluso en esta misma casa, gracias a la hospitalidad de su servicio de publicaciones -espero publicar un artículo en el próximo

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número de la revista de las Cortes Generales-, haya dicho que me va a reconciliar con la universidad -es un asunto que me hace mucha gracia-, además con aire de perdonarme la vida, al parecer porque está afiliada a un sindicato, lo cual es una cosa para mí muy respetable, pero que me hace mucha gracia que precisamente por eso me reconcilie con la universidad. Es algo que me deja perplejo, pero se ha dicho aquí esta mañana.
Por otra parte, estamos poniendo fin a un prolongadísimo debate. Se ha dicho que esta ley ha tenido poco debate. Pues yo no diría tanto.
Cuando debatimos la Ley de lo contencioso, todo el mundo entendió que el debate que había habido en la legislatura anterior formaba parte del mismo, y así ha pasado con tantas otras leyes -Código Penal, etcétera- que hemos hecho en esta casa. Siempre se ha entendido que una ley sale mejor en la medida en que se ha debatido más veces. Esta es la tercera vez que debatimos una reforma de la ley universitaria, y como uno lleva aquí quince años para algo debe servir esa experiencia. Yo he tenido oportunidad de debatir aquí en el año 1992 un proyecto socialista de reforma de la LRU, que llegó al Senado y fue aprobado en el Senado, y solamente por una semana, porque en aquella época -no es como ahora, que se agotan las legislaturas, sino que el presidente que había entonces las disolvía cuando veía que le iban mal las encuestas-, no se pudo aprobar porque la universidad no era lo más importante para él, obviamente. Luego hubo otro proyecto que quedó varado porque el Partido Socialista, que es maestro en entenderse con todo el mundo, no consiguió entenderse con nadie para sacarlo adelante y se le quedó muerto en ponencia. De estas cosas venimos hablando desde hace quince años, por lo menos que yo sepa, y seguro que antes también; luego no nos estamos desayunando ahora con estas cuestiones. Por eso, si se nos pregunta si hemos pensado, algunos llevamos nueve años aquí pensando en estas cosas, y alguno escribió un libro, antes siquiera de pensar en ser diputado, sobre este mismo problema, porque ya entonces tenía la mala costumbre de pensar.
Estamos ahora abordando en este título un punto significativamente polémico de la reforma, porque en el fondo nos sitúa ante un problema que se experimenta en otros ámbitos, no sólo en la universidad, y es el delicado juego entre autonomía y corporativismo, cómo manejar ámbitos de autonomía sin inducir querencias corporativistas. Recuerdo al inefable señor Maravall en esta misma casa, quizás en esta misma sala -aunque se ha modificado luego por las obras que tuvieron lugar-, diciendo que el modelo que él planteaba en la LRU era un modelo perfecto y, cuando se le hacía ver el corporativismo que ya afloraba de una manera galopante, decía: ¡Ah!, eso es mal uso de la autonomía por las universidades. Nosotros preferimos atender a cuál es realmente la experiencia acumulada, ver qué querencias corporativistas se han puesto en marcha y corregirlas, y no sacar de nuestra cabeza, como hizo el señor Maravall, una universidad inexistente en España y decir luego «no es eso, no es eso», cuando a la hora de la verdad lo que pasaba no tenía nada que ver con lo que él había soñado, porque el problema de la LRU no es que el diseño del señor Maravall fuera malo, es que la realidad actual no tiene nada que ver con el diseño que él había pensado, porque la realidad universitaria, que él desconocía, se acaba imponiendo.
Tenemos organigramas tropicales en la universidad, porque, como el rector necesita ser votado por el claustro, tiene que inventarse cargos para poder satisfacer a los que le han votado. Sería muy interesante hacer una encuesta de cuántos profesores que han formado parte de una junta de gobierno, por ejemplo como vicerrectores, siendo titulares, se han convertido en catedráticos, en un momento precisamente en que su gestión universitaria no les permite especialmente grandes desahogos en los que a investigación se refiere. Sería interesante coger esa encuesta y sacar alguna consecuencia, porque a lo mejor se sacaría de ahí alguna. Sería interesante ver cuántas universidades españolas cumplen las normas sobre el límite de permanencia por parte de los estudiantes; aparte de la Carlos III y la Politécnica, a mí no me suena ninguna otra; quizás algo tenga que ver con cómo es elegido el rector. Incluso un rector, que ya no lo es, me confesaba el otro día que la primera vez que se presentó no salió porque el otro candidato había hecho una oferta económica al PAS realmente tentadora. Son hechos que forman parte del corporativismo cotidiano, que allí están y que no significan nada, significan simplemente que la gente en la universidad es normal. Por tanto, si la normativa les induce a procurar sus propios intereses, lo lógico es que los procuren. ¿Que el sistema que proponemos es insólito? Por ejemplo, el de elección del rector. Pues para empezar ya ha existido; la señora Chacón es muy joven, pero ha existido. Por ejemplo, en Granada se ha elegido un rector así, el rector don Antonio Gallego Morel, respetado, por cierto, por toda la comunidad universitaria, afortunadamente aún en plenas condiciones, fue elegido sin ningún problema, o sea, que es algo que ya existe. ¿Que dónde más existe esto? Pues yo no sé. ¿Dónde existe el modelo que nos propone aquí el Partido Socialista? Desde luego en Alemania no, conozco bien aquellas universidades y no. El señor González de Txabarri nos puede ahora mismo también dejar bien claro que tampoco en el ámbito anglosajón existe una universidad diseñada como la que en el texto alternativo ha planteado el Grupo Socialista. En el fondo tenemos todos el buen sentido de fijarnos en la universidad española como es e intentar darle un juego que permita dar paso a su autonomía y que evite en lo posible el corporativismo.
A mí me trae sin cuidado lo que se haga en Guatemala o en Alemania, que es una universidad que respeto mucho porque además tengo motivos personales-y me enorgullezco de ello- para respetarla. Por

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tanto, no me preocupa demasiado el derecho comparado en este aspecto.
Se ha hablado de precipitación. Sólo quiero recordar que la LRU se hizo con estivalidad y alevosía, en dos meses, y se ha dicho: es que había que sacar la universidad del franquismo. Me ha dejado perplejo, porque resulta que la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de la que dependía que el Poder Judicial dejara de depender del Poder Ejecutivo y que se pudiera elegir el Tribunal Constitucional, se hizo en cuatro meses, o sea, en el doble; que quede ahí como ejemplo de en qué medida los argumentos a veces son pobres.
Voy a ocuparme ahora ya un poco de las propuestas que se han ido haciendo. El PSOE, por un lado, nos dice que recortamos la participación, y por otro lado se enfada muchísimo con que propongamos una junta consultiva, que al fin y al cabo es un órgano más de participación en ese sentido, aunque sea peculiar. Por supuesto que es opinable que exista o no, lo más que puede pasar es que no sirva para nada. Desde luego estorbar no va a estorbar, porque sus competencias no van a interferir en modo alguno otras competencias. ¿Que puede ser una especie de afán de experimentación por parte del proyecto? Pues sí, creo que no viene mal, una vez cada dieciocho años tampoco pasa nada. Veremos a dónde nos lleva.
El señor González de Txabarri, con el que, como él sabe, para mí es un placer volver a debatir como en viejos tiempos, y al que tengo un afecto y un respeto que él conoce muy bien, ha hecho la defensa de unas enmiendas en las cuales el Grupo Parlamentario Vasco simplifica los órganos de gobierno y en principio es partidario de que no se aluda a la junta de facultad y a los departamentos. Le voy a recordar, ya que hoy va de poetas esto, que un poeta paisano de uno decía: Mis venas llevan gotas de sangre jacobina -gotas solamente-, pero mi verso brota de manantial sereno. O sea, que yo creo que no pasa nada. (Rumores.) Reconózcame que tenemos una universidad que se ha forjado en unos años muy peculiares, una universidad que durante años ha sido la única muestra de libertad y de autogobierno en este país y que ha fraguado unos modos de comportamiento universitario basados en la autonomía concebida como autogestión y como autogobierno que ahí están y que a los anglosajones indudablemente no les dicen nada, pero que a nosotros nos dicen muchísimo. Es más, recuerdo una anécdota.
Recuerde cómo el órgano de Gobierno vasco llevó al Constitucional la LRU -y S.S. recuerda perfectamente la anécdota de lo que ocurrió- porque afectaba a la autonomía del País Vasco. La sentencia no admitió que afectara para nada a la autonomía del País Vasco, pero dijo que afectaba a la autonomía de la universidad, que era un derecho fundamental, y anuló dos artículos que tenían que ver con el autogobierno de la universidad. Esa es nuestra universidad, en ella nos hemos formado muchos y en ella ha nacido nuestra democracia actual. No es mucho que esta Cámara, como reconocimiento, le mantenga unos usos y unos modos de gobierno que, a nuestro modo de ver, no vienen mal.
Ha dicho la señora Chacón que hay unos ilustres juristas que, al parecer, dicen que puede ser inconstitucional. Aparte de que no hace falta ser ilustre, basta con ser jurista para decir que no es constitucional lo que sea -sobre todo si es a instancia de parte-, para mí no hay juristas más ilustres que los miembros del Consejo de Estado de este país, que han dicho que es perfectamente constitucional. Si luego el Tribunal Constitucional, que es la única instancia que reconozco por encima del Consejo de Estado en cuanto a ilustre, dice lo contrario, nos someteremos todos a lo que diga.
Ahora, los señores juristas que, a instancia de parte, han dicho lo contrario, merecen mi respeto porque cada cual trabaja en su profesión con lo que le entra en el despacho y lo hace lo mejor que puede, como lo hubiera hecho yo eso es un asunto que no es ningún secreto a estas alturas y, a pesar de lo joven que es usted, seguro que entiende que es así.
Consejo social de la universidad. Planteamos una enmienda transaccional con la 398 del Grupo Socialista, que ha sido distribuida, que añade al final: servirá para respaldar programas para facilitar la inserción profesional de los titulados y estimular los proyectos de investigación y desarrollo compartidos entre la universidad y las empresas. También en cuanto al consejo social, hay unas enmiendas de Izquierda Unida -no está presente el portavoz porque estará reconciliándose con alguien- y otra de Esquerra Republicana de Catalunya que proponen que los representantes de los intereses sociales procedan a la elección de los miembros del consejo social; o sea, lo del sufragio universal, pero a lo grande, fuera de la universidad también. Nos parece demasiado y por eso no vamos a apoyarlo. Por su parte, Iniciativa per Catalunya-Verds ha presentado una serie de enmiendas muy sensatas y trabajadas; no hemos admitido todas, pero demuestran un trabajo serio sobre el proyecto. Con la número 213 se quería eliminar esa curiosa alusión a que los miembros académicos estuvieran con voz pero sin voto; ya se hizo en la ponencia, con la enmienda 687, del Partido Popular, y estaban también de acuerdo en ello CiU -en su enmienda 546- y el Bloque Nacionalista Galego - enmienda 289-. Son partidarios de que haya tres miembros del claustro en el consejo social y de algunos aspectos que no hemos llegado a asumir.
Respecto al consejo de gobierno, la señora Chacón preguntaba por qué tanta uniformidad. Por una cosa muy simple: porque, si no, pasa lo que pasa. Entonces, como ya ha pasado, sería muy grave que pasara lo que pasa habiendo pasado. ¿Quiere usted que haya un vicerrector estudiante? Pues, dígalo y póngalo ahí. Ahora, si usted no pone que sea estudiante, lo será, porque ya lo ha sido, y así sucesivamente.
Por eso hemos procurado

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un esquema básico para evitar que vuelva a pasar lo que ya ha pasado, porque, con que pase una vez, hemos tenido bastante. Me extraña mucho que diga usted que le cortamos la participación del PAS y de los estudiantes; ha tenido que hacer una excavación en sus papeles para encontrar un argumento, cuando yo lo encuentro muy fácilmente.
Fíjese: la enmienda 400, del Grupo Socialista, además redonda, dice que, en el claustro, 3/5 sean profesores. ¡Hombre!, yo soy de letras, pero creo que 3/5 es más de la mitad; resulta que aumentan ustedes la proporción de profesores respecto a la de estudiantes y PAS; o sea, que no sé quién corta a quién. (El señor Lissavetzky Díez: Doctores.) Pone profesores, enmienda 400; permítame que me quede un poco perplejo.


En cuanto a que no esté presente el consejo social. Señora Chacón, podría estar de acuerdo con usted en que podría no estar porque, como usted comprenderá, no todas las cosas que hay en este proyecto me entusiasman personalmente. Ahora, que me diga que es inconstitucional, me parece una pasada. ¿Inconstitucional? ¿Está usted hablando además de que oponemos la universidad a la sociedad? ¿Y luego se escandaliza de que metemos demasiado a la sociedad en la universidad? ¿En qué quedamos? Dice usted: Es que ahí no cabe la universidad actual. ¡Esa es su virtud, señora Chacón! Estamos haciendo esta ley porque la universidad actual no nos gusta, porque la queremos cambiar; si no la quisiéramos cambiar, diríamos que siga la LRU. Es que la universidad actual no nos gusta; por supuesto que no cabe aquí, afortunadamente. Es la gran virtud de esta ley: no cabe la universidad actual. ¡Claro! Determinados aspectos de la universidad actual, ¡Claro que no caben!, afortunadamente. No cabe el corporativismo que hay actualmente mediante la elección del rector por el claustro, no cabe la endogamia de la que ya hablaremos en otro título, etcétera. Por supuesto que no cabe.
En cuanto al claustro, por ejemplo, Izquierda Unida proponía en los sectores 50, 35 y 15. Es curioso que ningún grupo haya coincidido a la hora de establecer porcentajes en los claustros, y éste es un argumento muy interesante, porque se está defendiendo por ahí que los claustros actuales sigan en un momento en que ningún grupo de esta Cámara se pone de acuerdo con otro respecto a cuál debe ser composición, y todos están de acuerdo en que no debe ser el actual.
Entonces, estando todos los grupos de acuerdo en que la composición actual de los claustros no es positiva, vamos a dejar que los claustros sigan funcionando como si fueran inmunes a la ley, quizá porque alguien piensa que hay una legitimidad por encima de la legitimidad democrática de esta casa. Ya digo que los universitarios tenemos una gran tendencia a sentirnos el ombligo del mundo; y a mí no me escandaliza que haya aquí quien lo piense, porque, una vez que uno se sienta allí, en la universidad, da la sensación de que el resto es la guarnición del plato, incluida esta Cámara; pero, una vez sentado aquí, es un poco fuerte suscribir esas posturas.


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando.


El señor OLLERO TASSARA: En cuanto a la junta consultiva, aceptamos la enmienda de Coalición Canaria, en su momento, de que en materia académica fuera competente. Otra enmienda que hay de Coalición Canaria es la que se ha defendido sobre la relación de puestos de trabajo. Esta misma mañana, el señor Lissavetzky hacía alusión a la diferencia entre plantillas y relación de puestos de trabajo. Nos parece que es letra pequeña y que sería entrar demasiado, sin perjuicio de que los estatutos pueden perfectamente establecer esa propuesta que Coalición Canaria ha hecho y que muy probablemente las universidades canarias hagan, porque me imagino que habrán estado muy ausentes de la elaboración de esas enmiendas. No es que nos parezca mal, es que nos parece que es demasiado detallista en ese aspecto. La junta consultiva, ya lo hemos dicho, es una experiencia nueva y han abundado las enmiendas de supresión. Ya veremos qué juego dan.
En cuanto al consejo de departamento, aquí la señora Chacón me recuerda a aquello de ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, porque, por un lado, nos dice que no hemos hecho caso a nadie, por otro lado, cuando hemos aceptado enmiendas socialistas, nos riñe y nos dice que quiere dejar constancia de que lo habíamos hecho mal.
Bueno, pues muy bien. Si se lo hemos aceptado, señora Chacón. Otra propuesta alternativa es que nos dé las gracias, digo yo, ya puestos... (La señora Chacón Piqueras: Eso, eso.-Risas.-Rumores.) Ahora, lo que no tiene ningún sentido es que, hagamos lo que hagamos, o sea, si no le aceptamos la enmienda, porque no la aceptamos, si la aceptamos, porque antes lo habíamos hecho mal, pues, a este paso, es imposible salir vivo de aquí. (Rumores.) Hay varias enmiendas que pretenden que el consejo de departamento sea un órgano de gobierno.
Nosotros lo entendemos, por el contrario, como un órgano de asesoramiento y consulta.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: La intervención anterior ha sido muy larga y debo de responder, porque, si no, con todo derecho, como ya he dicho esta mañana, a veces hay molestias por no haber sido replicado. La elección refuerza al rector, por supuesto, porque lo libera de ese claustro con el que tiene que negociar los votos. ¿Politización? La misma que para dirigir el claustro, ¡si la elección es la misma!. A mí me hace gracia que se diga: esa elección va a ser carísima y quién la va a pagar. Pues, ¿quién paga la elección a claustral, que es por sufragio universal y vota todo el mundo en la universidad? ¿Quién la paga? Es igual. Es un asunto que me deja perplejo. Qué va a haber politización.


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La misma que hay para elegir el claustro; es una urna y la gente echa una papeleta. No hay diferencia. La ponderación. Señora Chacón, como ya le dije, usted es muy joven y no vivió aquello, pero es que esto ya se ha hecho. ¿Y cómo se hizo? Se hizo muy simplemente. La ponderación era: la participación de cada sector en el claustro era la que daba el valor del voto. Si además es una cosa bastante elemental. Si ya hemos establecido el peso de los sectores en el órgano consultivo máximo de la universidad, ahí tenemos un punto de referencia y, por supuesto, no se hace después de la elección, eso no se le ha pasado a nadie por la cabeza. Si lo hacían así en Guatemala, ya se ve que cada continente tiene su ritmo, pero nosotros no estamos en Guatemala. (Rumores.) Los estudiantes de derecho van a pesar mucho. Yo no sé cuántos estatutos actuales de las universidades españolas a la hora de elegir estudiantes para claustros distinguen por facultades; unos, sí y otros, no. De esta manera, si quiere una casuística rica sobre el particular, yo le remitiría al profesor Villapalos, que ha sido rector de la Complutense más de una vez, y seguro que sabe en qué medida los estudiantes de derecho influyen o no para ser rector; él le podrá explicar con más detalle, pero no me preocupa especialmente el asunto. (Rumores. El señor Lissavetzky Díez: Del PP.) El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha consumido un enardecido turno oponiéndose a la elección del rector, y entiendo que lo haya hecho, porque como no ha presentado ninguna enmienda sobre el particular, se ve que le quedaba la sensación de no haber estado suficientemente atento a la cuestión, porque es que no tiene ninguna enmienda sobre el particular. (Rumores.- Risas.) Por tanto, no puedo decirle que votaré en contra, porque es que no hay enmiendas. Hubiera votado en contra, desde luego, si la hubiera presentado, pero no es posible. Otros grupos siguen insistiendo en que el claustro elija al rector. Ya hemos dicho por qué no.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tiene un minuto para terminar.


El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor presidente.
En cuanto a los decanos, se nos pregunta por parte del Grupo Socialista por qué admitimos que sean designados. Yo podré estar a favor o en contra de esa opinión, pero, señora Chacón, reconózcame que usted no me puede decir en la misma mañana y prácticamente un cuarto de hora antes, por un lado, que yo quiero uniformarlo todo y que no permito que haya posibilidades de variación y, por otro, que tiene que ser elegido y no designado. ¿En qué quedamos? Reconózcame que esto deja más ámbito de posibilidades que, a lo mejor, son negativas, según usted, algo con lo que quizás yo también estoy de acuerdo. Reconózcame que hay más ámbito de posibilidades que los que S.S admitía.


Por último, respecto a las universidades privadas, el Grupo Parlamentario Vasco, (EAJ-PNV), dice que la exigencia de doctorado es una injerencia. La postura de nuestro grupo respecto a las universidades privadas es muy simple y trata de generar, en lo posible, una sinergia positiva con las públicas. De todos es sabido que, hoy día, si hay alguna universidad privada en España que tenga prestigio es porque su profesorado ha salido de la pública. El profesorado de la universidad pública se encuentra, por otra parte -y lo sé yo muy bien, así como otros diputados presentes-, en una situación muy difícil porque está absolutamente saturado y no hay manera de formar nuevos profesores porque no hay donde colocarlos, con lo cual si se facilita por todos los medios una intercomunicación y que sea la universidad pública la que dé prestigio a la privada, en bien de todos los españoles -a fin de cuentas, es lo importante-, creo que es una buena medida y por eso la apoyamos.


El señor PRESIDENTE: Superada la melancolía, me parece que algunos portavoces quieren intervenir.
El señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Por fin ha llegado el señor Ollero. Era así esta Comisión y así nos lo pasábamos bien, ciertamente, los que contamos con algunos sexenios en la misma.
(Risas.) Señor Ollero, le agradezco viva y vehementemente que llame a las cosas por su nombre. Los estilos estilos son, pero los fondos son los fondos. Lamento no ver ahora al señor Calomarde. Claro, se tiene que marchar. No tiene más remedio. Le han dejado en evidencia. Todas las intervenciones a lo largo de la mañana las ha puesto el señor Ollero en su sitio. Le reconozco, señor Ollero, que esa es la lectura que hago del texto del proyecto de ley, y que no debe haber rubor por defenderlo tal cual, porque si eso es lo que quiere el Grupo Popular, defendámoslo después en el proyecto de ley. Claro, el señor Guerra Zunzunegui y el señor Calomarde no están ahora. ¡Menudo papelón! (Risas.) Eso es lo que venimos diciendo a lo largo de toda la mañana.
Usted admite y defiende con toda dignidad que tiene un modelo distinto. Pues ya está. Si no pasa nada. Si esto es una democracia y tiene los votos suficientes para sacarlo adelante, pues ya está, pero ahora sus compañeros no están. Señor Ollero, estamos aquí desde las once de la mañana discutiendo eso y nos dicen que no, que somos tontos, que no sabemos leer. (Risas.) Yo se lo agradezco de verdad, sinceramente, porque es así, y se ha acabado.
Lo del Rh universitario quizás es un exceso. No sé si ese poeta granadino lo contextualizaba bien. (El señor Ollero Tassara: Era sevillano, Antonio Machado.) Intentar traer ahora las esencias de las gotas de sangre al modelo universitario puede tener, seguramente, su conflictividad.


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Para que observe el porqué de algunos posicionamientos, en relación con la última enmienda de las universidades privadas que usted ha mantenido, usted lo ha contraargumentado en el sentido de que todo el mundo sabe que las universidades privadas han tenido que dotarse de profesorado de las universidades públicas. Yo le quiero indicar que en el caso del País Vasco, no. Precisamente porque contamos con la universidad de Deusto y con la universidad de Navarra ese ejercicio ha sido sensu contrario. Luego, existen experiencias distintas y ese es el problema de uniformizar y de homogeneizar. Las situaciones son distintas y responden a realidades diferentes.
En cualquier caso, señor presidente, agradezco que por fin el Grupo Popular haya hecho la lectura, rigurosa en nuestra opinión, del proyecto de ley. El señor Ollero se merece un premio.


El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Brevemente, señor presidente.
Efectivamente, yo también constato la llegada en tromba del señor Ollero, a quien por lo visto el cuerpo le pide guerra y, por alguna razón, tiene la sensación de que tiene que golpear y no sabe muy bien a dónde y va golpeando. (Risas.) Me entran ganas de ejercer de abogado incluso de otros grupos, el cuerpo me lo pediría, pero eso políticamente no está bien. No lo voy a hacer, pero por lo menos le voy a pedir al señor Ollero que no ofenda gratis, sobre todo porque nos quedan muchas horas por delante yo no sé cuántas más el Grupo Popular se va a encomendar al señor Ollero. Esa es una decisión que el Grupo Popular tendrá que tomar en razón de la estima que tenga a la paz parlamentaria pero, a la vez, a la animación de este debate.
Le pido que no ofenda gratis, sobre todo cuando no ha seguido la intervención de este portavoz. Cuando yo he hecho unas reflexiones sobre el rector y sobre hasta qué punto la elección del rector por sufragio universal es uno de los ejemplos donde este grupo parlamentario tiene otro modelo distinto -y, en todo caso, no comparte éste-, este portavoz ha dicho muy claro que, efectivamente, no presentó una enmienda pero no porque no estuviera atento -una cosa es hacer ironías y la otra ridiculizar a un grupo parlamentario o a un portavoz- y haya descubierto ahora un tema y se haya enganchado, porque como no hizo enmiendas se ha querido ... No, no, señor Ollero, es porque yo sé que ustedes tienen mayoría absoluta y lo sabía antes de que se abriera el trámite de enmiendas. Mi grupo parlamentario sabe muy bien lo que es una mayoría absoluta y ha optado en esta ley -y se lo digo porque nos quedan, insisto, muchas horas por delante- por presentar enmiendas que puedan ser aprobadas. Por eso las que siguen vivas siguen siendo enmiendas que pueden ser aprobadas-.
Sabemos que el Grupo Parlamentario Popular había hecho bandera absolutamente de la elección de rector por sufragio universal directo, y desde el momento que eso era así era absurdo traer aquí una enmienda de ese tipo, salvo que fuera con carácter simbólico. En otras ocasiones hemos presentado enmiendas simbólicas y es posible que lo sigamos haciendo en otros proyectos de ley. Aquí hemos renunciado a enmiendas simbólicas. Nuestras enmiendas son enmiendas constructivas que el Grupo Parlamentario Popular puede, si quiera, aceptar; algunas las ha aceptado y otras todavía no o no las va a aceptar, pero será porque no quiere. Luego le pido por favor, con todo el respeto mutuo que sabe que nos tenemos, que no ridiculice ni a un portavoz ni a su grupo. Si no se ha enmendado ese tema y a la vez lo critico sin haber presentado enmienda, este portavoz sabe muy bien por qué lo ha hecho y además lo ha explicado, sólo que usted no ha estado aquí para escucharlo.


El señor PRESIDENTE: La señora Chacón supongo que también quiere intervenir. (Asentimiento.) Tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor presidente, quisiera empezar acabando la cita de Antonio Machado que nos ha traído magníficamente aquí el señor Ollero y que decía: Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. De ahí voy a enlazar con el señor Guardans y decirle, señor Ollero, y a pesar de que soy joven por tres veces en su discurso -en cualquier caso lo soy y me gusta estudiar y me ha gustado seguirle en esta Cámara porque creo que es usted parlamentario brillante, que además está depurando hasta tal punto su brillantez que ya en vez de ofendernos, nos causa incluso simpatía, y por eso le digo que está usted depurando incluso su estilo-, apelando de nuevo a Machado, que bastante proceso de crispación llevamos ya y que hasta ahora, realmente, estábamos intentando dar una dosis de racionalidad y de tranquilidad en este debate, a pesar de que es verdad que usted nos ha animado, eso tampoco se lo voy a negar aquí y ahora.
Quisiera decirle más cosas. Voy a empezar por lo que me parece más importante que ha traído usted a colación al final. Me decía que no es posible que yo le diga que esto es hiperreglamentación y entonces me queje de que usted pone designación de los decanos junto a la elección y yo le pida sólo elección. Señor Ollero, usted sabe igual que yo para qué se legisla y para qué se reglamenta. Es precisamente para garantizar prioritariamente los principios de nuestra Constitución y nosotros hemos querido que la educación se someta a un principio participativo en la elección en cualquier caso, en éste, en el de la educación universitaria, de los miembros de la comunidad universitaria y de órganos que están ejerciendo funciones prioritarias en la misma. Por eso en algunos casos yo sí que le pido que legisle y

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que hiperreglamente, precisamente para impedir la no participación democrática en la decisión de la elección de algunos cargos que ustedes prefieren designar. En ese punto por supuesto que le exijo legislación y en ese punto por supuesto que le exijo reglamentación porque estamos así salvando la garantía de principios constitucionales, que si usted no lo hiciera aquí, no estaríamos salvando. A ese efecto se lo comento y me parecía especialmente importante traérselo aquí. Por supuesto que en algunos casos le pediré legislación y reglamentación precisamente para garantizar principios constitucionales imprescindibles, y en el educativo así lo hemos decidido los ciudadanos de este país. Por eso se lo decía de esta manera.
Es verdad que usted me lleva 15 años de ventaja en este Parlamento, pero creo que ha tenido usted un lapsus de memoria y me puntualizará si no es así. ¿Cuándo se ha debatido sobre órganos de gobierno respecto a lo que usted decía? Porque lo debatimos en aquel momento fue profesorado exclusivamente, pero no lo que debatimos aquí hoy en esta Cámara, que son los órganos de gobierno. Además, ¿cuándo lo hemos hecho usted y yo? Nunca. Le voy a decir más, ¿cuándo hemos debatido nosotros este texto en esta Cámara? Yo se que usted se va a sonrojar también en este caso. Sepa usted que los miembros de la oposición no hemos podido debatir ni un solo día este texto -hoy es exactamente el primero- en sede parlamentaria con el Gobierno, y en este caso lo estamos haciendo con el Grupo Popular, porque la señora ministra ni siquiera defendió su proyecto de ley. Ni siquiera lo defendió a pesar de haber cosechado nueve enmiendas a la totalidad.
Me dijo en una ocasión el señor Guerra Zunzunegui que no dijera que el Grupo Mixto es sólo un grupo. Bien, digo entonces que nueve partidos políticos con representación parlamentaria en esta Cámara habían presentado enmiendas a la totalidad, incluso con un texto alternativo, y la señora ministra ni siquiera salió a defender su texto y mucho menos a debatir la ley. ¿Sabe por qué ha podido ser esto señor Ollero? Porque no quería hacer la afirmación que indefectiblemente le tocaría hacer, que es la que - y se lo agradecemos de nuevo- ha hecho usted aquí, que la universidad española no le gusta, que ustedes desconfían de ella y que este texto está hecho precisamente para atar las manos a una universidad española en la que ustedes no confían y en la que ustedes creen que todo funciona mal. Le agradezco al presidente del Gobierno que hiciera un esfuerzo por dejárnoslo a todos claro.
Respecto al modelo de rector, me decía usted que yo soy muy joven, pero que ya ha existido y que, por lo tanto, no diga que no existe legislación comparada al efecto. Mire, yo me estaba quejando por la imposición por la que ustedes han optado en muchos aspectos de esta ley. Nosotros optamos por remitir a los estatutos la consideración que puede ser más funcional para la elección de su rector. Me reitero en el ejemplo que usted me ponía, porque hay cuerpos electorales que son tan sumamente importantes que exceden de muchas ciudades y muchos pueblos en este país. La elección se puede complicar y politizar, incluso se instrumentalizará necesariamente porque llegará el rector al cuerpo electoral a través de los propios partidos políticos, que no debemos estar en la universidad, no debemos formar parte de un proyecto universitario que es el que tiene que defender el rector. Incluso más allá, a través de las televisiones; porque ¿cómo vamos a llegar a cuerpos electorales de 120.000 alumnos? Pues a través de las televisiones, y eso es politizar. Además, durante dos años fundamentales - y en eso es en lo único en que coincidimos-, pues es un momento histórico para reformar la universidad, cuando tenemos que transformar la sociedad de la información que existe en la sociedad del conocimiento; en ese momento histórico, la universidad tiene que estar volcada en pensar e innovar. Ustedes la van a poner dos años patas arriba en procesos electorales, entre ellos el del rector, y el rector va a estar con toda seguridad mucho más concentrado en esa gran campaña electoral con determinados cuerpos electorales que en ejercer sus funciones si en ese momento está todavía en funciones. A eso me estaba refiriendo.
Respecto al modelo de rector del Grupo Socialista, le voy a decir que sí existen modelos comparados, existe en Finlandia, en Suecia, en Italia, y nosotros hemos estado buscando las mejores opciones para ello. Le reitero, señor Ollero, que el Partido Socialista ha permitido en la remisión estatutaria que se tome la decisión respecto a determinados cuerpos electorales, porque hay universidades pequeñas donde esto puede ser factible, pero no en otras universidades. ¿Usted se imagina por ejemplo un autobús del rector de Castilla la Mancha yendo de un centro a otro para exponer su programa? Cuando yo les digo que si ustedes han pensado, no quiero ofenderle, lo único que pretendo es saber si han pensado ustedes bien y por eso únicamente esperaba una argumentación al respecto de lo que yo le preguntaba.
Cuando le hablaba de desequilibrios, me refería a Castilla la Mancha, donde realmente el rector tiene que montarse en un autobús e ir haciendo campaña electoral y me refería a cuerpos electorales sumamente inmensos para lo que es una campaña electoral sin recursos de un rector que quiere llegar a un cuerpo electoral de 150.000 personas. Al final, entrarán las televisiones en la universidad y ojalá me equivoque, señor Ollero. En cualquier caso, lo que le estaba diciendo en cuanto a la imposición desde la ley en la elección del Rector por sufragio universal ponderado, es que usted no tiene un modelo comparado porque no existe.
Me parece que no me dejo nada, pero en cualquier caso sí que quería hacer otra puntualización. Tal vez sea cierto que yo excave entre mis papeles pero es que este título ha merecido una ingente cantidad de enmiendas por parte del Grupo Socialista, a usted le es mucho más sencillo.


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También le quiero decir que el Grupo Popular en muchas cuestiones se ha dado prisa en enmendar defectos técnicos, como usted podrá ver en sus propias enmiendas, e incluso algún vacío ostentoso. Asimismo, quiero decirle que yo he agradecido las enmiendas que ha puesto sobre la mesa el Grupo Popular; con toda seguridad le podrán explicar sus compañeros que con muchas de ellas estaremos más o menos de acuerdo, pero en cualquier caso llegaremos a transaccionar con ustedes alguna cuestión, porque creemos que la universidad lo merece, para que seamos capaces de enmendar algunos de sus errores.
Finalmente, me gustaría hacer hincapié en un recursos que ustedes, de manera sistemática están ofreciendo para contraargumentar nuestras denuncias de falta de debate. Le quiero recordar que la LRU -y usted me dirá que ya se lo he recordado en determinadas ocasiones y, por lo tanto, usted simplemente lo está reiterando, y es posible- fue la última institución que a través de la Ley se adaptó a la nueva Constitución de 1978, que tenía que entrar en vigor de manera celera -lo hacía al curso siguiente-, que, además, llevábamos en sede parlamentaria cinco años de debate de la LAU, pero déjeme que, finalmente, le ponga un argumento sobre la mesa. Quiero decirle que me parece muy poco sólido que usted me conteste -y ahora sí que voy a utilizar que soy joven,- que porque nosotros lo hicimos muy mal, ustedes lo van a hacer peor. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tiene un minuto de reloj.


El señor OLLERO TASSARA: Yo supongo que tendré la misma posibilidad que tienen los demás, espero que el hecho de que seamos del mismo partido espero no me haga a decir: A tierra que vienen los nuestros.
(Risas.) Esto último que se ha dicho es muy cierto, pero también me reconocerá, señora Chacón, que hay grupos que tienen más o menos legitimidad para utilizar determinados argumentos. Reflexione sobre eso, porque aquí no estamos personas, estamos grupos. Por tanto, el que usted estuviera o no es un asunto totalmente anecdótico (La señora Chacón Piqueras: No es porque yo estuviera o no.), aquí estaba el Grupo Socialista. Ha preguntado S.S: ¿Si se ha debatido aquí alguna vez sobre órganos de Gobierno? Sí. Recurra al «Diario de Sesiones», porque es que por lo visto ignora, lo cual es lógico -dada su juventud en esta Cámara en este caso-, que el Grupo Popular presentó un texto alternativo a la segunda reforma de la LRU, donde iba todo el gobierno de la universidad y lógicamente, educadamente, el Grupo Socialista se vio obligado a argumentar en contra respecto a los órganos de gobierno. Por tanto, claro que hemos debatido aquí, el hecho de que S.S. no estuviera le quitó encanto a la cuestión, pero hemos debatido, evidentemente, sin ninguna duda. (Rumores.) Respecto al rector, si el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha -que, por cierto fíjese qué curiosidad, llevo puesta una corbata que me regaló él, preciosa, por cierto, donde está El Quijote escrito, que es la de la Universidad de Castilla-La Mancha, la corbata institucional-, le oye decir que él solo va a las provincias que dependen de su universidad cuando hay elecciones, desde luego diría, con amigos así, no necesito enemigos. (La señora Chacón Piqueras: Yo no he dicho eso.) El rector de Castilla-La Mancha se pasa la vida en coche, de Albacete a Cuenca y de Cuenca a Toledo y a Ciudad Real porque esa universidad es así, y desde luego en período electoral no está más ajetreado -no sé si va en autobús, supongo que no, que irá en coche- de lo normal, porque lo normal es que esté siempre de la Ceca a la Meca. Le digo más, en la última elección de rector a mi universidad, de Granada, que ha sido el año pasado, estaba la televisión allí, no sé si le escandaliza, pero estaba la televisión allí, porque la universidad funciona como funciona y la televisión estaba allí.
Dice usted -y es un argumento infantil, no por venir de usted, sino por el argumento- (La señora Mendizábal Gorostiaga: ¡Pero bueno!), que nuestro grupo demuestra desconfianza con la universidad. Nuestro grupo tiene una confianza ciega en toda la gente que hay en la universidad que está de la LRU hasta la apunta del bonete y a esos son a los que le ofrece una nueva ley, por tanto, confiamos en ello y no tienen por qué trabajar con handicap, ya va siendo hora de que se liberen de una ley que les complica la vida. (Rumores.) Por último, dos detalles puramente concretos y más bien personales.
Señor González de Txabarri me parece que su ejemplo respecto a Navarra no es del todo exacto, lo cual es perfectamente explicable, dado que es una comunidad autónomas distinta de la suya. En cuanto al señor Guardans, yo soy andaluz y allí tenemos nuestra manera de ser como ustedes tienen la suya y debemos respetar cada uno la del vecino, por lo que veo yo he calibrado mal su sentido del humor. Nada más, perdone, pero jamás he pretendido ofender. (El señor González de Txabarri pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri, por alusiones, solo tiene un segundo.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Solo para que conste en el «Diario de Sesiones» que la Universidad de Navarra tiene campus en la circunscripción de la que yo soy diputado, en Guipúzcoa, para ilustración del señor Ollero. (La señora Chacón Piqueras pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, tiene un segundo también.


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La señora CHACÓN PIQUERAS: Simplemente por alusiones.
Me quiero referir a cuando me ha hablado del debate de órganos de gobierno de la LRU. Yo me estaba refiriendo a los dos momentos de reforma de la LRU a los que se había referido el señor Ollero en los que después no se ha hablado en ningún caso. De órganos de gobierno precisamente sé, por él mismo, que el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha se mueve mucho por sus universidades. Le estoy simplemente poniendo un ejemplo de lo que puede ser en determinadas cuestiones un desequilibrio y una disfunción respecto al sufragio electoral y a una campaña larga y difícil; lo sé precisamente porque me consta que se mueve mucho.
Quiero decirle una cosa: Usted argumenta magníficamente lo que pone sobre la mesa, señor Ollero y, por eso, le pediría concentración sobre sus argumentos y no cuestiones colaterales sobre si somos más o menos infantiles, porque, al final, ofende y llevamos ya un proceso de crispación, difícil y complicado. De verdad, lo pasamos muy bien con usted, pero nos lo pasaríamos igual de bien a causa de sus argumentaciones, muy sólidas, de aquello que son sus posiciones, muy divergentes de las mías. Por tanto, no tiene usted necesidad de dispersarse en otros aspectos. En sus argumentos, céntrese en su universidad, en cómo usted la quiere. Si se centra en ello, nos va a hacer a todos un favor y también, por supuesto, a quien mañana lea las sesiones parlamentarias.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, esta presidencia considera que nos merecemos un brevísimo descanso antes de la votación. Por tanto, suspendemos la sesión hasta las cuatro y cuarto y ruego a los señores portavoces que, vengan a la sala al menos cinco minutos antes, con el fin de ordenar las votaciones.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Perdón, sólo por interpretar bien la mente de la presidencia. ¿A las cuatro y cuarto sigue la sesión hasta que termine?

El señor PRESIDENTE: Votamos, pero ya no habrá otra suspensión hasta el fin de la sesión.
Se suspende la sesión.


Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenas tardes, señoras y señores diputados. De acuerdo con lo hablado con los portavoces, esta presidencia va a ordenar la votación de la siguiente manera. Primero vamos a votar las enmiendas incluidas en un mismo artículo, artículo por artículo y por grupo parlamentario. Después el artículo correspondiente, tal como figura en el informe de la ponencia o con las enmiendas transaccionales que se hayan producido.
Empezamos con el título preliminar. Vamos a votar la enmienda número 350, del Grupo Socialista, a la rúbrica.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 351, del Grupo Socialista, al artículo 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 184 y 185, del señor Saura, al artículo 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el artículo 1, del título preliminar, del proyecto de ley (Rumores.)

GUARDANS I El señor CAMBÓ: Señor presidente, si me permite, quiero hacer una aclaración. La enmienda al título preliminar ya ha quedado descartada, luego lo que hay que votar es el texto del artículo 1, después el texto del artículo 2, etcétera, tras cada una de las enmiendas.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: La única precisión es que estoy de acuerdo con el procedimiento que decía el señor Guardans, pero ya hemos empezado a votar enmiendas del artículo 2, aunque podemos hacer una marcha atrás.


El señor PRESIDENTE: Votamos, por tanto, el artículo 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a la enmienda número 613, de la señora Lasagabaster, al artículo 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 24; abstenciones, 13.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar las enmiendas del Grupo Vasco, PNV.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: El Grupo Socialista solicita la votación separada de la enmienda número 41.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas números 40 y 42, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al artículo 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 362 y 363 del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente la enmienda número 364, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 2 bis, nuevo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación el texto del artículo 2 del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título I.
Votamos la enmienda 365, a la rúbrica, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas al artículo 3.
Enmienda 186, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 366, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el texto del artículo 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 4.
Enmiendas 187, 188, 189, 190 y 191, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 160, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16 ; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 614 y 615, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, enmiendas 43 y 44, del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Solicitamos votación separada de las dos enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda 43, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 44, del mismo grupo.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida al mismo artículo.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Solicitamos votación separada de la enmienda 105.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 102, 103 y 104, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 105, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 538, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 368, 369, 370, 371 y 372, del Grupo Parlamentario Socialista, al mismo artículo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el texto del artículo 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 5.


El señor LISSAVETZKI DÍEZ: Señor presidente, el Grupo Socialista entiende que como el artículo 5 se refiere específicamente a universidades privadas quedaba pospuesta tanto la votación como la discusión -nosotros no hemos planteado nuestra posición en ese artículo- para el momento del debate del conjunto de las universidades privadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene razón, señor Lissavetzky, lo posponemos.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, yo no sé si algún grupo está sacando alguna ventaja del procedimiento que estamos siguiendo, pero si hemos debatido por títulos, ¿por qué no votamos por títulos pidiendo votaciones separadas, cosa que estamos haciendo por artículos? Si no esto es inacabable.


El señor PRESIDENTE: Lo hemos acordado anteriormente así.


El señor OLLERO TASSARA. ¿No cabe rectificar, igual que en el proyecto?

El señor PRESIDENTE: Lo hemos acordado así.Pasamos a la votación de las enmiendas al artículo 6. En primer lugar, las enmiendas números 193, 194, 195 y 196, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda número 109, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 375, 376, 377 y 378, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el texto del artículo 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a la votación del título II. Enmienda número 379, a la rúbrica, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de las enmiendas al artículo 7, empezando por las números 197 y 198 del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas al artículo 7, números 380 y 381, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del artículo 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación las enmiendas al artículo 8. En primer lugar, las números 199 y 200, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas 284 y 285, del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 595, del señor Núñez Castain.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 616, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 45, del Grupo Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 382, 383 y 384.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo 8 del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al artículo 9. Enmienda 201, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16, en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del señor Rodríguez Sánchez número 286.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 596, del señor Núñez Castain, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 617, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 46, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora VALCARCE GARCÍA: Le ruego un poco más de tranquilidad porque si no cometeremos errores.


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El señor PRESIDENTE: Le ruego que lo vaya siguiendo, por favor.
Enmienda número 46, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 111, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 110, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 385, 386, 387 y 388, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el artículo 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al artículo 10. Enmiendas 202, 203 y 204, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 287, del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 618, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 47, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 542, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas número 389 y 390, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el artículo 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra dos; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al artículo 11: Enmiendas 205, 206 y 207, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 288, del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 619, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra 23; abstenciones 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la enmienda número 391, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al capítulo II del mismo título. Enmienda número 379, del Grupo Parlamentario Socialista, a la rúbrica.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al título III. Vamos a votar las enmiendas número 393 y 394, del Grupo Parlamentario Socialista, a la rúbrica.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al capítulo I. Votamos la enmienda número 395, del Grupo Parlamentario Socialista, a la rúbrica.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, quiero recordarle que hay tres enmiendas transaccionales, para que lo tenga en cuenta y no sean incluidas en la votación. Hacen referencia a las enmiendas número 398 y 401, del Grupo Parlamentario Socialista, y a la enmienda número 550, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: Lo tendré en cuenta cuando lleguemos, señor Ollero.
Enmienda número 395, del Grupo Parlamentario Socialista, a la rúbrica.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, el señor Ollero nos ha recordado que hay unas enmiendas transaccionales. Esta pregunta va sobre todo dirigida al señor Letrado, pero merece la pena interrumpir por un segundo. Esta mañana se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular una enmienda transaccional que modificaba el párrafo tercero del artículo 3 y querría tener claro que el artículo que se ha sometido a votación incluía esa enmienda transaccional que se ha hecho circular esta mañana.


El señor PRESIDENTE: Yo he entendido que era así, en los términos de la enmienda transaccional.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Entonces, compruebo que todos lo hemos entendido así.


El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la enmienda número 209, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV).
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Se ha producido la votación de la enmienda número 209, del señor Saura, pero a este artículo se ha presentado también la enmienda número 210. No sé si se va a votar separadamente o no.


El señor PRESIDENTE: Está incluida en el texto de la ponencia.


El señor OLLERO TASSARA: No está incluida.


El señor PRESIDENTE: No ha quedado incluida en el texto de la ponencia. Vamos a votarla.


La señora VALCARCE GARCÍA: Nosotros tenemos que ver qué enmienda es, puesto que aquí no la teníamos consignada.


El señor PRESIDENTE: Es la enmienda 210, del señor Saura Laporta.
Vamos a proceder a su votación.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a votar la enmienda número 49, del Grupo Vasco (EAJ-PNV).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 112, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente votamos las enmiendas 396 y 397, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14, en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, por tanto, el texto del artículo 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al artículo 14. Votamos las enmiendas del señor Saura Laporta números 211, 213 y 214.


TASSARA: El señor OLLERO Votación separada de la enmienda 213.


La señora VALCARCE GARCÍA: Votación separada de la enmienda 211.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 211, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 212, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 213, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos la enmienda 214, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 289, del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: ¿Me permite intervenir, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Adelante.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: No quisiera marear a la Comisión, pero el texto de esta enmienda del señor Saura que acaba de ser votada por unanimidad y con enorme entusiasmo por parte de todos los miembros del Grupo Popular no encaja con una enmienda que el propio Grupo Popular había propuesto.
El Grupo Popular pretendía una transacción. Esto no es una reflexión política, es de pura técnica legislativa, a mí me parece muy bien cómo ha quedado, con cualquiera de sus versiones, lo digo antes de que nadie entienda que aquí hay doble juego o hay detrás un interés político, porque no lo hay.
Estamos hablando de si tienen o no tienen voto -lo digo porque como vamos a toda velocidad la gente al final no sabe lo que vota- los miembros del Consejo Social. Se suprimió la expresión «con voz pero sin voto». La enmienda del señor Saura dice: «con voz y con voto». El texto que se había incorporado en ponencia sencillamente no decía nada, ni con voto ni sin voto. Al decir que tienen los mismos derechos que los demás ya está claro. Lo único que quiero decir es que al haberse suprimido la expresión «con voz pero sin voto», hemos votado meter por ahí dentro, sin que se sepa dónde, una cosa que dice «y con voto». No sé qué significa eso ni qué sentido tiene. Pediría al señor Ollero, que ha propuesto la votación de ese texto contrariamente a lo que estaba incorporado en la ponencia, que aclare lo que hemos votado.


El señor OLLERO TASSARA: El Grupo Popular es consciente de que en ponencia se había incluido su enmienda, pero ahora ha votado ésta.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: ¿Querría decirme el señor Ollero, si es capaz de interpretar ese texto, cómo queda el artículo 14 después de la votación de la enmienda?

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El señor OLLERO TASSARA. El señor letrado lo aclarará perfectamente.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Constato que hay un problema, pero que siga la votación.


El señor PRESIDENTE: La votación ya se ha ejecutado, señor Guardans.
Votamos las enmiendas números 161 y 162, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 621, de la señora Lasagabaster

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 598, del señor Núñez Castain.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 322, del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 50, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, tres; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Perdón. Me he adelantado yo porque iba usted a decir que había una enmienda transaccional.
Yo quiero exponer el sentido de voto, una vez que está la enmienda sobre la mesa. Es la enmienda número 398 que dijimos que mantendríamos viva porque la enmienda transaccional nos obligaba a la retirada del cúmulo de funciones que le asigna este grupo parlamentario en el texto legislativo al consejo social. Incluso hemos tratado de reconducirlo intentando solicitar una votación separada de los propios puntos del artículo 14, por hacer un esfuerzo en esta asunción de transacción. No obstante, a pesar de la cláusula residual de remisión estatutaria respecto a otras funciones que pudieran, en su momento, serle asignadas al propio consejo social, finalmente no aceptaríamos la transaccional. Sin embargo, me gustaría, de forma explícita, agradecer al Grupo Parlamentario Popular el esfuerzo que se ha hecho y, de manera particular, al señor Ollero, por supuesto.


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Ollero?

El señor OLLERO TASSARA: En el trámite de Comisión, cualquier grupo puede plantear una transaccional y votarla. Mantenemos la enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: Sí, sí, votamos la enmienda y votamos la transaccional. Efectivamente, el artículo 114, punto 3, del Reglamento autoriza a cualquier grupo a plantear por sí mismo cualquier enmienda de carácter transaccional.


La señora VALCARCE GARCÍA: ¿Se votan las dos?

El señor PRESIDENTE: Se vota la enmienda del Grupo Socialista porque es mucho más amplia y, después, la enmienda transaccional. ¿Señora Valcarce?

La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, tenemos dudas sobre la cuestión. Por favor, rogamos al señor letrado que lea el artículo que se aplica al caso, porque tenemos muchas dudas sobre la aplicación de ese artículo 114. Nosotros creemos que, si no se acepta la transaccional, no se vota. Puesto que el letrado y la Mesa dicen que ello es posible, que nos lea, por favor, el artículo.


El señor LETRADO: Artículo 114, dentro de la rúbrica de liberación en la Comisión: «Durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en este momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que

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tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.»

El señor PRESIDENTE: Entiende esta presidencia que, tras la lectura de ese artículo, no es imprescindible que el grupo proponente la acepte en este trámite de Comisión. ¿Señor González de Txabarri?

El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, quiero manifestar la disconformidad radical de este grupo parlamentario.
Para que haya una transacción tiene que haber una aproximación al grupo proponente.
Señor presidente, en diez años en esta Comisión -y ahí sí que me remito a la buena memoria del señor Ollero-, jamás, jamás se hizo.
Para que haya transacción, el grupo que originariamente ha presentado la enmienda tiene que aceptarla, porque si no no hay transacción, o que indique el Grupo Popular con quién transa.


El señor OLLERO TASSARA: Con el texto de la enmienda que está a disposición de la Comisión, según dice el Reglamento.


El señor PRESIDENTE: Vamos a zanjar este asunto.
Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor presidente, yo no sé si aclarará en algo las dudas, pero quiero recordarles el problema que tuvimos con el texto de espacio europeo. Había una transaccional del Grupo Parlamentario Popular que el Grupo Socialista no estaba dispuesto a aceptar como tal o, al menos, íbamos a dejarla sobre la mesa para trabajar sobre ella a la hora de aceptarla o no. Allí se constató y se puso sobre la mesa -el letrado estaba presente y en ningún caso objetó la argumentación que estábamos todos aduciendo al efecto- que el Grupo Socialista, mi grupo, debería de hacer en cualquier caso un esfuerzo, a pesar de no aceptar esa transaccional, para que de alguna manera se incorporara cuando menos un título específico para espacio europeo; es decir, la argumentación era o el Grupo Socialista acepta la transaccional del Grupo Popular o como no podrá enganchar esa transaccional de ninguna otra, no será posible siquiera abrir un nuevo título para espacio europeo. Me remito a la discusión -que, como digo, a sensu contrario, ante el silencio del letrado, todos entendimos que era una argumentación perfectamente válida para esta Comisión- que el Grupo Popular y el Grupo Socialista, estando sentados ante una mesa, mantuvimos que de alguna manera cupiera esta posibilidad a pesar de que no estábamos de acuerdo con el texto sobre espacio europeo. Entonces la argumentación que hoy hay para que se vote una enmienda transaccional, que no se puede enganchar - por llamarlo de alguna manera, aunque seguro que hay una palabra mejor a este efecto- a una enmienda ni asimismo al texto de otro grupo es absolutamente contradictoria con el argumento que estábamos sosteniendo el otro día sin que nadie -y tampoco el letrado- objetara lo contrario. Por tanto, estoy bastante despistada a este efecto. Mi grupo está incluso pensando en ni siquiera votarla. La ponencia realmente no pudo trabajar con serenidad y aquí tampoco lo estamos pudiendo hacer porque el trámite ha sido el que es. Quisiera que alguien me lo explicara, porque es absolutamente contradictorio a la argumentación lógica que todos aceptamos con nuestro silencio en ponencia y, en cambio, hoy aquí parece ser que se pone en entredicho que así fuera. Como realmente no somos capaces de saber si una cosa es así o no, o la presidencia nos da una argumentación mejor o, en teoría, dado el silencio que hubo el otro día, es válida la que en ponencia se aceptó por todos. (Los señores Ollero Tassara y Guerra Zunzunegui piden la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, por nuestra parte no hay inconveniente, votaremos que no y más adelante en el Senado se estudiará la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, le recuerdo que el Reglamento habla de cualquier diputado, por tanto soy diputado.
Quiero que conste en el «Diario de Sesiones» que yo sí me sé el Reglamento. Cuando aprendí hace muchos años que eso era así me chocó mucho, por eso no se me ha olvidado. Por tanto que quede constancia de que yo sí conozco el Reglamento, y que se haga lo que ha dicho el portavoz.


El señor PRESIDENTE: Votamos entonces la enmienda número 398, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.
Pasamos a votar el artículo 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 15, empezando por las del señor Saura Laporta números 215 y 216.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


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El señor PRESIDENTE: Quedan en consecuencia rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 163, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 599, del señor Núñez Castain.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 622, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 51, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 114 y 115, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


La señora VALCARCE GARCÍA: Pido votación separada.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 114.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 115 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 547, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, he retirado esta mañana la enmienda número 547 por considerarla incorporada en su contenido.


El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda número 548 estaba incorporada a la ponencia?

El señor GUARDANS I CAMBÓ: La enmienda número 548 había sido retirada ya en el trámite de ponencia.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 399, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada.
Pasamos por lo tanto a votar el artículo 15 del proyecto de ley.
Perdón, había una transaccional. El letrado tiene una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 401, del Grupo Socialista. (La señora Chacón Piqueras pide la palabra.) Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Es la enmienda 401, que propondría una redacción para el artículo 15.3. Estaríamos dispuestos, si se pudiera votar separadamente, a dar nuestro apoyo a este punto 3.(El señor Guerra Zunzunegui: La enmienda solamente afecta a...) Discúlpeme, simplemente votando a favor la enmienda que se acepta. Es un error mío en la explicación de nuestro voto a favor.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. (La señora Chacón Piqueras pide la palabra.)

Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Nos obliga a retirar todo el texto de nuestro artículo, por tanto, de manera subsidiaria, entiendo, estaríamos dispuestos, si fuera posible hacerlo así, a votar a posteriori la transacción.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la transacción y luego votamos el artículo, apartados 1 y 2 y después el apartado 3.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Entonces estaríamos dispuestos a aceptarla.


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El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, prácticamente están de acuerdo en el apartado 3...


El señor OLLERO TASSARA: Es imposible, estamos inventando el reglamento a cada momento; es absolutamente imposible. (Rumores.) Si aprobamos la transaccional, ¿cómo luego vamos a votar el párrafo 3? Ya sería un disparate hacerlo al revés, pero desde luego así es imposible.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Queda, entonces, rechazada, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista no acepta la transacción presentada por el Grupo Parlamentario Popular a su enmienda 401.
Votadas las enmiendas relativas al artículo 15, pasamos a votar el artículo 15 según el texto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 15.
Pasamos a votar las enmiendas relativas al artículo 16. En primer lugar, las enmiendas números 7 y 8, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas las referidas enmiendas.
Pasamos a votar a continuación la enmienda 217, del señor Saura Laporta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 600, del señor Núñez Castain.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 164, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 290, del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 116, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la enmienda número 400, presentada por el Grupo Socialista, que no tenía transacción.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas del artículo 17. En primer lugar, la enmienda número 9, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 165, del señor Puigcercós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 218, del señor Saura Laporta.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 291, del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 601, del señor Núñez Castain.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 623, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 53, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 117, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15: en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 401, se había llegado a una transaccional.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Hemos ofrecido una transaccional, pedimos que nos diga el Grupo Socialista si la admite o no.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Es la misma que la anterior.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 401, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.) El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, quisiera intervenir un segundo, sin ánimo de interferir en la libertad de acción del Grupo Socialista. El Grupo Socialista ha pedido expresamente en la reunión que hemos tenido al principio de esta sesión que se votaran separadamente las enmiendas de cada uno de los componentes del Grupo Mixto y si lo estamos haciendo así, contra lo que es práctica habitual, es porque lo ha pedido expresamente el Grupo Socialista.
Sin embargo, el Grupo Socialista está votando en idéntico sentido en cada una de las enmiendas del Grupo Mixto, al menos en muchos casos.
Luego pediría al Grupo Socialista, con pleno respeto a lo que éste decida, que en aquellos artículos en los que intuye que uno o varios de las enmiendas de los componentes del Grupo Mixto se van a votar en el mismo sentido lo manifieste al principio y por tanto, se puedan agrupar en una sola votación, si el Grupo Socialista lo tuviera a bien. (El señor Soriano Benítez de Lugo: ¡Muy bien!-La señora Valcarce García pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, tiene la palabra.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, quisiera decir primero que el señor Guardans lleva mal la cuenta, porque no hemos votado siempre lo mismo. (El señor Guardans i Cambó: He dicho en muchos casos, no he dicho siempre.) En segundo lugar, en la reunión de Mesa y portavoces, hemos acordado que se hiciese así ante la enorme dificultad que suponía agrupar todas las enmiendas de los partidos políticos que están incorporados al Grupo Mixto de forma coherente y precisamente, porque era de una enorme dificultad que supondría a este grupo más de una hora y no era posible, por eso en Mesa y portavoces se acordó este procedimiento.
Por lo tanto, no es sólo el hecho del sentido del voto sino la dificultad de agrupar el sentido del voto en cada una de las enmiendas presentas, por eso se ha acordado así en Mesa y portavoces.
(El señor Ollero Tassara: Filibusterismo puro y duro.-Rumores.-El señor Lissavetzky

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Díez: Filibusterismo es lo que se está haciendo en este trámite.)

El señor PRESIDENTE: Les ruego intervenciones de un solo minuto.
Señor González Txabarri, tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ TXABARRI MIRANDA: En menos de un minuto, señor presidente. Le asiste la razón al señor Guardans en el planteamiento que ha realizado, en el sentido de que cuatro horas de debate esta mañana nos van a llevar dos horas y media de votación estando como estamos. Esto es un sinsentido dadas las votaciones que se están produciendo en un sentido u otro. Entiendo las razones manifestadas por la señora Valcarce, pero por el conjunto de votaciones que se han ido realizando hasta este momento, creo que está cargado de razón el señor Guardans. (El señor Guardans i Cambó: Labordeta y Rodríguez todas las veces lo mismo, una y otra vez.) El representante del Grupo Mixto podría alumbrarnos en ese sentido. Una cosa es que las votaciones se efectúen con suficiente rigor, con suficiente diligencia, incluso en ritmos más pausados, pero de ahí a que en el debate de la ley de universidades en este momento se lleve exclusivamente a pasar horas y horas votando en el mismo sentido, es una auténtica sinrazón. (El señor Soriano Benítez de Lugo: Sí, señor.) Lo que queremos los grupos parlamentarios es debatir los puntos que quedan pendientes de debate en los títulos. Es más razonable que nos tomemos todas las horas que sean necesarias para el debate de los artículos y títulos que quedan pendientes que no que nos estemos horas y horas votando constantemente en el mismo sentido.
Agradecería a la presidencia y a la Mesa que fuesen receptivas a los planteamientos que el señor Guardans ha realizado.


El señor PRESIDENTE: El señor Saura tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Por nuestra parte no hay ningún inconveniente en agrupar las votaciones del Grupo Mixto, salvo que en algún artículo alguien pida una votación separada de la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, le voy a rogar que se acepte la propuesta del señor Saura, en el sentido de que se agrupen las votaciones, a no ser que usted solicite expresamente votación separada en relación con algún artículo.


La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, señor presidente, pero exijo también que las acusaciones de filibusterismo se retiren. (El señor Lissavetzky Díez: ¡Qué se oiga, qué se oiga!)

El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, queda retirada. Nos conocemos todos dentro de la Comisión, pero quiero decir que una vez que el representante del Grupo Mixto ha fijado su posición no vayamos a dar vueltas a una cosa que el propio Grupo Mixto ha aceptado.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, ¿tiene algo que añadir?

La señora VALCARCE GARCÍA: No, señor presidente, porque conforme al Reglamento de la Cámara es el Grupo Mixto quien dice cómo se organiza la votación de sus enmiendas. Por tanto, le ruego que con serenidad nos permita votar las enmiendas del Grupo Mixto y nosotros pediremos votación separada cuando así proceda. (El señor Ollero Tassara: Hay que ir más despacio porque esto es vertiginoso.- Risas.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del artículo 18, del Grupo Mixto que son las números 10, del señor Labordeta; la número 166, del señor Puigcercós; la número 219, del señor Saura; la número 292, del señor Rodríguez Sánchez; la número 602, del señor Núñez Castain y la número 624, de la señora Lasagabaster.


Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Pedimos votación separada de las enmiendas números 10 y 624; esas dos separadas de las demás.


El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar, la enmienda número 10, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15, en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 166, 219, 292 y 602, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la enmienda 624, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 53, de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14 ; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos enmienda 118, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 402, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14 ; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12 ; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 18.
Pasamos a votar las enmiendas del artículo 19.
En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, que son las números 11, del señor Labordeta; 167, del señor Puigcercós; 220, del señor Saura; 293, del señor Rodríguez Sánchez; 603, del señor Núñez Castain y 625, de la señora Lasagabaster.
Tiene la palabra la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Pido la votación separada de la 11 y 220, juntas, en primer lugar; 167 y 603, en segundo lugar; 293 y 625, en tercer lugar.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas 11 y 220, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 167 y 603.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos ; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, las enmiendas 293 y 625.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 53 del Grupo Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 119, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 402, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22 ; en contra, dos; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas del artículo 20.
Empezamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, enmienda 604, del señor Núñez Castain; 12 y 13, del señor Labordeta; 168, del señor Puigcercós; 221 y 222, del señor Saura y 626 y 627, de la señora Lasagabaster.
Tiene la palabra la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Pedimos votación separada de la enmienda 626, de la señora Lasagabaster.


El señor PRESIDENTE: Entonces, en primer lugar, votamos las enmiendas antedichas del Grupo Mixto, salvo la enmienda 626.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 626, de la señora Lasagabaster.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 54, del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 120 y 121, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 403, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14 ; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 21. En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto números 14, del señor Labordeta; 223, del señor Saura; y 628, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 122, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, once.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 404, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el texto del artículo 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, tres; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 21.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 22. En primer lugar las del Grupo Parlamentario Mixto, número 15, del señor Labordeta; 224, del señor Saura, y 629, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 405, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el texto del artículo 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, tres; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 22.
Enmiendas al artículo 23. En primer lugar las del Grupo Parlamentario Mixto, números 16, del señor Labordeta; 225, del señor Saura; 605, del señor Núñez; y 630, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el texto del artículo 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 23.


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Pasamos a votar las enmiendas al artículo 24. En primer lugar las del Grupo Mixto, números 17, del señor Labordeta; 226, del señor Saura; y 631, de la señora Lasagabaster.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, pedimos la votación separada de estas tres enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Empezamos por la enmienda número 27, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 226, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


PRESIDENTE: El señor Queda rechazada.
Votamos la 631, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 55, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda número 123, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, once.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la enmienda número 549, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que sigue viva, porque a la 550 hay una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 550, del Grupo Catalán, en los términos de la transacción con el Partido Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, dos; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 407, 408, 409 y 410, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el texto del artículo 24.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 24.
Pasamos a votar las enmiendas del artículo 25, empezando por las del Grupo Mixto: la número 18, del señor Labordeta; la 632, de la señora Lasagabaster; 227, del señor Saura, y 294, del señor Rodríguez Sánchez. (La señora Valcarce García pide la palabra.) Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Solicitamos votación separada de la enmienda 18, del señor Labordeta, y de la 227, del señor Saura. Se agrupan las demás.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos votando la enmienda número 18, del señor Labordeta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas de la señora Lasagabaster y del señor Rodríguez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 227, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 56, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 124, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), números 551 y 552.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 411, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 25 del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 25.
Pasamos a votar la enmienda 412, del Grupo Parlamentario Socialista, un artículo 25 bis, nuevo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar las enmiendas al artículo 26, empezando por la número 633, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 56, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la enmienda 125, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 26.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Hemos terminado las votaciones. Continuamos con el debate del título IV. Las próximas votaciones tendrán lugar no antes de las 10.
Al título IV hay enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Lasagabaster, si quiere defenderlas.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Doy por defendidas las enmiendas de los componentes del Grupo Mixto, incluidas las dos de esta portavoz, en los términos que han sido presentadas, porque esto es agotador.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txabarri, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) número 58, 59 y 60.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) mantiene vivas tres enmiendas a este título IV, que hace referencia al consejo de coordinación universitaria. En relación con su naturaleza y funciones, mi grupo solicita que se clarifique con el rigor pertinente cuál es la función de coordinación de este órgano, para lo cual se han añadido seis líneas al artículo 28, tomando precisamente la definición funcional que ha elaborado en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional, indicando que la coordinación comprende, en los términos que dispone esta ley, la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema universitario. Así debe entenderse el concepto de coordinación, y no dejarlo indefinido, porque estaríamos al arbitrio de las autoridades del Estado, que en cada caso podrían ir interpretando el término de coordinación si no está acotado.
En relación a la composición del consejo de coordinación universitaria, el Grupo Parlamentario Vasco

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solicita volver a la redacción actual de la LRU sobre la composición de este consejo de coordinación universitaria, porque nosotros entendemos que no existe motivación alguna que justifique el cambio que se propone en el proyecto de ley, que por otra parte tiene una estética negativa, desde el punto de vista de la naturaleza mixta de un órgano que únicamente asesora y coordina, y en consecuencia se solicita que de los 21 miembros que mantiene el proyecto de ley, de los cuales siete serían elegidos por el Congreso, siete por el Senado y siete por el Gobierno, se pase a quince, cinco en cada una de estas instancias.
En tercer lugar, en relación a las comisiones de este órgano de coordinación universitaria, se formula una enmienda al artículo 30.3 para garantizar una composición paritaria de estas comisiones a efectos de que sus trabajos sean el fruto de un consenso equilibrado entre todas las partes afectadas, dado que en nuestra opinión la redacción que tiene el texto del proyecto habilita incomprensiblemente al presidente a decidir ad hoc el número de miembros de cada comisión. Por tanto, en el artículo 30.3, tanto en la letra a) como en la letra b) se propone añadir en igual número, para que esta composición paritaria quede garantizada.
Estas son, señor presidente, las motivaciones que sustentan, razonan y argumentan las tres enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco mantiene vivas a este Título IV en relación al consejo de coordinación universitaria.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la enmienda número 554. ¿Está retirada?

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Está incorporada en el informe de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Chacón tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor presidente, qué solos nos hemos quedado.
El Consejo de Universidades, cuyo reglamento se aprobó en 1985, ha ido perdiendo progresivamente su funcionalidad, creo que se ha comentado anteriormente en esta misma sala, y los últimos años del mismo se han caracterizado por la atonía y por su falta de actividad; sin duda a todo ello habrán contribuido diversos factores, pero a juicio de nuestro grupo el primero y más significativo ha sido la falta de liderazgo de las autoridades educativas del Estado desde la llegada del Partido Popular al poder, aunque tampoco podemos olvidar que el incremento del número de universidades y la presencia de 17 comunidades autónomas en la comisión de coordinación y planificación, una vez asumidas por todas ellas las correspondientes competencias en materia de educación superior, ha elevado notablemente la complejidad de su funcionamiento.
Paralelamente las tareas de coordinación efectiva de la política universitaria se han ido desplazando hacia la propia conferencia de rectores, que en los últimos años ha ganado peso y sin duda credibilidad en el sistema universitario español, a pesar de los esfuerzos últimos que se están haciendo por lo contrario, y hacia los diferentes organismos de coordinación de ámbito intracomunitario que han ido poniendo en funcionamiento las diferentes comunidades autónomas.
Es por ello que me gustaría comenzar, en nombre de mi grupo parlamentario, por reafirmar nuestra convicción en la existencia de una institución que coordine y planifique. Quiero reiterarme en este punto porque una de nuestras enmiendas va precisamente en el sentido de mantener al que este texto propone como consejo de coordinación universitaria el del Consejo de Universidades, precisamente porque no es sólo de coordinación la función que se le asigna, debe serlo también de planificación, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, como les decía, la existencia de una institución que coordine pero que también planifique el sistema universitario español, sin perjuicio de las competencias de cada comunidad autónoma, nos sigue pareciendo imprescindible y que por tanto, se debe definir un lugar de encuentro entre quienes tienen responsabilidades en la política universitaria, el Ministerio de Educación, los consejeros y consejeras y los rectores y rectoras, como garantía de que existe un sistema universitario del conjunto, un sistema universitario español.
El proyecto de reforma que el Gobierno ha presentado y que debatimos hoy en esta Cámara no introduce ninguna modificación sustancial en el diseño que la Ley de Reforma Universitaria llevó a cabo para el Consejo de Universidades, a nuestro juicio, se limita, a incrementar el número de miembros del consejo elegidos directamente por el Congreso, el Senado y por el propio Gobierno de 15 a 21 y a crear una comisión mixta en el seno de dicho consejo que ya ha venido funcionando en los últimos años pero con escasa operatividad, a nuestro juicio. Se trata, por tanto, de un proyecto que en lo que se refiere al que nosotros hemos llamado Consejo de Universidades -y queremos seguir llamándolo- también resulta una oportunidad perdida.
Lejos de simplificar su estructura, lejos de limitar aquellas funciones que en la realidad universitaria actual creemos que deben traspasarse a otros órganos de coordinación de ámbito autonómico, cuando no ya a las propias universidades -y en ese sentido también van nuestras enmiendas-, el texto que propone el Gobierno hace más complejo, más complicado y por tanto también más burocrático el proceso de toma de decisiones, creando una nueva comisión cuyo funcionamiento, como ya he comentado, en estos últimos años ha sido insatisfactorio y asimismo pretende también aumentar el número de miembros del consejo,

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cuyo pleno puede que vaya a tener cerca de 100 miembros. Eso sí, se le cambia el nombre, el Consejo de Universidades pasa a denominarse consejo de coordinación universitaria, aunque sus funciones sean además de la de coordinación, las de programación, informe, asesoramiento, propuesta y consultas a la política universitaria, y queremos hacerlo extensivo, creemos, a la planificación general, y ahí está nuestra enmienda al efecto. Pero el caso es que no quede, parece ser, igual que antes, como han hecho en otras muchas cuestiones.
Creemos también que el texto ignora una carencia que en los últimos tiempos, con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha venido detectando en nuestro sistema universitario: la investigación. La gran olvidada en esta ley, a pesar de la retórica ministerial, señorías, a juicio de mi grupo parlamentario, es fundamentalmente la investigación y lo es también de manera sustantiva en este título cuando se diseña el consejo de coordinación interuniversitaria.
El Grupo Parlamentario Socialista piensa que una verdadera reforma del actual Consejo de Universidades debe partir sin ninguna duda, de la consideración de que el sistema universitario español es hoy muy distinto de aquel que existía en 1985, de que el funcionamiento del consejo de ha burocratizado hasta hacer irreconocible sus funciones más relevantes en algunos casos, la coordinación del sistema universitario español, su planificación y las tareas de asesoramiento a las distintas administraciones educativas. Para que el consejo, de alguna manera, sea capaz de retomar sus funciones en relación con el sistema universitario en su conjunto, debe abandonar algunas cuyo ejercicio tenía sentido en un momento en que las universidades estaban estrenando autonomía y en el que las comunidades autónomas iniciaban el ejercicio de las competencias que en materia de enseñanza superior les asignaba la Constitución española. ¿Pero es razonable que una comisión de coordinación y planificación integrada por los responsables de política universitaria de las comunidades autónomas y por varios rectores informe sobre la creación de una facultad, escuela técnica superior o escuela universitaria en cualquier universidad pública española, oída la comisión académica, integrada a su vez por los rectores de las universidades y por algunos consejeros de educación? A juicio del Grupo Socialista no. La ley que el Gobierno propone algo avanza en este sentido del informe previo al informe posterior, menos es nada, pero en cualquier caso el esfuerzo que en el Consejo de Universidades se realiza para desarrollar funciones que en este momento están asignadas a otras instancias universitarias o autonómicas va en detrimento de aquellas de carácter general en las que una institución de esta naturaleza, que representa al conjunto del sistema universitario español, es irreemplazable.
Además quiero decirles que la designación de algunos consejeros para formar parte de la comisión académica y de unos cuantos rectores para integrarse en la comisión de coordinación y planificación no ha hecho sino desnaturalizar ambas comisiones, cuando no reproducir debates que deben producirse en las distintas instituciones de coordinación autonómica. Por ello, las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta van dirigidas a reformar el actual Consejo de Universidades básicamente en cuatro direcciones. En primer lugar para simplificar notablemente sus funciones y descargarle de aquellas que hoy ya se pueden desarrollar en otras instancias autonómicas; en segundo lugar para delimitar de manera clara el carácter de ambas comisiones, de forma que la comisión académica quede integrada por los rectores, y la de coordinación y planificación, por los consejeros de las comunidades autónomas, estableciendo mecanismos flexibles de colaboración entre ambas comisiones cuando así se requiera o cuando sea imprescindible, señorías; en tercer lugar se deben redefinir las funciones del pleno del consejo, que tiene que ocuparse de las tareas de coordinación nacional e internacional de las universidades, de la planificación general y asesoramiento en política universitaria española, y que a juicio del Grupo Parlamentario Socialista debería elaborar un informe bianual -y ahí está la enmienda de nuestro grupo en ese sentido- sobre el estado de la enseñanza superior en nuestro país. Sería significativo que pudiera ser así y además avanzaría cuestiones de futuro en la sede mejor y más óptima al efecto. Finalmente, se deben incluir la investigación científica y el desarrollo tecnológico entre las actividades del consejo, buscando una mayor coordinación entre la universidad y el resto del sistema de ciencia y tecnología, y también debería ser una de las cuestiones que procurara diseñar el nuevo Consejo de Universidades o consejo de coordinación, si se le mantiene el nombre. Ustedes saben que existe cierta descoordinación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en esta sede del consejo de coordinación deberíamos ser capaces de hacer entre todos un esfuerzo importante para acabar con las disfunciones que hoy estamos sufriendo, pero que están sufriendo sobre todo quienes de alguna manera están implicados directamente en el sistema y que están demandando esto casi a gritos, cosa que se evidencia de manera significativa en los medios de comunicación; este fin de semana han salido dos o tres páginas respecto a los problemas que estamos sufriendo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y su propia descoordinación en materia de investigación con la universidad española, y en los medios de comunicación hoy lunes, volvemos a tener un par de páginas o tres a este efecto. Por tanto, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en este sentido deben ser reflexionadas de manera especial por parte del Grupo Parlamentario Popular, que es quien tiene la mayoría, porque ustedes también son perfectos conocedores de la gran descoordinación que hoy existe entre ambos ministerios. Sin duda, nos parecería significativo que hoy, en el

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año 2001, cuando estamos reformando nuestra universidad, conscientes de que existe ya un ministerio diferente, fuéramos capaces de recoger entre las nuevas funciones que cuando éste se mantenga -puesto que no tiene por qué ser así en otras ocasiones- existan estas posibilidades de coordinación.
En resumen, y finalizo ya porque no me quiero extender más, el Grupo Parlamentario Socialista quiere un Consejo de Universidades que cumpla eficazmente sus funciones, las antiguas que deben mantenerse, pero también las nuevas, y que colabore con el Gobierno central, las comunidades autónomas y las universidades para establecer los principios generales por los que a nuestro juicio debe discurrir la política universitaria española en los próximos años.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Algunas de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista se refieren al tema del nombre. En varias enmiendas se habla de coordinación, pero luego no se quiere que el nombre sea consejo de coordinación universitaria. A esto no le doy demasiada importancia, pero creo que es más lógico que se titule consejo de coordinación universitaria.


Aquí hay un tema que han planteado tanto el Grupo Vasco como el Grupo Socialista, que es el número. Ya sabe usted que todos los números son aleatorios, pero ¿por qué volver a los 5-5-5, como proponen el Grupo Vasco y el Grupo Socialista? Nosotros hemos querido dar una mayor integración del Parlamento poniendo tres tercios, pero sobre todo siete designados por el Congreso y siete por el Senado. No sé qué miedo se tiene a que haya más representantes del Congreso y del Senado en este consejo.
Por otra parte se crean tres comisiones, y en la de coordinación se han introducido unas enmiendas, que yo creo que han sido positivas, según las cuales esta comisión dará cuenta periódicamente al pleno de sus acuerdos y decisiones, le corresponden las funciones que determina el citado reglamento, etcétera, y la comisión académica dará cuenta periódicamente al pleno de sus acuerdos y decisiones. Yo creo que son más convenientes las tres comisiones, la de coordinación, la académica y la mixta. No entiendo exactamente que haya que mantener el carácter de órgano de ordenación del consejo de coordinación para evitar que sea un órgano burocrático, porque se evita que sea un órgano burocrático a través de uno de ordenación y no de coordinación.
Por otra parte, ya lo he dicho, el número es completamente aleatorio, pero entendemos, y por eso lo hemos plasmado así en el proyecto del Gobierno, que deben ser 7 por el Congreso y 7 por el Senado. Por otra parte, nos es imposible aceptar lo que propone el PNV, es decir que la comisión académica esté formada por los rectores y en igual número por aquellos otros miembros del consejo de coordinación universitaria que el presidente de éste designe, porque la suma de miembros de los grupos A y C, de acuerdo con el proyecto, ascendería a 38, siendo muchos más que los rectores. Con esto enlazo con el tema de los rectores, porque también hay una enmienda del Grupo Socialista que propone que lo formen nada más que los rectores. Yo tengo un gran respeto por los rectores, por la CRUE, pero entiendo que no deben estar solamente los rectores, la CRUE -esto no hace referencia a enmiendas de ningún grupo en ese sentido-, pero tienen que estar los representantes de las 17 autonomías. Si la llamamos comisión de coordinación, en cualquier tema de educación, con las transferencias de casi todas las materias ya realizadas, es indudable que tienen que estar presentes las comunidades autónomas. ¿Que este consejo de coordinación va a ser numeroso? También lo es en estos momentos; el hecho de que se añadan 15 ó 16 más no tiene ninguna importancia. Por tanto, tanto las enmiendas del Grupo Vasco como las del Grupo Socialista, que son las que se han defendido aquí, no solamente no mejoran sino que entorpecen lo que en el proyecto de ley se quiere que sea la comisión de coordinación.


Nada más. Reitero, señor presidente, que aquí ha habido temas de números que no tienen importancia ni afectan al fondo de la cuestión, que es lo que este proyecto de ley quiere que sea el consejo de coordinación.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Lamento que el Grupo Popular no quiera acotar el concepto de coordinación, máxime cuando la redacción que se propone es la misma que está en una sentencia del Tribunal Constitucional. No sé hasta dónde vamos a tener que llegar.
Dejar abierto el tema de coordinación en toda su extensión nos parece excesivo a todas luces.
En cuanto a pasar de cinco a siete, la Ley de Reforma Universitaria mantiene que el número de miembros elegidos por el Congreso y el Senado es aleatorio, como dice el señor Guerra Zunzunegui, pero tiene un problema, y es que desde que se puso en marcha este órgano ni el Congreso ni el Senado se han dignado elegir representantes en ese ámbito a propuesta de determinados grupos, con lo cual extenderlos a siete rompe mucho más los equilibrios que hasta ahora se ha mantenido. Si en grupos de cinco, por ejemplo, no caben las propuestas que formula el Grupo Parlamentario Vasco, que jamás ha tenido en el Congreso ni en el Senado un solo representante en estos cupos, si se mantiene ese criterio y se extiende a siete el número, multiplicado por los distintos órganos que pueden proponer,

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el desequilibrio es aún más evidente, con lo cual, señor presidente, las palabras se contradicen con los hechos y con las propuestas que se realizan.
No se pueden estar manteniendo determinados principios, coordinación y todo lo que tiene que estar si después, sistemáticamente, en las propuestas objetivas que hay en el proyecto de ley este equilibrio se va rompiendo. Ese es el objetivo y esa es la motivación que inducen al Grupo Parlamentario Vasco a realizar estas propuestas, que no se puede decir que sean aleatorias, vistos los precedentes que ha habido en este planteamiento, con lo cual vamos de Guatemala -como se decía esta mañana- a guatepeor, porque, insisto, indudablemente, cada vez más hay un desequilibrio hacia una de las partes. Esto llevará a que no haya coordinación, lo que llevará a que determinadas instituciones tengan que hacer otro tipo de planteamientos porque no se ven representados y porque en vez de coordinación se buscan otros objetivos.


El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Ahora sí que he tenido la sensación, realmente, de que estamos leyendo textos distintos, porque si no sólo cabe entender que, finalmente, no nos hemos entendido y que realmente aquello que dicen nuestras enmiendas, al menos, no se ha puesto de manifiesto que sea exactamente lo que allí se dispone respecto a lo que aquí ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Yo tiendo a pensar que nada es aleatorio, ni los números ni los nombres. No es que queramos mantener el nombre de Consejo de Universidades por mantenerlo, igual que creemos que no hay que cambiar los nombres a las cosas simplemente por cambiárselos. Pero, en este caso, la función de este Consejo no es sólo la coordinación, sino que son muchas más. Nosotros insistíamos en que creíamos que la planificación general debía continuar radicada en el seno de este órgano, igual que la ordenación, etcétera. En ese sentido, es verdad que nuestras enmiendas cambian de manera general todo aquello que se disponga como consejo de coordinación. Son enmiendas generales, pero también hay algunas particulares.
Comentaba el portavoz del Grupo Popular que qué hacían los rectores en la coordinación y la planificación. (El señor Guerra Zunzunegui hace gestos negativos.) No es así, por eso le digo, señor Guerra Zunzunegui que tal vez no nos hemos entendido -veo que me lo está diciendo usted por señas-, pero en este caso creo que, de manera clara, se habla de cuáles son las funciones que los responsables de la enseñanza universitaria en las comunidades autónomas tendrán en la comisión, que creemos que debe continuar llamándose de coordinación y planificación. De otra parte, también se habla de cuál es el papel de los rectores en la comisión académica. De manera clara decimos que al Consejo de Universidades se le atribuyen de manera clara, en relación con esta comisión, las materias que correspondan a las universidades en el uso de su autonomía. Es decir, que creo que queda bastante especificado y no estamos, en ningún caso, incorporando ni personas que no parezcan pertinentes respecto a las funciones ni funciones que no parezcan pertinentes respecto a las personas. Señor Guerra Zunzunegui, no es que tengamos ningún miedo para aceptar los nuevos miembros que ustedes proponen elegidos por las Cortes Generales. Yo insistiría, pero ya lo ha hecho muy bien el portavoz que me ha precedido, en un eventual desequilibrio respecto al cual no deberíamos abundar más, pero sobre todo lo que propugnábamos nosotros con este nuevo diseño y, además, dado lo que nos ha enseñado la experiencia respeto a qué ha funcionado y qué no ha funcionado, era dotar de mayor agilidad y de mayor funcionalidad a quienes están ejerciendo estas funciones, que finalmente, le asignamos. Pero con una función global y aceptando, por supuesto, que puedan ser representativos de cada una de estas funciones por nuestra parte, y por lo tanto, incorporadas a la ley en cada una de las dos comisiones que a este efecto hemos querido diseñar, separando, eso sí, más y mejor las funciones entendiendo los componentes como los más pertinentes para realizarlas ahora, ya que, tras 18 años de vigencia del Consejo de Universidades y además con un diseño del sistema universitario como el actual y con las transferencias realizadas -no abundaré en ello-, nos parece, sinceramente, más funcional el nuevo diseño que proponíamos en nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Intervendré muy rápidamente, señor presidente.
Me he debido expresar mal, pero no se me ha ocurrido decir que qué hacían los rectores, puesto que el proyecto de ley del Gobierno dice clarísimamente quienes forman, b), los rectores de las universidades.
No se nos tergiverse en absoluto el tema ni se nos diga que qué hacen los rectores. Eso es lo único que no hemos dicho. La propia comisión académica dice que estará compuesta por los vocales mencionados en la letra b) del artículo anterior. Lea su señoría la letra b) y verá que son los rectores de universidad. No hemos dicho eso, hemos dicho que algunas enmiendas quieren que sólo estén los rectores de universidad; cosa que es completamente diferente. Eso quería aclararlo.
En segundo lugar, he dicho que una serie de cosas eran aleatorias. Es curioso porque ahora vuelvo la vista un poco atrás en esta ley y veo que, en el consejo social ustedes querían que el presidente fuera elegido por los parlamentos autonómicos por dos tercios. En cambio ahora ustedes no quieren que se suba el número de losrepresentantes del Congreso y del Senado. Creo que

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ahí hay una disfunción, por no decir que hay algo que choca entre un criterio antes y ahora. Antes querían ustedes que el presidente del consejo social fuera por dos tercios. Por cierto -y perdone, señor presidente, por volver atrás, no voy a entrar en ello- que ya sabemos a lo que lleva los tres quintos. Por lo tanto, antes eran dos tercios y ahora, en cambio, aquí presentan una enmienda para que siga igual que antes, no siete, siete y siete. Lo siento pero no se me ha convencido en absoluto.


Reitero que he tomado la palabra fundamentalmente para despejar el tema de los rectores, porque en absoluto he dicho eso y además el proyecto de ley incluye perfectamente la función y como participan los rectores.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el título V del proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado enmiendas. Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quiero dar por defendidas las enmiendas que a este título V, De la evaluación y acreditación, que comprende dos artículos, han presentado los distintos miembros del Grupo Parlamentario Mixto. En concreto, esta formación política ha presentado una enmienda en relación con el artículo 32, referente a la agencia nacional de evaluación.
En el día de hoy he visto -vuelvo a señalar este hecho- que en estos dos artículos se han producido modificaciones en el proyecto de ley a través de la ponencia y, en todo caso, seguimos sin estar de acuerdo con lo que es el artículo 31 y especialmente el artículo 32. Nosotros hacíamos una enmienda de modificación y especialmente añadíamos dos cuestiones. Una que se tuviera en cuenta la diversidad de las universidades y las condiciones a las que las distintas universidades se enfrentan, y por lo tanto, adecuarlas a los diferentes sistemas de evaluación y acreditación. En un segundo apartado hacíamos referencia a que fueran las comunidades autónomas, en conjunción con las universidades de su territorio, las que establecieran los sistemas adecuados a cada una de estas circunstancias. En definitiva, se trata de adecuar los distintos sistemas a las diferentes realidades y diversidad de las universidades y al respeto competencial. Mantenemos la enmienda a pesar de esas modificaciones en el proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco mantiene vivas dos enmiendas a este título V, la 61 y la 62.
La enmienda número 61 tiene dos partes. En primer lugar solicita que se sustituya el término «objetivo» que indica el proyecto de ley por «objeto». Creemos que es una corrección técnica porque consideramos que la palabra «objetivo» es una expresión errónea que se asimila a la de finalidad que ya está tratada en el apartado anterior del mismo artículo y creemos que el término «objeto» es más ajustado al sentido de la norma para indicar las funciones de evaluación, certificación y acreditación. En segundo lugar se solicita la acotación, y consiguiente supresión, del apartado 2.a) por entender que se precisa una corrección técnica en este artículo para no mezclar en el mismo mensaje el objeto de las funciones ahí detalladas con una identificación, que en nuestra opinión no viene al caso, sobre el órgano competente para realizar la función distinta de homologación. Creemos que este apartado 2.a) debe terminar cuando dice: «Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a efectos de su homologación». Se suprimiría así: «...definitiva por el Gobierno en los términos previstos en el artículo 35, así como de los títulos de Doctor de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.» Entendemos que esta parte mezcla el mensaje del objeto con las funciones de esta identificación.
El artículo 32, que hace referencia a las funciones de evaluación y acreditación, creemos que ha quedado claramente modificado con las enmiendas que se han incorporado en la ponencia. La enmienda 62 tenía como objeto asignar las funciones de evaluación y de certificación a las comunidades autónomas dentro de su respectivo ámbito territorial, e indicaba que el Gobierno podía constituir la agencia nacional de evaluación y acreditación con las funciones de coordinación y asesoramiento que le corresponden. Yo creo que esta enmienda ha quedado muy delimitada por las incorporaciones que se han hecho en la ponencia, con lo cual, la vamos a retirar. Mantenemos viva nada más la enmienda 61.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Efectivamente, según mis cuentas, aquí ha habido un cierto juego de transaccionales, pero entiendo que sólo me queda viva la enmienda número 555.
Al margen de la enmienda este es, efectivamente, uno de los títulos más importantes de esta ley y, por tanto, querría detenerme un segundo, aunque sólo sea para dejar constancia en el «Diario de Sesiones», para decir que si no siguen vivas las demás enmiendas es porque ya ha quedado incorporado en el texto de la ponencia.
Efectivamente, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, uno de los temas más delicados en este proyecto de ley era la creación de una agencia nacional de la evaluación y de la calidad de acreditación que aparecía en su momento en el proyecto de ley, dejando a las agencias que hubieran sido creadas o que

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pudieran ser creadas en el futuro por parte de las comunidades autónomas meramente como órganos subsidiarios, complementarios o prácticamente sin contenido. Afortunadamente, en la ponencia quedó incorporada al texto una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán por la cual queda claro que la agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación puede tener su razón de ser en determinados ámbitos que siguen siendo competencia exclusiva del Estado, pero que, lógicamente, en los ámbitos en los que son competentes las comunidades autónomas, las funciones que quedan indicadas en los párrafos 1 y 2 de este artículo 31 quienes las van a desarrollar son los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determine en cada caso, sin perjuicio de la necesaria y oportuna coordinación entre ellas. Establecida esta enmienda, nos parece absolutamente nuclear el juego, la perfecta equivalencia, la perfecta igualdad, cada uno en su propio ámbito, entre la agencia nacional y las agencias que se puedan crear en los ámbitos autonómicos. A partir de ahí ha quedado un poco desactivado el riesgo fundamental que tenía el contenido de este título. Esa es la razón por la que voy a retirar esta enmienda 555 al párrafo 2 del artículo 31, porque efectivamente tenía todo su sentido cuando las funciones de evaluación, en función de quien las desarrollaba, no estaban claras. Aclarada la relación de uno y otro, pasado el contenido originario del artículo 32 al artículo 31, tal cual ha quedado ahora, nos parece que efectivamente no es imprescindible suprimir el párrafo 2 del artículo 31, como originariamente nosotros planteábamos, sino que, incluso mejorado en su redacción a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y dejado claro que el listado de elementos que allí aparecen son objetivos a desarrollar y no como se decía antes, de forma confusa, que hay unos objetivos de las funciones de evaluación, al quedar de esta manera nosotros pensamos que se puede retirar esta enmienda 555. Las otras dos entiendo que han quedado, en un caso en su literalidad y en el otro en su espíritu, recogidas en el texto de la ponencia y, por lo tanto, ya no quedaría ninguna enmienda de este grupo a este título.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Yo si coincido con otros portavoces en el sentido de que este título, que a veces ha pasado más desapercibido, es un título importante. Pienso que la preocupación por la calidad en las universidades es algo que está extendido en el conjunto de la comunidad universitaria y me atrevería a decir en el conjunto de la sociedad. La experiencia muestra que en muchos países europeos se han ido suscitando una serie de informes y casi todos coincidían en la necesidad de tener una evaluación tanto ex ante como ex post del funcionamiento y de la calidad en distintos aspectos de las universidades. Nos encontramos con que la propia UNESCO hizo un informe sobre educación superior francamente interesante, que en Italia hubo una comisión llamada comisión Attalí, el informe Dearing, en Gran Bretaña, en nuestro país el informe Bricall o el Informe 2000, y estudios de la OCDE específicos para países que los encargaban como Alemania o Suecia, según tengo entendido. Todos ellos coincidían, además de hacer un estudio más extenso de los aspectos que afectan a la enseñanza superior, en que era necesario buscar fórmulas para esa calidad, una calidad que, como diría algún experto, ha de generar lo que se llama, en algún libro que he leído, la cultura de la calidad, calidad del profesorado y del personal no docente, calidad ligada a los planes de estudio, calidad que tiene que ver con los estudiantes - muchas veces nos olvidamos al tratar temas de universidad de la relación que debe haber con los estudiantes de secundaria en su propio acceso a la universidad- , calidad también de las infraestructuras, por qué no decirlo, y calidad en la gestión y en la dirección de las universidades. Yo creo que esta cultura de la calidad ha de ser importante para la mejora de nuestras universidades y por eso estamos en una buena situación para intentar diseñar instrumentos, definir funciones y empezar a caminar en esta dirección. Yo creo que este concepto de evaluación de la calidad tiene una tradición anglosajona. Tanto Gran Bretaña, como Dinamarca, como Suecia, Francia, Holanda, etcétera, son países que tienen agencias de calidad que ya están funcionado para llevar a cabo esta evaluación continuada de la calidad en el sistema universitario.
En nuestro país tampoco partimos de cero. En los años 1992 a 1994 se inició un programa experimental dirigido a las universidades; se continuó en el año 1995 con un proyecto piloto europeo de ordenación docente que tenía, sobre todo, la función de sensibilizar la necesidad que había para la calidad y su relación con lo que luego fue el espacio europeo de enseñanza superior. Asimismo, el año 1996 se aprobó en Plan nacional de evaluación de calidad de las universidades y, a partir de ese año, en el año 1997, me parece que fue Cataluña la primera comunidad, seguida por Andalucía en el año 1998, que creó agencias para la calidad de las universidades.
Como creo que va a intervenir el señor Ollero permítanme una broma diciendo que no me parece bien que no estando presente don Gustavo Villapalos -usted le citó en otra intervención-, consejero del Partido Popular con un Gobierno del Partido Popular de mi comunidad que es la Comunidad de Madrid, haya llegado usted a decir que es gracias a los estudiantes o no se qué. (Habrá que leer exactamente lo que ha dicho usted). Me parece que es tirar piedras a su propio tejado, allá cada uno con eso. Tómelo como una broma o un breve comentario.
Me estaba refiriendo a que ha habido muchas comunidadesautónomas que han generado estas agencias de

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calidad. Y, en este sentido, tenemos que afrontar este diseño que se hace por el proyecto de ley del Gobierno en dos artículos, tanto lo que es la garantía de la calidad como la definición de la propia agencia española de evaluación y acreditación. Tenemos que sumar una serie de aspectos que ya han señalado los anteriores intervinientes, un trinomio -como dijo el señor González de Txabarri al principio del debate-: la Administración general del Estado, el papel de las comunidades y el propio papel del Consejo de Universidades. ¿Cómo podemos sumar todo esto? ¿Cómo podemos hacer que haya un respeto competencial y hacer un órgano que sea eficiente? Si encontramos la solución a toda esta suma de factores avanzaremos bastante en este diseño de un sistema capaz de generar esa calidad.
Nosotros discrepamos de algunos aspectos del texto del Gobierno que en algunos casos, y yo lo reconozco aquí, mejoran con la redacción derivada de una enmienda transaccional. En primer lugar, creemos que el primer artículo, garantía de la calidad, es un artículo que, a nuestro modo de ver, y de ahí nuestra enmienda, debiera definir qué se quiere hacer con respecto a la calidad y a quién corresponde. Yo echo en falta en el texto del proyecto de ley del Gobierno que no haya una referencia al Gobierno, a las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, sería más correcto decir, como planteamos nosotros: corresponde a las universidades, al Gobierno y a las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizar la calidad del servicio público de la educación universitaria. De alguna manera se echa en falta que no haya estas referencias en el propio proyecto de ley del Gobierno y que ese primer artículo sea el más largo, el más extenso, mientras que el otro, el que tiene que ver con la agencia -según el nombre del Gobierno- nacional de evaluación y acreditación, se haya redactado de manera más corta. Nuestras enmiendas van, la primera, a intentar restablecer lo que creemos que es un equilibrio más razonable a la hora de definir la garantía de calidad, a quién corresponde garantizarla y, la segunda, a definir el instrumento. El instrumento tiene que ver, obviamente, con la creación de esta agencia. No voy a entrar en la discrepancia que hay respecto al nombre. Casi ningún grupo hemos coincidido; algunos han propuesto agencia estatal, otros nacional, nosotros la hemos bautizado como agencia española de evaluación y acreditación buscando ya desde el nombre una buena identificación en Europa. En muchos países es lo usual: agencia alemana de evaluación de la calidad, agencia de tal o cual país. Los términos nacional, estatal, no aclaran. Ya sé que luego se añade «de España», pero en cierta medida es más apropiado el nombre que proponemos. De todos modos eso es algo menor, no tiene mayor importancia. Sí tiene importancia, en primer lugar, el carácter independiente de este órgano. No encuentro en el proyecto de ley del Gobierno que se asegure el carácter independiente, el carácter científico y técnico que tiene que tener esta agencia. Vemos que es un órgano respecto del que, tal y como viene definido ahí, cabría hacerse una pregunta, que para crear esta agencia, tal como parece que se puede deducir del proyecto de ley del Gobierno, casi se podía dejar que dependiera del Consejo de Universidades. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo, pero si creamos una agencia debería ser independiente, como ocurre en otros países. Aquí, en este proyecto de ley, no se acota en absoluto que esta agencia tenga esa independencia y me parece que es una falta grave, una carencia de este proyecto de ley.
Hay otros aspectos, como el relativo a quién nombra al presidente.
Evidentemente debe nombrarlo el Gobierno, así lo ponemos nosotros en nuestro texto alternativo. Una vez más nos diferenciamos en algo del Partido Popular. El Partido Popular dice: previo informe del Consejo de Universidades. Nosotros creemos que tiene que ser a propuesta del Consejo de Universidades. No es lo mismo que el Consejo de Universidades haga un informe sobre la persona que el Gobierno considere más adecuada para dirigir la agencia a que haya una propuesta del conjunto del Consejo de Universidades, donde también está representado el Gobierno, y salga con más fuerza una figura independiente que asegure ese carácter científico-técnico de esta agencia. Por tanto, primera gran diferencia, el carácter independiente o no de este organismo.
Hay otras, si no diferencias, cuestiones que podían ser mejorables.
Nosotros decimos ahí que esta agencia debe ser capaz de definir criterios y metodologías de referencia para la evaluación de la calidad institucional de las universidades. Referirnos a esos criterios y metodologías de referencia le da un carácter más útil si cabe. No solamente se trata de los aspectos de acreditación, en lo que coincidimos en parte con el texto del Gobierno -obviamente, una de las funciones que tiene que tener la agencia es la acreditación del profesorado universitario-, sino que habría que hacer un énfasis mayor en esa capacidad de reflexión de la propia agencia. No la podemos convertir en algo pues luego, cuando hablemos de los planes de estudio, la homologación, etcétera, va a ser tremendo. Como se haga recaer en la agencia la homologación de todos los planes de estudio -no sé si también los que están ahora en vigencia- se va a convertir en un órgano bastante burocrático, administrativo. Tiene que ser también un órgano de reflexión y no sólo un órgano que dé acreditaciones. En ese sentido va esa referencia a los criterios y metodologías para la evaluación de la docencia, la investigación, etcétera.
Asimismo, pensamos que hay que asegurar esa coordinación con las comunidades autónomas, pero no sólo se trata de la coordinación, sino que hay que ser conscientes de que la realidad autonómica es muy diferente y comunidades como Cataluña o Andalucía -y habrá alguna más- sí tienen creadas esas agencias autonómicas

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y otras comunidades a lo mejor sólo tienen una universidad y no les interesa o no es una prioridad en este momento crear una agencia específica. Por eso, esa agencia española de evaluación y acreditación debe cubrir todo ese espacio respecto al aspecto competencial, pero también cubrir las necesidades que tengan otras comunidades autónomas u otras instituciones. En este sentido sería razonable que se tuviera en cuenta la parte de nuestra enmienda en la que, para asegurar no sólo esa coordinación sino participación en muchos aspectos de las comunidades autónomas, se tuviera, una miniestructura, que es el consejo de dirección, compuesto por personas propuestas por el Consejo de Universidades. Se asegura que ese consejo de dirección, si sus miembros están propuestos por el Consejo de Universidades, tenga ese carácter, llamemos, independiente al que me refería anteriormente. Además, que ahí estén presentes las personas que designen los directores de las agencias de las comunidades autónomas. Podríamos tener un órgano que también serviría para la coordinación de todas esas políticas y avanzar en la definición y actuación de todas estas funciones que estamos diciendo.
Por cierto, noto una falta que ninguno de los grupos hemos tenido en cuenta (afortunadamente, queda el trámite del Senado): quién va a juzgar, a adjudicar los sexenios del personal investigador que no esté en la universidad. Hasta ahora saben ustedes que existe un organismo encargado de hacer esa evaluación de la actividad investigadora que atiende tanto a los profesores de universidad como a los investigadores que están en organismos públicos de investigación. De la lectura del proyecto de ley y de las enmiendas se ve que ahí queda un cierto hueco que imagino que habrá que cubrir, porque si bien se dice que se va a hacer la acreditación del profesorado en sus tareas investigadoras y docentes queda fuera una parte del personal que tiene que ver con el sistema de ciencia y tecnología, que tiene que ver con la investigación y que debe tener, al juzgar cosas homogéneas, un tratamiento homogéneo. Tiempo tendremos de cubrir esa laguna.
Antes la portavoz del Grupo Socialista, doña Carme Chacón, hacía alguna referencia a la descoordinación que existe, que es una realidad, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología; no se ha conseguido esa coordinación y, por eso, creemos que el Gobierno de la nación, que autorizará la composición de la agencia, deberá hacerlo a propuesta, según ponemos aquí, del Ministerio de Educación, de los departamentos encargados de la enseñanza universitaria y de los departamentos encargados del sistema de ciencia y tecnología. Este organismo, que tiene un marcadísimo carácter universitario, por lo que decía anteriormente, debe de alguna manera intentar cumplir esas funciones también en la parte que a investigación se refiere.
Este es el conjunto de nuestras enmiendas a este título, que es un título importante. Hay un aspecto, hasta este momento, insalvable para que el Grupo Socialista pueda votar favorablemente al proyecto de ley del Gobierno: el carácter independiente. Todo lo demás es discutible, pero en relación con el carácter independiente perdemos una magnífica oportunidad de poner en funcionamiento un órgano de estas características, que yo creo que es solicitado por gran parte de la comunidad universitaria, por no decir por toda. Creo, repito, que no marcar ese carácter independiente es un error que empobrece el proyecto de ley del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Es para mí un honor tomar la palabra en estas pequeñas cuñas de debate que, tal y como está organizada esta sesión, vamos a disfrutar entre votación y votación.
En efecto, estoy de acuerdo con la gran importancia de la calidad para la universidad. Los juicios más benévolos sobre los últimos decenios en la universidad española han contribuido a resaltar el aumento cuantitativo que se ha producido en la universidad, tanto del número de alumnos, ahora en incipiente retroceso por razones ajenas a la propia universidad, como en el número de profesores. A la vez todos los diagnósticos confluyen en afirmar que, sin embargo, la merma de calidad ha sido aparatosa debido fundamentalmente, en primer lugar, al bloqueo que se ha producido por la estabulación del alumnado a través del régimen de selectividad por distritos, a la imposibilidad de traslado por parte de los profesores y, también, no lo olvidemos, a las consecuencias ya aludidas en una fase anterior de este debate del diseño de los órganos de gobierno de la LRU, que han hecho que, por ejemplo, los complementos destinados a actividad docente, que es uno de los elementos que aquí aparecen para ser enjuiciados al haber dependido de esos órganos de gobierno de las universidades presos de una trenza corporativista a la hora de la verdad, han llevado a un café para todos y al abandono bastante habitual de la carga docente por parte de los profesores. Con eso contrasta, sin embargo, un elemento positivo que se ha dado en estos últimos años casualmente ajeno a la LRU, aunque no al Gobierno socialista: la puesta en marcha de un elemento que algún grupo aquí, no sé si por falta de información o por interés argumental, le ha pretendido dar un carácter meramente retributivo, que son los famosos sexenios a los que se acaba de aludir hace un momento. Esos han sido, sin duda, un revulsivo en la vida universitaria, han estimulado la investigación y no tanto, sin duda, por su importancia económica, aunque dado el tipo de retribuciones que hay en la universidad no es difícil en ese sentido que algo se convierta en incentivo, sino sobre todo porque se acabó la noche en que

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todos los gatos son pardos y todo el mundo es bueno y, por primera vez, ha habido unos y otros. Dentro de la universidad se le da a eso una gran importancia.
Por cierto, señor Lissavetzky, no acierto a entender su encendido alegato por la independencia cuando el órgano encargado de dar esos sexenios que ustedes mismos pusieron en marcha es un órgano, que yo sepa, que no depende del Consejo de Universidades, sino que tiene un diseño exactamente similar al que se contempla en la ley. Si lo que usted insinúa es que cuando ustedes gobiernan lo que ustedes nombran es independiente y cuando gobiernan otros lo que ellos nombran no es independiente, tomamos nota del maniqueísmo y le damos la importancia que se merece, pero ni una micra más.
En cuanto a su alusión al señor Villapalos (fruto sin duda de algún rescoldo no sé si freudiano, pero habría que investigarlo psicoanalíticamente), le recuerdo -y me ha dado vergüenza tener que recordar el reglamento antes- algo que no está en ningún reglamento y es que S.S. no está autorizado a transaccionar conmigo lo que yo digo. (Risas.) Lo que yo digo está en el «Diario de Sesiones», eso está fuera de toda duda, y lo que he dicho es que si se me pregunta por la importancia de los alumnos de derecho, como el único rector de derecho que conozco de la Complutense es el señor Villapalos, me he remitido a él. No he dicho más. Ahora, si hubiera dicho lo que usted dice que yo he dicho, sólo habría demostrado que en mi partido somos más libres que en el suyo, cosa que sé hace muchísimo tiempo, o sea que tampoco sería para mí ningún agravio.
En cuanto al planteamiento del grupo de Convergència, ha retirado su enmienda. Yo había observado un planteamiento de pura diversidad formal. Respecto al Grupo de Izquierda Unida, ausente en estos momentos, habíamos previsto una posible transaccional acumulando un nuevo término que ellos, sin embargo, planteaban como alternativa al de competitividad. Si se refiere al punto de vista fonético, yo le alabaría el gusto, porque es un término que no me entusiasma, pero éramos partidarios de añadir cooperación, como ellos sugerían. En lo que no estamos de acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida es en su idea de que sea una representación sindical y estudiantil la que controle también la calidad docente y de investigación. Nos parece que ya hemos tenido suficientes números de ese tipo y sería bueno darnos una pausa y entrar en una vía de seriedad, siquiera por una temporada.
Con respecto a la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, entendí como una habilidad -el señor González de Txabarri lo ha defendido muy en serio- el proponer que no se mezclara lo que era una función con quién la llevaba a cabo, pero como soy muy mal pensado de siempre creía que lo que se quería era evitar que figurara aquí el Gobierno.
Si el asunto es de mezcla simplemente, a mí no me resulta nada extraño el que se hable de una actividad y de quién la lleva a cabo.
Por cierto, que en la justificación, que era muy enjundiosa, había otro aspecto al que no ha aludido y es que decía que había que sustituir el término objetivo como expresión errónea que se asimila al de finalidad. La verdad es que me ha venido muy bien esto porque he ido al diccionario de la Real Academia Española y la quinta acepción de objetivo es: objeto, fin o intento. Al fin y al cabo, eso demuestra la pluralidad de nuestros planteamientos, o sea que no nos remitimos necesariamente a la primera acepción. Hasta eso nos parece que tiene un respaldo de cierta consistencia.
El Grupo Mixto, concretamente el representante de Iniciativa per Cataluña-Los Verdes, que es el que planteaba aquí enmiendas, hacía también un planteamiento diverso desde el punto de vista formal y luego hacía una alusión, que no viene excluida por el texto de la ley, a la existencia de agencias autonómicas, que ni nos parecen bien ni mal, pero este no es el lugar para adentrarse en esa regulación.


El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzki.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Tomo la palabra brevemente y en función de la última intervención para decir algunas cosas. Cuando el señor Ollero habla de la merma de la calidad, de la libertad en su partido, no voy a entrar en calificar lo que es libre y lo que no es libre porque no sabría hacerlo. Lo vivo, lo siento y, a lo mejor, no sé dar una definición. Lo que sí me ha llamado la atención, por mucha libertad que haya -y perdón por la frase un poco de ojo-, es la incongruencia. Usted dice que hay una merma de la calidad en las universidades. Entiéndame bien lo que le digo, tiene usted una enfermedad que es una paranoia tipo LRU, pero una paranoia sostenida.
Ante ese diagnóstico, habrá que buscar una terapia adecuada, no sé si un buen baño de esta ley que, además, dice que tampoco le gusta en muchos aspectos. Al parecer dijo eso esta mañana, pero ya lo leeré con atención, porque si no luego dice usted que no dice lo que ha dicho. En cualquier caso, para hacer un debate racional, dentro de las diferencias políticas y dentro de que cada uno con mayor o menor vehemencia expone sus opiniones, puesto que parece que no se la ha leído, le leo la exposición de motivos del Gobierno del Partido Popular de la ley orgánica de universidades en lo que se refiere a la valoración de la universidad española. Frente a esa merma de calidad a que usted se refiere, textualmente, la exposición de motivos dice: Durante este período (se refiere a las dos últimas décadas porque empieza durante las últimas dos décadas), las universidades se triplicaron creándose centros universitarios en casi todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, en los que hoy se estudian más de 130 titulaciones diferentes. También culminó hace apenas unos años el proceso de descentralización universitaria, transfiriéndose a las administraciones educativas autonómicas las competencias en materia de

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enseñanza superior. No de menor magnitud ha sido la transformación tan positiva en el ámbito de la investigación científica y técnica universitaria, cuyos principales destinatarios son los propios estudiantes de nuestras universidades, que no sólo reciben en éstas una formación profesional adecuada, sino que pueden beneficiarse del espíritu crítico y la extensión de la cultura, funciones ineludibles de la institución universitaria. Esto dice la exposición de motivos del proyecto de ley del Gobierno y dentro de las diferencias que tengamos en el planteamiento, en la forma del debate, etcétera, refleja una realidad. Ahora, si usted viene con ese síndrome que le decía antes para decir que todo está fatal y que ha habido una merma de calidad y todo ha ido mal, se va a quedar muy aislado en su planteamiento y, aparte, me parece poco riguroso, señor Ollero, con el respeto personal que le tengo. Me parece poco riguroso que una persona como usted vaya así a la mayor: todo está mal, la época socialista fue horrible, la LRU ha sido una desgracia. Todos sabemos que la LRU tiene que cambiar y hemos salido todos de ese punto de partida. A partir de ahí, cada uno tiene un modelo. Vamos a intentar cuadrarlo, pero si no lo podemos cuadrar, allá cada uno. La descalificación esa de todo esta mal, son nostalgias políticas o aspectos en los que no voy a entrar, como la referencia al señor Villapalos, que leeré con atención. No me parece de buen gusto hablar de personas que no están presentes en la Cámara. No tendría sentido y, si no hubiera intervenido usted en este título, no hubiera dicho nada de usted. Léalo usted bien ¿O es que usted iba a las urnas a saber qué votaban los estudiantes de derecho? ¿Cómo sabe usted el voto de la Universidad Complutense? Es una aseveración que para discutir una ley de universidades no me parece acertada. Por tanto, no vamos a hablar de maniqueísmos. Usted no ha entendido lo que le he dicho de independencia. No me estaba refiriendo exclusivamente a los sexenios. Estoy diciendo que hay una laguna que, si queremos y podemos, la subsanamos o, si no, no la subsanamos. En cualquier caso, hablaba del carácter independiente de la agencia en su conjunto no solamente para evaluar los sexenios, sino para evaluar todas las instituciones universitarias y la realización de las funciones que vienen tanto en el proyecto de ley del Gobierno como en los aspectos que planteamos nosotros. Por tanto, de maniqueísmo usted sí que sabe mucho, señor mío, señor Ollero.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Lissavetzky, por sus lecciones de educación y buenos modales, a la que añadiré yo una por mi parte y es que no voy a entrar en los argumentos ad homine a los que usted es tan aficionado. Yo no he observado ninguna contradicción entre lo que he dicho y lo que ha leído usted de la exposición de motivos, que solamente deja claro algo y es que la exposición de motivos la ha hecho alguien más benévolo que el señor De Pueyes. Por otra parte, me parece que de sus observaciones no hay ningún otro aspecto que merezca ser contradicho en ningún sentido.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del título VI al que se han presentado enmiendas por el Grupo Vasco. Para defenderlas, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto a los efectos de votación y paso a defender las tres enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Vasco a este título VI. Sigo siendo el único que a estas alturas del debate no ha introducido ni una sola enmienda, ni una sola palabra en los trámites que se han realizado en el proyecto de ley. Voy a batir todos los récord. Les aseguro, como dije en el trámite de ponencia, que voy ganar muchos puntos en mi partido, pero les manifiesto que no es razonable. Cuando para el señor Ollero una palabra tiene que ser defendida por su quinta acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando se argumenta por qué y dónde está el carácter plurisemántico y ambivalente del propio concepto, argumentar en esa posición no me parece razonable, sino que me parece más adoptar posturas excluyentes diciendo: a estos, ni agua. No diga que no, señor Guerra Zunzunegui.
Estamos en esa posición: ni agua. Pero bueno, no voy a desfallecer, aunque la melancolía me haya invadido en la mañana.
En relación a la homologación de planes de estudios y títulos, el Grupo Parlamentario Vasco solicita que en este artículo 35 se suprima toda la segunda parte del artículo precisamente para ajustar el precepto de homologación de planes de estudios y de títulos al régimen constitucional de reparto competencial, de acuerdo con el primer inciso del artículo 149.1.30a de la Constitución española, según el cual al Estado le corresponde la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos y a las comunidades autónomas la aplicación ejecutiva de las normas estatales. Nos parece que a esos efectos es mucho más fácil indicar que con sujeción a las directrices generales establecidas, las universidades elaborarán y aprobarán sus planes de estudio conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y punto; que se supriman todas las referencias a los trámites posteriores que deben de desarrollarse; que se suprima el apartado 2 de este artículo 35, que sigue indicando el trámite a seguir entre los distintos órganos y que, siguiendo el precepto constitucional, se indique que corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma la homologación de los planes de estudio aprobados por las universidades de su competencia, previa verificación de su

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ajuste a las directrices generales establecidas y que, una vez homologados los planes de estudio y obtenida por el centro la pertinente autorización del comienzo de las actividades, la comunidad autónoma, previo informe del consejo de coordinación universitaria, procederá a la homologación de los correspondientes títulos, lo que implicará la autorización para su expedición por la universidad. Nos parece que es mucho más riguroso, mucho más claro, mucho más limpio y mucho menos farragoso.
Desde la misma perspectiva, e intentando ajustar igualmente el precepto al régimen constitucional, en el artículo 36 se propone añadir un nuevo párrafo al final del mismo en relación a la convalidación o adaptación de estudios, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros, indicando que corresponderá a las comunidades autónomas la declaración de equivalencia y la homologación de títulos extranjeros a los que se refieren las letras b) y c) de este artículo. Igualmente se propone en el artículo 37, en relación a las estructuras de las enseñanzas, añadir un nuevo apartado al final de este artículo en el que se indique: Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las universidades podrán definir y aplicar, previo informe del consejo de coordinación universitaria y de la comunidad autónoma correspondiente, programas de movilidad e intercambio eficaz con los sistemas y centros europeos para abrir un espacio imprescindible de definición y de adaptación de las enseñanzas al entorno de los sistemas y centros europeos que surja de la iniciativa y necesidades de las propias universidades, enriqueciendo en esta importante línea la autonomía universitaria. Creo que este artículo, con la incorporación del nuevo título del planteamiento europeo que se introdujo en el régimen de ponencia, tiene aquí un papel aún más decisivo porque, al introducirlo en su momento, no quedó suficientemente reflejado en este apartado de la estructura de las enseñanzas. Creo que es aun más pertinente, antes se incluía porque no estaba el ámbito europeo universitario debidamente establecido, y ahora, al estar establecido, la estructura de las enseñanzas necesitan de esta definición en este artículo 37.


El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Aunque el señor González de Txabarri ha dado por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto, las cinco enmiendas que presentamos a este título VI, de las enseñanzas y títulos, lo que pretendían era, de conformidad con las anteriores, establecer la participación de las comunidades autónomas en los distintos artículos referidos a enseñanzas y títulos y en relación especialmente al propio sistema de cada una de las comunidades autónomas a la hora de organizar este tipo de cuestiones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Este título de las enseñanzas y títulos consta de una serie de artículos y voy a hacer referencia a las principales enmiendas del Grupo Socialista al texto del proyecto de ley del Gobierno. En primer lugar, el artículo 33, que ha cambiado su nombre (se denominaba: la docencia, función de la universidad, en función de una enmienda del Grupo Popular, y ahora se llama: de la función docente), entendemos que sobra, entre comillas. ¿Por qué? Porque hemos definido como una función fundamental de la universidad la docencia, la enseñanza, el estudio ya en el artículo 1, dentro de las funciones de la universidad; nos hemos referido a ellas cuando hemos hablado de la autonomía universitaria y nos encontramos con una redacción -se puede decir que lo que abunda no daña- que, a nuestro modesto entender, no es lo más apropiado para una ley. Que en un artículo de un proyecto de ley se diga textualmente: «Las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieren conocimientos científicos, técnicos o artísticos, y la transmisión de la cultura son misiones esenciales de la universidad para formar profesionales competentes que sean a su vez hombres y mujeres libres que den un sentido social a sus vidas.», a mi modo de ver, no tiene excesivo sentido. Creo que eso puede y debe estar incorporado en la parte de la exposición de motivos. Por tanto, creemos que este artículo, tal como está redactado, es innecesario. No porque no se esté de acuerdo en el fondo, pero si hablamos de que debe ser una ley de bases, quizá este artículo sea un poco exagerado en su redacción dentro de este título.
La denominación del artículo 34 es: establecimiento de títulos universitarios y de las directrices generales de sus planes de estudio. Nosotros hemos querido cambiarle el nombre, le hemos denominado: títulos, porque creemos que es más correcto en función de las atribuciones que se van dando posteriormente al Gobierno. Estamos encontrándonos, una vez más, con algunos aspectos que pueden rebajar la autonomía universitaria, pueden tener una lectura sesgada del papel del Gobierno en algunas cosas. El apartado 1 dice: «Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y homologación, serán establecidos por el Gobierno, bien por su propia iniciativa, previo informe del consejo de coordinación universitaria, o a propuesta de este consejo.» ¿Tiene sentido que el Gobierno proponga títulos? Tiene sentido que las comunidades autónomas sean las encargadas de la creación, modificación o supresión de las enseñanzas, pero no veo mucho sentido que un gobierno de la nación diga: voy a poner este título. Porque al final habría que ver a qué nos estamos refiriendo. ¿Es un documento jurídico por el que se otorga un derecho? ¿Qué se entiende cómo título? ¿El Gobierno por propia iniciativa? Yo creo que el texto rezuma, una vez más,

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una redacción que no se ajusta a la realidad. No hace falta distender, pero si me permiten una referencia a una enmienda de alguien que no está aquí, la enmienda más coherente que he leído ha sido la del señor Puigcercós, pues en el apartado 2 de este artículo se dice que los títulos serán expedidos en nombre del Rey, y la enmienda que presenta es de supresión porque al ser de un partido republicano no puede aceptar esto. Quede bien claro, nosotros no vamos a votar eso, pero eso sí que es la coherencia elevada a la n.
Paso al artículo más importante de este título que es el tema de homologación. No nos gustaba en absoluto la redacción inicial, no nos acaba de gustar la redacción modificada con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque sobre todo al principio se creaba una especie de doble homologación, una homologación inicial y una homologación final, lo que podía generar inseguridad a los propios estudiantes. Como pone en la motivación de alguna enmienda, me parece que del señor Núñez Castain, se crea una especie de conejillo de indias: vamos a ver cómo funciona esto. Al final era un auténtico batiburrillo. De alguna manera ahora se aclara un poco, pero no estamos de acuerdo tal como está redactada la enmienda transaccional. Sí estamos de acuerdo en que las comunidades autónomas son las que deben velar por la calidad de la enseñanza cuando se crea la agencia española nacional de evaluación de la calidad y de la acreditación, tenemos una serie de instrumentos para intentar asegurar esa calidad, pero no es menos cierto que hay confusión entre lo que es autorizar la puesta en funcionamiento de las enseñanzas y la homologación. Son términos distintos. No es lo mismo saber si se cumplen los requisitos de número de profesores, número de titulaciones, número de metros cuadrados, etcétera, que poner en marcha unas enseñanzas, máxime cuando estamos hablando de unas enseñanzas regladas. En este sentido no queda clara la redacción. Además, se genera una situación que se complica. Si no entiendo mal, se aprueban las directrices de los planes de estudio por las universidades. A partir de ahora, a las universidades se las pone un nuevo filtro porque las llevan a las comunidades autónomas para que hagan una valoración económica de si esas directrices de planes de estudio van a costar más o menos y de alguna manera ahí se toca también la autonomía universitaria. Entiendo que cuando sean nuevas enseñanzas, sí, pero en tanto en cuanto la propia comunidad autónoma es la que, a través de sus presupuestos, financia la universidad, no creo que sea razonable que pueda existir un informe que esté en contra de la creación de determinadas enseñanzas o de unos planes de estudios, porque no sólo la comunidad autónoma es la que genera los ingresos a las universidades. Una universidad podría decir: quiero cambiar este plan de estudios, va a costar más dinero pero me lo pago de mis propios recursos. ¿Por qué es necesario que pase a través de esa comunidad autónoma? Cuando sí tiene que pasar es en la creación de las enseñanzas. En eso estamos de acuerdo, no confundamos el debate.
Supongamos que la comunidad autónoma da el visto bueno, el informe favorable se vuelve a enviar a la universidad, que en ese momento lo envía al Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades, si no han pasado seis meses, lo homologa como tal, y si no, cuando han pasado seis meses, se produce la homologación automática. A partir de ahí se genera una situación que aumenta la dificultad para un proceso como el de homologación. Nosotros creemos que a lo mejor podría ayudar para aclarar algo más la aprobación de un nuevo artículo, que denominamos 36 bis, que habla de la creación y de la supervisión de la impartición de las enseñanzas. Aquí se puede clarificar el papel que tiene que tener todo el mundo, desde las propias comunidades autónomas hasta las universidades, el Consejo de Universidades, incluso la agencia española de evaluación y acreditación. Porque yo no sé si de la lectura del texto cabe inferir que la agencia española de evaluación y acreditación debe censar, evaluar, etcétera, los planes de estudio que se están ahora mismo impartiendo. Si tenemos cincuenta y tantas universidades públicas con 50 titulaciones de media, salen 2.500 evaluaciones. ¿Sólo lo vamos a hacer a partir de las nuevas enseñanzas? Esa agencia de evaluación, a mi modo de ver, debe ser un lugar de reflexión, porque creo que es bueno que haya un seguimiento para asegurar la calidad de esas enseñanzas, de esos planes de estudios, pero debe ser a petición de las propias universidades en muchos casos o a petición de una comunidad autónoma, de quien corresponda. Pero pasar mecánicamente a través del nuevo filtro que ponemos, que es la agencia de evaluación y acreditación, puede desde colapsar el funcionamiento de la agencia hasta retrasar de una manera enorme el aspecto de la homologación. Por eso redactábamos un artículo 36 bis para la creación y supervisión de la impartición de las enseñanzas, tasando que corresponde a las comunidades autónomas, a propuesta del consejo social, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en esta ley y en sus estatutos, la creación, modificación y supresión de las enseñanzas que impartan las universidades para la obtención de títulos. Esto debe quedar meridianamente claro y ahí estamos todos de acuerdo. Asimismo, las comunidades autónomas velarán para que las universidades impartan las enseñanzas correspondientes a los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, etcétera.
Por último, parece que imperativamente se crea un registro nacional de títulos, etcétera. Nosotros proponemos una redacción, no sólo más suave sino más acertada que dice: Las comunidades autónomas elaborarán y publicarán periódicamente el catálogo de centros y enseñanzas conducentes a titulaciones que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que se impartan en las universidades radicadas en su

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ámbito territorial. Dicho catálogo se pondrá a disposición del Consejo de Universidades a efectos de la elaboración de un registro de carácter nacional de universidades, centros y enseñanzas. Porque lo que se está buscando aquí es que haya una información adecuada a los alumnos, que son un sujeto activo de las enseñanzas que se imparten en las universidades.
Por lo tanto, además de en otros artículos como el de convalidación, volvemos a encontrar esta retahíla de redacción de: el Gobierno, previo informe regulará... Nosotros en un apartado concreto de convalidación estamos de acuerdo con dos de los tres apartados, pero en uno de ellos decimos: El Consejo de Universidades acordará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros a efectos de la continuación de dichos estudios. Es el Consejo de Universidades. Coincide con una enmienda de Convergència i Unió, que no sé si ha sido aceptada o no, pero es algo de lo que va adoleciendo el proyecto de ley del Gobierno.
El artículo 38 tiene que ver con el tema del doctorado. Volvemos a caer en lo que nosotros llamamos rebajar, disminuir, tocar la autonomía universitaria. Una vez más se dice que la obtención del título de doctor la aprueba el Gobierno previo informe del consejo de coordinación universitaria. Estamos otra vez en desacuerdo. Creemos que es mucho más lógico el término «a propuesta del Consejo de Universidades». Repito, esta es una pequeña retahíla a lo largo de todo el proyecto de ley con el que no estamos de acuerdo.
Termino ya. La homologación es el punto que más nos separa de los aspectos que se han planteado aquí; el respeto a la autonomía universitaria hasta en pequeños detalles; no hacer más farragoso el camino de debate y homologación de títulos, etcétera. Las enmiendas que hemos presentado intentan mejorar este título, cuyo debate es más complejo o técnico, pero que contiene algunos aspectos que muestran -repito- la existencia en esta Cámara al menos de dos modelos en lo que se refiere a esto.


El señor PRESIDENTE: Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Quiero hacer una mención breve a una de las enmiendas, que nos parece importante resaltar, aunque está incorporada al texto de la ponencia. Va en la línea de algunas otras que hemos comentado, y se dirige al artículo 33, sobre la función docente. Pretende la incorporación de un punto 4 -y así lo hace el texto de la ponencia- sobre la actividad y la dedicación docente, así como sobre la formación y preparación pedagógica del personal docente de las universidades. Entendemos que será criterio relevante la atención a su oportuna evaluación para determinar su eficiencia en el desarrollo de sus actividades profesionales.
Es importante rescatar en la ley algo que parece olvidarse a veces: la importancia de la actividad docente del profesorado universitario, ya que es esta una de las principales funciones sociales de la universidad. La dedicación a la docencia, la preparación y la formación pedagógica del profesorado para mejorar su calidad, forman parte de los aspectos que deben incentivarse y equilibrarse, a la hora de tener en cuenta los méritos, con los de otros áreas, como la labor investigadora, por ejemplo. Se ha recogido en el texto, y quería hacer este comentario.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: A mi grupo no le queda ninguna enmienda viva en este título, pero quiero agradecer expresamente -en este caso, al Grupo Parlamentario Popular- el consenso por el cual hemos llegado a una redacción nueva para el artículo 35. Sin coincidir exactamente con la propuesta originaria de este grupo parlamentario para dicho artículo 35, hemos llegado a un texto bastante satisfactorio, que es el que se ha incorporado en la ponencia. El texto originario era tremendamente confuso y no dejaba claro en absoluto el juego de competencias entre unos y otros en cuanto a la homologación de los títulos y el reconocimiento. Sin embargo, en el texto al que se ha llegado por fin queda bastante salvado, y así es como aparece en la ponencia.
No voy a desarrollar más las ideas que han expresado otros grupos.
Acepto, sin embargo, que la forma de resolver las cuestiones en este título no es exactamente la que hubiéramos planteado nosotros -e inevitablemente me repito a mí mismo-. En este título estamos ante uno de esos ejemplos que, más allá de la literalidad de las enmiendas presentadas o de las que hayamos podido retirar, en realidad no nos da plena satisfacción. Eso no significa que vayamos a hacer -e insisto en que estoy repitiendo casi palabra por palabra cosas que he dicho a propósito de otras partes de la ley- una oposición frontal a ello, pero quiero dejar claro -y que conste en el «Diario de Sesiones»- que todo este esquema podía haber sido revisado de una forma muchísimo más ágil. El peso del Estado en la homologación podría estar mucho más descentralizado de lo que está. Frente al texto originario, es mejor el artículo 35 que aparece en el informe de la ponencia que el que aparece en el proyecto de ley, pero la realidad es que cabría una mayor descentralización todavía, un mayor reconocimiento de la autonomía universitaria en este punto y una mayor flexibilidad en el esquema de la estructura de las enseñanzas tal como aparece en los artículos 37 y 38.
Este título sigue excesivamente pegado a la realidad de la universidad de hoy -contra lo que pueda decir a veces el portavoz temporal del Grupo Popular, señor

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Ollero- y, en este punto concreto, no nos importaría nada que hubiera habido un poco más de audacia por parte de los autores del proyecto de ley introduciendo algo mucho más ágil, sobre todo en el juego de los ciclos, para hacerlo más compatible con el espacio universitario europeo. Es cierto que queda abierta la posibilidad, por la vía de la excepción, en el artículo 37.2, de que, con el fin de cumplir las líneas generales que emanen del espacio europeo, se puedan modificar las modalidades cíclicas de enseñanza. Si el Grupo Popular llega por fin a un acuerdo con el Grupo Socialista, este artículo quedará incorporado en ese nuevo título sobre el espacio europeo de la enseñanza superior. Sin embargo, desde mi grupo hubiéramos ido mucho más allá; hubiéramos sido mucho más flexibles y hubiéramos agilizado mucho más el esquema de los ciclos - primero y segundo ciclo- equiparándolos mucho más a la realidad europea desde ahora y no sólo dando la posibilidad de hacer por la vía de la excepción lo que aparece aquí.
No tenemos más enmiendas y creemos que el texto de la ponencia mejora lo que era el originario, pero no es este uno de los títulos mejor redactados ni más correctos de esta ley. Es un título tremendamente importante, que podría estar más ligero de equipaje de lo que está; podría haber delegado o descentralizado mucho más en las comunidades autónomas y en las universidades parte de lo que establece, y denota recelo y un cierto punto de desconfianza en el sistema por parte de la Administración general del Estado. En todo caso, una vez más, nos abstendremos en la votación de su contenido concreto porque no deja de ser mejor el texto que se somete a votación que el del proyecto de ley inicial.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Antes de entrar en las diferentes enmiendas, me gustaría dejar algo bien sentado. El Grupo Vasco ha dicho -y comprendo que, a estas horas de la tarde, no lo hacía con una intención dañina, ¡cómo iba yo a pensar eso!- que ni agua. No, señor González de Txabarri; lo que pasa es que las enmiendas que ha presentado su grupo -y me gustaría que comiéramos un día en Zarauz tranquilamente, S.S. y yo y que las viéramos- están en total y absoluta discordancia con el proyecto de ley, sobre todo en algunos temas en los que hemos procurado coordinar al máximo las funciones y las competencias de las comunidades autónomas y las del Gobierno central, durante el trámite de ponencia. Por eso ha sido imposible; por lo demás, nos hubiese encantado. Hemos aceptado enmiendas de prácticamente todos los grupos. Lo siento mucho, pero había en el fondo de todas las enmiendas con número 40, una defensa de las competencias de las comunidades autónomas, consecuencia lógica con la que estamos de acuerdo aunque creemos que debe haber una coordinación entre las competencias del Estado central -porque Estado somos todos, incluidas las comunidades autónomas- y las de las comunidades autónomas. Me he extendido un poco en este asunto, señor presidente, porque no me gustaría quedarme con mal sabor de boca por las manifestaciones del señor González de Txabarri.
Por otra parte -y entro ahora a contestar varias enmiendas-, ya ha hablado el portavoz socialista de lo fundamental de este artículo 35, para el que se ha elaborado -como ha indicado, y se lo agradezco muchísimo, el representante de Convergència i Unió- una redacción en la que queda plasmada la necesidad, además de la de las comunidades autónomas, del consejo de coordinación universitaria y, en definitiva, finalmente del Estado. Quiero decir que la Constitución así lo prevé y nosotros ahí no entendemos algunas posiciones de algunos grupos parlamentarios, porque es indudable que es el Estado, en definitiva, quien otorgará los títulos correspondientes, y tanto la homologación de los planes de estudio como de los títulos que otorguen las comunidades autónomas, por cuanto se trata de funciones que, por razones de coordinación, deben de corresponder al consejo de coordinación universitaria, además de tratarse de una competencia del Estado que éste quiere mantener. Por citar un Estado, citaré a Alemania Federal, que es un Estado que se nos parece, aunque éste no es un Estado regional. Los títulos que se otorgan para todo el Estado español en su día se homologarán con los títulos europeos y es indudable que el Estado central tiene que tener una competencia al respecto. Eso ha presidido todo este título, pero junto a él hemos redactado un artículo 35, asumiendo enmiendas, que difiere de la primera elaboración, porque si bien entiendo que aquella decía lo mismo, ésta aclara enormemente las competencias de las comunidades autónomas; además añadimos incluso seis meses, y lo digo porque alguien ha dicho que vamos a convertir a la agencia en un ente burocrático. No, decimos exactamente que a los seis meses quedará homologado.
Entiendo que a este artículo 35 se le han dado muchísimas vueltas gracias a las enmiendas y hemos llegado a algo que entendemos que debería de ser admitido por todos los grupos parlamentarios y especialmente por los grupos parlamentarios de comunidades autónomas, como es el caso vasco, catalán, valenciano, etcétera. Por eso no voy a insistir, no diré que hemos hecho un esfuerzo porque esa palabra no es cierta, sino que hemos intentado por todos los medios llegar a una coordinación. En definitiva, el Estado tiene competencia en títulos y homologaciones y, sin embargo, hemos querido que se incluyeran las competencias de las comunidades autónomas. Me he extendido en este artículo porque realmente, señor presidente, señorías, por las enmiendas de los diversos grupos, incluso por las enmiendas del Grupo Socialista, es el importante de esta ley y así se ha dicho.


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Respecto a los estudios de doctorado, no diré que enmiendas que he visto no tienen ninguna consistencia, sino que realmente está redactado perfectamente.
Después se habla de los tres ciclos. Yo ya sé que los tres ciclos -y lo quiero adelantar- tienen un problema respecto a lo que ocurre en muchas las universidades europeas y a lo que se planteará el día de mañana a efectos de funcionarios de la Unión Europea que tienen su relación con los de carácter A, B, etcétera. Sin embargo, hoy en día, tal como figuran en la LRU y tal como están en estos momentos en nuestras universidades, que son las diplomaturas, las licenciaturas y el doctorado, hoy por hoy no se puede dar un paso que podría quedar en el vacío. Es decir, aquí se ha reconocido lo que existe en estos momentos en las universidades, y ya veremos lo que ocurre cuando haya las homologaciones con los estudios europeos y ya veremos también cuando exista la ley de Función pública, donde tiene su incidencia, aunque es colateral porque en Bruselas los funcionarios no tienen nada más que dos, la A y la B. Lo que hemos recogido es lo que existe en estos momentos y creíamos que no era el momento de modificarlo.


Termino, señor presidente, diciendo que lo principal de este título es el artículo 35 y que por parte del Grupo Popular hemos intentado que las competencias tanto estatales como de las comunidades autónomas queden absolutamente coordinadas a efectos de títulos y de homologación de los planes de estudio.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Agradezco la buena disposición del señor Guerra Zunzunegui, Guerra El Bueno, decíamos en alguna temporada, porque ciertamente adopta esta posición de los nuevos relaciones públicas en las empresas que parece que te están haciendo favores todo el día, pero al terminar el proceso dices: Y este señor o esta señora, ¿qué me ha regalado a mí? Absolutamente nada, es majísimo, está predispuesto, está abierto al diálogo, ha hecho un esfuerzo supino, pero tú dices: Oiga, ¿y de lo mío qué? Y de lo tuyo absolutamente nada. Agradezco que remarque su epíteto de Guerra El Bueno y que así siga por muchos años, pero la verdad es que a mí me está haciendo un hombre, porque al final en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Partido Nacionalista Vasco, por los resultados de todos estos debates indudablemente voy a adquirir más peso, cosa que agradezco al señor Guerra Zunzunegui.
Lo que no le admito es que siga con los tópicos de siempre, porque aquí hay sesenta y tantas enmiendas presentadas a este proyecto de ley. Se dice: Es que usted sólo plantea enmiendas de aumento de competencias a las comunidades autónomas, hombre, no, no llevamos aquí todo el día para eso, señor Guerra Zunzunegui.
Sólo afinando un poco el oído habrá oído usted enmiendas referentes a la autonomía universitaria, al modelo de universidad, hemos estado hablando del modelo anglosajón, de diseño de ley, etcétera. Aquí no hay enmiendas de fuero, hay enmiendas de huevo y hay enmiendas sustantivas que ustedes no quieren considerar, hasta el extremo, como ha ocurrido en el debate anterior, al no querer sustituir la palabra objetivo por objeto porque es la quinta acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Vasca, hasta ese extremo de argumentación.
Usted pone como ejemplo la ley de la Alemania Federal. Yo se la cambio tal cual. Derogamos, echamos para atrás y adoptamos aquella.
¿Quién habilita en Alemania Federal a los profesores universitarios? La propia universidad. Las propias universidades son las que están capacitadas y nadie más, porque a nadie se le ocurre. Como a nadie se le ocurre decir que la SEPI va a habilitar a los ingenieros de Iberdrola. ¿En qué país vivimos? ¿En qué Estado vivimos? Esto sólo se le ocurre a gente que tiene mentalidades muy intervencionistas y aquí cuanto más ultraliberal es el Gobierno, proyectos de ley más intervencionistas trae a la Cámara. Es así. Cuánto más rojo ha sido el ministro en su vida, más intervencionista y venga, sólo les faltan los planes quinquenales. Ya le digo: que a usted le gusta la legislación de la Alemania Federal, ley por ley, señor Guerra Zunzunegui, la cambiamos sin ningún género de dudas. Lo que allí está lo traemos aquí y sustituimos el proyecto de ley sin más.
Todos estos argumentos quieren de alguna manera tapar una actitud excluyente por parte del Gobierno y del Grupo Popular, que debería de reflexionar, señor presidente. Si todas las autoridades políticas y académicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en este momento (- le estoy hablando del rector de la Universidad de Deusto, de los titulares de la Universidad de Deusto, de los rectores de la Universidad de Arrasate, de la mejor politécnica que hay en este Estado, señor Guerra Zunzunegui, de la propia Universidad del País Vasco, con un rector adscrito ideológicamente a ¡Basta Ya! Para que no haya ninguna duda)- están radicalmente en contra, alguien tendrá que pensar por qué están radicalmente en contra. No es un tema baladí. ¿A usted le hace pensar que, al margen de las políticas, todas las autoridades académicas en su conjunto estén radicalmente en contra de esto? Eso le tendrá que hacer pensar, algo pasará, no será una actitud anti Partido Popular, será una actitud basada en el análisis del propio proyecto de ley y lo que ese proyecto de ley trae de futuro a la propia universidad.
Le aseguro que si seguimos así y no se nos concede ni agua, no nos va a quedar mal gusto, señor Guerra Zunzunegui, nos va a quedar reseco.
De todas maneras, le aseguro que una buena comida en Zarauz arregla muchas cosas, pero no arregla el tema universitario. (Elseñor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Entiendo que ha habido unas ciertas alusiones.


El señor PRESIDENTE: Un minuto.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: El señor González de Txabarri no se ha circunscrito a este título. Yo me refería a que tenía una concepción alemana en este título, que es la expedición y la homologación de títulos. No cojamos la parte por el todo. Ya sé que el señor González de Txabarri tiene una concepción de la universidad sajona, donde sabe perfectamente que la universidad elige a un profesor, y a los dos, tres o cuatro años, esa universidad decide, incluso con las propuestas de los estudiantes, si cesa o no cesa. Pero si vamos a ese tipo de universidad, nos llevaría a que todos los funcionarios españoles, titulares, catedráticos, etcétera, cesaran automáticamente.
Propone un modelo por el cual no estamos ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista -por sus enmiendas-, ni los demás grupos parlamentarios. En la enmienda a la totalidad, en relación con los funcionarios, le hablé del modelo sajón o del modelo latino, que conoce perfectamente, aunque no lo ha dicho, y le dije que vamos a un sistema mixto en el cual se da a las universidades -es de otro artículo- el 51 y el 49 por ciento de funcionarios. Esta ley es mucho más abierta que la LRU en cuanto a la posibilidad que tienen las universidades de elegir profesorado. Damos un paso importante. Si pudiésemos hacer tabla rasa de todo e hiciésemos una nueva universidad, tendríamos que pensar si vamos a un modelo sajón o vamos a un modelo latino, pero eso es absolutamente imposible; y ha mezclado ahí universidades privadas, como la de Deusto, con públicas, etcétera. En esta ley se perfecciona el tema de los funcionarios, la carrera docente, y luego se deja una autonomía a las universidades para la elección de gran parte de su profesorado. Eso es lo que quería decir.
Ni agua, no. Le he dado las razones. Además, he usado un tono correcto. Disiento de algunas de las cosas que ha dicho el señor González de Txabarri, pero lo tomaré en el sentido de broma por amistad, y por ahí lo admitiré.


El señor PRESIDENTE: Pasamos pues al título VII. A este título hay enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Daré por defendidas, las de los demás, porque aquí no tengo ninguna enmienda.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda número 66.
El señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: La enmienda número 66 al artículo 41 pretende incluir en la lista de objetivos que se citan en este artículo del fomento de la investigación en la universidad uno nuevo, no recogido en el proyecto de ley, en el sentido de que entre estos objetivos y finalidades debe recogerse la definición y aplicación por las universidades de programas de movilidad e intercambio eficaz con los sistemas y centros europeos de investigación. Esta enmienda estaba redactada en la consideración de que el proyecto de ley no recogía las previsiones debidas para el espacio europeo de enseñanza superior. Insisto en que aunque la enmienda transaccional a la 504, del Grupo Socialista, que se trabajó en la ponencia, no está incluida todavía en el informe de la ponencia, dado que se manifestó por parte del Grupo Popular y del resto de los grupos la intención de incluirlo todo aquí, en un nuevo título XIII, como estas enmiendas son aún más razonables, vendría de suyo que si se recoge esto en el título XIII, deberían estar estructuradas en cada uno de los apartados correspondientes del proyecto de ley. Señor Guerra Zunzunegui, esto no tiene nada que ver con las enmiendas competenciales. Estamos hablando del espacio universitario europeo, de la dimensión europea de la universidad y de la investigación. Por eso dentro de lo que es la estructura de lo que es proyecto de ley, aquí debe de indicarse que en estos objetivos y finalidades del fomento de la investigación en la universidad, ésta debe tener esta consideración europea, y quisiera oír media razón para echarlo abajo.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado también enmiendas a este título.
Tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Este título de la investigación en la universidad nos deja muy mal sabor de boca. ¿En qué sentido? En este caso -lo he dicho antes referido a otro título y no quisiera repetirme demasiado- creo de verdad que no se aprovecha una magnífica oportunidad al tratar una ley de universidades para algo que es realmente clave para la universidad, que es la investigación. En general, en el texto del proyecto de ley se hacen menciones, en algún caso retóricas, al tema de investigación. Esta mañana hablábamos de cómo ponían como funciones de la universidad, en primer lugar, la investigación, y en segundo lugar, la docencia. Yo no lo entiendo así. No es cuestión de buscar un orden. A lo que voy es a que cuando llegamos al punto de definir qué queremos o qué tenemos que hacer en la universidad para que los temas ligados a la investigación, al desarrollo, a la innovación, puedan tener una importancia para nuestro país, uno se queda bastante insatisfecho con la redacción del texto que se propone. Nuestro país, en el sistema de ciencia y tecnología -por cierto, ni una sola vez en el texto del

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Gobierno sale la palabra ciencia y tecnología, no sale como tal; ni una sola vez se cita la innovación tecnológica, y me referiré a eso también- está desgraciadamente a la cola de la Unión Europea. En gastos en investigación y desarrollo estamos en el 0,9 por ciento, regalando una centésima, frente al 1,8 por ciento como media de la Unión Europea; en recursos humanos estamos en una situación incluso más baja si cabe en cuanto al número de investigadores por mil habitantes ocupados, por tanto estamos a la cola de Europa. Nos hace falta un impulso importante en cuanto a la investigación básica.
Tenemos un defecto que se comparte con otros países europeos, la llamada paradoja europea. No hay una suficiente transferencia de tecnología, es decir, la relación del sector público con el sector productivo de las universidades y los organismos de investigación no está teniendo los efectos deseados. La innovación tecnológica es otra de esas asignaturas pendientes. En el último estudio que ha hecho la Comisión Europea, de diecisiete indicadores sobre innovación, España quedaba por debajo de la media en quince de ellos, con unas grandes debilidades estructurales de nuestro sistema. Tenemos un debate social importante, que a veces también se ha hecho en esta Cámara, que tiene que ver con las implicaciones éticas de los avances científicos. En todos estos aspectos y en otros muchos que se podrían mencionar, la universidad tiene mucho que decir. La universidad española pública produce, en términos científicos, aproximadamente el 66 por ciento, casi las dos terceras partes, de las publicaciones de nuestro país, es el principal agente tecnológico y tiene por tanto una potencialidad enorme. Eso quiere decir que, puesto que las universidades deben ser las que tiren del sistema de ciencia y tecnología dentro del sector público, será necesario que diseñemos algunos mecanismos, que diseñemos algunas figuras, que apostemos realmente, y no sólo de manera retórica, para que esa investigación en la universidad sea una realidad a la hora de que intentemos acortar esa distancia todavía grande que nos separa no sólo de los países europeos sino de muchos países de la OCDE.
Este título tiene diversos artículos. El primero de ellos es el artículo 39, que tiene como título: la investigación, función de la universidad. En su redacción está incompleto. Se refiere a investigación básica y aplicada, que son aspectos no diré que pasados, pero sí que tienen una nomenclatura que no se ajusta a lo que hay actualmente. Simplemente recordaré a sus redactores o al propio Grupo Popular que estamos desarrollando un plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica y que ni una sola vez aparece la palabra innovación, lo cual me parece absolutamente tremendo en un proyecto de ley. Además, aquí habla de investigación básica y aplicada que son términos que evidentemente todavía están en vigor, pero hay que hablarlo de otra manera.
Investigación básica orientada o no, investigación aplicada, innovación tecnológica.
La redacción, repito, no refleja la actualidad ni los términos que hay que utilizar. Esto ocurre porque, como he dicho antes, a lo largo del texto, no se habla ni siquiera en la exposición de motivos, de estos aspectos a los que me refería como es el tema de la innovación.
Se ha aceptado una enmienda al artículo 40 por parte del Grupo Popular, que también agradecemos. Hablaba de la libre investigación.
Sobraba la parte libre. Si hay libertad de investigación como uno de los aspectos que define la universidad, obviamente era absolutamente redundante. La universidad, además, está ausente del debate social, por eso en este artículo 39 nosotros incluimos un apartado en el que decimos que las universidades contribuirán a la evaluación de los resultados de la investigación, sus implicaciones éticas y sus repercusiones sociales.
Por último, hacemos una mención a la importancia que tiene la universidad como formadora de investigadores, fundamentalmente a través de los cursos de doctorado. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que es necesario que en nuestra universidad exista una coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La creación de este ministerio fue recibida con buenas expectativas por parte del conjunto de la sociedad y particularmente del Grupo Socialista, pero con el paso del tiempo, hemos visto defraudadas estas expectativas.
Hay una descoordinación latente y parece, no sólo por la redacción, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología queda absolutamente alejado de esto.
No tiene sentido que cuando haya un debate como el que estamos teniendo sobre esas implicaciones de los avances científicos, esas implicaciones éticas en la sociedad, la universidad en eso, como en lo que tenga que ver con el Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, como lo que tenga que ver con programas que desarrolla nuestra política de investigación, no tenga un mecanismo adecuado para coordinarse, puesto que ese plan nacional depende del Ministerio de Ciencia y no existe más que un organismo donde no están las universidades como tal representadas, que es la propia comisión interministerial de ciencia y tecnología. Es decir, que para oír la voz de las universidades, el representante del ministerio tendría que haber escuchado a las propias universidades, y yo sigo sin saber qué mecanismo existe para que, de una manera global, se pueda evaluar ese Plan Nacional y decir qué necesitamos las universidades. Lo que está ocurriendo es que hay reuniones del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo que uno se entera, pidiendo poco menos que ayuda a algunos vicerrectores de investigación por la tremenda descoordinación que existe ahora mismo. Este artículo junto con otro al que me referiré posteriormente intenta salvar o llenar de alguna manera esa laguna.
Siendo graves las carencias del artículo 39, en el artículo 40 nos encontramos con una gran duda (aunque no tenemos dudas hasta este momento, a no ser que

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se nos dé alguna versión, para no votar en contra) que tiene que ver fundamentalmente con un nuevo término que se acuña que son los grupos de investigación. Nosotros planteamos una enmienda de sustitución a este artículo 40, que obviamente quiere completar con algunos aspectos ligados a la propia Agencia española de evaluación y acreditación. Nos detenemos en algo que también otros grupos están enmendando y son los grupos de investigación. ¿Cómo está organizada la investigación en la universidad? La investigación en la universidad, al modo de ver del Grupo Socialista, debe articularse a través de los departamentos y los institutos universitarios, quienes son por ejemplo los encargados como el profesorado de contratar con entidades públicas o privadas y con personas físicas. Esto es lo que era el artículo 11 de la LRU y lo que sigue siendo el artículo 18 de la Ley de la Ciencia. Lo que no entendemos es que se cree una nueva figura que se llama grupos de investigación. Me gustaría que alguien me explicara qué significan estos grupos de investigación, porque el Grupo Socialista sí está a favor de la mayor flexibilidad posible para que las universidades, a través de sus estatutos, se organicen en temas, concretamente de investigación como mejor les parezca y que esos grupos de investigación, que en algo han mejorado con la enmienda que se planteó en ponencia por parte del Grupo Catalán de (Convergència i Unió) y creo que se está incorporado en la ponencia, sean reconocidos por las universidades. A mí eso no me basta porque, primer punto, ¿tienen personalidad jurídica? ¿Cuándo se habla de esos grupos de investigación a lo largo del proyecto de ley? ¿Cómo van a contratar esos grupos de investigación si no tienen siquiera personalidad jurídica? Habrá que preguntar qué definición tienen estos grupos de investigación. ¿Es un conjunto de profesores universitarios que desarrollan una actividad científica conjunta? Es que eso ya existe. Por supuesto que la investigación tiene que ser multidisciplinar, pero en la manera que se plantea aquí se crea una nueva estructura que burocratiza y que no permite avanzar de manera clara. Yo creo que es una enmienda que tiene nombre y apellidos, aunque no voy a dar ningún nombre-. En ese sentido, digo que detrás hay unos planteamientos con los que el Grupo Socialista no coincide en absoluto, porque puede ser que aquellos que estén incómodos en los departamentos creen sus propios grupos de investigación. ¿Cuántos van a ser esos grupos? ¿Cómo se puede organizar de esta manera? Me consta que en universidades, por ejemplo, como son las catalanas, existen grupos de investigación, pero no con el concepto que vienen en este proyecto de ley, donde se crea - repito- una nueva estructura que va a complicar las cosas, si se aplica como está en este proyecto de ley, que va a ser -créanme-, un auténtico desastre. Deben ser las propias universidades, cuando redacten sus estatutos las que creen las figuras que tengan a bien crear. Estamos de acuerdo con que se flexibilice al máximo en un tema como la investigación que debe ser pluridisciplinar, pero no con que se dé por ejemplo la capacidad de contratación a esos grupos de investigación cuando no hemos definido en todo el proyecto de ley qué son esos grupos de investigación. Esta es una diferencia rotunda que evidentemente me gustaría que se me pudiera explicar porque no alcanzo a entender por qué se crea esta nueva estructura. Ya la portavoz del Grupo Socialista, Carmen Chacón, cuando hablaba de los departamentos decía que se les estaba minusvalorando. Aquí ocurre también; se les quitan competencias por arriba y por abajo. Ahí esta esa posición, pero yo no la entiendo.
Añadimos cosas que echamos de menos en el proyecto de ley, algo que está reclamando también la comunidad universitaria. Por ejemplo, el que pueda haber una disminución de la carga lectiva para aquellos profesores universitarios que estén trabajando en proyectos de investigación que tengan un especial interés. Evidentemente, al disminuir esa carga lectiva, esa carga docente pueden dedicarse más tiempo a la investigación. Si esa investigación tiene que ver con financiación que viene del sector público que en el caso que sea necesario se pueda sustituir a esos profesores por otros que sean contratados por la propia universidad. No existe, por tanto, imaginación cuando se olvidan de esta medida que también proponemos.
Añadimos también un aspecto, según nuestro modo de ver, que es fundamental como es el relativo a la movilidad del personal docente investigador.
Por último, en el artículo 41 el Grupo Socialista plantea algo que de alguna manera pudiera paliar la situación actual en la universidad.
Curiosamente, en este proyecto de ley se habla no tanto de empresas de base tecnológica, de parques científicos y tecnológicos y aunque se nombra esa nueva manera de investigar, de esa innovación y de esa manera de traspasar el conocimiento de las universidades al sector productivo, a ese poder permitir que los investigadores o los profesores universitarios creen esas empresas de base tecnológica con una serie de requisitos que permitan las propias universidades (cuando casi todas las universidades están creando fórmulas, como son parques científicos y tecnológicos que evidentemente permiten que la universidad se abra a la sociedad) llama la atención poderosísimamente que en el texto del proyecto de ley no venga prácticamente nada. Por eso presentamos una enmienda donde hablamos de la contratación del personal científico y técnico para obra o servicio determinado, y hacemos una mención a algo fundamental que el proyecto de ley también ignora u olvida, y es que uno de los principales problemas en recursos humanos que tenemos ahora mismo en las universidades y en la investigación es el personal técnico, el personal de apoyo. Ese personal técnico es fundamental para los proyectos de investigación y en nuestro país estamos una vez más en una situación nada ventajosa en Europa.


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Termino ya, señor presidente, diciendo que para evitar la descoordinación existente en el sistema de ciencia y tecnología, en lo que a universidades se refiere, proponemos la creación de un consejo universitario de investigación que deberá presidir el ministro que tenga competencias en materia de ciencia y tecnología y que permita sentar a las universidades en torno a ese consejo, que desaparezca esa falta de coordinación que existe para que la voz de las universidades se pueda oír y que en ese consejo, en esa mesa puedan estar presentes las dos patas de la administración, Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia y Tecnología y también las universidades, con unas funciones muy claras. Estas funciones son proponer objetivos para su incorporación al plan nacional. Las universidades no pueden proponer objetivos para incorporarse al plan nacional. ¿Cómo se puede explicar esto? Asesorar a la comisión interministerial de ciencia y tecnología, la comisión que sienta a todos los ministerios del Gobierno, conocer el desarrollo del plan, proponer objetivos para el desarrollo de la sociedad de la información. El Gobierno se llena la boca de hablar del plan Info XXI, de la modernización de la administración educativa y no hay prácticamente ni una sola referencia en este texto a todas esas cosas. Y, por último, para que pueda llevar a cabo la formación de profesionales.
Con gran decepción ante la redacción del proyecto de ley, aquí prácticamente presentamos una enmienda a la totalidad. No ha habido imaginación, no entiendo la creación de unas figuras, a no ser que se me explique ahora mismo, como el grupo de investigación; seguimos en esa descoordinación y se desaprovecha una oportunidad de oro para que nuestras universidades, repito, principal agente investigador y tecnológico de nuestro país, pudieran llevar a cabo una política como la que nuestro país merece y necesita.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Sin duda es importante que en una ley universitaria tenga presencia la actividad de la investigación, cosa que no ocurría adecuadamente en la ley actual; pero yo creo que tampoco cabe caer en el simplismo de entender que una ley universitaria es tanto mejor respecto a la investigación cuantos más artículos o párrafos le dedique. Lo importante es que las soluciones que se planteen sean las adecuadas y estén bien enfocadas. En ese sentido hemos estudiado con detenimiento las diversas enmiendas que se han planteado y hay una disposición de todos los portavoces, como unas enmiendas de transacción con el Grupo Socialista, que por cierto la cuarta de ellas ya está en ponencia; la que era una transacción con la enmienda 437 ya está incluida en ponencia, por tanto ni siquiera hay que plantearla ahora. En ese sentido planteamos una transaccional, por ejemplo con la enmienda 431 del Grupo Socialista, que supondría la inclusión de un número 4 en el artículo 39, donde se recogería algo a lo que ya se ha aludido y es que las universidades contribuirán a la evaluación de los resultados de la investigación.
Sus implicaciones éticas y sus repercusiones sociales se recoge en los mismos términos de la enmienda socialista, sólo que en vez de sustituir a un párrafo actual se añade como adicional.
Como ya se ha recordado, también hemos aceptado -perfectamente opinable- una redacción en el sentido de entender que podía ser redundante hablar de libre investigación. También se podría decir que lo que abunda no daña, sobre todo al hablar de libertad; pero no nos ha importado mucho en ponencia asumir esa posible economía terminológica. En cuanto a la agencia de evaluación presentamos una transaccional a la enmienda 434 como adicional, añadiendo un segundo párrafo dentro del artículo 40, número 3. Periódicamente se evaluará la actividad investigadora y la contribución al desarrollo y la innovación tecnológica del personal docente e investigador de las universidades a efectos de la promoción profesional de los mismos y en su caso de los oportunos incentivos retributivos. Igualmente, proponemos esa adición.
En cuanto a la alusión a los contratos con entidades públicas o privadas, de la enmienda 435, están ya contemplados en la ley en el artículo 83, por tanto no tiene mucho sentido reiterarlo. Igualmente, me ha llamado la atención la alusión del señor Lissavetzky a los contratos de obras y servicios, específicamente contemplados en el artículo 48.4 con alusión a la investigación. En consecuencia, sería redundante incluirlo también aquí.
En cuanto a la exención temporal de obligaciones docentes, igualmente planteamos una enmienda transaccional que introduciría un párrafo segundo al número 4 del artículo 40: Las universidades, en atención a sus necesidades de investigación y de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, podrán eximir de sus obligaciones docentes total y parcialmente a sus profesores por tiempo limitado.
Luego hay alguna otra enmienda, pero realmente una de ellas, la 440, es una reiteración de elementos ya contemplados en la Ley de la Ciencia, y en ese sentido sabemos todos los que nos preocupamos por la ciencia, por la innovación, el desarrollo y el I+D+D que el problema está más bien en como poner en contacto, con sus peculiares filosofías y culturas, a los universitarios con las empresas. No creo que el problema sea tanto de poner en contacto a un ministerio con otro, aunque evidentemente la burocracia tiene también sus manías. En ese sentido no nos parece muy educativo -valga la redundancia- acostumbrar a los universitarios a que ellos tienen su mundo de investigación, cuando lo que hace falta es que de una vez se enteren que la investigación está en la calle y que hay que mezclarse con la empresa como ya están haciendo muchos, ser competentes

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y competir e ir hacia los proyectos tanto en el ámbito nacional como en el europeo. El otro día en una reunión de departamento en mi actual universidad, hubo un profesor que a mí me dejó pasmado pues dijo que no había dinero para la investigación. Mire usted, sí lo hay; el problema es que hay que pedirlo y él de hecho no lo había pedido. Me consta que sí lo hay, porque profesores que están allí lo han conseguido. El problema es que hay algunos que están acostumbrados al café para todos esperando que se lo lleven en bandeja; lo que se hacía antes, que era repartir la ayuda de investigación. Esto, afortunadamente, ya pasó. Por tanto, no creo que sea muy bueno instalar al personal universitario en esa idea de que no tienen que salirse de su despacho para hacer investigación, porque yo creo que sí deben hacerlo, entre otras cosas para enterarse de qué es lo que hay en la calle que es muy interesante y que es lo que están haciendo los mejores investigadores que tenemos desde hace mucho tiempo.
Alguna otra enmienda, como la 439, en el fondo nos parece consecuencia del despiece de un texto alternativo, que es una cosa que ocurre con frecuencia. Ustedes presentan un texto alternativo, que por otra parte tampoco es que fuera muy lejos, pero luego lo desglosan en enmiendas parciales y simplemente el contenido es similar al de la ley, pero dicho de otra manera. Así no es fácil, a pesar de nuestro esfuerzo, que se llegue a una conjunción.
Tanto Izquierda Unida, como dentro del Grupo Mixto el señor Labordeta, han reiterado las críticas que acabamos de oir sobre los grupos de investigación que también me dejan enormemente perplejo. En primer lugar, yo no se en que consiste la burocracia de los grupos de investigación, que es todo lo contrario. En el departamento al que yo he estado vinculado durante casi toda mi carrera académica, en estos momentos hay varios grupos de investigación porque hay bastantes profesores. ¿Eso que significa? Significa que un señor puede solicitar un proyecto de investigación sin necesidad de que vaya todo el departamento detrás de él, porque dentro del departamento habrá otro que tenga otra línea de investigación en el caso. En unos casos será de un tipo o de otro, porque no es lo mismo las humanidades que las ciencias experimentales. Obviamente eso es así, por tanto hay que reconocer lo que ya existe. O sea, grupos de investigación existen ya con un investigador principal, que piden proyectos y los consiguen.
Además es bueno que tengan facilidad de movimiento, sobre todo si queremos que surja esa posibilidad de que haya contratos por obras y servicios, lo cual quiere decir que se contrata a una persona para un tiempo determinado que luego no va a seguir, o por ejemplo que surjan incluso empresas al calor de la universidad; cosa a lo que algún grupo se opone, como Izquierda Unida, lo cual es todo un síntoma. Me parece que por ahí van las cosas. Hablar de grupos de investigación es hablar de flexibilidad y de que no hay que ir con un departamento o instituto a cuestas para hacer investigación; simplemente hace falta presentar una oferta creíble y digna de apoyo como así está ocurriendo; por tanto, se trata de reconocer lo que está ocurriendo ya, y yo no veo mayor problema.
Por último, respecto al Grupo Vasco (EAJ-PNV), y quizá por nuestra relación personal, pero la argumentación del señor González de Txabarri en el turno anterior me ha afectado sin duda porque el esfuerzo que está poniendo hoy aquí merece mejor resultado. En eso estoy totalmente de acuerdo con él, pero tampoco a estas alturas le voy a explicar cómo funciona esto porque lo sabe perfectamente.
Indudablemente, los grupos se posicionan con arreglo a sus propias estrategias. No es igual, dentro del debate de una ley, un grupo con el que se ha entablado por voluntad mutua, porque si no no se entabla, algún tipo de negociación (otra cosa es lo que pase en el curso de ella, y sobre eso se podrían contar muchas cosas), que un grupo que por lo que sea prefiere que no lo haya. Ese grupo, a partir de ese momento, la actitud que se adopta es aceptar una enmienda si se ve que realmente hace falta, porque si no acumularíamos aquí un texto que no tendría fin. En todo caso esta enmienda que se presenta en este título a mi me parece perfectamente razonable. De todas maneras iré muy poco más allá que el relaciones públicas. Le prometeré que para el Pleno estudiaremos aprobarla aunque sólo sea para que no se vuelva de vacío porque me parece que eso es lo que le toca.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Simplemente para agradecer al señor Ollero su sinceridad. Cuando se ponen las cartas encima de la mesa todo funciona mucho mejor y las relaciones están mucho mejor engrasadas.


El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Aquí hay una serie de problemas, aparte del simplismo del que hablaba el señor Ollero, que yo creo es injusto. No creo que yo haya hecho una intervención simplista; son autovaloraciones que nunca llevan a nada. Me parece que es más complejo que los adjetivos descalificativos; creo que no es simple.
Las cosas no se miden al peso. Yo no le voy a preguntar a usted si pesa más un kilo de paja que un kilo de plomo porque imagino que lo sabrá; no me voy a meter en eso, que sí sería una cosa simple.
Sí le quiero decir una cosa, señor Ollero, y he reconocido en mi intervención el intento del Grupo Popular de aproximar posiciones en algún tipo de enmiendas. Hay un problema que antes hemos vivido en la votación: las enmiendas transaccionales trampa, entre comillas, en el sentido de que ustedes hacen algunas aproximaciones con aspectos concretos de un artículo

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alternativo nuestro o de una enmienda nuestra y puede parece bien, pero si en el artículo 39 la aproximación que usted hace va en un sentido, no la voy a poder aceptar. A lo mejor, si tuviéramos más tiempo, sería otra cosa. Creo que todo esto es fruto de este debate «locoide» o precipitado que estamos llevando a cabo. Usted me dice que al artículo 39, le hago una enmienda transaccional. Yo podría estar de acuerdo, pero estoy de acuerdo si usted incorpora que se hable de innovación y desarrollo tecnológico, que no viene en ese artículo 39. Yo no puedo pagar el precio de dejar caer una enmienda para incorporar un trocito de una enmienda más amplia. En la experiencia parlamentaria que tengo, cuando hay un debate sosegado, calmado, te sientas, ves, y vas aproximando posiciones. Aquí es muy difícil. En el artículo 40 me hace tres enmiendas transaccionales que leídas suenan bien, pero si eso hace que se incorpore, con el voto a favor del Grupo Socialista, el texto del artículo referente al grupo de investigación se convierte en una diferencia insalvable. Ahora explicaré en un momento el tema del grupo de investigación, porque conocemos cosas distintas. Por eso digo que son unas enmiendas transaccionales que intentan acercar posiciones, pero nos hacen casi imposible decir que sí, valorando, repito, positivamente el intento de acercamiento, pero si la parte más importante de la enmienda que suele tener tres o cuatro apartados no se tiene en cuenta, obviamente no se puede aceptar.
Grupos de investigación. Lo que usted dice ya está inventado. Yo he tenido proyectos de investigación multidisciplinares, con personas que son de una universidad, del consejo. Está claro que la investigación debe ser algo multidisciplinar y cada uno puede pedir su proyecto, otra cosa distinta es que por ley se cree una nueva estructura, que se llama grupo de investigación, que tiene capacidad por ejemplo de contratar, y no voy a poner yo en tela de juicio la contratación por esos grupos, pero me gusta que haya un control. Yo no quiero un chiringuito; no quiero pensar que los grupos de investigación sean chiringuitos, pero tienen la posibilidad de decir: oiga, yo contrato a este porque me lo va a hacer muy bien. Nosotros tenemos un modelo distinto. Nosotros ponemos la base en el departamento y creemos que el departamento es fundamentalmente quien debe organizar la investigación en la universidad, junto con los institutos universitarios, y crear grupos de investigación le quita peso al departamento. (El señor Ollero Tassara: La burocracia.) No, la burocracia son los grupos de investigación. La burocracia es lo que hace usted, porque evidentemente los departamentos e institutos son dos órganos; dos órganos que organizan la investigación y que pueden hacer esos contratos, pero ahora usted mete un tercer órgano, el grupo de investigación. Eso si que es simplismo. ¿Me dice que es burocracia lo mío? Burocracia lo suyo. Ya son tres las instancias que pueden hacer los contratos: grupos de investigación, departamentos e institutos universitarios. ¿Que le parece bien ponerlo? Dígame usted eso, pero no me diga que lo mío es lo burocrático, porque en este caso no lo es en absoluto. Por eso le digo que a mí el grupo de investigación entendido como me contaron que por ejemplo tienen las universidades catalanas, el reconocimiento por parte de la universidad, que cada uno de la manera más flexible se pueda agrupar, por supuesto, hasta ahí puede llegar la broma, tiene que ser interdepartamental, pluridisciplinar, todo lo que queramos decir, pero no tiene mucho sentido, por ejemplo, que haya tres instancias que contraten. Eso no tiene sentido, tiene que haber una serie de núcleos, que son los departamentos e institutos universitarios los que lleven adelante esa labor. Como existe una diferencia muy grande con lo que usted plantea, no voy a poder aceptarle sus tres enmiendas transaccionales a tres apartados del artículo 40, porque lo más importante no lo recoge. En ese sentido, se agradece el acercamiento.
Por último, usted se dedica, como siempre, a reñir a los profesores.
Esto es al revés, ya no es to er mundo e güeno, sino todo el mundo es malo. Los profesores universitarios se mueven y se mueven bien. Habrá algunos que no se muevan, hablará usted de un caso que es la excepción que confirma la regla de que los profesores universitarios se mueven y se mueven bien a la hora de pedir subvenciones, por ejemplo al plan nacional. Naturalmente, si una parte importantísima de los recursos financieros que llegan a las universidades para investigación vienen del plan nacional, se tendrán que presentar a convocatorias, pero no nos eche usted una regañina. Nos regaña usted a todos. Yo soy simplista, la LRU era malísima, los males del mundo mundial vienen de cuando gobernó el PSOE y a partir de ahí consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que ya no lo es. Ahora riñe a los profesores. Por favor, estamos en un debate político, no riña a los profesores.
No me ha convencido, señor Ollero y desde luego en este tema repito con tristeza que va a ser difícil que podamos aceptar unas transaccionales. Usted, por ejemplo, se refiere a que se crea algo que ya está en el plan nacional; el consejo universitario de investigación es un órgano nuevo. Dígame en que página del plan nacional está el consejo universitario de investigación. Lo creamos, lo proponemos para intentar tener una mayor coordinación entre los ministerios, pero no está en el plan nacional. Díganse las cosas como son. Lamento, señor Ollero, que no podamos llegar a esas transaccionales en este momento.


El señor PRESIDENTE: Quiero hacer una intervención de carácter reglamentario.
El Grupo Popular, según ha dicho el señor Ollero, presenta tres enmiendas, supongo que al amparo del artículo 114.3, que dice: «Durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en ese momento por escrito

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por un miembro de la Comisión» -el señor Ollero-, «siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo». Entiendo que las tres son enmiendas de aproximación. En una interpretación sistemática del Reglamento, efectivamente, en el artículo 118, que se refiere ya a la deliberación en el pleno, se dice: «Durante el debate la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dictamen cuando ningún Grupo Parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige».
En cambio, en la Comisión no se dice que se tengan que retirar las enmiendas del grupo proponente, luego entiendo que se pueden votar por acumulación, primero las enmiendas del Grupo Socialista y después como enmiendas nuevas las que el Grupo Popular ha presentado en este momento del debate, a no ser que las retire el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente, por haber interpretado correctamente el Reglamento. Para nuestro grupo era un poco grave no por el hecho que estamos ventilando, que ahora hablaré de la opinión que me merecen esas enmiendas, sino porque realmente es un precedente grave que algo que ha sido una interpretación pacífica siempre en esta casa, de pronto porque le interese a un grupo por razones coyunturales, dentro del conjunto de marrullerías que hemos soportado a lo largo del día de hoy, nos encontremos con esa situación. Me parece muy atinado que interprete auténticamente el Reglamento, como es su función, según el propio Reglamento.
Voy a referirme ahora a la intervención del portavoz socialista al que le diría que hacer caricaturas me parece un recurso retórico torpe. El primero que ha dicho que hay investigadores que lo hacen muy bien y que está en la calle y piden proyectos, he sido yo. Hacer caricaturas me parece de una pobreza argumental supina. Antes comentaba con un compañero de mi grupo que en sus intervenciones observo que en la medida en que tienen menos fundamento es más enfático y ésta ha sido enfática hasta romper el techo.
Respecto a las transaccionales, había quedado la cosa clara y le agradezco su sinceridad. Si lo que usted dice al Grupo Popular es que sólo nos va a hacer el favor de aceptarnos tres enmiendas transaccionales, si cedemos en lo de los grupos de investigación, retiro las tres enmiendas transaccionales porque sólo demuestra una cosa, que usted no le da valor alguno a lo que contiene, porque, de lo contrario, yo que soy una persona razonable y usted lo será también, si entendiera que lo que estoy aportando a la ley es algo bueno para los ciudadanos, la universidad y la ciencia, el prurito personal de decir, o quitan lo otro o no meto esto, me parecería peregrino. Su señoría, en el fondo, no le da ninguna importancia al contenido de esas tres enmiendas transaccionales y, sin embargo, prefiere retirarlas.
Encantado de la vida. Si cambia S.S. de opinión, mi grupo las mantiene y las votamos. Que no, las retiramos y queda documentado que en el fondo era un flatus vocis. Yo no voy a interpretar nunca que usted lo considere algo de importancia y por un prurito de sí o no, diga: que se fastidie el coronel, que no ceno. Me parece un poco peregrino y no parece un modo de argumentar que sea muy racional.
Estamos hablando de ciencia y hablando de ciencia conviene aparentar que uno es racional. Los grupos de investigación son como son, señor Lissavetzky, y no me diga usted que estoy creando una estructura nueva. Es como si le digo que mi cerebro y el suyo también colaboran en la investigación. ¿Estoy creando con eso una nueva estructura burocrática? No sé en su caso, en el mío no. Es una realidad. Está ahí y los grupos de investigación están ahí y si un grupo de investigación consigue un proyecto del programa marco europeo que le permite contratar a gente -eso sí que es burocracia-, ¿por qué va a tener que acudir al departamento para que contrate cuando él está en perfectas condiciones de hacerlo y es el que sabe a quién tiene que contratar? ¿Por qué va a someter a los órganos del departamento que ni les va ni les viene ese asunto, algo de lo que él es responsable, el investigador principal y él sabe a quién necesita y para qué? Eso sí que es burocracia. Eso sí que es entorpecer y crear ligaduras a la investigación y las empresas huirán porque no quieren oír hablar de burocracia. A ustedes les encanta. Les parece poca la que hay y quieren crear más. Esa es una mentalidad que no compartimos y, por eso, no vamos a aceptar ese tipo de planteamiento.


El señor PRESIDENTE: Cuando llegue el momento de la votación, pediré al Grupo Popular que manifieste si se han retirado o no estas tres enmiendas.


El señor OLLERO TASSARA: Por voluntad del Grupo Popular, depende de la actitud que tenga el Grupo Socialista, podríamos mantenerla como S.S. muy bien ha recordado.


El señor PRESIDENTE: La interpretación de esta presidencia, miro al señor González de Txabarri y no parece que está muy de acuerdo, es que tengo la convicción y la certeza de que estoy haciendo una interpretación correcta del Reglamento, por una interpretación sistemática. Depende del Grupo Popular, sin estar condicionado por el Grupo Socialista, si la acepta o no y, en su momento, manifestará si las mantiene o las retira.


El señor OLLERO TASSARA: El Grupo Popular se pronuncia voluntariamente, pero no está obligado ahacerlo.


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El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, para indicarle, por una cuestión de orden, que este grupo parlamentario discrepa radicalmente de esa interpretación que usted dice que es sistemática y nosotros entendemos anárquica. Desde ese posicionamiento, el texto de los dictámenes puede ser cambiado unilateralmente por uno de los grupos ante la total indefensión del resto. No me diga que no porque el texto que ha leído usted indica que la finalidad de la enmienda transaccional que presenta un diputado en Comisión, y es admitida a trámite por la Mesa, es para acercar posiciones. Si el grupo que originalmente ha preparado la enmienda dice que eso no acerca posiciones, la finalidad recogida en ese artículo no se cumple en ninguno de los casos. De hecho aceptar ese procedimiento sería admitir un nuevo proceso de admisión de enmiendas, tema que está por ser garantista y garantizar los derechos de todos los grupos, tasado en cada uno de los plazos en los trabajos de esta Cámara. Si un grupo parlamentario quiere introducir nuevas enmiendas, tiene el trámite del Senado para poder hacerlo. Yo le doy un testimonio personal, porque he pasado durante 10 años por muchas comisiones en esta Cámara, y no recuerdo ni un solo caso en que eso haya sido posible, y digo que nos deja al resto de los grupos en una clara indefensión, si ese procedimiento se lleva a cabo.
Este grupo parlamentario recurrirá a la Mesa del Congreso para dilucidar este tema, que nos pone en una grave indefensión al resto de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Respeto su opinión, señor González de Txabarri, pero no me ha convencido, y estimo que a esta Mesa lo que le corresponde es calificar la única condición que establece este precepto, que es que sean de aproximación, que no están condicionadas a la aceptación de aproximación sino que son de aproximación. Yo he entendido y entiendo que en estos tres casos no se trata de enmiendas radicalmente ex novo sino que son de aproximación de posturas, y entiendo perfectamente que el Grupo Parlamentario Socialista pueda no aceptarlos por considerar que no se recogen en su totalidad las posiciones que mantienen sus enmiendas, y que impedirían que la Comisión votara, y la garantía de este tipo de enmiendas es que se siguen votando las enmiendas del grupo enmendante que ha dado lugar a esa aproximación por parte del miembro de esta Comisión que plantea la nueva enmienda.
Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: A este efecto, por favor, señor presidente. Mi grupo al menos quiere dejar constancia de la extrañeza que nos causa. Se lo comento de nuevo porque el otro día salimos de la ponencia con la evidencia de lo contrario, que hoy finalmente ha quedado como establecido en los argumentos respecto a la indefensión por parte del diputado portavoz del Partido Nacionalista Vasco, suficientemente sólidos como para que al menos nosotros pongamos sobre la mesa la extrañeza. Yo no sé si la interpretación válida es una u otra, pero sí me gustaría intervenir en otro sentido, que es hacerle un ruego al señor Ollero en esta Cámara. Lo quiero hacer porque ha aprovechado la ocasión de que finalmente sea aceptada la interpretación del Reglamento que él hacía para acusar de marrulleros al resto de grupos parlamentarios y decirnos aquí a todos, en un día ya suficientemente denso, que lo que estamos llevando a cabo son básicamente marrullerías. Yo le querría decir que si acaso alguna teoría es aquí aplicable es alguna que otra causa lista, aquélla de que la causa de la causa es la causa del mal causado. Aquí estamos ya todos muy crispados en un proceso que creemos que es de atropello, de un calendario que no merece la universidad española, a las horas en que estamos, etcétera, para que sus argumentos, aparte de muy sólidos, cuando se concentra en aquello que está defendiendo son estrictamente de verdad muy poco respetuosos con el resto de los miembros. Aquí todavía nos quedan muchas horas de proceso, y aprovechar cualquier situación en la que pueda intervenir para de nuevo insistir, como reitero, en faltas de respeto, porque bastante mal llevamos ya todos los diputados de la oposición el calendario al que estamos siendo sometidos, aparte de lo que ya hemos hecho constar en un montón de actas.
Por favor, querría hacer de nuevo este ruego expreso y hacérselo también al señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, volviendo a la interpretación del artículo del que antes hablábamos, la postura de mi grupo es clara sobre el particular. Además, ha habido un argumento que ha utilizado el señor González de Txabarri, que es decisivo, que demuestra que en efecto la interpretación es la que ha hecho el señor presidente. El señor González de Txabarri ha dicho que estaríamos abriendo un nuevo proceso de enmiendas. En efecto, es lo que dice el artículo: Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas, que se presenten por escrito nuevas enmiendas, por lo tanto son enmiendas nuevas. Lo único que exige es que acerquen el proyecto a otra enmienda de las que ya hay. Eso es lo que dice, y está claro que el Reglamento marca un diverso ámbito de debate en la ponencia, en la Comisión y en el Pleno, y por eso sustrae en el Pleno esta posibilidad expresamente, porque ya antes ha dicho esto, y posteriormente deja claro que en el Pleno no será así, que no solamente hará falta la conformidad del grupo con el que se está transaccionando, como hemos visto, sino que ningún grupo se oponga; por tanto, ni siquiera con la conformidad del grupo con el que se transacciona.


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Respecto a las observaciones de doña Carme Chacón, en primer lugar no me ha interpretado bien; yo no he utilizado el plural, o sea, no me ha interpretado bien, yo el plural no lo he utilizado. Ahora le debo decir con toda sinceridad, y si le molesta lo siento en el alma, hoy he contemplado aquí una exhibición de antiparlamentarismo como no he vivido en 15 años en esta casa, y es un hecho del que queda constancia, y lo ha protagonizado quien lo ha protagonizado con portavoces de otros grupos, rasgándose las vestiduras. Es una realidad, me limito a describir lo que ocurre.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
Pasamos al debate del título VIII, al que ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto al título VIII, referido a los estudiantes. Vuelvo a señalar que hubiera sido más productivo para todos que hubiéramos tenido tiempo para estudiar las conclusiones o las cuestiones que se han planteado en la ponencia, y lo digo no por querer decirlo cada vez que hablo, que me parece que es una reiteración innecesaria sino porque, por ejemplo, nosotros hemos enmendado los artículos 42 y 43 con distintos objetivos. En el apartado 1 nosotros entendíamos que debía aparecer la comunidad autónoma en la medida que era necesario tener en cuenta la opinión del financiador principal. En un segundo apartado, en el 43.2, lo suprimíamos y en el apartado 3 añadíamos una coletilla: sin perjuicio de las transferencias competenciales ya realizadas. ¿Qué pretendíamos? Pues pretendíamos que se respetaran las competencias recogidas en los respectivos estatutos de autonomía para las comunidades autónomas. Lo curioso es que en el artículo 43 se ha suprimido el apartado 3, con lo cual hubiéramos podido estudiar si se mantenía o no; en el apartado 2 hay algún cambio más y el artículo 44 también se modifica, quizá en la dirección que nosotros hubiéramos querido; es decir, mantenemos nuestras enmiendas. Vuelvo a señalar que la tramitación a la que se está sometiendo a este proyecto de ley, que es muy importante, hace que no se esté realizando con la productividad, tranquilidad e incluso con la posibilidad de llegar a acuerdos mayores que los que ahora tenemos.
Mantenemos nuestras enmiendas porque pretendemos determinadas consideraciones, en este caso la del respeto a las competencias de las comunidades autónomas, sin perjuicio de que, a lo mejor, teniendo más tiempo y dedicándole más debate con el resto de los partidos y formaciones políticas que han presentado enmiendas, viendo lo que establece la ponencia y dando tiempo desde la ponencia a la Comisión, hubiéramos conseguido llegar a mayores acercamientos. No sé pero, a lo mejor, podría haber sido factible. En todo caso, en este momento hay que decírselo a quien nos ha impuesto este ritmo ya que creo que no ha sido el mejor. Mantenemos nuestras enmiendas en este sentido y defendemos las de los demás miembros del Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado tres enmiendas a este título. Tiene la palabra el señor González de Txabarri para defenderlas.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Mantenemos vivas las enmiendas 67, 68 y 69. La 67 se refiere al acceso a la universidad de los estudiantes y tiene dos finalidades. En primer lugar, eliminar la remisión a una normativa básica del Gobierno sobre admisión de alumnos que, en nuestra opinión, en lo que se refiere al acceso a la universidad de los mismos, debe producirse según dispongan las universidades de acuerdo con el consejo de coordinación, y teniendo en cuenta la programación de la oferta pública que determinen las comunidades autónomas en ese empeño que, desde esta mañana, estamos intentando buscar sobre los equilibrios debidos entre las competencias que tiene el ámbito universitario, el ámbito de las comunidades autónomas o el ámbito estatal, tratando de ajustar el contenido a la doctrina y jurisprudencia constitucional. Sigo indicando que con estos planteamientos que realiza el Gobierno del Grupo Popular se rompen equilibrios básicos incluso en aquellas materias que existen sentencias y jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional. En segundo lugar, se solicita sustituir el concepto de plazas disponibles por el de la oferta pública de enseñanzas que determinen las respectivas comunidades autónomas, concepto que es más tasado y responde de mejor manera a la planificación y oferta a tener en cuenta en las enseñanzas universitarias en este ámbito.
La enmienda 68 está referida a los límites máximos de admisión de estudiantes. Creemos que este es un tema de exclusiva competencia de programación de la enseñanza propia de las comunidades autónomas y que ninguno de los motivos que aduce el texto del Gobierno justifica la competencia del Gobierno en este tema de fijación de límites máximos. Entendemos que puede darse este supuesto en casos de motivos de interés general, con lo cual acotamos ese concepto en que las comunidades autónomas por motivos de interés general, puedan remitir esta ponderación del interés general o el cumplimiento de directivas comunitarias o de convenios internacionales que a esos efectos se puedan mantener así, y nos remitimos igualmente a lo manifestado reiteradamente y con la misma claridad por el Tribunal Constitucional.
El tercer tema que nos parece fundamental es el de becas y ayudas al estudio, que nos parece que no está suficientemente delimitado en el proyecto del Gobierno.


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Es una enmienda a varias bandas dentro de este artículo 45. En primer lugar quisiéramos que se incluyera que en los presupuestos generales, en lo que se refiere a becas y ayudas al estudio, se territorialicen las partidas, porque aquí se habla de solidaridad, de fondos, de repartos, pero en ningún caso se tiene conciencia objetiva y empírica del destino de estos fondos. Creemos que estaría mucho mejor delimitada la transparencia si estas partidas estuviesen en los presupuestos generales territorializadas. Se pide que se añadan dos nuevos párrafos, el 2 y el 3, en este artículo 45, de forma que el Gobierno establezca reglamentariamente los criterios básicos a los que deben ajustarse las convocatorias de becas y ayudas al estudio de este sistema general respecto a aquellas comunidades autónomas que hayan asumido las transferencias en materia de enseñanza superior universitaria, las funciones de regulación y gestión de las convocatorias para los estudiantes que tengan su vecindad administrativa en la respectiva comunidad autónoma. Como punto 3.o «Para el resto de estudiantes e instituciones públicas, el Gobierno determinará el procedimiento unificado de resolución de las correspondientes convocatorias, así como sus modalidades y cuantías y las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los candidatos». No se les oculta a SS.SS. que este es un tema en el que se ha estado litigando tanto a nivel de negociación política como en los propios tribunales. Existen acuerdos entre los partidos políticos con relación a este tema de becas y ayudas al estudio, existen sentencias del Tribunal Constitucional referidas a estos temas, y lo que no podemos hacer ahora, señor presidente, es que la historia de los últimos 15 años con relación a estos temas se olvide y volvamos a épocas del pasado. Es otro de los objetivos que planteábamos antes que racionalmente deben de estudiarse y modificarse en este trámite.


El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Efectivamente en este título VIII, sobre los estudiantes, mi grupo mantiene dos enmiendas. En primer lugar, una enmienda al artículo 42, que es de las pocas que todavía siguen vivas, pero por lo visto ahí el Partido Popular se mantiene recalcitrante sin especiales argumentos jurídicos que al menos yo haya escuchado hasta ahora -no sé si hoy va a ser el momento en que lo veamos, aunque en otros frentes lo ha entendido bien- pero, insisto, como estas enmiendas han sido muy medidas antes de ser presentadas, ninguna de ellas es un brindis al sol, ninguna de ellas es maximalista, nos sorprende la obstinación con la que esta enmienda al artículo 42.3 parece que no va a ser aceptada. Cuando se está hablando de que las universidades, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, previo informe del consejo de coordinación universitaria, y teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas disponibles, establecerán los procedimientos para la admisión de los estudiantes, mi grupo recuerda que hay que permitir expresamente que se establezcan mecanismos de coordinación por parte de las comunidades autónomas a la normativa que pueda establecer cada una de las universidades respecto de su convocatoria de exámenes de ingreso. No tiene ningún sentido, y no va en perjuicio de la autonomía universitaria, que las universidades puedan, conforme al mecanismo que se establece a partir de esta ley, la supresión de la selectividad y el establecimiento de pruebas de ingreso propias, que dentro de un mismo territorio que tiene una política universitaria común, a pesar del distrito único y sin perjuicio del distrito único, pero que tiene unos elementos en común entre lo que son el conjunto de todas las universidades, hablo muy concretamente del conjunto de las universidades catalanas porque son las que más conozco, que no se recoja expresamente la facultad por parte de las comunidades autónomas de establecer normas de coordinación dentro del respeto a las normas básicas que haya fijado el Gobierno de cara a lo que son esas pruebas de acceso. Esa es nuestra enmienda 42. Bien es cierto que nosotros seguimos creyendo, y por eso nos tomamos este asunto con cierta tranquilidad, sabiendo que tenemos el derecho de nuestro lado, que diga lo que diga el artículo, precisamente porque se trata de normativa básica, nadie podrá impedir que se establezca algún tipo de norma de ese estilo. Pero eso no impide que prefiramos que quede bien reflejado en este texto legal. Sería mejor para la tranquilidad de todos y para la seguridad jurídica en este caso concreto.
En segundo lugar, la otra enmienda que queda viva es la que hace referencia a las becas. Teníamos alguna otra enmienda que ha quedado suficientemente recogida en ponencia. Me refiero a la del artículo 44, a la que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Supongo que el portavoz del grupo vasco es consciente de que la enmienda de mi grupo al artículo 44 ha quedado admitida en ponencia y en este momento el artículo 44 condiciona esa facultad que el Gobierno se estaba arrogando -efectivamente sin que se supiera muy bien con qué base legal- de establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate, por aplicación de exigencias derivadas de directivas comunitarias o de convenios, y condiciona eso al acuerdo con las comunidades autónomas. Esa es la novedad que aparece ahora en la ponencia que no aparecía en el proyecto de ley. Por tanto, en ese punto nosotros ya no mantenemos enmienda en ese detalle, compartiendo lo que era el espíritu de la enmienda que ha defendido el Grupo Vasco. Sí sigue viva la enmienda al artículo 45 en materia de becas. Como muy bien ha dicho el portavoz del grupo vasco, este tema de las becas es uno de los más antiguos contenciosos entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central. Es un tema que ha dado lugar a

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múltiples negociaciones. Dio lugar a dos recursos de inconstitucionalidad que, aunque la justicia avanza lenta pero avanza, dieron lugar a una sentencia durante la propia tramitación de este proyecto de ley, ya con el período de enmiendas cerrado. Es un tema que dio lugar por lo menos a una -y no he querido hacer la erudición de ir a buscar el detalle-, quizá dos, pero por lo menos a una resolución unánime del Parlamento de Cataluña, exigiendo la transferencia de las becas en desarrollo del estatuto. Digo unánime porque el Partido Popular en Cataluña no votó en contra -no estoy seguro de si votó a favor o se abstuvo- entre otras cosas porque hubiera tenido graves dificultades para explicar en Cataluña por qué estaba votando en contra. A pesar de eso, el Gobierno, una y otra vez, este Gobierno y gobiernos anteriores de otro color, hay que decirlo, se opusieron a que eso fuera así. Ha tenido que llegar el Tribunal Constitucional para dejar claro que las cosas eran como venía reclamando desde hace mucho tiempo Convergència i Unió como partido político, el grupo parlamentario como grupo político en esta Cámara y el Gobierno catalán en el seno de la comisión bilateral de traspaso. Efectivamente, entendemos que el Tribunal Constitucional ha fijado un marco claro y límpido, ha dejado muy claramente establecido qué es lo que le corresponde hacer al Estado y qué es lo que les corresponde hacer a las comunidades autónomas. No se trata de andar cantando victoria, se trata simplemente de aplicar lo que es la Constitución y lo que son los estatutos en este ámbito concreto. Es cierto que podríamos haber dado un paso más y fijar ya en este texto del artículo 45, o por la vía de una disposición adicional, el plazo en el que se realiza ese traspaso de las becas que derivan de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso era una opción. Al final esta opción ha quedado descartada. Pero lo que sí esperamos es un texto que recoja claramente no sólo el espíritu sino la letra de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fije perfectamente el marco en el que ese traspaso tiene que tener lugar y nos evitemos en adelante el conflicto que por vía de impugnación sucesiva de los decretos del ministerio sobre este tema ha habido que ir planteando.
Este grupo tiene noticia -y me adelanto a los acontecimientos, pero creo que en este caso es útil y así además ahorramos tiempo- de un texto presentado por el Grupo Popular de lo que sería una transacción a nuestro artículo 45. Le corresponderá cuando le llegue el turno al Grupo Popular saber si efectivamente esa transacción la mantiene. Si la mantiene nosotros la aceptaríamos, porque entendemos que aunque se podrían decir las cosas de otras muchas maneras, la realidad es que efectivamente este texto, tal cual queda redactado, deja claramente establecido que -y leo-: el Gobierno determinará reglamentariamente, y con carácter básico, las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, renovación y reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónomas. Y sigue citando el texto a la sentencia del Constitucional: el desarrollo, de ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio corresponde a las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia. Si este texto fuera, como parece que va a ser -me adelanto a la intervención del Grupo Popular-, presentado como enmienda transaccional a nuestro texto, entendemos que quedaría suficientemente fijado un marco jurídico en el que este conflicto, que viene arrastrándose desde hace mucho años, pueda quedar resuelto.
Evidentemente estaremos como siempre -y por eso digo que el paso siguiente sería haber fijado aquí claramente cómo queda hecho ese traspaso- pendientes todavía de en qué términos y de qué manera se realiza el desarrollo reglamentario de este texto. Esperamos que eso no de lugar en este caso ya no sólo a recursos de inconstitucionalidad, sino a eventuales recursos de ilegalidad por choque frontal con lo que sería este texto tal cual quedaría. Pero si finalmente eso es así, a nosotros nos parecerá un texto positivo y aceptaríamos esa transacción.
Fuera de eso no me quedan otras enmiendas, y estoy a la espera de lo que pueda decir el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Sin lugar a dudas una de las mayores críticas que el Grupo Socialista le ha venido haciendo a este proyecto de ley de universidades es lo que corresponde al primer artículo de este título VIII que debatimos, el tema del acceso a la universidad; básicamente lo que se dijo en su momento por parte del ministerio, lo que finalmente se dice en este texto y finalmente también lo que se calla en este texto. Y créanme que les quiero poner de manifiesto que en el tema del acceso hemos asistido a un cúmulo de errores importantes en lo que ha sido el texto que ha presentado el ministerio, pero más allá continuamos considerando que también hay alguna que otra irresponsabilidad por parte de quien es la máxima autoridad educativa en nuestro país. Empecemos por lo que en su momento dijo la señora ministra en este caso que hacía esta ley y que esta ley no hace. Como ustedes saben, en mayo de este año nos presentó el proyecto de ley de universidades que hoy debatimos a través de un anuncio a bombo y platillo, en el que martilleó en los medios de comunicación con la supresión de la selectividad. Pero héte aquí que como poco sabemos, gracias a la disposición final quinta, que la ley sobre pruebas de aptitud para el acceso al sistema universitario sigue en vigor, una vez tenemos aquí este texto de ley.
De manera que sinceramente no parece a todas luces una

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actitud muy responsable por parte de la máxima autoridad educativa de un país anunciar de la manera que se anunció la supresión de la selectividad y obligarnos hoy, con un montón de incógnitas tras ello, a aprobar un texto en el que se mantiene sin ninguna duda la selectividad hasta que alguien diga lo contrario. Tampoco parece, si es que van a responder a ello, que la respuesta sea la que probablemente me dará algún diputado a esta observación: esto es sólo por un tiempo, ya lo cambiaremos. Que nos hagan aprobar aquí una ley de universidades -sin decirnos- a los representantes de la ciudadanía cuál va a ser el sistema por el que se accede a la universidad, nos sigue pareciendo a todas luces poco responsable. Es decir, se nos está pidiendo que aprobemos una ley de universidades en la que se omite, ni más ni menos, cómo se llega a la universidad.
He perdido toda esperanza de que me respondan a alguna de las cuestiones, y de que lo hagan en sede parlamentaria y no en los medios de comunicación. Mi grupo ha pedido de manera reiterada que se le respondiera y no cejará en el empeño de repetirles que no puede sostenerse seriamente este punto, mucho menos cuando esta ley se quiso anunciar como se anunció. Creo que una razón, entre otras, es que vieron que había poca cosa que venderle de este texto a la comunidad educativa, y así está la comunidad educativa con este texto, como ustedes saben perfectamente. Probablemente, el calendario que se nos está imponiendo tiene bastante que ver con el malestar de la comunidad educativa. En cualquier caso, no se puede seguir sosteniendo seriamente que es una decisión que corresponde a otra ley. Saben ustedes que no es verdad, igual que lo sabemos nosotros.
El sistema educativo es un todo global y cómo se pasa del bachillerato a la universidad concierne a la universidad. Lo hemos dicho reiteradamente y lo volvemos a decir. Al final, la pregunta es: ¿por qué no nos lo cuentan? Si todo esto parece tan razonable, el sistema educativo es un todo y nosotros estamos legislando sobre una de sus partes, importantísima y básica, que es la universidad, ¿por qué nadie nos dice cómo se accede realmente del bachillerato a la universidad? ¿Por qué no nos lo cuentan? ¿Por qué además de vender que suprimen la selectividad -lo que es una falacia-, no nos cuentan qué planes tienen? La razón es muy clara: el ministerio sabe que esta decisión es altamente controvertida, bastante malestar existe ya y vendrá otro momento. Pero este es el momento en que vamos a aprobar este texto y si permitimos que de esta Comisión pase al Pleno un proyecto de ley de universidades sin sistema de acceso a la universidad nos convertimos en cómplices de esta chapuza. Por nuestra parte no estamos dispuestos, a pesar de que no serán nuestros votos los que determinen si será así o no. Esto es todavía más grave mientras aceptamos el engaño, puesto que nos mantenemos en que algún día tendrá que salir esto y saldrá, como ya hemos advertido y como se le dijo en algún momento a los representantes de este grupo parlamentario en una reunión, hasta en italiano. Se calla que existe la voluntad de reinstaurar la reválida en nuestro sistema y lo único que pedimos es que, si es así, se deje de ocultar en esta Cámara porque estamos aprobando una ley de universidades y debemos saber cómo se accede a la misma.
Tenemos alguna que otra denuncia que hacer respetar al acceso. En primer lugar, no creemos que sea cierto que se suprime la selectividad; si acaso se cambiará de sitio: antes estaba en un lugar y ahora va a estar en cada uno de los centros. Es más, donde había una prueba van a poner dos. El anuncio de que suprimen la selectividad no es la mejor manera de anunciar el nuevo acceso que pretende el Gobierno del Partido Popular. Y digo que donde había una prueba van a poner dos, ocurrirá en el mejor de los casos porque algunos estudiantes, como ustedes saben, si suspenden el examen en el centro no sólo tendrán que hacer dos, tendrán que hacer más de dos.
Habrá una al final del bachillerato y otra a la entrada de los centros universitarios. Se nos habla de la curva decreciente de natalidad, de que no habrá tantos problemas, de que habrá muchos más centros en los que no existan dificultades de acceso y no habrá que hacer pruebas, etcétera. Ustedes saben mejor que yo que en más de la mitad de los centros universitarios españoles, con toda seguridad los más atractivos y solicitados -biosanitarias, empresariales y económicas, sobre todo las titulaciones que responden a las nuevas demandas del mercado de trabajo-, se mantendrán las pruebas porque seguirán teniendo más demanda que oferta.
Otra de las cuestiones de las que quisiera obtener una explicación hoy, porque eso sí que está en el texto, es cómo piensan ustedes organizar esto. Es decir, cuántas veces tendrán que examinarse, por ejemplo, los alumnos que quieran ingresar en una ingeniería. Se lo preguntamos, entre otras cuestiones, porque como ustedes saben actualmente muchos estudiantes que han suspendido alguna asignatura tienen dificultades importantísimas que muchas veces les ponemos los propios profesores para ser capaces de examinarse de dos asignaturas distintas en el mismo centro. Por tanto, en un espacio tan breve como ustedes saben que los estudiantes tienen, desde que finalizan el curso, la reválida cuando toque y el momento de la entrada a la universidad, va a ser muy complicado que existan las garantías de igualdad de oportunidades. También quiero hacer mención a cómo se van a sufragar los costes para la movilidad de estudiantes que no tengan que coger simplemente el metro, como ocurre en Madrid o Barcelona, pero no en otros muchos territorios de este país; cómo vamos primero a ordenar esto y cómo vamos después a sufragar muchos de estos viajes que en algunos casos serán con maleta incorporada a uno, dos, tres o cuatro centros como otros estudiantes pueden ser capaces de hacer. Lo que realmente le preocupa a este grupo parlamentario es cómo se garantiza la igualdad de

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oportunidades en este sistema de pruebas en los centros y, a su vez, cómo se garantiza la objetividad a la hora de determinar por los propios centros a través de qué nivel se accede. Lo digo porque la señora ministra dijo que muchas veces no iba a haber pruebas sino simplemente entrevistas, y a mí alguien me va a tener que aclarar de qué manera, objetivamente, vamos a ser capaces de determinar que existe igualdad de oportunidades a través de estas entrevistas. De verdad que me gustaría que alguien nos diera una explicación porque, yendo a lo que exactamente dice este texto, simplemente hay un acceso a través de unas pruebas en los centros. Por tanto se suprime la selectividad, que era la única prueba externa que se ejercía y que cumplía tres funciones que al Grupo Parlamentario Socialista nos siguen pareciendo imprescindibles. Esto no significa, como en algún momento algún parlamentario ha querido decir y además en los medios de comunicación, que el Partido Socialista lo que quiere es mantener la selectividad. No es este el caso. El Grupo Parlamentario Socialista lo que quiere es tener la seguridad de que habrá una garantía de que las funciones que hoy cumple esa prueba -que debe revisarse porque con toda seguridad hay alguna fórmula mejor para llevar a cabo estas funciones- siga existiendo.
En definitiva, en primer lugar estamos hablando de determinar un nivel mínimo de conocimientos para acceder al sistema universitario.
En segundo lugar, pedimos que se homologue ese nivel de conocimientos de quien procede de la educación pública y de quien procede de la educación privada. Y en tercer lugar, la tercera función que cumplía era la ordenación de los centros y entiendo que ustedes me responderán que hoy está en este artículo 42. Me preocupa porque aquí hay dos cuestiones. Si ustedes me dicen que no va a haber esa reválida, mi razonamiento es que no va a haber ninguna prueba externa y, por tanto, un chaval va a poder entrar a los tres años en el sistema educativo privado y va a poder salir de él con un título de ingeniero sin haber pasado nunca ninguna prueba de la Administración del Estado. Como es responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de este país que esto no suceda, sólo puede haber otra lectura de esto y es que algo se está callando y escondiendo detrás aduciendo que va en otra ley. Lo único que pido es que no nos engañen más y que nos digan de una vez que va a haber reválida, de manera que los estudiantes puedan saber hoy que primero van a tener un examen al final del bachillerato -y quisiéramos saber cómo va a ser- y que después van a tener tantos exámenes como centros en los que exista mayor demanda. Nos gustaría que nos explicaran qué oferta tendrán que llevar a cabo como ya les he dicho antes a los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular. Considero que nos deberían decir si va a haber reválida (se lo preguntamos a la ministra en el Pleno y no quiso responder a esta ni a ninguna otra de las cuestiones de ningún grupo) antes de los exámenes en los centros o que nos aclaren si realmente de alguna manera van a otorgar la demanda histórica de la educación privada en este país, y es que no tengan esa prueba externa que nosotros demandamos y que es absolutamente necesaria por lo garantista respecto a la igualdad de oportunidades. Antes de que este texto pase a Pleno deberían aclararse estas cuestiones.
Respecto al acceso quisiera decir que además de ocultarnos -y por eso este silencio- que quieren ustedes dificultar el acceso de nuestros estudiantes que proceden del bachillerato a la universidad -y por tanto que quieren ustedes menos universidad-, lo que más nos ha preocupado de todo es que este texto cerraba las aulas a quienes hoy aún pueden entrar. Ya he explicado anteriormente lo que creo que son las nuevas funciones de la universidad por cuanto están siendo nuevas demandas de la sociedad de la información, que pone frente a nosotros muchos retos, y es que hagamos de esa sociedad de la información la sociedad del conocimiento. Por eso decía que sobre todo era importante que esta reforma de nuestra universidad fuera capaz de abrir sus aulas, que tuviéramos una universidad más abierta y más flexible y que por tanto fuéramos capaces de abrir nuestras aulas universitarias. Pero es que este texto no sólo no las abría más, este texto incluso las cerraba para quienes hoy ya pueden acceder; y hablo, por supuesto, de los titulados en formación profesional superior y los que hasta ahora podían hacerlo porque tenían 25 años de edad. El Grupo Parlamentario Popular ha hecho una enmienda a tal efecto, probablemente para evitar el llamémosle generosamente olvido.
¿Pero sinceramente creen ustedes que es razonable que la máxima autoridad educativa de un país olvide permitir acceder al sistema universitario a los titulados en formación profesional superior o, como hasta ahora sucedía, a los mayores de 25 años? Creo que ya no está el señor Ollero, pero como me ha reñido antes porque me decía que también cuando plantean transaccionales me quejo, simplemente quiero decir que conste el agradecimiento al Grupo Popular por esta transacción que ofrece, que no ha sido a la nuestra específicamente, pero el espíritu del artículo del Grupo Socialista era especialmente ese. Estoy hablando del Gobierno y no del Grupo Parlamentario Popular, que en este caso sí que ha puesto una enmienda sobre la mesa que de alguna manera, escuchando a los grupos que habían señalado este olvido, subsana lo que creíamos era un disparate del ministerio.
Por tanto, conste el agradecimiento y conste que no es al Grupo Parlamentario Popular a quien se le hacen estas objeciones. Pero, señorías, si el texto sale así y sólo es esa transaccional la que se ofrece seguimos con un sistema universitario poco permeable, a nuestro juicio, a esas nuevas necesidades que comentábamos que tenemos como sociedad. Creemos que este año 2001 en que reformamos nuestra universidad es el momento de dar un nuevo impulso en ese

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sentido a nuestro sistema universitario. Todos los análisis sobre el futuro que se están haciendo en los países industrializados sobre la universidad coinciden en que esta institución debe abrir sus puertas de manera flexible, y cuando digo de manera flexible digo también a los diversos ciclos. Deberíamos preparar a nuestra universidad pública especialmente para competir, y voy a decirlo con un ejemplo, en los papeles salmón de los domingos, con las universidades privadas, que realmente son capaces de ofrecer una serie de ciclos que deberíamos de ser capaces también de regular en esta ley que pudiera ofrecer de manera equitativa nuestra universidad, porque creemos que la sociedad debe exigirlo y además debe serle permitido en esta nueva legislación universitaria. Creemos que debe hacerlo para facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos, y no ya para toda la vida sino durante toda la vida. Es importante poner de manifiesto que cada vez más aquello que sean capaces de aprender los ciudadanos, la sociedad en general, durante toda su vida, va a ser fundamental para aquello que como tal el propio país sea capaz de hacer. En este momento tenemos ese reto de cómo ser flexibles y cómo abrir más y mejor nuestras aulas universitarias, por ejemplo -y en ese sentido iba la enmienda del Partido Socialista-, no sólo a quienes tengan el título de bachillerato, no sólo a quienes tengan el título de formación profesional superior, sino más allá a quienes ya pasaron por la universidad y por razones laborales o razones profesionales necesitan reciclar conocimientos; y les hablo de nuevo de esta formación durante toda la vida, que creemos imprescindible para que se puedan abrir también a ellos y a ellas nuestras aulas, pues pueden existir fórmulas para determinar que una experiencia laboral en un campo concreto pueda facilitar el acceso a las aulas universitarias también en un determinado campo de conocimientos. Es verdad que eso nos obliga a ser creativos, es verdad que nos obliga a hacer un esfuerzo entre todos, pero es importante en este aspecto la legislación comparada, que nos puede ayudar mucho a ver cómo otros países que ya lo han implantado lo están poniendo de manifiesto. Pero déjenme decir, como mujer y como política, que creo que las aulas deben abrirse incluso más allá de quien simplemente tiene experiencia laboral, porque en este país muchas personas que pudiéramos decir que les tocaba acceder al sistema universitario, sobre todo mujeres, no pudieron acceder porque estaban en ese momento sufragando cargas familiares que con toda seguridad, de manera tradicional, el hombre no ha venido sosteniendo. Por eso creo que también debemos ser flexibles y abrir las puertas de las aulas universitarias a quienes nunca pudieron pasar por la universidad y hoy están en disposición de poder hacerlo. Debemos ser conscientes de que es verdad que tenemos la prueba de mayores de 25 años, pero deberíamos ver si hay que revisar incluso ese listón y si somos capaces de ser más flexibles respecto a ciclos, etcétera. En este sentido va la enmienda del Partido Socialista que seguro que se puede transaccionar para mejorar su redacción. Ya digo que en este caso estamos todos haciendo un esfuerzo. En cualquier caso, el espíritu de esta enmienda para el acceso es la voluntad -con la conciencia que les comento de que tenemos un reto en ese sentido- de abrir las aulas universitarias no sólo a quien procede de la formación reglada sino más allá, a quienes por razones profesionales necesitan reciclar hoy conocimientos y también a quienes en su momento no pudieron acceder a la universidad y hoy estarían en disposición de hacerlo si nosotros fuéramos capaces de incentivarles a través de una legislación más permisiva y más flexible. Simplemente quiero comentar que aprender ya ha dejado de ser una actividad ligada a la juventud y que entre todos deberíamos hacer un esfuerzo por abrir nuestras aulas universitarias.
El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, a los efectos de que administre su tiempo le diré que ha superado notablemente el que habíamos fijado.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Quisiera poner sobre la mesa -y ya pasaría directamente a este apartado y trataré de ser breve- que las becas y las ayudas al estudio deben ser una pieza capital de un sistema universitario que se predique equitativo. Probablemente me podrán responder que esto no va en una ley, y tal vez es cierto. En cualquier caso durante todo este proceso hemos tratado de arrancar al Gobierno un compromiso presupuestario al efecto y nos gustaría, si fuera posible, arrancárselo al Grupo Popular, porque estamos realmente preocupados por esta cuestión. La gran asignatura pendiente de la universidad española es su financiación, no sólo en cuanto a gasto por estudiante, que va en otro título, sino también respecto al gasto de las familias. El Grupo Socialista decía que deberíamos ser capaces, en un horizonte de diez años, de adecuarnos al menos a la media europea: cuatro de cada diez estudiantes son becados; deberíamos ser más flexibles y sobre todo informar más y mejor sobre estos préstamos que se conocen vulgarmente como créditos blandos para que quienes no están cumpliendo el difícil umbral -y ya se ha denunciado sistemáticamente por parte de mi grupo- de esas becas sean capaces de estudiar y que en este país nadie, por razones económicas o geográficas, se quede sin estudiar y que con las mismas mediocres notas que otros hijos de otras familias más adineradas todos puedan acceder al sistema universitario porque en un momento determinado todo el mundo puede decidir interesarse más por aquellas cuestiones que cree que son necesarias en el futuro.
Finalmente quiero decirles que también en este campo el texto del Gobierno rezuma desconfianza hacia la universidad. Siguen siendo constantes los recortes a la autonomía universitaria. Del mismo modo nos preocupa el aumento de la burocracia y la falta de agilización

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de gestiones. Me voy al artículo 46.3, que dice: previo informe del consejo de coordinación universitaria. Creemos que debe suprimirse por ser completamente innecesario. Después, para garantizar el derecho de participación de los estudiantes en los asuntos de la universidad hemos dejado a remisión estatutaria la regulación de la existencia de órganos colegiados de representación estudiantil, tanto a nivel universitario como de centro, y queremos volver a denunciar aquí el recorte que se hace en los órganos universitarios de la participación y la representación de los estudiantes, de manera especial en el único órgano de gobierno. Ya lo he argumentado en alguna ocasión anterior, pero quiero denunciarlo de nuevo aprovechando que estamos en el título de los estudiantes. También quiero agradecer la generosidad del presidente por dejarme estos minutos de más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Trataré de responder en la medida de lo posible a todo el conjunto de intervenciones que se han realizado.
Comenzaré hablando de las enmiendas del Grupo Vasco, que anteriormente también las ha habido de la señora Lasagabaster, respecto a los artículos 42 y 43. Intentaré agrupar la respuesta de mi grupo a ese conjunto de enmiendas, que en alguna medida reproducen una discusión que ya ha tenido lugar esta mañana debido a la distinta concepción que tienen el proyecto de ley y los intervinientes aludidos respecto al papel de la Administración general del Estado, que es obvio y que no voy tan siquiera a discutir. Simplemente voy a decir que es evidente que estamos en posiciones diferentes y que esas posiciones se han mantenido con toda nitidez.
Quiero aprovechar este turno de intervención para señalar algunas consideraciones respecto a lo dicho por el portavoz del Grupo Vasco, en concreto respecto al punto 3 del artículo 42, del acceso a la universidad, al cual volveré posteriormente con motivo de la intervención de la señora Chacón. Lo que se dice en el proyecto de ley no puede ser más claro. Se dice que las universidades, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, previo informe del consejo de coordinación universitaria, etcétera, y teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas disponibles, establecerá los procedimientos para admisión de los estudiantes que soliciten ingresar, etcétera. Lo que dicen ustedes, señor Txabarri, es que no están de acuerdo con el concepto de plazas disponibles en el sentido de que desearían que fueran las comunidades autónomas quienes establecieran esas plazas. Pero ocurre que el proyecto de ley circunscribe la normativa básica al ámbito de acción del Gobierno, y esto seguramente choca con su concepción de las propias atribuciones de la Administración general del Estado y las que ustedes consideran como fundamentales de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de quien les habla, no hay tal contradicción por cuanto que la normativa básica la debe establecer el Gobierno precisamente porque afecta a todo el ámbito del territorio nacional y cuando digo territorio nacional, naturalmente me estoy refiriendo al territorio nacional tal y como lo establece el Título VIII de la Constitución, entendiendo por tal el conjunto de las administraciones autonómicas, el conjunto de las comunidades autónomas. Precisamente el proyecto de ley defiende lo que defiende porque lo que no puede suceder -creo yo, y así lo manifiesto aquí- es que se entienda como interés general -al que por otra parte se hace referencia, como usted sabe bien, en el artículo 44, de límites máximos de admisión de estudiantes del proyecto de ley- el de una o de varias comunidades autónomas. La Administración general del Estado tiene que velar necesariamente -y ya sé que esa es una discrepancia con su grupo y con su propio planteamiento, y así lo expreso- por la coordinación de ese interés general y, lógicamente, por defender el que corresponde al conjunto de comunidades autónomas y no a la prerrogativa de ninguna de ellas.
De las becas, si me permiten ustedes, dado que no tengo mucho más tiempo, hablaremos después.
Idéntica opinión le manifestaría al señor Guardans por cuanto que él ha adjetivado -creo haberlo anotado bien- de recalcitrante -que en castellano es un adjetivo ciertamente fuerte- el artículo 42, y por los mismos e idénticos motivos, porque según su interpretación estaríamos en el mismo caso -creo entender- que en el referido al señor González de Txabarri, para no repetirme debido a la hora hago extensiva la argumentación que acabo de realizar a la intervención del señor Guardans.
Quiero comentar igualmente algún asunto más respecto al artículo 44, que también ha sido criticado por varios grupos parlamentarios. Saben SS.SS. que dicho artículo corresponde a los límites máximos de admisión de estudiantes. Supongo que conocen ustedes sobradamente que el proyecto de ley -este texto- ha sido ya debidamente ajustado.
Quisiera leerlo concretamente, porque me parece importante, por cuanto -el señor Guardans lo ha dicho en nombre de Convergència i Unió- el artículo 44 va a decir: El Gobierno, por motivos de interés general o para poder cumplir exigencias derivadas de directivas comunitarias y de convenios internacionales, de acuerdo con las comunidades autónomas y previo informe del consejo de coordinación universitaria, podrá establecer límites máximos de admisión de estudiantes en los estudios de que se trate; dichos límites afectarán al conjunto de las universidades públicas y privadas. Con ello creo defendida la postura de quien les habla por parte de su grupo en el sentido de no encontrar, señorías, contradicción alguna entre la defensa de los motivos de interés general

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por parte del Gobierno y de la Administración general del Estado, como acabo de decir, con los acuerdos correspondientes con las comunidades autónomas. Por tanto, no estaríamos en modo alguno de acuerdo con las antedichas interpretaciones.
Me parece un asunto de especialísima relevancia y uno de los más importantes de este título el que se refiere a las becas y ayudas al estudio. Como SS.SS. conocen, mi grupo está en disposición -así lo manifiesta y realiza-, de presentar a SS.SS. una transacción a un conjunto amplio de enmiendas que son, en concreto, las números 69, 246, 450, 562 y 703, todas ellas referidas a dicho artículo 45, becas y ayudas al estudio. Quiero manifestarles, señorías, que tanto el Grupo Parlamentario Popular y, por supuesto, el ministerio y el Gobierno han tenido el máximo cuidado, el máximo tacto y la máxima finura o fineza en el estudio de este asunto, en el sentido de adecuar finalmente la transacción que se somete al criterio de SS.SS.
a la sentencia que respecto a las becas ha sido emitido por el Tribunal Constitucional. Aunque el señor Guardans ha anticipado la intervención de este portavoz, es que en aras de la brevedad y de la hora no sé si agradecerle o simplemente invitarle después a un café -en cualquier caso permítaseme la chanza- quiero resaltar algunas consideraciones al respecto. Me parece importante que en esta transacción se subraye que el Gobierno determinará reglamentariamente las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, etcétera. Sobre todo quisiera subrayar el siguiente párrafo, el que hace referencia al desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas y ayudas al estudio que corresponde efectivamente a las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las universidades. Yo esperaría y desearía que igualmente al señor González de Txabarri le gustase este párrafo, por cuanto que he creído entender que algo de esto ha dicho también en su intervención y se ajusta plenamente a la sentencia del Tribunal Constitucional. Se insiste en el párrafo siguiente en que para que la ejecución de las convocatorias de becas y ayudas al estudio se realicen sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de las mismas, se establecerán los mecanismos de coordinación que resulten necesarios entre el Estado y las comunidades autónomas. Queda, pues, presentada la transaccional, que evito leer en todos sus extremos por cuanto que obra en poder de SS.SS. y han tenido cumplida oportunidad de cotejarla, de leerla y de poder libre y legítimamente, como es natural, opinar al respecto, y con mucho gusto serán oídos.
Quisiera decir muchísimas más cosas, aunque creo que con lo que se ha dicho y con lo que se ha comentado es más que suficiente. Este portavoz entiende que no hay, por tanto, contradicción alguna entre el proyecto de ley y lo manifestado por los distintos grupos parlamentarios porque no puede haber contradicción nunca entre el interés general del país y el interés general de las comunidades autónomas. Lo que tampoco puede suceder, señorías, es que confundamos el interés general del país con el interés particular de algunas administraciones autonómicas en determinados aspectos puntuales. Ése es un asunto distinto que efectivamente es discutible y al que desde luego no se apunta el Grupo Parlamentario Popular ni está por eso mismo, referido el texto de la ley.
Quisiera intentar contestar a la larga intervención de la señora doña Carmen Chacón que, como es lógico, he oído con sumo interés y atención. La señora Chacón esta mañana ha hecho una intervención exhaustiva, que ella misma ha calificado poco más o menos de enmienda a la totalidad de los artículos que debatíamos, y me permito sugerir que esta noche ha hecho de nuevo algo muy parecido, sobre todo en lo que le interesaba fundamentalmente, aparte del tema de las becas que también usted ha tratado, en relación al artículo 42, relativo al acceso a la universidad. Señora Chacón, usted pide que se aclare si la ley se calla o no se calla nada, creo haber entendido y haber apuntado en mis notas, y plantea diversas cuestiones. Yo no puedo menos que contestarle que una ley no se calla absolutamente nada, por cuanto que no sería una ley razonable ni razonada si esto hiciese. La ley establece lo que establece y a mí juicio lo establece con suma claridad, de modo que el artículo 42, que a usted le preocupa y le ocupa, en su punto 1, hace una declaración de principios general ajustada a la Constitución, como usted sabe bien. Con respecto a los asuntos que usted ha planteado sobre el acceso a la universidad y qué requisitos habría que tener para ello, yo creo que el punto 2 del artículo 42 lo establece con diáfana claridad. Me va a permitir usted que lo releamos porque es obvio. Dice: para el acceso a la universidad será necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente. Aquí no se calla nadie nada ni se dice ni se omite nada, se establecen con absoluta y diáfana claridad las condiciones y los requisitos que establece la ley para la entrada de nuestros estudiantes en la universidad, que no son otros que estar en posesión del título de bachillerato.
Por otro lado, con respecto al punto número 3, que usted también ha citado prolijamente, yo entiendo lo que dice la ley y no puedo ni debo entender algo diferente a lo que la ley dice, independientemente de las insinuaciones o manifestaciones políticas de S.S. que legítimamente utiliza a su favor, como no puede ser menos y como su inteligencia política le aconseja debidamente. Señora Chacón, lo que dice el artículo 42, punto 3 es muy claro. Las universidades -establece el texto que estamos debatiendo-, de acuerdo con la normativa base que establezca el Gobierno, previo informe del consejo de coordinación universitaria, y, teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas disponibles,establecerán los procedimientos para la admisión de

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los estudiantes que soliciten el ingresar en centros de las mismas, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Lo único que se hace es recoger en este articulado de la ley el artículo 103 de la Constitución, que, como usted sabe sobradamente, es el que establece dichos principios.
Quiero recalcarle que tenemos que hacer frente a un dato fundamental, que es el referente a la movilidad de los estudiantes en nuestro país a partir de la entrada en vigor de esta ley. La ley establecería el distrito único universitario, por lo tanto, hay que responder con claridad al asunto de la movilidad del estudiante, que me parece absolutamente fundamental.
Quisiera recordarle a S.S. algo que también me parece de importancia y que es lo siguiente. Volver al sistema de selectividad, establecido por la Ley 30/1974, iría en contra de los sistemas generales europeos y del convenio de Lisboa. La forma de selección que contempla el proyecto ha sido defendida por el Consejo de Universidades en un informe emitido en el año 1995, y que sin duda S.S. conoce, y más recientemente durante la tramitación del Real Decreto 1640/1999, sobre pruebas de acceso a estudios universitarios. Yo creo contestarle debidamente a las cuestiones que S.S. plantea de la única manera que mi grupo parlamentario puede hacerlo, y es defendiendo el texto de la ley tal y como viene al Parlamento y manifestando públicamente -y deseando, como es natural, que conste en el «Diario de Sesiones»- que en esta ley nada se vela, nada se oculta y a nadie se malinforma. Las leyes no pueden malinformar, lo único que pueden hacer es establecer aquello que tratan de organizar y aquello que tratan de legislar. Consiguientemente, yo no puedo tener otra respuesta posible a lo que S.S. comenta que lo que termino de explicarle.
Con respecto a la enmienda transaccional que presentamos en relación con el tema de becas y ayudas al estudio, he explicado, creo que con bastante claridad, los principios que en ella se establecen y creo que el respeto de esta enmienda transaccional es absoluto con respecto a la Sentencia del Tribunal Constitucional. Espero la respuesta de su grupo parlamentario y en concreto de su señoría.
Su señoría también ha hecho unas referencias finales manifestando su opinión de que la ley disminuye la capacidad de representación de los estudiantes en los diversos órganos de gobierno de las universidades.
Desde mi grupo parlamentario es evidente que no podemos estar de acuerdo con su interpretación. Creemos honestamente que eso no es así y al menos este portavoz que les habla cree, después de una lectura atenta del artículo 46, que no se deducen conclusiones como las que S.S saca. Por tanto, no puedo decirle mucho más al respecto.
Tampoco estoy de acuerdo con la interpretación que hace referido al apartado 3 del artículo 46 en el sentido de que usted manifiesta su deseo de que desaparezca de la ley el previo informe del consejo de coordinación universitaria.
¿Por qué, señora Chacón, por qué le molesta a usted ese previo informe del consejo de coordinación universitaria que, a juicio de nuestro grupo, no molesta a nadie, a nadie puede confundir y que además es absolutamente razonable? Fíjese lo que dice aquí: las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes. En las universidades públicas, el consejo social, previo informe del consejo de coordinación, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios. Me gustaría que me comentara usted, si así lo estima oportuno, en qué sentido esto limita a nada o a nadie su representatividad dentro de los órganos de gobierno de las universidades y en qué sentido le puede molestar al Grupo Parlamentario Socialista semejante coma de este punto 3 del artículo 46. Por tanto, por parte de mi grupo creo que se han planteado las cosas con absoluta claridad y esperamos la respuesta de los restantes grupos parlamentarios, muy especialmente a la transaccional con respecto al artículo 45 relativo a las becas.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: En relación a la enmienda transaccional sobre becas no tengo el más mínimo reparo en reconocer que supone un avance sobre el texto del proyecto de ley en una línea que me parece razonable. Siempre es mejor tener textos que están más cerca de uno mismo que los que están distantes. Yo creo que todavía quedan trámites en esta Cámara como para poder ir acercando más las posiciones, pero aquí sí que hay un intento de aproximar posiciones, cosa que este grupo agradece, aunque entiende que debieran aproximarse mucho más precisamente desde la perspectiva constitucional y con la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha emitido en relación a estos temas.


El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, si es que quiere intervenir.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Sí, por supuesto, muchas gracias.
Quiero decirles, aunque la transaccional no lo era a ninguna enmienda de mi grupo, que esa enmienda que he escuchado estrictamente in voce -a pesar de que hace un momento el portavoz de Convergència i Unió me la ha dejado ver- respecto a las becas y a la gestión de las mismas y, por lo tanto, la acomodación del texto a la sentencia del Tribunal Constitucional, nos parece positiva y queremos que conste a este efecto.


Quiero discrepar respecto a esta enmienda a la totalidad que decía usted que hacía. No, se la hago de manera especial a dos artículos, como usted me parece

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que finalmente también ha matizado, e igual que usted me ha pedido alguna aclaración, yo también se la voy a pedir a usted, porque es verdad, me ha explicado lo que dice el artículo 42, pero no me ha respondido a alguna de las cuestiones que yo le planteado. Me responde usted diciéndome que es muy claro ese artículo, se refiere al título de bachillerato. Espero que usted no esté renunciando a la transaccional que se aceptó, que decía que también los titulados en formación profesional superior y mayores de 25 años podrían acceder a las enseñanzas universitarias. Entiendo que es simplemente porque nos estamos refiriendo a este artículo, pero más allá, dado que en la actualidad no va a haber prueba externa alguna a estos alumnos cuando consiguen el título de bachillerato, ¿me está usted diciendo entonces que se va a poder pasar desde la enseñanza privada, una vez obtenido el título de bachillerato, a la enseñanza universitaria privada sin que exista prueba externa alguna por parte de la Administración General del Estado a estos alumnos? Esta es mi pregunta, creo que es muy concreta, la he puesto ya de manifiesto. He dicho: usted dice, usted nos calla, pero existe una cuestión: o en unos casos nos ocultan la reválida o en el otro caso nos está diciendo que va a haber barra libre para la educación privada. Usted me hace una pregunta, me pide que se la conteste, yo voy a proceder ahora mismo a responderle y mi pregunta es meridianamente clara: me gustaría que usted me dijera que efectivamente me está diciendo esto o me está diciendo otra cosa, pero que me lo aclarara aquí.
Me preguntaba por qué sigo pensando, a pesar de que otorguemos estos derechos de participación en este artículo de derechos y deberes, que el Grupo Parlamentario Socialista no va a tener ningún obstáculo en apoyar, que existe recorte de la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno y se lo he relatado esta mañana, pero, como estamos ya todos muy cansados, yo misma no tengo ningún problema en decírselo de nuevo. El problema es que establecen números en los órganos de gobierno y como son exactos y establecen proporciones exactas, podemos saber cuántos estudiantes van a quedar en los órganos de gobierno. Ese tanto por ciento de estudiantes -que, como le aclaraba antes y, si quiere, le vuelvo a dar los datos, en cualquier caso va a ser el 10 por ciento- es menor que el grueso de representación media que tienen hoy los estudiantes universitarios en los órganos de gobierno de la universidad, que, en este caso, se queda en un único órgano. Por lo tanto, no es que yo esté faltando a la verdad, es que le estoy dando los datos y le estoy diciendo que según los números que ustedes han incluido en el texto de ley, con las medias que actualmente tenemos se reduce la participación de los estudiantes igual que se reduce la del PAS, en la que entraré posteriormente. Es decir, no sólo no le falto a la verdad, es que le estoy poniendo los datos sobre la mesa porque me he preocupado de tenerlos y de las medias actuales, y lo que le digo es que las estamos reduciendo. Y si usted no lo cree así deme unos datos que corroboren su afirmación, pero si no permítame que mantenga los míos porque le hablo de la participación y la representación media que existe actualmente y la que saldrá del texto tal como está si así lo aprobamos.


El señor PRESIDENTE: Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Le reitero lo que dice el punto 2 del artículo 42: Para el acceso a la universidad será necesario estar en posesión del título de bachillerato equivalente. Un problema diferente es cómo se adquiera el título de bachiller. Yo le estoy diciendo exactamente, señora Chacón, lo que dice la ley y le acabo de hacer una matización de suma importancia y de cierta fineza. Supongo que queda disipada cualquier posible duda respecto a la interpretación sobre la formación profesional.
Por último, porque el señor presidente sin duda no me dará más tiempo, lamento no poder estar de acuerdo con usted en la interpretación que me hace de la reducción de la representación de los estudiantes. Honestamente creo que no es así y que no hay nada en este proyecto de ley, que es lo que estamos debatiendo esta tarde y esta noche en esta Cámara, que pueda permitir la interpretación que usted hace. Se lo he dicho anteriormente. Me limito a leer el proyecto de ley, y según éste no puedo compartir la interpretación de S.S. por cuanto que no entiendo que en la ley que estamos debatiendo haya nada que pueda hacer presumir la interpretación que S.S.
manifiesta.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del Título IX. La señora Lasagabaster está presente y, si quiere decir algo, tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, no sé si lo ha aclarado antes, pero lo último que yo sabía es que a las 10 íbamos a iniciar las votaciones de lo tramitado. Me gustaría que nos aclarara el procedimiento que vamos a seguir a los efectos de poder hacer algo, no sabemos qué, pero saber a qué tenemos que atenernos.
(Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, se lo aclaro. Dije: no antes de las 10. Nosotros vamos continuar con el debate el tiempo que sea necesario. Yo estoy dando tiempo porque la ley lo merece y, por tanto, no estoy apretando los tiempos. Como ha sucedido en esta Cámara en situaciones parecidas, SS.SS. dispondrán de un pequeño refrigerio, pero continuaremos el tiempo que sea necesario hasta la votación. No le puedo decir en estos momentos cuándo se producirá.


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La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: La verdad, señor presidente, es que yo pensaba que iba a haber un segundo bloque de votaciones y a partir de ahí seguiríamos con el debate. Como además de todo lo que he dicho antes puedo añadir lo de nocturnidad, porque creo que es un dato objetivo en esta tramitación de la ley (y la alevosía, según me dice mi compañero, que estaba ahí desde antes, la nocturnidad empieza ahora), pues yo las doy por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González de Txabarri para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco mantiene vivas las enmiendas de la 70 a la 84 a este título IX, del profesorado. El conjunto de enmiendas tiene una característica genérica que es que son de supresión y de poda del proyecto de ley, porque desde nuestra perspectiva el proyecto de ley incide en materias que son competencia de las comunidades autónomas o de la propia universidad en su conjunto. Creemos que es el título que más habría que aligerar del conjunto del proyecto de ley. No tiene sentido decir, por ejemplo, que los profesores contratados son competencia de la comunidad autónoma en porcentajes más importantes de lo que eran hasta ahora y después reglamentar ad nauseam sobre la tipología de los mismos, cómo deben ser contratados, cuál es su carrera, etcétera. No tiene ningún sentido. Desde nuestro punto de vista, y en coherencia con los argumentos que hemos ido exponiendo en materia competencial, esta vez sí, de fuero, creemos que la mayoría de estos artículos deben ser suprimidos y remitidos a cada parlamento autonómico, de forma que sean éstos los que regulen los tipos, las formas de contratación, etcétera. De esta manera tendríamos un planteamiento plural del mundo universitario que respondería, de hecho, a las necesidades de cada una de las comunidades autónomas, En el tema anterior se incidía sobre el carácter de interés general del acceso a las universidades del alumnado, por ejemplo, ahora lo vemos desde la perspectiva del profesorado. Hay un tema, como el de la normalización lingüística de las lenguas distintas del castellano y los programas que en las distintas universidades se imparten, que si no se contempla como debe, no hay forma de organizarlo. El planteamiento tanto de cara al alumnado como de cara al profesorado está establecido sobre la base de un funcionamiento monolingüe del conjunto de las universidades españolas, circunstancia que sociológica y académicamente no responde a la realidad de las universidades. Desde este planteamiento creemos que debe establecerse una labor de poda fundamental.
Existe un segundo tema en estas enmiendas como es el de la habilitación. El Grupo Parlamentario Vasco solicita sustituir el sistema de habilitación nacional por el de acreditación y plantea incluir que sean los órganos competentes de las comunidades autónomas los que aprueben estas convocatorias de acreditación por ser los entes competentes en esta materia. En el trámite de ponencia se ha avanzado en este sentido en relación a la agencia de evaluación y en la determinación de los procedimientos que inciden en estos temas y nosotros creemos que empezando por el título y por el propio planteamiento hay que ir avanzando en otras líneas.
Antes el señor Guerra Zunzunegui ha planteado el tema de Alemania federal y en esa línea quizás se pueda avanzar suficientemente.
Respecto al tema del personal de cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen plazas vinculadas a servicios asistenciales de instituciones sanitarias, el Grupo Parlamentario Vasco considera una exigencia técnica ineludible que se regule en otro ámbito del texto, en la disposición adicional correspondiente, la prestación de servicios en instituciones sanitarias por parte del profesorado universitario perteneciente a áreas de conocimiento de carácter clínico asistencial. Y en relación a las plazas y su estado en los gastos del presupuesto, en coherencia con los planteamientos realizados anteriormente, seguimos manifestando que nos resulta inaceptable la atribución a órganos externos a la universidad de facultades que como la definición de las plazas presupuestadas que desea tener y cubrir, integren el núcleo esencial de la potestad de organización universitaria. Por ello se pide la supresión del párrafo 2 del artículo 63.
Existen otros temas de segundo nivel en relación a los planteamientos de reclamaciones o recursos administrativos que están defendidos en la justificación de las propias enmiendas. Y en relación al tema de retribuciones del personal docente, investigador y funcionario, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que deben abrirse posibilidades plurales para que cada universidad pueda plantear ámbitos de establecimiento de estas retribuciones del personal docente, investigador y funcionario en la medida de sus propias necesidades.
Finalmente, en relación a las plantillas de personal en las universidades, el Grupo Parlamentario Vasco plantea introducir una reforma que dote a las universidades de instrumentos más flexibles y eficaces con respecto a la planificación y gestión de sus recursos humanos, lo que entraña modificar las normas de la legislación general funcionarial en el sentido de adaptarlas a la modernización de la organización universitaria, así como a la mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión universitaria. Antes se hablaba de si este proyecto de ley mantiene un sistema mixto entre el sistema latino y el sistema anglosajón. Nosotros, en la defensa del modelo que proponemos, y sin llegar hasta los extremos que planteaba el señor Guerra Zunzunegui de decir que en tres años los profesores serían despedidos -usted ha puesto ese ejemplo, señor Guerra Zunzunegui, no lo he puesto yo-, creemos que existen

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fórmulas, como la que propone la enmienda 83, del Grupo Parlamentario Vasco, para flexibilizar las plantillas, de forma que se concilie el concepto de plantilla presupuestaria, que hace referencia a las plazas -que técnicamente son las dotaciones o créditos presupuestarios para el gasto de personal-, con una nueva dimensión del concepto de relación de puestos de trabajo, que hace referencia a la clasificación del personal y de los puestos que desempeña, a través de los cuales realiza sus posibilidades de carrera interna, tanto docente como, en su caso, administrativa. Desde este punto de vista, entendemos que existen fórmulas que sí son mixtas, y no rígidas y estructuradas, como las que plantea el proyecto de ley, de forma que las universidades puedan contar con herramientas de gestión más modernas, más eficaces, incluso en la línea que las propias administraciones públicas están realizando con carácter general, no vaya a ser que las universidades vayan a la cola de las reformas y de las innovaciones en la función pública.
En resumen, señor presidente, una labor de poda importante en este título IX referido al profesorado, establecimiento de los ámbitos competenciales en sus justos términos, remisión del tema del personal sanitario a las disposiciones adicionales y un planteamiento más flexible, más moderno, más conciliador, de herramienta de trabajo de todo lo que suponen las RPT, las plazas, las plantillas de personal.
Creemos que a la universidad hay que ofrecerle flexibilidad y no elementos de rigidez que, después, impiden el normal desenvolvimiento de la misma.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Nosotros hemos presentado 11 enmiendas, de las que todavía quedan vivas algunas a este título que paso a comentar.
En primer lugar, la enmienda 325 al artículo 50. El texto redactado en la ponencia es mejor respecto al original, puesto que es más flexible en la penalización de los dos años de contratación en la universidad en cuestión -estamos hablando de los profesores ayudantes doctores-. Digo que es más flexible porque antes figuraba que no debían estar contratados en los dos últimos años y en el texto actual figura que al menos durante dos años no hayan tenido relación contractual. Nosotros insistimos en la redacción que le habíamos dado en nuestra enmienda a este artículo y solicitamos que se reflexione.
Entendemos que, a los efectos, los resultados pueden ser similares, pero nos parece más oportuno hacer énfasis no en penalizar que el profesor, el ayudante haya estado contratado en una determinada universidad a la cual quiere optar, sino en que se acredite al menos una estancia efectiva de investigación y docencia en una universidad o centro no vinculado a la universidad contratante, cuya duración sea continuada o no, por un periodo alterno, pero que sume 24 meses. Es obvio que si ha permanecido en otra universidad distinta durante dos años, continuos o no, lo cierto es que durante ese tiempo no iba a estar contratado en la universidad a la cual quiere optar. Nos parece más flexible y más oportuno hacer énfasis no en penalizar el haber estado contratado en determinada universidad, sino en fomentar que se acredite la estancia en otras universidades.


Otra de las enmiendas que mantenemos viva es la 326 al artículo 51, de los profesores colaboradores. La redacción actual habla de que los profesores colaboradores podrán ser contratados en las áreas que establezca el Gobierno. Nosotros proponemos una enmienda en la que añadimos un segundo párrafo que propone que haya una cierta flexibilidad para adaptar las plantillas del personal docente a las necesidades de titulaciones que presenten una proyección preferentemente profesional por su propia naturaleza o en atención a las peculiaridades de las diferentes comunidades autónomas.
Entendemos que las comunidades autónomas, según dice la enmienda, podrán establecer por motivos de interés autonómico, de acuerdo con sus universidades y con un informe preceptivo del consejo de coordinación universitaria, criterios para adaptar la figura del profesor colaborador; figura en este caso de los profesores colaboradores que no está reflejada en el artículo y que nos parece importante que se recoja.
La enmienda 327 sí está incorporada al texto de la ponencia, pero la comento porque otra semejante no lo está. La 327 se refiere a las retribuciones del personal docente investigador, me refiero al contratado, pues se ha incorporado una nueva redacción del apartado 2, de forma que las comunidades autónomas puedan establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las comunidades autónomas, el consejo social, a propuesta del consejo de gobierno, podrá acordar la asignación individual. Esta enmienda va acompañada de otra que también ha sido aceptada que se incluye en el artículo 55 como nuevo apartado 4, de forma que tanto en los programas de incentivación desarrollados por las comunidades autónomas como los desarrollados por el Gobierno la asignación se haga previa valoración de los méritos por un órgano o una comisión de evaluación externa.
La enmienda 329 no ha sido aceptada y no entiendo la razón. Hace referencia al artículo 61, que habla de las plazas de profesores vinculados a servicios asistenciales e instituciones sanitarias, donde se introduce que las peculiaridades de estas plazas se desarrollan en base a la Ley General de Sanidad y a las normas que pueda desarrollar el Gobierno en su momento a propuesta conjunta, dice el texto, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Defensa. Nosotros proponemos que desaparezca el Ministerio de Defensa puesto que si estamos

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hablando de normas básicas, es obvio que hay hospitales docentes que pueden depender del Ministerio de Defensa, pero que este ministerio esté al mismo nivel que el Ministerio de Educación o el de Sanidad a la hora de proponer normas básicas no nos parece oportuno porque tendríamos que incluir a todas las comunidades autónomas, puesto que la labor del Ministerio de Defensa como responsable de hospitales docentes debe estar al mismo nivel que el de las comunidades autónomas, pero no a la hora de ejecutar y poner en marcha los contratos que las universidades hacen con comunidades autónomas, o en este caso con el Ministerio de Defensa, ni a la hora de elaborar normas básicas sobre aspectos que son competencia exclusiva del Ministerio de Educación y del de Sanidad.
Con respecto a la enmienda 330, que no ha sido aceptada y hace referencia al artículo 62, al procedimiento de habilitación, tenemos razones para estar preocupados de que ciertos aspectos del proceso de habilitación puedan impactar de forma negativa en ciertas universidades, en concreto en las universidades canarias, al no tenerse en cuenta las alegaciones que hacemos a este artículo 62.
Entendemos que las universidades públicas, en el modo que se establezca en sus estatutos, deben acordar anualmente las plazas que deben ser provistas mediante concurso de acceso entre habilitados.
Asimismo, en el punto 2 entendemos que el Consejo de Coordinación Universitaria debe convocar anualmente las habilitaciones en las áreas de conocimiento correspondientes a las plazas cuya provisión haya sido solicitada por las universidades. Ahora mismo no está fijado con qué carencia van a ser convocadas las plazas de habilitación y debe estar fijado con carácter anual, puesto que si no se pueden producir descoordinaciones que impidan dar respuesta a las necesidades de las universidades.
También presentamos una enmienda al apartado 3 de este artículo 62, con la redacción siguiente: Con el fin de garantizar la posibilidad de selección de las universidades entre habilitados, las comisiones de habilitación podrán proponer al Consejo de Coordinación Universitaria la habilitación de cuantos candidatos estime que reúnen los méritos docentes. En este sentido, no debe limitarse el número de habilitaciones conforme estén acreditados sus méritos, puesto que de lo contrario -y repito, nos preocupa la situación en que se pueden ver en este caso las universidades en Canarias- nos podemos encontrar con que el embudo producido en el número de habilitados impida la posibilidad de que a la hora de seleccionar entre los concursos que saquen las universidades no tengamos un pool suficiente para que los profesores compitan a la hora de ser seleccionados.
La enmienda 331 no ha sido aceptada y hace referencia al artículo 63.1, que se refiere a las convocatorias de concursos a cuerpos de funcionarios docentes. Entendemos que se produce un salto directo desde la universidad a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. En nuestra enmienda se precisa la necesidad de la autorización previa por parte de las comunidades autónomas.
La enmienda 332 se refiere al artículo 65 y tiene que ver con la ya comentada anteriormente 330 que no ha sido aceptada. Proponemos añadir un segundo párrafo que diga lo siguiente: El destino obtenido tras el concurso de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes deberá desempañarse al menos durante tres años antes de poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo en otras universidades. Esto va en consonancia con lo que refleja hoy por hoy el artículo 1 del apartado 2 de la Ley 30 de 1989.
Presentamos esta enmienda porque no quisiéramos que nuestras universidades, las universidades canarias, se conviertan en un lugar de paso, como ya ocurre con otras áreas de los sectores o de los servicios públicos, como es justicia o sanidad, por nombrar a algunas, en donde una vez sacada la plaza no se produce un mínimo de estabilidad en la permanencia. Entendemos que el hecho de fomentar la movilidad no debería entrar en contradicción con la estabilidad mínima para garantizar una continuidad necesaria en todo proceso de consolidación de la calidad en sus plantillas de las ofertas de la universidad.
El Grupo Popular nos ha ofrecido una transacción a esta enmienda, de forma que los tres años que planteamos se quedan en dos.
Preferiríamos los tres años, porque dan más garantías, pero aceptamos la enmienda transaccional que recoge los dos años.
Las enmiendas 333 y 334 hacen referencia a lo planteado en las números 327 y 328, que ya he comentado. Las últimas se referían al personal contratado y las primeras se refieren al personal funcionario. La 334 está aceptada, y la 333 sería la homóloga de la 327, pero sobre personal contratado. Se trata de que las comunidades autónomas puedan establecer retribuciones sobre incentivos, méritos individuales, etcétera, de los profesores funcionarios. Quedaría incompleto si no se aceptara en los mismos términos que figura para el personal contratado.
En la 335, al artículo 70, planteamos reforzar el papel de la comunidades autónomas en las autorizaciones del gasto de personal y la necesidad de interponer su figura en este punto.
Por último, en la enmienda 336, al artículo 75.1, interponemos nuevamente el papel de las comunidades autónomas. Se habla de que las universidades puedan crear categorías de personal; nosotros planteamos personal laboral propio porque las categorías y escalas de personal funcionario están sometidas a la Ley de la función pública, como todos sabemos. Se trata de que, mediante ley autonómica, se puedan crear cuerpos y escalas propias de las universidades públicas en el ámbito territorial. Nuestro planteamiento es coherente y, de lo contrario, si no se interpone a la comunidad autónoma, nos podemos encontrar a medio o largo

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plazo con escalas diversas en cada comunidad autónoma y con grandes dificultades para afrontar procesos de movilidad, incluso dentro del territorio autonómico. Habría que establecer un criterio de homogeneidad para que las comunidades autónomas creasen nuevas categorías de personal.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Voy a liberar a la Comisión de una larga intervención sobre el profesorado. Es tentadora porque este es uno de los títulos sustanciosos -todos lo son, porque lo vamos diciendo al inicio de cada uno-, pero más vale ceñirse a las enmiendas que hemos presentado, no sin antes dejar claro como afirmación general que el modelo de conjunto de habilitación que establece esta ley no nos gusta; el esquema de habilitación que establece esta ley no nos gusta. En cambio, y con la misma brevedad con la que digo una cosa digo la otra, nos parece -lo he dicho antes, pero quisiera reiterarlo- especialmente positiva la aportación que hace esta ley de la figura del profesor contratado doctor por un contrato laboral por tiempo indefinido. Subrayo lo de tiempo indefinido, porque esta es una de las discrepancias importantes, entre otras muchas, que podríamos tener con las propuestas alternativas del Grupo Parlamentario Socialista, en las que la figura del contratado doctor sigue apareciendo, pero siempre con un contrato laboral precario, temporal, en ningún caso configurado como una auténtica carrera académica paralela, que es lo que va a empezar a nacer en este ámbito, a partir de la aprobación de esta ley. Nos parece que es algo positivo y no digo que lo corrija o lo supla, pero, desde el punto de vista global, sirve un poco de contrapeso de lo que es un modelo de habilitación que sigue teniendo elementos de rémora del pasado y que es posible que no acabe de solucionar alguno de los problemas que pretende resolver, aunque tampoco los cree nuevos, como otras personas denuncian. Habíamos presentado una serie de enmiendas en el ámbito del profesorado, algunas muy técnicas, otras de mejora de texto que prácticamente han quedado todas ellas -excepto las que voy a comentar a continuación- incorporadas en el texto de la ponencia.
Las enmiendas que quedan vivas en este momento son sustancialmente las siguientes. Al artículo 48, una enmienda por la que pretendemos corregir el criterio de reparto o la forma en que se plantea el reparto entre personal funcionario y personal contratado en la universidad. La actual redacción del proyecto de ley, que así se mantiene en la ponencia, dice que el número total de personal docente e investigador contratado -y subrayo, personal docente e investigador contratado- no podrá superar el 49 por ciento del total del profesorado de la universidad. A nosotros nos parece que la forma de plantear este tema (que en la práctica es importante, es decir, cuántos del total de los profesores del cuerpo académico universitario pueden ser contratados sobre el total) no es la correcta porque está mezclando churras con merinas o está comparando o sumando, como se nos explicaba en el colegio, peras y manzanas.
Esto es una de las cosas que se nos enseña en la educación primaria: no sumar peras con manzanas. Por tanto, nosotros proponemos dos fórmulas. La primera opción es que el número total del personal docente investigador contratado no podrá superar el 49 por ciento del total del personal docente investigador de la universidad. La segunda opción es que el número total de profesorado contratado no podrá superar el 49 por ciento del total del personal de la universidad.
Nos parece que no se debe de mezclar las cosas como está haciendo este texto. Podría desarrollar -porque me costó entenderlo en su momento, pero llegué a entenderlo bastante bien- las consecuencias viciosas que tiene esta redacción. Por ello seguimos manteniendo esta enmienda y pedimos al Grupo Parlamentario Popular que reflexione sobre el sentido que tiene mantener el texto del proyecto de ley tal cual está planteado.
Está viva todavía la enmienda al artículo 68, que es estrictamente de carácter autonómico, en línea con otras que hemos venido planteando, aunque ya anuncia algo que de nuevo volveremos a enmendar cuando llegue el artículo 83. Se trata de una enmienda al artículo 68, que habla del régimen de dedicación del profesorado, y en el que se establece claramente que el profesorado en las universidades públicas ejerce sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o a tiempo parcial y la dedicación ha de ser compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, etcétera, a que se refiere el artículo 83. Lo único que hacemos aquí es una llamada -como hemos intentado hacer en otros ámbitos de esta ley- a la facultad de las comunidades autónomas de dictar normas de desarrollo. Por tanto, cuando se dice: de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, debe de quedar claro que son las del Gobierno y las que en su desarrollo dicten las comunidades autónomas. Bien es cierto que si son básicas siempre podrán después las comunidades autónomas seguir desarrollando, pero nos parece oportuno subrayarlo aquí.
Aquí adelanto (prometo no pararme mucho en eso cuando lleguemos al artículo 83, o sea que no es que vaya a desarrollar dos veces la misma idea) que el tema tiene especial trascendencia, porque el artículo 83 habla de la posibilidad de los funcionarios públicos de colaborar con personas, entidades privadas de algún tipo en la prestación de servicios o actividades de investigación, etcétera. Ahí en su momento también tenemos una enmienda que va por otro lado y que serefiere a otro tema, pero lo que sí quiero destacar es que

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este tipo de contratos que puedan realizar profesores de las universidades públicas con entidades privadas, institutos, etcétera, y también con empresas, están afectando, desde el punto de vista competencial, no sólo al ámbito universitario, sino a temas de desarrollo industrial y también incluso a temas a lo mejor de comercio. Por tanto la vía, y por eso lo comento ahora, por la cual entendemos que la comunidad autónoma tiene que tener la facultad expresa de dictar normas de desarrollo del 68 y del 83 no es sólo la de la competencia que se basa en los criterios de universidades o competencia universitaria, sino es también la competencia en materia de industria y probablemente la vía de competencia en materia de comercio interior e incluso, si me apuran, de derecho de la competencia. Por tanto, creemos que por las dos razones está sobradamente justificado que el artículo 68 reconociera expresamente la facultad de las comunidades autónomas de dictar normas de desarrollo.


El artículo 72 está en este título y entonces tengo más enmiendas, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El artículo 72 se refiere a universidades privadas y lo hemos dejado para un debate específico.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Entonces me paro aquí y ya lo comentaré en el 72 cuando tratemos de universidades privadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: No me voy a disculpar por lo que me parece que es un ejercicio de responsabilidad por parte de mi grupo, y es extenderme en un título en que el modelo que defendemos es contrapuesto en prácticamente todo al modelo que se diseña en este texto. Por tanto, no sólo utilizaré mis veinte minutos, sino que a lo mejor -y voy a intentar que no suceda así- incluso me paso porque de manera específica nos parece un título -como además será lugar común en esta Cámara- importante al efecto de aprobar hoy las enmiendas a este texto.
Señor presidente, señorías, expondré, como les digo, la posición de mi grupo en relación a este título IX de la Ley de Universidades referido a profesorado. Empezaré por expresar que, con los matices que voy a introducir más adelante, compartimos buena parte de los objetivos que en relación con el profesorado universitario se recogen en el preámbulo del texto enviado a esta Cámara por el Gobierno. En efecto, creemos que es necesario revisar algunos extremos de la actual normativa para corregir disfunciones, introducir más flexibilidad en el régimen de profesorado universitario contratado y revisar la distribución competencial entre el Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades, una vez que se han producido todas las transferencias en materia de enseñanzas universitarias, incorporando las administraciones autonómicas a los procesos de ordenación del profesorado contratado. Nada que objetar, compartimos en lo esencial que es preciso evitar la endogamia en los procesos de selección de los profesores, que resulta necesario recuperar el carácter original de la figura del profesor asociado, que hay que revisar las categorías de profesorado contratado, que hay que incorporar a nuestro ordenamiento universitario las prácticas de evaluación de la actividad docente investigadora de los docentes, que a pesar de las críticas recibidas (por cierto algunas especialmente empecinadas provienen de grupos que hoy las aplauden calurosamente), se han revelado eficaces, y todo ello porque si mejoramos la calidad de nuestros profesores estaremos sentando las bases más sólidas para mejorar la calidad de nuestra enseñanza superior, que entiendo que es lo que nos reúne hoy aquí. Todo ello y sobre todo partiendo del reconocimiento de la tarea que desarrollan nuestros profesores. Si hoy tenemos la mejor universidad, de la que nunca ha dispuesto la sociedad española, es porque tenemos los mejores profesores y los mejores investigadores de los que nunca hemos dispuesto.
El problema es que, lamentablemente, no podemos compartir prácticamente ninguna de las propuestas que para alcanzar esos objetivos nos propone en este texto el Gobierno. Creemos que se trata de propuestas en algunos casos poco meditadas que, como trataré de demostrar, en muchos casos no sólo no van a alcanzar los objetivos que se proponen, sino que, muy al contrario, van a empeorar los sistemas actuales y van a restar flexibilidad a nuestras universidades; propuestas que en algún caso son radicalmente incompatibles con la autonomía universitaria, insólitas en los países con sistemas universitarios más avanzados y que en otros casos son sencillamente incumplibles.
Empezaré hablando de lo más general, el modelo que el texto remitido por el Gobierno plantea. Señorías, aunque de esto se ha hablado muy poco (la verdad es que no sé ni por qué digo esto, porque se ha hablado muy poco de esto, de lo otro, de todo; en cualquier caso, aquí continuaremos intentándolo), el proyecto del Partido Popular introduce un cambio significativo en el modelo recogido en la Ley de Reforma Universitaria. En la LRU el profesorado estable de la universidad estaba compuesto por funcionarios. Es verdad que esos funcionarios tenían características singulares: pertenecían a cuerpos universitarios de carácter nacional, aunque los cuerpos de profesores universitarios nunca se definieron como tales, pero eran seleccionados por las propias universidades de las que dependían a todos los efectos. Esta peculiar definición partía de la consideración de que la pertenencia de los profesores a cuerpos comunes, con un estatuto común y retribuciones en gran parte también comunes, favorecía la existencia de un sistema universitario estatal, pero que el respeto a la

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autonomía universitaria exigía que las universidades participaran en la selección de su propio profesorado y tuvieran plenas competencias en la administración de sus docentes, tanto contratados como funcionarios. Se trataba, pues, de establecer una regulación atenta al mismo tiempo a la existencia de un sistema universitario estatal y a la autonomía universitaria, en la que los derechos de pertenencia a un cuerpo cedían en general frente a las competencias de la propia universidad. Por eso, por ejemplo, los traslados de profesores entre universidades se condicionaban a las decisiones de la propia universidad.
El proyecto de ley del Gobierno introduce otra categoría de profesores estables, los denominados profesores contratados doctores, cuya regulación corresponde a la comunidad autónoma y a la universidad en el marco de las previsiones de la ley y del régimen laboral general al que la propia ley remite. Se establece así lo que en la jerga universitaria se conoce como doble vía: dos tipos distintos de profesores universitarios estables, unos funcionarios y otros contratados laborales; dos tipos distintos de profesores que en principio van a efectuar exactamente las mismas tareas. Ambos, contratados y funcionarios, darán clases e investigarán, eso sí, tendrán distintos derechos, distintas retribuciones, distintos sistemas de jubilación y, por supuesto, distintos mecanismos de acceso y de promoción -lo ha dicho muy claro mi compañero diputado de Convergencia i Unió, una vía absolutamente paralela-, harán lo mismo, señorías, pero serán distintos.
Ya sabemos lo que eso quiere decir: dificultades de gestión e incluso eventuales discriminaciones. Los profesores dirán: si hacemos lo mismo, por qué no ganar lo mismo; si hacemos lo mismo, por qué no tenemos los mismos derechos. Descendamos un poco más, dirán: si yo soy contratado como catedrático de universidad -y no lo duden, existirá este tipo de contratos-, por qué no puedo ser rector; si soy catedrático de universidad, por qué no tengo derecho a un convenio laboral como lo tienen mis compañeros contratados.
La historia reciente de la Administración está llena de procesos de funcionarización, los más frecuentes, pero también de procesos de laboralización, con la consiguiente declaración de extinción de cuerpos y escalas y de amortización de las correspondientes vacantes.
No son caprichos de las administraciones, surgen de la necesidad de evitar la disfuncionalidad que para cualquier organismo supone la existencia de trabajadores estables con regímenes distintos. Si hay dos regímenes distintos uno será mejor que el otro y eso, a juicio de mi grupo, no es bueno. Si son iguales, ¿por qué tiene que haber dos? La pregunta que cabría hacerse es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia que en la ley se establece -y fíjense que digo en la ley- entre un profesor funcionario y uno contratado laboralmente? Su sistema de acceso. Para un funcionario, pongamos un titular de universidad, un complejísimo sistema que comienza con una habilitación, es decir, con una oposición con tres ejercicios a la que le sigue un concurso en la universidad en la que se pretende ingresar. Para ser contratado estable, un concurso en la universidad que convoca la vacante, al que se puede acceder una vez obtenida la evaluación positiva de la Agencia Nacional de la Calidad o del órgano de evaluación externa creado por la comunidad autónoma a tal efecto.
En ambos casos se exige la titulación de doctor y tres años de experiencia docente o investigadora post-doctoral en el supuesto de acceso al contrato laboral.
Puestas así las cosas, no es difícil imaginar que la vía elegida preferentemente por aquellos doctores que pretendan alcanzar un puesto estable en la universidad será la vía contractual. El problema es que esa pretensión coincidirá muchas veces con la elección de la universidad, que preferirá seleccionar a sus profesores a tener que elegir obligadamente uno de entre los previamente seleccionados por un tribunal ajeno por completo a la misma. En definitiva, señorías, la decisión simultánea de diseñar una fórmula de acceso centralizada y retrógrada para acceder a los cuerpos docentes y crear la figura de profesores contratados estables, puede conducir sin duda a muchas universidades a ir orientando sus plantillas hacia lo que podríamos denominar vía contractual; por cierto la potencialmente más endogámica de las dos. Se me dirá que existe un límite del 49 por ciento para las plantillas del profesorado contratado. Permítanme no obstante que, desde la experiencia acumulada en estos años, muestre mi escepticismo sobre la eficacia de este tipo de previsiones, tanto más cuando en definitiva lo que está en juego es algo tan consustancial a la autonomía universitaria como es la selección de su propio profesorado. No, señorías, no hago política-ficción, no; las enmiendas de algunos de los grupos de esta Cámara son suficientemente reveladoras de que esta es una posibilidad en la que se está pensando. No está aquí el señor Guardans, no obstante ha sido muy claro en su exposición y les quería traer el ejemplo.
Convergència i Unió plantea una enmienda al artículo 52 de esta ley, para que la exigencia que en el proyecto de ley se establecía para acceder a las plazas de profesor contratado doctor pase de cuatro años de actividad docente e investigadora post-doctoral a sólo tres años, y se ha aceptado en la ponencia. La justificación que para dicha enmienda introduce el grupo proponente no deja lugar a dudas sobre lo que les comento; cito textualmente: dar solución de continuidad a la posible contratación de ayudantes, que tiene un límite de cuatro años y que deben ser evaluados antes de poder ser contratados como profesores doctores. Con la propuesta de tres años se permite que, dentro del período de cuatro años, puedan solicitar la evaluación y presentarse a los concursos correspondientes a contratado doctor -fin de la cita-. Efectivamente, quien así razona, señorías, está pensando en una verdadera carrera

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docente, que conduce directamente desde la categoría de ayudante hasta la de profesor contratado doctor, que no olvidemos que en el texto de la ley no es una categoría temporal, sino dotada de estabilidad laboral, lo queramos o no, porque, señorías, el Estatuto de los Trabajadores es taxativo en este punto, no me lo negarán. La temporalidad laboral tiene un tope fijado en el propio Estatuto: tres años; después, la fijeza, el contrato laboral indefinido; por cierto una estabilidad que, a tenor de la experiencia, es tan sólida e inamovible como la de los funcionarios. Quien así razona está pensando en un profesor en formación, el ayudante, y otro estable, el contratado doctor; está razonando sobre la base de una vía contractual, alternativa a la vía funcionarial; una pretensión que por cierto no es nueva ni es conocida y que, por supuesto, es perfectamente legítima.
Incidentalmente, señorías, no quiero dejar de comentar la disfunción que revela esta justificación que les acabo de leer, y llamo su atención simplemente sobre el hecho de que el enmendante está hablando de la figura del ayudante y no del ayudante doctor, que sería la lógica, dado que la actividad docente e investigadora que exige la ley es después de realizada la tesis doctoral. Es, creo yo, un error del enmendante -se lo preguntaremos después-, aunque revela una disfunción más de un texto de ley poco pensado. Es evidente que se puede acceder directamente de ayudante a profesor contratado doctor, presumiblemente estable, sin pasar por la categoría de ayudante doctor. La pregunta es: ¿cuál es la virtualidad de los dos años de trabajo fuera de la universidad que obligatoriamente se exigen a quienes deseen ser ayudantes doctores, si se puede acceder directamente, sin pasar por esta categoría, a la de profesor doctor, que es presumiblemente, y así está diseñada en la ley, una categoría de profesor estable? Por cierto, no estoy hablando de algo que vaya a ser infrecuente, porque muchos de los ayudantes futuros lo serán después de haber disfrutado de una beca de cuatro años para realizar su tesis doctoral, es decir podrán cubrir el requisito de tres años de docencia e investigación post-doctorales como ayudantes.
Como les decía, no nos gusta el texto. No estamos seguros de que su redactor, el Gobierno, cuando lo aprobó, tuviera claras las consecuencias de lo que estaba aprobando. Creemos que la doble vía no es una buena solución. Pensamos que es disfuncional, y tal vez se nos aclare hoy aquí por parte del portavoz del Grupo Popular. Como además tuve ocasión de decirle a la ministra en el debate de totalidad, lo peor es que una mala formulación de los sistemas de acceso a los cuerpos docentes universitarios puede conducir a las universidades a optar por una alternativa que aquí, en el Parlamento, apenas hemos discutido. Como bien saben, no pudimos enterarnos de la opinión de la ministra, porque no quiso salir a defender su ley, a debatir su ley en definitiva, con los representantes de los ciudadanos y ciudadanas.
En el Grupo Socialista estamos dispuestos, sin ninguna duda, a debatir a fondo las ventajas y los inconvenientes de la doble vía; estamos dispuestos incluso a debatir a fondo sobre la idoneidad del carácter funcionarial de los profesores universitarios. Tenemos nuestro modelo, pero no nos negamos a discutir ningún otro alternativo. Lo que quiero denunciar hoy aquí es que estamos aprobando una ley que, como creo haberles demostrado, puede tener efectos de enorme importancia sobre las universidades, sobre el sistema universitario español, sin que en ningún momento se haya planteado una reflexión de fondo, y dadas las horas en las que estamos debatiéndolo, mucho me temo que nos vamos a quedar igual, pero no me quiero quedar en las críticas al modelo. Ya he apuntado que la solución que se aporta para combatir la endogamia a juicio del Grupo Socialista es mala, que se sacan del baúl de la historia las viejas posiciones centralistas, a las que, eso sí, se bautiza con nombre alemán, habilitación, pero son viejas y son centralistas y, además, son un sistema, como dije antes, insólito, porque, señorías, con la excepción de Italia, no existe ningún otro país en la OCDE en el que las universidades tengan que elegir obligatoriamente sus profesores de entre aquellos previamente seleccionados por tribunales estatales. Existen, eso sí, países, como Francia y Alemania, en los que se establece algún sistema de acreditación, por cierto, como el que proponemos en nuestras enmiendas el Grupo Socialista. Hay otros en los que ni tan siquiera se exige ningún tipo de acreditación, pero el sistema que aquí se propone es insólito y, sobre todo, incompatible con la autonomía universitaria y la autonomía política que garantiza nuestra Constitución. Por cierto, no es nuevo en nuestro país, señor Ollero, por si acaso me lo vuelve usted a repetir; oposiciones como las que se plantean en esta ley, ya las hubo en España y ya fueron rechazadas por las universidades antes incluso de que se desarrollara la autonomía prevista en nuestra Carta Magna.
Hemos oído también a la ministra de Educación en estos días defender este sistema como el idóneo para garantizar la incorporación a nuestros claustros de los profesores e investigadores que en estos momentos trabajan fuera de nuestro país. La verdad es que, a nuestro juicio, nos resulta imposible imaginar a uno de esos investigadores brillantes, encerrado unas cuantas horas en una habitación, preparando la lección de un temario básico de su especialidad para exponerlo después frente a un tribunal antes de ir a concursar a las distintas universidades para obtener una plaza de profesor titular, al que se le dice: deja tu universidad, tu laboratorio, tus colaboradores, tus estudios, tus estudiantes de doctorado y vuelve aquí, a España, que después de tres ejercicios y unos cuantos concursos, obtendrás una plaza y podrás empezar de nuevo en España.
Señorías, ¿de qué estamos hablando? Se me dirá: no, para eso ya está la vía contractual; y yo les digo: sí, pero siempre ycuando no se presente a los concursos un doctor que

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tenga la habilitación porque si se presenta, según la ley, según el texto que tenemos aquí y que ustedes defienden, éste tiene un mérito preferente. Además, contratamos a nuestro investigador, a nuestro profesor, se supone que con un gran currículum, pero no puede ser ni rector ni decano ni jefe de departamento ni participar en los tribunales de habilitación. No, señorías. A nuestro juicio, su ley tampoco arregla este problema. Y les diré algo más. El sistema de profesorado que ustedes han diseñado, lejos de dotar de mayor flexibilidad a las universidades, les resta capacidad de maniobra.
Ya he hablado aquí de la contratación laboral. Tiene ventajas, sin duda, pero presenta algunas limitaciones sobre las que cabría reflexionar. La universidad podrá contratar, con las características ya comentadas, profesores doctores, también ayudantes y ayudantes doctores y, en algunas áreas de conocimiento, sólo en algunas, colaboradores. De estos últimos, no se dice nada en la ley, sólo que serán contratados en régimen laboral, es decir, como citaba antes, por un período máximo de tres años antes de pasar a ser fijos. Ambas limitaciones, que sólo podrán ser contratados para impartir enseñanza en algunas áreas de conocimiento y por un período máximo de tres años antes de pasar a ser fijos, supone, a nuestro juicio, unas limitaciones excesivas, porque las necesidades de las universidades -pienso en las escuelas técnicas, en las escuelas universitarias, en las universidades pequeñas- exigen poder contratar temporalmente profesores durante un tiempo que es difícil establecer a priori y, desde luego, en cualquier área de conocimiento. ¿Por qué establecer esas limitaciones? ¿No resultaría más razonable dotar a las universidades de un sistema menos rígido, más flexible, que permita que las universidades contraten temporalmente con más libertad según sus necesidades? Nosotros, los socialistas, creemos que sí y, en ese sentido, van también nuestras enmiendas.
Igualmente, creemos que los efectos negativos de la endogamia se pueden corregir sin limitar la autonomía universitaria. Nos hemos reiterado también en este punto. Se puede garantizar, a través de un sistema de acreditación abierto, que todo aquel que pase a ser profesor estable de la universidad tenga los méritos suficientes para serlo y, después, que sean las universidades las que decidan, de entre quienes tengan méritos suficientes, el mejor, desde luego, según el currículum, pero también de sus propias necesidades docentes e investigadoras. Creemos, en fin, que a las universidades se pueden incorporar profesores de otras universidades o centros de investigación españoles o extranjeros a través de concursos específicos, convocados de acuerdo con las universidades.
Experiencias sobre la eficacia de este tipo de procesos existen ya en nuestro sistema universitario y funcionan bien.
Señor presidente, señoras y señores diputados, voy terminando. El proyecto de ley que ustedes han traído a esta Cámara, que el Gobierno ha traído a esta Cámara, es, según nuestro juicio, un mal proyecto de ley. En este título creemos que se nota especialmente la precipitación, la ausencia de un modelo claro y definido y la improvisación. Como ya he dicho, la propuesta que se nos hace, lejos de arreglar los problemas que tenemos, en muchos casos los agrava. Así no se van a mejorar los sistemas de acceso y de selección del profesorado. Quisiéramos equivocarnos, pero mucho me temo que su habilitación, sencillamente, señores del Grupo Popular, no va a funcionar, que su carrera docente tampoco y mucho me temo que el diseño que han hecho ustedes del profesorado contratado acabará resolviendo de mala manera los problemas de estabilidad del profesorado actual y no dotará a las universidades -y ese era en teoría el objetivo- de mayor flexibilidad para contratar, sino justamente al contrario.
En resumen, nos parece una oportunidad perdida y no porque no existan soluciones. Simplemente es porque ha faltado voluntad de buscar un acuerdo y porque en todo este proceso ha habido mucha soberbia, señorías, mucho miedo al debate y mucho miedo a la discusión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Intentaré, en lo posible, intervenir con brevedad. Lógicamente, no podré pronunciarme sobre todas las enmiendas, pero me ayudará un poco a ser breve -espero- el que, como es lógico y habitual en esta casa, no voy a leer mi intervención y mucho menos en un trámite de Comisión.
Estamos en un punto decisivo de la reforma con el que va a ponerse fin a un largo debate porque, como ya se ha recordado hoy, incluso este aspecto del profesorado fue objeto específico de los dos intentos del Partido Socialista de modificar esta ley. Por tanto, es un tema debatido y trillado. Estamos dándole vueltas a estos problemas desde 1992. Ya hablamos de habilitación aquí en aquellos años y recuerdo perfectamente mis amables conversaciones con mi gran amigo, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que me reconocía que el sistema de habilitación le gustaba, pero que no estaba dispuesto a que se le sentaran en la puerta del ministerio una serie de habilitados sin plaza al montarle un número. Era la única objeción que me ponía. Ninguno de los argumentos que he oído hoy se le pasaban por la cabeza. Desde entonces, lo que se intentaba era muy simple.
Cómo hacer compatible, por un lado, el mérito y capacidad como requisitos de acceso a la Función pública que la Constitución establece y, a la vez, el respeto a la autonomía universitaria que la propia Constitución reconoce en el artículo 27.10. Ese es el problema. La LRU sacrificó, claramente, lo primero a lo segundo. Es conocido y sus frutos ahí están. Generó una endogamia localista porque el problema consistía en que si la plaza era en Vitigudino el que salía, sacaba la plaza no por mérito y capacidad, sino por ser de Vitigudino.


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Esa es la cuestión. Lo sabe todo el mundo y así ha sido hasta el punto de que se ha dado la figura bien conocida de la curiosa peregrinación del universitario que se iba a una universidad de nueva creación para, una vez allí, desde allí, montar el tribunal y quedarse allí para irse cuanto antes, como recordaba la diputada de Coalición Canaria, porque, en efecto, no solamente en Canarias, sino también en las nuevas universidades andaluzas, por ejemplo, se daba esa figura continuamente.


Por otra parte, se generaba una absoluta incapacidad de traslado en un cuerpo que, curiosamente, el propio Tribunal Constitucional ha definido como un cuerpo de funcionarios interuniversitarios. Es un buen deseo del Tribunal Constitucional. Con la LRU no es tal. Yo recuerdo de mi larga trayectoria como portavoz en la oposición que una de mis actuaciones fue pedir datos sobre el número casos en que se activaba el llamado el concurso de méritos que preveía la LRU.
Insisto en que la LRU en principio no era ni buena ni mala, simplemente desconocía la realidad de la universidad. Entonces, según la LRU, podía haber traslado porque el concurso de méritos era eso, un traslado (para ser catedrático en una universidad había que ser ya catedrático), pero ¿qué pasaba? Que a la hora de la verdad los porcentajes eran los que eran y los datos llegaron a esta Cámara y en esta Cámara están, el que tenga curiosidad que los vea, o sea, no salía ni una plaza prácticamente a concurso de méritos, salvo el caso de algunas universidades como las de Madrid, curiosamente, que son más exigentes en ese aspecto. En las demás, el candidato local se preocupaba de que saliera a mero concurso, colocaba medio tribunal y el catedrático que venía de fuera a presentarse a una plaza de titular -porque quería venirse a Madrid- se encontraba a veces, como ha ocurrido incluso en Madrid, con que no había provisión. Hasta eso hemos visto, y son hechos perfectamente conocidos, con nombres y apellidos. Esa es la realidad. La habilitación, por el contrario, permite consolidar la carrera académica tal como se diseña en este proyecto, que evidentemente no es una habilitación abierta en el sentido de que tiene un número de plazas predeterminado. ¿Por qué? Porque partimos de la experiencia real; la experiencia real vino dada en una de las cosas que mejor funcionó al final, en la universidad española que fueron las oposiciones de profesores adjuntos, cuando las había, donde surgió una corruptela que llegó al Constitucional y es la de los llamados adjuntos sin plaza. Evidentemente con ese procedimiento, cuando determinado grupo controla un tribunal -aquí se ha procurado que la comisión sea de siete precisamente para evitar en lo posible esa facilidad de control- sacaba a todos los de la escuela -entre comillas- y adiós muy buenas, con lo cual a la hora de la verdad la habilitación no se diferenciaría mucho de una tesis doctoral, se convertiría en un requisito más o menos rutinario y, por tanto, el sistema no funcionaría. De ahí que rechacemos enmiendas de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, concretamente del Partido Andalucista, y de Coalición Canaria en esa línea. Sin embargo esta habilitación no va a generar, como sugiere el Grupo Vasco, bolsas de paro, no, porque el titular que va a habilitarse como catedrático si no saca la habilitación, seguirá de titular; o sea, normalmente en la universidad el que hace una oposición a titular o catedrático es algo antes, está normalmente en algún otro sitio, y ahí seguirá, como ocurre ahora, igual; por tanto, en ese aspecto no hay mayor diferencia. Es más, podrá darse el caso de una persona que se habilite para catedrático y, una vez habilitado, le interese seguir siendo titular donde está y hasta que no salga una plaza que a él le apetezca, no accederá a ella. Estamos planteando una posibilidad clara de movilidad, que es una de las cosas que necesita nuestro sistema universitario. Por tanto, en contra de lo que argumenta Eusko Alkartasuna -y siento que no esté aquí ahora después de todo lo que ha aguantado hoy doña Begoña Lasagabaster-, se da una triple libertad profesional, porque en su justificación dice que falta libertad profesional con este sistema y de contratación y que la endogamia va a empeorar. No. Hay una triple libertad profesional: en primer lugar habrá traslados, cosa que hoy día no hay (cualquier plaza que quede libre la puede firmar cualquier catedrático o titular en toda España, primer punto); en segundo lugar, podrá elegir universidad (se pueden pedir varias plazas a la vez y si varias universidades le colocan a uno en los primeros puestos de su ránking, el interesado podrá elegir la que más le guste, por tanto podrá elegir también universidad) y, como consecuencia, se da un clarísimo juego; por otra parte, la universidad va a tener libertad de contratación entre todos los que firmen su acceso. Evidentemente, unas universidades los firmarán y otras menos, pero es que estamos en la movilidad y, por tanto, aquí se va a ver quién es quién, que es lo que algunos no quieren, saber quién es quién, como se está viendo ahora al caer la tasa de natalidad qué universidades se quedan sin alumnos y cuáles no, afortunadamente, porque lo que no puede ser es decir que todo es bueno; no, unas cosas son mejores que otras, afortunadamente. Se garantiza por otra parte el juego de la autonomía en el acceso de las plazas. A propósito de las observaciones que ha hecho la portavoz de Coalición Canaria quería comentar que el calendario no genera ningún problema puesto que es la universidad quien lo mueve, es la universidad la que se dirige al secretario general del Consejo de Universidades y le dice que tiene una vacante - como consecuencia se va a tener en cuenta en la habilitación- y ésta, en un plazo que no excederá los dos años, una vez procedida la habilitación, elegirá entre los que firmen. Por tanto, ahí no se va a producir ningún desfase puesto que es la propia universidad la que avisa de que tiene una vacante; si no avisa, no hay habilitación; si ninguna universidad española dice un año que tiene vacante, no hay habilitación ese año.
Diríamos que es el conocimiento de la situación el que

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va a llevar a que haya más o menos habilitaciones. Si evidentemente alguno de los habilitados, porque les interesa, se van a una universidad privada dejan una vacante en la pública. Con lo cual sí que habrá habilitación, si hay más movilidad esto funcionará de otra manera. ¿Cuál es la alternativa que se ofrece a este modelo? Voy a procurar tomármelo con humor y espero que la señora Chacón no se lo tome a mal, pero a esta horas como me ponga serio va a ser muy triste. Sistemas de acreditación, que para empezar no me negará que es un sistema centralizado, ¿o lo he entendido mal? Centralizado seguro que es, ya se que no es retrógrado porque lo han puesto ustedes, pero centralizado sí que es, reconózcamelo. ¿Y qué es este sistema de acreditación? Si me permite la broma, no lo tome a mal, ustedes han inventado el carné de opositor, o sea, para hacer oposiciones en una universidad necesito que una comisión clandestina, porque no funciona públicamente, a la que yo simplemente mando un currículum, me dice si yo estoy o no en condiciones de ser opositor.
Esto es grandioso, es algo que a mí me deja absolutamente perplejo, porque una vez que tenga ese carné voy a tener que ir a una universidad y hacer tres pruebas, incluso en algún caso cuatro.
¡Caramba!, está bien esto. Digo una cosa, señora Chacón, ya que esto es tan original, ¿por qué no lo aplican ustedes al Poder Judicial? ¿Por qué no crean ustedes el carné de opositor a juez? ¿Por qué no siguen este mismo sistema que proponen aquí con los jueces? De manera que la plaza de un sustituto -usted ya sabe que hoy día sustitutos en el Poder Judicial hay casi tantos como penenes en la universidad o más- su plaza saldría separada, él tendría que obtener el carné de opositor, que se lo da una comisión que estudia su currículum y que, por supuesto, es muy independiente porque la diseñan ustedes. Esa comisión le da el carné de opositor a este señor que quiere ser juez y éste señor pone a uno del tribunal y los otros cuatro por sorteo para una sola plaza. Hágalo usted en el Poder Judicial y ya verá usted los jueces que vamos a tener. Va a ser la maravilla el Poder Judicial español. Yo es que sinceramente no entiendo esta maravilla que ustedes nos presentan, porque además las pruebas son idénticas con una posible prueba adicional que ponen ustedes por si se presentase alguien menos deseable, supongo. No entiendo muy bien esa posible prueba adicional. Los tribunales pasan a uno-cuatro, como ustedes propusieron en el segundo intento de reforma que quedó varado y además el que se quiera trasladar tiene que hacer oposición, como ahora; estupendo y además con un tribunal donde el de la casa le ha puesto uno. Estupendo, vamos a seguir con la cultura de la endogamia, hombre un poquito menos, sin llegar a la sobredosis actual. Aquí el que se quiera trasladar tiene que hacer oposiciones otra vez aunque tenga 68 años y, por supuesto, el que le está esperando allí ya le pondrá uno en el tribunal por si acaso. Muy bien, si a ustedes les gusta ¿qué quiere que le diga? Ahora, el monumento a la mala conciencia queda claro cuando ustedes proponen un 15 por ciento de profesorado no endogámico. A buen entendedor pocas palabras bastan, clarísimo. Es un 15 por ciento que se paga por otro lado porque la universidad no se va a gastar el dinero en gente que no sea de la parroquia, que se paga de otro lado para los que vienen de otra universidad. Muy bien, es una confesión de parte muy interesante. Ustedes estiman que con un 15 por ciento que no sea endogámico vamos bien. Lo que no entiendo muy bien son sus críticas a la doble vía, a la tercera vía sí porque les afectaría más, porque, además esto de los profesores colaboradores que ustedes han inventado aquí ¿ no es una doble vía? Son temporales y que viven en el espacio y en el tiempo, eso ya lo dijo Kant. Pero aparte de eso es una carrera paralela lo que ustedes diseñan con los profesores colaboradores, donde la universidad hace lo que le parece con ellos. Por tanto, a la hora de la verdad, en eso coincidimos todos - o casi todos- en combinar la existencia de unos cuerpos nacionales y unos contratados y el problema está en el porcentaje y punto. Lo demás es una discusión inútil. Según su modelo puede haber un porcentaje determinado de contratados, lo cual incluye a todos los colaboradores del mundo y, según el nuestro puede haber un porcentaje de contratados que puede incluir a todos los doctores contratados del mundo. Eso es así, perfectamente intercambiable. Lo nuestro es retrógrado porque es nuestro y lo de ustedes no, pero por lo demás es exactamente igual.
Izquierda Unida, que no está presente ahora aquí, es fiel a sus tradiciones y defiende el cuerpo único. Sin comentarios. Nosotros ya nos hemos pronunciado sobre eso más de una vez. Hemos incluido, y ya se ha aprobado en ponencia, algunos detalles como que se exija un sexenio para ser miembro de una comisión de titular de escuela y que pueda haber presencia de los miembros del consejo superior en los tribunales.
Las enmiendas del Grupo Vasco EAJ-PNV son interesantes en un doble sentido. El señor González de Txabarri sabe que le tengo mucho cariño, lo cual no impedirá que diga dos cosas. Una primera, que el que ha hecho la justificación de alguna que otra enmienda no ha entendido la ley y el señor González de Txabarri, lógicamente lo ha repetido aquí. Afirma que con este sistema el Gobierno fija las plantillas de las universidades, que es un asunto que no acabo de entender. El señor González de Txabarri ha citado el artículo 63.2, yo lo he leído y no hay nada en él que permita adivinar, ni de lejos, que pueda el Gobierno fijar nada. Como ya he dicho antes, el sistema de habilitación comienza cuando una universidad dice que tiene una vacante, no es el Gobierno el que le dice: usted tiene una vacante; es ella la que dice que tiene una vacante y como las plazas las puede amortizar, si no quiere tener una vacante la amortiza y a otra cosa.
Por tanto, no sé cómo puede el Gobierno fijar nada. Además, si se fija, en el artículo 70.1 del proyecto encuentran definida claramente la cuestión.


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Cada universidad pública establecerá anualmente, en el estado de gastos de su presupuesto, la relación de puestos de trabajo de su profesorado, en la que relacionarán debidamente clasificadas todas las plazas de profesorado. Eso lo hace la universidad, por tanto, el Gobierno no hace nada. El Gobierno simplemente cuando le avisan que hay una vacante convoca una prueba de habilitación. Es todo lo que hace, es un mero receptor pasivo de un aviso. Por tanto, ahí se adivina una realidad que es sencillamente imposible. Alabo la sinceridad -no la coherencia- de las enmiendas en las que se nos dice que los candidatos a una plaza tienen que ser del territorio de la universidad correspondiente y que los miembros de la comisión tienen que ser del territorio de la universidad correspondiente. Eso me parece un alarde de sinceridad porque, reconózcame, señor González de Txabarri, curioso es, ahora anglosajón no, moderno tampoco y flexible tampoco. Son las tres virtudes que usted atribuía a su asunto.
Anglosajón le juro que no, en absoluto y luego moderno y flexible, ya me contará. Esto es en plena aldea global volver a nuestros ancestros, lo cual tiene su encanto también en un mundo globalizado, pero reconózcame que esto es como es. Es bueno que quede aquí constancia para que la gente sepa a qué atenerse y en este caso no voy a gestionar ninguna de las enmiendas porque este modelo no es el nuestro ni mucho menos. Estamos de acuerdo y lo hemos tenido en cuenta en una enmienda que se ha aprobado en ponencia en lo que dice con un fino humor - y es bueno que el humor se reparta- de que no haya una barra libre en dos años. No la va a haber, ha habido una enmienda que lo impide, porque en algunas circunstancias era verdaderamente chocante.
Mejoras de detalle que proponemos. Proponemos una transaccional a la enmienda 463 del Grupo Socialista sobre eméritos. Si la quieren aceptar bien, si no la retiramos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) proponía en la enmienda 567 que para ser catedrático -y ese asunto lo compartimos- no fuera necesario ser titular. Nosotros entendemos que un señor que ha estado en Harvard veinte años es un poco ridículo que si viene aquí y quiere ser catedrático le digamos que no, no, ahora usted tiene que ser titular, y algún grupo además dice que tres años, no vaya a ser que se le olvide. Estamos de acuerdo con ese sistema, simplemente hemos añadido que haya un informe de la agencia, en este caso sí, un acreditación para subsanar eso que entendemos que es mejor que el sistema actual de las excepciones, que se puede prestar a situaciones por lo menos dudosas o que generen suspicacia.
En cuanto a Coalición Canaria, hemos planteado una enmienda transaccional por el peligro del efecto real de las universidades de entrada. Hemos pasado de tres años a dos por una razón muy simple.
Hemos analizado qué ocurre en la Función pública en otros cuerpos y se suelen establecer dos años, y entendemos que eso evitará el traslado frívolo. Alguien que se traslada de una universidad simplemente para acercarse a algún sitio que le interesa y al año siguiente le sale otra plaza más cerca y la deja, lo cual puede generar una mayor madurez a la hora de la movilidad. En ese sentido hemos planteado la transaccional.
Respecto a las retribuciones ha hemos aprobado en ponencia esa combinación interesante que propone Coalición Canaria que sea la comunidad autónoma y en el marco de lo que ha señalado el consejo social, el que pueda fijar retribuciones especiales, y también ha sido aprobado que haya una previa evaluación externa. Vamos a aprobar la enmienda 333 también porque pensamos que se engloba, por lo menos tangencialmente -no sé qué opinará la señora Chacón- con la 481 del Grupo Socialista, por si entienden que sería asimilable.
En cuanto a la movilidad hemos optado por una fórmula que ya ha sido aprobada en ponencia, que es la de los dos años, muy similar a la de Coalición Canaria y nos parece que es más flexible que otras que había propuesto el Grupo Socialista enmienda 460; CiU, en la enmienda 564 e Iniciativa per Catalunya-Verds, en la enmienda 260. Las enmiendas del PA, Grupo Mixto, dicen que esta movilidad rompería la investigación. Cualquiera que conozca mínimamente qué es la investigación sabe que no es así. Aquí se ha hablado siempre de ampliar estudios; desde que existe la Junta de Ampliación de Estudios, de grato y honroso recuerdo, la gente ha tenido a gala haber estudiado en otro sitio y eso no rompe ninguna investigación, porque uno se va donde quiere y se va donde se investiga lo que a uno le interesa o se va precisamente para aprender a investigar algo que no tiene en su universidad. Eso es enriquecedor.


De las enmiendas de CiU, aceptamos la 563 porque nos ha persuadido plenamente en su intervención, con lo cual nos referimos al total de personal docente e investigador. Es algo que no esperaba el señor Guardans, pero un día como hoy es bueno tener alguna sorpresa agradable. (Risas.) En cuanto a la acreditación de contratados doctores por tres años, lo hemos aprobado en ponencia. No estamos de acuerdo con lo que dice el señor Labordeta de que la acreditación es lenta y, además, la señora Chacón, aunque sea para criticarlo, lo ha ilustrado muy claramente.
Con ese plazo funciona.
La acreditación del 25 por ciento de profesores de las universidades privadas la hemos aceptado, con una acreditación similar a la de los contratados doctores de la pública. Ya me he expresado antes respecto al interés de generar sinergias y exigencias de calidad en ambos casos. Doña Begoña Lasagabaster dice que eso atenta a la libertad de empresa. Pues quede ahí constancia de nuestra poca ortodoxia liberal.
Otra enmienda que hemos aceptado en ponencia -lo digo aquí para que quede constancia- es una de CiU que dice que la habilitación tiene que ser en la universidad del presidente. No donde diga el presidente, sino en

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la universidad del presidente. Entendemos muy bien lo que pretende con esto, habrá habilitaciones en Mallorca y eso será muy agradable.
Europeos habilitados. Iniciativa per Cataluña-Verds, proponía una enmienda que dice procedimiento y condiciones. La hemos aceptado en ponencia, igual que el reingreso automático de los que estén excedentes entre dos y cinco años.
En cuanto a la carrera académica, hemos optado por el personal laboral. Iniciativa per Catalunya-Verds está en contra, pero entendemos que concede más derechos que una contratación administrativa enormemente heterodoxa y peculiar como la que se viene utilizando. Se plantea el contrato para obra y servicio, con la opinión en contra del BNG, pero nos parece que es algo exigido hoy día, sobre todo en el ámbito de la investigación y del I+D+I.
Por último, en cuanto a la flexibilidad del porcentaje de contratados diré que es más flexible que algunos otros que se proponen.
Proponemos un 49 por ciento mientras que el Grupo Socialista propone sólo un 40 e Izquierda Unida un 20 por ciento.
En cuanto a las plazas vinculadas, técnicamente podrían también moverse, pero entendemos que están adecuadamente situadas, junto al resto de las titulaciones del profesorado.
Por último, en cuanto a retribuciones, aprobamos la enmienda 333, de Coalición Canaria, como he dicho con anterioridad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Chacón.
Les ruego brevedad, porque el debate de este título está siendo suficientemente largo.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Voy a intentar ser breve.
Señor Ollero, no pierde usted ocasión de darnos un poquito a todos en la medida de lo posible, incluso piensa si vamos a divertirnos más o menos en Mallorca. En cualquier caso, le quiero decir que este modelo de la doble vía, tal como se lo he expuesto, no ha sido debatido en esta Cámara, tal vez por el tiempo. De todos modos, no ha respondido usted a muchas de las cosas que me cuesta comprender. Por ejemplo, por qué ejerciendo las mismas funciones unos pueden acceder a un tipo de cargos y otros no. Le he hecho unas cuantas preguntas, pero no me ha contestado a ninguna. (El señor vicepresidente, Fernández Rozada, ocupa la presidencia.) Tampoco he podido saber nada respecto a las eventuales disfunciones, a las eventuales rigideces que le pongo de manifiesto y que contradicen absolutamente los objetivos que parece ser que tenía el Gobierno a la hora de establecer un nuevo modelo de profesorado. Le he hablado también de una doble carrera docente, en la que en un caso las dificultades son máximas. A usted le gusta la habilitación; yo soy perfectamente consciente de que le gusta la habilitación. Sé qué tipo de universidad le gusta y cabe perfectamente en ese tipo de universidad.
Usted sabe la que le gusta a mi grupo y, por tanto, sabe que va a caber difícilmente, como creo que cabe difícilmente en la autonomía universitaria y en la autonomía política que hoy tiene este país, consagrada en su Constitución. En cualquier caso, hay otra carrera docente para ejercer las mismas funciones de dificultades mínimas. Le he preguntado también qué opina usted al efecto. Le he augurado en definitiva que por lo que van a acabar optando las universidades es por orientar su selección de profesorado estrictamente hacia la vía contractual, y a mí, señor Ollero, me cuesta pensar que esto le guste. Por eso tal vez no me ha respondido a muchas de las cuestiones que le he planteado en esta materia. Lo entiendo. Creo que incluso se le nota, porque usted sabe que eso puede suceder. Que estemos aquí declarando a extinguir los cuerpos de catedráticos de la universidad española entiendo que no quiera defender demasiado este modelo, que no se quiera meter mucho en algunas de las cuestiones, de las preocupaciones y de las reflexiones que he querido que usted hiciera.
Ha defendido usted, como le digo, y me reitero en ello, la habilitación, porque sé que le gusta, pero en la parte de profesorado contratado me ha dicho muy poco y me temo que es en ese sentido.
Ha querido aprovechar para criticar de manera importante nuestra acreditación. Después me ha facilitado bastante la labor cuando la ha defendido usted mismo como un procedimiento para aumentar las exigencias de calidad respecto a los profesores ayudantes doctores contratados y también los profesores de las privadas. Me gustaría que a este efecto me dijera si se está contradiciendo usted o hay algo que yo no he entendido. Ha hablado de una fórmula que aumenta las exigencias de calidad, mientras que usted me ha dicho a mí que eso no es más que mayor endogamia, ocultismo, oscurantismo y no sé cuantas cosas, pero después lo ha defendido para otras cuestiones. Entiendo que con un profesor estable contratado que va a ejercer las mismas funciones, tendremos que pedirle las mismas exigencias y garantías de calidad. Por lo tanto si me aclara este punto me hará un favor. La acreditación que el Partido Socialista pone sobre la mesa, la tienen ya otros países, Francia y Alemania, que usted en cambio ha querido traer a colación en otros momentos; después en este aspecto se ha olvidado. El 15 por ciento que trata de incentivar la movilidad no tiene por qué, sensu contrario, determinar que lo otro es endogámico.
Lo que ha querido poner sobre la mesa el Grupo Socialista es que es posible tratar de llegar a un objetivo que creemos que es importante y es hacer menos endogámica nuestra universidad en la selección del profesorado, pero hacerlo de manera adecuada con lo que hoy es la autonomía política y la autonomía académica y creemosque la habilitación que ya creíamos olvidada y que

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ustedes rescatan en ningún caso es respetuosa con ninguna de las dos.
Además en un país con el grado de descentralización que tiene el nuestro y en algunos casos, como usted sabe bien, con más de una lengua oficial, es especialmente poco adecuada en este sentido. Me pregunta por qué no hacemos lo mismo con el Poder Judicial. No se le escapa que las competencias estatales y autonómicas respecto al Poder Judicial y respecto al sistema universitario son claramente diferentes. No obstante, si me está prestando su apoyo por si desde mi grupo parlamentario queremos seguir poniendo sobre la mesa iniciativas para la descentralización del Poder Judicial, muy amablemente las aceptaremos, porque sería la primera vez en la que usted pretende dar apoyo a una iniciativa de este tipo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: A los meros efectos de solicitar una ilustración al señor Ollero, dadas las aseveraciones que ha realizado sobre las posiciones del Grupo Parlamentario Vasco, en relación a que los tribunales sean de la tierra, el profesorado de la propia universidad y que es el Gobierno quien fija las plantillas, en qué enmiendas lo ha visto, a efectos de corregirlas para los siguientes trámites aunque sea en el Senado. Si tiene los papeles de las enmiendas que se han presentado, le agradecería la ilustración para poder matizar y retirarlas inmediatamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muy brevemente, señor presidente, en primer lugar, para agradecer, porque efectivamente es una sorpresa inesperada a estas horas y eso que el señor Ollero no ha cenado con los demás ponentes en la sala de al lado, la aceptación de la enmienda 563 al artículo 48, porque no contaba con esa votación favorable y sinceramente la agradezco. Le agradezco también que haya destacado algo que yo no había dicho en mi intervención, porque he pasado un poco por encima las enmiendas aceptadas en ponencia, pero no voy a dejar de hacerlo después de que usted lo haya hecho con un tono de ironía, pero diciendo una de esas verdades que el señor González de Txabarri destaca de usted, que en el fondo usted siempre dice lo que piensa y eso es bueno. Respecto a esa enmienda que nosotros hemos presentado en la línea de que la prueba de habilitación tenga lugar automáticamente en la universidad de adscripción del presidente, ha dicho algo así como: ya sabemos lo que quieren con eso. Pues efectivamente, por si a alguien no le ha quedado lo suficientemente claro lo que pretendíamos con esa enmienda, afortunadamente incorporada a la ponencia ya en este momento, es descentralizar las pruebas y evitar que por la vía de la designación de Madrid por parte del presidente, porque eso acabará siendo el lugar más próximo, aunque sólo fuera por el sistema radial de las carreteras españolas, de los trenes españoles y de las líneas aéreas españolas, aunque sólo fuera por evitar esa tentación que hubiera acabado consolidando a muy corto plazo Madrid como el lugar donde tiene uno que venir a habilitarse para ser profesor de universidad, se trataba de fijar por ley que eso no pudiera ser así y que las pruebas de habilitación tendrán lugar allí donde esté el presidente y, por tanto, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, habrá habilitaciones en Mallorca, también las habrá en Pamplona en enero, pero eso ya dependerá de cada uno cuando se quiera presentar.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Perdón, un momento. Es que he olvidado decir que aceptamos la transacción a la enmienda 463 que nos hace el Grupo Popular y, por tanto, sólo era para que el señor Ollero lo tuviera en cuenta. Ha hablado usted de la 481, que yo, disculpen, pero no tengo. En cualquier caso, me parece que ha dicho usted que era a la 481 del Grupo Parlamentario Socialista y le he comentado al letrado si me la podía pasar. No le puedo decir si sí o si no porque no la tengo presente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): En todo caso, señor Ollero, tomó buena nota, ¿no?

El señor OLLERO TASSARA: Sí. Estoy en ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): ¿Quiere hacer alguna contestación, con la brevedad que le caracteriza?

El señor OLLERO TASSARA: Sí. En cuanto a lo que me preguntaba el señor González de Txabarri, para aprovechar el rastreo que acabo de hacer muy rápido, por ejemplo en la justificación de la enmienda 75 se dice: atribuir al Gobierno estatal la decisión de fijar las áreas de conocimiento en las que se pueden convocar tanto habilitaciones como concursos de acceso -es que no se atribuye eso al Gobierno- significaría que el Gobierno estatal decide con monopolio absoluto los catedráticos que va a haber en todas las universidades españolas.
No es así. Eso está en la enmienda 75, pero en la enmienda 77 encontrará también algo por el estilo, cuando dice: para garantizar un reclutamiento de mayor calidad y objetividad, con la capacidad de contratación y selección definitiva que corresponde a las universidades, haciendo que sea causa-efecto la habilitación de la potestad de organización y selección, con lo que en última instancia pasaría el Gobierno a definir las plantillas de todas las universidades. No, no, en absoluto, ya le digo que no, y es lo que he intentado reflejar en mi exposición. Lo que no encuentro ahora, porque tendría que rastrear otras enmiendas más, es el

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aspecto de la vecindad territorial, pero si lo buscara con más tranquilidad lo encontraría, espero, a no ser que haya tenido un lapsus que me parece un poco sorprendente, porque la verdad es que no imaginaba yo que me lo fuera a encontrar, me ha sorprendido.
En cuanto a la intervención de la señora Chacón, en el sentido de por qué unos tienen acceso a los cargos académicos y otros no, por una razón muy simple, por la misma razón que en Alemania, de la que usted habla con tanta soltura, no es lo mismo estar habilitado que no estar habilitado, es totalmente distinto. Para nosotros la habilitación marca una diferencia, al igual que la tesis doctoral marca una diferencia, igual que en Alemania. Entonces, como lógica consecuencia, para determinados cargos se exige un nivel que entendemos que es el nivel de excelencia -en teoría, desde un punto de vista formal, luego habrá que ver lo que hay a la hora de la verdad-, que es el que va a dar la habilitación. Que los catedráticos se declaran a extinguir, yo no estoy por la cooperación al suicidio, pero no sé cómo, porque si hay un 51 por ciento de miembros de los cuerpos, yo no sé de dónde saldrán, algunos serán catedráticos, digo yo, o sea que tenemos una mayoría de miembros de los cuerpos garantizada por ley. Yo creo que su preocupación por la extinción de una especie tan preciada me parece falta de fundamento. En cuanto a la acreditación, para nosotros es como un sexenio. El sexenio puede venir bien como un detalle secundario. Ahora lo que no tiene ningún sentido es que el mérito y la capacidad se vean condicionados por una acreditación previa. Los de las privadas no van a acceder a ningún cuerpo del Estado. Por tanto no vamos a hablar ahí de los operativos constitucionales para acceder a cuerpos del Estado. Lo que hay es un cierto control de calidad, como puede serlo el sexenio. Y los profesores contratados doctores, igual. Como no van a acceder a la Función pública, por lo menos que haya un control de calidad. Ahora, pedir el carnet de opositor a un señor al que luego se le van a hacer tres pruebas... ¡caramba, ese es un asunto realmente grandioso! Imagínese usted que yo esté en condiciones de superar las tres pruebas y no me han acreditado; ¡grandioso, estupendo! Habrá que hacer dos preparaciones: una, la de las pruebas y otra, a ver quién va a acreditar, porque, si no, no puede hacer la prueba. Es como la preselección del señor Camacho: si no te preseleccionan, no puedes estar entre los 11. Una preselección, una cosa un poco rara. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Usted habla mucho de Alemania. Supongo que S.S. sabe que, en Alemania, aunque uno se habilita en la universidad, da la casualidad de que hay una ley no escrita de cumplimiento inflexible por la que nunca se queda en esa universidad, con lo cual cualquier comparación con su sistema es sencillamente aberrante. Por supuesto, lo que sí ocurre en Alemania es que un señor puede ser habilitado -a uno le traje a los cursos de El Escorial este verano- e irse luego al Ministerio del Interior de asesor a preparar la inconstitucionalidad de los neonazis, y no ha tomado plaza en ningún sitio. Cuando le llame una universidad que a él le guste, irá y, entonces, se convertirá en professor; ahora mismo, es privat dozent, que es como se llama un habilitado que aún no tiene plaza. Eso es lo que pasa en Alemania, de donde hemos plagiado buena parte del sistema este. Desde luego, no se parece nada al lío ese que montan ustedes con el carnet de opositor y unas pruebas hechas con un tío que coloca... Vamos, le digo yo a alguien de Munich que va a colocar a un tío de no sé qué y el tío se queda viendo visiones; no se lo cree.
En cuanto a las fórmulas para las comunidades autónomas, dice usted que producirían gran entusiasmo en su grupo. Yo creo que en un sector de su grupo: en el sector del señor Maragall, supongo. (El señor González de Txabarri Miranda pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Intervengo en un turno extraordinario para darle a entender al señor Ollero que ha realizado un juicio de intenciones sobre las justificaciones de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco que, en lo sustantivo, difieren radicalmente de las aseveraciones que él ha hecho. Creo que el tópico ha podido con él al hacer ese juicio de intenciones o quizá es una lectura trampa, pero quisiera dejar bien claro que ninguna de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco tiene la intencionalidad que él les ha atribuido. Si me demuestra que sí, las retiro inmediatamente. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tiene un minuto.


El señor OLLERO TASSARA: Enmienda 73, justificación -acabo de encontrarla, la tenía subrayada aquí y estaba buscando en otro sitio-: a cada una de las convocatorias sólo podrán acceder los candidatos que tengan su vecindad administrativa en el territorio de la respectiva comunidad autónoma. Enmienda 73; subrayado. En otra posterior: para estar en la comisión, hay que estar con la vecindad.
O sea, que eso del padrón que hemos dicho en plan de broma, ustedes lo han puesto en serio, lo cual es un avance; eso es así.
Concretamente, es la página 813 del pegote.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al título X. El Grupo de Coalición Canaria tiene una enmienda -la 336-, pero estimo que ya la ha defendido en su intervención anterior.


La señora JULIOS REYES: Me he equivocado. La defendí en el turno anterior. La doy por defendida en los mismos términos en que la defendí equivocadamente en el título IX.


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El señor PRESIDENTE: No, equivocadamente, no; lo hizo usted muy bien.
Creo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene viva la enmienda 574, al artículo 76, pero no estoy seguro.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: La tengo retirada, señor presidente.
Permítame verificar si es porque la considero incorporada en ponencia o por qué y se lo aclaro a efectos del «Diario de Sesiones». Quedó incorporada en la ponencia, no en sus términos literales, pero se incorporó una análoga del Grupo Parlamentario Popular que respondía la mismo espíritu.


El señor PRESIDENTE: Quedan vivas únicamente las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: El texto de este título en el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado a la Cámara contiene muy pocas novedades en su regulación respecto a lo que la Ley de Reforma Universitaria establecía para el personal de administración y servicios de las universidades y las novedades que incorpora no son en ningún caso positivas. En efecto, reduce su representación en los órganos de gobierno. Antes he sido bastante explícita respecto a por qué las limitaciones numéricas hacían que tanto el PAS como el colectivo de estudiantes se quedaran en un simple 10 por ciento, que respecto de la media de representación actual sería menor y por lo tanto es difícil, a pesar de que le he hecho los números aquí, que usted me siga sosteniendo que no la reduce, porque es que se lo he hecho aquí y los números no pueden ser de otra manera, ya que son los que determina la redacción, que es muy concreta al efecto, y sigo insistiendo en que cuando le he puesto los números sobre la mesa, le digo cuál es la media, que esta vez es menor, sigo sin entender por qué usted sigue empeñando en decirme que no la reduce.
También olvida la existencia de técnicos de apoyo a la investigación en las plantillas universitarias. En el título de investigación mi grupo hace una referencia explícita a la existencia, dentro del personal de administración y servicios, de técnicos y auxiliares para las tareas de investigación y desarrollo en las universidades. De hecho, nos parece que es una de las grandes deficiencias de la investigación universitaria, sobre todo, en lo que se refiere a personal para el manejo de técnicas de investigación, que a veces son costosísimas y acaban en manos de un becario inexperto, lo que es una locura, o de un profesor estable, lo que es un dispendio. En cualquier caso, me parece que es especialmente importante que aceptemos las enmiendas que, en este sentido, permitan estos técnicos de apoyo.
Finalmente, el texto título introduce un artículo que establece el derecho de cualquier funcionario, ya sea de otras universidades o de la Administración del Estado, autonómica o local, a concursar a las vacantes que se produzcan en las escalas de funcionarios propias de las universidades, sin que para ello exista reciprocidad, es decir, sin que los funcionarios de las universidades tengan el mismo derecho y puedan concursar a las vacantes que se produzcan en otras universidades o en las administraciones local, autonómica o del Estado. En el artículo 76 del proyecto de ley se establece que en los concursos convocados por las universidades para cubrir sus puestos de trabajo correspondientes a las escalas de personal propio -los funcionarios de administración y servicios, como saben, desde la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria y de los estatutos de las universidades, son funcionarios propios, es decir, de cada universidad que se integran en escalas, no en cuerpos, de cada universidad- cualquier funcionario -sin que se establezca ninguna previsión, salvo la recogida en el apartado cuarto de ese mismo artículo, en lo que se refiere a los derechos de los funcionarios de cada universidad- se podrá presentar para participar en los concursos de otras universidades o de cualquier administración pública. El apartado cuarto, que, por cierto, tiene deficiencias en la redacción, ya que el inciso primero no tiene que ver con el segundo y parece algo así como una especie de morcilla añadida en la ponencia, sólo establece que se podrán formalizar convenios con otras universidades o administraciones públicas para garantizar la movilidad del PAS, bajo el principio de reciprocidad, añadido que es parcialmente redundante con el apartado uno de ese mismo artículo y que ya establece que los funcionarios, todos ellos, con independencia de su administración de origen, pueden concursar a los puestos vacantes de las escalas de cada universidad.
En resumen, las escalas del PAS de cada universidad se abren a cualquier funcionario público, ya sea de la administración local, autonómica o estatal, pero para que un funcionario del PAS de una universidad pueda ir a otra administración pública deberán firmarse los oportunos convenios. Señorías, se trata de una discriminación difícil de admitir para las universidades y para el propio personal de administración y servicios.


Finalmente, hay algún olvido en relación con el régimen retributivo del personal laboral y alguna incorrección gramatical especialmente notable, por ejemplo, en el artículo 74.2, que habla de establecer el régimen retributivo del PAS funcionario dentro de los límites máximos que fije la comunidad autónoma. Desde cuándo un régimen retributivo tiene límites máximos. Si acaso lo que tiene límites máximos son las cuantías de las retribuciones, pero no el régimen retributivo.
Para concluir, ustedes en este título añaden pocas cosas y las que añaden, en algunos casos, más valdría que no las hubieran añadido.
Eso sí, lo cambian todo de sitio en relación a la anterior legislación, a la LRU, pero, por cierto, con una sistemática discutible por

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aquello de que cualquier cosa que venga de gobiernos anteriores, como ya les he dicho antes, haya funcionado bien o mal, que eso es lo de menos, debe modificarse y cambiarse en lo posible. Es un criterio que a mí me parece políticamente poco sostenible y creo que en este caso, como les he tratado de exponer, acaso funcionalmente negativo. Me ha trasladado una enmienda el portavoz del Partido Popular para este título que el Grupo Socialista acepta.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Con extrema brevedad, señor presidente, para decir simplemente que por lo escuchado, las enmiendas formuladas en general a este título, desde nuestro punto de vista, no parecen aportar mejoras sustanciales -subrayo lo de sustanciales- en cuanto al contenido del proyecto y parece ser que afectan fundamentalmente a la redacción y estructura del mismo, como se ha puesto de manifiesto.
En consecuencia, quien habla no tiene mucho más que decir al respecto.
Por lo que se refiere a la transacción con la enmienda 487 del Grupo Parlamentario Socialista, agradezco, según he entendido, la aceptación de la misma por parte de su portavoz, señora Chacón.
No creo que el título X en general, si algo añade a la anterior legislación -que creo que sí-, lo haga para mal, parecería extraño que yo sostuviese esa afirmación y, en consecuencia, insisto en que, hasta lo que he escuchado, las enmiendas formuladas, algunas de ellas retiradas y otras no defendidas, no aportan mejoras sustanciales al título, con lo cual no tenemos mucho más que añadir.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al título XI. A este título Coalición Canaria sigue manteniendo enmiendas y la señora Julios tiene la palabra para su defensa en su caso.


La señora JULIOS REYES: Señor presidente, nosotros a este título presentamos ocho enmiendas, si no me equivoco, que creo que están recogidas en el informe de la ponencia. Es el título que hace referencia a la autonomía económica y financiera. Puedo hacer un repaso, pero creo que desde la 337 a la 344 están recogidas. No voy a pasar a defenderlas, puesto que entiendo que se defendieron en su momento y fueron recogidas en el informe de la ponencia. Únicamente quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que creo que ha sido un error en la transcripción de la enmienda 344 al ser incorporada en la ponencia -ya se lo comenté antes al señor letrado, pero lo digo para que conste en el acta- y es que en el último párrafo debe decir: remitirán dentro del mes siguiente al órgano de fiscalización de cuentas, faltan las palabras del mes siguiente: El señor PRESIDENTE: Tengo la duda de si queda alguna enmienda viva del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, creo que no, pero...


El señor GUARDANS Y CAMBÓ: Le saco de la duda y le digo que sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Pues tiene la palabra, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Le queda a este grupo una enmienda a la que he hecho referencia antes diciendo que no iba a repetir la argumentación y, por tanto, cumpliendo mi palabra me queda exponer en qué consiste. El artículo 83 habla de la posibilidad de la colaboración con otras entidades o personas físicas y en el párrafo segundo se dice que los estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos para la celebración de los contratos previstos en el apartado anterior.
Ustedes recordarán que hace muchas horas, cuando estábamos ya en esta Comisión, he hablado de algo que ha provocado las risas con el tema del horror vacui, es decir, aquellos casos en los cuales entre los estatutos de la universidad y las reglas fijadas por el Gobierno central deben seguirse manteniendo las comunidades autónomas.
Efectivamente, este es un caso también, porque entendemos que las comunidades autónomas tienen competencias en industria, en comercio interior, en medio ambiente, etcétera, materias todas ellas que pueden afectar, directa o indirectamente, a los contratos de los que se está hablando aquí, por tanto tienen que tener la facultad, y la tendrán, lo diga o no lo diga esta ley, sólo que estaría más claro y nos evitaríamos conflictos si esta ley lo dijera. Por eso nuestra enmienda lo que pide simplemente es que se diga: Los estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno y las que en su desarrollo puedan dictar las comunidades autónomas, establecerán los procedimientos para la celebración de los contratos, etcétera. Esa es la enmienda que queda pendiente.
Otra cosa es -pero ahí sí que espero que tome la palabra el Grupo Parlamentario Popular- que pudiéramos aceptar una transacción a una disposición adicional nuestra si se modificara el artículo 83.1.
Espero que sea el Grupo Parlamentario Popular quien lo anuncie o lo plantee y en función de eso tomaré otra vez la palabra.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene varias enmiendas. Para defenderlas, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Brevemente haré una reflexiones para explicar nuestras enmiendas. Este título tiene que ver con el régimen económico financiero de las universidades públicas. Definíamos esta mañana la autonomía universitaria planteando que era

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un motor de la universidad, que es el fundamento para la libertad académica, de investigación, de estudio, etcétera, y también hablábamos de la autonomía financiera. No es menos cierto que si no hay una autonomía financiera real, es decir, si no hay una suficiencia financiera, las otras concepciones de la autonomía difícilmente se pueden llevar a cabo. Lo que necesitan las universidades, dicho claramente, es conseguir los recursos para tener esa garantía de suficiencia financiera, para poder aplicar su principio de autonomía, y aunque habrá una disposición adicional en la que me referiré más específicamente al modelo de financiación que propone el Grupo Socialista, no es menos cierto que en este título se debería facilitar a las universidades su gestión; es decir, no solamente que tengan esa autonomía financiera sino que también tengan los recursos -ya me he referido a ellos- y los medios para poder llevar a cabo estas actuaciones. Son tres tipos de enmiendas; unas que van -entre comillas- contra la farragosidad, que creemos que es excesiva en este título dentro del proyecto de ley, tanto en el artículo 79,donde quitamos algunas frases que creo que sobran, como en el artículo 80, donde se hace una detallada descripción del estado de ingresos y gastos. Entiendo que no debe figurar en un proyecto de ley, no es necesaria, esa descripción tan farragosa de ingresos y gastos, y en otros artículos. Por tanto este primer grupo de enmiendas trata de aliviar un poco lo que es la redacción del texto en el que se hace referencia muchas veces a aspectos que evidentemente no son necesarios en un proyecto.
En segundo lugar, planteamos una enmienda consistente en la creación de un nuevo artículo que tiene que ver con un tratamiento fiscal favorable a las universidades. Dicho de otra manera, estamos intentando -se está haciendo desde el propio Gobierno- hacer el diseño de un marco fiscal favorable para que los empresarios inviertan en investigación y resulta que a veces nos olvidamos de los que están dentro del sector público. En este sentido nosotros hacemos una propuesta para que las universidades puedan quedar exoneradas de una serie de impuestos que tienen que ver con sociedades, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre el valor añadido, sobre actividades económicas, sobre bienes inmuebles y otro tipo de impuestos locales, como es el impuesto sobre construcciones, incremento de valor de los terrenos, etcétera, siempre y cuando estos impuestos sean aplicables a algo que tenga que ver con el desarrollo de su función, con los fines que se ha marcado.
No se puede hacer una lectura de gratis total, porque hay que reconocer que en líneas generales las universidades ya no están abonando algunos de ellos. Se trata de reconocer en el proyecto de ley una realidad que se está produciendo en el sistema universitario y, por otro lado, de buscar una situación más favorable para las universidades desde el punto de vista fiscal. Por ello sería conveniente que figurara en este proyecto de ley ese marco fiscal favorable para las mismas. Asimismo -y entro ya en el tercer grupo de enmiendas-, creemos que el artículo 82, desarrollo y ejecución de los presupuestos, se debe suprimir, porque por un lado las comunidades autónomas que tienen la competencia, y por otro lado la experiencia de las propias universidades, hacen innecesario que se diga con tal detalle desde un proyecto de ley como tienen que ejecutarse los presupuestos.
En el artículo 83, colaboración con otras entidades o personas físicas, no vamos a poder votar favorablemente, porque una vez más -avalando lo que comenté cuando hablé del título sobre la investigación- se vuelve a referir a los grupos de investigación. En ese aspecto, no podemos votar ese artículo por razones obvias; ya las he explicado antes y no las voy a repetir a estas horas de la noche.
También quiero dar una noticia: En el artículo 84 no hemos presentado ninguna enmienda. Estamos de acuerdo al cien por cien con él y lo votaremos afirmativamente. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sólo quiero explicar un detalle, señor presidente. La portavoz de Coalición Canaria ha señalado que había un error en la ponencia, al suprimirse el inciso «dentro del mes siguiente», que aparecía en el texto original. No es un error de la ponencia, es la aceptación de la enmienda número 575 de Convergència i Unió. Por tanto, la expresión «dentro del mes siguiente», en el último párrafo del artículo 81, está bien suprimida, porque en la ponencia se decidió incorporar la enmienda 575, de Convergència i Unió, y fruto de esa incorporación desapareció la expresión «dentro del mes siguiente». Por tanto, no se trata de un error de transcripción, sino de la aceptación de una enmienda.


El señor PRESIDENTE: ¿Figura la enmienda 575 como aceptada en el informe de la ponencia?

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la aclaración.
Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Intervendré con bastante rapidez debido a la hora en que estamos.
En primer lugar, voy a decir lo mismo que he dicho en referencia al título anterior. No me ha parecido -y ahora haré las matizaciones oportunas a mi intervención- que las enmiendas formuladas a este título en general aporten mejoras sustanciales al contenido del proyecto. Ciertamente, afectan a la redacción y a la estructura del mismo, como trataré de justificar en micorta intervención.


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Quisiera intentar contestar a lo que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, señor Guardans, respecto al número 2 del artículo 83. Mi grupo parlamentario no opina como él, por una razón relativamente sencilla de comprender. Los estatutos -reza el artículo 83.2-, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos para la celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.
Evidentemente; pero es que en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, nada, puede ni debe atentar -lo he repetido hasta la saciedad en esta larguísima sesión de la Comisión- contra las competencias que al respecto tengan las comunidades autónomas. Las normas básicas dictadas por el Gobierno son normas básicas de la Administración general del Estado, y lógicamente deben estar en concordancia y en coordinación con nuestro sistema autonómico. No veo por tanto necesidad de reiterar la coordinación que dicha normativa básica debe tener con los estatutos de las comunidades autónomas.
Esto se sobreentiende como tal, por cuanto es absolutamente necesario que rija para la propia Administración general del Estado, como por otra parte a lo largo y ancho de esta ley se pone de manifiesto y se reitera.
Respecto a las enmiendas que ha planteado el Grupo Socialista, reitero lo que he dicho al principio de mi intervención. No he creído escuchar -y lo he hecho con la atención debida- que las enmiendas formuladas al título mejoren sustancialmente el mismo. Por el contrario, sí debo decir que no puedo manifestar el acuerdo del Grupo Parlamentario Popular con la supresión de ningún artículo de la ley.
Creemos que el artículo 82 está en su sitio y que no es malo reiterar lo que allí se reitera. Por otra parte, el Grupo Socialista ha venido haciendo hincapié en esta sesión en el excesivo reglamentismo de la ley. Por el contrario, en este momento quiere suprimir un artículo que efectivamente puede servir para concretar mucho más lo que en él se manifiesta. Tampoco estamos de acuerdo en introducir un nuevo artículo referido al tratamiento fiscal de las universidades. Por último, el Grupo Socialista ha manifestado reiteradamente que no está de acuerdo con la expresión grupos de investigación. En nombre del Grupo Popular quiero subrayar que el término investigación, cuya polisemia es suficientemente amplia -y no voy a explicitarlo más, porque no hace ninguna falta a estas horas de la noche-, cumple sobradamente los propósitos generales, y también incluye, por qué no, los que el propio Grupo Socialista decía. No veo ninguna contradicción en ello.


El señor PRESIDENTE: El señor Lissavetzky tiene la palabra.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señor presidente, voy a intervenir casi telegráficamente, agradeciendo la intervención del señor Calomarde, en cualquier caso, para que quede claro. Grupos de investigación como expresión, no tenemos nada en contra; sí la contratación que figura en algún artículo. En ese sentido, nada más.
Ahora, simplemente le digo una cosa. No habrá habido argumentos de fondo, pero vaya usted por las universidades, que irá me imagino, y pregúnteles si no les viene mejor un marco fiscal como diseña la propuesta del Partido Socialista, que no es un marco fiscal, repito, exagerado, de gratis total; es reconocer lo que en algunos casos está ya ocurriendo, y dada la hora de la noche en que estamos, no voy a leer impuesto por impuesto, aquellos que se está pagando y aquello que no; pero le puedo decir que el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, aquí, en Madrid, no se paga por parte de las universidades y en alguna otra comunidad, sí; y le puedo decir que el impuesto sobre sociedades, en el que está sujeta la universidad con exención plena subjetiva, no se está pagando por ese impuesto. Se trata de aprovechar una ocasión y estudiar tranquilamente, reflexionar y ver.
Es una propuesta de fondo. Se puede estar de acuerdo o no. Le agradezco la intervención, pero sí que es una propuesta de fondo en este caso concreto.


El señor PRESIDENTE: El Título XII del proyecto de ley, tiene asimismo enmiendas del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señor presidente, yo creo que en este título vamos a tardar menos que en el título anterior. En primer lugar quiero decir que este título tiene que ver con los centros en el extranjero que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos. La impresión inicial que tuvimos al leer este título fue francamente de sorpresa, porque de alguna manera en el artículo 85 que es, centros en el extranjero, se quería poner algo así como puertas al campo, y nos parecía que era un ejercicio de habilidad del Gobierno que rayaba casi en lo circense. ¿Por qué digo esto? Porque en el artículo 85, punto 2, se decía textualmente: Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación... En el apartado anterior se hablaba de los requisitos para tener centros de enseñanza en el extranjero, y se decía: «Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para poder impartir en el extranjero enseñanzas de cualquier modalidad conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.» Eso venía al principio. Nos llenamos de asombro. Se ha aceptado una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), a una disposición adicional, y pasa a ser «de cualquier modalidad» a ser solamente de enseñanza presencial, lo cual es muy correcto.
Lamentamos que en este caso no haya habido ese trato no diré yo de favor pero el mismo trato con el Grupo Socialista, que

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planteaba claramente que se quitara eso para que no pasáramos por el hecho de poner puertas al campo, y en ese sentido, me alegra que por lo menos se haya reconocido lo que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha mostrado y que nosotros planteábamos en nuestra enmienda número 501, que en este caso concreto la retiramos, porque está recogido con el texto que se admitió en la ponencia, pero que no se nos tuvo en cuenta a nosotros.
Por último, en el segundo artículo quiero agradecer al Grupo Popular que ha aceptado, en la ponencia figura un punto 5, nuevo, que tiene que ver con algo que nos preocupa, y es el trabajo que tanto el Estado, la Administración general del Estado y las comunidades autónomas deben hacer para velar por el cumplimiento de estos centros, para asegurar fundamentalmente la calidad. En ese sentido, esa enmienda está incorporada, y por tanto este título, por parte del Grupo Socialista no tiene mayor objeción.


El señor PRESIDENTE: El señor Calomarde tiene la palabra.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Señor presidente, también con brevedad, deseo decir simplemente dos cosas. La primera, la enmienda que se refiere a la supresión del número 2 del artículo 85, a nuestro juicio no procede, ya que una cosa son los centros y otras las enseñanzas que se imparten en los mismos. Hay que excluir de la autorización las enseñanzas que... (Varios señores diputados: La acaba de retirar, está retirada.)

El señor PRESIDENTE: La ha retirado el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: A estas horas de la noche, ya es mañana.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Pido disculpas, porque no me he enterado en absoluto de la retirada de la enmienda. Lo lamento muchísimo.


El señor PRESIDENTE: Estamos en el artículo 83.1.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, los tiempos pasan inabarcablemente.
Respecto al artículo 83.1...


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Estamos en el artículo 86.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Existe una enmienda transaccional a la enmienda número 576, al artículo 83.1 donde se dice, si quiere la leo textualmente. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación y su profesorado, a través de los mismos o a través de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con universidades, personas o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación por universidades.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Quisiera dar dos detalles, aunque sea a estas horas.
En primer lugar entiendo que esta es una enmienda transaccional, no a la 576 que ya ha quedado incorporada, porque es la que hacía estrictamente referencia al artículo 83, sino a la 570. Al fin y al cabo no cambia nada el Grupo Parlamentario Popular, dicho de otra manera, si esto se considera una transacción a la 570 que hace referencia al artículo 72.3, que hasta ahora no hemos debatido porque lo seguimos remitiendo para cuando hablemos de las universidades privadas, pero en algún momento habrá que entrar en materia, nosotros efectivamente consideraríamos nuestra enmienda 570 transaccionada por este texto que se nos acaba de leer, con un matiz de puro orden. En lugar de decir: podrán celebrar contratos con universidades, personas o entidades públicas, yo preferiría separar a las personas, en primer lugar, porque creo que quedaría más elegante simplemente decir: podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter...
Con esas dos pequeñas precisiones mi grupo consideraría transaccionada -o transada como dice el portavoz del Grupo Vasco- la enmienda 570 de CiU.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de un eventual nuevo título del proyecto de ley, que sería el título XIII, sobre el espacio europeo de enseñanza superior. La base del debate sería la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular a la enmienda 504, del Grupo Parlamentario Socialista. En definitiva, ambas enmiendas, la original del Grupo Parlamentario Socialista plantea un nuevo título con tres artículos nuevos, y a este título se ha planteado una enmienda de transacción del Grupo Parlamentario Popular.
El Grupo Popular tiene la palabra para defender su enmienda y posteriormente daremos la palabra al Grupo Parlamentario Socialista.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Intervendré muy brevemente, señor Presidente.
Realmente es una aportación positiva y entendemos que en este título XIII o XII bis, se deberían especificar unos artículos concretos sobre el tema del espacio europeo de enseñanza superior, máxime en estos momentos

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y sobre todo cuando se van a ir integrando las universidades europeas entre sí.
Nosotros hemos hecho una redacción que conocen -me parece- los diferentes miembros de la Cámara. Desearíamos llegar a un acuerdo porque reiteramos que es conveniente que esto se recoja en un título aparte. En caso de no sea así, nuestro grupo se verá obligado a incluirlo en el Senado, pero creemos, y lo decimos con toda sinceridad, que quedaría mucho mejor haciéndolo aquí en un título XIII y recogiendo las enmiendas del Grupo Socialista con aquellas modificaciones que nosotros hemos efectuado. Por tanto, espero que rápidamente todos los grupos apoyen esta transacción.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: No querría cosecharme la enemistad de esta Cámara por debatir en profundidad el espacio europeo. Creo que no debo disculparme por ello, si acaso quien nos tiene a estas horas aquí, porque hay que llevar esto a Pleno el día 31.


El señor PRESIDENTE: El culpable soy yo, señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: En cualquier caso creo que es importante pues por primera vez probablemente estamos debatiendo en esta Cámara sobre cómo integrar nuestra universidad en el espacio europeo.
Creo que uno de los retos de mayor calado que pueda tener ante sí la reforma de cualquier marco legal universitario en cualquier país europeo actualmente sea la integración de su universidad en lo que ya se ha dado por llamar este espacio común europeo de educación superior y que los países de la Unión que disfrutan de leyes universitarias más o menos recientes, con mayor celeridad y con mayor o menor fortuna están ya procediendo a la adaptación de sus leyes al mismo, como es nuestro caso cuando se está reformando una ley de 1983 y se está haciendo en el año 2001, la preparación para la integración de nuestra universidad en Europa no es sólo un reto, se convierte para esta Cámara en una obligación. Es por eso que olvidarse en el año 2001 de Europa en una nueva ley de universidades es bien una irresponsabilidad por parte de todos, pero especialmente por quien redactó este texto, el ministerio, o bien la prueba del nueve de que el Gobierno español quiere -y es su voluntad- redibujar nuestra universidad en blanco y negro y de alguna manera cocinarla con regustos del pasado, optar por una universidad cerrada y aislada, alejada en definitiva del proceso de construcción europea y más en particular de este espacio común de educación superior que creo tiene ilusionada a la universidad de los países de los Quince y más allá de los que están llamando a la puerta de la Unión. Creo que a esta universidad, alejada de este espacio común, se parecía el texto originario del ministerio; por eso me alegro de que vayamos hoy a subsanar -porque lo vamos a hacer entre todos- tal olvido o tal pretensión porque no hubiera servido de mucho que alguien tratara de convencernos, como ha tratado de hacerlo el secretario de Estado, de que la ley no olvida nada, sino que simplemente espera en materia de integración europea, porque hasta el año 2010 hay tiempo para proceder a una acomodación con Europa.
Creemos que no sirve este argumento cuando estamos probablemente en el mejor momento posible y no podemos olvidar que el momento es cuando estamos reformando nuestra ley de universidades. Pero centrémonos en la cuestión. A juicio de este grupo creemos que España empezó mal en el proceso de integración de su universidad en Europa y que el texto del ministerio hace más que bueno el refrán de que lo que mal empieza mal acaba. Quiero detallarlo. El Ministerio de Educación español, entonces con la señora Esperanza Aguirre al frente, comenzó por no ser siquiera invitado en 1998 a la reunión que los ministerios de Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia llevaron a cabo en la Universidad de La Sorbona y que supuso el primer impulso -el pistoletazo de salida, en definitiva- del proceso que les comento de construcción de un espacio común europeo en materia de educación superior, impulso que se consolidó, como saben, un año más tarde en Bolonia. La declaración suscrita entonces por el Gobierno español fue un tímido pero al menos un primer paso en la dirección de incorporar nuestra universidad a este proyecto común. Más recientemente, en marzo del año 2001, y gracias a la iniciativa de la Conferencia de rectores de las universidades españolas, que no del ministerio, se celebró en la universidad de Salamanca la convención de instituciones de educación superior europeas -reunión que preparaba la de los ministros en Praga-, en la que participaron cerca de 500 responsables universitarios europeos. Nuestro ministerio estuvo obviamente presente en Salamanca invitado por las universidades españolas, y como suele suceder en casa jugamos algo mejor, pero nada ni mucho menos parecido podemos decir acerca de la participación española ni del papel jugado, o déjenme que les diga del no jugado por nuestro Ministerio de Educación en la última cumbre universitaria, que en junio del año 2001 (les recuerdo que ya estábamos plenamente inmersos en este proceso de estudio de la reforma de nuestra universidad, y que por tanto nos hacía más falta que nunca) tuvo lugar en Praga.
Allí no hubo más que una clamorosa ausencia de la voz del Gobierno español y además negro sobre blanco lo presentaron los medios de comunicación españoles. Para uno de ellos fue clara la ausencia de una delegación española a la altura de las de los demás países participantes y señala que la ministra Pilar del Castillo prefirió acudir a un congreso de la conservadora confederación de estudiantes en Palma de Mallorca mientras sus homólogos estaban en Praga, y contrastó enormemente

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con el peso en el fin de semana de las constantes referencias a los trabajos preparatorios de Praga que habían tenido lugar en Salamanca.
El secretario de Estado, señor Iglesias de Ussel, no intervino en ningún momento y podríamos decir que su brevísima estancia de apenas 24 horas en la capital checa sólo le sirvió para entrevistarse con el presidente de la CRUE, cosa que podía haber hecho aquí, y cito un medio de comunicación.
Pues bien, señorías quería decirles que la ausencia y la manifiesta falta de interés que nuestros responsables ministeriales han tenido por esta construcción del espacio europeo común de educación superior, tomó cuerpo sin duda en el proyecto de universidades que entró originariamente en esta Cámara; un proyecto de ley no sólo carente de ambición en la materia, sino incluso carente de objetivos, o si los había todos ellos nos alejaban de las claves determinantes para el futuro en esa voluntad que parecía común de llegar siempre antes del año 2010 en óptimas condiciones a la adaptación a Europa de nuestro sistema universitario. Quiero referirme a los objetivos comunes que ya en el año 1999 se acordaron en Bolonia, que recuerdo fueron suscritos por el Gobierno español y que el proyecto del ministerio nos alejaba de manera específica. La cooperación en el marco de la European network of quality agency, en lo concerniente a la acreditación y a las garantías de calidad en las titulaciones universitarias, del reconocimiento y uso de créditos en el espacio común europeo, del desarrollo de los títulos conjuntos, de la búsqueda de fórmulas que impidan obstáculos de movilidad, del fomento de la educación continua del que hemos hablado mucho en esta Cámara, pero no para ser incorporado en demasía en el texto del impulso de la participación de los estudiantes en los estados universitarios que tampoco hemos incorporados. Si a eso le añadimos que las tres máximas peticiones que se han hecho a los responsables europeos en materia de educación en las conclusiones de este proceso, que les decía que comenzó en el año 1999 en Bolonia, fueron por una parte, diversidad contra homogeneización; por otra parte la profundización en la autonomía universitaria; y finalmente garantizar que nuestros sistemas no segreguen, para crear estudiantes de dos velocidades, podemos concluir que el texto originario que había venido a esta Cámara del que en parte todavía queda mucho hoy, ha elevado a cotas máximas la distancia fronteriza en materia universitaria entre Europa y nuestros socios europeos en estas tres últimas demandas. Ante este clamoroso abismo entre lo que es este proyecto de ley y lo que debería ser, creo que como ha hecho el Gobierno lo único que se podía contestar es que siempre estaba el horizonte del 2010, que no había ninguna prisa, algo de lo que como saben se han dado cuenta nuestro universitarios. También podrían decirnos, y a ello quiero ir, que no pasa nada porque ya está el Grupo Popular que es verdad ha puesto sobre la mesa una transacción, pero no el Gobierno sino el Grupo Popular en esta Cámara para enmendar el olvido poco responsable del ministerio en este tema.
Respecto a esto último, lo que fue la enmienda originaria y que hoy finalmente y de manera recíproca hemos decidido transaccionar fructíferamente y quiero agradecer de manera especial al presidente de esta Comisión que ha tenido un interés manifiesto en que desde el Grupo Parlamentario Socialista, se llegara finalmente a una redacción que fuera satisfactoria para todos. El Grupo Socialista pensaba que la universidad española no debe ni tiene por qué esperar al 2010, y que por tanto debíamos tratar de liderar en definitiva lo que ya están tratando de liderar otros países de la propia Unión Europea. Yo les digo que incluso nuestras universidades, ante la probable ausencia de impulso del Gobierno, tomaban ya iniciativa en estos aspectos, y les cito, el acuerdo de la CRUE para implantar de manera generalizada en la universidad española el suplemento al título, que yo me alegro seamos capaces de traer a la ley, porque si no siempre va la sociedad por delante de este parlamento. Por tanto, creemos que liderar junto a los sistemas de universidades europeos la construcción de este espacio común era una prioridad, por ello nuestra enmienda abría un título específico sobre espacio europeo -y quiero justificarla aquí- cuyo objeto eran en definitiva las medidas concretas de integración de la universidad española en este espacio y su reflejo en enseñanzas, títulos, garantías de calidad de títulos y universidades y en la movilidad del profesorado y de los estudiantes, que preveía entonces lo que era nuestra enmienda. Primero, que las universidades españolas acompañarán a los títulos que expidan, en el ejercicio de su autonomía, el suplemento europeo al título. En segundo lugar que el Gobierno, a propuesta del consejo de universidades (no se ha podido llegar a un acuerdo en este punto, pero no por ello dejaremos de aceptar esa transaccional) adaptaría las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos oficiales. Y lo más importante es que adoptaría esta ley como unidad de medida del nivel académico correspondiente la superación de las materias para obtener los títulos el crédito europeo. Procurábamos también la movilidad real, que no hay movilidad sin becas o al menos movilidad para todos, que era una obviedad que como saben les hemos puesto sobre la mesa y que sólo se le escapa al Ministerio de Educación pero a nadie más. Finalmente, que el conjunto del sistema universitario español lo representaría en la red europea de agencias de calidad la Agencia española de valorización y acreditación, sin perjuicio -y quiero explicitarlo aquí- de la representación de las comunidades autónomas a través de sus propias agencias allá donde existan. Quiero hacer referencia expresa a este punto a causa del empeño habitual del señor Guardans en lo contrario o que al menos expuso en el Pleno; todo ello con el fin de cooperar en lo que concierne a la acreditación y garantías de calidad de titulaciones en materia de profesorado. También preveíamos la homologación respecto del proceso

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de acreditación, que debe garantizar un nivel de calidad docente investigadora de quienes pretendan formar parte del cuerpo de profesores de universidad cuando estos niveles existan entre quienes procedentes de la Unión, o en virtud de tratado internacional ratificado por España, pretendan ejercer la docencia e investigación en nuestro país. Todo ello, como les decía con un título específico bajo la rúbrica del espacio europeo que ponga de manifiesto finalmente el especial esfuerzo que se pretende llevar a cabo para incentivar así el desarrollo, cada uno en los respectivos ámbitos competenciales, de este reto legislativo político y universitario.
Agradecemos, por tanto, el gesto del Partido Popular, aunque la redacción no es totalmente satisfactoria para nosotros creemos que es un avance importante, y el Grupo Socialista quiere poner en evidencia ese esfuerzo y aceptar esa transaccional.
Nos comentaba el Grupo Popular que existía algún que otro problema, que finalmente hemos subsanado, respecto a la implantación generalizada del suplemento al título y del sistema de créditos. Yo les quiero decir que ni uno ni otro pueden ser acordados de manera unilateral por nuestro sistema universitario, que ya existen, ya han sido definidos, y que además como ya me he referido a la iniciativa de nuestras universidades de mostrarles un ejemplo del resultado de los trabajos que el Consejo de Europa y la Unesco han desarrollado en este suplemento al título. Respecto al sistema de créditos a fecha diciembre de 2000 hoy son ya más; Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y Gran Bretaña tienen implantado el crédito europeo o un sistema compatible, por tanto no se preocupen ustedes tanto respecto a que eso no es posible porque ya está siendo adoptado, está funcionando, podemos fijarnos en cómo están avanzando otros países en la materia y nosotros también debemos ser capaces de encabezar ese liderazgo a la hora de integrar nuestras universidades en ese espacio común europeo de educación superior. Mi grupo acepta esa transaccional y queremos agradecérselo al grupo parlamentario y poner de manifiesto que el Gobierno debería empezar a tener algún interés en avanzar en este sentido porque creemos que hasta ahora lo ha tenido básicamente muy escaso.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Nosotros nos felicitamos de que se haya llegado a esta transacción, porque recoge algo de enorme importancia, como es el espacio europeo de enseñanza superior, le da su propia entidad en el conjunto de la ley. En algún caso, recogiendo algunas normas que ya estaban establecidas en otras partes del texto y en otras no. Por tanto hay que felicitar al PSOE por haber tenido la iniciativa de la enmienda y al grupo mayoritario por haberla asumido y haber conseguido llegar a una transacción. Hago propia casi toda la intervención de la portavoz del Grupo Socialista al menos en todo lo que tiene de positivo; en lo que tiene de negativo, de crítica, es parte de su propia estrategia que respeto. Lo que tiene de positivo, de reflexión sobre la importancia de la enseñanza superior en Europa lo hago propio y se lo ahorro al resto de los miembros de la Comisión.
Quisiera hacer dos pequeñas precisiones a estas horas. En primer lugar propondría a la Comisión o al presidente si no es el mecanismo, que la expresión espacio europeo de enseñanza superior se recoja con mayúsculas en sus cuatro palabras en todo este texto. Entiendo que es un concepto determinado, como lo es Espacio Económico Europeo o Mercado énico Europeo, etcétera, y que como tal debería aparecer recogido en estos artículos y todas las veces, tanto en la rúbrica del título como las veces sucesivas que aparece mencionado. En segundo lugar, se trata de una pregunta a la presidencia asesorada por el letrado y que ya suscité en ponencia. Sigo sin tener claro, a efectos estrictamente procedimentales, de qué manera se van a reflejar las supresiones que se derivan de la aceptación de esta transacción. Me da la impresión de que esta transacción si se acepta duplica algunas cosas que en este momento, en este estado del procedimiento ya están en el texto del proyecto de ley, por tanto la aceptación de esta transacción presupone la supresión de algunos párrafos ya incorporados en artículos anteriores y eso de alguna forma debería someterse a votación de esta Comisión, siempre cabe que se considere mera reordenación de textos, pero cuando la reordenación de textos alcanza cierto nivel, más valdría que se sometiera a votación para evitar errores. Pongo un ejemplo, el artículo 89.1 de esta transacción está en algún otro sitio, no sé exactamente dónde ahora, lo tengo que buscar, señor presidente, pero ya está. Lo que aquí es el artículo 89.1 ya aparece en algún otro sitio y, por tanto, si simplemente lo incorporamos, estaremos diciendo dos veces lo mismo.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, no hemos votado ninguno de estos artículos, pero, por si acaso, haré una votación preventiva que clarifique el asunto.
En cuanto a poner mayúsculas, si los portavoces de los grupos no tienen inconveniente, así se hará. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.) ¿Señor Guerra Zunzunegui?

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Un minuto nada más, señor presidente.
Realmente, creo que he tenido una gran amabilidad en mi intervención anterior. He agradecido que lo trajera el Grupo Socialista, que nosotros lo aceptáramos, etcétera. Se ha hecho una crítica terrible, en la que no voy a entrar, porque a partir de Bolonia el Gobierno español ha ido tomando medidas. Como sabe perfectamente es hasta el 2010. Se nos ha

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leído un periódico, etcétera. Yo imagino que lo traía ya escrito y por eso nos lo ha dicho, lo demás no lo entiendo. Normalmente, cuando se llega a una transacción no se suelen hacer esas críticas. (La señora Chacón Piqueras pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor Guerra Zunzunegui, aquí críticas ácidas hemos oído unas cuantas y no han sido por parte de este grupo parlamentario. En cualquier caso, nosotros queremos poner en evidencia que el Gobierno, en todo este periodo, no ha tenido ningún interés en llegar a esta transacción. En cambio, ustedes sí lo han tenido. Por tanto, quiero que conste que no ha sido este grupo parlamentario de manera específica quien ha trabajado en ello. Que mi grupo parlamentario quiera que conste en acta esta crítica es perfectamente legítimo y, por supuesto, el agradecimiento al Grupo Popular. Es lo único que tengo que añadir. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En varios artículos, varias veces, se está haciendo la distinción de que el grupo parlamentario es el bueno y el Gobierno es el malo. Señorías, y se lo digo a la señora Chacón quizá porque no tiene experiencia, la razón de que haya tres poderes -aunque un pariente mío, por lo visto, señor Guerra, dijo que Montesquieu había muerto- es porque el legislativo debe -no solamente puede, sino debe- estudiar las leyes que vienen del Gobierno y modificar aquellas cosas que sea preciso. Por tanto, no hagamos ese maniqueísmo de Gobierno malo, Grupo Popular bueno, presidente mejor, etcétera. Eso ya sabemos todos de qué va.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, antes de las disposiciones adicionales y finales, al debate de la enmienda número 505, del Grupo Parlamentario Socialista, que incluye todas las normas en relación con las universidades privadas. El debate comenzará con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista y después seguirán el resto de grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, quiero agradecer -en este caso no creo que haya tenido que ver el Gobierno- la ordenación del debate que permite que una enmienda que tiene todos los visos de no ser votada a favor, como es la creación de un nuevo título, universidades privadas, gracias a quien sea -no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades-, se pueda debatir conjuntamente. En ese sentido, lo agradezco.
En segundo lugar, la razón de plantearlo como título la he explicado en alguna intervención a lo largo de la mañana -a estas horas ya la mañana de ayer-; son razones bastante entendibles. Había incluso problemas de la organicidad de algunos artículos; me refiero al informe del letrado en algunos apartados específicos. El Grupo Popular, el Gobierno, habían entremezclado todo lo que se refería a universidades privadas a lo largo de los artículos, pero tiene más sentido presentarlo en un título aparte. Además, creíamos que era bueno marcar una serie de principios sobre las universidades, principios que tenían que afectar a las públicas y a las privadas. En este título vamos a tratar de aspectos que tienen que ver con el reconocimiento, con la creación de las universidades privadas y centros universitarios privados, con el régimen jurídico, con las estructuras y centros, con los órganos de Gobierno y representación de esas universidades, con la homologación de títulos para ellas y con personal docente investigador. No me voy a extender demasiado, pero no es menos cierto que, respecto a alguno de esos principios generales, y de ahí alguna enmienda del Partido Socialista, el texto que figura en el proyecto de ley, en algunos apartados, no refleja algunos puntos que a nosotros nos parecen irrenunciables, por ejemplo, en el tema de participación. Redactamos una enmienda para crear un nuevo artículo 2 bis, me parece que se llamaba así , de participación universitaria, donde lo que queríamos era asegurar, entre otras cosas, que hubiera esa representación en los órganos de gobierno de las universidades privadas. Decíamos: Las universidades se organizarán de forma que en su gobierno y en el de sus centros quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria (profesores, personal de administración y servicio y estudiantes) de acuerdo con las funciones que a cada uno de ellos corresponda en relación a las señaladas en el artículo...
etcétera. Esto contrasta con la redacción del Gobierno que en ese aspecto concreto se refiere a que se asegure la participación adecuada de los sectores. Es más lógico que se reconozca una participación, no lo adecuada. Porque ¿quién marca la adecuación? Al ser una entidad universitaria privada que va a marcar sus propias normas de organización y funcionamiento, sería bueno que desde esta ley les dijéramos cómo creemos que deben de organizarse en lo referente a la participación.
En segundo lugar, y me voy a referir muy brevemente a ello , en lo que se refiere a reconocimiento hay otra vez una confusión en lo que son centros y enseñanzas. Creo que lo comentamos esta mañana.
Nosotros creemos que en la actualidad hay que hablar de enseñanzas, que es algo que compete a las comunidades autónomas, porque los centros -cuando se hizo la LRU lo que existían eran centros- ahora mismo no son equivalentes a enseñanzas. Dicho de otra manera, hay centros que pueden impartir varios tipos de enseñanzas. Por lo tanto, tampoco queda bien recogido en el texto del

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Gobierno. ¿Qué aportamos nosotros? Algo que de algún modo varios grupos parlamentarios han dicho hoy aquí. En el tema de reconocimiento falta una frase que figura en nuestra enmienda: con las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas tienen sus competencias sobre las universidades, tanto públicas como privadas. En el texto del Gobierno no hay una referencia y en la redacción que hemos presentado nosotros sí existe esa referencia fundamental a las competencias de las comunidades autónomas.
Tercer apartado que tiene que ver con la creación de universidades privadas. Aquí me detengo fundamentalmente en un aspecto, porque hay una parte de nuestro texto que coincide con lo que está redactado en el proyecto de ley, pero hay aspectos sustanciales en lo referente a centros adscritos. También hemos debatido algo sobre esa cuestión, pero quizá sea el momento de pararnos un par de minutos. Lamento que no esté aquí ahora, pero oía una intervención del señor Calomarde en la que, cuando hablábamos de los centros adscritos, decía que hay que respetar el derecho constitucional que permite la creación de centros privados. Yo simplemente quiero llevar esta reflexión al ánimo de sus señorías. Para entendernos, aquí centro es igual a universidad. Dicho de otra manera, si vamos, por ejemplo, a la enseñanza no universitaria, veremos que hay una actuación igual de públicas con privadas. Es decir, se crea un instituto público y se puede crear también un instituto privado. En centros no es así. Las administraciones públicas no pueden crear un centro. No se puede crear la facultad de ciencias químicas en no sé dónde, tiene que estar dentro de una universidad. Por lo tanto, los centros privados que se creen equivalen a que cree usted una universidad privada. No cabe ese paralelismo. Es una reflexión que quería llevar al ánimo de sus señorías. Se puede añadir otro dato. Es cierto que los centros adscritos cumplieron un papel en un momento en el que aumentó mucho el número de estudiantes, y hay centros adscritos que han tenido un nivel razonable. Pero la realidad es que no está asegurada la calidad, no sólo de la enseñanza, sino tampoco de las infraestructuras. En muchos casos son centros -los he calificado esta mañana, y no es terminología mía sino terminología al uso- universitarios que a veces son de garaje. No es un término excesivamente despectivo, es que así se utiliza en otros países. Yo no quiero eso para mi país, centros de garaje o universidades o centros universitarios de piso. No hay condiciones suficientes de calidad. Aquí, en la Comunidad de Madrid, estamos viviendo algo que está saliendo en los medios de comunicación, y es que en muchos de estos centros adscritos se están impartiendo clases por profesorado universitario con dudosa compatibilidad para impartir esas clases teniendo dedicación exclusiva en la universidad. Hay una situación de relativo deterioro, y reconociendo el valor que hayan podido tener esos centros adscritos o algunos de ellos, lo que no podemos asegurar es que siga habiendo esa calidad. A mayor abundamiento, los argumentos que estoy dando estoy seguro que las universidades privadas los avalarían, porque están haciendo una competencia desleal con las propias universidades privadas. Con las universidades privadas llamémosles serias se cumplen esos requisitos. Hay una competencia desleal de unos centros que cobran menos por estudiar allí, que no cumplen una serie de normas, requisitos, etcétera, y también hay una competencia desleal con la Administración pública, porque nosotros no podemos crear un centro que no sea una universidad pública. Por tanto, en este sentido hay una serie de enmiendas, a las que también me referiré en las disposiciones adicionales, aunque no con la extensión con que lo hago ahora, que nos hacen que en ese apartado tengamos una posición distinta a la del Grupo Popular.
Asimismo, en el régimen jurídico en lo que se refiere a centros adscritos no vamos a poder estar de acuerdo. También es una diferencia importante que hay que señalar. Sobre homologación también hemos hablado. También se refiere a centros adscritos y tampoco vamos a estar de acuerdo en esa situación. Pero me voy a parar en el último aspecto importante de los que he señalado hasta el momento en lo que son universidades privadas, que es el personal docente e investigador. Hemos presentado una enmienda específica para la creación de un nuevo artículo. Yo creo que aquí el Grupo Popular ha rebajado sus planteamientos. Siempre puede haber una confusión. Somos flexibles porque acordamos una serie de aspectos con otros grupos, pero la señora ministra se hizo una foto diciendo: el Gobierno va a poner en su proyecto de ley un listón muy alto para las universidades privadas. Queremos asegurar la calidad de la enseñanza en esas universidades privadas y, por tanto, pongamos un listón muy alto, que el 25 por ciento de todos los profesores de esas universidades privadas pasen la habilitación. Esto se ha convertido en que se mantiene el 25 por ciento pero ya no es habilitación. A través de una enmienda del Grupo de Convergència i Unió lo que se hace es una especie de acreditación, tipo PSOE, por decirlo de alguna manera, o tipo la que presentamos en el proyecto, porque al fin y a la postre se habla de una evaluación positiva de la agencia española o de la agencia nacional de evaluación y acreditación y de las comunidades autónomas. Por tanto, una vez hecha la foto y después de decir: qué alto pongo el listón, el Gobierno rebaja el listón a mi modo de ver, pero no porque la acreditación sea menos que la habilitación, sino porque se plantea algo que a mi modo de ver no viene a satisfacer lo que creemos que es importante para estos centros, una doble vía: ustedes tratan de una manera a la universidad pública y de otra a la universidad privada. Si usted quiere ser profesor de una universidad pública tiene que pasar una habilitación. Ya se ha referido la portavoz del Grupo Socialista, doña CarmenChacón, respecto a lo que es una vuelta atrás en una

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serie de concursos de carácter nacional o estatal, etcétera. Si usted quiere ir a una universidad privada, tiene que tener una acreditación en la que usted envía el currículum. No tenemos nada en contra de eso, que quede absolutamente claro, porque es de alguna manera nuestro modelo. Lo que pasa es que no nos gusta que haya un doble rasero, porque ustedes, señor Guerra Zunzunegui, tienen un doble rasero para medir: el rasero para la universidad pública y el rasero para la universidad privada. A lo largo del proyecto de ley la flexibilidad es para las universidades privadas. Ya lo hemos dicho más de una vez. Un rector hacía un comentario, y no voy a dar el nombre, en el que más o menos manifestaba: parece que la única universidad autónoma va a ser la privada. Y algo de esto hay en este proyecto de ley. No entendemos, por tanto, esa actuación: doble rasero para medir lo público y lo privado. No voy a presumir de que nosotros digamos que el 30 por ciento de acreditado y ustedes digan el 25 por ciento. Me parece un dato que debe constar en el «Diario de Sesiones», pero no es un dato definitivo, 25 ó 30 por ciento, sino esa doble vara de medir. Otro aspecto que planteamos y que nos parece fundamental es el que haya -y lo dejamos en manos del Gobierno para que lo establezca reglamentariamente- un porcentaje en las plantillas de profesores e investigadores estables. La estabilidad de una parte del profesorado de las universidades privadas beneficiará también a su funcionamiento. De alguna manera, no deja las manos libres - entre comillas- para despedir profesores, cambiarlos, etcétera.
Hemos tenido un largo debate sobre las universidades privadas en los últimos años. Es cierto que alguna vez hicimos alguna pregunta a la ministra de Educación y es cierto que la Ley de Reforma Universitaria no previó que iba a haber este crecimiento, muy concentrado en Madrid, en Cataluña, en Castilla y León y en diversas comunidades autónomas. Pero no es menos cierto que, así como hay universidades privadas de calidad a las que este grupo tiene el máximo respeto y la máxima consideración, hay otras de segunda categoría; y no sólo de segunda categoría, sino que, en algunos casos, hacen publicidad engañosa o fraudulenta, y así lo hemos denunciado en esta Cámara.
Hay un concepto que hay que aclarar, y este es un buen momento. Sé que en un proyecto de ley no se puede llegar a esos niveles de detalle, y nuestras enmiendas no han ido más allá porque no hubiera sido correcto y no seríamos coherentes con la crítica que hemos hecho al excesivo reglamentismo del proyecto de ley. Sin embargo, también es necesario, y por eso hemos introducido un apartado en el artículo 84, que se garanticen las libertades de cátedra, investigación y estudio en las universidades privadas, que es algo que ha estado muy en cuestión. Hay universidades privadas que han despedido a profesores porque no aprobaban lo suficiente, y hay sentencias al respecto; parece ser que era así. De esto no tiene la culpa nadie, pero es necesario que hagamos en el proyecto de ley no sólo una referencia a cómo queremos que sean las privadas, cómo se crean y cómo se reconocen, sino que sepamos que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, y el Gobierno, en la medida que existe un Decreto del año 1991, deben hacer todo lo posible para que el ciudadano, el niño o la niña y también sus padres, no se vean en algunos casos estafados por publicidad fraudulenta o engañosa. Este ha sido el objetivo de nuestras enmiendas al título de universidades privadas.
Termino como empecé: agradeciendo que se haya podido tratar conjuntamente, puesto que enriquece algo más el debate, a mi modo de ver. Espero y deseo que alguna de las enmiendas que hemos propuesto corra mejor suerte que la inmensa mayoría de las que hemos venido proponiendo en este día más largo, que es hoy.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: En este caso, como pocas veces, podría decir que intervengo por alusiones. Mi grupo presentó varias enmiendas en el título de universidades privadas, alguna de las cuales ha quedado finalmente recogida en el texto de la ponencia.
Quiero empezar agradeciendo al señor Lissavetzky que nos haya permitido tratar este tema conjuntamente, en lugar de en los distintos sitios en los que aparece; tiene todo su interés. En segundo lugar, quiero decirle que entiendo y comparto buena parte de su diagnóstico de la situación. Primero, hay universidades privadas de altísimo prestigio, que merecen todo el respeto, que operan dentro de la ley y tienen amparada por la Constitución la posibilidad de enseñar, con o sin ánimo de lucro -incluso con ánimo de lucro, aunque nos pueda escandalizar, pero en la Constitución está esa posibilidad-, y que además muchas lo hacen bien o muy bien. Esa es la primera premisa. Junto a ello, comparto también con el señor Lissavetzky que existen chiringuitos que tienen que ser erradicados; existe competencia desleal; existe publicidad engañosa; existen situaciones de fraude; y existe profesorado de la universidad pública que, con violación de su régimen de incompatibilidades, enseña en la universidad privada. Todo eso tiene que ser superado, corregido y eventualmente sancionado. Es bueno que sepamos que el diagnóstico del cual partimos es esencialmente el mismo.
Lo que espero que reconozca el señor Lissavetzky es que ninguno de los textos que se han aprobado, no sólo -en aras de la lealtad, lo digo bien claro- a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- sino ni siquiera en este punto, en el texto originario, ninguno de los textos de esta ley van en esa línea o fomentan esa denuncia que usted está haciendo. Por el contrario, son la LRU y el régimen jurídico

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vigente los que no previeron la proliferación de las universidades privadas y, hasta hoy, hemos vivido en la ley de la selva. Esta ley, hoy, en este punto lo que hace es introducir precisamente un régimen y un marco jurídico con algunas mejoras concretas -a las que me voy a referir ahora, y que mi grupo entendió, por eso las aportó o las sugirió-, lo que hace es fijar un régimen jurídico que separe el grano de la paja, y que separe lo que son universidades de prestigio -en las que se han formado muchas generaciones de personas con uno u otro ideario, aunque esto es otra cuestión que entra dentro de la libertad que hay en este país- de lo que son auténticos chiringuitos, auténticas academias, centros que no merecen la aprobación y centros que deberían incluso de desaparecer no sólo como consecuencia de la pura competencia que se puede producir entre universidades privadas, sino incluso con la intervención de los poderes públicos.
Por tanto, este equilibrio entre la libertad que la Constitución reconoce -libertad de creación de centros docentes e incluso libertad de empresa, que algo tiene que ver aquí también- y la necesaria calidad y protección de la calidad que esta ley tiene que hacer, que corresponde garantizar a los poderes públicos, ese equilibrio hoy, en este punto concreto, lo vamos a alcanzar. Aquí es donde encajaba la enmienda que usted ha criticado y que por eso yo la defiendo, porque aunque ahora esté incorporada en el texto de la ponencia... ( El señor Lissavetzky Díez: Contra ellos, contra ellos.) Les critica a ellos por aceptarla, pero antes... (El señor Lissavetzky Díez: Era una doble vía.) Le agradezco que no quiera usted meterse conmigo, pero (El señor Lissavetzky Díez: Es diferente.) ellos lo que han hecho ha sido aceptar un texto que mi grupo ha propuesto y, por tanto, en este caso, me subo al ring y asumo la defensa del texto que nosotros propusimos. Nosotros lo que propusimos, y finalmente ha quedado incorporado en el texto de la ponencia, no es que se estableciera una doble vía para las públicas y para las privadas, como usted dice, porque usted se está olvidando que en las universidades públicas también hay profesorado contratado doctor.
Estamos en la obsesión del Partido Socialista y de la alternativa del Grupo Parlamentario Socialista por el profesor funcionario, y resulta que por esta ley de la que estamos hablando podremos llegar a que el 51 por ciento sea funcionario y el 49 por ciento no funcionario.
Evidentemente, el modelo de las universidades privadas no es el del 51 por ciento funcionario, es el del 49 por ciento no funcionario.
Porque, por definición, ex hypothesi, en las universidades privadas lo que hay son no funcionarios. ¿Que puede haber funcionarios? Por supuesto que los puede haber, pero el modelo en el que se inspira, los requisitos de calidad y las exigencias de calidad de las privadas ¿de dónde se va a tomar? ¿Del profesorado funcionario? Es absurdo. Se toma del profesorado no funcionario de la universidad pública, es decir, del profesorado contratado doctor. Lo que se hace es establecer para el 25 por ciento de las universidades privadas el requisito de que sean doctores con una evaluación positiva por parte de la agencia nacional de evaluación y acreditación o del organismo de evaluación equivalente designado por la ley de la comunidad autónoma. Usted puede decir que eso tiene un nivel menor. Es su propia afirmación, ya que usted está partiendo de la base de que los profesores contratados doctores con la evaluación positiva, por definición, porque entiendo que esto es lo que se deduce de sus palabras, van a tener un nivel menor que aquél que haya superado la prueba de la habilitación. Esta es su opción y no la compartimos. Si usted lo que está diciendo es que la vía por la que va a entrar ese 25 por ciento de las universidades privadas, que habrá tenido que tener evaluación positiva o de la comunidad autónoma o de la agencia nacional de evaluación y acreditación, automáticamente tiene menos nivel -permítame la expresión coloquial- que si se le hubiera exigido la habilitación, lo que usted está haciendo es infravalorar todo lo que es la carrera académica de los profesores contratados doctores, lo que puede que encaje con su propio planteamiento, pero en todo caso no es nuestra opción. Por tanto, le rechazo con todo el respeto, no le acepto que en término intelectuales hable usted de que hay una doble vara de medir, porque no hay una doble vara de medir. Por eso hablo con toda seriedad sobre este asunto, aunque sea a estas horas de la noche, porque en el «Diario de Sesiones» no se destacará si estábamos o no cansados en el momento de intervenir en esta sesión, y quiero que a partir de este instante conste en acta que estábamos cansados. La realidad es que cuando Convergència i Unió ha querido introducir eso ha sido en aras de la eficacia práctica de esa medida de garantía y de intentar buscar un equilibrio que no ahogara a aquellas universidades privadas que funcionan perfectamente y que imponerles un 25 por ciento de habilitación hubiera tenido unos gravísimos percances en su aplicación práctica, y a la vez buscar que efectivamente se garantizara la calidad y quedaran expulsadas del sistema todas aquellas universidades privadas que no son más que chiringuitos de segundo nivel. Por tanto, rechazo formalmente, en nombre de mi grupo como autor de esta iniciativa -evidentemente después incorporada con los votos del grupo mayoritario-, la más mínima sombra de que aquí lo que se intenta es permitir que las universidades privadas tengan algún tipo de régimen especial. En todo caso, además, le puedo decir claramente que donde hay universidades privadas que están muy cerca de la figura del chiringuito es en comunidades autónomas distintas de Cataluña, por alguna cosa será en cuanto a lo que se refiere al control de los poderes públicos.
Querría saber -y si no estaré encantado de recibir las denuncias que me traiga- cuántos chiringuitos de tipo académico existen en Cataluña;en cambio, en el resto del Estado hay más de uno.


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En cuanto a enmiendas vivas -y termino, señor presidente, esta consideración de tipo general- sobre este tema, nos quedan pocas. En el artículo 72.3, una enmienda que hacía referencia a matizar el tema de la compatibilidad entre el profesorado de las universidades públicas y su colaboración con universidades privadas en el caso de las universidades presenciales y no presenciales. Con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular a nuestra enmiendas 570, que modifica el párrafo 1 del artículo 83, nosotros consideramos que este tema ha quedado resuelto y por tanto considero transaccionada y no retirada, sino que no se somete a votación, la enmienda 570.
Sigue viva -y la someteremos a votación- la enmienda 571, según la cual en el artículo 72 del proyecto de ley pedimos la equiparación -y digo específicamente el artículo 72 párrafos 1 y 3, y muy particularmente el párrafo 3- entre universidades privadas y universidades de la Iglesia católica. Somos muy conscientes de las diferencias de régimen que arrancan de unas y otras, de los acuerdos del año 1979, etcétera, y sabemos que puede que por ahí nos venga la respuesta del Grupo Popular, pero entendemos que en lo que se refiere a lo que el Estado impone a sus propios funcionarios respecto de lo que sus propios funcionarios pueden o no pueden hacer en otra institución, ahí no intervienen para nada los acuerdos de 1979 ni interviene para nada ni siquiera el Concordato de 1953 en el que se puede basar alguna universidad de la Iglesia católica. Por tanto, universidades privadas, incluso algunas de carácter confesional pero que han optado por la fórmula jurídica de universidad privada, están en peor condición desde el punto de vista de, por ejemplo, poder contar con profesorado funcionario, etcétera, que las universidades de la Iglesia católica. Por tanto, nosotros creemos que en este punto concreto hay que ir a la equiparación entre una y otra.
Aprovecharía ya, porque si no se nos va a pasar después, porque esto va a caballo de las universidades privadas del artículo 82...No sé si es el momento de hacerlo o no.


El señor PRESIDENTE: El 82 no tiene ninguna enmienda.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Era el 83, perdón, el 83.3.3. En aras a la claridad, si le parece, señor presidente, adelanto que voy a retirar, por considerar que ha quedado transaccionada con una enmienda que hace también muchas horas ha sido presentada ya al artículo 3.3, y votada, la enmienda 582, de mi grupo, que hace referencia a la enseñanza de carácter no presencial. Lo digo porque no sé si vamos a dedicar un rato específico a la enseñanza no presencial; en cierta manera, la enseñanza no presencial nosotros, por cómo estaba hecha la ley, la mezclábamos con la enseñanza privada, porque así era en este caso. Si hace falta esto lo reiteraré en otro momento.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha retirado la enmienda número 582.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Más que retirada la he considerado transaccionada con el texto que se ha incorporado al 3.3.


El señor PRESIDENTE: Implica su retirada, es decir, su no votación.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Su no votación, exactamente.
Dicho esto, he manifestado todo lo que tenía que decir.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Me alegro mucho, porque cuando estuvimos tratando en la reunión de Mesa y Portavoces esta cuestión se dijo que iríamos título por título y se admitió por parte de todos los grupos que hubiese un debate sobre universidades privadas, aunque hacía referencia a varios artículos del proyecto de ley. En ese sentido creo que todos los grupos estamos de acuerdo. Saben perfectamente que conforme al artículo 27 de la Constitución cualquier persona, entidad, etcétera, puede crear un centro docente. Quiero decir aquí -lo ha reconocido el señor Lissavetzky, cosa que le honra- que en cuanto a las universidades privadas la LRU -no es porque haya más cantidad en estos momentos, que efectivamente la hay- no decía prácticamente nada ni les exigía nada. Por darles un dato -lo cumplen todas o casi todas las universidades privadas- les diré que para ser rector de estas universidades se tiene que ser doctor; pues ni eso recogía la LRU. Lo que pretende esta ley -se ha dicho anteriormente- es fijar una serie de medidas para que en estas universidades privadas se llegue a un control y a una distinción -cuestión en la que estamos de acuerdo- ya que hay unas universidades privadas de gran prestigio y otras de menos prestigio y algunas que yo creo que no tienen ningún prestigio. Con las universidades privadas no se puede hacer un totum revolutum, entiendo que no debe ser así.
Me voy a fijar fundamentalmente en la enmienda que hemos transaccionado con el Grupo Catalán. El proyecto de ley decía que el 25 por ciento de habilitados. Le reitero esto porque en la LRU no venía nada de todo esto, y lo ha reconocido el señor Lissavetzky; pero indudablemente en esta ley lo que se pretende es concretar cuáles son las medidas y qué tienen que cumplir las universidades privadas. Aquí hay un tema fundamental en el que yo creo que se han equivocado. A los profesores titulares o catedráticos, etcétera, funcionarios,

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se les exige una serie de requisitos, pero es que en la privada no se les hace funcionarios; esa es la gran diferencia entre la universidad pública y la privada. En la universidad pública hay que cumplir una serie de requisitos para ser funcionario, hay que reunir una serie de características, pero en la universidad privada no se les hace funcionarios públicos, ¡faltaría más! Estuvimos estudiando la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, y entendimos que era conveniente cambiar lo de habilitados por lo de evaluación positiva, con lo cual no baja en absoluto la calidad sino que se hace una distinción entre los que van a ser funcionarios públicos y aquellos que no van a serlo. Eso ha sido lo que nos ha convencido respecto de la enmienda de Convergència i Unió, que creo que ha sido alrededor de la que ha girado hoy la discusión respecto de las universidades privadas. Quiero decir aquí que se ha indicado, por ejemplo, que se exija la libertad de cátedra. No es necesario, señorías, exigir la libertad de cátedra, porque es un derecho constitucional. Por tanto, sería obvio y, a mi modo de ver, absurdo que se incluyera la libertad de cátedra en las universidades privadas. ¿Qué ha habido algún centro y ha habido alguna sentencia? Para eso están los tribunales y para eso está, en su caso, el Tribunal Constitucional. Por eso hemos fijado nuestra posición con respecto a la enmienda que presentó Convergència i Unió.
Quiero hablar aquí, en lo que respecta a las universidades -y hago referencia a la otra enmienda de Convergència i Unió que no hemos podido admitir-, de la distinción con lo que son las universidades de la Iglesia Católica, anteriores al acuerdo de 1979 con la Santa Sede.
Estas universidades tienen todos los requisitos propios del reconocimiento de universidad privada, por cuanto su régimen jurídico deriva de un tratado internacional que está por encima de las normas nacionales. Por cierto, reconocerán que todas estas universidades privadas anteriores a los acuerdos con la Santa Sede - no voy a citarlas aquí- tienen una gran calidad de enseñanza.
Termino, señor presidente. Creo que la diferencia está fundamentalmente -y me reitero en ello- en que en la universidad pública acceden a la función pública, y en la privada no. A lo largo del proyecto de ley se fijan exactamente las condiciones que tienen que reunir las universidades privadas, que además tienen que estar aprobadas, como no faltaría más, por la comunidad autónoma. Sé que hay algún presidente de alguna comunidad autónoma que ha dicho que mientras él sea presidente no habrá ninguna universidad privada en su autonomía. A mí me parece un error porque, entre otras cosas, algunas universidades privadas -me refiero a las que tienen calidad- crean competencia con la pública. Ninguno de los rectores, en las conversaciones que hemos tenido con ellos en este sentido, tiene el menor inconveniente al respecto. Creo que es bueno. Hay algunas comunidades en las que existe universidad privada y universidad pública, como Navarra, en las que se ha creado una competencia y ambas han elevado su nivel. Por tanto, creo que es positivo. Ahora bien, negarse a ello, como hizo un presidente de una comunidad autónoma, que dijo: mientras yo sea presidente, aquí no habrá ninguna universidad privada, va en contra del artículo 27 de nuestra Constitución y además hace un flaco servicio a la citada comunidad.
Termino, señor presidente. Estamos de acuerdo con la enmienda de Convergència i Unió, que ha sido el objeto fundamental de la discusión. Creemos que a través de la ley se perfilan unas exigencias a la universidad privada que antes no existían.


El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Lo he dicho y lo vuelvo a decir, agradeciendo las intervenciones de los dos grupos: la Ley de Reforma Universitaria no lo previno. Era difícil prevenirlo, pero no es menos cierto que el boom de las universidades privadas lleva en nuestro país en torno a 10 años o así. Si usted analiza el número de estudiantes universitarios en privadas y estudiantes universitarios en el conjunto del sistema, verá que hemos pasado de un 4 a un 10 por ciento aproximadamente en los últimos 10 años. No es menos cierto que hay un decreto, que es el llamado decreto de mínimos -no lo recuerdo de memoria, pero creo que es el 551- en el que se regulan los mínimos y también se hace referencia a las privadas.
Señor Guardans, nos acompañaba antes un miembro del Senado, miembro de su grupo, el senador Varela i Serra, y él le podrá dar fe de que en la anterior legislatura, en el Senado, hice una pregunta a la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre. Ella se comprometió -y creo que incluso se llegó a votar en la Cámara- a que se creara una comisión, dentro del Consejo de Universidades, que estudiara todo lo referente a las universidades privadas, las competencias de las comunidades autónomas y las de la Administración general del Estado. Eso se hizo en el Senado, pero hasta el día de hoy -y he hecho varias preguntas- no se ha creado esa comisión. He sido -y perdón por hablar en términos personales- bastante insistente en lo que a universidades privadas se refiere, he hecho preguntas en esta Cámara y he realizado una actuación en la dirección que le estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Yo no he dicho en absoluto que este texto fomente la situación, porque tengo mis dudas, pero desde luego no la ataja. No quiero que quede ninguna sombra de duda de que el Grupo Socialista piensa que este texto ahora mismo es una oportunidad perdida para mejorar la situación, una situación en cuyo diagnóstico coincidimos, pero en cuya terapia a lo mejor no. Le digo otra cosa, señor Guardans, puesto que se ha referido usted a mí. Yo no quiero meterme con usted, me es absolutamente indiferente, lo que sí quiero es defender a todos

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los ciudadanos. Me dice usted que en Cataluña los centros privados son muy buenos, ¡enhorabuena!, pero yo quiero que los centros privados sean igual de buenos o tengan esos mínimos de calidad en Cataluña, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, porque soy parlamentario del conjunto del Estado español. En ese sentido, yo no he dicho nada. Serán de gran calidad en Cataluña, ¡enhorabuena!, me parece estupendo. Pues si en Cataluña son los mejores, mi grupo quiere que en toda España sean por lo menos igual de buenos. Por tanto, la referencia a que en Cataluña son muy buenos me parece muy bien, pero no entiendo por qué me dice eso.
En cuanto al personal docente investigador, usted me habla de la doble vara. Si no entiendo mal hay dos modelos: Públicas, modelo PSOE: acreditados más contratados; privadas: acreditados más contratados -yo entiendo su enmienda, y no me refería a usted; yo iba a debatir fundamentalmente con el grupo mayoritario, que es el Grupo Popular, pero usted se ha empeñado-. Modelo PP-CiU, públicas: habilitados más contratados; privadas, acreditados más contratados.
Es una doble vara, ¿sí o no? Claro que lo es. Y yo no he hablado ni siquiera de calidad, porque he dicho que nosotros estamos a favor de la acreditación. No estoy poniéndolo en tela de juicio. Su enmienda me parece no sólo acertada sino inteligente, más claro, el agua, pero el conjunto del modelo que ha inducido fundamentalmente el Partido Popular, que es el responsable del texto, es el que digo que crea una doble vara. Punto y final. Y en ese sentido, el máximo respeto, por supuesto, como ha dicho usted, pero que no quede tampoco ninguna sobra de duda que cuando el Grupo Socialista habla, habla para defender sus ideas, en lo que cree, y no habla para meterse con nadie ni con ninguna región. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Por un minuto, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Un minuto, señor presidente, que nos vamos a desvelar y no conviene.


Efectivamente, con todo el respeto, y no se trata de polemizar, pero usted me pregunta por qué le he dicho que en Cataluña no hay chiringuitos. Le he hecho esa referencia para indicarle que, incluso con el techo vigente, no ya con el que va a haber a partir de ahora, sino incluso con el techo vigente, en función de la administración educativa que está en juego, hay más o menos control y, por tanto, yo, en la medida en que conozco más una determinada administración educativa, eso ha tenido mucho que ver en que haya más nivel o que, por lo menos, no haya determinadas instituciones privadas o universidades privadas que no merecerían ese nombre. Sí las hay en otros sitios y por muchos factores, pero quizá entre otros, también, por decisiones políticas de la administración educativa, donde esas universidades o pseudouniversidades están instaladas. De ahí venía mi comentario. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, un minuto nada más.
Primero, en estos momentos, hoy, el número de alumnos de las privadas es aproximadamente un poco más del 7 por ciento, no el 10 por ciento.
(El señor Lissavetzky Díez: Me he equivocado. Perdón.) Me alegro de que lo reconozca. Y segundo, además, que en la propia ley, la agencia de evaluación, o bien de la comunidad o bien nacional, puede evaluar no solamente ese 25 por ciento, sino a la propia universidad. Lo que queremos con esa evaluación es que vayan desapareciendo esas universidades que no tienen calidad y, por tanto, esto es de mayor control respecto de lo que había.


El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos concluido el debate del articulado del proyecto de ley, y yo, a estas alturas de la sesión, quiero agradecerlo muy sincera y vivamente a todos los grupos parlamentarios, porque sin su colaboración activa no habríamos podido llegar hasta este momento. Soy consciente del sacrificio, del esfuerzo que han hecho todos ustedes, y por ello, mi agradecimiento.
En estos momentos nos quedan por debatir las disposiciones adicionales y transitorias. Son, como en todo proyecto de ley, importantes también y, por tanto, les pediría un nuevo esfuerzo para que lo podamos debatir con el mismo sosiego con que lo hemos hecho en el conjunto del articulado. Lo haremos en dos debates sucesivos: uno, en relación con todas las adicionales, y otro, en relación con todas las transitorias y finales del proyecto de ley.
Disposiciones adicionales. Para la defensa de las mismas, tiene la palabra la señora Julios, de Coalición Canaria, que tiene una enmienda a una disposición adicional.


La señora JULIOS REYES: Señor presidente, mantenemos viva la enmienda número 346, con la que pretendemos crear una nueva disposición adicional cuarta, cuyo título sería: enseñanzas universitarias no presenciales. Lo que planteamos en este texto es que los poderes públicos fomenten el uso de nuevas tecnologías en las universidades y otros centros de investigación, facilitando la implantación de las modalidades de enseñanza no presencial o semipresencial. Con independencia de que se hayan introducido mejoras por otras enmiendas y enmiendas transaccionales a determinados artículos de la ley que mejoran aspectos con relación a las posibilidades universitarias no presenciales,mantenemos viva esta enmienda. Además,

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con independencia también de la propia disposición adicional segunda que nos habla de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, creemos que es conveniente que exista una disposición adicional específica que haga referencia a las enseñanzas universitarias no presenciales. (El señor vicepresidente, Fernández Rozada, ocupa la presidencia.) En un contexto, como es el de las islas Canarias, es obvio que las modalidades que se están potenciando por parte de nuestras universidades, en lo que se refiere al fomento de enseñanzas no presenciales, tienen su importancia y creemos que debe estar recogida como una disposición independiente y como un deber general de los poderes públicos.
Había otra disposición adicional, la 347, sobre el modelo de financiación de las universidades, que ya está incorporada, en relación con el desarrollo del modelo de costes de referencia de las universidades públicas que puedan servir para estandarizar la elaboración de modelos de financiación de los poderes públicos.
En relación con la disposición adicional 348, que está ya asumida en el texto de la ponencia, nos parece importante que haya sido recogida porque, hablando de la movilidad temporal del personal universitario, se ha recogido que se tenga en cuenta la singularidad de las universidades de los territorios insulares y la distancia al territorio peninsular.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco mantiene vivas las enmiendas de la 86 a 95 a estas disposiciones adicionales. Las voy a defender telegráficamente.
Las dos primeras hacen referencia a la regulación de la transformación de la UNED. El Grupo Parlamentario Vasco entiende que hay que adaptar las funciones y estructuras de la UNED a las normas constitucionales de reparto competencial, de forma que se posibilite alternativamente bien la transferencia de sus funciones, servicios y medios a las comunidades autónomas que así lo soliciten, o bien la adaptación, en el resto de los casos, en cuanto a la participación autonómica de sus estructuras y en cuanto a la fijación del ámbito territorial en el que esta universidad desarrolle su actividad.
En relación con todos los temas que se refieren a las instituciones sanitarias, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que es más razonable que todos estos textos y preceptos se refundan, dada su dispersión a lo largo del proyecto, en una disposición final, y así se recoge en la redacción que propone después el Grupo Parlamentario Vasco. Proponemos la supresión de la disposición adicional sexta, relativa a los centros docentes de educación superior porque entendemos que se encuentra fuera del contenido de esta ley.
Igualmente, se propone la supresión de la disposición adicional duodécima por ser de contenido de la Ley General de Sanidad y refundirla en una disposición final, como he indicado anteriormente.
Entendemos que la disposición adicional decimoséptima supone una invasión competencial y que donde dice «el Gobierno», debe decir «las comunidades autónomas», por entender que éstas son las competentes en esta materia.
En relación con la disposición adicional decimonovena, entendemos que al final del párrafo debe añadirse un inciso nuevo, indicando que las denominaciones de catedrático o profesor titular podrán ser utilizadas tanto en el seno de las universidades públicas como en el de las privadas, para evitar una discriminación de trato y un monopolio público en el uso de estas denominaciones que rompen la tradición consolidada, los usos sociales y las percepciones generalizadas. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Llamo la atención de SS.SS. sobre las disposiciones adicionales vigesimocuarta y vigesimoquinta porque entiendo que son las dos enmiendas fundamentales que plantea el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a este proyecto de ley; una disposición adicional nueva, que sería la vigesimocuarta, que elevaría el título de la enseñanza y del profesorado universitario en las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas al español -entendemos que hay que introducir en este proyecto de ley orgánica la regulación específica que precisa la enseñanza universitaria en lenguas oficiales distintas del español, sin la cual es ciertamente difícil legislar en relación a esta materia- y una nueva disposición adicional vigesimoquinta de la aplicación de esta ley en las comunidades autónomas de régimen foral, entendiendo que es necesario dotar a esta ley del contenido mínimo que permita actualizar el régimen tradicional foral en las comunidades autónomas a las que se refiere la adicional primera de la Constitución, implementando, por tanto, las potencialidades de dicha disposición en relación con los respectivos estatutos de autonomía, tal y como he indicado en la primera argumentación que he realizado esta mañana.


El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, seré breve.
En lo que se refiere a las disposiciones adicionales tenemos en primer lugar la enmienda número 581, por la cual, de forma coherente con nuestra enmienda al artículo 4.1 -porque seguimos sin admitir y sin entendersiquiera que el Estado se siga reservando la posibilidad

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de crear por ley determinadas universidades-, hay que suprimir un inciso que se encuentra en la disposición adicional primera.
La disposición adicional segunda bis, a la que hacía referencia hace un momento, adelantándome, trata de la enseñanza no presencial o virtual. Yo prefiero la palabra no presencial, pero no hubiera sido punto de discusión si hubiera habido consenso con la expresión virtual (lo digo por el debate que ha habido a este respecto). En todo caso, este es uno de los puntos a los que mi grupo ha dado más trascendencia a la hora de afrontar el debate de esta ley. En lo que sí se ha mostrado absolutamente abierto es a las distintas soluciones jurídicas que dieran respuesta a los problemas que la universidad no presencial planteaba, que eran fundamentalmente la posibilidad de contar con alguna forma jurídica que permitiera la colaboración en procesos de tutoría por parte del profesorado que trabaje en universidades públicas, eso sí, evidentemente siempre con autorización de la universidad en la cual estén trabajando, no como decisión personal o unilateral, y el reflejo jurídico de la realidad de que existen universidades no presenciales en España y probablemente existan más en el futuro e incluso algunas desarrollen exclusivamente su docencia de forma no presencial o virtual. Nosotros habíamos planteado que eso se desarrollara a través de una enmienda al artículo 72.3 en materia de compatibilidad de la función pública académica. En una adicional, que sería la disposición adicional segunda bis, como fruto de las transacciones que hemos estado viendo hoy, hemos llegado al mismo resultado jurídico por un camino totalmente distinto. Por eso hemos retirado esas dos enmiendas, porque, por un lado, en el nuevo texto al artículo 3.3 se reconoce expresamente que existen universidades no presenciales e incluso que pueden tener el carácter no presencial de forma exclusiva -es decir que desarrollen esas enseñanzas exclusivamente en forma no presencial-, lo que supone la desaparición de esta disposición adicional segunda, porque en lugar de adicional pasa a ser un texto de la propia ley. Por otro lado, esa fórmula de que al tutor o a quien colabora de forma estable con las universidades no presenciales se le permita una cierta compatibilidad con lo que es carácter de la función pública la hemos llevado, fruto de la transacción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, al párrafo 1 del artículo 83. De ahí la inclusión de la expresión: universidades junto con personas y otras instituciones privadas, para que quedara claro que, efectivamente, eso no está en contradicción con el actual artículo 72.3, que sí tiene carácter orgánico mientras que el artículo 83.1 no.
Finalmente, pedimos también la supresión de la disposición adicional octava que se refiere a la posibilidad de que el Gobierno imponga un modelo de financiación de las universidades públicas. Sabemos que no será más que un modelo, pero creemos que eso sigue siendo algo que se superpone a las competencias autonómicas. Entiendo, pero lo querría confirmar porque no cuadra del todo con algunas palabras que se dijeron en su momento, pero sí con lo que consta en la ponencia, que la enmienda 587, por la que se proponía adicionar un inciso en el apartado 1 de la adicional vigésima, sí quedó incorporada en la ponencia. Yo lo veo expresamente reflejado en la ponencia, pero como de palabra fue objeto no de debate pero sí de diálogo, quiero mencionar que el registro que se crea mediante esta disposición adicional tiene carácter meramente informativo; entiendo que quedó incorporado tal cual con este carácter en la ponencia y, por tanto, no estaría viva esta enmienda 587.


El señor PRESIDENTE: Así es, señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Y, por último, nuestra enmienda 593 es una mejora técnica que lo que pretende es encajar mejor - tampoco vamos a hacer gran causa de ella, pero sí nos parece una mejora técnica que se podría estudiar con más calma por el Grupo Popular- la realidad de esta ley con la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal de las administraciones públicas. Evidentemente esa ley está haciendo referencia a la LRU y, por tanto, al tratarse de una ley posterior, pretendemos que sea la que hoy aprobemos en esta Comisión la que haga referencia al texto de la ley de 1984. En todo caso, es una mejora técnica que se explica por sí sola. En cuanto a adicionales por parte de mi grupo eso es todo, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene también presentadas varias enmiendas a las disposiciones adicionales. Para su defensa, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Voy a ir lo más rápido posible.
La primera enmienda tiene que ver con la UNED. Queremos decir es que no estamos de acuerdo con el texto del Gobierno y por eso presentamos una enmienda, porque ahí en el artículo 4 se contempla la creación de universidades por las Cortes Generales. Reconocemos el estatus de la UNED y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero creemos que es más correcta nuestra redacción en coherencia con lo que hemos dicho en ese apartado.
La segunda enmienda es una adicional primera bis nueva que tiene que ver con algo de lo que ya hemos hablado, que es la enseñanza virtual.
Venimos a destacar en una disposición adicional la importancia de esta enseñanza virtual y, sobre todo, que es bueno que tenga un mayor desarrollo del que tiene en virtud de la enmienda que se aceptó en un artículo del texto. Hablábamos

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de que las universidades podrán desarrollar sus enseñanzas en la modalidad virtual y que el Estado y las comunidades autónomas podrán adecuar lo establecido en la presente ley a esas necesidades de esta enseñanza que es hoy una realidad. Planteamos la posibilidad de las modalidades virtual presencial o combinada y en ese sentido hablamos de cómo ha de ser su creación, modificación o supresión; todo referido obviamente a lo que hemos desarrollado en la ley. Asimismo el establecimiento de convenios y, sobre todo, el deseo o la expresión de que el Gobierno, las comunidades autónomas y las universidades deberán fomentar este tipo de enseñanza.
Por último, hacemos una referencia a la necesaria igualdad de oportunidades de los ciudadanos en esa oferta formativa virtual y a las fuentes electrónicas de información. Para nosotros es una enmienda importante, estuvimos dudando si presentar un título específico para virtual; creemos que con este texto quedaría más completo que lo que se ha aceptado hasta el momento y, por lo tanto, lo seguimos manteniendo.
La tercera enmienda tiene que ver con la Universidad Menéndez Pelayo.
Aquí lo que hacemos es que sean las propias Cortes Generales las que establezcan su régimen jurídico y, sobre todo, algo que nos llama la atención y que nos hace mantener la enmienda y es la posibilidad de que pueda ser doctor por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Yo creo mucho en los laboratorios sin fronteras, pero una universidad que tiene muchos profesores pero no estables y que no da, según los datos que yo tengo, asignaturas y cursos de doctorado, no sé hasta que punto tiene sentido que pueda dar, también el título de doctor. Por tanto mantenemos la enmienda.
Hay una serie de enmiendas que tienen que ver con los centros adscritos y las doy por defendidas. Me refiero a la enmienda 509 a la disposición adicional cuarta y otra enmienda que se refiere a la disposición adicional novena. Asimismo, defiendo en este momento una enmienda a la disposición adicional octava, la 511, que es importante, a nuestro modo de ver, que ha marcado de alguna manera la polémica sobre este proyecto de ley y que tiene que ver con la financiación. En ella planteamos -y lo hemos venido repitiendo a lo largo del debate durante estos dos días- como fundamental que la autonomía de las universidades se basen en esa suficiencia financiera y para ello es necesario -sabiendo que existe un problema estructural de las universidades, que es la falta de financiación- que entre todos, máxime desde el Congreso de los Diputados, hagamos un esfuerzo para intentar diseñar un modelo de financiación de las universidades.
En la primera parte de nuestra enmienda hacemos un encargo al Consejo de Universidades dándole el plazo de un año para que elabore ese modelo para la financiación de las universidades públicas y que garantice esos niveles mínimos de calidad exigible, incorporando con carácter indicativo criterios y variables de financiación complementaria en función de las políticas específicas de las comunidades y la Administración general del Estado. Esto es importante y el Consejo de Universidades es el indicado en elaborar este modelo. Pero damos también un paso más y creemos que debe ser una ley de las Cortes Generales la que permita garantizar en el plazo de diez años algo que se está reclamando a gritos desde las universidades y que todos los estudios muestran y es que en el plazo de diez años debemos converger en el volumen de recursos públicos destinados a las universidades con la media de la Unión Europea. Los datos son bastante elocuentes. Actualmente hay un gasto por estudiante de 6.500 a 7.000 dólares en Francia o en el Reino Unido y nosotros estamos en una situación muchísimo menor, por eso creemos que es necesario el compromiso desde esta ley de una financiación adecuada. También pusimos esta cuestión sobre la mesa de negociación cuando se debatió el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y volvemos a hacer énfasis en ello. Entiendo que no se ha aceptado la enmienda 512, que tiene que ver con las compensaciones económicas a las universidades públicas. Es una enmienda que se podría definir como yo legislo y tú pagas; tomar decisiones desde este Parlamento o desde otro lado y que luego las universidades tengan que aplicar las decisiones que tomamos. Es necesario suplementar esa financiación y en ese sentido nos parece bueno que figure en el texto de este proyecto de ley esas compensaciones económicas a las universidades públicas.
La disposición adicional octava ter, a la que se refiere la enmienda 513, tiene que ver con algo ligado a la financiación y ha sido objeto de debate a lo largo de esta sesión; hace referencia a las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación universitaria. La situación de las ayudas, becas o préstamos a los estudiantes en nuestro país es mala. Queremos que se llegue en el plazo de diez años a la cobertura que tienen en otros países de la Unión Europea. Queremos pasar del 17,3 por ciento de estudiantes que tienen algún tipo de beca o ayuda en nuestro país a ese 40 por ciento que tienen en el conjunto de países de nuestro entorno. Asimismo queremos que la cuantía individual de las actuales ayudas prácticamente se duplique porque los datos que yo manejo, que son de estudios oficiales, muestran que mientras en España se destinan 225.000 pesetas de media a este tipo de becas, en otros países están por encima de las 400.000 pesetas.
Me he referido ya a la enmienda 514, relativa a los centros adscritos, y a la enmienda 515 también. Me gustaría saber si la enmienda 516 está incorporada al texto. Me dice el presidente que sí.
Dicha enmienda trata de la incorporación de profesores de otros niveleseducativos a la universidad. Si no estuviera incorporada

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la mantenemos y, si no, obviamente la retiramos. Lo que viene a decir la enmienda es que ya en la Logse se reconocía la posibilidad de que profesores de la enseñanza anterior a la universidad pudieran incorporarse a los departamentos universitarios a través de convenios. Creo recordar que estaba incorporada; si no es así la mantenemos. Hago una llamada en la enmienda 517 al haberse aceptado el título de espacio europeo de enseñanza superior. Creo que es más adecuada la enmienda 517, del Grupo Socialista, a la disposición undécima, que es de los nacionales de Estados no comunitarios. Como todo lo referente a profesores de Estados miembros de la Unión Europea forma parte de la enseñanza superior, habrá que corregir la disposición adicional undécima, cambiándole el título y la redacción, que creo que coincide al cien por cien con dos apartados que había en el proyecto de ley y que figuran, repito, como enmienda 517, del Grupo Socialista.
Por último, quiero agradecer al Grupo Popular la aceptación de la enmienda a que me he referido antes -creo que ha sido aceptada-, así como la referente a la integración de estudiantes con discapacidad en las universidades.
Si me he dejado alguna, la voy por defendida, dada la hora de esta sesión.


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Lissavetzky, creo que me he equivocado. La enmienda 516, que me parecía que había sido incorporada al informe de la ponencia, no la veo en el texto del informe. Si efectivamente no está incorporada se someterá a votación.
Señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Se han referido varios intervinientes, y tienen razón, a las horas que son, por eso me van a permitir que no haga un barrido sobre todas y cada una de las enmiendas.
Quiero indicar algo en relación con las disposiciones adicionales segunda y tercera, de la UNED y la Menéndez Pelayo. Hay una enmienda del Grupo Socialista porque les parece que no es oportuno que la Menéndez Pelayo organice y desarrolle la posibilidad de doctorar. En el informe figura: A tal fin, organizará y desarrollará, conforme a lo establecido en la presente Ley, enseñanzas de tercer ciclo que acreditará con los correspondientes títulos oficiales de doctor y otros títulos. Yo creo que, aun siendo una universidad que hasta ahora no es presencial, en los temas de doctorado ocurre al revés y este es un paso importante para esta universidad, un paso positivo.
En lo que respecta a la disposición adicional cuarta, aunque no se ha hecho alusión, había presentada una enmienda. Sirve lo que he dicho antes respecto a las universidades de la Iglesia.
La enmienda a la adicional sexta no se puede aceptar porque evita tener que acudir a las reglas de interpretación de las normas, dejando claro cuál es el régimen jurídico de estos centros.
Respecto a la disposición adicional séptima, las bases generales que deben regir los conciertos con instituciones sanitarias deben ser reguladas por el Gobierno, exactamente igual que hizo la LRU.
Mantenemos exactamente lo que indicaba la LRU; lo digo porque me parece que también hay una enmienda del Grupo Vasco.
Respecto a las enmiendas a la disposición adicional octava, no creemos que deben ser las Cortes Generales las que garanticen los recursos de las universidades. Vuelvo a insistir en el mismo tema.
Hemos llegado a un acuerdo de financiación de las comunidades autónomas en el que hay un aumento considerable. Tengan ustedes en cuenta que en estos momentos casi el 60 por ciento del presupuesto español está transferido a las comunidades autónomas; y no hablo, por supuesto, de la Comunidad Foral de Navarra ni de la Comunidad del País Vasco. No podemos decir dos de la vera y de la vera dos, por decirlo de alguna manera; es decir, las Cortes Generales y el plan a diez años. Cuando se hacen comparaciones con otros países de lo que se recibe y que el 40 por ciento son becarios, traería a colación lo que leí hará un año en El País, en un artículo interesante sobre las reformas de las universidades de Ignacio Sotelo, que no creo que sea de nuestro grupo, que fue profesor en la Universidad de Berlín, etcétera. Cada alumno en España cuesta aproximadamente -es diferente en las escuelas técnicas que en las de derecho, empresariales, etcétera- unas 700.000 u 800.000 pesetas y de eso lo que paga no llega al 15 por ciento. Decía Ignacio Sotelo -y me hizo que pensar- que exactamente igual paga aquel cuya familia tiene unos ingresos fuertes que el que los tiene menos fuertes. En muchas de las universidades públicas de Europa las tasas o el costo de la matrícula es muy superior y hay un 30 ó un 40 por ciento que tienen beca. No son becas completas. Además, hay que tener en cuenta que por el número de universidades que hay en España, las públicas presenciales 48, todas las becas que antes eran porque cambiaban de domicilio para estudiar, hoy lo tienen muy cerca de su ciudad. Esa es la razón de las becas. Pero pensemos en el artículo que he citado de Ignacio Sotelo porque algún día, aunque comprendo que es muy poco popular, habrá que ir subiendo lo que aporta cada universitario al costo de la universidad y que, en cambio, se vayan subiendo las becas, independientemente del esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno.
No podemos admitir la supresión de la disposición adicional duodécima en coherencia con el rechazo de las enmiendas a la disposición séptima, por cuanto se trata de precisar la relación entre los profesores sanitarios y los profesores de universidad.


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En cuanto a la disposición adicional tercera, se rechaza la enmienda en coherencia con el rechazo a la enmienda 439 del artículo 41.
A la disposición adicional decimocuarta, rechazamos la enmienda que pide que la figura del defensor universitario sea obligatoria. El proyecto se lo deja a los estatutos. A veces defendemos la autonomía universitaria y en cambio hay algunos temas en los que queremos ser demasiados reglamentistas. Este tema se debe dejar a los estatutos de cada una de las universidades. Aquella que entienda que debe existir la figura del defensor universitario que la cree.
No se puede aceptar la enmienda a la disposición adicional quinta de que sean las universidades las que establezcan los criterios de paso de un ciclo de estudios a otro, ya que se trata de una competencia del Estado (artículo 149.1. 30.a de la Constitución española.) Por análogas razones tampoco se puede aceptar que sea el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, quien fije los criterios. Debe haber un criterio generalizado para todo el Estado español. A la disposición adicional decimosexta no se puede aceptar la enmienda de que sea el Gobierno y las comunidades autónomas quienes fijen las normas para la creación, modificación, etcétera, de los títulos de especialistas, ya que la Constitución española -lo hemos dicho anteriormente- otorga esta competencia al Estado al referirse al artículo 149.1.30.a En la disposición adicional decimoséptima se trata de asegurar la proyección nacional e internacional de las actividades deportivas de la universidad.
En cuanto a la enmienda 516, del Grupo Parlamentario Socialista que no se incluyó en ponencia, vamos a votarla ahora positivamente. Si ha habido un error por nuestra parte de no decir en ese momento que la íbamos a votar favorablemente, lo anunciamos ahora.


El señor PRESIDENTE: En relación con esa enmienda, el informe de la ponencia dice que el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta su predisposición inicial a una transaccional con el Grupo Popular a debatir en la Comisión. Se entendió que había una aproximación pero no se incorporó y, por tanto, en esos términos se vota.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quiero hacer notar exclusivamente que de la argumentación del señor Guerra Zunzunegui se deriva la necesidad de la disposición adicional vigésimo quinta, que ha planteado el Grupo Parlamentario Vasco, para los regímenes de la Comunidad Foral Navarra y del País Vasco en orden a la financiación de los programas universitarios, que siguen su propio razonamiento y tienen una financiación distinta, vía concierto económico o vía convenio, en el caso de la Comunidad Foral Navarra.
De ahí la necesidad de esta nueva disposición adicional que ha planteado el Grupo Parlamentario Vasco.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: O me ha entendido mal o me he expresado mal. Lo que he dicho es que el acuerdo de financiación que se ha aprobado no afecta a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.


El señor PRESIDENTE: Nos quedan las disposiciones transitorias, disposición derogatoria y disposiciones finales. A las disposiciones transitorias hay una enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: La enmienda número 349 a la disposición transitoria quinta se refiere a los actuales profesores asociados. En el apartado 1 proponemos lo siguiente: «Quienes a la entrada en vigor de la presente ley se hallen contratados en universidades públicas como profesores asociados podrán permanecer en su misma situación, conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, hasta la finalización de sus actuales contratos. No obstante, dichos contratos podrán serles renovados conforme a la legislación que les venía siendo aplicable, sin que su permanencia en esta situación pueda prolongarse por más de cinco años» -lo que proponía el texto eran tres años y es lo que nosotros enmendamos- «a contar desde la entrada en vigor de esta ley». Con esta enmienda intentamos flexibilizar el tránsito hacia el nuevo sistema diseñado por esta ley para los profesores asociados, dándoles un mayor margen de tiempo para que puedan obtener el grado de doctor y optar a una contratación como profesor ayudante doctor. Nos parece más razonable que sean cinco años en vez de tres.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco plantea a las disposiciones transitorias devienen de argumentos que hemos planteado a lo largo de todo el día y no voy a ser reiterativo a estas horas. Sus señorías, que han seguido el debate, conocen la argumentación; las enmiendas están suficientemente bien fundamentadas y las doy por defendidas todas hasta el final, sursum corda.


El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: A mi grupo no le queda viva ninguna enmienda a las disposiciones transitorias, pero sí dos enmiendas a las disposiciones finales, la 592 y la 593. Una, por error, me he adelantado ya a comentarla antes, que era esa adecuación a la legislación de incompatibilidades de la Función pública. Laotra pretendería establecer un listado de aquellas disposiciones

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de esta ley que tienen carácter básico, en aplicación del artículo correspondiente de la Constitución. Con esas dos referencias las considero defendidas.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, el Grupo Socialista tiene presentadas varias enmiendas, tanto a las disposición transitorias como a la disposición derogatoria y disposiciones finales. La señora Chacón tiene la palabra.


La señora CHACÓN PIQUERAS: No me referiré a todas, ya que muchas de ellas se han ido argumentando a lo largo de todo el día de ayer y la madruga de hoy. Por tanto, voy a tratar de ser breve, aunque hay un par o tres a las que quisiera referirme de manera específica. Una de ellas es el cese de los claustros universitarios. Ya se ha argumentado de todo, pero lo absurdo de esta decisión de cesar a los claustros y finalmente mantener a los rectores, lo absurdo de todo este proceso y de cómo diferentes enmiendas... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, señorías.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Sí, porque cansados estamos todos, señor presidente; yo también.


El proceso que hemos seguido ha sido así: primero lo que el texto original decía, luego lo que finalmente fue y posteriormente lo que es hoy con una enmienda que se ha aceptado en ponencia. Si ya nos parecía poco adecuado que se obligara a los ceses que provocaba el primer texto, también nos lo pareció lo que luego fue un recorte de esos ceses, que eran dobles, como todos podemos recordar, y por fin ahí está este tercer intento de que cesen sólo los claustros y se mantengan los rectores. En algún momento he puesto un ejemplo, que querría traer aquí para abundar en lo absurdo de todo esto. El Gobierno central aprueba una nueva ley que afecta a la autonomía local y dice que, antes de poder adaptarse a la legislación recién aprobada, hay que hacer elecciones locales. Después se lo piensa un poco mejor y dice que no, que se van a adaptar a esta nueva legislación que afecta a los ayuntamientos, pero en vez de hacer nuevas elecciones van a dejar que se queden los alcaldes pero que cesen los concejales. Me parece tan sumamente absurdo lo que contiene esta disposición transitoria que basta este ejemplo, sobre todo la argumentación de la enmienda que suscribe mi grupo, para defender justo lo contrario de lo que por fin existe y de lo que ha adoptado la ponencia. No tiene ningún sentido y, además, olvida que nuestra universidad lleva ya 18 años de autonomía y de democracia y, por tanto, de elección democrática de sus legítimos representantes. Por otra parte, una de las funciones específicas de los claustros es la adaptación a los nuevos estatutos de una nueva legislación. No tiene ningún sentido, y no sólo porque estamos disponiendo rechazar una de las funciones actuales de los claustros, sino también porque que se queden los rectores -alguno le ha llamado el indulto particular a los rectores y no a los claustros- lo cual me parece abundar más en el absurdo.
En la transitoria séptima coincidimos con algún otro grupo parlamentario que la ha enmendado. Creemos que la situación de permanencia debe prolongarse por lo menos a cinco años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley. Es la única manera de que estas personas puedan adaptar su proyecto académico, docente e investigador, a la nueva legislación con garantías. Nos parece un recorte excesivo el del texto actual. Nos gustaría que fuésemos capaces de aceptar que legislamos entre todos y que es más lógico que demos este período un poco más amplio, puesto que la figura de asociados está cumpliendo una función -como sabemos- que excede la que tenía asignada en la LRU se y está dando respuesta a situaciones mucho más complejas que las que preveía. Debemos entender que hay mucho proyecto docente e investigador que no deberíamos recortar, porque no permitiríamos a aquellos que han empezado esta fase, y que por tanto tienen que asumir este contrato en un tiempo muy breve, que el texto les posibilite la adaptación serena a esta ley.
Finalmente me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo queda la enmienda 739, del Grupo Parlamentario Popular? Se iba a aprobar en ponencia y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria pidió que se mantuviera viva porque quería exponer una argumentación en Comisión, pero la diputada de Coalición Canaria no la ha realizado en el momento que tocaba. Por tanto, me gustaría saber cómo ha quedado esta enmienda para, si acaso, proceder a hablar de ella o no. Respecto al resto de cuestiones que tengo enmendadas, y a las que no hago referencia, simplemente me remito a la pertinente argumentación que sobre las mismas ha suscrito mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Respecto a gran parte de las enmiendas a las disposiciones transitorias, no vamos a repetir lo que se ha dicho y se ha expuesto cuando hablábamos de otros artículos. Ya hemos dialogado suficientemente.
Respecto a la disposición transitoria segunda, como hay presentada alguna enmienda, tengo que decir que tal como queda tras las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se acerca en gran parte a las enmiendas de otros grupos, aunque las diferencias no se pueden aceptar por cuanto lo que se pretende es que toda la comunidad universitaria, desde el principio, pueda participar en la elaboración de los estatutos y puesta en práctica de la nueva ley.
No se pueden aceptar las enmiendas a la disposición transitoria quinta que piden la permanencia de los

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actuales asociados durante cinco años, por cuanto que los tres años que fija el proyecto ya supone la posibilidad de dos prórrogas, habida cuenta de la duración de los contratos anuales. Todos tenemos un poco en nuestra conciencia el asunto de los asociados a tiempo completo, y aunque no era el espíritu de la LRU se recogió en uno de sus artículos y se han ido prorrogando año a año los contratos correspondientes. Para terminar con este tema, consideramos que con tres años es suficiente. Hay generosidad para que en estos tres años puedan optar a otro tipo de asociado a tiempo parcial o por otras figuras que prevé la presente ley.


El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista preguntaba cuál era la posición final del Grupo Parlamentario Popular en relación con la enmienda número 739. ¿La mantiene el Grupo Popular? (Asentimiento).
Finalmente, falta debatir la exposición de motivos a la que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero hacer constar que esta presidencia ha dado traslado a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de unas correcciones de estilo a la exposición de motivos y, si no hay observaciones a las mismas, se entenderán aprobadas. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda a la exposición de motivos?

La señora CHACÓN PIQUERAS: A estas horas de la madrugada no me voy a extender sobre la exposición de motivos y quiero agradecer de nuevo el esfuerzo del presidente, que ha tenido a bien corregir algunos errores de tipo técnico y gramatical que tenía el texto del Gobierno.
Nosotros no sólo lo aceptamos sino que lo agradecemos.
Antes de proceder a la votación quiero poner de manifiesto la locura que estamos sufriendo. Ahora mismo son las dos de la mañana, todavía nos debe quedar una hora y pico de votaciones y sinceramente me parece que la universidad española merecía más que este día que hemos pasado aquí debatiendo sobre la misma y que procedía de un proceso de crispación profundo, pues no ha hecho más que abundar en lo que se hubiera podido hacer mucho mejor si no se hubiera empecinado quien lo ha hecho en que este proyecto de ley se debata en el Pleno el día 31 de octubre, sin que nadie nos dé un argumento lógico al efecto. Lo digo no sólo por el contenido material de nuestra exposición de motivos, sino también por el procedimiento con que se ha llevado a cabo esta aprobación, que finalmente el 31, sin ninguna duda, irá a Pleno y probablemente nosotros a los medios de comunicación, por la locura a la que estamos asistiendo todos a estas horas de la madrugada.


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, quería decir que no he visto crispación en esta Comisión y agradezco a todos los grupos que en general no haya habido crispación y hayamos defendido todas las enmiendas sujetándonos exactamente a lo que se prevé en una Comisión.
Creo que crispación no ha habido, en alguna ocasión alguna palabra u otra, y en todo caso le quiero recordar a la señora portavoz que esta ley no se ha hecho en julio y agosto. Insisto porque realmente hay que comparar siempre. No sé por qué entonces había tantas prisas, aquí ya llevamos tres meses y falta todavía el trámite del Senado.
Ahí está la comparación de cómo se llevó una ley y cómo se ha llevado ésta.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, sin más legitimación que ser una de las posibles víctimas de la situación, quisiera hacer notar que desde luego en esta casa jamás he vivido una votación como la que hemos tenido hoy que, de haberse realizado en términos normales, hubiera permitido que en estos momentos fueran dos horas menos de las que son. Hacernos pasar ahora de nuevo por el mismo sistema creo que es una actitud vengativa y cruel que sólo tiene un sentido y es disimular que lo que se ha hecho antes es algo intolerable y volverlo a hacer para que así parezca más normal. Me parece que todo tiene un límite en la vida.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, en el mismo sentido que planteaba el señor Ollero, dada la hora y la tónica de las votaciones, propondría que se votasen las enmiendas de todos y cada uno de los grupos en su conjunto, porque el resultado final, señor presidente, es exactamente el mismo. Mañana el Pleno empieza a las diez de la mañana, algunos diputados tenemos que estar antes por razones del trabajo en el Pleno, lo razonable es que se voten todas las enmiendas en una única votación por grupos parlamentarios.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Pues nos vamos y ya está.


El señor PRESIDENTE: En el planteamiento que hizo esta presidencia al comienzo de la sesión sería por grupo y por título.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, no podemos cambiar el procedimiento cada dos minutos, porque entonces lo que hemos estado trabajando no sirve de nada.


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El señor PRESIDENTE: Por grupo y por título, no es la petición del señor González de Txabarri, que es votar todas a la vez. Yo pediría flexibilidad al Grupo Parlamentario Socialista, salvo que haya algún motivo excepcional que se pueda admitir. Podemos votar por grupo y por título, salvo alguna con carácter especial, con carácter singular. Transaccionales aparte, evidentemente.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, se ha establecido por la Mesa un procedimiento de votación, un procedimiento que ha sido corregido y que nosotros hemos aceptado. Nosotros hemos estado trabajando para preparar nuestra posición en cada uno de los artículos y de sus enmiendas, que es lo que se acordó. Mi grupo parlamentario no puede hacer la votación por otro procedimiento porque si no tendríamos que pedir un receso para prepararlo. Ese es el problema. Esto es lo que vamos a votar, está ordenado como la Mesa estableció que se iba a hacer la votación. Por tanto, si ustedes cambian el procedimiento, tendrán que darnos un plazo para que lo reordenemos.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar conforme al procedimiento establecido anteriormente, dure el tiempo que dure la votación. Ruego a los grupos parlamentarios su colaboración.
De acuerdo con este criterio, vamos a empezar con la votación de la enmienda número 505, del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere al título XIII nuevo, en relación con las universidades privadas. Es necesario para volver atrás y empezar ya correlativamente a votar los artículos desde el comienzo del proyecto de ley.
Enmienda número 505.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Recordarán que esta presidencia, en relación con los artículos referidos a los tres primeros títulos, dijo que no votaríamos aquellas partes del articulado que se referían a las universidades privadas. Por tanto, someto a votación el artículo 2.1, apartado que se refiere a las universidades privadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 3.2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 4, apartados 1y 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda 192, del señor Saura Laporta, al artículo 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 106, 107 y 108, del Grupo de Izquierda Unida, al artículo 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la enmienda 373, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 5.
Votamos el artículo 6, apartado 5, del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las enmiendas al artículo 12.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 208 y 620.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 392, del Grupo Socialista.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 12.
Pasamos a votar el artículo 27. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 228 y 634.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 57, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 126, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la enmienda 413, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; votos en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 27. Pasamos al título IV. Artículo 28, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 229 y 635.


La señora VALCARCE GARCÍA: Solicitamos votación separada.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 229, del señor Saura.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 635, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Si el Grupo Parlamentario Socialista no expresa su voluntad de pedir votación separada y el Grupo Parlamentario Vasco acepta las enmiendas a todo el título IV, que son tres artículos, las podemos votar conjuntamente.
Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Votación separada, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, yo soy de letras, pero acabo de hacer un cálculo rapidísimo y creo que si le damos al Grupo Socialista 20 minutos para que organice su votación por grupos, una vez terminada esa organización (y creo que en 20 minutos, con la colaboración de todos sus miembros, lo pueden hacer), luego tendremos cinco votaciones, y punto. Por tanto, 20 minutos más cinco o diez votaciones, que serán, una para el PP, que no le queda nada, PSOE, CiU, las transaccionales y el Mixto, y habremos terminado. Soy partidario, y le pido que reflexione sobre ello, de que se suspenda la sesión durante 20 minutos y se reorganice el método de votación por el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, ¿acepta usted la propuesta, va a tener efectividad la posibilidad de reagrupamiento por títulos y grupos?

La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, mi grupo está dispuesto a hacer el doble esfuerzo, pero, por favor, déjennos media hora.


El señor PRESIDENTE: Les dejamos media hora. Por si acaso han acabado antes de media hora, a los 20 minutos les ruego que estén todos en la sala.
Se suspende la sesión, al menos, durante 20 minutos.


Se suspende la sesión.


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Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la votación. De acuerdo con lo que hemos convenido, empezamos con el título IV.
Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 229, 19, 20, 230, 231, 169, 232, 233, 234, 238 y 239.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 635 y 636.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, las enmiendas número 235, 236, 237 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación la enmienda número 58 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas número 59 y 60 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 131 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 128 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de Izquierda Unida números 127, 130 y 132.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 553 y 554 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista al título IV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar los artículos del título IV conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos del título IV.
Pasamos a votar las enmiendas al título V. Votamos conjuntamente las enmiendas 240, 241, 242, 606, 170, 243 y 295 del Grupo Mixto, la enmienda 61 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la enmienda 133 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos del mismo título V las enmiendas 637 del Grupo Mixto y 134 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación los artículos del título V, a no ser que quieran votar alguno por separado.


La señora VALCARCE GARCÍA: Por separado.


El señor PRESIDENTE: Votamos el artículo 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 32.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas del título VI números 296 y 297 del Grupo Mixto y 65 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 171, 172, 22, 638 y 639 del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 640 y 641 del Grupo Mixto y 63 y 64 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título VI.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar los artículos del título VI.


La señora VALCARCE GARCÍA: Solicitamos votación separada sólo del artículo 33.


El señor PRESIDENTE: Artículo 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar los artículos 34, 35, 36, 37 y 38.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos las enmiendas del título VII.
Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Queríamos saber cuál es la actitud del Grupo Socialista respecto a las tres transaccionales para presentarlas o no. Afectan a tres artículos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, no aceptamos las transaccionales. Creemos que el acercamiento no ha sido suficiente y esperamos que en el trámite en el Senado sea posible un estudio más detallado de las mismas.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular me indica que las retira.
Sometemos a votación las enmiendas 23, 298 del Grupo Mixto, 135 y 136 de Izquierda Unida y 66 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Votamos la enmienda 137 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la referida enmienda.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos del título VII, del 39 al 41.


La señora VALCARCE GARCÍA: Votación separada. Se pueden acumular el 39 y el 41.


El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 39 y 41.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 40.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 11; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título VIII. Pregunto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su posición respecto a la transacción a la enmienda 463.


La señora VALCARCE GARCÍA: No se acepta.


El señor PRESIDENTE: Se retira por el Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos a las enmiendas del titulo VIII. Sometemos a votación las enmiendas número 24, 244, 26, 609, 295 y 645 del Grupo Mixto. La enmienda 561, del Grupo Parlamentario Catalán(Convergencia i Unió) y las enmiendas 138, 139...


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, la 561 de Convergencia i Unió está incorporada en ponencia.


El señor PRESIDENTE: Queda retirada la enmienda 561 de Convergencia i Unió, y seguimos con las enmiendas 138, 139, 140 y 141 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 644, 176, 27 y 642, del Grupo Mixto, y la 67 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 25, 245, 173, 608, 643, 246 y 177 del Grupo Mixto; la 68 y 69 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la 560 y 562 de Convergencia i Unió.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, pido votación separada de las enmiendas de Convergencia i Unió.
Para consuelo de los comisionados, la 562 no hay que someterla a votación porque está transaccionada, o sea que sólo hay que votar la 560.


El señor PRESIDENTE: Es una transacción al artículo 45. Por tanto, votamos las enmiendas a las que he hecho referencia, excluida la 560 y la 562 en la transacción del Grupo Convergència i Unió, que someteremos a votación posteriormente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 560, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la 562 en la fórmula transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, dos; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos del título VIII, a no ser que se quiera votación separada de alguno.


La señora VALCARCE GARCÍA: Queremos votación separada del 42 y del 46, agrupados.


El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos 42 y 46.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 43, 44 y 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos al título IX.


El señor OLLERO TASSARA: En éste hay la transaccional con Coalición Canaria y supongo que el Grupo Socialista no aceptará la que había sobre los eméritos.


La señora VALCARCE GARCÍA: En este caso sí está aceptada la transaccional. El Grupo Popular se ha

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acercado lo suficiente a la posición del Grupo Socialista, por eso hemos aceptado. Es la enmienda 463.


El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar por las enmiendas transaccionales. Votamos la transacción a la enmienda 332, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, dos; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a la enmienda transaccional a la enmienda 463, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Sometemos a votación las enmiendas: 255, 262, 30, 277, 278, 653, 654, 279, 280, 281, 283, 313 y 655, del Grupo Mixto, así como las números 73, 74, 81 y 82, del Grupo Vasco, así como las números 328, 329, 333 y 335, de Coalición Canaria.
Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Solicito votación separada de las enmiendas de Coalición Canaria. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Votación separada de a 563 de CiU.


El señor PRESIDENTE: Esa no la he citado.
Votación de las enmiendas mencionadas, menos las de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto 646, 257, 300, 301, 259, 302, 28, 303, 610, 646, 260, 29, 304, 646, 263, 264, 166, 611, 272, 310, 311, 312, más las números 71, 72, 78 y 79 del Partido Nacionalista Vasco, más las números 567 y 569 de Convergència i Unió.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: La 569 fue incluida en la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Votación de todas las citadas, menos la 569.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 328, 329...


El señor OLLERO TASSARA: La enmienda número 328 está aceptada en ponencia. Pedimos votación separada de la enmienda número 333.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas números 329 y 335, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar la enmienda número 333, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.


La señora JULIOS REYES: Solicito votación separada de las enmiendas de Colación Canaria.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Votación separada de la 563, de CiU.


El señor PRESIDENTE: Esa no la he citado.
Votación de las enmiendas mencionadas, menos las de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Mixto 646, 257, 300, 301, 259, 302, 28, 303, 610, 646, 260, 29, 304, 646, 263, 264, 166, 611, 272, 310, 311 y 312, más los números 71, 72, 78 y 79, del Grupo Vasco, más las número 567 y 569, de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la enmienda número 325.


La señora JULIOS REYES: Esa enmienda la acabamos de votar.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas números 326, 330, 331 y 332.


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El señor OLLERO TASSARA: Las enmiendas números 331 y 332 acabamos de transaccionarlas.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, ya están incorporadas.


La señora JULIOS REYES: Exacto.


El señor OLLERO TASSARA: Falta votar la enmienda número 331.


El señor PRESIDENTE: Le ruego, señora Julios, que nos diga cuáles quedan por votar.


La señora JULIOS REYES: Las enmiendas que faltarían por votar son las números 326, 327...


El señor OLLERO TASSARA: No, la enmienda número 326 está incluida en el informe de la ponencia.


La señora JULIOS REYES: Perdón, sí. La enmienda número 329 ya se votó.


El señor PRESIDENTE: Las dudas que tengo son con respecto a las enmiendas número 330.


La señora JULIOS REYES: La enmienda número 330 se acaba de incorporar al votarla a favor.


El señor PRESIDENTE: La enmienda que hemos votado y que se ha incorporado es la enmienda número 333. La enmienda número 330 no la hemos votado y no sé si está incorporada en el texto de la ponencia.


El señor OLLERO TASSARA: No, esa no se ha votado.


El señor PRESIDENTE: Entonces hay que votar la enmienda número 330.
¿Está incorporada la enmienda número 331?

La señora JULIOS REYES: No, no está incorporada.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, hay que votarla y que yo sepa la enmienda número 332 tampoco está incorporada.


El señor OLLERO TASSARA: Esa enmienda es sobre la que hemos hecho la transaccional.


La señora JULIOS REYES: No, es la transaccional que se votó antes.


El señor PRESIDENTE: Se ha votado, perfecto.
Vamos a votar las enmiendas números 326, 330 y 331, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar...


La señora JULIOS REYES: Perdón. ¿Se ha votado la enmienda número 333?

El señor PRESIDENTE: Sí, esa enmienda se ha votado a favor.
Pasamos a votar la enmienda número 563...


El señor OLLERO TASSARA: Pedimos votación aparte de esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 563, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora tengo la duda de si hemos votado la 567, de Convergència i Unió.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Está retirada.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: ¿A qué artículo es?

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Al 70.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Está retirada.


El señor PRESIDENTE: Entonces votamos el resto de enmiendas, excepto las del Grupo Parlamentario Socialista, del título IX, que se refieren al Grupo Mixto, Izquierda Unida...


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Perdón, señor presidente, a mí me quedan dos enmiendas al artículo 72 vivas, la 571...


El señor PRESIDENTE: Le quedan la 568 y la 573.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Me quedan la 568 y la 571.


El señor PRESIDENTE: 568 y 571. ¿Quiere votación por separado?

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Por mi parte no, no sé si al Grupo Socialista le puede interesar la 571, pero es cosa de ellos, por mi parte no.


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El señor PRESIDENTE: Si el Grupo Socialista no tiene inconveniente votamos todas las enmiendas que restan, salvo las del Grupo Parlamentario Socialista e incluidas las dos de Convergència i Unió...


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Perdón, creía que decía que si quería votación separada entre ellas. Mis enmiendas me las cuido aparte.


El señor PRESIDENTE: Entonces votamos conjuntamente las enmiendas 568 y 571, del Grupo de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan en consecuencia rechazadas.
Ahora votamos el resto de enmiendas del título IX, excluidas las del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan en consecuencia rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título IX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar los artículos del título IX. ¿Algún grupo quiere votar algún artículo por separado?

La señora VALCARCE GARCÍA: En el título IX pedimos el siguiente agrupamiento: 47, 49, 50, 53, 54, 68 y 71; un segundo que sería el 70 y el resto.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere alguna agrupación más? (Pausa.) No.
Pasamos a votar los artículos 47, 49, 50, 53, 54, 68 y 71 del título IX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 70.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de artículos del título IX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a las enmiendas del título X.
Hay una enmienda transaccional a la número 487, del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere al apartado 2 del artículo 73.
Ruego al Grupo Socialista que exprese su posición.


La señora VALCARCE GARCÍA: La aceptamos.


El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda transaccional a la enmienda 487, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a la votación de la enmienda número 178, del Grupo Mixto, y de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 31, del Grupo Mixto, y 336, de Coalición Canaria.


La señora JULIOS REYES: Pedimos votación separada de la enmienda 336.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 31, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas 144, 145 y 146, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 336, de Coalición Canaria.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 31; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 574, de Convergència i Unió, si no está retirada.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Está retirada, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos los artículos del título X, a no ser que se solicite votación separada.


La señora VALCARCE GARCÍA: Pedimos votación separada de los artículos 77 y 78, acumulados.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos por votar los artículos 77 y 78.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de los artículos del título X.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de los artículos del título X.
Pasamos al título XI.


Votamos las enmiendas números 247, 249, 250, 32, 656 y 251, del Grupo Mixto, y 149, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 179 y 180, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 248 y 33, del Grupo Mixto, y 148, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda 577, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título XI.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda transaccional a la enmienda 570, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la enmienda expresada verbalmente por el señor Guardans, que propone poner «personas» antes de «universidades» en el texto de dicha enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos los artículos del título XI.
Señora Valcarce, dígame.


La señora VALCARCE GARCÍA: Necesitamos hacer tres bloques: 79, 80 y 81; 82 y 83, y separado el 84.


El señor PRESIDENTE: O sea, tres bloques.
Votamos los artículos 79, 80 y 81.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos ahora los artículos 82 y 83.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Finalmente, votamos el artículo 84.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título XII. Sólo hay una enmienda, del Grupo Mixto, la número 657.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a dicho título XII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar los artículos del título XII. ¿Señora Valcarce?

La señora VALCARCE GARCÍA: Pedimos votación separada de los dos artículos.


El señor PRESIDENTE: Que son los artículos 85 y 86.
Votamos el artículo 85.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora el artículo 86.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Ahora votamos el nuevo título XIII, en los términos de la enmienda transaccional. El letrado me advierte que el artículo 56.3, que hemos votado, reproduce íntegramente, con una matización que yo quiero plantear a la Comisión, que es que junto al procedimiento, aceptamos anteriormente las palabras: y condiciones, de una enmienda del señor Saura, que incorporaríamos al artículo 89 y daríamos de baja, para que no se repita, el artículo 56.3 del proyecto de ley.
Votamos, por tanto, en conjunto, el título XIII.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Pasamos a las disposiciones adicionales. Votamos las enmiendas números 314, 34, 315, 661, 316, 317, del Grupo Mixto, y 153 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 658, 660 y 181 del Grupo Mixto y las enmiendas 86 y 87 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 659, 662, 663, 664, 182 y 665 del Grupo Mixto; 89, 90, 91, 92 y 94 del Grupo Parlamentario Vasco y las números 150 y 152 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a las disposiciones adicionales.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas 581 y 583 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), si el señor Guardans confirma que están vivas.
(El señor Guardans i Cambó hace gestos afirmativos.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 31; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las disposiciones adicionales, a no ser que se quieran votar por separado.


La señora VALCARCE GARCÍA: Queríamos hacer tres bloques.


La señora JULIOS REYES: Falta por votar una enmienda de Coalición Canaria que sigue viva, la 346.


El señor PRESIDENTE: ¿A qué disposición adicional?

La señora JULIOS REYES: A la disposición adicional cuarta bis (nueva).


El señor PRESIDENTE: Efectivamente. La votamos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 12.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Solicitamos votación en tres bloques. El primero sería la disposición adicional primera, undécima y vigésima; el segundo, la segunda, quinta, séptima, décima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena, vigesimoprimera, vigesimosegunda, vigesimotercera y vigesimocuarta, y el tercer bloque, el resto.


El señor PRESIDENTE: Votamos las disposiciones adicionales primera, undécima y vigésima.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las que corresponden al segundo bloque al que se ha referido la señora Valcarce.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de disposiciones adicionales.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a las disposiciones transitorias y finales. Votamos las enmiendas números 612, 35, 253, 36, 669 y 320 del Grupo Mixto; las enmiendas números 96 y 97 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las enmiendas números 154, 156 y 157 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; la enmienda número 101 a la disposición final cuarta del Partido Nacionalista Vasco, y las enmiendas números 158, 183 y 254 del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 98, 319, 667, 668 de las transitorias más la enmienda número 159 a la exposición de motivos, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 31; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votamos las enmiendas números 252, 318, 666 y 670 del Grupo Mixto; la enmienda número 155 de Izquierda Unida a la transitoria segunda, las enmiendas 671 y 672 del Grupo Mixto a las finales; las enmiendas números 99 y 100 del Partido Nacionalista Vasco a las finales y las enmiendas números 592 y 594 de Convergència i Unió.


El señor GUARDANS Y CAMBÓ: 592 y 593, porque la 594 está incorporada.
Pido que se voten separadamente.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas relacionadas menos la 592 y 593.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 23; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votamos las enmiendas a las disposiciones transitorias de Convergència i Unió número 589 y 590 y a las disposiciones finales 592 y 593.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, no quiero marear, pero la 589 no hay que votarla porque está incorporada y la 590 está retirada. Son sólo las disposiciones finales 592 y 593.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas a las que ha hecho referencia el señor Guardans.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas a las disposiciones transitorias y finales y a la exposición de motivos, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar ahora si no hay unanimidad.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, queda sin votar la enmienda 739 del PP.


La señora JULIOS REYES: Y la 349 de Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón, queda viva la enmienda 739 a la disposición transitoria octava.


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Efectivamente no se ha votado porque estaba incorporada al informe, a reserva de lo que decidiera la Comisión. Me tiene usted que decir, señor Guerra Zunzunegui, si la sometemos a votación.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sí.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 739 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. ¿Cuál queda de Coalición Canaria?

La señora JULIOS REYES: Queda la enmienda número 349.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tiene razón.
Votamos la enmienda 349 de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones; 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las disposiciones transitorias, las finales y la exposición de motivos en los bloques que los grupos han pedido. Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Un bloque sería la sexta y la séptima.
Otro bloque sería la tercera y el resto.


El señor PRESIDENTE: Votamos las disposiciones transitorias sexta y séptima.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la disposición transitoria tercera.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, dos; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las restantes disposiciones.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Finalmente, pasamos a votar las enmiendas de carácter técnico presentadas por el señor letrado de esta Comisión.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, que yo sepa, la derogatoria única y las finales no se han votado.


El señor PRESIDENTE: Sí, en la votación de la disposición derogatoria estaban incluidas las finales. Yo he entendido que estaba en el bloque.


La señora VALCARCE GARCÍA: No. Estábamos votando las disposiciones transitorias.


El señor PRESIDENTE: No, yo he incluido en el bloque la disposición derogatoria, las disposiciones finales y la exposición de motivos.
Creo que lo he dicho claramente, señora Valcarce, incluida la exposición de motivos, y he dicho a no ser que quisieran distinción de bloques.
Pasamos a votar las enmiendas que se derivan del informe que formula el letrado a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte: enmiendas al artículo 4.2; al artículo 4.4, párrafo primero; al artículo 4.4., segundo párrafo; al artículo 4.5 (nuevo); artículo 6.4; artículo 6.5, primer párrafo; artículo 22; artículo 54; artículo 56.2, primer párrafo; artículo 63.1, párrafo primero; artículo 65; artículo 66.3; artículo 69.1 y artículo 73.3. ¿Hay algún grupo que desee votación separada? Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, yo no quiero votación separada, pero aunque sean las horas que son, quería agradecer expresamente al letrado el trabajo que ha hecho para preparar esas enmiendas y muy particularmente una que, de hecho, es algo más que una enmienda técnica -no recuerdo el número-, en la medida en que incluye a los profesores visitantes de otros países, si no me equivoco. Si la enmienda no es de carácter técnico, en todo caso quedará ratificada con la votación que procede a continuación.
Querría que constara en acta, a pesar de la hora, el agradecimiento de este grupo -supongo que extensible por parte de otros- por el trabajo que ha hecho el letrado en este caso.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere votación separada?

La señora VALCARCE GARCÍA: No, señor presidente. Nosotros nos sumamos también a las felicitaciones al señor letrado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Guerra.


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El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Por supuesto, señor presidente, nuestro grupo también quiere dar las gracias.


El señor PRESIDENTE: Todos los grupos se suman a las felicitaciones al señor letrado y este presidente también. (La señora Valcarce García pide la palabra.)

Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, el Grupo Socialista quiere hacer constar que sus enmiendas no aceptadas permanecen vivas para el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Tienen tiempo de presentarlas.


Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.


Eran las tres y cincuenta y cinco minutos de la madrugada.

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