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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 204, de 03/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2001 VII Legislatura Núm. 204

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA

Sesión núm. 23

celebrada el martes, 3 de abril de 2001

Página ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

- De la señora Del Campo Casasús (Grupo Parlamcntario Socialista), sobre avances producidos para la creación de los cuerpos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales forenses, previstos en la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (Número de expediente 181/000639) . . . (Página 6117)

- De la misma señora diputada, sobre dotación de las secciones de menores de las distintas fiscalías y plazo en que se completará la adscripción a ellas de fiscales y funcionarios administrativos.
(Número de expediente 181/000643) . . . (Página 6117)

- Del señor Barrero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre concesión de subvención durante varios presupuestos a la Fundación de la Asociación Profesional de la Magistratura «Justicia en el mundo» y denegación de la misma a otras fundaciones de asociaciones profesionales de jueces y magistrados que también la han solicitado.
(Número de expediente 181/000443). . . . (Página 6117)

Página 6116


- Del mismo señor diputado, sobre razones del mantenimiento de la propuesta de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial en materia de elección del Consejo General del Poder Judicial trasladada a los medios de comunicación por el Ministerio de Justicia. (Número de expediente 181/000444) . . . (Página 6120)

- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la elaboración de una ley de retribuciones a jueces y magistrados.
(Número de expediente 181/000445) . . . (Página 6123)

- Del mismo señor diputado, sobre medidas de las propuestas presentadas por el Consejo General del Poder Judicial que el ministro de Justicia considera más urgentes poner en funcionamiento. (Número de expediente 181/000448) . . . (Página 6124)

- Del mismo señor diputado, sobre medidas de las propuestas por el Consejo General del Poder Judicial que han sido efectivamente implantadas. (Número de expediente 181/000449) . . . (Página 6125)

- Del mismo señor diputado, sobre situación y grado de implantación del programa Lince. (Número de expediente 181/000446) . . .
(Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre forma en que se piensa hacer frente a las graves deficiencias que con ocasión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha puesto de manifiesto el programa Libra. (Número de expediente 181/000450) . . . (Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones llevadas a cabo en órdenes jurisdiccionales distintos del civil para que pueda aplicarse de manera efectiva la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (Número de expediente 181/000451) . . . (Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la presentación de un proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para adaptarla a la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a los recursos de casación, extraordinario por infracción procesal, o en interés de ley, abstención y recusación, nulidad de actuaciones, forma de las resoluciones judiciales y capacidad de resolución de los secretarios. (Número de expediente 181/000452) . .
. (Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre forma en que se piensa hacer frente a la necesidad planteada por el Consejo General del Poder Judicial de incrementar el número de jueces necesarios para afrontar con garantías la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
(Número de expediente 181/000453) . . . (Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre previsiones para hacer frente a las necesidades económicas derivadas de la implantación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. (Número de expediente 181/000454) . . .
(Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la puesta en funcionamiento del Registro de rebeldes civiles. (Número de expediente 181/000455) . . . (Página 6127)

- Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista), sobre opinión del Gobierno acerca del modo de aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. (Número de expediente 181/000502) . . .
(Página 6127)

- Del mismo señor diputado, sobre medidas para que la Ley de Enjuiciamiento Civil pueda ser aplicada adecuadamente por los juzgados y tribunales. (Número de expediente 181/000503) . . .
(Página 6127)

- De la señora Alberdi Alonso (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas a tomar ante la gravedad de los retrasos en la administración de justicia en la Audiencia Provincial de Madrid y la falta de medios materiales y personales. (Número de expediente 181/000467) . . .
(Página 6135)

- De la misma señora diputada, sobre previsiones acerca de las transferencias de medios materiales y personales de la Administración de justicia a la Comunidad de Madrid. (Número de expediente 181/ 000468) . . . (Página 6141)

- Del señor Barrero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones del fracaso de las penas alternativas a la prisión, establecidas en el Código Penal de 1995. (Número de expediente 181/ 000441) . . . (Página 6143)

- Del mismo señor diputado, sobre razones que justifican la disminución de los denominados juicios rápidos. (Número de expediente 181/000442) . . . (Página 6143)

Página 6117


- Del mismo señor diputado, sobre medidas para potenciar la celebración de los llamados juicios rápidos. (Número de expediente 181/000447) . . . (Página 6143)

- Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de presentar un proyecto de ley que regule la materia de la nacionalidad. (Número de expediente 181/000504) . .
. (Página 6147)

- De la señora Rodríguez Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsión en relación con la reforma legislativa necesaria para incorporar al texto refundido de la Ley de procedimiento laboral el contenido de su disposición adicional vigesimocuarta. (Número de expediente 181/000614) . . . (Página 6147)

- Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsión acerca de la construcción del nuevo edificio que albergará los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cervera de Pisuerga (Palencia) (Número de expediente 181/000692) . . .
(Página 6149)

Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.


PREGUNTAS:

- DE LA SEÑORA DEL CAMPO CASASÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AVANCES PRODUCIDOS PARA LA CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE PSICÓLOGOS, EDUCADORES Y TRABAJADORES SOCIALES FORENSES, PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. (Número de expediente 181/000639)

- DE LA SEÑORA DEL CAMPO CASASÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DOTACIÓN DE LAS SECCIONES DE MENORES DE LAS DISTINTAS FISCALÍAS Y PLAZO EN QUE SE COMPLETARÁ LA ADSCRIPCIÓN A ELLAS DE FISCALES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. (Número de expediente 181/000643)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a dar comienzo a la sesión y doy cuenta a SS.SS. de que, de acuerdo con los portavoces, el debate se ordenará en dos partes. En primer lugar contestará el señor secretario de Estado a las preguntas que figuran en los puntos 3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o y 8.o y a continuación intervendrá el subsecretario para contestar a las preguntas que figuran en los puntos 1.o, 2.o y 9.o hasta el final, con la salvedad de que las preguntas de los puntos 22.o y 23.o han sido retiradas por los grupos formulantes.


- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DURANTE VARIOS PRESUPUESTOS A LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA «JUSTICIA EN EL MUNDO» Y DENEGACIÓN DE LA MISMA A OTRAS FUNDACIONES DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE JUECES Y MAGISTRADOS QUE TAMBIÉN LA HAN SOLICITADO.
(Número de expediente 181/000443)

El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulo por mi parte, agradeciendo una vez más al señor secretario de Estado su presencia en esta Comisión, vamos a dar comienzo al desarrollo del orden del día, y doy la palabra a don Javier Barrero para que formule la pregunta que aparece en el punto 4.o del orden del día.
Tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Me limitaré a formular la pregunta según aparece recogida en el orden del día y a esperar la contestación de la información que se solicita del secretario de Estado de Justicia.
La pregunta se limita a solicitar los datos que expliquen la concesión de subvenciones durante varios presupuestos a la Fundación de la Asociación Profesional de la Magistratura «Justicia en el Mundo» y denegación de la misma a otras fundaciones de asociaciones profesionales de jueces y magistrados que también la han solicitado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): En primer lugar, buenos días y muchas gracias, señor presidente, miembros de la Mesa y portavoces de los grupos parlamentarios, por el esfuerzo, yo creo que nos beneficia a todos, de racionalizar el conjunto de preguntas. En aras de obtener la

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señoras y los señores diputados una mejor información, el método seguido es satisfactorio. El deseo en esta larga comparecencia, tanto del secretario de Esado de Justicia, como del subsecretario de Justicia es dar a SS.SS. toda la información solicitada y en todo caso en los extremos que pudiera quedar alguna cuestión pendiente asumimos el compromiso, como lo asumimos en alguna comparecencia anterior y cumplimos satisfactoriamente, de trasladar a la Cámara la información complementaria.
En relación con la pregunta concreta que formula el diputado señor Barrero, veo que el señor Barrero no está satisfecho con la contestación que hasta ahora se ha dado y quizá lo que le preocupe no sea la respuesta sino el hecho de que sea esa institución la que reciba la subvención nominativa. Lo digo porque ya tiene una contestación escrita que obra en su poder y a su vez tiene contestaciones verbales sucesivas a esta misma pregunta, formulada en algunas ocasiones por él mismo y en otras ocasiones por compañeros de su grupo parlamentario.


Quiero hacer una matización a la pregunta, que aun siendo un matiz tiene un altísimo alcance, es decir no es una cuestión menor. No estamos hablando de una subvención nominativa contemplada en la sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado a una asociación judicial concreta, es decir a una asociación de jueces de la carrera profesional específica, tal y como sería la Asociación profesional de la magistratura; no se trata de eso sino de algo bien distinto, y creo que es importante distinguirlo puesto que sería realmente confundir una cosa con otra pensar que desde el Ministerio de Justicia se está dando una subvención a una asociación judicial. El Ministerio de Justicia no otorga subvenciones a ninguna asociación judicial, sino que es el Consejo General del Poder Judicial el que lo viene haciendo desde hace varios años, y el Ministerio de Justicia respeta ese principio y le parece muy razonable mantenerlo. En ese sentido, la subvención se da a una institución de alcance internacional, que es la Unión internacional de magistrados, una institución de ámbito internacional fundada en el año 1953, que en la actualidad cuenta con 60 asociaciones judiciales que representan a otros 60 países, instaurada en los cinco continentes y que es, sin lugar a dudas -y este es un dato que no tiene réplica posible-, la asociación internacional en el ámbito de la judicatura de mayor relevancia mundial tanto por sus trabajos como por su desarrollo histórico y por la cantidad de afiliados que tiene, que llega a más de 100.000 jueces profesionales, como por el ámbito territorial en el que viene trabajando. Esa asociación internacional tiene unos fines que yo creo compartimos todos los demócratas y todos los que trabajamos para la defensa de los derechos y libertades, que es la fortaleza del Estado de derecho, promover y defender la independencia judicial como instrumento para hacer posible en todos los países una democracia desarrollada y avanzada y garantizar finalmente, a través de una mayor profesionalización, cualificación y formación de los jueces y magistrados en ella asociados, una renovación y fortaleza de la justicia como poder y también como forma de resolver los problemas de la convivencia democrática.


La sede permanente de esa Unión internacional de magistrados se encuentra en Roma, y el Comité ejecutivo internacional y el Consejo central de la asociación decidió el 26 de septiembre del año 1996 constituir una fundación. A España le cupo el honor de ser nombrada como sede permanente, y yo creo que independientemente de la sintonía o afinidad que se pueda sentir o no con una asociación de carácter internacional, para España es siempre un honor que una asociación de esa relevancia en el mundo de la justicia decida establecer Madrid como sede permanente. En ese sentido, el Comité presidencial decidió el 26 de septiembre establecer la sede permanente en Madrid, y el Comité de presidencia de la fundación de la Unión internacional de magistrados constituyó el patronato el 8 de diciembre; como era lógico al tener sede en Madrid, la fundación se inscribió en el registro de fundaciones, y a partir de ese momento se solicitó del Gobierno que hubiera una ayuda no a los trabajos de la fundación, no a los trabajos de la Unión, sino a un objeto muy preciso y muy específico que es otorgar anualmente un premio que la Unión internacional de magistrados, y singularmente el patronato, viene otorgando. El Ministerio de Justicia decidió en aquel momento, en el año 1997, hacerlo efectivo para los presupuestos de 1998, y deseó hacerlo y asumirlo con la máxima transparencia posible. Saben ustedes -lo hemos hablado más de una vez- que de las diferentes figuras presupuestarias que existen, hay una que por excelencia reúne todos los requisitos de la máxima transparencia -y algunos de ustedes que han manejado directamente el presupuesto lo saben-, que es la subvención nominativa. Existiendo una subvención nominativa, es evidente que lo que se hace es dar transparencia a esa subvención y a su destino, y por tanto parece muy razonable que se mantenga esa subvención, que no supone denegar nada a ninguna asociación judicial española puesto que el Ministerio de Justicia no tiene competencia ni responsabilidad de otorgar subvenciones a cualquier asociación judicial española. Es indudable que si hubiera otra asociación judicial de este rango, comparable en envergadura, en la entidad que tiene en el ámbito mundial, con más de 100.000 magistrados y 60 países, el Gobierno consideraría alguna propuesta, pero todavía no ha llegado por la sencilla razón de que no existe en el mundo una unión internacional de magistrados con tal rango de implantación y acreditación.
No sé si esta respuesta viene a ser suficiente, señor Barrero. En todo caso, podemos seguir hablando de lacuestión.


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El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Voy a ser breve.
La respuesta puede o no ser suficiente; en todo caso hay ya una respuesta en acta. A mí no me preocupa que haya un dinero destinado por vía de transferencia corriente a una asociación del carácter que sea. Es más, nosotros no hemos pedido en ningún momento que se rechacen o se limiten esos apoyos o esas ayudas, pero creo que deberíamos matizar la respuesta del secretario de Estado para que tuviera al menos conocimiento de cuál es nuestra preocupación real.
No es una subvención a una asociación de la magistratura española que tenga importancia de carácter internacional sino que a efectos estrictamente presupuestarios se da por su connotación nacional. No se habla de transferencia destinada al exterior, sino de una transferencia corriente -lo estoy leyendo- dedicada a la fundación Justicia en el Mundo que cuenta con una partida de 7.000.000 de pesetas. La importancia de carácter internacional que pueda tener esta asociación es muy plausible y se abunda en sus méritos, pero es una transferencia corriente destinada a la fundación Justicia en el Mundo, de la misma forma que hay otras instituciones sin fines de lucro, como algunas que promueven el derecho de libertad religiosa, dotadas con 14 millones, etcétera. Hay también unas transferencias al exterior de la Conferencia de ministros de Justicia de países iberoamericanos y demás que tienen otro tipo de transferencia y de lectura presupuestaria; pero esta va destinada a una asociación que se residencia en nuestro país; tendrá connotaciones internacionales, pero se residencia en nuestro país y va dirigida estrictamente a la parte nacional de esa asociación que, insisto, tendrá el carácter internacional que usted le quiera dar o que realmente tenga. Hay otro tipo de asociaciones, seguramente con una aportación internacional menos brillante, muy limitada -a lo mejor no la tienen- pero que cubren un espacio importante en nuestro país. Por ejemplo, la asociación Antonio Carretero, que tiene otro tipo de ideas, de espíritu, o una forma diferenciada de conocer el mundo judicial o de entender los proyectos que a todos nos preocupan, no cuenta con ningún apoyo ni ayuda del Ministerio. Se nos hace difícil la argumentación de que por vía del apoyo o de los avales internacionales, o ese tipo de argumentos, unos pueden tener algún tipo de ayuda del Ministerio y otros no.
La ayuda que ustedes prestan a la fundación Justicia en el Mundo es limitada en el tiempo -si no recuerdo mal sólo lleva cinco años- y las ayudas de otras fundaciones no tienen todavía ningún precedente, pero desde este grupo buscamos el máximo de apoyos, también por vía del Ministerio, al resto de fundaciones. Si usted considera que es preciso algún tipo de trámite o camino que permita que otras fundaciones, también sólidas, importantes y que a lo mejor tienen vocación internacional, y la transferencia corriente apoyaría esas vocaciones internacionales; si usted ve algún camino que pueda brindar la oportunidad de que estas fundaciones tipo Antonio Carretero tengan también alguna apoyatura por vía de presupuestos, haríamos buena su comparecencia.
No voy a decirle que en aras de buscar una vía que permita apoyos a otras fundaciones dejase al margen aquello que pueda significar una descortesía con el Ministerio, por tanto no hablaré de subvenciones encubiertas ni nada por el estilo; pero insistiré en lo que aquí nos trae. Estamos muy informados de la bonanza y de las virtudes que adornan a la fundación Justicia en el Mundo, las aplaudimos, nos parece espléndido, ya nos lo han dicho por escrito y de manera oral; pero queremos poner de manifiesto que con más humildad, sin duda, con más modestia parece que también hay otras fundaciones, como la Antonio Carretero, de la que existen virtudes que también importa destacar. Estoy seguro de que habrá fórmulas que permitan que ese tipo de fundaciones se consoliden, que sean sólidas, que hagan bien su trabajo también por vía presupuestaria. Eso es lo que queremos poner de manifiesto.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, muy brevemente, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Quiero agradecer al señor Barrero el tono de su intervención; pero junto al agradecimiento permítame que muestre mi satisfacción porque el desarrollo de la misma me ha dado a entender cuál es el problema.
Vuelve usted a hacer imposible mi respuesta porque confunde que el Ministerio de Justicia da una subvención a una fundación internacional. Confunde esa financiación con el apoyo a una asociación judicial concreta; en ese marco en el que usted se mueve es como si estuviéramos financiando la Asociación profesional de la magistratura y diciendo que estamos ayudando a su trabajo. Es bueno distinguir, y usted lo hace en la segunda parte de su intervención cuando dice que le preocupa no tanto la subvención a esa fundación internacional como que se ayude a otra fundación nacional, y hace una mezcla diciendo que quiere que se ayude a otra asociación judicial concreta que está detrás de esa fundación concreta. En esa segunda parte de su intervención usted distingue claramente entre la fundación Antonio Carretero, que me merece todo el respeto y por la que siento un gran aprecio tanto en su trabajo como por las personas que lo hacen, cuando pide para la fundación y no pide para la asociación; en cambio, no quiere hacer esa distinción cuando se recibe para la fundación y no se recibe nada para la asociación. Como sé que usted comparte esa clara distinción me alegro de que finalmente sea así, que comparta que el Ministerio de Justicia está dando una subvención nominativa, transparente, a una fundación internacional dirigida por personas distintas, fíjese que los miembros de ese jurado del premio internacional son el presidente honorario,un magistrado alemán; don Mario Soares...


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El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que termine, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Concluyo muy rápidamente. Enrique Silva Cima, ex canciller de Chile, y Federico Carlos Sainz de Robles, que es singularmente reconocido y no pertenece a esa asociación judicial de la que usted dice que recibe la subvención. Con esto nos aclaramos, no hay una subvención del Ministerio de Justicia para una asociación y desde esa aceptación sí estamos abiertos a que se pueda hablar en otras ocasiones de otras fundaciones que merezcan ese prestigio, ese crédito internacional. Me alegro de que esta reiterada pregunta por lo menos quede zanjada por esta vez y espero que hayan quedado resueltas todas las dudas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.


- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES DEL MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL TRASLADADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/000444)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5, señor Barrero, por favor.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, debo llevarme al despacho la información de que las únicas ayudas que se pueden prestar son a fundaciones internacionales, no a fundaciones nacionales. Una vez solventados todos los problemas de explicaciones, de diferencias, de matices, quiero saber si las fundaciones nacionales merecen la pena, y no estoy muy seguro de haber sido suficientemente informado. Le brindo la oportunidad en algunas de las preguntas posteriores de que nos la ofrezca. ¿Sólo se ayuda a fundaciones internacionales o también a las nacionales?

El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, estamos en la pregunta número 5.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, reitero lo que aparece en el orden del día: Razones del mantenimiento de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de elección del Consejo General del Poder Judicial trasladada a los medios de comunicación por el Ministerio de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA: (Michavilla Núñez): Permítame la Presidencia una breve mención a algo que ha dicho el diputado Barrero. No ha sido deseo del Ministerio de Justicia decir que sólo recibirán subvenciones las fundaciones internacionales sino que esa partida está asentada desde hace varios ejercicios presupuestarios y desde luego parece que hay razones que acreditan el prestigio que supone para España tener la sede en nuestro país de una fundación internacional, toda vez que usted ha reconocido claramente que no se está ayudando a una asociación española sino a una fundación internacional, mantener esa consignación presupuestaria transparente y no rechazarla ni negarla. Esa decisión del Ministerio de Justicia además usted la ha compartido en la medida en que incluso ha dicho que aplauden la gran relevancia internacional de esa fundación. Para concluir, entiendo que tanto usted como yo estamos de acuerdo en no negar lo que se ha venido otorgando.
Siguiente cuestión. España reclama una modernización, una agilización y también reclaman los ciudadanos una despolitización de la justicia.
En ese sentido, agilización, modernización, despolitización deben ser ejes de una justicia que se acompase al proceso de modernización extraordinario que hemos protagonizado los españoles en los últimos 20 años. Por esta razón en ese proyecto de reforma de la justicia que hemos presentado a todos los grupos parlamentarios, a todas las asociaciones judiciales, a todas las asociaciones de fiscales, de secretarios judiciales, a los sindicatos del personal al servicio de la Administración de justicia, a las comunidades autónomas, a las distintas instancias colegiales en el ámbito de la Justicia, al Consejo del Poder Judicial y al propio Consejo fiscal, hemos presentado una propuesta. Tenemos un modelo de designación del Consejo General del Poder Judicial en el que hay unanimidad sobre que es mejorable. Yo creo que no hay que mantenerse en el inmovilismo de considerar que el actual modelo no tiene mejora posible y por tanto proponemos mejorarlo. Esa propuesta la hizo el Partido Popular cuando se presentó a los españoles en las elecciones generales, es la propuesta que presentó el ministro en su primera comparecencia, y es la propuesta que reitera en su comparecencia del 14 de febrero. Es una propuesta destinada a hacer una justicia que sobre todo defienda mejor el interés general y anclada sobre todo en una mejor tutela efectiva de los derechos de todos los ciudadanos. Ese propósito anima la propuesta, sobre la cual, ya lo dijo el ministro, está abierto al diálogo y a que alguien, saliendo del inmovilismo, le ofrezca una fórmula que supere las deficiencias del modelo actual.


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: No aporta usted mucho, señor secretario de Estado, con la contestación

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que ha dado a la pregunta. La pregunta buscaba que en sede parlamentaria por fin podamos saber ya de manera detallada cuál es el modelo de elección del Consejo, lleno de modernidad al parecer, que ustedes plantean, y hacerlo así para tener ya un conocimiento detallado y claro de cuál es su posición, porque su posición depende de que se haga una lectura de sus programas, de que se escuche al ministro cuando viene por aquí o de que se tengan otras conversaciones. Teníamos interés en saber hasta qué punto tienen una voluntad seria, firme y consolidada por dar carpetazo al modelo actual e iniciar un modelo distinto, en el que -no tengo que decirlo- se enfrentarían seguramente no ya con el Grupo Socialista, sino con el resto de los grupos que no ven las bondades acerca de la nueva elección de los miembros del Consejo por vía que no sea la parlamentaria. Para empezar a discutir y a debatir sobre ese tipo de bondades, yo confiaba que hoy fuera el día que abriera la puerta para un discurso más doctrinario, más fundado, más cerrado acerca de ese tipo de bondades y hablar de las legitimaciones, si son mejores las gremiales que las parlamentarias; hablar por fin aparte de las frases redondas o hechas, de qué significa el inmovilismo cuando lo que se hace es retroceder hacia posiciones de los años setenta; qué significa modernización a efectos de elección de los miembros del Consejo y cómo ustedes la plantean, por qué se habla de politización en el modelo español y no en el francés o italiano donde incluso el presidente del Consejo como usted sabe es un ministro. Esperábamos hoy que los grupos políticos iniciáramos ya un proceso de información clara acerca de qué es lo que les preocupa y les ocupa a efectos de los cambios en la elección del Consejo. Seguimos sin saber con seguridad en qué territorio se mueven; sabemos que quieren cambiarlo, creemos que quieren volver al antiguo de un proceso de representación que tenga su legitimidad en las asociaciones, este es el tema, el sindicalismo si usted quiere decirlo de otra manera, y que quiera conformar vías de modernidad que no compartimos y vías de despolitización que no entendemos muy bien a qué se refieren cuando existen en derecho comparado legitimidades similares a las nuestras por vía parlamentaria que nadie del Gobierno francés o italiano se ha permitido el lujo de decir que esté despolitizado o politizado un Consejo por el hecho de que su máxima representación esté en manos de miembros del Ejecutivo. En todo caso, quisiéramos ver cuál es de verdad lo que ustedes quieren traer aquí, si es que hay voluntad de traerlo al Parlamento, e iniciar ya por vía de esta pregunta algún tipo de debate sobre ello y en todo caso un nivel de información mayor.
Si no jugamos a los temas dialécticos, que he visto le gusta hacer -y en la primera pregunta lo he podido comprobar-, me parece que es mejorable el trámite y el método, y lo hemos dicho públicamente.
Usted sabe cuál es nuestra voluntad o nuestra decisión política en este tema, que no es otra que mantener las reglas del juego actuales en el tema de la elección del Consejo, pues entendemos por muchas razones que su legitimidad es mayor. Creemos sin duda que es mejorable el método y también hemos apuntado en más de una ocasión cuáles pueden ser los instrumentos que mejoren el método de elección, pero yo creo que en esa unanimidad estamos todos los grupos parlamentarios. El método es mejorable, pues esto nace de la experiencia en general. Cuando uno comprueba que determinados instrumentos son mejorables con el transcurso del tiempo la experiencia nos mueve generalmente a eso, pero me da la impresión de que ustedes están bastante solos en este tema respecto al resto de grupos políticos. Si no quiere dar una información más detallada o una contestación más sólida sobre esta cuestión le asiste todo tipo de prudencia y de derechos, pero deberíamos empezar ya en sede parlamentaria a tener un debate serio sobre este asunto para que todos vayamos viendo cuál es la posición real, sin frases de carácter sociológico, destinadas a desarticular argumentaciones del otro, mucho más profundas de las que merecen frases un poquito frívolas, en todo caso muy sociológicas, de inmovilismo, modernidad, porque esto permite otro tipo de frases contundentes que no voy a decir aquí, ya que no es ésta la sede ni estamos en campaña, pero sí me produce cierta frustración, señor secretario de Estado, que no intente profundizar, por vía de información, en la visión que tienen y nos adelante la decisión que debe estar medio adoptada por parte del Gobierno, de acuerdo con la cual tendremos una nueva legitimidad en cuanto a la elección del Consejo y una nueva conformación, por vía de proyecto, de lo que debe ser un nuevo Consejo General del Poder Judicial por vía de elección. Si puede hacerlo ahora se lo agradecería, y si no me imagino que habrá motivos para un debate más profundo sobre esta materia. Nosotros, desde luego, estamos pensando incluso en presentar una interpelación que nos permita un recorrido parlamentario más amplio sobre una cuestión que debería ocuparnos bastante tiempo.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Comprendo totalmente, su frustración, señor Barrero, pero quizás la frustración venga de la decisión que el Grupo Parlamentario Socialista adoptó en el año 1985. En ese año 1985 se impuso unilateralmente una quiebra de un modelo consensuado en el año 1980, que respondía al espíritu de la Constitución, y estoy seguro que no se hizo por razones partidistas; se hizo con la mejor de las intenciones, con el ánimo de resolver mejor los problemas que los ciudadanos tienen cuando se dirigen a la justicia. Estoy seguro que no se hizo por razones partidistas sino con el ánimo de fortalecer la independencia del Poder Judicial.


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Por eso comprendo la frustración cuando se ve que ese modelo del año 1985 no ha sido bueno, no ha funcionado. Ese modelo del año 1985 es visto mayoritariamente por los ciudadanos como un modelo que ha generado politización de la justicia, y la verdad es que no son frases sociológicas. El Centro de Investigaciones Sociológicas hizo un estudio exhaustivo, con dos mil y pico encuestas en diciembre de 1998, sobre Constitución e instituciones, en el que se advierte que la mayoría de los encuestados considera que el actual sistema de elección del Consejo perjudica a esta institución porque cree que se reproducen las disputas entre partidos. Igual ocurre con el último estudio hecho por Demoscopia a petición del Consejo General del Poder Judicial sobre 1.200 entrevistas directas, personales, a domicilio y no vía telefónica, en el que también se dice que la mayoría de los encuestados manifiesta que no existe independencia judicial. Yo creo que sí existe independencia judicial, pero los ciudadanos tienen una percepción de politización, que, peculiarmente, tienen más los votantes socialistas que los votantes del Partido Popular. Hay un alto porcentaje de votantes del Partido Socialista que creen que está politizada la justicia, que está excesivamente politizado el Consejo General del Poder Judicial, y, si vamos a reformar la justicia, creo que eso requiere una respuesta. No sería razonable que hiciéramos una reforma en profundidad de la justicia donde toquemos la posición institucional del Tribunal Constitucional, el papel del Tribunal Supremo, la doble instancia en materia penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la carrera profesional de jueces y magistrados, el fortalecimiento del papel del ministerio fiscal, donde reconsideremos la posición de los secretarios judiciales, donde hablemos del nuevo estatuto del personal al servicio de la Administración de justicia, donde hagamos un nuevo diseño de la Oficina Judicial, donde hagamos una nueva demarcación, con más juzgados y más cercanos, donde hagamos todos eso, hasta 20 capítulos, con 20 ejes, de propuestas de reforma, en un documento importante, intenso, elaborado también por el Partido Socialista, y dejáramos al margen una cuestión que sin duda supone una preocupación de los españoles y que, también sin duda, requiere una mejora.


Por eso hubiera sido absolutamente hipócrita y cínico el aceptar la propuesta que desde el seno de ciertos grupos parlamentarios se nos hace: aprovechen que tienen mayoría absoluta y hagan un Consejo a su medida, como se hizo en legislaturas anteriores. Creo que haríamos un flaquísimo servicio a la justicia, a ese órgano de gobierno de los jueces, si administráramos de esa manera la legislación vigente. Por eso creemos que es bueno, y además posible, modificar la legislación actual. Creo que entre todos debemos evitar que se reproduzca permanentemente lo que se observa en un dossier de prensa en el que cualquier página que coja, en las crónicas de nombramiento de cualquier puesto de magistrado de presidente de la audiencia provincial, en cualquier provincia española, se encuentra con lo siguiente: Hubo un acuerdo entre dos vocales de CiU, uno del PNV y otros de mayoría progresista, en este caso, para nombrar al presidente de una determinada audiencia provincial. Esta noticia es de 31 de octubre del año 1997. Otra noticia de 14 de octubre del año 1996, dice: El sector ideológico conservador respaldó a fulanito; el sector progresista, nombrado por el Partido Socialista, apoyó a zutanito. Creo sinceramente que cuando zutanito o fulanito ejercen su magistratura con la etiqueta de haber sido puestos por el PP, por el PSOE, por Izquierda Unida, por CiU, por el PNV o por Coalición Canaria, a zutanito y fulanito les ponemos difícil superar esa imagen de politización que la raíz de su nombramiento tiene. Y ése es el esfuerzo que creo que entre todos podemos hacer. Y lo podemos hacer respondiendo a una alianza. Usted habla de que estamos solos, pero yo creo que es muy difícil sentirse solo cuando se está con la mayoría de los ciudadanos, que demandan un cambio, y con la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya concluyendo.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Resumo rápidamente.
La sentencia del Tribunal Constitucional -y usted la conoce muy bien- hablaba de que ese modelo tenía un riesgo, el de la politización; de que ese modelo corría ciertamente el riesgo, con una alta probabilidad, de hacer posible una actuación contraria al espíritu de la norma, repartiendo cuotas partidistas, y eso es lo que realmente ocurrió, reconozcámoslo así. Dice usted que el mismo modelo podría superar ese riesgo que existió y se produjo, pero la realidad es que no logró superarlo. Y en este esfuerzo en que está el Gobierno del Grupo Popular no dude de que nuestra propuesta es muy clara. Se hizo una Constitución por consenso y se hizo una ley, en el año 1980, también por consenso. Recuerdo que la Ley del año 1980 la aprobaron todos los diputados de la Cámara menos 11, incluyendo su grupo parlamentario, y que, rompiendo el consenso, unilateralmente, se reformó en el año 1985. La unilateralidad no es mala si hubiera sido bueno el resultado, pero el problema es que el resultado no fue bueno, porque así lo dicen los ciudadanos y así lo demuestran los hechos. Hagamos ahora un esfuerzo para superar ese modelo, que es un modelo perfectible, y encontremos un modelo mejor. Nosotros hacemos una propuesta que entronca con la Constitución, y estar con la Constitución es estar siempre con la soberanía popular, puesto que la esencia de la soberanía popular está exactamente en la Constitución.
Permítame un pequeño matiz. Me habla de gremialismo y de sindicalismo. A mí, que procedo del mundo universitario y que estoy muy satisfecho, como todos

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los miembros de esta sala que pertenecen al mundo universitario, de poder elegir a los rectores junto con el personal auxiliar y con todo el personal administrativo, la verdad es que no me gusta que en el mundo universitario se diga que, por una ley que hicieron ustedes, se eligen democráticamente los órganos de gobierno de las universidades.
Creo que hay que cuidar los epítetos para no desprestigiar a las instituciones. Me parece loable el esfuerzo que hace usted por defender un modelo que aprobaron en 1985, pero, dado que los hechos han demostrado que ese modelo es mejorable, esforcémonos en mejorarlo. Y, sin duda, será el Parlamento quien lo haga. No dude usted, señor Barrero, de que cuando sea el momento se hará. En este momento estamos hablando con los grupos parlamentarios, estamos hablando sobre una propuesta y esperamos que alguien nos convenza de que existe una propuesta mejor.


- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE UNA LEY DE RETRIBUCIONES A JUECES Y MAGISTRADOS. (Número de expediente 181/000445)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6 y para formularla tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: La pregunta es muy corta: ¿Cuáles son las previsiones acerca de la elaboración de una ley de retribuciones a jueces y magistrados?

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): El compromiso del Gobierno, el compromiso del ministro de Justicia, expresado solemnemente, es abordar una deuda histórica que la justicia tiene con los jueces desde hace 16 años, desde el año 1985, la de superar el actual modelo retributivo que es de hace más de 21 años. Ese compromiso, que asumió esta Cámara en el año 1985, esperamos que sea uno de los ejes fundamentales de una justicia más moderna y reformada, que resuelva mejor los problemas que tienen los ciudadanos cuando acuden a ese poder del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: El señor secretario de Estado viene especialmente austero en el uso de la palabra, especialmente rácano (Risas.) Espero que la palabra rácano sea constitucional y no signifique nada que no sea políticamente correcto El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No, pero no sé si tiene el mismo sentido que usted le da.


El señor BARRERO LÓPEZ: Que los jueces no están bien pagados lo sabíamos, y no sólo los jueces sino también los magistrados, los fiscales y el mundo de la Administración de justicia, que tiene una enorme responsabilidad en su trabajo y que, por mor de la incompatibilidad y como consecuencia de ese nivel de trabajo importante, debería tener un nivel retributivo equiparable, al menos, con otros colectivos que seguramente tienen una responsabilidad menor. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, yo esperaba que nos avanzara algo, imagino que lo hará ahora, acerca de qué elementos objetivos va a aplicar a la hora de plantear el proyecto que permita una ley de retribuciones de mayor interés.
Nosotros hemos presentado, como usted sabe, en el Parlamento, en este Congreso de los Diputados, una propuesta destinada a hacer posible este cambio retributivo -no sólo una mejor retribución sino un cambio retributivo- que consolide determinadas propuestas ya iniciadas en el Consejo General del Poder Judicial, como la retribución por módulos, el hecho de que haya unos registros de asuntos, poniendo de manifiesto determinados elementos objetivos que permitan, primero, valorar un trabajo bien hecho y, después, estimularlo de forma tal que tenga consecuencias positivas a efectos de limitar o reducir la tendencia de los asuntos pendientes en los órganos judiciales, que, como usted recordará, se acercan ya a los dos millones en este momento.
Seguramente todo esto tendrá consecuencias positivas, pero nos gustaría que nos dijera qué tipo de módulos, qué tipo de elementos objetivos van a configurar ese cambio normativo que ustedes plantean, en el que confío podamos coincidir, y les invito a que esa coincidencia se produzca en un plazo de tiempo cercano, con el debate de la propuesta del Partido Socialista sobre el cambio retributivo en jueces, magistrados y fiscales.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor Barrero, me alegro de que corrija en sus palabras el texto de su pregunta y que comparta con el ministro de Justicia su deseo de no limitar la reconsideración y mejora retributiva sólo a jueces y magistrados, y que la haya hecho extensible a lo que ha manifestado el ministro de Justicia desde el principio, es decir, al ministerio fiscal y al resto del personal al servicio de la Administración de justicia. Hacen ustedes una propuesta que en este momento debemos incorporar en ese diálogo del pacto de Estado. Me parece que todos estamos de acuerdo en que el modelo retributivo es el eje fundamental de una justicia

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más moderna. Tenemos un régimen retributivo en el ámbito de la justicia que se diseñó en el año 1980, pero con un modelo muy superado ya en el propio año 1980 en el resto de las retribuciones procedentes del Estado. Las retribuciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio del Estado en sus distintos ámbitos ya han sufrido unas modernizaciones por las que todavía no ha pasado la justicia, en perjuicio, dicho sea de paso, de los propios jueces. Creo recordar que en el año 1985 se estableció ese compromiso de mejorar las retribuciones, de hacerlo por ley; compromiso que no sólo se desoyó, sino que en el año 1989, cuatro años después, en vez de asumirlo, lo que se hizo fue desarrollar la vieja ley de retribuciones del año 1980 mediante el Real Decreto de 21 de abril de 1989.
Nuestro deseo no se queda en palabras, creo que lo hemos demostrado con hechos ciertos y evidentes. En el ámbito del personal laboral -al que me remito, aunque no estaba en su pregunta, porque usted luego lo ha citado-, por primera vez se llegó a un acuerdo con todos los sindicatos, en el último trimestre del año pasado, por el que se logró una mejora retributiva sustantiva que fue bien valorada por todos los interlocutores sociales. También se acordó en el ámbito de los secretarios judiciales, de los que usted se ha olvidado, no deliberadamente, sino por pura omisión, y que también merecen incorporarse en ese esfuerzo por hacer una justicia más moderna, al igual que en el ámbito de fiscales, jueces y magistrados.
Sabe usted, señor Barrero, que desde el año 1985 estaba pendiente un gran esfuerzo para evitar que la retribución estuviera muy por debajo de la que debería corresponder a un servidor público que dedica, primero, años de formación en la universidad, después, años de esfuerzo para aprobar una oposición y, finalmente, tiempo de formación en la escuela judicial. Para esa persona que invierte una media de nueve años en formarse, las retribuciones de los grupos ocho y nueve eran realmente muy bajas. Este equipo del Ministerio de Justicia cuando empezó a reunirse con las asociaciones -cosa que sabe usted viene haciendo periódicamente; mensualmente hay una reunión con las asociaciones para afrontar esa modernización retributiva- comenzó hablando no de compromisos en el aire, sino de decisiones concretas, y adoptó una decisión muy nítida, que ha sido la primera decisión desde el año 1985 que ha tenido una trascendencia retributiva extraordinariamente importante, no sólo desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. Un porcentaje elevadísimo de jueces del grupo nueve han pasado a cobrar 1.175.000 pesetas anuales más, y 587.800 pesetas anuales más los del grupo ocho. Todos los de los grupos ocho y nueve han visto incrementadas sus retribuciones entre un 14 y un 23 por ciento. Eso ha afectado a un amplio número de miembros de la carrera judicial y fiscal. No olvidemos que estamos hablando de casi 800 miembros de una carrera judicial y fiscal que tiene 3.400 profesionales de la judicatura y 1.519 profesionales de la fiscalía. Es decir, en ese entorno de 5.000 personas un aumento retributivo de casi el 20 por ciento a 800 personas, ha supuesto un extraordinario esfuerzo, que tiene sus razones, que tiene sus motivaciones. Viene motivado precisamente por la necesidad de hacer que la justicia sea más ágil, más dinámica y sea para el ciudadano una tutela más efectiva. Fíjese usted que estamos hablando de un esfuerzo retributivo en el marco de unos presupuestos que se presentan por primera vez, lo cual es un gran éxito de todos los españoles, con un déficit presupuestario cero. Creo que ese éxito de todos los españoles, que permite crear empleo, es la mejor medicina para nuestra economía, y en ese marco el Ministerio de Justicia aprueba una subida retributiva que supera en mucho ese entorno de austeridad. No sé si la palabra rácano que usted utilizaba viene al pelo, pero romper ese marco de austeridad precisamente en el ámbito de la justicia ha sido extraordinariamente significativo. Así espero que sea percibido por los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia.
No se trata sólo de mejorar cuantitativamente, hay que mejorar también cualitativamente. Creo que el esquema retributivo con retribuciones básicas, que suponen un 44 por ciento, y retribuciones complementarias, que suponen un 56 por ciento en este momento, es un esquema rígido que genera injusticia. Estoy de acuerdo con usted en que la modernización de la justicia pasa también por hablar de elementos de mejora, de estímulo y de incentivación. Esto hay que hacerlo desde tres ejes. Desde un eje en conjunto de la justicia.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego concluya, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Resumo muy brevemente.
Desde un eje en el que hay una apuesta clara por mejorar los medios materiales y de personal que tiene la justicia, y ese aporte de 250.000 millones es un claro compromiso. Desde un eje de un diseño de carrera profesional, puesto que no olvidemos que debe estar muy vinculada una carrera profesional, que en este momento no existe, donde sólo existe el criterio de antigüedad, a una mejora retributiva, y, finalmente, también desde la propia composición de la retribución final que reciben jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de justicia. Espero que acertemos entre todos en adoptar un modelo que beneficie a esa justicia más moderna.
Perdón, señor presidente, por extenderme en este tema, pero sé que era un tema interesante.


- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPOPARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE

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MEDIDAS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA CONSIDERA MÁS URGENTES PONER EN FUNCIONAMIENTO. (Número de expediente 181/000448)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE LAS PROPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL QUE HAN SIDO EFECTIVAMENTE IMPLANTADAS. (Número de expediente 181/ 000449)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 7 y 8, que formula el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Voy a limitarme a formular las preguntas y a confiar, esta vez sí, en que el secretario de Estado, al margen de expresiones de carácter abstracto destinadas más a campaña electoral que a la información en sede parlamentaria, nos concrete un poco más y nos diga qué medidas de las presentadas por el Consejo General del Poder Judicial el Ministerio de Justicia considera más urgentes y cuáles de ellas han sido efectivamente implantadas. Señor presidente, le doy ya todo el tiempo de mi réplica, porque no la voy a hacer. Me gustaría que pudiéramos concretar un poco las preguntas y, por tanto, la información que recabemos, porque las preguntas no tienen sólo el carácter de intervención política destinada al desgaste mutuo; hay ocasiones, como ocurre en este caso, en que el portavoz se limita a solicitar información para usarla en otros momentos o para tener un depósito suficiente de información. A eso es a lo que quiero dedicarme esta mañana. Por tanto, confío en que esta vez podamos conocer de manera más concreta lo que solicitan las preguntas 7 y 8, que, repito, se refieren a las propuestas que se consideran más urgentes y a las que efectivamente se van a implantar de las 107 que remitió hace poco a esta Cámara el Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Tanto el secretario de Estado como el subsecretario hemos venido con el ánimo de informar y agradecemos la naturaleza de esta comparecencia, que sé que está presidida por el deseo de obtener más información. Voy a tratar de sintetizar, señor presidente.
En cuanto a la coincidencia y a la urgencia, se las voy a resumir no en mis palabras, que podrían tener interpretación de parte, sino en las del Consejo General del Poder Judicial. Cuando recibió en una sesión extraordinaria de su Pleno, hace breves fechas, al ministro de Justicia y al equipo del Ministerio para hablar de las propuestas de reforma de la justicia, planteadas en sede parlamentaria primero y luego a todos los grupos y a todos los interlocutores del ámbito de la justicia, el Consejo, por unanimidad, dijo que compartía más del 95 por ciento de las propuestas de reforma. Que el Consejo se sienta identificado con las propuestas de reforma no tiene que quedarse en motivo de halago para el Ministerio; que haya sintonía entre el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial, por una parte, y entre el Ejecutivo y la inmensa mayoría de los interlocutores, por otra, es un motivo de satisfacción para todos los que estamos interesados en mejorar la justicia. Se ha presentado un nuevo modelo de justicia más moderna, ágil y eficaz, y los ejes esenciales de ese nuevo modelo son compartidos por el Gobierno y el Consejo y por el Gobierno y el grupo mayoritario de la oposición. Pocos son los temas de discrepancia contenidos en el documento que tuvo la amabilidad el Grupo Socialista de hacer llegar al Gobierno y que hemos debatido en alguna ocasión.
Son muchísimos más los puntos de coincidencia que los de discrepancia.
Concretando, me referiré a los ya adoptados: las medidas número 33, 73, 74, 75, 76, 77, 95, 100 y 103. De las 107 propuestas, éstas han encontrado una respuesta satisfactoria en decisiones adoptadas por el Gobierno. Si quiere, luego le doy la información por escrito, no tengo ningún inconveniente. Esto se recoge en las palabras del Consejo General del Poder Judicial cuando ha ido dictaminando en Pleno sobre las distintas iniciativas que ha impulsado el Gobierno.
El refuerzo del gabinete técnico del Tribunal Supremo, solicitado en la medida 33, encontró en la Ley de medidas urgentes para la racionalización de la justicia una reforma que, evitando rigideces originarias, ha permitido una mayor adaptación de este importante órgano. La adaptación de la planta y de los medios personales y materiales a la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal del menor supuso la creación de 156 nuevas plazas de fiscales, que fue recibida como ampliamente satisfactoria por el Consejo General del Poder Judicial, y la creación de nuevos juzgados para el menor, 31 de ellos creados específicamente por Decreto de 24 de enero de 2000. Estos órganos judiciales son, a criterio tanto del Pleno como de la Comisión Mixta del Consejo del Poder Judicial, órganos suficientes para atender la propuesta número 73. Por cierto, he hablado de 156 plazas de fiscales porque he sumado las 129 a las 36 que se crearon inicialmente y a las 17 que están comprometidas.
Que sea competencia de las audiencias provinciales la resolución de los recursos de apelación contra las resoluciones de los juzgados de menores, que fue la propuesta número 74, como recordará, también tuvo usted ocasión de debatirlo en el Pleno de esta Cámara;y, aunque no contó con el voto favorable a la ley, puesto

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que se incorporaron reformas en algún aspecto, sí que hubo un altísimo grado de consenso. El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular estuvieron de acuerdo en recoger esa medida que quedó claramente establecida desde que entró en vigor la ley.
Por lo que se refiere a la especialización de los fiscales que instruyen las causas de menores, ha habido cursos de formación a los que han asistido 262 fiscales, lo cual supone ampliar con mucho la necesidad de fiscales para cubrir los órganos judiciales de menores.
El Gobierno ha pedido que sea aplicado por el Consejo Fiscal, por la Inspección y por cada una de las fiscalías en sus ámbitos de responsabilidad el criterio orientativo de que la asignación de fiscales de menores recaiga sobre aquéllos que tienen cualificación y experiencia en el ámbito de menores. A veces da la impresión de que la Ley del menor ha surgido ex novo y hay que recordar que ya existía en nuestro país el régimen sancionador para los menores de 16 años, administrado con acierto por las comunidades autónomas, desde hace muchos años con competencia exclusiva; es decir, que existían ya muchos y muy buenos fiscales de menores. El Ministerio ha querido hacer llegar al Consejo Fiscal que sean fiscales especializados en menores quienes ocupen las nuevas plazas creadas precisamente para atender con suficiencia la nueva demanda.
En cuanto a la medida número 76, solicitud de unificación del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, quiero informarle de que, con fecha 20 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria unificada. El proceso ha sido extraordinariamente laborioso; exigió incluso una convocatoria extraordinaria de la Comisión Mixta del Consejo General del Poder Judicial, a petición de su presidente por parte del Gobierno, que es el secretario de Estado de justicia, para tratar monográficamente este asunto. Después de esa reunión, hubo una deliberación en el Consejo en la que algunos vocales manifestaron dudas, que yo entendí razonables, pero insistí en que podían ser despejadas; así ha sido.
Sabe usted que los temarios no eran absolutamente idénticos, aunque eran fácilmente homologables. Las comisiones de selección no eran idénticas y existía el deseo de ostentar siempre la presidencia de los tribunales tanto por parte de la carrera fiscal como por parte de la judicial. Al Ministerio de Justicia le pareció que había que buscar una distribución equitativa de las responsabilidades tanto en la composición de los tribunales como en la designación de miembros no profesionales pertenecientes a cualquiera de los dos cuerpos. Se solventaron todas las dificultades en un tiempo récord y creo que hay que felicitarse por la celeridad con que han trabajado tanto la comisión técnica del Consejo como la del Ministerio para hacer efectivo lo que es un buen mensaje para obtener profesionales más cualificados: una única convocatoria anual que permita a los opositores no perder tiempo presentándose sucesivamente a convocatorias de juez y de fiscal preparando temarios distintos.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): También supondrá un ahorro para la Administración de justicia por la cantidad de tiempo que en tantos tribunales pasaban muchos jueces, fiscales y magistrados, no dedicándose a sus tareas ordinarias entretanto.
La medida número 77, tribunales calificadores de las pruebas selectivas unificadas, está en consonancia con la anterior. No se ha respetado totalmente la propuesta que hizo el Consejo, pero quiero decirle que la decisión final se adoptó por consenso. El director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia también ha hecho un extraordinario papel para entenderse con la dirección de la Escuela Judicial.
La medida número 95, la de ampliar provisionalmente la edad de jubilación de los magistrados, parece que a usted no le satisfacía mucho. A nosotros nos gustó y por eso la hemos incorporado a la Ley Orgánica 9/2000. Entendemos que es útil dentro del plan de choque para superar lo que es una peculiaridad de la Administración de justicia en el marco del servicio público: es el único sector en el que hay más plazas de profesionales que profesionales que las desempeñen, de modo que hay que nombrar para cubrirlas no a profesionales sino a personas que no han pasado por la verificación constitucional de los criterios de mérito y capacidad. Ese plan de choque, estimulado por el Consejo General del Poder Judicial, fue puesto inmediatamente en marcha. El régimen de Seguridad Social de jueces y sustitutos, que forma parte también de la misma medida, fue asimismo incorporado en la ley.
Medida número 100: convocatoria de 250 plazas. Quiero señalarle que se han reservado 252, lo cual supone cumplir también la petición del Consejo. Medida número 103: otorgar la jefatura de personal como competencia de los secretarios judiciales. Precisamente es uno de los ejes de la propuesta de reforma que estamos tratando con los grupos parlamentarios.
En cuanto al resto de medidas, al margen del hecho de altísima significación de que el Consejo en Pleno valore más del 95 por ciento, la regulación del nuevo estatuto profesional de la carrera judicial, el ingreso ordinario, el régimen de los turnos...


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, concluya, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Acato su orden, señor presidente, aunque no de buen grado porque tenía interés enser exhaustivo en la información, tal y como me ha solicitado

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el diputado. Por tanto, me acojo a la fórmula parlamentaria de darle la información por escrito.
Sintetizo. Creo que en todos los ejes, carrera judicial, secretario judicial, estatuto del personal, medidas legislativas -de vigilancia penitenciaria y Ley de procedimiento criminal-, estatuto de derechos del ciudadano, oficina de atención a los ciudadanos, modelo y diseño de la oficina judicial, el plan de infraestructuras y el plan estratégico de nuevas tecnologías, se viene a recoger un amplísimo conjunto de las iniciativas. Es más, creo que la buena acogida que la reforma ha recibido hubiera sido imposible sin tantos trabajos previos tan elaborados, donde se ha reflexionado tanto. Quizá convendrá usted conmigo, señoría, en que gracias a esas reflexiones hoy podemos dar el paso imprescindible, que es pasar de la reflexión a la decisión. Ese es el ánimo que impulsa al Gobierno y deseamos hacerlo no unilateralmente sino contando con el mayor acuerdo y consenso posible con todos los grupos de esta Cámara. Confío en que así se va a hacer.


- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SITUACIÓN Y GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA LINCE. (Número de expediente 181/000446)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FORMA EN QUE SE PIENSA HACER FRENTE A LAS GRAVES DEFICIENCIAS QUE CON OCASIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL HA PUESTO DE MANIFIESTO EL PROGRAMA LIBRA. (Número de expediente 181/ 000450)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN ÓRDENES JURISDICCIONALES DISTINTOS DEL CIVIL PARA QUE PUEDA APLICARSE DE MANERA EFECTIVA LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/000451)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA ADAPTARLA A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN LO REFERENTE A LOS RECURSOS DE CASACIÓN, EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, O EN INTERÉS DE LEY, ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN, NULIDAD DE ACTUACIONES, FORMA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LOS SECRETARIOS. (Número de expediente 181/000452)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FORMA EN QUE SE PIENSA HACER FRENTE A LA NECESIDAD PLANTEADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE JUECES NECESARIOS PARA AFRONTAR CON GARANTÍAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/000453)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/000454)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE REBELDES CIVILES. (Número de expediente 181/000455)

- DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL MODO DE APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 181/ 000502)

- DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA QUE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL PUEDA SER APLICADA ADECUADAMENTE POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
(Número de expediente 181/000503)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque número 7, que comprende las preguntas que figuran con los números 9 a 17, y que va a formular el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Son nueve las preguntas que la Mesa ha agrupado y ello me obliga, para no dilatar excesivamente la intervención, a hacer un esfuerzo de síntesis que voy a tratar de llevar a cabo haciendo una intervención más global e incidiendo en aquello que nos parece de mayor relevancia para que informe el señor secretario de Estado. Le agradecemos su presencia en esta Comisión, aunque le doy un pequeño tirón de orejas -si me permite la expresión-

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porque en el tema que nos ocupa, que preocupa mucho al Grupo Parlamentario Socialista, que es la entrada en vigor y la aplicación efectiva de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, desde el mes de mayo del año 2000, por esa tremenda preocupación que, repito, tenemos en el Grupo Socialista, planteamos distintas cuestiones, algunas de las cuales vamos a ver ahora, sin que hayamos tenido ocasión de debatirlas en esta Comisión. Le recuerdo, señor secretario de Estado, que esta ley nació, lamentablemente, sin el suficiente y necesario consenso.
En esas preguntas que hicimos desde mayo del año 2000 lo que planteábamos era que ya aprobada la ley, estando en el año de vacatio, se adoptaran las medidas necesarias para que cuando entrara en vigor no ocurriera lo que nos parece que en buena parte está ocurriendo y que obedece a las preguntas de vigencia de la ley y de problemas efectivos en su aplicación. Cierto es que cuando se aprueba una nueva ley de esta envergadura, una reforma tan importante como es la procesal civil subsidiaria además del resto de las jurisdicciones, se produce una dificultad objetiva que es la que conlleva en sí misma la propia reforma, porque la complejidad de su nueva aplicación inicialmente asusta a todos los operadores jurídicos, desde los jueces, fiscales y funcionarios, a los propios procuradores y abogados. Siendo eso cierto, lo que más nos preocupa es la segunda parte, relativa a la aplicación real y a las medidas adoptadas para que sea eficazmente puesta en marcha. Le adelanto, señor secretario de Estado, que en las fechas en que nos encontramos todavía es posible que falten los datos objetivos suficientes para poder hacer una evaluación, porque han transcurrido tres meses, pero lo cierto es que cuando una ley procesal de esta envergadura entra en vigor, lo que se ha producido en las semanas inmediatamente anteriores es una proliferación de demandas con la antigua ley, por la propia seguridad de los profesionales, que producen un pequeño colapso, pero no por la aplicación de la nueva ley; sin embargo, las demandas que entran, desde luego desde el 8 de enero, son con la nueva ley. Observamos -y le pedimos su respuesta y su valoración- que aquello que veníamos demandando y denunciando en cuanto a la falta de medios personales y materiales está ocurriendo.
Todavía hay una clara insuficiencia de jueces para la aplicación adecuada de los principios de concentración, inmediación y oralidad que reconocemos que en buena parte, aunque no en la medida en que nos hubiera gustado, recoge la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El propio Consejo General del Poder Judicial decía que había que llegar a un número de jueces concreto, que establecía en 5.282, y exponía un criterio para llegar a esta cifra en diez años, que era la selección continuada, durante diez ejercicios, de 250 jueces. Pues bien, vemos que al número insuficiente de jueces se une un doble problema, que sabemos que no es sólo responsabilidad del Ministerio, que es la falta de cobertura de las plazas efectivamente creadas, que hasta hace muy pocas fechas rondaban -y corríjame si no es así- los 577 jueces; parece ser que hace escasas semanas se han debido cubrir -insisto, corríjame si la cifra no es exacta- alrededor de 215. Es decir, hay una insuficiencia en el número de jueces para la aplicación efectiva de la Ley de Enjuiciamiento Civil que algunos cifraban en casi un tercio, al margen del problema de los jueces sustitutos que no vamos a suscitar en estos momentos. Los presupuestos del año 2001 recogían la cifra de 103, muy lejana, insisto, de los 250 necesarios. Pero a su vez hay una falta de medios materiales evidente, al menos en buena parte de los juzgados de primera instancia. Así se consideraba -así lo consideramos nosotros al menos- como necesario e imprescindible una sala de vistas por cada juzgado, que no existe, lo que hace necesario un plan de construcción y de mantenimiento de edificios, un plan plurianual que ya proponíamos en la enmienda de totalidad y en las enmiendas parciales de los Presupuestos Generales de 2001; dos cámaras de grabación en cada sala; una grabadora de sonido; una terminal de ordenador en cada una de las salas con una impresora para, directamente en sala, firmar las actas y entregar las copias; los fax correspondientes; el programa informático que debiera tramitar los procedimientos, tanto en la forma prevista en la ley antigua como en la moderna, que están coexistiendo; mejorar el sistema informático para darle algo de velocidad, ya que es tremendamente lento; cámaras de vídeo portátiles para practicar los reconocimientos, al menos una o dos en la delegación del decanato, etcétera. Pues bien, estos medios no están disponibles en buena parte de los juzgados.
Le adelanto ya, porque es una de las preguntas, que en buena parte de los juzgados de primera instancia en los que al menos una parte de estos medios sí existe no hay funcionarios que conozcan adecuadamente el funcionamiento de los mismos. La disposición adicional tercera de la ley obligaba al Gobierno, también a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, a arbitrar los medios necesarios para que existieran en el plazo de un año antes de la entrada en vigor para la adecuada aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En resumen, nos parece -lo veníamos denunciando- que en buena parte la inexistencia de medios personales y materiales puede producir -ojalá nos equivoquemos, es a partir de ahora cuando eso se puede producir por esa situación de paréntesis que comentaba con anterioridad- un posible colapso si se quiere aplicar adecuadamente la ley en sus propios términos.
Señor secretario de Estado, voy a dar unas pinceladas por encima, para abreviar la intervención, de las preguntas concretas que le hemos formulado. Le preguntamos, para que tenga ocasión de responder a todo ello, por la situación y el grado de implantación del programa Lince, que afecta a la informatización de las fiscalías. Ha mejorado en relación con lo que el Consejo

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decía hace escasamente dos años al hablar de auténtico desastre en su aplicación, fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, lo cual no es un dato que diga mucho a favor del Gobierno, que debe hacer un esfuerzo para que en el resto de las comunidades mejore en la misma medida que en estas otras. No existiendo ese desastre que el propio Consejo manifestaba hace escasamente dos años, sí hay disfunciones en las informatizaciones de las fiscalías entre sí y también con los propios juzgados, pero hay que subsanarlas para la eficacia y la mejor aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil. Un tanto de lo mismo podríamos decir del programa Libra, por el que le preguntamos en la pregunta 10 que viene en el orden del día, que afecta a juzgados y tribunales. Parece ser que muchas de las aplicaciones no sirven y en ocasiones -le decía con anterioridad- hay programas para los que las personas, los funcionarios no tienen la preparación adecuada para poder usarlos, deficiencia o carencia que también debemos resolver.
En la pregunta 11 le hablamos, señor secretario de Estado, del conocido artículo 4 de la Ley de enjuiciamiento civil, del carácter supletorio. Nos preocupa que no se hayan adoptado las medidas necesarias para que esa supletoriedad sea efectivamente aplicada en el resto de las jurisdicciones (laboral, penal, militar), y de forma especial en la jurisdicción penal. Es comúnmente conocido (y sabemos lo que hay en juego en la jurisdicción penal) que las actas a veces son muy deficientes e incluso pueden llegar a dificultar (no es culpa del Gobierno, pero sí es algo que se puede y se debe suplir, para eso está la supletoriedad de la aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil) que la filmación, las grabaciones de los propios juicios orales ayuden a una mejor aplicación de la justicia. Por eso, esas grabaciones de los juicios penales nos interesan de forma especial.
En la pregunta 12 -voy a ir rapidísimo, señor presidente, unos breves minutos en total- deseamos que nos hable sobre la presentación de un proyecto de reforma de la Ley orgánica del poder judicial, para adaptarla a la Ley de enjuiciamiento civil en lo referente a los recursos de casación, extraordinario por infracción procesal o en interés de ley, abstención y recusación, nulidad de actuaciones, formas de las resoluciones judiciales y capacidad de resolución de los secretarios. Precisamente ayer o anteayer me han contestado a una pregunta escrita, aunque con cierta frecuencia no contestan. Esta sí la entiendo parcialmente, porque dicen, habida cuenta de la famosa comparecencia del señor ministro el 14 de febrero, que esto pudiera ir incluido dentro de la negociación del pacto de Estado, y en función de eso las reformas de la ley orgánica pueden ser unas u otras. Me alegra en la parte que deja abierto, al menos parcialmente, un posible acuerdo para mejorar aquello en lo que aún estamos seriamente en desacuerdo en la Ley de enjuiciamiento civil y la correspondiente reforma de la Ley orgánica del poder judicial. Pero le indico que aquí hay cuestiones de coherencia entre la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley orgánica del poder judicial que no afectan al pacto de Estado (actos de comunicación, etcétera), y hay disfunciones claras entre ambas leyes que van a dar lugar a un prolijo número de recursos; sería importante que fuéramos adoptando ya medidas correctoras para que eso no ocurra.
La pregunta 13 habla del sistema y del número de jueces necesarios para la aplicación adecuada y de las necesidades económicas; en aras de la brevedad, no voy a ampliar el parco y cicatero esfuerzo económico, pese a que a los medios de comunicación ustedes les hayan vendido lo contrario de los presupuestos generales del Estado en el ámbito de la justicia, que supusieron poco más de 13.000 millones, 13.056 o algo así, que se lo llevaba casi el capítulo 1, un 80 ó 90 por ciento del programa 142.A, de tribunales de justicia y ministerio fiscal. Pero ustedes han englobado las respuestas a todas estas nuevas exigencias y a todas estas nuevas demandas de entrada en vigor de las nuevas leyes, fundamentalmente Ley de enjuiciamiento civil y Ley responsabilidad penal del menor (a la que no me voy a referir porque no está incluida dentro de las preguntas, pero que también hay problemas importantes en su aplicación y por la existencia de las transferencias implícitas de competencias, y no implícitas también, y explícitas de recursos). Por eso en la pregunta 14, en relación con la 17, hablamos de la necesidades económicas para la adecuada aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil. Señor secretario de Estado, ¿consideran, en definitiva, que se han adoptado esas medidas que veníamos solicitando, que la propia ley exige y demanda para que pueda ser aplicada con una normalidad y una eficacia que nos parece y nos tememos que no va a tener? Señor presidente, tiene que dedicarme una pequeña felicitación porque he reducido a más de un tercio el tiempo que debería haber invertido por la acumulación de las preguntas. Pero de lo que se trata, más que de hacer una crítica (que de la manera más suave posible también he realizado), es de pedir responsabilidad y soluciones al Gobierno; sobre todo nos interesan en este caso las respuestas y la información que el señor secretario de Estado pueda darnos en relación con todas estas preguntas que tienen un denominador común que he tratado de exponer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias de verdad, señor Villarrubia, por su esfuerzo de síntesis, que además revela una buena capacidad de concreción, lo cual es meritorio y de agradecer.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado para contestarle.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No sé si lograré estar a la altura

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de la gran capacidad de síntesis que ha manifestado el diputado señor Villarrubia, pero me voy a esforzar. Voy a ver si después de su extraordinario ejemplo soy capaz de emularlo, de hacer también el esfuerzo de síntesis. Además le agradezco que lo haya hecho y que hayamos podido resumir tantas cuestiones importantes en una, ya que todas tienen un elemento y un denominador común. Estamos en un momento de cambios en la justicia, en un gran momento y hay uno de los ejes fundamentales de esos cambios de la justicia del que el Gobierno es muy consciente. La justicia, para ser de verdad un servicio público (no estoy hablando de lo que tiene de poder, sino de lo que tiene de servicio a los ciudadanos) eficaz, que dé tutela judicial efectiva a los ciudadanos, requiere de más medios, mejor administrados, mejor organizados, más medios humanos, más medios personales y materiales. Y esta situación descrita por el ministro perfectamente tiene una respuesta por parte del Gobierno en ese plan de reforma de la justicia, con un enorme apoyo en términos presupuestarios, una dotación adicional de 250.000 millones de pesetas, que ha sido valorado como satisfactorio y suficiente por el Grupo Parlamentario Socialista, de lo cual tenemos que congratularnos todos, y que ha sido bien visto por todos los interlocutores.
Desde esa situación también hay un denominador común, y es que hay una nueva ley, que usted, señor Villarrubia, me decía que se hizo sin consenso. A partir de esa premisa de que la ley se hizo sin consenso (El señor Villarrubia Mediavilla: Suficiente.) suficiente, creí que me iba a castigar por ello y luego he visto que no; se lo agradezco porque es usted consciente de que no es este nuestro deseo. Es más, nuestro deseo es hacer la Ley de enjuiciamiento criminal que hemos de abordar en esta legislatura con consenso, con acuerdo, siendo una ley pactada entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, de tal manera que dé un modelo de nueva justicia penal estable, un nuevo modelo más ágil, que permita castigar con más eficacia el delito y también que responda a esa exigencia permanente de la doble instancia con carácter general. Nuestro deseo va a ser poder pactar esa Ley de enjuiciamiento criminal y nos vamos a emplear a fondo en alcanzar ese consenso. También es cierto que aquí hay que hacer un equilibrio.
Cuando las reformas son necesarias, a veces cuando alguien no quiere dos no se ponen de acuerdo.
La Ley de enjuiciamiento civil era necesaria, no sólo es bueno que sea la primera ley del milenio y del siglo; era necesaria porque la anterior tenía más de 120 años y España y los españoles habíamos cambiado mucho para mantener esa vetusta ley. Se hizo un gran esfuerzo de consenso y usted mismo es testigo de ello. Es una buena ley y se introducen principios de oralidad, de agilidad, de simplificación, de carácter mucho más ejecutivo y también en muchos aspectos es una justicia más barata. Usted mismo reconoce que es una buena ley; es así que en su pregunta número 11 literalmente me está pidiendo que extendamos los principios de esa ley a otras jurisdicciones. Me dice que es bueno, que hay principios de esta ley que son trasplantables. Me dice que puede ayudar el sistema de cámaras y declaración grabada al ámbito penal. Le agradezco que le reconozca a esa ley que tiene elementos positivos y que incluso quiera hacerlos extrapolables, trasplantables a otros ordenamientos judiciales; andaremos ese camino. Desde esa afirmación de que hay principios buenos en esa ley estos pueden incorporarse en futuras reformas.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial compareció con la autoridad que tiene, no solo institucional, sino también personal, hace muy pocas fechas en esta Cámara, el pasado 29 de marzo, y decía que todavía es pronto para hacer un balance, pero que la entrada en vigor de la Ley de enjuiciamiento civil se ha producido de una manera sumamente razonable. No sería usted de los que lo dijeron, pero se oyeron muchas voces apocalípticas, catastrofistas, que auguraban que esto iba a ser el acabóse de la justicia prácticamente en el mundo. Y es algo a lo que sinceramente estamos acostumbrados quienes trabajamos en el mundo del derecho desde hace algunos años. Yo soy testigo y usted también conmigo, de cómo cuando se aprobó la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa hubo voces realmente apocalípticas que anunciaban también ese cataclismo. En la justicia suele ocurrir, es habitual, que cuando se hace una gran reforma siempre surgen los profetas de la catástrofe; a veces cuesta cambiar.
En el mundo cada vez que hay una cifra anual que finaliza en dos dígitos, es capicúa o sus números pares suman lo de los impares o cosas así de extrañas, siempre hay anuncio de catástrofes. Pues bien, algo parecido viene a suceder cuando en la justicia se aprueba una nueva gran ley. Al final, como la ley es razonable, la ley es una buena ley, que hace una justicia que beneficia sobre todo a quien debe beneficiar la ley, que es al ciudadano, ha entrado en vigor y va marchando. Y se ha hecho un esfuerzo notable de todos; esfuerzo que el Gobierno y el Ministerio de Justicia quiere agradecer. Se ha hecho un esfuerzo de jueces y magistrados, se ha hecho un esfuerzo muy notable -y que singularmente quiero agradecer- de los secretarios judiciales, que cuando tomamos posesión en el Ministerio de Justicia tenían muchos elementos de desconfianza hacia la ley y, sin embargo, han tenido una conducta de colaboración con su eficaz y diligente entrada en vigor, que quiero agradecer. Se ha hecho un esfuerzo por parte de todo el personal al servicio de la Administración de justicia, se ha hecho también un esfuerzo por las comunidades autónomas y, como no podía ser menos, por el Ministerio de Justicia, respaldado en gestión, hechos, cifras, magnitudes económicas y datos concretos.
La ley recibió en su conjunto decisiones importantes. En ese contexto de medios usted ha minusvalorado el incremento presupuestario del capítulo justicia; yo no lo puedo minusvalorar. En un entorno (como he

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señalado en otra pregunta) de déficit presupuestario cero, que el Ministerio de Justicia sea el ministerio que más crezca, con un crecimiento cercano al 10 por ciento, exactamente 9,7 por ciento de los presupuestos, sin duda fue motivado porque era preciso dotar de mejores medios humanos, materiales y técnicos para la entrada en vigor de esta ley, entre otras. Ese esfuerzo se ha notado en temas muy concretos y muy cuantificables. Aumento de jueces y magistrados.
Comparto con usted ese análisis Hay que aumentar el número de jueces.
Lo comparto tanto que soy plenamente solidario con el impulso extraordinario que en los cuatro años anteriores supuso para el Ministerio de Justicia el incremento permanente de plazas judiciales, el aumento de juzgados y de plazas de magistrados. Y para ese esfuerzo por la Ley de enjuiciamiento civil se ha preparado suficientemente nuestra plantilla. Es bueno (y en esto, señor Villarrubia, estoy seguro que vamos a coincidir, porque usted también tiene experiencia) ser muy precisos. Si de verdad vamos a afrontar con rigor y también con decisión un impulso de modernización de nuestra justicia, hay que hacerlo desde bases cuantitativas muy firmes, estables y que no generen confusión, por eso es bueno saber de qué hablamos. Cuando usted me dice que hay 103 nuevos juzgados y que es insuficiente, puesto que el consejo reclama 250, me está confundiendo unas magnitudes con otras; no tiene nada que ver. La creación de nuevos órganos jurisdiccionales no tiene nada que ver con la creación de nuevos jueces que van a desempeñar su trabajo bien en los órganos jurisdiccionales ahora creados o bien en los órganos jurisdiccionales creados con anterioridad, cubiertos por jueces no profesionales. Esta es una distinción absolutamente esencial a la hora de evaluar el ritmo de creación de plazas para acercarnos al horizonte de las 5.282 que usted menciona, que podemos o no compartir pero que ahí está y que es exactamente la que tenemos que analizar con profundidad. Ello requiere, en primer lugar, un esfuerzo en el que estoy convencido que vamos a poder avanzar eficazmente, que es un esfuerzo estadístico, riguroso y serio, que nos demuestre las cargas reales de trabajo, las modulaciones reales de las cargas de trabajo y la incidencia de la nueva organización de la oficina en las cargas de trabajo. Posteriormente tendré ocasión de hablar con su compañera, doña Cristina Alberdi, de algo relativo a esta cuestión y referido al ámbito concreto de Madrid. Es muy importante que en esta cuestión sepamos de qué estamos hablando. A mí me parece que es un esfuerzo prioritario. Resulta difícil (y ustedes tienen experiencias de haber trabajado en otros servicios públicos) hacer proyecciones serias, creíbles y rigurosas cuando no se sabe de qué cifras estamos hablando, y en el mundo de la justicia todavía no se sabe de qué cifras estamos hablando. No ocurre eso en otros servicios públicos donde, afortunadamente, sabemos el número de escolares que entran y salen cada año, sabemos exactamente el número de pacientes que entran y salen cada año, pero nos cuesta saber sinceramente en cada órgano judicial los asuntos que entran, que salen y lo que tardan en resolverse, y ese es un esfuerzo en el que el Ministerio de Justicia ha ofrecido su colaboración al responsable auténtico, que es el Consejo General del Poder Judicial; el Consejo aceptó esa colaboración y estoy convencido de que vamos a poder avanzar mucho rápidamente.
Este trabajo estadístico habrá que realizarlo primero, pero no discutamos ahora cifra, demos por válida la de 5.282 jueces. Me interesa despejar esta cuestión porque es una constante decir si se está creando o no al ritmo suficiente. Si hay una reserva de 252 plazas para la oposición de este año, a ese ritmo, en diez años -que es lo que marca el Consejo-, es decir, para el año 2011, habremos creado 2.520 nuevos jueces que, sumados a los 3.900 puestos actuales o a los 3.400 puestos profesionales, serían 6.400; es decir, estaríamos creando 1.200 puestos más de los que realmente quiere el Consejo, si se fuera a ese ritmo que -insisto- es el del año pasado y el de este año. No estoy haciendo una lectura cicatera para reducir el número de creaciones, estoy tratando de explicar y hacerle entender que hay una diferencia entre el número de profesionales que acceden al cuerpo de jueces y magistrados y el número de órganos judiciales. Y en eso sí le doy la razón: el número de órganos judiciales que se crea en esta ocasión y que están presupuestados es de 103. En esto estoy de acuerdo con usted (y lo estará usted conmigo, si me he sabido explicar correctamente) en que el Consejo General del Poder Judicial ha valorado suficiente esa cifra.
En relación estrictamente con lo que se refiere a la Ley de enjuiciamiento civil para este ejercicio se crearon ya y están en funcionamiento 74 nuevas plazas de juez o magistrado; 30 plazas de magistrado en secciones de lo civil de las audiencias provinciales; 40 plazas en juzgados de Primera Instancia e Instrucción y 40 plazas solo en juzgados de Primer Instancia, esfuerzo que va acompañado por un deseo propuesto por el Gobierno en la Comisión mixta del Consejo General del Poder Judicial de reducir el número de juzgados mixtos que haga posible la división de juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción. De tal manera, hemos abordado ya, y se aprobó hace dos Consejos de Ministros, la separación de los juzgados de Primera Instancia en algunas provincias, en concreto en Castellón, en Málaga y en Huelva; esperamos hacerla en otras nueve que están en estudio por parte del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial y esa va a ser también una respuesta en el ámbito de la primera instancia muy acorde con lo que debe ser la separación de funciones para agilizar el tratamiento que requiere y merece la Ley de enjuiciamiento civil. Para este año el Consejo General del Poder Judicial ha planteado la creación de 103 nuevas plazas, se ha debatido

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en la Comisión mixta del pasado 20 de marzo y esperamos que sea el Consejo quien apruebe la provisión de plazas, muchas de ellas se crean por el tratamiento que requiere la aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil. Hemos atendido una petición del Consejo que nos pareció extraordinariamente razonable: no creemos ya unilateralmente las plazas; esperemos a la evaluación que el Consejo va a hacer a los seis meses de la entrada en vigor de la Ley de enjuiciamiento civil para ver dónde, a tenor de las cargas reales de trabajo conocidas en ese momento, es necesario distribuir la dotación que el Consejo, insisto, considera suficiente.
En lo que se refiere a los medios técnicos...


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muchas gracias, señor presidente, voy a tratar de sintetizar.
Referente a los medios técnicos, cuando entró en vigor la Ley de enjuiciamiento civil, en el territorio del Ministerio estaban cubiertos al cien por cien. Ha mencionado usted dos cámaras de grabación por sala, y quiero recordarle que el criterio del Consejo del Poder Judicial es una sala de grabación -algunas tienen hasta seis cámaras- por cada dos salas de vistas, y ese criterio, considerado más que suficiente por el Consejo General del Poder Judicial, fue el que el Ministerio acató inmediatamente y es el que ha dado lugar a que en el ámbito de competencia en materia de infraestructuras del Ministerio se habilitaran 346 salas de vistas y 260 salas de visionado. Es cierto que eso requiere un esfuerzo adicional de formación de personal, que se ha hecho; si usted hablara ahora con muchas personas que hace dos meses ponían el grito en el cielo, comprobaría que la realidad es que las cosas están progresando de una manera razonable. Se hizo un plan de formación urgente, que fue satisfactorio a juicio de la inspección del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Se impartieron un total de 274 cursos sobre la Ley de enjuiciamiento civil, a los que se acogieron 7.480 personas del orden jurisdiccional civil. Quiero señalar que hubo 930 secretarios judiciales, lo cual supone casi un 40 por ciento del total de la plantilla de secretarios judiciales, teniendo en cuenta que atienden a todos los órdenes jurisdiccionales, y 6.377 oficiales auxiliares agentes, que fue una cifra más que satisfactoria para cumplir con las necesidades.
Agradezco que reconozca usted que se ha mejorado en el ámbito informático, aunque luego ha hecho una matización, sobre todo donde no es territorio del Ministerio de Justicia. Habrá que matizar mucho luego esa matización porque donde no es territorio del Ministerio de Justicia... Desafortunadamente, me parece que cinco de las siete comunidades autónomas tienen un programa distinto del Libra, lo cual significa que sólo son dos las comunidades autónomas que lo tienen. Pero este sí que es un terreno sobre el que tenemos mucho que hablar. Si queremos una justicia más moderna, hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años en dotación de medios tanto de software como de hardware para el conjunto de la Administración de justicia, pero indudablemente donde hay que hacer un esfuerzo es en la formación del personal y en el diseño de nuevos ámbitos de organización. En todo caso, quiero comunicarle que ya está implantada en el ámbito de la Ley de enjuiciamiento civil la nueva versión, la 1.6, que supera a la versión 1.5, del programa Libra. Las características de ese programa son: mayor rendimiento en la aplicación y base de datos; un crecimiento más flexible; la facilidad de instalarla en cualquier plataforma tecnológica; la potenciación del entorno gráfico, lo cual era necesario con las nuevas técnicas de la Ley de enjuiciamiento civil; el enlace de documentos; la racionalización de la arquitectura de datos interna, fruto de la experiencia de los usuarios, cualificados muchos de ellos; el enlace automático a boletines oficiales; el envío automático de notas de condena; el régimen de itineración entre órganos judiciales, que se ha incorporado a la versión 1.6; el envío de notificaciones a abogados y procuradores, que se está incorporando ya en algunas provincias con un gran éxito; la incorporación de las adaptaciones a las fiscalías y registros civiles o la posibilidad de incorporar ya desde el principio del itinerario informático las demandas y los atestados. Todo ello sin duda hace que ese programa esté en mejores condiciones de atender las demandas.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya concluyendo.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Voy concluyendo, señor presidente.


Cierto es que hubo (hay un informe que si quiere le puedo enviar) algunas dificultades para la entrada en vigor, algunas de ellas, un 18 por ciento, fruto del desconocimiento de la ley y un 5 por ciento fruto de las nuevas circunstancias de su aplicación.
En lo que se refiere al plan informático de las fiscalías, quiero manifestarle mi satisfacción personal por el esfuerzo que ha hecho la inspección de la Fiscalía General del Estado, y muy singularmente el de los dos fiscales que designó el Consejo fiscal, para diseñar un nuevo modelo informático de atención a las nuevas responsabilidades del ministerio fiscal, como se hizo con la dotación de medios suficientes y con la formación. Ese modelo, que contó con las dificultades de otra nueva ley en sus orígenes, está funcionando satisfactoriamente.


Hace usted una pregunta, que le contesto con sumo gusto, relativa al desarrollo de la Ley orgánica del

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poder judicial. Comparto con usted que la Ley de enjuiciamiento civil no mereció todo el consenso que una gran ley de ese tipo merece. No voy a hacer un análisis de culpa; ya le he dicho que cuando se está en el Gobierno, parece muy razonable...


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que concluya.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Voy concluyendo, de verdad, acabo ya.
Repito que cuando se está en el Gobierno parece muy razonable reformar una ley que tenía 120 años de vigencia, y que lo que hemos decidido ha sido no poner en marcha esa ley orgánica, puesto que nos parecía que el diseño de una instancia en casación y un recurso extraordinario por infracción del procedimiento requería de un diálogo con todos los interlocutores del mundo de la justicia; haber hecho esa incorporación antes del 31 de diciembre del año pasado hubiera podido generar un impacto no bien encajado por el ámbito de la justicia, por lo que pensábamos que había que reflexionar. Y además esa reflexión tiene lógica al hilo de su intervención y del texto de su pregunta 11. Es verdad que tenemos que reflexionar sobre el papel que tiene la casación como instrumento de tutela judicial efectiva, pero también que debe tener una posición que no se convierta en una instancia necesaria y siempre existente en nuestro ámbito judicial en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales. El modelo casacional de la Ley de enjuiciamiento civil podría servir como un modelo de derecho común, pero también hay que hacerlo con mucho cuidado y tenemos que estudiarlo. Insisto: como en la Ley de enjuiciamiento criminal el deseo del Gobierno es llegar a un consenso lo más amplio posible con todos los grupos parlamentarios, y muy singularmente con el grupo parlamentario mayoritario en la oposición, tendremos ocasión de reflexionar sobre qué significa el instituto casacional. Cuando decidamos la perfecta definición del instituto casacional en el ámbito de lo penal podremos ver qué desarrollo merece en el ámbito civil. Hoy por hoy, el deseo del Gobierno es que no se debía modificar la doble trayectoria recurso de casación- recurso extraordinario por infracción del procedimiento diseñado en la nueva Ley de enjuiciamiento civil, pero no debíamos hacer tan larga esa trayectoria atribuyendo a órganos jurisdiccionales distintos el conocimiento de ambos procesos de revisión. Y de ahí que hayamos mantenido ese statu quo hasta que nos pongamos de acuerdo en cuál debe ser el modelo futuro.
Hay muchas otras cuestiones que son de su interés y siento no contestarle, pero quiero ser dócil y obediente a la Presidencia para que el tirón de orejas amable con el que usted inició su intervención no se vea también acompañado de otro de la Presidencia, que ya me parecería mucho más grave.


El señor PRESIDENTE: El señor Villarrubia, tiene la palabra.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Yo no sé por qué tiene mucha más calidad el tirón de orejas del presidente que el de este humilde diputado. (Risas.)

SECRETARIO El señor DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Porque está más cerca el presidente y, por lo tanto, podría hacerlo real.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bien, por la proximidad física.
Voy a intervenir telegráficamente, señor presidente, pero hay algunas pequeñas cuestiones que no quiero dejar de mencionar. Hay algunas cuestiones que no se han contestado como la pregunta 15, sobre la puesta en funcionamiento del registro de rebeldes civiles, que ni siquiera se ha mencionado y que es una obligación del Ministerio. No se ha creado, no se ha cumplido, y por ello quisiera que nos contestara, aunque fuera en unos segundos, qué ocurre con esta cuestión.
El señor secretario de Estado ha hecho algunas afirmaciones que no se ajustan -para ser suave- a la realidad. Es normal que cada uno arrime el ascua a su sardina, como dice el refrán popular pero tampoco hay que partir de premisas que no son (y en el «Diario de Sesiones» constará) las que responden a mis afirmaciones. En ningún caso yo he dicho que la Ley de enjuciamiento civil sea buena, como usted ha manifestado. Ha dicho que tan es así, que en la pregunta 11 se plantea por qué no se aplica a otras jurisdicciones. Hablamos de unos aspectos concretos y del artículo 4 de la ley que trata del carácter supletorio de ésta. Normal, si hay aspectos positivos que nunca hemos negado. Por supuesto que esta ley es mejor que la anterior, hasta ahí podríamos llegar. Pero sólo a título de ejemplo le recuerdo algunas diferencias importantes: el sistema de recursos en su conjunto (le agradezco que haya reconocido su error, aunque lo ha hecho suavemente de forma dialéctica); la improcedencia de esa regulación del recurso extraordinario por infracción procesal, que no tiene cabida de ningún tipo y que habrá que retomar; la figura del juez en la regulación de la Ley de enjuiciamiento civil; la fase probatoria, especialmente la prueba pericial, etcétera. Estos aspectos marcan las diferencias entre su proyecto y la postura de fondo respecto a la ley de mi grupo.
Me alegra la referencia a la Ley de enjuiciamiento criminal. Por supuesto que vamos a coincidir en el aspecto de la doble instancia en el ámbito penal, residenciada posiblemente en los tribunales superiores de justicia a los que hay que dar contenido; de acuerdo, perfecto. En cuanto al aspecto presupuestario, tenemos que diferir.
No vuelva a decir lo mismo porque desde

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mi postura de oposición no se lo puedo permitir dialécticamente. Ese gran incremento que usted manifiesta del 10 por ciento, en primer lugar, no es tal sino el 8,2, pero partiendo de una base tan pequeñita como ciento cincuenta y tantos mil millones; es decir, que sobre una base cortita, parca -por no utilizar el adjetivo de mi compañero- se produce en 13.000 millones un incremento del ocho por ciento. Nuestra propuesta, que coincide con esos 250.000 millones que dicen que van a poner sobre la mesa para el pacto de Estado -cuando lo veamos estaremos de acuerdo, nos felicitaremos todos y felicitaremos al Gobierno si llegamos a esas conclusiones-, se acerca al 2 por ciento del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, muy lejano del 0,8 por ciento actual. Ese es el dato objetivo que tenemos. No hablemos de incrementos ficticios aunque se ajusten a una parcial lectura porque exactamente son 13.096 millones. Entra en vigor la nueva Ley de enjuiciamiento civil, la Ley de responsabilidad penal del Menor, la necesaria creación de nuevos órganos jurisdiccionales, no en plaza sino también en edificios...
Evidentemente, con esto no hay ni para pipas, entre comillas. Luego, la voluntad de futuro se la reconocemos pero la realidad, el presente es lo que le estoy manifestando.
Rapidísimamente y termino. Dice que la ley (es el fondo del conjunto del debate) ha entrado bien en vigor. Se ha olvidado usted de la premisa que le he indicado. El día 8 de enero entra en vigor, con lo cual lo que se ha producido es una entrada en los juzgados de Primera Instancia de muchos cientos de miles de asuntos para que se tramiten con arreglo a la antigua ley. ¿Cuál es la realidad? No la desconozcamos. Hemos explicado que hay razones objetivas y otras de ámbito subjetivo. La realidad es que existe una tremenda e importante preocupación en jueces, fiscales, secretarios, procuradores, abogados, etcétera, para la adecuada aplicación de esta ley. Esa es la realidad, al igual que la de que (aunque estadísticamente aún no hayan transcurrido las fechas suficientes por lo que hablábamos) en buena parte nuestros juzgados de Primera Instancia no tienen los medios materiales adecuados y otros que, teniéndolos, no cuenta con el personal preparado para su aplicación, lo que conlleva algo que ojalá no ocurra. No quiero ser pájaro de mal agüero, y créame, señor secretario de Estado, que ojalá la aplicación sea adecuada, efectiva y que el servicio público de justicia mejore y funcione. Ese es mi deseo personal y el de mi grupo. Pero tenemos serias dudas (y el tiempo inmediato nos lo va a demostrar) de que esta ley no genere ese colapso en el ámbito civil si se pretende aplicar adecuadamente. Nada más. Contésteme, en este turno a lo que pueda y en aquello que quedara pendiente nos daríamos por satisfechos si nos enviara la respuesta por escrito, para que no le tire de las orejas el que físicamente tiene a su izquierda (Risas.) El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor presidente, esa brevedad la tendremos ya que quedan todavía muchas señoras y señores diputados que tienen que formular preguntas.
No he manifestado que usted haya dicho que la Ley de enjuiciamiento civil es buena, yo no le haría esa faena porque si lo hiciera quien le tiraría de las orejas sería su propio grupo parlamentario. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Qué va!) No quiero hacerle la faena de decir que la ley es buena, pero tendrá que reconocer que en su pregunta número 11 dice que hay cosas buenas en la Ley de enjuiciamiento civil y que es bueno que ellas se trasladen a otros órdenes jurisdiccionales. Es bastante satisfactorio ver que esa ley, que nació con tantas agorerías de cataclismo, sea suficientemente buena no sólo para resolver los problemas en el orden jurisdiccional civil, que tanto interesa a los ciudadanos, sino también para resolverlos en otros órdenes jurisdiccionales. Es un avance que yo no había oído antes de su grupo parlamentario y me felicito por ello. Sí había oído que tenía cosas buenas, pero no tanto como para llevarlas a otro sitio; me felicito de esa posición. Ya que le acepto esa matización, permítame que matice mis propias palabras respecto a cómo las ha entendido usted en otro tema.
No estoy hablando de que sea un error el recurso extraordinario por infracción de procedimiento sino que hay que mantenerlo. No queríamos poner en marcha la doble instancia o el doble ámbito jurisdiccional para conocer el doble procedimiento porque nos parecía un momento en el que había que asimilar primero una innovación tan abrumadora, tan importante y de tanto calado, con tanta profundidad como la que ya contemplaba en el resto de sus aspectos la Ley de enjuiciamiento civil. En aras de un deseo del equipo del Gobierno, y muy singularmente del ministro de Justicia, de alcanzar un acuerdo, un consenso con el conjunto de los denominados operadores jurídicos, es decir todos los que trabajan en el ámbito de la justicia, se ha decidido posponer esa decisión y hacer un análisis más en profundidad. Va a ser una contribución. Esa percepción que existía y que ustedes mismos nos echaban en cara de que teníamos en pie de guerra a todo el mundo ya no existe. Es verdad que hay una preocupación, que por otro lado comparte toda persona responsable ante una gran novedad. Es evidente que, cuando se produce una novedad de la envergadura de una ley que viene funcionando desde hace 120 años y en la que se han formado, educado y trabajado generaciones y generaciones de juristas, parece elemental que haya una preocupación por ponerse en condiciones de sacar el máximo partido a esa ley que es buena, que es novedosa y que usted mismo ha reconocido que era imprescindible

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y necesaria. En ese sentido, la acogida que ha tenido la ley es la que suelen tener las grandes reformas. Insisto en ello porque ese ejemplo lo tenemos muy cerca. En la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa yo, como usted, he sido testigo de tantas voces en contra porque mi trabajo profesional habitual no es el de secretario de Estado sino el de profesor universitario de derecho administrativo, y en mi propio departamento la inmensa mayoría de catedráticos, profesores titulares, compañeros míos, hoy reconocen claramente que cuando hicieron tanto catastrofismo de la ley se equivocaron. El propio Consejo reconoce hoy que las pegas que puso a la entrada en vigor de la Ley de la jurisdicción han provocado que esté funcionando mucho mejor. Estoy seguro de que compartimos ese buen deseo para la ley, como usted ha expresado: que funcione bien, que resuelva mejor los problemas de los ciudadanos. Es cierto que no ha pasado tiempo suficiente y que los profesionales de la abogacía preferían acudir al modelo anterior por aquello de acogerse a más vale lo malo conocido. Pero también es cierto que podemos hablar con datos de algo muy concreto y que fue muy cuestionado, el monitorio.
El monitorio es hoy una realidad, es un instrumento que está facilitando claramente el trabajo. Si habla usted con los ciudadanos, con los abogados que llevan pleitos en abundancia y con los propios jueces sabrá que el monitorio está llevando a decisiones importantes, incluso en el ámbito de la intermediación financiera, de contratos en masa de ciudadanos, de abaratamiento de coste de contratos en masa que sin duda van a ser muy significativos. En consecuencia, hay institutos muy notables en la ley que están funcionando muy razonablemente.
Con relación al siempre debatido tema presupuestario, no me diga que porque su postura es hacer oposición no podemos ponernos de acuerdo en las cifras. Yo creo que eso no puede ser así, yo creo que podemos ponernos de acuerdo en las cifras y luego las debatimos; podemos decir que es insuficiente, pero tenemos que ponernos de acuerdo en las cifras. Cuando yo le digo que el incremento es cercano al 10 por ciento y usted dice que es sólo el 8,2 por ciento, permítame que haga un nuevo esfuerzo -no será nunca el último- de ponernos de acuerdo en el porcentaje de incremento.
En un presupuesto que crece el cero por ciento no es lo mismo hablar de un 8,2 que de un 9,7, y usted estará de acuerdo conmigo en que no es lo mismo, porque un punto y medio de crecimiento es mucho crecimiento. Si usted me dice 8,2, está hablando del gasto en conjunto de la sección 13, y yo estoy hablando de justicia, es decir, he quitado objeción de conciencia y registros, que bajan, es verdad, ahí hay una pérdida -y ahí me lo pone mejor, estoy de acuerdo, hay capítulos dentro de la sección 13 en los que se baja en el presupuesto-. Pues fíjese si se mejora de verdad en materia de justicia, es decir, órganos judiciales, creación de órganos, dotación de medios y de infraestructuras para el capítulo que a usted y a mí nos interesa más, que es la justicia de los ciudadanos, que incluso superamos esa media del conjunto de la sección del 8,2 para alcanzar el 9,7 en el crecimiento.
Usted me puede decir: no es suficiente. Estoy de acuerdo en que siempre es poco, hasta que hagamos un aporte en condiciones, tal y como ha comprometido el Gobierno, siempre es poco lo que la justicia recibe, pero no me diga que es palmariamente insuficiente como para hacer unas pinturas en negro sobre negro tan dramáticas de la entrada de la Ley de enjuiciamiento civil. Yo creo que esa creación de nuevos órganos judiciales, de 74 nuevos puestos creados ya y la posibilidad de disponer de una ampliación de 103, muchos de ellos para la Ley de enjuiciamiento civil, sin duda ha sido vista satisfactoriamente por el Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, vaya terminando.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA ( Michavila Núñez): Acabo ya, señor presidente.
Tiene razón en que omití la respuesta a la pregunta número 15, quizá porque no le oí a usted hacer mención a ella y creí que la había retirado. El reglamento se encuentra ya elaborado e informado por la Secretaría General Técnica y esperamos que en muy breves fechas sea aprobado por el Consejo de Ministros. Creemos que ese reglamento, unido al de sentencias que exige la Ley del menor, que se aprobarán conjuntamente, son dos reglamentos que establecerán un registro que va a ser bueno tanto para quien recibe el servicio directo de la justicia como para el conjunto de los ciudadanos.


- DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS A TOMAR ANTE LA GRAVEDAD DE LOS RETRASOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID Y LA FALTA DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES. (Número de expediente 181/ 000467)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a las preguntas que figuran con los números 18 y 19, que se van a agrupar también, que formulará la diputada señora Alberdi.
La señora Alberdi tiene la palabra.


La señora ALBERDI ALONSO: Señor secretario de Estado, hace ya muchos meses que venimos asistiendo a las quejas fundadas de responsables del Poder Judicial en torno a los notables retrasos que sufre la Administración de justicia en la Audiencia Provincial de Madrid.
Recurrir un pleito civil puede suponer un retraso de hasta cuatro años, dado que la AudienciaProvincial de Madrid acumula 30.000 asuntos civiles

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pendientes. Desde 1996 se han creado más juzgados civiles en primera instancia sin que se haya aumentado correlativamente el número de salas en la Audiencia, de tal modo que la acumulación es constante y creciente. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.) A nadie se le oculta la importancia de la jurisdicción civil, donde se dilucidan litigios de enorme cuantía y donde se ventilan cuestiones en las que están en juego miles de millones de pesetas y que afectan, por tanto, a la seguridad jurídica en una materia muy sensible para la marcha económica del país. Los que conocemos la profesión de la abogacía sabemos que la inseguridad que esta situación está generando es notable y cómo los profesionales buscan fórmulas alternativas para evitar los juicios interminables y los trastornos de todo tipo que originan. Para un país miembro de la Unión Europea es un bochorno tener una justicia en estas condiciones, y el Gobierno debería dar prioridad política a la resolución de un tema tan candente que puede afectar, y de hecho ha afectado en alguna ocasión, a las inversiones en España.
Otro aspecto grave, dentro de los juzgados civiles, lo constituye la materia de familia, que también padece los retrasos. El Gobierno plantea planes con mucha propaganda contra la violencia que sufren las mujeres, contra los malos tratos, pero no hace nada por remediar uno de los temas que más ayudaría a resolverlo, el acceso rápido y eficaz a la justicia, y, por tanto, resoluciones rápidas sobre los problemas matrimoniales.
Ustedes hablan mucho de pacto por la justicia, de los grandes temas de política judicial, que saben que requieren tiempo y consenso, pero no se aplican en resolver los problemas de la gente, los problemas del día a día, las necesidades que de verdad hay que atender y que nos situarían al nivel de nuestros homólogos europeos y por supuesto al nivel de un país democrático avanzado con una ciudadanía que pudiera ejercer sus derechos a una tutela judicial efectiva, como predica nuestra Constitución. Llevan ustedes gobernando ya un lustro y la justicia sigue igual, desatendida, sin medios suficientes y aquejada de males endémicos, como el colapso y el retraso de asuntos.
Por ello, la razón de nuestra pregunta está más que indicada: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante la gravedad de los retrasos en la Audiencia Provincial de Madrid y la falta de medios materiales y personales? Hemos tenido -y con esto termino, señor presidente- una respuesta en el pasado mes de marzo, que ha aparecido con gran aparato en los medios de comunicación, sobre un plan de choque que han denominado «Plan de choque Aceves», en el que 30 jueces cobrarán un sobresueldo para hacer horas extra y paliar el atasco de pleitos civiles. Esto genera nuevos problemas. ¿Dónde se van a ubicar las nuevas secciones a las que se alude, de qué funcionarios van a nutrirse, qué disponibilidad va a tener la abogacía para actuar por la tarde cuando normalmente los abogados reciben sus visitas en la hora vespertina? También ha habido una reacción negativa de los jueces de lo penal, que están al día, según dicen, gracias a su esfuerzo.
Queremos que esta respuesta nos la pueda explicar lo más exhaustivamente posible. Esa es la razón de nuestra pregunta, así como poner en evidencia la diligencia del magnífico presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha contribuido a que por lo menos se produzca esta respuesta que le pedimos que nos explique y profundice.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Permítame, señor presidente, que muestre mi satisfacción por tener un debate parlamentario con la señora Alberdi, con la que hemos tenido muchos debates en otras circunstancias, algunos muy constructivos. La verdad es que me alegro de tener ocasión de debatir con la diputada Alberdi y de tenerla en la Cámara.
Comparto con la diputada el interés por la necesidad de resolver la situación en la que se encuentra la Audiencia Provincial -así lo hizo explícito el ministro el 7 de febrero de este mismo año en el Senado- y comparto también con usted que desde hace muchos meses, tantos como 160, la Audiencia Provincial de Madrid viene sufriendo un colapso.
Son muchos años, no sé con exactitud, pero creo que son 16 años.
Desde el año 1985 en la Audiencia Provincial de Madrid hay un gran atasco y colapso. (La señora Alberdi Alonso hace signos afirmativos.) Veo que asiente porque lo conoce, porque usted ha sido abogada en ejercicio. Llevamos muchos años de retraso (16) en resolver una situación crítica en la Audiencia Provincial de Madrid. Nosotros hemos decidido que eso hay que afrontarlo. Cada uno tiene su responsabilidad, aunque comparto con usted que el presidente de la Audiencia está haciendo un buen trabajo, pero vamos a ver si lo que podemos hacer entre todos es suficiente. Le voy a describir alguna cuestión porque creo que debe compartir conmigo que se ha empezado a avanzar. En este momento, el problema de la Audiencia Provincial de Madrid no es de déficit estructural, sino de cúmulo de causas pendientes. Es importante partir de ese análisis, pues no es lo mismo un problema en un órgano judicial en el que entran más asuntos de los que resuelve, y por tanto haría falta ampliar la dotación de medios, de órganos, de jueces, de magistrados, en este caso incluso de secciones, como usted ha mencionado, que un órgano judicial en el que lo que entra sale. El problema es lo que entró y no se resolvió. Ahí es donde de verdad está claramente el problema en la Audiencia Provincial. Lo vamos a ver con cifras y espero que nos pongamos de acuerdo en el análisis, señora Alberdi, puesto que del diagnóstico tiene que salir la receta y la solución.


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Hoy es posible resolver lo mismo que entra precisamente por un esfuerzo que se ha hecho, no desde hace 160 meses, que es cuando empezó el problema de la Audiencia Provincial, sino desde hace 38 ó 39 meses, desde el año 1996, en que empezó a ampliarse la plantilla.
En este momento, en la Audiencia Provincial hay una planta de 87 magistrados, en 25 secciones, y 14 son civiles, con 54 magistrados.
¿Sabe usted que al empezar el año 1996 había sólo 41? Yo creo que un incremento de 13 magistrados sobre 41 es un incremento notable, y es una medida estructural, no coyuntural, que permitió que en la Audiencia se empezaran a resolver aquellos problemas que estaban pendientes desde hacía tantos años; es decir, que salga lo que entra.
Estoy de acuerdo con usted en que habría que completar el número de magistrados en las secciones de lo civil, y una de las propuestas que hemos hecho en la mixta del Consejo General del Poder Judicial es que se amplíe su número hasta que todas las secciones de lo civil tengan cuatro magistrados. Ese incremento ha permitido, incluso, que se resuelvan más asuntos. Si en esa época se resolvieron 12.933 asuntos en lo civil, a finales de 2000 se habían resuelto 15.207 asuntos, lo cual ha reducido de alguna manera la pendencia. No deja de existir un amplio cúmulo de pendencia (2.000 asuntos de pendencia es la diferencia entre los que entraron y los que se resolvieron), pero es evidente que en este momento se ha reducido notablemente el nivel de pendencia porcentual.
Podemos decir que hoy lo importante son dos medidas que usted ha apuntado, o incluso tres. Una -que la ha apuntado indirectamente-, referida a la especialización. No sé si usted comparte conmigo que en la Audiencia Provincial la especialización sólo se da en dos secciones, la 22 y la 24, especializadas en derecho de familia, pero veo que comparte conmigo que es bueno seguir insistiendo en la especialización, y ése es el deseo que el Ministerio de Justicia ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial. Nos parece muy razonable que, habiendo 14 secciones civiles en la Audiencia, los ciudadanos demanden que haya más especialización, sobre todo en temas como los que usted ha mencionado y a los que este Gobierno da una especial prioridad porque afectan muy sensiblemente al ciudadano; y este secretario de Estado tiene una especial sensibilidad (estoy seguro de que en eso me dará la razón) hacia los temas relativos a los malos tratos a la mujer y a la familia. Creo que si somos capaces de conseguirlo mejorará notablemente la estructura organizativa que va a permitir un mejor tratamiento de estas cuestiones, pero sabe usted que la responsabilidad de la especialización no la podemos adoptar en sede parlamentaria, ni siquiera en sede del Ejecutivo, sino que hay que adoptarla donde debe adoptarse. Nuestro deseo es estimular a la especialización de juzgados en el ámbito de la familia y de ese tipo de situaciones en las secciones de lo civil.


Hay otras medidas que podemos y que debemos adoptar. Si estamos de acuerdo en el análisis de que la situación en el ámbito de lo civil no es estructural, sino coyuntural, fruto de la pendencia acumulada, tendremos que hacer un plan de medidas, pero no crear nuevas plazas de magistrado que en el futuro no sean necesarias o sean redundantes, sino de hacer un plan de choque o de refuerzo que dé solución a los pleitos pendientes. Esa ha sido la propuesta y la apuesta del Ministerio de Justicia. Usted dice que conocida con alharaca por los medios, pero sabe que la fuente de información no ha sido el Ministerio de Justicia, que en esto hemos preferido callar y hacer las cosas; hemos preferido trabajar y hacer lo siguiente. El 7 de febrero, el ministro se comprometió a un plan e inmediatamente, el 13 de febrero, hubo una reunión del director general de relaciones con la Administración de justicia, el vocal responsable del Consejo General del Poder Judicial en Madrid, Teófilo Ortega, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se trató el diseñar un plan de una manera coordinada. En muy poco tiempo, el Ministerio tuvo en condiciones un plan, solicitó al Consejo General del Poder Judicial celebrar una comisión mixta Consejo-Ministerio de Justicia para abordar este tema y, el día 20 de marzo, como punto muy singular y ampliamente tratado en la mixta, el Ministerio presentó una propuesta. Esa propuesta recibió el visto bueno de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial allí presentes, que manifestaron su satisfacción tanto por el conjunto de las medidas como su celeridad y su contenido.
Se acordó hacer un grupo de trabajo mixto, puesto que la decisión no compete al Ministerio de Justicia sino que el Ministerio de Justicia impulsa -y quiere hacerlo- el que se adopten decisiones, y se decidió que por parte del Consejo General del Poder Judicial se iban a designar tres miembros, y esperamos que en un plazo razonable -y es el deseo del Ministerio de Justicia-, en el entorno del 20 al 30 de abril, se presente un informe aprobado por esa comisión técnica mixta, de tres vocales del Consejo General del Poder Judicial, en la cual participa personalmente el propio director general.
También se pidió, y fue una sugerencia del Ministerio de Justicia aceptada por el Consejo, que participe la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, de tal manera que se le dote de medios técnicos, entendiendo la Inspección no como un instrumento de sanción, sino para hacer un seguimiento de la eficacia real y operativa de las medidas que se han diseñado y que se van a poner en marcha inmediatamente. Asimismo, se solicitó que se pudiera hacer un análisis prototipo, un análisis, por así decirlo, pionero tipo, de aquello tan importante de lo que hablaba con su compañero, un análisis muy fehaciente de carácter estadístico.


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Sabemos cuál es la carga de trabajo de la Audiencia, pero creo que hay que avanzar en saber cuál es la etiología y cuáles son las causas de esa carga de trabajo para tomar decisiones correctas, por ejemplo, en la especialización. Parece muy razonable que una posible apuesta por la especialización, no sólo en materia de familia sino también en materia mercantil, puede ser extraordinariamente útil. Fíjese usted en que hay una serie de pleitos que a muchos jueces, a muchos magistrados, a muchos órganos colegiados, les generan una enorme carga de trabajo y muchas veces una dificultad para acceder a entender la naturaleza del propio pleito, toda vez que se está hablando de sistemas sofisticadísimos en el ámbito de las relaciones mercantiles, en el ámbito de las filiales financieras de relaciones societarias. Es decir, en todo ese derecho que ha sufrido una transformación vertiginosa en muy pocos años, que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, creemos que si se hace una apuesta por la especialización, también en la Audiencia Provincial, se podrá tender a resolver con más agilidad, con más celeridad, así como con más seguridad jurídica, que usted la ha mencionado como un principio básico y comparto, este tipo de procesos.
En el ámbito de lo penal la verdad es que la situación es también complicada, puesto que hay una alta pendencia, pero el diagnóstico es mejor, porque no sólo se resuelve lo que entra sino que se está abordando una reducción de los temas pendientes. Si a finales de 1998 había 5.570 casos pendientes, en este momento se han reducido en un 20 por ciento. Son muchos todavía los 4.600 casos pendientes, pero ahí sí creemos que las cosas van a mejor ritmo. En todo caso estamos trabajando, y es uno los elementos de nuestro plan global, en un plan de choque para desatascar la Audiencia Provincial en lo civil y en lo penal, y una de las medidas puede ser tratar de introducir el cuarto magistrado.
Creemos que hay que trabajar -y ése es el diseño- en hacer un conjunto de secciones, que pudiéramos llamar secciones bis, de carácter transitorio. Nuestra propuesta es, incluso, alcanzar el número de 14 secciones bis en lo civil que durante dos o tres años puedan estar desempeñadas por magistrados a los que habría que determinar el ámbito territorial de una oferta pública que supusiera un plan de refuerzo para desatascar todas las causas pendientes.
Creemos que ésa es una medida que puede ser eficaz y que parece necesario acometer en la Audiencia Provincial.
Sin embargo, ha de tener en cuenta que eso siempre genera la posibilidad de agravios comparativos. Desgraciadamente, la pendencia de la justicia no ocurre sólo en la Audiencia Provincial de Madrid, pero el Ministerio, que no es muy partidario, en términos generales, de los planes de refuerzo, es partidario de que cuando estos son necesarios tiene que estar muy acreditada su necesidad, muy documentada su justificación y muy avalada su eficacia. Esos tres requisitos los pedimos en la primera ocasión en la que el equipo actual se reunió con el Consejo General del Poder Judicial, y esos tres requisitos se los pedimos a los pleitos que ya estaban en marcha y los pedimos también ahora. Creemos que aquí se produce la acreditación de las necesidades y de ahí que queramos diseñar que se incorpore a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial algo que permita avalar la eficacia de las medidas e ir evaluando también su correcto funcionamiento.
Finalmente, hemos avanzado con el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de establecer secciones desplazadas. Es una posibilidad que, en este caso y en Madrid, podría tener una lógica.
Generar secciones desplazadas en Móstoles, en Getafe y en Alcalá de Henares podría suponer una reducción del 20,4 por ciento de los asuntos ingresados. No es una cuestión definitivamente cerrada, esperamos que el Consejo también nos dé su opinión, es la propuesta del Ministerio. La propuesta de Getafe parece muy razonable, puesto que abarcaría a partidos judiciales homólogos en el ámbito penal, como Aranjuez, Leganés, Getafe mismo, Parla y Valdemoro, donde hay un conjunto de población bastante significativo.
Creemos que ese desplazamiento de secciones tiene algunas dificultades, no podemos desconocer que hay algún sector profesional al que genera alguna dificultad tener que desplazarse, pero puede ayudar a otra de las líneas de trabajo del plan de choque propuesto por el Ministerio, que es la atención a una mejora de las infraestructuras. Efectivamente, la sede de Ferraz puede sufrir algunas modificaciones, algún desahogo de personal y de medios que, si se produjeran estas secciones desplazadas, se facilitaría notablemente, y se pueden hacer algunas reformas en un edificio que no es de los peores que tiene la Administración de justicia, pero que tiene una superpoblación.
Hay una cuestión que merece atención, el hecho de redoblar con secciones bis. Usted se ha atenido a un guión que ha dado una de las partes en el análisis y creo que quizá merezca una reflexión. El crear secciones duplicadas, en este caso, parece oportuno, parece una buena solución. Sinceramente, veo buena la posibilidad de que la Justicia atienda a los ciudadanos por la tarde y además muy razonable; el que los ciudadanos sean atendidos por las tardes en la Administración de justicia es un avance de modernidad, ocurre en todos los países de nuestro entorno. Creo que no hay que confundir las cosas, no necesariamente eso va a perjudicar a los abogados. El ministro de Justicia, el equipo del Ministerio y yo mismo nos hemos reunido con el conjunto de los abogados y están muy satisfechos con la medida y dispuestos a que sea viable. Creemos que es muy razonable que la Justicia tenga la posibilidad de atender a los ciudadanos por la tarde. Si estamos hablando de un servicio público en el que hay tantos retrasos y demoras, la posibilidad de que el ciudadanose vea atendido por la tarde nos parece una propuesta

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razonable y estamos convencidos de que, entre todos, seremos capaces de que esa propuesta, que es razonable, sea también eficaz en su aplicación y sea útil para aquél por quien todos trabajamos, el ciudadano.
Usted me manifiesta desconfianza de los abogados, de la que he sido consciente, pero cuando nos hemos sentado con los abogados, con sus representantes, con los decanos, con los colegios de abogados, hemos visto que no hay obstáculos insalvables que impidan que una medida razonable acabe siendo una buena medida, como a todos nos interesa, para atender mejor a los ciudadanos.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Usted dice, en nombre del Gobierno, que van a afrontar el problema y, como siempre, alude a las situaciones anteriores. Qué duda cabe que es cierto que ha habido retrasos en la Administración de justicia desde hace mucho tiempo, pero en esta etapa esperábamos que pudiera acometerse una solución del problema con cierta eficacia, puesto que ustedes lo consideraron una prioridad, pero lo cierto es que han topado con los mismos problemas con los que toparon anteriores gobiernos, puesto que el tema, aparte de tener dificultades en sí mismo, requiere una serie de coordinaciones, encuentros y consensos con todos los que intervienen en la Administración de justicia, con todos los interlocutores en ese ámbito.
Estoy de acuerdo con usted cuando dice que hay un diagnóstico, que es el atraso. Es decir, la Audiencia Provincial, con la estructura actual que tiene, si no fuera por el atraso acumulado podría ir funcionando y la acumulación sería pequeña, no sería una acumulación tan espectacular -usted ha dicho 2.000 anuales- como la que arrastra.
Efectivamente, la Administración de justicia siempre -desde que el Consejo General del Poder Judicial asume la coordinación en estos temas, puesto que hay muchas medidas gubernativas que tiene que tomar- ha hecho planes de choque. Cuando en una sala del Tribunal Supremo o en una sala de una audiencia o en el tribunal que sea, ha habido una acumulación extraordinaria, se ha ido a un plan de choque.
Entonces, la alternativa del plan de choque nos parece bien, porque en el diagnóstico estamos de acuerdo. Ahora, lo que habría que conseguir es que ese plan de choque sea de verdad efectivo. Ha habido planes de choque en el tiempo, con anterioridad. Yo recuerdo el plan de choque que se hizo en los tribunales de Trabajo hace mucho tiempo, que fue efectivo, pero ha habido otros planes de choque que no lo han sido. Es necesaria la coordinación y también la especialización, que empieza ahora a tener más predicamento. Es necesaria esa estadística para ver qué especialidad requiere de un tribunal especializado porque haya suficiente número de asuntos para justificar esa especialización de sala.
Sin duda, en las salas de familia se requiere y sería muy oportuno que hubiera más, y en esto coincido, pero puede haber otras especialidades que haya que analizar el número de asuntos que tienen para justificar la creación de una sala especializada.
En cuanto a la participación del Consejo General del Poder Judicial y que exista una comisión de tres vocales, naturalmente lo damos por bueno, porque como no podía ser de otra manera, el Consejo General del Poder Judicial, por las razones antes dichas, tiene que participar y, por supuesto, también la Inspección del Consejo.
Por lo que se refiere a los temas más puntuales de este plan de choque, que son además novedosos, porque tanto las secciones bis como la posibilidad de actuar por la tarde son nuevos, empezando por lo segundo, la posibilidad de actuar por la tarde, me han llegado ecos de ciertas dificultades por parte de los profesionales, pero si esas dificultades o esos obstáculos se han salvado, muy bien salvados están, puesto que utilizar los mismo edificios u otros que pudieran constituirse en zonas desplazadas, o coadyuvar de esa forma con la utilización de la tarde para poder despachar los asuntos pendientes nos parece positivo si esto da buenos frutos. Es un planteamiento nuevo que ojalá dé esos frutos apetecidos.
En cuanto a las secciones bis, que dice que van a ser 14, me parece un número adecuado, así como que durante un año o dos esas secciones bis actuarán con carácter transitorio. Si luego se llega a una carga de trabajo parecida a la actual que se corresponda con la estructura que tiene actualmente la Audiencia Provincial, esas secciones bis habrán cumplido su función y desaparecerán, no tendrán que permanecer en el tiempo. Más problema plantea el tema de las secciones desplazadas, que sin duda pueden ser muy útiles y pudiera ser que a la larga sean una buena solución. Es decir, que el sur de Madrid pueda tener salas en Móstoles, en Getafe, con la litigiosidad, sobre todo en el ámbito penal, porque se ha aludido a Aranjuez, Leganés, Parla, Valdemoro, que esas zonas pudieran resolver allí mismo sus problemas con una ubicación territorial desplazada, a mí me parece desde luego que puede ser bueno. Pero habrá que ver cómo se desarrolla, sobre todo por el funcionamiento de los colegios, de los mismos profesionales y de los tribunales en esas zonas.
Por otro lado, no me ha dicho nada, aunque supongo que será por un olvido o porque siempre el presidente alude a que no nos extendamos mucho, del tema de los funcionarios, que también es bastante importante en esta materia. En cualquier caso, muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus explicaciones, y desde luego ojalá que este plan de choque pueda ser útil y eficaz para la justicia en Madrid.


El señor VICEPRESIDENTE ( Souvirón García): Señor secretario de Estado.


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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA ( Michavila Núñez): Voy a ser breve, pero querría agradecer la buena acogida de ese plan de choque que manifiesta la diputada, señora Alberdi, y esperamos tener el diseño definitivo y poderlo comentar con más detalle. Voy a matizar alguna cuestión. No me refiero a fijar necesariamente el número en 14 secciones, puesto que el Ministerio acepta llegar incluso a 14 secciones bis; lo que hay que hacer es esperar a que el Consejo y el Ministerio hagan la propuesta. Es una cuestión que me interesa matizar para no generar confusión de expectativas.
En cuanto a las secciones desplazadas, nosotros somos conscientes y usted también que ha estado en el Gobierno, de que al final toda decisión siempre genera dificultades. Lógicamente, este tipo de decisiones genera en algunos profesionales la dificultad del desplazamiento, incluso la dificultad de trabajar por las tardes en algunos sectores, pero creemos que merece la pena hacer una apuesta para superar dichas dificultades. Lo que usted ha manifestado al principio de su intervención es la regla de oro. En justicia es muy difícil adoptar decisiones que funcionen si se hacen unilateralmente y por eso estamos buscando el acuerdo, el entendimiento y el diálogo, en primer lugar con el propio responsable, con el presidente de la Audiencia con quien se está haciendo ampliamente; en segundo lugar con el responsable del Consejo del Poder Judicial para Madrid y en tercer lugar tanto con los responsables del plan de choque como con los miembros de la Comisión mixta. Creemos que desde ese entendimiento es desde donde hay que hacerlo, así como con los profesionales -procuradores y abogados-, que van a ver que se produce una distorsión en lo que ha venido siendo su método de trabajo habitual. Es un esfuerzo que solicitamos se haga por parte de todos.
En el entorno de Alcalá de Henares hay una población de 533.000 habitantes. Estamos hablando de un ámbito en el que hay 21 juzgados de primera instancia e instrucción y tres juzgados de lo Penal, que son los órganos ad quo de los que procede la revisión en la Audiencia Provincial. En total hay 23 órganos judiciales, pareciendo muy razonable que la revisión de los mismos esté próxima a los ciudadanos, que sea una justicia de proximidad, que haya una atención a pie de la cuestión. No se trata de una especialización en el sentido técnico-profesional, pero cuando se habla de lo penal, del tipo de tratamiento que hay que dar a un determinado ámbito de delincuencia más cercano a la realidad, hay que resolver si el turno se hace por una sección desplazada o se tiene que hacer entre 11 secciones de lo penal, algo que siempre dificulta la adopción de medidas cautelares, preventivas o provisionales.


Cada uno de los partidos judiciales de Torrejón, Alcalá de Henares, Coslada y Arganda del Rey tiene una población, y usted lo sabe bien ya que conoce esta zona tan importante de Madrid. En Torrejón hay 128.000 habitantes; en Alcalá hay 180.000 y siete juzgados de primera instancia y tres de lo Penal y en Arganda hay 94.000 habitantes. La propuesta nos parece muy lógica y esperamos que pueda hacerse realidad, para lo cual estamos tratando de superar todos los obstáculos. Pero aparte de ese efecto extraordinariamente importante de acercar la solución de los problemas a los ciudadanos, existe otro también muy importante: la posibilidad de contar con nuevos edificios, con nuevas sedes y nuevas infraestructuras para la Audiencia provincial de Madrid y así descongestionar Ferraz, algo que sin duda sería extraordinariamente útil.
Respecto a Aranjuez, Leganés, Getafe, Parla y Valdemoro, estamos hablando de 527.000 habitantes, de 25 órganos ad quo de primera instancia, de 23 juzgados de primera instancia e instrucción y de dos juzgados de lo Penal. Es una unidad que tiene suficiente coherencia, habiéndose estudiado el tema muy a fondo. Se han barajado distintas opciones, entre ellas la posibilidad de hacer Valdemoro y sacarlo de ese entorno. Al final, la propuesta es ésta, propuesta sujeta a debate con los propios magistrados de la Audiencia, los cuales seguramente van a comprender que es muy buena para los ciudadanos.
Existe dimensión suficiente de órganos jurisdiccionales para adoptar esa decisión.
Finalmente, en el ámbito de Móstoles, estamos hablando de un conjunto de población que supera incluso a los anteriores, son 627.000 habitantes. El partido judicial de Navalcarnero, de Móstoles, de Alcorcón y Fuenlabrada suman juntos 28 órganos, ad quo 25 juzgados de primera instancia e instrucción y tres de los Penal; parece razonable que tratándose de una primera instancia tan voluminosa y que genera tantos recursos de apelación en la audiencia provincial, pueda haber una sección desplazada. Ahí está la lógica de la propuesta; nos parece buena para el ciudadano y me alegro, señora Alberdi, de que usted apruebe el plan.
Los resultados de este plan no los veremos pronto, llevará tiempo verlos; harán falta dos o tres años para que sea definitivamente útil y eficaz. Por mi parte, espero que vaya acompañado de reformas que pactemos entre su grupo parlamentario y el mío y que serán de ayuda.
Hace falta un diseño mejor de la oficina judicial, que tendría en la Audiencia provincial un extraordinario impacto, mayor que en ningún otro órgano jurisdiccional, y una ventanilla única judicial en Madrid tendría también un gran efecto. Creemos que es perfectamente posible hablar de todas esas cosas cuando hagamos un plan de nuevas tecnologías y hablemos del nuevo diseño de la oficina judicial.
Por todo ello, creo que no hay que tener esperanza sólo en este plan que usted ha calificado de novedoso, sino también en las novedades que entre todos podamos introducir en la justicia en su conjunto.
Muchas gracias por su paciencia, señor presidente.


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- DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LAS TRANSFERENCIAS DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A LA COMUNIDAD DE MADRID.
(Número de expediente 181/000468)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Llevamos varios años hablando de las transferencias de medios materiales y personales de la Administración de justicia a la Comunidad Autónoma de Madrid, dentro de las previsiones de traspasos en esta materia a las comunidades autónomas que aún no los tienen.
Dentro de los problemas generales que este tipo de transferencias provocan, sobre todo en lo atinente a las previsiones económicas que las acompañan, es innegable que el caso de Madrid es singular por la enorme litigiosidad derivada fundamentalmente de la domiciliación en la ciudad de las grandes y medianas firmas financieras, y desde luego de su población mucho mayor que la de otras comunidades autónomas.
Además, el hecho de la capitalidad y de residenciarse aquí la cúpula del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, añaden nuevos elementos a tener en cuenta en cuanto a la ubicación de edificios, coordinación entre ellos y tantas otras medidas de carácter organizativo que afectan al buen funcionamiento de la justicia.
No se nos oculta que aquí hemos de atenernos al traspaso de medios materiales y personales de la región de Madrid, pero ello está sin duda ligado a su singularidad. De hecho, el Gobierno viene prometiendo desde hace cuatro años la ciudad de la justicia para Madrid, un gran centro donde se ubicarían todos los órganos judiciales. Buena promesa, que suscitó esperanzas que han resultado vanas, pues con esa excusa no se ha invertido apenas en nuevos edificios ni en medios materiales en cuatro años. Por ello, en los traspasos habrá que plantear en primer lugar que el traspaso sería deficitario si se hiciera en estas fechas, que esa inversión cero ha de ser compensada y que en la próxima legislatura una vez que la comunidad asuma las competencias, habrá de invertir sumas extraordinarias.
Nos encontramos ciertamente en una situación difícil, pues el Gobierno de la comunidad autónoma quiere cerrar las transferencias de justicia, y naturalmente apuntarse el tanto político correspondiente.
¿Conviene hacerlo en estas condiciones que se están barajando, cuando no se ha invertido nada o apenas nada en los últimos año, más que en parches y planes de choque? Habría que incorporar el coste de lo no invertido, y nos han dicho los interlocutores autonómicos que la ponencia técnica se reúne el mes que viene y que se trabajará bajo la premisa del coste efectivo, asumiendo como en otras ocasiones arrendamientos, titularidad de edificios y los aproximadamente 300 componentes del personal laboral. ¿Es esto adecuado ante la precariedad en que nos movemos, las necesidades extraordinarias que tiene Madrid, y sobre todo contando con la promesa que se hizo de la ciudad de la justicia para Madrid? En cualquier caso, señor secretario de Estado, entendemos que hay que asegurar que los medios personales y materiales que se obtengan en los traspasos sean suficientes para poder hacer frente al servicio público de la justicia. Por ello queremos que nos explique más pormenorizadamente la situación a día de hoy y cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno en materia de transferencias de medios materiales y personales a la Comunidad Autónoma de Madrid.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Aun entendiendo que los tiempos reglamentariamente establecidos para este trámite se nos quedan cortos por la importancia del debate, le ruego un especial sentido de síntesis al señor secretario de Estado dada la hora que es y los asuntos pendientes.
Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Este tema creí que había renunciado a formularlo porque estaba acumulado con el otro, pero con mucho gusto le contesto porque es una cuestión en la que el Ministerio tiene especial empeño.
La política del Ministerio en materia de transferencias es muy clara: en este momento el diseño es desequilibrado, no parece que el mapa de siete comunidades con competencias transferidas y otras once con competencias no transferidas permita un modelo de justicia ágil y eficaz. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que a las comunidades autónomas hay que darles un papel importante en la gestión eficaz de una justicia más moderna. También creemos que en ese diseño competencial hay extraordinarias disfunciones. Lo creemos, lo hemos dicho en el seno de la Comisión sectorial, que quiero recordarle está teniendo una actividad sin precedentes, nos hemos reunido en muy frecuentes ocasiones desde que Ángel Acebes, el ministro de Justicia tomó posesión, y con ellos hemos venido hablando de que efectivamente hay que perfeccionar el modelo. Es una de las propuestas, uno de los ejes básicos del documento de trabajo que hemos repartido a su grupo parlamentario hacer una mejor definición, más completa, más concreta de las competencias que asumen las comunidades autónomas con un único objetivo y es que al final los ciudadanos perciban y reciban una mejor calidad en la atención de la justicia.
Desde esa posición de que hace falta redefinir algunos elementos, sin embargo tampoco creíamos necesario hacer un parón, es decir esperar a la redefinición

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para seguir el proceso. Nos parece que no era necesario perder tiempo y por eso la apuesta que hizo el ministro muy claramente en su primera comparecencia y que mantiene en el documento de trabajo, es que aquellas comunidades autónomas que lo deseen -y aquí el principio dispositivo, es decir, el principio de voluntariedad es esencial- tendrán esas transferencias. Nosotros somos partidarios de hacer las transferencias a las comunidades que estén en condiciones de asumirlas y que lo soliciten.
Madrid lo ha solicitado. No sé si la conclusión que se deduce de sus palabras es que usted no desea esa transferencia. Hubo un momento en que creí que usted se oponía a la transferencia y no quiero yo tenerle que decir al consejero de Madrid que hay un diputado en el Parlamento nacional que se opone a las transferencias, pero parece que eso es lo que dice. Si no dice eso, ¿dice que ahora no porque primero hay que hacer inversiones y luego transferencias, primero hay que hacer la ciudad de la justicia y después las transferencias? si tampoco dice eso, entonces no la he entendido mucho porque realmente usted ha puesto demasiados reparos al proceso de transferencias que, insisto, hemos iniciado en Madrid por petición de la propia comunidad.
La Comunidad de Madrid tiene todos los elementos para ser una comunidad en la que se proceda a hacer la transferencia de competencias en las mejores condiciones. Hay un abundante número de asuntos ante los tribunales, hay un abundantísimo número de órganos jurisdiccionales, hay un abundantísimo número de personal en los distintos ámbitos de la Administración de justicia, tanto jueces y fiscales, como secretarios judiciales; por eso se reúnen todas las condiciones. A su vez, permítame decirlo, hay un equipo muy solvente.
La Consejería de Justicia de Madrid tiene un consejero, el señor Mayor Oreja, extraordinariamente solvente que creo está impulsando una decisión política muy clara y una apuesta por mejorar la calidad de la justicia de los madrileños con esa solicitud, hecha adecuadamente, de las transferencias. De hecho venimos trabajando en distintos temas. Este plan de choque de la Audiencia lo hemos podido comentar con la Consejería de Justicia de Madrid, así como algunos otros planes para mejorar la justicia en Madrid los queremos abordar y lo vamos a hacer conjuntamente.
He tenido tres encuentros con el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. El consejero tuvo un encuentro con el ministro de Justicia. El ministro de Justicia atendió esa propuesta. Hemos puesto en marcha los equipos técnicos y el propio director general de Justicia, después de Semana Santa (no sé precisarle la fecha porque no la he traído apuntada, aunque ya está puesta, pensando en que había renunciado a la pregunta, pero se la puedo decir para informarle) continuará trabajando; se está trabajando con los mismos elementos de coste con los que se ha venido haciendo. Usted sabe que en la Administración de justicia en las transferencias hubo un modelo inicial y luego un modelo que han seguido las otra siete comunidades. Sobre ese modelo de evaluación de costes, de efectivos, de personal, de costes de infraestructura, de mantenimiento y de inversiones, se está trabajando, básicamente capítulo 1 y capítulo 6, y sobre eso es sobre lo que se tienen que poner de acuerdo, en primer lugar los equipos técnicos.


Sinceramente confío en que esas transferencias se puedan hacer en el marco de esta legislatura, se podría hace quizá en dos fases, medios personales y medios materiales, quizá en una fase, quizá atendiendo a la naturaleza de algunos órganos, que es otra propuesta bastante razonable. Confío que se haga en esta legislatura y también estoy convencido de que va a ser bueno para los madrileños.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Muy brevemente, señor presidente, para agradecer la intervención del secretario de Estado, sus explicaciones y hacer votos para que esas transferencias se produzcan. Quiero aclararle que yo sí que las deseo, pero desearía que esa situación de déficit de medios que hay en Madrid pudiera cubrirse. Naturalmente, el coste efectivo implica atenerse al capítulo 1 y al capítulo 6, pero ciertamente quiero dejar constancia de las expectativas que había respecto a esa ciudad de la justicia que no se han cumplido y que ahora, en el momento de efectuarse los traspasos, no se va a tener en cuenta. Sería bueno que se tuviera en cuenta esa deficiencia y que se incorporara de alguna forma un complemento, como excepcionalmente se ha hecho en algunos otros temas, y quiero recordarle el tema de las transferencias de educación precisamente a la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se hizo una excepción.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No quisiera que de mis palabras se deduzca que hay un abandono del plan.
Sabe que hay un compromiso del Ayuntamiento y de la Comunidad.
Creemos que efectivamente dentro de la situación de la Justicia en Madrid las infraestructuras merecen una singular atención. El propio Ministerio está trabajando, y es una de las propuestas, no sé si la número 19, del documento de trabajo, en hacer un plan de infraestructuras en el que un eje prioritario es precisamente la Comunidad de Madrid. Estoy convencido de que ese plan de infraestructuras, el día que tengamos ocasión de presentarlo, va a ser satisfactorio también para la señora diputada.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le reiteramos las gracias por su comparecencia, ampliada un poco por la prórroga.
Suspendemos la Comisión el tiempo justo para despedir al secretario de Estado y recibir al subsecretario. (Pausa.)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES DEL FRACASO DE LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN, ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995. (Número de expediente 181/ 000441)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES QUE JUSTIFICAN LA DISMINUCIÓN DE LOS DENOMINADOS JUICIOS RÁPIDOS. (Número de expediente 181/000442)

- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR LA CELEBRACIÓN DE LOS LLAMADOS JUICIOS RÁPIDOS. (Número de expediente 181/000447)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Todos estaremos de acuerdo en que, dada la hora, debemos ser estrictamente reglamentarios.
Dado que se han acumulado las preguntas 1, 2 y 3, para su formulación tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor subsecretario por su presencia ante la Comisión, imagino que habrá dado fácilmente con la sala.
Siempre es bien venida una persona como usted que pertenece a la casa, y en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de charlar de otros asuntos. Es bueno que hoy nos venga a hablar con mucha información, porque estoy seguro de que usted es una persona muy sólida, de dos cuestiones que nos tienen preocupados. Voy a formular muy rápidamente las preguntas, estaré a resultas de la información que usted dé y seguramente no ejerceré mi derecho de réplica.
El primer asunto que nos trae aquí y que aparece en el orden del día, son las razones del fracaso de las penas alternativas a la prisión, establecidas en el Código Penal de 1995. Quisiera que no se parara demasiado en la expresión fracaso sino más bien en las razones y las causas que llevan a que unas penas que en 1995 fueron consideradas como unas penas alternativas a la prisión, de una configuración moderna de lo que debe ser no sólo la acción represiva frente al hecho delictivo sino también la acción rehabilitadora, tan constitucional y tan querida por todos, que este tipo de penas debería ir consolidándose en el tiempo, y de su consideración se deduciría su fracaso o no. En aquel momento éramos muchos los ponentes que confiábamos en que su consolidación en el tiempo permitiría su éxito y que poco a poco iríamos conformando otro estilo de consideración de la pena. Estamos hablando fundamentalmente para supuestos de carácter menor o de hechos que tienen una tipificación que lleva consigo penas menos graves.
Los datos que tenemos ponen de manifiesto que las penas alternativas a la prisión impuestas por los tribunales -somos conscientes de que son los tribunales quienes tienen que hacerlo- tales como el arresto de fin de semana o los trabajos en beneficio de la comunidad, no están imponiéndose en los tribunales. Merece la pena hacer una reflexión en esta sede, no sea que no todos hayamos cumplido con los deberes que nos imponía el Código Penal -también me refiero a la Administración central del Estado, al Ejecutivo-, y como consecuencia de esa dejación no existan depósitos suficientes para arrestos de fines de semana -que bien sabe usted que se precisan-, de módulos específicos en prisión o de depósitos en ayuntamientos u otras instalaciones que precisan de medios, que precisan de una voluntad seria tendente a ver en esto un proyecto político importante. No es así, es decir no hay arrestos de fines de semana, no hay trabajos en beneficio de la comunidad, excepción hecha de algunas comunidades autónomas, y tendrá usted datos señor subsecretario similares a los nuestros. Por ejemplo, parece que en Cataluña sí hay una mayor aceptación y una mayor aplicación del Código Penal con medidas de este tipo. Esto debe tener una responsabilidad compartida, aunque no nos importa tanto la responsabilidad como la información y las causas si es que tenemos. Este nivel de información es el que solicitamos.
Esta responsabilidad compartida tiene que tener algunas causas y sobre todo, señor subsecretario y es lo que queríamos mover a su consideración, tiene que tener alguna explicación de carácter político. Dicho de otra manera, y por ampliar la pregunta, ¿el Ejecutivo cree de verdad en estas penas? ¿El Ejecutivo está habilitando las fórmulas en la parte de responsabilidad del Ejecutivo que las hagan posibles? ¿Está estimulando, en la política criminal que permite la instrucción al fiscal, fórmulas que recaben de los jueces las penas alternativas? Digámoslo de otra manera: ¿qué está haciendo el Ejecutivo para que el Código Penal, que fue un proyecto de un Ejecutivo, que este Parlamento hizo suyo y que hoy es ley, se cumpla también en este apartado? Después hay una segunda y una tercera pregunta, señor subsecretario, que entra un poquito dentro de la misma reflexión. El artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el que en la preparación del juicio oral define un poquito los medios, la tramoya, los instrumentos, las fórmula para hacer posibles los juicios rápidos.
Los juicios rápidos tuvieron, -y tienen-, una experiencia positiva hacia los años 1992 y 1993, sobre todo como consecuencia de ciertos acontecimientos en Barcelona y en Sevilla, para determinados asuntos de

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carácter menor, todos ellos penales como es evidente, y sin embargo desde los últimos cinco años hay un descenso del 50 por ciento en la aplicación de estos juicios rápidos; es decir, hoy día hay el 50 por ciento de juicios rápidos menos que con anterioridad a estos últimos cinco años. Ha descendido claramente la aplicación de este artículo y por tanto la celebración de estos juicios rápidos, datos que conforma la memoria del ministerio fiscal. Es verdad que es distinta la aplicación de estos asuntos en unas comunidades que en otras y en algunos juzgados diferente que en otros. En Barcelona y Sevilla se sigue potenciando al parecer, esta figura, aunque se ha rebajado, quizá porque tienen esa experiencia acumulada; en Madrid, en absoluto. Sin embargo, de hacer posible este tipo de celebración de juicios rápidos estaríamos rebajando sustancialmente algunas de las cifras que usted conoce en los juicios penales y que son muy preocupantes. Me parece que la pendencia penal está cercana a los 700.000 asuntos; para ser exactos, sin diligencias previas al año 1999 eran 500.000 y con diligencias previas e indeterminadas estaríamos cercanos a los 900.000 asuntos, es decir una pendencia muy importante y que seguramente podría solventarse con ese tipo de medidas alternativas, con la toma en consideración de medidas alternativas y sobre todo con la ejecución o aplicación procesal de los denominados juicios rápidos. No sé si el señor subsecretario tiene algún dato que nos pueda ayudar a ir conformando una solución a estos problemas. Vale también la pregunta anterior: ¿creen ustedes que esto puede solucionar determinados asuntos de carácter menor en términos penales en el momento actual? Es decir, ¿creen ustedes en los juicios rápidos? Si eso es así, ¿han estudiado las causas? Si así lo creen, ¿cuáles pueden ser las fórmulas de solución de esta rebaja de juicios rápidos para volver otra vez a los parámetros que existían un poquito antes de los últimos cinco años, que son los datos que tenemos? No sé si he sido capaz de conformar un poquito lo que a nosotros nos preocupa en estas preguntas. Si no fuera así, lógicamente estoy a resultas de lo que el subsecretario quiera complementar de parte de este grupo en el correspondiente trámite de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Que intente administrar adecuadamente los tiempos no es razón suficiente para que no demos la bienvenida al subsecretario del Ministerio de Justicia a esta Comisión, agradeciéndole su presencia en esta Comisión y en esta casa, que conoce tan bien.
Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Empiezo, como es obligado, agradeciendo las palabras de bienvenida del señor presidente y del señor portavoz del Grupo Socialista. Como esta es una circunstancia especial y transitoria no voy a olvidarme de dónde está la sala en ningún caso. Me alegro especialmente que mi primera intervención en una nueva condición en esta casa sea en respuesta a las preguntas de un parlamentario como don Javier Barrero con quien me une una vieja relación ya entrañable y al que intentaré dar respuesta en la medida de mis posibilidades tratando de administrar el tiempo bien para no retrasar más esta sesión que ya va siendo larga de la Comisión.
Tanto la primera como la segunda pregunta entiendo que se pueden agrupar en su formulación porque en el fondo están planteando una cuestión que tenemos encima de la mesa y de la que yo creo que es bueno partir para dar alguna respuesta útil. Plantea S.S. dos problemas diferentes pero que tienen que ver con la necesidad de introducir cambios significativos en algunas cosas para que nuestra justicia funcione mejor y, como estamos en tiempos de reformas, bueno es que estudiemos con detalle y en profundidad alguna de las cuestiones que, en efecto, parece que pueden ser objeto de una reforma para mejorar el funcionamiento de la justicia y, en general, del conjunto de nuestro aparato jurídico.
En lo que se refiere a las penas alternativas a la prisión, decía bien el portavoz del Grupo Socialista cuando comentaba que probablemente la expresión no es fracaso. Cabe decir que no se están produciendo con la asiduidad -y aquí ya tendría que añadir un juicio de valor- que hubiese sido considerada más deseable o menos deseable, pero no quiero entrar en esta respuesta a hacer juicios de valor acerca de si en su momento se advirtió si era el mejor procedimiento o si era el momento oportuno, si estaba maduro nuestro país para recibir novedades tan significativas como las que se introducían por esta vía en el Código Penal de 1995. En todo caso, prescindiendo de eso, que no es del día de hoy, usted conoce bien que tanto la doctrina como instituciones -algunas de ellas tan significativas como el Consejo General del Poder Judicial que elaboró expresamente un informe sobre esta cuestión en julio de 1999- vienen explicando que la razón por la cual no se puede hablar de la asiduidad deseada o deseable no es una razón única, que procede de una suma larga e importante de causas. Precisamente eso -y ahora intentaré hacer un examen más pormenorizado de las mismas-, la conciencia de eso es lo que ha llevado al Gobierno -y en concreto al Ministerio de Justicia- a poner en marcha la comisión técnica que hoy está estudiando la reforma del sistema de penas.
Hay una conciencia -usted lo decía y lo decía muy bien- de que es necesario pensar sobre esto, es necesario reflexionar si efectivamente acertamos en la letra de la ley, tal y como se expresó en su día, y si estamos acertando o no en las medidas que desde la letra de la ley se han podido adoptar. Permítame que le diga, porque me parece que es la primera vez que en esta legislatura se habla con algún detalle en esta Comisión deesa otra Comisión técnica, que es importante destacar

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que tiene un papel relevante que jugar en la cuestión que, con fortuna, S.S. plantea en el día de hoy. Estamos hablando de una comisión técnica, cuya composición conocen bien, es de la máxima relevancia; que está no solo trabajando, sino avanzando de una forma silenciosa, lleva ya más de una decena de reuniones; que está reflexionando precisamente sobre las cuestiones que planteaba S.S. y haciéndolo desde una visión global. Yo creo que es importante que se destaque que hay que hacerlo desde una visión global. No se trata solo de estudiar por qué tal o cual pena ha funcionado mejor o pero, sino tener claro cuál es el modelo que tenemos en vigor, cómo fortalecerlo, cómo introducir en ese modelo algunas reformas que puedan permitir que nos dé mayor satisfacción. Es decir, se trata de resolver los problemas prácticos que se han detectado, se trata de ver si está funcionando ese sistema de penas con eficacia, respondiendo a los criterios de proporcionalidad debidos, facilitando lo que entiendo que fue la gran filosofía que inspiró esas novedades en su momento, como la propia reinserción y rehabilitación de estas personas e incluso introduciendo en esa reflexión - todo ello con una visión general- las nuevas tendencias que uno aprecia en la realidad criminal y en los mecanismos de los que dispone el Estado para afrontar la realidad criminal, el uso de las nuevas tecnología, etcétera. Yo no me voy a entretener en hacer una descripción de lo que está desarrollándose en los trabajos de la comisión, tampoco me voy a detener en los tipos de delitos en los que fundamentalmente se está haciendo el análisis, el contraste, de cómo ese sistema de penas está funcionando. Pero sí diré que, en todo caso, por la propia forma de trabajar, por la propia agenda que ha dibujado la comisión para sus trabajos, va a proporcionar a este Parlamento una información muy valiosa, entiendo, para que fortalezcamos, reconduzcamos, en la medida en que sea necesario, permitamos ganar al futuro con mayor solvencia las alternativas que en su día se establecieron a la prisión en el Código Penal. Y como he dicho alguna vez -no en esta casa, en esta casa lo digo hoy por primera vez, pero lo he dicho con anterioridad- esta Comisión no está revisando la filosofía de todo lo que entonces se planteó, esta Comisión está profundizando en mejorar el sistema del que nos dotamos en el año 1995 para conseguir, entre otras cosas, lo que S.S. planteaba, que es que funcione mejor.
No quiero dejar de hacer una breve incursión, tal y como usted me apelaba, en las causas que se han podido apreciar. Yo las dividiría en tres órdenes de razones. Por un lado, se ha insistido -y se ha insistido mucho- en las propias deficiencias de la letra de la ley.
Por ejemplo, el informe del Consejo General del Poder Judicial hacía una larga enumeración de ello. Yo no me voy a detener en eso, porque no he venido esta mañana a tratar sobre esa cuestión. Entro directamente en lo que usted me planteaba respecto a las otras dos órdenes de causas. El segundo orden, al que yo llamaría de dificultades de puesta en práctica, donde -si me permite- distinguiría tres grandes realidades. Por una parte, cuál está siendo la actitud del aplicador, obviamente no es al Ejecutivo al que corresponde -como usted también decía muy bien en sus palabras- la aplicación fundamental de esas novedades. El aplicador fundamental, que es el juez, se queja de -entre comillas- determinadas incertidumbres que justificarían que en muchas ocasiones, pudiendo hacerlo, no le lleve a dictar una pena de estas características.
Desde causas mayores hasta causas menores; desde el desconocimiento de cuál es la oferta de puestos de trabajo que puede existir para que se vaya a los trabajos alternativos en beneficio de la comunidad hasta cosas tan menudas como la inexistencia en nuestro sistema judicial de algo como el archivo de solvencia económica, que permite conocer con detalle, cuando uno tiene a un señor delante, cuál es su capacidad económica en relación con la multa que se le puede imponer.
Hay un segundo orden de intervención. Usted lo ha mencionado y ha sido quién ha hecho mayor hincapié: el del sistema penitenciario y el conjunto de administraciones que tienen que intervenir en el impulso, por un lado, y en la ejecución, por otro lado. Diré dos cosas. La primera, que desde el Real Decreto 690/1996 y las circulares que luego han venido a desarrollarlo la Administración general del Estado ha hecho, como usted decía antes, los deberes en la medida que le correspondía y ha abierto unas vías, fundamentalmente a través de los convenios con las corporaciones locales, que posibilitaban la disponibilidad de los medios necesarios para la puesta en ejecución con una cierta solvencia de este tipo de penas. No obstante lo cual, tengo que coincidir plenamente con usted en que el conjunto de actuaciones de las administraciones públicas -no quiero referirme sólo a la Administración General- no ha llevado a una circunstancia en la que podamos decir que están resueltas todas las cuestiones de organización que permiten, a través de una red segura, una aplicación masiva de este tipo de penas. Y esto por una suma de causas en las que no me voy a detener porque sería prolijo hacerlo, aunque sí diré que algunas son de orden mayor y otras de orden menor, como la lejanía de las propias personas afectadas de los centros en los que van a ser internados para el arresto de fin de semana. Alguna vez se ha hecho el comentario de que ese tiempo se gasta en el autobús de ir y volver, por la lejanía misma debida al proceso de concentración de los centros penitenciarios y por la evidente dificultad de disponibilidad de establecimientos, a pesar de los convenios. Además, son establecimientos especiales, porque no estamos hablando de mezclar a las personas que están cumpliendo la pena por esta vía con otras que están cumpliendo un régimen ordinario de prisión. De hecho, otro de los comentarios que me ha llamado la atención a la hora de estudiar esta cuestión con una

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cierta profundidad es que uno de los efectos que se ha producido, precisamente por la especialidad de esos establecimientos, es un cierto aislamiento de las personas que son internadas en este tipo de centros especiales, en los que no pueden estar en contacto con otras personas.
En relación con las otras penas alternativas, podríamos hacer comentarios de la misma naturaleza. Como trabajos al servicio de la comunidad se han planteado cosas muy menudas, pero muy significativas a la hora de conseguir que esto funcione en el día a día de una forma solvente y, aparte de la realidad nacional, de las dificultades que genera el paro, existe la dificultad de los niveles de preparación para acceder a trabajos adecuados, el propio hecho de la necesidad del consentimiento del interesado, etcétera.
Aun aludiré a una tercera cuestión: el propio desarrollo de la realidad criminal puesto en contraste con la letra de la ley. Creo que SS.SS. conocen bien que en la mayoría de los casos para los cuales se pensó -como usted decía antes, un determinado tipo de delitos- este tipo de penas alternativas son casos en los que se está produciendo un alto nivel de reincidencia, con lo cual estas previsiones de la ley serían aplicables a un tipo de sujeto que sería el reo habitual, justamente el tipo de sujeto que choca con las previsiones para las cuales la ley está establecida. Sume usted todo esto y verá que tenemos un panorama de dificultades de ejecución y de aplicación.
Por último, resumiendo la esencia de su pregunta, yo hablaría, junto a la cuestión de la letra de la ley y de los problemas de ejecución, de un tercer factor, que es la dificultad que hay en esto y en tantas otras cosas de que los cambios culturales y con visión de conjunto de determinadas novedades sociales, y en este caso jurídicas, se introduzcan en el día a día de la vida social. Como decía al principio de mi contestación, no voy a hacer juicios de valor sobre el debate parlamentario que hubo en su día respecto a si esto constituía o no un ejercicio de voluntarismo, pero sí digo que en todo caso, para que efectivamente calen estas realidades, es necesario el esfuerzo cultural general de muchas personas. En ese sentido, y para terminar esta primera parte de la respuesta en relación con la cuestión del Código Penal, yo diría que de esa Comisión técnica que está trabajando y de las consecuencias que en su caso esta Comisión, entre otros, pueda sacar de los trabajos de esa Comisión, espero que pueda nacer el impulso que permita que toda la organización asuma culturalmente algo que va contra la tradición, que es novedoso, que genera dificultades de aplicación, porque además de decirnos qué ha ido bien y qué no ha ido bien, dónde nos hemos equivocado y dónde no, dónde no hemos puesto todos los medios que eran necesarios para que esto cuajase, nos va a decir una segunda cosa importante para esta previsión legislativa y en general para todas las previsiones legislativas, a mi juicio, que es que al mismo tiempo que se regula la realidad que se quiere disciplinar tengamos claros cuáles son los cambios organizativos, los medios y los recursos necesarios para que no sea un puro brindis al sol que la voluntad de la ley diga una cosa y luego, efectivamente, la sociedad y el aparato público no tengan capacidad para que desde el minuto siguiente se pueda llevar a ejecución.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Le ruego que sea muy breve, señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Sí, señor presidente.
En cuando a los juicios rápidos -y con toda brevedad-, tengo que decir que comparto al cien por cien lo que ha dicho en su intervención el portavoz del Grupo Socialista. Creo que no sólo toda la historia reciente de nuestro sistema judicial y procesal, sino también toda la historia del sistema judicial y procesal es la historia de un desiderátum, que es conseguir luchar contra las dilaciones, conseguir tener una justicia ágil, que responda inmediatamente a las circunstancias que provocan su intervención, etcétera. Usted sabe muy bien que ha habido muchas propuestas de reforma -1982, 1992, 1998-, revisión de ley tras revisión de ley, que caminan en esa dirección, y esa es la dirección. ¿Por qué no se alcanza el nivel -vuelvo a utilizar la palabra- deseable de utilización de esta figura? Pues también por una suma de causas, en las que, además por la llamada de la Presidencia, tampoco me voy a detener especialmente, pero sí quiero decir que, en todo caso, igual que para la cuestión anterior he dicho que se ha abierto una importante reflexión y que es bueno que la aprovechemos porque hay cosas que cambiar para que funcione como queremos que funcione, aquí lo digo todavía con más intensidad. La figura de los juicios rápidos es una de las figuras más importantes que tenemos encima de la mesa para propiciar algo en lo que estamos trabajando todos, que es la mejora y la reforma de la Administración de justicia, por una suma importantísima y larga de motivos: por el índice de litigiosidad -la necesidad de desatascar que usted mencionaba frente a las cifras importantísimas que tenemos encima de la mesa-; por la necesidad de proporcionar a los ciudadanos una justicia que actúe bajo los baremos de la celeridad, la agilidad, la prontitud de las resoluciones, etcétera; por la necesidad que tenemos, para organizar bien nuestro modelo judicial, de discriminar el tratamiento de los asuntos pequeños, menos graves, de los asuntos complejos. Me parece además que todo eso es especialmente visible en el ámbito de lo penal, primero porque están en juego derechos muy importantes de las personas, tanto de la víctima como del agresor, y, segundo, porque además el tipo de delitos al que usted se refería y para el que está pensada de forma fundamental la figura del juicio rápido acaba conformando, si se multiplica y no recibe una respuesta inmediata

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satisfactoria de forma que el ciudadano note que efectivamente se da respuesta a esa situación, un clima de inseguridad ciudadana.
Esto son cosas significativas, son palabras mayores. Por ello, abundando en la última parte de su intervención, yo diría que constituye uno de los elementos básicos de la reforma que tenemos entre manos, que, además, para que funcione y funcione bien, tiene que afectar al menos a cuatro órdenes de razones. En primer lugar, una reforma de las reglas procesales para agilizar, sin merma de las garantías, el enjuiciamiento de delitos menos graves y flagrantes que, en la medida en que lo hagamos bien, tiene que tener un efecto saludable inmediato, perceptible por el ciudadano de que efectivamente el procedimiento ha cambiado. Esto está ligado con la planta judicial, con la posibilidad de acercar la justicia al ciudadano y resolver los pequeños asuntos de la forma más próxima al ciudadano, etcétera. En segundo lugar, la reflexión sobre la estructura del proceso criminal. No voy a introducir ahora aquí el debate que tendremos que tener con mucha intensidad sobre quién debe realizar la instrucción en el futuro porque no solamente se trata de quién hace la instrucción sino para qué y cómo; es decir, la posibilidad de que esté previsto un trámite en nuestro ordenamiento que agilice y permita con rapidez el desarrollo de las diligencias, el desarrollo inmediato de la acusación, etcétera. En tercer lugar, cómo no aludir a ello, la necesidad de modificar los medios disponibles para llevarlo a cabo. Difícilmente vamos a poder establecer juzgados de guardia con fiscales en turno de guardia que estén en condiciones de afrontar la tarea que se precisa para poder desarrollar los juicios rápidos sin mejores medios. Y, en fin -no quiero dejar de mencionarlo también-, una mejor dotación y funcionamiento del turno de oficio ya que se precisa aquí también y de forma significativa la colaboración de los abogados, porque igual que decía anteriormente respecto de la primera cuestión -una cuestión global que afecta a toda la organización-, también tengo que decir que para que esto funcione de forma efectiva tiene que estar el juez, tiene que estar el fiscal, tiene que estar el abogado colaborando en la ejecución efectiva de las previsiones legales.


- EL SEÑOR VILLARUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY QUE REGULE LA MATERIA DE LA NACIONALIDAD. (Número de expediente 181/000504)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al noveno bloque de las preguntas organizadas hoy en la Comisión, que se corresponde con la número 20 del orden del día. Para su formulación tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con muchísima brevedad, señor presidente, para cumplir con lo que venimos diciendo, aunque veo que la actitud del Grupo Socialista no ha sido correspondida a lo largo de la mañana con la actitud de la Presidencia en cuanto a los tiempos, a los que hemos renunciado de manera importante y que se están ocupando en fines distintos a lo que es la mera función de control, lo cual quiero dejar sobre la mesa. No obstante, quiero dar la bienvenida al señor subsecretario y decir que, respecto a esta pregunta, relativa a las previsiones que el Gobierno tiene acerca de presentar un proyecto de ley que regule la materia de nacionalidad, como quiera que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 9 de marzo actual, y como quiera que, a su vez, el Grupo Popular, sin duda alentado por nuestras constantes solicitudes de que trajera este proyecto, ha presentado finalmente una proposición de ley, que consideramos conservadora y restrictiva en este ámbito, vamos a retirar la pregunta para colaborar en aquello que desde el comienzo de la mañana hemos dicho que íbamos a colaborar.


- DE LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIÓN EN RELACIÓN CON LA REFORMA LEGISLATIVA NECESARIA PARA INCORPORAR AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL EL CONTENIDO DE SU DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCUARTA. (Número de expediente 181/000614)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la pregunta número 21, correspondiente al punto décimo, que formulará la señora Rodríguez Díaz. Tiene la palabra.


La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Señor presidente, muy brevemente también.
En la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, se le daba al Gobierno un plazo de nueve meses para reformar el Texto Refundido de la Ley de procedimiento laboral, con el fin de que pudiera transferirse a la jurisdicción social el conocimiento de las pretensiones relacionadas con las resoluciones administrativas relativas a la regulación de empleo y en materia de traslados colectivos, hasta ese momento adjudicados a la vía contenciosoadministrativa. Los nueve meses que tenía de plazo el Gobierno para modificar la Ley de procedimiento laboral han sido superados en más de dos años. Señor subsecretario: ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno realizar la reforma legal que incorpore al Texto Refundido de la Ley de procedimiento laboral el contenido de su disposición adicional vigesimocuarta, por el que se establecía que los órganos jurisdiccionales de orden

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social conocerán de las pretensiones sobre: (apartado b), las resoluciones administrativas relativas a la regulación de empleo y actuaciones administrativas en materia de traslados colectivos?

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): En efecto, como dice la señora diputada la previsión contenida en lo que era la disposición final tercera de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que luego se vio afectada por la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 50/1998, de medidas fiscales, prevé en los términos que S.S. ha dicho la modificación del Texto Refundido de la Ley de procedimiento laboral.


Esa es una de las tareas que el nuevo equipo tenía encima de la mesa cuando tomó posesión hace menos de un año en el Ministerio de Justicia. Igual que con otras que estaban encima de la mesa inmediatamente se pusieron en marcha los trabajos necesarios para llevar adelante esa previsión. La mayoría de esos trabajos pendientes han ido viendo la luz. Como S.S. lo conoce bien, no voy a hacer un desarrollo de esos temas: la Ley del menor, la Ley de enjuiciamiento civil, que han preocupado y ocupado a esta Comisión, han entrado en vigor en los meses pasados; otras iniciativas legislativas ya están en marcha y en funcionamiento. Y esta también, si bien permítame que le haga tres observaciones que explican que la contestación exacta, precisa que doy a la pregunta que usted me hace es: estamos trabajando en ello y espero que esta Cámara pueda ocuparse pronto del correspondiente proyecto de ley que dé satisfacción a esa previsión; pero añado un matiz, que el Gobierno, en la medida en que en este momento está en fase de estudio gubernativo y posteriormente esta Comisión y esta Cámara cuando les corresponda, tendrán que reflexionar con cuidado, con detalle, con profundidad, para acertar a la hora de dar efectiva ejecución a esa previsión de que en el texto refundido se incluyan las previsiones que en su día estableció para los órganos jurisdiccionales del orden social la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Digo esto porque en el desarrollo legislativo, que efectivamente está pendiente y que hay que hacer, inciden tres tipos de consideraciones que a mí me parecen remarcables y con las que hay que contar, insisto, en sede gubernativa y en sede parlamentaria.
En primer lugar, el hecho en sí del trasvase de jurisdicción no es sencillo. No estamos hablando de una cuestión que podamos resolver con una pequeña reunión y una pequeña reflexión de pocos minutos.
Estamos hablando de una cosa significativa que es el fruto de años, y fíjese, señoría, tanto en la previsión que existía en la redacción originaria de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa como luego, cuando se estableció el plazo al que S.S. ha hecho referencia en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, del año 1998, en ambos casos, se ha previsto una doble cautela: un plazo para aprobar (equis meses para que el Gobierno presente al Parlamento y el Parlamento apruebe) y un segundo plazo, que en esa aprobación -y se prevé expresamente- se determine cuál es el plazo que se establece para su entrada en vigor. ¿Qué nos está diciendo el legislador dos veces y con el mismo mensaje? Nos está diciendo: esto no es una cosa que se puede hacer de hoy para mañana, esto es una cosa que tiene repercusión significativa, esto es algo que hay que hacer con cautela en el tiempo para que no provoquemos un resultado contrario al que realmente se persigue, agilizar con el trasvase a la jurisdicción del orden social la tramitación del tipo de asuntos que la Ley de lo contencioso ha previsto que efectivamente se trasvase.
Hay una segunda cuestión sobre la que quiero llamar también la atención, y es que la reforma a la que S.S. se refiere no es la única reforma procesal que tenemos pendiente. Hace un momento, en respuesta a la pregunta anterior, estábamos hablando, por ejemplo, de algunas reformas que la experiencia nos está dictando que van a ser necesarias en un plazo inmediato -el tema de los juicios rápidos-; S.
S. tiene con seguridad conocimiento de que hay otras reformas procesales en este momento en estudio obligadas por la propia exigencia de directivas comunitarias -estoy pensando en el desarrollo de las acciones de cesación y cómo eso va a repercutir prácticamente en todos los órdenes jurisdiccionales-, y aún están por venir a esta Cámara proyectos legislativos que han sido comprometidos por el Gobierno, por el ministro de Justicia en esta misma tribuna, y que no son proyectos pequeños, como por ejemplo el proyecto de ley concursal o por supuesto el nuevo proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que van a tener una incidencia decisiva en ese cuadro de reformas procesales al que hace un momento me refería.
Entiendo que es bueno, y en ese sentido estamos trabajando en el Ministerio, que no se estudien ni prevean cada una de las reformas parciales aisladas del conjunto de las reformas que inmediatamente le van a suceder, porque, si no, probablemente lo que estaría pasando sería que estaríamos trayendo una reforma para traer la reforma de la reforma a esta misma Comisión al día siguiente, y de lo que se trata, como usted conoce bien, es de que la reforma permita los objetivos que se pretendían con la Ley de la jurisdicción contenciosa, para que pueda asentarse y funcionar sin necesidad de tener que modificarla al primer minuto.
Para terminar, en esas reflexiones que estamos teniendo en cuenta en sede gubernativa y en las que en su momento haya que tener también en las CortesGenerales, y concretamente en el Congreso, yo añadiría

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un elemento más, y es que empezamos a disponer ya de forma significativa de datos y de estadísticas que nos permiten conformar un primer juicio acerca de cómo está funcionando la nueva y afortunada legislación de que nos hemos dotado sobre la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sume S.S. todas estas circunstancias y, como le decía antes, espero que en esta Cámara podamos debatir pronto ese proyecto de ley, teniendo en cuenta todas estas consideraciones y haciendo el proyecto de ley más asentado y más estable que resulte posible para resolver la cuestión que en definitiva pretendemos resolver.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz.


La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Muy brevemente. Gracias, señor subsecretario, por las explicaciones que nos ha dado. Lo único que quiero es que tome en consideración que esta reforma afecta a mucha gente, a muchos trabajadores sobre todo, muchos de los cuales ya llevan esperando tres y cuatro años para que se dicte sentencia en cuestiones relativas a sus derechos. A partir de ahora tomaremos en consideración las explicaciones que ha dado, porque estimamos que esta reforma, que no es un texto muy difícil, va a traer como consecuencia, como el señor subsecretario ha dicho, otras reformas que ya señalaba usted anteriormente. Lo único que le decimos desde aquí es que esperemos que en breve, por lo menos a mitad de legislatura, tengamos esta reforma y la podamos debatir en este Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Sólo quiero añadir una cosa en línea con las últimas palabras de la señora diputada. Esperemos que así sea.
Como usted decía, el Gobierno es muy consciente de que esto afecta desde hace muchos años a muchas personas. No tenga usted ninguna duda de que todos los elementos que he ido desgranando en mi contestación anterior convergen en la misma conclusión, que es que en el momento en que se haga lo que se tiene que hacer será para conseguir el objetivo que queremos conseguir. Es decir, si la idea es que la jurisdicción contencioso- administrativa se ha buscado su salida para este tipo de procesos, porque se considera una jurisdicción en la que los procedimientos son más gravosos y de más larga duración y se ha buscado una alternativa, lo que tenemos ahora pendiente es una reforma que ha de realizarse en el momento en que tengamos toda la seguridad, para las personas que en este momento o en el futuro puedan estar afectadas, de que vamos a un procedimiento menos gravoso, que resuelve con mayor prontitud estas cuestiones. Ese es el objetivo que en este momento tiene el Gobierno a la hora de operar con todos los elementos que le he comentado.


-DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA). (Número de expediente 181/000692)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la última pregunta del orden del día, la número 24, que formulará el señor Villarrubia. Es una de las pocas preguntas en la sesión de hoy que no está acumulada a ninguna otra. Quisiera decirle, en cuanto a su comentario anterior, que acumular las preguntas no es lo mismo que no tener que contestarlas. Las respuestas, normalmente -por lo menos esta Presidencia así lo ha entendido-, requieren mayor tiempo, sobre todo cuando el Gobierno está dispuesto a ello, que la pregunta en sí.
A eso creo que se ha debido la enorme extensión de esta sesión de hoy.
Tiene la palabra para formular la pregunta.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No vamos a entrar en ese debate.
Cuando vea el contenido literal de la sesión se contestará usted mismo qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esta mañana.
Esta es una pregunta muy concreta y por eso rogaría también al señor subsecretario una respuesta concreta. La cuestión que se plantea es que en el presupuesto de Justicia del año 2000 se recogía como plan bianual, es decir, a realizar entre los ejercicios 2000 y 2001, la construcción de un nuevo edificio que albergara los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la localidad de Cervera de Pisuerga, en Palencia. Las consignaciones iniciales eran de 20 millones para el año 2000 y de 100 millones para 2001, es decir, un plan bianual de 120 millones. Cuando se presentaron los presupuestos de 2001, corríjame si no es así, nos llevamos la sorpresa de que la dotación de 100 millones prevista para dicho año se convirtió en tan sólo 15. Esta cuestión, un tanto extraña y que causó cierta preocupación a los afectados y al diputado que habla, parece que se haresuelto en tanto en cuanto que en respuesta escrita, de fecha 2 de marzo, se nos dice que, en efecto, está el proyecto, que se va a ejecutar esta obra, que el solar ya está cedido por el ayuntamiento y que en fechas próximas se llevará a cabo el encargo para la redacción del proyecto. La pregunta es muy concreta: ¿Se mantiene la voluntad de realizar la construcción de este edificio en los plazos comprometidos? ¿Existe consignación presupuestaria para ello? ¿Se va a adjudicar el proyecto? ¿En qué fechas, en qué plazos? ¿Dónde está la consignación presupuestaria? ¿Con cargo a qué partida se

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va a realizar? Pero, en definitiva, más que con cargo a qué partidas y dónde están las dotaciones, que también nos interesa, lo que fundamentalmente nos importa es si efectivamente se va a realizar esta obra y cuándo.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): La concisión de la pregunta merece la concisión de una respuesta concisa. Lo intentaré.
En primer lugar, he de decir con claridad que el Ministerio tiene constancia de las deficiencias que afectan a las actuales instalaciones que están albergando los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Cervera de Pisuerga y por ello, como S.S.
ha planteado, el plan de inversiones públicas correspondiente al Ministerio establece la programación de la obra para edificio de nueva planta en dicha localidad. Como usted conoce muy bien, y no digo nada nuevo, se dispone desde hace tiempo de solar, ya se ha redactado el pliego de cláusulas técnicas y administrativas para la adjudicación del proyecto y en este mismo mes de abril se encarga el proyecto con una redacción estimada de tres meses, más la supervisión técnica que corresponda, de forma tal que podamos iniciar la licitación de la obra después del verano de este mismo año y empiece a desarrollarse la misma en el último trimestre y durante el año 2002. Efectivamente, como es obligado respecto de lo que le acabo de decir, existe la consignación presupuestaria necesaria para realizar los trabajos que haya que realizar este año y culminarlos el año que viene.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Le agradecería, dentro de que es una pregunta y una respuesta concisa, que me concretase un poco más qué es lo que se va a ejecutar en el año 2001 y qué consignación presupuestaria existe.


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (Astarloa Huarte-Mendicoa): Como le decía, en la medida en que resulte posible, el inicio de la obra será en el último trimestre de este año, en la idea de concluirla el próximo ejercicio.
En cuanto a las disponibilidades presupuestarias, como usted ha dicho, ya existe la consignación que existe para este año; se ha vuelto a jugar con la idea de la doble anualidad. En el plan de infraestructuras que con carácter general está elaborando el Ministerio, no sólo para este supuesto concreto sino para todo el conjunto de los edificios judiciales (del que espero que algún día podamos hablar con detalle en esta Cámara), está prevista la terminación de esa obra a lo largo del ejercicio que viene, sin lugar a dudas. Podría hacer una broma añadida, y es que conozco de buenas fuentes (porque me lo ha dicho el subsecretario de Justicia) que existe la consignación presupuestaria suficiente para que eso sea así, pero, en todo caso, es así.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario. Le agradecemos, de nuevo, su presencia en esta Comisión. Despidiéndole hasta una próxima ocasión, levantamos la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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