Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 234, de 23/05/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 234

*********************************************************************

NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 3423 a la 3462. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease "DS. Congreso de los Diputados" Comisiones, núm. 285) *********************************************************************

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles, 23 de mayo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores (Nadal Segala) para informar sobre el 57.o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. A petición propia. (Número de expediente 214/000055) . . . (Página 7025)

Preguntas:

- Del señor Puig i Olivé (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la posición del Gobierno en relación con la oferta de Rusia a la OTAN acerca de un sistema global antimisiles. (Número de expediente 181/ 000617) . . . (Página 7035)

- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno en relación a la ampliación de la Alianza Atlántica. (Número de expediente 181/ 000618) . . . (Página 7039)

- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno respecto de la aplicación del Pacto de estabilidad en los Balcanes. (Número de expediente 181/000619) . . . (Página 7040)

Página 7024


- Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas ante los brotes de xenofobia que se están produciendo contra la colonia de emigrantes europeos en Venezuela. (Número de expediente 181/000655) . . . (Página 7041)

- Del señor Yáñez-Barnuevo García (Grupo Parlamentario Socialista), sobre modo en que va a concretar el Gobierno su objetivo de construir un espacio iberoamericano, recogido en el Plan estratégico de acción exterior. (Número de expediente 181/000681) . . . (Página 7043)

- Del mismo señor diputado, sobre acciones específicas que va a llevar a cabo el Gobierno con el objetivo previsto en el Plan estratégico de acción exterior de construir un espacio iberoamericano. (Número de expediente 181/000682) . . . (Página 7043)

- Del mismo señor diputado, sobre medios que va a habilitar el Gobierno con el objetivo de construir un espacio iberoamericano.
(Número de expediente 181/000683) . . . (Página 7043)

- De la señora Torrado Rey (Grupo Parlamentario Socialista) sobre consideración de los convenios de cooperación entre ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis como injerencias en la política exterior del Estado. (Número de expediente 181/000722) . . .
(Página 7046)

- De la señora Moreno Sirodey (Grupo Parlamentario Socialista), sobre opinión del Gobierno acerca de si los convenios de cooperación entre ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis se pueden considerar injerencias en la política exterior del Estado. (Número de expediente 181/000739) . . . (Página 7046)

Proposiciones no de Ley:

- Sobre medidas en relación con la situación de los derechos humanos, la libertad y el autogobierno en el Tíbet. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000665) . . .
(Página 7047)

- Sobre el Tíbet. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000743) . . . (Página 7047)

- Sobre la no firma por parte de Estados Unidos del Acuerdo de Kioto y la política del Estado español al respecto. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000688) . . .
(Página 7052)

Dictamen sobre:

- Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en París el 18 de junio de 1964, y protocolo por el que se modifica el anexo de seguridad del Acuerdo (Bruselas, 2 de junio de 1998).
(Número de expediente 110/000070) . . . (Página 7055)

- Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000076) . . . (Página 7056)

- Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000077) . . .
(Página 7056)

- Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000. (Número de expediente 110/000078) . . .
(Página 7058)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre de 2000. (Número de expediente 110/000068) . . . (Página 7060)

- Declaración de España al Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996. (Número de expediente 110/000069) . . . (Página 7060)

Página 7025


- Canje de notas de fechas 18 y 20 de diciembre de 2000, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá, por el que se enmienda el Convenio de cooperación cultural entre España y Panamá de 2 de mayo de 1979 y se deroga el Convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos académicos y de incorporación de estudios de 15 de marzo de 1996. (Número de expediente 110/000071) . . .
(Página 7060)

- Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983. (Número de expediente 110/000072) . . . (Página 7061)

- Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho "ad referendum" en Pekín el 25 de junio de 2000. (Número de expediente 110/000073) . . . (Página 7061)

- Convenio entre el Reino de España y la República Helénica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y del patrimonio, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000074) . . .
(Página 7061)

- Aceptación por España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960, modificado por los protocolos de 1964 y 1982 (Convenio de París). (Número de expediente 110/000075) . . . (Página 7061)

- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Argentina modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de 1969, hecho en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001. (Número de expediente 110/000079) . . . (Página 7062)

- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y el Gobierno de Jamaica, hecho en Puerto España el 4 de julio de 1999. (Número de expediente 110/000080) . . . (Página 7062)

- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (Caricom), hecho en Puerto España el 4 de julio de 1999. (Número de expediente 110/000081) . . 3462

- Convenio sobre seguridad social entre el Reino de España y la República de Polonia, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2001.
(Número de expediente 110/000082) . . . (Página 7062)

- Acuerdo marco de cooperación técnica, cultura y científica entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, hecho en Puerto España el 3 de julio de 1999. (Número de expediente 110/000083) . . . (Página 7062)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Trinidad y Tobago al Convenio de La Haya relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. (Número de expediente 110/000084) . . .
(Página 7062)

- Invitación a la adhesión de la República de Estonia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988. (Número de expediente 110/000085) . . .
(Página 7062)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (NADAL SEGALA) PARA INFORMAR SOBRE EL 57.o PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000055.) La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Agradecemos la presencia del señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que comparece a petición propia para informar sobre el 57º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Comparezco hoy ante SS.SS. para darles cuenta de los resultados del 57.º período de sesiones de la Comisión de Derechos

Página 7026


Humanos, que se clausuró en Ginebra el 27 de abril pasado. Lo hago en representación del señor ministro Piqué -como saben, se encuentra de viaje en China-, quien a petición propia ha pedido informar a esta Cámara sobre los aspectos más relevantes de la cita anual más importante que en el campo de los derechos humanos se produce en el ámbito multilateral.
De la creciente importancia que la comunidad internacional atribuye a la Comisión de Derechos Humanos da buena prueba el número de personalidades políticas relevantes que comparecen ante ella y que este año ha sido cercano a la cincuentena. No sólo me estoy refiriendo a los numerosos ministros de Relaciones Exteriores que en nombre de su país han explicado las líneas directrices o defendido las prioridades de sus respectivas políticas nacionales en materia de derechos humanos -el propio ministro Piqué intervino ante la Comisión el día 22 de marzo-, sino que también es de destacar la presencia este año de un número elevado de dirigentes mundiales, como los secretarios generales de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y cinco jefes de Estado o de Gobierno.
Hay que decir que esta no ha sido una edición más de la Comisión en Ginebra. En sus seis semanas de trabajo se han adoptado 86 resoluciones, de las que 51 fueron copatrocinadas por España, 16 decisiones y cuatro declaraciones del presidente de la Comisión, es decir, un número mayor que el adoptado anualmente por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en un tiempo comparativamente mucho más corto, y ello trabajando sobre más de 8.000 páginas de documentos oficialmente editados. Por otro lado, la densidad y profundidad de las deliberaciones, la complejidad de la negociación en muchos casos, la novedad temática de varios de los proyectos de resolución considerados este año y, para España, el hecho de que este período de sesiones sirve de pórtico al del año que viene, al del año 2002, en el que participaremos en la Comisión presidiendo la Unión Europea, han hecho de ésta una edición ciertamente singular. No sólo ha sido una edición singular; tengo que decir que además no ha sido fácil. Sin duda se han alcanzado logros importantes. Así, la Unión Europea consiguió ver adoptados todos los proyectos de resolución que había presentado, los cuales versaban sobre los derechos del niño, sobre la pena de muerte y sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Irak, Birmania, Sudán, la República Democrática del Congo y Chechenia y sobre los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. La Unión Europea se encargó también de elaborar y negociar las importantes declaraciones efectuadas por el presidente de la Comisión sobre Colombia y sobre Timor Oriental. Además, la Comisión aprobó resoluciones sobre la situación en otros países, como Cuba y Europa suroriental, referidas en especial a la República Federal de Yugoslavia. Indudablemente positiva ha resultado también este año la creación de un relator especial para asuntos indígenas, de un grupo de trabajo que se encargue de la redacción de un proyecto de convención sobre desapariciones forzadas y de un experto independiente que estudie la negociación en el futuro de un protocolo facultativo del pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Importantes han sido asimismo la adopción de una resolución sobre el acceso a los medicamentos para el tratamiento del sida y el consenso en la adopción de la resolución referente al racismo. De todas estas resoluciones, mencionaré muy brevemente aquellas que pienso que pueden interesar más a SS.SS. Comenzaré con Cuba, que fue una de las más polémicas. Creo que la Unión Europea realizó un esfuerzo importante para conseguir que la resolución fuese equilibrada, añadiéndole referencias a la situación económica del pueblo cubano.
Este esfuerzo moderador se vio recompensado por la victoria de la resolución.
Otro de los temas candentes en el que España se esforzó por jugar un papel positivo fue el de Guinea Ecuatorial. El grupo africano había presentado un proyecto de resolución absolutamente insuficiente. La Unión Europea intentó paliar las deficiencias de ese documento y conseguir un texto que reflejase la verdadera situación de los derechos humanos en dicho país y, sobre todo, que salvaguardase la figura del representante especial para Guinea Ecuatorial. Estos objetivos se consiguieron finalmente.
Otra cuestión importante en la que la Unión Europea y muy especialmente España jugó un papel positivo fue la declaración de la presidencia sobre Colombia. Estas declaraciones precisan el consenso de todas las partes implicadas y de todos los miembros de la CDH.
Después de intensas negociaciones, en las que España tuvo una importancia clave, se consiguió un texto que refleja objetivamente la situación de los derechos humanos en Colombia y que no teme aludir a cuestiones tan candentes como la de los paramilitares. Que se haya llegado a ese consenso indica por parte del Gobierno de Colombia un compromiso firme con el logro de la paz y la estabilidad en su país.
Lamentablemente, este período de sesiones ha ofrecido también resultados no tan positivos. Por un lado, se ha roto el consenso que tradicionalmente venía existiendo en la adopción de resoluciones sobre cuestiones tan fundamentales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la libertad de opinión y expresión o los derechos de la mujer. Por otro lado, algunos países que podríamos llamar radicales, en cuanto al concepto que defienden de los derechos humanos en relación con el que de ellos tienen los países democráticos occidentales, han seguido utilizando la Comisión como foro en el que promover una visión, yo diría una división, ideológica de los derechos humanos incompatible con concepciones ya universalmente asumidas. Otras delegaciones han insistido, bajo la fórmula de una resolución, sobre la no difamación de las religiones, en su empeño

Página 7027


de evitar una supuesta actuación de la Comisión contraria a sus creencias religiosas. Otras, en fin, han recurrido a solicitar en solitario votación sobre cuestiones en las que trabajosamente ya se había logrado consenso. Este tipo de actitudes ha dejado este año la incómoda sensación de la necesidad de mantenerse vigilantes y a la defensiva para impedir daños irreparables a la coherencia de la Comisión de Derechos Humanos y a la visión universal de tales derechos.
En vista de todas estas circunstancias, podemos considerar que este período de sesiones ha estado marcado por la polarización norte-sur, la cual, yo diría, se ha manifestado en tres tendencias bastante preocupantes. Primeramente, la voluntad de ciertos países de poner el énfasis no tanto en las relaciones Estado-individuo, es decir, en vigilar la garantía por aquél de los derechos de éste, como en las relaciones entre Estados, suscitando alianzas entre ellos en torno a determinadas cuestiones, con la consiguiente politización e ideologización de la Comisión. En segundo lugar, el cuestionamiento de la labor de ésta en la denuncia de la situación de los derechos humanos en determinados países. Por último, la crítica destructiva, efectuada por algunas delegaciones, del sistema de procedimientos especiales, es decir, los relatores, representantes y expertos especiales, que son el pilar fundamental de la efectividad de la Comisión de Derechos Humanos. En suma, se trata del cuestionamiento de la aceptación pacífica de la fiscalización por la comunidad internacional del respeto de los derechos humanos.
Los derechos humanos constituyen una de las piedras angulares de la política común de la Unión Europea y uno de los ejes básicos que rigen la acción exterior de la Unión y de cada uno de sus Estados miembros y por supuesto de España también. La adopción en el Consejo de Niza de la Carta Europea de Derechos Fundamentales constituye la prueba más cercana del compromiso de la Unión en esta materia. Pues bien, en la conformación de este elemento básico de la acción exterior común resulta fundamental la obtención del consenso, un consenso logrado tras largas reuniones de concertación para conseguir que la Unión se exprese con una sola voz en los foros internacionales de derechos humanos. Para alcanzarlo a veces hay que matizar determinados intereses nacionales en un proceso de recíproca transacción entre los Quince. Ponerse de acuerdo a Quince, como es fácilmente imaginable, sobre las resoluciones relativas a la situación de los derechos humanos en tantos y tan diversos países como los que antes he comentado resulta ejemplo expresivo de esta conciliación de intereses. Estas circunstancias, unidas al hecho de que siete Estados miembros de la Unión son actualmente miembros de la Comisión y de que otros Estados occidentales presentes en ella, en particular los Estados Unidos, han ido viendo reducido su papel en ese foro, han hecho crecer el papel de la Unión Europea en la Comisión de Ginebra, hasta el punto de que desde hace unos años se ha convertido en uno de sus protagonistas principales y creo que sin rubor alguno puede decirse que hoy es el principal defensor en ese foro de la concepción de los derechos humanos propia de las democracias pluralistas occidentales.
Deseo resaltar ante SS.SS. el relevante papel y actividad que España ha desempeñado en este período de sesiones de la Comisión. La participación española en la cita anual de Ginebra no se manifiesta sólo en la presencia de la delegación de nuestro país en la sala de reuniones de la Comisión, sino, lo que es más importante, en el trabajo menos visible que detrás del escenario se lleva a cabo para conseguir no sólo la armonización en el seno de la Unión Europea sino la negociación con terceros países o grupos de países. Por razones evidentes, nuestro país ha tenido este año en Ginebra, como en períodos de sesiones anteriores, una voz destacada y muy identificable en determinados temas que son objeto recurrente de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, como los referidos a la situación de estos derechos en Colombia, en Cuba, en Guinea Ecuatorial o en los territorios palestinos, así como el seguimiento del problema del Sahara Occidental, pero también en cuestiones temáticas, como por ejemplo las relativas a las poblaciones indígenas, los derechos humanos de los grupos más vulnerables, en especial mujeres, ancianos y niños, o la pena de muerte, la generalización del acceso a medicamentos para enfermos de sida, la lucha contra la intolerancia religiosa, la independencia del Poder Judicial, la erradicación de la tortura, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la protección de personas desplazadas. Este activo papel de España ha quedado reflejado en el alto número de copatrocinios otorgado por nuestro país. Por otro lado, quisiera señalar que entre las cuestiones aludidas en su intervención, el ministro Piqué efectuó un llamamiento a la pronta ratificación del estatuto del Tribunal Penal Internacional, en el convencimiento de que la internacionalización de la jurisdicción criminal contribuirá a evitar la impunidad de los responsables de violaciones de los derechos humanos y a dar satisfacción a sus víctimas.
Esta edición de la Comisión ha estado enmarcada por importantes acontecimientos que han determinado su inicio y su orientación. En septiembre de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York en la que se denominó la cumbre del milenio habían trazado, a través de la declaración del milenio, ambiciosas metas en el ámbito de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el buen gobierno. Por otro lado, este verano se celebrará en Durban, Suráfrica, la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. La creciente atención y actualidad que estos odiosos fenómenos suscitan en muchos lugares del mundo refuerzan la importancia de la cita de Durban. En este mismo orden de ideas, es preciso no olvidar

Página 7028


que Madrid será escenario, el próximo noviembre, de la conferencia sobre educación escolar en relación con la libertad de religión y de creencia, la tolerancia y la no discriminación, una aportación de España hacia la eliminación de la discriminación y de la intolerancia. Previamente, en el mes de septiembre, tendrá lugar la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la infancia, en la que España también participará activamente.
Finalmente, conviene recordar que España acogerá en el año 2002 la Asamblea mundial sobre el envejecimiento, de cuyos trabajos y conclusiones esperamos que surja un fortalecimiento de la acción de los Estados y de su concertación internacional en este campo.
Este ha sido, señorías, muy brevemente el análisis que el Gobierno ha efectuado del desarrollo de la reciente sesión de la Comisión de Derechos Humanos. No les he ocultado los aspectos satisfactorios como tampoco aquellos que nos producen inquietud ante el porvenir. En cualquier caso, con el futuro que les he indicado, pueden estar seguros de que el Gobierno y en particular el Ministerio de Asuntos Exteriores seguirán esforzándose por fortalecer el papel de España en la promoción, la defensa y la universalidad de los derechos humanos, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en los demás foros internacionales competentes en esta materia. Finalmente y en esta línea quisiera anunciar a SS.SS. que en este esfuerzo permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores por reforzar la política de derechos humanos, es intención de este Ministerio crear en el seno de nuestras embajadas la figura del encargado de derechos humanos. Su misión será mantener contactos regulares con las instituciones del país de acreditación relacionadas con los derechos humanos, coordinarse con las embajadas de otros países, especialmente con las de la Unión Europea, así como redactar los informes oportunos. Para poner en marcha esta medida se ha previsto la organización de un curso sobre derechos humanos en la Escuela Diplomática para los funcionarios diplomáticos que saldrán destinados próximamente al exterior. Se trata de una medida interesante y necesaria que sin duda dará más operatividad y contenido a nuestra política de derechos humanos.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Después de oír la intervención del representante del Gobierno, quisiera hacer algunos comentarios para manifestar nuestra opinión sobre estas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y también sobre su propia intervención, porque hay elementos que no hemos visto recogidos y quisiéramos que nos comentase algo al respecto, si es que hay algo que comentar, y, si no es así, simplemente no comentarlos ya sería una forma de hacerlo.
Ha habido una frase que o no la he entendido bien o indica una radical diferenciación entre su visión de los derechos humanos y la nuestra. Creo que usted planteaba que hay concepciones ideológicas que son mundialmente rechazadas en estos momentos. Nosotros creemos que no hay un pensamiento único, que, por el contrario, la ideología no ha muerto, sino que sigue existiendo una diferencia de ideologías, y que hay una posición ideológica de los derechos humanos con la que nosotros estamos radicalmente en contra. Desde esa visión, creemos que el neoliberalismo es el principal enemigo de los derechos humanos, y somos millones los que compartimos esa idea. Si usted ha querido decir que hay en estos momentos un pensamiento único en el mundo, se equivoca, porque -repito- somos millones los que creemos que en la base del neoliberalismo está la esencia de la falta de derechos humanos en muchos lugares del mundo. En estos momentos los derechos humanos son una excusa en muchas ocasiones y en muchos lugares del mundo son motivo de una interpretación realmente cínica, porque escuchar hablar de derechos humanos cuando estamos viendo lo que ocurre en Palestina, que se está matando a un pueblo, practicando una cierta limpieza étnica con la complicidad de gran parte del mundo; cuando vemos que a un continente entero como África se le está condenando a la muerte, se le está condenando prácticamente a desploblarse -no sabemos con qué objetivo-; cuando vemos que tiene que haber un país como Suráfrica que libra una batalla para conseguir el acceso a los medicamentos contra el sida; cuando vemos como el derecho a la vida, a poder comer es negado a gran parte de la humanidad, hablar de derechos humanos por parte de los países demócratas nos parece sinceramente una gran hipocresía. Están muy bien estas cumbres, están muy bien todas estas discusiones, pero mientras haya un sistema económico que esté basado en buscar el beneficio en función de la explotación, estos derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la simple alimentación serán derechos que nunca se van a cumplir y -repito- nos parece un verdadero cinismo hablar de derechos humanos y mantener el sistema económico basado en la explotación de unos hombres sobre otros. Yo sé que esto le podrá sonar antiguo, pero es tan antiguo como el mundo mismo.
Usted ha puesto algunos casos, pero no le he oído hablar del tema palestino, salvo en el tema de los asentamientos. No sé si hay algo que decir sobre cuál fue el papel de España, porque creemos que no fue todo lo brillante que debiera haber sido. Usted ha hablado del tema de Colombia y aunque reconocemos que puede haber algún avance, sigue siendo corto, porque mientras exista el plan Colombia -no nos engañemos-, que es un plan militar, como ya hemos denunciado aquí otras veces, por mucho que se le quiera revestir de otros

Página 7029


elementos, todo lo demás son juegos de palabras y discursos de cara a la galería. Habría que ir a una solución del conflicto en Colombia, pero sobre la base de una verdadera negociación y no sobre la militarización del conflicto. También ha hablado del caso de Guinea Ecuatorial. Ahí estamos algo más de acuerdo con lo que usted ha planteado, pero no se extrañe de que exista una polarización norte- sur, porque hay una dinámica impuesta y acrecentada con la última Administración de Estados Unidos de profundizar en esa diferenciación, pues de alguna manera hay que sustituir la guerra fría, hay que justificar el mantenimiento de una industria armamentista y, una vez desaparecido el enemigo del Este, hay que buscar otro enemigo, que es el enemigo del Sur, y cada vez va a haber una mayor polarización porque o los países del Sur se defienden o al final ya no van a ser colonia sino simples vertederos del Norte.
Tampoco le he escuchado decir nada -puede ser que me haya distraído en ese momento- sobre algunas resoluciones sobre los derechos humanos de las cientos de personas que mueren en el Estrecho, de esas cientos de personas que chocan con ese muro que nos hemos construido los países demócratas, esos países que tenemos especial celo por los derechos humanos, simplemente para salvaguardar nuestro Estado del bienestar. Hemos puesto un muro sobre el cual chocan y mueren cientos de personas, porque hay que salvar la democracia de la contaminación de los parias que vienen de otros lugares del mundo También ha hecho alusión al tema de Cuba. Yo no pensaba hacerlo porque se ha explicitado demasiado, pero usted ha manifestado algo que yo quiero contestar, porque si no sería cómplice de lo que usted ha dicho.
Usted plantea que hay una resolución equilibrada. Yo la he leído y no he encontrado la palabra bloqueo. Si ustedes consideran que eso no es una agresión a los derechos humanos, evidentemente, todo lo demás que ustedes digan de Cuba cae por su propio peso y todo lo que ustedes digan de Cuba no tienen ninguna autoridad moral para decirlo, porque si no hay una condena explícita y concreta de un bloqueo que sufre un pueblo, sin par en la historia de la humanidad, durante décadas, todo lo que ustedes digan de Cuba no tiene ninguna autoridad moral. Usted habla de que se ha solucionado la situación económica. Es triste que usted se conforme con eso y también que al final hable de la victoria de la resolución. Efectivamente, la pueden considerar como una victoria, pero también sabe a qué precio, cómo se presionó y cómo se utilizaron todas las armas del imperialismo para conseguir un voto.
Es una triste victoria, que además ustedes saben que va a chocar con la contundencia del pueblo cubano, que sigue creyendo todavía que es mucho mejor vivir en la revolución que vivir la sumisión que ya han conocido. Repito que es una triste victoria lo que ustedes pueden ofrecer en este momento. Me gustaría saber qué papel ha jugado España para que se condenase el bloqueo, contra el cual en este país hay millones de personas que diariamente combatimos. Usted sabe que en España hay millones de personas que diariamente participan en movimientos de solidaridad en contra del bloqueo inhumano que sufre el pueblo cubano por parte de los Estados Unidos y de todo el sistema neoliberal.
Esta ha sido nuestra visión de esta sesión. Está bien que siga reuniéndose y que siga existiendo la Comisión de Derechos Humanos, pero permítanos que seamos muy poco entusiastas de estos foros mientras que veamos el cinismo imperante en estos momentos en un sistema económico que solamente se basa en la explotación de unos pueblos por parte de unos pocos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU BULDÚ: Ante todo quiero agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado para informar sobre la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyas conclusiones y deliberaciones presentan una cierta dificultad, por cuanto las intervenciones sobre temas de derechos humanos en dicha Comisión tienen un sentido muy politizado, ya que están matizadas por sus componentes y porque en ciertos casos algunos de los miembros no ejercen el respeto a los derechos humanos que correspondería y, a pesar de ello, participan en deliberaciones y recomendaciones que no se corresponden con el sentido de su propia actuación.
Hemos entendido por parte del señor secretario que la intervención de la delegación española ha ido en un doble sentido, la del propio ministro en las sesiones plenarias y una serie de negociaciones que se han mantenido fuera de las sesiones de cara a encontrar consensos, delimitación o definición de lo que eran los grandes temas sobre los cuales ha versado la gestión española: Cuba, Colombia o Guinea Ecuatorial, en los que se nos presenta una serie de resoluciones favorables para la defensa de los derechos humanos.
Dentro de su exposición, he echado en falta al menos un comentario por parte del Gobierno sobre la exclusión de Estados Unidos en la Comisión. Podemos aceptar que el posicionamiento de Estados Unidos respecto a la pena de muerte o determinadas actitudes en cuanto a los derechos humanos ante situaciones internacionales justificarían -o al menos pueden hacerla comprensible- su exclusión, pero al mismo tiempo no se nos escapa la consideración de que de alguna forma la exclusión de Estados Unidos siendo, como es, uno de los líderes mundiales, puede descafeinar o al menos tergiversar el posicionamiento de la Comisión en los temas de derechos humanos. Por tanto, me gustaría oír cuál es la posición del Gobierno respecto de este tema y cuáles son sus consideraciones sobre la nueva situación que puede generarse a partir de esta exclusión.


Página 7030


Nos hubiera gustado que hubiera sido más activo el posicionamiento del Estado español en los grandes temas, en lugar de adoptar el de otros grupos, y que la postura española en favor de la preservación de los derechos humanos hubiera sido más definida, como por ejemplo ha hecho Francia con una iniciativa sobre la moratoria indefinida de la pena de muerte o con un posicionamiento más fuerte respecto al comercio ilícito de armas. No elijo este tema demagógicamente sino buscando una forma más constructiva y positiva del funcionamiento de nuestras relaciones internacionales en cuanto a los derechos humanos.
Me felicito por la propuesta que ha presentado el señor secretario de Estado en el sentido de promover en las embajadas la figura del encargado de los derechos humanos, como una de las fórmulas que probablemente nos va a permitir tener una relación más directa con determinados países, para los cuales esta información puede ser sustancial, para que nuestra voz en los foros internacionales, como esta Comisión de las Naciones Unidas, nos permita obtener mejores resultados. Nuestro grupo se felicita de esta iniciativa positiva para el posicionamiento de España en la escena internacional sobre este tema, en el que reitero nuestro deseo de un mayor protagonismo o, al menos, de una mejor definición de nuestras propuestas.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Manzanares.


La señora GARCÍA MANZANARES: Quiero agradecer la presencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, señor Nadal, en esta Comisión y decir que hoy debemos felicitarnos por esta comparecencia y por la diligencia con la que se ha producido. Reconocemos que en esta ocasión, al menos en cuanto a las formas, el Gobierno ha hecho la tarea diligentemente. Asimismo he de decir -y no nos duelen prendas reconocerlo- que en el contenido también parece que se ha producido algún cambio o algún avance respecto a sesiones anteriores, aunque no podamos estar satisfechos totalmente del resultado final de este 57.o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Creo que nadie, ni el Gobierno, ni la oposición, ni ningún grupo de esta Cámara podemos estarlo ni lo estaremos mientras continúen las violaciones reiteradas y masivas de los derechos humanos en países en permanente conflicto o en otros en los que no se denuncian claramente porque priman otros intereses en las relaciones con los gobiernos de dichos países que -como muy bien nos ha comentado el señor secretario de Estado-, a través de negociaciones políticas bilaterales, consiguen si no influir directamente en el resultado final de las recomendaciones de la Comisión, sí atenuar, diluir o evitar llamadas de atención y, por tanto, su fiscalización -lo lamentamos profundamente y supongo que todos estaremos de acuerdo con ello-; si no, no es comprensible que se diga tan poco de algunos países o que desaparezca casi de repente la gravedad de los informes anteriores sobre situaciones que continúan exactamente igual. Es verdad que lo importante es la valoración global del desarrollo de las sesiones, de las recomendaciones aprobadas, de los avances en ciertos temas, pero ahora mismo sería imposible hacer un listado exhaustivo de la situación país por país. Me gustaría al menos dar unas pinceladas de lo que lamentamos y constatar que persisten situaciones que van cronificándose en países como China, que consigue una vez más, utilizando en esta ocasión normas de procedimiento, sortear que se tome medida alguna por su historial sobre los derechos humanos; o que la Comisión ha eliminado de su programa a Ruanda, a pesar de los esfuerzos de Canadá para mantener el mandato del representante especial, cuando nos consta que la situación de ese país sigue siendo sumamente inestable: siguen recibiéndose informes sobre desapariciones, torturas, malos tratos a detenidos, sin cargos, sin juicios, en condiciones que constituyen un trato cruel e inhumano.
Tampoco parece que la Comisión haya hecho demasiado caso a las denuncias de graves abusos que se cometen en algunos de los países más influyentes y que son miembros de la Comisión, como Arabia Saudí, cuyo número de ejecuciones -123 en el año 2000; ejecuciones conocidas, claro-, juicios celebrados en secreto o penas degradantes crecen de manera alarmante, quedando en la mayor parte de los casos en silencio. También se ha pasado de puntillas sobre otros países como México, Argelia, Nigeria o Marruecos.
Comentaba que sin duda, a pesar de lo anteriormente dicho, estamos de acuerdo en que se han producido avances, y nos felicitamos por ello, junto con el señor secretario de Estado, porque lo hemos constatado.
Aunque continúan estas situaciones que nos hacen estar insatisfechos permanentemente, hemos de resaltar, y lo celebramos, la decisión de la Comisión de reiterar su llamamiento a favor de la supresión en todo el mundo de las ejecuciones y de que no se imponga la pena de muerte a nadie por delitos cometidos siendo menor de 18 años. Esto ha supuesto un logro importante y otro ha sido la creación de un grupo de trabajo para establecer un tratado que pueda poner fin a las desapariciones forzadas. Esta es una grave violación que sigue cometiéndose en todas las regiones del mundo. Tenemos noticias de que esta propuesta fue iniciativa del grupo de países latinoamericanos y de Francia y nos preguntamos si España también participó activamente en esta resolución. Nos hubiera gustado que así fuera. Tenemos noticias también de que se aprobó a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos y Canadá. ¿Significa esto que habrá algún tipo de entorpecimiento, dado el poder y la influencia de Estados Unidos? Positiva también, por la novedad y por ser la situación tan reciente, nos parece la enérgica resolución de la Comisión sobre Chechenia y la Federación Rusa,

Página 7031


condenando el continuo uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de los militares rusos y otras infracciones del derecho internacional humanitario.


Me gustaría hacer referencia a que lamentablemente ha sido sólo Bélgica quien ha invitado públicamente a todos los expertos de la Comisión a visitarla cuando lo deseen, mostrando así un verdadero espíritu de colaboración efectiva con los expertos de derechos humanos. Mi pregunta será para cuándo España, con este protagonismo recuperado, seguirá el ejemplo de Bélgica para invitar a los expertos del resto de los países.
Quiero hacer algún comentario a propósito del discurso del señor ministro que obra en nuestro poder. Nosotros hacemos una valoración positiva desde el punto de vista de su contenido aunque he de decirle que en el tema de Colombia, a nuestro juicio, estuvo una vez más tibio con el Gobierno de dicho país. Las buenas relaciones no le eximen de recordarle sus incumplimientos, como así lo ha hecho y lo sigue haciendo año tras año la Comisión. Es verdad que las condenas han sido muy fuertes y que los mayores responsables de las violaciones de derechos humanos son la guerrilla armada, los narcotraficantes y los paramilitares, pero todos sabemos también que en ocasiones hay grupos muy próximos a determinados estamentos del Gobierno que se miran con cierta indulgencia y justamente las buenas relaciones con Colombia nos deberían dar una mayor autoridad moral para pedirle a su Gobierno que no eluda su responsabilidad de cumplir las resoluciones y las recomendaciones que año tras año le viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos.
Felicitamos al señor ministro por el protagonismo que tuvo en el llamamiento a la ratificación del Tribunal Penal Internacional.
España fue uno de los siete primeros países en ratificarlo, y es importante que sigamos en esta línea. También nos felicitamos por el apoyo mostrado por el ministro al grupo encargado de elaborar un protocolo facultativo de la convención contra la tortura, a pesar de que, como ya nos temíamos, no haya sido posible terminar el trabajo.
Nos ha comentado el señor secretario de Estado que esta sesión de la Comisión ha sido cualitativa y cuantitativamente diferente. Sus 86 resoluciones, de las cuales 51 han sido copatrocinadas por España, parece que así lo demuestran en cuanto a la cantidad y también en cuanto a la novedad temática. Nos gustaría saber si en ese protagonismo activo que ha jugado nuestra delegación -es verdad que dentro del conjunto de países de la Unión Europea- si ha tenido algún papel relevante apoyando alguna iniciativa concreta, como en el caso de Francia uniéndose a ésta de los países latinoamericanos que le comentaba. Igualmente nos gustaría que si es posible, respecto de la resolución de Cuba, calificada por usted, señor Nadal, como resolución polémica, nos informara qué aspectos fueron los más polémicos y cuál fue el papel de España en concreto en esos puntos supuestamente polémicos.
Finalmente, nos felicitamos por ese trabajo activo de España, que tras siete años recuperaba su papel como miembro de pleno derecho de la Comisión. Efectivamente parece que se ha logrado un mayor protagonismo y que de alguna manera podemos estar recuperando ese papel que teníamos en el pasado de un mayor peso en el exterior, no solamente de presencia observadora, y nos felicitamos porque hayamos podido ser una voz destacada en temas recurrentes de países que siempre nos han preocupado especialmente, así como por las resoluciones novedosas como la de las poblaciones indígenas o la relativa al llamamiento en cuanto a la pena de muerte.
Le agradeceríamos que nos diera más información sobre esa figura encargada de derechos humanos que vamos a poner en marcha en nuestras embajadas, lo cual celebramos; si nos puede adelantar cuál va a ser su contenido para que pueda tener un papel más allá de la apariencia, que en principio es esperanzadora, qué posibilidades reales va a tener de influir en los informes de derechos humanos, qué relación va a tener con las distintas delegaciones que de la Comisión de Naciones Unidas vaya a haber en terceros países, en fin, para que pueda tener un papel efectivo, como le decía.
Le agradecemos su comparecencia y que haya seguido las recomendaciones de la subcomisión que fue aprobada en esta Comisión con motivo del cincuentenario de los derechos humanos. Eso nos hace sentirnos al menos un poco más útiles en el trabajo de apoyo al Gobierno en estos temas de Estado, como son los de exteriores y los derechos humanos, y también nos da una cierta satisfacción, ya que como parlamentarios hemos dedicado mucho tiempo a que en esta Comisión se aprobara por unanimidad aquella subcomisión, una de cuyas recomendaciones era precisamente que España pudiera cada año recuperar ese papel más activo y más importante en los temas de derechos humanos. Celebramos, por tanto, que esto se haya hecho así y estaremos vigilantes para que en la próxima sesión, coincidiendo ya con la presidencia española, sigamos avanzando en este protagonismo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: En primer lugar, me sumo al agradecimiento de los otros grupos por la presencia en esta Comisión del secretario de Estado, agradecimiento que doblamos desde el momento en que esta comparecencia responde al compromiso adquirido a raíz de las resoluciones y de las conclusiones de la subcomisión de derechos humanos que aprobó esta Cámara en el año 1999. El año 2000 no pudo ser por razones obvias, las cámaras estaban disueltas, pero puntual a su cita en el año 2001 tenemos

Página 7032


la presencia del Gobierno en esta Comisión para un tema obviamente de gran sensibilidad y de gran importancia. No hace falta que insista mucho si decimos que la celebración de un período de sesiones, cualquiera de ellos, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa un acontecimiento de suma importancia por el altísimo grado cualitativo que envuelve las discusiones sobre los desgraciadamente muchos y variados temas que ocupan sus trabajos. La reflexión, el análisis y los pronunciamientos sobre aquellas cuestiones que todavía hoy impiden que el mundo sea justo en sus términos más elementales -el respeto a los derechos humanos- suponen un ejercicio tan necesario como obligado para todos aquellos países en los que el privilegio de su cumplimiento también debe convertirse en bandera de su acción exterior. En este sentido nos ha complacido escuchar las palabras del secretario de Estado remarcando la actitud dinámica de la delegación española en los trabajos de la Comisión, circunstancia que entendemos da perfecta cobertura a los diferentes criterios de valoración que en cuanto a su actuación podamos establecer. Quisiera destacar tres de ellos desde el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, hay que resaltar el hecho de que nuestra delegación se haya comportado de forma coherente y respetuosa con el avance del posicionamiento que el Gobierno expresó en esta Cámara, en el seno de la propia Comisión de Asuntos Exteriores, a respuesta precisamente de unas preguntas de la portavoz del Grupo Socialista. Cabe recordar que en este sentido el señor ministro de Exteriores a finales de febrero del presente año expuso las líneas maestras que definirían el comportamiento de nuestros representantes en Ginebra. Habló de coordinación con la Unión Europea, de activismo y copatrocinio en la adopción de resoluciones, de apoyo y colaboración con los mecanismos de control, y en particular con los procedimientos especiales establecidos en la Comisión, y habló también de la sensibilidad con la situación por la que atraviesa el respeto a los derechos humanos en diversas zonas del planeta y se abordó con bastante intensidad el caso de Colombia. De las palabras del señor Nadal se interpreta el seguimiento fiel a estas previsiones anunciadas por el señor ministro, circunstancia que deja clara constancia de la rigurosidad con que el Gobierno afronta estas importantes cumbres internacionales, y el 57.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo es, definiendo previamente los objetivos a defender así como la estrategia negociadora para intentar acercarse el máximo posible a ellos.
En segundo lugar, está la actitud española aportando esfuerzos a la consecución de consensos que vayan definiendo una acción común de los países miembros de la Unión Europea. Tras la adopción en Niza de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, hubiera supuesto un contrasentido importante, por no decir un desliz considerable, priorizar aquellos matices de interés nacional no incorporados a los posicionamientos comunitarios por encima de la expresión de lo que para Europa representa su compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Temas en letras mayúsculas en este terreno, como la situación de los colectivos más vulnerables, la pena de muerte o la situación de la grave indefensión que sufren poblaciones enteras expuestas a la tiranía de la imposición o a las consecuencias de los conflictos armados, no podían obtener de la Unión Europea más que un posicionamiento claro, directo y contundente de condena. Por ello, valoramos muy positivamente los esfuerzos que ha hecho nuestra delegación para conciliar voluntades y armonizar la exigible flexibilidad de todos los países miembros para presentar el papel de la Unión Europea como algo sólido y homogéneo, capaz, como ha dicho el señor secretario de Estado, de convertirse, dentro del seno de la Comisión, en el referente de la concepción actual occidental y lógica de lo que son los derechos humanos. Y es aquí donde desde este grupo entendemos que la referencia a Cuba ha envuelto toda la intervención del señor secretario de Estado. Me gustaría coincidir con el señor Centella en que los esfuerzos internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos parten de la premisa de que su mejor aval es la democracia y el pluralismo político. Por ello, siempre tenemos presente la isla caribeña, siempre tenemos presente Cuba, desde el momento en que ya son muchas décadas en las que precisamente la ley cubana no emana de la voluntad del pueblo. En este sentido es donde tenemos muy claro que en Cuba hay que hacer grandes cosas para conseguir que el respeto a los derechos humanos sea una realidad, insisto, en la concepción que entendemos lógica de lo que hoy en día son los derechos humanos, hoy en día y siempre, porque los derechos humanos evidentemente no admiten excesivas flexibilidades.
En tercer término, valoramos positivamente la actitud de nuestra delegación por la capacidad de sentar posicionamientos propios en aquellas cuestiones de especial sensibilidad para nuestro país o en aquellos temas que por recurrentes necesitan nuevos y renovadores empujes. Destacable por su importancia cuantitativa y el trabajo negociador que hay detrás de ella es la cifra expresada por el señor secretario del copatrocinio español en 51 de las 86 resoluciones aprobadas, pero mayor peso específico por su contenido político tuvo la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, el 22 de marzo, intervención en la que, además de incidir en la conveniencia de la ratificación del estatuto del Tribunal Penal Internacional y en la inconveniencia de que determinados países sigan manteniendo en su ordenamiento jurídico la pena de muerte, tuvo palabras muy claras de condena hacia la violación de los derechos humanos en aquellos conflictos que día a día sacuden la información internacional. La lista es

Página 7033


larga. Destacaremos el posicionamiento que vemos claro en cuanto a la guerrilla y los paramilitares colombianos o la política de asentamientos llevada a cabo por Israel en los territorios ocupados o la preocupación por el proceso de paz en el Sahara. Todos ellos fueron temas que certificaron el deseo de colaboración española con la comunidad internacional para su pronta resolución. Todo ello nos lleva a concluir que el papel jugado por la delegación española da cumplida respuesta a los criterios de coherencia, de compromiso con Europa, de suscripción de premisas básicas para garantizar el respeto a los derechos humanos y sensibilidad con los colectivos que de forma sistemática ven violados sus derechos fundamentales, criterios todos ellos que entendemos que han de ser exigibles, y así se hizo previamente al desarrollo de los trabajos de la Comisión.
Después del 57.º período llegará el 58.º, con un año por delante, y el 58.º período de sesiones va a ser de especial significación para España, pues, como ya ha señalado el secretario de Estado, se desarrollará bajo la presidencia española en la Unión Europea. Si a ello añadimos que en el transcurrir de este período de tiempo se van a celebrar importantes asambleas, conferencias y grupos de trabajo que aborden de forma sectorial muchos de los temas que hoy en día preocupan en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hemos de ser optimistas, siempre lo hemos de ser de cara al futuro.
Con todas estas premisas entendemos que se pueden dar nuevos pasos adelante que permitan pulir aquellas actitudes que todavía hoy dificultan el avance en el campo del respeto a los derechos humanos y el sentido común y el esfuerzo de la comunidad internacional para conseguir un mundo justo en su premisa básica, que es que cada individuo tenga garantizados los mínimos que le corresponden por su propia condición de persona, con lo cual habremos conseguido bastante.
Por todo ello, felicitamos al Gobierno a través de su representante hoy aquí, el señor secretario de Estado, por su compromiso de cumplimiento con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y le animamos a seguir en esta línea con la esperanza de que en su próxima comparecencia el año que viene podamos tachar alguno de los problemas existentes de la lista que para todos hoy sigue siendo excesivamente larga.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para responder a las distintas observaciones que la han formulado los grupos parlamentarios.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): No sé si voy a ser capaz de contestar a todas y cada una de las numerosas observaciones o sugerencias que se han hecho. En todo caso, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Me gustaría empezar haciendo una apreciación general y agradeciendo sinceramente el espíritu constructivo de las intervenciones de todos los representantes de los distintos grupos aquí presentes. Tratándose de derechos humanos, partimos de un consenso básico: se trata de una cuestión fundamental, cuya definición compartimos también básicamente (me alargaré sobre ello un poco más cuando comente la intervención del representante del Grupo de Izquierda Unida), y de un campo en el que siempre se puede hacer más. En él no cabe, por tanto, bajar la guardia; sólo es posible una actitud beligerante y ambiciosa en la que no tiene sitio la autosatisfacción porque siempre hay nuevas metas que alcanzar. De modo que quiero dejar constancia, en primer lugar, de mi agradecimiento por ese espíritu constructivo que he detectado en todas las intervenciones.
Entrando en el contenido de algunas de las intervenciones y por el orden en que se han ido produciendo, le diré al señor Centella, de Izquierda Unida, que no he hecho mención alguna al pensamiento único; esas palabras no están entre las que yo he dicho. He hecho una mención a la ideologización creciente que se percibe en la Comisión de Derechos Humanos; quiero decir que los posicionamientos de los distintos países responden más a posturas ideológicas predefinidas que a la defensa de la universalidad de los derechos humanos. Esto es muy importante, puesto que un principio fundamental de los derechos humanos, con independencia de su contenido, es su universalidad; es decir, la aplicación indistinta de esos conceptos a todos los países.
Este es un principio en el que todos convenimos; si no, sería muy difícil ponernos de acuerdo sobre cuáles son los derechos humanos básicos. Se trata de un principio fundamental de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de hace ya 50 años, que se ha mantenido y es consustancial al propio concepto de derechos humanos.
Por mi parte, he expresado la constatación que he hecho de la ideologización de la Comisión de Derechos Humanos.
El señor Centella ha dicho que, a su entender, existe cierta incompatibilidad entre lo que podríamos llamar sistemas económicos capitalistas o de economía de mercado y la plena articulación de los derechos humanos. Podríamos estar horas hablando de esto y, probablemente, no nos pondríamos de acuerdo. Simplemente me atreveré a lanzar una reflexión: desde la conciencia de que todo es perfectible y de que, sin duda, en el ámbito de las economías capitalistas -las desarrolladas y las no desarrolladas- el concepto de derechos humanos es un concepto imperfecto susceptible siempre de mejora, creo que no es aventurado decir que la situación de los derechos humanos en los países de la órbita occidental en general, en los que tienen economía de mercado, es mejor que la de los países que han vivido bajo sistemas centralizados de planificación. De hecho, esos países están en fase de transición económica y política hacia economías en las que las fuerzas de

Página 7034


mercado son cada vez más relevantes. Sé que no le voy a convencer, y no está en mi ánimo tratar de hacerlo, pero no me resistía a hacer esta consideración.
Ha mencionado también el señor Centella a Palestina reclamando explicaciones sobre el papel de España al respecto en el seno de la Comisión. He hablado de ello de forma muy rápida en mi primera intervención y puedo extenderme. España ha tenido un papel muy activo en las resoluciones que se han adoptado sobre Palestina y sobre el proceso de paz en Oriente Medio en general. Se han adoptado tres resoluciones fundamentales: una, sobre la situación en los altos del Golán, en la que la Unión Europea se abstuvo -España también-, mientras que Estados Unidos votó en contra. Lo mismo sucedió con la resolución sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Debo decir que sobre ésta hubo una negociación muy ardua y, al final, la postura de abstención de los países de la Unión Europea fue plenamente comprendida por los países árabes.
Finalmente, hubo una resolución sobre los asentamientos en la que, después de intensas negociaciones con los países árabes, la Unión Europea -y España- votó a favor, contó con el voto en contra de los Estados Unidos y, lógicamente, con el voto favorable de la mayoría de los países árabes.
Hay que decir entonces que la cuestión de Palestina se ha puesto insistentemente sobre la mesa y España ha jugado un papel muy activo a la hora de conseguir las resoluciones más equilibradas. No digo neutrales, sino equilibradas en el sentido de que se ha tratado de reflejar en las mismas la situación sobre el terreno de la forma más objetiva posible. El papel de España y el resultado del mismo han sido reconocidos de forma clara por los distintos países árabes. Le diré al señor Centella que, después de las votaciones, tuve ocasión de estar en diversos países árabes de la zona y en ningún caso se me hizo una mención negativa del papel o de la postura de España en las distintas resoluciones; al revés, en general, ha habido declaraciones claras agradeciendo el papel constructivo que ha jugado España en estas cuestiones.
El señor Centella ha mencionado Cuba, y también lo ha hecho la representante del Grupo Socialista. Creo que se ha logrado una resolución equilibrada, como he dicho. La señora García Manzanares lamentaba al inicio de su intervención que las resoluciones fueran objeto de influencia por parte de los distintos países. Entiendo su razonamiento, pero es parte consustancial al mecanismo de funcionamiento de la Comisión. Es decir, las resoluciones de la Comisión surgen del posicionamiento de los distintos países. Lo importante es que, al final, se logre un consenso que refleje la cuestión que se está tratando de forma mínimamente objetiva y aceptable para todos los países que votan. El caso de Cuba es paradigmático de esto que digo.
Quiero ser muy claro para que no quepan dudas: España no comparte la política de embargo de Estados Unidos hacia Cuba y cree que es contraproducente para los objetivos que se persiguen, además de que tiene graves repercusiones sobre la población cubana. Dicho esto, hay que decir igualmente que, si bien la Unión Europea viene manifestando desde hace tiempo que el embargo tiene un impacto sobre la situación humanitaria en la isla, podemos convenir también en que la situación de los derechos humanos en la isla no es resultado exclusivo del embargo, sino que hay elementos adicionales derivados de la política del Gobierno cubano que tienen un impacto en términos de derechos humanos que resulta pertinente denunciar.
Dadas esas circunstancias, creo que la resolución adoptada es equilibrada. Téngase en cuenta que hasta esta edición de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos nunca se había incluido, de forma directa o indirecta, alguna mención al embargo.
Esta vez se ha conseguido que figure en la propia resolución una mención que para buenos entendedores sirve para reflejar el impacto que el embargo está teniendo sobre la situación humanitaria en Cuba.
Es cierto que se podría hacer de forma más explícita de lo que se hace en la resolución, pero también es cierto que si hubiese sido así habría muchos países que no hubiesen apoyado la resolución. El hecho de que por primera vez se haga una referencia a que se reconoce que para apoyar la causa de los derechos humanos y el bienestar económico en Cuba los Estados terceros deben adoptar medidas a fin de mejorar la condición económica del pueblo cubano, me parece que es un paso significativo y positivo con respecto a lo que había, aunque sin duda insuficiente, en el sentido de poner sobre la mesa las consecuencias que está teniendo el embargo sobre la situación en la isla. Además de esta mención a la necesidad de que haya medidas por parte de los Estados terceros, la Comisión Europea, en lo que son los anejos de la resolución, hace una declaración explícita diciendo que, a su entender, el embargo es una medida que va en perjuicio de la situación de los derechos humanos en Cuba. La resolución es equilibrada, pone sobre la mesa todos los elementos relevantes que afectan a la situación de los derechos humanos en Cuba y ha servido para construir un consenso importante y para ser finalmente aprobada.
El señor Grau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), preguntaba cuál era la posición del Gobierno con relación a la exclusión de los Estados Unidos de la Comisión. El Gobierno comparte la postura que ha manifestado el señor Grau en su exposición. El punto de partida, obvio y fundamental, es que la Comisión tiene un sistema de funcionamiento democrático, realiza sus votaciones y, en primer lugar, lo que hay es un respeto a esa decisión de la Comisión.
Dicho esto, no cabe duda, como también ha manifestado el señor Grau, de que Estados Unidos es un jugador demasiado importante como para que se quede fuera de la Comisión, no sólo porque haya un interés por parte

Página 7035


de Estados Unidos de participar en ella, sino porque creo que la propia utilidad que puede tener la Comisión es mucho más completa si aseguramos la participación de los actores más importantes que si se queda alguno de ellos fuera, más todavía si se quedan fuera por cuestiones ideológicas o por cuestiones que no forman parte estrictamente de la esfera de la Comisión de Derechos Humanos. Es difícil saber exactamente cuáles han sido las últimas causas que explican que Estados Unidos haya resultado excluido de la Comisión.
Un analista externo convendrá fácilmente en que cuestiones como el retraso en el pago de las cuotas y de los atrasos por parte de Estados Unidos a Naciones Unidas o la denuncia reciente del Protocolo de Kioto han causado un malestar importante entre distintas delegaciones y ello se ha reflejado en la votación en el seno de la Comisión de Derechos Humanos. Esperamos que el año que viene Estados Unidos vuelva al seno de esa Comisión.
La señora García Manzanares, representante del Grupo Socialista, dentro del espíritu constructivo que ha presidido la exposición de cada uno de los grupos y, por supuesto, también la del Grupo Socialista, decía que echaba en falta un posicionamiento más claro por parte de España, en este caso del ministro, en su discurso ante la Comisión con relación al tema de Colombia. Aquí me gustaría hacer dos consideraciones. En primer lugar, la presencia del ministro en la Comisión tuvo lugar en un momento en el cual había negociaciones importantes en marcha en Colombia. Cuando usted ha hecho esta apreciación he rescatado las palabras del ministro y déjeme que se las lea porque, sin necesidad de entorpecer un proceso en marcha, creo que son bastante claras. Decía así: Reconocemos los esfuerzos desplegados por el presidente colombiano por mantener vivo el proceso de paz, un proceso que España respalda, pero sin por ello dejar de condenar las graves violaciones de los derechos humanos que en Colombia se producen, especialmente por parte de paramilitares y guerrillas. Debemos hacer pública la admiración que en medio de este cruel panorama nos merecen tantos defensores de los derechos humanos que a diario arriesgan su vida para tratar de mitigarlo. Es necesario poner fin a la impunidad y reforzar los mecanismos legales que permitan hacer frente a estas violaciones. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá está cumpliendo una importante tarea en este campo, por lo que es preciso que el Gobierno colombiano siga manteniendo su abierta cooperación con ella. Creo que hay aquí una mención clara a la situación y a la necesidad de que haya un compromiso y una participación por parte del Gobierno de Colombia.
Mencionaba también la señora García Manzanares la posible participación de España en la iniciativa belga. Estamos invitados a visitar ese país, es un tema que está en estudio y veremos qué posición tomamos al final.
Hacía referencia a si había alguna iniciativa especial por parte de España. Ya he dicho que el papel de España en el seno de la Comisión es muy activo, en el marco de la Unión Europea es claramente de liderazgo. La iniciativa especial es permanente. Un tema que ha salido en las distintas intervenciones de los representantes de los diferentes grupos, en especial lo ha mencionado el señor Ricomá -ya sé que es un tema distinto al de la Comisión de Derechos Humanos-, es el relacionado con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. España ha sido beligerante no sólo en su contenido, sino también en la conveniencia de que esa Carta no sólo tuviese un valor político sino jurídico. Eso refleja la voluntad del Gobierno de tener un papel activo en el campo de derechos humanos.
Con relación a los aspectos más polémicos de la resolución cubana, he mencionado ya el papel del embargo. Finalmente, la señora García Manzanares pedía mayores explicaciones sobre qué contenido van a tener los encargados de los derechos humanos en las embajadas. Este es un proceso que vamos a empezar ahora y su cometido fundamental será ser la antena de España en materia de derechos humanos en los países en cuestión; es decir, tener relación con todas aquellas cuestiones que afectan a los derechos humanos en esos países. ¿Eso qué implica? Tener contactos con todos los actores relevantes, ONG, etcétera, tener contactos y coordinarse con las contrapartes de otros países, sobre todo de la Unión Europea y, lógicamente, ser los responsables de los informes que haya que hacer con relación a los derechos humanos. Eso no quita que esas personas, esos encargados estén abiertos a otras funciones que eventualmente quepa cumplir.
Aquí lo importante es que estamos creando, por decirlo de alguna forma, la institución, es decir, la referencia y, a partir de aquí, en función de cada caso, se adaptará a las necesidades que haya en cada país.
He hecho un repaso bastante completo de las distintas cuestiones que han surgido y simplemente reitero lo que he dicho al principio: estamos ante una cuestión fundamental, estamos ante una cuestión siempre perfectible y estamos ante una cuestión respecto a la cual el Gobierno está abierto a la transparencia y a la colaboración con las Cámaras.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado pro sus explicaciones.


PREGUNTAS:

- DEL SEÑOR PUIG I OLIVÉ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE RUSIA A LA OTAN ACERCA DE UN SISTEMA GLOBAL ANTIMISILES. (Número de expediente 181/ 000617.)

La señora PRESIDENTA: Damos paso al siguiente punto del orden del día, que son las distintas preguntasque han formulado los grupos parlamentarios.


Página 7036


En primer lugar, hay tres preguntas del Grupo Socialista, del señor Puig i Olivé, que se formularán por su orden.
Tiene la palabra el señor Puig i Olivé.


El señor PUIG I OLIVÉ: Señor secretario de Estado, cuando formulamos esta pregunta no sabíamos que el tema iba a tener tanta actualidad, ya que todavía no se había producido la declaración del presidente Bush en relación a la organización de un sistema global antimisiles.
El hecho de que el presidente Bush haya hecho esa declaración y el tipo de reflexión, de debate que ello ha producido da más valor a la pregunta que yo quería hacer. Además, se produjo otra circunstancia que vale la pena comentar, que es una primera declaración del ministro de Asuntos Exteriores de España en relación a la declaración del presidente Bush, que -avanzo ya- creo que fue un error, un error de precipitación sin más gravedad, pero es que hay que tener en cuenta que estamos ante lo que va a ser un debate largo, un debate profundo, ya que el sujeto es enormemente trascendente no sólo para un país como el nuestro, sino para toda Europa y, en realidad, para la geoestrategia mundial, como todo el mundo sabe. ¿Por qué decimos que hubo precipitación? En primer lugar, porque vemos lo que están haciendo los otros gobiernos en Europa, es decir, actuar todos -y nosotros en tanto que miembros de la oposición también queremos hacerlo así- con gran prudencia, con una enorme prudencia. No hemos visto por ahí que los ministros de Asuntos Exteriores o los primeros ministros se precipitaran con frenesí a decir que les parecía muy bien la propuesta, de ahí esta leve crítica a la reacción inmediata del Gobierno español. ¿Por qué creemos que hay que ir con una gran prudencia? En primer lugar, porque en realidad nadie está muy seguro de lo que significa esta propuesta en el ámbito tecnológico, ni en el ámbito geoestratégico, ni en el ámbito simplemente de la política internacional. Hay muchas voces -tenemos informes de prestigiosos institutos europeos- que dudan que se pueda plantear un sistema global antimisiles a partir de las amenazas que los Estados Unidos dicen que existen, porque hay mucha gente que no cree que Corea del Norte, Irak o Irán puedan ser una amenaza para el territorio de Estados Unidos. Desde el punto de vista de la justificación, digamos, estratégica de una amenaza parece que hay dudas al respecto.
En segundo lugar, desde el punto de vista tecnológico, tampoco hay seguridades y hemos tenido suficientes contactos, incluso con nuestros amigos americanos, para saber que no está absolutamente claro cuál puede ser el desarrollo de este sistema, que todavía hay muchas dudas, muchas preguntas desde el punto de vista tecnológico e incluso desde el punto de vista de que el sistema pueda significar un verdadero paraguas de seguridad, un verdadero paraguas antimisil. Hay quienes sostienen que también en este caso son posibles las contramedidas y, por tanto, ni siquiera ese sistema, en el caso de que fuera aceptado, sería tan seguro. En consecuencia, estamos ante la posibilidad de que, en realidad, Estados Unidos, defendiendo sus intereses, cosa muy lógica y muy legítima y a eso no hay nada que decir, esté en una operación que va más allá de los riesgos reales militares o de defensa y vaya a una operación que puede tener otros significados, otras derivaciones, como, por ejemplo, un dominio tecnológico sobre cualquier otro país del mundo, lo que pude ser un buen negocio para el complejo industrial americano y, como digo, legítimamente defendido por sus dirigentes, pero que entraña una serie de problemas.
Los problemas que nosotros vemos y sobre los que hay que reflexionar -pedimos al Gobierno español que reflexione y, desde luego, nosotros vamos a ayudar en esta reflexión- son de orden político. Una propuesta tal crea problemas con Rusia. Será interesante conocer las entrevistas del presidente Aznar sobre estos temas porque nosotros hemos escuchado a los rusos al más alto nivel -o al segundo alto nivel- en Berlín hace dos semanas y lo que nos decían con respecto a este sistema no era nada tranquilizador, lo cual no quiere decir que no llegue el día en que pueda haber un acuerdo entre rusos y americanos sobre ese tema, en ello se está trabajando. Pero tanto si hay acuerdo como si no lo hay, el tema es suficientemente serio como para reflexionar y no lanzarse a favor o en contra de una propuesta tal.
Por lo demás, desde el punto de vista político, no se sabe muy bien si esta es una actuación unilateral de Estados Unidos o quiere ser algo más, si quiere ser una propuesta que puedan aceptar sus aliados, pero que puedan aceptar los aliados, que somos nosotros, sin costes; es decir, beneficiándonos todos de la seguridad, de la tecnología y del negocio si lo hay, porque, de la misma manera que Estados Unidos tiene legítimo derecho a defender sus intereses, nosotros no sólo tenemos legítimo derecho, sino obligación de defender los nuestros. Y para estar seguros de que Europa, en este ámbito de la tecnología, de la defensa, no se queda en esta propuesta con la pata coja, hay que hablar con nuestros socios, hay que estudiar a fondo las implicaciones de esa propuesta en todos los ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito, por ejemplo, de la disuasión.
Se dice que este sistema va a cambiar un poco la situación respecto a la disuasión nuclear; es decir, que comportaría la destrucción de una cantidad enorme de cabezas nucleares. Eso es lo que dice alguien, pero no hay ninguna seguridad ni sabemos de qué estamos hablando en realidad, si se cambia disuasión por disuasión, hasta qué punto, desde el punto de vista geoestratégico, es disuasión el sistema antimisil o hasta qué punto va a seguir aumentando, digamos, la carrera de armamento. Si esta propuesta comportara una reducción de la carrera de armamento, si esta propuesta comportara

Página 7037


la resolución de los problemas con Rusia, si supusiera menos riesgos y hubiera beneficio tecnológico para todos, seguramente sería mucho más aceptable. Lo cierto es que hay muchas dudas. Muchos gobiernos piensan que hay que estudiar a fondo el tema y nuestro Gobierno también debe hacerlo, y debe hacerlo a nivel de país. Es decir, espero que llegado el momento esto sea tratado en el Parlamento y no se quede sólo en apoyos unilaterales gubernamentales. Además, espero -y en eso baso mi pregunta- conocer la posición del Gobierno español.
Por esa razón pregunto al secretario de Estado si existe ya algún proyecto de intervención en los foros en los que estamos -en la OTAN, el primero, y en la Unión Europea y su ámbito de defensa, el segundo- en el que quede plasmada una posición del Gobierno español al menos tan prudente como la de cualquier otro gobierno europeo.


La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al señor secretario de Estado para que le responda, pido disculpas públicamente, como ya lo he hecho con él, porque tengo que ausentarme en este momento. Va a pasar a ostentar la Presidencia de la Comisión la vicepresidenta primera Ludivina García Arias.
El señor secretario de Estado tiene la palabra. (La señora vicepresidenta, García Arias, ocupa la Presidencia.)

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): En primer lugar, quiero agradecerle la pregunta, porque no sólo es pertinente, sino además muy importante.
Tengo que decirle de antemano que no voy a ser capaz de darle una respuesta, porque estamos ante una cuestión de gran magnitud, una cuestión que va a merecer un debate durante mucho tiempo y en la que estamos más bien en fase de hacer las preguntas concretas que de empezar a buscar contestaciones.
Quizás por eso mismo, no estoy de acuerdo con esa apreciación de precipitación que usted ha hecho sobre la reacción del Gobierno en esta materia. El Gobierno siempre ha dicho: estamos en un contexto nuevo, estamos ante una iniciativa nueva de la cual no conocemos los detalles; necesitamos conocer más a fondo cuáles son esos detalles y valoramos muy positivamente el hecho de que por las partes -sobre todo de Estados Unidos, Rusia y China- haya una voluntad de diálogo y de consenso. Ese es el punto de partida del cual quiero dejar constancia explícita.
Comparto gran parte del análisis que usted ha hecho. El punto de partida es muy claro: estamos en un contexto nuevo, en el que se plantea el fin de la guerra fría y la desaparición de los bloques, la desaparición de la percepción de determinados países como una amenaza (cuando el señor Bush anuncia su iniciativa de misiles dice explícitamente que Rusia y China dejan de ser percibidas como una amenaza), y la percepción de que la amenaza está en otros países, que, a causa de la proliferación de armas de destrucción masiva, han sido capaces de dotarse de esas capacidades. Por tanto, esa es una amenaza -o así lo perciben los Estados Unidos- a la cual hay que hacer frente. Lo que pone Estados Unidos sobre la mesa es la iniciativa de misiles, que inicialmente lleva el adjetivo de nacional, aunque parece que ese adjetivo se ha caído, dando a entender que va a tratarse de una iniciativa más comprensiva, que no sólo va a cubrir a los Estados Unidos, sino que es susceptible de ampliarse al conjunto de los países aliados.
Con estas tres piezas in mente (fin de la guerra fría, aparición de nuevos Estados como amenaza y la respuesta que Estados Unidos da a esta nueva situación), se plantean dos cuestiones básicas a efectos de encuadrar la discusión. En primer lugar, esta nueva iniciativa tiene una repercusión en el contexto de la OTAN, es decir en el marco de sus esquemas de seguridad o de defensa colectiva. Volvemos al principio: sabemos tan poco sobre esta iniciativa, que debemos esperar a conocerla a fondo para poder pronunciarnos. A nuestro entender, la iniciativa reclama mayores explicaciones desde varios puntos de vista. La primera cuestión, desde el punto de vista de su adecuación conceptual, es: cuál es el sentido de esta iniciativa desde el punto de vista geoestratégico. Hay una segunda cuestión igualmente importante, un requisito fundamental, que usted ha mencionado, que es la viabilidad técnica. Hay una tercera cuestión que es el impacto presupuestario. ¿Estamos en una situación en la que Europa va a compartir la seguridad colectiva financiada por Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el papel de Europa aquí en términos de coste y de participación en los proyectos tecnológicos? Son preguntas que están encima de la mesa y sobre las cuales ahora mismo no hay una respuesta. Como he dicho al principio, lo importante es que haya una voluntad de diálogo.
En el contexto OTAN y de que Rusia ha dejado de ser una amenaza para los países englobados en la OTAN, merece la pena el estudio de la propuesta que ha hecho la Federación Rusa, que es la creación de un sistema de defensa antimisiles paneuropeo. De nuevo estamos en una situación parecida: sabemos muy poco. Sabemos que es una iniciativa que pretende reunir a todos los Estados europeos y acompañarse a más largo plazo de documentos jurídicos. Sabemos que es una iniciativa que prevé un desarrollo en tres fases: primera, evaluación de la amenaza; segunda, desarrollo de un marco conceptual, y finalmente, determinación del procedimiento y calendario para su despliegue. No sabemos mucho más. Incluso dentro de estos apartados que he mencionado sabemos muy poco. Sí que es interesante el hecho de que en la propuesta de esta iniciativa esté implícita la aceptación por parte de Rusia de la existencia de una nueva amenaza. Esto permite una convergencia en el análisis que puede ser fructífera en el futuro. Es una iniciativa que, con todo el desconocimiento

Página 7038


desde el que la abordamos, merece como mínimo un estudio, una reflexión conjunta que ya se está llevando a cabo. La semana que viene se celebrará en Budapest una reunión del JPC -es decir, una reunión entre los países de la OTAN y la Federación Rusa- en la que este tema va a estar sin duda encima de la mesa, aunque, sin duda también, no se va a resolver en esa reunión. Pero lo importante, como digo, es que ese diálogo este teniendo lugar.
Al margen de la repercusión que la iniciativa americana tiene en el contexto de la OTAN, también tenemos que hacer otra consideración que ha estado implícita en su intervención. La iniciativa de misiles responde, por un lado, al legítimo derecho de seguridad o de defensa por parte de Estados Unidos. Ese es un derecho legítimo que responderá a una razón de percepción -la seguridad en parte es una cuestión de percepción-, a una razón de intereses de la propia industria americana o a las razones que sean. Nosotros pensamos, frente a ese legítimo derecho de defensa o de seguridad por parte de Estados Unidos, que ese derecho no puede hacerse a costa de la percepción de seguridad de países terceros, fundamentalmente de Rusia y de China. Este nos parece un tema fundamental. Estados Unidos ha insistido en que su iniciativa se dirige hacia los denominados rocks states, pero es indudable que la iniciativa plantea lo que en términos económicos denominaríamos una externalidad; es decir, un efecto sobre terceros que no hay que menospreciar. De nuevo creo que aquí, en el estadio en el que estamos, lo fundamental es que haya un diálogo por parte de todos y que se vea cuál es el encaje posible que sea aceptable por parte de todos. Creo que ese diálogo va a llevar mucho tiempo.
En definitiva, creo que estamos en un momento clave, intelectualmente fascinante, porque, en el fondo, lo que se está planteando es un replanteamiento de los principios geoestratégicos que han estado vigentes durante los últimos 30 ó 40 años y que lo que debemos hacer por parte de España es estar en contacto permanente, como así ocurre, con nuestros aliados y conocer con más detalle cuál es el contenido, tanto de la propuesta rusa, como de la propuesta americana. En este sentido puedo informarle que la próxima semana voy a desplazarme a Washington y tengo prevista una sesión de explicación en el Pentágono del contenido de la iniciativa americana y que en el seno del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha creado un grupo de trabajo que está analizando las repercusiones de la iniciativa. La iniciativa es de tal magnitud que el posicionamiento y las acciones que España adopte al respecto serán puestos debidamente en conocimiento del Parlamento, como no puede ser de otra forma.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Después de analizar el momento en el que estamos, teniendo en cuenta el orden del día que tenemos hoy, rogaría a los diputados y al señor secretario de Estado que sean breves para poder cubrir, en lo posible, el orden del día.
Tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG I OLIVÉ: Creo que lo podremos conseguir, señora presidenta, sobre todo en este tema porque en los próximos meses y años vamos a tener tiempo para hablar del tema, como se ha visto por mi pregunta y la respuesta del secretario de Estado, al que le agradezco las informaciones que nos ha dado.
Yo no he visto que las preocupaciones que ha avanzado nuestro grupo sean distintas de las del Gobierno. Creo que el trabajo que hay que hacer es de reflexión y de consultas. Espero que, si va a Estados Unidos y tiene información de primera mano, tengamos ocasión de conocerla.
Cuando yo señalaba que a mí me parecía demasiado precipitada la salida del ministro, después de la declaración del presidente Bush, lo hacía pensando en que no habíamos sido consultados. Nuestro Gobierno es uno de los gobiernos europeos que no fue consultado; otros sí lo fueron. Cuando un gobierno europeo, amigo y aliado, no es consultado antes de una declaración de este tipo, lo justo y lo prudente es no precipitarse en el apoyo explícito. Me parece, incluso, -y perdone que utilice esta expresión-, de inteligencia diplomática. Cuando no han contado contigo como con otros, tampoco es tan necesario decir: nosotros sí. Esta fue la señal que ha dado nuestro Gobierno.
Me dice usted que están atentos a la problemática, a las implicaciones y a todo el papel de Rusia. Cuando Rusia ha ofrecido un plan paneuropeo de misiles nosotros no hemos salido diciendo que nos parecía bien, sino que simplemente hemos dicho: lo vamos a estudiar.
Creo que eso es lo que hay que hacer. En el caso de Rusia y Estados Unidos hay que estar muy atentos a que el papel de Europa no quede no en un segundo lugar, sino en un tercero. Algo tenemos que decir.
Estados Unidos y Rusia pueden decidir anular el Tratado ABM porque es bilateral, pero el resto del sistema y del proyecto no es bilateral y sería un gravísimo error que nosotros, como europeos, perdiéramos la ocasión de mostrar en esa materia de defensa, de geoestrategia, en el momento en que estamos intentando construir una defensa Europea, que no somos unos comparsas, sino que jugamos un papel que, tanto en el caso de unos como de otros, les interesa que sea relevante. El tema es importante.
Sobre el desafío que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos con esa propuesta, me permito decir que no me parece que por parte del presidente Bush haya sido un ejercicio intelectual, pero sí pretende cambiar bastante las bases de lo que ha sido hasta ahora la doctrina geoestratégica. Uno se pregunta, en primer lugar, si estamos en un momento en que esto cabe hacerlo, si es necesario intrínsecamente, y, en segundo lugar, y usted ha aludido a ello, si esa propuesta, tal como se ha

Página 7039


hecho, al margen de que ahora haya diálogo y todos estamos a favor de él, cuando se ha dado como una decisión tomada por parte de Estados Unidos -ya veremos si eso luego se amplía a los demás-, al final no es algo desestabilizador. Como usted decía, en la propuesta hay elementos exteriores que pueden crear nuevas situaciones de desestabilización que no teníamos en este momento. Queda claro que aceptamos todo el análisis que usted hace, esperamos que el Gobierno actúe en ese sentido, en que estamos preocupados y que necesitamos saber mucho más de todo ello, e insistimos en que nosotros, en tanto que oposición y Comisión de Asuntos Exteriores, estamos muy interesados en conocer toda la información que haya al respecto.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Brevemente, voy a hacer una aclaración y una reflexión. La aclaración es que Estados Unidos no consulta con los distintos países, informa.
Lo que hace, cuando el presidente Bush anuncia la iniciativa, es informar de ese anuncio fundamentalmente a aquellos países que ahora mismo se sabe que van a estar más directamente afectados porque van a tener estaciones de seguimiento en su territorio, pero obviamente hay una vocación de extender esa información al conjunto de los países afectados.
La reflexión se refiere al papel de Europa en este tema. Este es un tema muy importante porque la Unión Europea está en una fase acelerada y muy vital de construcción de lo que se llama la política europea común de seguridad y defensa. Es una política que deliberadamente nace con una vocación limitada, que es centrarse en determinadas operaciones, fundamentalmente de mantenimiento de la paz, pero que nace también con el principio de que la defensa colectiva sigue circunscrita al ámbito transatlántico, es decir, al ámbito OTAN. Este es un principio que está ahí y que debe servir de orientación a la hora de abordar las consecuencias que tiene la iniciativa americana.
Le diré que mi impresión es que, en el desarrollo de la posición europea, va a ser más difícil conciliar los distintos posicionamientos que pueda haber dentro del conjunto de la Unión que conciliar la posición de la Unión en relación con los Estados Unidos.
Estamos ante un proceso muy incipiente, donde hay posturas de partida en términos conceptuales, en términos de capacidades distintas en los diferentes países de la Unión, en términos de opinión pública también, resolver esas cuestiones va a ser la asignatura más importante que habrá que ir superando, sin perjuicio de que obviamente habrá que tener ese diálogo en el marco de la OTAN. En la definición del papel de la Unión Europea que usted reclamaba lo fundamental será la propia capacidad de la Unión de fijar una postura común.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Simplemente quiero recordarles que discutiendo este tema, que tiene una enorme importancia, hemos tardado 40 minutos. Rogaría tanto a las diputadas y diputados como al señor secretario de Estado que cooperen en las siguientes intervenciones, de forma que todo el mundo pueda recibir la suficiente información como ha requerido. (La señora García Manzanares pide la palabra.) Señora Manzanares.


La señora GARCÍA MANZANARES: Colaborando con ese llamamiento que hace, vamos a reducir a una dos preguntas que están formuladas, porque por un error en la transcripción las preguntas números 9 y 12 son una única y serán formuladas por la señora Moreno Sirodey.


- DEL SEÑOR PUIG I OLIVÉ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA ALIANZA ATLÁNTICA. (Número de expediente 181/000618.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El señor Puig tiene la palabra para preguntar al Gobierno sobre la posición con relación a la ampliación de la Alianza Atlántica.


El señor PUIG I OLIVÉ: Señor secretario de Estado, no nos movemos del mismo ámbito. Voy a ser breve porque no se trata de un problema de rabiosa actualidad, pero sí de gran interés por nuestra parte para conocer la posición del Gobierno en el tema de la Alianza Atlántica, con los cambios que se han producido y con el nuevo marco que estamos discutiendo en la pregunta anterior. Es verdad que después de la primera fase de ampliación de la Alianza Atlántica ha quedado un poco frenado el proceso, pero en la medida en que los países que aspiran a ser miembros y en la medida que hay otros países que son plenamente partidarios de la ampliación, con todo lo que conlleva con relación a Rusia, como estábamos hablando ahora mismo y su posición, quisiéramos saber cuál es la posición del Gobierno.
Había una lista de países como Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria. También hay una percepción en Europa en general de que algunos de estos países, que podían haber estado en un determinado lugar de la lista para entrar en OTAN, en este momento, por causa de su propia evolución interna, parece que no estarían en ese mismo lugar, es el caso que se comenta de Rumania, por ejemplo. No sé cuál es la posición del Gobierno con relación a la ampliación: si nuestro Gobierno es partidario de acelerarla, si tiene una idea de calendario o defiende en el foro de la Alianza Atlántica un calendario determinado, si tiene claro, en el caso de que haya ampliación, qué países deberían entrar y si tiene alguna

Página 7040


propuesta concreta en este ámbito inmediato para la ampliación, teniendo en cuenta que hay una ronda de conversaciones Rusia-OTAN y otra Ucrania-OTAN desde 1997. Nos gustaría saber cuál es el estado de estas conversaciones con los amigos y vecinos que tienen una percepción negativa de la ampliación de la OTAN.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Si me permiten, puesto que hay algunos diputados que están preocupados por la hora de la votación, les diré que las votaciones no serán antes de la una. Serán a partir de esa hora, según el momento en el que nos encontremos.


El señor secretario de Estado tiene la palabra para responder.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Señor Puig, la posición del Gobierno respecto a la ampliación de la Alianza Atlántica responde a un doble principio. Por un lado, un firme compromiso con el principio de puerta abierta, es decir, un sí a la ampliación en la medida en que los países candidatos cumplan los requisitos prefijados y, por otro lado, la posición del Gobierno con relación a ese proceso de ampliación parte del principio también de que es un proceso que se basa en el consenso por parte de los Estados miembros de la Alianza y que, por tanto, habrá que apoyar ese proceso de consenso. Elaborar y construir ese consenso es la tarea que ahora mismo tenemos por delante. Estamos al inicio del proceso de reflexión. La cumbre de Praga donde se van a debatir estas cuestiones será en noviembre del año que viene -si no recuerdo mal- y le puedo decir que en estos momentos todas las opciones están abiertas, desde que no se llegue en esa fecha a consensuar el ingreso de ninguno de los aspirantes, hasta que se admita a los nueve -posturas extremas-, pasando por posturas intermedias. Ahora mismo no estamos en condiciones de pronunciarnos sobre qué es lo que va a pasar y, por tanto, hay que esperar.
Le puedo decir que desde el punto de vista de España la ampliación debe contribuir a una mayor seguridad en el continente. Sé que este es un principio muy genérico, pero es absolutamente básico y compartido por todos. A partir de aquí, seguro que usted sabe que hay distintas clasificaciones que están flotando en relación con las distintas posibilidades de los diferentes países para poder entrar.
No es lo mismo la situación de los países bálticos (técnicamente es muy avanzada, pero presentan una vertiente política relevante que hay que tomar en consideración) que la de países como Eslovaquia y Eslovenia, que seguramente son los más firmes candidatos, o la del resto de países -Rumanía, Bulgaria, etcétera- que presentan una situación distinta. Tenemos un año y pico por delante y habrá que ir viendo cuál es al final el consenso que surge en el marco de la OTAN.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor Puig, si quiere añadir algo, muy rápidamente, por favor.


El señor PUIG I OLIVÉ: Solamente quiero señalar que nos quedamos con las ganas de mayores precisiones, pero es verdad que esto es un proceso y, desde luego, estamos de acuerdo en seguirlo. En cualquier caso, antes de que se celebren las reuniones en las que se van a tomar decisiones con respecto a la ampliación, quisiéramos tener ocasión de conocer con más concreción los planteamientos del Gobierno. Quizá después de la visita del señor Aznar a Moscú, donde sin ninguna duda le habrán hablado de este tema, podremos conocer si la posición del presidente del Gobierno ha sido más cercana a apoyar una ampliación en su momento, si esa ampliación incluiría a los países bálticos, que usted ha mencionado como un problema político especial y cierto, o si, por el contrario, por los argumentos que haya expuesto Rusia, el presidente Aznar va a estar más cercano a tomárselo con calma. Como no lo sabemos, sólo le pediré que, aparte de lo que leamos en la prensa, podamos tener una información más concreta.


- DEL SEÑOR PUIG I OLIVÉ, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTABILIDAD EN LOS BALCANES. (Número de expediente 181/000619.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos a la última pregunta del señor Puig, sobre posición del Gobierno respecto de la aplicación del Pacto de estabilidad en los Balcanes.
Para una breve exposición de su pregunta, tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG I OLIVÉ: Sí, señora presidenta. Va a ser breve porque también trata de conocer la posición del Gobierno ante la nueva situación. No voy a detallar aquí lo que ha sido el Pacto de estabilidad, sus propósitos, sus objetivos y sus dificultades, pero como había dificultades de aplicación antes de los últimos acontecimientos (llámense problemas en Macedonia, la situación concreta en este momento todavía no clara en Kosovo, todo el problema de Serbia o Yugoslavia, el tema de Montenegro con sus últimos acontecimientos), quisiera saber cuál es la opinión del Gobierno en relación con la aplicación de este Pacto, con las reclamaciones que algunos países hacen y con las acusaciones a Europa diciendo que prometen pero que, a la hora de que las ayudas lleguen en condiciones, todo es mucho más duro y difícil. Por otra parte, en Bruselas esgrimen un argumento que debe tener su solidez, y es que ese dinero no se puede mandar sin control, sin garantías y sin seguridades de que estos apoyos van a ser utilizados para lo que se pretende.


Página 7041


Quisiera saber, en esta nueva situación y ante fenómenos como el de Montenegro, Macedonia, la situación de Albania y Kosovo, cuál es la posición del Gobierno, si se siente satisfecho del nivel de aplicación del Pacto de estabilidad, si cree que Bruselas está cumpliendo y si cree que hay defectos y dificultades por parte de los países que deberían ser receptores. Aunque sea general, nos gustaría tener una idea de cuál es la opinión del Gobierno al respecto.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Puede usted responder, señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Empezaré diciendo que el Gobierno hace una valoración positiva del Pacto de estabilidad, sin perjuicio de que, pensando en la situación dinámica en la que se encuentra la zona, conviene no diré reorientar, pero sí poner énfasis sobre determinados aspectos que pensamos que puedan ser prioritarios en estos momentos. De forma muy breve diré que, como es conocido, el Pacto de estabilidad fue adoptado en el año 1999 por parte de más de 40 países y organizaciones internacionales, incluyendo los países de la región geográfica de los Balcanes, la Unión Europea, sus Estados miembros y otros miembros del G-8, instituciones financieras, etcétera. Dentro de los contenidos del Pacto de estabilidad, sin duda, el elemento más importante fue la celebración de la conferencia regional de donantes, que supuso la selección de alrededor de 200 proyectos, por un valor de 1.600 millones de dólares. Hay que decir que esos proyectos no suponían, en la mayoría de los casos, financiación adicional, sino que eran proyectos que ya estaban encima de la mesa y que gran parte de esa financiación provino de la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de esos proyectos? Según la información que tenemos, hasta el día de hoy se ha ejecutado el 81 por ciento de la financiación, es decir, de esos 1.600 millones de dólares. Por tanto, pensamos que, apenas 15 meses después de la reunión de donantes que tuvo lugar en marzo del año pasado, ha habido un buen ritmo de ejecución de los distintos proyectos seleccionados.
Al Plan de estabilidad de los Balcanes se le superpuso el proceso de asociación y estabilización, que, como es conocido, está circunscrito al ámbito de la Unión Europea y cuenta con una afectación presupuestaria de alrededor de 4.650 millones de euros, entre los años 2000-2006, en el contexto de las perspectivas financieras.
Pensamos que en la situación en la que se encuentra la región es necesario que haya un reconocimiento más explícito de que el proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea en relación con esos países es el elemento estratégico de la posición de la comunidad internacional en relación con la zona y que, dentro de ese marco, conviene elaborar estrategias en una serie de sectores clave que permitan la progresiva normalización política y económica en la zona; sectores clave en materia de infraestructura, en materia de cooperación regional en ámbitos transfronterizos -por ejemplo, el de la energía nos parece muy importante- y también en el desarrollo de las instituciones. Estamos en un proceso, por decirlo de alguna forma, de reconstrucción de los Estados y el fortalecimiento institucional nos parece imprescindible.
Volviendo al principio de mi respuesta, le diré que el Gobierno hace una valoración positiva de lo que se ha hecho hasta ahora, pero es consciente de la necesidad de dar un nuevo impulso a esa estrategia, centrándose en aquellas iniciativas que pensamos que ahora pueden tener un mayor rendimiento político y económico al hacer que los Balcanes vuelvan a una situación de progresiva normalidad.


El señor PUIG I OLIVÉ: Señora presidenta, sólo una pregunta adicional, que no sé si me podrá contestar el secretario de Estado.
¿Piensa usted que la aplicación del Pacto de estabilidad, en el futuro inmediato, va a seguir exigiendo la presencia militar actual? ¿Va a ser necesario que haya casi una administración militar? No me refiero a Kosovo, donde las cosas exigen una presencia militar, pero en Bosnia, por ejemplo, ¿piensa usted que la situación va a exigir una presencia militar como hasta ahora o si, a base de una aplicación exitosa del Pacto, vamos a entrar en una situación de más estabilidad?

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El señor Puig, eso merecía otra pregunta y yo no sé si el secretario de Estado está dispuesto a responder.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Sin duda estoy dispuesto. Muy brevemente. Creo que sí va a requerir esa presencia. Es una presencia que ha ido disminuyendo en los últimos meses y ha habido un trasvase de fuerzas de Bosnia hacia Kosovo. En conjunto, ha habido una reducción, pero me parece que la necesidad de esa presencia, aunque sea con una tendencia hacia la reducción, todavía es necesaria.


- DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS ANTE LOS BROTES DE XENOFOBIA QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO CONTRA LA COLONIA DE EMIGRANTES EUROPEOS EN VENEZUELA. (Número de expediente 181/000655.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos al punto quinto del orden del día, que es la pregunta de don Ceferino Díaz Díaz sobre medidas ante los brotes de xenofobia que se están produciendo contra la colonia de emigrantes europeos en Venezuela. Porrazón de su presencia necesaria en otra Comisión nos

Página 7042


ha pedido que don Guillermo Hernández Cerviño le sustituya en la formulación de la pregunta.
Tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.


El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Señor secretario de Estado, en Venezuela, en México y en otros sitios de Iberoamérica existe un evidente problema de seguridad que afecta a la colectividad española, principalmente a la gallega y por extensión a los emigrantes europeos. Esta situación se sustancia en el sentido de que hay amenazas, hay diferentes coacciones, hay campañas de desprestigio, e incluso la prensa ha recogido a principios de año la noticia de algún muerto, lo cual es preocupante. La prensa española también se ha hecho eco de esta situación, sobre todo en Galicia que, como he dicho, aporta la población más numerosa en cuanto a emigrantes españoles se refiere.
En Venezuela en concreto hay dos tipos de emigrantes básicamente. En el primer grupo se situaría el emigrante social, formado por antiguos exiliados españoles, y el emigrante económico, por así decirlo, y en el segundo grupo estaría la colonia económica de empresas y demás.
Ambas han contribuido al desarrollo del país que les ha acogido, pero en el caso de los emigrantes constituido por antiguos exiliados hay gente de mucha edad que se encuentran en estos momentos en una situación de indefensión. En el caso de la colonia económica, formada por inversores privados, empresarios, etcétera, el problema lo solucionan en muchos casos dotándose de una seguridad privada que es la única que les garantiza la propia seguridad. Las consecuencias de esta situación para unos y otros ha sido bien sencilla: malvender sus propiedades, con la huida y el cambio de residencia. Algunos de ellos reclaman incluso la vuelta a España y algunos de sus descendientes tienen problemas de nacionalidad por la pérdida de la misma que tuvieron en su día, en fin, no vamos a entrar en este problema ahora, pero sí en la inseguridad personal, social y económica.
No sabemos en realidad quién alienta todo esto, pero sí conocemos los resultados. Por esta razón, queríamos preguntarle qué medidas piensa adoptar el Gobierno con respecto a la situación señalada y cuáles son las medidas tomadas por el Gobierno para dar amparo jurídico, político y social a los españoles que se encuentran afectados por este tipo de presiones, algunas de ellas xenófobas.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): El pasado mes de agosto la Embajada de España en Caracas informó que la colectividad española en Venezuela había mostrado su preocupación ante la aparición de panfletos en los que se amenazaba a los españoles, italianos y portugueses residentes en Venezuela.
Haciéndose eco de esta inquietud, el embajador de España en Caracas, junto a sus colegas de Italia y Portugal, trasladó su preocupación a las autoridades venezolanas y en particular al entonces ministro de Relaciones Exteriores, señor Rangel, reclamando un pronunciamiento explícito de condena contra la citada campaña por parte de las autoridades venezolanas. El canciller Rangel dirigió una carta al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela solicitando un pronunciamiento de rechazo a esas manifestaciones xenófobas y aconsejó al presidente Chavez que se refiriera a este asunto durante una de sus alocuciones radiofónicas. El presidente Chavez, en su habitual programa de radio Aló presidente, envió un mensaje tranquilizador a las colectividades amenazadas, al tiempo que descalificó a quienes habían lanzado la campaña xenófoba. Asimismo, el grupo parlamentario venezolano del Parlamento latinoamericano emitió una declaración condenando cualquier práctica de intolerancia racial, xenofobia y discriminación, expresando su solidaridad con los emigrantes extranjeros y sus descendientes.
De acuerdo con la embajada de España en Caracas las amenazas contenidas en un panfleto repartido por la calle y por los buzones de correo de miembros de las colectividades española, italiana y portuguesa sería propio de un grupo marginal y poco numeroso que, según las informaciones que tenemos, no parece constituir un peligro grave para los españoles residentes en Venezuela. De hecho, desde el pasado mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha vuelto a recibir información alguna sobre el asunto de referencia, lo que nos hace pensar que la preocupación inicial entre nuestros compatriotas ha tendido a remitir.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor Hernández Cerviño, ¿quiere agregar algo?

El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Sólo quiero matizar una cosa. Quería que transmitiera a la embajada que el problema no es solamente recibir información sino dirigirse a los que provocan la información: es decir, que la embajada actuase en el sentido de dirigirse individualmente a algunos de los personajes identificados como objetivos, por ejemplo, para transmitirles esa seguridad personal por parte del Gobierno de España y no relegarlo sólo a la respuesta administrativa.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Puedo decirle que la Embajada de España está en contacto permanente con la colonia española en Venezuela y estoy seguro que se les ha transmitido toda la información de que se ha dispuesto en relación con este caso, más allá de los

Página 7043


pronunciamientos que se hayan pedido al presidente de la república o que se hayan hecho en el marco del Parlamento.


- DEL SEÑOR YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MODO EN QUE VA A CONCRETAR EL GOBIERNO SU OBJETIVO DE CONSTRUIR UN ESPACIO IBEROAMERICANO, RECOGIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN EXTERIOR. (Número de expediente 181/000681.)

- DEL SEÑOR YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE ACCIONES ESPECÍFICAS QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO CON EL OBJETIVO PREVISTO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN EXTERIOR DE CONSTRUIR UN ESPACIO IBEROAMERICANO. (Número de expediente 181/ 000682.)

- DEL SEÑOR YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIOS QUE VA A HABILITAR EL GOBIERNO CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR UN ESPACIO IBEROAMERICANO. (Número de expediente 181/ 000683.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas número 6, 7 y 8, del señor Yáñez-Barnuevo, a quien me dirijo para saber si se podrían agrupar en una sola intervención.


El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Sí, se pueden agrupar.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Muchas gracias. Tiene la palabra.


El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señor secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, presentó hace un año el Plan estratégico de acción exterior, cuyo punto III es sobre objetivos concretos para la presente legislatura y el punto II versa sobre la construcción de un espacio iberoamericano.
Tengo que decir que este Plan estratégico de acción exterior fue bien recibido por esta Comisión y, como es nuestra obligación, hemos hecho un seguimiento sobre todo lo que tiene que ver con su ejecución en la presente legislatura. Por ello he formulado al Gobierno estas tres preguntas sobre el modo, las acciones y los medios con los que el Gobierno piensa emprender o está emprendiendo la construcción de un espacio iberoamericano. El desarrollo breve que en la síntesis de ese plan estratégico contemplaba el Ministerio de Asuntos Exteriores nos parece acertado aunque quizá insuficiente; es decir, una política comprometida con el desarrollo de la democracia en Iberoamérica, el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana de naciones y del espacio iberoamericano, la dimensión iberoamericana de España como activo de nuestra proyección global, particularmente en Europa y Estados Unidos, y promover mayor atención a Iberoamérica en la Unión Europea, la segunda cumbre Unión Europea-América Latina durante la presidencia española en el año 2002, asociación Unión Europea- Mercosur y Unión Europea con Chile, seguimiento del acuerdo de la Unión Europea con México, etcétera. Sin embargo, esto ya fue planteado en su día como un esquema que el Gobierno iba a desarrollar. Ha pasado un año y queremos recabar información del Gobierno sobre qué pasos ha dado o que estudios y trabajos ha desarrollado en la definición conceptual y práctica del espacio iberoamericano. Queremos saber qué es un espacio iberoamericano desde el punto de vista de un plan estratégico, qué significa ese concepto y cuál es su grado de desarrollo en el momento actual.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Como el señor Yáñez ha dicho, el plan estratégico del Ministerio de Asuntos Exteriores señala como uno de sus objetivos concretos la construcción de un espacio iberoamericano. Quiero empezar diciendo que en esta cuestión, como en otras muchas de política exterior de España, no se trata de partir de cero ni de inventar nada nuevo.
Estamos hablando de impulso y en cierto modo de nueva etapa, pero también de continuidad, es decir, de construir más sobre lo que ya existía, que en el caso de Iberoamérica lógicamente era mucho. En ese sentido, los grandes ejes de la política exterior de España son los mismos desde el inicio del cambio de régimen. Los valores que defendemos, las áreas geográficas prioritarias para nuestra acción exterior y los intereses de cuya defensa y promoción nos ocupamos están definidos y compartidos con un amplísimo acuerdo de las fuerzas parlamentarias. Si esta continuidad y este acuerdo básico son pilares de nuestra política exterior, que debemos mantener y reforzar, el Gobierno piensa -y así está actuando- que España está en condiciones de dar un impulso a su posición en el mundo, y en esta nueva situación el Gobierno ofrece y recaba de las fuerzas parlamentarias el mismo acuerdo que ha venido existiendo en toda nuestra etapa democrática. Esta nueva situación es la que ha llevado a una nueva estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores con tres secretarías de Estado con responsabilidad por áreas geográficas y temáticas. Una de esas secretarías de Estado es la encargada de forma específica de las relaciones con Iberoamérica, que es la Secretaría de Estado

Página 7044


para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, donde ahora se ha encuadrado la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica, que antes estaba adscrita a otra secretaría de Estado.
Este reforzamiento de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica refleja la voluntad clara del Gobierno de reforzar todavía más las relaciones con los países de la comunidad iberoamericana de naciones. Una política hacia Iberoamérica debe englobar lo político, por supuesto, pero también lo económico, lo social y lo cultural, es decir que cuando hablamos de espacio iberoamericano estamos pensando en un espacio, por decirlo de alguna forma, multivectorial, que no sólo incluye las relaciones Gobierno- Gobierno o las relaciones económicas, sino que trata de trabar un tejido a nivel social desde la afinidad cultural que existe en este caso. En este contexto, la política hacia Iberoamérica tiene cuatro grandes objetivos. Como usted ha hecho referencia, el compromiso con el desarrollo y la democracia, el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana de naciones, la dimensión iberoamericana de España como activo de nuestra proyección global, particularmente en Europa y en Estados Unidos, y finalmente el promover una mayor atención hacia Iberoamérica en la Unión Europea. Permítame que me refiera brevemente a cada uno de estos objetivos.
En primer lugar, la aportación de España a la construcción de un espacio iberoamericano significa una política comprometida con el desarrollo y la democracia en Iberoamérica, a través de nuestra contribución al fortalecimiento institucional de los países iberoamericanos, de una orientación preferente de los recursos de la cooperación española y de una política de inmigración de canalización de los flujos procedentes de estos países que suponga una preferencia iberoamericana. Siendo Iberoamérica el destino principal de la cooperación española -se destina más del 50 por ciento de los fondos de la AECI-, permítame que me extienda un poco más sobre la política de cooperación en Iberoamérica. Esta política se basa en el principio de un desarrollo humano y social sostenible y equitativo. Esto significa que el objetivo principal de la ayuda al desarrollo es contribuir a reducir la pobreza, pero seamos conscientes de que la pobreza no supone sólo la falta de crecimiento o bajos niveles de renta, sino que es un concepto que va mucho más allá pura de la insuficiencia de renta. Hay otros factores que hay que tener en cuenta, como la inestabilidad política y las deficiencias en materia de buen Gobierno. Por eso, el fomento de los derechos humanos y de la democracia debe estar en la base de cualquier cooperación al desarrollo y, desde luego, lo está en la política española de cooperación al desarrollo. Ese compromiso de la política exterior de España con la democracia a través del fortalecimiento institucional se traduce en apoyar de manera activa todas las actuaciones que conduzcan a la vigencia del Estado de derecho, la responsabilidad de los poderes públicos ante el Parlamento, ante la opinión pública y ante los ciudadanos, la buena gestión de los asuntos públicos, un sistema judicial independiente, la libertad de mercado, etcétera. Esta atención especial hacia Iberoamérica se refleja en los objetivos de nuestra política exterior, uno de los cuales es, como ya he dicho, el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana. Este es un objetivo prioritario para el Gobierno español. La idea de comunidad existe de manera latente desde ya mucho tiempo, como es bien sabido, tomó forma en la cumbre de Guadalajara del año 1991 y desde entonces va avanzando de manera importante. En este sentido, es interesante resaltar que desde hace unos meses se cuenta con un primer órgano permanente, la Secretaría de Cooperación Iberoamericana, que puede jugar un papel fundamental en la consolidación del espacio común. España seguirá apostando por las cumbres como mecanismo fundamental de nuestra política exterior.
De manera inmediata esta apuesta supone prestar el máximo respaldo tanto a los países sedes en la preparación de las próximas cumbres - Lima en el año 2001, Santo Domingo en el 2002 y Bolivia en el 2003-, como al fortalecimiento de los programas y proyectos emanados de las diez cumbres anteriores. El interés y la trascendencia que España concede al proceso de cumbres ha llevado al Gobierno a nombrar un embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas. Las cumbres constituyen el fuero político a más alto nivel existente entre los países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones, lo que facilita que aflore un consenso sobre aquellos temas que la comunidad iberoamericana estima que son los fundamentales para su porvenir y permiten situar en la agenda mundial los temas que interesan a nuestra comunidad con el peso que nos da hablar con una sola voz. En la preparación de las cumbres y como consecuencia de las mismas se desarrollan multitud de contactos, entrevistas, conferencias, seminarios, reuniones, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la sociedad civil, que contribuyen, sin duda, a la consolidación de ese concepto de comunidad iberoamericana.
Nuestra acción exterior debe tener también como objetivo el atraer hacia nuestra ámbito social, económico y cultural a los países que comparten nuestros valores. Para favorecer tal integración España continuará impulsando, por todos los medios a su alcance, una mayor presencia de Europa en Iberoamérica. Desde el punto de vista político, junto con el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, España va a continuar favoreciendo una mayor vinculación de la Unión Europea con la comunidad iberoamericana. Tras el éxito que supone, como usted ha mencionado, la reciente firma del acuerdo de asociación Unión Europea con México, uno de los propósitos del Gobierno en esta legislatura es trabajar de manera firma para conseguir una rápida negociación del acuerdo de asociación con Mercosur y Chile. Nos gustaría que la aprobación de estos acuerdos fuese posible durante la segunda cumbre Unión Europea- América Latina, que tendrá lugar en España en el año 2002, pero somos conscientes de que las prioridades políticas de distintos miembros de la Unión

Página 7045


Europea van a hacer difícil que esos acuerdos se puedan finalizar durante la Presidencia española.
En todo caso, volviendo al principio de mi intervención, quiero reiterar que la consolidación y la articulación del espacio iberoamericano constituye un objetivo prioritario de la política exterior del Gobierno, que es un objetivo que, como he dicho, no es nuevo, sino que se construye sobre lo que ya existía, y pensamos que es un objetivo en el cual se va avanzando de forma muy importante.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor Yáñez, ¿quiere completar su pregunta?

El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Permítame, señor secretario de Estado, que cuente una anécdota a ver si alegramos un poco esta sesión. Un veterano socialista, exilado en Bruselas, Curro López Real, en el año 1977 fue a la embajada a recoger el pasaporte para volver por primera vez a España desde los años cuarenta; esta persona era miembro del Partido Socialista desde principios de los años 30.
Cuando fue a recoger el pasaporte, el embajador, muy amable, lo recibió en su despacho para entregarle el pasaporte y le dijo: Señor López Real, el momento es apasionante, el Partido Socialista es muy importante, el Partido Socialista tiene que jugar un papel clave, el Partido Socialista es magnífico, etcétera. Curro López Real, que es un andaluz muy gracioso, cuando ya escuchó toda la perorata -muy amable, por otra parte- del embajador, le contesto: Señor embajador, en cuanto vuelva a España me voy a dar de alta en el Partido Socialista; me ha convencido usted. (Risas.) Si me permite la broma, señor secretario de Estado, me ha convencido usted de la política que hemos hecho desde los años ochenta hasta el año 1996 y me congratulo de que haya una continuidad, eso es bueno, y lo es en la doble dirección: cuando el PP era oposición o cuando el PSOE es ahora oposición, de eso no cabe ninguna duda. Sin ningún tipo de acritud, en absoluto, le diré que lo que usted me ha descrito ya lo conocíamos porque es la política que desarrolló primero el PSOE y luego el PP e insisto en que ha habido una continuidad. Pero mis preguntas iban dirigidas a lo nuevo, a qué hay de innovador, porque aunque haya continuidad siempre se está innovando, siempre se está creando y si el Gobierno avanza en la construcción de ese espacio iberoamericano, es bueno saber con qué medios, con qué trabajos, con qué documentos se va a hacer. Usted se ha referido al documento de hace un año exactamente tal como ésta, pero no ha habido avance nuevo, al menos yo no lo he percibido en su respuesta. El Gobierno y el Ministerio pueden contar con la colaboración del Grupo Socialista para concreción de los avances que se pueden hacer en la creación de ese espacio iberoamericano. Obviamente habla usted a un convencido de ello. Cuando desarrollamos el concepto de comunidad iberoamericana se concretó después en algo muy específico que eran las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno en el año 1991, y a partir de ahí se han ido consolidando y avanzando.
Insisto, pensaba y sigo pensando que el Ministerio de Asuntos Exteriores tendría algo nuevo que aportar respecto al espacio iberoamericano, sobre la base de lo que ya existía.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Intervengo sólo para completar un poco la posición del señor Yáñez.
Insisto en que estamos ante un caso en el que, como he dicho al principio, por suerte no escribimos algo sobre un papel en blanco, sino que contamos con una política hacia Iberoamérica que tiene unos parámetros muy sólidos y muy claros. A mi entender, no es lo mismo el caso de Asia, donde claramente estamos en una etapa mucho más inicial y por tanto de definición del marco conceptual de la política exterior hacia la zona. En el caso de Iberoamérica las bases están sentadas y obviamente eso no priva para que dadas esas bases la política hacia la zona sea entendida como un proceso dinámico que requiere una profundización y una vocación, si me permite el término, de innovación constante.
He hecho referencia a distintas iniciativas, a distintas actuaciones que se han tomado: la constitución de la Secretaría, el nombramiento de un embajador, etcétera. Creo que también, en la línea de profundizar en lo que se ha hecho, es importante destacar, por ejemplo, el volumen de recursos que la Agencia está dedicando a Iberoamérica; un volumen que ha venido aumentando en los últimos años, no digo en los últimos cinco sino en los últimos diez, y que ha alcanzado un nivel muy importante. Tengo aquí los datos. Estamos hablando de que este año 2001 prevemos que se dediquen por parte de la AECI alrededor de 23.000 millones de pesetas a la cooperación en Iberoamérica. Es una cifra muy importante y sin hacer política, pero para tener la referencia, le diré que en el año 1996 estábamos hablando de 11.000 millones. Hay un compromiso claro de continuar el proceso de relación preferencial con Iberoamérica. Obviamente, la puesta a disposición de estos medios sirve a unos fines, a los fines propios de la cooperación, que son los que he dicho: desarrollo del buen gobierno, combatir la pobreza, la intensificación de la relación cultural; en definitiva, la consolidación de un espacio iberoamericano. Por tanto, que en el marco que ya teníamos, que no hacía falta cambiar, se están haciendo cosas que van en la línea de profundizar en la relación, como digo, preferencial con la zona.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Muchasgracias por la brevedad.


Página 7046


- DE LA SEÑORA TORRADO REY (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CONSIDERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS COMO INJERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 181000722.)

- DE LA SEÑORA MORENO SIRODEY (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS SE PUEDEN CONSIDERAR INJERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 181/000739.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos a las preguntas números 9 y 12, que tratan sobre los convenios de cooperación entre ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis.
La viceportavoz me había señalado que intervendría una sola persona.
Tiene la palabra doña Nazaria Moreno Sirodey.


La señora MORENO SIRODEY: Señor secretario de Estado, el pasado 13 de marzo el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, anuló los hermanamientos de Torrejón de Ardoz con Bir-Ganduz, Rivas Vaciamadrid con Tichlauserd y Tres Cantos con D'Agüent, con estos poblados saharauis, porque España, según él, no reconoce a la República Árabe Saharaui democrática como Estado soberano independiente. El propio delegado del Gobierno afirmó que si el Estado español no reconoce dicha república ningún municipio está autorizado a firmar acuerdos con poblados saharauis. El señor Ansuátegui se amparó en el artículo 149 de la Constitución en el que se dice que el Estado tiene competencias exclusivas, entre otras materias, en relaciones internacionales.
Los ayuntamientos citados anteriormente, pertenecientes todos a la Comunidad de Madrid, tras comunicar a la Delegación del Gobierno, como es preceptivo según la Ley de bases de régimen local, sus acuerdos plenarios en los que se acordaba establecer hermanamientos con poblados saharauis, recibieron la orden de celebrar un nuevo pleno para anular dichos acuerdos, so pena de ser denunciados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por injerencia en la política exterior del Estado español. Esta diputada ha realizado varias preguntas sobre qué pueblos de la Comunidad de Madrid tienen hermanamientos con otros municipios o dairas de la República Árabe Sarahaui democrática y la misma pregunta la ha realizado respecto a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a pueblos del resto del Estado español. Se le ha contestado respecto a las dos primeras, no habiendo obtenido aún respuesta a la última, aunque se formuló con fecha 14 de marzo. Como resultado de esa respuesta, según los datos de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, tres pueblos tienen hermanamiento y según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, más de 50 pueblos tienen hermanamiento. En el resto del Estado español sabemos que son más de 200, aunque digo que no ha sido contestada aún la pregunta.
A la vista de estos datos, la pregunta es: ¿Los convenios de cooperación entre ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis los considera el Gobierno como injerencia en la política exterior del Estado?

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias.): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


DE El señor SECRETARIO ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): El Gobierno comparte el esfuerzo solidario que la sociedad civil desarrolla a diferentes niveles para ayudar a las poblaciones que más allá de nuestras fronteras se debaten en situaciones de desamparo y precariedad. Las crecientes cifras de recursos económicos destinados a este fin, tanto directamente como a través del movimiento asociativo y las organizaciones creadas al efecto, demuestran la firmeza de dicho compromiso. Como es sabido, y como usted ha mencionado, entre los destinatarios de la ayuda al desarrollo que han figurado permanentemente en los planes oficiales de cooperación, se encuentra la población saharaui establecida en la región argelina de Tinduf, como han reconocido en multitud de ocasiones los propios interesados y sus representantes. Esta importante contribución es complementada con la que a través de la cooperación descentralizada realizan las administraciones autonómica y local en nuestro país.
En virtud de todas estas consideraciones no puede afirmarse que la colaboración que prestan los ayuntamientos a las mencionadas poblaciones constituya una injerencia en la política exterior del Estado español toda vez que, lejos de inmiscuirse en la acción exterior del Estado, secundan eficazmente su actividad en el campo que es objeto de la presente pregunta.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): La señora diputada tiene la palabra.


La señora MORENO SIRODEY: Me congratula escucharle decir esto porque, como usted bien sabe, los hermanamientos son expresión de solidaridad y cooperación y a todos nos resultaría difícil de creer -por centrarnos en la Comunidad Autónoma de Andalucía- que poblaciones como Bollullos Par del Condado (Huelva), Algodonales (Cádiz), Cuevas Bajas (Málaga), Camas, Casariche o Tocina (Sevilla), por citar algunos de los que

Página 7047


vienen realizando hermanamiento desde principios de los noventa, y el resto hasta completar los más de 50 pueblos que tienen protocolo con otros tantos poblados saharauis, están haciendo injerencia en la política exterior del Estado español. Por otra parte, el intergrupo del Parlamento europeo, Paz para el pueblo saharaui, que se formó en 1986 por eurodiputados de todos los partidos políticos y está presidido por la socialdemócrata Margot Kesler, censuró la decisión de Ansuátegui e, igualmente, el eurodiputado socialista, señor Carnero, se pronunció en el sentido de no entender cómo se quieren anular los acuerdos de cooperación cuando España participa directamente en el programa de cooperación con el pueblo saharaui de la Unión Europea dotado con miles de millones de pesetas y que el gobernador ha tomado una decisión que no se ha planteado ningún país de la Unión Europea. Resulta una incongruencia del delegado de Gobierno en Madrid. Usted bien sabe que los hermanamientos que se pretendían anular son sólo una fórmula de cooperación por la que los ayuntamientos adquieren el compromiso de colaboración con la daira o poblado saharaui para aliviar la situación de precariedad y necesidad que padecen desde hace más de 25 años y que se concreta en el envío, entre otras cosas, de alimentos, medicamentos y, sobre todo, ayuda humanitaria; colaboración ésta que se complementa mediante aportaciones a cargo del 0,7 por ciento y proyectos presentados por las ONG destinados a esta población, asimismo colabora Vacaciones en paz por la que niños y niñas saharauis disfrutan de una estancia de dos meses en nuestro país con familias de la localidad hermanada, con el objetivo de hacerles un seguimiento médico, evitarles las terribles temperaturas del Sahara en verano y complementar su deficiente nutrición a la vez que darles la posibilidad de conocer lo que es un río, una montaña, cosas que no verá nunca en los campamentos de refugiados. Con todo esto entendemos que la actitud del delegado de Gobierno en Madrid es insolidaria con este pueblo y un querer dificultar la cooperación y ayuda humanitaria que la ciudadanía española, muy sensibilizada con el pueblo saharaui, pretende realizar para aliviar su difícil situación y sus duras condiciones de vida.
Por lo expuesto anteriormente, esperamos que este acto sea un hecho aislado y que no se entorpezca la voluntad de solidaridad mediante hermanamiento de los ayuntamientos del Estado español.


La señora VICESECRETARIA (García Arias): ¿Desea alguna aclaración?

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Querría decir que la pregunta que formula S.S. se refiere textualmente a los convenios de cooperación entre ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis y he contestado estrictamente a esa pregunta. Eso es distinto de los acuerdos de hermanamientos entre ayuntamientos y esa diferencia es que la está en la base de las actuaciones que ha emprendido el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que, por otro lado, no hace sino responder a su obligación como delegado de Gobierno y a su obligación derivada de la competencia exclusiva del Gobierno en materia de política exterior. Por lo tanto, esa diferencia entre hermanamientos y campamentos de refugiados que no estaba en su pregunta es la que explicaría la cuestión que estamos debatiendo aquí.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El punto número 10, que es la pregunta de don José Luis Centella Gómez, ha decaído.
La pregunta número 11, de don Juan Fernando López Aguilar, queda aplazada para otra reunión.
Vamos a interrumpir un momento para despedir al secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala): Me gustaría despedirme. Quiero agradecer a todos ustedes la sesión y espero volver a verles pronto.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA LIBERTAD Y EL AUTOGOBIERNO EN EL TÍBET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000665)

- SOBRE EL TÍBET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000743).


La señora VICESECRETARIA (García Arias): Podemos continuar con el orden del día.
La proposición no de ley contemplada en el punto número 13 y la contemplada en el punto 15 tratan sobre la situación en el Tíbet, por tanto, las vamos a tramitar conjuntamente. La primera proposición no de ley fue planteada con anterioridad por el Grupo Socialista. Por lo tanto, tiene en primer lugar la palabra el Grupo Socialista.


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señorías, efectivamente, como usted ha referido, el pasado mes de marzo el Grupo Parlamentario Socialista presentaba en la Cámara la proposición no de ley que debatimos hoy. Nuestra intención, al igual que la de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, ...(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): ¿Me permite un momento, por favor? Esta sala tiene problemas de audición. Entonces rogaría a los diputados que abandonaran la sala, porque hay mucho eco y no podemos escuchar bien a la proponente.


Página 7048


La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Como decía, nuestra intención, al igual que la de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, en concreto, la Comisión de apoyo al Tíbet y Amnistía Internacional, era que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno de España a que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas impulsara una moción en la línea con lo acordado por la Unión Europea de rechazo a la sistemática violación de los derechos humanos y a la opresión a la que se ve sometido el pueblo tibetano por el Gobierno comunista de la República Popular China. Lamentablemente estamos fuera del plazo, la Asamblea de Naciones Unidas ya se ha celebrado, pero la cuestión de fondo más importante sobre la que tiene que pronunciarse este Parlamento está en los contenidos de nuestra iniciativa. En ese sentido, lo más importante es que esta Cámara se pronuncie en la condena y reprobación del Gobierno chino porque se merece, yo creo, la unanimidad por parte de todos. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición dos meses después en parecidos términos a la del Grupo Socialista y estaríamos dispuestos a estudiar o transar en algunos aspectos. Antes de entrar en los contenidos concretos de nuestra propuesta quiero recordarles a ustedes cómo el 15 de diciembre de 1999 a iniciativa de mi grupo y mía propia se debatió y aprobó una proposición por unanimidad en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar promoviendo la aplicación de las directrices de la política común de la Unión Europea hacia el Tíbet basada en la defensa y promoción de los derechos humanos y el impulso del diálogo entre el Gobierno chino y el Dalai Lama, muy especialmente en la próxima cumbre de la Unión Europea/ China que se celebrará el 21 de diciembre en Pekín; a continuar incluyendo la cuestión del Tíbet y de los derechos humanos en el diálogo bilateral entre España y China. Por último: El Congreso de los Diputados acuerda que se adopten las medidas oportunas con el fin de que el Dalai Lama pueda ser invitado a esta Cámara a exponer ante ella el estado del diálogo con el Gobierno chino, la situación del pueblo tibetano y sus propuestas sobre la mejora de los derechos humanos, la libertad y el autogobierno del Tíbet.
Como he mencionado, se aprobó por unanimidad, aunque ciertamente con algunas resistencias por parte del Grupo Parlamentario Popular. Es probable que con poca convicción, más con el temor de quedarse en aquella ocasión en minoría en la Comisión. Un año y medio después tenemos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en la que se excluye la posibilidad de que el Dalai Lama visite este Parlamento e intervenga en él, después de no haber cumplido el mandato unánime de esta Cámara, y me pregunto por qué. El Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz, ha sido recibido por Su Santidad el Papa, por Isabel II, reina de Inglaterra, por el ex presidente Bill Clinton; hoy recoge la prensa que va a ser recibido por el actual presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.
Ha visitado el Parlamento vasco, el parlamento catalán. ¿Cuál es la razón? ¿Acaso incomodar a China es más importante que seguir defendiendo los derechos humanos? ¿Acaso los derechos humanos tienen que estar supeditados a intereses económicofinancieros? ¿Por qué en un Estado sí y en otros no? Tenemos reciente esta mañana, en esta comparecencia, cuál ha sido la actuación del Gobierno español en Ginebra con respecto a la reprobación de Cuba, país, por cierto, que con su voto, sumándolo al de China, consiguió que no se llegara ni a debatir una moción de reprobación por la situación que vive el pueblo tibetano. Una opresión, una persecución racial, cultural y política.
Estaremos de acuerdo en que todos los seres humanos merecen tener libertad para vivir y para elegir, incluidos los tibetanos, incluidos los chinos. Más de 500 nuevos fusilamientos este año vienen recogidos por la prensa y diferentes informes de Naciones Unidas. ¿Qué pasó el 25 de junio del año pasado, cuando el presidente Aznar visitó China? ¿Cumplió su oficina el mandato de la Cámara o pasó de puntillas, tal y como recogió la prensa? La visita se centró más bien en cuestiones económicas. Es verdad que las perspectivas del empresariado español y de las multinacionales son legítimas. Pero el papel que debe jugar y ha jugado España en la cumbre es tibio. La actitud que hay que mantener frente a los regímenes totalitarios -todos, incluida China- debe ser una actitud de reprobación, de denuncia continuada. Aún estamos a tiempo de cumplir nuestras convicciones si realmente las tenemos. También nuestras obligaciones como miembros de la Unión Europea.
Debemos promover y defender los derechos humanosen Tíbet y que se inicien las conversaciones por el Gobierno comunista chino para que se garantice su plena autonomía, la libertad cultural, la política y la religiosa en la línea de lo planteado y de lo que se propone por el Dalai Lama. No podemos mirar hacia otro lado. Moralmente es inaceptable que se tengan diferentes varas de medir. El papel que podemos jugar puede ser mucho más activo y positivo. España tiene voz propia en Naciones Unidas, es miembro de pleno derecho. Exijamos, pues, que se cumplan estos principios. No podemos admitir que China se incorpore al mundo económico occidental sin exigirle a la vez que acepte también las reglas del juego democrático y de valores de la sociedad occidental. ¿Es políticamente correcto y moralmente aceptable que China continúe en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas mientras su Gobierno reprime, persigue y ejecuta a los ciudadanos por defender sus libertades? Volviendo al Tíbet, este es un territorio ocupado por la fuerza en el que el despliegue chino y la colonización intensificada de los últimos años está suponiendo que los tibetanos sean minoritarios. La persecución a la que son sistemáticamente sometidos y el machacamiento desu identidad y de su cultura hacen que nos tengamos

Página 7049


que plantear si éticamente es aceptable que se trate con tanta tibieza a la República Popular china. En los meses de abril y de julio del año 2000 aprobó el Parlamento Europeo una resolución instando al Consejo a tomar la iniciativa en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, expresando su preocupación y denunciando esta situación, instando a todos los países miembros a que hicieran todo lo posible para que el Gobierno chino y el Dalai Lama negociaran un nuevo estatuto para el Tíbet y que los gobiernos de los Estados encaminaran la posibilidad de reconocer al Gobierno tibetano en el exilio como único representante del pueblo tibetano en el caso de que no se llegara a un acuerdo sobre este nuevo estatuto en el plazo de tres años.
Hoy el Gobierno chino se lamenta en la prensa acusando a los Estados Unidos de interferencia por su presencia en Taiwan y por la invitación al Dalai Lama. ¿Cuál es la interferencia cuando se trata de defender los derechos humanos? ¿Por qué tenemos que mirar con tanta complacencia los intereses económicos sin exigirles que cumplan las mismas reglas políticas y morales que nos estamos exigiendo a todos nosotros? ¿Acaso no está más que justificado que esta Cámara repruebe el comportamiento de la República Popular China? Yo creo que sí. Además estamos obligados por las resoluciones del Parlamento Europeo. Pero es una buena oportunidad que el Parlamento español en su conjunto tome una iniciativa como esta en la que podemos estar de acuerdo todos los grupos. Hay un punto que nos separa, sin entender este grupo cuál es la razón, la posibilidad de invitar al Dalai Lama a esta Cámara. Como he dicho, ya se aprobó una resolución por unanimidad en diciembre de 1999 y se ha incumplido. La volvemos a traer hoy aquí porque creemos que es muy importante poder dar esa oportunidad al representante del pueblo tibetano en el exilio. En cualquier caso, también consideramos fundamental que se apruebe el punto 1 de nuestra resolución, que pide que se adopten las medidas que estén al alcance del Gobierno para que la República Popular China y el Dalai Lama negocien un nuevo estatuto para el Tíbet que garantice su plena autonomía en todos los sectores de la vida política, económica, social y cultural, con las únicas excepciones de política exterior y de defensa. Viene a coincidir en los contenidos, a excepción del punto al que ya me he referido, con la propuesta que se ha hecho posteriormente por el Grupo Parlamentario Popular. En opinión de mi grupo, el esfuerzo de consenso en este caso no deja de ser importante porque lo que tenemos que hacer como país -y también tiene más responsabilidad quien gobierna- es en todos los foros internacionales y principalmente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la cual formamos parte, tomar siempre una posición positiva o decidida en la defensa de estos valores.
Para finalizar diré que no hay por qué hacer excepciones. No hay por qué mirar hacia otro lado porque se trate de China. China se merece el mismo trato que cualquier otro país, que cualquier otra nación que esté violando los derechos humanos. Por tanto, no hay que hacer interpretaciones ideológicas a la medida y pensar que otros países, que en algunos aspectos son aliados de China y comparten las ideologías y las formas totalitarias de Gobierno, sí pueden ser reprobados porque potencialmente no suponen ningún riesgo y después, cuando se trata de la República Popular China, tener esa postura tan tibia.
Yo quiero finalizar mi intervención diciendo que sé que se sigue muy de cerca por la embajada de la República Popular China estos debates, y lo sé porque, después del 15 de diciembre, recibí en mi despacho un sobre con unos folletos de publicidad en chino sobre el Tíbet.
Quisiera tener la oportunidad de poderlos leer en castellano, o acaso en tibetano, aunque ya sé que en tibetano la República Popular China no los publica, porque allí la lengua oficial es el chino, o, en su caso, se puede hablar inglés.
Termino diciendo que esta no es una posición sobre la que, como hablamos de tierras lejanas y del gran coloso, tengamos que hacer discursos más o menos floridos; tenemos que centrar la cuestión en si de verdad tenemos esas convicciones morales que decimos en defensa de que todos los seres humanos merecen la libertad, merecen ser respetados y merecen que sus culturas se puedan compartir con el resto de las culturas del mundo.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, señorías, este debate trae causa parlamentaria de otro celebrado el 15 de diciembre de 1999 en la Comisión de Asuntos Exteriores del anterior Parlamento, del que fue disuelto a las pocas semanas de aquel debate. Recordaré, creo que es importante hacerlo después de las palabras de la diputada García- Hierro, que sobre la causa política, que no sobre la causa parlamentaria, sobre la razón del interés de esta Comisión y de esta Cámara por la situación en esa lejana zona del mundo que es el Tíbet, sobre las relaciones entre el Tíbet y China, sobre las relaciones entre España, la Unión Europea y China, y la valoración que nos merecían y nos merecen las violaciones de los derechos humanos en el Tíbet, no había (y entiendo que hoy no hay, por lo que he escuchado) grandes discrepancias entre los grupos de entonces y los de ahora, entre los diputados de la anterior legislatura y los de esta.
Sin embargo, hay varios matices y varias diferencias que merece la pena resaltar y que resaltaré sin duda alguna, diferencias que se referían entonces y se refieren ahora -cito al entonces portavoz en esta materia el diputado Francisco Ricomá de Castellarnau- a los caminos para llegar a un objetivo que se comparte.


Página 7050


Existían algunas diferencias y entiendo que siguen existiendo sobre los caminos que unos y otros proponemos, o los métodos o las vías para defender mejor, más eficazmente un objetivo que, repito, se comparte.
En primer lugar, hay una similitud verdaderamente notable, que es la que se refiere al momento, al tiempo en que se plantea este debate.
De la misma forma que en diciembre de 1999, con una semana de diferencia, se discutía sobre el Tíbet en la Comisión de Asuntos Exteriores, se producía la cumbre Unión Europea-China. La de hoy coincide, con pocas horas de diferencia, con una visita a Pekín de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, y con una semana de diferencia se celebrará en Pekín la cumbre Unión Europea-Asia.
Quiero decir con esto que, como yo creo que en política no hay coincidencias, y mucho menos en política exterior, España y la Unión Europea tienen con China una relación desarrollada, mantenida, compleja y continuada. Recordaré que esta proposición no de ley no lo es sólo sobre el Tíbet, sino también sobre la situación del Tíbet dentro de China, porque esta es la posición europea, y hay que tener en cuenta que de lo que hablamos aquí no es exclusiva y reductoramente de la posición de España y del resto de la Unión Europea, sino también (y esta es la clave para entender este asunto) de nuestras relaciones con China y del grado de interlocución que tenemos con ese importante país y por tanto el grado o las prioridades y los objetivos de nuestra política hacia China, y no debemos nunca olvidar (y creo que la diputada García-Hierro no lo hace) que lo que aquí decimos o aprobamos tiene un inmediato reflejo en nuestra acción exterior que, como es natural, espero que esté siempre basado en el consenso y en una línea de continuidad en el tiempo y en el esfuerzo político.
Para más inri (repito que en política exterior no hay coincidencias que valgan, porque es lo mismo que decir que las coincidencias en política exterior matan), hoy se recuerda el 50 aniversario de la entrada en el Tíbet de las tropas chinas, y el Dalai-Lama ha sido recibido en Washington por el presidente Bush, lo cual ha provocado un incremento notable de la tensión o de la incomunicación ya existente entre los Estados Unidos y China.
Permítanme decir que la crisis en las relaciones chino- norteamericanas es un hecho que nos preocupa, es un hecho negativo que afecta a la estabilidad del mundo y que esperamos que pueda ser reconducido pronto, y que en este tema no nos toca a los europeos echar más leña al fuego de la estrictamente necesaria sino exactamente hacer todo lo contrario para que esa crisis se reconduzca. Hay una diferencia relevante que yo quiero señalar, y es el tiempo político español en el que se debate esta proposición no de ley. Nunca más que ahora hay que insistir en que la política en general, pero especialmente la política exterior, tiene su base en la oportunidad, esto es, en la correcta elección de la coincidencia entre el momento y la acción, y que esta es la verdadera clave del éxito en política y desde luego del éxito en la política exterior, y que esta consideración no fue la que prevaleció en el debate del 15 de diciembre de 1999. Entonces estábamos en el último minuto de la última sesión de una Cámara que iba a ser disuelta, como era conocido y sabido, porque se terminaba la legislatura, se terminaban los cuatro años de período, y por lo tanto en aquel momento creo que prevalecieron razones de urgencia y de prisa más que las razones más atemporales y reflexivas de nuestra política exterior, al menos como se entiende o se ha entendido siempre en esta Comisión.
En aquella ocasión, después de un debate importante, buscamos una fórmula de encuentro cuyos defectos entiendo yo que no podemos repetir hoy, entre otras cosas porque aquella era una fórmula de imposible cumplimiento. Se trataba entonces de encontrar una fórmula que recordase ante la opinión española el caso del Tíbet, que manifestase con toda rotundidad nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en el Tíbet, que reiterase y continuase la posición común europea, que incitase al Gobierno chino al diálogo con el Dalai-Lama, en tanto que representante del pueblo tibetano, y que promoviese la apertura del Gobierno de Pekín en este asunto y no su cerrazón. Se encontró en ese espíritu que, repito, es muy positivo y muy loable, una fórmula de invitación de imposible cumplimiento, esto es, se entendió que para esos objetivos genéricos había que invitar al Dalai-Lama de forma que esa invitación al final fuera imposible.
¿Por qué? Porque plantear una invitación a una tan relevante personalidad extranjera a unas semanas de la disolución del órgano que supuestamente debía formular la invitación era más bien un brindis al sol que una propuesta concreta de trabajo, y pensar que con ese gesto se podía actuar útilmente para promover el diálogo que todos buscamos en este asunto, en primer lugar, entre la Unión Europea y China y, en segundo lugar, entre el Gobierno de Pekín y el Dalai-Lama, yo creo que era un error de apreciación que, sinceramente, debemos evaluar de una forma distinta en el debate de hoy. Por eso creo que el texto que presenta hoy el Grupo Popular a esta Comisión refleja de forma más adecuada el verdadero interés de España y de la Unión Europea y el verdadero objetivo de lograr esos avances en el desbloqueo de una situación que a todos nos preocupa.
Yo creo que el impulso al diálogo es el verdadero corazón de la política común europea y de la posición española. Eso significa, naturalmente, y creo que nuestra proposición lo hace con más corrección y con más claridad que la que nos presenta el Grupo Socialista, seguir abordando la cuestión de los derechos humanos, tanto en el marco de las relaciones bilaterales entre España y China como en el marco entre la Unión Europea y China y también, por qué no decirlo, en el marco más general entre la Unión Europa y Asia. Hay que seguir explicando que la soberanía nacional no puede ser obstáculo alguno para la defensa o el cumplimiento

Página 7051


de los compromisos en materia de derechos humanos, y que el principio de no injerencia no puede utilizarse como barrera frente a la universalidad que exigimos del respeto a los derechos humanos.
Por eso creo que no podemos sin más reiterar la resolución del 15 de diciembre de 1999; debemos mejorarla y, en primer lugar, conviene seguir recordando (y así lo hacemos) los parámetros europeos de nuestra política en este asunto. Debemos seguir recordando a todos, y especialmente al Gobierno chino, nuestra seria preocupación por la situación en el Tíbet, y debemos también reconocer de esta forma el desarrollo del grado de interlocución y de respeto mutuo entre China y España logrado en los últimos años, de lo que es una prueba, entre otras cosas, el aumento de la presencia de nuestro país en China.
Para seguir en este camino, que es un camino positivo, debemos seguir abriendo puertas al diálogo y no dejando de valorar las propuestas que hacemos pensando más bien en la declaración de intenciones que en el resultado posible y efectivo. Ese es el camino que el Grupo Popular propone hoy y esa es la sustancia de la política española y europea en la que no se puede, con un mínimo de rigor, intelectual o político, exigir que hagamos una mera imitación de la política de otros.
La Unión Europea y España tienen que buscar sus propios caminos en su relación con China y no pueden seguir automática e irreflexivamente los altibajos de los caminos ajenos. Debemos ser, más bien, un amortiguador de las tensiones que afectan a otros y que tienen consecuencias muy negativas para la estabilidad de esa zona del mundo y del orden mundial en su conjunto.
Señorías, yo creo que al final, habiendo señalado y reiterado la coincidencia en los planteamientos generales de las dos proposiciones no de ley, que tienen un punto de encuentro fundamental, como es la posición europea, podemos y debemos hacer un esfuerzo de consenso en este tema -a mí me gustaría que se hiciera- y desde luego que ese esfuerzo de consenso tuviera en cuenta las consideraciones que acabo de hacer sobre las razones de oportunidad, las razones de tiempo y las razones de eficacia del esfuerzo de diálogo entre China y el Dalai-Lama, de diálogo entre la Unión Europea y China en materia de derechos humanos.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): ¿Algún otro grupo quiere intervenir en este punto? El señor Centella tiene la palabra.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Deseo manifestar muy brevemente que nuestro grupo no va a votar favorablemente las propuestas que se nos presentan porque, cuando uno las lee -lamentando no haber escuchado la mitad de la intervención de la portavoz del Partido Socialista, porque estaba en otra Comisión-, parece deducirse que había una situación en el Tíbet en el año 1950 totalmente diferente a la que había. Parece que en el Tíbet había un Estado plenamente consolidado y que un ejército de un país extranjero lo invadió. Esa no es la realidad.
En el Tíbet había un régimen feudal, al que nos gustaría que se hiciera alusión, de plena esclavitud, y eso hay que aclararlo, y además no había un Estado plenamente consolidado. Había un problema de nacionalidades, que se podía resolver de una manera o de otra, pero, tal y como vienen planteadas las iniciativas, creemos que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones.
Hay algo más que nos preocupa de la iniciativa. Para nosotros, el Dalai-Lama representa ese régimen de esclavitud, ese pasado feudal al que no se debe volver, y a veces se suele cometer ese error por el que ahora se pagan algunas consecuencias. Uno tiene que recordar cómo a los talibán se les llamaba los luchadores por la libertad y cómo se les ayudó por parte de occidente simplemente porque se oponían a la entonces Unión Soviética. Nos preocupa que, por oponerse a otro régimen, se alienten fuerzas que al final son fuerzas integristas que representan pasados a los que no se debe volver. Entendemos que volver a un régimen integrista religioso, sea del ámbito que sea, no es una buena solución para el Tíbet. En ese sentido, creemos que hay que apostar por el diálogo para resolver el conflicto en el Tíbet, como también en el Kurdistán y en todos los territorios donde haya nacionalidades sin Estado. En ese marco es donde podrían ir iniciativas que apostasen por la paz y por el diálogo. Nos consta que el Dalai-Lama no está en ningún caso por ese diálogo, por esa dinámica; está por la que ha venido representando desde que es el heredero de ese régimen feudal, de ese régimen de esclavitud que había en el Tíbet antes de 1959.
Como creemos que las propuestas no son adecuadas, no van a recibir nuestro voto favorable.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor Grau Buldú, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor GRAU BULDÚ: Solamente deseo manifestar la posición de nuestro grupo favorable a esta propuesta porque entendemos que, aunque como dice el portavoz del Grupo Popular, en definitiva de lo que se trata es de que tengamos una posición concordante con el principio de actuación internacional de la Unión Europea y de las conversaciones que está manteniendo nuestro Gobierno con el de la República Popular China, no se falta al principio de objetividad de los temas referentes al Tíbet por el hecho de que establezcamos una posibilidad de diálogo y de invitación al Dalai-Lama para conocimiento objetivo de la otra parte, estableciendo un diálogo en el que podamos demostrar una amplitud de criterios en cuanto a las conversaciones que podamos tener con nuestros interlocutores, en este caso de la República Popular China.
Por esta razón, nuestra posición es favorable a esta invitación y nuestro voto será afirmativo a la propuesta del Grupo Socialista sobre esta resolución.


Página 7052


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Como no ha habido acuerdo entre los dos grupos que han introducido propuestas de resolución, vamos a pasar directamente a la votación. (El señor Robles Fraga pide la palabra.) Señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, sugeriría que se acumulasen las votaciones de las dos proposiciones no de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): De acuerdo.


- SOBRE LA NO FIRMA POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS DEL ACUERDO DE KIOTO Y LA POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL AL RESPECTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000688)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos ahora a la discusión de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la no firma por parte de Estados Unidos del acuerdo de Kioto y la política del Estado español al respecto. Se han presentado dos enmiendas que se discutirán posteriormente.
El representante del Grupo Mixto, don Guillermo Vázquez Vázquez, tiene la palabra.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hace no mucho tiempo, en una entrevista, decía el presidente... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Esta sala tiene unos problemas muy especiales de eco y es difícil oír a las personas que intervienen. Les ruego, por favor, que reduzcan al mínimo tono sus conversaciones.


Señor Vázquez, tiene la palabra.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que, recientemente, el presidente del Consejo de la Tierra afirmaba que tenemos el poder para decidir si vamos a sobrevivir o no. Es decir, que los seres humanos, por tanto los gobiernos, tienen conocimiento suficiente sobre los problemas medioambientales que sufre el planeta, los riesgos que para el futuro tiene seguir agrediendo y alterando las condiciones que permiten la vida, por tanto la capacidad de adoptar medidas que eviten esos riesgos, cuando menos en lo posible.
La verdad es que, sin necesidad ninguna de ser apocalípticos, pero tomándonos en serio cuestiones como el efecto invernadero, creemos que los gobiernos deberían prestar atención a los reiterados avisos de los científicos, que aseguran que existe una relación directa entre las emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera y el cambio climático, a cuyas primeras manifestaciones estaríamos asistiendo ya. El calentamiento del planeta como consecuencia del manto que el CO2 y otros gases forman alrededor de la Tierra, impidiendo la disminución del calor, estaría en el origen de muchas de las catástrofes que ya se están produciendo. Es difícil tomar medidas que lleven a que los gobiernos actúen con decisión por la resistencia de los que tienen interés en que no se tomen medidas restrictivas, que son muy poderosos. Está claro que existen sectores de la industria que, con una visión egoísta, donde la obtención de beneficios es el único norte que les guía, ejercen presión y a veces consiguen frenar esas medidas correctoras. Como ejemplo, la decisión reciente de Estados Unidos de desvincularse de los acuerdos de Kioto referidos a la reducción de la emisión de gas a la atmósfera.
Es evidente, desde nuestro punto de vista, que Estados Unidos, como principal emisor de estos gases y consumidor de energía, puede echar al traste todos los avances y compromisos, por escasos y tímidos que fuesen, que, por cierto, con mucha dificultad se fueron tejiendo desde la cumbre de Río de 1992. Esta decisión de Estados Unidos, que está recibiendo las críticas generalizadas de la comunidad internacional, no se toma simplemente porque al frente de este Estado esté un personaje más o menos insensible al problema o que dudosamente tenga las luces adecuadas; yo creo que se toma como consecuencia de que se ponen en primer plano los intereses de cierto sector de la industria norteamericana, al que le resulta más barato emitir gases a caño libre y situar sus productos en el mercado en condiciones más favorables para sus intereses. Esto encaja también con la decisión de seguir consumiendo energía barata, aunque para eso haya que hacer centrales térmicas a base de carbón, etcétera, lo que se incluye en los planes anunciados recientemente por el señor Bush; energía barata y ningún límite medioambiental que, por tanto, sitúan a los industriales de Estados Unidos en mejor posición en el mercado.
Mientras tanto, dentro de la comunidad internacional, la Unión Europea se opone a esta decisión de Estados Unidos, se lamenta de esta posición y hace poco más. El problema es si la mayoría del mundo puede limitarse a lamentar que no se avance en los compromisos de Kioto o habría que hacer algo más. Nosotros creemos que hay que hacer algo más. Por un lado, creemos que es necesario informar con claridad a la opinión pública acerca del peligro de los gases invernadero y de la necesidad de disminuirlos, en fin, que la opinión pública tome conciencia del problema que existe; en segundo lugar, adoptar por todo el mundo el compromiso serio de avanzar en la reducción paulatina de las emisiones y, en tercer lugar, adoptar medidas contra aquellos que incumplan esos compromisos y que se permiten sacar beneficio de esa posición aun perjudicando los intereses de la humanidad entera, algo que implícitamente reconocía el Gobierno, en una respuesta

Página 7053


de febrero de este año, al afirmar que era necesario "el establecimiento de un régimen de cumplimiento eficaz de los compromisos de reducción a los que se han comprometido los países desarrollados".
En esa línea, el Bloque Nacionalista Galego propone que el Gobierno defienda medidas del tenor de las que aparecen en nuestra proposición no de ley, unas medidas que sin duda podrían ser sustituidas por otras de otro tipo, que estaríamos dispuestos a debatir si son eficaces para avanzar hacia el fin que se propone. En todo caso, quiero decirles que empiezan a aparecer desde diversos ámbitos propuestas de que se tome alguna medida eficaz contra esta decisión de Estados Unidos que, como sabemos, puede llevar a que no se avance en el protocolo de Kioto. Recientemente, yo recibí -y supongo que ustedes también- una propuesta de la UGT que decía que el Gobierno no autorizase la construcción de centrales térmicas de capital total o parcialmente norteamericano.
El espíritu de nuestra proposición es expresar el deseo de que impulsemos el avance de la ratificación y cumplimiento de los objetivos de Kioto, no permanecer en el lamento y actuar con medidas eficaces, porque creo que todos nos jugamos mucho. Nuestra proposición dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a defender en el seno de la Unión Europea que se estudie, en el marco de la OMC, la imposición de sanciones a Estados Unidos por prácticas de dumping derivadas de la no firma del acuerdo de Kioto.
Segundo, a defender también, en el seno de la Unión Europea y de la OMC, el incremento de los aranceles que gravan los productos norteamericanos en tanto en cuanto los Estados Unidos no suscriban el acuerdo de Kioto.
Como dijo la señora presidenta, existen dos enmiendas formuladas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular a esta proposición no de ley, enmiendas que hemos leído con atención. Para conseguir cuando menos un pronunciamiento de esta Comisión en un sentido favorable al cumplimiento de estos acuerdos y después de hablar con los grupos, si les parece, formularemos una propuesta transaccional, que también se la daremos a conocer a la Mesa.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Como dije antes, hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular.
En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: En nombre de mi grupo, quiero felicitarle por la presentación de esta iniciativa, porque es muy positivo que en esta Comisión se debata sobre una cuestión que tiene una indudable dimensión internacional, que afecta a las relaciones entre los Estados, que también afecta al mundo que queremos construir y, por supuesto, pone en cuestión la acción que se viene llevando a cabo en otros ámbitos de decisión, por ejemplo, para eliminar las barreras y la competencia desleal entre los Estados, pero sobre todo suscita un problema de fondo, que es el deterioro constante del medio ambiente que compartimos. Como acaba de decir el portavoz del Grupo Mixto, está claro que hasta hace pocas décadas se había conseguido mantener un equilibrio frágil en los daños que se producen en la atmósfera, pero hay una tendencia evidente por la que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían originar a lo largo de este siglo una velocidad de calentamiento atmosférico, probablemente mayor que ninguna otra, en los diez mil últimos años. La principal causa es la mayor actividad humana con esos efectos y, entre ellos, el aumento de temperaturas que se ha registrado en los últimos cincuenta años. Esos efectos se van a sentir, se están sintiendo ya, en consecuencias como la desertización, la erosión, la contaminación, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de hábitats y la pérdida de la diversidad, que tendrán especiales consecuencias negativas para la región mediterránea.
Es bien sabido que el CO2 constituye la mayor aportación a ese cambio climático negativo, en torno al 65 por ciento, seguido del metano con el 20 por ciento, aunque esas proporciones se están alterando. La Unión Europea ha adoptado algunas medidas porque se prevé que se incrementen, entre 1990 y 2010, en un 6 por ciento las emisiones y ha establecido criterios que crean lo que se denomina una burbuja comunitaria, en la que se intentan equilibrar las situaciones de los distintos países. El convenio marco que se adoptó en Río en 1992 fue el primer intento de abordar y atajar las consecuencias de los gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto supone un gran salto adelante al establecer ya objetivos específicos para los distintos países signatarios. En el protocolo se prevé, por ejemplo, que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5 por ciento, por debajo de los niveles de 1990 para el período 2008/2012. La Unión Europea ha aumentado este objetivo y ha asumido objetivos más ambiciosos, elevando el objetivo propio al 8 por ciento, pero es evidente que el convenio no solamente establece esos objetivo, sino que exige que su consecución sea un progreso demostrable. Ha habido 84 países que han suscrito el protocolo de Kioto, en septiembre de 1999, en el que se establece para su entrada en vigor que lo hayan ratificado partes signatarias que representen el 55 por ciento total de las emisiones. Hasta ahora solamente lo han ratificado 16 países.
Especialmente preocupante, señora presidenta, es la situación de España que, además de la indefinición política y de las expresiones de comprensión, a veces, hacia la actitud americana, luego sí ha actuado en una posición común con el resto de los países de la Unión Europea. Estamos viendo cómo a nuestro país, al que dentro de la Unión Europea se le habían admitido unos

Página 7054


niveles superiores, si se mantuviesen las pautas de consumo actuales, llegaría al 2010 con un aumento del 48 por ciento y con las medidas anunciadas, no todas ellas con la financiación necesaria, podemos tener un aumento del 28 por ciento, prácticamente el doble de lo que está previsto en los acuerdos en el marco de la Unión Europea. En esa situación es especialmente preocupante el anuncio hecho por el Gobierno de Estados Unidos de no vincularse al protocolo de Kioto.
Naturalmente, si Estados Unidos no participa hace muy difícil la consecución de las ratificaciones necesarias y, en cualquier caso, supone que el principal contaminador del mundo, en torno al 25 por ciento, queda fuera de este importante -aunque limitado, sin duda- instrumento para limitar el deterioro de nuestra atmósfera.
Por ello, apoyando la iniciativa que se presenta, hemos formulado una enmienda que va dirigida, fundamentalmente, a estimular al Gobierno a que continúe en el ámbito bilateral y en el de la Unión Europea, intentando impulsar la vinculación del mayor número de países al protocolo de Kioto, especialmente en esos dos ámbitos en el caso de Estados Unidos con una toma de posición muy clara, y es el rechazo a cualquier actuación o propuesta que pretenda devaluar, retrasar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Kioto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha presentado una enmienda transaccional sobre la que oportunamente nos pronunciaremos.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señorías, si existe una enmienda transaccional, como se ha dicho, les rogaría que la hiciera llegar a la Mesa para el posterior momento de su votación.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles para defender sus enmiendas.


El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, mi intervención será breve, porque muchas cosas ya han sido dichas.
Permítanme, que sin reiterar cuanto se ha dicho sobre el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es el origen de denominado protocolo de Kioto de 1997, en el que se establecen compromisos voluntarios para la reducción de las emisiones nacionales de gases contaminantes y tras señalar que la delegación norteamericana tuvo una muy activa participación en las negociaciones para ese protocolo, la Unión Europea ha expresado su decepción por la decisión adoptada por la administración deEstados Unidos de no suscribir este protocolo. La Unión Europea ha manifestado también su compromiso de ratificarlo con el fin de contribuir al cumplimiento de los requisitos necesarios para su entrada en vigor en el plazo más breve posible. La Unión Europea ha reafirmado su posición favorable al protocolo, entendiendo que los objetivos y el calendario allí señalado son asumibles por los europeos. Nosotros esperamos, conjuntamente con nuestros socios europeos, que los Estados Unidos participarán y presentarán nuevas propuestas en la próxima sesión negociadora que tendrá lugar el próximo mes de julio en Bonn.
Hay que señalar que el protocolo de Kioto todavía no está en vigor, todavía no genera obligaciones contractuales para sus partes contratantes. Considerar a estas alturas eventuales medidas sancionadoras relacionadas o que tengan causa del protocolo, que todavía no ha entrado en vigor, es prematuro. Si un Estado no ratifica ese protocolo no asume obligaciones jurídicas internacionales, con lo cual difícilmente se le podría sancionar por ello.
Sin embargo, hay que reiterar, una vez más, nuestra posición y la posición del Gobierno, como ya se hizo en el debate del Senado el pasado 17 de mayo en el Pleno celebrado en esa Cámara, el compromiso nuestro y del Gobierno en la cuestión del cambio climático que ha motivado concretas medidas, como son la creación del Consejo Nacional del Clima, en febrero de 1998; la aprobación del Plan de fomento de energías renovables, de 1999 y la muy reciente creación de la Oficina del Cambio Climático, entre cuyas funciones tiene la de coordinar la actuación de los distintos organismos implicados en la materia con el objetivo de estrechar la colaboración entre los distintos organismos y administraciones públicas.
En la lucha contra el cambio climático es necesaria la participación de todo tipo de entidades, públicas, privadas y agentes sociales.
Este es un esfuerzo continuado por este Gobierno que conviene resaltar en este debate. No hay que olvidar en ningún caso que las actuaciones contra el cambio climático no pueden ser las de un país en solitario. Tenemos que hablar de la necesidad del consenso, de una ratificación conjunta por el mayor número de países. De eso se debe tratar y está incluido en la transacción a la que ha hecho referencia algún portavoz. Se trata de que ese protocolo pueda entrar en vigor con el mayor número posible de Estados firmantes, de la misma forma que hay que realizar gestiones bilaterales y multilaterales para que el país más importante en lo que se refiere a la emisión de gases contaminantes, los Estados Unidos, cambie su posición y vuelva a participar en un proceso de negociación en el que, repito, tuvieron una participación muy activa y determinante con la administración Clinton. El compromiso de la Unión Europea con la búsqueda de un cambio de posición de Estados Unidos es una de las claves de la entrada en vigor del protocolo de Kioto, con la esperanza de contribuir a la reducción de la emisión de gases contaminantes, que son los que provocan el efecto del cambio climático. Sería bueno llegar a ese acuerdo, entre otras cosas porque existen dificultades técnicas y jurídicas para que podamos asumir algunas de las propuestas de la proposición no de ley originaria del GrupoMixto. Si el texto de la transacción recoge nuestras

Página 7055


inquietudes, nos sumaremos a este consenso y el grupo mayoritario de la Cámara podrá contribuir a la mayor unanimidad posible en este importante asunto.
Conviene recordar que estamos hablando de las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos, estamos hablando del vínculo trasatlántico, que es la más importante relación de la Unión Europea con cualquier otro Estado o grupo regional. Ese es el eje de nuestra ligazón con y de nuestra presencia en el mundo. Será en el seno de esa relación en la que convendrá aclarar uno de los malentendidos o discrepancias más importantes, que mayor irritación y perplejidad han causado en Europa por parte de la nueva administración norteamericana. Nosotros creemos en ese vínculo, en la necesidad de resolverlo y de trabajar dentro de él para aclarar esta importante discrepancia creada por el anuncio de la nueva administración norteamericana de no ratificar el protocolo de Kioto.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): ¿Algún grupo quiere intervenir? Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Sería conveniente leer el texto de la transacción para conocimiento de todos los grupos, que haremos llegar a la Mesa. Dice lo siguiente. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1.) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para elaborar y poner en práctica la estrategia española de lucha contra el cambio climático, con el objetivo prioritario de cumplir los compromisos derivados del protocolo de Kioto y reducir las emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero. 2.) Adoptar las medidas necesarias en el plano bilateral y multilateral, y especialmente en el seno de la Unión Europea, dirigidas a rechazar cualquier propuesta que pretenda devaluar, rebajar o retrasar la entrada en vigor de los compromisos en la lucha contra el cambio climático y en especial persuadir a los Estados Unidos de América de la necesidad de asumir el protocolo de Kioto. 3.) Defender en el seno de la Unión Europea el estudio y puesta en práctica de medidas eficaces que ayuden a conseguir la ratificación para el mayor número de Estados del protocolo de Kioto.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Entendemos que el proponente acepta la enmienda transaccional. (Asentimiento.) Pasamos a votar las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos las dos proposiciones no de ley sobre las relaciones con el Tíbet, relativas a los puntos 13 y 15 del orden del día y, en segundo lugar, la enmienda transaccional sobre el acuerdo de Kioto, punto 14.
Votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la situación de los derechos humanos, la libertad y el autogobierno en el Tíbet.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, una.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el Tíbet.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, dos.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobada.
Votamos ahora la enmienda transaccional presentada a la proposición no de ley sobre la no firma por parte de Estados Unidos del acuerdo de Kioto y la política del Estado español al respecto.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobada por unanimidad.


DICTÁMENES SOBRE:

- ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN NUCLEAR ENTRE LAS PARTES DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (TRATADO ATOMAL) (HECHO EN PARÍS EL 18 DE JUNIO DE 1964) Y PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE SEGURIDAD DEL ACUERDO (BRUSELAS, 2 DE JUNIO DE 1998).
(Número de expediente 110/000070)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Entramos en la última parte del orden del día, que son los dictámenes. Si les parece, pasamos directamente al punto 18. ¿Grupos que quieren intervenir con relación al acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte y el protocolo por el que se modifica el anexo de seguridad del acuerdo, firmado en Bruselas el 2 de junio de 1998? Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Brevemente, quiero señalar la importancia de este acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte, el llamado Atomal, que es el instrumento jurídico que faculta a los países miembros, pero muy especialmente a los Estados de

Página 7056


Unidos de América, a compartir en el seno de la Alianza información sobre sus activos nucleares. Este acuerdo tiene un anejo técnico, un anejo de seguridad, que ha sido objeto de algunas modificaciones.
Desde el primer momento de su adhesión a la Alianza Atlántica España tuvo acceso a esta información en aplicación de un procedimiento específico, porque este acuerdo no fue, hasta el día de hoy, ratificado por España. La reciente desclasificación de todas las partes, incluyendo el anejo técnico de las partes que componen este acuerdo, ha despejado por fin el camino para su firma y ratificación por nuestro país. Eso es especialmente necesario por la entrada de tres nuevos miembros en la organización que tienen muy avanzada esta ratificación. Por eso es necesario, repito, que España regularice su situación jurídica en relación con este importante acuerdo, entre otras cosas porque así podremos seguir obteniendo una información que nos es fundamental en tanto que miembro pleno de la Alianza.
Asumimos -y es importante recordarlo- el compromiso de aplicar las normas de seguridad y de confidencialidad contenidas en este acuerdo.
Es por eso por lo que creo que un país como el nuestro que participa activa y plenamente en la Organización del Tratado del Atlántico Norte debía finalmente asumir los compromisos y regularizar, como ya he dicho, nuestra situación jurídica en relación con este tema. Mi grupo votará a favor de este convenio.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene ahora la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Marsal Muntalá.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Nosotros vamos a votar también favorablemente la ratificación de este texto. Como muy bien ha dicho el señor Robles, España siempre había tenido acceso a esta información por un proceso específico. En este momento la desclasificación va a permitir que este Parlamento lo vote favorablemente. Es también una muestra importante del proceso de transparencia y apertura de esta organización, la OTAN, en el nuevo contexto internacional. Debemos felicitarnos tanto por la mayor transparencia como por que podamos ya votar este texto en este Parlamento.


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA, RELATIVO A LA CIRCULACIÓN Y ESTANCIA EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA DE NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000076) - CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA, RELATIVO A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN, RESIDENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE SUS NACIONALES, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000077)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Seguimos el orden del día y vamos a iniciar la discusión de los puntos números 24 y 25 del orden del día.
Tiene la palabra la señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Vamos a votar a favor del punto número 24, cosa que no haremos con el punto 25 del orden del día. En este convenio nos vamos a abstener por los motivos que muy brevemente expondré.
En primer lugar, nos vamos a abstener y no vamos a votar en contra porque nos parece un hecho positivo el que las relaciones entre los tres países vecinos, España, Francia y Andorra, se vean reguladas por un convenio ya que son amplias e intensas, pero nos impide dar nuestro voto afirmativo el que, a pesar de que el título reza que es relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de nacionales, no da respuesta a los graves problemas y situaciones en que viven en su gran mayoría los residentes españoles en el Principado de Andorra, que son un número cercano, si no supera, los 30.000. Debemos tener en cuenta que en Andorra la totalidad de los habitantes no llega a los 65.000 y si hablamos de nacionales andorranos no estaríamos superando tampoco los 20.000. Aunque Andorra sea un país pequeño, estrechamente vinculado a España y Francia, no me desmentirá ninguno de los grupos si digo que está muy especialmente vinculado a España, como lo demuestra el gran número de españoles que residen en aquel país y el hecho de que esos residentes nacionales españoles han visto defraudadas sus expectativas, cuando se anuncia la firma de este convenio, por la actitud del Gobierno español que no ha sido capaz de defender sus reivindicaciones ante las trabas y discriminaciones a que son sometidos. Hoy lo vamos a comprobar en la discusión de este convenio trilateral, pero también podemos comprobar la posición del Gobierno español cuando se niega a considerar la reforma de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas a pesar de las protestas de los residentes españoles que se le han hecho llegar de manera continuada, de las iniciativas de nuestro grupo parlamentario en el Senado y otras que tenemos pendientes de discusión en este Congreso y a pesar también de las reiteradas peticiones de los defensores del Pueblo, tanto español como andorrano. Seguramente veremos esa misma actitud cuando más adelante tengamos que considerar la revisión del convenio de la Seguridad Social entre España y Andorra.


Página 7057


Es en este contexto global de relaciones de nuestro país con Andorra donde se producen las discrepancias puntuales con este convenio que nuestro Gobierno ha firmado con los otros dos países. La primera discrepancia seria de nuestro grupo respecto a las condiciones de establecimiento en general, que recoge el artículo 4 del tratado, estriban en que para los andorranos que residan en España o Francia se establecen unas condiciones tan favorables como las que aquí y en Francia se aplican a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, mientras que a los españoles residentes en Andorra se les aplica la legislación de aquel país, tal y como se refleja para casos concretos en los artículos 7 y 8, con la salvedad de que nunca tendrán condiciones menos favorables a las de cualquier otro país.
¡Hasta ahí podíamos llegar! Voy a explicar brevemente y en detalle lo que esto supone para los nacionales españoles.
En lo que se refiere a los trabajadores por cuenta ajena, se está ante el sometimiento a una legislación, la de Andorra, que tiene un carácter ultraliberal. Citaré sólo a título de ejemplo que esto se traduce en despido libre, con un simple preaviso con una duración mínima de quince días y máxima de seis meses, sin desempleo, sin Seguridad Social a los veinticinco días de haber cesado en un puesto de trabajo, por el motivo que sea. En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, excepto profesiones liberales, se les exige una residencia efectiva e ininterrumpida en Andorra de diez años, sin que en este convenio quede clara la fecha de inicio del cómputo de estos años. Quiere decirse que no sabemos si se va a aplicar a los señores y señoras que lleven más de esos años en Andorra o si empieza a contar a partir de este convenio. Finalmente, si hablamos del ejercicio de una profesión liberal, este convenio se remite a las condiciones de las legislaciones internas de cada Estado, lo que supone para cualquier español o española que quiera ejercer en Andorra la exigencia de residir en aquel país de forma efectiva e ininterrumpida 20 años. Discrepamos también de la reserva que este convenio hace en cuanto al acceso a la función pública andorrana, de tal manera que la primera convocatoria está totalmente reservada a los ciudadanos andorranos y sólo en el caso de que haya vacantes y, en consecuencia, una segunda convocatoria, los españoles tendrían el derecho a optar a ese acceso. Para ese caso, los ciudadanos andorranos tienen en España los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de la Unión Europea.
Señora presidenta, creo que he acreditado suficientemente las reservas que mi grupo parlamentario tiene respecto de este convenio que se somete a la aprobación de esta Comisión, que impiden que lo podamos apoyar con nuestros votos aunque, como he dicho antes, nos vamos a abstener porque tiene algún aspecto positivo. Por ejemplo, la creación de la comisión mixta tripartita que se introdujo, aunque fuera a última hora, responde a una reivindicación reiterada y da satisfacción así a esta reivindicación del consejo de residentes españoles en Andorra. También quisiera decir, y que quede muy claro, que nuestras críticas de insatisfacción van dirigidas al Gobierno español porque no ha sido capaz de defender los intereses de nuestros ciudadanos residentes en Andorra y van dirigidas única y exclusivamente hacia ese Gobierno. No es nuestra responsabilidad ni nuestra obligación ejercer el control y la aprobación de este convenio respecto de los otros dos firmantes del convenio, los cuales deberán responder ante sus propios parlamentos. De hecho, nuestros colegas parlamentarios andorranos, que no han podido asistir a esta sesión pero que la están siguiendo por los monitores internos de la Cámara, tendrán esa función. Querría dejar muy claro y también constancia de que es una pena que tantos ciudadanos y ciudadanas españoles que residen durante muchos años en Andorra, que tienen una reivindicación muy clara, que tenían una expectativa respecto de la firma de este convenio, se hayan visto defraudados y el Gobierno español debería pensar un poco en la falta de defensa de los intereses de esos españoles. Ese convenio no va a dar esa satisfacción justamente, y también seguramente, porque se ha pactado precipitadamente, porque se pactó a escasos meses de las elecciones andorranas y así se ha producido lo que nosotros les advertimos, que era la posibilidad de utilización electoral por algunos partidos de aquel país, como así sucedió. Por eso, el Gobierno español ha tenido otros intereses que han primado por encima de los que debían ser prioritarios, como son la defensa de los intereses de esos 30.000 españoles residentes en Andorra y que hoy no han tenido un Gobierno que les haya defendido.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Intentaré ser breve y sobre todo no repetir algunos de los argumentos que ha utilizado la señora Cunillera. La situación de los más de 30.000 trabajadores españoles en Andorra, de los cuales más de 5.000 son gallegos, no es una situación que pueda llevar al Gobierno español a la satisfacción o que pueda llevar al Gobierno español, que es la actitud que está adoptando, a la inactividad o a la actividad en contra de sus intereses. No voy a repetir los argumentos que ya se han mencionado respecto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se equipara a los trabajadores españoles por cuenta ajena a personas que fijan en Andorra su residencia fiscal por otro tipo de motivaciones o incluso se los hace de peor condición porque esas personas cuando llevan más de cinco años en Andorra ya no deben tributar a la Hacienda española.
No voy a hablar de que en Andorra el único sindicato que existe está tolerado, no legalizado, está legalizado simplemente como asociación cultural pero no como sindicato, es decir, nos retrotrae a situaciones del siglo XIX. No hay elecciones sindicales, no hay representación sindical en las empresas. No me voy a

Página 7058


referir a que, según recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Andorra, el Gobierno andorrano no sabe cuándo va a ratificar la Carta Social Europea. No voy a decir tampoco, como acaba de señalar la señora Cunillera, que hay despido libre, que las denuncias ante la inspección laboral derivan de forma fatal y siempre en el despido del trabajador, que no hay jurisdicción social, etcétera. Todo esto parece que no le interesa demasiado al Estado español, que incluso presta sus propios servicios de empleo para llevar gente a Andorra. Esa es, al parecer, la preocupación que tiene el Estado español por el empleo y la preocupación que tiene el Estado español por el paro y por la salida de muchos jóvenes que van a Andorra, y desde luego muchos gallegos, a trabajar como temporeros.
Para nosotros todo esto es inaceptable; es inaceptable que a través de este convenio, un convenio que -ya se ha dicho- está absolutamente falto de reciprocidad - por cierto, como el convenio entre la Unión Europea y Suiza-, se pretendan extender a Andorra, y en el marco de las relaciones trilaterales entre España, Francia y Andorra, las libertades comunitarias básicas de libre circulación, establecimiento, residencia, etcétera, porque para nosotros estas libertades comunitarias básicas, esta libre circulación de trabajadores, si es que existe intención de evitar el dumping social y si es que de verdad se pretenden defender los derechos de los trabajadores, deben ir siempre acompañadas del reconocimiento no sólo sobre el papel, sino de manera efectiva, de derechos sociales y laborales que hoy constituyen, o deberían constituir, un acervo común a toda Europa. Si el Gobierno andorrano, y hablo con el más exquisito respeto a la soberanía y la independencia del Principado de Andorra, no está dispuesto, no parece mostrar intención de mejorar esta situación, de ratificar la Carta Social Europea, el Gobierno español, que es el destinatario de nuestra demanda, no debería haber presentado este convenio para su ratificación parlamentaria.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego se va a oponer a la ratificación, a la autorización de este convenio porque, como digo, reconocer la libre circulación de trabajadores sin derechos es tanto como legalizar la explotación laboral y el dumping social y, desde luego, para esos objetivos que nadie cuente con el BNG.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CATELLARNAU: No podemos olvidar que estamos hablando de la ratificación de un convenio internacional, es decir, de un convenio que se establece entre países extranjeros, y ello conlleva un respeto absoluto hacia la independencia que tiene cada uno de los países firmantes en cuanto a su capacidad legislativa, en cuanto a su capacidad normativa. En este sentido a nadie se le escapa que en Andorra el régimen general de extranjeros es un régimen muy discrecional, incluso lo podríamos calificar de duro, lo que hace que la situación de los ciudadanos españoles que se encuentran allí probablemente sea de una calidad inferior a la que a todos nos gustaría pero, precisamente para evitar que esto se prorrogue, convenía presentar a ratificación por parte del Congreso un convenio que regule, que facilite, que dignifique y avance en el tratamiento que deben recibir los ciudadanos franceses y españoles que a partir de la ratificación de este convenio se desplacen a Andorra. Conseguir la igualdad de trato para el ejercicio del trabajo por cuenta ajena con los ciudadanos andorranos es un avance; mejorar las condiciones que se exigían a los ciudadanos españoles para acceder al empleo en el sector público andorrano es un avance; reducir la moratoria para desarrollar actividades por cuenta propia en Andorra es un avance y conseguir que la reagrupación familiar ya no requiera un período previo de estancia es también un avance. En consecuencia, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, celebramos que el Gobierno presente a esta Cámara la ratificación de este convenio, precisamente con Andorra, principado al que le unen gran cantidad de puentes familiares con España y, en concreto, por vecindad, con la comunidad catalana. También se ha cuestionado el tema de la reciprocidad, además desde una formación nacionalista. Me choca un poco que no se entienda por parte de esta formación que el que no exista esta reciprocidad lo justifique Andorra para preservar su propia identidad. Hay que tener en cuenta el desequilibrio que existe en cuanto a ciudadanos extranjeros y trabajadores extranjeros en Andorra. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se ajusten a esta no reciprocidad y por tanto no vemos obstáculo para dar nuestro apoyo a la ratificación del convenio por parte de esta Cámara.


- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA PERSECUCIÓN DE DELITOS GRAVES MEDIANTE LA SUPERACIÓN DE LA EXTRADICIÓN EN UN ESPACIO DE JUSTICIA COMÚN, HECHO EN ROMA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000078)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 26 del orden del día: Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000. ¿Algún grupo desea intervenir en este punto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.


Página 7059


La señora MORENO SIRODEY: Señora presidenta, con la ratificación de este convenio se soslayan los requisitos y trámites establecidos en la legislación y los convenios sobre extradición sustituyéndolos por un procedimiento de entrega casi inmediata. Además, el tratado establece otras normas, como la posibilidad de detención preventiva preliminar por un plazo de 30 días, el traslado temporal de una persona para su enjuiciamiento o la preferencia de este tipo de entregas sobre peticiones de extradición de terceros países.
Los antecedentes de los que trae causa este convenio internacional se pueden resumir en la objeción establecida por nuestro Tribunal Constitucional a la extradición de ciudadanos italianos convictos en rebeldía. La justicia italiana admite, a diferencia de la española, que un imputado sea condenado penalmente sin estar presente en su juicio, por lo que el Tribunal ha rechazado extradiciones ya otorgadas por la Audiencia Nacional considerando que su juicio no había ofrecido suficientes garantías procesales. Esta situación generó un cierto flujo de delincuentes italianos refugiados en España, el consiguiente malestar de las autoridades italianas y la dificultad para lograr la extradición de uno de ellos especialmente importante, afincado en Mallorca, que determinaron una gestión directa del Gobierno italiano en el mes de junio del pasado año que dio lugar a la firma en noviembre del convenio que ahora se pretende ratificar.
El Gobierno español ha entablado contactos con Alemania, Francia, Bélgica y Portugal. Sin embargo, ninguno de estos contactos ha fructificado por ahora en convenios similares. Portugal ha aducido problemas constitucionales irresolubles para sumarse a esta iniciativa y sus máximos responsables han manifestado que solo podrán aceptar la supresión de los juicios de extradición mediante una iniciativa comunitaria en un contexto de ampliación de la cooperación judicial entre los países miembros de la Unión Europea, pero en ningún caso mediante acuerdos bilaterales. Tampoco han tenido resultados positivos las negociaciones con Francia, que hasta ahora ha evitado comprometerse a superar el procedimiento de extradición por la vía bilateral. Debe entenderse, por tanto, que la finalidad que ha acompañado la elaboración y firma del tratado, como se ha dicho, no es otra que salvar las objeciones establecidas por nuestro Tribunal Constitucional a la extradición de ciudadanos italianos convictos en rebeldía.
Conscientes de la posibilidad de que graves delitos puedan quedar impunes en los supuestos en los que por aplicación de las garantías procesales recogidas en nuestra Constitución no se concedan las extradiciones solicitadas, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en junio de 2000 una proposición no de ley, aún pendiente de debate y votación, en la que se insta al Gobierno a hacer valer nuestros principios constitucionales en los supuestos donde se encuentren afectados o puedan no ser respetados los derechos fundamentales. El Gobierno se ha equivocado en su pretensión de solucionar el problema mediante la elaboración y aplicación de este tratado, en primer lugar porque la creación de un espacio judicial común debe realizarse utilizando los instrumentos propios de la Unión Europea, no mediante acuerdos bilaterales como ya le han recordado algunos países y, en segundo lugar porque al pretender eludir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia lo que realmente está intentando soslayar son los principios constitucionales y más concretamente libertades y derechos fundamentales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una alternativa, en forma de la ya mencionada proposición no de ley, que pretende compaginar los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución con la necesidad de que no queden impunes graves delitos en los supuestos en que por aplicación de las garantías procesales no se concedan las extradiciones solicitadas. Por ello, la posición del Grupo Socialista ante la solicitud de autorización requerida por el Gobierno para ratificar este tratado no puede ser otra que la abstención.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El señor Robles Fraga, tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Siento mucho escuchar las palabras de la portavoz del Grupo Socialista. Este tratado es importante. Es un paso para la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia y si efectivamente dos países quieren avanzar a mayor velocidad que los otros, no entiendo que se pueda alegar la necesidad de resolverlo entre todos cuando existen mecanismos para ir avanzando de forma bilateral. En eso consiste el espíritu de construcción comunitaria en el que los que menos avanzan no pueden ni deben retrasar el camino de los que quieren profundizar en la construcción de un espacio comunitario. Este es un tratado importante que evita problemas concretos y específicos entre España e Italia, que partían de un espacio de impunidad o un espacio jurídico que podía ser aprovechado para obtener la impunidad de crímenes tan graves como puede ser el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas, la trata de seres humanos y el abuso sexual contra menores. Es un acuerdo que parte en su primer considerando de que ambos Estados reconocen que se basan en principios democráticos y que ambos respetan las obligaciones que establece el convenio para la protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales, el convenio de Roma de 1950. Es la consecuencia de esa primera asunción y al suprimir los procedimientos de extradición entre España e Italia en estos delitos y con las condiciones establecidas en el tratado, se abre un camino que debe ser seguido por otros Estados de la Unión. Si el primer convenio se hace entre España e Italia, eso también obedece a necesidades e intereses compartidos entre el pueblo español y el pueblo italianoque desean luchar de la forma más eficaz posible

Página 7060


contra quienes cometen delitos tan graves como los ya mencionados. Se trata de acabar con un espacio de impunidad o un espacio que pudiera ser aprovechado para la impunidad en estos delitos. Por eso el Grupo Popular no solamente apoya el tratado sino que se alegra de la presentación del mismo por el Gobierno para su ratificación en esta Cámara.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tengo entendido, según me han señalado los portavoces, que no se ha solicitado ninguna intervención sobre el resto de los puntos del orden del día. Por tanto, puedo dar por concluido el debate de este apartado de dictámenes y proceder a las votaciones.
A diferencia de otras reuniones de la Comisión, en esta ocasión ha habido en algunos puntos opiniones distintas respecto a cada uno de los temas. A efectos del "Diario de Sesiones" y para que queden claras las votaciones, voy a ir leyendo el convenio de que se trate y procediendo a su votación. Intentaré hacerlo muy rápidamente.


-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OTROS DELITOS GRAVES, HECHO EN MADRID EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000068)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 16. Dictamen sobre el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre de 2000.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- DECLARACIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CON CARÁCTER PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de expediente 110/ 000069) La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 17. Declaración de España al protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN NUCLEAR ENTRE LAS PARTES DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (TRATADO ATOMAL) (HECHO EN PARÍS EL 18 DE JUNIO DE 1964) Y PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE SEGURIDAD DEL ACUERDO (BRUSELAS, 2 DE JUNIO DE 1998) (Número de expediente 110/000070) (Votación)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 18º. Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en París el 18 de junio de 1964 y Protocolo por el que se modifica el anexo de seguridad del Acuerdo firmado en Bruselas, el 2 de junio de 1998.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 18 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2000, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR EL QUE SE ENMIENDA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y PANAMÁ DE 2 DE MAYO DE 1979 Y SE DEROGA EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE VALIDEZ DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DE 15 DE MARZO DE 1926. (Número de expediente 110/000071)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 19º. Canje de notas de fechas 18 y 20 de diciembre de 2000, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá por el que se enmienda el Convenio de cooperación cultural entre España y Panamá, de 2 de mayo de 1979, y se deroga el Convenio de reconocimiento

Página 7061


mutuo de validez de títulos académicos y de incorporación de estudios de 15 de marzo de 1926.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- CONVENIO EUROPEO SOBRE INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 110/000072)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 20. Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983.


Efectuada la votación, dijo

La señor VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, HECHO AD REFERENDUM EN PEKÍN EL 25 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente 110/000073)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 21. Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho ad referendum en Pekín el 25 de junio de 2000.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA HELÉNICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000074)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 22. Convenio entre el Reino de España y la República Helénica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid, el 4 de diciembre de 2000.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN DE ESLOVENIA AL CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR, 1960, MODIFICADO POR LOS PROTOCOLOS DE 1964 Y 1982 (CONVENIO DE PARÍS) (Número de expediente 110/000075)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 23. Aceptación por España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960, modificado por los Protocolos de 1964 y 1982 (Convenio de París).


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO A LA CIRCULACIÓN Y ESTANCIA EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA DE NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000076) (Votación)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 24. Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN, RESIDENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE SUS NACIONALES, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000077) (Votación)

Página 7062


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 25. Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, uno; abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA (García Árias): Queda aprobado.


- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA PERSECUCIÓN DE DELITOS GRAVES MEDIANTE LA SUPERACIÓN DE LA EXTRADICIÓN EN UN ESPACIO DE JUSTICIA COMÚN, HECHO EN ROMA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000078) (Votación)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 26. Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; abstenciones, 14.


La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado.


- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA MODIFICANDO EL CONVENIO DE NACIONALIDAD DE 14 DE ABRIL DE 1969, HECHO EN BUENOS AIRES EL 6 DE MARZO DE 2001. (Número de expediente 110/000079)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 4 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000080) - ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM), HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 4 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000081)

- CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 2001.
(Número de expediente 110/000082)

- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CULTURAL Y CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 3 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000083)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO AL CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000084)

- INVITACIÓN A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA AL CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL Y A LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LUGANO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1988. (Número de expediente 110/000085)

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Ahora podemos votar conjuntamente los puntos 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33.


Efectuada la votación, dijo

La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Quedan aprobados por unanimidad.
Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal