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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 69, de 25/10/2000
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCION CORTES GENERALES

VII LEGISLATURA

Serie A: 25 de octubre de 2000 Núm. 69 ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

DEFENSOR DEL PUEBLO

260/000001 (CD) 780/000001 (S) Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1999.


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(260) Informe anual del Defensor del Pueblo.


260/000001

AUTOR: Defensor del Pueblo.


Informe correspondiente a la gestión realizada durante el año 1999.


Acuerdo:

Admitir a trámite, conforme al artículo 200 del Reglamento y a la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 21 de abril de 1992, trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como poner en conocimiento del Senado.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


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INFORME A LAS CORTES GENERALES

SUMARIO

PRIMERA PARTE

1. PRESENTACIÓN ... (Página 13)

2. TRATAMIENTO MONOGRÁFICO DE DETERMINADOS TEMAS ... (Página 14)

2.1. El régimen fiscal de las personas discapacitadas ... (Página 14) 2.2. El control de los medios de comunicación social de titularidad pública ... (Página 16) 2.3. Las declaraciones de impacto ambiental ... (Página 19) 2.4. La protección social a las personas dependientes ... (Página 24) 2.5. El tratamiento de la drogodependencia en prisión ... (Página 26) 2.6. El uso sexista del lenguaje por la Administración pública ... (Página 30) 2.7. Sustracción internacional de menores por parte de uno de sus progenitores ... (Página 32) 2.8. Actuaciones en relación con los derechos de la infancia ... (Página 35)

3. DATOS ESTADÍSTICOS ... (Página 37)

3.1. Quejas registradas durante 1999 ... (Página 37)

3.1.1. Procedencia de las quejas ... (Página 38) 3.1.2. Tratamiento de las quejas recibidas en 1999 ... (Página 39) 3.1.3. Grupos de quejas idénticas ... (Página 39) 3.1.4. Quejas individuales ... (Página 39) 3.1.5. Investigación y resultados de las quejas de 1999 ... (Página 40)

3.2. Investigación y resultados de las quejas registradas en ejercicios anteriores a 1999 ... (Página 41)

3.2.1. Quejas individuales ... (Página 41) 3.2.2. Quejas idénticas registradas antes de 1999 ... (Página 42)

3.3. Atención e información al público ... (Página 42)

3.4. Resoluciones adoptadas en relación a la quejas ... (Página 42)

3.4.1. Recomendaciones ... (Página 42) 3.4.2. Sugerencias ... (Página 43)

3.5. Actuaciones de oficio ... (Página 43)

3.6. Visitas ... (Página 47)

3.7. Administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del Pueblo ... (Página 48)

4. RECOMENDACIONES ... (Página 51)

4.1. Recomendaciones formuladas en relación con las quejas ... (Página 51)

4.1.1. Recomendaciones sobre sustracción y secuestro internacional de menores por uno de sus progenitores ... (Página 51) 4.1.2. Recomendación sobre notificación personal en expedientes de visado ... (Página 52) 4.1.3. Recomendación sobre modificación de determinados artículos de la Ley y del Reglamento del Registro Civil, en relación con la inscripción de nacimientos y el derecho de acceso a la historia personal ... (Página 53) 4.1.4. Recomendación sobre carencia de psicólogos, trabajadores sociales y educadores en las clínicas médico-forenses ... (Página 53) 4.1.5. Recomendación sobre el cambio de interpretación respecto de la inscripción o autorización de matrimonios en aquellos casos en los que alguno de los contrayentes no sea nacional del Estado español ... (Página 54)

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4.1.6. Recomendación sobre notificaciones de resoluciones que afectan a los objetores de conciencia ... (Página 54) 4.1.7. Recomendación sobre subsanación de defectos en las solicitudes de convalidación de los servicios voluntarios realizados por objetores de conciencia ... (Página 55) 4.1.8. Recomendación sobre duración de los cursos de formación para el personal auxiliar de la Administración de justicia, celebrados con anterioridad a la aprobación del reglamento orgánico de tal cuerpo ... (Página 55) 4.1.9. Recomendación sobre libertad religiosa en las Fuerzas Armadas ... (Página 55) 4.1.10. Recomendación sobre adopción de medidas para garantizar los derechos de los sancionados. ... (Página 56) 4.1.11. Recomendación sobre modificación de criterios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas relativos a la acción protectora en materia social ... (Página 56) 4.1.12. Recomendación sobre reintegro de gastos de asistencia sanitaria prestada por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas ... (Página 57) 4.1.13. Recomendación sobre información a los interesados del resultado de los reconocimientos médicos que se les practiquen y modificación de las actas de los tribunales médicos militares ... (Página 58) 4.1.14. Recomendación sobre plazo de admisión de solicitudes de determinados programas de becas ... (Página 58) 4.1.15. Recomendación sobre la preceptiva publicación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ... (Página 58) 4.1.16. Recomendación sobre la adscripción a puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de funcionarios que posean determinadas especialidades en sus respectivos cuerpos o escalas ... (Página 59) 4.1.17. Recomendación sobre el contenido de las resoluciones dictadas por los tribunales económico-administrativos regionales ... (Página 59) 4.1.18. Recomendación sobre los centros de internamiento de extranjeros ... (Página 59) 4.1.19. Recomendación sobre las condiciones de los locales en los que se aloja a los inmigrantes en las Islas Canarias ... (Página 59) 4.1.20. Recomendación sobre la coordinación en la aplicación de las medidas de cacheo y registro a los internos en centros penitenciarios antes de proceder a su conducción o traslado ... (Página 60) 4.1.21. Recomendación sobre la función de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas ... (Página 60) 4.1.22. Recomendación sobre sanciones administrativas a menores ... (Página 60) 4.1.23. Recomendación sobre asignación de fondos para sufragar los gastos por desplazamiento de los familiares de los reclusos trasladados de prisión por insuficiencia temporal de plazas ... (Página 60) 4.1.24. Recomendación sobre autorización de la presencia del interno durante los registros en su celda y sobre el deber de entrega a los reclusos de una copia de los informes médicos realizados ...
(Página 61) 4.1.25. Recomendación sobre la notificación de concesiones o renovaciones de licencias de armas ... (Página 61) 4.1.26. Recomendación sobre la constancia documental en los atestados del ofrecimiento de los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página 61) 4.1.27. Recomendación sobre notificación de las denuncias de tráfico e identificación del denunciante ... (Página 62) 4.1.28. Recomendación sobre los derechos de residencia del cónyuge de un español ... (Página 62) 4.1.29. Recomendación sobre el centro de internamiento de extranjeros de Málaga ... (Página 62) 4.1.30. Recomendación para evitar medidas inadecuadas o desproporcionadas durante el internamiento de ciudadanos extranjeros ... (Página 62) 4.1.31. Recomendación sobre las tomas de declaración a extranjeros rechazados en frontera ... (Página 63) 4.1.32. Recomendación sobre la situación de los ciudadanos extranjeros en huelga de hambre en Melilla ... (Página 63)

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4.1.33. Recomendación sobre la inmediata puesta en libertad de los inmigrantes retenidos cuando se constate que no es posible la expulsión ... (Página 63) 4.1.34. Recomendación sobre las expulsiones de residentes incursos en el apartado c) del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985 ... (Página 64) 4.1.35. Recomendación sobre retrasos de vuelos y pérdida de equipajes en el aeropuerto Madrid-Barajas ... (Página 64) 4.1.36. Recomendación para la modificación de la Instrucción de 20 de octubre de 1986 en relación a la facturación de nuevos servicios de telefonía ... (Página 64) 4.1.37. Recomendación sobre flexibilización de las condiciones para la escolarización de alumnos con sobredotación intelectual ... (Página 64) 4.1.38. Recomendación sobre prioridad en la adjudicación de plazas universitarias a alumnos imposibilitados de participar en las pruebas de acceso de la convocatoria del mes de julio ... (Página 65) 4.1.39. Recomendación sobre agilización de trámites en la Universidad Rovira i Virgili para la expedición de títulos ... (Página 65) 4.1.40. Recomendación sobre cumplimiento de normativa vigente en el otorgamiento de becas correspondientes al programa Cicerone ... (Página 65) 4.1.41. Recomendación sobre concreción del concepto "otros méritos" cuya valoración se prevé en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios docentes ... (Página 65) 4.1.42. Recomendación sobre contenido y efectos de las credenciales de becarios ... (Página 65) 4.1.43. Recomendación sobre unificación formal de los modelos y criterios empleados en las actas de evaluación y expedientes académicos de alumnos de conservatorios de música ... (Página 66) 4.1.44. Recomendación sobre el proceso de admisión de alumnos en un centro privado concertado de Madrid ... (Página 66) 4.1.45. Recomendación sobre obligaciones de los maestros en lo que atañe a la consolidación de los hábitos de higiene de los alumnos de educación infantil ... (Página 66) 4.1.46. Recomendación sobre la necesidad de evitar la separación entre niños y niñas en las competiciones de ajedrez organizadas por la Federación Española de Ajedrez ... (Página 66) 4.1.47. Recomendación sobre condiciones de seguridad de los equipamientos deportivos fijos y móviles ... (Página 67) 4.1.48. Recomendación sobre el disfrute de permiso por maternidad por el padre en situaciones de incapacidad de la madre para atender al hijo aun no siendo ésta trabajadora ... (Página 67) 4.1.49. Recomendación sobre aplicación de un tratamiento jurídico igual, a efectos de la pensión de jubilación, a los periodos de actividad sacerdotal o de profesión religiosa anteriores a la inclusión de clérigos y de religiosos en la Seguridad Social ...
(Página 67) 4.1.50. Recomendación sobre acomodación de los procesos selectivos de personal laboral a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no excluyendo a quienes acrediten una titulación superior a la requerida ... (Página 67) 4.1.51. Recomendación sobre las condiciones de los equipamientos y recintos de áreas de juego infantil ... (Página 68) 4.1.52. Recomendación sobre concesionarios de inspección técnica de vehículos ... (Página 68) 4.1.53. Recomendación sobre notificación de subvenciones al sector pesquero ... (Página 68) 4.1.54. Recomendación sobre regularización de la cobertura de puestos de trabajo ocupados provisionalmente por el procedimiento de comisión de servicios ... (Página 68) 4.1.55. Recomendación sobre acceso a la historia clínica...(Página 69) 4.1.56. Recomendación sobre autorizaciones de vertido ... (Página 69) 4.1.57. Recomendación sobre la efectiva ejecución de las medidas de protección acordadas por la entidad pública de protección de menores ... (Página 69) 4.1.58. Recomendaciones sobre traslado o enterramiento de las líneas de alta tensión que atraviesan núcleos urbanos ... (Página 69) 4.1.59. Recomendación sobre precios públicos en la Universidad de Cantabria para matrícula de materias sin docencia ... (Página 70) 4.1.60. Recomendación sobre denegación tácita de licencias deportivas de tiro olímpico ... (Página 70)

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4.1.61. Recomendaciones para que las administraciones competentes emitan los informes previstos en la normativa ambiental y urbanística, ajustándose a lo establecido en las mismas ... (Página 70) 4.1.62. Recomendación sobre comunicación del alta médica de menores bajo la tutela de la Administración al órgano administrativo competente ... (Página 71) 4.1.63. Recomendación sobre horarios de cierre de establecimientos públicos ... (Página 71) 4.1.64. Recomendaciones sobre adopción de medidas para evitar retrasos en la publicación y difusión de diarios oficiales ... (Página 72) 4.1.65. Recomendación sobre el control judicial de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los enfermos mentales impedidos para aceptarlas ... (Página 72) 4.1.66. Recomendación sobre irregularidades en las ofertas de amortización anticipada de viviendas ... (Página 72) 4.1.67. Recomendación al Ayuntamiento de Madrid sobre la privacidad de los datos del padrón municipal ... (Página 73) 4.1.68. Recomendación sobre respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica en el ejercicio de la potestad sancionadora ... (Página 73) 4.1.69. Recomendación sobre la interpretación del precepto de la nueva ordenanza de circulación del municipio de Madrid que prohíbe la circulación por las aceras y demás zonas peatonales montando en bicicleta, patín, monopatín o aparatos similares ... (Página 74) 4.1.70. Recomendación sobre la retirada de un vehículo por la grúa cuando el propio ayuntamiento consideró que no se había producido una infracción de tráfico ... (Página 74) 4.1.71. Recomendación sobre la retirada de un vehículo por la grúa por llevar estacionado más de siete días hábiles en el mismo lugar y presentar síntomas de abandono ... (Página 75) 4.1.72. Recomendación sobre regularización del pago de retribuciones a funcionarios de una corporación local ... (Página 75) 4.1.73. Recomendación sobre los límites de horario para las actividades en los locales incluidos en la zona acústicamente contaminada ... (Página 76) 4.1.74. Recomendación sobre licencias para la realización de obras en viviendas fuera de ordenación ... (Página 76) 4.1.75. Recomendación sobre investigación de presuntas irregularidades en las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de bomberos de Santander ... (Página 76) 4.1.76. Recomendación sobre ordenación urbanística en lugares con riesgo de inundación ... (Página 76) 4.1.77. Recomendación sobre alineación y participación de jugadoras en equipos mixtos y en competiciones oficiales de fútbol...(Página 77)

4.2. Recomendaciones emanadas de informes extraordinarios ... (Página 77)

4.2.1. Recomendaciones sobre reforma del régimen fiscal de la discapacidad ... (Página 77)

4.2.1.1. Sobre el estatuto patrimonial del discapacitado...(Página 77) 4.2.1.2. Sobre las distintas figuras impositivas ... (Página 77)

4.2.2. Recomendaciones y pautas de actuación en materia de violencia escolar ... (Página 79) 4.2.3. Recomendación sobre la atención sociosanitaria y aspectos conexos ... (Página 82) 4.2.4. Recomendaciones sobre la gestión de los residuos urbanos o municipales ... (Página 83)

4.2.4.1. Recomendaciones generales ... (Página 83) 4.2.4.2. Recomendaciones específicas ... (Página 84)

5. RELACIONES INSTITUCIONALES ... (Página 87)

5.1. Actividades parlamentarias ... (Página 87) 5.2. Visitas, entrevistas y desplazamientos institucionales ... (Página 87) 5.3. Relaciones con los comisionados autonómicos ... (Página 88) 5.4. Divulgación universitaria, seminarios y conferencias ... (Página 88) 5.5. Relaciones internacionales ... (Página 89)

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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO I ... (Página 90)

CAPÍTULO II ... (Página 92)

1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ... (Página 92)

1.1. Disfunciones en órganos jurisdiccionales ... (Página 92)

1.1.1. Dilaciones indebidas en órganos colegiados ... (Página 92) 1.1.2. Dilaciones indebidas en órganos unipersonales ... (Página 93) 1.1.3. Otros órganos jurisdiccionales que han sido objeto de alguna investigación concreta ... (Página 94) 1.1.4. Incidencias relativas al principio de inmediación...(Página 96) 1.1.5. Otras disfunciones y retrasos que afectan al derecho a recibir una tutela judicial efectiva ... (Página 97)

1.2. Servicio público judicial ... (Página 97)

1.2.1. Insuficiencia de medios humanos ... (Página 97) 1.2.2. Insuficiencia de psicólogos en las clínicas médico-forense para realizar informes en relación con menores víctimas de delitos ... (Página 98) 1.2.3. Insuficiencia de medios materiales ... (Página 99) 1.2.4. Otras incidencias que afectan al servicio público judicial que reciben los ciudadanos ... (Página 100) 1.2.5. Retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ... (Página 101)

1.3. Incidencias detectadas en la ejecución de la sentencia del síndrome tóxico ... (Página 102)

1.4. Actuaciones realizadas en relación con los abogados y con la asistencia jurídica gratuita ... (Página 103)

1.4.1. Quejas relativas a actuaciones de abogados designados por el turno de oficio ... (Página 103) 1.4.2. Pago de tasas y otros impuestos para obtener el beneficio de justicia gratuita ... (Página 105)

1.5. Actuaciones relativas al Registro Civil ... (Página 105)

1.5.1. Demora en la tramitación de los expedientes ... (Página 105) 1.5.2. Denegaciones de inscripciones en relación con los matrimonios en los que uno de los cónyuges no es de nacionalidad española ... (Página 107) 1.5.3. Inscripción de nacimiento en los casos en los que se han utilizado técnicas de reproducción asistida ... (Página 108)

2. ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA ... (Página 109)

2.1. Visitas efectuadas e infraestructuras penitenciarias ... (Página 109)

2.2. Aspectos higiénicos, alimentarios y sanitarios ... (Página 111)

2.3. Tratamiento penitenciario ... (Página 113)

2.4. Actividades laborales ... (Página 115)

2.5. Traslados entre centros penitenciarios ... (Página 116)

2.6. Incidencias detectadas en relación con la práctica de cacheos con desnudo integral ... (Página 117)

2.7. Denuncias de malos tratos en prisión ... (Página 118)

2.8. Fallecimientos en prisión ... (Página 121)

2.9. Mujeres en prisión ... (Página 124)

2.10. Situación de los menores que acompañan a sus madres en prisión ... (Página 125)

2.11. Transexuales en prisión ... (Página 126)

Página 7


3. SEGURIDAD PÚBLICA ... (Página 127)

3.1. Intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ... (Página 127)

3.1.1. Denuncias de malos tratos ... (Página 127) 3.1.2. Actuaciones policiales e información a las víctimas de delitos ... (Página 128) 3.1.3. Derecho de reunión y manifestación ... (Página 128) 3.1.4. Mendicidad ... (Página 129) 3.1.5. Citaciones policiales ... (Página 130) 3.1.6. Detenciones ... (Página 131) 3.1.7. Ficheros policiales ... (Página 132) 3.1.8. Derecho a la intimidad ... (Página 132) 3.1.9. Identificaciones y cacheos ... (Página 133) 3.1.10. Sanciones administrativas ... (Página 134)

3.2. Derechos y libertades de los extranjeros ... (Página 134)

3.2.1. Centros de internamiento de extranjeros ... (Página 134) 3.2.2. La inmigración africana en Canarias ... (Página 136) 3.2.3. Traslados y situación de los inmigrantes de Ceuta y Melilla ... (Página 137) 3.2.4. Protección de menores ... (Página 138) 3.2.5. Retirada de pasaporte ... (Página 138) 3.2.6. Límites a retención en la sala de rechazados de un aeropuerto ... (Página 139) 3.2.7. Polizones ... (Página 139) 3.2.8. Visados ... (Página 140) 3.2.9. Certificaciones médicas y visados ... (Página 141) 3.2.10. Expulsiones ... (Página 142) 3.2.11. Entradas en territorio nacional ... (Página 142) 3.2.12. Retrasos y deficiencias en las oficinas de extranjeros ... (Página 143) 3.2.13. Asilo ... (Página 144) 3.2.14. Racismo y xenofobia ... (Página 145)

3.3. Servicio de documentación ... (Página 146)

3.4. Tráfico ... (Página 146)

3.4.1. Expedición del permiso internacional para conducir ... (Página 146) 3.4.2. Contenido de las denuncias ... (Página 147) 3.4.3. Cooficialidad lingüística en los procedimientos sancionadores ... (Página 148) 3.4.4. Disfunciones observadas en la tramitación de expedientes sancionadores ... (Página 148) 3.4.5. Revisión de los exámenes de conducir y régimen de recursos ... (Página 149)

3.5. Inseguridad ciudadana ... (Página 150)

4. ADMINISTRACIÓN MILITAR ... (Página 150)

4.1. Servicio militar ... (Página 150) 4.1.1. Accidentes y fallecimientos ... (Página 150) 4.1.2. Denuncias de malos tratos ... (Página 152) 4.1.3. Procedimientos disciplinarios ... (Página 152) 4.1.4. Condiciones de la prestación ... (Página 154) 4.1.5. Reconocimientos médicos ... (Página 155) 4.1.6. Exenciones ... (Página 157) 4.1.7. Permisos militares de conducción ... (Página 157)

4.2. Libertad religiosa ... (Página 159)

4.3. Instituto Social de las Fuerzas Armadas ... (Página 160)

4.4. Enseñanza militar ... (Página 163)

4.5. Asociación Mutua Benéfica de la Armada ... (Página 164)

4.6. Viviendas militares ... (Página 165)

Página 8


5. OBJECIÓN DE CONCIENCIA ... (Página 166)

5.1. Consideraciones generales ... (Página 166)

5.2. Notificaciones irregulares ... (Página 166)

5.3. Condiciones de la prestación ... (Página 168)

5.4. Exenciones ... (Página 168)

5.5. Reconocimiento de los servicios prestados como voluntario ... (Página 168)

5.6. Vales de vestuario ... (Página 169)

6. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ... (Página 169)

6.1. Educación no universitaria ... (Página 169)

6.1.1. Instalaciones centros docentes y escolarización ... (Página 169) 6.1.2. Enseñanzas de régimen especial ... (Página 173) 6.1.3. Atención específica a las necesidades de determinados alumnos y condiciones de desenvolvimiento de la actividad educativa en los centros ... (Página 177) 6.1.4. Ordenación académica ... (Página 181) 6.1.5. Otras cuestiones relacionadas con la educación en niveles no universitarios ... (Página 183) 6.1.6. Educación especial ... (Página 187)

6.2. Educación universitaria ... (Página 188)

6.2.1. Procedimiento de acceso a la universidad ... (Página 188) 6.2.2. Precios por servicios académicos universitarios ... (Página 193) 6.2.3. Obtención, expedición y homologación de títulos ... (Página 194)

6.3. Ayudas a la enseñanza ... (Página 196)

6.3.1. Becas y ayudas al estudio de carácter general ... (Página 196) 6.3.2. Otras convocatorias públicas de becas ... (Página 201)

7. ADMINISTRACIÓN SANITARIA ... (Página 204)

7.1. Sistema de salud ... (Página 204)

7.1.1. Derechos de los usuarios del sistema nacional de salud ... (Página 204) 7.1.2. Prevención y promoción de la salud ... (Página 206) 7.1.3. Listas de espera ... (Página 206) 7.1.4. Centros y servicios concertados ... (Página 208) 7.1.5. Actuaciones en el ámbito hospitalario ... (Página 208) 7.1.6. Actuaciones en el ámbito extrahospitalario ... (Página 211)

7.2. Salud mental ... (Página 212)

7.3. Asistencia sanitaria ... (Página 213)

7.3.1. Asistencia sanitaria de la Seguridad Social ... (Página 213) 7.3.2. Prestaciones ortoprotésicas ... (Página 215) 7.3.3. Reintegro de gastos ... (Página 216) 7.3.4. Dietas por desplazamiento de enfermos ... (Página 216) 7.3.5. Prestación farmacéutica de la Seguridad Social ... (Página 217)

7.4. Actividad farmacéutica y control de medicamentos ... (Página 217)

7.5. Instalación de oficinas de farmacia ... (Página 218)

7.6. Práctica profesional ... (Página 218)

7.7. Colegios profesionales ... (Página 219)

Página 9


7.8. Otros aspectos de la Administración sanitaria ... (Página 219)

7.8.1. Limitaciones en la venta y uso del tabaco ... (Página 219) 7.8.2. Drogodependencias ... (Página 220) 7.8.3. Transporte sanitario ... (Página 220) 7.8.4. Ayudas económicas a personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C ... (Página 221)

8. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL YACCIÓN SOCIAL...(Página 221)

8.1. Campo de aplicación, afiliación altas y bajas ... (Página 221)

8.2. Cotización y recaudación de cuotas ... (Página 223)

8.2.1. Cotización ... (Página 223) 8.2.2. Recaudación ... (Página 223)

8.3. Prestaciones económicas ... (Página 224)

8.3.1. Pensiones de jubilación ... (Página 224) 8.3.2. Pensiones de incapacidad permanente ... (Página 227) 8.3.3. Pensiones de supervivencia ... (Página 228) 8.3.4. Prestaciones familiares ... (Página 229) 8.3.5. Prestaciones por desempleo ... (Página 230) 8.3.6. Pensiones no contributivas ... (Página 232) 8.3.7. Renta mínima de inserción ... (Página 233) 8.3.8. Otras prestaciones económicas ... (Página 234) 8.3.9. Incompatibilidad de pensiones ... (Página 234) 8.3.10. Revalorización de pensiones ... (Página 234) 8.3.11. Aspectos procedimentales ... (Página 235) 8.3.12. Abono de prestaciones ... (Página 237)

8.4. Servicios sociales ... (Página 239)

8.4.1. Menores ... (Página 239) 8.4.2. Personas con discapacidad ... (Página 244) 8.4.3. Personas mayores ... (Página 247) 8.4.4. Termalismo social ... (Página 248)

8.5. Protección a las familias numerosas ... (Página 248)

8.6. Otros aspectos ... (Página 249)

9. ADMINISTRACIÓN LABORAL ... (Página 250)

9.1. Formación profesional ... (Página 250)

9.2.1. Oficinas de empleo ... (Página 250) 9.2.2. Fomento del empleo ... (Página 251) 9.2.3. Permisos de trabajo a extranjeros ... (Página 251)

9.3. Emigración ... (Página 252)

9.4. Seguridad y salud en el trabajo ... (Página 253)

9.5. Sindicatos ... (Página 254)

9.6. Otros aspectos relativos a la Administración laboral ... (Página 254)

10. HACIENDA PÚBLICA ... (Página 255)

10.1. Tributos estatales ... (Página 255) 10.1.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas...(Página 255) 10.1.2. Coordinación interadministrativa ... (Página 259) 10.1.3. Impuestos transmisorios ... (Página 260)

Página 10


10.2. Tributos locales ... (Página 262) 10.2.1. Impuestos ... (Página 262) 10.2.2. Tasas y contribuciones especiales ... (Página 266) 10.2.3. Procedimiento ejecutivo ... (Página 268)

11. ORDENACIÓN DE LAACTIVIDAD ECONÓMICA ... (Página 269)

11.1. Seguros ... (Página 269)

11.2. Servicio de reclamaciones del Banco de España ... (Página 271)

11.3. Suministro de energía eléctrica ... (Página 272)

11.4. Agricultura y ganadería ... (Página 273)

11.5. Industria ... (Página 273)

12. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ... (Página 273)

12.1. Servicio público telefónico ... (Página 273)

12.2. Correos y Telégrafos ... (Página 275)

12.3. Renfe ... (Página 276)

12.4. Aviación civil ... (Página 277)

12.5. Transporte aéreo ... (Página 277)

12.6. Transporte marítimo ... (Página 279)

12.7. Telecomunicaciones ... (Página 279)

13. MEDIO AMBIENTE ... (Página 280)

13.1. Diversidad biológica, espacios naturales y flora y fauna silvestres ... (Página 280)

13.2. Aguas continentales ... (Página 284)

13.3. Costas y puertos ... (Página 286)

13.4. Residuos ... (Página 289)

13.5. Actividades clasificadas y contaminación acústica...(Página 291)

13.6. Líneas de alta tensión y telefonía móvil ... (Página 296)

14. URBANISMO Y VIVIENDA ... (Página 299)

14.1. Urbanismo ... (Página 299)

14.1.1. Consideraciones generales ... (Página 299) 14.1.2. Incidencia de la legislación protectora del medio ambiente en el ámbito urbanístico ... (Página 300) 14.1.3. Incidencia de las leyes sectoriales en el ámbito urbanístico.
Legislación de aguas. 302 14.1.4. Disciplina urbanística ...
(Página 303) 14.1.5. Planeamiento urbanístico ... (Página 305)

14.2. Vivivienda ... (Página 308)

14.2.1. Consideraciones generales ... (Página 308) 14.2.2. Los planes de vivienda ... (Página 310) 14.2.3. Viviendas promovidas o gestionadas por organismos públicos ... (Página 311) 14.2.4. Otras consideraciones en materia de vivienda ... (Página 312) 14.2.5. Realojo de población marginada ... (Página 314)

Página 11


15. ACCIÓN ADMINISTRATIVA ... (Página 315)

15.1. Diarios oficiales ... (Página 315)

15.2. Expropiación forzosa ... (Página 316)

15.3. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ... (Página 318)

15.4. Contratación administrativa ... (Página 320)

15.5. Carreteras ... (Página 322)

15.6. Control administrativo sobre animales domésticos ... (Página 323)

16. ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR ... (Página 327)

16.1. Presos españoles en el extranjero ... (Página 327)

16.2. Atención a españoles en el extranjero ... (Página 328)

16.3. Acceso a los libros cheránicos ... (Página 329)

17. EQUIPAMIENTOS Y BIENES MUNICIPALES Y TRÁFICO ... (Página 330)

17.1. Equipamientos mínimos ... (Página 330)

17.2. Bienes de las entidades locales ... (Página 334)

17.3. Tráfico urbano ... (Página 336)

18. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ... (Página 343)

18.1. Reclamaciones económico-administrativas ... (Página 343)

18.2. Otras garantías ... (Página 347)

19. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS... (Página 348)

20. PERSONALAL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ...
(Página 350)

20.1. Régimen general de la función pública ... (Página 350)

20.1.1. Acceso a la función pública ... (Página 350) 20.1.2. Acceso a la función pública de nacionales comunitarios ... (Página 353) 20.1.3. Provisión de puestos de trabajo ... (Página 354) 20.1.4. Permisos por maternidad ... (Página 356) 20.1.5. Prevención de riesgos laborales ... (Página 357)

20.2. Función pública docente de niveles educativos no universitarios ... (Página 357)

20.2.1. Cuestiones relacionadas con los procedimientos de ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo ... (Página 357) 20.2.2. Provisión de puestos de trabajo ... (Página 359) 20.2.3. Otras cuestiones relativas al personal docente ... (Página 362)

20.3. Función pública docente de ámbito universitario ... (Página 365)

20.4. Personal al servicio de la Administración militar...(Página 367)

20.4.1. Profesionalización de las Fuerzas Armadas ... (Página 367) 20.4.2. Procedimientos disciplinarios ... (Página 369) 20.4.3. Destinos por razones humanitarias ... (Página 370)

20.5. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ... (Página 370)

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20.6. Personal estatutario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social ... (Página 372)

20.6.1. Provisión de puestos de trabajo ... (Página 372) 20.6.2. Personal interino y eventual ... (Página 373) 20.6.3. Retribuciones ... (Página 374)

20.7. Personal laboral ... (Página 375)

20.7.1. Selección ... (Página 375) 20.7.2. Retribuciones ... (Página 378)

20.8. Sistemas de previsión social de los funcionarios públicos ... (Página 378)

20.8.1. Consideraciones generales ... (Página 378) 20.8.2. Clases Pasivas ... (Página 378) 20.8.3. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ... (Página 380) 20.8.4. Prestaciones derivadas de la guerra civil ... (Página 381)

TERCERA PARTE

1. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ... (Página 382)

1.1. Recursos interpuestos ... (Página 382)

Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999. 382 Antecedentes ... (Página 382) Fundamentos de la resolución ... (Página 388)

1.2. Solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad ... (Página 393)

1.2.1. Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias ... (Página 393) 1.2.2. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... (Página 396)

1.2.2.1. Artículo 1, apartados primero y undécimo ... (Página 396) 1.2.2.2. Artículo 33 ... (Página 398)

1.2.3. Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ... (Página 400) 1.2.4. Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal ... (Página 402) 1.2.5. Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas ... (Página 412)

1.2.5.1. Artículos 22.1, 26.2, 66, 91, 110, 112, 114, 144 y 152.2 y las disposiciones transitorias cuarta, sexta y vigesimosegunda ... (Página 412) 1.2.5.2. Artículos 23, 28.2, 33.2, 37.2 y 51.2 b), el título V y el epígrafe V del preámbulo ... (Página 418) 1.2.5.3. Disposición final quinta ... (Página 424) 1.2.5.4. Artículos 159.3, 160 y 168 y disposición transitoria undécima, apartado 2 e) ... (Página 428)

1.2.6. Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provisión de plazas de personal estatutario de los servicios de salud ...
(Página 430) 1.2.7. Ley de Cataluña 13/1998, de 19 de noviembre, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, en relación con los requisitos exigidos para constituir municipios nuevos ... (Página 432) 1.2.8. Ley de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de apoyo a las selecciones catalanas ... (Página 433) 1.2.9. Ley de Galicia 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica ... (Página 435) 1.2.10. Ley Aragonesa 12/1998, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas ... (Página 469)

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1.2.11. Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/1999, de 4 de marzo, de modificación de la Ley 3/1998, de 13 de diciembre ... (Página 471) 1.2.12. Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza ... (Página 476) 1.2.13. Ley de Canarias 2/1999, de 4 de febrero de medidas urgentes económicas, de orden social y relativas al personal y a la organización administrativa para el ejercicio 1999 ... (Página 478)

1.2.13.1. Artículo 14 ... (Página 478) 1.2.13.2. Artículos 15 y 19 ... (Página 482)

1.2.14. Ley de la Asamblea de Madrid 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica ... (Página 487) 1.2.15. Ley de Castilla y León 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras ... (Página 493) 1.2.16. Decisión del Gobierno español de formar parte de la fuerza de la OTAN que está interviniendo militarmente en la República Federal de Yugoslavia ... (Página 494)

2. RECURSOS DE AMPARO ... (Página 498)

PRIMERA PARTE

1. PRESENTACIÓN

Este informe que ahora se presenta mantiene en lo sustancial la misma estructura de los últimos años. Las pequeñas modificaciones introducidas en la primera parte tienen como único propósito facilitar su lectura. Así, por ejemplo, se ha reducido considerablemente el capítulo dedicado a la estadística, de manera que, conservando el rigor de los datos fundamentales, se ha aligerado de formulaciones excesivamente técnicas o complejas que suponían un obstáculo para el lector no especializado. También el capítulo de las recomendaciones ha experimentado algún cambio en lo que a su reordenación se refiere, para evitar la reiteración de aquéllas que teniendo el mismo contenido han sido dirigidas a diferentes administraciones públicas. Asimismo, se ha incluido un epígrafe destinado a sintetizar las recomendaciones emanadas de los informes extraordinarios elaborados por la institución a lo largo del año.
Pero, como queda dicho, el esquema básico del informe se ha mantenido en lo que podría considerarse su estructura tradicional.
En la primera parte se destacan ocho temas, que analizan los problemas que han suscitado una acentuada preocupación del Defensor durante el año 1999. Se refieren al régimen fiscal de las personas discapacitadas; al control de los medios de comunicación social de titularidad pública; a las declaraciones de impacto ambiental; a la protección social a las personas dependientes; al tratamiento de la drogodependencia en prisión; al uso sexista del lenguaje por la Administración pública; a la sustracción internacional de menores por parte de uno de sus progenitores; y a las actuaciones en relación con los derechos de la infancia. Cuestiones todas ellas que, por su actualidad, su especial relación con los derechos fundamentales, o el elevado número de personas a las que pueden afectar, han merecido un tratamiento destacado por parte de la institución.
La segunda parte consta de tres capítulos, de los que el primero examina la situación de los derechos fundamentales durante el año al que se contrae el informe.
Así, en esta segunda parte se da cuenta detallada de cuestiones como las dilaciones indebidas en la sustanciación de algunos procedimientos judiciales que se demoran durante años, los excesos en determinadas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o las denuncias de malos tratos en prisiones, situaciones todas ellas que preocupan al Defensor del Pueblo y justifican su actuación.
El capítulo segundo de esta parte, como ha venido haciéndose en otros años, está destinado a recoger la gestión del Defensor del Pueblo en su tarea de supervisar la actividad de las distintas administraciones públicas al objeto de corregir las deficiencias o irregularidades denunciadas en las quejas y corroboradas en el desarrollo de sus investigaciones, sugiriendo los cambios

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de criterio o conducta que se han considerado más acordes a las previsiones constitucionales.
Entre las actuaciones llevadas a cabo durante el año 1999 interesa mencionar algunas que han tenido especial repercusión social. Así, cabe destacar, por ejemplo, las que se refieren a la estancia en centros penitenciarios de los niños menores de tres años cuyas madres cumplen condena en dichos establecimientos. El Defensor del Pueblo entiende -y así queda reflejado en este informe-que, en estos casos, ha de tenerse en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el derecho prevalente del niño. Es preciso evitar que la permanencia de estos menores en un medio inapropiado para su educación, como es el ámbito penitenciario, resulte más perjudicial para su desarrollo afectivo, psicológico y pedagógico que el estar separado de su madre, por lo que habrá que prestar especial atención a los informes que, en cada caso, realicen los trabajadores sociales evaluando la situación individual de cada niño y el grado de adaptación al medio en el que se encuentra.
Las visitas efectuadas a diversas prisiones de mujeres han permitido constatar, además, la persistencia de centros penitenciarios antiguos con departamentos que no ofrecen condiciones adecuadas para las reclusas. La acusada falta de espacio en dichas cárceles -que ya fue denunciada en el informe del pasado año-permanece invariable y las internas continúan siendo alojadas en dormitorios colectivos lo que, unido a la escasa oferta ocupacional existente, contribuye a agravar la ya de por sí difícil situación de estas mujeres.
También puede resultar conveniente resaltar que en el año 1998 se formuló una recomendación para que se prohibiese el consumo de tabaco en el interior de los autobuses interurbanos, recomendación aceptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y recogida en el Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, relativo a la limitación en la venta y uso del tabaco para protección de la salud pública.
Son también destacables algunas actuaciones relacionadas con los derechos de los usuarios del sistema público de salud, especialmente las que se refieren al acceso a las historias clínicas de los pacientes y a la información sobre los tratamientos sanitarios recibidos. En relación con estas cuestiones, el Defensor del Pueblo dirigió una recomendación al Instituto Nacional de la Salud con el fin de que en los centros hospitalarios se permitiera a los pacientes que lo solicitaran el acceso a su historia clínica, excepción hecha de los datos que pudieran afectar al derecho a la intimidad de terceros, recomendación que ha sido aceptada.
Durante el pasado año el Defensor del Pueblo formuló 150 recomendaciones dirigidas a las distintas administraciones públicas de las cuales, a fecha de 31 de marzo del presente año, han sido aceptadas 57 y rechazadas 13, quedando las restantes pendientes de respuesta. Se da cuenta detallada de cada una de ellas en la primera parte del informe.
Respondiendo a las solicitudes formuladas por la Comisión parlamentaria para las relaciones con el Defensor del Pueblo, la institución ha elaborado, durante el año 1999, cuatro informes especiales. Y así, se ha publicado un estudio sobre la violencia en los centros escolares; otro sobre la gestión de los residuos urbanos; otro relativo a la atención sociosanitaria desde la perspectiva gerontológica; y, finalmente, uno acerca de la fiscalidad de los discapacitados.
El tercero y último de los capítulos de la segunda parte está dedicado a los recursos de inconstitucionalidad. Durante el pasado año el Defensor del Pueblo interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 72, párrafo primero, último inciso, de la Ley 49/ 1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999. Se recibieron, además, dieciséis solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra distintas normas, y diez más para la interposición de recursos de amparo, que fueron rechazadas una vez evaluadas las alegaciones formuladas por los solicitantes.
Este informe sintetiza, pues, la actividad institucional del Defensor del Pueblo durante el año 1999. Resume, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, las actuaciones realizadas por la institución y contiene las propuestas de solución que se consideran más adecuadas, teniendo siempre presente que sin el decidido apoyo de las Cortes Generales todos los esfuerzos institucionales desplegados resultarían inútiles.
Para concluir, tan solo resta dejar constancia de las peculiares circunstancias en las que se ha producido la preparación de este informe; el cual se presenta a la consideración de las Cámaras parlamentarias por un Defensor del Pueblo distinto de aquel que dirigió la Institución el año del que ahora se da cuenta y que ha sido fundamentalmente preparado por un Adjunto que, en cumplimiento del artículo 5.4 de nuestra Ley Orgánica reguladora, debió hacerse cargo de las funciones del Defensor. Mas nada de esto resulta obstáculo para que quien ahora desempeña el cargo de Defensor del Pueblo por voluntad de las Cortes Generales asuma plenamente el contenido de las páginas que siguen, pues en dichas páginas está la labor de una institución cuyo sentido y finalidad trascienden la persona de su titular.


2. TRATAMIENTO MONOGRÁFICO DE DETERMINADOS TEMAS

2.1. El régimen fiscal de las personas discapacitadas

Desde hace varios años, la puesta en marcha de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales,

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que el artículo 49 de la Constitución exige a todos los poderes públicos, viene siendo un tema al que de modo preferente ha prestado atención el Defensor del Pueblo.
Prueba de ello son varios informes monográficos, entre los que destaca "la atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos", en el que se reseña la relevancia de la función del Defensor del Pueblo en la defensa de los derechos reconocidos en el citado artículo 49 "como una suerte de compensación del déficit de garantías constitucionales que se deriva de la ubicación de este precepto en el capítulo tercero del título I", esto es, como principio rector de la política social y económica, pero no como reconocimiento de derechos públicos subjetivos perfectos.
Al margen de estos estudios se estima que es necesario dar un nuevo paso para remover los obstáculos que dificultan el disfrute de los derechos que el título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos, y de ahí este nuevo estudio denominado "Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado" que tiene como objetivo, desde el punto de vista fiscal, su plena integración social.
Ahora bien, la fiscalidad del discapacitado, si verdaderamente quiere servir al principio expuesto, sólo puede ser contemplada, desde una doble perspectiva, más amplia y convergente, que trascienda al sujeto singularmente afectado, el discapacitado, para entroncarlo en el núcleo que de modo fundamental facilita su integración, la familia; y que trascienda, asimismo, el ámbito estrictamente tributario para incardinar esta cuestión en un objetivo más amplio como es el complejo de relaciones jurídico-civiles y procesales que constituyen el presupuesto necesario de la relación tributaria entre el discapacitado y la Administración, y que apuntan a lo que se ha denominado "estatuto patrimonial del discapacitado".
En cuanto a la primera de las perspectivas señaladas, no puede olvidarse que, en la mayoría de los casos, la atención que el discapacitado requiere se presta por sus familias, que llevan a cabo una especie de labor o función delegada de los poderes públicos, a los que la Constitución ordena llevar a cabo una política de integración. La segunda de las perspectivas se refiere al ámbito objetivo o complejo de relaciones jurídicas en las que el discapacitado se ve inmerso.
Desde este punto de vista, debe ser destacada la longevidad de que hoy en día disfrutan muchas de las personas afectadas por minusvalías graves, lo que les permite sobrevivir a sus progenitores. Ello plantea problemas relativos a la planificación personal y patrimonial del hijo discapacitado, que no encuentran una respuesta adecuada en el ordenamiento jurídico. Dos son los principales factores que inciden en esta cuestión: de una parte, la persona discapacitada carece de la aptitud para procurarse su propio sustento; de otra, requiere una serie de cuidados y atenciones muy costosas que habrán de subvenirse con cargo al patrimonio familiar o propio. Se hace necesario articular una serie de medidas legales que permitan, en consecuencia, formar un patrimonio suficiente para el hijo discapacitado y que sirva de soporte para sufragar las atenciones futuras de éste en ausencia de los progenitores.
En un orden de ideas análogo, debe también hacerse referencia a la existencia en los países avanzados de un número de personas cada vez mayor en situación de discapacidad sobrevenida para las que también es preciso acomodar el ordenamiento jurídico, de forma que el propio afectado pueda anticipar y organizar su futuro vital y patrimonial cuando aún se halla en pleno uso de sus facultades.
La percepción de que se trata de un problema real se manifiesta en la proposición no de ley aprobada el 29 de junio de 1999 por unanimidad en el Congreso de los Diputados, por la que se insta al Gobierno, en primer lugar, a valorar la necesidad de proponer un marco jurídico patrimonial privado del minusválido, que incida de manera singular en su proyección familiar, actualizando la regulación vigente, habida cuenta de la preocupación de las familias por garantizar una suficiencia de medios para sus miembros discapacitados y las nuevas y cada vez más extendidas formas de discapacidad que se presentan en la sociedad desarrollada. En segundo lugar, a estudiar y proponer, en caso afirmativo y en un plazo de seis meses, por un lado, las medidas de derecho civil y procesal, con las que se dé respuesta a los problemas personales y patrimoniales que padecen quienes por causas psíquicas, sensoriales o físicas no pueden valerse por sí mismos; y, por otro, la adecuación del ordenamiento tributario a las anteriores medidas legislativas de carácter sustantivo, para que coadyuve a la mejor integración social del minusválido y a su desarrollo vital y familiar.
Parece necesario, por tanto, un compromiso para acomodar el sistema tributario a la normativa sustantiva que regule el patrimonio del discapacitado con el objeto de instrumentar fórmulas que favorezcan, en el ámbito fiscal, la formación, consolidación y garantía de un patrimonio suficiente para que pueda atender con él sus necesidades futuras. Se trata, en definitiva, de proporcionar a las personas discapacitadas la seguridad económica necesaria para su desarrollo vital y familiar, y evitar que una fiscalidad sin matices reduzca las rentas de este patrimonio, haciéndolo inútil para el fin para el que fue constituido.
Sobre la base de estas reflexiones, el Defensor del Pueblo ha propuesto un conjunto de reformas que, en su esencia, apela a la responsabilidad de todos los poderes públicos, ordenándolas en dos grupos: las referidas a lo que se ha denominado estatuto patrimonial del discapacitado, encuadrado en una nueva visión más amplia y elástica de la familia, y las que conciernen al ámbito de regulación de las concretas figuras tributarias.
En primer lugar, abordar el referido estatuto implica entre otras medidas una reconsideración de la legislación civil en materia de gestión del patrimonio del discapacitado

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y en materia de donaciones y sucesiones, de modo que se instrumenten mecanismos ágiles de gestión del patrimonio del discapacitado a través de fideicomisarios constituidos por personas físicas y jurídicas. Ello supone a su vez una flexibilización del régimen de donaciones y sucesorio, incrementando en el segundo caso los tercios de mejora y libre disposición cuando entre los causahabientes se encuentren uno o más discapacitados y excluyendo la posibilidad de suceder ab intestato al heredero que no se ocupó del causante discapacitado.
Por otro lado, parece conveniente una nueva regulación del instituto civil de la tutela de modo que se pueda ordenar la propia tutela futura, dando respuesta a los problemas causados por enfermedades seniles o por accidentes que provoquen minusvalía. Junto a esta reforma, debe correr paralela otra de la legislación procesal en lo que se refiere a los procedimientos de declaración de incapacidad, mediante el desarrollo de juzgados especializados y la actuación de oficio del Ministerio Fiscal, o a petición de los padres o representantes legales. Esta línea de actuación fraguaría, por último, con la creación de un estatuto tributario específico para el discapacitado, beneficiando fiscalmente la generación de un patrimonio de destino y la adscripción de rentas periódicas por sus familiares permitiendo, así, subvenir sus necesidades presentes y futuras.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las distintas figuras tributarias, se ha partido de la premisa de que es necesario invertir la perspectiva hasta ahora adoptada consistente en diseñar o regular un impuesto para luego establecer excepciones (no sujeción, exención, bonificación) para los discapacitados, considerando primero, de modo integral, los problemas de la discapacidad, para proyectar las respuestas de integración en cada figura tributaria. Este cambio de óptica implica abordar, en consonancia con las anteriores recomendaciones, un Estatuto Fiscal del discapacitado. Ycomo primer avance, en ese proyecto se han propuesto una serie de medidas de reforma que afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre el valor añadido, al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, al impuesto sobre actividades económicas, al impuesto de sociedades y al impuesto de sucesiones y donaciones.
Sin perjuicio de que el contenido exacto de cada una de las concretas recomendaciones se refleja en otro lugar de este informe, en lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas el objetivo de las diez propuestas efectuadas consiste, de una parte, en ensanchar, a efectos de tributación conjunta, el concepto de unidad familiar, en la que uno o más de sus miembros es discapacitado, incluyendo a personas con discapacidades y convivientes no contemplados en la norma; de otra, en ampliar a determinados supuestos y personas el beneficio fiscal de las aportaciones a planes y fondos de pensiones con destino a personas con minusvalía igual o superior al 65% ; y, por último, a establecer determinadas reducciones y deducciones en los diversos rendimientos obtenidos por el discapacitado.
Esta misma filosofía anima las recomendaciones relativas al impuesto sobre el valor añadido y al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, buscando además una mayor sintonía en el tipo de este último impuesto y el del impuesto especial sobre determinados medios de transporte cuando se trata de vehículos de discapacitados.
En lo que se refiere al impuesto de sociedades se proponen bonificaciones y deducciones por creación de empleo para personas minusválidas y por inversiones en obras e instalaciones para este tipo de trabajadores.
Finalmente, en el impuesto de sucesiones y donaciones, se ha recomendado una reducción cualificada en la base cuando el donatario o causahabiente es una persona con minusvalía igual o superior al 65%.
El conjunto de recomendaciones a que se ha aludido, así como el estudio que lo sustenta, ha tenido una muy favorable acogida por el Ministerio de Economía y Hacienda, al punto de que un significativo número de ellas se ha recogido en la Ley de Presupuestos para el año 2000 y en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Ejemplo de ello son: la asimilación del declarado judicialmente incapaz al discapacitado con minusvalía igual o superior al 65%; la inclusión entre los beneficiarios de la deducción por inversión en vivienda habitual no solo de los minusválidos que la adaptan a sus necesidades, sino también sus familiares siempre que adapten su propia vivienda a las necesidades de los minusválidos que convivan con ellos; la reducción cualificada de 25 millones en la base del impuesto de sucesiones cuando el causahabiente sea minusválido con minusvalía igual o superior al 65%; la aplicación de un tipo reducido de IVA a las entregas de bienes -aparatos y complementos-que sean susceptibles de ser destinados esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre, incluidas las limitaciones de su movilidad y comunicación; etc.
En otros casos, las recomendaciones han sido tomadas en consideración en un sentido parcialmente diferente al propuesto, pero manteniendo la finalidad de favorecer al colectivo afectado.
Esta institución confía en que el estudio sobre la fiscalidad del discapacitado constituya, entre otras, una pieza más en la reflexión que sobre la integración social de los discapacitados llevan a cabo los poderes públicos. La recepción dispensada permite tener la convicción de que así será.


2.2. El control de los medios de comunicación social de titularidad pública

Las libertades de expresión y de información garantizan, en palabras del Tribunal Constitucional, "el mantenimiento

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de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de la legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política" (STC 6/1981). Para que cualquier ciudadano "pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas" (STC 159/1986). En definitiva, la libertad de información y el pluralismo político y social exigen no sólo que se difundan múltiples opiniones y pareceres sino también que éstas sean diferentes entre sí en contenido, forma, finalidad y criterio.
Hace ya tiempo que la sociedad española utiliza los medios de comunicación social como vehículo habitual, -aunque no único ni exclusivo, sí abrumadoramente prioritario-, para el ejercicio de las libertades de expresión e información. La importancia de estos medios, mayor cuanto más masiva sea la difusión que puedan alcanzar sus contenidos y mensajes, no requiere mayores consideraciones y es percibida por todos los ciudadanos en cualquier acto cotidiano de su vida individual o colectiva. Sólo la frenética carrera que imponen las constantes innovaciones tecnológicas, que crean y modifican las formas de comunicación a ritmos vertiginosos, exige una atención permanente por parte de quienes sean responsables de salvaguardar la integridad de los derechos y libertades afectados, a fin de poder prevenir la evolución de los medios y producir una respuesta ágil a las nuevas situaciones que se planteen.
En el orden constitucional, el legislador constituyente no ignoró la trascendencia de la comunicación pública libre como institución política fundamental indisolublemente ligada con el pluralismo político y, consciente de ello, fijó las reglas y condiciones en las que la comunicación pública libre habría de desenvolverse, reconociendo con ejemplar amplitud el elenco de derechos y libertades que la hacen posible y estableciendo los límites para su ejercicio y para su control.
La existencia de diversos medios de comunicación de titularidad pública, algunos incluso en régimen de monopolio, en el momento en que se elaboró la Constitución, y la experiencia del uso impropio de tales medios en el régimen político anterior, forzó al legislador constituyente a explicitar en el texto constitucional ciertos principios elementales que inexcusablemente deben estar presentes en la organización y funcionamiento de todos los medios públicos de comunicación, medios éstos que, además, en coherencia con la naturaleza propia de sus titulares, deben someter al control parlamentario su actividad. Se imponen así a los medios de comunicación social de titularidad pública los principios generalmente admitidos de garantía de acceso y respeto a la pluralidad política, social y cultural, que son exigibles, en igual medida, aunque en ciertos aspectos con diferente intensidad, a cualquier medio de comunicación, sea público o privado, que pretenda actuar transparentemente en un Estado democrático de Derecho.
De aquí surge lo previsto en el artículo 20.3 de la Constitución donde expresamente se dispone que "la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España." Estas son, por tanto, las pautas obligadas que el legislador debe tener en cuenta al realizar una labor -la regulación de la organización y el funcionamiento de los medios-que queda reservada a su vehículo normal de expresión, que es la ley; y son también las pautas que deben tener en cuenta los titulares y gestores de los medios, porque lo impone la Constitución y porque, siguiendo su mandato, el legislador debe haberlo impuesto en la ley.
A lo largo de estos últimos años han sido relativamente frecuentes los asuntos planteados al Defensor del Pueblo que de manera directa o indirecta afectaban a medios de comunicación social de titularidad pública y particularmente a la televisión. Sobre algunos de estos asuntos ha tenido ocasión de manifestar su parecer esta institución en algunos de los anteriores informes anuales presentados ante las Cortes Generales y no estará de más, aunque sea muy sintéticamente, repasar lo que entonces se dijo y los motivos que se tuvieron para ello.
Para no distraerse en algunas otras cuestiones a las que se podría hacer alusión, se mencionarán solamente los epígrafes incluidos entre los temas tratados monográficamente en los informes anuales correspondientes a los años 1996 y 1997 en los que se abordó la problemática derivada de los contenidos de la publicidad y la programación televisiva; la efectividad de los mecanismos legales previstos para su control y eventual sanción; la protección de la juventud y la infancia frente a los mensajes y contenidos que difunden los medios de comunicación social; y el acceso real a los medios de titularidad pública y, en particular, a la televisión, de los grupos políticos y sociales significativos.
En su momento se constató que los mecanismos legales previstos en la legislación sectorial que regula la organización y funcionamiento de los distintos medios de comunicación social, así como su control, distaban de gozar de la eficacia necesaria para asegurar la debida protección de los bienes jurídicos garantizados. No se reiteran aquí las razones que justificaban este parecer pues las mismas siguen siendo válidas y figuran en los informes anuales ya mencionados, y únicamente debe reseñarse como novedad en lo que hace al sector audiovisual la modificación que se ha llevado

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a cabo en la Ley 25/1994, de 12 de julio, a través de la todavía reciente Ley 22/1999, de 7 de junio, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 97/36/CE sobre coordinación de disposiciones normativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
En otros ámbitos normativos precisados de actualización o reforma, de los varios que se citan en los informes anuales mencionados, no ha habido modificaciones significativas y las deficiencias y lagunas entonces denunciadas se mantienen en la actualidad con el evidente perjuicio que ello supone, entre otros, para quienes como los niños y jóvenes precisan un mayor grado de protección frente al ejercicio por los demás de las libertades de expresión y de información, tal y como reconoce el artículo 20.4 de la Constitución.
El acceso de los grupos políticos y sociales significativos a los medios de comunicación social, particularmente a aquéllos cuyo titular es el Estado o cualquier ente público, es una exigencia elemental y básica derivada del pluralismo político y social que fundamenta todo orden democrático. Pese a ello, y como se ponía de manifiesto en el informe anual correspondiente a 1996, la plena efectividad de esta exigencia democrática carecía del desarrollo normativo necesario, al menos en lo que se refiere al principal medio público de comunicación que es, sin duda alguna, la televisión. Hoy, veinte años después de haberse aprobado el Estatuto de Radiodifusión y Televisión a través de la Ley 4/1980, de 10 de enero, sigue sin desarrollarse el artículo 24 del mismo, que es el precepto legal que debe organizar el ejercicio del derecho de acceso.
A lo largo de 1999 se ha planteado nuevamente la problemática relativa al control de los medios de comunicación social de titularidad pública y el respeto por parte de dichos medios a los preceptos constitucionales y legales que deben presidir su actuación.
La cuestión, suscitada por un partido político de ámbito nacional, hacía referencia a supuestas discriminaciones padecidas por dicho grupo en el tratamiento informativo proporcionado por la televisión pública estatal y planteaba, en último término, dudas sobre la efectividad real de los derechos y libertades reconocidos por el artículo 20 de la Constitución, al menos en dicho ámbito.
Aun estando en juego la garantía y defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas recogidas en el precepto constitucional antes citado, esta institución hubo de poner de manifiesto la imposibilidad de asumir por su cuenta una tarea tan compleja como la del control de los medios públicos de comunicación, ni el de sólo uno de ellos, la televisión, por ejemplo, ni incluso reduciendo este control a alguna de las numerosas cadenas de titularidad pública que emiten en el territorio del Estado. Un control mínimamente responsable exige un exhaustivo y detallado conocimiento de la totalidad de la programación y de los contenidos que emita o difunda el medio de comunicación a supervisar, labor ésta para la que se requieren no sólo conocimientos especializados sino la dotación de medios materiales y personales de los que evidentemente esta institución no dispone.
Ahora bien, el que esta institución no pueda realizar dichas tareas de control cuando por las razones que fueren sea llamada a ejercitarlas, ello no evita que tal misión deba ser inexcusablemente llevada a cabo, porque no en vano la propia Constitución impone la necesaria existencia de un control parlamentario sobre la totalidad de los medios de comunicación de titularidad pública y el deber expreso de éstos de respetar, entre otros principios, el pluralismo social, político y lingüístico de España y el libre acceso de los grupos significativos a dichos medios de comunicación.
La televisión -cualquier televisión, no sólo esta o aquella televisión, sea estatal, autonómica o local-es "vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer".
Estas palabras, que se contienen en el Estatuto de la Radio y la Televisión, pueden aplicarse con total propiedad a cualquier medio de comunicación social de titularidad pública y, repitiendo lo ya apuntado en su momento, con muy escasos matices, es aplicable también a cualquier medio de comunicación social de un Estado democrático.
Todos los medios de comunicación posibilitan la formación de una opinión pública libre que es, como atinadamente recuerda el Tribunal Constitucional, una institución política fundamental indisolublemente ligada con el pluralismo político. Los de titularidad pública, además, sólo justifican su existencia si cumplen escrupulosamente su misión de favorecer el pluralismo político, social y cultural en los términos que la Constitución ordena. Porque si un medio de comunicación de titularidad pública se aparta, siquiera sea mínimamente, de la razón que justifica su existencia y que constituye su único y exclusivo objeto, pierde cualquier atisbo de legitimidad y pasa a ser un poderoso y descontrolado instrumento al servicio de los intereses particulares.
La Constitución ordena taxativamente al legislador que regule la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y que lo haga precisamente a través de la ley. Este mandato, o mejor dicho, su cumplimiento, es la base sobre la que se asienta la garantía de buen uso y adecuación al fin de los medios públicos de difusión, y no puede desconocerse, claro está, ni reducirse a vagas indicaciones generales que, sin mayores precisiones, remitan el control parlamentario a los plenos de las corporaciones locales o a comisiones

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creadas con otra finalidad en las asambleas legislativas autonómicas, como ocurre en general cuando abandonamos el campo de la radiotelevisión pública de ámbito estatal.
Así pues, hoy por hoy y en razón de muy diversas circunstancias, entre las que no ha de desdeñarse la vertiginosa evolución de la técnica que hoy impera en los medios de comunicación y que no ha sido seguida con toda la proximidad que se debiera, lo cierto es que los mecanismos de control previstos en la legislación vigente para garantizar que los medios de comunicación cumplen los deberes que constitucionalmente les afectan y, en particular, que aquellos cuyo titular es el Estado o cualquier entidad pública acomodan toda su actividad a esos principios tan elementales de pluralismo social y político a los que la Constitución hace expresa referencia, parecen precisar un replanteamiento general y una puesta al día para impulsar su efectividad.


Con ocasión de las cuestiones que se plantearon a lo largo del año 1999 y a las que ya se ha hecho referencia, se apuntaron algunos aspectos que, a juicio del Defensor del Pueblo, debieran ser tomados en consideración por los órganos legislativos competentes a la hora de cumplir el mandato constitucional de regular la organización y el funcionamiento de los medios de difusión de titularidad pública y el control parlamentario de los mismos.
En primer lugar, como se apuntó entonces y se reitera ahora, se debería profundizar y perfeccionar el pluralismo político y social presente en los órganos o mecanismos de control de los medios de comunicación social de titularidad pública. En general (si es que hay alguna excepción a la regla) solamente el pluralismo político, y aun éste con limitaciones, tiene representación en los mecanismos de control, ya que tanto los órganos parlamentarios que ejercen directamente algún tipo de control como aquellos otros que indirectamente lo llevan a cabo, sólo reflejan la configuración política de la cámara en la que están o de la que surgen las mayorías y minorías allí representadas.
Existe por tanto una carencia de participación de los "grupos sociales" distintos de los políticos a los que alude la Constitución en su artículo 20, los cuales a lo sumo participan de un modo restringido e indirecto a través de órganos puramente consultivos, como ocurre, por ejemplo, con los "consejos asesores", previstos para las sociedades que gestionan diversas televisiones públicas estatales o autonómicas. Los grupos políticos ostentan la representación de la sociedad con un carácter y una finalidad concretas, pero esa misma sociedad se manifiesta y organiza de muchos otros modos que deben ser tomados en consideración a la hora de gestionar y controlar los medios de comunicación públicos. Mejorando la participación de estos "grupos sociales significativos", en la línea de lo que la Constitución parece exigir, se lograría también asegurar el acceso de esos mismos grupos a la programación y a los contenidos de los medios de difusión, lo que a su vez acentuaría el pluralismo de la comunicación transmitida y recibida en beneficio evidente de las libertades de expresión y de información.
Por otro lado, y al margen del control parlamentario directo que cada órgano legislativo se reserve en función de la titularidad de los medios controlados, todo parece aconsejar un cierto grado de centralización, o mejor de concentración, de las tareas de control de los medios públicos de difusión, evitándose la dispersión y la pluralidad de organismos o entidades encargados de ello.
Cierto es que por prescripción constitucional expresa debe existir un control parlamentario sobre estos medios públicos. Pero, una vez establecido este control esencial en cualquier sociedad democrática, debieran concentrarse las demás funciones y facultades en un organismo único, plural en su configuración, y adecuadamente dotado de recursos humanos y técnicos que pudiera afrontar la tarea con eficacia, agilidad e independencia.


Y es sin duda la independencia -respecto del poder político, en primer lugar, ya que los medios a controlar son públicos, pero también respecto de otros poderes sociales, institucionalizados o no- el requisito esencial que inexcusablemente debe adornar al órgano o entidad que tenga encomendada la misión de preservar el pluralismo político y social en los medios públicos de difusión. Y esa independencia debe ser manifiesta, incuestionada, capaz de superar los conflictos de intereses que pudieran producirse y ajena a cualquier objetivo distinto del que justifica su existencia.
Esta institución viene planteando desde hace ya bastante tiempo, así ya en el informe anual a las Cortes Generales correspondiente a 1996, la conveniencia de asignar las funciones de control y supervisión de los medios públicos de comunicación a organismos o autoridades independientes desvinculados jerárquicamente de la Administración o más en general del Poder Ejecutivo, dotados de un alto grado de auctoritas en la materia y que, se añade ahora, representen fielmente el pluralismo político y social de la comunidad, siguiendo el ejemplo de lo que es absolutamente habitual desde hace tiempo en los países democráticos de nuestro entorno y en la línea de lo que alcanzó la unánime aceptación de todos los grupos políticos con representación parlamentaria cuando fue propuesto por la comisión especial del Senado sobre los contenidos televisivos en su informe publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales -Senado, serie I- correspondiente al día 11 de abril de 1995.


2.3. Las declaraciones de impacto ambiental

Entre los instrumentos que se utilizan para la protección del medio ambiente debe destacarse, por su

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especial relieve, la denominada "evaluación del impacto ambiental", cuya finalidad es la de tomar en consideración los factores que, en la planificación y en el diseño de proyectos, puedan incidir o afectar al medio ambiente, ofreciendo alternativas que permitan a los órganos administrativos decisorios optar por las soluciones menos agresivas para el entorno.
El origen de esta técnica preventiva se encuentra en la National Environment Policy Act de 1970, que instaura en Estados Unidos un procedimiento para la creación y mantenimiento de unas condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan coexistir en armonía productiva, mediante la introducción de la información ecológica en la planificación y el desarrollo de los proyectos. Esta norma introduce el concepto de impacto sobre el medio ambiente en el sentido en el que hoy día se emplea, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, ya recogía el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar.
En el mismo sentido, la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, de 1992, afirma que deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente.
Esto evidencia la percepción, en el contexto internacional, de que la protección del medio ambiente es una cuestión que afecta a todo el planeta y de que se debe contener el crecimiento económico indiscriminado que tiene lugar en los países más favorecidos, desde finales de los años sesenta y principios de los setenta, para entrar en una nueva era en la que prime el objetivo del llamado "desarrollo sostenible", mediante un adecuado equilibrio entre los logros económicos, el respeto a la naturaleza y la defensa de los recursos y valores naturales y de la salud de las personas y animales; todo ello sin perjuicio de las actuaciones, obras y proyectos que, obviamente, las sociedades modernas demandan.
La aprobación del texto constitucional español de 1978 y el reconocimiento, en su artículo 45, del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo asignando a los poderes públicos una función tuteladora del mismo, significó un importante paso hacia esta nueva sensibilidad ecológica. No obstante, hay que poner en estrecha conexión el derecho que contempla el citado artículo 45 con otras importantes previsiones constitucionales, como son las contenidas en el artículo 40, que obliga a promover el desarrollo económico, o el artículo 130.1, que recoge que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos.
En este contexto, la técnica preventiva de la declaración de impacto surge de la necesidad de introducir esta variable ambiental en el desarrollo de las restantes políticas sectoriales que, hasta fechas recientes, al menos en España, se venían ejecutando sin miramiento alguno respecto de los valores y recursos naturales afectados por ellas.
Con la integración en la Comunidad Europea, a partir de 1986, y la consiguiente incorporación al ordenamiento jurídico interno del derecho comunitario surgen nuevas obligaciones en la protección y defensa del medio ambiente.
La ley de bases 47/1985, de 27 de diciembre, delegó en el Gobierno la facultad de dictar decretos legislativos para la aplicación del derecho de las comunidades europeas. En virtud de dicha habilitación normativa, se aprobaron el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento de ejecución, por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por los que se traspone al derecho interno la Directiva 85/337/CEE.
Hasta el momento de la aprobación de dicha normativa, en el ordenamiento jurídico español sólo existían leyes sectoriales que de manera aislada, algo parcial y sin un tratamiento unitario de la cuestión, preveían la afectación de determinadas actividades al medio ambiente circundante. Entre ellas se pueden citar: el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 1961 y las leyes de aguas, de costas, de puertos, de carreteras, de minas y de hidrocarburos.


Por tanto, hasta la aprobación del citado Real Decreto legislativo 1.302/1986 y del Real Decreto 1.131/1988, sobre Declaración de Impacto Ambiental, no se disponía de una legislación integradora de los efectos ambientales de los proyectos y obras públicos y privados, que pusiera en práctica uno de los principios generales del medio ambiente a nivel europeo: el principio de prevención. No debe olvidarse que la política ambiental comunitaria, sobre todo a raíz de la introducción del artículo 130 R en el Tratado de la Unión Europea, se configura sobre los principios de acción preventiva y de cautela, de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y de que "quien contamina paga".
En este sentido, el V Programa de acción comunitaria de política y acción en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible (1993-2000) pretende, entre sus objetivos fundamentales, conseguir un cambio en las actuales tendencias y prácticas perjudiciales para el medio ambiente, con objeto de lograr las mejores condiciones para garantizar al tiempo el bienestar y el crecimiento socieconómicos de la generación actual y de las futuras.
Para completar el panorama legislativo descrito, es preciso citar la aprobación, por diversas comunidades autónomas, de sus propias leyes de evaluación ambiental, algunas de las cuales prevén, junto a la evaluación de impacto, otras técnicas denominadas "evaluaciones impropias", como el informe ambiental o la calificación ambiental. Es oportuno destacar que algunas leyes autonómicas han aumentado considerablemente

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los supuestos de las actividades que, de acuerdo con la normativa básica estatal, han de someterse obligatoriamente a estudio de declaración de impacto ambiental, no restringiendo el campo de esta técnica preventiva exclusivamente a los proyectos de obras, instalaciones o actividades concretas, sino sometiendo a la misma los planes o programas urbanísticos, o de ordenación territorial.
Asimismo, el listado de actividades sujetas a declaración de impacto ambiental se ha visto ampliado tras la aprobación del real decreto legislativo de 1986; además, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, incluye como actuaciones que han de someterse a evaluación de impacto ambiental las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la nación y en todo caso cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas. Por su parte, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de ordenación del sector eléctrico, sujeta a evaluación de impacto ambiental la instalación de líneas aéreas de energía eléctrica de tensión igual o superior a 220 kilovoltios y de una longitud de más de 15 kilometros.
Entre la normativa autonómica dictada en esta materia se puede destacar la siguiente:

- En Andalucía, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
- En Asturias, la Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Ordenación del Territorio y el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de evaluación de impacto ambiental.
- En Aragón, el Decreto 45/1994, de 4 de marzo, sobre Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
- En Baleares, el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de evaluación del impacto ambiental.
- En Canarias, la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico.
- En Cantabria, el Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto ambiental.
- En Castilla y León, la Ley 8/1994, de 24 de junio de evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales, modificada por la Ley 5/ 1998, de 9 de julio.
- En Castilla La Mancha, la Ley 5/1999, de 8 de abril de evaluación de impacto ambiental.
- En Cataluña, el Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental y Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la administración ambiental.
- En Extremadura, el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema de Extremadura.


- En Galicia, la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. Decreto 442/1990, de 23 de septiembre de evaluación de impacto ambiental.
- En Madrid, la Ley 10/1991, de 4 de abril para la protección del medio ambiente y Ley 3/1988, de 13 de octubre, para la gestión del medio ambiente.
- En Murcia, la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio ambiente.
- En el País Vasco, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente.
- En Valencia, la Ley 2/1989, de 3 de marzo de estudios de impacto ambiental y decreto de desarrollo 162/1990.


El reglamento de ejecución de la evaluación de impacto ambiental, aprobado por Real Decreto 1.131/1998, de 30 de septiembre, define en su artículo 5 la evaluación de impacto como el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente. Dicha norma obliga a someter a evaluación de impacto ambiental los proyectos, tanto públicos como privados, comprendidos en el anexo del Real Decreto Legislativo, que requieran la intervención administrativa previa a través de la correspondiente autorización del proyecto en cuestión.
La Directiva 85/337/CE, sobre evaluación de impacto ambiental, estableció un sistema conocido como "lista positiva", al incluir en el anexo I de la misma los proyectos que obligatoriamente han de someterse a dicha técnica preventiva, y en el anexo II aquéllos que los estados miembros consideraran que por sus características exigían dicha declaración. Tal posibilidad de opción de los proyectos del anexo II ha originado que la mayoría de los países comunitarios hayan dado al mismo un carácter meramente facultativo y no lo hayan incorporado a sus legislaciones internas, en contra del criterio mantenido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que defiende la obligatoriedad de dicho anexo. Este aspecto, junto con otros que la práctica ha evidenciado como necesitados de reforma, ha dado lugar a la aprobación de la Directiva 97/11/CEE, del Consejo de 3 de marzo, por la que se modifica la anterior de 1985. El 14 de marzo de 1999 terminó el plazo de transposición de dicha directiva, sin que, hasta la fecha de la redacción de este informe, el legislador español haya cumplido con dicha obligación. Ello ha dado lugar a que, con motivo de la tramitación de una queja ante la Secretaría General de Medio Ambiente, se haya solicitado a este organismo información sobre el calendario previsto de trasposición de dicha normativa comunitaria, sin que el Ministerio de Medio Ambiente haya aportado una justificación razonada del retraso aludido.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha recordado al citado departamento el principio de primacía del derecho

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comunitario, en este terreno, sobre el nacional, del que se desprende inequívocamente que todas las administraciones públicas internas están obligadas a aplicar el derecho comunitario. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en su sentencia de 22 de junio de 1989 que, no sólo los tribunales nacionales, sino cualquier autoridad nacional tiene la obligación de ejecutar las disposiciones directamente aplicables del derecho comunitario, dejando de lado aquéllas incompatibles con el derecho nacional. Es decir, las administraciones públicas internas tienen el deber de hacer prevalecer de oficio las disposiciones no incorporadas aún, o de las directivas comunitarias que resulten más apropiadas que las reglas del derecho nacional.
La normativa sobre impacto vigente en España excluye de la declaración de impacto ambiental aquellos proyectos relacionados con la defensa nacional, así como los aprobados por una ley del Estado.
Asimismo se faculta al Consejo de Ministros para que, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, pueda excluir un proyecto determinado del procedimiento de impacto ambiental. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 13/1998, de 22 de enero, dictada como consecuencia del conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno vasco contra determinados preceptos del Real Decreto 1131/ 1988, e indirectamente contra el real decreto legislativo del que trae causa, ha determinado el alcance de tales excepciones, expresando que dicha facultad de exclusión por una ley estatal tiene carácter restrictivo y se refiere a proyectos detallados de titularidad estatal, en los que ha de tenerse en cuenta, en la propia ley que apruebe el proyecto, la incidencia ambiental del mismo. El tribunal entiende que se pueden exceptuar aquellos proyectos que traten de remediar, de forma urgente, situaciones extraordinarias de difícil previsión, siempre que contengan las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental de los mismos.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se articula en dos fases, en las que la competencia administrativa se residencia de manera diferenciada, por un lado, en el órgano ambiental, que es el encargado de formular la declaración de impacto ambiental y, por otro, en el órgano sustantivo que ha de aprobar el proyecto, obra o actividad. En el caso de que se trate de un órgano sustantivo estatal que pretenda realizar un proyecto u obra en el territorio de una comunidad autónoma, la competencia sustantiva atrae a la ambiental, de forma que el Tribunal Constitucional entiende que la normativa ambiental es acorde con el orden constitucional de distribución de competencias al atribuir la evaluación de impacto ambiental a la misma Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad de su competencia.
Pese a la regulación, aparentemente completa, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ofrecida por el citado real decreto legislativo y por su reglamento de ejecución, se ha venido constatando, a través de la recepción de quejas en esta materia, que la realidad dista mucho de cumplir los ambiciosos objetivos de prevención de efectos ambientales adversos que esta técnica supone. Son múltiples los aspectos del procedimiento de evaluación ambiental que carecen del rigor necesario y de una adecuada identificación de los impactos, que no ajustan estrictamente su contenido a los requisitos mínimos que, tanto las declaraciones como los estudios, han de tener, y que no ofrecen ni un verdadero programa de vigilancia ambiental, que garantice el cumplimiento de las medidas correctoras, ni un adecuado ejercicio de las labores de vigilancia de su cumplimiento, las cuales, sorprendentemente, son atribuidas por la normativa al órgano competente por razón de la materia, en lugar de al órgano ambiental. Sí se prevé, aunque en la práctica dicho recurso según los datos de los que se dispone ha sido escasamente utilizado, la posibilidad de suspensión de las actividades cuando no hubieran sido sometidas a evaluación de impacto ambiental, teniendo obligación de hacerlo, o en los supuestos de ocultación o falseamiento de datos en el procedimiento de evaluación, así como en el caso de incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto.
El órgano que autoriza y gestiona las obras y proyectos tiene atribuida, además de la labor de vigilancia de las condiciones incluidas en la declaración de impacto, la competencia para ordenar, en su caso, la suspensión de las actividades; el órgano ambiental tan sólo puede requerir o sugerir dicha suspensión. Esta falta de separación entre las competencias de autorización del proyecto y las de vigilancia ambiental del condicionado establecido por otro órgano diferente al que otorgó la citada autorización, conduce a que el sistema establecido resulte escasamente operativo, toda vez que el órgano sustantivo no reúne los criterios de independencia y objetividad necesarios para evaluar, en cada caso, los posibles incumplimientos o transgresiones de las condiciones ambientales impuestas por la Administración ambiental.
En definitiva, de las situaciones que se han podido examinar, se deduce una práctica defectuosa en la elaboración de los estudios de impacto ambiental que deben ser presentados por los promotores de obras o actividades al órgano ambiental, y se observa que los mismos no se ajustan estrictamente a los requisitos que exige la normativa en vigor, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de presentar un documento síntesis, así como una valoración de alternativas previstas.
Por otra parte, se observa una insuficiencia normativa en otros aspectos no regulados debidamente en la actualidad, tales como la no obligatoriedad del anexo II de la directiva a la que antes se ha hecho referencia y la debilidad del sistema de control medioambiental a la que también se ha aludido.


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De acuerdo con la legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental, son imprescindibles tres elementos en el procedimiento de evaluación de impacto: el estudio de impacto ambiental, que es el documento técnico que ha de ser aportado por el organismo o empresa que promueve la obra proyectada, el trámite de información pública y los informes emitidos por otras administraciones afectadas.
Los incumplimientos detectados en relación con estos tres pilares fundamentales del sistema de evaluación de impacto ambiental, son los que concentran el mayor número de quejas. Así, se ha observado que los estudios de impacto ambiental son muchas veces documentos en serie que no contienen un estudio individualizado del proyecto u obra en cuestión, que prestan atención a detalles en muchas ocasiones superficiales y que no reflejan debidamente las alternativas ni realizan un examen detallado de las mismas. La práctica demuestra que la alternativa escogida es la única que se analiza de forma objetiva, por lo que no no se prevé tampoco la identificación y valoración de impacto de cada una de las restantes alternativas examinadas, en caso de que, efectivamente, se contemplen varias. Igualmente, parecería deseable que todas las declaraciones de impacto contuvieran el requisito que exige el artículo 10 del Reglamento de 1988, en cuanto a que el estudio ha de indicar los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa social de la actividad.
Máxime cuando, en la gran mayoría de los supuestos planteados en las quejas, el problema que late en el fondo es, en definitiva, el rechazo social a la ejecución de determinadas actividades u obras, aun cuando las mismas hayan contado y superado formalmente el preceptivo trámite de impacto ambiental.
Como muestra del rechazo social que ocasionan determinados proyectos de obras e infraestructuras, se pueden citar las quejas relativas a la instalación de diversos parques eólicos y de líneas de alta tensión.
Por lo que afecta a la participación pública e institucional en el procedimiento de declaración de impacto ambiental, la experiencia práctica evidencia numerosas deficiencias. Por un lado, el artículo 13 de Real Decreto 1131/1988, por el que se aprueba el reglamento de evaluación de impacto ambiental, establece que, en el plazo de diez días a contar desde la presentación de la memoria-resumen, el órgano administrativo de medio ambiente podrá efectuar consultas a las personas, instituciones y administraciones públicas previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, en relación al impacto ambiental que, a juicio de cada una, se derive de aquél, o requerir de ellas la aportación de las indicaciones que estimen beneficiosas y de las propuestas que consideren convenientes respecto a los contenidos específicos a incluir en el estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, el breve plazo que se prevé, treinta días, para poder sugerir indicaciones o propuestas, hace inviable que se pueda realizar un examen serio y riguroso de cualquier estudio de impacto ambiental, por muy escueto o somero que fuese. Por otra parte, la escasa o nula acogida que, en la práctica, tiene el contenido de tales consultas, plantea también serias dudas sobre la eficacia de dicho procedimiento de consulta pública, que, en definitiva, parece que es considerado como un mero trámite.
Aunque todo proyecto de obras o actividades ha de realizarse en un determinado término municipal, lo que en pura lógica comporta que la Administración más directamente cercana a los ciudadanos, la local, sea la institución que más interés directo tenga respecto a las condiciones de realización de dicho proyecto y a sus consecuencias ambientales, hay que resaltar el escaso papel y protagonismo que la normativa en vigor asigna a las administraciones locales en materia de evaluación de impacto. El hecho de que las directivas comunitarias no prejuzguen cuáles han de ser las autoridades y órganos de los estados miembros que han de ejecutar su contenido, no implica que a las autoridades locales no les incumba de manera muy especial la defensa y la preservación de los valores ambientales de su territorio, que es la finalidad que persigue la técnica que se analiza. Precisamente, a través de esta fase de consultas públicas se canaliza en la actualidad la participación de los ayuntamientos en los procedimientos de evaluación de impacto.
Para el periodo de información pública se prevé, igualmente, un plazo de treinta días hábiles, con la diferencia sustancial respecto a la comentada formalidad de consulta, de que, obviamente, este trámite de información pública de evaluación de impacto ambiental tiene carácter obligatorio, mientras que las consultas tienen un carácter potestativo: "el órgano administrativo de medio ambiente podrá efectuar consultas...".
Esta institución ha tenido ocasión de tramitar numerosas quejas relativas a la declaración de impacto ambiental, no sólo respecto de obras y proyectos en los que la declaración correspondía a la Administración del Estado, sino que además, a medida que las comunidades autónomas han ido legislando y aprobando su propia normativa en esta materia, se han podido analizar actuaciones cuyo impacto sobre el medio ambiente debía ser evaluado por el órgano ambiental autonómico, puesto que, como se ha explicado con anterioridad, algunas comunidades autónomas han incluido supuestos que deben someterse a esta técnica que la normativa estatal no recoge con carácter obligatorio, anticipándose en este sentido, en alguna medida, al contenido de la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la anterior Directiva de 1985.
Este sería el caso, por ejemplo, de la previa declaración de impacto ambiental respecto de los planes generales de ordenación urbana, de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento, así como de sus revisiones y modificaciones.


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Quizá la más significativa, entre todas las actuaciones realizadas en esta materia, ha sido la relativa a la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas, tanto por la envergadura del proyecto en sí, como por la participación ciudadana en todo el proceso de evaluación de impacto, así como, obviamente, por las consecuencias que desde el punto de vista territorial, urbanístico, social y económico ha tenido el diseño de una gran área aeroportuaria en la zona de Barajas, tan próxima a la capital de España y rodeada de numerosos municipios y zonas residenciales con alta densidad de población. Como se explica extensamente en el apartado correspondiente del informe, la investigación se ha centrado, precisamente, en el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración de impacto ambiental.
También se ha podido analizar en la práctica la problemática expuesta respecto a las declaraciones de impacto, a través de quejas referidas a parajes catalogados como de especial interés por planes especiales de protección del medio físico y a proyectos de ordenamiento y defensa del medio natural de determinadas playas.
Como se ha comentado, existe la percepción social de que se pueden llevar a cabo actuaciones perjudiciales contra el medio ambiente, pese al establecimiento de la técnica de la evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos administrativos para hacerla efectiva.
La falta de rigurosidad de muchos estudios de impacto presentados por promotores públicos o privados, la insuficiencia de los mecanismos de información y participación que desvirtúan el esquema participativo, así como la incorrecta práctica de los estados miembros de la Unión Europea, y no sólo de España, de someter a evaluación de impacto ambiental sólo los supuestos incluidos en el anexo I de la Directiva de 1985, estimando como no preceptivos los del anexo II, han conducido a la modificación de la normativa comunitaria, como antes se ha mencionado, por la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo. En esencia, las modificaciones incluidas atañen a la ampliación del número de supuestos incluidos en el anexo I de la directiva, a hacer más rígido el régimen de excepción o exclusión de los proyectos de evaluación de impacto; a vincular de manera más estrecha la autorización de los proyectos y la evaluación de sus efectos, y a exigir la motivación de la decisión de conceder o denegar la autorización de desarrollo del proyecto.
Igualmente dicha directiva refuerza la participación institucional en el proceso y prevé la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades que puedan estar interesadas en determinado proyecto, en razón de sus específicas responsabilidades medioambientales, tengan la oportunidad de expresar su opinión sobre la información suministrada por el promotor y sobre la solicitud de autorización de desarrollo del mismo, debiendo designarse las autoridades que deban ser consultadas, bien con carácter general, o para casos concretos.
2.4. La protección social a las personas dependientes

La disposición adicional decimocuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, dispone que el Gobierno, en el plazo de seis meses, presentará a las Cortes Generales un informe relativo al seguro de dependencia, en el que se incluirá una propuesta de regulación, un marco fiscal incentivador y las modificaciones normativas necesarias para que pueda ser una prestación realizada por los planes de pensiones, las mutualidades de previsión social y demás entidades aseguradoras.
La ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social pone así el acento en uno de los asuntos que se planteará en un próximo futuro con una mayor incidencia, como es la cobertura de las situaciones de dependencia, entendiendo por tales las que afectan a aquéllos que necesitan la ayuda de otra persona para desarrollar los actos esenciales de la vida.
Con todo, la referida disposición adicional decimocuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, parece enfocar la cobertura de las situaciones de dependencia desde la perspectiva del nivel complementario a que se refiere in fine el artículo 41 de la Constitución española, así como desde la óptica del aseguramiento privado. Sin embargo, según el criterio de esta institución, ello no ha de hacer olvidar la ineludible necesidad de introducir en el sistema de Seguridad Social las modificaciones necesarias para conseguir que las prestaciones destinadas a cubrir las situaciones de dependencia puedan hacerlo de un modo más coherente, eficaz y eficiente.


En tal sentido, el problema que plantea la cobertura de la dependencia en el sistema de Seguridad Social no es precisamente la ausencia de prestaciones que se dirijan a cubrir tal situación de necesidad, sino la incoherencia, la ineficacia y la ineficiencia del conjunto protector.


Si se analiza el marco actual de la regulación de la protección social de la dependencia, pueden encontrarse prestaciones económicas, como la pensión de gran invalidez y el complemento de la pensión de invalidez no contributiva, que dejan fuera de su ámbito subjetivo de cobertura a una gran parte de las situaciones de dependencia, al no poderse reconocer, salvo contadas excepciones, a partir del cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. De otra parte, en el caso concreto de la pensión de gran invalidez, su importe variable no está en consonancia con la función de compensación que debe ser atribuida a la prestación.
En cuanto a las prestaciones económicas destinadas a quienes asumen la atención a las personas dependientes, es menester resaltar su falta de adecuación a la situación que deben cubrir. Así, puede resaltarse, entre otras circunstancias, la limitación de los beneficiarios de la pensión en favor de familiares a los hijos y hermanos,

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restricción que se une a la aplicable a los sujetos causantes, que se ciñen únicamente a los pensionistas de jubilación y de invalidez, sin tomarse en consideración otras situaciones tan dignas de protección como las anteriores.
Por otra parte, las asignaciones por hijos minusválidos a cargo no parecen ser el mejor modo de proteger las situaciones de dependencia, cuando de mayores de edad se trata. En efecto, no parece estar justificado el hecho de que las personas en situación de dependencia actúen como meros sujetos causantes, de una prestación cuya titularidad corresponde al familiar que tenga a cargo a dichas personas. En este sentido, su relegación a la posición de meros sujetos causantes viene a significar que se acentúa la situación de dependencia, ya que a la dependencia física se une así la económica.
Por tanto, parece preferible articular el marco protector de modo tal que las personas dependientes mayores de edad sean titulares de las prestaciones establecidas en su favor.
Por lo que se refiere a las medidas fiscales, la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como el reglamento de dicho impuesto (Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero) han acentuado la protección dispensada por esta vía, a través de medidas tales como la exención de determinadas rentas, las reducciones del rendimiento neto del trabajo, los mínimos personal y familiar y la deducción por inversión en la vivienda habitual. Sin embargo, no parece que la vía fiscal deba constituir el núcleo de la cobertura a dispensar a las situaciones de dependencia y sustituir así a las prestaciones sociales.
En cuanto a los servicios sociales, debe destacarse la debilidad de la posición jurídica de los ciudadanos en el acceso y disfrute de estos servicios, lo que ha ido unido a la limitación de la extensión y de la intensidad de estas prestaciones técnicas. La insuficiencia parece ser nota dominante respecto de los servicios sociales dirigidos a las personas dependientes, tanto si se trata de servicios de atención residencial, como servicios intermedios y de ayuda a domicilio.
Aello, debe añadirse otro aspecto de indudable trascendencia respecto de las personas dependientes, como es la atención sociosanitaria, asunto de especial dedicación por parte de esta institución a lo largo del año 1999, que ha dado lugar a la elaboración de un estudio específico del que se da más amplia cuenta en otros apartados de este informe.
Las quejas recibidas a lo largo de los últimos años muestran, sin lugar a dudas, la existencia de situaciones que no pueden ser resueltas en su integridad por los servicios sanitarios o por los servicios sociales cuando se prestan por separado, requiriendo, por el contrario, la dispensación combinada de ambos tipos de recursos.
El aseguramiento de la prestación de ambos servicios, sanitarios y sociales, sin que se den soluciones de continuidad, parece ser, por tanto, una exigencia ineludible si se quiere articular una respuesta cabal a estas situaciones y evitar las consecuencias indeseables que se derivan de la fragmentación y de la dualidad de ambos tipos de atención.
Es muy cierto que las administraciones públicas no han permanecido impasibles ante esta necesidad. Aeste respecto, son destacables los instrumentos de coordinación sociosanitaria que fueron acordados entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el entonces Ministerio de Asuntos Sociales en el año 1993 y que tuvieron su primera plasmación concreta en el ámbito de la atención sociosanitaria a las personas mayores, mediante el correspondiente convenio de colaboración. Con todo, resalta sobre los demás instrumentos el programa establecido en Cataluña a partir del año 1986, sin olvidar las medidas que se han previsto en otras comunidades para coordinar los servicios sanitarios y los servicios sociales.
Por todo ello, dentro del conjunto de la protección a las situaciones de dependencia, parece necesario disponer de un marco generalizado de atención sociosanitaria, que pueda dar respuesta a las necesidades de los segmentos de la población que precisan este tipo de atención. En tal sentido, si bien es cierto que las personas mayores dependientes constituyen quizás el segmento de población principal al que deben ir destinadas las medidas sociosanitarias, éstas deben abarcar también a otros grupos de personas que precisan idéntica modalidad de atención.
En suma, las personas en situación de dependencia van a constituir, en un próximo futuro, un sector de la población que precisará una gama diversificada de recursos sanitarios y sociales y al que habrán de dirigirse, en gran medida, los esfuerzos de las administraciones sanitaria y social. La protección a dispensar deberá, en efecto, abarcar, en un marco armónico, prestaciones económicas, prestaciones técnicas, de contenido sanitario y social, y medidas fiscales. Las prestaciones deberán dispensarse tanto a las personas dependientes como a sus cuidadores, debiendo, respecto de estos últimos, ser completadas por previsiones legales que refuercen la compatibilidad del desarrollo de una actividad laboral y de la dispensación de atenciones a las personas en situación de dependencia, en línea con las establecidas por la Ley 32/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Por ello, es menester llevar a cabo una reflexión acerca del marco jurídico que ha de regular la cobertura sanitaria y social destinada a estas personas. Aun contando con la limitación antes reseñada, el estudio al que se refiere la disposición adicional decimocuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, puede constituir una ocasión propicia para ello, como también puede ser de utilidad la consideración de los instrumentos específicos de cobertura de la dependencia establecidos

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en los últimos años en países como Alemania, Francia y Luxemburgo.


2.5. El tratamiento de la drogodependencia en prisión

En la mayoría de los estudios e informes realizados sobre esta materia se considera que el consumo de estupefacientes es la causa, más o menos directa, de gran número de los delitos cometidos. Basta con hacerse eco de la última memoria de la Fiscalía General del Estado en la que, tomando sólo los indicadores relacionados con los delitos de tráfico de drogas, se aprecia que la investigación de este tipo de ilícitos dio lugar, durante 1998, a la detención de más de 81.000 personas y a que se iniciaran 33.553 procedimientos judiciales. Semejantes magnitudes, unidas a la marginalidad social que provoca el consumo de determinadas sustancias, son elementos que necesariamente han de ponerse en conexión con la práctica de otras conductas delictivas, especialmente algunos tipos de delitos contra el patrimonio tales como el hurto, el robo con fuerza y el robo con violencia o intimidación.
La coordinación entre la respuesta penal frente a los delitos y los procesos de desintoxicación, es hoy más que nunca una necesidad, que recientemente han sido puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo, entre otras en sus sentencias de 18 de febrero de 2000 y de 11 de abril de 2000. En esas resoluciones se aborda cómo debe ser la relación entre la respuesta penal al hecho delictivo y el tratamiento terapéutico de la persona que actúa bajo su dependencia de toxicómano.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, de forma clara, señala que resulta prioritario actuar sobre la causa oculta -la drogodependencia-en aquellos casos en los que el autor del delito actúa bajo los efectos derivados del consumo de drogas. El sistema de justicia penal, afirma el Tribunal, debe propiciar respuestas que tiendan a facilitar el abandono del consumo de drogas. Corresponde a la Administración, por tanto, priorizar los programas de tratamiento de rehabilitación de los reclusos drogodependientes, con el objetivo de la reinserción social que postula el artículo 25 de la Constitución. Dichos programas podrán impartirse dentro de la prisión o fuera de la misma mediante una red pública de centros, garantizándose de esa forma que las personas afectadsa por alguna drogodependencia puedan disponer de un programa de desintoxicación si voluntariamente así lo desean. Se trata por tanto de potenciar el tratamiento terapéutico respecto a la sanción penal La relación apuntada entre drogodependencia y delincuencia se manifiesta claramente en el hecho de que, según los datos facilitados por la Administración penitenciaria, alrededor de un 50% de los que ingresan en prisión son drogodependientes. Otras fuentes elevan el porcentaje hasta el 70% de los reclusos, como es el caso del estudio llevado a cabo sobre esta cuestión por el Defensor del Pueblo Andaluz en los centros penitenciarios de su comunidad autónoma, si bien tal diferencia puede explicarse en parte por el hecho de que, como se señala en el referido informe, no todos los drogodependientes manifiestan esta circunstancia al ingresar en prisión. De ser esa la causa de esta disparidad de cifras, el problema debería constituirse en objeto de atención prioritaria para la Administración penitenciaria y recomendaría la revisión de los procedimientos de evaluación inicial de los internos, dado que, para la adecuada planificación del tratamiento individualizado que corresponde a cada recluso, puede resultar vital la detección, lo más rápida posible, de su dependencia de cualquier tipo de sustancias estupefacientes.
Según la Administración penitenciaria, el perfil medio de los drogodependientes que ingresan en prisión está definido por una serie de características relevantes. Se trata de una población joven, policonsumidora de sustancias tóxicas, como pueden ser la heroína, la cocaína, el cannabis, las benzodiacepinas y el alcohol, siendo el consumo de la heroína el factor más determinante en su trayectoria personal, social y penal. Este último dato coincide sustancialmente con el que aportó una encuesta realizada por el Plan Nacional sobre Drogas entre los consumidores de heroína sometidos a algún tratamiento durante los años 1996 y 1997, que indicaba que un 73'1% de los encuestados había sido detenido al menos en una ocasión y más de un 40% había ingresado en prisión.
La Administración indica asimismo que la frecuencia del consumo resulta elevada, pudiendo llegar a varias veces al día, sobre todo en lo que se refiere a la cocaína. Es también frecuente la utilización de la vía endovenosa para el consumo a lo que debe unirse, en numerosos casos, el uso compartido de jeringuillas como factor de riesgo añadido.
La edad de inicio del consumo acostumbra a ser temprana. De hecho, los datos arrojados por algunos proyectos de intervención con drogodependientes llevados a cabo en prisión, como el de Villabona (Asturias), indican que un 84% de la población que ha tomado parte en el proyecto tuvo su primer contacto con las drogas, generalmente con el hachís, antes de los 16 años.
El historial medio de consumo de los reclusos drogodependientes suele superar los 10 años. Puede señalarse que se trata de un grupo de población que acumula varios delitos, los cuales han motivado diversas entradas en prisión. El primer ingreso suele producirse a temprana edad y normalmente es consecuencia de un delito contra el patrimonio. El nivel medio de estudios de este segmento de la población penitenciaria es muy bajo, con un altísimo porcentaje de fracaso escolar, frecuentemente asociado al abandono de la actividad académica en los primeros niveles de la misma, por lo común antes de los 15 años. En el momento de suingreso en prisión, lo habitual es que no desarrollen

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actividad laboral alguna y que su cualificación profesional sea deficiente.
Un alto porcentaje de los drogodependientes que ingresan en prisión ha realizado algún tipo de tratamiento previo, generalmente orientado a la abstinencia, y han registrado repetidos fracasos terapéuticos, siendo consumidores activos en el momento del ingreso en el establecimiento penitenciario. Este grupo sufre con especial incidencia diversas enfermedades, como la seropositividad al virus de la inmunodeficiencia humana (o sida), que en el ámbito de las prisiones está prácticamente asociada a historiales de drogodependencia previa; hepatitis B y C; tuberculosis; enfermedades de transmisión sexual y patología psiquiátrica, principalmente.
Tal realidad ha llevado, por ejemplo, a que esta institución realizara en su día una investigación sobre los medios de que dispone la sanidad penitenciaria para atender la salud mental de los internos. Y ello, porque, según se ha podido constatar en las visitas a centros que periódicamente se realizan, los profesionales sanitarios manifiestan con frecuencia su preocupación por la circunstancia de que entre los internos consumidores de sustancias tóxicas, ya sea de cocaína, de heroína o de las llamadas drogas sintéticas, se podrían estar produciendo alteraciones del comportamiento, cuya trascendencia psiquiátrica debería ser evaluada con prontitud, para lo que acaso sería necesario reforzar el número de especialistas psiquiátricos con los que cuenta la Administración penitenciaria. Esta institución entiende que este problema constituirá en los próximos años una cuestión que requerirá especial atención y sería conveniente que ya se fueran planificando los correspondientes instrumentos de diagnóstico, tratamiento y control, antes de que tales patologías comiencen a manifestarse con una frecuencia más preocupante.
Por lo general los reclusos drogodependientes tienen serias deficiencias en lo que se refiere a hábitos de aseo e higiene personal y no parecen estar adecuadamente informados sobre los factores que en su situación suponen un mayor riesgo de contraer enfermedades. De hecho, sus contactos previos con los servicios sanitarios generales son muy escasos. Los trastornos en el desarrollo de la personalidad son frecuentes, presentando comúnmente cuadros de inmadurez afectiva, personal y social, autoimagen negativa, carencia de hábitos y de habilidades sociales y desestructuración familiar.
En síntesis, de todos estos datos la Administración penitenciaria extrae el diagnóstico de que, desde el punto de vista biológico, psicológico y social, la población drogodependiente que ingresa en prisión es una población enferma, con una situación personal y social muy deteriorada, a la que se suman las consecuencias penales de sus acciones y los problemas de índole estrictamente penitenciaria.
Ahora bien, parece claro que el éxito o fracaso del programa de tratamiento de un drogodependiente va estrechamente ligado a que éste consiga o no liberarse de su adicción. Y ello porque el mantenimiento en los hábitos de consumo implica que, una vez concluida la condena, en muchos casos el drogodependiente no pueda alejarse de las redes que lo vinculan a la delincuencia. Cuando esto ocurre, se produce el fracaso de la finalidad resocializadora que debe perseguir toda pena privativa de libertad. En consecuencia, debe incrementarse el esfuerzo que viene realizando en esta materia la Administración penitenciaria, de modo que el paso por un centro penitenciario suponga una oportunidad real para rehabilitarse.
Además, estas personas presentan una pluralidad de problemas de carácter educativo, cultural, formativo, laboral, psicológico, sanitario, social y penal, lo que hace preciso que el planeamiento y la ejecución de su tratamiento se efectúe desde la pluralidad y la complementariedad de las ofertas terapéuticas. La opinión común entre los expertos en esta materia es que los parámetros que han servido para diseñar los diversos modelos de intervención sobre las drogodependencias están sufriendo una notable evolución, a la que no pueden ser ajenas las actuaciones que se programen desde los centros penitenciarios. Factores tales como la aparición del sida, el incremento de otras patologías asociadas al consumo de drogas y el fracaso de un modelo terapéutico único, como respuesta para la totalidad de los drogodependientes de opiáceos, han contribuido a la gestación de un nuevo sistema asistencial, en el que se admite la posibilidad de partir de diversas estrategias (que, a la postre, pueden resultar complementarias), tales como la prevención de daños y de riesgos, la atención sanitaria, la terapia sustitutiva, el no consumo y el cumplimiento alternativo, de modo que de entre esos métodos pueda determinarse cuál de ellos es el más adecuado para cada enfermo.
Dentro de la dinámica penitenciaria, este modelo integral de tratamiento implica la necesidad de que la desestructuración global que en las personas produce su adicción al consumo de sustancias tóxicas se trate desde un enfoque multidisciplinar en el que, junto a las intervenciones de tipo sanitario, se produzcan otras de orden psicológico, formativo, cultural y social. Sobre esa base se justifica por la Administración penitenciaria la práctica inexistencia de profesionales dedicados en exclusiva al tratamiento de las drogodependencias en prisión.
Se señala además que un porcentaje muy importante de la población penitenciaria es drogodependiente y no parece oportuno dividir a los profesionales que los atienden en dos clases, los que intervienen con la población drogodependiente y los que no. Como instrumento para la coordinación de los profesionales que trabajan con toxicómanos existe en cada centro penitenciario el denominado grupo de atención al drogodependiente. La Administración penitenciaria los define como equipos multidisciplinares encargados de diseñar

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los objetivos de las intervenciones, así como de la coordinación de los recursos y el seguimiento, ejecución y evaluación de las actuaciones. Forman parte de los mismos profesionales de la Administración penitenciaria y de organizaciones no gubernamentales, así como, en el caso de Andalucía, profesionales de los centros provinciales de drogodependencias.
Ahora bien, admitidos estos razonamientos de la Administración, ha de tenerse en cuenta igualmente que la atención dispensada por las instituciones penitenciarias a los drogodependientes no es todo lo completa que debería. Una prueba de ello es la evidente diferencia existente, aunque se tomen las cifras menos preocupantes, entre las estimaciones del número de adictos que se encuentra en prisión y los datos existentes sobre seguimiento de programas de tratamiento por parte de esos internos, comparación que denota cómo la Administración no llega a la mayoría de la población afectada. Para la consecución de ese objetivo, que debería ser un fin básico de toda política penitenciaria, es evidente que si la Administración opta, porque lo considera más oportuno, por no especializar a parte de sus profesionales en el tratamiento de drogodependientes, resultará entonces preciso que se destinen mayores recursos para fortalecer las plantillas de profesionales dedicados al tratamiento en todos los centros penitenciarios, cuestión sobre la que ya se ha pronunciado esta institución en varias ocasiones.
No obstante lo anterior, la Administración penitenciaria debería tener en cuenta el hecho de que allí donde se están obteniendo mejores resultados en proyectos de intervención con drogodependientes, como es el caso del que se sigue en el centro penitenciario de Villabona (Asturias), sí existe de hecho una especialización de los profesionales implicados en el mismo. Sin pretender aplicar indiscriminadamente esa experiencia, que precisa en cualquier caso de una notable motivación por parte de todos los que participan en ella, esta institución considera que cabría cohonestar la opción expresada por la Administración en el sentido de no especializar a parte de su personal en el tratamiento específico de los drogodependientes, con la existencia de una serie de programas de mayor exigencia en los que sí parece necesaria una dedicación prácticamente exclusiva de los profesionales encargados de dirigirlos. Todo esto resulta especialmente indicado a la vista del objetivo contenido en el Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la estrategia nacional sobre drogas para el periodo 2000-2008 y entre cuyos objetivos se encuentra el de extender los módulos terapéuticos a los centros penitenciarios polivalentes y potenciar experiencias como las comunidades terapéuticas penitenciarias.
Como cuestión complementaria, y puesto que la propia Administración, en la memoria elaborada por la Subdirección de Sanidad Penitenciara correspondiente a los planes de intervención en esta materia durante 1998, indica que en los grupos de atención al drogodependiente de algunos centros no se produjo la participación de profesionales ajenos al ámbito penitenciario, parece oportuno señalar que esta participación debería generalizarse, principalmente como sistema para evitar rupturas en el proceso terapéutico de aquellos drogadictos que, estando sometidos a tratamiento, deban ser excarcelados. También en este caso se trata de un objetivo que, junto a la potenciación de estos grupos, aparece definido en la mencionada estrategia nacional sobre drogas, donde se señala que en al año 2003 todos los grupos de atención al drogodependiente deberán contar con el apoyo y la participación de profesionales no pertenecientes al ámbito penitenciario.


La necesidad de ofrecer tratamientos adecuados a las necesidades reales de los internos, basados en la pluralidad, la complementariedad y la atención integral y multidisciplinar, ha implicado el desarrollo en los centros penitenciarios de medidas y acciones dirigidas tanto a la prevención de las drogodependencias como a la atención, asistencia, rehabilitación e incorporación social de los drogodependientes. En este sentido, cabe señalar la existencia de actuaciones tales como intervenciones sanitarias, relativas a las vacunaciones y al control y seguimiento de patologías; intervenciones de educación para la salud; la distribución de lejía y preservativos; programas de intercambio de jeringuillas y de mantenimiento con metadona; intervenciones de desintoxicación, de deshabituación ambulatoria y de deshabituación en módulo específico; e intervenciones de reincorporación social.
A todo ello debe unirse la puesta en marcha de otros programas complementarios, como el de apoyo psicológico en actuaciones de atención a reclusos drogodependientes, y el de apoyo psicológico en habilidades sociales para la integración social de los penados.
Dentro de este campo parece también oportuno que se aumente la planificación de actividades laborales específicas y proyectos ocupacionales especialmente diseñados para los drogodependientes.
En relación a los programas de mantenimiento con metadona, esta institución ha tenido ocasión en diferentes informes de poner de manifiesto la necesidad de que la Administración penitenciaria pueda dispensar este tratamiento a todas las personas que, deseando realizarlo, se hallen en condiciones objetivas de someterse al mismo.
A pesar del esfuerzo desplegado por la Administración en tal sentido, debe señalarse la necesidad de ir mejorando algunos aspectos de la atención con sustitutivos que, en un buen número de centros, presentan carencias. Así, desde el Defensor del Pueblo se ha podido constatar en el transcurso de diversas investigaciones la falta de plazas disponibles en algunos programas, lo que obliga a la formación de listas de espera entre los solicitantes. También se ha apreciado cómo, en algunos establecimientos, el periodo necesario

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para completar las pruebas analíticas y de otro tipo con las que los servicios médicos penitenciarios pueden determinar la inclusión o no de cada solicitante en el programa resulta demasiado dilatado. También cabe citar las excesivas rigideces para la admisión en el tratamiento, que en algún centro sólo pueden calificarse de paradójicas, como, por ejemplo, el que para ingresar en el programa de sustitución haya que dar resultado negativo en un control analítico previo sobre consulta de heroína. O los problemas detectados con el horario de dispensación, que no siempre resultaban los más adecuados para minimizar la ansiedad de los participantes en el programa.
Tampoco parece lógica la disparidad de criterios que se dan entre los diversos centros penitenciarios y que motiva el que mientras en unos establecimientos es posible iniciar un tratamiento con metadona, en otros sólo se suministra este tratamiento a los que lo traen prescrito del exterior o de otra prisión, pero no a los internos que se encuentran regularmente en ese centro.
Esta institución tuvo ocasión de realizar una investigación en la que precisamente se puso de manifiesto la dificultad existente para que los reclusos trasladados entre centros penitenciarios continuaran el tratamiento con metadona que les había sido prescrito. Tal situación se daba en el centro penitenciario de Cuenca donde, con ocasión de una visita de esta institución, pudo comprobarse que el problema estaba en la falta de la autorización administrativa para poder establecer un centro dispensador de metadona, competencia que correspondía a la comunidad autónoma. En el transcurso de la posterior investigación de oficio se constató que tal problema afectaba al resto de las prisiones radicadas en aquella comunidad.
Tras la intervención de esta institución pudo normalizarse esta disfunción y todas las prisiones de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha quedaron acreditadas como centros dispensadores.
En cuanto a los programas de intercambio de jeringuillas, hay que señalar, en primer lugar, las dificultades habidas para que la Administración penitenciaria asuma este sistema. Sin embargo, la diferencia que separa a nuestro país de la media europea en cuanto a contagios por el uso compartido de jeringuillas es una realidad insoslayable frente a la que es difícil no admitir la necesidad de este método de reducción de daños. Sobre este programa se han desarrollado dos experiencias piloto en los centros de Basauri (Vizcaya) y de Pamplona. Algunas de las conclusiones extraídas de tales experiencias indican que la implantación de este sistema no debe originar problemas especiales, que con el mismo no aumenta el consumo de drogas, ni tan siquiera por vía endovenosa, y que promueve una mayor conciencia entre los consumidores de los factores de riesgo asociado al uso inyectado de drogas.
En consecuencia, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha emitido una recomendación para que se estudie la implantación de programas de este tipo en los diversos establecimientos que de ella dependen. Paralelamente, la propia Dirección General ha creado un grupo de trabajo, en el que participan expertos del Plan Nacional sobre el Sida, para establecer un protocolo de actuación para la implantación de los programas de intercambio. Esta institución viene realizando un seguimiento de todo el proceso, al objeto de supervisar si finalmente se generaliza o no este método de prevención de riesgos para aquellos reclusos heroinómanos que lo precisen.
Por los resultados netamente positivos que están obteniendo, deben destacarse las experiencias con programas libres de drogas llevadas a cabo en los centros penitenciarios de Villabona (Asturias) y los de Soto del Real y Navalcarnero (Madrid), a los que ya se ha hecho referencia en anteriores informes, con sistemas de gestión distintos, intrapenitenciario el primero y de iniciativa social los demás. En todos ellos se ha establecido un diseño terapéutico que básicamente supone una progresión en el nivel de exigencia que implica el seguimiento del programa, partiendo de una fase inicial de motivación, para pasar luego a una de comunidad terapéutica, que debe concluir con una última de reinserción, en el periodo en el que se supone superado el problema de adicción a las drogas. Cabe esperar que estas experiencias puedan aprovechar al conjunto del sistema penitenciario, por medio del estudio de las mismas y por su implantación en otros centros en los que se den las condiciones adecuadas para sacar provecho de ellas.
Respecto de las posibilidades que la legislación penitenciaria ofrece para apoyar los procesos de deshabituación, debe señalarse que, a pesar de los avances referidos a la posibilidad de cumplimiento de penas privativas de libertad en centros externos de tratamiento,el número de reclusos que se han beneficiado de estas previsiones es todavía muy escaso. Claro es que, en este punto, para que pueda producirse un aumento en el índice de utilización de tal medida, a la voluntad de la Administración de incrementar su aplicación debe unirse la existencia de grupos o entidades sociales que estén en condiciones de asumir el compromiso de hacerse cargo de los internos cuyo tratamiento se les confíe.
En relación a la previsión de que internos clasificados en segundo grado participen en salidas regulares para recibir tratamiento con arreglo a lo previsto en el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, debe señalarse el criterio de la Administración sobre que tal fórmula no parece dirigirse de manera específica a drogodependientes necesitados de tratamiento. Según se ha indicado a esta institución, para ellos la opción más utilizada es su progresión privilegiada a tercer grado, muchas veces sin el previo disfrute de permisos, para permitir su atención a tiempo completo en una institución extrapenitenciaria.


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Por lo que respecta a los criterios de inicio del expediente de libertad condicional por padecer enfermedades incurables, la Administración penitenciaria dispone desde 1996 de unos criterios al respecto, plasmados en un documento sobre la aplicación de la libertad condicional de enfermos de sida privados de libertad, aunque, como consecuencia de la aparición de nuevas técnicas diagnósticas y de tratamientos antirretrovirales más recientes, ha resultado aconsejable la modificación de determinados parámetros del referido documento. Con todo ello se pretende dar una cierta homogeneidad a las actuaciones en relación con este problema, teniendo siempre en cuenta que la individualidad de cada paciente impide emitir criterios de aplicación automática.
No obstante, a esta institución no le parece adecuada la práctica seguida hasta el momento por la Administración penitenciaria, con arreglo a la cual únicamente pueden iniciarse los expedientes de excarcelación por libertad condicional en el caso de enfermos de sida en estado terminal a instancia de los servicios médicos penitenciarios. Este problema fue abordado en la recomendación que se efectuó en julio de 1996 a la Administración penitenciaria, a la cual se le hizo llegar que en el adelantamiento de la libertad condicional de personas que padecen enfermedades incurables debían aplicarse los criterios contenidos en la sentencia 48/1996, de 25 de mayo del Tribunal Constitucional. Se requirió entonces especialmente a dicha Administración para que, a la hora de valorar estas situaciones, tuviera en cuenta si el mantener en prisión a un enfermo incurable pudiera ser causa de agravamiento de sus padecimientos ya que, si así fuera, procedería, a juicio del citado tribunal, proponer el adelantamiento de su libertad condicional.
A la vista de cuanto se expone cabe concluir afirmando que el problema de la drogodependencia en prisión supera el ámbito de los centros penitenciarios y por ello precisa que las medidas que se adopten para abordar esa cuestión se encuentren coordinadas, tanto dentro como fuera del ámbito penitenciario. Las actuaciones emprendidas hasta el momento ponen de manifiesto que las personas afectadas por algún tipo de drogadicción precisan de una atención integral y complementaria. En este sentido puede resultar positivo extender a los centros penitenciarios los módulos terapéuticos que existen fuera de las prisiones, tal y como se diseña en el Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre.
Durante el tiempo que el interno se encuentra privado de libertad será preciso, tal y como se ha apuntado en distintas ocasiones desde esta institución, que la Administración penitenciaria destine mayores recursos para fortalecer las plantillas de los profesionales que se dedican a los programas de deshabituación, especialmente en aquellas iniciativas que están alcanzando resultados positivos, como son los programas libres de drogas. Por último, cuando el interno sale en libertad es preciso que los recursos sociales le presten el apoyo preciso, y que realicen sobre él el seguimiento necesario para que, cuando sea preciso, se continúe con el tratamiento iniciado en el centro. Para lograr este objetivo sería conveniente que se hiciera un mayor uso de la posibilidad que brinda el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, de tal forma que los internos clasificados en segundo grado puedan participar en salidas regulares para recibir tratamiento en los programas de desintoxicación que se realizan fuera de las prisiones.
En definitiva, esta institución entiende que corresponde a la Administración penitenciaria el deber de intensificar su esfuerzo para ofrecer a todos los internos que lo soliciten medios eficaces con los que puedan superar de forma progresiva su adicción a las drogas. Como ya se ha indicado, en los casos de drogodependencia el éxito del tratamiento penitenciario pasa, en buena medida, por la desaparición del hábito de consumo. Habida cuenta del número de reclusos afectados por alguna toxicomanía, forzosamente debe concluirse que los medios actualmente disponibles todavía resultan insuficientes y deben ser incrementados.


2.6. El uso sexista del lenguaje por la Administración pública

Cualquier tipo de discriminación que pueda afectar a los ciudadanos es objeto de una atención preferente por parte del Defensor del Pueblo en orden a lograr su inmediata eliminación. A menudo las discriminaciones son tan palmarias y manifiestas, que su detección y denuncia no resultan laboriosas, aunque casi siempre lo sea su erradicación. Otras veces, sin embargo, las discriminaciones son sutiles, larvadas, ocultas bajo usos socialmente aceptados y profundamente arraigados, de manera que quienes las aplican -y también a menudo quienes las padecen-ni siquiera son conscientes de su existencia.
Hace ya algunas décadas que comenzaron a alzarse voces frente a ciertos usos lingüísticos, tan frecuentes como abundantes, que suponen la preterición y hasta la invisibilidad de la mujer en múltiples facetas del lenguaje común y también del oficial. Este hecho es particularmente frecuente en lenguas como el castellano en las que el masculino ha adquirido diacrónicamente la función de genérico, de manera que el ocultamiento o invisibilidad de lo femenino y, con ello, de la mujer, no sólo es especialmente intenso sino también más difícilmente perceptible, al producirse de manera natural en el uso común de la lengua.
A esta institución le ha preocupado desde siempre que la Administración pública sea una organización al servicio de la comunidad y que los ciudadanos y ciudadanas puedan percibir este carácter servicial en todas sus relaciones con ella. Sin duda alguna, un aspecto que debe cuidarse especialmente para lograr tal objetivo es

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el uso del lenguaje, pues a través de el se pone de manifiesto el talante que se quiere imponer a la relación administrativa, se facilita o se dificulta ésta y se reafirma o se niega el carácter de "ciudadanos" de quienes hasta tiempos bien recientes eran considerados exclusivamente como "súbditos".
Hace ya doce años, en el informe anual correspondiente a 1988, esta institución hacía un expreso llamamiento a "...la necesaria reforma del lenguaje administrativo..." para adecuarlo "...a una concepción de servicio al ciudadano y de gestión en interés público, y no respondiendo a caducos criterios de superioridad e imperatividad".
Ahora, a esta antigua preocupación del Defensor del Pueblo ha venido a añadirse la solicitud de la Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de las relaciones con éste, celebrada el pasado 29 de junio de 1999, al plantear la cuestión relativa al uso sexista del lenguaje en el ámbito de la Administración, y mostrar además su preocupación por el tratamiento de la imagen de la mujer en la publicidad y en los medios de comunicación.
En relación con el lenguaje administrativo, el Consejo de Ministros del Consejo de Europea aprobó, el 21 de febrero de 1990, una recomendación (R-90-n.º 4) sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, en la que se insta a los gobiernos de los estados miembros a promover la utilización de un lenguaje que refleje el principio de igualdad de mujeres y varones, y a que se adopten las medidas necesarias para conseguir los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la utilización, en la medida de lo posible, de un lenguaje no sexista que tenga en cuenta la presencia del status y el papel de la mujer en la sociedad, así como el del varón en la práctica lingüística administrativa.
2. Armonizar la terminología utilizada en los textos jurídicos, en la Administración pública y en la educación, con el principio de igualdad de sexos.
3. Fortalecer el uso del lenguaje no sexista en los medios de comunicación social.


Con la finalidad de contrastar si las administraciones públicas españolas están siguiendo las recomendaciones antes transcritas y, más en general, si dan efectivo cumplimiento al principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución y a la prohibición expresa de cualquier discriminación de origen sexual, se inició recientemente una investigación ante el Ministerio de Administraciones Públicas y ante las comunidades autónomas en la que esta institución se interesa por la situación actual en materia de discriminación sexual en el lenguaje administrativo y las acciones llevadas a cabo para erradicarla si ésta se hubiese detectado.
En el momento de redactarse este informe se han recibido ya informes procedentes de la Generalidad de Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Diputación Foral de Navarra, la Junta de Galicia, la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Principado de Asturias y también del Ministerio de Administraciones Públicas. En líneas generales, la totalidad de las respuestas recibidas muestran una razonable sensibilidad hacia el problema de la discriminación sexual en el lenguaje y, con diferentes intensidades, en todas las administraciones públicas se han llevado a cabo actuaciones concretas tendentes a erradicar el problema.
Dado que por el momento no se dispone de todos los datos necesarios para dictaminar sobre el estado de la cuestión y teniendo en cuenta también que están pendientes de realizarse otras actuaciones a las que se aludirá más adelante, no procede detallar los resultados obtenidos en la investigación respecto de cada una de las administraciones públicas encuestadas y tan sólo se hará a continuación una breve referencia a las líneas de intervención más frecuentementes utilizadas hasta ahora para enfrentar el problema.
Mayoritariamente, la lucha contra la discriminación sexual en el lenguaje administrativo se articula a través de planes o programas en los que se especifican acciones concretas a desarrollar en periodos de tiempo determinados. Cataluña, Madrid, Murcia o La Rioja, por ejemplo, son comunidades autónomas en las que se han venido diseñando sucesivos planes, en los que, con técnicas diversas, se promueven medidas destinadas a igualar en el lenguaje y en la posición que ocupan ante las respectivas administraciones a las ciudadanas y ciudadanos sin diferencia alguna por razón de sexo.
La elaboración y distribución de publicaciones en las que se aborda el problema es también otra de las técnicas generalmente empleadas por las distintas administraciones públicas que hasta el momento presente han remitido sus respuestas al Defensor del Pueblo. Los manuales de estilo del lenguaje administrativo y de documentos administrativos elaborados por el Ministerio de Administraciones Públicas han señalado una línea seguida posteriormente por las comunidades autónomas que han elaborado textos de similar carácter en los que, entre otros aspectos, se contienen instrucciones precisas para la eliminación de cualquier uso discriminatorio del lenguaje que pueda contenerse en cualesquiera resoluciones y documentos administrativos. Mención especial en este apartado merece la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no solamente ha publicado manuales de lenguaje administrativo y de elaboración de normas de la Generalidad de Cataluña, sino que también ha publicado y distribuido varios opúsculos específicos con indicaciones para evitar la discriminación por razón de sexo en el lenguaje administrativo y en los libros de texto y en otros materiales didácticos, y, asimismo, ha promovido la publicación de diversas monografías sobre el lenguaje utilizado en textos jurídicos y en disposiciones administrativas con

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la finalidad de detectar y evitar la discriminación sexual en el lenguaje.
Con mucha menor incidencia que las anteriores, otra línea de actuación presente en alguno de los informes recibidos es la relativa a la formación del personal al servicio de las respectivas administraciones públicas para que en el uso cotidiano del lenguaje eviten cualquier discriminación en sus relaciones con las ciudadanas y los ciudadanos. Es éste el caso, por ejemplo, del Ministerio de Administraciones Públicas que desde 1988 viene incluyendo en los planes de formación del Instituto Nacional de Administración Pública el curso denominado "Documentos Administrativos y Lenguaje", y también el de la Comunidad Autónoma de Galicia que, a través de los cursos de formación y lenguaje administrativo impartidos por la Escuela Gallega de Administración Pública, instruye a sus funcionarios sobre el adecuado uso de la lengua.
Estas tres líneas fundamentales de intervención se complementan con otras que sería prolijo enumerar aquí y que están siendo objeto de estudio detallado por parte de esta institución a fin de emitir un juicio debidamente fundado sobre este asunto una vez que se disponga de la totalidad de los informes solicitados y de algunos más que pudiera ser conveniente solicitar. En concreto, parece imprescindible contar con información proveniente de la Administración local con la que cotidianamente se relacionan las ciudadanas y ciudadanos. La existencia de más de 8.000 municipios en el territorio del Estado imposibilita tener un conocimiento cabal de lo actuado por cada uno de ellos. Pero una muestra representativa en la que se incluyan al menos los ayuntamientos de las capitales de provincia parece de todo punto deseable para disponer de una visión global sobre este asunto.
Por otro lado, existen determinados organismos que debido a la naturaleza de sus específicas funciones tienen un trato frecuente y masivo con un volumen muy considerable de ciudadanas y ciudadanos, a los que es de todo punto indispensable solicitar información. Este sería el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por otra parte, y si en un futuro próximo se dispusiera de los medios personales y materiales necesarios, sería conveniente efectuar un trabajo de campo en el que se supervisase la utilización del lenguaje administrativo en formularios e impresos de uso frecuente y en resoluciones y normas publicadas en los boletines oficiales, a través del cual se pudiera contrastar la eficacia de las medidas previamente adoptadas por las diversas administraciones públicas a las que se ha solicitado o se va a solicitar información sobre este asunto.
Entre tanto, y hasta que se lleven a cabo las actuaciones a las que se ha hecho referencia, baste decir que la información de la que hasta ahora dispone el Defensor del Pueblo permite albergar un cierto optimismo, ya que la información recibida evidencia que las distintas administraciones públicas son plenamente conscientes de la existencia de discriminación sexual en el lenguaje administrativo y de la ineludible necesidad de actuar frente a este problema para erradicarlo y cumplir así el mandato constitucional de igualdad.


2.7. Sustracción internacional de menores por parte de uno de sus progenitores

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en este terreno y los testimonios de las personas que se han visto afectadas de forma directa por alguna de estas situaciones ponen de manifiesto que cuando un matrimonio o una relación de convivencia se rompe o entra en crisis, los niños son víctimas de una tensión emocional y de un daño psicológico que se ve notablemente incrementado cuando, además, se les niega la posibilidad de relacionarse con alguno de sus progenitores. Se trata por tanto de un acto de violencia que afecta de forma especial al niño, el cual es utilizado como objeto de presión entre sus padres enfrentándole a cambios bruscos de tipo social y familiar y privándole del afecto y de la relación con la familia en la que convivía.
La situación actual pone de manifiesto cómo este tipo de sustracciones internacionales van en aumento en un mundo en el que las distancias físicas resultan cada vez más pequeñas, mientras que las legales y culturales siguen siendo muy grandes. Además, la respuesta normativa que se ofrece no es la adecuada, aunque es evidente que al intervenir en estos supuestos sistemas jurídicos diferentes, incluso a veces muy diferentes, es difícil en algunos casos encontrar soluciones legales en las que queden debidamente garantizados los derechos de los menores tan gravemente afectados.
La inmensa mayoría de los países en los últimos veinte años han sido especialmente sensibles a este problema. Buena prueba de ello son los diferentes convenios que con distinto ámbito de aplicación geográfica se han ido elaborando, siendo los más importantes los que a continuación se relacionan: el Convenio de Luxemburgo sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de guarda de menores y restablecimiento de dicha custodia, de 20 de mayo de 1980; el Convenio de la Conferencia de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980; y la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, firmada en Montevideo el 15 de julio de 1989. A estos convenios cabe añadir las Resoluciones A3-0051/93 y B4-0869/96 del Parlamento Europeo, en las que también se hizo frente al problema de los secuestros de niños por alguno de sus progenitores.
Los esfuerzos realizados hasta la fecha por la comunidad internacional son, no obstante, insuficientes, y es necesario continuar creando estructuras de cooperación,ya que en algunos países existe un marco jurídico

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tan protector para sus ciudadanos nativos que, muchas veces, resulta casi imposible para el progenitor que reclama la devolución de su hijo conseguir que éste vuelva al país del que fue ilegítimamente sacado.
Ante la situación descrita y como consecuencia de las quejas planteadas, el Defensor del Pueblo valoró la conveniencia de iniciar una investigación con carácter general, encaminada a conocer la problemática de este tipo de situaciones y las previsiones existentes para lograr su posible solución. Para ello, se solicitó información a los diferentes departamentos ministeriales que tienen alguna competencia en este asunto, es decir, los de Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia e Interior. Tras la investigación efectuada, se ha podido comprobar cómo en los desplazamientos internacionales forzados de menores por parte de sus progenitores en contra de la voluntad del otro confluyen aspectos de diferente naturaleza que afectan tanto al marco normativo de los países como a la práctica judicial de cada uno de ellos, pasando por actuaciones de tipo policial y de colaboración y cooperación internacional.


En primer lugar, hay que destacar que no siempre los progenitores afectados reciben todo el apoyo, asesoramiento e información que sería deseable y que, en otras ocasiones, una vez localizado el menor fuera de nuestro país no se lleva a cabo un seguimiento del mismo lo suficientemente eficaz como para garantizar que no se violan sus derechos ni su seguridad hasta la definitiva solución de la situación planteada. Las gestiones que llevan a cabo las embajadas y consulados españoles tienen un grado de eficacia muy variable, según se ha podido comprobar en las quejas recibidas. Es evidente que en la resolución de estos conflictos entra en juego la soberanía nacional del Estado donde se halla el progenitor-sustrayente, dato éste que hace especialmente delicada, y en ocasiones imposible, la actuación de las autoridades españolas; la propia Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares ha señalado que, de los diez casos de los que dispone información, solamente uno se había resuelto favorablemente.


Un papel fundamental en esta labor lo lleva a cabo el Servicio Social Internacional, que es el órgano que hace posible la coordinación y colaboración entre los servicios sociales de los distintos niveles administrativos de cada país y cuya finalidad es informar sobre las condiciones de vida del menor en su nuevo entorno, así como prestar un apoyo y asesoramiento al cónyuge que reclama la vuelta del niño.
Dada la importancia del Servicio Social Internacional, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que se amplíen las prestaciones que viene ofreciendo y que se preste, además, un completo asesoramiento jurídico y asistencial, así como ayuda y orientación psicológica, para que las personas directamente afectadas puedan hacer frente a este tipo de situación.
El apoyo que necesitan las familias es, en muchos casos, de tipo económico, por lo que se ha indicado al citado ministerio la posibilidad de crear fondos de ayuda para hacer frente a los gastos que se originan en esta clase de situaciones, cuando queda acreditado que la familia afectada carece de recursos económicos.
Otro de los aspectos es el que se refiere al marco normativo con el que se pretende dar una respuesta jurídica a estas situaciones. El Código Penal de 1995 ha suprimido el delito de sustracción de menores que contemplaba el derogado Código Penal en su artículo 484, habiendo incluido tal conducta dentro del tipo de la detención ilegal, según dispone el artículo 163, en su modalidad agravada del artículo 165.
También cabe la posibilidad de sancionar estos actos ilícitos mediante el delito de desobediencia a la autoridad en los términos del artículo 556 del Código Penal, siempre y cuando existan pronunciamientos judiciales previos acerca del régimen de guarda y custodia. Incluso en algún caso se ha calificado el hecho como una falta contra las personas por quebrantamiento de una resolución judicial conforme al artículo 622 del Código Penal.
Esta institución, a la vista de los informes recibidos y teniendo en cuenta los datos aportados por alguna asociación, ha podido constatar cómo en la práctica la sustracción de menores por alguno de sus progenitores, existiendo pronunciamientos judiciales acerca de su guarda y custodia, no ha encontrado una respuesta adecuada en la aplicación del Código Penal de 1995. Los citados informes ponen de manifiesto, en especial el recibido de la Fiscalía General del Estado, cómo en la mayoría de las ocasiones, los órganos judiciales no están aplicando los artículos 163 y 165 del Código Penal para castigar este tipo de conductas.
Parece por tanto conveniente, a juicio de esta institución, que se promueva la inclusión en el Código Penal de un nuevo tipo penal que castigue de forma autónoma las conductas de los progenitores que sustraen a sus hijos y los trasladan a otros países sin el consentimiento del otro, lo que facilitaría notablemente la expedición de órdenes de detención internacional y las peticiones de extradición. Así se le ha recomendado al Ministerio de Justicia y éste parece ser el sentir general de los grupos parlamentarios, ya que varios de ellos han presentado sendas proposiciones de ley publicadas en el Boletín Oficial de la Cortes Generales de 15 de noviembre de 1999 y de 5 de julio de 1999, para que se penalice de forma autónoma el traslado ilícito de menores. Esta opción legislativa es la que han utilizado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Austria, Israel, Suecia, Noruega y Canadá.
Aunque parece evidente que la respuesta penal a este problema, desde el punto de vista legal, resulta necesaria, conviene precisar que su utilización debe ser siempre subsidiaria, ya que el sistema normativo en su

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conjunto debe ofrecer una serie amplia de alternativas para tratar de obtener una solución sin tener que acudir al derecho sancionador. En este punto puede resultar más positivo y eficaz realizar los esfuerzos que sean precisos con el fin de reforzar lo que se denominan estructuras de cooperación y que, en la práctica, se traducen en convenciones internacionales. Así fue expresamente solicitado en el artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En estos momentos España es parte tanto del Convenio de la Conferencia de la Haya, sobre los aspectos civiles del desplazamiento ilícito de menores, como del Convenio de Luxemburgo, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de guarda de menores y restablecimiento de dicha custodia. Además, existe también el convenio suscrito entre España y el Reino de Marruecos, firmado el 30 de mayo de 1997, sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores. Como consecuencia de este convenio, hasta mediados de 1999 se habían tramitado tres solicitudes de restitución y el problema mayor que se había detectado no era el reconocimiento de las resoluciones judiciales, sino la localización de los menores.
Al hilo de cuanto se acaba de exponer, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Asuntos Exteriores que se lleven a cabo las gestiones oportunas para la firma de nuevos tratados bilaterales de colaboración en esta materia, especialmente con aquellos países que tienen concepciones jurídicas y culturales muy diferentes.
En cuanto al derecho civil, debe tenerse en cuenta que los plazos establecidos en el artículo 1901 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos al procedimiento por el que se tramitan esta clase de reclamaciones, se superan con frecuencia y un procedimiento, que dada su naturaleza debería ser urgente, se demora en exceso. En estos casos el factor tiempo resulta esencial para el regreso del menor, ya que conforme se alarga el plazo para que retorne, la situación resulta cada vez más perjudicial para su interés, con el agravante de que cuando dicho menor alcanza los dieciséis años, el Convenio de La Haya ya no es de aplicación.
Otro de los problemas detectados es la dificultad que, en estos momentos, existe para conocer con exactitud los datos estadísticos referentes a esta cuestión. En la actualidad, ni desde la Fiscalía General del Estado ni desde el Consejo General del Poder Judicial se han podido facilitar datos sobre el número de casos civiles y penales que conocen los tribunales, ya que este tipo de supuestos no están estadísticamente tratados, ni existe conexión entre todas las administraciones que pueden verse implicadas.
Así, el Ministerio del Interior informó de que algunos de los datos solicitados no figuran en los términos que se interesan en el plan estadístico de seguridad del Ministerio del Interior y que tampoco es posible hacer una refundición de las cifras aportadas por las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía, dada la disparidad de criterios adoptados en la confección de los mismos. Además, se añadía que la falta de comunicación a las dependencias policiales del regreso al hogar familiar de algunas personas desaparecidas modificaba significativamente a la baja las cifras dadas, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por actualizar estos datos.
A la vista de la situación descrita, se estima conveniente la creación, en coordinación con todos los departamentos con alguna competencia en esta materia, de un centro nacional de desaparecidos, similar al que existe en países como Canadá y Estados Unidos, con objeto de que desde ese centro se coordinen todas las administraciones y se simplifiquen los complejos trámites de gestión que actualmente se ven obligados a hacer los ciudadanos que quieren recuperar a su hijo. Al mismo tiempo, tal centro permitiría elaborar unas estadísticas que dieran a conocer de forma real cuál es la magnitud de este problema. Este centro también posibilitaría que las distintas administraciones que intervienen pudieran conocer las diferentes actuaciones que practican cada una de ellas, evitando la situación actual en la que el Ministerio del Interior reconoce desconocer cuáles son las decisiones que adoptan los órganos judiciales respecto de aquellos casos en los que existieron actuaciones policiales. La creación de este centro nacional de desaparecidos ha sido recomendada a los ministerios que pueden tener alguna competencia sobre el traslado ilícito de menores entre países, concretamente a los ministerios de Justicia, Interior, Asuntos Exteriores y Trabajo y Asuntos Sociales.
Una vez estudiadas todas las consecuencias que se derivan de un traslado ilícito de un menor de un país a otro, se ha podido comprobar cómo la recuperación del menor es costosa (no sólo en términos económicos, sino también psicológicos) lenta y, en muchas ocasiones, no llega a producirse nunca. Es necesario, por tanto, actuar antes de que el hecho se haya producido y la conducta ilegal se haya consumado, para lo que es conveniente adoptar medidas preventivas que impidan o dificulten notablemente, en estos casos, sacar al menor del país donde vive.
Entre estos instrumentos preventivos, podría valorarse la oportunidad de crear un registro voluntario de guardas y custodias de menores que en los supuestos de parejas con crisis de convivencia, el progenitor que lo solicite pudiera incluir a sus hijos en tal registro, teniendo acceso directo a esa información los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De estas iniciativas se ha dado traslado al Ministerio de Justicia, para que por el mismo se puedan proponer, si así lo estima oportuno, las modificaciones legales procedentes.
Sin embargo, todos estos instrumentos no tienen utilidad alguna si no se estrechan los controles fronterizos, adoptando las medidas de coordinación que sean

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necesarias entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el fin de que se cumplan las órdenes judiciales de cierre de fronteras, y dando la adecuada formación a los funcionarios policiales destacados en puestos fronterizos para que sean capaces de detectar situaciones de sustracción de menores y de adoptar en estos casos medidas oportunos. Así ha sido recomendado al Ministerio del Interior.
Las implicaciones económicas, personales, afectivas, familiares, internacionales, penales, procesales y asistenciales que se dan en los supuestos de la sustracción de un menor por parte de uno de sus progenitores, están poniendo en evidencia la magnitud y gravedad del problema. Las instituciones no pueden permanecer ajenas a esta situación y deben hacer todo lo posible para que no llegue a producirse. En el supuesto de que, finalmente, el menor sea sacado de su país de residencia se deben activar todos los mecanismos necesarios, nacionales e internacionales, para que éste sea devuelto al progenitor que tiene reconocida su guardia y custodia. Si se acepta que se trata de un problema de gran magnitud y de compleja resolución es preciso asumir que un ciudadano en solitario no puede hacer frente al mismo y que necesita de todo el apoyo que el Estado pueda brindarle. De lo que se trata, en última instancia, es de asegurar que el menor no va a sufrir ningún tipo de perjuicio ni físico ni psíquico, por lo que la protección integral de su persona no debe entenderse como un asunto privado, sino que es necesaria la ayuda de las instituciones y organismos públicos con competencias en la materia para evitar este tipo de delitos que afectan tan gravemente a los derechos más esenciales del menor.


2.8. Actuaciones en relación con los derechos de la infancia

Un año más, se ha considerado de interés incluir una breve referencia a diversas actuaciones que pueden permitir una visión general sobre la situación de los problemas que afectan a los menores de edad y acerca del respeto de sus derechos. Por ello, sin perjuicio del tratamiento de cada asunto en el apartado correspondiente de este informe, a continuación se destacan algunos aspectos que pudieran resultar significativos En primer lugar, aun cuando su publicación se produjo ya en el año 2000, merece reseñarse la aprobación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sobre cuya necesidad había venido insistiendo esta institución desde el año 1991. No obstante, la entrada en vigor de la ley queda pospuesta hasta que transcurra un año desde su publicación, al efecto de que las comunidades autónomas con competencia en la materia puedan adaptar su normativa para la ejecución de las funciones que les encomienda la ley.
En este sentido, será necesario y urgente que, por parte de las distintas administraciones implicadas, se realice un esfuerzo para adecuar los recursos, tanto personales como materiales, que son necesarios para dar efectividad al amplio catálogo de medidas recogidas en la ley. Debe recordarse que, en el año 1997, esta institución pudo constatar la inadecuación de los centros destinados a la ejecución de medidas judiciales para hacer frente a las necesidades de un segmento de la población juvenil, como es el contemplado por la nueva disposición. Por ello, en el informe correspondiente a la gestión del citado año, se dejaba constancia del problema y de las recomendaciones formuladas para subsanar las deficiencias más urgentes en aquel momento, todo ello sin perjuicio de propugnar que se adoptasen medidas para preparar, con suficiente antelación, los medios materiales y humanos, así como los programas de actuación, para responder a las nuevas necesidades.
En el año al que se refiere este informe, se han aprobado dos reformas del Código Penal que afectan de manera sustancial a la protección de los derechos de los menores de edad. Así la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del título VIII del libro II del Código Penal, ha revisado algunos tipos penales relacionados con la integridad y libertad sexual de los menores e incapaces y ha tipificado penalmente la conducta de quienes, por cualquier medio, vendieren, difundieren, exhibieren o facilitaren la difusión, venta o exhibición de materiales pornográficos, cuando en ellos aparezcan menores.
En la exposición de motivos de la citada ley se hace referencia expresa a la recomendación dirigida por esta institución al Ministerio de Justicia en el sentido indicado, de la que se dio cuenta en el informe correspondiente al año 1996.
Por otra parte, puede traerse a colación la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, por la que se modifica el Código Penal, en materia de protección a las víctimas de malos tratos, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, además de incidirse en las medidas para erradicar las conductas delictivas consistentes en malos tratos, se tipifica como delito específico la violencia psíquica ejercida con carácter habitual y se hace posible el ejercicio de oficio de la acción penal en los supuestos de faltas, al tiempo que se otorga una mayor y más inmediata protección a las víctimas de dichas conductas, Cabe destacar, dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la introducción de una nueva medida de carácter procesal, dirigida a minorar las consecuencias que puede tener el desarrollo del proceso judicial sobre los menores víctimas o testigos de delitos. Este asunto fue objeto de amplio tratamiento en el informe correspondiente al pasado año, donde se ponían de manifiesto las consecuencias perjudiciales que puede suponer, para el desarrollo y la integridad del menor, el hecho de tener que ser confrontado y someterse a careos con la persona que en su día cometió el acto delictivo contra él.
Afin de mitigar los efectos perjudiciales que conllevael proceso para la víctima, se prevé la posibilidad de

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que pueda evitarse el contacto visual entre el menor de edad y su agresor, tanto en la instrucción como durante la vista oral. Para ello, se permite la utilización de medios técnicos o audiovisuales que hagan posible la práctica de la prueba sin lesionar el interés de la víctima o el testigo.
En otro orden de cosas, debe destacarse la aprobación de la Ley 39/ 1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. A través de este texto, se da respuesta a algunas de las demandas planteadas por los padres adoptivos y las derivadas de partos múltiples, de las que se hizo eco esta institución en el informe del pasado año.
Se equiparan los derechos de los padres adoptivos a los de los padres biológicos, en relación con el permiso parental y por maternidad y la excedencia para el cuidado de los hijos, cuando se trate de menores de seis años, pudiendo además aplicarse las medidas previstas en la ley cuando el niño sea mayor de dicha edad, si sus necesidades de integración así lo justificaran. El permiso por maternidad se amplía, por otra parte, en dos semanas más por cada hijo en caso de parto múltiple. En los supuestos de adopción internacional se contempla, además, la posibilidad de que se inicie el permiso hasta cuatro semanas antes de la resolución, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado.
Un supuesto que, a pesar de haber sido reiteradamente solicitado por los ciudadanos afectados, no está contemplado en la reforma, es la posibilidad de que en los casos de parto prematuro, en los que el recién nacido tenga que permanecer en una incubadora, la madre pueda reincorporarse al trabajo, dejándose sin efecto temporalmente el periodo de suspensión, del cual volvería a disfrutarse una vez que el niño sea dado de alta hospitalaria. No se entienden cuáles son las razones que puedan justificar la no aceptación de una recomendación lógica y sencilla como ésta.
Como en años anteriores, las actuaciones relacionadas con la adopción en sus distintos aspectos siguen siendo significativas, tanto por su número como por su contenido. En este sentido, se ha actuado respecto de las inscripciones en el Registro Civil, destacando la aprobación de la Instrucción de 15 de febrero de 1999 de la Dirección General de los Registros y el Notariado, en la que se prevé la posibilidad de que se extienda una nueva inscripción de nacimiento, en la que constarán únicamente los datos del nacido y los padres adoptivos, quedando formalmente cancelada la inscripción existente. Además, se ha dirigido una recomendación al Ministerio de Justicia para garantizar la concordancia de los datos del nacimiento con la realidad, posibilitando que por la mera voluntad de la madre pueda omitirse la identidad del padre en el referido registro.
Por otra parte, se ha recabado diversa información a las administraciones públicas respecto de la actuación de las entidades colaboradoras de adopción internacional. En este sentido, en el apartado correspondiente de este informe se deja constancia de un expediente seguido por la Comunidad de Madrid, que finalizó con la retirada de la acreditación a una entidad colaboradora por las graves deficiencias en la calidad del servicio prestado.
El incremento notable que va adquiriendo la adopción internacional en España hace necesario incidir en la importancia de la profesionalidad y de las garantías que las entidades colaboradoras deben ofrecer. En efecto, las administraciones españolas carecen de competencia para supervisar el procedimiento que se sigue en el territorio de origen de los menores, en cuanto a la selección, adjudicación e información que se facilita a los futuros adoptantes. Por ello, la labor de las entidades colaboradoras, acreditadas tanto por la Administración española competente como por la del país de origen, se convierte en la pieza fundamental para garantizar los derechos de los menores, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
El aumento del número de menores cuyos padres están separados y viven en países diferentes conlleva la aparición de algunas situaciones muy conflictivas. En las investigaciones realizadas por esta institución sobre la sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores y el traslado de los mismos a otro país, se han detectado problemas de distinta índole, que han aconsejado dirigir diversas recomendaciones a los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, tal y como ha quedado reflejado en el apartado correspondiente de este informe.
Como en años anteriores, en las visitas realizadas a los centros penitenciarios se ha mantenido una preocupación especial por constatar las condiciones en que se encuentran los menores de edad que están en compañía de sus madres. Como se refleja en el apartado correspondiente, la finalidad ha sido la salvaguarda del interés del menor y procurar, en la medida de lo posible, un adecuado desarrollo y educación del niño en los tres primeros años de su vida, evitando la separación de la madre. Con este objeto, se ha iniciado una investigación de carácter general sobre este asunto, sin perjuicio de las actuaciones concretas llevadas a cabo sobre las deficiencias que han podido ser constatadas en las visitas realizadas.
En el apartado de este informe relativo a las pensiones de supervivencia se deja constancia de los problemas que la configuración jurídica de la pensión de orfandad absoluta, contemplada en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, puede plantear en relación con las diversas formas de familia que existen hoy en nuestra sociedad. La circunstancia de que la pensión de orfandad absoluta esté vinculada al derecho a percibir pensión de viudedad por el cónyuge supérstite supone que queden fuera de la protección de esta contingencia, entre otras, las familias monoparentales o las uniones de hecho.


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[Página con imagen] También cabe citar las actuaciones emprendidas en relación con las dificultades a que pueden enfrentarse los menores huérfanos de padre y madre a quienes no se reconoce el derecho a pensión de orfandad, por no reunir el causante los requisitos de alta o de cotización previstos en la Ley General de la Seguridad Social.
En el ámbito sanitario, ha sido necesario incidir en el derecho del padre y la madre a obtener información completa acerca del tratamiento de sus hijos menores, siempre que no tengan suprimidas o limitadas las facultades inherentes a la patria potestad. La recomendación y la sugerencia formuladas en este sentido han sido aceptadas por la Administración implicada.
El derecho de todos los menores a la protección de la salud, con independencia de su origen y, en concreto, la constatación de la existencia de un determinado grupo de menores de edad, hijos de inmigrantes en situación irregular en España, que carecían de asistencia sanitaria, motivó que se realizaran actuaciones para subsanar las posibles dificultades de carácter administrativo que impedían el pleno ejercicio de este derecho. Con la expedición del correspondiente documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria de los menores extranjeros, aun cuando no tengan establecida legalmente su residencia en España, quedó garantizado el derecho reconocido por el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por la Ley General de Sanidad y por la Ley de Protección Jurídica del Menor.
Las actuaciones que hacen referencia a los menores de edad suelen requerir, por las propias características de aquéllos, la máxima agilidad. En este sentido, con ocasión de una investigación de oficio, se ha tenido conocimiento de ciertas deficiencias que afectan a la Administración de justicia, al carecer de los apoyos técnicos imprescindibles para la elaboración de informes que, en ocasiones, se refieren o afectan a menores, así como a personas incapacitadas.
Las investigaciones realizadas han aconsejado dirigir una recomendación al Ministerio de Justicia, a fin de que dote de psicólogos a las clínicas médico forenses que prestan apoyo a los juzgados y se adopten las medidas necesarias para que los órganos judiciales puedan disponer de los profesionales que sean precisos para elaborar los informes necesarios, de forma especial cuando pudieran afectar a víctimas menores de edad.
Las actuaciones relativas a la seguridad y prevención de accidentes de los menores en las áreas de juegos infantiles, que ya fueron objeto de un estudio y de las consiguientes recomendaciones en el año 1997, parecen haber contribuido a incrementar la sensibilidad de los ciudadanos y las administraciones implicadas en torno a esta materia.
Como continuación de estas actuaciones, se ha dirigido una recomendación al Ministerio de Industria y Energía, al objeto de que valore la conveniencia de regular las condiciones que deben reunir los equipamientos y recintos de las áreas destinadas a dichos juegos, respondiendo así a la pretensión puesta de manifiesto por diversos grupos de ciudadanos y asociaciones, al entender que con ello se dotaría de mayor seguridad a los menores que hagan uso de las instalaciones.
Por último, puede hacerse una mención especial al X aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Para conmemorar esta efeméride, la institución del Defensor del Pueblo, en colaboración con el Comité Español de UNICEF, organizó unas jornadas que se celebraron en Madrid los días 19 y 20 de noviembre de 1999 y que, inauguradas por S. M. la Reina, contaron con la destacada asistencia de comisionados parlamentarios autonómicos y de los países iberoamericanos, así como del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa.


3. DATOS ESTADISTICOS

Los datos estadísticos de este informe se dividen en dos grandes apartados: uno dedicado al estudio de las quejas recibidas durante el año 1999, y otro al de aquéllas que, habiéndose registrado en años anteriores, han continuado tramitándose durante este ejercicio.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tratamiento de los grupos de quejas idénticas remitidas por colectivos afectados por un problema común. El número total de este tipo de quejas es muy variable y se realiza una sola investigación por cada grupo, por lo que se hará mención de estas quejas especiales antes de contemplar su tramitación conjuntamente con el resto de quejas.
En este apéndice estadístico también se refleja la información suministrada al ciudadano en las llamadas telefónicas y la atención en la sala de visitas, etc.


3.1. Quejas registradas durante 1999

En este ejercicio se han recibido 13.551 quejas de las que 3.652 son de tipo "colectivo", es decir, pertenecientes a los diferentes grupos de quejas idénticas referidos anteriormente, lo que significa que el número de quejas individuales recibidas en 1999 es de 9.899. Además, durante este ejercicio se han abierto de oficio 149 quejas, que no difieren de las recibidas más que en su origen y por ello a partir de ahora se tratarán de forma conjunta, con lo que la suma total de quejas tramitadas asciende a 13.700.


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[Página con imagen] 3.1.1 Procedencia de las quejas

De las 13.700 quejas recibidas en 1999, 173 proceden del extranjero.
De las restantes, 149 se han iniciado de oficio y 13.378 tienen procedencia española.


La distribución en el territorio nacional de las quejas de procedencia española es la siguiente:

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[Página con imagen] En cuanto a la recepción de quejas a través de los comisionados parlamentarios autonómicos, su distribución se refleja en el cuadro siguiente.


3.1.2 Tratamiento de las quejas recibidas en 1999

Como ya se ha reflejado anteriormente, en 1999 se han registrado 13.700 quejas, de las que 149 fueron abiertas de oficio por el Defensor del Pueblo.
El estado, a 31 de diciembre de 1999, de las 13.700 quejas citadas es el que se muestra en el gráfico siguiente. Sólo 578 de éllas quedaron pendientes de estudio, por tratarse en su gran mayoria de quejas registradas a finales de año. De las restantes 13.122 quejas, cuya tramitación fue iniciada, quedaron resueltas 9.621.


3.1.3. Grupos de quejas idénticas

Se ha registrado un total de 3.652 quejas de carácter colectivo que corresponden a 18 grupos, 4 de los cuales fueron iniciados en 1998.
De los creados en 1999 cabe destacar:

* 1601 quejas relacionadas con la situación del personal interino del Ministerio de Justicia, solicitando la equiparación con el personal interino de otros ministerios.


* 967 quejas referentes a la petición de modificación del artículo 25 de la Ley 1/1992, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, o en su defecto, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el citado artículo.


Se han iniciado actuaciones ante la Administración en 2.682 quejas pertenecientes a 16 de estos 18 grupos colectivos, quedando finalizada la investigación en siete de ellos y,.por tanto, continúan en trámite los nueve grupos restantes, La investigación concluye con una actuación correcta por parte de la Administración en seis grupos, mientras que en el séptimo la Administración ha rectificado su criterio.
Las 970 quejas restantes, que pertenecen a los dos últimos grupos, no han sido admitidas a trámite, si bien se ha facilitado información a los promoventes indicándoles las vías más adecuadas en cada caso.


3.1.4 Quejas individuales

El grupo de quejas individuales está formado por las 9.899 recibidas en este ejercicio más las 149 abiertas de oficio. De estas 10.048 quejas, a final de año quedaron pendientes de estudio 578, con lo que se ha iniciado la tramitación de 9.470 quejas, que se detallan en el siguiente cuadro:

El desglose de las 5.041 quejas no tramitadas ante la Administración, es el siguiente:

En todos los casos en que la queja no se tramita ante la Administración hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se comunica al promovente los motivos de no admisión ante la Administración y se le informa y asesora sobre las vías que, a juicio de la institución, se consideran más adecuadas para la defensa de sus intereses, sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes.


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[Página con imagen] 3.1.5 Investigación y resultados de las quejas de 1999

El número total de quejas recibidas en 1999 y tramitadas ante la Administración, 6.760 quejas, es el resultado de sumar las 4.078 individuales y las 2.682 de carácter colectivo. Hay que señalar que esta cifra incluye quejas que no se tramitan directamente con la Administración, sino que se investigan a través de otras con las que están relacionadas por tener características análogas, con lo que se hace innecesario repetir el estudio en cada una de estas quejas. A este tipo de tramitación se hace referencia en los siguientes cuadros explicativos con la denominación de "investigación innecesaria". Los grupos de quejas idénticas son un caso particular de este tipo de tramitación, dado que se realiza una única investigación por grupo.
La distribución de estas quejas, según su estado de tramitación a 31 de diciembre de 1999, es la siguiente:

0,1 %

46,4 %

Admitidas y todavía

en trámite

Admitidas y concluidas

Admitidas y en suspenso

53,4 %

A continuación se expone la situación de las quejas recibidas en 1999 y tramitadas ante la Administración, relacionadas según el organismo administrativo ante el que se tramitan, a fecha de 31 de diciembre: En los siguientes cuadros se detallan los resultados de las 3610 investigaciones concluidas de las quejas registradas en 1999.


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[Página con imagen] 3.2 Investigación y resultados de las quejas registradas en ejercicios anteriores a 1999

3.2.1 Quejas individuales

Durante 1999 ha continuado la tramitación de quejas registradas en ejercicios anteriores, en su mayoría creadas durante 1998, que por su complejidad, o por haber sido registradas a final de año, no se concluyeron durante el ejercicio en el que fueron iniciadas. También hay que tener en cuenta las quejas concluidas que son investigadas de nuevo ante la información que aporta el ciudadano (reabiertas) y las que, estando suspendidas, vuelven a ser abiertas, una vez desaparecidas las condiciones que justificaron la suspensión (repuestas).


3,7 % 30,4 %

Quejas admitidas por primera vez

Quejas ya concluidas y reabiertas

Quejas suspensas y devueltas

a la tramitación

65,9 % La situación de estas quejas a 31 de diciembre de 1999, es la que se detalla a continuación:

SITUACIÓN A 31-12-99 DE LAS QUEJAS DE AÑOS ANTERIORES QUE FUERON ADMITIDAS EN 1999

1,2%

Continúan en trámite

Se han concluido

Se han suspendido

39,8 %

59,0 %

Y el detalle de la tramitación ante la Administración de estas 1.159 quejas es el siguiente:

Durante 1999 se ha concluido la investigación de numerosas quejas registradas en años anteriores; la mayoría de ellas corresponden a las que se estaban tramitando al comenzar el ejercicio, pero no hay que dejar de tener en cuenta las quejas que quedaron concluidas o en suspenso y que se reabren para retomar su estudio y vuelven a concluirse durante este periodo. La situación de estas quejas a 31 de diciembre de 1999 es la siguiente:

ESTADO A 31-12-99 DE LAS QUEJAS CONCLUIDAS EN 1999, Y REGISTRADAS EN AÑOS ANTERIORES

2,3 %

Continúan concluidas

Se han vuelto a tramitar

97,7 %

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[Página con imagen] En el siguiente cuadro se muestran los datos globales de estas quejas concluidas y se indica el resultado de la investigación:

3.2.2 Quejas idénticas registradas antes de 1999

Como ya se expuso en el informe de 1998, en aquel año se registró un gran número de quejas pertenecientes a grupos idénticos, o quejas "colectivas". A finales del ejercicio continuaron en trámite con la Administración 18 grupos de quejas, 12 de los cuales han sido concluidos durante 1999, mientras que los 6 restantes continúan investigándose.
De los grupos que siguen en estudio cabe destacar uno de 762 quejas, que solicita la intervención del Defensor del Pueblo por el cobro de las conexiones fallidas a internet .
De los 12 grupos concluidos destacan los siguientes colectivos de quejas idénticas:

* Colectivo de 3.482 empleados de banca que se consideran discriminados por el reglamento que regula los fondos de pensiones para estos trabajadores. Esta investigación prosigue su tramitación en el momento de cerrarse el presente informe.
* Colectivo de 605 guardias civiles pidiendo la libre elección de residencia y la libre circulación por el territorio nacional. Se ha resuelto a favor de una correcta actuación de la Administración.
* Colectivo de 781 promoventes pidiendo la contestación de la Administración sobre la equiparación del personal laboral y funcionario del nivel E. Esta investigación ha concluido subsanando la Administración la actuación incorrecta.
* Grupo de 49 promoventes en contra del proyecto de construcción de una carretera desde Comillas a La Revilla, atravesando el parque natural de Oyambre. La investigación ha concluido rectificando la Administración al anular el proyecto y anunciar que estudiará un trazado nuevo de la carretera.
* Grupo de 131 promoventes en contra de una licencia otorgada a un taller de reparaciones mecánicas, por considerarlo una actividad clasificada como molesta debido al lugar donde se ha instalado. La investigación ha concluido una vez resuelto el problema por parte de la Administración.
Estos grupos junto con otros más reducidos, forman el total de 12 colectivos que se han concluido en 1999. En tres de ellos, que reúnen un total de 961 quejas, la Administración ha reconocido su error y lo ha subsanado. En otros ocho grupos, formados por 4.352 quejas, la Administración ha mantenido una actuación correcta y, en el grupo restante, se ha concluido la investigación ante la falta de alegaciones por parte de los interesados; este grupo lo constituyen 40 quejas. El total de quejas concluidas ha sido de 5.353.


DETALLE DE LAS CONCLUSIONES EN COLECTIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0,7 % 18,0 %

Actuación correcta de la Administración

Actuación incorrecta de la Administración subsanada

81,3 % Otros motivos de conclusión

3.3 Atención e información al público

Como es sabido, en la sede de la institución se cuenta con una sala de visitas y un servicio telefónico permanente, con una línea 900 gratuita de información general y otra línea en la que se informa al promovente de la situación de su queja.
Pues bien, durante 1999, se han contabilizado un total de 5.339 visitas que han sido atendidas en la sede, 4.171 llamadas gratuitas a través de la línea 900 y 7.231 llamadas sobre tramitación de quejas, sin olvidar la documentación proporcionada a los ciudadanos que lo han solicitado sobre diversos aspectos como:

* 63 solicitudes de documentación sobre el Defensor del Pueblo.
* 25 solicitudes de información sobre otros organismos.


* 22 solicitudes de remisión de documentación.


Por último hay que señalar que también se reciben quejas a través de internet que obligan en la mayor parte de los casos la solicitud por esa vía de la información que no ha sido incluida en el mensaje de correo electrónico y que es necesaria para la formalización de una queja.


3.4 Resoluciones adoptadas en relación a la quejas

3.4.1 Recomendaciones

Se trata de resoluciones por medio de las cuales el Defensor del Pueblo, con fundamento en los principios constitucionales, manifiesta a la Administración o al órgano legislativo competente la conveniencia de proceder a dictar una determinada norma o a modificar las existentes -en razón a su necesaria adecuación constitucional

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[Página con imagen] y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por España- con objeto de llenar un determinado vacío normativo o para evitar una contradicción entre distintas normas vigentes.
Las resoluciones de este tipo formuladas en 1999, según el estado en que se encontraban a 31 de diciembre de ese año y las administraciones públicas de destino, se resumen en el cuadro siguiente:

* No se incluyen en este cuadro las recomendaciones que proceden de los informes extraordinarios sobre "fiscalidad del discapacitado" y "violencia escolar", por no tener el carácter propio de aquéllas que define la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
100 90 80 70 60 Aceptadas

50 Rechazadas

Pendientes 40 30 20 10 0 Adm. Gral. Adm. Aut. Adm. Local Otras Ent.


3.4.2. Sugerencias

Mediante este tipo de resoluciones el Defensor del Pueblo, sin que exista actuación administrativa irregular, insta a la Administración a que modifique un acto concreto, cambie de criterio en su producción, acuerde determinado acto o se abstenga de resolver.
El cuadro siguiente expresa el estado de las resoluciones de este tipo adoptadas en 1999.
100 90 80 70 60 Aceptadas

50 Rechazadas

Pendientes 40 30 20 10 0

Adm. Gral. Adm. Aut. Adm. Local Otras Ent.
3.5 Actuaciones de oficio

Durante el año 1999, el Defensor del Pueblo inició de oficio las quejas que se recogen a continuación. Los números no son correlativos porque deben adecuarse a registros internos.


F9900001 Rotura de una balsa de fosfoyesos en las Marismas del Rincón de Huelva. F9900003 Fallecimiento de un interno como consecuencia de la agresión de otro recluso en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). F9900004 Manifestación de estudiantes en el recinto de la Universidad Autónoma de Barcelona, produciéndose heridos de diversa consideración.


F9900006 Reconocimiento de asistencia sanitaria de los menores hijos de inmigrantes en situación irregular. F9900007 Existencia de un vertedero ilegal en la carretera de Fuencarral a El Pardo (Madrid).


F9900008 Problemas surgidos para la presentación y tramitación de solicitudes correspondientes al contingente de permiso de trabajo a extranjeros. F9900009 Problemas surgidos en diversos hospitales y clausura de quirófanos por la presencia del hongo aspergillus.
F9900010 Investigación sobre la existencia en Asturias de un registro de infectados de VIH. F9900011 Carencia de psicólogos, trabajadores sociales y educadores para emitir informes en las clínicas médico- forenses. F9900012 Incidentes producidos en algunas direcciones provinciales de trabajo, cuando ciudadanos extranjeros intentaban presentar sus solicitudes para el contingente de 1999. F9900013 Fallecimientos en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) denunciados por una asociación. F9900014 Fallecimiento de un interno enfermo de sida en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).
F9900015 Fallecimiento de un ciudadano a consecuencia de los golpes recibidos en la madrugada del día 31 de enero, en la calle Montera de Madrid, por parte de un policía nacional. F9900016 Detención de cuatro jóvenes de nacionalidad palestina y argelina, de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. F9900017 Ataques de perros de determinada raza a niños y su control por parte de la Administración.


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F9900018 Muerte de un niño al ser atacado por un perro que con anterioridad había atacado a otros niños en Santa Margalida (Illes Balears).


F9900020 Expulsión de una ciudadana colombiana que tiene iniciado expediente matrimonial en los juzgados de Soria para casarse con un ciudadano español. F9900021 Posible falsificación de las firmas de los destinatarios de las notificaciones derivadas de expedientes sancionadores de tráfico en Santander. F9900022 Posible falsificación de las firmas de algunos agentes de la policía municipal en la ratificación de sus denuncias por infracciones de tráfico dentro del Ayuntamiento de Madrid. F9900023 Muerte de un polizón menor de edad en Sevilla. F9900024 Situación de cinco menores marroquíes que viajaban como polizones en un buque de bandera portuguesa trasladados a un centro de acogida de menores en Palamós (Gerona). F9900025 Ciudadana detenida en la comisaría de la Playa de las Américas, acusada de daños intencionados y apropiación indebida. F9900026 Investigación, con carácter general, de los centros de internamiento de extranjeros en todo el territorio nacional. F9900027 Detención de un ciudadano de Mali en Sevilla al ser confundido con otra persona.
F9900028 Situación de un grupo de menores rumanos en un asentamiento carente de condiciones y salubridad, higiene y escolarización.


F9900029 Desarticulación de una taller textil en el que, al parecer, se explotaba a varias ciudadanas extranjeras e investigación sobre la redada llevada a cabo en un club de Bilbao.


F9900030 Privación de suministro eléctrico producida en varias localidades dependientes del Ayuntamiento de Enciso (La Rioja), como consecuencia de una fuerte nevada que provocó importantes desperfectos en el tendido eléctrico. F9900031 Situación de dos polizones que se habían arrojado al mar, recogidos por el servicio marítimo de la Guardia Civil. F9900032 Irrupción de varios miembros de la Guardia Civil de Las Rozas en una discoteca de Majadahonda (Madrid), dentro de una operación de búsqueda de estupefacientes y de inmigrantes en situación irregular. F9900033 El Consulado de España en Tetuán deniega el visado a un grupo musical que pretendía trasladarse a España para actuar en el Palacio de Congresos de Granada. F9900034 La dirección de una discoteca de Madrid impide la entrada de un joven minusválido porque su condición de impedido suponía un peligro para los otros clientes. F9900035 Condiciones de escolarización de un menor con problemas de conducta en un colegio público de Elche (Alicante). F9900036 La policía local del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), requisa, en la madrugada del día 24 de febrero, la documentación y los datos informáticos de la mayor parte de los inmigrantes a los que atiende una asociación de mujeres en Almería. F9900037 Negativa a reconocer como víctima de terrorismo a una niña de 12 años que, al parecer, nació sorda como consecuencia de un atentado de ETA. F9900038 Ciudadano liberiano retenido en el aeropuerto de Bruselas por las autoridades belgas, al considerar que tenía manipulada la documentación. F9900039 Ciudadana ecuatoriana denuncia que un familiar de su marido se encuentra retenido en el aeropuerto Madrid-Barajas. F9900040 Posibles disfunciones en la prestación sanitaria especializada de ginecología y pediatría en el área 8 de la Comunidad de Madrid. F9900041 Ausencia de teléfono público de monedas en la localidad de Oteruelo del Valle (Madrid).
F9900042 Contaminación radiactiva, superior a los límites permitidos, detectada en la Ciudad Universitaria de Madrid. F9900044 Presencia de cámaras de dos cadenas privadas de televisión durante la detención cuatro jóvenes practicada en Getxo (Vizcaya).


F9900045 Incidente entre una funcionaria y una interna del centro penitenciario de Albolote (Granada). F9900046 Expulsión de una ciudadana de nacionalidad filipina. F9900047 Retenido en el aeropuerto Madrid-Barajas un ciudadano colombiano invitado por una ciudadana española. F9900048 Peligrosidad por la mala señalización de tráfico en las zonas que están en obras. F9900049 Convocatoria de un pleno en el Ayuntamiento de Lazagurría para exigir la expulsión de una familia de temporeros portugueses, atendiendo a las peticiones vecinales. F9900050 Altercado en el centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz (Madrid), en el

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que resultaron lesionados algunos internos.


F9900051 Actuación de un agente de la Guardia Civil de servicio en un control de alcoholemia en la autopista Sevilla-Cádiz, que disparó contra una ciudadana que falleció a consecuencia del mismo. F9900052 Demoras en la tramitación de los permisos de residencia no laborales y en las reagrupaciones familiares a consecuencia, al parecer, de haberse concentrado en la comisaría de la calle Moratín, de Madrid, estas tramitaciones. F9900053 Visita y actuaciones en el centro de atención a minusválidos psíquicos de Mirasierra (Madrid). F9900054 Fallecimiento de un interno por ingestión de pastillas en el centro penitenciario de Puerto de Santa María II (Cádiz). F9900056 Criterios sobre el trato que debe darse a los extranjeros detenidos por infracción de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio. F9900057 Muerte violenta y lesiones causadas a varios indigentes en distintas ciudades de España en un corto periodo de tiempo. F9900058 Extranjero detenido por funcionarios de policía de la comisaría de Monforte de Lemos (Lugo), al que se le incoa un expediente de expulsión. F9900059 Realización de un estudio monográfico sobre la gestión de los residuos urbanos o municipales en España. F9900060 Disparo realizado con el arma reglamentaria por un policía, a resultas del cual resultó herido un ciudadano. F9900061 Posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de concesiones de emisoras de radio por parte de la Generalidad de Cataluña. F9900062 Fallecimiento de un interno ahorcado en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).
F9900063 Altercado, con cinco heridos, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga). F9900065 Estado de abandono del barrio de Santiago de Vicálvaro (Madrid). F9900066 Policía local de Arganda (Madrid) incluye en las denominadas "Hojas de filiación" datos sobre la vida sexual y enfermedades de los sospechosos. F9900067 El Ayuntamiento de Arganda (Madrid) denuncia que la policía de Alcobendas (Madrid) también fichó la tendencia sexual de los detenidos. F9900069 Posible responsabilidad administrativa de miembros del Cuerpo Nacional de Policía encargados de custodiar a una interna extranjera. F9900070 Fallecimiento de un interno al descolgarse con unas sábanas en el hospital de Granada.


F9900071 Investigación sobre una posible difusión irregular de datos personales por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. F9900072 Sobre indemnización a víctimas en el extranjero. F9900073 Situación en el centro penitenciario de Sevilla.
F9900074 Informe sociológico sobre la incidencia de las drogas en la seguridad ciudadana. F9900075 Trato discriminatorio recibido por una persona, de raza negra, a la que negaron la entrada en una discoteca de la calle de Orense de Madrid. F9900076 Provisión de ayuda económica para sepelio de menor fallecido. F9900077 Barco de bandera chipriota, atracado en el puerto de Barcelona con 14 inmigrantes a bordo. F9900078 Accidente acaecido en simulacro de evacuación por incendio de un centro docente público en Granada. F9900079 Investigación relativa a la sustracción internacional de niños por parte de uno de sus progenitores. F9900080 Sobre adopciones internacionales. F9900081 Cuestionarios que el Ministerio del Interior reparte entre los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, para saber su opinión sobre los derechos humanos. F9900082 Incremento de bajas en la Guardia Civil por motivos psicológicos. F9900083 Episodios de violencia escolar en un centro docente público de la localidad de Arona (Tenerife).
F9900084 Eliminación de las barreras arquitectónicas en los aseos de las habitaciones en la Fundación Hospital Manacor. F9900085 Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios de viviendas.
F9900087 Situación de 20 inmigrantes llegados a la isla de Fuerteventura (Canarias) en pateras.


F9900088 Vertido de opiniones y contenidos xenófobos y racistas en una publicación electrónica.


F9900089 Sobre huelga de funcionarios. F9900090 Situación de enfrentamiento entre vecinos del barrio de Can N'Anglada en Tarrasa (Barcelona).


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F9900091 Incendio de una mezquita y una vivienda de inmigrantes en Girona. F9900092 Agresión sufrida por un ciudadano senegalés por parte de la policía local de Torremolinos (Málaga). F9900094 Investigación de carácter general sobre adopción nacional e internacional. F9900095 Precios abusivos en el economato del centro penitenciario de Topas (Salamanca). F9900096 Fallecimiento de un interno en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid). F9900097 Fallecimiento de un interno por ahorcamiento en el centro penitenciario de La Modelo (Barcelona). F9900098 Inmigrante rumano golpeado y detenido por la policía local de Madrid, mientras observaba un cacheo. F9900100 Solicitud general, por parte de funcionarios del Cuerpo de la Guardia Civil, a que los vecinos denuncien a sospechosos. F9900101 Noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la detención de tres menores en el campo de Gibraltar. F9900102 Llamada telefónica anónima recibida en esta institución, exponiendo las deficientes condiciones de los calabozos de la comisaría de Pozuelo de Alarcón (Madrid). F9900103 Ciudadano español denuncia que su mujer, de nacionalidad colombiana, se encontraba detenida en la comisaría de Los Madrazo (Madrid). F9900104 Reclamación a un particular, por parte de la Administración tributaria de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona), de la cantidad de un millón de pesetas en concepto de cuota correspondiente a incremento de patrimonio de tres millones de pesetas que recibió del Gobierno de Aragón en 1996, por la pérdida de su hijo en la riada de Biescas (Huesca). F9900105 Devolución de una ciudadana colombiana en situación irregular casada con un español. F9900106 Agresión a diversos inmigrantes de Mijas (Almería) por un grupo de personas identificadas con una conocida organización racista. F9900107 Deficiente atención sanitaria en el hospital Fundación Jiménez Díaz a señora indigente con grave deterioro físico y psicológico. F9900108 Recomendación al Ministerio de Industria y Energía sobre reglamentación de equipos y recintos de las áreas de juegos infantiles.


F9900109 Huelga de hambre de varios internos en el centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz (Madrid).
F9900110 Situación de un grupo de ciudadanos iraquíes que, al parecer, han solicitado asilo en Ceuta. F9900111 Agresión a un joven de raza negra apaleado en Sabadell. F9900112 Fallecimiento de un interno por objeto punzante en el centro penitenciario de Ocaña I (Toledo). F9900113 Existencia de un libro de primero de ESO que contiene la imagen de una mujer gruesa y desnuda como ejemplo de estructura sólida, a la que se da una patada en las nalgas para explicar su resistencia a la fuerza. F9900114 Negativa del hospital Ramón y Cajal a efectuar un posible trasplante de corazón a un inmigrante saharaui sin recursos económicos.


F9900105 Agua maloliente y de mal sabor de los grifos de los hospitales La Paz y Clínico de San Carlos (Madrid). F9900116 Fallecimiento de una ciudadana a consecuencia de los malos tratos, ya denunciados, inferidos por su antiguo compañero que estaba en libertad condicional por el intento de asesinato de una novia anterior. F9900117 Deficiencias en el funcionamiento del servicio público de correos en la pedanía de Llano de Brujas (Murcia).
F9900118 Fallecimiento de un interno apaleado en el centro penitenciario de La Modelo (Barcelona).


F9900119 Fallecimiento de un interno por ahorcamiento en el centro penitenciario de Puerto de Santa María I (Cádiz). F9900120 Investigación sobre menores en prisión. F9900121 Retraso en expedientes de nacionalidad. F9900122 Sobre matrimonios de conveniencia. F9900123 Situación del centro penitenciario de Melilla.


F9900124 Uso sexista del lenguaje en el ámbito de la Administración pública. F9900125 Presuntos malos tratos policiales en el centro penitenciario de Melilla. F9900126 Fallecimiento de un interno en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz). F9900127 Cancelación por parte de una compañía de transporte aéreo de un pasaje para el trayecto Lima-Madrid contratado por un particular, afectado por una enfermedad terminal.


F9900128 Falta de colaboración del centro penitenciario de Can Brians con el Defensor del Pueblo. F9900129 Derrumbamiento del muro exterior del ala de traumatología del hospital Marqués de Valdecilla de Santander.


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F9900130 Utilización de spray contra cinco menores por la policía local del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz). F9900131 El Ayuntamiento de Vitoria desaloja del centro de la ciudad a mendigos y toxicómanos.


F9900132 Situación del departamento de madres en el centro penitenciario de Albolote (Granada).


F9900133 Barco con bandera de Malta, procedente de Guinea Ecuatorial, en el puerto de Pasajes (Asturias) y con varios polizones africanos a bordo.F9900134 Viviendas familiares del antiguo cuartel del Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid). F9900135 Españoles condenados a muerte en el extranjero. F9900136 Ingreso en la comisaría de policía de Toledo de una ciudadana brasileña por causa de su posible situación irregular en España. F9900137 Fallecimiento de un interno en el centro penitenciario de Villanubla. F9900138 Investigación a raíz de la visita realizada por asesores de esta institución a los locales donde se halla concentrado un grupo de inmigrantes, en su mayoría argelinos. F9900139 Investigación a raíz de la visita realizada a las dependencias del centro de internamiento de extranjeros de Capuchinos en Málaga. F9900140 Atención sociosanitaria a personas dependientes.


F9900141 Vertido de alpechín en el río Guadiamar, a su paso por el Vado del Quema (Sevilla). F9900142 Fallecimiento de un interno por sobredosis en el centro penitenciario de Sevilla II F9900143 Utilización de la zona infantil de la Plaza del 2 de Mayo de Madrid, barrio de Malasaña, para esconder droga. F9900144 Retención no justificada de un ciudadano colombiano en el aeropuerto MadridBarajas.


F9900145 Ciudadana chilena, embarazada de seis meses, que encontrándose retenida en el aeropuerto Madrid-Barajas tuvo que ser trasladada al hospital por sentir dolores relacionados con su embarazo. F9900146 Detención de una abogada en la comisaría de policía de Moratín (Madrid). F9900147 Huelga de hambre de presos en diversos centros penitenciarios. F9900148 Malos tratos inferidos a una ciudadana nigeriana cuando se encontraba en la sala de rechazados del aeropuerto MadridBarajas.
F9900150 Compañero de una ciudadana ecuatoriana que se encuentra retenida en el aeropuerto Madrid-Barajas. F9900151 Situación de dos ciudadanos nigerianos que van a ser rechazados en frontera y devueltos a su lugar de procedencia, por no tener visado de tránsito.
F9900152 Notificaciones de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos en lo relativo a los recursos procedentes al omitir todas ellas las previsiones contenidas en el artículo 10.2 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico- Administrativas. F9900154 Fallecimiento de un ciudadano camerunés, de 29 años de edad, supuestamente por disparos de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. F9900155 Una mujer que ejercía la prostitución sufrió heridas graves en un brazo al azuzarla un policía nacional su perro de raza rottwiler. F9900156 Sobre la situación médica de un interno. F9900157 Ciudadano rumano encadenado a la estatua de Felipe IV en la Puerta del Sol, en huelga de hambre tras solicitar la residencia española. F9900158 Matrimonio sirio con expediente de devolución a Egipto al haberle sido denegada tanto su solicitud de asilo como el reexamen de la misma. F9900159 Mimo que ofrecía su espectáculo en la Puerta del Sol y en la calle Preciados, en Madrid, amenazado y golpeado por policías municipales y vigilantes de un centro comercial. F9900160 Tres argelinos, polizones en un mercante de bandera danesa. F9900161 Incendio, al parecer intencionado, producido en el centro de internamiento de extranjeros de Capuchinos (Málaga).


3.6 Visitas

Se relacionan a continuación las visitas realizadas con motivo de alguna investigación:

1. Ayuntamiento de Valencia.
2. Junta Municipal de Carabanchel (Madrid).
3. Centro penitenciario de mujeres de Sevilla.
4. Centro penitenciario Ocaña II.
5. Centro penitenciario Lugo-Monterroso.
6. Centro penitenciario Madrid V, en Soto del Real.
7. Centro penitenciario Cáceres II.
8. Centro penitenciario de Martutene (Guipúzcoa).
9. Centro penitenciario Madrid I, en Alcalá de Henares.


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10. Centro penitenciario de Pamplona. 11. Centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga). 12, Centro penitenciario de Villabona (Asturias). 13. Centro penitenciario de Huesca. 14. Centro penitenciario de Fontcalent (Alicante). 15. Centro penitenciario de El Dueso (Cantabria). 16. Centro penitenciario de Albolote (Granada).
17. Centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). 18.
Centro penitenciario de Palma de Mallorca. 19. Centro penitenciario Dueñas (Palencia). 20. Centro penitenciario de Melilla 21. Centro penitenciario de Valdemoro (Madrid III). 22. Centro penitenciario de Capuchinos (Málaga). 23. Centro penitenciario de Huelva. 24 Centro penitenciario de Texeiro (A Coruña). 25. Centro penitenciario de Córdoba. 26. Centro penitenciario de Dueñas (Palencia). 27. Hospital Marqués de Valdecilla (Santander) 28. Centro de Integración Social Victoria Kent, de Madrid. 29. Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Mirasierra (Madrid). 30. Distintos locales y centros de Madrid, con el fin de comprobar el funcionamiento y organización del contingente de extranjeros para 1999. 31. Centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco de Las Palmas. 32. Centro de internamiento de extranjeros de Murcia.


33. Centro de internamiento de extranjeros de La Verneda, en Barcelona. 34. Centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz (Madrid). 35. Centro de internamiento de extranjeros de Capuchinos (Málaga). 36. Centro de internamiento de extranjeros de Las Palmas.
37. Visita al centro de estancia temporal de inmigrantes y perímetro fronterizo de la ciudad de Melilla. 38. Jefatura superior de policía de Las Palmas. 39. Comisaría de policía de Fuerteventura. 40.
Comisaría de policía del puerto de Las Palmas 41. Comisaría de policía del aeropuerto de Las Palmas.


42. Comisaría de policía del aeropuerto de Fuerteventura.


43. Perrera municipal del Ayuntamiento de Valencia, sita en la localidad de Benimámet.


3.7 Administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del Pueblo

Administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del Pueblo y nunca han remitido el informe solicitado, a pesar de haberse requerido la remisión de dicho informe en tres ocasiones:

AYUNTAMIENTO DE DAIMUZ (VALENCIA)

Queja ... Q9016152 Inicio de investigación. 27.07.98 1er requerimiento ... 12.11.98 2.º requerimiento ... 06.04.99 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Ocupación de camino público.


AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR (ALMERÍA)

Queja ... Q9318971 Reapertura ... 28.08.97 1er requerimiento ... 10.12.97 2.º requerimiento ... 04.03.98 3er requerimiento ... 25.06.99 Asunto ... Ocupación de camino público.


AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCIA DEL BIERZO (LEÓN)

Queja ... Q9418457 Reapertura ... 10.03.98 1er requerimiento ... 27.07.98 2.º requerimiento ... 05.11.98 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Ocupación de camino público.


AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL (MADRID)

Queja ... Q9600308 Reapertura ... 12.02.98 1er requerimiento ... 27.05.98 2.º requerimiento ... 22.10.98 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Corte de camino de un molino.


AYUNTAMIENTO DE VILAGRASA (LÉRIDA)

Queja ... Q9619860 Inicio de investigación . 15.11.96 1er requerimiento ... 25.04.97 2.º requerimiento ... 17.10.97 3er requerimiento ... 19.05.98 Reiteración 3er req. ... 10.09.99 Asunto ... Interrupción camino vecinal

JUNTAVECINAL DE AFORADOS DE MONEO (BURGOS)

Queja ... Q9623819 Inicio de investigación . 09.02.98 1er requerimiento ... 17.07.98 2.º requerimiento ... 22.10.98 3er requerimiento ... 23.03.98 Asunto ... Acumulación de aguas en camino frente a vivienda.


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AYUNTAMIENTO DE ALGETE (MADRID)

Queja ... Q9708437 Inicio de investigación. 06.08.97 1er requerimiento ... 01.12.97 2.º requerimiento ... 16.09.98 3er requerimiento ... 19.05.99 Asunto ... Actividades clasificadas molestas.


AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA (NAVARRA)

Queja ... Q9709831 Inicio de investigación. 28.08.97 1er requerimiento ... 10.12.97 2.º requerimiento ... 04.03.98 3er requerimiento ... 25.06.99 Asunto ... Deterioro pavimento de una calle.


AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA (MÁLAGA)

Queja ... Q9710707 Inicio de investigación. 21.10.97 1er requerimiento ... 23.01.98 2.º requerimiento ... 04.09.98 3er requerimiento ... 19.05.99 Asunto ... Actividades clasificadas molestas.


AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

Queja ... Q9711009 Inicio de investigación. 05.11.97 1er requerimiento ... 06.04.98 2.º requerimiento ... 16.09.98 3er requerimiento ... 17.03.99 Asunto ... Urbanismo, licencias.


AYUNTAMIENTO DE ALAEJOS (VALLADOLID)

Queja ... Q9711295 Inicio de investigación. 27.11.97 1er requerimiento ... 06.02.98 2.º requerimiento ... 27.05.98 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Contenedores de basura.


AYUNTAMIENTO DE LARDERO (LA RIOJA)

Queja ... Q9712535 Inicio de investigación. 26.01.98 1er requerimiento ... 26.06.98 2.º requerimiento ... 26.11.98 3er requerimiento ... 9.05.99 Asunto ... Urbanismo infracciones y sanciones.


AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

Queja ... Q9712650 Inicio de investigación. 09.02.98 1er requerimiento ... 27.05.98 2.º requerimiento ... 22.10.98 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Daños por conducción de aguas.


JUNTAVECINAL DE VIVAR DEL CID (BURGOS)

Queja ... Q9713467 Inicio de investigación. 08.04.98 1er requerimiento ... 07.07.98 2.º requerimiento ... 22.10.98 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Retirada cercado provisional.


AYUNTAMIENTO DE LARRAGA (NAVARRA)

Queja ... Q9713670 Inicio de investigación. 15.06.98 1er requerimiento ... 22.10.98 2.º requerimiento ... 26.01.99 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Privación de derechos de propiedad de una finca.


AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (MADRID)

Queja ... Q9714507 Inicio de investigación. 04.12.97 1er requerimiento ... 27.04.98 2.º requerimiento ... 04.09.98 3er requerimiento ... 26.01.99 Asunto ... Inundación.


AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID)

Queja ... Q9802345 Inicio de investigación. 28.04.98 1er requerimiento ... 24.06.98 2.º requerimiento ... 05.11.98 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Impago deudas concepto basuras.


AYUNTAMIENTO DE HUÉRCANOS (LA RIOJA)

Queja ... Q9803868 Inicio de investigación. 04.06.98 1er requerimiento ... 26.11.98 2.º requerimiento ... 15.03.99 3er requerimiento ... 14.07.99 Asunto ... Obras en camino público.


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AYUNTAMIENTO DE MURO (BALEARES)

Queja ... Q9804146 Inicio de investigación. 16.09.98 1er requerimiento ... 29.01.99 2.º requerimiento ... 30.04.99 3er requerimiento ... 04.11.99 Asunto ... Infracción urbanística.


AYUNTAMIENTO DE CARABAÑA (MADRID)

Queja ... Q9805729 Inicio de investigación. 22.10.98 1er requerimiento ... 11.02.99 2.º requerimiento ... 17.05.99 3er requerimiento ... 04.11.99 Asunto ... Infracción urbanística.


AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO (MURCIA)

Queja ... Q9805926 Inicio de investigación. 16.08.98 1er requerimiento ... 12.11.98 2.º requerimiento ... 26.04.99 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Molestias por uso de campo de fútbol.


AYUNTAMIENTO DE NOJA (CANTABRIA)

Queja ... Q9808604 Inicio de investigación. 06.07.98 1er requerimiento ... 25.11.98 2.º requerimiento ... 30.03.99 3er requerimiento ... 25.10.99 Asunto ... Actividades clasificadas molestas.


AYUNTAMIENTO DE VILANOVA DE ESCORNALBOU (TARRAGONA)

Queja ... 9811127 Inicio de investigación. 06.08.98 1er requerimiento ... 21.12.98 2.º requerimiento ... 28.12.99 3er requerimiento ... 15.11.99 Asunto ... Urbanismo, parcelaciones.


AYUNTAMIENTO DE ALORA (MÁLAGA)

Queja ... Q9811600 Inicio de investigación. 06.08.98 1er requerimiento ... 21.12.98 2.º requerimiento ... 28.06.99 3er requerimiento ... 15.11.99 Asunto ... Urbanismo, licencias.


AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID)

Queja ... Q9814577 Inicio de investigación. 22.09.98 1er requerimiento ... 29.01.99 2.º requerimiento ... 30.04.99 3er requerimiento ... 04.11.99 Asunto ... Urbanismo, planeamiento.


AYUNTAMIENTO DE NALDA (LA RIOJA)

Queja ... Q9814808 Inicio de investigación . 28.10.98 1er requerimiento ... 11.02.99 2.º requerimiento ... 15.05.99 3er equerimiento ... 04.11.99 Asunto ... Urbanismo, infracciones y sanciones.


AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LAALAMEDA (MADRID)

Queja ... Q9815295 Inicio de investigación. 09.10.98 1er requerimiento ... 26.01.99 2.º requerimiento ... 26.04.99 3er requerimiento ... 10.09.99 Asunto ... Instalación de un remisor de televisión.


AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA (BURGOS)

Queja ... Q9816201 Inicio de investigación. 20.10.98 1er requerimiento ... 18.02.99 2.º requerimiento ... 17.05.99 3er requerimiento ... 11.11.99 Asunto ... Urbanismo, infracciones y sanciones.


INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

Queja ... Q9821011 Inicio de investigación. 05.02.99 1er requerimiento ... 27.04.99 2.º requerimiento ... 08.07.99 3er requerimiento ... 11.11.99 Asunto ... Remodelación unidad vecinal.


INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

Queja ... Q9900818 Inicio de investigación . 02.03.99 1er requerimiento ... 10.05.99 2.º requerimiento ... 23.07.99 3er requerimiento ... 11.11.99 Asunto ... Adopción medidas restablecer servicio.


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Administraciones que habiendo contestado a una primera solicitud de información, no han atendido la segunda o sucesivas peticiones de informe del Defensor del Pueblo, a pesar de haberlo requerido en tres ocasiones:

AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE LOS MONTES (TOLEDO)

Q9316752

AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA VIVAR (BURGOS)

Q9317524

CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL DE MURCIA

Q9414227

CONSEJERÍA DE ECONOMÍAY HACIENDA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA

Q9504688

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CUBILLO (ÁVILA)

Q9507063

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Q9508639

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (CANTABRIA)

Q9603358

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA (MADRID)

Q9605112

AYUNTAMIENTO DE PLAYA DE ARO (GERONA)

Q9619344

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN (MURCIA)

Q9623101

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

Q9704226

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ESPADA (JAÉN)

Q9707896

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (ALICANTE)

Q9709358

AYUNTAMIENTO DE ANNA (VALENCIA)

Q9713873

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES (MADRID)

Q9800552

4. RECOMENDACIONES

Dadas las especiales caracerísticas de las recomendaciones que derivan de los informes extraordinarios elaborados por la institución durante el año 1999, en la presente ocasión se ha considerado oportuno abandonar el sistema empleado en los últimos informes anuales para clasificar dichas recomendaciones y dividirlas en dos grupos según procedan de la tramitación de las quejas o de los mencionados informes especiales.
En todo caso es importante aclarar que, aunque en el capítulo dedicado a los datos estadísticos figura un total de 150 recomendaciones, en el epígrafe siguiente únicamente aparecen resumidas 77; ello se debe a la conveniencia de no repetir varias veces el texto de las recomendaciones que tienen idéntico contenido pero que se dirigen a diferentes administraciones públicas.


4.1 Recomendaciones formuladas en relación con las quejas

A continuación se exponen, de forma resumida, las recomendaciones formuladas como consecuencia de la investigación de las quejas recibidas a lo largo del año 1999. En todas ellas se incluye una referencia al estado de tramitación en que se encontraban en el momento de cerrar el presente informe:

4.1.1 Recomendaciones sobre sustracción y secuestro internacional de menores por uno de sus progenitores

Con ocasión de la actuación que con carácter general se realizó desde el Defensor del Pueblo se han podido conocer los diferentes aspectos que guardan relación con los denominados secuestros parentales.
En primer lugar, se ha puesto de relieve el hecho de que los datos estadísticos que afectan a este problema no reciben un trato unitario por parte de las administraciones que tienen alguna competencia en la materia.


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Igualmente se ha podido comprobar cómo en algunas ocasiones no es eficaz la coordinación que existe entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La información recogida pone de manifiesto que España no cuenta con un centro nacional de desaparecidos similar al que existe en países como Canadá y Estados Unidos, siendo esta situación en la práctica la que origina que no exista ese tratamiento unificado de los datos estadísticos.
En otro orden de cosas, se han conocido las dificultades de algunas familias afectadas por este problema que carecen de fondos suficientes para iniciar los costosos trámites que posibiliten el regreso del niño al país del que fue ilícitamente sacado.
Otro de los problemas más habituales en este tipo de situaciones se refiere a los países, fundamentalmente islámicos, que no han ratificado los convenios internacionales existentes sobre esta materia. También se ha podido conocer cómo en algunas ocasiones las embajadas y oficinas consulares españolas no prestan asesoramiento ni ofrecen información suficiente a las familias, y que incluso, en ocasiones, después de ser localizado el menor en un país extranjero, la representación española en aquel país no efectúa ningún tipo de seguimiento sobre el caso.
A la vista de todo ello se han dirigido las correspondientes recomendaciones a los ministerios de Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Asuntos Exteriores, haciendo llegar a cada uno de ellos, los aspectos propios de su competencia, si bien a todos se les recomendó que estudiaran la posibilidad de crear un centro nacional de desaparecidos con objeto de coordinar y, al mismo tiempo, simplificar los diferentes trámites y gestiones que es preciso realizar cuando se produce un desplazamiento ilícito internacional de un menor.
Al Ministerio de Justicia, en particular, se le solicitó que instara las modificaciones oportunas para que el Código Penal recoja expresamente un tipo delictivo que de forma autónoma castigue estas conductas. Igualmente se le recomendó la adopción de medidas para que los desplazamientos de menores fuera del territorio nacional no pudieran realizarse sin el consentimiento expreso y fehaciente de ambos progenitores; por último, se le sugirió la conveniencia de crear un registro de guardas y custodias de menores especialmente para aquellas parejas que atraviesen una situación de crisis de convivencia. (Esta recomendación se halla pendiente de contestación).
Al Ministerio del Interior se le recomendó la creación de una lista de control de pasaportes en la que estuvieran incluidos los nombres de los menores sobre los cuales existiera la sospecha de que pudieran ser sacados del país sin el consentimiento del otro progenitor.
También, se requirió a este ministerio para que creara los mecanismos de coordinación que fuesen necesarios entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para hacer más eficaz su labor en esta materia.
(Esta recomendación se encuentra también pendiente de contestación).
Al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se le recomendó la constitución de un fondo de coste o gastos para hacer frente, a través de ayudas, a todas aquellas gestiones que se ven obligados a soportar los ciudadanos afectados por este problema. Igualmente se le hizo saber que sería conveniente ampliar las prestaciones que viene ofreciendo el Servicio Social Internacional con el fin de que los ciudadanos reciban un completo asesoramiento jurídico y asistencial, así como la ayuda psicológica que precisen. (La recomendación ha sido aceptada).
Por último, se señaló al Ministerio de Asuntos Exteriores la conveniencia de realizar las gestiones oportunas para alcanzar la firma de nuevos tratados bilaterales sobre la materia, especialmente con los países islámicos y, por último, se le recordó el deber de impartir las instrucciones oportunas a todas las embajadas y oficinas consulares para que faciliten el máximo asesoramiento, apoyo e información a los ciudadanos que requieran sus servicios, y que asimismo las oficinas diplomáticas españolas deben realizar el seguimiento pertinente cuando algún niño es localizado fuera de nuestro país.
La presente recomendación ha sido aceptada parcialmente, en lo que se refiere a la firma de convenios bilaterales y al apoyo y asesoramiento por parte de las representaciones diplomáticas de España en el extranjero.


4.1.2 Recomendación sobre notificación personal en expedientes de visado

El Consulado General de España en Casablanca consideraba que la notificación en los expedientes de visado no tiene carácter obligatorio y que era practicada únicamente en beneficio del interesado, ya que es complementaria de la establecida en la Ley 30/ 1992, en la que la forma de notificación a residentes en el extranjero es la publicación en el tablón de anuncios del consulado.
Esta institución expresó su discrepancia con la interpretación que el citado consulado general de España efectuaba del artículo 59. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues la regla general establece que las notificaciones, en primer lugar, deben practicarse personalmente a los interesados en todos los casos y sin excepción ninguna.
Por todo lo anterior, se recomendó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares que se dictaran las instrucciones oportunas para que las notificaciones que se efectúen en materia de visados, se practiquen personalmente a los interesados y que,únicamente, se efectúe la publicación en el tablón de

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anuncios del consulado o sección consular de la embajada correspondiente cuando se den los requisitos que a este efecto establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La citada dirección general contestó que había dictado en su día instrucciones relativas a la práctica de las notificaciones que se efectúan en materia de visados y, ante la posibilidad de que haya algún error interpretativo por parte del Consulado General de España en Casablanca (Marruecos), se ha recordado a dicho consulado cómo deben efectuarse las notificaciones y cuándo es posible acudir a la práctica del tablón de anuncios, a tenor del procedimiento aplicable.


4.1.3 Recomendación sobre modificación de determinados artículos de la Ley y del Reglamento del Registro Civil, en relación con la inscripción de nacimientos y el derecho de acceso a la historia personal

Los diversos problemas planteados en relación con la inscripción registral de los nacimientos, sobre todo en los supuestos en que el menor inscrito es posteriormente adoptado por otras personas, y las frecuentes demandas de ciudadanos mayores de edad que pretendían acceder a información relativa a sus orígenes, aconsejó que se iniciaran actuaciones, mediante la solicitud de información a diversos órganos administrativos que, dadas sus competencias, pudieran estar implicados en este asunto, tal como se expuso en el informe relativo al año 1996.
Encontrándose en curso las actuaciones, recibieron solución, siquiera parcial, algunos problemas. Así, la Instrucción de 15 de febrero de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre constancia registral de la adopción, estableció unas reglas para evitar las confusiones y la posibilidad de que se dé publicidad, a través de una certificación literal, a datos que afectan a la intimidad familiar.
En este asunto, resulta necesario compaginar, por una parte, el estricto respeto del derecho a la intimidad personal y familiar de aquellas personas que así lo hiciesen valer y, por otra, el derecho a la dignidad, a la igualdad de los hijos ante la ley y a la investigación de la paternidad y de la maternidad. Por ello, la constancia en el Registro Civil debe buscar la máxima adecuación de la inscripción de filiación a la realidad biológica, si bien, en determinados supuestos, dichos datos pueden requerir una protección de carácter excepcional para preservar la identidad de las madres que, con independencia de su estado civil, deseen entregar a sus hijos en adopción. En este sentido, algunas normas contenidas en la Ley del Registro Civil y en su reglamento, en cuanto permitían la inexistencia de constancia registral de la identidad de la madre por la simple voluntad de ésta, podían provocar una situación de indefensión en el hijo, e incluso también en el padre, que en la práctica quedaría privado de la posibilidad de reconocer como hijo suyo al nacido.
Las anteriores consideraciones aconsejaron recomendar al Ministerio de Justicia que se valore la oportunidad y conveniencia de promover las iniciativas legales de modificación de los artículos 47 de la Ley de Registro Civil y 167 del reglamento para la aplicación de dicha ley, y demás que fuesen necesarios, al objeto de asegurar que, con el debido control judicial, quedan tutelados tanto el derecho de los progenitores a su intimidad, como la legítima pretensión del hijo de conocer sus orígenes, sin perjuicio de mantener y reforzar las garantías para la limitación del acceso a los datos que pudieran afectar al derecho a la intimidad personal, modificando, en su caso, los artículos 21 y 22 del reglamento antes citado, ya que, con el sistema actual, el adoptante o el adoptado mayor de edad no necesitan autorización para obtener certificaciones de la inscripción del registro.
Además, se recomendó que sería conveniente regular el derecho a acceder a la historia personal a través de los expedientes de protección de menores, para permitir que se establezcan procedimientos de mediación que, en su caso, pudieran facilitar el encuentro entre los padres biológicos y sus hijos, previo consentimiento de ambos, todo ello garantizando suficientemente el derecho a la intimidad personal. (En relación con esta recomendación aún no se ha recibido el informe solicitado).


4.1.4 Recomendación sobre carencia de psicólogos, trabajadores sociales y educadores en las clínicas médico-forenses

Con ocasión de una investigación iniciada de oficio, esta institución tuvo la oportunidad de conocer que las dotaciones con las que cuentan las clínicas médicoforenses de psicólogos, trabajadores sociales y educadores eran insuficientes para poder cubrir satisfactoriamente el número de informes que se les encomiendan, teniendo en cuenta especialmente que buena parte de dichos informes se refieren a menores, personas privadas de libertad o a personas incapacitadas. En dichas investigaciones se constató que, en concreto, la clínica médico-forense de Madrid, en la que se presta apoyo a todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid, excepto a los siete juzgados de familia, cuenta sólo con dos psicólogos. Por ello, los informes relativos a menores tardan un mínimo de siete meses en realizarse. También se pudo conocer cómo en los procesos penales no urgentes, los informes tardan en emitirse unos cinco meses, plazo que se ve ampliamente superado cuando se trata de un procedimiento civil.
A la vista de esa grave situación se formuló una recomendación al Ministerio de Justicia para que, en

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primer lugar, se dote a las clínicas médico-forenses de los psicólogos que sean necesarios a fin de que los informes que deban emitir se realicen sin ningún tipo de dilación. En segundo lugar, se hizo saber al citado ministerio que los juzgados de instrucción debían de disponer también de los profesionales adecuados para que los informes que precisen tales órganos jurisdiccionales puedan ser realizados en plazos razonables.
En tercer lugar, se recordó que deben ser cumplidas las previsiones facilitadas por el ministerio en orden a incrementar en el próximo año el número de profesionales dedicados a este tipo de informes, especialmente en aquellos procedimientos en los que las víctimas sean menores de edad. (Se está a la espera de recibir contestación).


4.1.5 Recomendación sobre el cambio de interpretación respecto de la inscripción o autorización de matrimonios en aquellos casos en los que alguno de los contrayentes no sea nacional del Estado español

En diferentes ocasiones, distintos ciudadanos han comparecido ante esta institución exponiendo su falta de conformidad con las decisiones adoptadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en algunos casos por haberles sido denegada la inscripción del matrimonio que previamente habían celebrado fuera del territorio español y, en otros, por impedírseles tal celebración tras la práctica del trámite de la audiencia reservada. En todos los supuestos se denegaba su inscripción o se impedía su celebración por estimar que no existía un consentimiento matrimonial real.
Desde esta institución se hizo saber al Ministerio de Justicia que no parecía razonable utilizar el consentimiento matrimonial para justificar decisiones en materia de extranjería, sobre todo teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico dispone de una serie de acciones para declarar la nulidad de los matrimonios fraudulentos.
En definitiva, se transmitió a las autoridades competentes la preocupación de esta institución por el uso que se estaba realizando de la Instrucción de 9 de enero de 1995 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ya que al amparo de la misma se podrían estar produciendo intromisiones innecesarias en la intimidad de las personas que habían contraído o que pretendían contraer matrimonio, intentando valorar para denegar la inscripción el ánimo o la intención de los contrayentes.
No sólo la Constitución, en su artículo 32, reconoce el derecho a contraer matrimonio, sino que diferentes normas internacionales suscritas por España, entre ellas el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 12 del Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, reconocen el derecho de los hombres y mujeres a casarse y a fundar una familia y disfrutar en igualdad de derechos en cuanto al matrimonio sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión.
A la vista de todo lo anterior, se efectuó una recomendación al Ministerio de Justicia a fin de que en la interpretación que se efectúa por los encargados de los registros civiles y por la Dirección General de los Registros y del Notariado, a la hora de inscribir o de autorizar la celebración de matrimonios, se respete íntegramente el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio, limitándose los encargados de los registros a exigir que los contrayentes cumplan aquellos requisitos que legalmente exigen el Código Civil en cuanto a la capacidad de las personas para contraer matrimonio, dejándose sin efecto la Instrucción de 9 de enero de 1995. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.6 Recomendación sobre notificaciones de resoluciones que afectan a los objetores de conciencia

La notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos en el ayuntamiento del último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado o de la provincia, prevista en el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es un remedio excepcional que ha de quedar sujeto a condiciones rigurosas, lo que hace necesario haber intentado antes la notificación por alguno de los medios que garantizan que la resolución ha llegado realmente a conocimiento de su destinatario.
La Secretaría de Estado de Justicia comunica que la Dirección General de Objeción de Conciencia realiza formalmente las notificaciones de las resoluciones que afectan a los objetores, pero en los acuses de recibo, que deberían acreditar que dicha notificación se había intentado sin éxito, no consta ni la fecha, ni el sello de la oficina de correos, ni la firma del empleado de dicha oficina.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la garantía de los derechos de los ciudadanos exige, para que el recurso excepcional a la notificación por medio de anuncios sea válido, que exista constancia formal de haberse intentado la práctica de las modalidades ordinarias de notificación, debería modificarse el criterio seguido por la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia en materia de notificaciones.
Por ello se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia que imparta las instrucciones oportunas para que la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia no considere que se ha intentado la notificación de una resolución por el servicio de correos, a los efectos de su posterior práctica por medio de anuncios, cuando los acuses de recibo que consten en el expediente no reúnan los requisitos necesarios parasu validez. La Secretaría de Estado de Justicia ha

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comunicado que toma en cuenta la recomendación efectuada y da traslado de su contenido a la Dirección General de Objeción de Conciencia.


4.1.7 Recomendación sobre subsanación de defectos en las solicitudes de convalidación de los servicios voluntarios realizados por objetores de conciencia

El artículo 3.4 del reglamento sobre convalidación de servicios voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria, aprobado por el Real Decreto 1248/1997, de 24 de julio, dispone que cuando el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia considere incompletas las certificaciones aportadas podrá requerir del solicitante que las complete adecuadamente salvando las lagunas, imprecisiones o puntos oscuros de que puedan adolecer, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para hacer los requerimientos de subsanación, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia utiliza un modelo en cuyo apartado segundo se relacionan todos los datos que deben constar en el certificado de la entidad colaboradora para proceder a la tramitación de la solicitud de convalidación de servicios voluntarios, de forma que hay que señalar en cada caso aquellos datos que no figuran en la certificación aportada por el solicitante para que éste subsane la omisión.
Esta institución considera que para no perjudicar los derechos de los objetores, los requerimientos que se formulen deberán precisar las lagunas, omisiones o puntos oscuros de que puedan adolecer las certificaciones de las entidades colaboradoras cuya aclaración se requiere, evitando las imprecisiones que dificulten la comprensión por los interesados del contenido de dicho requerimiento y, en consecuencia, la identificación de los datos que deben aportar para obtener la convalidación de servicios.
Hay que considerar, asimismo, que los solicitantes de una convalidación de servicios voluntarios pueden estar realizando la prestación social sustitutoria por lo que cualquier retraso en la tramitación de dichos procedimientos puede determinar la pérdida total o parcial del derecho que los objetores pretenden ejercitar.
Por ello, se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia que cuando considere incompletas las certificaciones aportadas por los solicitantes de una convalidación de servicios voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria, el requerimiento que se dirija al interesado para que subsane el defecto advertido se redacte de una forma clara y precisa, indicando las lagunas, imprecisiones o puntos oscuros de que pueda adolecer la certificación aportada, no limitándose a señalar de una forma genérica el conjunto de los requisitos que de acuerdo a la ley deben reunir las certificaciones de las entidades donde se prestaron los servicios. En la respuesta recibida se indica que esta recomendación ha sido aceptada.


4.1.8 Recomendación sobre duración de los cursos de formación para el personal auxiliar de la Administración de justicia, celebrados con anterioridad a la aprobación del reglamento orgánico de tal cuerpo

En los certificados que expide el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia no constan las horas de duración de los cursos de formación que allí se han impartido, lo que dificulta la baremación de esos cursos de cara a posibles convocatorias de oposición o concursos. Esta situación se ha detectado en relación con aquellos cursos o jornadas impartidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de justicia, cuyo texto fue aprobado por el Real Decreto 149/1996, de 16 de febrero.
Por esta razón se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia que se procediera a un desarrollo normativo que permitiera determinar la duración de los cursos realizados en el citado centro de estudios con anterioridad al año 1996. (La recomendación ha sido aceptada).


4.1.9 Recomendación sobre libertad religiosa en las Fuerzas Armadas

Los argumentos esgrimidos por el Arzobispado Castrense y por la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa cuando se sometió a su consideración la queja de una asociación religiosa no católica que planteaba la posible vulneración del principio de neutralidad religiosa por parte de los poderes públicos en un acto de homenaje a la bandera no coinciden, a juicio de esta institución, con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la libertad religiosa y el principio de neutralidad de los poderes públicos en esta materia.
Tras el estudio de los argumentos, se ha visto la necesidad de resaltar que la libertad religiosa es un derecho fundamental y su ejercicio está garantizado a todos los ciudadanos por la Constitución y, que a juicio de esta institución, ni la supuesta falta de libertad religiosa que pudiera darse en otros países, ni las diferencias cuantitativas en cuanto al número de católicos en el seno de las Fuerzas Armadas pueden justificar ninguna restricción a esta libertad. Por otra parte, esta institución no comparte el criterio según el cual el respeto a la libertad religiosa de una minoría es incompatible con el ejercicio de dicha libertad por la mayoría.
Todas estas consideraciones se han puesto en conocimiento de la Administración militar, con la recomendación de que se adopten las medidas necesariaspara que la interpretación de la Orden Ministerial

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100/1999, de 14 de octubre, se realice en el sentido más favorable a la libertad religiosa de los militares y al principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa.
En este sentido, la Administración militar respondió que la entrada en vigor de esta norma supuso el primer intento concreto de plasmar el mandato constitucional recogido en el artículo 16 de la Constitución en la vida diaria de las unidades militares de los tres ejércitos, lo que ha venido llevándose a la práctica sin ningún tipo de trauma, e indica que el principio de libertad religiosa está siendo respetado precisamente al ser cumplida en sus estrictos términos la citada disposición ministerial.
A su juicio son dos los pilares sobre los que debe asentarse el principio de libertad religiosa, en su aplicación dentro de las Fuerzas Armadas. Por un lado, su neutralidad en materia religiosa, dada su incardinación en el aparato estatal, y por otro, la garantía de que todos y cada uno de los miembros de aquéllas no se vea compelido, por mor del deber de obediencia y del acto de servicio, a llevar a cabo conductas de claro contenido religioso, que sean contrarias a su propia conciencia. Desde ambos puntos de vista se han hecho esfuerzos, y se siguen haciendo diariamente, a fin de garantizar el principio constitucional de libertad religiosa, mereciendo destacar el recordatorio de la directrices existentes en esta materia que se lleva a cabo continuamente a los jefes de las unidades a través de las respectivas cadenas de mando, para que la interpretación y aplicación de la tan citada orden ministerial se realice en todo momento con exquisita observancia de cuanto se determina al respecto en la Constitución española.


4.1.10 Recomendación sobre adopción de medidas para garantizar los derechos de los sancionados.


Un acto irrespetuoso cometido por un soldado de reemplazo el día de la despedida de los componentes del llamamiento motivó la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por falta leve por el que se le impuso una sanción de un mes de arresto, que se le notificó cuando llevaba cinco días privado de libertad.
Según la Administración militar, las razones por las que se acordó restringir la libertad del militar de reemplazo se fundamentan en que la potestad sancionadora de la Administración se justifica precisamente porque su eficacia e inmediación es la mejor salvaguardia del interés público, integrado en este caso por la defensa de los valores militares, cumplimiento de las órdenes del mando y respeto del orden jerárquico, frente a la menor eficacia de la Administración de justicia para reprimir ilícitos de gravedad menor. Manifestaba asimismo que la restricción de la libertad del interesado se realizó en aras de mantener la disciplina y la subordinación mediante una acción inmediata, imprimiéndose un ritmo adecuado a las diferentes etapas del procedimiento sancionador para que la falta fuera sancionada sin merma de los derechos del infractor.
Sin embargo, habida cuenta de que se había acordado la restricción de libertad de un ciudadano durante cinco días sin dictar resolución sancionadora ni orden de reclusión, al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, se recomendó a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa que valorase la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para evitar, por una parte, que en el ejercicio de la potestad sancionadora se vulneren los derechos de los inculpados, especialmente cuando se trate de una restricción de su libertad, y, por otra parte, que no se corrija adecuadamente a los responsables de conductas que supongan un ejercicio irregular de la potestad disciplinaria.


La Subsecretaría de Defensa comunicó que no comparte el criterio de esta institución de que las normas que imponen los límites al ejercicio de los derechos fundamentales sean interpretadas con criterio restrictivo, y que el reflejo de ello se encuentra en la ingente labor de difusión desarrollada mediante conferencias a todos los niveles, cursos monográficos y de formación, instrucciones de los mandos militares y la reciente Instrucción 167/1999, de 24 de junio, sobre tramitación de procedimientos administrativos en el ámbito del Ministerio de Defensa. No obstante, la Administración militar no se pronunciaba sobre la aceptación de la recomendación formulada, por lo que se ha considerado necesario solicitar un nuevo informe al respecto.


4.1.11 Recomendación sobre modificación de criterios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas relativos a la acción protectora en materia social

En el marco de la acción protectora que, en materia social, dispensa el Instituto Social de las Fuerzas Armadas a sus asegurados y, concretamente, dentro de la asistencia a la tercera edad, vienen prestándose, desde 1989, ayudas económicas por asistencia a domicilio, entre otras alternativas que permitan atender las necesidades del colectivo de personas de edad avanzada con discapacidad y su situación socio-familiar. La asistencia a domicilio, que en los últimos años se ha visto complementada con la de teleasistencia, es prestada por empresas y entidades especializadas, en régimen de concierto con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y con la extensión y el contenido que en los pliegos de los oportunos concursos públicos se determinan. La necesidad de concertar esta asistencia se deriva de la falta de medios propios de este centro gestor paraprestar la asistencia, por lo que, para asegurar la prestación

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del servicio con calidad, continuidad y profesionalidad, precisa recurrir a empresas con las infraestructuras adecuadas a tal fin.
Las normas para el reconocimiento de estas prestaciones, contenidas en las correspondientes instrucciones de la Dirección General del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, exigen, con carácter general, ser mayor de 65 años y estar amparado por la asistencia social del instituto, estar afecto de una discapacidad no inferior al 65 por ciento y sufrir una situación sociofamiliar de aislamiento que haga precisa una ayuda externa para el desarrollo de la vida diaria, circunstancias a las que se une, como condición última, que el afiliado resida en municipio incluido en el ámbito territorial cubierto por la prestación.
El reconocimiento de estas prestaciones debe ajustarse a lo dispuesto en la Instrucción 28/1997, de 21 de febrero, no existiendo un derecho subjetivo a recibirlas y estando siempre condicionadas a la existencia de crédito presupuestario suficiente. Los recursos disponibles han permitido en los últimos años llegar a cubrir cualquier municipio en el que residieran al menos cien afiliados al Instituto Social de las Fuerzas Armadas con más de 65 años, por entenderse que, con esta población protegida, el número de beneficiarios permite prestar el servicio a un coste razonable, mientras que si se extiende la prestación a cualquier localidad, el coste aumentaría hasta hacerlo desproporcionado y prohibitivo para los medios de ese instituto. Sin embargo, este sistema permite que en determinados términos municipales subsistan situaciones de necesidad debido a la carencia de disponibilidades presupuestarias.
Por ello se recomendó al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la adopción de criterios que permitieran fijar un ámbito de cobertura más amplio y una distribución más proporcional del presupuesto asignado a la prestación del servicio de asistencia socio-sanitaria a domicilio entre los grandes y pequeños municipios, evitando, en la medida de lo posible, situaciones de desigualdad con respecto a aquellos afiliados que residieran en términos municipales menores y valorando la posibilidad de llevar a cabo convenios o conciertos con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos correspondientes para que los servicios sociales de los mismos colaboraran en la prestación de la asistencia socio-sanitaria a las personas de la tercera edad que residieran en municipios donde el número de afiliados a ese instituto fuera inferior al requerido.
El citado instituto ha contestado que se están estudiando fórmulas para reducir el número exigible de beneficiarios mayores de sesenta y cinco años residentes en un municipio con el fin de que éste quede incluido en el ámbito de la prestación, y que en el resto de los municipios, la prestación que se solicite sea de aceptación voluntaria por parte de la empresa concesionaria. Asimismo señala que la prestación de la asistencia socio-sanitaria por parte de ese instituto no es excluyente de la que puedan prestar los ayuntamientos y las comunidades autónomas a través de sus servicios sociales, pues el derecho a tales servicios lo tienen los afiliados al Instituto Social de las Fuerzas Armadas en idénticas circunstancias que los afiliados a los demás regímenes de la Seguridad Social. Con estas alternativas se estima que ha sido aceptada la recomendación formulada puesto que la exclusión de la prestación no vendría ya determinada por una decisión administrativa previa, sino por la imposibilidad constatable de atenderla en las mismas condiciones que a los restantes beneficiarios.


4.1.12 Recomendación sobre reintegro de gastos de asistencia sanitaria prestada por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas

El Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas aprobado por Real Decreto 2330/1978, de 29 de septiembre, y las instrucciones de la Administración militar que regulan la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la sanidad militar y la prestación de servicios sanitarios a asegurados del instituto determinan los casos en los que procede el reintegro de gastos por asistencia sanitaria prestada en centro no concertado, y delimitan que no se producirá excepto en los casos de denegación injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital.
Algunos beneficiarios denuncian que se les deniega el reintegro de gastos en supuestos en los que han acudido en un primer momento al centro hospitalario que les correspondía y desde allí han sido derivados a otro, indicado por el facultativo que les atendía, al valorar éste el carácter urgente de la afección del paciente.
Por ello, se ha recomendado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas que se adopten criterios que permitan reintegrar los gastos ocasionados por la asistencia prestada en centros no concertados a los beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cuando dicha asistencia tenga su origen en el criterio y la valoración realizada por un facultativo que considera, analizada la naturaleza de los síntomas que presenta el paciente, el carácter urgente de la patología, motivo por el que decide enviarlo a un centro no concertado.
En la respuesta recibida se indica que, atendiendo a esta recomendación, se va a proceder a hacer un minucioso seguimiento de todos los supuestos similares a los expuestos, procurando inscribir estos hechos en el mayor número de casos, en la situación de urgencia vital o de denegación de asistencia, únicos presupuestos que contempla la normativa vigente para proceder al reintegro de los gastos causados en centros no concertados.


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4.1.13 Recomendación sobre información a los interesados del resultado de los reconocimientos médicos que se les practiquen y modificación de las actas de los tribunales médicos militares

El capítulo III del título I del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, trata sobre la determinación de la aptitud psicofísica durante el proceso de reclutamiento, que se determinará, entre otros medios, por los reconocimientos médicos que se practiquen a los alistados.
Cuando el artículo 35 de dicho reglamento establece que los resultados de las exploraciones médicas deberán fundamentarse exponiendo claramente las técnicas empleadas, los motivos de la decisión adoptada y, en su caso, pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por los alistados, no establece distinción alguna entre los reconocimientos realizados en el marco de los programas establecidos por los centros de reclutamiento y aquéllos que se realicen en virtud de la alegación realizada por un alistado, ya clasificado, al que le sobrevenga una enfermedad o limitación física o psíquica. Lo mismo puede decirse de lo previsto en el punto 5 del mencionado artículo 35, cuando señala que los alistados serán informados del resultado de los reconocimientos médicos y, en su caso, sobre las alegaciones que hubiesen formulado.
El artículo 46 del citado reglamento, al regular la exención por enfermedad o limitación sobrevenidas, señala que, a la vista de la alegación presentada por un alistado, el centro de reclutamiento determinará, si fuera preciso, que se le reconozca médicamente en un centro de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa para, en su caso, clasificarlo nuevamente. El hecho de que haya que realizar otro reconocimiento para determinar nuevamente la aptitud psicofísica no tiene por qué suponer una merma de las garantías y de los derechos de los alistados y, en consecuencia, en el supuesto de enfermedad o limitación sobrevenida, será también necesario fundamentar los resultados de las exploraciones médicas o informar de los mismos a los interesados.
La Administración militar notificaba mediante resolución la desestimación de la solicitud de exención del servicio militar por padecer enfermedad o limitación física que impida su prestación, pero sin informar del resultado de los reconocimientos médicos en los términos previstos en el citado reglamento y, además, las actas de los tribunales médicos no cumplían, en muchos supuestos, las formalidades previstas en el epígrafe 7 del Reglamento de Tribunales Médicos de Regiones y Zonas Militares, de Zonas Marítimas y de Mando Aéreos, aprobado por la Orden 13/1988, de 11 de febrero, que, entre otras cosas, prevé que se haga una descripción precisa de las enfermedades, lesiones o anomalías observadas.
Por ello, se recomendó a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en primer lugar, que se adopten las medidas oportunas para que, en todo caso, se proceda a informar a los interesados del resultado de los reconocimientos médicos que se les practiquen, con independencia de que hayan sido realizados en el marco de los programas de reconocimiento establecidos por los centros de reclutamiento o en virtud de la alegación realizada por un alistado ya clasificado al que le sobrevenga una enfermedad o limitación física o psíquica. Y, en segundo lugar, que se adopten las medidas oportunas para garantizar que en las actas de los tribunales médicos se realice una descripción precisa de las enfermedades, lesiones o anomalías observadas, de forma que permitan hacerse una idea clara de la aptitud psicofísica de la persona objeto del reconocimiento.
La citada dirección general ha contestado que acepta la recomendación formulada y da traslado de su contenido a la Inspección General de Sanidad.


4.1.14 Recomendación sobre plazo de admisión de solicitudes de determinados programas de becas

En algunas ocasiones, los plazos para la presentación de solicitudes y acreditación de méritos académicos exigidos por algunas convocatorias de becas y ayudas al estudio no están adecuadamente coordinados con los plazos en los que las instituciones académicas, donde se cursan los estudios, finalizan cada periodo lectivo o están en disposición de documentar los resultados académicos de sus alumnos.
Así ocurría con un programa de becas gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía y Hacienda, a la que se recomendó que en futuras convocatorias se prevea un plazo de presentación de solicitudes para el programa de becas Turismo de España, de modo tal que puedan participar en esas convocatorias los alumnos que finalicen los correspondientes estudios en el mes de junio del año en curso.
(Esta recomendación no ha sido aceptada).


4.1.15 Recomendación sobre la preceptiva publicación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Las relaciones de puestos de trabajo tienen carácter público y se configuran como un instrumento fundamental de la política de personal según expresamente determina el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Como quiera que la Agencia Estatal de Admnistración Tributaria no había dado cumplimiento a esta previsión legal, se recomendó a la misma que procediese a la mayor brevedad posible a la publicacion de la correspondiente

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relación de puestos de trabajo, en cumplimento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. (La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha aceptado la recomendación mediante la publicación de la resolución de 2 de agosto de 1999 en la que se recoge la relación de puestos de trabajo referida).


4.1.16 Recomendación sobre la adscripción a puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de funcionarios que posean determinadas especialidades en sus respectivos cuerpos o escalas

A través de algunas quejas formuladas por funcionarios destinados en unidades administrativas diferentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se pudo comprobar que la mencionada agencia, en los concursos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en su organización, imponía la exigencia de contar con la posesión de determinadas especialidades, de las que en la práctica sólo disponen sus propios funcionarios, con lo que de hecho se impedía la participación en estos concursos a funcionarios ajenos a la propia agencia y sin que tal previsión existiera en las relaciones de puestos de trabajo.
Para evitar esta irregularidad, se recomendó al organismo tributario que no exigiera la posesión de determinadas especialidades para la asignación de puestos vacantes en su organización contraviniendo lo establecido en el vigente artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. (La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha aceptado esta recomendación).


4.1.17 Recomendación sobre el contenido de las resoluciones dictadas por los tribunales económico- administrativos regionales

En virtud de lo previsto en el artículo 119 del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico- administrativas, son recurribles en alzada las resoluciones de los tribunales económico- administrativos regionales dictadas en primera instancia, siempre que se cumpla el requisito de cuantía que exige el artículo 10.2 del mismo reglamento. De no cumplirse este requisito el recurso procedente es el contenciosoadministrativo.


La omisión en las notificaciones practicadas por los tribunales económico-adminsitrativos regionales de los supuestos en que, conforme al artículo 10.2 citado son recurribles, bien ante el Tribunal Económico Administrativo Central, bien ante el órgano juridiccional contencioso, ha generado una cierta confusión entre los recurrentes, por lo que se ha recomendado a la Secretaría de Estado de Hacienda la inclusión de este dato en la notificación de las resoluciones.
La recomendación no ha sido aceptada pese a que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla- La Mancha reconoce que, en ocasiones, se producen notificaciones defectuosas en cuanto al recurso procedente.


4.1.18 Recomendación sobre los centros de internamiento de extranjeros

En atención a las quejas recibidas, se consideró la conveniencia de realizar un estudio sobre las condiciones de los centos de internamiento de extranjeros, al objeto de comprobar que dichos centros garantizan la dignidad de las personas, tanto por las instalaciones como por el trato que se dispensa a los internados.
Atenor de las conclusiones de toda la labor desarrollada por la institución en relación con estos centros, se recomendó al Ministerio del Interior que se valorara la conveniencia de habilitar la oportuna partida presupuestaria, a fin de iniciar la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros en sustitución de los actuales en las localidades de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, y de abrir un nuevo centro en la zona de Algeciras o Tarifa, que permita la estancia de extranjeros privados de libertad en condiciones dignas y acordes con el espíritu de la Ley Orgánica 7/1985 y de la sentencia del Tribunal Constitucional 115/ 1987.
El Ministerio del Interior contestó aceptando la recomendación y señalando que se iba a sustituir el de Madrid; que se estaba estudiando una nueva ubicación para el de Barcelona; que se iban a realizar obras en Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria; y, por último, que se había solicitado un informe sobre la creación de un nuevo centro en Andalucía, además del existente en Málaga.


4.1.19 Recomendación sobre las condiciones de los locales en los que se aloja a los inmigrantes en las Islas Canarias

El local donde se aloja a los inmigrantes de procedencia ilegal en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura carece de ventilación, aseos con duchas, camas y teléfonos, por lo que las condiciones en que deben permanecer los internados no son las más adecuadas, puesto que han de dormir en colchones tirados en el suelo.
Algunos de los inmigrantes han expresado además su preocupación por los problemas que podría ocasionarles en Marruecos su origen saharaui, en caso de ser devueltos a este país.
En el centro de internamiento de extranjeros de Las Palmas de Gran Canaria destaca la falta de locutorios para que los internos se entrevisten con sus familiares, letrados y demás personas que puedan visitarles.
Por ello, se recomendó al Ministerio del Interior que se tomaran las medidas oportunas al objeto de subsanar esas deficiencias, así como que se tuvieran en cuenta

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las consideraciones hechas por el Diputado del Común de Canarias, que abogaba, entre otras cosas, por la necesidad de fomentar una especial sensibilidad y una adecuada coordinación entre las administraciones con competencias sobre este problema. (Esta recomendación se encuentra pendiente de contestación).


4.1.20 Recomendación sobre la coordinación en la aplicación de las medidas de cacheo y registro a los internos en centros penitenciarios antes de proceder a su conducción o traslado

Una interna en un centro penitenciario tenía que realizar una salida a una consulta de un hospital extrapenitenciario, por lo que funcionarios de instituciones penitenciarias le practicaron un primer cacheo con desnudo integral y, acto seguido, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que iban a realizar su traslado al referido hospital, le efectuaron un segundo cacheo también con desnudo integral.
A juicio de esta institución existe un principio general de respeto a la dignidad de toda persona privada de libertad, recogido en el artículo 18 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se debe aplicar de forma directa y en conexión con lo previsto en el artículo 71 del vigente Reglamento Penitenciario. La realidad de estos requisitos supone, por si mismo, como ha expresado con claridad el Tribunal Constitucional, una afectación del derecho fundamental a la intimidad de los presos y, por ello, no parece justificado que ese derecho fundamental a la intimidad se pueda ver afectado dos veces consecutivas como consecuencia de una idéntica medida de control.
Por todo ello se efectuó al Ministerio del Interior la recomendación de que se establecieran los mecanismos de coordinación que fuesen precisos con objeto de evitar de forma sucesiva cacheos con desnudo integral. (La recomendación ha sido totalmente aceptada).


4.1.21 Recomendación sobre la función de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Dos vigilantes de seguridad de las dependencias de la comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas destinadas a alojar a los ciudadanos extranjeros que han sido objeto de rechazo en frontera, se dedicaban a registrar las pertenencias de los internos y procedían a su cacheo, interviniendo los objetos que, a su juicio, no podían introducir en el lugar donde iban a permanecer.
Estos hechos suponen una atribución de funciones que no se recoge en la Ley 23/1992, de 30 de junio, de seguridad privada, máxime cuando han de ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los que custodien a estas personas. Distinta es la situación en la que el ciudadano extranjero, una vez embarcado, es custodiado, dentro de la aeronave, por vigilantes de seguridad contratados por las distintas compañías aéreas obligadas a efectuar el traslado.
Por todo lo expuesto, se recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que imparta las instrucciones oportunas para que la custodia, registro de efectos personales, cacheos y traslado hasta la aeronave de aquellos ciudadanos extranjeros que han sido inadmitidos en territorio nacional, se efectúe por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (La recomendación no ha sido aceptada).


4.1.22 Recomendación sobre sanciones administrativas a menores

La Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y Procedimiento del Juzgado de Menores, produjo una profunda reforma en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobada por Decreto de 11 de junio, de 1948, consolidando la idea de un procedimiento personalista, en el que el protagonista principal es el interés del menor y el Ministerio Fiscal su mayor garante, junto al juzgado de menores que determina las medidas aplicables a los menores que hayan realizado hechos susceptibles de ser tipificados como infracciones penales.
En esta ley, conforme a lo establecido en su artículo 9.1, la competencia para conocer hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal a efectos de responsabilidad criminal cometidos por mayores de doce años y menores de edad, será de los jueces de menores, mediante los oportunos expedientes y con arreglo al procedimiento señalado en la ley.
Pues bien, si estas disposiciones no permiten que el menor responda de la misma manera que un mayor de edad por delitos o faltas del Código Penal, tampoco parece razonable que se pueda exigir una responsabilidad administrativa sancionadora a quienes no se encuentren en esos límites de edad. Por todo ello, esta institución recomendó que se procediera a promover las modificaciones legales oportunas que permitan un mayor grado de seguridad jurídica para la exigencia de responsabilidad a menores de edad en el ámbito administrativo sancionador.
La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior contestó que se iba a proceder al estudio de la recomendación formulada por esta institución, a fin de promover las modificaciones legales oportunas que permitan dar cumplimiento al contenido de la misma.


4.1.23 Recomendación sobre asignación de fondos para sufragar los gastos por desplazamiento de los familiares de los reclusos trasladados de prisión por insuficiencia temporal de plazas

Como consecuencia de la investigación realizada en una queja, se tuvo conocimiento de que en una comunidad autónoma no había plazas suficientes para albergar a jóvenes que debían ingresar en prisión. A la vista

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de este hecho se indicó a la Administración penitenciaria que no parecía razonable que por el hecho de verse obligada la Administración a efectuar un traslado a otro centro penitenciario, por causas directamente imputables a la propia Administración, los familiares de los internos tuvieran que hacer frente con sus propios recursos a los gastos que se derivan de todo desplazamiento.


Según los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el derecho a comunicar oralmente con los familiares es un derecho básico y corresponde a la Administración, por mandato legal, facilitar el ejercicio del mismo.
Por todo ello se recomendó a la Administración penitenciaria que habilitara fondos para sufragar los gastos derivados del desplazamiento de los familiares de los reclusos cuando éstos han sido trasladados de prisión por insuficiencia temporal de plazas, de modo que puedan continuar manteniendo su relación familiar sin que este hecho repercuta negativamente en sus recursos económicos La presente recomendación ha sido parcialmente aceptada, ya que la Administración penitenciaria admite que hará frente a los gastos de desplazamiento de los familiares de los internos en la medida que presupuestariamente le sea posible.


4.1.24 Recomendación sobre autorización de la presencia del interno durante los registros en su celda y sobre el deber de entrega a los reclusos de una copia de los informes médicos realizados

Un grupo de internos destinados en el departamento de régimen especial de un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid formulaba una serie de reclamaciones referidas, en primer lugar, a los reiterados registros de sus celdas y pertenencias sin hallarse ellos presentes; en segundo lugar, a la forma en la que eran atendidos por los médicos del centro, en concreto, a través de una rendija de la celda; y, en tercer lugar, ponían de manifiesto que no se les entregaba copia de los informes médicos que les efectuaban tras la aplicación, de medios coercitivos, ni tampoco les entregaban copias de los analísis que les realizaban en relación con las enfermedades que padecían.
A la vista de esta situación, se hizo saber a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que el artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos no afectados por la condena.
Igualmente el Reglamento Penitenciario, en su artículo 71, establece que las medidas de seguridad se efectuarán respetando la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales.
Por todo ello, se recomendó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que dictase normas internas que permitieran la presencia del recluso en el momento de efectuarse los registros en su celda. En segundo lugar, que se evitara que los reconocimientos médicos practicados a las personas confinadas en el departamento de régimen especial, se realizaran a través de la rendija de la celda. Y en tercer lugar, que se entregase una copia de los informes médicos efectuados a los internos a quienes se hubieran aplicado medios coercitivos, y también una copia de los análisis realizados La recomendación ha sido aceptada en lo relativo a la entrega a los internos de copia de los informes médicos, habiendo sido rechazada respecto a la presencia de los internos en los registros de sus celdas.


4.1.25 Recomendación sobre la notificación de concesiones o renovaciones de licencias de armas

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana consideraba como práctica usual la entrega personal al interesado de los permisos de armas concedidos, ni la comunicación de su concesión, ya que ello supondría detraer para esta actividad burocrática un número importante de efectivos necesarios para la realización de otras funciones más acordes con los fines de la Guardia Civil.
Por todo lo anterior, se recomendó a la Dirección General de la Guardia Civil que se dictaran las instrucciones oportunas para que las resoluciones adoptadas en las solicitudes de concesión o renovación de las licencias de armas se notificaran a los interesados de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta dirección general contestó que había impartido instrucciones por ser preceptivo lo dispuesto en la norma referida.


4.1.26 Recomendación sobre la constancia documental en los atestados del ofrecimiento de los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Esta institución considera que, como la asistencia letrada al detenido durante la tramitación de las diligencias policiales es un derecho reconocido en el artículo 17.3 de la Constitución, en los atestados policiales debe constar la realización de la lectura de derechos, y cuáles son los que el detenido quiere ejercer. Asimismo, entiende que en los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de renuncia del derecho, no basta con la renuncia verbal.
Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil manifestaba que a un detenido le fueran leídos sus derechos, de conformidad con lo exigido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien esta lectura no constaba en el atestado, instruido por los agentes tras su detención, afirmando que era

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posible que el interesado no lo recordara "a causa del estado psicofísico en que en esos momentos se hallaba".


En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de la Guardia Civil que impartiera las instrucciones oportunas para que en los atestados instruidos por supuesto delito contra la seguridad del tráfico, conste documentalmente el ofrecimiento de los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, la renuncia a la asistencia letrada. La citada dirección general contestó asumiendo el criterio del Defensor del Pueblo, por lo que la recomendación se ha considerado aceptada.


4.1.27 Recomendación sobre notificación de las denuncias de tráfico e identificación del denunciante

La Dirección General de Tráfico manifestó que su programa informático no permite que en las denuncias cursadas desde las distintas jefaturas, conste el carácter voluntario u obligatorio de las mismas y la identificación del denunciante, y que esta omisión no produce indefensión, ya que los interesados pueden solicitar el acceso a los expedientes. El artículo 75 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial exige que en las denuncias conste la identificación del denunciante, sin distinguir entre la denuncia notificada en el acto y la denuncia notificada con posterioridad desde las distintas jefaturas.
Por todo cuanto antecede, esta institución reiteró la recomendación de que se adoptaran las medidas oportunas para que en las denuncias cursadas desde las jefaturas conste su carácter voluntario u obligatorio y la identificación del denunciante, de conformidad con lo exigido en el artículo 75 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial La Dirección General de Tráfico contestó que podría atenderse la recomendación de forma individualizada, ya que el procedimiento informático actualmente no permite la generalización de este sistema.


4.1.28 Recomendación sobre los derechos de residencia del cónyuge de un español

Esta institución ha constatado que cuando un ciudadano español casado con un extranjero no comunitario fija temporalmente su residencia en un tercer país, a su cónyuge extranjero no se le renueva el permiso comunitario para permanecer en España, aunque todo el núcleo familiar permanezca en este país.
El Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, modificado por el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, es de aplicación al cónyuge extranjero no comunitario de un español, siempre que no estén separados de derecho.
En consecuencia. el derecho a residir en España lo genera el hecho de ser cónyuge de un ciudadano español y no el hecho de residir con él en España, afirmación que esta institución entiende avalada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según la sentencia recaída en el asunto 267/1983, Diatta contra Land Berlin.
Por todo lo anterior, se recomendó a la Dirección General de Política Interior que se impartieran las instrucciones oportunas al objeto de conceder o renovar, en su caso, el permiso de residencia establecido en el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, a los extranjeros casados con de ciudadanos españoles y que no estén separados de derecho, aunque no convivan en ese momento.
Esta dirección general contestó que el derecho a residir en España lo genera el hecho de que el nacional del espacio económico europeo, sea español o no, resida en España. (Esta recomendación ha sido aceptada).


4.1.29 Recomendación sobre el centro de internamiento de extranjeros de Málaga

Las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga se encuentran en situación de abandono, ya que sólo una parte del edificio está habilitada para poder albergar a personas, ya sean los propios trabajadores del centro o los extranjeros allí internados. Esta zona habilitada hace ostensible la necesidad de realizar importantes inversiones económicas en ella. Las mujeres no tienen patio propio, lo que implica que han de permanecer siempre dentro del edificio, puesto que el único patio existente lo ocupan siempre los hombres. Además, parece aconsejable una mayor separación entre las zonas de hombres y mujeres. Las precarias condiciones del edificio y la ausencia de medios y de ventilación adecuada impiden la eliminación de un evidente olor a cerrado y a sucio que produce una permanente sensación de humedad.
En consecuencia se formuló una recomendación para que se tomaran, a la mayor brevedad posible, las medidas oportunas para subsanar las deficiencias del centro de internamiento de extranjeros de Málaga, impartiéndose las instrucciones al efecto por las autoridades competentes. La Dirección General de Política Interior contestó que ya habían comenzado las obras de acondicionamiento, reforma y ampliación de dicho centro, estando previsto que la duración de dichas obras fuera de unos cuatro meses aproximadamente. (La presente recomendación se considera aceptada).


4.1.30 Recomendación para evitar medidas inadecuadas o desproporcionadas durante el internamiento de ciudadanos extranjeros

En el centro de internamiento de extranjeros de Málaga están vigentes unas instrucciones, de carácter interno, cuya finalidad es evitar medidas inadecuadas o desproporcionadas, durante el internamiento de ciudadanosextranjeros detenidos en aplicación de la Ley

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Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Esta institución, al compartir plenamente el contenido de estas instrucciones, recomendó a la Dirección General de la Policía que se pusieran en conocimiento de todas las brigadas provinciales de extranjería y documentación de España, al objeto de unificar criterios sobre el trato que deben recibir los ciudadanos extranjeros detenidos por una infracción administrativa.
Estas instrucciones han de estar referidas tanto a la conducción e ingreso en los calabozos como a su separación, en la medida de lo posible, de los delincuentes, y que la inmovilización por medio de grilletes únicamente se efectúe cuando, a juicio de los funcionarios policiales que custodian a estas personas, se considere que existe una agresividad contrastada o que el individuo puede intentar fugarse del control policial.
La citada dirección general contestó remitiendo copia de la Circular número 34/1999, de 9 de julio, de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, impartiendo instrucciones al respecto. (Esta recomendación se considera aceptada).


4.1.31 Recomendación sobre las tomas de declaración a extranjeros rechazados en frontera

Se constató que en el aeropuerto de Barcelona se había procedido a rechazar en frontera a unos extranjeros sin que constara por escrito la declaración en la que se basaba tal medida.
Por ello, se recomendó a la Dirección General de la Policía que dictara las instrucciones oportunas para que, en los aeropuertos donde lleguen vuelos internacionales, se cumplimenten por escrito las declaraciones de aquellos ciudadanos extranjeros que puedan ser objeto de rechazo en frontera y que esas declaraciones sean firmadas por los interesados, en aras de una mayor seguridad jurídica y garantía en el procedimiento.
La citada dirección general manifestó que se impartirían las correspondientes instrucciones al objeto de que se cumplimenten por escrito las declaraciones voluntarias de aquellos ciudadanos extranjeros a quienes les sea denegada su entrada en España.


4.1.32 Recomendación sobre la situación de los ciudadanos extranjeros en huelga de hambre en Melilla

Aproximadamente treinta ciudadanos extranjeros, en su mayoría argelinos procedentes de un campamento conocido como La Granja, se habían concentrado voluntariamente con la finalidad de conseguir de las autoridades españolas el permiso necesario para su traslado a la península donde, según sus propias manifestaciones, esperaban encontrar trabajo. Según el criterio de esta institución, el lugar donde se encontraban encerrados estos emigrantes, unos locales parroquiales, no reunía las condiciones mínimas necesarias para su alojamiento.
En consecuencia, se recomendó a la Delegación del Gobierno en Melilla que tomara las medidas oportunas al objeto de satisfacer las necesidades básicas y de subsanar las deficiencias de alojamiento de esos ciudadanos, y que asimismo impartiera las instrucciones convenientes al efecto, sin perjuicio de las resoluciones que, conforme a derecho, pudiera, asimismo, adoptar esa delegación.
La citada delegación del gobierno contestó que, cerrada la Granja por la situación en que se encontraba una vez que había sido incendiada, se procedió a trasladar al centro de estancia temporal de inmigrantes a todos aquellos a los que su régimen interior lo permitía. En cuanto a los demás, distinguió la delegación del gobierno tres grupos: los ya expulsados y retornados a Melilla; los expulsados de otros países europeos, Alemania y Francia, y los que tienen antecedentes judiciales por faltas o delitos cometidos en la península o en Melilla. En los dos primeros casos procedía la expulsión, mientras que en el tercero, sólo los jueces podían autorizarla. (Del contenido remitido por la Delegación del Gobierno se desprende que la recomendación no ha sido aceptada).


4.1.33 Recomendación sobre la inmediata puesta en libertad de los inmigrantes retenidos cuando se constate que no es posible la expulsión

Desde que la Subdelegación del Gobierno en Alicante recibió un telegrama del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el que comunicaba que se había dictado auto suspendiendo la ejecución de la orden de expulsión dictada contra una ciudadana rusa, hasta su puesta en libertad, habían transcurridodos días.
Esta institución estimó necesario someter a la consideración de la citada subdelegación que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 7 de julio de 1987, el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución es un derecho inherente a la persona humana de los que, según la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984, de 23 de noviembre, corresponden por igual a españoles y extranjeros.
Por su parte, el artículo 108 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, incide en el carácter cautelar de la medida de internamiento al señalar como finalidad del internamiento "asegurar la sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la expulsión". Constatada la imposibilidad de proceder a la expulsión es exigible de la autoridad gubernativa la máxima diligencia en proceder a la puesta en libertad de la persona internada, sin que pueda considerarse conforme con el ordenamiento jurídico el mantenimiento de la privación de libertad.


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Por todo cuanto antecede, esta institución recomendó a la Subdelegación del Gobierno en Alicante que impartiera las órdenes oportunas a fin de que en los casos en que se constate que no pueda realizarse la expulsión de una persona internada se proceda con carácter inmediato a su puesta en libertad. En contestación a dicha recomendación, la citada subdelegación del gobierno comunicó que había ordenado su cumplimiento.


4.1.34 Recomendación sobre las expulsiones de residentes incursos en el apartado c) del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985

Esta institución considera que no se debe proceder a la expulsión del territorio nacional de un ciudadano extranjero, residente en nuestro país, por el mero hecho de haber sido detenido por un presunto delito, sin que la autoridad judicial haya efectuado las oportunas diligencias y exista, al menos, una actividad probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia.
Por ello, se recomendó a la Subdelegación del Gobierno en Huelva que los decretos de expulsión que se incoen contra ciudadanos extranjeros, residentes legales en nuestro país, por hallarse incursos en el apartado c) del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/ 1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, se dejen en suspenso hasta tanto no se haya efectuado, por parte de la autoridad judicial que conoce del presunto delito que se imputa, una actividad probatoria suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24 de la Constitución española.
La subdelegación del gobierno contestó que venía aplicando el criterio de no proceder a la ejecución de las expulsiones de ciudadanos extranjeros que se encontraran incursos en procedimientos judiciales, hasta que la autoridad judicial no autorizase la expulsión. Esta institución reiteró la recomendación ya que no era de esta actuación de la que se solicitaba un cambio de criterio. La subdelegación del gobierno manifestó finalmente que no existía inconveniente alguno en dejar el expediente de expulsión en suspenso hasta que la autoridad judicial autorizara la expulsión del territorio español. (La respuesta de la subdelegación de Gobierno no se estimó suficiente para entender aceptada la recomendación).


4.1.35 Recomendación sobre retrasos de vuelos y pérdida de equipajes en el aeropuerto MadridBarajas

Desde el año 1998 el Defensor del Pueblo ha tramitado diversas quejas de oficio por las demoras y cancelaciones de vuelos y demora o pérdida de equipajes en el aeropuerto Madrid-Barajas.
La constatación de que tales anomalías no se deben, en exclusiva, a accidentes meteorológicos o a cambios en la infraestructuras e innovaciones tecnológicas, sino a problemas de organización interna, ha aconsejado recomendar al Ministerio de Fomento la modificación de las condiciones actuales del transporte aéreo de viajeros, estableciendo mecanismos de indemnización automática al pasajero, salvo en casos de fuerza mayor, tanto en los casos de demoras significativas en el transporte, como en los de pérdida, avería o demora en la entrega de equipajes, con especial atención a los problemas de equipamiento e intendencia que padecen los usuarios afectados por estos problemas. (Esta recomendación se encuentra pendiente de respuesta).


4.1.36 Recomendación para la modificación de la Instrucción de 20 de octubre de 1986 en relación a la facturación de nuevos servicios de telefonía

La aplicación por Telefónica de una Instrucción de 20 de octubre de 1986, anterior, por tanto, al proceso de liberalización de las comunicaciones de su antigua Delegación del Gobierno, le permitía facturar de modo íntegro la primera cuota mensual de abono de las líneas red digital de servicios integrados, siempre que la instalación se hubiera producido dentro de los quince primeros días del mes.
Se consideró que la aplicación de esta norma constituía un gravamen injustificado para los abonados, por lo que se recomendó a la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento la modificación de la referida instrucción, a fin de que únicamente se facturase a los usuarios la parte de las cuotas de abono correspondiente a los días en que el servicio telefónico estuviese realmente operativo. (Esta recomendación ha sido aceptada).


4.1.37 Recomendación sobre flexibilización de las condiciones para la escolarización de alumnos con sobredotación intelectual

La atención educativa especial que precisan los alumnos con condiciones intelectuales de sobredotación pasa en algunas ocasiones por la flexibilización del periodo de escolarización obligatoria, es decir, expresado en términos sencillos, por la posibilidad de adelantarles de curso. Sin embargo, las condiciones exigidas por las administraciones educativas y en particular por el Ministerio de Educación y Cultura, son extraordinariamente rígidas e inflexibles hasta el extremo de que deficiencias más o menos puntuales en la tramitación del expediente impidan de hecho que los alumnos se beneficien de este tipo de medidas.
Por ello, se ha recomendado a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura que se proceda a la modificación de la Resolución de 20 de noviembre de 1997 que impone requisitos excesivamente rígidos que dificultan la flexibilización de la adecuada escolarización de

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alumnos con condiciones de sobredotación intelectual. (La Administración educativa hasta el momento no se ha pronunciado sobre la aceptación o no de la recomendación formulada).


4.1.38 Recomendación sobre prioridad en la adjudicación de plazas universitarias a alumnos imposibilitados de participar en las pruebas de acceso de la convocatoria del mes de julio

Entre los criterios que se toman en consideración para adjudicar las plazas universitarias en el supuesto de que la demanda sea superior a la oferta, está el del momento o convocatoria en la que el alumno haya superado las correspondientes pruebas de acceso. Lógicamente, la prioridad se otorga a aquéllos que han superado las pruebas de acceso una vez finalizado el bachillerato en la convocatoria de julio inmediata anterior al comienzo del siguiente curso académico.
Sin embargo, en ocasiones y mediando circunstancias debidamente acreditadas, ocurre que algunos alumnos por causas completamente ajenas a su voluntad se ven imposibilitados de participar en la convocatoria de julio que inicialmente les correspondería, perdiendo así la posibilidad de tener prioridad a la hora de elegir estudios universitarios.
Por ello, se ha recomendado a la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación y Cultura que introduzca las modificaciones normativas necesarias para que los alumnos que acrediten fehacientemente la total imposibilidad, ajena a su voluntad, de participar en la convocatoria de pruebas de acceso a la universidad correspondiente al mes de julio, y que superen dichas pruebas posteriormente, no pierdan la prioridad que les hubiera correspondido de haberla superado en la convocatoria de julio. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.39 Recomendación sobre agilización de trámites en la Universidad Rovira i Virgili para la expedición de títulos

La expedición de títulos académicos oficiales conlleva una serie de trámites que, a veces, alarga más de lo necesario el plazo que el solicitante debe aguardar desde que insta su expedición hasta que lo obtiene definitivamente. En concreto, en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona se apreció que buena parte del tiempo correspondía a trámites internos propios de la universidad, que con carácter general esperaba a tener un cierto volumen de títulos que remitir al correspondiente servicio del Ministerio de Educación y Cultura, en lugar de hacerlo de manera inmediata una vez que la expedición de cada título hubiera sido solicitada.
En consecuencia se recomendó a la mencionada universidad que adoptase medidas para agilizar los trámites previstos para atender las solicitudes de expedición de títulos académicos correspondientes a estudios cursados en la universidad. (La Universidad Rovira i Virgili ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.40 Recomendación sobre cumplimiento de normativa vigente en el otorgamiento de becas correspondientes al programa Cicerone

Con ocasión de la adjudicación de becas de colaboración del programa Cicerone, para el curso 1997-98, en la Universidad del País Vasco se valoró como mérito el conocimiento del euskera, pese a que dicho mérito no figuraba entre los previstos por la convocatoria.
Por este motivo, se recomendó a la Universidad del País Vasco que en sucesivos procesos selectivos de candidatos para la adjudicación de estas becas se diera cumplimiento estricto a las normas correspondientes al régimen general de becas de dicha universidad, aprobado por su Junta de Gobierno en sesión celebrada el 27 de octubre de 1994. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.41 Recomendación sobre concreción del concepto "otros méritos" cuya valoración se prevé en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios docentes

Ya en 1995, el Defensor del Pueblo hubo de recomendar el perfeccionamiento de las bases de las convocatorias de pruebas de acceso a cuerpos docentes, ya que la imprecisión de algunos de sus conceptos originaba interpretaciones dispares entre unas y otras autoridades públicas y tribunales de selección que perjudicaban a los participantes en las pruebas selectivas.
Esta misma situación se reproduce en el apartado III, subapartado 3.2., relativo a los baremos de las convocatorias selectivas a las que antes se ha hecho referencia y que se celebraron en el periodo temporal al que se refiere este informe.
Por consiguiente, se ha recomendado al Ministerio de Educación y Cultura que en las sucesivas convocatorias que le correponda efectuar en aplicación de la normativa vigente se delimite el concepto "otros méritos" cuya valoración autoriza el Real Decreto 850/1993 y se definan los criterios y límites a que deba ajustarse la valoración que en cada supuesto se efectúe. (El Ministerio de Educación y Cultura ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.42 Recomendación sobre contenido y efectos de las credenciales de becarios

En el sistema vigente de concesión de becas y otras ayudas al estudio el beneficiario de las mismas recibe en primer lugar una credencial en la que se le informa de que ha sido seleccionado para ser incluido en la lista general de becarios con una beca de determinadas características y, posteriormente, otra nueva credencial

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en la que se le informa, ya definitivamente, que se le ha concedido una beca concreta con las características que allí aparezcan.
Sin embargo, la redacción de ambos documentos es sumamente confusa y en ningún momento se advierte en la primera de las credenciales que la inclusión en el listado general de becarios no genera por sí mismo el derecho a ser finalmente beneficiario de la beca correspondiente.


Por este motivo, se ha recomendado a la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa del Ministerio de Educación y Cultura que las credenciales que informan al titular de su selección como becario, especifiquen de manera inequívoca que tal selección no implica, necesariamente y por sí misma, que la beca vaya a ser finalmente concedida. (La Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa ha rechazado esta recomendación).


4.1.43 Recomendación sobre unificación formal de los modelos y criterios empleados en las actas de evaluación y expedientes académicos de alumnos de conservatorios de música

La constatación de que, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, diversos conservatorios de música utilizaban criterios diferentes e incompatibles entre sí a la hora de cumplimentar las actas de evaluación y los expedientes académicos de los alumnos hizo considerar a esta institución la conveniencia de que las autoridades competentes dictasen instrucciones para unificar los criterios que debieran emplearse.
En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de Centros Educativos, del Ministerio de Educación y Cultura, la impartición de instrucciones a los conservatorios de su ámbito de gestión para que se unificasen los criterios y los modos de cumplimentación de actas de evaluación y expedientes académicos de los alumnos, especialmente en materia de evaluaciones y reflejo del resultado de las mismas.
(Esta dirección general ha aceptado expresamente la recomendación).


4.1.44 Recomendación sobre el proceso de admisión de alumnos en un centro privado concertado de Madrid

A raíz de una queja sobre un proceso de escolarización en niveles anteriores a los obligatorios en un centro privado concertado de Madrid, se pudo comprobar que en dicho centro se incumplían las normas generales de admisión de alumnos y se garantizaba a los padres de alumnos de educación infantil plaza para sus hijos cuando éstos pasasen a la etapa de escolarización obligatoria.
A la vista de ello, se recomendó a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid que supervisase el proceso de admisión de alumnos de dicho centro privado concertado, comprobando si en referido proceso se habían producido irregularidades e impartiéndose instrucciones al centro para que en el futuro se evitasen las irregularidades detectadas. (La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura de Madrid ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.45 Recomendación sobre obligaciones de los maestros en lo que atañe a la consolidación de los hábitos de higiene de los alumnos de educación infantil

Con cierta frecuencia los padres de alumnos de educación infantil muestran su desacuerdo con las actitudes de algunos docentes de esa etapa educativa que consideran ajena a sus obligaciones académicas y educativas la atención a los alumnos en lo que se refiere a sus hábitos de higiene.
La resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 7 de junio de 1995 establece que es responsabilidad de los maestros "ayudar a los niños en su limpieza personal y en el cambio de ropas de vestuario implicándoles en una realización cada vez más autónoma de estas tareas, proporcionándoles seguridad y confianza y potenciando sentimientos de autoestima en relación con su cuerpo".
Como quiera que la mencionada resolución parece ser desconocida en algunos centros docentes, se ha recomendado a la Dirección Provincial de Educación de Madrid que imparta instrucciones recordando el deber que afecta a los funcionarios del cuerpo de maestros de atender, entre sus funciones docentes, a la consolidación de hábitos de higiene entre los alumnos de educación infantil. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.46 Recomendación sobre la necesidad de evitar la separación entre niños y niñas en las competiciones de ajedrez organizadas por la Federación Española de Ajedrez

La separación obligatoria por sexos en los campeonatos escolares de ajedrez y la imposibilidad de realizar competiciones mixtas entre niños y niñas, cuando éstos, además, entrenan juntos, motivó una recomendación a la Federación Española de Ajedrez y al Consejo Superior de Deportes.
Esta recomendación está dirigida a la modificación del sistema usado, tanto en las competiciones escolares como en los campeonatos por edades, en el sentido de que exista la posibilidad de competir conjuntamente ambos sexos, pues la segregación obligatoria carece de justificación objetiva. (Esta recomendación ha sido aceptada por ambas administraciones).


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4.1.47 Recomendación sobre condiciones de seguridad de los equipamientos deportivos fijos y móviles

A raíz de diversos accidentes, alguno de ellos con resultado de muerte, provocados por instalaciones deportivas móviles, ubicadas tanto en parques de recreo como en patios de colegios, se consideró necesario estimular la iniciativa de las autoridades competentes en la materia (comunidades autónomas, Dirección General de Industria, etc.) para que, bajo la coordinación del Consejo Superior de Deportes, se dictasen nuevas normas reguladoras en la materia adaptadas a las ya vigentes en el ámbito europeo.
Por consiguiente, se recomendó al último de los organismos antes citados la aprobación de la normativa reguladora de las condiciones de seguridad de este tipo de equipamientos deportivos, frecuentemente usados por niños y jóvenes, coordinando las distintas competencias de órganos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas. (El Consejo Superior de Deportes ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.48 Recomendación sobre el disfrute de permiso por maternidad por el padre en situaciones de incapacidad de la madre para atender al hijo aun no siendo ésta trabajadora

Pese a los avances habidos en materia de protección a la mujer y a sus hijos tras su nacimiento, así como a la familia, subsisten supuestos en los que los hijos de mujeres no trabajadoras pueden carecer de la debida protección si éstas por cualquier motivo están temporal o permanentemente incapacitadas para proporcionarles los cuidados oportunos tras su nacimiento.
Para cubrir esta posibilidad y pensando fundamentalmente en la protección del recién nacido, se recomendó a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales la adopción de las medidas normativas necesarias para que en los supuestos de madres no trabajadoras que en el momento del nacimiento de su hijo se encuentren incapacitadas para prestarle los cuidados necesarios, sea posible que el padre trabajador disfrute del permiso correspondiente.
(Los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales han rechazado esta recomendación).


4.1.49 Recomendación sobre aplicación de un tratamiento jurídico igual, a efectos de la pensión de jubilación, a los periodos de actividad sacerdotal o de profesión religiosa anteriores a la inclusión de clérigos y de religiosos en la Seguridad Social

Los reales decretos 487/1998, de 27 de marzo, y 2265/1998, de 11 de diciembre, aprobados en desarrollo de la disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, regularon la situación de los sacerdotes y religiosos secularizados, permitiendo, respectivamente, completar el periodo de cotización exigido para acceder a la pensión de jubilación e incrementar el periodo reconocido como cotizado para mejorar así el importe de la pensión, computando para ello el tiempo de ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa anterior a la inclusión de sacerdotes y de religiosos de la Iglesia Católica en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social.
Ello significa, no obstante, una desigualdad de tratamiento entre los clérigos y religiosos de la Iglesia Católica secularizados y los no secularizados ya que, mientras que a los primeros se les permite computar el indicado tiempo de ejercicio sacerdotal o de profesión religiosa, no solo a efectos de cumplir el periodo mínimo de cotización, sino también de mejorar su pensión hasta el porcentaje máximo aplicable sobre la base reguladora, se niega esta posibilidad a los sacerdotes y religiosos no secularizados, por cuanto, en este caso, el tiempo indicado sólo se computa para completar el periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la pensión de jubilación.
Ala vista de ello, considerando que la situación descrita vulneraba el derecho de igualdad que garantiza el artículo 14 de la Constitución española, al no existir la imprescindible objetividad y razonabibilidad que justifique el diferente tratamiento legal, se formuló una recomendación para que se elaborase la correspondiente norma jurídica dirigida a dar un tratamiento jurídico igual, a efectos de la pensión de jubilación, a los periodos de actividad sacerdotal o de profesión religiosa anteriores a la inclusión de clérigos y de religiosos en el ámbito de aplicación del sistema de la Seguridad Social, aplicando a quienes no se hubieran secularizado previsiones iguales que las establecidas para quienes lo hubieran hecho. (Esta recomendación no fue aceptada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social).


4.1.50 Recomendación sobre acomodación de los procesos selectivos de personal laboral a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no excluyendo a quienes acrediten una titulación superior a la requerida

Iniciado el proceso selectivo para cubrir una serie de plazas de técnicos medios, diplomados en trabajo social, de un determinado ayuntamiento, el Instituto Nacional de Empleo no envió unas candidaturas, con fundamento en que, realizándose la preselección mediante un sondeo con medios informáticos, la prospección efectuada por nivel académico medio, que era el requerido, no reflejaba los demandantes de empleoque, además de dicha titulación, tuvieran otra superior.


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Al considerarse que la exclusión de los posibles candidatos que se encontraran en esta situación vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad, a los que debe acomodarse la selección de personal al servicio de las administraciones públicas, se dirigió una recomendación al Instituto Nacional de Empleo para que no se excluya de las preselecciones que el mismo lleve a cabo a quienes, además de la titulación requerida en la oferta correspondiente, acrediten otra titulación superior. (En relación con esta recomendación aún no se ha recibido el informe solicitado).


4.1.51 Recomendación sobre las condiciones de los equipamientos y recintos de áreas de juego infantil

Como continuación y complemento de las recomendaciones formuladas a diversas administraciones públicas, con ocasión del estudio sobre seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles, del que se dio cuenta en los informes de los años 1997 y 1998, se ha dirigido una recomendación al Ministerio de Industria y Energía, a fin de que se estudie la oportunidad y conveniencia de proceder a la reglamentación de las condiciones que deberán reunir los equipamientos y recintos de las áreas de juegos infantiles para garantizar la adecuada seguridad de los menores que hagan uso de ellas. (En relación con esta recomendación aún no se ha recibido el informe solicitado).


4.1.52 Recomendación sobre concesionarios de inspección técnica de vehículos

Las normas básicas de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos prohíben en España que los socios directivos o personal de las empresas concesionarias de la inspección tengan participación en: actividades de transporte terrestre por carretera, comercio de vehículos automóviles, talleres de reparación, gestorías de vehículos automóviles, gestorías administrativas relacionadas con el campo de automoción, compañías o mutuas aseguradoras en el ámbito de la automoción y, finalmente, peritos tasadores y agentes de seguros del campo del automóvil.
Considera esta institución que, precisamente, los profesionales del sector, especialmente los talleres oficiales de reparación comprendidos en la prohibición del citado artículo, gozan de experiencia y de una infraestructura -siempre que ésta se ajuste a las condiciones legalmente establecidas-que pudieran coadyuvar en la consecución del objetivo de simplicidad, rapidez y reducción de costes de las inspecciones.
Tras la formulación de una consulta a la Secretaría de Estado de Industria y Energía, se efectuó una recomendación a fin de que se impulsen los trámites necesarios para modificar las normas básicas de instalación y funcionamiento antes señaladas, para que, en el marco del derecho comunitario y manteniendo la titularidad administrativa de la función de inspección técnica, se abra la posibilidad a todos los profesionales del sector de automoción de participar colaborando con la Administración en el ejercicio de la inspección técnica de vehículos. (La recomendación ha sido rechazada).


4.1.53 Recomendación sobre notificación de subvenciones al sector pesquero

La resolución dictada por la Secretaría General de Pesca Marítima por la que se concedía a una sociedad mixta de pesca una ayuda económica cuyo importe fue luego reducido en la orden de pago de la cantidad subvencionada, dio lugar a una intervención en la que pudo constatarse que la citada reducción se produjo tras la comprobación de las condiciones de otorgamiento Si bien la resolución objeto de la queja precisaba la cantidad concedida, quedaba "sin embargo postergado el cálculo final al momento del pago en función de las aplicaciones que corresponda según establece la legislación vigente".
Como quiera que en la orden de pago no se explicitaba el cálculo que daba lugar a la reducción, ni se señalaba trámite alguno para alegaciones, habiendo transcurrido además el plazo para recurrir desde la fecha de notificación de la resolución, se recomendó a la secretaría general que en los procedimientos de otorgamiento de ayudas se evitase la utilización de datos puramente estimativos o indebidamente contrastados en el momento de dictar resolución y que se garantizase en todo caso la posibilidad de recurrir el acto que estableciese la cantidad definitiva. (La recomendación ha sido aceptada).


4.1.54 Recomendación sobre regularización de la cobertura de puestos de trabajo ocupados provisionalmente por el procedimiento de comisión de servicios

Con cierta frecuencia, la tramitación de algunas quejas permite acreditar el incumplimiento de las normas generales sobre provisión de puestos de trabajo, bien sea porque las plazas ocupadas por personal interino no se incluyen en la siguiente oferta de empleo público, o bien porque plazas que debieran ser cubiertas a través de los procedimientos ordinarios de concurso lo son de hecho durante largos periodos de tiempo, a través del sistema extraordinario de comisión de servicios.
Por este motivo se ha recomendado a la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas que se adopten medidas para regularizar la cobertura de determinadas plazas a través de los sistemas ordinarios de provisión legalmente vigentes cuando éstas llevan largo tiempo desempeñadas por funcionarios en el régimen provisional de comisión de servicios. (La Subsecretaría

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del Ministerio de Administraciones Públicas ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.55 Recomendación sobre acceso a la historia clínica

Las dificultades para la obtención de una historia clínica, correspondiente a una persona que había sido intervenida quirúrgicamente en un hospital del Instituto Nacional de la Salud, aconsejaron que se remitiese a dicha entidad gestora una recomendación para que se permita el acceso a la historia clínica y la obtención de copia de la misma a los pacientes a cuyo nombre figure aquélla, o a sus representantes legales, siempre que los datos no afecten al derecho a la intimidad de terceras personas.
En relación con esta recomendación, el Instituto Nacional de la Salud comunicó que se encontraba en vías de desarrollo reglamentario el procedimiento regulador del acceso de los pacientes a su historia clínica.


4.1.56 Recomendación sobre autorizaciones de vertido

Se ha tenido conocimiento de que una o varias empresas conserveras de la localidad de la Copa de Bullas (Murcia) estaban produciendo vertidos, al parecer incontrolados, provocando un grave deterioro y un alto nivel de contaminación en las aguas del río Quípar, que afectaban al embalse del mismo nombre, que sirve para el abastecimiento de agua potable a la población de Cieza (Murcia).
La Confederación Hidrográfica del Segura remitió un informe en el que manifestaba que la población de Bullas (Murcia) disponía de un sistema de lagunaje cuya eficacia no era satisfactoria, aunque últimamente había mejorado a causa de las obras de acondicionamiento que se habían efectuado. Igualmente, se manifestaba que el sistema del que disponía la localidad de Calasparra (Murcia) era también insuficiente para el tratamiento de los influentes que recibía, por lo que se estaba procediendo a su acondicionamiento y ampliación.


También se expresaba que el abastecimiento a la población de Cieza era atendido por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y que el agua que se consumía procedía de la planta de tratamiento de Sierra de la España, por lo que se consideraba que estaban garantizados la seguridad y el amparo sanitario de los usuarios.


La información facilitada por el organismo de cuenca se consideró insuficiente, por lo que se decidió continuar las actuaciones con la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, dada la alarma social que la contaminación de las aguas del cauce del citado río Quípar y del río Segura había provocado en los ciudadanos que habitaban en la zona.
Finalmente, se resolvió recomendar a la Secretaría de Estado citada que impartiera las instrucciones oportunas a la Confederación Hidrográfica del Segura, a fin de que las previsiones normativas contenidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico fueran llevadas a puro y debido efecto, en cuanto a las autorizaciones de vertidos, a su control, suspensión y revocación, recurriendo a la potestad sancionadora en el caso de que legalmente procediera, ante la situación de degradación del dominio público hidráulico existente.
(Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.57 Recomendación sobre la efectiva ejecución de las medidas de protección acordadas por la entidad pública de protección de menores

La entidad pública encargada de la protección de menores en la Comunidad Autónoma de Galicia había dictado una resolución, mediante la que asumía la tutela pública de unos menores, otorgando el ejercicio de la guarda al director del centro correspondiente, pese a lo cual la misma no se había llevado a efecto al trasladarse aquéllos con su madre al territorio de otra comunidad autónoma. Esta situación aconsejó que se dirigiera a la Consejería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud una recomendación, a fin de que se dicten las instrucciones necesarias para que, por parte de los servicios de protección de menores, se adopten las medidas de protección acordadas en la resolución por la que se asume la tutela administrativa, recurriendo, si ello fuera necesario, a la colaboración y auxilio de otras administraciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Galicia 3/1997, de 9 de junio, de la Familia, la Infancia y la Adolescencia.
En su contestación, la mencionada consejería pone de manifiesto su coincidencia con los criterios mantenidos por la institución, los cuales habían quedado recogidos en disposición reglamentaria.


4.1.58 Recomendaciones sobre traslado o enterramiento de las líneas de alta tensión que atraviesan núcleos urbanos

La directora de un colegio público de educación infantil y primaria situado en Lugo de Llanera (Asturias) denunció la existencia de una línea de alta tensión que sobrevolaba el citado colegio público. En otro caso, se dirigió a esta institución un ciudadano de Lorca (Murcia) con motivo de la existencia de una estación de transformación de energía eléctrica en las barriadas de La Viña y San Antonio de dicha localidad. Se han recibido, asimismo, las quejas presentadas por una plantaforma vecinal de afectados por la línea de alta tensión del barrio de Buenavista, en Toledo; por un ciudadano residente en Jerez de los Caballeros (Badajoz), por la línea que atraviesa dicho municipio; y por

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un ciudadano residente en Palencia, por la presencia de una línea que atraviesa la calle donde reside.
Dada la existencia de las citadas líneas de alta tensión en los ámbitos territoriales de las comunidades autónomas mencionadas, que se instalaron de acuerdo con la normativa anterior a la publicación de la Ley 54/1997, de 26 de noviembre, del sector eléctrico, con independencia de que los aspectos que se refieren a las distancias y a la instalación de estas líneas afectan a la competencia que corresponde al Estado para determinar las bases del régimen energético, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cabe afirmar que existe en lo que afecta a la explotación de la energía eléctrica, un espacio sustantivo capaz de albergar una política propia de las administraciones autonómicas, lógicamente ordenada hacia los intereses respectivos de cada comunidad.
En consecuencia, se ha considerado oportuno recomendar a las consejerías competentes de las indicadas comunidades autónomas que agilicen las actuaciones necesarias para la modificación de las líneas de alta tensión que, en la actualidad, atraviesan entornos residenciales, a fin de trasladarlas a los pasillos eléctricos existentes o de nueva creación, o pasarlas a subterráneas, mediante las actuaciones y en los plazos que dichas administraciones considere convenientes.
Esta recomendación ha sido aceptada por las Consejerías de Economía del Principado de Asturias y de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. No ha sido aceptada por la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo de la Región de Murcia y se encuentran pendientes de contestación las recomendaciones dirigidas a las Consejerías de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de Economía, Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura.


4.1.59 Recomendación sobre precios públicos en la Universidad de Cantabria para matrícula de materias sin docencia

Por muy diversas razones (materias correspondientes a planes de estudio en vías de extinción, cursos puente o pasarelas para transitar de unos estudios a otros, etc.), no es del todo infrecuente que los alumnos universitarios puedan matricularse en asignaturas o materias en las que no se imparte docencia. Lógicamente, aunque dichas materias generan unos costes que deben ser asumidos por los alumnos que se matriculan en ellas, su cálculo no debe perder de vista la peculiaridad de que en ellas no se imparta docencia.
Como quiera que el supuesto se daba en la Universidad de Cantabria, se recomendó a la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de dicha comunidad autónoma que en lo sucesivo establezca una tarifa especial y diferenciada para determinar el precio público que deben abonar los alumnos que formalicen matrícula en materias sin docencia que no constituyan un curso completo.
(Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.60 Recomendación sobre denegación tácita de licencias deportivas de tiro olímpico

Una determinada asociación deportiva de Cantabria presentó una reclamación ante el órgano competente de la comunidad autónoma frente a la denegación por parte de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico de las licencias solicitadas por miembros de dicha asociación.


Dado que el órgano competente no adoptó medida alguna para resolver la reclamación planteada, se recomendó a las autoridades competentes del Gobierno de Cantabria la fiscalización de las denegaciones tácitas de licencias de tiro olímpico efectuadas por la federación cántabra de este deporte, dictándose la resolución expresa correspondiente. (La Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.61 Recomendaciones para que las administraciones competentes emitan los informes previstos en la normativa ambiental y urbanística, ajustándose a lo establecido en las mismas

Un ciudadano de Santander (Cantabria) solicitó licencia de obras para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela de su propiedad situada en dicha comunidad autónoma, con la pretensión de explotar la misma mediante la plantación de árboles frutales y la adquisición de ganado. Con posterioridad, el interesado tuvo conocimiento de que el terreno en el que pretendía edificar su vivienda y explotar la finca se encontraba afectado por el plan de ordenación de los recursos naturales de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Por lo anterior, y al observar que en la zonificación de dicho plan de ordenación su parcela se encontraba calificada como zona de uso moderado que, según parece, no contemplaba la posibilidad de edificar una vivienda, efectuó alegaciones a esta ordenación para que se modificara la calificación de su parcela, de zona de uso moderado a zona de uso intensivo, apoyándose en que su propiedad es colindante con la de otro propietario que ya había hecho la casa, habiendo compartido él mismo con su citado vecino los gastos de acometida de agua y luz, y el arreglo y reparación de la zona.
Finalmente, se le ha denegado la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cantabria, habiendo recibido notificación desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra el acuerdo de la comisión regional de urbanismo.
El motivo de comparecer ante el Defensor del Puebloes que el ayuntamiento había informado favorable-

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mente la construcción de la vivienda y, posteriormente, se le había indicado en las entrevistas que mantuvo en relación con la afectación de sus terrenos por el plan de ordenación de los recursos naturales de referencia, que se cambiaría la calificación otorgada, indicándosele incluso que formulara las correspondientes alegaciones para posibilitar tal modificación.
Por otra parte, el afectado afirma que ha realizado una inversión importante y que de ello resulta un perjuicio grave en su patrimonio imposible de reparar y le deja en una situación precaria, puesto que su actual vivienda es muy pequeña para albergar a su familia y que se encuentra en situación de desempleo.
Se recibieron los informes solicitados a las Consejerías de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, donde se pudo apreciar que la denegación de la autorización solicitada se había efectuado un año después de haberse presentado la solicitud.


Por otra parte, una vez aprobado el citado plan de ordenación de los recursos naturales, se presentaron diversos recursos contencioso- administrativos, habiendo informado a todos los afectados de la posibilidad de comparecer y personarse en los autos.
A la vista de todo lo expuesto, se consideró oportuno dirigir una recomendación a la citada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, a fin de que se den las instrucciones oportunas a los órganos dependientes de ese departamento, para que, en lo sucesivo, se ejerzan por la misma las competencias que el artículo 7 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, asignan a la Administración ambiental, y se emitan los informes correspondientes con los contenidos que la propia norma señala y en el plazo que la misma establece, a fin de que no se repitan en el futuro problemas como el que ha motivado esta comparecencia.
Igualmente se recomendó a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la citada comunidad autónoma que se adopten las medidas necesarias para garantizar que la Comisión Regional de Urbanismo, en supuestos similares al planteado, ejerza debidamente en el futuro las competencias que tiene asignadas por la legislación urbanística y, en concreto, emita los informes autorizando o denegando la posibilidad de edificar en el suelo al que se refiere la petición de licencia, en base a los criterios señalados en el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística.
En los casos en los que el órgano ambiental deba emitir informe preceptivo es necesario que se cumplan los trámites establecidos en el artículo 7 de la Ley 4/1989, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, debiendo quedar la citada comisión a la espera del sentido de tal informe y resolver en consecuencia. (Ambas consejerías han aceptado las recomendaciones que les han sido formuladas).


4.1.62 Recomendación sobre comunicación del alta médica de menores bajo la tutela de la Administración al órgano administrativo competente

Con ocasión de la tramitación de una queja de oficio, se pudo comprobar que un menor había sido dado de alta hospitalaria, sin ponerse este hecho en conocimiento de los servicios de protección de menores para que estos servicios se hicieran cargo de él al finalizar la estancia en el hospital, a pesar de que en su historial médico se había dejado constancia de la resolución por la que se declaraba la situación legal de desamparo y la consiguiente tutela asumida por la Administración.
Estas circunstancias aconsejaron remitir una recomendación a la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, para que se impartan las instrucciones oportunas a fin de garantizar que en todos los centros sanitarios y, en especial, en los servicios de pediatría, se tenga conocimiento de las implicaciones que una medida legal de declaración de desamparo y de asunción de la tutela de un menor por parte de la entidad pública competente de protección de menores, efectuada conforme a lo previsto en el Código Civil y la Ley de la Generalidad Valenciana 7/1994, de 5 de diciembre, de la Infancia, tiene respecto de dicho menor y, en consecuencia, de la forma de proceder con carácter previo a su alta hospitalaria. (La recomendación ha sido aceptada por la mencionada consejería).


4.1.63 Recomendación sobre horarios de cierre de establecimientos públicos

Con motivo de la queja presentada por un ciudadano de Toledo, como consecuencia de las molestias que le producía la deficiente insonorización de un establecimiento de ocio cercano a su domicilio, en la localidad de Casas Ibáñez (Toledo), se solicitó informe a la Consejería de Economía y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto que, además del problema de contaminación acústica al que se ha hecho referencia, cuya competencia correspondía al ayuntamiento, se hacía alusión por el ciudadano afectado al horario de cierre de los establecimientos públicos y a su control y sanción, por lo que la cuestión giraba en torno a las categorías de los establecimientos públicos de ocio, a efectos de otorgamiento de licencias, así como a la regulación del horario de cierre, según las distintas categorías.
Esta institución consideró que los requisitos y condicionamientos exigidos a un establecimiento, en cuanto al otorgamiento de la licencia, cuando en el mismo se pretende ejercer únicamente la actividad de bar, no pueden ser idénticos a los que debe reunir una actividad de bar especial, ya que esta última impone mayorrigurosidad y exigencia en cuanto a las condiciones de

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insonorización de los locales, sistemas de evacuación de humos, salidas de emergencia, etc.
En consecuencia con lo expuesto, se resolvió formular al citado departamento de Economía y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha una recomendación para que, en el ejercicio de las facultades que tiene otorgadas por la normativa vigente para regular el horario de cierre de los establecimientos públicos de ocio, armonice, mediante el dictado de una nueva normativa al efecto, las categorías y grupos de los locales y actividades, de tal manera que solvente la indefinición jurídica existente en la materia, quedando clasificado definitivamente el horario de cierre que ha de ser respetado por los establecimientos públicos de ocio, en función de los tipos y clases de licencias de apertura otorgadas por la Administración municipal. (Esta recomendación ha sido aceptada).


4.1.64 Recomendaciones sobre adopción de medidas para evitar retrasos en la publicación y difusión de diarios oficiales

El retraso en la publicación y puesta a disposición del público de los boletines oficiales provinciales perjudica a los ciudadanos, ocasionando lesiones en sus legítimos intereses, sobre todo cuando tales disfunciones se producen en los supuestos de publicación de subastas, concursos, edictos, notificaciones, requisitorias, oposiciones y ofertas de empleo público, que están sujetos a plazos concretos.
Las diputaciones provinciales correspondientes coincidían en señalar, como principales causas que provocan la demora en la publicación de los distintos boletines provinciales y que suponen una diferencia temporal entre la fecha de publicación que figura en la cabecera de los boletines y el día real de su difusión pública, la impuntualidad de las empresas adjudicatarias de los servicios de imprenta y la eficacia de los servicios de correos en la distribución o reparto de los boletines.
Por ello, se recomendó a las administraciones públicas competentes que se adopten las medidas oportunas desde el punto de vista de la actividad material o instrumental de la publicación de los boletines (es decir, impresión, distribución, venta y demás actos de gestión económica y administrativa) que eviten retrasos en la publicación de los boletines y permitan su correcta difusión para conocimiento de los ciudadanos.
En respuesta a la recomendación formulada, la Diputación Provincial de Granada manifestó que se ha llegado al acuerdo de que los ejemplares del boletín provincial se presenten en las oficinas de correos antes de las 14 horas del día anterior al de la fecha del boletín, comprometiéndose el servicio de reparto de correos a distribuirlo ese mismo día para que la recepción del boletín se realice 24 horas antes de lo que se venía haciendo hasta la fecha. Asimismo, exponía que se está estudiando la posibilidad de que la imprenta provincial adelante en un día la impresión del boletín, ganando los suscriptores 24 horas en la recepción del mismo.
Por otra parte, la Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares puso de manifiesto que para evitar los retrasos en la publicación del boletín autonómico se han llevado a cabo contactos con empresas externas para la realización de trabajos extras y la puesta inmediata del boletín en internet, lo cual permitirá resolver los problemas detectados.


Asimismo, la Diputación Provincial de Málaga manifestó que las medidas adoptadas han sido la dotación de plantilla para evitar el recurso de la contratación externa y, por tanto, evitar la dependencia de terceros para el cumplimiento de los plazos y lograr la correspondencia real de la fecha de difusión y la que figura en la cabecera de publicación, así como la elaboración de un proyecto de remodelación y modernización de instalaciones y la difusión del boletín provincial en internet.
Por último, se está a la espera de que las diputaciones provinciales de Córdoba y Sevilla remitan el informe solicitado en relación con la recomendación formulada.


4.1.65 Recomendación sobre el control judicial de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los enfermos mentales impedidos para aceptarlas

Las actuaciones realizadas para averiguar el procedimiento seguido en un determinado hospital psiquiátrico para adoptar medidas de aislamiento y de contención mecánica de los pacientes hospitalizados, así como para limitar, cuando ello es imprescindible, sus derechos fundamentales, motivó que se dirigiera a la entonces Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid una recomendación para que se solicite autorización judicial o, en casos de urgencia, se comunique al juzgado la adopción de dichas medidas, cuando los pacientes no estén en condiciones de decidir por sí mismos su aceptación. (Esta recomendación ha sido aceptada).


4.1.66 Recomendación sobre irregularidades en las ofertas de amortización anticipada de viviendas

Un grupo de ciudadanos adjudicatarios de unas viviendas en Madrid han denunciado que las mismas, a las que accedieron en régimen de acceso diferido a la propiedad, carecían de cédula de calificación definitiva. Los ciudadanos afectados manifestaban que se les había ofrecido la venta anticipada de estas viviendas.
Esta institución consideró que en el marco previsto en el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, que regula el

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contrato de acceso diferido a la propiedad, resultaría inapropiado hablar de oferta de venta y únicamente se podía ofrecer una amortización anticipada en las condiciones que establece el citado decreto, o, en su defecto, esperar a que transcurrido el plazo tuviera lugar la amortización total de la vivienda, momento en que se limitaría su dominio en las condiciones estipuladas en la citada norma.
Por otra parte, el Instituto de la Vivienda de Madrid había reconocido que estas viviendas carecían de calificación definitiva y que nunca se había llevado a cabo su valoración definitiva, pretendiendo aplicar, para realizarla, lo previsto en el citado Decreto 2114/1968.
Esta institución consideró que esta decisión era contraria a lo estipulado en la disposición transitoria quinta de la misma norma, que establece que los precios y rentas de las viviendas que se hubieran construido al amparo de regímenes de protección anteriores y que habiendo obtenido calificación provisional no estuvieran calificadas definitivamente el día 1 de enero de 1969, serían fijados de conformidad con las normas vigentes en la fecha de calificación provisional.
Por otra parte, quedó acreditada en el curso de la investigación la existencia de ciertas contradicciones entre las manifestaciones que el Instituto de la Vivienda de Madrid por un lado, y los comparecientes por otro, habían realizado ante esta institución, por lo que se consideró que sería conveniente que ambas partes se reunieran para intercambiar documentación, como paso previo para intentar llegar a un acuerdo sobre el plazo de amortización y el importe repercutido por consumo de agua imputable a las viviendas. Si no se llegaba a un acuerdo en estos dos puntos, puesto que se trataría de disconformidad en la interpretación de contratos, sería la jurisdicción correspondiente la instancia más adecuada para dirimir la disputa.
A la vista de la situación producida, se resolvió formular al Instituto de la Vivienda de Madrid las recomendaciones, que no fueron aceptadas, que se citan a continuación: que se dejaran sin efecto las ofertas de venta anticipada comunicadas a los comparecientes, referidas al grupo de viviendas; que cualquier notificación de amortización anticipada de las viviendas se realice de acuerdo con lo estipulado en la sección 5 del capítulo VI del Decreto 2114/1968, teniendo presente que se está ejerciendo una potestad administrativa; que se dejara sin efecto la valoración definitiva que se había realizado para estas viviendas y se procediera a realizar una nueva acorde con la disposición transitoria quinta del citado Decreto 2114/ 1968; y que se procediera a intercambiar documentación con los comparecientes para llegar a un acuerdo sobre el plazo de amortización de las viviendas y el importe que debiera imputarse a estas viviendas por consumo de agua.
Por contra, sí fue aceptada la recomendación para que se procediera a aclarar ante el Ayuntamiento de Madrid si estas viviendas se encontraban situadas sobre un suelo calificado como zona verde.


4.1.67 Recomendación al Ayuntamiento de Madrid sobre la privacidad de los datos del padrón municipal

La facilitación de los datos de empadronamiento al ex marido de una mujer víctima de malos tratos, dio lugar a la remisión de una recomendación, que el Ayuntamiento de Madrid aceptó, sobre la reserva de los mismos.


En concreto, se recomienda que se tomen las medidas oportunas para que se garantice la cautela de los datos recogidos en el padrón municipal, así como que se proporcionen sólo a las personas legítimamente interesadas, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, sobre la regulación del tratamiento automático de datos de carácter personal, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Resolución de 4 de julio de 1997 sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del padrón municipal. (Recomendación aceptada por el ayuntamiento y asumida por la Circular de 12 de julio de 1999 de la Dirección General de servicios de Organización Informática en relación con el Padrón Municipal de habitantes).


4.1.68 Recomendación sobre respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica en el ejercicio de la potestad sancionadora

Las actuaciones que han dado lugar a esta recomendación se iniciaron en relación con varias sanciones impuestas al compareciente por la realización de unas obras en la terraza de su vivienda, sin haber solicitado la preceptiva licencia.
El Ayuntamiento de Madrid comunicó, en su momento, que no se habían impuesto multas más que en una ocasión, previo procedimiento adecuado, por haberse efectuado las obras sin disponer de esta licencia; y que, por existir otro ilícito distinto, la desobediencia, se impusieron con carácter coercitivo en un periodo de un año, únicamente tres sanciones, cuando, en aplicación de la legislación vigente en aquellas fechas y según criterio jurisprudencial de general conocimiento, hubiera sido posible la imposición de este tipo de sanciones con carácter diario.
Se manifestaba por el ayuntamiento que la legalidad de reiterar multas coercitivas se fundamentaba en la facultad conferida a la Administración, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se señalaba que dichas multas podían ser impuestas repetidamente con el fin de que el obligado cumpliera lo ordenado.
Tras analizar detenidamente lo informado por la Administración municipal, esta institución consideró que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando regula

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las medidas de ejecución forzosa, entre las que se encuentra la multa coercitiva, establece que debe respetarse siempre el principio de proporcionalidad, lo que podría resultar contradictorio con la afirmación de que las multas coercitivas podían ser impuestas repetidamente sin estar sujetas a límite alguno, hasta el punto de considerar ajustada a derecho la posibilidad de reiterar diariamente una sanción de esta naturaleza durante años.
Por otra parte, las multas coercitivas fueron impuestas por no dar cumplimiento a la orden de legalización de obras que había dictado el ayuntamiento, aunque parece que dicha orden sí fue cumplimentada, puesto que el interesado solicitó la licencia en el plazo otorgado al efecto. Pero no se le concedió la misma al no aportar la documentación complementaria que requería la junta municipal, lo que, además, según se desprende del escrito del promovente, era de imposible cumplimiento, ya que se pedía la presentación de un proyecto del conjunto de los cerramientos de las terrazas del inmueble aprobado por la comunidad de propietarios y el reclamante había sido denunciado por dicha comunidad, por no haber realizado el cerramiento de su terraza en la forma acordada por la misma.
En consecuencia con lo expuesto, se resolvió recomendar al ayuntamiento que se dictaran órdenes oportunas para que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, se respeten los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, así como los límites y condiciones que la propia norma sancionadora establece, en este caso, el artículo 8.3 de la Ley Especial de Madrid. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.69 Recomendación sobre la interpretación del precepto de la nueva ordenanza de circulación del municipio de Madrid que prohíbe la circulación por las aceras y demás zonas peatonales montando en bicicleta, patín, monopatín o aparatos similares

Un vecino de Madrid presentó una queja porque consideraba que lo dispuesto en el artículo 39 de la nueva ordenanza de circulación era mucho más restrictivo y limitador que lo dispuesto en el artículo 121.4 del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que aprueba el Reglamento General de Circulación, por lo que no se ajustaba a derecho esa redacción a tenor de lo establecido en el artículo 93 del citado reglamento.
Estudiado el contenido del informe enviado por el Ayuntamiento de Madrid, esta institución envió un escrito en el que se aludía a los principios de legalidad y tipicidad que determinan los límites de la potestad sancionadora y se indicaba que no se había encontrado ninguna disposición de rango legal que previera la existencia de dos clases de infracciones y sanciones que figuraban en el nuevo cuadro de claves de infracciones a la normativa de circulación vial, así como el importe de las sanciones aprobadas, razón por la que se podía considerar que las mismas habían sido creadas por la propia ordenanza municipal y que ello no podía entenderse como la normal expresión de una disposición reglamentaria de desarrollo de una norma de rango legal sobre la seguridad vial.
Esta institución también expuso que la redacción dada al artículo 39 de la nueva ordenanza municipal de circulación, efectivamente, restringía y alteraba lo preceptuado en el artículo 121.4 del citado reglamento, ya que en éste solamente se establece como requisito para que se pueda transitar por las aceras con monopatines y patines, que se circule a paso de persona, mientras que la ordenanza únicamente permite la circulación por "las zonas estanciales habilitadas al efecto montados en patines y monopatines" y la prohíbe de forma expresa "por las aceras y demás zonas peatonales".
Como se crea una inseguridad jurídica a los ciudadanos cuando se utilizan determinados conceptos, sin incluir su definición en el correspondiente anexo, se indicó al ayuntamiento que se debería haber descrito lo que se entiende por "zona estancial" y qué tipo de habilitación se precisa para que cualquier persona sepa con seguridad si está permitido o no patinar en un determinado lugar.
Por todo ello, se recomendó que se modificara la ordenanza de circulación con el fin de que su contenido fuera acorde con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación y que se suprimieran las claves que creaban las infracciones al artículo 39 y cuantificaban las multas.
El ayuntamiento ha contestado explicando la interpretación y la aplicación que se venía dando a dicho precepto y mostrando un propósito de redactarlo de una forma más completa. (Por tanto, se considera que se ha aceptado la recomendación).


4.1.70 Recomendación sobre la retirada de un vehículo por la grúa cuando el propio ayuntamiento consideró que no se había producido una infracción de tráfico

La formulante de la queja expuso que el Ayuntamiento de Madrid le exigía por la vía de apremio 31.703 pesetas en concepto de tasas por la retirada de la vía pública de su vehículo cuando lo había estacionado en un lugar donde no existían rebajes en la acera, ni placa alguna que indicara la prohibición del aparcamiento y, por el contrario, si había una placa en su proximidad que ordenaba aparcar en batería para lo cual estaban pintadas en el suelo las correspondientes señales horizontales que regulaban este tipo de estacionamiento.


Ala vista de estas alegaciones y de las pruebas fotográficas presentadas por la interesada en el expediente sancionador por infracción de tráfico, el departamento encargado de la tramitación de las denuncias de tráfico consideró que no procedía la imposición de sanción

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alguna porque no se había cometido la infracción que se le imputó. No obstante, las mismas no se estimaron en el departamento que tramitó el expediente derivado de la tasa por la intervención de la grúa, lo que denota una falta de congruencia en la actuación municipal desarrollada.
Partiendo de estos hechos y como consecuencia de la investigación llevada a cabo por esta institución, se indicó al ayuntamiento que los conductores no tienen la obligación de saber que una puerta indeterminada y sin ninguna especial identificación es la salida de emergencia de una sala de cine y que el artículo 292-III-b) del Código de Circulación de 1934, precisamente alegado por dicha Administración para fundamentar su actuación, exige para la retirada de un vehículo de la vía pública que los lugares estén expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad, tales como ambulancia, bomberos y policía.
Igualmente se indicó a la citada corporación que sin la correcta señalización de un vado permanente o sin la debida señalización de una salida de emergencia, no procedía que se considerase infracción el estacionamiento de un vehículo y que, por ello, no podía ser retirado por la grúa.
Por todo ello y con el fin de que no se volvieran a producir situaciones similares a las estudiadas en dicha queja, así como para evitar que los conductores pudieran seguir estacionando sus vehículos delante de las salidas de emergencia que no están señalizadas, con el consiguiente riesgo que ello conlleva para los asistentes a los locales de espectáculos u otros recintos de afluencia masiva, así como delante de las salidas de vehículos porque los vados permanentes no estén debidamente señalizados, se consideró oportuno recomendar que se aadopten las medidas necesarias para asegurar que todas las salidas de emergencia de los establecimientos públicos y de los locales de espectáculos estén debidamente señalizadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 de la Ordenanza de Prevención de Incendios y con el fin de que se respete por los conductores la prohibición de parada y estacionamiento establecidas en los artículos 57.4 y 62.1 de la Ordenanza de Circulación para la Villa de Madrid.
También se recomendó que se dictaran las normas precisas que sirvieran para unificar los posibles criterios de interpretación de lo que debe entenderse por una salida de vehículos de un inmueble debidamente señalizada o un vado igualmente señalizado. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.71 Recomendación sobre la retirada de un vehículo por la grúa por llevar estacionado más de siete días hábiles en el mismo lugar y presentar síntomas de abandono

Una vecina de Madrid presentó una queja porque el servicio de la grúa había retirado su vehículo al que, por llevar estacionado en el mismo lugar más de siete días hábiles consecutivos, se le aplicó el artículo 62 de la nueva Ordenanza de Circulación de la Villa de Madrid, asimismo porque como se tardó tanto en notificársele que se encontraba en el depósito municipal tenía que pagar más de 50.000 pesetas por las tasas devengadas.
Al informe que envió el ayuntamiento no se adjuntó ninguna copia de las denuncias de los vecinos o prueba que obrara en el expediente que, atendiendo a lo requerido por esta institución, demostrase esa permanencia del vehículo en un mismo lugar durante más de siete días hábiles consecutivos estacionado y que tenía evidentes síntomas de abandono.
En relación con la intervención de la grúa, esta institución consideró que la misma no estuvo amparada en la normativa vigente ya que exige el cumplimiento de dos requisitos; primero, que se formule la correspondiente denuncia con veinticuatro horas de antelación y, segundo, que así estuviera previsto en las ordenanzas municipales.
En el caso estudiado en dicha queja se observó que no se había cumplido ninguno de esos dos requisitos, toda vez que la denuncia se formuló el mismo día de su retirada, y la infracción del apartado 2 del artículo 62 de la nueva ordenanza municipal de circulación, únicamente posibilita la denuncia y, en su caso, sanción de 5.000 pesetas con posible descuento del 20 por ciento, pero no la retirada por la grúa.
Por otro lado, también se constató que no se notificó oficialmente a la interesada que su vehículo se encontraba en un depósito municipal y los trámites a seguir para su recuperación, hasta pasados casi cuatro meses desde su retirada, por todo lo cual se recomendó a dicho ayuntamiento que se dictaran las instrucciones necesarias en las que se establecieran criterios objetivos que sirviesen para acreditar que un vehículo no ha circulado durante siete días hábiles consecutivos (como la lectura del cuenta kilómetros, fotografías, declaraciones testificales, etc.).
Igualmente se recomendó que, para poder retirar un vehículo de la vía pública por infracción del artículo 62.2 de la ordenanza de circulación, se debería denunciar 24 horas antes e incluirse este supuesto en la referida ordenanza. (Esta recomendación ha sido aceptada).


4.1.72 Recomendación sobre regularización del pago de retribuciones a funcionarios de una corporación local

La ordenación del pago de gastos de personal tiene preferencia sobre cualquier otro que deba realizarse con fondos de cualquier entidad pública, y así aparece establecido para el caso de las corporaciones locales en el artículo 154.3 del texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local.


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Dado que este precepto no se cumplía en el Ayuntamiento de Higuera de Calatrava, se ha recomendado a su corporación la adopción de medidas para garantizar el derecho del personal a su servicio a percibir puntualmente sus retribuciones aplicando para ello la preferencia legal que la atención a este gasto tiene respecto de cualquier otro a que venga obligada la corporación. (El Ayuntamiento de Higuera de Calatrava ha aceptado expresamente esta recomendación).


4.1.73 Recomendación sobre los límites de horario para las actividades en los locales incluidos en la zona acústicamente contaminada

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó una sentencia en cuyos fundamentos jurídicos se establece que las molestias por ruidos que afectan al barrio de La Lonja, de Palma de Mallorca, y que han derivado en que parte de dicho barrio sea declarada zona acústicamente contaminada, proceden de la aglomeración de personas en la calle y fuera de los locales de ocio en horario nocturno, es decir, que el problema de la contaminación acústica de la zona no deriva sólo de la música del interior de los locales, sino también del ruido que genera la afluencia de público en el exterior, en las calles estrechas y con una alta concentración de bares, cafés, restaurantes, cafés-concierto y similares.
Por ello, el tribunal considera que las medidas adoptadas por el ayuntamiento y que han llevado a la declaración de zona acústicamente contaminada eran insuficientes para corregir el problema de la zona, por lo que debía entenderse que las mismas no eran congruentes con la situación a corregir por la simple razón de que no la corregían, lo que, inevitablemente, según el tribunal, obligaba a que se adoptase la otra solución prevista y no adoptada, que era la de imponer límites de horario de funcionamiento o de apertura al público, tanto para las actividades existentes como para las que se pudieran autorizar.
En conclusión, el contenido del fallo estimó parcialmente el recurso en cuanto a declarar el derecho de los recurrentes a que por el ayuntamiento se procediera a la imposición de límites de horario de funcionamiento o apertura al público, tanto para las actividades existentes como para aquéllas que pudieran autorizarse en los locales afectados por la declaración de zona acústicamente contaminada de una parte del barrio de La Lonja, de Palma de Mallorca.
Por lo expuesto, se resolvió formular a la citada Administración municipal una recomendación para que proceda a la imposición de límites de horario de funcionamiento o apertura al público de las actividades incluidas dentro de la zona acústicamente contaminada, con el fin de preservar los derechos de los ciudadanos y de hacer prevalecer el derecho al descanso, a la salud y a la inviolabilidad del domicilio por encima de otros y, en definitiva, para corregir el grave problema de contaminación acústica que padecen determinados barrios de ese municipio. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.74 Recomendación sobre licencias para la realización de obras en viviendas fuera de ordenación

Se ha podido comprobar que cuando se están llevando a cabo en determinados municipios las actuaciones necesarias tendentes a la ejecución de las determinaciones del planeamiento, si éstas se prolongan durante años y no se otorgan entretanto licencias para la realización de las obras necesarias que permitan utilizar los inmuebles en función de su destino, se producen problemas graves, puesto que los titulares de las viviendas no pueden utilizarlas.
Por ello, se ha resuelto reiterar la recomendación que, en su momento, se formuló al Ayuntamiento de Pamplona, a fin de que, una vez valoradas las circunstancias que concurran en cada caso concreto, se puede autorizar la realización de aquellas obras cuyo fin fuera el uso y disfrute de las viviendas o locales situados en edificios fuera de ordenación, siempre que se respetasen las restricciones contenidas en las normativas urbanísticas y utilizando para ello la figura del condicionamiento de las licencias. (Esta recomendación está pendiente de contestación).


4.1.75 Recomendación sobre investigación de presuntas irregularidades en las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de bomberos de Santander

La tramitación de una queja iniciada por un participante en las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Santander, confirmó que presuntas irregularidades cometidas a lo largo de dicho proceso selectivo no habían sido debidamente investigadas para contrastar la veracidad o la falsedad de las mismas.
Con esta finalidad se recomendó al Ayuntamiento de Santander la realización de las actuaciones necesarias de comprobación y valoración de las irregularidades denunciadas y la ulterior adopción de decisiones si se comprobase fehacientemente la realidad de las mismas.


Dado que sobre este mismo asunto se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, las actuaciones se encuentran actualmente en suspenso.


4.1.76 Recomendación sobre ordenación urbanística en lugares con riesgo de inundación

Esta institución inició investigaciones ante el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba (Córdoba), la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de

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Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tras la recepción de una queja formulada por un ciudadano vecino de dicha localidad, señalando la realización de unas obras ilegales en lugares con riesgo de inundación.
De los informes recibidos se concluyó la posible existencia de irregularidades en la inicial actuación de la Administración municipal que, en ese momento, parecían no obstante haber sido corregidas.
En efecto, antes de que se procediera a la aprobación del plan parcial del sector residencial y del proyecto de reparcelación a los que se refería esta queja, que legitimarían las actuaciones urbanísticas proyectadas en la zona, se iniciaron obras de urbanización que posteriormente hubieron de ser paralizadas, sin que, según los datos disponibles, se hubieran realizado por el ayuntamiento actuaciones tendentes a impedir tales hechos, hasta que la Administración autonómica giró una visita de inspección a la zona y comprobó que se estaban llevando acabo obras ilegales, por lo que instó a la corporación a que ejercitara sus potestades urbanísticas y paralizara las citadas obras.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al informar sobre el plan parcial del sector al que se refiere la queja, comunicó que se había demostrado afectación al dominio público hidráulico en el ámbito territorial de las normas subsidiarias de planeamiento de Villafranca de Córdoba.
De lo expresado, se concluyó que no parecía justificado que se permitiera la iniciación de obras de urbanización antes de la aprobación de los instrumentos de planeamiento y ejecución que legitimasen las mismas y sin que se hubiera recibido el informe del organismo de cuenca correspondiente. Por ello se resolvió recomendar al Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba que extremara la cautela en cuanto a la ordenación urbanística en aquellos lugares que pudieran ofrecer riesgo de inundación y solicitara en esos casos informes al organismo de cuenca oportuno, aun cuando la consulta no fuera preceptiva, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de aguas. (Esta recomendación ha sido aceptada).


4.1.77 Recomendación sobre alineación y participación de jugadoras en equipos mixtos y en competiciones oficiales de fútbol

El vigente reglamento orgánico de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias impide que puedan alinearse en equipos mixtos las jugadoras que así lo deseen y participar de este modo en las competiciones oficiales correspondientes.
Como quiera que ello debiera considerarse una forma de discriminación por razón de sexo, se ha recomendado a la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias la modificación de su reglamento orgánico a fin de posibilitar la alineación y participación de jugadoras en equipos mixtos y en competiciones oficiales.
Esta recomendación será objeto de examen por parte de una próxima asamblea general extraordinaria que convocará el presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias.


4.2 Recomendaciones emanadas de informes extraordinarios

En el presente epígrafe se incluyen las recomendaciones que proceden de los cuatro informes especiales elaborados por la institución durante el año 1999 relativos a la fiscalidad del discapacitado, la violencia escolar, la atención sociosanitaria en España y la gestión de los residuos urbanos.


4.2.1 Recomendaciones sobre reforma del régimen fiscal de la discapacidad

Estas recomendaciones proceden del informe especial titulado "Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado". En ellas se proponen varias modificaciones de carácter legal con el fin de que se reconozcan una serie de bonificaciones y deducciones a las personas afectadas por una minusvalía igual o superior al 65 por ciento.


4.2.1.1 Sobre el estatuto patrimonial del discapacitado

En el informe especial citado se incluían una serie de recomendaciones de tipo genérico encaminadas a diseñar un estatuto jurídico propio para las personas afectadas por una discapacidad grave.
Pero además de considerar la creación de un estatuto tributario específico que pudiera favorecer la generación de un patrimonio propio de la persona discapacitada y que, a su vez, resultara más beneficioso respecto a las aportaciones de renta que realizan los familiares a su sostenimiento, se recomendó un nuevo tratamiento de diversos aspectos jurídicos en los ámbitos civil y procesal. Entre ellos se propuso la consideración de un régimen más apropiado en materia de donaciones y de régimen sucesorio, así como la agilización de la gestión del patrimonio del discapacitado mediante la intervención de fideicomisarios. Otra innovación legal propuesta era la de posibilitar la autodeterminación de la tutela futura para los supuestos de incapacidad grave sobrevenida. Finalmente, se expuso la conveniencia de proceder a una serie de modificaciones jurídico- procesales en relación a los procedimientos de declaración de incapacidad.


4.2.1.2 Sobre las distintas figuras impositivas

En cuanto al tratamiento fiscal tributario de los discapacitados, en el informe especial de referencia se

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plasmaron con más detenimiento algunas recomendaciones sobre la modificación de aspectos concretos en la regulación de los impuestos más relevantes, que se transcriben a continuación

I. En relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas, se recomendó:

"1.ª Que a los efectos del IRPF se asimile la figura del declarado judicialmente incapaz a la de los discapacitados con minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
2.ª Que en la definición de unidad familiar, a efectos de tributación conjunta, sean incluidos hijos mayores de edad con minusvalía igual o superior al 65 por ciento en los mismos términos que los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
3.ª Que en la definición de unidad familiar, a efectos de tributación conjunta, sean incluidos los tutores respecto de su tutelado minusválido, y quienes por acogimiento legal dictado por resolución administrativa o judicial tengan encomendada la guarda de los igualmente minusválidos, salvo que en ambos casos tal función se realice por razón de cargo profesional o administrativo.


4.ª Que en la regulación de planes de pensiones y mutualidades de previsión social constituidos a favor de personas con minusvalías se considere desde la entrada en vigor de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF:

- La inclusión del cónyuge, tutores y cuidadores de minusválidos entre los sujetos habilitados para realizar aportaciones.
- La inclusión de un mecanismo de reducción específico para las prestaciones recibidas en forma de capital cuando el beneficiario sea minusválido, de modo paralelo a las establecidas en los casos de prestaciones percibidas en forma de renta.
- La inclusión de cualesquiera fórmulas de articulación de planes y fondos de pensiones, incluidos los planes de empleo, que se ajusten a su ley reguladora, siempre que las aportaciones se efectúen singularmente en beneficio de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.


5.ª Que para la aplicación del mínimo familiar por ascendientes o descendientes del contribuyente se excluya el requisito de convivencia efectiva cuando los ascendientes o descendientes que dependan del contribuyente sean personas discapacitadas con el grado de minusvalía que la propia norma reguladora de los mínimos establece.
6.ª Que entre los beneficiarios de la deducción por inversión en vivienda habitual, se incluya, desde la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre la renta, a los contribuyentes que no siendo minusválidos tengan derecho a la reducción del mínimo familiar por ascendientes o descendientes minusválidos siempre que convivan con ellos y sufraguen los gastos de las obras e instalaciones llevadas a cabo para la adaptación de la vivienda a sus necesidades.
7.ª Que para los rendimientos de actividades económicas de personas discapacitadas en régimen de estimación directa se establezca alguna bonificación, en sintonía con el régimen fiscal favorable de las cooperativas de trabajo asociado que integran socios minusválidos.


8.ª Que para los rendimientos de actividades económicas de personas discapacitadas en régimen de estimación objetiva, se establezca una deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos, y una reducción en el módulo de personal asalariado o no asalariado fundamentada en su menor capacidad productiva.


9.ª Que se considere la exención total de las cantidades percibidas como prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, cuando el perceptor de la prestación sea una persona minusválida, fundamentado en las dificultades de los minusválidos para obtener un trabajo dependiente y como fomento de su iniciativa empresarial.
10.ª Que se considere un porcentaje de deducción del impuesto de los gastos de enfermedad generados por razón de la minusvalía, en la parte que excedan a los ya reducidos en la base por mínimo personal o familiar."

II. Respecto al impuesto sobre el valor añadido:

"1.ª Que se considere la aplicación del tipo superreducido o, al menos, el reducido del impuesto para las entregas de todos aquellos bienes y la prestación de todos los servicios que, bien por su propia naturaleza, bien por acreditación suficiente del adquirente, están dirigidos a suplir las deficiencias de las personas con discapacidad.
2.ª Que en el marco de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977, se considere la aplicación del tipo superreducido del impuesto para las adquisiciones de vehículos a nombre de minusválidos destinados a su uso preferente."

III. Respecto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, "que se considere para los vehículos adquiridos a nombre y para uso de minusválidos, con independencia de la necesidad de adaptación y potencia fiscal, el mismo beneficio fiscal de exención establecido para tales vehículos en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte." IV. Sobre el impuesto sobre actividades económicas se propuso: "Que se considere para las personas discapacitadas que inician su actividad un beneficio fiscal añadido al que disfrutan el resto de los contribuyentes

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fundamentado en las dificultades específicas que tienen para llevar a cabo las actividades sujetas al impuesto." V. Respecto al impuesto de sociedades, se recomendó:

"1.ª Que se considere una bonificación en la cuota del impuesto de sociedades del mismo tenor que la establecida para las cooperativas para aquellas sociedades mercantiles que, estando participadas al menos en el 50 por ciento del capital social por entidades sin ánimo de lucro con derecho al régimen fiscal del título II de la Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada de Actividades de Interés General, empleen al menos un 50 por ciento de trabajadores minusválidos, en tanto se mantenga dicha proporción, y su giro o tráfico esté constituido por la producción de bienes o la prestación de ser vicios específicamente destinados a personas con discapacidad.
2.ª Que se considere una deducción específica en la cuota íntegra del impuesto por inversiones en obras e instalaciones para trabajadores minusválidos.
3.ª Que se considere un incremento de la deducción establecida en la ley del impuesto por creación de empleo para personas minusválidas."

VI. Respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, se recomendó: "Que en la base del impuesto de sucesiones y donaciones se considere una reducción cualificada cuando el donatario o causahabiente sea una persona con minusvalía igual o superior al 65 por ciento."

4.2.2 Recomendaciones y pautas de actuación en materia de violencia escolar

En la parte final del informe especial que el Defensor del Pueblo dedicó de forma monográfica al problema de la violencia escolar, se recogían una serie de recomendaciones, o líneas de actuación, a las que no se quiso dar el carácter propio de las recomendaciones que define la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, ni sus mismos efectos jurídicos, por ejemplo, en cuanto a la obligación de ser aceptadas o rechazadas expresamente por los destinatarios o en cuanto al plazo para hacerlo.
El objetivo era, más bien, impulsar iniciativas y animar actuaciones específicas por parte de los distintos agentes participantes en el sistema educativo, en relación a las materias que parecían necesitar una más urgente o apremiante intervención. Esta fue precisamente la razón de que las recomendaciones no se formularan con destinatario concreto, ni por la constatación previa de carencias e insuficiencias del sistema o de irregularidades imputables a la Administración o derivadas de las normas. Su contenido se encontraba ligado sustancialmente a las propias conclusiones del estudio realizado por la institución y recogido en aquel informe especial.
Algunas de estas propuestas únicamente pretenden respaldar las actuaciones puestas ya en marcha por las autoridades educativas, mientras que otras, sin embargo, tratan de alentar una nueva acción administrativa en la dirección que se considera más adecuada.
- En orden a mejorar el conocimiento y comprensión del problema de la violencia escolar y de los abusos entre iguales, y a promocionar investigaciones y estudios epidemiológicos futuros en el ámbito escolar, en la línea seguida por el informe especial del Defensor del Pueblo, se efectuaron las siguientes recomendaciones:

"1.º Las administraciones con competencias o responsabilidades educativas deberían promover periódicamente, en sus respectivos ámbitos, estudios epidemiológicos que permitan conocer la situación real y la evolución de las conductas agresivas y las actitudes violentas en los centros educativos españoles.
2.º Sería aconsejable que los estudios e investigaciones se realizasen con metodologías y sistemas de análisis compatibles entre sí para posibilitar una mejor comprensión del fenómeno y la evaluación de las políticas e intervenciones practicadas para su prevención y erradicación.
3.º Debería incluirse en el campo de los estudios epidemiológicos a los alumnos de los cursos inmediatamente anteriores a los del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, ya que siendo este ciclo donde se produce la mayor incidencia de abusos entre iguales en el contexto escolar, tiene interés determinar el estado de la cuestión en el último ciclo de la Educación Primaria.
4.º Las administraciones educativas deberían fomentar de mutuo acuerdo entre ellas la celebración de congresos, jornadas o seminarios de carácter científico en los que se debatiese el problema de la violencia escolar y se intercambiasen experiencias y conocimientos al respecto.
5.º Sería aconsejable la creación de un Observatorio del maltrato entre iguales o una institución similar, de ámbito estatal, que sirviese de lugar de encuentro para experiencias comunes, de intercambio de iniciativas y de difusión de estudios y en el que pudiesen participar no sólo las administraciones educativas sino también aquellas otras con responsabilidades conexas y las organizaciones sociales propias del sector."

- Sobre la coordinación de las actuaciones entre las distintas autoridades y administraciones cuyas competencias inciden en el ámbito educativo y en la prevención y control de la violencia escolar, se recomendó lo siguiente:

"1.º Debería potenciarse la faceta de órgano de encuentro del consejo escolar del centro para que en

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dicha sede la Administración local, la Administración educativa correspondiente, la representación del profesorado y la de los padres y alumnos, en su caso, concierten líneas de intervención derivadas del conocimiento de la situación del propio centro y aporten a sus respectivas administraciones información detallada que permita la planificación de las políticas que a cada una corresponda.
2.º Las administraciones locales deberían coordinar sus políticas de familia, de juventud, de cultura, y en general sus políticas sociales, tomando en consideración los datos obtenidos en su participación en los órganos de gobierno de los centros docentes y los que la Administración educativa pueda proporcionar para contribuir a la solución del problema de la violencia escolar en los ámbitos ajenos a los estrictamente educativos.


3.º La seguridad y la vigilancia del entorno de los centros educativos debería planificarse y adecuarse a las características de cada uno de ellos a través de la coordinación sistemática entre las fuerzas de seguridad locales y los responsables educativos de dicho ámbito territorial.
4.º La elaboración y aplicación de planes y programas de intervención conjuntos por parte de las autoridades educativas y las locales parece sumamente aconsejable para coordinar adecuadamente el ejercicio de las respectivas competencias y optimizar el uso de los recursos disponibles frente a la violencia escolar. La frecuente evaluación y revisión de dichos planes y programas, es también aconsejable.
5.º La evidente relación entre muchos supuestos de violencia escolar y las circunstancias familiares y socioeconómicas de los alumnos, apunta hacia la imprescindible coordinación de las intervenciones educativas y sociales de las administraciones competentes y las actuaciones de las familias en su propio ámbito. Facilitar a éstas apoyo profesional adecuado y orientación psicológica y pedagógica, es labor prioritaria."

- Para fomentar la formación adecuada, tanto de los profesores y de los equipos directivos de los centros como de las familias y de los propios alumnos, a la hora de prever los conflictos y de lograr su resolución eficaz, se recomendó asimismo lo siguiente:

"1.º Entre los contenidos curriculares de las enseñanzas incluidas en los planes de estudio de las escuelas universitarias de formación del profesorado (en lo que se refiere a los docentes de educación primaria y primer ciclo de secundaria), y en los contenidos del Curso de Cualificación Pedagógica para la obtención del título profesional de especialización didáctica (en lo que hace al profesorado de secundaria), debieran incluirse los relativos a la prevención, detección y resolución de conflictos de violencia escolar, a fin de garantizar la formación inicial en este campo para todos los docentes.
2.º Las administraciones educativas, en sus respectivos ámbitos, deberían garantizar la formación permanente y continua de todo el personal docente, complementando y actualizando la formación inicial de la que dicho personal disponga.
3.º En particular sería de interés garantizar en todos los casos la adecuada formación en esta materia del personal docente que integra en cada momento los equipos directivos de los centros docentes y del que realiza los servicios de inspección educativa.
4.º En la medida de lo posible, y siempre que lo aconsejase la conflictividad de centros docentes determinados, debería aproximarse el proceso formativo al propio centro y, desarrollándose en él, posibilitar la inmediata puesta en práctica de estrategias de intervención y de prevención adecuadas a las características específicas de cada uno de los centros docentes.
5.º Deberían estudiarse fórmulas cooperativas con el sector privado de la educación para extender la formación del profesorado a quienes la ejercen en el sector privado, sea éste concertado o no.
6.º De igual modo, los procesos formativos deberían facilitar la inclusión de las familias y, sobre todo, de los propios alumnos para posibilitar la adquisición por parte de éstos de habilidades y técnicas de resolución de conflictos que completen la función desempeñada por los docentes en el ámbito educativo."

- En materia de recursos y de asignación de más medios personales a los centros, en relación al gasto educativo, se recomendó:

"1.º Las administraciones educativas deben garantizar la plena dotación de los equipos de orientación psicopedagógica de los centros, cumpliendo así el mandato de la LOGSE que incluye la orientación y la tutoría en el capítulo correspondiente a la calidad de la enseñanza y como parte integrante de la función docente.
2.º Las administraciones educativas deberían valorar la posibilidad de incorporar a los equipos o servicios de orientación de los centros a trabajadores sociales que pudieran extender la labor de estos equipos o servicios de orientación a ámbitos y a contextos ajenos al centro en los que se desenvuelvan los alumnos, especialmente la familia.
3.º Las administraciones educativas deberían garantizar la dotación de recursos humanos suficientes, complementarios de los docentes y de orientación, que posibilitasen una adecuada supervisión y vigilancia del centro docente y de los diferentes espacios físicos existentes en el mismo, tanto para evitar la entrada de personas ajenas al mismo que pudieran originar conflictos, como la producción de episodios violentos entrelos propios alumnos del centro."

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- Sobre la planificación global, y en cuanto a las previsiones pedagógicas y organizativas incluidas en los proyectos educativos de los centros y, en concreto, en sus reglamentos de régimen interior, se recomendó:

"1.º Las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia deberían impulsar y promover la elaboración de planes o proyectos globales de prevención de la violencia escolar por parte de los centros educativos de su responsabilidad.
2.º Los centros docentes, en la elaboración, aprobación y aplicación de los planes o proyectos globales de prevención deberían articular la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, y especialmente de los alumnos en lo que haga a las fórmulas que se prevean para la resolución de conflictos generados por la violencia entre iguales.
3.º Los planes o programas globales de prevención orientados a crear en los centros una cultura que favorezca el desarrollo de formas adecuadas de relación entre los integrantes de la comunidad educativa deberían prever procesos o sistemas de evaluación y de reforma que permitan contrastar su eficacia y, en su caso, introducir las reformas pertinentes.
4.º Los proyectos educativos y curriculares de los centros docentes al abordar los distintos contenidos que les son propios, deberían contemplar previsiones organizativas, pedagógicas, de coordinación con otras administraciones y de colaboración entre los sectores de la comunidad educativa que definan un marco adecuado para enfrentar la violencia escolar.
5.º Además de las previsiones estrictamente sancionadoras que también les son propias, los reglamentos de régimen interior de los centros deben incorporar previsiones que contribuyan a definir la organización y funcionamiento de los centros, a establecer la atribución de responsabilidades específicas a alumnos y a otros integrantes de la comunidad educativa, y a precisar normas de uso de las instalaciones y servicios escolares en términos que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia entre iguales.
6.º Los alumnos deben tomar parte activa en la definición del reglamento de régimen interior de sus centros, de manera que tengan la oportunidad de expresar su punto de vista en relación con las normas que vayan a presidir la convivencia en los mismos, las medidas que se prevean en caso de conflicto y las sanciones que eventualmente vayan a aplicarse para su corrección.
7.º Asimismo en el reglamento de régimen interior debería personalizarse en algún miembro de la comunidad educativa la responsabilidad específica del seguimiento y garantía de aplicación de las previsiones vigentes en relación con la violencia escolar y la adecuada convivencia en el centro."

- Sobre la colaboración con las familias, la metodología participativa en las aulas, además de la acción tutorial y el seguimiento personal de los alumnos, se recomendó: "Los centros docentes, a través de los diferentes instrumentos en los que se plasma la autonomía organizativa y pedagógica que les confiere la LOGSE deberían definir: - Las vías específicas de colaboración de los centros con las familias de los alumnos dirigidas a lograr su implicación en la prevención y tratamiento de violencia escolar y a la obtención de un mejor conocimiento de las causas y la incidencia del fenómeno en los centros.
- Las decisiones sobre metodología didáctica necesarias para que los profesores adopten en el aula las estructuras cooperativas y métodos participativos que han demostrado su eficacia en orden a la prevención de la violencia escolar.
- Las directrices a que deban ajustarse los profesores para que, a través de las distintas áreas que integran el currículo de la educación secundaria obligatoria, se aborde la enseñanza de los valores de tolerancia, respeto a la diversidad y a la dignidad humana, así como el trabajo dirigido al desarrollo de la autoestima y de las destrezas sociales, igualmente imprescindibles para la creación de un clima de convivencia adecuado en los centros.
- La necesidad de que como parte de la acción tutorial los profesores realicen el necesario seguimiento personal de los alumnos que permita prevenir posibles conflictos y obtener el conocimiento necesario de los supuestos que se produzcan para su adecuado tratamiento, así como la planificación de dichas actividades en forma tal que los profesores dispongan de los medios y el tiempo necesarios para la realización de dicho seguimiento." - Para el establecimiento de medidas concretas de erradicación de los supuestos de abusos entre iguales y de los procesos de victimización, así como para fomentar un régimen disciplinario apropiado, se recomendó:

"1.º Las actuaciones que se realicen en los centros ante episodios de violencia escolar deben dirigirse al conjunto de los grupos a los que pertenezcan los alumnos que los hayan protagonizado.
2.º En el ámbito de las actividades de tutoría o a través de técnicas específicas desarrolladas en el aula a este fin, deben favorecerse los espacios de reflexión conjunta en los que puedan participar libremente los alumnos y en los que, entre otros temas conexos, se aborde la problemática de las actitudes y comportamientos violentos.
3.º Las administraciones educativas y los centros docentes deberían promover y facilitar la participación activa de los alumnos en la prevención y resolución de los conflictos a través de estructuras como los denominados

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"comités de convivencia" o figuras como las de "alumnos mediadores" o cualesquiera otras que se juzguen adecuadas en función de las circunstancias particulares de cada centro docente.
4.º Los centros docentes, al definir las actuaciones de que deban ser objeto determinados alumnos o sectores concretos de éstos deben prestar atención específica a los alumnos incorporados a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria que según se ha detectado son especialmente proclives a la aparición de conductas de maltrato y ampliar esta atención específica a los alumnos del último curso de educación primaria con una finalidad puramente preventiva.
5.º Los centros docentes en la concreción de las actuaciones a desarrollar deberían tener en cuenta las diferencias que en función del género de los alumnos revelan los distintos estudios realizados en cuanto a los tipos de agresión o de maltrato de los que con mayor frecuencia son autores o víctimas, para intervenir preventivamente al respecto.
6.º Las actuaciones que realicen los centros específicamente dirigidas a los alumnos agresores, deberían procurar finalidades prioritariamente educativas a través de las cuales éstos adquieran plena consciencia de las consecuencias de sus acciones y las posibles vías no violentas de resolución de conflictos.
7.º Los centros docentes deben poner en marcha programas específicamente dirigidos a agresores y víctimas dirigidos a la obtención por éstos de habilidades sociales."

- Sobre la atención especial que merecen las actitudes de exclusión social entre los alumnos y los supuestos de acoso sexual, se recomendó:

"1.º Los centros educativos y el personal docente deberían prestar una particular atención a la erradicación de las conductas de exclusión social y a algunas conductas de maltrato verbal que, por la frecuencia con que se producen, inciden muy negativamente en el clima general de convivencia de los centros y repercuten además en el adecuado desarrollo del proceso educativo de los alumnos que las padecen.
2.º Los centros deberían asimismo definir estrategias especialmente dirigidas a erradicar el acoso sexual, a través de medidas tendentes a reforzar los aprendizajes relacionados con la educación sexual y a obtener la implicación del profesorado en su detección y erradicación."

- Sobre la vigilancia necesaria en los distintos recintos del centro escolar y, en especial, la supervisión en las aulas, se recomendó:

"1.º Las administraciones educativas en el establecimiento de los requisitos mínimos que deben cumplir los centros docentes debieran tomar en consideración los aspectos relativos a la prevención de la violencia escolar evitando la existencia de espacios de difícil vigilancia o supervisión proclives a la comisión de dichos actos.
2.º Los centros docentes en la determinación de las actuaciones a llevar a cabo deben considerar el conjunto del recinto escolar y sus distintas instalaciones como espacio educativo y planificar las intervenciones específicas que cada lugar requiera para evitar o, en su caso, afrontar la violencia escolar.
3.º Los centros docentes deben favorecer el desarrollo en los patios escolares de actividades planificadas, supervisadas por personal con la preparación adecuada, que favorezcan la participación de todos los alumnos y permitan el establecimiento de relaciones sociales positivas entre los mismos.
4.º Los centros deberían asegurar la vigilancia de todos sus espacios e instalaciones y muy especialmente de aquéllos en los que se producen con mayor frecuencia episodios de violencia entre iguales, y ello de forma adecuada al carácter de las distintas instalaciones escolares y al tipo de agresiones que se producen preferentemente en las mismas.
5.º Las administraciones educativas, mediante la impartición de las instrucciones precisas o de la actuación de los servicios de inspección, deberían garantizar la plena supervisión de las aulas por parte del personal docente, tanto a lo largo de las sesiones lectivas como en los intermedios entre ellas, y, así mismo, la adecuada colaboración de todo el personal de cada centro educativo a efectos de garantizar la seguridad de los alumnos en el recinto escolar durante el tiempo de permanencia en éste."

4.2.3 Recomendación sobre la atención sociosanitaria y aspectos conexos

Desde que la institución del Defensor del Pueblo iniciara sus actividades en el año 1983, ha podido conocer la situación de un gran número de personas que no precisan un tratamiento exclusivamente sanitario, ni exclusivamente social, y que tienen dificultades para recibir una atención susceptible de solucionar sus problemas. Ello revela la conveniencia de adoptar las medidas oportunas para regular la atención sociosanitaria y ofrecer así una respuesta coherente a estas personas. A este respecto, es cierto que se han venido adoptando algunas medidas en el sentido indicado, pero las mismas son aún insuficientes.
La referidas circunstancias aconsejaron conocer cuál era la situación en la que se encontraba la atención sociosanitaria en España y estudiar las líneas fundamentales para perfeccionar la misma. Para ello, se encargaron sendos estudios a dos sociedades científicas de reconocido prestigio, mediante la suscripción de los correspondientes convenios. En el primero de ellos, se analizan la legislación, los instrumentos de coordinación entre el sector sanitario y el sector social, los recursos

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sanitarios y los recursos sociales, y los aspectos financieros; en el segundo, se lleva a cabo un análisis cualitativo, mediante la aportación del criterio de los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales.
Las conclusiones obtenidas en ambos estudios han permitido dirigir a los Ministerios de Sanidad y Consumo, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Educación y Cultura una serie de recomendaciones tendentes a la adopción de las medidas necesarias para generalizar la atención sociosanitaria en España, a través de la articulación de un marco coherente, así como para perfeccionar las previsiones existentes en otros aspectos conexos a dicha atención, como son, entre otros, la regulación de los internamientos en centros geriátricos, la garantía de los derechos de las personas atendidas en estos establecimientos, la regulación de la institución tutelar, la protección de las personas mayores víctimas de hechos delictivos y la compatibilidad del desarrollo de una actividad laboral con la prestación de cuidados a las personas dependientes. (Se ha recibido contestación del Ministerio de Sanidad y Consumo, la cual se encuentra pendiente de valoración).


4.2.4 Recomendaciones sobre la gestión de los residuos urbanos o municipales

La Comisión Mixta Congreso-Senado, encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo, instó la elaboración de un estudio sobre los residuos urbanos o municipales. Dada la complejidad y amplitud del trabajo que se debía realizar, una vez recibido el encargo, se ha efectuado, en primer lugar, una tarea previa de investigación sobre la gestión de los residuos urbanos a partir de las quejas recibidas.
En segundo lugar, se ha enviado un cuestionario a todas las comunidades autónomas, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a un total de 247 municipios elegidos según distintos criterios, a fin de conseguir la mayor representatividad de la muestra. Además, se han visitado 45 localidades para comprobar sobre el terreno su estado en todos los aspectos que comprende la gestión de los residuos urbanos.
Del estudio efectuado, se han derivado 22 recomendaciones de carácter general dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente, a todas las comunidades autónomas, incluidas las citadas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y a algunos municipios, a fin de que, de acuerdo con sus respectivas competencias, se pronuncien sobre aquéllas que les afectan, o bien por el ámbito de sus respectivas competencias, o bien porque se encuentran en una determinada situación en relación con el desarrollo normativo en materia de residuos, como ocurre con la recomendación sexta que sólo va dirigida a aquellas comunidades que no hubieran adaptado su plan de residuos a las previsiones de la Ley 10/1998. Igualmente, las recomendaciones segunda, tercera, cuarta y quinta afectan a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente.


4.2.4.1 Recomendaciones generales

Primera. Es necesario coordinar planes y actuaciones. La complejidad competencial y normativa hacen necesaria una estricta coordinación entre las distintas administraciones, para no dar pasos en falso y mejorar la eficiencia de sus respectivas actuaciones. Parece cada vez más claro que el ámbito de gestión de los residuos debe ser supramunicipal y que los sistemas de gestión integral requieren niveles de planificación superiores.
Segunda. Es urgente la publicación del Plan Nacional de Residuos Urbanos, previsto en la Ley 10/1998, de Residuos. (Esta recomendación se ha llevado a efecto mediante la resolución de 13 de enero de 2000 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos).
Tercera. Es urgente que se regule el sistema de devolución, depósito y retorno para las pilas usadas previsto en la Ley 10/1998, de Residuos.
Cuarta. Es urgente que se publique la regulación del régimen fiscal para los aceites industriales y lubricantes, tal y como prevé la citada Ley de Residuos.
Quinta. Es urgente que se publique la normativa reguladora de la utilización de los residuos agroganaderos como fertilizante agrícola, prevista en la Ley 10/1998.
Sexta. Es urgente que las comunidades autónomas que cuentan con un plan de residuos aprobado con anterioridad a la Ley 10/1998 lo modifiquen, adaptando su contenido a las previsiones de la citada norma.
Séptima. Se impone la necesidad de investigación de nuevos procedimientos y tecnologías para todas las fases de gestión de los residuos Octava. Se considera necesario que se promueva el intercambio de experiencias entre los municipios para que se difundan rápidamente las buenas soluciones. Sería interesante la creación de un foro de intercambio y debate en el que pudieran estar presentes hasta los más pequeños municipios. Sería deseable la creación de un instrumento efectivo de difusión de experiencias y conocimientos en este terreno.
Novena. Es necesario potenciar la concienciación ciudadana, sobre los problemas que generan los residuos y las ventajas de la recogida selectiva y la reutilización, a fin de evitar los vertidos ilegales y los consecuentes efectos dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas.
Décima. Conviene medir la eficacia de las campañas de concienciación, no sólo limitarse a realizarlas. Asimismo, conviene reforzarlas cada cierto tiempo.


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Undécima. Es necesario que se informe a los ciudadanos sobre los detalles de la recogida de residuos y sobre cómo colaborar con ella, el tipo de basura que corresponde a cada contenedor o bolsa en el caso de recogida selectiva, los horarios en que debe depositarse, etc.
Duodécima. Resulta necesario que se intensifique y generalice el funcionamiento de la recogida selectiva. Es preciso, igualmente, fomentar la comercialización de los materiales procedentes de la selección de los residuos, evitando recogidas selectivas inútiles, que se depositan finalmente en el vertedero.
Decimotercera. La tradicional filosofía de contratar una empresa para que se encargue de los residuos y olvidarse de ellos debe perder fuerza. El residuo ha de minimizarse en origen. Es el ciudadano (a estos efectos, equivalente a un productor de residuos) el que tiene que preocuparse de la selección. Esto, a su vez, impone una mayor implicación de los entes locales, en particular de los ayuntamientos Decimocuarta. Los municipios deben ser conscientes de a dónde van sus residuos, y no olvidarse de ellos porque tengan empresas contratadas a estos efectos.


Decimoquinta. Los vertederos deben estar vigilados, comprobando su estado: los drenes de lixiviados, si se vuela la basura, si se tapa con la frecuencia debida, etc.
Decimosexta. Se deben fomentar los sistemas de gestión municipales y las auditorías. Estas y otras son buenas fórmulas para efectuar un seguimiento más correcto de los residuos y de su incidencia ambiental.
Decimoséptima. La separación de residuos en origen genera dudas al ciudadano no siempre fáciles de resolver, por ello, el sistema debe estar bien organizado y las instrucciones deben ser sencillas y claras.
Decimoctava. Es necesario mejorar el funcionamiento de los camiones de recogida, para que el ruido sea menor, impulsando el cambio paulatino de los mismos, a fin de evitar que aumente la contaminación acústica.
Decimonovena. Hay que procurar que, en aras de la eficiencia en la recogida, no se generen problemas de riesgos para los operarios y, en general, de higiene.
Vigésima. Hay que buscar soluciones alternativas a la de que permanezcan los contenedores todo el día en la calle, así como al aumento de los existentes.
Vigésima primera. La prevención de la contaminación, la reducción de los residuos, la valorización, el reciclaje y las condiciones de la eliminación final deben ser las prioridades de las administraciones competentes en la gestión de los residuos.
Vigésima segunda. Es urgente que las administraciones competentes busquen soluciones adecuadas para el vertido, almacenamiento y posterior tratamiento del cada vez mayor volumen de escombros y otros residuos generados por la construcción y por las obras públicas.


Las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente se encuentran pendientes de contestación (con la salvedad referida a la segunda de las recomendaciones sobre publicación del Plan Nacional de Residuos Urbanos).
Las recomendaciones dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana han sido aceptadas.
Se han recibido respuestas de las Consejerías de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Diputación Foral de Navarra y de Turismo y Medio Ambiente de La Rioja, que se han considerado insuficientes, por lo que se han solicitado informes complementarios.
También están pendientes de contestar las Consejerías de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; de la Diputación General de Aragón; de Baleares; de la Generalidad de Cataluña; de la Xunta de Galicia; del Principado de Asturias y de la Comunidad de Madrid; Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cantabria; Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias; Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y de Extremadura; Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia y Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del País Vasco.
Tampoco han contestado los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla.
Igualmente, se está a la espera de las respuestas de las Presidencias de las Ciudades de Ceuta y Melilla, a las que se les ha enviado también las recomendaciones específicas en el mismo escrito, en su calidad de alcaldes de dichas ciudades.


4.2.4.2 Recomendaciones específicas

Sin perjuicio de las recomendaciones de carácter general derivadas de la investigación llevada a cabo, en relación con la gestión de los residuos urbanos y municipales, se han remitido las siguientes recomendaciones específicas a aquellos municipios en los que se han detectado deficiencias más graves en relación con dicha gestión.
El Ayuntamiento de Camariñas (A Coruña) ha aceptado, parcialmente, la recomendación de que, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe mejorar el control del vertedero, cerrando el vallado, cubriéndolo con tierra de vez en cuando y recogiendo los lixiviados. En especial, debe vigilar la combustión, que puede dar lugar a incendios. Es preciso también que adopte medidas para recoger la basura con mayor frecuencia, a finde lograr que no se acumule en los contenedores, y que

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éstos se mantengan limpios. Igualmente, resulta necesario que se conciencie a la población para que se eviten los vertidos ilegales de escombros, voluminosos y otros materiales, protegiendo especialmente la laguna que se ha formado en la antigua cantera y su entorno, como área de posible nidificación del halcón peregrino. (Esta recomendación ha sido aceptada).
El Ayuntamiento de Fortuna (Murcia), ha aceptado la recomendación de que, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas para mantener limpios los contenedores, y para la concienciación de la población a fin de que se deposite la basura en los horarios estipulados para ello y se eviten los vertidos ilegales. Además, deben adoptarse medidas para el control del vertedero, tanto en lo que se refiere al vallado como a la impermeabilización, control del lixiviado y cubrimiento con tierra. Igualmente, debe adoptar medidas para evitar los vertidos ilegales en las cercanías del vertedero, incrementando la vigilancia. (Esta recomendación ha sido aceptada).
El Ayuntamiento de Lugo, ha aceptado la recomendación de que, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe procurar el aumento de la dotación de contenedores para las basuras domiciliarias, a fin de que no se depositen sobre la acera. Asimismo, debe tomar medidas para concienciar a la población, especialmente respecto al depósito de la basura en los horarios establecidos y mejorar el control del vertedero, tanto en lo que respecta a los periodos de cubrimiento y a la vigilancia de autocombustiones, como al control de olores y a la presencia de personas ajenas al mismo. (Esta recomendación ha sido aceptada).
El Ayuntamiento de Valencia ha aceptado la recomendación de que, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe intentar reducir el número de contenedores. (Esta recomendación ha sido aceptada).
El Ayuntamiento de Hospitalet (Barcelona), no ha aceptado la recomendación de que, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe impulsar acuerdos con las asociaciones de comerciantes de la localidad que permitan reducir el número de contenedores. (Esta recomendación no ha sido aceptada).
El Ayuntamiento de Adanero (Ávila), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe vigilar los vertidos incontrolados en el antiguo vertedero, evitándolos, sellando éste y recuperando los terrenos para otros usos. (Recomendación pendiende de contestación).
El Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe mejorar la limpieza de los contenedores, así como tomar medidas para evitar que se llenen: aumentando la dotación de los contenedores y la concienciación de la población sobre los horarios en que deben ser depositadas las basuras. (Recomendación pendiente de contestación).


El Ayuntamiento de Alfacar (Granada), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas a fin de evitar los vertidos ilegales de escombros en los márgenes de la carretera de subida hasta la sierra, aumentando la vigilancia. Es preciso que se mejore la limpieza de los contenedores, así como adoptar medidas para evitar que se llenen, aumentando la dotación de los contenedores y concienciando a los ciudadanos sobre los horarios en que deben ser depositadas las basuras. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe mejorar la limpieza de los contenedores, buscando una solución para el gasto de agua en época de sequía. Igualmente se considera necesario que se adopten medidas para evitar que se llenen los contenedores, aumentando la dotación de los mismos y concienciando a los ciudadanos sobre los horarios en que deben ser depositadas las basuras. (Recomendación pendiente de contestación).


El Ayuntamiento de Altea (Alicante), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas para evitar los vertidos ilegales de escombros y otros materiales voluminosos, aumentando la vigilancia, especialmente en los márgenes del río. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Bermeo (Vizcaya), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe buscar una solución para sus residuos y evitar utilizar el horno en el que actualmente se incinera la basura, dado que sus características incumplen la normativa. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Burgos, si no lo hubiera hecho con anterioridad debe corregir la situación de ilegalidad de la ampliación del actual vertedero y buscar una solución a corto plazo para la disposición final de los residuos, dado que el citado vertedero se halla en la fase final de su vida útil. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Cáceres, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe buscar gestores para los materiales reciclados y adoptar medidas para evitar el mal uso de los contenedores, aumentando la concienciación de los ciudadanos para este fin. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Calviá (Illes Balears), si no lo hubiera hecho con anterioridad, dada la situación de su vertedero, debe buscar una solución para la disposición final de sus residuos. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas para concienciar a la población y evitar los vertidos ilegales de escombros en la carretera a Bomiol, aumentando también la vigilancia. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Ceuta, si no lo hubiera hechocon anterioridad, debe buscar con urgencia solución a

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la localización de la planta de tratamiento de los residuos y, en general, poner en marcha el plan estratégico de residuos. Además, se deberían adoptar medidas para concienciar a la población, a fin de evitar los vertidos ilegales y conseguir que no se deposite la basura en los contenedores fuera de las horas estipuladas para ello, así como mejorar la limpieza de los mismos. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Córdoba, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe incrementar la vigilancia para que no se produzcan vertidos ilegales en la falda de la sierra y junto al río. (Recomendación pendiente de contestación).


El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe mantener limpios los contenedores y adoptar medidas para la concienciación de la población, a fin de que se deposite la basura en los horarios estipulados para ello y se eviten los vertidos incorrectos. Se debe hacer especial hincapié en la concienciación de los trabajadores de bares y restaurantes. Se considera oportuno que se realice un estudio del impacto ambiental del vertedero que se encuentra en el cauce del río, para comprobar la suficiencia de las medidas de canalización y para evitar la degradación del mismo. (Recomendación pendiente de contestación).


El Ayuntamiento de Huete (Cuenca), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe buscar un gestor para los materiales procedentes de la recogida selectiva de vidrio y papel. Además, debe adoptar las medidas oportunas para el control del vertedero, tanto en lo que se refiere al vallado como a la impermeabilización, control del lixiviado y cubrimiento con tierra. Igualmente, se deben adoptar medidas para evitar los vertidos ilegales en las cercanías del vertedero, incrementando la vigilancia. Asimismo, se deben tomar medidas para la concienciación de la población. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Jaca (Huesca), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe buscar la ubicación adecuada para un nuevo vertedero o un tratamiento para sus residuos urbanos, dada la situación de colmatación del vertedero actual. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe instar a la empresa gestora a que recoja más frecuentemente los contenedores de papel. (Recomendación pendiente de contestación).


El Ayuntamiento de Melilla, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas para concienciar a la población, especialmente respecto al depósito de la basura en los horarios establecidos, a fin de evitar los vertidos ilegales y la búsqueda de elementos aprovechables en el vertedero del Real. Asimismo, se considera que se debe dar una solución urgente a las chatarras. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Nájera (La Rioja), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe ejercer un mayor control sobre los responsables de la recogida selectiva. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas para que la recogida en determinadas zonas del municipio se realice a horas más adecuadas, a fin de que los contenedores no permanezcan llenos durante el día.
Además, se considera que se deben adoptar medidas para concienciar a la población, a fin de erradicar los vertidos ilegales y para evitar que el vertedero de chatarra se utilice incontrolada e ilegalmente como vertedero de basuras. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Porriño (Pontevedra), debe buscar, si no lo hubiera hecho con anterioridad, con carácter urgente, una solución para los residuos, dada la situación de casi llenado del actual vertedero. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar medidas para que los contenedores permanezcan limpios, y no provoquen molestias y olores, así como evitar los vertidos incontrolados de escombros, coches y enseres. Se deben realizar campañas intensivas de concienciación de la población para evitar los vertidos ilegales y lograr la colaboración de los ciudadanos en depositar las basuras en los horarios y lugares establecidos para ello. Se debe aumentar la frecuencia de la recogida de los contenedores de recogida selectiva. (Recomendación pendiente de contestación).
Con independencia de las competencias asignadas al Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe aumentar la dotación de contenedores, que se llenan a primeras horas de la mañana y adoptar medidas para concienciar a la población a fin de que los ciudadanos colaboren en depositar la basura en los horarios y lugares establecidos.
(Recomendación pendiente de contestación).
Con independencia de las competencias asignadas al Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe acelerar en la medida de lo posible la aprobación del plan de residuos en elaboración, y buscar una solución adecuada para la disposición final de los residuos y el tratamiento y sellado del antiguo vertedero, del Barranco Seco, para evitar el deslizamiento de la basura al mar. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Sepúlveda (Segovia), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe adoptar las medidas oportunas para la puesta en funcionamiento de la planta de transferencia, desde la que se trasladará la basura fuera del término municipal. Igualmente deberá

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sellarse de forma adecuada el actual vertedero incontrolado.
(Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Sort (Lleida), si no lo hubiera hecho con anterioridad, debe buscar una nueva ubicación para el vertedero, o realizar un plan de reducción de la basura que requiera depósito final. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) debe adoptar medidas para mejorar la limpieza de los contenedores. (Recomendación pendiente de contestación).


El Ayuntamiento de Zamora debe urgir la finalización de la construcción del nuevo vertedero, y el sellado adecuado del antiguo, estudiando la reutilización de los terrenos. Además, debe valorar la dotación de contenedores en la ciudad para evitar la acumulación de basuras fuera de ellos. (Recomendación pendiente de contestación).
El Ayuntamiento de Zaragoza debe ejercer un mayor control sobre la recogida selectiva de residuos. (Recomendación pendiente de contestación).


5. RELACIONES INSTITUCIONALES

5.1 Actividades parlamentarias

Como en años anteriores, las relaciones del Defensor del Pueblo con el Parlamento han sido prioritarias. El informe anual correspondiente a 1998 fue entregado al Presidente del Congreso de los Diputados y a la Presidenta del Senado el 16 de junio, siendo debatido dicho informe en la Comisión Mixta el 29 de junio. Las comparecencias ante los Plenos del Senado y del Congreso tuvieron lugar el 14 de septiembre y el 21 de octubre, respectivamente.
El 9 de marzo, el Defensor del Pueblo compareció ante la Comisión Mixta, a propuesta del Grupo Socialista del Congreso, para exponer tres aspectos relativos al informe anual del año anterior: la profundización en los planes de vivienda del Gobierno, el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental referida a la construcción y puesta en funcionamiento de una tercera pista de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) y los problemas relativos a los residuos (desechos domésticos e industriales, utilización de vertederos, contaminación de suelos y aguas subterráneas y efectos nocivos de las plantas de tratamiento).
El 18 de marzo fue solicitada la comparecencia del Defensor del Pueblo por parte de la Subcomisión formada con motivo del L Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos (perteneciente a la Comisión de Asuntos Exteriores), para informar sobre temas relacionados con el objeto de dicha Subcomisión.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo entregó, el 29 de noviembre en el Congreso y el día 30 del mismo mes en el Senado, los siguientes informes especiales: el de "La gestión de los residuos sólidos urbanos"; el de "La atención sociosanitaria en España: perspectiva gerontológica y otros aspectos conexos" y el de "La violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria".
El Adjunto Primero asistió a la audiencia que S.A.R. el Príncipe de Asturias concedió al Consejo Rector y Científico del Centro Internacional de Estudios Políticos, para hacerle entrega del libro "Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 Aniversario", del cual el Adjunto fue uno de sus coordinadores.
Como Defensor del Pueblo en funciones, realizó visita oficial a la Presidenta del Senado y al Presidente del Tribunal Constitucional.


5.2 Visitas, entrevistas y desplazamientos institucionales

Como todos los años, el Defensor del Pueblo a lo largo de 1999 ha tenido diversos contactos con las altas instituciones del Estado para tratar cuestiones relacionadas con el trabajo de la institución. De todas ellas, hay que destacar la audiencia con S.M. el Rey, que tuvo lugar para hacerle entrega del informe anual correspondiente a 1998 y del informe especial sobre "Violencia doméstica contra las mujeres".
Además de las visitas realizadas a los presidentes del Congreso y del Senado, ya señaladas, el Defensor del Pueblo visitó al Presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, al Presidente del Tribunal Constitucional, al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Ministro de Asuntos Exteriores.
En la sede de la institución se llevaron a cabo numerosas entrevistas, entre las que cabe destacar la del Presidente del Comité Español de UNICEF; la de los Presidentes de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla; la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para presentar la memoria de la Fundación Gregorio Ordóñez; la de la Asociación Nacional Presencia Gitana y Asociación del Voluntariado General Gitano; la del Presidente del Consejo General del Notariado; la del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid; la del Director General de la Policía para presentar el proyecto "Policía 2000" y la del Director General de Radio Televisión Española.
El Adjunto Primero, entre otros actos, asistió a la presentación del "Informe España 1998", de la Fundación Encuentro, y al foro de comunicación sobre "Periodistas: la actualidad a debate", convocado por la Delegación en Madrid de la Generalidad de Cataluña. Asistió al desfile militar organizado con ocasión del Día de la Fiesta Nacional de España y, como todos los años, realizó diversas visitas a centros penitenciarios, a centros de internamiento de menores y a centros penitenciarios militares.
El Adjunto Segundo asistió a la clausura del VIII Congreso de la Abogacía española, en Sevilla, y al

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homenaje al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz; participó en la clausura del Primer Congreso europeo sobre Protección de Datos y Consumidores, en Madrid. Promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Agencia de Protección de Datos, asistió a la presentación del libro sobre la "XX Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos 1998".


5.3 Relaciones con los comisionados autonómicos

De las relaciones que habitualmente mantiene el Defensor del Pueblo con los distintos comisionados autonómicos, conviene destacar su participación en las XIV Jornadas de Defensores del Pueblo, que este año se celebraron en Zaragoza, en octubre, cuyos temas de trabajo fueron "La protección del patrimonio cultural y artístico", "Las personas mayores", "Las nuevas tecnologías de la comunicación en el trabajo de los defensores, internet y la adecuación de su empleo en los procedimientos de intervención", "La creación de defensores sectoriales y su incardinación en los comisionados" y "Espacios naturales y desarrollo sostenible".


En la sede del Defensor del Pueblo se organizó, en enero, una jornada de trabajo sobre "El marco competencial de colaboración y cooperación entre el Defensor del Pueblo y los comisionados autonómicos" y "Los ombudsmen en Europa: modalidades y perspectivas".


En noviembre, finalmente, en la sede de la institución se reunieron los comisionados para tratar sobre "La creación de defensores sectoriales en los comisionados parlamentarios y en otras administraciones y ámbitos". También con los comisionados parlamentarios autonómicos se hizo público, el 4 de marzo, un manifiesto de apoyo a los derechos del pueblo gitano.


5.4 Divulgación universitaria, seminarios y conferencias

En noviembre, con motivo de la conmemoración del X Aniversario de la promulgación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la institucióndel Defensor del Pueblo organizó, en colaboración con UNICEF (Comité España), unas jornadas internacionales en las que se analizó la vigencia y el cumplimiento de dicha convención. La apertura de las jornadas contó con la presencia de la Reina de España y la Princesa de Marruecos, figurando como ponentes el Presidente del Comité Español de UNICEF, el Director de la Organización Internacional del Trabajo, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo hizo la presentación del "Informe del Consejo de Europa contra el Racismo y la Intolerancia en España" y del libro sobre el 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en España. Pronunció conferencias sobre la institución en la Universidad Miguel Hernández, de Elche, y en el Colegio Provincial de Abogados de Cáceres, además de intervenir en el Curso de la Universidad de Verano "Casado del Alisal", de Palencia, con la conferencia "Marginación y pobreza. Derechos de los niños.
Compromisos del sistema educativo".
El Adjunto Primero, como en años anteriores, dirigió un curso de doctorado sobre el Defensor del Pueblo en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinó el curso de "prácticas" que realizaron los alumnos de la facultad de Derecho de la misma universidad.
Asimismo, el Adjunto Primero presentó las ponencias "El Defensor del Pueblo y el Sindic de Greuges", dentro de la XVII edición del Curso de Derechos Humanos, organizado por el Institut de Drets Humans de Catalunya, en Barcelona, y "La problemática de las drogas en el mundo juvenil", dentro del III Congreso Provincial sobre Drogodependencias, celebrado en Toledo. Participó en la mesa redonda sobre "Los Derechos Humanos en Europa", dentro del ciclo de conferencias "50 Años de Derechos Humanos", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid; impartió la conferencia "Defensor del Pueblo y Abogacía" en la Universidad Carlos III, en Madrid; y las conferencias sobre "La violencia", en el Liceo Italiano y en la casa de la cultura del Ayuntamiento de Alcobendas.
El Adjunto Primero participó también en el debate sobre "Indicadores Sociales y Democracia", organizado por la Fundación Encuentro; dictó la conferencia "La violencia doméstica en España", dentro de las jornadas sobre violencia de género y misoginia a finales del siglo XX, organizadas por la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, e impartió una conferencia sobre las quejas relacionadas con el medio ambiente presentadas ante el Defensor del Pueblo, dentro del curso sobre Derecho ambiental, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Clausuró el curso sobre los derechos del niño con la conferencia "La infancia en el siglo XX", organizado por la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla- La Mancha, en Toledo.
De entre las actividades como Defensor del Pueblo en funciones, cabe destacar en este apartado su participación en la mesa redonda en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrada en la Casa de América, en Madrid, y la presentación del libro-informe "La violencia familiar. Actitudes y representaciones sociales", de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.
El Adjunto Segundo, invitado por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de Granada, y en el ámbito de las Jornadas sobre el poderlegislativo organizadas por la anterior, impartió la

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conferencia "El Defensor del Pueblo frente al Poder Legislativo". En Tenerife pronunció la conferencia "Los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas: la Institución del Defensor del Pueblo", en el Centro Superior de Estudios de la Universidad Alfonso X el Sabio. Dentro del IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, centrado en las relaciones violencia, psiquiatría y ley, en el acto de clausura impartió la conferencia "Anotaciones de Asistencia Psiquiátrica y Defensor del Pueblo". Son de destacar, por último, la participación del Adjunto Segundo en el seno de la 29.ª Conferencia de la International Police Association, celebrada en Mahón (Illes Balears), bajo el título "Relación entre Policía y Ciudadanos", en la que expuso la visión del Defensor del Pueblo en el ámbito de policía y seguridad, así como la conferencia impartida ante la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de Valladolid, titulada "Una visión ortodoxa de la Constitución: el Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos".


5.5 Relaciones internacionales

De entre las actividades en el exterior destaca la intervención del Defensor del Pueblo en la 55 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, sobre el "Funcionamiento Efectivo de los Mecanismo de Derechos Humanos (apartado de Instituciones Nacionales)". En Roma, participó en la Mesa Redonda sobre "La transición no violenta de la dictadura a la democracia: los ejemplos de Chile, España y Polonia", organizada por la Fundación Alcide de Gasperi por la Paz y la Cooperación Internacional de Italia.
Intervino en Sarajevo, en el Palacio de Justicia, en un seminario sobre la independencia judicial y la tutela judicial efectiva.
También participó en el IV Congreso Anual de la Federación Iberoamerica de Ombudsman (FIO) y su Asamblea General, celebrados en Tegucigalpa.


Asimismo, dentro de este apartado de relaciones internacionales, hay que destacar las visitas del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras; de una Comisión del Defensor del Pueblo de Haití; de un grupo de asesores de los Defensores del Pueblo de la Federación de Bosnia y Herzegovina; del Raonador del Ciutadá de Andorra; de la Subsecretaria para Naciones Unidas, África y Medio Oriente de México; del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica; de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina); de un Consejero del Ministerio de Justicia de la República de Indonesia; de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad de Guatemala; de parlamentarios y miembros búlgaros del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD); del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Dieta Polaca; y del Defensor del Pueblo Europeo.
El Adjunto Primero, a lo largo de este año, viajó en dos ocasiones a Sofía (Bulgaria), a fin de promover la institución del Defensor del Pueblo en aquel país, siendo recibido en ambos casos por el Vicepresidente de la República y por el Jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. En el Parlamento de este país pronunció la conferencia "The Citizen Participation, Public Hearings and Improved Public Policy for Bulgaria", organizada por la Unión Europea. Es consultor para la elaboración y discusión en el Parlamento de la Ley del Defensor del Pueblo en Bulgaria. Asimismo, se desplazó a Praga (República Checa), para promover también en aquel país la creación de una institución de Defensor del Pueblo. Fue recibido por la Vicepresidenta del Parlamento Checo, por el Vicepresidente del Gobierno y por el Presidente del Tribunal Constitucional. Participó en unas jornadas The Pros and Cons of the Establishment of the Institution of the Ombudsman, invitado por el Parlamento checo.
Asistió a la sesión plenaria inaugural de la 15th Annual Worl Conference, organizada por la International Association for Civilian Oversight of Law Enforcement (IACOLE), en Sidney, Australia, con la conferencia The right to complain ("El derecho de queja").
En Tegucigalpa, Honduras, impartió la conferencia "Defensor del Pueblo y Globalización", dentro del citado IV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo (FIO).
Como Defensor del Pueblo en funciones asistió al primer acto oficial, en España, del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en el Centro de Estudios Constitucionales.
El Adjunto Segundo acudió al Seminario Iberoamericano "Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo ante el Nuevo Milenio", celebrado en la Provincia de Córdoba (Argentina) y organizado por la Defensoría del Pueblo de dicha provincia, donde impartió la conferencia magistral inaugural titulada "Defensor del Pueblo y Nuevo Milenio".
Bajo el auspicio del Médiateur de la République FranÁaise y del Defensor del Pueblo Europeo, asistió al Seminario Les Médiateurs, le Traité d'Amsterdam et l'Intégration Européenne, en París, donde disertó sobre "Derechos Humanos y la Unión Europea" y "Derechos de los Extranjeros en la Unión Europea". También participó en el II Encuentro de Educadores de Marruecos y Andalucía, celebrado en la ciudad de Fez (Marruecos) y organizado por el Consejo Consultivo de Derechos Humanos del Reino de Marruecos, presentando la ponencia "Alcance y Perspectivas de la Promoción y la Protección de los DerechosHumanos".


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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO I

Como viene siendo habitual desde el año 1997, dedicamos el presente capítulo a examinar las quejas que los ciudadanos dirigen a esta institución cuando consideran que se ha producido alguna vulneración de sus derechos fundamentales, lo que permite al propio tiempo efectuar algunas consideraciones sobre el respeto dispensado por las administraciones públicas hacia esos derechos.
Es preciso aclarar, en cualquier caso, que las reflexiones que aquí se hacen no pueden ser formuladas con carácter general. Es evidente que la percepción que el Defensor del Pueblo tiene sobre la situación de los derechos fundamentales necesariamente ha de referirse a las denuncias que recibe de los ciudadanos que le dirigen sus quejas, o bien a los hechos que conoce a través de las investigaciones que realiza de oficio. Pero, en modo alguno cabe extender las conclusiones que aquí se deducen a la realidad total de lo sucedido en nuestro país, ya que es posible que se produzcan casos en los que tales derechos resulten lesionados sin que el Defensor del Pueblo tenga conocimiento de esos supuestos, por el único motivo de que no han sido denunciados ante esta institución.
Una vez hecha esta aclaración, conviene reiterar de nuevo que, a los efectos de su inclusión en este capítulo, únicamente se han tenido en cuenta los derechos que están recogidos en la sección primera del título I de la Constitución, sin que ello suponga un propósito de restringir la aplicación del concepto, sino la necesidad de acotar unos derechos especialmente protegidos por la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Un año más las dilaciones observadas en algunos procedimientos judiciales vienen a suponer en la práctica una importante vulneración del derecho a recibir la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
Tanto la jurisdicción civil como la contenciosoadministrativa continúan siendo las que presentan en general una mayor pendencia de procedimientos. Ello no significa que puntualmente no puedan encontrarse también en otras jurisdicciones supuestos en los que el mencionado derecho fundamental a la tutela se vulnere con carácter permanente. Así sucede, por ejemplo, con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, dictada en el conocido asunto del aceite de colza. Según la información recibida al finalizar el año 1999, solamente había sido indemnizado un 11 por ciento de los enfermos, por lo que se estima que, en caso de mantenerse el ritmo actual, serían necesarios 10 años para que los más de 20.000 afectados pudieran percibir la indemnización que les corresponde.


Respecto a los malos tratos en prisión, cabe efectuar parecidas consideraciones a la de años anteriores, es decir, no puede afirmarse que exista una situación generalizada de malos tratos, aunque de las actuaciones practicadas sí puede deducirse que, en ocasiones, la Administración no extrema todos los mecanismos de que dispone para averiguar lo sucedido con ciertas denuncias. En otros casos, el uso reiterado del sistema de vida penitenciario más restrictivo para los derechos de los internos, conocido como primer grado, genera situaciones que lejos de apaciguar los conflictos, hacen que se estimulen actitudes de violencia que repercuten de forma negativa sobre la integridad de dichos internos.


Por último, en cuanto a los fallecimientos en prisión, la mayoría de ellos presentan signos que en principio incitan a creer que tienen una etiología suicida. En este aspecto cabe reseñar la satisfacción con que fue acogida la Instrucción 16/1998 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias; sin embargo el insuficiente número de profesionales que tiene encomendada el área de tratamiento, parece constituir un obstáculo notable para el éxito de dicha instrucción, que se encuentra en estos momentos siendo evaluada tras la obtención de los primeros datos aún no conocidos por esta institución.
Es ésta una cuestión que preocupa enormemente al Defensor del Pueblo y aunque la problemática es compleja y afecta a toda la sociedad española, la Administración penitenciaria, como sujeto vinculado de forma más directa con esta dramática realidad, debería renovar su esfuerzo para detectar los casos de conductas previsiblemente suicidas, para reducir en lo posible estas formas de comportamiento autolíticas.
Conforme se indicaba en el informe correspondiente al año 1998, el estudio especial sobre las agresiones domésticas contra las mujeres, elaborado por esta institución, supuso un punto de partida importante respecto a esta forma de violencia. Durante el año 1999 se ha efectuado el seguimiento de las recomendaciones que en aquel estudio se realizaron, y han continuado recibiéndose contestaciones remitidas por las distintas administraciones públicas. Cabe concluir que, en general, ha sido favorable la acogida que han tenido las recomendaciones realizadas sobre malos tratos contra mujeres en el ámbito doméstico.
El pasado año se abrieron, además, dos investigaciones de oficio a consecuencia de las agresiones causadas a mujeres por sus respectivas parejas. La primera se inició al tener conocimiento el Defensor del Pueblo de que, durante la celebración de una comunicación íntima entre un interno y una interna, en la unidad de mujeres del centro penitenciario de Sevilla, el 28 de septiembre de 1998, al parecer se produjo un ataque violento contra la integridad física y la libertad sexual de la mujer. Por este motivo, y previa propuesta de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Sevilla,

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el interno regresó al sistema de primer grado y fue destinado al centro penitenciario Puerto I de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Solicitado el correspondiente informe a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dicho departamento señaló que, efectivamente, con ocasión de una comunicación íntima realizada entre ambos internos, la mujer había sufrido lesiones de carácter leve.
A raíz de estos hechos, la Administración penitenciaria inició un expediente disciplinario al citado interno por falta muy grave, propuso también su regresión a primer grado y se restringieron las comunicaciones entre ambos internos. Este último punto fue recurrido por los dos interesados ante el juzgado de vigilancia penitenciaria que estimó los recursos, al haberse acreditado que existía una convivencia previa entre ambas personas antes de su ingreso en prisión. Esta institución, a la vista del informe recibido, ha continuado la investigación, pero limitándola solamente a conocer las causas o motivos que dieron lugar a la caducidad del expediente en relación con la aplicación de una sanción al agresor (F9900073).
La otra queja abierta de oficio se refería al fallecimiento de una joven como consecuencia de los malos tratos inferidos por el hombre con el que había mantenido una relación sentimental, que se encontraba en libertad condicional al haber sido condenado por el homicidio frustrado de una mujer con la que tuvo una relación anterior. En esta ocasión la víctima había presentado varias denuncias, siendo informada, en una de esas comparecencias en la comisaría, de los antecedentes de violencia contra las mujeres de su antiguo compañero. Apesar de ello, no se adoptaron medidas cautelares, aunque la peligrosidad del individuo quedaba demostrada tanto por las reiteradas denuncias presentadas contra él, como por la condena firme de la que había sido objeto. Se iniciaron las oportunas investigaciones con la Dirección General de la Policía y con el Fiscal General del Estado, que están todavía en curso. Asimismo se solicitó del Consejo General del Poder Judicial que mantuviera informada a esta institución del resultado del expediente incoado a la jueza de vigilancia penitenciaria (F9900116).
Varias víctimas de malos tratos han presentado quejas exponiendo las dificultades encontradas para rehacer su vida, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de acceder a una vivienda y encontrar trabajo. Desde el Defensor del Pueblo se les facilitó información acerca de las instancias públicas existentes que les podían ayudar en su situación, así como de las recomendaciones efectuadas sobre estos temas y que han sido aceptadas por las distintas administraciones públicas (9820709, 9906608).
En otra queja sobre malos tratos, una mujer en curso de separación, planteaba una reclamación por la situación que atravesaba, a consecuencia de las amenazas y el acoso constante a que la sometía su marido tanto verbalmente como por escrito, persiguiéndola y estableciendo su domicilio cerca de ella con el objeto de amedrentarla. La promovente denunció en varias ocasiones la conducta de su marido, pese a lo cual la situación empeoró con el paso del tiempo. Una vez solicitada información al Fiscal General del Estado y a la Dirección General de la Policía sobre las medidas adoptadas, así como otras complementarias que se pudieran tomar, la citada Dirección General informó de las diferentes actuaciones realizadas en este caso, encontrándose el asunto en vías de resolución, al haber dictado el juzgado que conoce el caso un auto prohibiendo al marido la remisión de cartas y la aproximación al domicilio de la reclamante, con la advertencia de que su incumplimiento podría dar lugar a medidas cautelares restrictivas de su libertad personal.
La tramitación de la presente queja sigue su curso con el Fiscal General del Estado, pendiente de la remisión del correspondiente escrito (9910533).
En otros casos, el objeto de las quejas es la falta de conformidad con las sentencias. Por ejemplo un juzgado de Benidorm acordó que la vivienda conyugal fuese compartida por ambos cónyuges, a pesar de existir malos tratos por parte del marido y haber sufrido la mujer nuevas agresiones sin que el juzgado procurara medidas de protección.
Ante la gravedad de la situación, se efectuó un contacto telefónico con el juzgado, que comunicó había dictado un nuevo auto de medidas provisionales que solucionaba los problemas denunciados (9913063).
En el informe correspondiente a 1998 se hacía alusión al caso de una mujer que presentó queja porque el Ayuntamiento de Madrid había facilitado a su ex marido el nuevo domicilio que figuraba en el padrón municipal, a pesar de que la interesada venía huyendo de otra población por malos tratos, y había informado previamente al funcionario del padrón que le atendió sobre la privacidad de los datos inscritos. En el curso de las investigaciones el Ayuntamiento de Madrid declaró que el ex marido de la reclamante se había personado en las oficinas del padrón exhibiendo un pasaporte en el que figuraba su hija, solicitando su dirección, facilitándosela entonces el funcionario, al no constar ni el hecho de la separación de los cónyuges, ni el deseo de la interesada de que no se facilitara dicha información a su ex marido. Esta respuesta puso de manifiesto la necesidad de que se extremen las cautelas en relación con los datos personales que figuran en el padrón, sobre todo, en casos como el presente en que se puede perjudicar seriamente a una persona.
En este sentido se recomendó que se regulara de una manera efectiva la protección de los datos recogidos en el padrón, con objeto de que sólo las personas interesadas puedan acceder a ellos, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre sobre la Regulación del Tratamiento Automático de Datos de Carácter Personal,

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la Ley 30/1992 sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre, así como la Resolución de 4 de julio de 1997 sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del padrón municipal. Esta recomendación fue aceptada por el Ayuntamiento (9823644).
Esta institución, haciéndose eco del intenso rechazo que provoca en nuestra sociedad cualquier práctica que suponga una lesión de los derechos fundamentales del individuo, estima que han de renovarse los esfuerzos para que estos casos queden definitivamente erradicados. Si bien es cierto que su número no es excesivo en comparación con la cifra total de quejas recibidas en la oficina del Defensor del Pueblo, sin embargo es necesario, una vez más, llamar la atención sobre estos supuestos de enorme resonancia en la conciencia colectiva para evitar que vuelvan a repetirse.


CAPÍTULO II

1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1.1 Disfunciones en órganos jurisdiccionales

1.1.1 Dilaciones indebidas en órganos colegiados

A lo largo de los sucesivos informes elaborados por el Defensor del Pueblo se ha hecho especial referencia al deficiente funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo ya que son los que presentan, con carácter general, el mayor índice de pendencia. Durante los últimos años este orden jurisdiccional ha sido objeto de una amplia investigación que se ha seguido ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Ministerio de Justicia.
Todos los informes recibidos han mostrado cierto optimismo ante la entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso- administrativa y en especial por la puesta en funcionamiento de los juzgados unipersonales de dicho orden jurisdiccional. Así, la vocalía del Plan de Urgencia del Consejo General del Poder Judicial ha comunicado que, teniendo en cuenta el contenido de dicha ley así como las medidas de refuerzo adoptadas en relación con las salas de lo contencioso-administrativo de determinados tribunales superiores de justicia, es previsible que, en un plazo aproximado de dos años, este orden jurisdiccional alcance un grado razonable de funcionamiento (F9500129).
Entre las quejas recibidas y tramitadas por los retrasos se destaca, como ejemplo, la de un ciudadano que manifestaba que en el mes mayo de 1994 había presentado recurso contencioso-administrativo ante la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución emitida por el jurado provincial de expropiación forzosa, por la que se fijaba el justiprecio en el expediente de expropiación forzosa del que era parte y, según indicaba, a pesar del tiempo transcurrido, aún no había recaído resolución en el recurso de referencia y, por lo tanto, aún no era firme el justiprecio, lo que estaba motivando que no pudiera disponer de la cantidad consignada a su favor por la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Recibida la información solicitada de la Fiscalía General del Estado se comprobó que el citado recurso se encontraba pendiente de señalamiento para la votación y fallo desde el mes de julio de 1996, siendo resueltos, a lo largo de 1999, los recursos que tuvieron entrada en el año 1994, por lo que existía una demora aproximada de entre cuatro y cinco años. Por ello, se solicitó, la colaboración del Consejo General del Poder Judicial a fin de que informara sobre si se había adoptado algún tipo de medida para hacer frente a la concreta situación que presentaba esta sala de lo contenciosoadministrativo.
Este órgano de gobierno indicaba que en el recurso que afectaba al reclamante se dictó sentencia en marzo de 1999, y por otra parte, informaba de que su unidad inspectora consideraba que el retraso detectado en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obedecía a causas estructurales y señalaba que, a 31 de marzo de 1999, los recursos pendientes en esta sección ascendían a 7.818. No obstante, a continuación se ponía de manifiesto que en esa fecha estaba desarrollando su labor un grupo de refuerzo integrado por tres secciones con un total de nueve magistrados. Su labor era calificada por el servicio de inspección como satisfactoria, habiéndose dictado a 31 de marzo de 1999 un total de 2.132 sentencias (9809788).
En el mes de diciembre de 1995 el Juzgado de lo Social número 2 de Castellón había dictado sentencia desestimatoria de las pretensiones de un ciudadano enun procedimiento laboral que interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en cuya resolución se estaban produciendo demoras, habiendo sido informado el compareciente de que dicho recurso se resolvería, aproximadamente, en el año 1999, por lo que se inició la oportuna investigación ante la Fiscalía General del Estado, que manifestaba que el procedimiento que afectaba al reclamante había sido resuelto en virtud de la sentencia dictada en el mes de junio 1999, esto es, casi cuatro años después de su interposición. En dicha comunicación también se exponía que desde la interposición de un recurso en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta su resolución transcurría, como media, un plazo de tres años, por lo que se solicitó la colaboración del Consejo General del Poder Judicial en orden a conocer la situación real en que se hallaba dicho

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órgano jurisdiccional. En el informe recibido se indicaban las medidas que se habían adoptado en orden a paliar, a corto y medio plazo, la situación de retraso generalizado en la tramitación de los asuntos que pendían ante la citada sala de lo social, que consistían, fundamentalmente, en la adscripción, con carácter temporal y de forma continuada, de tres magistrados suplentes y la comisión de servicio, sin relevación de funciones, a favor de otros cuatro magistrados (9706357).
Por los datos aportados por un compareciente se pudo comprobar que los hechos objeto de su reclamación estaban siendo conocidos desde el año 1992 por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y, posteriormente, por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, sin que hubiese tenido el interesado conocimiento de la conclusión de dicho procedimiento. La Fiscalía General del Estado remitió sucesivos escritos en los que se hacía referencia a la tramitación del proceso y, de la última de las comunicaciones enviadas, se desprendía que dicha causa se encontraba, desde el mes de noviembre de 1995, pendiente de señalamiento para la celebración de juicio oral. Se indicaba igualmente en este informe que la demora apreciada en la tramitación de dicha causa obedecía a que el magistrado designado ponente de la misma, en el mes de febrero del año 1998, no formaba ya parte de la sección séptima, encontrándose pendiente la incorporación de un magistrado que ocupara su vacante y que acordara la fecha de señalamiento del juicio.
El Consejo General del Poder Judicial manifestó que la demora en el señalamiento de la vista de juicio oral del referido sumario, que se celebró entre los días 18 y 22 de enero de 1999, obedecía al incremento de carga competencial de la sala, derivado de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y de las normas competenciales que complementaron su entrada en vigor. También indicaba que esta situación se encontraba en vías de una solución rápida tras la modificación del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (9000990).


1.1.2 Dilaciones indebidas en órganos unipersonales

A pesar del aumento en el número de órganos judiciales y de la modernización de la oficina judicial, siguen produciéndose graves retrasos en la tramitación de los procedimientos judiciales, siendo numerosas las personas que continúan dirigiéndose al Defensor del Pueblo poniendo de relieve las dilaciones que se producen en los procedimientos que les afectan, lo que, a su entender, supone una vulneración del derecho constitucional a un procedimiento sin dilaciones indebidas.
En este sentido, y como consecuencia de la comparecencia de distintos ciudadanos resaltando las demoras que sufrían los procedimientos en los que eran parte, tramitados todos ellos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güimar, se estimó necesario solicitar la colaboración del Consejo General del Poder Judicial en orden a conocer las medidas previstas a fin de paliar la situación de retraso generalizado de los asuntos de los que conocía el órgano judicial de referencia. Tras distintos escritos remitidos por el citado consejo y habida cuenta que se habían adoptado una serie de medidas en orden a mejorar los niveles de pendencia del mismo, entre las que se encontraba la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 en dicha localidad, se procedió al cierre de la investigación.
No obstante lo anterior algunos ciudadanos continuaron planteando quejas referidas a la paralización que sufrían los asuntos en tramitación ante el citado órgano judicial. El Defensor del Pueblo, tras constatar la paralización que sufría un interdicto que, tras instarse la ejecución de la sentencia, seguía sin resolverse, consideró necesario dirigirse nuevamente al Consejo General del Poder Judicial en orden a conocer de qué forma las medidas adoptadas estaban incidiendo en un mejor funcionamiento del juzgado.
El Consejo General del Poder Judicial manifestó que efectivamente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güimar mantenía una elevada pendencia, así como que la actual plantilla era a todas luces escasa para hacer frente a la carga de tareas pendientes, resultando insuficientes las medidas adoptadas para la puesta al día del juzgado. Por su parte la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias comunicó, entre otras cuestiones que, conscientes de la situación del juzgado, se había solicitado autorización para proceder al nombramiento de un funcionario interino de refuerzo, petición que había sido informada desfavorablemente, manifestando asimismo que la tramitación de las licencias por maternidad y el nombramiento de los sustitutos se había hecho dentro del marco de la normativa aplicable.
En fecha reciente, la Fiscalía General del Estado ha dirigido un nuevo informe en el que se constatan las dilaciones en la tramitación del procedimiento que afectan al promovente, debidas fundamentalmente al cúmulo de asuntos pendientes en el juzgado, por lo que, continúa la investigación abierta (9702588).
Del mismo modo una ciudadana ponía de manifiesto que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Totana conocía de unas diligencias previas incoadas en el año 1995 como consecuencia del fallecimiento de su esposo en un accidente laboral. Pese al tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, aún no había presentado su escrito de calificación el ministerio fiscal. La Fiscalía General del Estado manifestaba que se había dictado un auto reputando falta el hecho, habiendo manifestado el ministerio fiscal su conformidad con el mismo. Al haber transcurrido más de tres años desde la apertura de las diligencias hasta la fecha en que se dictó este, esta institución consideró conveniente dirigirse al Consejo General del

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Poder Judicial para que informara sobre la situación del meritado órgano judicial y, en su caso, para que indicara qué medidas se habían adoptado o pensaban adoptarse para normalizar la misma o, por el contrario, si el caso relatado era una excepción al normal funcionamiento del juzgado.
Este órgano hizo constar que efectivamente, existía, a finales del año 1997, un alto nivel de pendencia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Totana en lo referente a los asuntos civiles, situación que se había conseguido normalizar mediante la puesta en funcionamiento de medidas de refuerzo que ya habían concluido. Igualmente y dado que el retraso en la resolución del procedimiento que afectaba a la promovente obedecía, básicamente, a la necesidad de cursar numerosos despachos a juzgados de distintas poblaciones para practicar diligencias imprescindibles, en base a los informes remitidos, se cerró la investigación ante el Consejo General del Poder Judicial, continuando la iniciada con la Fiscalía General del Estado (9820865).
La demanda de un juicio de menor cuantía promovido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano de Arganda del Rey se encontraba paralizada desde el 16 de septiembre de 1996, fecha en la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad había admitido la demanda y había emplazado a los demandados. Con la información remitida por la Fiscalía General del Estado se pudo verificar que se estaban produciendo numerosas demoras en la tramitación del procedimiento, encontrándose el procedimiento paralizado desde hacía más de un año y medio. En el posterior informe del Consejo General del Poder Judicial se manifestaba que su servicio de inspección había detectado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arganda del Rey presentaba un elevado índice de pendencia, habiéndose propuesto la adopción de diversas medidas para paliar dicha situación, debiéndose unir a ello la inminente puesta en funcionamiento de un servicio común de notificaciones y embargos, lo que, sin duda, ayudaría a una normalización progresiva del juzgado. Por ello, continúa la investigación ante la Fiscalía General del Estado hasta la normalización del procedimiento, habiéndose cerrado la iniciada ante el Consejo General del Poder Judicial (9820795).
En el año 1977, dos ciudadanas habían sido parte en un procedimiento tramitado por el Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. En la resolución de dicho procedimiento recayó sentencia estimatoria de la demanda de las promoventes, condenando, en consecuencia, a la demandada. Tras distintas incidencias se solicitó la ejecución de la sentencia ante el órgano de referencia, que había dictado resolución en 1994, requiriendo al Ministerio de Educación y Ciencia para que hiciese efectivo el pago de las indemnizaciones reconocidas. Una vez efectuado el pago de la cantidad reclamada por el Ministerio de Educación y Cultura se pudo comprobar, a la vista del nuevo informe remitido por la Fiscalía General del Estado, que las actuaciones judiciales se encontraban pendientes de que se practicase la tasación de costas, tasación que, una vez que fue practicada y aprobada y tras la liquidación de los intereses, se encontraba, en la fecha del último informe del ministerio público, pendiente de abono. En el informe recibido se hacía constar que la demora en la ejecución del procedimiento obedecía, entre otras razones, a la importante acumulación de asuntos pendientes en este órgano judicial, a la movilidad abrumadora de funcionarios y jueces, así como a que se trataba del único orden jurisdiccional de la provincia sin informatizar, incidiendo también la falta de secretario judicial, ya que se había concedido una comisión de servicio a la secretaría titular del juzgado, en contra de todos los informes de los órganos competentes de la provincia y de la comunidad autónoma. Esta información provocó que el Defensor del Pueblo se dirigiese al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia en orden a constatar la información que le había sido trasladada. En el momento de elaborar este informe no se habían recibido las contestaciones solicitadas (9618210).
Un ciudadano denunciaba la demora que se estaba produciendo en la tramitación de un procedimiento de cognición que le afectaba, iniciado en el año 1997 y del que conocía el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Granadilla de Abona. El promovente hacía constar que, tras emplazarse al demandado, las actuaciones se habían paralizado, lo que le estaba causando graves perjuicios.
En su informe, la Fiscalía General del Estado ponía de manifiesto que habían transcurrido ocho meses desde que el demandado contestó a la demanda y fue citado para que se ratificara en su escrito de contestación. Otra de las causas que habían dado lugar a la demora eran las diversas bajas producidas en el juzgado. Por ello se solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia para conocer la realidad de los hechos expuestos, así como para que informara de las medidas que se habían adoptado en relación con el citado órgano judicial. En el informe remitido por el departamento ministerial se informaba de que el partido judicial de Granadilla de Abona vería disminuida su carga competencial al constituirse un nuevo partido judicial en la localidad de Arona que, inicialmente, contaría con dos juzgados, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el mes de mayo de 1999. Además, en el mes de diciembre de 1999, se crearían otros dos juzgados en el nuevo partido judicial de Arona. Por ello, se ha cerrado la investigación (9820446).


1.1.3 Otros órganos jurisdiccionales que han sido objeto de alguna investigación concreta

Además de las actuaciones que han quedado expuestas, deben también mencionarse otros órganos

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jurisdiccionales sobre los que en su día se inició investigación por dilaciones en algún procedimiento concreto y que, a lo largo de 1999, han normalizado la tramitación de esas causas, habiéndose procedido, en consecuencia, a la conclusión de la investigación:

Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid (9022658), Juzgado de Primera Instancia número 25 de Barcelona (9321728), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero (8906346), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benidorm (9002500), Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real (9007426), Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander (9600842), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arganda (9712700), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín (9710059), Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (9700608), Juzgado de lo Social de Soria (9704812), Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (9800857), Sección Séptima de la Sala de loContencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (9820602), Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional (9822359), Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid (9801384), Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid (9801656), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cerdanyola del Vallés (9805266), Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid (9806597), Juzgado de Primera Instancia número 24 de Madrid (9808885), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Vicente del Raspeig (9809783), Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alicante (9811575), Juzgado de Primera Instancia número 9 de Móstoles (9821001), Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia (9822346), Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante (9822358), Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid (9823603), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mula (9818035), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés (9807061), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benidorm (9810016), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción (9816228), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Fuenlabrada (9816605), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdemoro (9817074), Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid (9803364), Juzgado de lo Social número 2 de Ciudad Real (9807581), Juzgado de lo Social número 13 de Madrid (9801109).


Por el contrario se ha recogido también otra serie de quejas cuya investigación no se ha podido finalizar al no estar totalmente terminado el procedimiento judicial que originó la apertura de las mismas. A continuación se relacionan los órganos jurisdiccionales sobre los que, a lo largo de 1999, se ha efectuado seguimiento de alguna causa concreta, sin que su mención suponga que los mismos presenten situaciones de retraso generalizado:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Lugo (9322296), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Granadilla de Abona (9415874), Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid (9202490), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villafranca del Penedés (9120863), Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid (9512076), Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid (9502304), Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria (9618210), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sagunto (9700207), Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid (9713489), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mieres (9712667), Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander (9709434), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Castellón (9705711), Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justiciade Madrid (9612228), Juzgado de lo Social número 3 de Valencia (9711587), Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (9820391), Sección Dieciocho de la Audiencia Provincial de Madrid (9820943), Juzgado de Primera Instancia número 24 de Madrid (9801028), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Talavera de la Reina (9802143), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Colmenar Viejo (9811233), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Reinosa (9821627), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río (9807302), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Illescas (9821019), Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid (9803494), Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza (9800822), Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla (9822582).


Por último, a lo largo de 1999 se han iniciado nuevas investigaciones en relación con determinados procedimientos en los que los ciudadanos consideraban que existían situaciones de retraso injustificado. En muchas de esas investigaciones se está a la espera de conocer el informe solicitado a la Fiscalía General del Estado para poder conocer si efectivamente existe algún tipo de dilación. Al igual que sucede con el apartado anterior, los órganos judiciales que se citan a continuación en modo alguno presentan situaciones generalizadas de atraso; su mención se debe a quejas concretas de los ciudadanos respecto de un procedimiento determinado:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Majadahonda (9822709), Juzgado de Instrucción

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número 4 de Madrid (9823180), Juzgado de Instrucción número 7 de Elche (9823318), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona (9823549), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Rubi (9823729), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas (9900843), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrijos (9907786), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo (9909289), Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid (9910656), Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid (9912623), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Granadilla de Abona (9415874), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arganda del Rey (9820795), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Illescas (9821019), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castellón (9900782), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Denia (9907360), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy (9907600), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Torremolinos (9908007), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero (9910096), Juzgado de Primera Instancia número 24 de Madrid (9801028), Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid (9901319), Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga (9905584), Audiencia Provincial de Santander (9907722), Audiencia Provincial de Barcelona (9502561), Audiencia Provincial de Madrid (9901376), Sala Primera del Tribunal Supremo (9809752), Sala Segunda del Tribunal Supremo (9901740), Sala Primera del Tribunal Supremo (9912514), Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (9820391), Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (9902623), Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (9911018), Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (9908373), Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona (9805972), Juzgado de lo Social número 1 de Toledo (9906337), Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de Tenerife (9907276).


1.1.4 Incidencias relativas al principio de inmediación

Otro grupo de quejas se ha referido a las disfunciones detectadas en los órganos jurisdiccionales que inciden directamente en el principio de inmediación que debe regir en todo proceso judicial. Según ese principio, determinadas actuaciones judiciales deben realizarse en presencia del juez y del secretario del órgano judicial. En este sentido, la mayoría de los ciudadanos ponían de manifiesto que el acto del juicio verbal se había celebrado sin que estuviera presente el titular del órgano judicial sino únicamente ante el secretario judicial.


Así, en uno de los casos investigados se ponía de relieve por el compareciente que con fecha 27 de abril de 1999 tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial un juicio verbal, en el que era parte, sin que durante la celebración de dicho acto estuviera presente el titular del órgano judicial (9906197).
En este mismo sentido se manifestó otro ciudadano que exponía que con fecha 15 de abril de 1997 tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid un juicio verbal sin que, tampoco en este caso, el magistrado-juez estuviera presente (9820997).
En los mismos términos se expresó otra persona respecto del juicio verbal civil en el que actuaba como demandante y del que conoció el Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid (9823603).
En otro caso, un ciudadano se quejaba de que una comparecencia efectuada el 29 de septiembre de 1999 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander se había llevado a cabo sin la presencia del secretario judicial y que, cuando indicó esta circunstancia, se le informó que, efectivamente, en las actas se pone en el primer párrafo "en presencia del secretario" pero que se trataba de un mero formulismo (9912357).
Trasladada la investigación de los casos anteriores ante la Fiscalía General del Estado se informó de que en todas las actas levantadas constaba que el juicio se había celebrado ante su señoría. A la vista de lo cual se dieron por concluidas las actuaciones iniciadas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley orgánica reguladora de esta institución, no es posible entrar en el examen individual de aquellas quejas que se encuentran pendientes de resolución judicial. Al dar traslado de la información recibida a cada uno de los ciudadanos afectados, éstos han expresado su disconformidad con el informe de la Fiscalía General del Estado ya que, aunque las actas judiciales reflejen lo contrario, ellos mantienen que en las actuaciones judiciales que intervinieron no estuvo presente el titular del órgano judicial.
Esta institución confía en que tras la entrada en vigor de la Ley 1/ 2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, supuestos como éstos no vuelvan a producirse, respetándose en todos los procedimientos el requisito de la presencia judicial. No en vano el legislador ha querido evitar situaciones que hace algún tiempo eran frecuentes en la práctica habitual de los juzgados y ha recogido de forma expresa, en el artículo 137 de la mencionada ley, la obligación que tienen los jueces y tribunales de presenciar aquellas declaraciones y demás pruebas que practiquen en los procedimientos de que conozcan. En los casos en los que no se cumpla tal previsión las actuaciones practicadas serán declaradas nulas.


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1.1.5 Otras disfunciones y retrasos que afectan al derecho a recibir una tutela judicial efectiva

Además de las actuaciones realizadas respecto de órganos judiciales que presentaban situaciones generalizadas de atraso también se han podido comprobar diferentes supuestos en los que procedimientos concretos se han visto afectados por importantes disfunciones.


En una de las quejas recibidas la interesada exponía que en su momento, obtuvo en la jurisdicción laboral una indemnización por un importe de 1.743.839 pesetas y que, al comprobar que no podía cobrar la misma por la insolvencia del empresario condenado, presentó el 16 de mayo de 1997 una querella por estafa ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano de Navalcarnero, dando lugar a la incoación de diligencias previas. Según la compareciente, hasta el 16 de octubre de 1998 el Juzgado número 1 de Navalcarnero no remitió exhorto al Juzgado de Instrucción número 5 de Pontevedra, donde residía el empresario, por lo que su querella había estado paralizada más de un año y medio.
La Fiscalía General el Estado señaló que las aludidas diligencias fueron resueltas en el juzgado de Navalcarnero mediante auto de inhibición a favor del Juzgado Decano de Pontevedra con fecha 19 de septiembre de 1997, habiéndose dado el "visto" por el Ministerio Fiscal con fecha 10 de octubre de 1997 y remitiéndose al Juzgado Decano de Pontevedra el 15 de octubre de 1997. Esta información no concordaba con la que había facilitado la interesada, que continuaba insistiendo en que la fecha exacta en la que las actuaciones se recibieron en el Juzgado de Guardia de Pontevedra era la del 16 de octubre de 1998 y no el 15 de octubre de 1997. A la vista de lo anterior se estimó conveniente proseguir la investigación ante el Consejo General del Poder Judicial a los efectos de determinar con claridad a cuál de los dos órganos judiciales que habían intervenido en la tramitación de la causa le era atribuible el retraso detectado.
En el informe remitido por el Consejo General del Poder Judicial se hacía constar que no se había podido determinar cuál de los dos juzgados era el responsable del retraso del que, a juicio de dicho consejo, podría derivarse responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de justicia. Esta información se le hizo llegar a la compareciente para que, si lo estimaba conveniente, ejercitara el derecho que el artículo 121 de la Constitución le reconoce (9821200).
Fue necesario iniciar otra investigación ante la Fiscalía General del Estado como consecuencia de la comparecencia de diversos ciudadanos que indicaban que eran parte en un procedimiento del que estaba conociendo el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles y que, desde el 5 de noviembre de 1997, fecha en la que se celebró el juicio oral, las actuaciones se encontraban paralizadas, pendientes únicamente de que se dictara sentencia. En el informe remitido se señaló que finalmente el 16 de octubre de 1998 se dictó sentencia, pero no se daba justificación alguna para el retraso detectado, por lo que se inició la tramitación ante el Consejo General del Poder Judicial, que puso de manifiesto en su contestación que el retraso en dictar sentencia se debía a las circunstancias personales del titular del Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles, que se encontraba frecuentemente de baja por enfermedad, lo que incidía en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales.
Igualmente comunicó que su servicio de inspección tenía abiertas dos diligencias informativas, una de ellas en virtud de una denuncia, presentada por los mismos ciudadanos que habían acudido al Defensor del Pueblo, respecto de la actuación profesional del magistrado, y otra por la que se tenía constancia de que la situación se había ido normalizando (9821706).


1.2 Servicio público judicial

1.2.1 Insuficiencia de medios humanos

Varios ciudadanos, que habían tomado parte en las pruebas selectivas para ingresar en el cuerpo de auxiliares de la Administración de Justicia, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, y que habían superado la oposición, manifestaban que el proceso selectivo concluyó con la publicación de la lista definitiva de aprobados de la Resolución de 27 de noviembre de 1998 en el Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre siguiente, sin que hasta la fecha de su comparecencia, en mayo de 1999, se hubiera procedido a la adjudicación de los destinos. Por ello se solicitó información a la Secretaría de Estado de Justicia en relación con los términos previstos para la adjudicación de plazas vacantes a los opositores aprobados. El correspondiente informe manifestaba que la demora en el plazo transcurrido para la adjudicación de destinos obedecía al elevado número de opositores aprobados y a que en el proceso de adjudicación de destinos participaron cinco administraciones con competencia en la materia: Ministerio de Justicia, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Autónoma de Andalucía. Igualmente se indicaba que los opositores aprobados fueron nombrados auxiliares de la Administración de justicia por Resolución de 5 de abril de 1999 y la adjudicación de destino tuvo lugar en los meses de mayo y junio de 1999, dependiendo de la comunidad autónoma competente.
Esta institución desea dejar constancia de su preocupación por el tiempo que tardan en desarrollarse los procesos selectivos del personal al servicio de la Administración de justicia. Este dato contrasta con una de las carencias más importantes dentro de dicha Administración,

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concretamente el excesivo número de plazas vacantes en espera de ser cubiertas por funcionarios titulares (9905522 y 9905705).
Numerosos ciudadanos exponían la situación de inestabilidad y precariedad en el empleo en la que, a su juicio, se encontraban todas aquellas personas que cubrían vacantes en los cuerpos de médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes en calidad de funcionarios interinos al servicio de la Administración de justicia, toda vez que, conforme indicaban los comparecientes, no existe un proceso específico de consolidación de empleo temporal para dichos interinos, ni se permite a este colectivo participar en los procesos selectivos en los que se incluyan valoraciones respecto de la experiencia en el puesto de trabajo, por lo que, en su opinión, se estaba produciendo un agravio comparativo con otros trabajadores interinos de distintas administraciones públicas, que a partir del año 1996 habían tenido la oportunidad de consolidar su puesto de trabajo.
De igual modo, el colectivo de funcionarios interinos compareciente se lamentaba de que, a pesar de serles exigidos el cumplimiento de todos los deberes y responsabilidades que conlleva la función pública, no les son, sin embargo, respetados los derechos que asisten a todo trabajador, tanto desde el punto de vista legal como económico. Así, exponían que la normativa laboral reconoce unos derechos para los contratos laborales respecto de la duración, que según los interesados no se cumplen para este tipo de funcionarios, dado que pese a estar prevista una duración máxima de cuatro meses para el contrato de interinidad, este periodo se alarga en ocasiones de modo discrecional por el Ministerio de Justicia a varios años, tras los cuales el funcionario interino puede ser cesado sin derecho a compensación económica alguna. Por lo que se refiere a los derechos económicos, opinaban los firmantes de la queja que se estaba produciendo una discriminación con respecto al resto de funcionarios titulares de esa misma Administración, en relación al pago de retribuciones complementarias, dado que a los funcionarios interinos no les son reconocidos los años de servicios prestados a efectos de antigüedad para el pago de trienios.


El Ministerio de Justicia indicaba que, según establece el reglamento orgánico de los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes, ese departamento o, en su caso, los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de medios personales para el funcionamiento de la Administración de justicia, podrán nombrar oficiales, auxiliares y agentes interinos por necesidades del servicio cuando no sea posible, con la urgencia requerida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionario de carrera. De acuerdo con lo establecido en dicho reglamento orgánico, los nombramientos de los funcionarios interinos son administrativos, no pudiendo acogerse a la normativa laboral.
También se habían realizado diversas actuaciones en relación con las convocatorias de concurso-oposición para lo que se solicitó al Ministerio de Administraciones Públicas que informara sobre la posibilidad de valorar en las pruebas selectivas los servicios prestados como funcionario interino. El citado ministerio informó de la imposibilidad legal al no estar contemplado el concurso-oposición como sistema de selección en el reglamento orgánico vigente de los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes.
No obstante, el Ministerio de Justicia ha participado a esta institución que, cuando exista un consenso amplio, la Dirección General de Relaciones con la Administración de justicia tiene previsto proceder a la modificación del reglamento orgánico citado para dar cabida al sistema de concurso-oposición, a cuyo fin se ha elaborado un proyecto de real decreto, que ha sido sometido a informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y de las centrales sindicales, en sesión celebrada por la mesa de retribuciones y empleo en el mes de diciembre de 1998. Por último, se señala que los funcionarios interinos actualmente tienen los mismos derechos que los funcionarios titulares, incluidos los económicos, excepto el de estabilidad en el empleo (9823370).


1.2.2 Insuficiencia de psicólogos en las clínicas médico-forenses para realizar informes en relación con menores víctimas de delitos

Esta institución recibió información que denunciaba que la dotación de peritos psicólogos que prestan sus servicios en los órganos judiciales resultaba insuficiente para poder atender correctamente los casos en los que se solicitaba su intervención. En concreto, se había podido conocer cómo en las clínicas médico-forenses la emisión de los informes que se solicitaban a los psicólogos tardaban meses en realizarse, debido a la cantidad de asuntos y la escasez de profesionales, siendo especialmente preocupante dicho retraso en aquellos casos en los que el informe hacía referencia a menores que habían sido víctimas de alguna agresión sexual.
En la investigación iniciada de oficio se preguntó a la Administración competente cual era el número de psicólogos forenses que prestaban sus servicios en las clínicas médico-forenses y en otros juzgados y el tiempo medio que, en cada caso, necesitan estos profesionales para la elaboración de sus informes, así como las previsiones que pudieran existir en el Ministerio de Justicia en orden a ampliar su número, caso de ser necesario.
Así se ha podido conocer que las dotaciones de psicólogos, trabajadores sociales y educadores con que cuentan las clínicas médico-forenses son insuficientes para poder tratar satisfactoriamente el número de informes que se les encomiendan, teniendo en cuenta, además, que en muchas ocasiones esos informes se refieren o afectan a menores, personas privadas de libertad

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o a personas incapacitadas. En concreto, la clínica médico-forense de Madrid, en la que se presta apoyo a todos los órganos judiciales tanto de las jurisdicciones civiles como penales existentes en la Comunidad de Madrid, excepto de los siete juzgados de familia de la comunidad, cuenta sólo con dos psicólogos. En dicha clínica se da preferencia absoluta a aquellos casos en los que existen víctimas menores de edad, cuando éstos han sido objeto de alguna agresión de tipo sexual, si bien esos menores no son reconocidos hasta transcurridos, por lo menos, siete meses desde que se produjo la denuncia inicial, por la acumulación de trabajo y el poco personal disponible. Según la información obtenida por esta institución, la situación en esta clínica médico-forense es muy precaria y así ha sido denunciado por escrito al decanato de los juzgados de Madrid y al Ministerio de Justicia.
Esta situación, a juicio de los profesionales expertos, hace muchas veces inoperante la intervención sobre el menor, debido al largo tiempo transcurrido y a las sucesivas veces en las que el niño ha tenido que contar los mismos hechos ante diferentes personas. En la comunicación recibida se reconoce también el incremento que se está produciendo en el trabajo de esos profesionales, a la vista de lo dispuesto en la disposición transitoria duodécima del Código Penal, y se hace referencia a las previsiones que existen para el futuro a fin de ampliar el número de puestos de trabajo existentes.


Según estas previsiones, durante el año 1999 estaba prevista la creación de diez nuevos puestos de psicólogos, diez de trabajadores sociales y cinco de educadores y para el año 2000 está prevista la dotación de veinte nuevos puestos de psicólogos, veinte de trabajadores sociales y cinco de educadores.
En consecuencia, se ha recomendado al Ministerio de Justicia que dote a las clínicas médico-forenses de los psicólogos que sean necesarios para que los informes que realizan tales profesionales, especialmente en relación con los casos en los que los menores son objeto de alguna agresión sexual, no sufran dilación alguna. Igualmente, se ha recomendado que se adopten las medidas necesarias para que los órganos judiciales, en especial los juzgados de instrucción, puedan disponer de todos los profesionales psicólogos, asistentes sociales, criminólogos y educadores que sean precisos, de tal forma que los informes que solicitan los juzgados y tribunales puedan ser emitidos en plazos razonables, evitando de esa manera los retrasos existentes en la actualidad. Finalmente, se ha recomendado al citado departamento ministerial que se cumplan, a la mayor brevedad, las previsiones expuestas para los años 1999 y 2000, incrementando las mismas, si ello fuera necesario, con el fin de que, especialmente en aquellos casos en los que las víctimas sean menores, los informes y dictámenes que les afectan puedan ser emitidos sin ningún tipo de dilación (F9900011).
1.2.3 Insuficiencia de medios materiales

Esta institución tuvo conocimiento de que los ordenadores instalados en los despachos de los juzgados de instrucción de Madrid carecían de impresora, destacándose que los funcionarios del juzgado de guardia no sabían utilizar los equipos informáticos pues nadie les había enseñado su manejo, encontrándose averiados tres de los cuatro equipos informáticos instalados. En lo señalado informáticamente se afirmaba que cien ordenadores que habían sido donados por la Comunidad de Madrid al tribunal superior de justicia permanecían almacenados en cajas en un sótano desde hacía diez meses. Al parecer, el motivo se debía a que la instalación eléctrica era obsoleta e incapaz de generar la potencia necesaria para su funcionamiento. Por último, y según las meritadas noticias, no existía conexión informática entre el juzgado de guardia y la oficina de reparto de Madrid.
Posteriormente continuaron apareciendo en los medios de comunicación noticias reiterando que, tras una avería en el sistema informático instalado en el juzgado decano de la ciudad de Madrid, se había producido un atasco que afectaba a más de 30.000 asuntos, así como que en un informe elaborado en la Audiencia Provincial de Madrid se ponía de manifiesto las deficiencias del programa informático para cubrir las necesidades de dicho órgano judicial.
Por ello, se inició una investigación de oficio, y en la comunicación remitida por el Ministerio de Justicia se reconocía que algunos sistemas informáticos habían sufrido averías pero, en términos generales, a juicio del citado ministerio, eran satisfactorias las aplicaciones informáticas utilizadas por los órganos judiciales de la citada comunidad autónoma. No obstante, en el mes de noviembre de 1999 continuaba pendiente de concretarse la fecha exacta en la que se pondrían en funcionamiento los cien ordenadores almacenados en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por este motivo se solicitó al ministerio antes citado que una vez conocido ese dato lo pusiera en conocimiento de esta institución, sin que al finalizar este informe se haya comunicado esta información (F9800150).
La junta de personal de la Administración de justicia de Albacete puso de manifiesto las numerosas deficiencias detectadas en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, números 1 y 2, de Hellín. En el informe remitido por el Ministerio de Justicia se indicaba que el departamento conocía que la situación de dichos juzgados era debida, fundamentalmente, a la insuficiencia de superficie y a las condiciones del local, lo que había motivado que se estuviese promoviendo la construcción de un nuevo edificio para ubicar los juzgados de dicha localidad, estando prevista la conclusión de la obra a finales del año 2001. La comunicación anterior motivó que el Defensor del Pueblo

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cerrase esta investigación. No obstante volvió a contactar con la institución la citada junta de personal acompañando fotocopia de la comunicación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y del acta levantada en relación a las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral detectadas en las oficinas de los juzgados, lo que había provocado que se hubiera dado un plazo de 45 días para que se subsanasen las citadas anomalías. Por ello, se valoró la conveniencia de reiniciar la investigación ante la gerencia provincial de la Administración de justicia de Albacete, con objeto de conocer si habían sido subsanadas las deficiencias detectadas en el acta de la inspección, estando en el momento de elaborar este informe pendiente de recibir la comunicación interesada (9907606).
Dos ciudadanos que, tras dictar sentencia el Juzgado de lo Social número 7 de Madrid declarando improcedente su despido y reconociéndoles el derecho a percibir una serie de indemnizaciones así como salarios, solicitaron, el día 4 de febrero de 1997, los anticipos de las cantidades reconocidas en la aludida sentencia, reiterando de nuevo su ejecución por vía de apremio el 6 de mayo de 1997 y acordándose por auto de 10 de febrero de 1998 la ejecución provisional a favor de los comparecientes. Según la información facilitada, el 6 de marzo siguiente, el aludido auto fue remitido para su ejecución al Servicio Económico y Financiero de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, sin que hubieran vuelto a tener noticias, ofreciéndoles como única explicación de la tardanza que el aludido servicio, debido a carencias de personal y presupuestarias, estaba resolviendo los asuntos con un retraso de ocho meses.
En su comunicación, el Ministerio de Justicia indicaba que ya se había aprobado el gasto y la propuesta de pago correspondiente a favor de los interesados, no haciendo por el contrario referencia a las presuntas carencias de personal y presupuestarias que estaban motivando que los asuntos se resolviesen con un retraso de ocho meses, por lo que se estimó conveniente contactar nuevamente con el citado departamento ministerial a los efectos de interesar la remisión de los datos requeridos y, en el caso de ser ciertos, las medidas previstas para paliar los mismos. En el nuevo informe enviado, se hacía constar que se había dotado a la sección de indemnizaciones de más funcionarios, con el fin de agilizar el trámite de los expedientes, disponiendo de una partida presupuestaria de un total de doscientos millones de pesetas, en concepto de anticipos reintegrables a trabajadores, señalándose también, la dificultad que entrañaba la previsión de este tipo de gasto, al no poderse determinar a priori las ejecuciones provisionales de futuras sentencias que se fueran dictando (9817069).
1.2.4 Otras incidencias que afectan al servicio público judicial que reciben los ciudadanos

Como en años anteriores, continúan llegando quejas de ciudadanos que plantean su desacuerdo con los retrasos que se producen en ciertos órganos judiciales a la hora de devolverles cantidades de dinero que les correspondían u otro tipo de efectos personales, y se ha proseguido por tanto con las labores de investigación necesarias para el esclarecimiento de estos hechos. Esta institución ha mantenido siempre que este tipo de actuaciones no son actos jurisdiccionales, sobre cuya revisión el Defensor del Pueblo carece de competencias, sino actuaciones que se incluyen entre las prestaciones que la Administración de justicia debe ofrecer como servicio público judicial.
En una de las quejas recibidas se exponía que no se había entregado una determinada cantidad de dinero depositada en concepto de fianza; por ello, mediante escrito de 12 de noviembre de 1997, la representación procesal de la compareciente solicitó al Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife la devolución de esa fianza de 200.000 pesetas consignada en su día en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gijón para garantizar la libertad provisional de su hijo en un procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla de Abona.
De acuerdo con la documentación que acompañaba la reclamante, dicha fianza figuraba como devuelta al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla de Abona el 7 de mayo de 1986 y, sin embargo, en el citado juzgado le comunicaron que no constaba ingresada en la cuenta correspondiente, por lo que no se le podía hacer entrega de la misma. La Fiscalía General del Estado informó de que, tras haber llevado a cabo las oportunas averiguaciones, se pudo detectar que la aludida cantidad se encontraba depositada en la Caja General de Depósitos de Gijón, por lo que se acordó por providencia la devolución de la fianza a la interesada a través de su representación legal (9124029).
En otra ocasión acudió al Defensor del Pueblo un ciudadano de nacionalidad argentina poniendo de manifiesto que desde el año 1994 venía solicitando, a través de cartas de su letrado o gestiones de los trabajadores sociales de las prisiones en las que había estado, Salto del Negro en Canarias, Topas en Salamanca y Soto del Real en Madrid, que le fueran devueltas sus pertenencias, en concreto, dos maletas con ropa, una prótesis dentaria y determinada documentación, sin haber obtenido respuesta a sus peticiones; añadía que, estando próxima su salida de prisión pues estaba previsto que cumpliera el período de libertad condicional en su país, le urgía recuperar las mismas.
En un primer momento, la Fiscalía General del Estado informó que efectuadas las oportunas averiguaciones y una vez vistos los archivos del Juzgado de Instrucción

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número 4 de Las Palmas, no se habían encontrado la documentación y los efectos personales del compareciente. No obstante, se insistió desde el Defensor del Pueblo para que se llevara a cabo un esfuerzo investigador, toda vez que el interesado se había vuelto a poner en contacto con esta institución exponiendo que se le había incoado el correspondiente expediente gubernativo en el juzgado de referencia para la tramitación de una solicitud de extradición a Argentina y se le imputaba la comisión de un delito en el citado país en una fecha en la que, según exponía, se encontraba fuera de Argentina, por lo que le resultaba de gran importancia poder contar con su pasaporte para la defensa de sus derechos. Finalmente se informó desde la Fiscalía General del Estado que en el archivo del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas se localizaron dos maletas a nombre del interesado y que, en una de ellas, había cierta documentación en un sobre al igual que algunas piezas de convicción, todo lo cual fue finalmente entregado al interesado (9710690).
En otra ocasión acudió a esta institución una ciudadana exponiendo que, con motivo del fallecimiento de su hijo, ocurrido el día 26 de enero de 1997, se tramitaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Según manifestaba la compareciente, el juzgado no le comunicó el fallecimiento de su hijo hasta el día 20 de febrero de 1997, fecha en la que recibió en su domicilio un telegrama en el que se le requería para que compareciera ante el juzgado al objeto de hacerle el ofrecimiento de acciones y entregarle copia de la autopsia.
Igualmente puso de manifiesto que había tenido conocimiento de la incoación del correspondiente atestado en la comisaría de policía de Usera, y añadía que en la habitación en la que apareció el cadáver de su hijo existían documentos que permitían su identificación por parte de los funcionarios policiales. Continuaba señalando la compareciente que el juzgado ordenó el traslado del cadáver al Instituto Anatómico Forense para la realización de la correspondiente autopsia, permaneciendo allí hasta el día en que tuvo lugar el sepelio, que se llevó a efecto sin comunicación alguna a los familiares.
Ala vista de estos hechos se estimó conveniente iniciar la correspondiente investigación ante la Secretaría de Estado de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Policía. Desde la Secretaría de Estado de Justicia se ha informado de que la persona fallecida ingresó en el Instituto Anatómico Forense el día 26 de enero de 1997 y hasta el día 18 de febrero de ese año no fue identificado, ya que inicialmente sólo se conocía el nombre del fallecido, y de que entre los objetos intervenidos no existía ningún documento que permitiera conocer su identidad. Una vez identificado fue inmediatamente comunicado al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. La Fiscalía General del Estado indicaba que, hasta el 20 de febrero de 1997, el juzgado no tuvo constancia en autos del domicilio de los padres del fallecido y por ello no fue posible con anterioridad facilitarles ninguna clase de información.
Por otra parte, la Dirección General de la Policía ha informado que en la habitación en donde fue encontrado el fallecido el 26 de enero de 1997, se hallaban unos papeles a su nombre pero, como quiera que no ofrecían suficientes garantías identificativas, fue necesaria la intervención de la Brigada Provincial de Policía Científica. El día 29 de enero de 1997, según el informe policial recibido, la citada brigada identificó plenamente al fallecido y así lo comunicó al órgano judicial.
De toda la información recibida puede deducirse que el juzgado de instrucción tardó veintidós días en comunicar el fallecimiento de una persona a sus familiares, por lo que se ha dado traslado de ese hecho tanto a la Fiscalía General del Estado como al Consejo General del Poder Judicial para que, dentro de sus competencias, promuevan las actuaciones que estimen oportunas. A la persona que presentó la queja se le ha informado también de las acciones que puede iniciar por un anormal funcionamiento de la Administración de justicia (9901715).


1.2.5 Retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia

Se han continuado recibiendo quejas de ciudadanos que manifestaban su disconformidad con el excesivo tiempo que empleaba la Administración en resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial incoados por anormal funcionamiento de la Administración de justicia.
Es especialmente llamativa la de una ciudadana que exponía que, el 23 de abril de 1997, la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal le comunicó mediante escrito el inicio del correspondiente expediente administrativo para comprobar si existía alguna responsabilidad patrimonial de la Administración, para lo cual se había solicitado al Consejo General del Poder Judicial el preceptivo informe sobre los hechos que habían motivado su reclamación, sin que, a pesar del tiempo transcurrido, hubiera vuelto a tener noticias del trámite dado al procedimiento.


Iniciada la investigación pertinente ante la Secretaría de Estado de Justicia se informó de que, efectivamente, con fecha 24 de abril de 1998 se envió éste al Consejo General del Poder Judicial, sin que en el mes de octubre de 1998 hubiera cumplimentado el trámite que se le reclamaba y que era imprescindible para continuar con la tramitación de la reclamación. A la vista de esta información se estimó conveniente continuar las gestiones directamente ante el Consejo General del Poder Judicial que puso de manifiesto que, finalmente, el 2 de diciembre de 1998 había emitido el informe que

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se le solicitaba -es decir, siete meses después de habérsele reclamado-, y que había remitido el expediente al Ministerio de Justicia. Desde ese momento esta institución ha mantenido un seguimiento periódico del estado de tramitación del aludido expediente que, dos años y ocho meses después de que se iniciara, es decir, en el mes de diciembre de 1999, seguía pendiente de que se elaborara la correspondiente propuesta de resolución (9809821).
En otro caso, el interesado exponía que el 9 de abril de 1997 presentó un escrito al Ministerio de Justicia solicitando que se incoara un expediente de responsabilidad patrimonial y que desde el 4 de noviembre de 1997 no se le había vuelto a comunicar nada al respecto de su tramitación. Según la Secretaría de Estado de Justicia, el 4 de julio de 1997 se remitió al Consejo General del Poder Judicial el expediente incoado a instancias del interesado para la emisión del preceptivo informe, sin que, a pesar del tiempo transcurrido, se hubiera recibido, lo que estaba motivando la paralización del expediente de referencia. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial comunicó que, finalmente, el 2 de diciembre de 1998 había remitido el informe solicitado y el expediente al Ministerio de Justicia, es decir, un año y cinco meses después. También en este caso el Defensor del Pueblo ha realizado un seguimiento de la tramitación del referido expediente, aunque no se ha tenido noticia de su resolución (9813667).
Amodo de conclusión, si los expedientes de responsabilidad patrimonial que se incoan por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, en muchas ocasiones, están motivados por las dilaciones excesivas detectadas en los procedimientos judiciales, no deja de ser paradójico que los mismos adolezcan a su vez del mismo defecto que el que, se supone, tratan de comprobar y evaluar.


1.3 Incidencias detectadas en la ejecución de la sentencia del síndrome tóxico

A lo largo de 1999 han continuado recibiéndose quejas relacionadas con diferentes aspectos de la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento seguido tras la adulteración del aceite de colza industrial destinado al consumo humano. Las distintas quejas recibidas se han referido a la lentitud en la ejecución de la citada sentencia, al descuento en las indemnizaciones percibidas de cantidades recibidas anteriormente y a los supuestos de no inclusión en las listas oficiales de personas afectadas por el consumo de aceite tóxico que en su momento fueron reconocidas por las autoridades médicas como enfermos del síndrome tóxico.
Respecto a la lentitud en la ejecución de la sentencia, la investigación efectuada vino propiciada por un escrito recibido de una asociación nacional de afectados en el que se ponía de manifiesto cómo, desde 1981, los más de 25.000 enfermos venían sufriendo constantes dilaciones en la definitiva resolución del procedimiento. En concreto se hacía referencia a que a lo largo de 1999 solamente se tramitaron mensualmente 250 indemnizaciones, por lo que la total ejecución, de seguir a ese ritmo, no se produciría hasta dentro de 10 años. Ante tal situación se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado, en orden a conocer cuál era la situación procesal de la citada ejecución, así como para que informara sobre los medios materiales y humanos que se dedican a dicha ejecución. Al finalizar 1999 no se ha recibido la contestación solicitada, si bien la asociación interesada ha participado que a lo largo de ese año solamente han sido indemnizados un 11 por ciento de los afectados (9813176).
Otro de los motivos mas frecuentes de las quejas recibidas en relación con este problema ha sido la disconformidad expresada por los perjudicados respecto a los descuentos de determinadas cantidades de dinero de las indemnizaciones finales que estaban recibiendo. El origen de esta cuestión se encuentra directamente relacionada con el contenido de la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con fecha 26 de septiembre de 1997. En aquella resolución, tras enumerar las cantidades que debía percibir cada afectado y describir los conceptos a los que respondían tales cantidades, se añadía literalmente: "De las referidas cantidades se habrán de deducir las cantidades adelantadas en concepto indemnizatorio, aunque no se deberán incluir en tales deducciones las cantidades correspondientes a gastos médicos, de seguridad social y otros semejantes a que tengan derecho los afectados por mandato legal".
Diferentes personas perjudicadas en el procedimiento expresaron a esta institución su disconformidad con el hecho de que en las liquidaciones que realizaba la Audiencia Nacional se estaban descontando cantidades tales como 100.000 pesetas ó 1.090.220 pesetas recibidas por unas prótesis, ó 22.500 pesetas por lactancia artificial. A juicio de esas personas ese tipo de cantidades formaban parte del concepto gastos médicos y, por ello, de conformidad con el contenido literal de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, no debían ser descontadas ahora de las indemnizaciones que recibían.
Además hacían constar también su preocupación por el hecho no haber podido expresar su desacuerdo ante el tribunal que ejecutaba la sentencia, ya que, al parecer, les habían indicado en el referido tribunal que para la ejecución se había diseñado un programa informático que no permitía introducir alegaciones o plantear incidentes de ejecución.
La Fiscalía General del Estado comunicó que la Audiencia Nacional, en la ejecución de esta sentencia, venía interpretando como criterio consolidado el de descontar todos aquellos gastos anticipados por la Administración siempre que así lo hubiera indicado la Oficina de Gestión de Prestaciones del Síndrome Tóxico.


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A juicio del citado tribunal, tan sólo tenían la condición de gastos no deducibles los gastos de asistencia familiar y asistencia familiar especial establecidos por los Reales Decretos de 19 de octubre de 1981 y de 19 de junio de 1982. A tenor de la información recibida se procedió al cierre de la investigación, toda vez que, por respeto al principio de independencia del poder judicial, desde esta institución no era posible ni revisar ni modificar las decisiones que se adoptaban por la Audiencia Nacional. A los ciudadanos que presentaron sus quejas se les hizo llegar la anterior información, al tiempo que se les participaba que para la defensa de sus derechos e intereses debían presentar los recursos legalmente previstos ante el tribunal que ejecutaba la sentencia (9913133).
El último de los grupos de quejas se ha referido a aquellos ciudadanos que, habiendo sido en su día reconocidos como enfermos del síndrome tóxico, no recibían tal consideración cuando comparecían ante la Audiencia Nacional y solicitaban su indemnización. El motivo de tal negativa se debía a que no figuraban en las listas que están sirviendo de base al citado tribunal para reconocer la condición de perjudicado. Inicialmente el grupo de personas en esta situación se aproximaba a cincuenta, si bien sucesivamente están acudiendo algunas más, situándose la cifra total en unos doscientos enfermos, según los últimos datos recibidos. Todos los que han acudido al Defensor del Pueblo son afectados que disponen de una amplia documentación, de la que se deduce que sufrieron los efectos del consumo de aceite de colza y recibieron las ayudas y prestaciones sociales que, a lo largo de los últimos dieciocho años, se han concedido a ese colectivo de enfermos. La situación descrita ha producido en los afectados, según sus palabras, honda preocupación y desesperación, ya que cuando creían que iban a recibir su indemnización se han encontrado con la resolución en contra del tribunal que ejecuta la sentencia.
El problema de fondo venía determinado por las decisiones judiciales, por lo que no era posible la intervención del Defensor del Pueblo ante la Audiencia Nacional. Ahora bien, dada la extensa documentación que los afectados habían presentado ante la institución, así como las especiales circunstancias que concurren en este caso, se pusieron los hechos en conocimiento de la comisión interministerial de seguimiento de las medidas en favor de las personas afectadas por el síndrome tóxico, ofreciéndole toda la documentación recibida, al tiempo que se le planteaba que, previa las oportunas comprobaciones, se estudiara la posibilidad de entregar a los perjudicados las cantidades que pudieran corresponderles, partiendo para ello de los criterios indemnizatorios señalados en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997. De esta forma se evitaría que todas estas personas tuvieran que seguir peregrinando de un organismo a otro hasta ver reconocido su derecho.
La citada comisión informó de que carecía de competencias para hacer frente a la situación en la que se encontraban las personas no incluidas en las listas oficiales que servían de referencia a la Audiencia Nacional para reconocer la condición de perjudicado. Se trataba de un asunto que, según la referida comisión, debía ser planteado al más alto nivel de la Administración general del Estado, dada la trascendencia económica y social del problema. No obstante, se señalaba que las personas que se encontraran en esa situación podían exigir la correspondiente responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, según lo dispuesto en los artículos 145 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. A la vista de la contestación recibida, y teniendo en cuenta que han transcurrido más de dieciocho años desde que se produjeron los hechos, se consideró que era necesario transmitir la información existente en esta institución al Ministerio de Economía y Hacienda, haciendo constar al mismo la posibilidad que establece el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de buscar fórmulas convencionales que permitan encontrar acuerdos para que cada uno de los implicados recibiera la indemnización que le corresponda, dado que los criterios indemnizatorios están ya marcados por una resolución judicial. En el momento de finalizar este informe no se ha recibido la contestación solicitada al expresado ministerio (9823613).


1.4 Actuaciones realizadas en relación con los abogados y con la asistencia jurídica gratuita

1.4.1 Quejas relativas a actuaciones de abogados designados por el turno de oficio

Como en años anteriores, son numerosas las quejas recibidas en las que los ciudadanos expresan su discrepancia con la actuación profesional de los letrados designados para su defensa por el turno de oficio. En una de las quejas investigadas, la persona compareciente se hallaba en prisión en virtud de resolución acordada en el curso de las diligencias judiciales, habiéndole sido asignada su defensa por el turno de oficio a un letrado perteneciente al Colegio de Abogados de Valencia, lamentándose la reclamante de que dicho letrado no hubiera acudido a visitarla a la prisión durante los nueve meses que llevaba ingresada.
Recibida la correspondiente comunicación del citado colegio de abogados, en la misma se indicaba que en octubre de 1998 fue designado un letrado de oficio para la defensa de la compareciente.
Transcurridos nueve meses desde la designación, se recibió en dicho órgano colegial escrito de queja de la reclamante ante la falta de atención del letrado. De dicho escrito se dio traslado al abogado denunciado quien formuló las alegaciones que estimó oportunas y solicitó que se nombrara nuevo letrado, por el turno de asuntos graves, que se encargara

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de la defensa de su cliente. A la vista de tales alegaciones, en el mes agosto de 1998 se procedió a la designación de un nuevo letrado, al que, en el mes de septiembre siguiente, el Colegio de Abogados de Valencia urgió para que contactase inmediatamente con su defendida, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad personal. De la información remitida se obtenía como conclusión que la persona compareciente, que se encontraba privada de libertad, no tuvo asistencia letrada efectiva desde el 18 de octubre de 1997, fecha de su detención, hasta el 29 de septiembre de 1998.
En relación con esta cuestión es preciso señalar que el derecho a ser asistido por un abogado no puede transformarse en un mero requisito formal (sentencia del Tribunal Constitucional 42/1982). Este derecho no queda satisfecho con el simple nombramiento o designación de un abogado del turno de oficio (sentencias del Tribunal Constitucional 180/1990, 37/1988 y 135/1991). El artículo 6.3 c) del Convenio de Roma no habla de nombramiento sino de asistencia, expresión idéntica a la del artículo 24.2 de la Constitución, de donde se deduce que lo que la norma constitucional dispone es que el acusado tenga derecho a gozar de una asistencia técnica efectiva, ya que si se interpreta ese derecho de manera formal o restrictiva, correría el riesgo de revelarse como un derecho sin contenido.
En definitiva y dado que, en el presente caso, de la investigación realizada se deducía que la persona compareciente, a pesar de habérsele designado un abogado, no recibió una asistencia técnica efectiva, se estimó conveniente sugerir al Colegio de Abogados de Valencia que, a la vista de las circunstancias concurrentes en este caso, se iniciara el correspondiente expediente a fin de determinar si había existido algún tipo de responsabilidad por parte del letrado designado en primer término para la defensa de la reclamante y, en su caso, se sancionara tal responsabilidad conforme a lo establecido en el título VI del Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio. Dado lo reciente de dicha sugerencia, hasta la fecha no se ha recibido contestación (9816495).
Un ciudadano exponía que, en el mes de agosto de 1998, presentó un escrito de queja ante el Colegio de Abogados de Madrid relativo a la actuación profesional de varios de sus colegiados. Junto al escrito de queja el reclamante remitía fotocopia de una sentencia dictada en un procedimiento penal tramitado en su contra, en la que se documentaba su relación profesional con uno de los letrados denunciados. La comisión deontológica del Colegio de Abogados de Madrid archivó la denuncia formulada porque el denunciante no había acreditado en modo alguno la relación profesional que le unía a los letrados.
No obstante lo anterior, de los datos reunidos por esta institución se desprendía que el compareciente, en su día, requirió los servicios profesionales del letrado denunciado en primer lugar, para que le representara ante el Fondo de Garantía Salarial en un expediente. Concretamente, el día 24 de mayo de 1996, el denunciante expresaba que se había personado en el domicilio del letrado, para que éste realizara las gestiones oportunas ante el Fondo de Garantía Salarial, entregándole en aquella fecha los documentos precisos y pactando entre ellos que los honorarios del letrado ascenderían al 25 por ciento de lo que el trabajador percibiera. Además, según el exponente, el letrado le exigió 50.000 pesetas para iniciar sus servicios, cantidad que no pudo abonar por haber entrado en prisión el 28 de mayo de 1996.
Después de un año, pudo comprobar cómo su abogado, a pesar de tener toda la documentación, no había realizado ninguna gestión ante el Fondo de Garantía Salarial. Así lo reconoció el propio abogado que, en una visita realizada a su despacho profesional, le manifestó que no era especialista en derecho laboral. Ante tal situación, se puso en contacto con el letrado denunciado en segundo lugar, para que además de defenderle en la causa penal que tenía pendiente, también realizara las gestiones pertinentes ante el Fondo de Garantía Salarial. Para acreditar la relación con dicho abogado, el interesado remitió a esta institución copia de una carta recibida, y copia de una sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que figuraba el nombre del indicado letrado.
Transcurrido un año, el segundo abogado le devolvió personalmente la documentación entregada para el estudio de la acción contra el Fondo de Garantía Salarial, alegando que no era su especialidad. Expresaba el interesado que, en su desesperación, contactó con un tercer letrado, al que también entregó la documentación original el 2 de febrero de 1998. Desde esa fecha, indicaba, estuvo intentando ponerse en contacto con él desde la prisión de Topas, pero no le resultó posible. Ante los hechos expuestos y dada la situación personal en la que se encontraba el compareciente, esta institución se dirigió nuevamente al Colegio de Abogados de Madrid a fin de que se depuraran en forma las posibles responsabilidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir los letrados contratados por el reclamante, y requiriendo a dicha corporación para que se removieran cuantos obstáculos pudieran existir para que los intereses de este ciudadano privado de libertad fueran debidamente tutelados ante los órganos competentes.
El nuevo informe del Colegio de Abogados de Madrid expone que, a su juicio, la denuncia se limita a recoger una relación de hechos imprecisos cuajados de apreciaciones subjetivas, respetables pero incompatibles con el principio de presunción de inocencia, al no ir acompañadas de un mínimo de prueba. A la vista de lo expuesto, se informó al interesado de que, para que el citado colegio de abogados pudiera de nuevo examinar la actuación de dichos profesionales, sería conveniente que de nuevo remitiera el correspondiente escrito a dicha corporación, facilitándole el mayor número

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posible de datos y aportándole aquellos documentos precisos para que, a la hora de resolver su pretensión, el colegio de abogados dispusiera de la suficiente información y del material probatorio necesario para que su decisión se ajustara plenamente a la realidad.
Igualmente se hizo saber al interesado que, si una vez presentando su escrito, no recibiera en plazo una respuesta al mismo, podía de nuevo dirigirse a esta institución para que, una vez estudiados los datos que hiciera llegar, se iniciaran las actuaciones pertinentes (9821175).


1.4.2 Pago de tasas y otros impuestos para obtener el beneficio de justicia gratuita

Como ya se hizo constar en el informe del pasado año, se inició una investigación tras la comparecencia de un ciudadano que manifestaba que para formalizar su petición de asistencia jurídica gratuita, se le había exigido la aportación, junto con su solicitud, de distintos documentos, para la expedición de los cuales era imprescindible satisfacer unas determinadas cantidades económicas en concepto de tasas, lo que no podía afrontar dada la situación de insolvencia total por la que atravesaba. Según la información recabada a lo largo de 1998, se encontraba en tramitación un proyecto de orden ministerial en relación a la cuestión planteada, que estaba pendiente de la elaboración del preceptivo informe por la Abogacía del Estado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Durante ese año el Consejo General de la Abogacía Española comunicó que se había adoptado un acuerdo instando al Ministerio de Justicia a que elevase al Ministerio de Economía y Hacienda la suspensión de alguna de las tasas solicitadas hasta que se resolviese el expediente de justicia gratuita. Como quiera que el problema expuesto ha sido también planteado por otro ciudadano, se valoró la conveniencia de solicitar del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Abogacía Española que mantuviesen informada a esta institución de las modificaciones normativas que, en su caso, se efectuasen respecto a estos hechos (9800895 y 9814695).
Durante el año 1999 se ha dirigido al Defensor del Pueblo otro ciudadano poniendo de manifiesto que había presentado ante el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife una solicitud para que se le reconociese el derecho a litigar gratuitamente, siendo requerido por dicha corporación para que aportase la documentación necesaria para tramitar su petición, procediéndose después al archivo de su expediente como consecuencia de no aportar la documentación requerida. En su escrito, el interesado exponía que el motivo por el que no había podido entregar la documentación requerida se debía a que, para obtener la misma, tenía que desembolsar 1.300 pesetas, cantidad que por diversas circunstancias no podía satisfacer.
En el informe remitido por el citado colegio de abogados se manifestó que se había elevado una consulta a la comisión de asistencia jurídica gratuita respecto de la necesidad del abono de determinados gastos por parte de los solicitantes de dicho beneficio como requisito previo para la obtención de la documentación interesada, al entender esa corporación que dicha comisión es el órgano competente para su resolución. Sin perjuicio de lo anterior, se comunicó que se había procedido a la designación de abogado y procurador de oficio al compareciente para el procedimiento solicitado. Por ello, se consideró conveniente interesar del Ministerio de Justicia el envío de información acerca de las últimas actuaciones que pudieran haberse llevado a cabo ante la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda, en relación a la posible exención del pago de tasas para la obtención de certificados catastrales; también se ha solicitado la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española a fin de conocer las propuestas realizadas para establecer la gratuidad de tales documentos. Se está a la espera de recibir los informes solicitados (9900268).


1.5 Actuaciones relativas al Registro Civil

1.5.1 Demora en la tramitación de los expedientes

Como ya se ha expuesto en informes anteriores, en los últimos años vienen siendo frecuentes las quejas en las que los ciudadanos hacen constar demoras en los expedientes relativos al registro civil. A título de ejemplo, se puede señalar el caso de un ciudadano que exponía cómo en el mes de febrero de 1996 había promovido ante el Registro Civil de Ibiza un expediente para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y, en noviembre de 1998, todavía no había sido resuelto. Iniciada la correspondiente investigación ante la Dirección General de los Registros y Notariado se recibió el pertinente informe en el que se indicaba que por resolución de 20 de enero de 1999 se había concedido la nacionalidad española al interesado, es decir, habían transcurrido casi tres años desde el inicio del expediente hasta su resolución. En otro supuesto, el expediente para la adquisición de la nacionalidad española, iniciado en el año 1995, no fue resuelto hasta el mes febrero de 1999 (9822364 y 9803475).
Otra ciudadana compareciente manifestaba que en el año 1998 solicitó del Registro Civil Central la expedición de un certificado de defunción de su esposo, indicando la reclamante que, transcurridos casi dos meses, dicha solicitud fue remitida al Registro Civil de Majadahonda, donde le informaron de la existencia de importantes demoras para la contestación de las solicitudes que se realizaban a dicho registro. Ello motivó que el Defensor del Pueblo se dirigiese a la Dirección General de los Registros y del Notariado a fin de recabar información sobre tal registro civil. El correspondiente informe indicaba que la oficina registral sufría una grave acumulación de trabajo por un incremento

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de la población de los tres municipios a los que extiende su jurisdicción, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Majadahonda, hasta el punto de que en el año 1998 se incoaron 915 expedientes, contando dicha oficina con un solo funcionario auxiliar para su atención.
Igualmente se indicaba que el juez encargado había pedido reiteradamente a la Subdirección de Personal del Ministerio de Justicia la dotación de una plantilla mayor, puesto que un funcionario era insuficiente para la atención al ciudadano, originándose filas de espera. Asimismo, se exponía que existía un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 10 de noviembre de 1998 interesando el aumento de plantilla en un oficial y un auxiliar, para su equiparación a los demás registros, pero tan sólo desde el 5 de abril siguiente se dispuso, al parecer, por la Subdirección de Medios Personales, el aumento de un auxiliar que, conforme se señala en la comunicación enviada, no era suficiente, no siendo además efectivo el aumento de dotación al no estar cubierta la plaza creada.
A la vista del informe recibido se ha solicitado la colaboración del Ministerio de Justicia a fin de conocer las previsiones que, en su caso, pudieran existir en ese departamento para el aumento de personal en el Registro Civil de Majadahonda y la normalización de su funcionamiento, sin que hasta la fecha, dado lo reciente de la comunicación, se haya recibido contestación (9901745).
En el mes de marzo de 1999 acudió a esta institución una ciudadana poniendo de manifiesto que en abril de 1997 tuvo entrada en el Registro Civil de Lorca su solicitud de inscripción de nacimiento fuera de plazo. Añadía que, a pesar del tiempo transcurrido y de haber efectuado por su parte todos los trámites, la misma no se había resuelto, causándole graves perjuicios, pues necesitaba con urgencia que se le expidiera el documento nacional de identidad, lo cual exige previamente la inscripción de su nacimiento. Exponía igualmente que esta demora estaba perjudicando principalmente a sus cinco hijos, pues no podía solicitar ni se le podían conceder las ayudas económicas, sociales y sanitarias que precisaba si no presentaba, junto con sus solicitudes, el documento nacional de identidad. De la exactitud y veracidad de esta circunstancia y de la precariedad en la que se encontraba la interesada y sus hijos tenía conocimiento el Registro Civil de Lorca desde el mismo instante en el que se inició el expediente, ya que entre la documentación que remitió el Juzgado de Paz de Puerto Lumbreras constaba el informe emitido por la asistente social de ese ayuntamiento en el que se hacía referencia a estos extremos.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, en un minucioso informe, indicaba que la fase instructora del expediente tuvo una duración de casi dos años. Concretamente se pudo constatar que desde el 4 de diciembre de 1997 hasta el 15 de febrero de 1999 no se llevó a cabo, por parte del encargado del Registro Civil de Lorca, ninguna gestión en la fase de instrucción, sin que pudieran deducirse de los datos aportados las razones por las que el expediente estuvo paralizado un año y dos meses.
En consecuencia, se solicitó un informe ampliatorio a la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre los aspectos anteriormente señalados. En el informe remitido se indicaba que, a la vista del carácter simbólico de las multas que podían imponerse a los encargados por infracciones relativas al registro, establecidas en el artículo 14 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, y en cumplimiento de la previsión del artículo 64.4 del Reglamento del Registro Civil, se daba traslado de todas las actuaciones al Consejo General del Poder Judicial a los efectos de que, en su caso, pudiera imponer sanción administrativa al encargado del Registro Civil de Lorca por haber paralizado un expediente de inscripción fuera de plazo de nacimiento durante un año y dos meses.
Por su parte el Consejo General del Poder Judicial puso de manifiesto que su servicio de inspección detectó, efectivamente, cierto retraso en la tramitación del expediente de referencia si bien añadía que eximía de responsabilidad al titular del Registro Civil de Lorca, toda vez que éste, desde que tomó posesión en febrero de 1993, había puesto de manifiesto en diversas ocasiones la situación de saturación de la oficina, principalmente debida al hecho de que solo contaba con dos funcionarios para hacerse cargo de los 500 expedientes gubernativos y de las 1.800 inscripciones, así como para atender al público, facilitar notas marginales y atender solicitudes por correo.
Se decía igualmente que la situación de caos había llegado a tal extremo que el Pleno del Ayuntamiento de Lorca aprobó una moción en marzo de 1998 por la que se acordaba dirigirse a la Administración del Estado exponiendo estos hechos, habiéndose producido en junio de ese mismo año un refuerzo de plantilla que, sin embargo, no parece haber sido suficiente para normalizar el registro.
Finalizaba el consejo poniendo de manifiesto que, si en un órgano judicial existe una sobrecarga competencial, no puede trasladarse a sus titulares la responsabilidad de sustituir a la Administración cuando es a ésta a quien compete, entre otras funciones, la labor de proporcionar a los órganos judiciales el personal funcionarial adecuado para hacer frente a los asuntos pendientes.


A la vista de la información recibida, se ha comunicado a la interesada cada uno de los informes recibidos y se le ha participado que, debido a los atrasos detectados en la tramitación de su expediente, puede solicitar la correspondiente indemnización por el anormal funcionamiento de la Administración. Además, se ha dado traslado al Ministerio de Justicia de la situación que presenta el Registro Civil de Lorca, con objeto de que informe acerca de las medidas que tiene previsto adoptar para normalizar su funcionamiento (9902281).


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1.5.2 Denegaciones de inscripciones en relación con los matrimonios en los que uno de los cónyuges no es de nacionalidad española

En distintas ocasiones se han dirigido a esta institución numerosos ciudadanos poniendo de manifiesto su falta de conformidad con las decisiones adoptadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado. En unos casos esa falta de conformidad se refería a inscripciones denegadas, cuando el matrimonio se había celebrado en el extranjero según la lex loci y, en otros casos, la disconformidad se refería a las negativas de los encargados de los registros para autorizar la celebración de los matrimonios, una vez que habían llevado a cabo por separado la práctica del trámite de audiencia reservada, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 246 del vigente Reglamento del Registro Civil. En todos los casos puestos en conocimiento de la institución, el encargado del registro denegaba sistemáticamente la inscripción o impedía la celebración al entender que no concurría un consentimiento matrimonial real.
A la vista de lo anterior el Defensor del Pueblo puso de manifiesto al Ministerio de Justicia que el consentimiento matrimonial es válido en función de cualquier interés siempre que no conlleve una extralimitación del propio consentimiento; por ello, esta institución mostró su preocupación ante el uso que, desde la Dirección General de los Registros y del Notariado, se estaba dando a su Instrucción de 9 de enero de 1995, entendiendo que tal instrucción pudiera estar produciendo serias intromisiones innecesarias en la intimidad de las personas que contraen o pretenden contraer matrimonio. La Constitución reconoce, en su artículo 32, el derecho a contraer matrimonio como expresión específica de la capacidad para obligarse mediante una declaración de voluntad, por tanto, el derecho a contraer matrimonio es un derecho subjetivo de la persona reconocido tanto en la Constitución como en los convenios internacionales.
Por consiguiente, las leyes pueden prever una reglamentación general del ejercicio del derecho al matrimonio y toda persona deberá, en consecuencia, respetar tal regulación, aunque tales formalidades y limitaciones deben respetar siempre el derecho al matrimonio, derecho que forma parte de unas tradiciones profundamente arraigadas en los Estados miembros del Consejo de Europa. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho de los hombres y las mujeres a casarse y fundar una familia y disfrutar en igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, a partir de la edad núbil, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o de religión. Por su parte, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece en su artículo 12 que, a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen el derecho a casarse y fundar una familia según las leyes nacionales que regulan el ejercicio de este derecho.
En la normativa vigente española, los requisitos de los que depende la validez del matrimonio son fundamentalmente la edad fijada por la ley y la inexistencia en ambos contrayentes de otro vínculo matrimonial anterior. La validez de un matrimonio dependería, por ello, del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente, si bien la práctica evidencia cómo en algunas ocasiones se exigen o imponen a los futuros contrayentes determinadas condiciones que, en modo alguno, se derivan de la normativa aplicable en la materia. Un ejemplo claro de la exigencia indebida de requisitos no previstos legalmente es la propia existencia de la Instrucción de 9 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En la misma se hace constar correctamente la importancia que, dentro de la tramitación del expediente matrimonial, tiene la audiencia reservada y que por separado debe realizar el encargado del registro a los futuros contrayentes. Sin embargo, seguidamente se indica que esa audiencia "...puede y debe servir para que el instructor se asegure del verdadero propósito de los comparecientes y de la existencia en ambos del real consentimiento matrimonial. Un interrogatorio bien encauzado puede llegar a descubrir la intención fraudulenta de una o de las dos partes...".
La referida instrucción contiene una aparente incoherencia entre su primera parte introductora y el contenido de sus apartados. Así, la introducción indica que la intención de la misma "...no es la de coartar en modo alguno un derecho fundamental de la persona, como lo es el de contraer matrimonio..."; sin embargo, seguidamente menciona que el instructor debe de llegar a conocer cuál es el "verdadero propósito de los comparecientes", no encontrando amparo tal instrucción en el artículo 246 del Reglamento del Registro Civil, tal y como se cita en la misma, ya que tal precepto no contempla llegar a conocer el verdadero propósito de los futuros contrayentes. Por todo lo anterior, esta institución entiende que no es posible ni admisible desde la estricta aplicación de la legalidad, si los contrayentes insisten en su intención de contraer matrimonio y tienen la necesaria capacidad nupcial, coartar ese derecho. La falta de un auténtico consentimiento matrimonial sólo puede quedar acreditada con posterioridad a la celebración del matrimonio y, para ello el Ministerio Fiscal, en su caso, deberá ejercitar la acción de nulidad prevista en los artículos 73.1 y 74 del Código Civil. Este criterio ha sido mantenido en un número considerable de resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, entre otras, las de 9 de octubre de 1993, 3 de diciembre de 1993, 21 de junio de 1994 y 1 de marzo de 1995.
Por todo ello se recomendó al Ministerio de Justicia que en la interpretación que se efectúe por los encargados

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de los registros civiles y por la Dirección General de los Registros y del Notariado, a la hora de inscribir o de autorizar matrimonios, se respete íntegramente el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio, teniendo en cuenta los argumentos expresados, dejando sin efecto la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de enero de 1995 y limitándose, por tanto, los encargados de los registros a exigir de los contrayentes única y exclusivamente aquellos requisitos que legalmente se exigen en el Código Civil, en cuanto a la capacidad de las personas para contraer matrimonio. En el momento de elaborar este informe se continúa a la espera de recibir la oportuna contestación (F9900122 y 9908878).


1.5.3 Inscripción de nacimiento en los casos en los que se han utilizado técnicas de reproducción asistida

Una ciudadana exponía que, tras someterse a la técnica de reproducción asistida de inseminación artificial por donante, tuvo una hija y que, al acudir al Registro Civil de Bilbao a solicitar el libro de familia, le indicaron que, por aplicación del artículo 191 del Reglamento del Registro Civil, debía señalar un nombre de varón en el apartado o casilla correspondiente al padre. La interesada mostró verbalmente su desacuerdo con tal práctica y su deseo de que el apartado quedara vacío o, como mucho, que constaran en el mismo las siglas IAD (inseminación artificial por donante); finalmente, ante la imposibilidad de obtener de otro modo el libro de familia, inventó un nombre y se lo facilitó a la persona que le atendía.
La Dirección General de lo Registros y del Notariado,al finalizar el año 1999, ha remitido un informe en el que hace constar que el artículo 191 del Reglamento del Registro Civil establece que, en la inscripción de nacimiento de un menor, cuando sólo esté determinada la filiación materna, ha de consignarse de oficio un nombre de padre a los efectos de identificar a la persona, nombre propio que puede ser suprimido por solicitud del interesado cuando éste alcance la mayoría de edad. Según exponía la citada dirección general, la finalidad del precepto se debe a que es costumbre inveterada entre los españoles el ser identificados haciendo constar que son hijos de un padre y de una madre y supondría una verdadera discriminación que, por no constar la filiación respectiva, una o las dos casillas hubieran de quedar en blanco. Sobre la consignación de nombre de padre o madre a efectos identificativos, la citada dirección general añade que emitió una resolución el 4 de noviembre de 1966 en la que se justificaba tal medida por una finalidad humanitaria. Estos fundamentos, por los que se obliga a que registralmente todos los nacidos tuvieran necesariamente padre y madre, resultan, a juicio del Defensor del Pueblo, difícilmente defendibles.
En efecto, si la razón última del artículo 191 del Reglamento del Registro Civil es la de proteger al menor frente a terceros ajenos al origen de su filiación y que en un momento determinado pudieran tener acceso a la información que se trata de ocultar, es decir, que carece de padre conocido, no es necesario poner un nombre ficticio, ya que la propia legislación registral dispone de otros mecanismos de protección, como el recogido en el artículo 21 del Reglamento del Registro Civil, que impiden la publicidad sin autorización especial de la filiación adoptiva, no matrimonial o desconocida o de las circunstancias que descubran tal carácter. La situación actual supone, en la práctica, que el registro está consagrando una falsedad en cuanto a la verdadera filiación del menor. La garantía de exactitud registral y legalidad exige que haya una concordancia del registro con la realidad, a la que contribuye la función calificadora del encargado, tal y como establece el artículo 27 de la Ley del Registro Civil. Poner un nombre de varón ficticio en la casilla reservada al padre, cuando en verdad la madre ignora la identidad de éste, supone igualmente consagrar una falsedad en el registro civil que, como ocurre con cualquier oficina pública, no debería dar fe de datos que no son ciertos.
La Dirección General de los Registros y del Notariado entiende que, con esta precaución, se protege en última instancia al menor. No obstante, a juicio de esta institución, este planteamiento adolece de un excesivo rigor y responde a una concepción del honor más propia de otro momento histórico y basada en prejuicios y discriminaciones que deben estimarse superados.
A la vista de cuanto se viene exponiendo, es preciso coordinar y dar protección tanto a los intereses del hijo -únicos que en estos momentos reciben cobertura jurídica- y a los de la madre. Para ello parece razonable que la misma pueda optar, cuando se desconoce la identidad del padre, en función de sus intereses, entre dar un nombre de varón ficticio o bien dejar la casilla correspondiente en blanco.
Es a la madre a la que corresponde valorar, en su caso, qué opción es la que mejor puede proteger a su hijo del reproche social que puede suponer el carecer de padre conocido.
Además la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, exige en todo momento que el donante sea anónimo. Por ello, es incongruente que a una persona que quiere tener un hijo mediante una técnica de reproducción asistida, en la que debe desconocer la identidad del donante, se le exija luego que facilite un nombre, aunque sólo sea a los meros efectos identificativos, esgrimiendo que tal medida se hace en beneficio del menor, cuando tal protección puede ofrecerse mediante otros mecanismos regístrales. Se está ignorando con este planteamiento que a esta misma mujer se le reconoció legalmente su derecho a ser madre en solitario mediante norma con rango de ley, cuya constitucionalidad, por otra parte, acaba de ser ratificada.


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También debe añadirse que este argumento no se contradice con el artículo 7 de la Ley 35/1988, que dispone que, en ningún caso, la inscripción en el registro civil reflejará datos de los que pueda inferirse el carácter de la generación. No se trata por tanto de que conste si el menor cuya inscripción se solicita fue procreado por técnicas de inseminación artificial por donante o por fecundación in vitro, sino que lo que se pretende es que el espacio reservado a los datos identificativos del padre quede en blanco o se rellene con un nombre de varón a elección de la madre biológica (9904321).


2. ADMINISTRACION PENITENCIARIA

2.1 Visitas efectuadas e infraestructuras penitenciarias

Los centros penitenciarios visitados durante 1999 han sido los siguientes: Alicante cumplimiento, Cáceres, Córdoba, Teixeiro (A Coruña), Dueñas (Palencia), El Dueso (Cantabria), Granada, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Huesca, Madrid I, Madrid III, Madrid V, Madrid VI, Málaga, Melilla, Monterroso (Lugo), Ocaña (Toledo), Palma de Mallorca, Pamplona, Centro de Inserción Social Victoria Kent (Madrid) y Villabona (Asturias).
Es necesario señalar nuevamente que continúa sin entrar en funcionamiento el centro penitenciario de Zuera, cuyas obras concluyeron en el año 1996. No obstante, se ha conocido que se están efectuando obras de cara a su futura inauguración, desconociéndose cuándo se pueda efectuar ésta. En tanto no se proceda a su efectiva puesta en funcionamiento, los internos de los centros penitenciarios de Zaragoza y Huesca sufrirán los inconvenientes de encontrarse en unos centros cuyas instalaciones son inadecuadas para el cumplimiento de los fines legalmente atribuidos a las penas privativas de libertad (F9600064).
En el pasado año 1998 se inició una investigación sobre la situación del centro penitenciario de Huesca. De la inadecuación de sus instalaciones se ha tenido conocimiento directo con motivo de una visita efectuada en junio de 1999, en la que se contrastó la información facilitada por la Administración como réplica a un escrito de queja presentado por una asociación ciudadana, del que se dio oportuna cuenta en el informe anual correspondiente al pasado año. Al citado centro le ha sido asignada una capacidad cifrada en doscientas veintitrés personas. Se comprobó que las celdas en las que son alojados los internos, con una superficie aproximada de diez metros cuadrados, no pueden considerarse correctas, ya que hay un único armario, una sola mesa y parte del espacio disponible está ocupado por el inodoro que, además, pese a la existencia de un muro, no garantiza la intimidad de los presos, que se encuentra comprometida por la convivencia forzada de más de una persona en una misma celda. La falta de adecuación a la que se ha hecho referencia encuentra su máxima expresión en la persistencia de las celdas americanas.


Con independencia de otras valoraciones, la impresión que se extrajo de la visita efectuada es que el estado de mantenimiento y conservación de este centro penitenciario es mejorable. En algunos casos estas mejoras precisarían de inversiones y, en otros, bastaría con una actuación más diligente. A modo de ejemplo, durante la visita se pudo apreciar que muchos grifos de los lavabos perdían agua y no siempre era posible su cierre. El centro presentaba grandes humedades, particularmente en la planta baja, a causa de filtraciones del subsuelo, todo lo cual ocasiona que las celdas situadas en la planta inferior sean muy húmedas y, en consecuencia, muy frías en invierno. También se pudo apreciar que los dos patios más utilizados, los correspondientes a las galerías cuarta y segunda presentan irregularidades en su pavimento que harían aconsejable su arreglo. El estado de pintura general del centro es mejorable, especialmente en cancelas y puertas metálicas. A la vista de todo lo anterior se solicitó a la Administración penitenciaria nueva información sobre todas y cada una de las deficiencias detectadas. En el momento de elaborar este informe no se ha recibido la contestación al mismo (9822958).
En 1999 se han inaugurado las nuevas prisiones de Palma de Mallorca y Mansilla de las Mulas y han sido clausuradas las de Guadalajara, León y Palma de Mallorca. En la actualidad continúan en construcción varias prisiones cuyas obras se encuentran en diversos grados de ejecución, algunas de ellas en un estado muy avanzado o prácticamente concluidas como las de Algeciras, Córdoba y Segovia, siendo la de Villena la más atrasada. La futura entrada en funcionamiento de los citados centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía permitirá mejorar sustancialmente la situación de algunas prisiones de esta zona geográfica. En concreto, se verán beneficiados los reclusos que actualmente se encuentran en las prisiones de Córdoba, Algeciras, Jerez y Ceuta, entre otras.
En todas estas prisiones las condiciones de vida imperantes se apartan de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria; por ello, resultaría necesario que, una vez concluidas las obras y previa dotación de los recursos humanos precisos, se procediera a su inauguración a la mayor brevedad.
Hay una investigación en trámite sobre la situación del centro penitenciario de Algeciras, que fue construido en 1959 con un reducido tamaño y con unas instalaciones inadecuadas para que las prestaciones a las que viene obligada la Administración penitenciaria puedan dispensarse correctamente. Durante el presente año la población albergada en el mismo ha aumentado ligeramente, de modo que, a finales de 1999, el departamentode hombres estaba ocupado por cerca de trescientos

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internos y el de mujeres por treinta y una internas. Ha de señalarse que los departamentos de aislamiento y de jóvenes tienen celdas ocupadas por tres presos cada una. Los restantes reclusos son alojados en dormitorios colectivos de más de cincuenta internos cada uno.
Como ha hecho constar el Defensor del Pueblo en los correspondientes informes anuales, las condiciones de vida en las brigadas no resultan aceptables, para garantizar unas condiciones dignas para el cumplimiento de la pena. Las literas son de tres alturas y la separación entre ellas es muy reducida. En este contexto no sólo no existe la intimidad, sino que ni siquiera es fácil la movilidad física dentro del dormitorio. Estas condiciones de alojamiento dificultan severamente el mantenimiento de unas mínimas condiciones higiénicas y de salubridad. Este panorama se ve agravado por las altas temperaturas que en los meses de verano sufre esta zona geográfica. Las dotaciones de aseos y duchas son insuficientes. Por todo ello se hace necesaria la agilización de las gestiones tendentes a la apertura del nuevo centro penitenciario de Algeciras.
La situación del centro penitenciario de Ceuta también ha motivado la intervención de esta institución, que en 1997 inició una investigación sobre las condiciones de vida en aquella cárcel, que en la actualidad continúa. Esta prisión, construida en los años cincuenta, fue diseñada para albergar unos setenta presos. Como consecuencia de unas obras de reforma interior se consiguió duplicar su capacidad. Pese a ello, las zonas destinadas a usos comunes como los patios, los comedores o la escuela permanecieron inalteradas, reduciéndose de este modo en un cincuenta por ciento el espacio disponible por persona. A finales de 1999 el centro estaba ocupado por doscientos setenta y siete reclusos, una población superior a la que puede albergar en unas condiciones mínimamente adecuadas a las previsiones de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Las celdas, de unos ocho metros cuadrados, aproximadamente, son ocupadas por dos, tres o cuatro personas. El exceso de pertenencias de los reclusos en el interior de las celdas hace aún más difíciles las ya de por sí inadecuadas condiciones de vida debidas a la sobreocupación. El centro dispone únicamente de un aula de unos quince por ocho metros, atendida por un único profesor, situación en la que permanece desde hace unos cuatro años. Esa dependencia, junto con la biblioteca, de unos cincuenta metros cuadrados, son los únicos lugares en los que se pueden desarrollar actividades en común, pues no existen ni talleres ni lugares de reunión. Los locutorios son insuficientes y los que hay son inadecuados para mantener comunicaciones familiares.
De la ausencia de suficientes espacios comunes en la prisión da muestra el hecho de que los internos pertenecientes a la religión musulmana, alrededor de un 70 por ciento de la población del centro, practican los ritos de su religión en la galería primera en un minúsculo hueco de una escalera, en el que unas mantas atadas a la barandilla forman las paredes y techos de este cubículo. La Administración penitenciaria reconoce las lamentables condiciones de vida imperantes en el centro y comparte con esta institución el criterio de que lo obsoleto de sus instalaciones impide cubrir mínimamente las previsiones de la Ley Orgánica General Penitenciaria, manifestando que la solución al problema planteado se producirá con la puesta en marcha del nuevo centro penitenciario de Algeciras. Por ello, se ha hecho saber a la Administración que debe proceder a la rápida conclusión de las obras de la mencionada prisión y a su pronta inauguración (9706381).
Este año se ha de insistir en que, además de la inadecuada situación que presentan los centros que se mencionan en el presente epígrafe, persiste todavía la convivencia de forma obligada de dos presos por celda. Se ha podido comprobar la existencia de celdas con más de dos internos en las visitas realizadas a las prisiones de Pamplona (sección abierta), Melilla, Alicante, Córdoba y El Dueso.
Con motivo de una queja tramitada en el presente año se ha apreciado que la Administración penitenciaria, a la hora de valorar la ocupación en el centro penitenciario Madrid V en Soto del Real, parece obviar las previsiones contempladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, esto es, que el principio del alojamiento celular es básico en el sistema penitenciario español y no puede estimarse correcta la situación de un centro en el que no se respeta, aunque sea temporalmente admisible que los presos compartan celda. En un escrito de la Administración penitenciaria relativo a la capacidad de una determinada prisión se expresa que, pese a que éste tiene una sobreocupación del 159 por ciento, la situación se estimaba correcta y no precisaba mejora alguna. Dicha consideración se basaba en que no se había visto superada la denominada capacidad operativa, cuyo límite sería que todos los reclusos se encuentren en celda compartida. A este respecto se ha señalado a la Administración que el concepto de capacidad operativa, carece de soporte legal y va contra el espíritu de la legislación penitenciaria, en la medida en que se considera normal el alojamiento en celda compartida, en detrimento del alojamiento en celda individual (F9600055).
En relación con las infraestructuras penitenciarias, han merecido especial atención a lo largo de 1999 las previsiones relativas a la construcción de nuevos centros de inserción social. En este sentido está prevista la construcción de un nuevo centro en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, radicado en la isla de Menorca. De este modo, una vez que se cierre el antiguo centro penitenciario de Palma de Mallorca, no habrá instalaciones adecuadas ni para el cumplimiento de arrestos de fin de semana ni para el destino de presos clasificados en tercer grado, pues el nuevo centro penitenciario no posee instalaciones específicas paraeste fin.


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Mientras se construye el futuro centro de inserción social en Málaga la sección abierta de esa provincia se ubica en la antigua prisión.
En la actualidad están allí destinados ciento cincuenta presos clasificados en tercer grado. Pese a ello, los planes de construcción de nuevos centros de inserción social prevén la creación de un centro con cien plazas, de modo que si no se reforma, es previsible que ya desde su fase de proyecto sea insuficiente para atender siquiera las necesidades actuales de esta provincia.
En relación con la correcta programación de plazas penitenciarias y su adecuación a las previsiones de la Ley Orgánica General Penitenciaria, es necesario también señalar la situación observada con motivo de una visita efectuada al Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, donde se comprobó que el estado de las instalaciones denotaba su antigüedad y falta de mantenimiento. En el mismo los dormitorios continúan sin adecuar sus condiciones a las previsiones de la ley penitenciaria, ya que los destinados a internos en tercer grado, en su mayor parte, son colectivos, excepto una brigada recientemente reformada y los del departamento de mujeres.
Las doce celdas destinadas al cumplimiento de arrestos de fin de semana, situadas en la antigua zona de aislamiento de la prisión de mujeres, son también de uso compartido, pese a que la normativa que regula el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana establece que estas penas han de cumplirse en régimen de aislamiento celular. Por ello se señaló a la Administración penitenciaria que el hecho de que los internos únicamente utilicen el establecimiento para dormir o para el cumplimiento de arrestos de fin de semana, no justifica que se considere normal que el uso de las celdas haya de ser compartido, por lo que resultaba necesario ejecutar las obras de reforma interior precisas para mejorar estas condiciones de alojamiento. El centro dispone de veinticinco plazas para el cumplimiento de las penas de arresto de fin se semana y, según se ha podido conocer, existe una considerable lista de espera de internos pendientes de poder cumplir su condena en Madrid. Durante una visita se pudo apreciar que el centro cuenta con algunas dependencias cerradas, que sería conveniente aprovechar para este uso, eliminando de este modo las listas de espera. Por ello se ha solicitado información sobre si las obras previstas a corto plazo contemplaban la reforma interior precisa para mejorar las condiciones de alojamiento de las personas condenadas al cumplimiento de estas penas (F9600055).
El estado de conservación de los locutorios ha motivado una solicitud de información general a la Administración, que ha manifestado que cerca del 50 por ciento de los centros penitenciarios cuya gestión corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias presentan unos locutorios cuyas condiciones acústicas no son buenas.
Asimismo, ha informado de su voluntad para proceder a su adecuación, al menos en los centros que presentan peor situación. No obstante, la Administración ha hecho constar que, dada la falta de disponibilidad presupuestaria, se decidió posponer la ejecución de estas mejoras, excepto las más acuciantes, si bien a lo largo del año 2000 podrían acometerse todas las reformas necesarias. Esta investigación continúa abierta (9623671).


2.2 Aspectos higiénicos, alimentarios y sanitarios

Un año más esta institución ha de manifestar que la Administración penitenciaria muestra una sensibilidad en materia de protección medioambiental menor de la que sería deseable. En anteriores informes anuales se dejó constancia de una investigación, cuya tramitación ha continuado en el año 1999, a través de la cual se pretendía conocer la actuación de dicha Administración en materia de gestión de los residuos que generan los centros penitenciarios y sobre la recogida selectiva de basuras. La Administración no considera que sea urgente abordar la gestión de los residuos ni se siente concernida por ninguna obligación legal para realizar actuaciones concretas en esta materia. Pese a ello, desde esta institución se llamó su atención ya que, en la actualidad, tanto la producción como la gestión de determinados residuos son un problema que genera una creciente sensibilidad social.
En efecto, tanto la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, establecen obligaciones para los poseedores finales de los residuos de envases que deben entregarlos en condiciones adecuadas de separación por materiales con el fin de facilitar su recogida selectiva. En años anteriores la Administración penitenciaria organizó cursos de educación medioambiental para reclusos. Sin embargo, en este año no ha habido en ningún centro penitenciario dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ningún curso de estas características. Este hecho no puede ser positivamente enjuiciado, particularmente teniendo en cuenta, como ha señalado la Administración, que los reclusos presentan unos niveles bajos de conciencia medioambiental.
En relación con el aprovechamiento de la energía solar, esta institución ha señalado la conveniencia de racionalizar los consumos energéticos y la eventual sustitución racional de fuentes de energía en el ámbito penitenciario. En este sentido, no puede ignorarse que España posee un importante potencial para el aprovechamiento de este tipo de energía, que habría que tener en cuenta, particularmente, con motivo de la futura construcción de 24 nuevos centros de inserción social. En el informe recibido de la Administración se dice que se halla pendiente la firma de un convenio con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético para el estudio de la implantación de placas de energía solar en el centro penitenciario de Almería, como experiencia

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piloto de cara a su futura implantación en otros centros. Por último, respecto a la posible instalación de placas solares fotovoltáicas en los nuevos centros de inserción social, la Administración comunicó que barajaba la posibilidad de diseñar un centro de inserción social tipo o proyecto básico que, en caso de llevarse a cabo y en el supuesto de que la ubicación geográfica lo recomendara, incorporaría sistemas de aprovechamiento de energía solar (F9500041).
Subsiste la preocupación manifestada en anteriores informes en relación con la mejora de la calidad de la alimentación de internos, habida cuenta de que la asignación presupuestaria en esta materia permanece invariada desde noviembre de 1990. Desde el año 1995 se viene realizando una investigación de oficio a fin de conocer las soluciones que podrían adoptarse. La Administración comunicó que se estaban haciendo gestiones para modificar la Orden Ministerial de 1 de noviembre de 1990 que regula el importe de las cantidades destinadas a la alimentación de los internos. Las últimas informaciones recibidas ponen de manifiesto que continuaban las gestiones precisas para lograr el incremento de las asignaciones presupuestarias. Según se informaba, se estimaba aconsejable un incremento en torno al 10 por ciento. La investigación continúa, ya que al concluir el presente informe no se había producido el incremento referido (F9500041).
En el presente año un recluso de la prisión de Dueñas manifestaba padecer dificultades para que le fuera facilitada dieta vegetariana, conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas. Al parecer, este interno procedía de otro centro donde recibía la citada dieta sin problemas. De la contestación remitida por la Administración penitenciaria se desprendía que el director del centro penitenciario de Dueñas había adoptado la resolución de no proporcionar dieta vegetariana al interno por estimar que podría ser perjudicial para su salud y porque, debido a la limitación de los medios disponibles, no era posible satisfacer más variedades de menús. En la visita que se realizó a esta prisión, se pudo comprobar que, al igual que sucede en otros centros penitenciarios, la variedad de culturas y creencias de los internos hace necesaria la preparación de dietas musulmana, médica y de suplemento para jóvenes. Además, hay prisiones en las que junto a estos menús se ofrece la posibilidad de elegir entre dos primeros y dos segundos platos en el menú general. Por otra parte, era sólo parcialmente cierto que no se facilitara dieta vegetariana en este centro, puesto que un preso había conseguido que, merced a resoluciones judiciales, se le facilitasen tales dietas. A la vista de lo observado en el centro penitenciario y teniendo en cuenta los motivos aducidos por la Administración, se solicitó de la misma que analizara el problema e informara de las posibles vías de solución y medios precisos para su consecución. Esta queja continúa en tramitación (9905921).
Esta institución tuvo conocimiento de que en el mes de agosto de 1999, en la prisión de Brieva, ciento sesenta de las ciento ochenta mujeres que cumplían condena sufrieron una intoxicación gastrointestinal. Al parecer, los primeros síntomas empezaron a manifestarse en la noche del sábado al domingo cuando algunas internas comenzaron a sentirse indispuestas. Al día siguiente se sirvió el desayuno ordinario, sin que la mayoría llegara a probarlo.
Al mediodía se preparó en la cocina un líquido que fue llevado a los módulos en grandes ollas de cocina sin tapar, y que fue servido por reclusas que, al parecer, también estaban enfermas, sin adoptar ningún tipo de precaución básica. De hecho, éstas se tenían que inclinar sobre las grandes ollas para introducir jarras de plástico con las que luego se repartía el mencionado líquido. No llevaban gorro, bata o mascarilla, tan sólo unos guantes de plástico que no se ajustaban y que eran extremadamente finos. Las mujeres protestaron ante esta falta de higiene pero, lejos de resolverse, la misma situación se volvió a repetir a la noche. Hasta pasadas las 13,30 horas no se autorizó a las internas que estaban en el patio a que subieran a sus celdas, por lo que pasaron toda la mañana en el patio y en la sala de la televisión con vómitos, fiebre, etc. Según los testimonios recibidos, el médico que estaba de guardia no se presentó en toda la mañana por el módulo ni atendió a las que estaban más graves, pasando consulta por la tarde; sin embargo, no examinó a todas las que lo solicitaron, pues algunas fueron atendidas por el ayudante técnico sanitario. La medicación que el facultativo fue repartiendo, al parecer, estaba caducada desde hacía cuatro meses y, cuando las reclusas protestaron por este hecho, el médico no adoptó ninguna medida o precaución, ni siquiera la de avisar a las que la habían recibido ya.
Días después se pudo comprobar que una interna destinada en la cocina tenía una enfermedad contagiosa en las manos, a pesar de que para manipular alimentos es obligatorio llevar guantes y someterse a revisiones médicas periódicas. En el momento de concluir el presente informe no se ha recibido la contestación de la Administración (9912990).
En el curso de la visita efectuada al centro penitenciario de jóvenes de Monterroso, en Lugo, el reparto del segundo plato de la comida se realizaba con la mano. Idéntico hecho se apreció con motivo de la visita efectuada también en el presente año al centro penitenciario de Málaga. Ambas situaciones son ilustrativas de una práctica que si bien no es alentada por la propia Administración, sí está tolerada, toda vez que el reparto de comida se realiza siempre en presencia de funcionarios. En ambos casos se manifestó a los responsables administrativos directamente implicados la necesidad de dotar a los internos repartidores de comida de los adecuados utensilios que faciliten que el reparto de ésta se realice en unas condiciones de higiene mínimamente aceptables.


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En términos generales, las condiciones higiénicas de los centros visitados son correctas. No obstante, han de señalarse situaciones puntuales que, de un modo u otro, han motivado la intervención de esta institución, en unos casos indicando al responsable de cada centro la situación observada y, en otros, dando lugar a investigaciones formales. Con motivo de la visita al centro penitenciario de Málaga se apreció que la limpieza de las salas de día era mejorable. En el centro penitenciario de Monterroso la higiene tanto personal de los internos como la de las celdas visitadas dejaba que desear. La falta de mobiliario adecuado hacía que los internos improvisaran armarios para su ropa con palos de escoba suspendidos del techo mediante cuerdas confeccionadas con tiras de sábanas. Las zonas comunes intramodulares presentaban un estado de abandono preocupante, con falta de cristales en numerosas puertas, la pintura en mal estado, los suelos deteriorados, y una ausencia generalizada de mobiliario. En las salas de día de los módulos visitados no había ninguna silla para sentarse.
Dentro de las cuestiones sanitarias, debe mencionarse que durante 1998 fue aprobada en Consejo de Ministros la construcción de cuarenta unidades de custodia de reclusos en hospitales de la red pública. A través de esta actuación se pretendía, por una parte, adecuar las instalaciones preexistentes, y por otra, la creación de nuevas zonas de custodia en aquellos hospitales de referencia que carecían de ellas. Al tiempo, se trataba de racionalizar el empleo de efectivos policiales en la custodia de los reclusos hospitalizados en centros de la red pública. En el presente año han sido inauguradas las del hospital de referencia del centro penitenciario de Huelva y la del hospital Gregorio Marañón en Madrid. En el momento de ser remitido el último informe, se estaban produciendo actuaciones de diverso tipo en veintinueve de las cuarenta unidades de custodia o acceso restringido. En relación con ese tema conviene recordar una vez más que es necesario incrementar el actual ritmo de inauguraciones de unidades de custodiados, ya que más de la mitad de las actuaciones propuestas en su momento fueron consideradas de carácter urgente por la Administración. La presente investigación continúa en tramitación (9600107).
En el curso de la visita efectuada al centro penitenciario de Villabona los facultativos allí destinados pusieron de manifiesto el problema que, a su modo de ver, supone el alto número de internos que se encuentran ingresados en la enfermería por padecer enfermedades psíquicas, destacando, como ya han hecho en otras prisiones, que el número de pacientes ingresados en estas enfermerías por motivos psíquicos es mayor que el de los ingresados en la correspondiente unidad del hospital público de referencia. Este dato expresa la necesidad de reforzar la atención de los reclusos que padecen este tipo de patologías. Las posibilidades de intervención terapéutica con estos internos, dada su ubicación en las enfermerías de las prisiones, son muy reducidas y se limitan a los tratamientos farmacológicos, no siendo posible realizar terapias de grupo ni actividades ocupacionales o terapéuticas, por falta de espacios materiales y de medios profesionales adecuados.
Este centro en concreto recibía la visita periódica de un psiquiatra consultor. Análogas consideraciones cabe realizar de la visita efectuada al centro penitenciario de Málaga donde se comprobó que veinticinco de los ochenta reclusos ingresados en la enfermería padecían enfermedades psíquicas, con la diferencia de que en este último centro no se recibía la visita de ningún psiquiatra consultor.
La enfermería del centro penitenciario de Huesca no reúne condiciones adecuadas para la prestación del servicio propio de este tipo de dependencias. En la planta baja hay un pequeño despacho que hace las veces de consulta. Los reclusos enfermos son alojados en una habitación común situada en la planta alta y que dispone de capacidad para ocho camas. A falta de otras dependencias, en la parte central de esta sala hay un mesa que los internos usan para comer. En una de las esquinas de la estancia un cubo de basura acumula los desperdicios que se producen. Anejo al dormitorio hay un cuarto de baño dotado de bañera completa, cuyo estado de mantenimiento es deplorable, e inodoros cuyas condiciones higiénicas y de mantenimiento son claramente mejorables. Todos estos datos ponen de manifiesto una vez más la necesidad de proceder lo antes posible a la apertura del nuevo centro penitenciario de Zuera.


2.3 Tratamiento penitenciario

El tratamiento penitenciario, según es definido por la legislación penitenciaria, constituye la vía a través de la cual se puede hacer realidad la finalidad reeducativa que en el artículo 25.2 de la Constitución se atribuye a las penas privativas de libertad. El artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de diciembre, General Penitenciaria, define el tratamiento como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y la reinserción social, y determina que el objetivo fundamental de esta actividad es hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal y subvenir a sus necesidades. El Reglamento Penitenciario vincula el tratamiento con la formación, la cultura, el deporte y el trabajo como actividades complementarias.
Un elemento previo a cualquier tarea de tratamiento es la correcta separación interior en función de las circunstancias y grado de clasificación. Esta separación de los internos no siempre se realiza en las condiciones que la normativa exige, como se ha podido apreciar con ocasión de las visitas efectuadas a lo largo de 1999, en los centros de Alicante, Córdoba, Huesca, Málaga, Melilla, Pamplona y Soto del Real.


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Se ha señalado en múltiples ocasiones que el correcto funcionamiento de un centro penitenciario precisa de una suficiente dotación de profesionales de tratamiento. A este respecto es necesario señalar que, en la actualidad y pese a los esfuerzos realizados por la Administración penitenciaria, continúa detectándose una insuficiente dotación de personal de tratamiento, particularmente de técnicos y otros miembros de los equipos técnicos, así como de monitores ocupacionales. En los dos últimos años se han incorporado un total de 38 nuevos técnicos de las ramas jurídica y de psicología. No obstante, en ese periodo, la población penitenciaria se ha incrementado en unos 3.500 reclusos. Por ello, la mejora que podrían suponer las incorporaciones, se ve relativizada por el crecimiento del número de presos a los que hay que atender. Por consiguiente, continúa siendo preciso potenciar la incorporación de nuevos profesionales.
Parte del personal de tratamiento, como monitores deportivos u ocupacionales o terapeutas de drogodependencias, son contratados de forma temporal con cargo a los fondos del Instituto Nacional de Empleo. A este respecto debe señalarse, una vez más, que este tipo de iniciativas son positivas. Pese a ello, no se pueden desconocer los efectos perniciosos que se derivan de que la atención de ciertas necesidades tales como el apoyo psicológico a internos drogodependientes o la ayuda en la adquisición de habilidades sociales a penados, se realice a través de personal eventual, máxime teniendo en cuenta que la duración de sus contratos es muy reducida.
Un periodo de cinco meses es un tiempo escaso para que se vea compensado el esfuerzo que para la Administración supone tener que formar a un trabajador eventual en cuestiones básicas penitenciarias.
Por ello, a criterio de esta institución, sería más adecuado que la prestación de estos servicios fuera realizada por personal que tuviera carácter fijo, tanto más si, como parece, la prestación de estos servicios resulta conveniente para el tratamiento de los presos.
Dentro de las actividades que afectan al tratamiento, debe hacerse mención a los internos clasificados en primer grado pues, ya en 1998, se efectuó una recomendación a la Administración penitenciaria, al conocerse que las actividades deportivas de los internos destinados en el departamento de régimen especial del centro penitenciario de Soto del Real habían permanecido suspendidas por un dilatado periodo de tiempo, sin que existiera causa justificada para ello.
Se comprobó entonces que la dotación de profesionales de tratamiento era escasa, por lo que difícilmente podría invertirse la dinámica tan negativa en la que se encontraban inmersos los internos destinados en este departamento. Se constató asimismo que la Administración penitenciaria adoptaba un papel pasivo en el tratamiento de los internos, particularmente con aquellos que presentaban mayores dificultades de adaptación.


La Administración penitenciaria, desde sus servicios especializados, ha de desarrollar un papel activo en el tratamiento de estos internos. No es suficiente con apreciar que no existan incidentes de trascendencia disciplinaria, para proponer la evolución de fase o grado. Esta institución ha señalado reiteradamente la necesidad de implicar progresivamente a los funcionarios de vigilancia en el tratamiento de los internos pero, en cualquier caso, su actuación ha de ser coordinada y supeditada a un programa de tratamiento previamente determinado por los propios profesionales que, por lo que se refiere a los reclusos del departamento de régimen especial de Soto del Real, parecía no existir. La situación detectada en esta prisión ponía de relieve datos e indicios suficientes como para considerar que existía una carencia de actividades en el departamento de régimen especial de dicho centro penitenciario. Por todo lo anterior, se hizo preciso recomendar a la Administración penitenciaria que, en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus obligaciones, fomentara el interés de estos internos por el estudio, según previene el artículo 55 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se fomentara su participación en la planificación y ejecución de su tratamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la misma ley, y que se diseñaran programas de tratamiento ajustados a las necesidades de cada interno de cara a la progresiva adaptación al régimen de vida ordinario, como prevé el artículo 93.6 del Reglamento Penitenciario (9712359).
La prisión de Soto del Real fue visitada durante 1999 en dos ocasiones. En las entrevistas mantenidas con los presos del departamento de régimen especial, éstos se quejaban, y así se transmitió a la Administración, de que la práctica de los registros de sus celdas era efectuada de modo irrespetuoso con sus personas y con sus pertenencias. Asimismo, afirmaban de forma taxativa que nunca se les permitía estar presentes durante la realización de estos registros.
Esta institución considera que, en una materia de la trascendencia del registro de celdas, no han de descuidarse obviamente factores de seguridad, pero que no han de ser únicamente éstos los que se tomen en consideración. En primer término se ha de tener en cuenta que, si bien ningún precepto legal ni reglamentario regula el modo en que se han de efectuar los registros de las celdas, sí previene el artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando en todo caso la personalidad humana de los recluidos y sus derechos e intereses jurídicos no afectados por la condena. El Reglamento Penitenciario, en su artículo 71, establece que las medidas de seguridad, entre las que se incluyen los registros de celda, se efectuarán respetando la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Los internos entrevistados también expresaron su malestar por la forma en la que eran reconocidos por los facultativos, así como por el hecho de no recibir copia de los partes

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médicos que se extendían después de haber sido examinados tras haberles aplicado algún tipo de medidas coercitivas.
También se quejaban los reclusos de este departamento de que la atención sanitaria se efectuaba en ocasiones a través de las puertas enrejadas de la celda y, en otros casos, con la puerta de la celda entreabierta. Todos estos hechos justificaron que se efectuara una nueva recomendación para que se dictaran normas que permitieran la presencia del interno en el momento de efectuar el registro de su celda y pertenencias. Asimismo, se recomendó que se dispusiera lo necesario para evitar que los facultativos que atienden a los reclusos destinados en un departamento de régimen especial efectúen los reconocimientos a través de una rendija de la celda. También se instó en esa recomendación a que a la mayor brevedad posible se procediera, con carácter general y con independencia de la solicitud del interno, a la entrega de copia de los informes médicos efectuados tras la aplicación de medios coercitivos que hayan supuesto la existencia de lesiones. Esta recomendación se encuentra pendiente de contestación (9823269).
En relación con el tratamiento que reciben los internos clasificados en primer grado, hay que dejar constancia de algunas situaciones que, a juicio de esta institución, no se ajustan a los fines y objetivos que recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria. Con ocasión de una investigación iniciada referente a un interno clasificado en primer grado, se pudo conocer que no llegó a tener un programa individualizado de tratamiento debido a su negativa a recibirlo, por lo que se hizo saber a la Administración que la confección del programa individualizado de tratamiento no podía estar supeditado a la eventual negativa del interno.
En este caso concreto, cuando el interno ponía de manifiesto la falta de actividades que padecía en el departamento especial del centro penitenciario de Huelva, la Administración, en lugar de informar sobre las actividades de este centro, se limitó a remitir documentación relativa a las numerosas quejas que el interno había presentado ante diversas autoridades. También hubo oportunidad de conocer cómo en tres meses los funcionarios encargados de su custodia tramitaron ciento setenta y cinco partes informativos por hechos merecedores de sanción disciplinaria.
Todo esto ponía de manifiesto que, durante los ocho años que este interno había permanecido en departamentos de régimen especial, lo único que había recibido de la Administración era los efectos de su vertiente sancionadora. Las consecuencias eran claramente negativas, ya que a internos clasificados en primer grado no sólo hay que ofrecerles las actividades quedentro del tratamiento se programan para todos los reclusos, sino que, además, en este caso habría sido necesario diseñar un tratamiento más intenso y multidisciplinario (9318155).
2.4 Actividades laborales

Las visitas efectuadas durante 1999 han permitido constatar la situación de los talleres. En el nuevo centro penitenciario de Teixeiro únicamente funcionaba el taller de carpintería de madera donde trabajaban unos doce internos. El número de reclusos que desempeñaban trabajos retribuidos en todo el centro se aproximaba a cincuenta, número claramente reducido considerando que en el momento de la visita el centro estaba ocupado por unos setecientos reclusos.
Este centro posee un taller de imprenta perfectamente dotado que no se encuentra en funcionamiento por falta de monitor y también dispone de taller de panadería aunque el pan se adquiere en el exterior. El nivel de ocupación laboral en actividades retribuidas es muy bajo y no tiene perspectivas de mejorar a corto plazo.
El nuevo centro penitenciario de Granada cuenta con un taller de forja que ocupa a unos ocho internos, en el que se fabrican farolillos metálicos y plafones. En otra de las naves se estaba instalando un túnel de pintura que tenía previsto entrar en funcionamiento en breve. También cuenta este centro con un taller de carpintería de madera que no ofrecía ninguna actividad. En otra de las naves está instalado el taller de cerámica, que ofrecía ocupación básicamente a mujeres. En todo caso, hay que destacar la muy baja ocupación de los talleres productivos de este establecimiento.
El centro penitenciario de Melilla, con una población de doscientos cincuenta internos, no disponía de ningún taller productivo, excepción hecha de la cocina, la lavandería y el taller de servicios auxiliares. Esta prisión mantiene una tasa de indigentes muy elevada, por lo que la posibilidad de contar con talleres retribuidos sería muy importante para evitar las frecuentes peleas que, por motivos nimios, hasta por un cigarrillo, se originan en los patios del centro. Las mujeres no participan en ninguna de las actividades retribuidas, como cocina o lavandería.
La prisión de Pamplona carece de instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades laborales productivas. Los talleres disponibles se han creado a base de unir celdas, como en el caso del taller de carpintería. Hay también un taller de cartonaje y, en general, el número de internos trabajadores es muy bajo.
El centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, que posee tres talleres productivos de madera, carpintería metálica y carpintería de aluminio, ofrece un escaso volumen de actividad laboral, unos cuarenta trabajadores entre los tres talleres, de los más de mil quinientos que alberga el centro.
La actividad laboral del centro penitenciario de Alicante- cumplimiento es prácticamente inexistente, pues sólo trabajan unos treinta internos de los cerca de ochocientos cincuenta que alberga.
No existen otros puestos de trabajo que los de cocina, lavandería y economato.


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La imprenta, el taller de forja y el de carpintería de madera están paralizados.
El nivel de ocupación del centro penitenciario de Herrera de la Mancha es muy bajo y en el único taller con que cuenta, excluidos cocina, lavandería y economato, sólo trabajaban cuatro personas.


2.5 Traslados entre centros penitenciarios

La Administración penitenciaria dispone de una competencia, que el artículo 31 del Reglamento Penitenciario califica de exclusiva, para decidir sobre el centro de destino que corresponde a cada recluso.
Como correlato de tal atribución debe considerarse la capacidad para ordenar traslados tanto de carácter ordinario como extraordinario entre los centros.
Como referencia normativa básica en este punto debe partirse del artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuya redacción vincula dos principios que deben ser objeto de atención preferente por la Administración: el de suficiencia de plazas en las distintas áreas territoriales en que se organiza el Estado, que puede considerarse un principio estructural, complementado en el mismo artículo con la fijación de un tope ideal para cada departamento o módulo que constituye un programa a cuyo cumplimiento y superación debe encaminar la Administración sus recursos; en estrecha conexión con éste se encuentra el principio subjetivo que recomienda evitar el desarraigo social de los penados.
Si durante años el estado de las infraestructuras penitenciarias no ha permitido la plena efectividad de ambos principios, debe reconocerse que, con la inauguración y remodelación de diversos centros, la situación ha comenzado a cambiar, si bien resulta preciso recordar que debe hacerse un esfuerzo para que los planes de infraestructuras no se vean afectados por dilaciones indeseables. En esa línea y en la medida que se van removiendo obstáculos para ir dando efectividad a los principios consagrados en el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, esta institución considera que debe ponerse el acento en mejorar la gestión de los traslados.
Así, se ha podido apreciar cómo, en determinadas ocasiones, la Administración penitenciaria utiliza el traslado con fines principalmente punitivos, empleándolo como una suerte de sanción de hecho frente a reclusos que son considerados casos extremos de inadaptación. Sin embargo, no parece que esa medida consiga realmente ningún efecto positivo en el tratamiento de tales internos, más bien al contrario, pues no existe ningún diseño de intervención que resista un proceso de traslado permanente. Un significativo ejemplo en esta materia lo constituye una reclamación de un interno calificado como muy conflictivo y violento, al que la única medida que parece aplicársele es la de trasladarlo constantemente de centro, hasta el punto de que en dieciocho meses ha pasado por seis establecimientos penitenciarios (9318155).
Este tipo de traslados evidencia una forma inadecuada de abordar un problema que, aunque difícil, no puede tener como única solución el continuo desplazamiento del interno por determinadas prisiones del territorio nacional. Por ello, se consideró oportuno advertir a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que, según el criterio de esta institución, con tan frecuentes traslados se ocasionaban efectos desestabilizadores y dificultades de adaptación, aumentando la ansiedad del preso y su respuesta negativa a las ofertas de tratamiento. Si se aprecia que en un interno concurren factores de inadaptación que aconsejan su cambio de centro, debe cohonestarse esta resolución con la determinación de producir el menor daño para evitar el desarraigo social de los penados y, en consecuencia, procurar la asignación de un nuevo centro lo más cercano posible al lugar de vinculación socio-familiar del interno.
En caso contrario, es muy difícil no entender que el traslado constituye una práctica incorrecta, por cuanto si se constata la existencia de centros más cercanos al área geográfica con la que el interno esté vinculado y que tengan posibilidades de albergarlo, no parece razonable mantenerlo a varios cientos de kilómetros de la zona donde viven sus familiares. Así sucedió en el caso de un interno que, siendo su lugar de origen la isla de Mallorca y encontrándose allí su familia, fue trasladado al centro penitenciario de Villabona en Asturias (9901978).
Sobre este particular resulta muy ilustrativa una queja en la que la madre de un interno manifestaba que, residiendo ella y su esposo en Madrid, su hijo se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Topas (Salamanca), a pesar de contar la Comunidad de Madrid con seis centros penitenciarios. Los problemas de salud que padecían los padres del interno y la falta de medios económicos estaban impidiendo que existiera una comunicación personal entre ellos y su único hijo, con el que solamente mantenían contactos a través de las llamadas telefónicas que el hijo realizaba a cobro revertido, lo que resultaba muy gravoso para su economía. Añadía la interesada en su escrito que, siendo la Administración penitenciaria consciente de la situación expuesta y habiendo solicitado su hijo el traslado a un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid, fue trasladado al centro penitenciario del Puerto de Santa María I. Finalmente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, tras la intervención de esta institución, consideró las razones que concurrían en este caso y acordó el traslado del interno a un centro próximo a su lugar de vinculación familiar (9903521).
En anteriores informes esta institución ha venido insistiendo en la necesidad de establecer un nuevo sistema para la asignación de centros de destino que evite las rigideces del actual y que permita el establecimiento de una especie de listas de espera para acceder a cada

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centro con las que puedan conciliarse los intereses manifestados por los internos, las necesidades de su tratamiento y las disponibilidades de plazas existentes. Parece igualmente oportuno que se evite el sistema actual, en el que cualquier decisión sobre un traslado ordinario está vinculada necesariamente con el momento en que debe producirse el estudio sobre la posible revisión de la clasificación de un interno.
El establecimiento de un nuevo sistema precisa a su vez de la definitiva puesta en marcha del sistema de información penitenciaria que, según se desprende de las consideraciones hechas en su día por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es una herramienta informática que permitiría la permanente actualización de los ficheros de traslados. Esta institución continúa supervisando el proceso de implantación del sistema y confía en que la conclusión de ese proceso permita atender pronto la recomendación que en su día se hizo sobre el establecimiento de un sistema de lista de espera para los centros de destino (9503603).
En otro orden de cosas, sería conveniente que se estableciera un sistema centralizado en virtud del cual fuera posible que el centro directivo difiriera la fecha de un traslado, salvo que razones de suficiente entidad aconsejasen lo contrario, hasta que el interno afectado pudiera cumplir los compromisos judiciales para los que fuera requerido o se le practicaran las pruebas y tratamientos médicos que le hubieran sido prescritos. Y esto porque, en algunos casos, se ha apreciado que, reclusos que habían sido trasladados, debían volver poco tiempo después, de manera transitoria, a la prisión de origen para comparecer ante un juzgado en calidad de acusados o de testigos. Asimismo, como consecuencia de un traslado, algunos internos han visto retrasado el diagnóstico de las afecciones que padecían al perder el turno para la realización de pruebas clínicas para las que estaban convocados unos días más tarde de la fecha en que se ordenó la conducción. Este problema puesto en conocimiento de la Administración penitenciaria mediante la oportuna recomendación realizada en el mes de agosto de 1997, de la Administración penitenciaria, la cual aceptó el planteamiento del Defensor del Pueblo (9621793).
En relación con la asistencia médica a los trasladados, esta institución investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte por infarto de una reclusa que fue trasladada desde Tenerife hasta Brieva (Ávila) y en cuya conducción, que al parecer se realizó en diferentes fases y duró varias semanas, pudieran haberse desatendido la dispensación de la medicación y de la dieta que tenía prescritas. Al margen del itinerario y de los medios empleados para el traslado que, como ha denunciado reiteradamente esta institución, resultan en muchas ocasiones anacrónicos e innecesariamente lentos, interesa especialmente comprobar si, habida cuenta del historial clínico de la interna, se le realizaron reconocimientos médicos adecuados en todos los centros por los que pasó, así como la forma en que le fue prestada asistencia por los servicios médicos de la prisión de Brieva (9911650). En todo caso y con carácter general, esta institución ha tenido conocimiento de diversas quejas planteadas en relación con las condiciones materiales en que se realizan los traslados, por lo que ha procedido a abrir una investigación a este respecto de la que se dará cuenta en el informe correspondiente al año 2000.
Debe resaltarse también el significativo número de quejas recibidas en relación con las solicitudes de traslado a la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta institución mantiene una investigación para conocer la situación de las nuevas infraestructuras proyectadas para el archipiélago canario, dado que su puesta en marcha resulta absolutamente necesaria. En todo caso, debe constatarse que el hecho insular acrecienta las dificultades que producen los traslados de internos, incluso entre las dos provincias que integran aquella comunidad, ya que el encarecimiento de los transportes resulta un obstáculo añadido para los presos que mantienen algún grado de vinculación familiar en las islas, sobre todo si las rentas familiares son bajas y su centro de destino se encuentra en una provincia distinta a la de la residencia familiar (9815767, 9818847 y 9904423).
Para concluir este epígrafe es preciso llamar la atención sobre las condiciones materiales en que se producen los traslados y, en especial, sobre la duración de los trayectos, así como sobre la higiene y el estado general de los vehículos destinados a las conducciones. Además, entre los efectos negativos del traslado cabe citar la frecuente pérdida o deterioro de pertenencias de los reclusos que generan enojosas reclamaciones no siempre adecuadamente resueltas (9822190).


2.6 Incidencias detectadas en relación con la práctica de cacheos con desnudo integral

Un interno en la prisión de Daroca manifestaba que cada vez que salía de comunicar con su esposa le eran aplicadas de forma sistemática las previsiones excepcionales del artículo 68. 2 del Reglamento Penitenciario, que prevé que por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o alterar la seguridad o la convivencia ordenada del establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral, con autorización del jefe de servicios. El apartado 5 de este mismo artículo regula que "de los registros, requisas, cacheos y controles citados, se formulará parte escrito que deberá especificar los cacheos con desnudo integral efectuados, firmado por los funcionarios que lo hayan efectuado y dirigido aljefe de servicios".


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En los escritos recibidos de la Administración penitenciaria se afirmaba que la actuación de los funcionarios del centro penitenciario de Daroca había sido correcta en todo momento. No obstante, de la investigación efectuada se desprendía que durante su estancia en el centro penitenciario de Daroca, el interno fue cacheado con desnudo integral en las 29 ocasiones en que fue visitado por su esposa, argumentándose para ello el riesgo que para la seguridad del centro suponía que estuviera a solas en la intimidad con una persona ajena al centro. Pese a ello, en ninguna ocasión se le requisó ningún objeto prohibido.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 57/1994, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este tipo de actuaciones. En dicha sentencia se estableció que no han de ser motivos de seguridad, en abstracto, los que justifiquen la adopción de estas medidas, sino que esos motivos han de ser específicos. Esta clase de cacheos deben ser necesarios para conseguir el fin perseguido, incluso imprescindibles, y deben aplicarse cuando en el centro se den situaciones excepcionales que pongan en peligro el orden interno y la seguridad, de modo que la limitación del derecho a la intimidad del preso sea proporcional al fin que se pretende conseguir.
El presente caso evidenciaba que era una medida adoptada de forma rutinaria a la salida de una comunicación vis a vis, situación que también fue detectada en otro centro en el que, ocupado por más de mil presos, también se realizaban cacheos con desnudo integral de forma sistemática y sin atender a los criterios reglamentarios.


En este sentido, se ha de señalar que, si bien el derecho a la intimidad personal de los internos en el ámbito de la relación especial de sujeción interno-Administración penitenciaria no posee un carácter absoluto, el ordenamiento sí establece con claridad una serie de mecanismos de garantía para su mejor salvaguarda. Entre éstos se encuentran la necesidad de que la Administración posea una motivación concreta y específica que vincule la seguridad del establecimiento a las características del interno al que se somete a tal cacheo, la autorización previa por un funcionario de mayor rango que el que realiza el cacheo y el uso residual de tal medida, frente a la ineficacia de otras reglamentariamente establecidas.
El elenco de garantías que rodea la correcta práctica de esta medida, dada la afectación de un derecho fundamental, no posee un carácter meramente formal, sino que mantiene todo su vigor. El respeto a estas garantías es claramente incompatible con los hechos puestos de manifiesto en la tramitación de la presente queja. Por todo ello, y en coherencia con la preocupación que existe en esta institución acerca del modo en que la Administración penitenciaria en su conjunto efectúa las medidas de control personal a través de cacheos con desnudo integral, se estimó la necesidad de instar a dicha Administración a que efectuara una amplia investigación interna que ofreciera un panorama preciso acerca del modo en el que cotidianamente viene practicándose la medida de cacheo con desnudo integral en los centros penitenciarios de su gestión y a que se informara al respecto.
Admitida por la Administración la necesidad de efectuar el estudio propuesto, inicialmente estaba previsto que afectara a todos los centros penitenciarios pero, por motivos que se desconocen, el estudio se restringió posteriormente a siete prisiones. Por ello, se señaló que, dado que en la práctica estas medidas de control suponen la afectación de un derecho fundamental, la verificación de las condiciones en que se realizan exigiría una amplia investigación. Por otra parte, hubo que lamentar la escasa sensibilidad que ponía de manifiesto el hecho de que, habiendo tenido esta queja su inicio en el último trimestre de 1997, hubiera transcurrido todo el año 1998 sin que se efectuara ninguna averiguación en profundidad sobre lo denunciado, fijándose además para finales de 1999 el plazo de elaboración de conclusiones. Transcurrido el citado plazo no han sido recibidas las conclusiones esperadas, por lo que continúa en tramitación la presente queja (9619882).


2.7 Denuncias de malos tratos en prisión

Durante el año 1999 se han iniciado dieciséis nuevas investigaciones por presuntos malos tratos en centros penitenciarios (9900863, 9901662, 9901922, 9902380, 9902915, 9903408, 9903942, 9903986, 9910323, 9911750, 9912011, 9912452, 9912487, 9910382, 9913062 y 9913071).
En uno de los casos, una asociación ciudadana comunicó un incidente acaecido en el centro penitenciario de Huelva en el que se vio implicado un interno que protestó por haber recibido el desayuno en malas condiciones y le fueron aplicadas medidas coercitivas.
Informaban los comparecientes que este preso fue golpeado innecesariamente y posteriormente trasladado a una celda de aislamiento, donde permaneció en condiciones inapropiadas. Una comunicación posterior del recluso puso de manifiesto que cuando se produjo el incidente de referencia, uno de los jefes de servicio le golpeó con un palo envuelto en una bolsa de basura. Solicitó que se le entregara una copia del informe de la exploración médica a la que acababa de ser sometido y no fue atendida su solicitud. Asimismo, manifestó que había permanecido cerca de doce horas inmovilizado y que, una vez que le fue retirada la sujeción mecánica, estuvo hasta el día siguiente sin ropa para cambiarse.
De la contestación remitida por la Administración se desprendía que no se había realizado ninguna investigación específica destinada a esclarecer la posible irregularidad del empleo de objetos contundentes como medios coercitivos, aunque se informaba de que no había constancia de que se utilizaran palos. Por ello, sesolicitó información acerca de cómo se había llegado a

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esa conclusión si no se había efectuado una investigación al respecto, subrayándose además la necesidad de que se aclarase el motivo por el que, si tal circunstancia fue puesta de manifiesto por esta institución, justo a partir de ese momento no se realizó una ulterior investigación. En relación con esta misma cuestión hay que reseñar que la Administración ha llegado a expresar que si el asunto no fue inicialmente investigado por sus servicios de inspección fue por que no se había hecho referencia a tal palo, circunstancia que no se corresponde con la realidad.
En segundo lugar y por lo que se refiere al cambio de ropa, se ponía de manifiesto una evidente discrepancia entre ambas versiones. Por ello fue necesario solicitar otro informe para saber si en el libro de incidencias del módulo de régimen especial en que se encontraba el compareciente aparecía diligenciada alguna incidencia en relación con esta cuestión.
En tercer lugar y por lo que se refiere a la falta de entrega de informe médico, la Administración penitenciaria comunicó que no existía constancia de que se hubiese solicitado copia del informe médico de las lesiones sufridas. La falta de una detallada regulación del derecho de los internos a que se les expidan los informes que solicitan sobre su estado de salud permite que la situación puesta de manifiesto por el compareciente arroje una sombra de duda sobre el modo en que en la práctica se hace efectivo este derecho. Por consiguiente y dadas las especiales circunstancias que presenta la casuística penitenciaria y la trascendencia de la materia objeto de su regulación, se sometió a la consideración de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la posibilidad de que, en ejercicio de sus competencias, dictara normas internas para su desarrollo y concreción.
En relación a la posibilidad de contar con grabaciones de vídeo de los incidentes que con motivo de la aplicación de medios coercitivos pudieran producirse, que había sido planteada por esta institución, la Administración comunicó que se estaba estudiando su viabilidad. En consecuencia, continúa en tramitación la presente investigación (9816243).
Un preso del centro penitenciario de Badajoz compareció ante esta institución manifestando que, dos días antes de ser trasladado a dicho establecimiento, fue objeto de malos tratos por parte de funcionarios del centro penitenciario de Ocaña I. Según relataba, salió de conducción desde Ocaña I sin haber sido reconocido por ningún médico y, al llegar al centro penitenciario de Valdemoro, solicitó ser atendido por un facultativo, pero se le informó de que ya sería asistido cuando llegara a su centro de destino. Durante la conducción, uno de los guardias civiles que le vigilaban se percató de su situación interesándose por su estado. El autocar hizo escala en el centro penitenciario de Cáceres y el guardia civil solicitó que se dispensara atención médica al recluso, a lo que se le respondió que lo mejor sería que fuera atendido en el centro de destino. Al llegar al centro penitenciario de Badajoz el interno se autolesionó con la intención de ser atendido en consulta hospitalaria extrapenitenciaria, pues tenía una hemorragia.
La Administración comunicó que el recluso no solicitó ser atendido por el médico en ninguna de las escalas efectuadas. Por otra parte, se indicaba que en su historia clínica no constaba informe relativo a ningún reconocimiento médico en el centro penitenciario de Cáceres I, puesto que los exámenes médicos a los que se alude en el artículo 214 del Reglamento Penitenciario vienen referidos al ingreso en establecimientos penitenciarios y el ingreso de este recluso se produjo en la prisión de Badajoz.
Esta interpretación, tan restrictiva que excluye de control médico a aquellos reclusos que se encuentran en un centro en calidad de tránsitos, no puede ser compartida. A criterio de esta institución, la Administración, a través de sus servicios médicos, ha de tener siempre cumplida información, del estado de salud de los reclusos que se encuentran en un reciento penitenciario, con independencia del motivo por el que tenga lugar su estancia. Es decir, la Administración, dada la especial relación de sujeción por la que el recluso está vinculado a ella y el deber que a ésta le corresponde de velar por su vida y salud, ha de conocer el estado de salud de todas las personas privadas de libertad cuya custodia le corresponde, haciendo abstracción de que se encuentren en una concreta prisión de paso o que se trate de su centro de destino. Asimismo, se ha señalado a la Administración penitenciaria la necesidad de que se solicite la preceptiva cooperación a los miembros de la Guardia Civil encargados de la conducción de los presos a fin de esclarecer si efectivamente alguno de sus miembros se interesó por el estado de salud del interno y del motivo, en su caso, por el que no fue atendido (9821173).
Ha continuado la tramitación de la queja presentada por la letrada de un preso del centro penitenciario de Topas, que habría recibido malos tratos por parte de funcionarios de esa prisión con motivo de su reingreso tras haber disfrutado de un permiso ordinario de salida.
Los hechos, en síntesis, consistirían en que cuando llegó al centro, no le fue permitido inicialmente el acceso por haber llegado tarde.
Después de insistir, le fue permitido el acceso pero fue llevado a la zona de ingresos. Con posterioridad, aparecieron varios funcionarios con porras y, sin mediar causa que lo justificara, comenzaron a golpearle en la cabeza, espalda, brazos y manos. Como resultado de esta paliza fue llevado al Hospital Universitario de Salamanca, donde se le diagnosticaron diversas lesiones. En el momento del cierre del presente informe la queja continúa en tramitación ya que no ha concluido el procedimiento judicial incoado para esclarecer estos hechos (9821887).
Asimismo se recibió una queja relativa a un incidente acaecido el día 3 de febrero de 1999 en el centro

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penitenciario de Dueñas. Según el relato facilitado por el recluso, en la mañana de los hechos tuvo un cruce de palabras con un trabajador social en relación con la celebración de una comunicación especial. Al rato de concluir esta conversación, se presentaron en su celda dos funcionarios y, al dirigirse a ellos pidiéndoles explicaciones en relación con el incidente anterior, siempre según su testimonio, se le acercaron y empezaron a empujarle y amenazarle. El recluso se refugió en la celda que fue inmediatamente cerrada. Unos veinte minutos después apareció un grupo de funcionarios provistos de escudos, porras, casco, sprays y una manta, le redujeron, esposaron y le pegaron con las porras. A continuación, fue conducido a otra galería, introducido en una celda y esposado en una cama de pies y manos. Posteriormente se presentó el jefe de servicios, que al parecer también le habría pegado, junto con otros funcionarios y le propinaron golpes hasta que apareció un funcionario que recriminó la actitud de sus compañeros. Veinte minutos después, un médico acudió a visitarle en la celda, pero no le reconoció en profundidad. Sobre las 6 de la tarde le fueron quitadas las esposas y fue llamado nuevamente el médico, que dispuso su traslado a la enfermería. Una vez allí el facultativo se negó a reconocerle si no permanecía esposado, exigencia que califica el interesado de inaudita dado el estado en que se encontraba. Mientras se encontraba esposado le reconocieron los ojos y a continuación le pidieron que se desnudara, pretensión de imposible cumplimiento, ya que permanecía todavía esposado. Al parecer, el facultativo le indicó que si no podía desnudarse que volviera a su celda por lo que fue trasladado de nuevo a la misma.
Al día siguiente otro médico le visitó en su celda reconociéndole a través de la puerta de seguridad. Así permaneció desde el día 3 hasta el día 8 de febrero sin salir para nada. Le fue negada la posibilidad de poder llamar a un abogado o a su familia y, según afirma, durante este periodo no le dejaron acceder a ninguna de sus pertenencias ni tan siquiera a las de aseo personal. Únicamente le dieron una sábana y una manta del establecimiento.


Continuaba el relato poniendo de manifiesto que su caso no era un hecho aislado, puesto que las amenazas, los rigores innecesarios y el incumplimiento de los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria son algo natural en este centro. Añadía también que las instancias de los internos no se cursan, se producen cacheos con desnudo integral de forma inadecuada y, cuando los mismos se realizan en las celdas, las pertenencias de los presos son tratadas sin cuidado y se tira todo por el suelo.
En relación con los servicios médicos, afirmaba que la subdirectora del establecimiento se niega a darles los informes médicos sobre sus lesiones, alegando que éstos se encuentran a disposición del juzgado de vigilancia penitenciaria. Además las visitas de los médicos no se realizan diariamente, conforme establece la normativa penitenciaria, sino que únicamente acuden tres días a la semana al departamento de régimen especial. Al parecer, mientras tienen lugar estas consultas, siempre se encuentran delante los funcionarios, no respetándose la privacidad entre médico y paciente. Asimismo, el recluso indicaba que la medicación es repartida muchas veces por los funcionarios de vigilancia. Acontinuación manifestaba que tanto él como sus compañeros de módulo se encontraban en situación de huelga de patio, con objeto de hacer pública la situación que padecían.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias comunicó que se había iniciado una información reservada la cual se encontraba suspendida, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Palencia mantenía abiertas diligencias previas por estos mismos hechos. Por otra parte y dadas las graves imputaciones realizadas contra funcionarios del referido centro penitenciario en el último trimestre de 1999, asesores de esta institución visitaron el departamento de régimen especial del centro penitenciario de Dueñas, donde mantuvieron entrevistas con varios internos alojados en el mismo. En esas entrevistas, los reclusos reiteraron el contenido de las quejas ya recibidas por escrito. Al tiempo, señalaban su sensación de desprotección pues, según expresaban, todas la denuncias que presentaban ante el juez de vigilancia penitenciaria o el de guardia por presuntas extralimitaciones en el empleo de medios coercitivos por los funcionarios de la prisión, eran archivadas de forma sistemática, sin que se efectuaran diligencias de investigación distintas de la mera petición de información a la Administración penitenciaria. Según expusieron, nunca habían recibido la visita de un médico forense para ser reconocidos de las lesiones denunciadas y se sentían indefensos, toda vez que los facultativos penitenciarios que les atendían no recogían a veces en sus informes todas las marcas o lesiones que presentaban.
Como quiera que este centro presentaba unas características de dureza que no tienen parangón en otros departamentos de régimen especial y dada la gravedad de las imputaciones efectuadas, se remitió nuevo escrito a la Administración penitenciaria dando traslado de las quejas e impresiones recibidas en la visita de referencia. También se solicitó que, junto al informe relativo a la valoración que merecía la acumulación de incidentes en el departamento de régimen especial de Dueñas, se ordenara la realización de una investigación en profundidad sobre la adecuación a la normativa vigente de la conducta profesional de los funcionarios destinados en el departamento de régimen especial.
Al mismo tiempo, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de obtener información sobre el número de denuncias presentadas en el curso del año 1999 por los reclusos del centro penitenciario de Dueñas, en relación con posibles casos

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de malos tratos, y el curso dado a las mismas. Al finalizar el presente informe no se ha recibido la oportuna información (9901662).
Varias asociaciones ciudadanas relataban un incidente ocurrido en el centro penitenciario de Bonxe en el que se vio envuelto un recluso mientras se encontraba pendiente de ser trasladado al centro penitenciario de Madrid V. El interno se encontraba disfrutando de su tiempo de patio, cuando la pelota con que jugaba salió por encima del muro, cayendo al recinto de seguridad y, al intentar recuperarla, fue detenido por la Guardia Civil. Tras ser interceptado, fue conducido a las dependencias del instituto armado donde unos minutos después se presentaron varios funcionarios y el jefe de servicios quienes, sin mediar palabra, le golpearon con porras, patadas y con los puños.
Posteriormente fue trasladado a la fuerza al departamento de ingresos y, una vez en la celda, fue nuevamente golpeado. Transcurridas pocas horas, la Guardia Civil le tomó declaración haciéndole fotografías de todas las lesiones, y después, según continúa el relato, fue nuevamente golpeado por los jefes de servicios y funcionarios.
Minutos antes de tomar el autocar para ser trasladado de centro, el jefe de servicios, y uno de los funcionarios que habían intervenido anteriormente, en compañía de otros funcionarios, le agredieron y amenazaron para que no denunciaran nada de lo sucedido. Seguidamente, le dieron sus pertenencias y fue entregado a la Guardia Civil para su traslado a Soto del Real.
Debido a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo mantiene abiertas las diligencias previas por estos mismos hechos, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado. La presente investigación continúa en trámite ante esa fiscalía y suspendida ante la Administración penitenciaria (9903942).
En relación con los medios que habitualmente utiliza la Administración para averiguar aquellos incidentes en los que se denuncia la existencia de malos tratos, es preciso hacer algunas reflexiones.
Con ocasión de una queja en la que se ponía de manifiesto la posible práctica reiterada de malos tratos en una prisión, la Administración penitenciaria justificó la inexistencia de tales acciones, comunicando a esta institución que se habían realizado cien entrevistas a internos aleatoriamente seleccionados y todos manifestaron que no se había producido ningún caso de malos tratos.
Tal averiguación resultó ser un trabajo único de un determinado centro que no ha tenido continuidad en el tiempo. El mecanismo utilizado no sólo aparecía como un instrumento inadecuado para detectar situaciones de malos tratos, sino que además ponía de manifiesto la falta de interés de la Administración en este asunto.
No debe olvidarse que la Administración penitenciaria debe ser la primera interesada en conocer este tipo de situaciones y que, con independencia de los sistemas de control que ejercen los jueces de vigilancia penitenciaria y el Defensor del Pueblo, es necesario que cuente con mecanismos que permitan conocer de forma fiable si las denuncias por el empleo incorrecto de medios coercitivos responden o no a la verdad. Al hilo de cuanto se expone, también se ha hecho llegar a la Administración que, en ocasiones, la aplicación de esos medios coercitivos pudiera haberse evitado si los funcionarios hubieran utilizado conductas alternativas que implicaran un menor grado de violencia. Para lograr esto es imprescindible un cambio de enfoque del problema que, de momento, la Administración, pese a las múltiples consideraciones que le han sido transmitidas, parece no estimar necesario (9712359).
Antes de finalizar este epígrafe se ha de hacer referencia a la recepción de documentación relativa a malos tratos, fallecimientos en prisión y presos en primer grado remitida por una asociación en nombre de una coordinadora de solidaridad con los presos. En la misma se hace un pormenorizado resumen de las denuncias recibidas en esa asociación en el curso de los años 1998 y 1999. Buena parte de ellas habían sido conocidas en su momento por esta institución y, o bien estaban siendo investigadas, o su tramitación había concluido. Con motivo de cada una de las que se encontraban en trámite, como es habitual, se mantenían las oportunas comunicaciones con los interesados. Pero con independencia de lo anterior y como quiera que en la documentación recibida se incorporaban seis casos de malos tratos no conocidos por esta institución, se estimó la necesidad de iniciar las oportunas investigaciones dentro del ámbito de competencias propio del Defensor del Pueblo.
Junto a los casos concretos de malos tratos, la asociación compareciente hacía referencia a la situación de los reclusos clasificados en primer grado de tratamiento. Esta institución es especialmente sensible a la situación de estos reclusos, tanto por las circunstancias objetivas en que se desenvuelve su estancia en prisión, como por ser el grupo en el que se acumula un mayor número de denuncias por malos tratos. Por último y por lo que respeta a los fallecimientos en prisión, sin perjuicio de las consideraciones contenidas en el epígrafe correspondiente, se ha de resaltar que la asociación compareciente fue informada de que esta institución efectuó una recomendación a la Administración penitenciaria para que fueran revisados los puntos débiles de la norma administrativa que regula la prevención del riesgo de suicidio (9912011).


2.8 Fallecimientos en prisión

Durante el año 1999 se iniciaron diecisiete investigaciones en relación con fallecimientos de reclusos en prisión, trece de ellas de oficio y cuatro más por solicitud de terceras personas, de las cuales dieciséis permanecíanen tramitación en la fecha en que se cierra este

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informe. Como en años anteriores, se ha mantenido el interés por conocer las actuaciones encaminadas a la prevención de suicidios en los centros penitenciarios. En el pasado informe se daba cuenta pormenorizada de las principales magnitudes y los datos más relevantes en relación con este problema, destacándose que la Administración penitenciaria había establecido un nuevo programa de prevención de suicidios por medio de la Instrucción 16/1998.
En alguna medida, dicha instrucción venía a corroborar los planteamientos que esta institución había puesto de manifiesto ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que incidían fundamentalmente sobre las apreciables lagunas que tenía el anterior plan de prevención de suicidios. Con la aplicación de dicha instrucción cabe esperar que se detectarán mejor las situaciones de riesgo, y los profesionales penitenciarios se implicarán más en el empleo de las medidas preventivas propuestas. No obstante, se hizo saber a la Administración penitenciaria que la insuficiente dotación de profesionales del área de tratamiento que padecen las plantillas de muchas prisiones puede constituir un obstáculo notable para el éxito del plan.
El periodo correspondiente al presente informe coincide con el primer año de vigencia de las medidas contenidas en la Instrucción 16/1998, por lo que es precisamente en este momento cuando la Administración penitenciaria está conociendo y evaluando los primeros datos globales. Desde esta institución se espera con interés la memoria correspondiente para estudiar el alcance y los resultados del nuevo programa, al objeto de considerar la conveniencia de realizar nuevas actuaciones (F9400917).
Durante 1999 se han iniciado varias investigaciones de oficio, al haber tomado conocimiento de diferentes casos de muerte de internos que parecían obedecer a suicidios. En la mayoría de los casos se está a la espera de que los juzgados correspondientes concluyan su labor, por lo que se han suspendido las tramitaciones con la Administración penitenciaria y se ha solicitado al Fiscal General del Estado que mantenga informada a esta institución de los avances que puedan registrarse en cada procedimiento, a los efectos de conocer las resoluciones recaídas y supervisar la actuación de la Administración penitenciaria respecto de cada uno de estos asuntos (F9900062, F9900097 y 9904951).
Otra de las causas de los fallecimientos es el consumo de drogas.
Tras la muerte de dos internos en la prisión de Alhaurín de la Torre, esta institución inició una investigación de oficio en 1998, cuya tramitación ha continuado durante el año del que se da cuenta en el presente informe. Al parecer y según los informes toxicológicos, uno de los internos fallecidos presentaba restos de metadona junto con otras sustancias estupefacientes. Dicho interno firmó, antes de participar en el programa de metadona, un compromiso en el que se le advertía del peligro de muerte por sobredosis que conlleva la mezcla de metadona con determinadas sustancias. No obstante, esta institución consideró oportuno requerir de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias información sobre la existencia de sistemas de control que permitan detectar precozmente, por medio de un procedimiento formal o informal, el consumo de drogas por parte de internos tratados con metadona.
De la información facilitada se desprende que, efectivamente, existen mecanismos para tal control, señalando como ejemplo la existencia de una serie de normas, entrevistas, actividades y la realización de análisis que deben permitir la detección de estas situaciones. A ello debe unirse la posibilidad de que los servicios médicos realicen controles suplementarios si se aprecian signos de consumo.
Parece claro que, por las características de la vida penitenciaria, esa función de control no debe agotarse en la realización de pruebas clínicas para detectar la presencia de sustancias incompatibles con la metadona y que, conocida la peculiar relación de dependencia que generan los estupefacientes en quienes los consumen, el deber de vigilancia no queda cubierto con una mera información al interno de las consecuencias nocivas que conlleva un uso poco responsable de la metadona. El enfoque de este tipo de tratamientos desde una perspectiva únicamente sanitaria presenta el defecto de ignorar que el consumo de drogas responde a múltiples causas y que, en consecuencia, ha de ser un equipo multidisciplinar el que aborde su seguimiento. Por este motivo se estima que la concurrencia del personal de seguridad, convenientemente instruido en esta materia, permitiría detectar y evitar que situaciones de toxicomanía derivaran en sobredosis y éstas, a su vez, en el fallecimiento de reclusos.
Esta institución entiende que la Administración penitenciaria debe desarrollar actuaciones positivas de diseño, ejecución y análisis de mecanismos que permitan incorporar de forma regular y normada el caudal de información de la que disponen los funcionarios que prestan sus servicios en el área de vigilancia. La forma habitual de trabajo, por lo que se conoce en esta institución, lleva a que los funcionarios encargados de la vigilancia de los internos únicamente aporten información a sus superiores en aquellos casos en los que acaece un incidente o se producen alteraciones en el normal desarrollo en la vida de los centros, así como cuando se quiere poner de manifiesto la especial colaboración o laboriosidad de los internos. Este sistema está pensado principalmente como un instrumento al servicio de las necesidades regimentales y no permite que los funcionarios de vigilancia aporten su conocimiento, basado en la observación directa de los internos, que a los efectos aquí señalados puede resultar de capital importancia.
En atención a la relevancia de esta cuestión, se sugirió a la Administración penitenciaria la conveniencia deconcretar la importancia del problema por medio de un

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estudio sobre la casuística de las sobredosis en prisión, en el que sean tenidos en cuenta los medios que podrían ponerse en práctica para aprovechar la actuación del importante colectivo de funcionarios de vigilancia como encargados de proporcionar información para un seguimiento más constante de los internos que estén siendo sometidos a tratamiento. En su respuesta a tal sugerencia, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias señalaba que había previsto la realización de un seminario sobre el tratamiento con metadona en el ámbito penitenciario del que esperaba obtener datos suficientes sobre esta cuestión y, en especial, sobre las muertes por sobredosis. En relación con la participación en labores de control sobre el consumo de estupefacientes por parte de internos sometidos a tratamiento que podrían realizar los funcionarios encargados de la vigilancia en los módulos, se informaba de que diversas unidades de esa dirección general habían constituido un grupo de trabajo encargado de arbitrar los procedimientos que pudieran hacer realidad esa participación. En consecuencia continúa esta investigación para hacer un adecuado seguimiento de la actuación de la Administración penitenciaria en esta materia (F9800021).
Esta institución tuvo conocimiento de la muerte de un recluso en el centro de Soto del Real que, al parecer, falleció a causa de una peritonitis, tras permanecer durante cerca de 13 días dando muestras, durante sus salidas al patio, de graves dificultades motrices que podían hacer pensar razonablemente en que sufriera alguna dolencia.
Tras la apertura de la correspondiente investigación de oficio se comprobó que el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid había abierto diligencias previas, por lo que se suspendió la tramitación de la queja y se está a la espera de lo que resuelva la autoridad judicial para reiniciar las actuaciones (F9900013).
El día 11 de octubre en el centro penitenciario de Ocaña I se descubrió el cadáver de un interno que presentaba como causa aparente de la muerte una herida a la altura del corazón, la cual, al parecer, le fue asestada con un objeto punzante muy fino que podría ser de fabricación casera. Por las informaciones que llegaron a conocimiento de esta institución, la Administración penitenciaria inició inmediatamente una investigación para esclarecer los hechos, de cuyos resultados se ha recabado información (F9900112).
Igualmente se realiza el seguimiento de la investigación que tramita la Administración penitenciaria de Cataluña a consecuencia de la muerte de un interno en el centro penitenciario de hombres de Barcelona, que según parecía, fue objeto de lesiones que motivaron su ingreso inmediato en una unidad extrapenitenciaria de cuidados intensivos, donde falleció pocos días después. Según se informó a esta institución, las diligencias previas abiertas en su día por un juzgado de Barcelona determinaron que la muerte había sido debida a causas naturales y no a lesiones de ningún tipo. No obstante, la Administración mantiene abierta una información reservada para dilucidar plenamente este asunto, estando esta institución a la espera de recibir el correspondiente informe en el que consten las conclusiones a las que haya podido llegar aquel centro directivo (F9900118).
Debe también reseñarse en este informe el fallecimiento de un interno que apareció ahorcado en su celda en el centro penitenciario de El Puerto I. Dicho interno cumplía una pena de diez meses por la comisión de varios robos cuando era menor de edad e iba a salir en libertad la semana siguiente a la fecha en que murió, aunque, según algunas informaciones, había solicitado su ingreso en una celda de aislamiento. Al parecer, el cuerpo fue encontrado colgado de una cuerda que había sido fabricada con tiras de la colcha de la cama. De acuerdo con las noticias de las que disponía esta institución, el interno dejó una carta para su familia, pero ésta afirmó que no le fue entregada ni se le había participado su contenido, e igualmente señalaban que el preso había enviado pocas semanas antes una carta a su madre en la que le narraba cómo tres funcionarios de la prisión le habían propinado una fuerte paliza.
A la vista de estos antecedentes se solicitó de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias un informe sobre este asunto.
Asimismo, se pidió también que investigara si la Administración se había puesto en contacto con la madre del recluso fallecido, a fin de averiguar el contenido de la carta que, al parecer, su hijo le remitió poniendo de manifiesto haber sido objeto de malos tratos y, por último, si había ordenado que se efectuasen indagaciones para esclarecer la veracidad de la afirmación de que algunos funcionarios del centro penitenciario pudieron haber protagonizado los hechos denunciados por la madre del fallecido.
La Administración penitenciaria contestó indicando que el motivo de no haber entregado la carta que dejó el recluso para la familia ni haber transmitido su contenido fue que ésta quedó en poder del juzgado que levantó el cadáver. En relación con la posibilidad de que el interno hubiera sido objeto de malos tratos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias señalaba que no le constaba ningún incidente de esa naturaleza, ni tampoco se registraron antecedentes de atención médica que pudieran hacer pensar en esa posibilidad. El centro directivo atribuye la causa de la muerte a un ahorcamiento de tipo suicida, que pudiera estar relacionado con el miedo que parecía sentir el recluso a posibles actos violentos de otros internos, ya que poco antes de su muerte perdió el apoyo que le proporcionaba un familiar que se encontraba en la misma prisión. No obstante, en el momento de cerrar este informe se está a la espera de la conclusión de las diligencias previas abiertas por un juzgado para conocer los hechos, por lo que esta investigación continúa (F9900119).
En lo que se refiere a la actuación de la Administración penitenciaria respecto de familiares de internoscon ocasión de la muerte de éstos, puede citarse una

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queja en la que la madre de un preso preventivo manifestaba que recibió la noticia de la muerte de su hijo por medio de un abogado y no por ninguna comunicación oficial de las autoridades de la prisión.
La razón aducida por el centro penitenciario para justificar tal proceder fue que se desconocían sus señas; pero la compareciente indicaba su extrañeza, dado que semanalmente enviaba giros a su hijo, y en dichos giros constaban siempre su nombre y dirección. A esto debe unirse el que, según manifestaba, meses después del óbito no se hubiera producido tampoco ninguna notificación oficial de la muerte, ni de las causas de la misma, señalando igualmente que los gastos de traslado del cadáver hasta el lugar de residencia familiar habían resultado cuantiosos y, a pesar de disponer de escasos recursos, no le habían sido facilitadas ayudas de ningún tipo. Por otro lado, indicaba en su escrito que, aunque había recibido algunas pertenencias de su hijo, pudo comprobar que faltaban varias más, sin que las reclamaciones verbales que planteó ante el funcionario encargado de atenderla surtieran ningún efecto.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias comunicó que estaba a la espera de varios elementos de juicio, entre ellos la autopsia, para poder realizar las conclusiones provisionales, a resultas de lo que se resuelva en el procedimiento penal que se incoó con motivo de esta muerte. Se ha recabado la colaboración del Fiscal General del Estado para que informe sobre el desarrollo del referido procedimiento, además de mantener abierta la investigación con la Administración penitenciaria para que dé cuenta de su posición respecto de las reclamaciones planteadas por la madre del recluso fallecido (9902264).


2.9 Mujeres en prisión

En 1999 fueron visitadas las prisiones de mujeres de Alcalá de Guadaira y Madrid I y los departamentos y módulos de mujeres de las prisiones de Alicante, Córdoba, Teixiero (A Coruña), Dueñas (Palencia), Granada, Madrid V, Madrid VI, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Pamplona, Centro de Inserción Social Victoria Kent (Madrid) y Villabona (Asturias).
La apertura de nuevos centros en el año 1999 ha permitido la mejora de las condiciones de vida de las reclusas destinadas en las prisiones de Palma de Mallorca y León. No obstante, como se ha señalado en informes anteriores, persisten prisiones antiguas con departamentos de mujeres que no ofrecen unas condiciones adecuadas.
Entre las visitadas en el presente año destaca la de Córdoba. Su departamento de mujeres ya fue objeto de consideración específica en el informe anual correspondiente al pasado año. En consecuencia, sólo resta reiterar que las condiciones de vida del mismo, caracterizadas por una acusada falta de espacio, permanecen invariables. Las internas continúan siendo alojadas en dos dormitorios colectivos o brigadas y la falta de espacio impide la separación entre preventivas y penadas. La futura entrada en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Córdoba remediará esta situación, y también repercutirá positivamente en las reclusas de los departamentos de mujeres de las prisiones de Algeciras y de Ceuta. Por ello urge que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ponga en funcionamiento el nuevo centro en el menor tiempo posible.
Otros establecimientos, aunque construidos recientemente, también presentan problemas de diverso tipo, como es el caso del departamento de mujeres de la prisión de Málaga, que ocupa un módulo independiente en la zona central del establecimiento. En la actualidad acoge en torno a noventa internas aunque ha llegado a albergar hasta ciento cincuenta, y en él conviven reclusas penadas y preventivas, sin separación entre ellas. Las celdas, de iguales características que las del resto del centro, albergan a dos presas. Las condiciones higiénicas y de limpieza del departamento son correctas. No obstante, las duchas son insuficientes y presentan un estado de mantenimiento inadecuado. En cuanto a la actividad educativa, en el momento de la visita no había ninguna alumna en clase. La actividad laboral es escasa y la formación ocupacional se reduce a un curso de bordados que imparte un monitor temporalmente contratado. El departamento cuenta con una amplia nave destinada a actividades laborales u ocupacionales.
En el centro penitenciario de Melilla al realizar la visita se pudo comprobar que no había ninguna mujer ocupada en los escasos puestos de trabajo que ofrecía el centro en la cocina o en la lavandería (F9900123).
Un año más se debe insistir en el hecho de que persisten las deficiencias apuntadas en informes anteriores respecto a los departamentos de mujeres situados en las cárceles de hombres. En términos generales, estos departamentos se caracterizan por una disponibilidad de espacio menor, que se traduce directamente en peores instalaciones, circunstancia que a su vez genera que las reclusas no puedan ser adecuadamente separadas y sufran especialmente la escasez de actividades y de trabajo retribuido. Se ven así debilitadas las condiciones previas que facilitarían su acceso a un efectivo tratamiento penitenciario. Esta situación pone en ocasiones en conflicto el interés de la madre por tener a su hijo menor de tres años a su cargo, con la también legitima aspiración de cumplir condena en un centro no alejado de su ámbito socio familiar. Resta por realizar un renovado esfuerzo para que las mejores condiciones de alojamiento y el mejor acceso a tratamiento penitenciario del que disfrutan cada vez más internas se extienda a un número mayor de mujeres.
Una reclusa del centro penitenciario de Nanclares de la Oca se sentía perjudicada por el cierre del taller productivo de fabricación de pinzas al que acudían las mujeres de aquel centro, y solicitaba que se les permitiera trabajaren alguno de los otros talleres productivos de ese

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establecimiento, en igualdad de condiciones que sus compañeros de internamiento de sexo masculino. Como quiera que las solicitudes efectuadas a la Administración penitenciaria no habían surtido efecto positivo alguno, solicitó la intervención de esta institución. Al cierre del presente informe no se ha recibido el oportuno informe de la Administración penitenciaria (9910672).


2.10 Situación de los menores que acompañan a sus madres en prisión

Esta institución ha manifestado en numerosas ocasiones su constante preocupación por la situación en que se produce el alojamiento y la prestación de los servicios a los menores de edad que acompañan a sus madres en prisión. Esta preocupación, ya reflejada por el Defensor del Pueblo en sus informes anuales cuando la legislación penitenciaria concedía a las internas la posibilidad de que permanecieran con ellas los hijos que no hubieran alcanzado la edad de seis años, se ha mantenido tras la Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre, sobre modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando esta edad fue rebajada a los tres años. El objetivo perseguido en todo caso, tanto por la reforma normativa como por las diversas actuaciones de esta institución, ha sido la salvaguarda del interés del menor y el procurar, en la medida de lo posible, un adecuado desarrollo y educación del niño en los primeros años de su vida, evitando la separación de la madre, siempre que se reúna las condiciones de actividades y atención suficientes.
El menor de tres años, en todo caso, tiene derecho a que su estancia en prisión no le acarree perjuicios. Su permanencia en prisión acompañando a su madre sólo estará justificada si el ambiente y las condiciones que se le pueden ofrecer son óptimas.
La nueva prisión de Granada, radicada en la localidad de Albolote, dispone de dos departamentos dedicados a mujeres, uno de ellos para madres, que alberga a mujeres gestantes, y el otro para madres con hijos menores de tres años, en el que en el momento de la visita había doce niños menores de esta edad. Este centro, junto con el de Alcalá de Guadaira (Sevilla), es el destino de las reclusas que conviven con sus hijos en Andalucía. Se pudo observar que la escuela infantil presentaba ciertas deficiencias arquitectónicas que precisarían ser subsanadas, y así se manifestó a los responsables del establecimiento. Entre otras cuestiones, se hizo referencia a la disposición de los servicios de los niños y presencia de múltiples aristas vivas de ladrillo en las esquinas. También se recibieron quejas de algunas madres que se lamentaban de carecer de lavadora y tener que lavar a mano la ropa de sus hijos. Asimismo, señalaron que no se les facilitaba ropa para los menores y que en las celdas hacía frío debido a que carecen de sistema de calefacción. También expresaban que a sus hijos los atendía el médico general y no el pediatra. Por último, se apreció que las penas de arresto de fin de semana impuestas a mujeres en esta provincia se cumplen en el interior de la prisión, concretamente en la planta alta del departamento de mujeres. Sobre todas esas cuestiones se ha solicitado la debida información a la Administración, estándose a la espera de recibir la oportuna contestación (F9900132).
En el módulo de mujeres de Dueñas (Palencia), las condiciones de vida son correctas. Los cinco menores que residen en este departamento acuden a la escuela infantil. La comida que reciben los menores se entrega ya preparada en la cocina infantil. Asimismo, se aprecia que mientras estos niños están fuera de la escuela infantil han de convivir con el resto de reclusas, circunstancia que puede resultar eventualmente negativa. Por otra parte, tanto la secadora como la lavadora han sido trasladadas desde la escuela infantil al módulo de mujeres, lo que hace que la ropa de los menores sea mezclada con la del resto de las reclusas. Precisamente para evitar este hecho, fue dotada la escuela infantil de lavadora.
La normativa vigente obliga, en defensa del interés del menor, a evitar que los riesgos asociados a la estancia en prisión perjudiquen su proceso evolutivo. Durante los primeros meses de vida, para lograr un desarrollo armónico, resulta más conveniente que el menor esté al lado de la madre, siempre que existan las condiciones materiales necesarias que lo favorezcan. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, resulta cada vez más gravosa su estancia en estos centros.
No obstante, como quiera que ha transcurrido ya un tiempo prudencial desde la aludida modificación normativa y teniendo también en cuenta la importante renovación experimentada en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, esta institución se ha planteado la necesidad de abordar nuevamente el análisis, abriendo una investigación de oficio de carácter general sobre los efectos que para el desarrollo de los niños menores de tres años tiene su estancia en prisión en comparación con los que tiene su alejamiento de la madre. En el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1989, para investigar los efectos negativos de su estancia en prisión, se consideraba imprescindible la integración de los niños que estaban con sus madres en prisión en la red normalizada de las escuelas infantiles.
No obstante, por las visitas realizadas esta institución ya ha podido constatar que persisten situaciones en determinados centros que llaman poderosamente la atención, al estar los menores alojados en ellos en departamentos de mujeres. También se ha comprobado que en la actualidad no todos los menores son alojados en unidades de madres.
Al parecer, un 83 por ciento de ellos se encuentran en este tipo de departamentos, mientras que un 5 por ciento continúan en el departamento de mujeres que, normalmente, no reúnen condiciones adecuadas y en los que conviven madres penadas

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o preventivas con otras internas que ni están embarazadas ni tienen a sus hijos con ellas.
En consecuencia, se solicitó a la Administración información relativa a la evolución mensual del número de niños menores de tres años cuyas madres se encuentran en prisión y en unidades dependientes, así como los centros concretos que disponen de unidades de madres en los que los menores que se encuentran con ellas únicamente conviven con la madre y con embarazadas y evolución mensual del número de niños destinados en cada una de ellas. También se solicitó el número de centros en los que, disponiendo de unidades de madres, los menores conviven con ellas y con otras reclusas que no sean necesariamente madres o embarazadas y la evolución mensual del número de ellos destinados en cada centro. Igualmente se interesó el número de prisiones en las que no existe departamento de madres y en las que los menores que son alojados en las mismas han de compartir espacio con otras reclusas que no sean ni madres ni embarazadas, número de niños destinados en cada una de ellas y evolución mensual. Asimismo se pidió información sobre los equipos de profesionales que atienden específicamente a estos menores en cada uno de los tipos de departamentos aludidos en los tres puntos anteriores. Igualmente se solicitó informe relativo a la existencia de estudios en los que se comparara el estado de salud de los menores alojados en cada uno de los tipos de departamentos antes referidos y en unidades dependientes, solicitando, en caso de inexistencia, que se valorara su realización. Por último se pidió a la Administración que informara sobre las actividades programadas en cada uno de los departamentos referidos anteriormente, especialmente las dirigidas a los menores de tres años, y la eventual participación en actividades extraescolares de aquellos menores que utilicen recursos comunitarios externos. Al cierre del presente informe se está a la espera de recibir la oportuna información (F9900120).
Una reclusa destinada en el centro penitenciario de Martutene (Guipúzcoa) tras alumbrar a su hijo en un hospital de la red pública fue trasladada al centro penitenciario de Dueñas. Este hecho puso de manifiesto una cuestión ya expresada por esta institución, cual es que ninguna de las prisiones del País Vasco dispone de unidad de madres, conforme dispone el artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece el principio de que la Administración ha de evitar el desarraigo social de los reclusos a través de la correcta dotación de plazas penitenciarias. La ausencia de este tipo de instalaciones penitenciarias lleva aparejada la consecuencia de que las internas que deseen que sus hijos menores de tres años permanezcan en su compañía durante su estancia en prisión y se encuentren vinculadas a una determinada zona, pueden optar entre renunciar a la compañía del menor, o ser desplazadas a una prisión de otra comunidad autónoma, con los perjuicios de orden económico y de mantenimiento de la vinculación familiar que supone, particularmente en aquellos casos en los que la mujer tiene otros hijos menores que no conviven con ella y cuya relación se ve dificultada.


De la información remitida por la Administración se desprendía que en esta comunidad autónoma, únicamente los establecimientos de San Sebastián y Nanclares de la Oca cuentan con departamento específico para mujeres. Ahora bien, el número de niños nacidos mientras las madres permanecían ingresadas en ellos fue muy reducido, ocho en los tres últimos años. Sólo dos de las internas que han tenido hijos durante su estancia en prisiones del País Vasco han sido conducidas a centros que cuentan con departamentos para madres. No obstante, la Administración penitenciaria estima que la implantación de una unidad para madres resulta conveniente, por lo que en la construcción del nuevo centro previsto en el plan de amortización se incluirá una unidad de este tipo (9907490).


2.11 Transexuales en prisión

Un ciudadano, en representación de una asociación planteó la necesidad de que se realizara alguna actuación ante la Administración penitenciaria para que, a la mayor urgencia posible y en cumplimiento de la proposición no de ley 161/001238, aprobada por la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados en su sesión de 14 de abril de 1999, se "busquen fórmulas para que los transexuales a los que no se les haya reconocido su cambio de sexo en documento oficial acreditativo de su identidad, sean ingresados en caso de condena por comisión de delitos, en la prisión que corresponda según el sexo socialmente reconocido y por el que desarrolle su vida, siempre cuidando que no se altere el normal funcionamiento del centro receptor".
Este hecho, aunque no sea cuantitativamente relevante, sí da origen, en ocasiones, a actuaciones lesivas para estos reclusos, por lo que se estimó conveniente someter a la consideración de la Administración penitenciaria la necesidad de que esta materia fuera regulada de un modo claro y uniforme en todos los centros penitenciarios cuya gestión le corresponde. Esta institución entiende que, dejando a salvo el mantenimiento de la seguridad y el buen orden en los centros, es necesario que en la práctica se proceda a hacer compatible la estancia en prisión con el respeto a la dignidad y el derecho a desarrollar su propia personalidad, regulando a tal fin de manera precisa el destino, las condiciones de alojamiento y las prácticas administrativas que puedan entrar en colisión con sus derechos. Al cierre del presente informe no se había recibido la preceptivacontestación oficial (9908463).


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3. SEGURIDAD PÚBLICA

3.1 Intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

3.1.1 Denuncias de malos tratos

Por el seguimiento que esta institución ha efectuado a lo largo del año 1999 sobre los casos que se han denunciado malos tratos se ha constatado que, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil, se han iniciado investigaciones o informaciones reservadas para el esclarecimiento de los hechos, sin perjuicio de que las mismas se suspendan, si se incoa un procedimiento judicial.
Esta colaboración no siempre se ha visto reflejada en la actitud de algunos ayuntamientos, cuando los ciudadanos denuncian a sus agentes por malos tratos y, menos aún, cuando lo que se denuncia es un trato incorrecto.
Esta institución es consciente de la dificultad que entraña el esclarecimiento de unos hechos en los que se ven inmersos los agentes de policía y el ciudadano, pero ello no debe ser obstáculo para que la Administración competente intente dilucidar en profundidad lo ocurrido dada la importancia de los bienes jurídicos que se ven afectados. Así, en investigaciones iniciadas por la denuncia de malos tratos inferidos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se ha observado, en algunos casos, la práctica de estos agentes de denunciar al ciudadano por agresiones, insultos, desobediencia, etc.
No obstante, en ciertos casos y tras la tramitación del correspondiente proceso penal, resultan probados otros hechos, con la consiguiente condena de los agentes (F9311363, F9500079 y 9807042).
Algunas investigaciones iniciadas por actuaciones desproporcionadas de la policía durante manifestaciones han mostrado cómo muchas de ellas lo fueron bien para repeler una agresión previa, bien para el restablecimiento de la seguridad ciudadana, pero ello no puede exculpar la responsabilidad de los agentes cuando se exceden en sus actuaciones o éstas resulten desproporcionadas en los enfrentamientos (9900988 y 9904609).
Asimismo, esta institución ha iniciado investigaciones de oficio por las noticias aparecidas en los medios de comunicación instando a los responsables policiales a iniciar el esclarecimiento de los hechos, o para efectuar un seguimiento de las investigaciones ya iniciadas por aquéllos. Éste es el caso de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que requirió los servicios de una prostituta y, posteriormente, cuando se encontraba en una finca de su propiedad azuzó a su perro contra la mujer, causándole graves lesiones (F9900155).
Igualmente ocurrió en dos casos en los que la intervención de los agentes, haciendo uso de sus armas reglamentarias, causó la muerte de una persona, en un caso, y lesiones graves en otro. En estos dos últimos supuestos la Dirección General de la Policía ha comunicado que se iniciaron sendas informaciones reservadas para el esclarecimiento de los hechos y determinación de posibles responsabilidades en el orden disciplinario, que se encuentran suspendidas al existir un procedimiento judicial en trámite por los mismos supuestos. Por ello, se ha solicitado de la Fiscalía General del Estado informe del trámite que siguen los procedimientos judiciales (F9900154 y F9900060).
También se solicitó información sobre la actuación seguida contra tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaban a una ciudadana extranjera, detenida en una comisaría y que denunció que había sido violada por uno de ellos. Si bien en el proceso penal abierto no se pudo determinar el autor de la violación, esta institución ha continuado la investigación de la queja instando a la Dirección General de la Policía para que informe sobre el expediente disciplinario incoado a los agentes (F9900069).
Continúa siendo habitual la resistencia de los responsables de algunos ayuntamientos a la hora de esclarecer los malos tratos denunciados contra miembros de la policía local, ya que no inician los correspondientes expedientes administrativos, basándose en que están siendo enjuiciados en vía penal.
En estos casos, esta institución solicita de las autoridades competentes la iniciación del procedimiento administrativo, para evitar así la posible prescripción de las infracciones y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que se estimen oportunas, sin perjuicio de que se suspenda el procedimiento administrativo según establece el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta que exista sentencia firme, cuyos hechos probados vincularán a la Administración.
En el caso de tratos denunciados por un vendedor ambulante, en la localidad de Torremolinos, en Málaga, el ayuntamiento de esa localidad desmintió los hechos, tras la versión facilitada por los agentes implicados. A pesar de las lesiones producidas al detenido, entre otras una perforación de oído cuando ya se encontraba en dependencias policiales, según denunció el propio interesado, el ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida en el ámbito disciplinario, a la espera de que finalice el proceso penal incoado (F9900092).
Debe dejarse constancia, finalmente, de la disconformidad con la actuación del Ayuntamiento de Oviedo, en el caso de un agente de la policía local que había sido condenado por una falta de lesiones ocasionadas a un ciudadano, cuando se encontraba de servicio en un coche-patrulla. El ayuntamiento ha remitido un informe, elaborado por el inspector jefe de la policía local, en el que se manifiesta que no cabe la apertura de expediente disciplinario, al constituir los hechos una falta penal y no un delito doloso dado que los mismos no están expresamente tipificados como infracción delrégimen disciplinario y teniendo en cuenta que en la

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sentencia, no consta que los hechos estuvieran relacionados con el servicio (9807966).
Se denunció que unos vigilantes de seguridad, contratados por determinada compañía aérea, golpearon a una ciudadana extranjera que se negó a ser embarcada en el vuelo que la debía conducir al país de donde provenía. Según la denuncia, los citados vigilantes inmovilizaron a la interesada con cinta adhesiva, lo que fue observado tanto por los pasajeros del avión como por el propio capitán, que se negó a embarcarla, por lo que los vigilantes regresaron hacia la sala de rechazados, golpeándola en los pasillos.
Nadie la condujo a los servicios médicos del aeropuerto, a pesar de haberlo requerido a los policías que se encontraban de servicio en la citada sala.
Según la información que ha sido facilitada a esta institución, al día siguiente volvieron a aparecer en la sala los vigilantes de seguridad, acompañados de otros vigilantes de la compañía aérea en la que debía viajar la interesada, que al verlos aparecer y ante el temor de ser devuelta a su país de origen, se quitó el vestido, momento en el que los vigilantes se abalanzaron sobre ella golpeándola e inmovilizándola con cinta aislante desde los pies hasta la boca, llegando incluso a arrancarle mechones de cabello. Una vez que se encontraba inmovilizada, fue conducida fuera de la sala de rechazados, siendo finalmente embarcada y devuelta a su lugar de origen.
En consideración a los hechos denunciados, se requirió la correspondiente investigación a la Dirección General de la Policía, por si del esclarecimiento de los mismos se derivaran responsabilidades de los vigilantes de seguridad y de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraban presentes en el momento de producirse los hechos.
En la contestación remitida por la citada dirección general, se da traslado del contenido de las minutas que en su día elaboraron tanto los policías que se encontraban de servicio como los vigilantes que intervinieron en los hechos, participándose que se había abierto una información reservada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Finalmente se ha solicitado la remisión de un informe ampliatorio, al objeto de completar debidamente la investigación que se encuentra en curso (9900232).


3.1.2 Actuaciones policiales e información a las víctimas de delitos

Compareció el padre de una menor, de 14 años de edad, violada por un desconocido, manifestando su disconformidad por la falta de información de la policía local de Zaragoza sobre las medidas a adoptar respecto a la realización de una exploración médica de la víctima o de un examen de sus ropas, lo que habría facilitado la identificación del agresor. La corporación municipal comunicó las actuaciones llevadas a cabo para la localización del presunto agresor tras la denuncia efectuada, si bien reconoció que no se había informado al padre o a los familiares sobre aquellas medidas. Por ello, esta institución ha solicitado al citado ayuntamiento que se dicten las instrucciones para que, tanto en estos casos como en los de maltrato a mujeres de los que tengan conocimiento miembros de la policía local, se informe a las víctimas o a sus familiares de las medidas a adoptar, con carácter urgente, para una posible identificación de los agresores (9904299).


3.1.3 Derecho de reunión y manifestación

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla dirigió un escrito a una asociación que quería manifestarse a las puertas del Parlamento andaluz, en el que expresaba que, en relación con la concentración prevista, el vigente Código Penal señala como responsables de infracción penal a quienes promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento.


Aunque la subdelegación del gobierno afirma que el escrito remitido fue a efectos meramente informativos, en aplicación de los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos que deben regir la actuación administrativa, la asociación consideró que se le estaba indicando que si celebraba la concentración incurriría en un ilícito penal, por lo que decidió suspenderla.
Esta institución considera que la Administración debió o bien prohibir expresamente la manifestación, lo cual exigía una motivación suficiente, o bien modificar el lugar de la manifestación, circunstancia ésta que también exige una resolución adecuada, pues de otra forma se podría burlar el efectivo ejercicio de ese derecho.
Por ello, se ha recomendado a esa subdelegación que tanto la actuación como los términos en que se expresen las comunicaciones, en los casos relacionados con el derecho de reunión y manifestación reconocidos en el artículo 21 de la Constitución española, se realicen de forma que no induzcan a error o equívoco que puedan vulnerar el contenido esencial de ese derecho y lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (9904405).
Se han detectado otros dos casos más en los que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede haber supuesto una limitación injustificada tanto del derecho de manifestación, como del de libertad de expresión, garantizados en los artículos 20 y 21 de la Constitución española.
En el primero de ellos, un ciudadano informaba de que, cuando participaba en la celebración del día de Europa, la policía local de Marbella le requisó una pancarta, así como varios escritos, una carpeta y un periódico. A pesar de que el interesado solicitó la devolución

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de sus pertenencias y denunció a los agentes ante los responsables del ayuntamiento, facilitando su número así como el nombre de los testigos que presenciaron los hechos, el consistorio se limitó a contestarle que no había constancia de que dichas pertenencias estuvieran en el consistorio.
Cuando se solicitó información, el ayuntamiento remitió un escrito en los mismos términos que el enviado al interesado, al tiempo que presentaba, en nombre de la policía local, una queja para ser tramitada contra este último, por un escrito en el que vertía frases amenazantes e insultos contra los miembros del citado cuerpo. Se ha indicado a la citada corporación la imposibilidad legal de iniciar una queja de esta naturaleza, en virtud de lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, a la vez que se ha solicitado nuevo informe acerca de los motivos por los que no se investigaron los hechos denunciados (9906318).
Un grupo de vecinos de la localidad de Moaña, en Pontevedra, expusieron que, desde hace siete años, se manifiestan pacíficamente contra la instalación de un campo de golf que va a ocupar un monte comunal. Al parecer, desde el mes de enero de 1999, miembros de la Guardia Civil les impiden la colocación de pancartas y les retiran las que llevan. La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado de que la retirada de pancartas se debió a que los textos de las mismas, según denuncia presentada por el representante legal de la sociedad propietaria del club de golf, pudieran ser considerados calumniosos.
A este respecto, se ha de señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Penal, la persecución de los delitos de calumnia e injuria exige querella de la persona ofendida, salvo que la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes a su cargo.
Por ello, al considerar que el delito de calumnia es, en la actual regulación, un delito de persecución privada, sin que sea suficiente la mera denuncia para la iniciación del procedimiento penal, se continúa la investigación iniciada en su momento, habiéndose solicitado un informe ampliatorio para conocer si, con carácter previo a la adopción de las medidas sobre la retirada de pancartas, se tuvo conocimiento de que el representante legal de la sociedad había interpuesto querella, en debida forma, tal como previene el precepto antes citado, al objeto de valorar si, en este caso, se ha limitado a los manifestantes el ejercicio de derechos fundamentales (9901332).
Se inició una investigación de oficio con motivo de una intervención policial que disolvió una manifestación de estudiantes en el recinto de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que hubo varios heridos de diversa consideración ya que, según las noticias aparecidas en los medios de comunicación, la actuación de la policía pudo resultar desproporcionada con relación a la actitud de los manifestantes. La Delegación del Gobierno en Barcelona informó de que, ante la actitud hostil de los manifestantes que lanzaban piedras y objetos contundentes, la actuación policial fue defensiva, haciendo uso de las defensas reglamentarias, efectuando salvas de fogueo y lanzando pelotas de goma.
Las autoridades académicas que realizaron labores de mediación entre los estudiantes y la policía han dado traslado a esta institución de su versión de lo sucedido, informando de la existencia de dos procedimientos judiciales en relación con los hechos descritos, por lo que se ha solicitado a la Fiscalía General del Estado informe sobre el estado de tramitación de los mismos para, en su caso, proseguir las actuaciones iniciadas ante la delegación del gobierno.
Según la última información recibida, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia declarando que la actuación de la Administración demandada comportó la lesión del derecho de reunión y manifestación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. La sentencia se halla recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (F9900004).


3.1.4 Mendicidad

Desde el año 1994, esta institución viene investigando la actuación de distintas policías locales en relación a las personas que practican la mendicidad en las calles de sus municipios, en base a la existencia de unas ordenanzas municipales que, por su fecha de entrada en vigor, habrían quedado fuera, no ya del marco constitucional, sino de los usos sociales contemporáneos.
Se consideraba que estas ordenanzas podían lesionar los principios de legalidad y seguridad jurídica, garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución, ya que sólo por ley orgánica se podía limitar el derecho a la libertad y por ley ordinaria tipificar las sanciones administrativas, pero nunca por una ordenanza municipal.


En ningún caso la aplicación de estas ordenanzas tiene como causa de justificación el ámbito de competencias que se atribuye a los ayuntamientos en virtud del juego concertado en los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 14 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. En efecto, en ningún momento esta última ley prevé medida sancionadora alguna ni considera hecho susceptible de sanción la mendicidad. Incluso llevando a sus últimos extremos la aplicación de lo dispuesto en la ley orgánica antes citada no cabría amparar en ella las actas que la policía municipal pueda levantar por desobediencia a los mandatos de sus agentes, toda vez que el artículo 26 h) de la norma mencionada señala como infracción leve de la seguridad ciudadana la desobediencia a los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa

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aplicación de lo dispuesto en la presente ley, cuando ello no constituya infracción penal, siendo así que el mandato de no ejercer la mendicidad no puede darse en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pues no existe en ésta tipo que constituya la mendicidad como un hecho atentatorio contra la seguridad.
Además, todas las ordenanzas se encuentran con relación a la ley, sea estatal o autónoma, en posición de subordinación. Por esta razón serán nulos los preceptos de una ordenanza contrarios a las leyes, y aun cuando pueda regular aspectos que transcienden del ámbito de la pura ejecución, no cabe duda de que estas disposiciones no deben afectar a aquellas materias que competencialmente corresponden sólo a la ley y su regulación, como es el caso de las materias atinentes a sanciones o medidas de seguridad en materia de seguridad ciudadana, como ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de 1983, en relación con el apartado 26 j) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.
Por ello, la función desempeñada por las ordenanzas de policía y buen gobierno, como tradicionalmente se denominan las que regulan esta materia, no pueden entrar a adoptar medidas que afecten a derechos fundamentales.


En base a las anteriores consideraciones, se dirigieron sendas recomendaciones a los ayuntamientos de Santander, Murcia y Mazarrón, para que las ordenanzas se adecuaran a los principios de legalidad y tipicidad y al respeto a los derechos fundamentales.
El Ayuntamiento de Santander comunicó que las ordenanzas de 1900, en contra de lo que había manifestado en informes anteriores, ya no se aplicaban al considerar que quedaron derogadas con la entrada en vigor de la Constitución y otras leyes posteriores.
Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia manifestó que se iba a proceder a derogar la ordenanza del año 1988, que se encontraba en vigor, y que se iba a elaborar una nueva (9700533 y F9600046).
Finalmente se está a la espera de la contestación a la recomendación efectuada en el año 1998 al Ayuntamiento de Mazarrón, que comunicó que los servicios jurídicos estaban estudiando la misma, sin que hasta el momento se haya remitido nuevo informe, a pesar de los requerimientos efectuados por esta institución (9623101).
En el curso de las investigaciones realizadas en otros ayuntamientos hay que significar que el de Zaragoza acordó la tácita derogación de las ordenanzas de 1903, que el Ayuntamiento de Vigo informó que las actuaciones realizadas por la policía local, en relación con la mendicidad, se efectuaban dando cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y que el Ayuntamiento de Cartagena informó que la anterior ordenanza fue modificada en el año 1996 y sólo prohíbe el ejercicio de la mendicidad cuando se ejerce de forma coactiva, de palabra u obra, con violencia o intimidación, adecuándola a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y suprimiendo todo el procedimiento sancionador anteriormente previsto (F9600098).
Durante el presente año se han continuado investigando todos aquellos casos de los que se ha tenido noticia, relativos a las actuaciones que efectúan diversos ayuntamientos para erradicar la mendicidad de sus municipios, como el del Ayuntamiento de Vitoria que, según se reflejaba en los medios de comunicación, había instado a mendigos y toxicómanos a abandonar un parque público que frecuentaban habitualmente (F9900131).
En el informe del año pasado, se reflejaba que el Ayuntamiento de Reus había aprobado una ordenanza, prohibiendo expresamente el ejercicio de la mendicidad pública en su municipio que, finalmente, fue remitida a esta institución para su estudio. En ella se prohíbe el ejercicio de la mendicidad pública y se habilita a los agentes para requisar los elementos utilizados en dicha actividad, invitando a regresar a sus lugares de origen a los mendigos y sancionando con multa la práctica de la mendicidad.
Al considerar esta institución que la aplicación de la ordenanza del Ayuntamiento de Reus no tiene justificación en el ámbito de competencias que se atribuye a los ayuntamientos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, se ha vuelto a solicitar del citado ayuntamiento un nuevo informe al respecto (F9800134).


3.1.5 Citaciones policiales

Una práctica habitual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consiste en citar en sus dependencias a los ciudadanos, sin informarles adecuadamente de los motivos por los que se requiere su presencia, ocurriendo a veces que cuando se presentan quedan detenidos. En estas citaciones únicamente se informa del deber de acudir a una determinada dependencia, bien en relación a unas diligencias, bien para un mero trámite, llegando incluso a efectuar esta citación telefónicamente.
Se solicitó información a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil, al considerar que este tipo de actuaciones podría suponer vulneración de derechos constitucionalmente garantizados y provocar inseguridad jurídica a sus destinatarios, ya que desconocen si han sido citados como testigos o como denunciados y si se les va a tomar o no declaración, lo que sería importante al objeto de comparecer acompañados de letrado.
La Dirección General de la Policía ha comunicado que por la trascendencia que para el ciudadano tienen estas citaciones y, a fin de evitar disparidad de criterios

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entre los diferentes funcionarios policiales a la hora de cumplimentarlas, se han impartido instrucciones al objeto de que las citaciones contengan, entre otros requisitos, el nombre, los apellidos y el domicilio de la persona citada; la unidad o funcionario que efectúe la citación; el lugar, el día y la hora en que haya de comparecer el citado; el objeto o motivo de la comparecencia, y la calidad en que se comparece, si es como testigo o denunciado. Además, se proporcionará un teléfono de contacto al objeto de que la persona citada pueda aclarar alguna duda o convenir un cambio en su comparecencia (9905718 y 9906821).
De igual manera se ha iniciado una investigación al comprobar que alguna citación se ha efectuado a través de un familiar del afectado, al que se le ha informado de los motivos por los que éste debía comparecer en dependencias policiales, lo que puede suponer, aun en el caso de que la citación se efectúe a través de un familiar directo, una vulneración del derecho a la intimidad (9910842).


3.1.6 Detenciones

El artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
Por ello, todas aquellas privaciones de libertad que no se enmarquen en lo preceptuado en el número 1 del citado artículo habría que considerarlas de detenciones ilegales, estableciéndose en el número 4 del mismo artículo un procedimiento de habeas corpus que posibilita el control jurisdiccional de las mismas.
Toda detención debe estar racionalmente fundamentada y debe ajustarse a los requisitos establecidos por vía constitucional y legal, cuyo incumplimiento determinará la ilegalidad de la medida, con las consecuencias previstas a estos efectos en el vigente Código Penal.
En este sentido, se inició una investigación ante la Dirección General de la Policía por la detención de una joven tras un incidente en la vía pública con un funcionario policial, ocasionado porque el vehículo conducido por el policía no respetó el paso de peatones que atravesaba la interesada y, cuando la rebasó, ésta le dio una patada en el guardabarros trasero.
El policía bajó del vehículo y empezó a agredirla, manifestándo su condición de agente de la autoridad y procediendo a su conducción, como detenida, a una comisaría, pese a que los hechos no constituían infracción penal y, por tanto, la detención carecía de fundamento.
Una vez en dependencias policiales fue nuevamente maltratada, tanto verbal como físicamente, practicándose la correspondiente reseña policial y siendo puesta, finalmente, en libertad.
La Dirección General de la Policía informó de que el expediente disciplinario incoado por estos hechos había quedado en suspenso ante la denuncia presentada por la interesada en un juzgado de instrucción.
Finalmente se tuvo conocimiento de que la Audiencia Provincial de Valencia había condenado al agente de policía, como responsable de un delito de detención ilegal y una falta de lesiones, a la pena de 8 años de inhabilitación absoluta, por lo que se solicitó a la Dirección General de la Policía que informara sobre la reapertura del expediente disciplinario suspendido en su día y que actualmente sigue en trámite (9807042).
De igual manera se sigue detectando, en algunos supuestos investigados por esta institución, la inobservancia de las garantías establecidas en los artículos 17.3 de la Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la lectura de los derechos no se cumplimenta debidamente y, en ocasiones, los detenidos no pueden ejercitar alguno de estos derechos.
Así, con motivo de una detención efectuada durante un control de alcoholemia, la Guardia Civil procedió a tomar declaración a un ciudadano acusado de la comisión de un presunto delito contra la seguridad del tráfico, constando en las diligencias que había renunciado expresamente a la asistencia letrada, lo que negó el interesado ante esta institución, a la vez que participaba que no se le había informado de su situación de detenido, ni de los derechos que le asistían. En el informe remitido por la Dirección General de la Guardia Civil se manifestaba que, en el momento de la detención, se procedió a la lectura de los derechos reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellos el de asistencia letrada, siendo informado el interesado de la posibilidad de renunciar a éste, dada la naturaleza del presunto delito cometido.
Se manifestó, asimismo, que existía la posibilidad de que este extremo no fuera recordado por el detenido, a causa del estado psicofísico en que se hallaba en esos momentos.
Esta institución consideró que, si bien los detenidos pueden renunciar a la preceptiva asistencia de letrado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 520.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ello no excluye a los agentes de la autoridad del deber de dejar constancia, tanto del ofrecimiento de derechos, como, en su caso, de la renuncia a alguno de ellos, que no debe ser verbal, sino que, por el principio de seguridad jurídica, debe constar expresamente unida al atestado.
En el presente caso, además, la toma de declaración al detenido sin asistencia letrada le impidió entender la trascendencia de su situación y las consecuencias de sus manifestaciones, habida cuenta del estado en que, según el informe, se encontraba. Por ello, se efectuó una recomendación a la Dirección General de la Guardia Civil, que fue aceptada, para que en los atestados instruidos conste documentalmente tanto el ofrecimiento de derechos como, en su caso, la renuncia a la asistencia letrada (9902830).
Se ha denunciado que la policía local del Ayuntamiento de Zaragoza suele posponer la puesta a disposición

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judicial de aquellas personas detenidas por presuntos delitos contra la seguridad del tráfico, al haber dado positivo en los controles de alcoholemia, de tal forma que pasan la noche en la sala de espera de las dependencias policiales -que no cuentan con los correspondientes calabozos-hasta que son conducidos a presencia del juez, sin que se les tome declaración durante el tiempo de la detención.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido un informe de la policía local de esa ciudad en el que se afirma, entre otras consideraciones, que de las actuaciones efectuadas por ese cuerpo en materia de tráfico, en ningún caso juez o fiscal alguno ha derivado, ni en actos de juicio ni a lo largo del proceso penal, advertencia, queja, sentencia o admonición alguna contraria a los autores de las detenciones ni instructores de las diligencias, constando sólo una denuncia de abogado que ha dado lugar a unas diligencias previas aún no sustanciadas.


Esta institución ha puesto de manifiesto a la citada corporación que esta práctica que prolonga la detención, de haberse llevado a cabo, podría haber conculcado el derecho a la libertad, reconocido en el artículo 17 de la Constitución española, pues bastaría con inmovilizar el vehículo y citar al ciudadano ante el juez de guardia para su declaración, sin necesidad alguna de detenerle (9912827).
Se ha iniciado una investigación ante el Ayuntamiento de Barcelona, en relación con la detención de tres personas por parte de la policía local, que permanecieron, según manifestaron, cuarenta y dos horas en los calabozos, sin que se les informara de sus derechos hasta que fueron puestos a disposición judicial, que hasta el momento no ha finalizado (9910702).
La Guardia Civil de Las Rozas, en Madrid, detuvo a un joven como presunto participante en una reyerta. El motivo fue, al parecer, que uno de los implicados facilitó a la Guardia Civil un nombre de pila y un domicilio en la localidad cercana de Majadahonda, sin mayores precisiones, siendo detenido a consecuencia de ello el interesado, que después no fue reconocido por el denunciante en el curso de las diligencias judiciales.
Por ello, se solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil un informe de las investigaciones y diligencias que motivaron esta detención y puesta a disposición judicial de un ciudadano del que únicamente se conocía su nombre de pila y un domicilio genérico.
Continúa abierta la investigación (9910528).


3.1.7 Ficheros policiales

En el informe correspondiente al año 1998, se reflejaba que la falta de comunicación entre la Dirección General de la Policía y los órganos judiciales impedía la cancelación de los antecedentes policiales, aunque los procedimientos judiciales finalizasen con sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento libre.
En este sentido, se siguen investigando nuevas quejas, como la formulada por un ciudadano cuyos antecedentes, al parecer, siguen constando en los archivos de la Guardia Civil a pesar de haberse sobreseído la causa abierta en su contra (9912778).
La Dirección General de la Policía informó de que no podía proceder a la cancelación de los datos que figuraban en sus ficheros, ya que los órganos judiciales, salvo contadas excepciones, no comunicaban las resoluciones recaídas en los procedimientos penales iniciados a raíz de la instrucción policial que motivó la recogida de los mismos.
A juicio de esta institución, y así se hizo saber a la Secretaría de Estado de Interior, la regulación de esta cancelación de oficio parecía requerir, para su efectividad, un previo examen de las modificaciones legales necesarias para que los distintos órganos judiciales estén obligados a realizar las comunicaciones de sus resoluciones a la Dirección General de la Policía, lo que exigía la intervención del Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece en su artículo 22.4 que los datos registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento, debiendo tomarse en consideración, a estos efectos y entre otros supuestos, las resoluciones judiciales firmes, en especial las absolutorias. En consecuencia, se ha requerido a la Secretaría de Estado de Seguridad que informe de las medidas que se vayan a adoptar, en su caso, por parte del Ministerio del Interior para hacer efectiva la previsión contenida en el artículo citado y se ha solicitado el criterio al respecto del Consejo General del Poder Judicial y su opinión acerca de las medidas que podrían implementarse para que los juzgados puedan notificar las resoluciones que recaigan en los procesos penales a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que éstos cancelen, cuando proceda, ese tipo de datos (9813133).


3.1.8 Derecho a la intimidad

La recopilación de datos que faciliten la identificación de las personas sospechosas de haber cometido un ilícito penal es una obligación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para dar debido cumplimiento a lo establecido, tanto en el artículo 104 de la Constitución española, como en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/ 1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Lo que indudablemente no permiten estas normas es la toma de aquellos datos que no tengan interés para la identificación del sujeto y, en definitiva, para preservar la seguridad ciudadana, como son los relativos a la orientación sexual, enfermedades, raza, etc. Estos datos, que forman parte del círculo íntimo personal, no

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pueden plasmarse ni almacenarse, con carácter general, en fichero alguno, pues ello afectaría al derecho a la intimidad garantizado en el artículo 18 de la Constitución española.
En este sentido se inició una investigación de oficio ante los ayuntamientos de Alcobendas y Arganda del Rey, en Madrid, por los ficheros elaborados por la policía local, que contenían datos de esta naturaleza, incluidos dentro de una sección denominada "información antropomórfica".
El Ayuntamiento de Arganda del Rey comunicó que las fichas no se llegaron a utilizar, aunque fueron entregadas a los agentes de la policía local; que se había realizado una investigación reservada para el esclarecimiento de los hechos, y que el inicio de un expediente disciplinario contra los responsables de la elaboración y distribución de estas fichas estaba supeditado a la finalización del procedimiento judicial que, por tales hechos, se sustanciaba en un juzgado de la localidad. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcobendas ha informado de que se había incoado un expediente disciplinario a un funcionario de la policía local y que se había abierto una investigación reservada para conocer el alcance de la responsabilidad, tanto del departamento de informática, como de los responsables del fichero.
Finalmente, la Agencia de Protección de Datos ha comunicado que se procedió al archivo del expediente iniciado contra el Ayuntamiento de Arganda del Rey, al no haberse utilizado las hojas de filiación por parte de la policía local. Contra el Ayuntamiento de Alcobendas se inició expediente sancionador por una presunta infracción del artículo 7, en relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, tipificada como muy grave en el artículo 43.4 c) de dicha norma. Esta institución está a la espera de que la Agencia de Protección de Datos informe de la resolución adoptada en este expediente (F9900066 y F9900067).


3.1.9 Identificaciones y cacheos

La conducción a dependencias policiales de ciudadanos con objeto de proceder a su identificación sigue provocando arbitrariedades por parte de los agentes, que no se limitan a practicar una mera diligencia de identificación, sino que, en ocasiones, se exceden en el cometido que les encomienda el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/ 1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional número 341/93, de 18 de noviembre, estableció, en su fundamento jurídico sexto, que "la norma no permite en modo alguno interrogar o investigar a la persona sobre más extremos que los atinentes, rigurosamente, a su identificación (para la obtención de los "datos personales" a que se refiere el artículo 9.3 de la propia ley orgánica)".
Apesar de ello, se siguen investigando algunas actuaciones policiales que, teniendo su origen en una identificación, posteriormente derivan en la práctica de otras diligencias que la normativa no permite. Tal es el caso de un ciudadano que fue conducido a un puesto de la Guardia Civil para su identificación, al no portar, en el momento de ser requerido para ello, documentación alguna, ya que sus características físicas coincidían con las del supuesto autor de un robo con intimidación. Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, esta persona acudió voluntariamente a esas dependencias. Posteriormente, el empleado de la gasolinera en que se había cometido el robo declaró que el interesado no era el autor del hecho delictivo. Ha podido producirse, en consecuencia, una extralimitación en la actuación del responsable del puesto de la Guardia Civil por lo que se ha vuelto a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe al respecto (9908682).
El artículo 19 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, permite efectuar controles sobre los efectos personales de los ciudadanos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre con la finalidad de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.
Por su parte, el artículo 11.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo, especifican las funciones de los vigilantes de seguridad, determinando la forma y los límites de los controles de identidad realizados por los mismos. Por ello, se ha iniciado una investigación sobre los cacheos y registros de efectos personales practicados por vigilantes de seguridad en un museo de Madrid (9910997).
Con motivo de una visita efectuada al aeropuerto de Madrid-Barajas, se pudo observar que, en las dependencias destinadas a los ciudadanos extranjeros que han sido objeto de rechazo en frontera, dos vigilantes de seguridad cacheaban a una mujer y registraban sus pertenencias, interviniéndole los objetos que, a su juicio, no podía introducir en el lugar donde iba a permanecer hasta ser finalmente devuelta a su país de origen.
Este hecho, así como la circunstancia de que, en ocasiones, son los propios vigilantes de seguridad los que conducen a los ciudadanos extranjeros hasta el avión para ser embarcados, supone una atribución de funciones que no se encuentra recogida en la normativa sobre seguridad privada, máxime cuando son funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los que custodian a estas personas. Por ello se formuló la correspondiente recomendación a la Secretaría de Estado de Interior, al entender que dichas prácticas no se corresponden con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada y en su reglamento de desarrollo. Esta recomendación no hasido aceptada (9900232).


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3.1.10 Sanciones administrativas

En el ámbito del derecho administrativo sancionador, se han investigado aquellos supuestos en los que, a juicio de esta institución, las alegaciones y práctica de pruebas propuestas por los interesados deberían haberse tomado en consideración. También han sido objeto de investigación aquellos casos en que los hechos que se denuncian no se corresponden con el tipo de infracción por la que, finalmente, se sanciona.
Una mujer fue sancionada por infracción del artículo 26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al haber proferido insultos a un agente de la autoridad, provocando, según se reflejó en la denuncia, una alteración del orden. Posteriormente, el agente denunciante se ratificó en que la interesada profirió insultos, que entendió que iban dirigidos contra él, sin aludir a una alteración del orden provocada por tal comportamiento. Esta institución, entendiendo que los hechos implicarían, en su caso, una falta de deferencia hacia el agente, ciertamente reprimible, pero que no encajan en el artículo 26 i), que tipifica como infracción leve alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, lo que ciertamente no ocurrió en este caso, sugirió que se dejara sin efecto la sanción impuesta, siendo aceptada esta propuesta (9823921).
La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, con fundamento en un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado sobre las infracciones administrativas de los menores en materia de tráfico y circulación de vehículos, manifiesta que el Código de la Circulación reconoce a los mayores de catorce años la posibilidad de obtener una licencia de conducción de ciclomotores, y a los mayores de dieciséis, la del permiso de conducción de la clase A-1, por lo que, al no existir en el ordenamiento jurídico español una norma que, con carácter general, regule la responsabilidad administrativa de los menores de edad, habrá que determinarla en cada caso, con arreglo a la normativa aplicable.
Continúa esta investigación ante el Ministerio del Interior, dado el vacío legal existente respecto a la exigencia de responsabilidad administrativa a menores de edad que son sujetos pasivos de procedimientos sancionadores, y la necesidad de establecer criterios generales y acordes con los derechos constitucionales y el principio de máxima protección al menor (9714797).


3.2 Derechos y libertades de los extranjeros

3.2.1 Centros de internamiento de extranjeros

Varias han sido las recomendaciones que a lo largo de estos años se han llevado a cabo con la finalidad de conseguir unas condiciones mínimas de habitabilidad para los centros de internamiento y la de corregir las lagunas legales y las interpretaciones de preceptos que se consideraban inadecuadas en esta materia, resaltando, por su importancia continuada a lo largo del tiempo, la recomendación de que se dictase el oportuno reglamento de régimen interior de los centros de internamiento que, finalmente, vio la luz en la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
Aunque esa orden no supone una solución definitiva a los problemas que la ausencia de una normativa de regulación interna daba lugar, no puede negarse que algunas de sus disposiciones, suponen un notable avance como el que se garantice a los extranjeros ingresados la asistencia de abogado, el que se extienda certificación del transcurso de los plazos de ingreso o el que se exija autorización judicial para traslado a otros centros de internamiento, a solicitud motivada del director del centro.
El Defensor del Pueblo ha realizado diversas visitas a los centros de internamiento de extranjeros de todo el territorio nacional para comprobar las condiciones de los mismos, verificar el trato que reciben las personas allí internadas, así como para recibir de los internos las quejas que éstos pudieran presentar.
El centro de internamiento de Madrid ha sufrido varios incendios en los últimos años que ponen de manifiesto el peligro en que se encuentran tanto los internos como los agentes de policía que los custodian. A ello contribuye la forma tubular del centro, que está ubicado en los sótanos de unas antiguas dependencias policiales en el barrio de Moratalaz. Las obras que posteriormente se han realizado por la Delegación del Gobierno en Madrid para su mejora, consistentes en una nueva instalación eléctrica, la sustitución del techo de escayola por otro de estructura metálica, la instalación de nuevos sanitarios y la renovación de alarmas contra incendios y pintura en general, siguen siendo insuficientes. La única solución válida es la construcción de un nuevo centro de internamiento.
Similares problemas presentan el centro de La Verneda (Barcelona), con el añadido de la falta de un patio para que los internos vean siquiera unas horas la luz del día, y el viejo y destartalado centro de Valencia. Los centros de Las Palmas y Málaga también ofrecen serias deficiencias.
El centro de internamiento de extranjeros de Las Palmas (Barranco Seco) consta de tres plantas. En la primera hay dependencias únicamente para varones y en la segunda, una sala de ocio, que también es utilizada como comedor, cocina, gabinete médico y dependencias con una zona separada para mujeres. La asistencia médica sólo cubre el turno de mañana, por lo que la brigada de documentación señaló en un informe la necesidad de que, con carácter permanente, hubiera un médico, un ayudante técnico sanitario y un psicólogo.


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Al centro de internamiento de extranjeros de Málaga (Capuchinos) se han realizado varias visitas durante este año. La zona habilitada -pues la mayor parte del edificio está abandonado-denotaba gran precariedad y la necesidad de realizar importantes inversiones económicas en ella. Los varones normalmente se encuentran en el patio y en la sala de ocio, debiendo las mujeres limitarse a salir al patio durante las dos horas que utilizan los hombres para comer. Las internas suelen comer dentro de su celda, común para todas, en la que tienen un televisor. La dirección del centro informó de que iba a instalar la zona de mujeres en la segunda planta con acceso a un patio exclusivo para ellas. La distribución del centro gira en torno a tres grandes dormitorios, donde se ubican los internos según su nacionalidad u origen con la finalidad de evitar problemas en la convivencia diaria; esta situación pretende ser mejorada mediante módulos más pequeños que eviten la aglomeración.


En una segunda visita, se comprobó que continuaba en la misma situación precaria la zona habilitada, mientras el resto permanecía sin uso, por lo que se volvió a instar al Ministerio del Interior para que, a la mayor brevedad posible, tomara las medidas oportunas al objeto de subsanar esas deficiencias.
Unas semanas después, se pudo conocer a través de los medios de comunicación que se había producido un incendio en este centro de internamiento. Según esta información, cuatro inmigrantes habían tenido que ser trasladados al hospital regional Carlos Haya de Málaga, al resultar intoxicados por inhalación del humo de dicho incendio, mientras que otros habían precisado suministro de oxígeno tras el siniestro provocado al parecer por algunos internos.
Inmediatamente, esta institución interesó de la Dirección General de Política Interior que informara sobre las circunstancias del siniestro, recordando que se había enviado una recomendación a esa dirección general, como consecuencia de las graves deficiencias y precarias condiciones de habitabilidad detectadas en las anteriores visitas giradas a ese mismo centro. Posteriormente, esta institución, en una nueva visita, ha podido constatar que se han iniciado las obras reiteradamente requeridas.
En consideración a lo anterior, esta institución instó al Ministerio del Interior a iniciar la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros en sustitución de los actuales en las localidades de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria y la creación, en su caso, de un nuevo centro en la zona de Algeciras o Tarifa, que permitiera la presencia de extranjeros en condiciones dignas, respetuosas de sus derechos y acordes con el espíritu de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de la sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987.


El Ministerio del Interior, en contestación a esta recomendación, manifestó que en Madrid se iba a ubicar un nuevo centro de internamiento, en sustitución del actual, en el hospital del antiguo centro penitenciario de Carabanchel, para lo que se había designado ya, por el Ministerio de Fomento, un arquitecto superior que procediera a la elaboración de cuantos estudios, dictámenes y proyectos fueran necesarios para la readaptación de dicho inmueble.
En relación a la situación en Barcelona exponía que se encontraba en estudio la posibilidad de ubicar un nuevo centro en las instalaciones policiales del polígono industrial de la zona franca del puerto de esta ciudad. Para la remodelación del centro de Málaga existía una previsión presupuestaria, y para Valencia y Las Palmas de Gran Canaria se preveía la realización de obras de adaptación a la orden de 22 de febrero.
Por último, comunicaba que se había solicitado informe a la Delegación del Gobierno en Andalucía sobre la localización de un inmueble para un nuevo centro que se añadiría al de Málaga. En este sentido, debe tenerse en cuenta que esta institución, en varias ocasiones, ya había señalado la necesidad de construir un centro en Algeciras o Tarifa, una vez clausurado el existente en esta última localidad, pues en esta zona se produce un número elevado de detenciones de personas, muchas de ellas indocumentadas o sometidas a procedimientos de expulsión, que deben ser conducidas a Málaga o Valencia por falta de un centro en aquella ciudad (9900026, 9906836, F9900056, F9900139 y F9900169).
La nueva Ley Orgánica 4/2000, de 12 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula en su artículo 58 el ingreso en centros de internamiento. En su número 1 dispone que cuando el expediente se refiera a extranjeros por las causas comprendidas en los apartados a), b) c) y del artículo 50 (actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado, al orden público o relativas a la inmigración clandestina favorecida por organizaciones con ánimo de lucro), así como el g) del artículo 49 (actividades ilegales), en el que se vaya a proponer la expulsión del afectado, la autoridad gubernativa podrá proponer al juez de instrucción competente que disponga de su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. La decisión judicial en relación con la solicitud de internamiento del extranjero pendiente de expulsión se adoptará en auto motivado, previa audiencia del interesado.
En el número 2 de ese artículo 58 se preceptúa que el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que, en ningún caso, pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento, por cualquiera de las causas previstas en el mismo expediente.


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3.2.2 La inmigración africana en Canarias

A mediados de 1999, y a pesar de que la ruta del Estrecho de Gibraltar sigue siendo la más frecuentada, se habían localizado en Canarias cinco pateras más que en aquella zona. En el Estrecho de Gibraltar se han incrementado las medidas de control, lo que sin duda favorece esa traslación parcial de la inmigración hacia Canarias, a lo que debe añadirse que la existencia de colonias marroquíes y saharauis en las islas son un motivo de reclamo para los ciudadanos de esos territorios.


Detrás de esta presión demográfica africana existen situaciones sociales, políticas y económicas que las producen y que provocan la pérdida de vidas humanas en el intento de salir de ellas. Las medidas, en consecuencia, de vigilancia y control son soluciones insuficientes que deben ir acompañadas con planificaciones tendentes tanto a ayudar a los países de origen como a dotar a los lugares de recepción de los medios adecuados para la acogida digna de los inmigrantes, de tal forma que, a su vez, se eviten en las poblaciones autóctonas reacciones de rechazo y xenofobia.
En el mes de octubre de 1999 se pudo apreciar en los medios de comunicación de las islas una mayor preocupación por lo que se ha venido a considerar como una especial explosión de la llegada, normalmente en pateras, de inmigrantes africanos. En esta información se ha destacado el aumento de menores inmigrantes que, como los adultos, llegan con la intención de conseguir un modo de vida.
Incluso, por primera vez, entre los menores, a finales de 1999, llegaron dos chicas magrebíes a Fuerteventura, lo que planteaba, además, la adecuación de las infraestructuras para acoger menores de ambos sexos.
Esta institución, ante la nueva situación que se ha descrito, inició una investigación sobre los hechos recogidos en la prensa en relación a dos pateras que arribaron a la isla de Fuerteventura transportando a veinte inmigrantes norteafricanos. Se solicitó un informe a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual contestó que el número de personas finalmente detenidas era diecisiete, todas de origen norteafricano. No obstante, si bien se reconoce que se avistaron dos pequeñas embarcaciones a la deriva, ambas desocupadas, no se pudo verificar que aquellas personas vinieran en estas embarcaciones.
Para todos los detenidos se solicitó a la autoridad judicial los correspondientes autos de internamiento, con el propósito de trasladarlos al centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, se practicaron las gestiones oportunas para su devolución a Marruecos a través de la frontera de Beni-Anzar, en Melilla (F9900087).
Se recibieron varias quejas sobre las condiciones en que se encontraban algunos ciudadanos norteafricanos y subsaharianos que habían llegado en pateras a Canarias.
Se decía en las mismas que eran retenidos, alojados en dependencias inadecuadas y posteriormente devueltos a sus países de origen.
En relación a esta situación, y contestando al requerimiento hecho, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias informó, en síntesis, que se había logrado la cesión de las antiguas instalaciones de la terminal del aeropuerto de Fuerteventura para habilitarlas como sala de rechazados, en concreto la zona destinada a salidas internacionales. Además, indicaba que se estaban realizando pequeñas obras menores de acondicionamiento en la zona de recogida de equipajes para que fuera esta zona la que se utilizara de forma definitiva como sala de rechazados. Se pretendía de esta forma solventar los problemas de masificación en las dependencias policiales, en Puerto del Rosario y en el aeropuerto.
Según dicho informe, ochenta inmigrantes en situación irregular se encontraban en Fuerteventura, ubicados la mayoría de ellos en la sala habilitada en ese aeropuerto, pues en los calabozos de la comisaría no solían permanecer más de quince, y que permanecían allí el tiempo mínimo imprescindible para realizar las reseñas dactilares y fotográficas y las demás comprobaciones de identidad.
En relación a las medidas sanitarias, el informe indicaba que se les ofrecía la posibilidad de ser reconocidos por un médico, a lo que debía añadirse el examen visual de los mismos por si presentaban lesiones o algún síntoma de enfermedad. En estos casos eran trasladados al Hospital General de Fuerteventura, salvo que fueran síntomas de carácter leve, supuesto en que eran atendidos por los mismos servicios médicos del aeropuerto. Las medicinas prescritas eran facilitadas por los servicios de la Cruz Roja (9911714).
Se visitó la isla de Fuerteventura para inspeccionar las condiciones en que se encontraban los inmigrantes allí alojados. De esta inspección se pudo constatar que las condiciones existentes no eran las más adecuadas para dar respuesta a la situación de los inmigrantes llegados a la isla. El local, que es la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, carecía de ventilación, de aseos con duchas, de teléfonos y de camas, obligando a los inmigrantes a dormir en colchones sobre el suelo. Se insistió a las autoridades en la preocupación de esta institución en relación a los problemas que podrían tener algunos inmigrantes en Marruecos por su origen saharaui si eran trasladados a ese país, especialmente si carecían de documentación que acreditara ese origen. En un caso concreto, durante ese viaje, habiéndose podido acreditar documentalmente su origen saharaui, a instancia de esta institución fue puesto inmediatamente en libertad un ciudadano que iba a ser trasladado a Marruecos, que se encontraba interno en el centro de internamiento de extranjeros de Las Palmas.
El coste económico de medicinas y de productoshigiénico-sanitarios de los inmigrantes irregulares en

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Fuerteventura estaba siendo soportado por la Cruz Roja Española, según la información que dio esta organización. Todas estas observaciones se trasladaron al Ministerio del Interior mediante una recomendación para que se tomaran las medidas oportunas al objeto de subsanar todas las deficiencias (9912442).
En definitiva, aunque el número de extranjeros irregulares en las islas no es muy numeroso comparado con los que existen en la península, teniendo en cuenta las peculiaridades de los territorios insulares, conformados por pequeñas comunidades, la presión de la inmigración, aun siendo menor, se hace sentir en mayor medida y cuesta también más lograr la integración. Por ello, desde esta institución se ha indicado que para prevenir fenómenos de desadaptación que pueden generar conflictos, se preste especial atención y se aumenten los medios materiales y humanos para resolver individualmente los expedientes de cada uno de estos ciudadanos extranjeros urgentemente y se doten de medios materiales suficientes y adecuados para garantizar las mínimas condiciones de vida a todos ellos mientras se decide su situación en nuestro territorio.


3.2.3 Traslados y situación de los inmigrantes de Ceuta y Melilla

A principios de 1999 algunas organizaciones no gubernamentales del País Vasco denunciaban la llegada de inmigrantes procedentes de Ceuta a los que se les facilitaba documentación y se les remitía a dichas organizaciones, sin que previamente se hubiera practicado ningún tipo de comprobación respecto a la posibilidad de que las mismas pudieran facilitar la acogida y la atención necesaria a estas personas.
La Dirección General de Política Interior comunicó a esta institución que el traslado a la península de algunos de los extranjeros que se encontraban en Ceuta y Melilla se llevaba a cabo por medio de una comisión de seguimiento que se reunía semanalmente, al objeto de coordinar las actuaciones y resolver las dudas que se planteaban, y de la que formaban parte los centros directivos afectados del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio del Interior, así como algunas organizaciones no gubernamentales.
Precisamente, según se señalaba en dicho informe, los traslados de extranjeros desde Ceuta y Melilla a la península se efectuaban considerando las propuestas presentadas por las organizaciones no gubernamentales. En lo que a Ceuta se refiere, se puntualizaba que las direcciones las facilitaban los propios extranjeros, que están obligados, como en el caso de cualquier extranjero en España, a poner en conocimiento del Ministerio del Interior los sucesivos cambios de domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. A aquellos inmigrantes que se encontraban en situaciones más vulnerables, como los enfermos, las mujeres en estado de gestación y los grupos familiares con hijos, se les asignaban direcciones de las organizaciones no gubernamentales con las que se había acordado su acogida (9904113).
En la ciudad de Melilla, durante el año 1999, se ha cerrado un centro de acogida de inmigrantes, conocido con el nombre de la Granja, que se encontraba en precaria situación. Coincidió con la terminación e inauguración de un centro de estancia temporal de inmigrantes, que no tiene la condición de centro de internamiento de extranjeros sino de centro para su ayuda y formación para su posible traslado a la península. En este centro han sido acomodados la mayoría de los inmigrantes que anteriormente se encontraban en la Granja.
En la visita que se realizó al centro, los extranjeros, en su mayoría argelinos, manifestaron que estaban satisfechos con las instalaciones y con el trato que estaban recibiendo. Se verificaron las buenas condiciones, en general, de las dependencias, consistentes en unos pequeños módulos para albergarlos, favoreciéndose una adecuada ventilación y la entrada de luz natural.
Las condiciones higiénicas de las habitaciones, el comedor y los servicios pueden considerarse adecuadas. Además, existe un centro médico dotado de los medios básicos suficientes para las necesidades de esta población.
Una especial atención reciben los menores por parte de personal educativo. Gozan de amplios espacios y de algunos columpios en el exterior, así como de dependencias donde desarrollar sus juegos, sin perjuicio del módulo destinado a educación, mientras dure su estancia, que no es sólo para los menores sino también para los adultos.
A finales de año, se visitaron los locales de una parroquia de la ciudad de Melilla donde un grupo de unos treinta ciudadanos extranjeros, casi todos ellos argelinos, se habían concentrado voluntariamente con la finalidad de conseguir de las autoridades españolas el permiso pertinente para su traslado a la península donde, según sus propias manifestaciones, esperaban encontrar trabajo. Estos inmigrantes procedían de la Granja y allí, antes de su cierre, eran atendidos con comida y alojamiento.
Se pudo constatar que los citados locales no reunían las condiciones mínimas necesarias para albergar a esas personas. Un elemental servicio y dos habitaciones grandes constituían todo el entorno. Los concentrados manifestaron que, en efecto, se encontraban en huelga de hambre y que sólo estaban tomando agua con azúcar.


La delegación del gobierno contestó que, cerrada la Granja por la situación en que se encontraba, una vez que había sido incendiada, se procedió a trasladar al nuevo centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla a todos aquéllos a los que su régimen interior se lo permitía, es decir, quedaban fuera los que tenían antecedentes judiciales, los ya expulsados y los retornados.


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Según la delegación, prácticamente no había existido huelga de hambre pues los concentrados entraban y salían libremente y, de hecho, no se había dado ningún caso de decaimiento Esta institución entendió que la situación aconsejaba que las autoridades competentes tomaran inmediatamente las medidas oportunas al objeto de satisfacer las necesidades básicas y de subsanar las deficiencias de alojamiento de esos ciudadanos, por lo que procedió a recomendarlo así a la Delegación del Gobierno en Melilla (F9900138).


3.2.4 Protección de menores

En el informe del año anterior se plasmaba la denuncia formulada por tres miembros de la policía local de Ceuta relativa a la actuación de compañeros suyos, los cuales detenían a menores de origen marroquí que deambulaban por aquella ciudad y los entregaban a las autoridades de su país, sin intervención del Cuerpo Nacional de Policía. Tras la investigación practicada se confirmaba que, efectivamente, la policía local de Ceuta procedía, con relativa asiduidad, a recoger a los menores marroquíes que cruzaban diariamente la frontera y a entregarlos a Marruecos.
En el presente año también se ha investigado una queja de naturaleza similar, con fundamento en la denuncia efectuada por un policía local de Ceuta ante la jefatura del mismo cuerpo. Según dicha denuncia, dos menores magrebíes, de entre 8 y 12 años, permanecieron varias horas en el interior de un furgón policial, situado en los garajes de las dependencias de la aludida jefatura sin que ni siquiera se les ofreciera agua. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha contestado que no se ha producido ningún resultado positivo en las investigaciones que ha llevado a cabo la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
En cualquier caso, el Defensor del Pueblo debe reiterar que la Administración española no puede permitir que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen al margen del ordenamiento jurídico.
Sin ignorar las especiales características fronterizas de Ceuta, con una incesante circulación con las poblaciones marroquíes limítrofes, las autoridades españolas están obligadas a velar por la protección de cualquier menor que se encuentre en territorio español, con independencia de su nacionalidad (9904608 y F9800140).
Compareció ante esta institución una ciudadana peruana abuela de dos menores de esa misma nacionalidad, que intentaban llegar a España para reunirse con ella. Los menores volaron de Perú a Austria y Alemania, al parecer a través de una red ilegal de inmigración especializada en el tráfico clandestino de personas, y después de pagar el precio convenido. Las autoridades competentes dispusieron el viaje de retorno de los menores para reintegrarles al hogar paterno, poniéndoles a disposición, en su caso, de las autoridades peruanas a las que corresponde la protección de menores.
El Consulado General de España en Munich recibió la petición de la abuela de estos menores para intervenir ante las autoridades alemanas y autorizar su reagrupación familiar en España. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares entendía que, teniendo en cuenta su condición de menores, lo más razonable era su retorno con quien ejercía la patria potestad y, en su caso, su puesta a disposición de las autoridades peruanas. No obstante, expresaba que habiendo sido víctimas de una red ilegal de inmigración, los antecedentes del caso no serían obstáculo para conseguir, ante una solicitud de visado en Lima para estudios o residencia en España, una resolución favorable, siempre que se reuniesen los requisitos exigibles y, entre ellos, la autorización expresa de quien tuviera la patria potestad. Los dos nietos llegaron, al fin, a España, procediéndose por esta institución a realizar las gestiones oportunas ante la Comunidad de Madrid al objeto de que ésta tutele a los menores y los entregue en acogimiento a su abuela (9903195).


3.2.5 Retirada de pasaporte

En el informe del año 1998 se recogía una investigación practicada ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en la que se exponía el criterio del Defensor del Pueblo en relación con la retención del pasaporte de las personas incursas en causa de expulsión, por entender que dicha actuación carecía de amparo legal. La Subdelegación del Gobierno en Málaga había dado traslado de esta cuestión a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior al entender que trascendía de su propio ámbito provincial. Poco después el asunto había quedado solucionado, pues la recomendación de esta institución había sido aceptada y se había procedido a la devolución del pasaporte indebidamente retenido.
Sin embargo, esta institución constató que esta práctica se había producido en otros casos y en otras provincias. Por ello, se dirigió un escrito a la secretaría general mencionada a fin de conocer su criterio respecto a la legalidad de la retención de los pasaportes a las personas afectadas por un expediente de expulsión, y la procedencia, en su caso, de dictar instrucciones sobre esta cuestión.
Ese órgano ha remitido las instrucciones de la Dirección General de Política Interior que han sido trasladadas a las delegaciones y subdelegaciones con motivo de la queja formulada por el Defensor del Pueblo en relación con la retención temporal de los pasaportes. En dichas instrucciones se afirma, entre otras consideraciones, que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, el documento nacional de identidad es intransferible,correspondiendo a su titular la custodia y conservación,

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sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, salvo los supuesto en que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento.


Asimismo, y con arreglo al artículo 11 de esa ley orgánica, los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España, no pudiendo ser privados de esta documentación, salvo en los mismos supuestos previstos para el documento nacional de identidad. Por último, se indica que con el fin de que haya una constancia fehaciente de la identidad del extranjero que posibilite la documentación del mismo por las representaciones diplomáticas y consulares de su país de origen para proceder a la ejecución de la resolución de expulsión, durante la tramitación del expediente de expulsión se incorporará una copia de la documentación que acredite la identidad del extranjero, principalmente el pasaporte, que será devuelto en el acto (9805958).


3.2.6 Límites a retención en la sala de rechazados de un aeropuerto

Un ciudadano chino fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria por carecer de documentación que acreditara su estancia legal en nuestro país. Realizadas las comprobaciones precisas se constató que había sido expulsado de España en 1997, por lo que se procedió a iniciar los trámites para su devolución a su país de origen. Estuvo detenido en dependencias policiales desde el 22 hasta el 25 de marzo, fecha en que se le trasladó a la comisaría del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria para proceder a su devolución. En el aeropuerto solicitó un que fue desestimado por el juzgado competente.


Esta institución, aun cuando había sido rechazado el recurso citado, remitió escrito a la Delegación del Gobierno en Canarias para poner de manifiesto que la situación de privación de libertad de esta persona no tenía cabida en el contexto de la ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España ni en su reglamento. Se señaló que la única situación de privación de libertad que contempla la normativa citada es la detención de cualquier ciudadano que se encuentre en España ilegalmente por un plazo no superior a las setenta y dos horas antes de su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial y, en su caso, el internamiento por un plazo máximo de cuarenta días, con autorización igualmente judicial. Según la información que había sido suministrada a esta institución por la delegación del gobierno, el citado ciudadano había continuado privado de libertad transcurrido el plazo de las setenta y dos horas, con fundamento en la ficción jurídica de que al ser trasladado a la sala de rechazados del aeropuerto había recuperado su plena libertad, la cual se traducía en la posibilidad de abandonar libremente España.
Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, esta interpretación únicamente trataba de enmascarar lo que era una situación de privación ilegal de libertad. Por ello, esta institución concluía que el ciudadano chino había sido privado de libertad de forma ilegal un tiempo muy superior al previsto en la ley y, en consecuencia, sugirió reiteradamente que fuera puesto de inmediato en libertad.
La defensa letrada del ciudadano chino interpuso recurso de amparo que fue resuelto por sentencia estimatoria de fecha 27 de septiembre de 1999 (sentencia del Tribunal Constitucional 174/1999). En el fundamento jurídico quinto de esta sentencia se afirma que desde las diez horas del día 25 de marzo hasta un momento indeterminado del día 26 -o posterior, pues no está acreditada la fecha de notificación- estuvo retenido en la sala de rechazados del aeropuerto de Las Palmas en una situación jurídica de detención preventiva. El hecho de que al ciudadano le cupiera la posibilidad de salida voluntaria de España no empaña la calificación jurídica de detención.
Aparte de esa hipotética libertad de salida, lo cierto es que se encontraba confinado en un espacio limitado y cerrado de suelo español, sin título jurídico alguno que lo justificase. Aclarado que la situación no puede ser otra que la de detención preventiva, resulta que el día 26 de marzo se había superado con creces el plazo máximo de setenta y dos horas impuesto por el artículo 17.2 de la Constitución.
En relación al habeas corpus, manifiesta el Tribunal Constitucional que este procedimiento tiene como objeto propio el juicio sobre la legitimidad de la situación de privación de libertad y el control de la legalidad material de la detención administrativa. Por ello, ha reiterado que esta decisión de fondo no puede adoptarse en el trámite de admisión, es decir, sin la previa comparecencia y audiencia de la persona privada de libertad, ya que la finalidad última del referido procedimiento radica, precisamente, en la puesta en presencia del juez de toda persona privada de libertad que denuncie la ilegalidad de la privación de libertad de la que es objeto. En estos casos, la inadmisión ad limine litis conlleva una desvirtuación del procedimiento de habeas corpus, cuya esencia consiste precisamente en la presencia física de quien se encuentra detenido para ofrecerle una oportunidad de hacerse oír y presentar alegaciones y pruebas (9903244).


3.2.7 Polizones

En la detención de veintidós inmigrantes de origen africano que viajaron a nuestro país a bordo de un buque, esta institución consideró que las autoridades gubernativas competentes no debieron proceder a solicitar auto de internamiento para estas personas, incursas

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en un procedimiento de devolución, por cuanto la legislación aplicable excluía esta posibilidad. Además, transcurridas setenta y dos horas, debían ser puestas en libertad si no se había podido proceder a su devolución.
En consecuencia, se recabó el criterio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el deber legal de solicitar el internamiento a la autoridad judicial en todos aquellos supuestos en que no proceda la expulsión, sino la devolución del extranjero. Todavía no se ha recibido contestación de esa delegación al respecto (F9800104).
Un barco de bandera chipriota, atracado en el puerto de Barcelona, tenía a bordo a catorce inmigrantes que se encontraban desde hacía más de cuarenta y ocho horas encerrados en los camarotes del buque a la espera de que zarpase rumbo a Argelia. El capitán había manifestado que sólo dos personas eran polizones, mientras que las otras doce habían sido llevadas a bordo por la policía. La Subdelegación del Gobierno en Barcelona contestó que un órgano judicial había autorizado el ingreso en el centro de internamiento de extranjeros, para su posterior expulsión, de once de los inmigrantes, y que otros dos habían partido en el mismo barco que los había traído; el último de ellos, por orden del juez, se encontraba internado en el centro de atención a la infancia dependiente de la Generalitat de Catalunya.
Esta institución entendió que sólo la intervención de la autoridad judicial había paralizado la devolución de un número indeterminado de personas a bordo de ese buque, sin que los responsables policiales en materia de inmigración tuvieran la certeza absoluta de cuál era la procedencia de estas personas y qué procedimiento se debería haber utilizado si el de la devolución o el de la expulsión. En consecuencia, se sugirió a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que al haberse podido producir graves irregularidades en el tratamiento dado a estas personas, se abriera una investigación reservada para el total esclarecimiento de los hechos. La citada subdelegación contestó que, como intervinieron funcionarios y autoridades de ámbitos territoriales ajenos a esa comunidad autónoma, era conveniente trasladar la sugerencia a las direcciones generales de la Policía y de Política Interior.
La Dirección General de la Policía contestó que la Brigada de Extranjería y Documentación había procedido a la apertura de los correspondientes expedientes de expulsión contra los once ciudadanos argelinos indocumentados, acordándose por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona su expulsión mediante decreto. Asimismo indicó que, según su criterio, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se había ajustado a la normativa vigente. Por su parte, la Dirección General de Política Interior respondió que, como consecuencia de la negativa del capitán a reconocer que los extranjeros habían recalado en el puerto de Castellón a bordo del citado buque, que fue el primer puerto de llegada, y de la intervención judicial, que no apreció responsabilidad administrativa alguna, esa dirección general no había realizado ningún trámite en relación a los hechos mencionados (F9900077).


3.2.8 Visados

Esta institución ha venido insistiendo en la necesidad de que los consulados investiguen realmente la situación de aquellos matrimonios en los que uno de los cónyuges solicita visado de reagrupación familiar, al objeto de proceder, en su caso, a una denegación motivada de los mismos.
Se afirma que las resoluciones por las que se deniegan estos visados se basan en que existen indicios razonables de matrimonio de conveniencia. Así, en ocasiones, la denegación viene motivada, únicamente, por la diferencia de edad entre los esposos pues, al parecer, es costumbre en el Reino de Marruecos que los hombres no contraigan matrimonio con mujeres mayores que ellos.
Esta institución considera que este tipo de datos no pueden ser motivo suficiente para la denegación del visado, sino que se debe proceder a una investigación más exhaustiva siguiendo las pautas establecidas en la Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán adoptarse para evitar los matrimonios fraudulentos (9910675, 9911180 y 9913391).
En una solicitud de revocación de la denegación de visado de un ciudadano marroquí se recibió contestación del Consulado General de España en Casablanca en la que se afirmaba que la notificación no tenía carácter obligatorio y se había realizado únicamente en beneficio del interesado, ya que la misma era complementaria de la establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la que la forma de notificación a residentes en el extranjero era la publicación en el tablón de anuncios del consulado.
Esta institución trasladó su diferente criterio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares al entender que la práctica en las notificaciones viene regulada en el artículo 59 de la Ley 30/ 1992, y el hecho de que en este artículo se prevean distintos tipos de notificaciones no supone el que por parte de los consulados o, en general, por la Administración, se pueda utilizar, a su conveniencia, una u otra forma de notificación.


La regla general establece que las notificaciones, en primer lugar, deben practicarse personalmente a los interesados, bien en su domicilio, bien en el lugar que se haya señalado a tal efecto en su solicitud, por lo que, conociéndose su domicilio en los expedientes de solicitud de visado, la notificación debe cursarse al mismo.La notificación a través de edicto sólo procede cuando

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los interesados en un procedimiento son desconocidos, se ignora el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 del citado artículo 59, o bien cuando intentada la notificación no se hubiera podido practicar. Este mismo artículo establece la posibilidad, para aquellos casos en que el último domicilio radique en un país extranjero, de que la notificación se efectúe mediante la publicación en el tablón de anuncios del consulado o sección consular de la embajada correspondiente.


Por todo ello se recomendó a esa dirección general que se dictaran las instrucciones oportunas para que las notificaciones que se efectúen en materia de visados se practiquen personalmente a los interesados y que únicamente se efectúe la publicación en el tablón de anuncios del consulado o sección consular en los casos previstos en el artículo 59.4, que tienen carácter subsidiario de la notificación personal.
La citada dirección general contestó que ya había remitido a todas las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero una instrucción de servicio, donde se recoge una mención expresa a la notificación de la resolución denegatoria de visado en el sentido de que debe ser comunicada al interesado según lo establecido en la ley, teniendo carácter supletorio la publicación en el tablón de anuncios de la misión diplomática u oficina consular (9819879).
Se han recibido algunas quejas por la práctica utilizada en algunos consulados consistente en la colocación de un buzón para recibir las pertinentes solicitudes, lo que implica que los interesados no se quedan con resguardo acreditativo de los documentos presentados. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares mantiene que el sistema de buzones permite disminuir considerablemente las colas y que dejar de utilizarlo supondría generar un problema que no podía asumir.
A juicio de esta institución, se deben adoptar las medidas de carácter personal y material necesarias con el fin de que los trámites de recepción de solicitudes de visado se realicen de un modo eficaz, garantizándose la presentación personal de la solicitud y la entrega del correspondiente resguardo acreditativo de la presentación, y estableciendo unos horarios de atención al público para la presentación de las solicitudes e información sobre los trámites (9622838, 9907671 y 9909518).
La instrucción que sobre exenciones de visado ha sido dictada por la Delegación del Gobierno en Castilla- La Mancha establece que el residente extranjero, cuyo familiar solicite la exención de visado, debe llevar residiendo legalmente en España más de un año y ser titular de un permiso de residencia renovado. A juicio de esta institución, el contenido de esta instrucción es contrario a lo establecido en la Orden Ministerial sobre exenciones de visado de 11 de abril de 1996, que no exige tal requisito sino, únicamente, el hecho de acreditar un período previo de matrimonio de tres años a la fecha de solicitud, e incluso puede ser contrario a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución.
En consecuencia, se ha sugerido a esa delegación que suprima las citadas instrucciones y, en cualquier caso, los requisitos añadidos por ella para la exención de visado (9906053).


3.2.9 Certificaciones médicas y visados

El artículo 11 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, relativo al régimen de entrada en territorio español, regula en su punto número 2 la obligación de someterse a los reconocimientos médicos y a las medidas y controles que exigieran los servicios sanitarios españoles, por razones de sanidad pública. El artículo 37 del Real Decreto 155/ 1996, de 2 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, dispone que cuando así lo determine el Ministerio de Justicia e Interior, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Consumo, todas aquellas personas que pretendan entrar en territorio español deberán presentar en los puestos fronterizos certificado sanitario expedido en el país de procedencia por los servicios médicos que designe la misión diplomática u oficina consular española, o someterse a reconocimiento médico por parte de los servicios sanitarios españoles competentes a su llegada, en la frontera, con el fin de acreditar que no padecen determinadas alteraciones, entre otras, enfermedades infecciosas o parasitarias designadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo.


Este precepto contempla la posibilidad de establecer mecanismos de control sanitarios en las misiones diplomáticas, con la finalidad de garantizar la salud pública. Dada la incidencia que la exigencia de estos certificados médicos tiene en el derecho a la intimidad, el precepto mencionado establece la necesidad de que el Ministerio de Sanidad y Consumo designe la concreta enfermedad infecciosa y de que el Ministerio del Interior determine expresamente la exigibilidad del correspondiente certificado médico.
Esta institución tuvo conocimiento de que en determinados consulados y misiones diplomáticas en España en el extranjero se había exigido a mujeres solicitantes de visado la presentación de un certificado médico que acreditara la realización de pruebas ginecológicas, y de que en algunos otros se exigía a los solicitantes devisado de residencia la presentación de un certificado médico en el que constara la realización de las pruebas de detección del virus de inmunodeficiencia adquirida. Únicamente existía una instrucción de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de 4 de diciembre de 1990, en la que se afirmaba que desde un punto de vista de salud pública no se justificaba la obligatoriedad de realización de estas pruebas para prevenir la transmisión de esta infección, por lo que no debían exigirse dichas

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pruebas en los diferentes controles sanitarios a los extranjeros que desearan entrar en territorio español.
Ello motivó que esta institución remitiera a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares una recomendación en la que se señalaba la improcedencia de exigir estos certificados médicos, habida cuenta de la falta de desarrollo del artículo 37 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, ya citado. Simultáneamente, se dirigieron sendos escritos a los ministerios de Sanidad y Consumo y de Interior, a fin de conocer las actuaciones que pudieran haberse realizado al amparo de lo dispuesto en dicho precepto.
La actuación de esta institución ocasionó que la cuestión se debatiera en una de las reuniones de la Comisión Interministerial de Extranjería, en la que se determinó que no era necesario designar ninguna enfermedad infecciosa que condicionara la obtención de visado y, por tanto, que no podían exigirse certificados médicos en relación con el padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y de determinadas pruebas ginecológicas.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares cursó una instrucción el 2 de marzo de 1999 en la que señalaba que el Ministerio de Sanidad y Consumo había determinado, a requerimiento de los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, que no consideraba que existieran enfermedades infecciosas o parasitarias que impidan la obtención del visado o del permiso, por lo que no tenía previsto designar ninguna enfermedad en el apartado c del artículo 37 de ese real decreto.
Sin embargo, unos meses después, el Consulado de España en Moscú exigía la realización de dichas pruebas a un solicitante de visado de residencia. Este consulado había venido exigiendo esas pruebas en base al principio de reciprocidad recogido en el artículo 80.3 del Reglamento de Extranjería, ya que las autoridades rusas exigían estos certificados a los ciudadanos españoles.


Esta institución, en consecuencia, se dirigió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares solicitando un informe sobre las actuaciones en su caso realizadas ante el citado consulado. El consulado procedió a revisar este expediente anulando el requerimiento del certificado médico acreditativo de no padecer sida.
Asimismo, comunicó que no ha vuelto a requerir a los solicitantes de visado la aportación de ese tipo de certificados médicos (9804572 y 9900999).


3.2.10 Expulsiones

Algunas delegaciones y subdelegaciones del gobierno consideran que el hecho de estar implicado en unas diligencias policiales remitidas al juzgado de instrucción por la comisión de un presunto delito supone una actividad contraria al orden público y es prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, por lo que sería ajustada a derecho la orden de expulsión dictada contra un extranjero.
Ajuicio de esta institución la existencia de unas diligencias policiales por un presunto delito determina que los hechos deben ser investigados por la autoridad judicial que, en el curso del correspondiente proceso penal y tras la práctica de las pruebas que estime oportunas, debe determinar la naturaleza de la infracción cometida y si el acusado es culpable. Durante la tramitación del proceso el acusado está amparado por la presunción de inocencia, que sólo queda destruida por la actividad probatoria de cargo constitucionalmente válida.
En consecuencia, esta institución considera que no es subsumible la existencia de unas diligencias policiales en el apartado c) del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. La autoridad gubernativa debió esperar en estos casos a que existiera un pronunciamiento judicial condenatorio para iniciar el expediente de expulsión. Además, con arreglo al apartado d) de este artículo no toda condena lleva aparejada la sanción de expulsión, sino sólo aquella superior a un año de pena privativa de libertad.
La aplicación de las previsiones contenidas en el apartado c) del artículo 26.1, que realizan esas delegaciones y subdelegaciones, conduce a la posibilidad de que, en los procedimientos judiciales en los que finalmente no pueda declararse probada la culpabilidad del extranjero, ya se hubiera procedido por la autoridad gubernativa a la expulsión, o que la expulsión se hubiera producido por hechos que la autoridad judicial no consideró después merecedores de sanción privativa de libertad superior a un año (9812035, 9822478 y 9910948).


3.2.11 Entradas en territorio nacional

A lo largo del año 1999 se han seguido recibiendo llamadas informando de la situación de ciudadanos extranjeros en la sala de rechazados del aeropuerto de Madrid-Barajas, a los que no les había sido permitida la entrada en territorio nacional. La rápida intervención en estos supuestos se ha podido realizar gracias al servicio telefónico de atención al ciudadano que la institución mantiene las veinticuatro horas del día.
Esta institución, tras atender la versión facilitada por familiares o letrados de las personas inadmitidas, ha solicitado en cada caso la información de los responsables de la comisaría del citado aeropuerto al objeto de conocer los motivos por los cuales se procedió a inadmitir a los interesados.
Un juzgado de lo contencioso-administrativo suspendió una resolución de inadmisión en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a fin de que durante un plazo de cinco días los letrados del extranjero pudieran formular la oportuna demanda acreditando a tal fin su representación.
Estos letrados manifestaron su imposibilidad de

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conseguir un poder de representación para formular la demanda, al haberles sido denegado el acceso al puesto fronterizo de policía del aeropuerto de Madrid-Barajas con un fedatario público.
Es necesario reiterar que esta institución ha considerado que de las personas que están en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid- Barajas, bien sea como solicitantes de asilo, bien sea como sujetos sometidos al régimen general de extranjería y mientras se hallan en las dependencias de la comisaría del aeropuerto, se encuentran en territorio nacional y, por tanto, sometidos al ordenamiento jurídico español. Para dar cumplimiento a la providencia judicial y hacer efectivo el derecho a la tutela judicial protegido en el artículo 24 de la Constitución, era necesario permitir a las personas que se encontraban en ese puesto fronterizo que confirieran su representación a un abogado.
La Comisaría General de Extranjería y Documentación, a requerimiento de esta institución, impartió las instrucciones pertinentes a la comisaría del aeropuerto para que se autorizara la presencia del fedatario público y de los letrados (9902854).


3.2.12 Retrasos y deficiencias en las oficinas de extranjeros

Se han recibido varias denuncias sobre la incapacidad de las oficinas de extranjeros para hacer frente al volumen de expedientes tramitados, y en cuanto a la carencia de intérprete oficial y la falta de condiciones mínimas para asegurar un trato personalizado al administrado.


La Dirección General de Política Interior ha reconocido estos aspectos y la escasez de medios personales y materiales en las nueve oficinas de extranjeros en funcionamiento desde el año 1997. Para paliar tal situación hacía alusión a la adopción de diversas medidas, algunas de ellas de carácter personal, tales como contratación en funciones de personal laboral fijo de cuarenta y un intérpretes traductores, contrataciones temporales de personal auxiliar, convocatoria de concursos de traslado para cubrir puestos ocupados de modo provisional o vacantes, concesión de gratificaciones por incremento de jornada y celebración de cursos de formación de personal, así como otras relacionadas con el refuerzo de medios materiales, en concreto, dotación de equipamientos y aplicaciones informáticas, elementos técnicos para la expedición de la tarjeta de extranjero, o inversiones en obras en los inmuebles en que se ubican dichas oficinas de extranjeros. Se anunciaba la inmediata creación de oficinas de extranjeros en las ciudades de Lleida, Valencia y Baleares, así como la previsión de crear otras oficinas en Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Granada, A Coruña, Ourense, Navarra y Madrid (9902308).
También se han efectuado actuaciones puntuales en relación a algunas oficinas de extranjeros, delegaciones o subdelegaciones del gobierno de diferentes comunidades autónomas, al tenerse conocimiento, a través de los medios de comunicación o por quejas de los propios interesados, de posibles disfunciones y demoras generalizadas en la prestación de sus servicios.
Se solicitó información a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las solicitudes y renovaciones de los permisos y tarjetas de residencia, que originaba largos períodos de espera tanto a residentes no comunitarios como comunitarios, debiendo, además, estos últimos acudir en tres ocasiones a la comisaría de policía para la obtención o renovación de sus tarjetas.
En el escrito remitido al efecto se afirmaba que, para las renovaciones de permisos de residencia de los extranjeros no comunitarios, se había implantado un sistema de número-turno que a juicio de esa delegación del gobierno, era el que menos inconvenientes planteaba, al suprimir la coincidencia de peticionarios al inicio de cada jornada.
Respecto de la renovación de tarjetas de residentes comunitarios, se señaló que para su tramitación se seguían tres fases, solicitud de tarjeta al Registro Central de Extranjeros, citación del interesado para la confección del documento base o talón-foto y entrega de tarjeta al interesado, según regula la orden del Ministerio del Interior de fecha 7 de febrero de 1997 y de conformidad con el manual del usuario elaborado por el área de informática de la Dirección General de Policía, indicándose que desde esa delegación del gobierno no resultaba posible el establecimiento de nuevos métodos o la simplificación de tales trámites, pues se trataba de un procedimiento cuyo desarrollo excede del ámbito de competencias del centro (9819339 y 9905163).
En esta misma comunidad autónoma se inició otra investigación de oficio al conocerse por los medios de comunicación la existencia de importantes demoras en la tramitación de permisos de residencia no laborales y en las reagrupaciones familiares, como consecuencia de la posible concentración de tales solicitudes en una sola comisaría, lo que suponía que los peticionarios tenían que permanecer durante la noche a la espera de poder acceder a su correspondiente turno de trámite.
En la contestación se indicaba que la tramitación de los distintos procedimientos se venía realizado en tres oficinas diferentes, con distinta ubicación, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas, sin que se hubiesen constatado incidencias de especial mención, lográndose un nivel de atención al ciudadano considerado como satisfactorio. De igual modo, se ponía de manifiesto que como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva aplicación de la tarjeta única de extranjeros, la Jefatura Superior de Policía había desconcentrado el trámite completo de documentación, encargándose de ello las comisarías locales desde principios de mayo de 1999, lo que favorecía la comodidad del usuario al poder efectuar todos los trámites en la comisaría de su

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domicilio y se consideraba que, con ello, quedaba solucionado el problema de las demoras (F9900052).
Como consecuencia de la intervención del Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno en Madrid adoptó también algunas medidas tendentes a paliar la situación de retraso constatada en la resolución de exenciones de visado como consecuencia del considerable aumento de esas peticiones, que pasaron de 7.825 en el año 1997 a 10.591 en el año 1998, lo que motivó que en el mes de abril de 1999 se estableciera un plan de actuaciones con varios funcionarios en jornada de tarde y la contratación de personal adscrito al Instituto Nacional de Empleo para la realización de trabajos específicos en dicha unidad (9901000).
Cabe destacar la queja de una ciudadana que se lamentaba de haber tenido que permanecer varias horas en la vía pública a la espera de poder ser atendida en la oficina de extranjeros de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Dicho organismo participó a esta institución que la citada unidad de extranjeros procede a la apertura de sus dependencias a las 9 horas, facilitándose la entrada a todas las personas que se encuentran en espera, momento en el que se procede al inmediato reparto de números de orden. Asimismo, manifestaba que esa oficina de extranjeros se encontraba estructurada con los medios materiales y humanos de otras unidades administrativas dependientes de esa delegación, esperándose en un breve plazo la aprobación por el Ministerio de Administraciones Públicas de la relación de puestos de trabajo de dicha oficina, medidas ambas, que a juicio de esa Administración, permitirán alcanzar una mejor y más eficaz gestión (9905616).
Un ciudadano denunciaba la existencia de demoras en la oficina de extranjeros de Sevilla, en la expedición de tarjetas de estudiantes estadounidenses que temporalmente asisten a la universidad española.
Esta actuación se ha dado por concluida al recibirse un informe de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla del que se desprende que, si bien se produjeron retrasos en la tramitación documental de la sección de extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de esa capital, la situación se normalizó tras el esfuerzo realizado por los funcionarios adscritos a la misma (9905151).
Permanecen, por último, pendientes varias investigaciones ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Así, la de un extranjero que denunciaba una demora de más de ocho meses en la resolución de una petición de solicitud de permiso de trabajo y residencia que formuló ante la Oficina Única de Extranjeros de Alicante (9912780).
Debe destacarse que con arreglo a la disposición adicional única de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, "las solicitudes de prórroga del permiso de residencia así como la renovación del permiso de trabajo que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente ley orgánica se resolverán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas".


3.2.13 Asilo

Una organización no gubernamental se dirigió a esta institución exponiendo la situación de unos ciudadanos de etnia kurda y nacionalidad turca que habían solicitado asilo político en las dependencias del aeropuerto de Madrid-Barajas. La Subdirección General de Asilo manifestó que, en un principio, estas personas no prestaron la suficiente colaboración y se negaban a hablar en otra lengua que no fuera el kurdo kremanjí. Estos siete ciudadanos habían presentado las solicitudes de asilo, las cuales fueron denegadas, así como su reexamen, estando prevista su devolución a Amán (Jordania).
Ante la confusión existente respecto a su nacionalidad y por las manifestaciones reiteradas de estas personas de que su vida corría peligro si eran devueltos a sus lugares de origen, esta institución solicitó de la Dirección General de Política Interior que se valorara la oportunidad de permitir su entrada en territorio nacional por razones humanitarias. Atendiendo lo anterior, dicha dirección general comunicó que se autorizaba la entrada en España por razones humanitarias a estos ciudadanos (9911377).
Compareció una asociación de ayuda a extranjeros indicando que había arribado a las costas gallegas un buque de bandera chipriota con cinco polizones africanos, y que existían dudas sobre si habían solicitado asilo político. Asimismo, se señalaba que uno de los polizones afirmaba ser menor de edad.
Esta institución se dirigió a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, a fin de conocer si en este caso se había dado cumplimiento a la instrucción número 3/1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre polizones. La citada subdelegación informó que no existían las solicitudes de asilo, y que en el examen médico realizado al presunto menor se había determinado su mayoría de edad.
Por ello, los polizones continuaban en el buque, bajo la custodia del capitán, prosiguiendo su recorrido por aguas territoriales españolas.
Posteriormente, el buque arribó al puerto de Pasajes (Guipúzcoa), donde consta que los polizones presentaron solicitud de asilo, y fueron únicamente estimadas las solicitudes de asilo de dos de ellos.
Los restantes interpusieron recurso contenciosoadministrativo contra la denegación del asilo ante la Audiencia Nacional, solicitando la medida cautelarísima de suspensión de la obligación de abandonar territorio español durante la tramitación del recurso.


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Dado que la salida del buque era inminente, esta institución solicitó a la Subdelegación del Gobierno de San Sebastián que suspendiera la salida de los polizones y procediera a su desembarco, posibilitando que la sala correspondiente de la Audiencia Nacional pudiera pronunciarse sobre la medida cautelarísima adoptada, con la finalidad de evitar que se ocasionara a los afectados un daño irreparable. La Subdelegación del Gobierno de San Sebastián accedió a lo solicitado y procedió al desembarco de los polizones, tras lo cual el buque prosiguió su viaje. En la mañana del siguiente día la Audiencia Nacional acordó la adopción de la medida cautelarísima solicitada (9910626).


3.2.14 Racismo y xenofobia

Según publicaban determinados medios de comunicación, el Ayuntamiento de Lazugurría, en Navarra, había acordado la expulsión de su término municipal de una familia de trabajadores agrícolas temporeros de nacionalidad portuguesa, como consecuencia de que con ellos residía el presunto asesino de una vecina de la localidad, por lo que se solicitó información a la Delegación del Gobierno en Navarra, habida cuenta de las connotaciones de carácter xenófobo que pudieran existir.
La delegación del gobierno informó que ante estos hechos se produjo una reacción popular que tuvo su más concreta expresión en una reunión de vecinos en el ayuntamiento, donde se decidió la expulsión de la familia del presunto responsable del crimen, pero en ningún momento fue adoptado acuerdo formal, ni se levantó acta, no siendo por tanto posible la actuación formal de la delegación del gobierno en orden a suspender el acuerdo. No obstante, la delegación del gobierno advirtió al alcalde de la localidad de que no existía razón alguna para que ciudadanos comunitarios pudieran ser forzados a abandonar su domicilio en contra de su voluntad (F9900049).
Algunos medios de comunicación también denunciaron una publicación electrónica en la que se expresaban ideas con contenido racista y xenófobo. Solicitado informe a la Dirección General de la Policía se manifestó que se había detectado en la red internet un boletín editado por un grupo de tendencia nacionalsocialista en el que se vertían comentarios de cargado matiz racista y xenófobo, sobre todo contra la etnia gitana y la población de origen magrebí que residía en España. En el citado boletín se hacía un llamamiento para abastecerse de armas y explosivos, además de ofrecer consejos para la organización de una célula de lucha e instrucciones para evitar una posible investigación policial.
Tras las investigaciones realizadas por la brigada de investigación de Valladolid, se logró la identificación de una persona que, al parecer, actuaba como contacto a través de un apartado de correos.
Asimismo, se ha constatado que la referida publicación dejó de funcionar y que las actividades de ese grupo no iban más allá del ámbito de internet. De los anteriores hechos se tramitaron diligencias remitidas a un juzgado de instrucción. El citado informe concluye comunicando que es habitual la utilización, por parte de grupos de ideología nacional-socialista, de la red de internet como medio para la difusión de sus ideas y el contacto con grupos de otros países (F9900088).
Un grupo de ciudadanos estaba siendo intimidado y agredido en sus personas y bienes en Can N'Anglada, en Tarrasa (Barcelona). En este barrio, que recoge un flujo constante de personas de origen magrebí, la integración se iba produciendo sin ningún problema, aunque el contacto en espacios y lugares públicos originó después algunos conflictos. Las primeras protestas se produjeron cuando un grupo de vecinos, en su mayoría jóvenes, se concentraron ante un bar regentado por un ciudadano de origen magrebí y con clientes en su mayoría de la misma procedencia, increpando a los presentes y lanzando algunos objetos, lo que provocó la intervención policial. En los días siguientes se produjeron concentraciones de vecinos, con presencia de algunos jóvenes violentos, provocándose daños en locales regentados por magrebíes e incluso una agresión con arma blanca de carácter grave.
Informó la Delegación del Gobierno en Cataluña que se estableció contacto permanente con el ayuntamiento de Tarrasa para mantener la coordinación adecuada, restableciéndose la normalidad. Las investigaciones se han centrado en los autores de las acciones violentas, de amenazas y daños, aplicando en todos los casos posibles el artículo 510 del Código Penal que contempla los delitos de incitación al odio racial y apología de la xenofobia. Las investigaciones se saldaron con once detenciones, entre los que se encuentra el presunto agresor con arma blanca y un joven magrebí, produciéndose el ingreso en prisión preventiva de seis de ellos por decisión del juzgado de instrucción de Tarrasa (F9900090).
También por los medios de comunicación tuvo conocimiento esta institución del incendio de un edificio ocupado por ciudadanos extranjeros en la localidad catalana de Bañoles, así como del incendio provocado en un centro religioso musulmán en Girona.
El Departamento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña remitió escrito informando de ambos sucesos. En el inmueble de Bañoles habitaban veinticinco personas, todas ellas inmigrantes de origen gambiano, de las cuales varias habían resultado heridas de diversa consideración. En el caso de Girona se comprobó que se había producido un incendio en un local que era usado como mezquita por la comunidad islámica de la zona. Las evidencias recogidas por la investigación policial indicaban que, en los dos casos descritos, los incendios fueron provocados. Se ponderó la posibilidad de que el móvil de la acción incendiaria fuese el lugar de procedencia de los inquilinos y su opción religiosarespectivamente, por lo que se tomaron medidas

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preventivas teniendo en cuenta estas circunstancias. Asimismo, se intensificaron las reuniones y contactos con las asociaciones y colectivos de inmigrantes para detectar cualquier problema xenófobo que pudieran padecer. No obstante, este tipo de contactos ya se venían produciendo con los mandos policiales, de forma habitual (F9900091).
Tuvo conocimiento esta institución de las agresiones que estaban sufriendo inmigrantes en la localidad de Níjar (Almería), fundamentalmente en la pedanía de Campohermoso. Por esta razón, se solicitó informe a la subdelegación del gobierno en esa provincia. De este informe se desprende que, en efecto, hubo agresiones contra inmigrantes, que provocaron a su vez una concentración de protesta de alrededor de un centenar de éstos, realizadas por grupos de individuos con los rostros cubiertos, que consistieron en puntapiés, golpes con barras de hierro, cortes con arma blanca, lanzamiento de piedras y otros actos semejantes, acompañados de gritos e insultos.
Como respuesta a estas conductas la Guardia Civil adoptó una serie de medidas entre las que pueden destacarse la designación de un oficial para coordinar los servicios en la zona, el reforzamiento de las patrullas, la creación de un equipo especial de investigación, integrado por personal de policía judicial y del servicio de información, y contactos con dirigentes del colectivo de inmigrantes.
Entre las actuaciones realizadas cabe reseñarse la detención de dos personas que habían sido señaladas por algunos inmigrantes como autores de agresiones. No obstante, la subdelegación precisa que la convivencia con los colectivos africanos desde hace bastantes años ha sido pacífica, siendo escasos los incidentes o roces producidos (F9900106).


3.3 Servicio de documentación

La Ley 84/1978, de 28 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos, contempla en el apartado primero de su artículo 4 la exención del pago de tasas por expedición del documento nacional de identidad, para todos aquellos ciudadanos que acrediten su inscripción en los correspondientes padrones municipales de beneficencia.
No obstante lo anterior y como ya quedó reflejado en el informe del pasado año, la desaparición de los citados padrones municipales de beneficencia ocasionó un vacío legal respecto del modo de acreditar la insuficiencia de medios económicos para los peticionarios de tal exención, lo que motivó la remisión de una recomendación al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se solicitaba la modificación del precepto reseñado.
Ambos departamentos ministeriales expresaron su aceptación a la recomendación formulada, si bien en los informes recibidos en el curso del año 1999 se ha precisado que el mecanismo propuesto para acreditar la falta de capacidad económica de los afectados, en sustitución de los extintos padrones municipales, deberá ser previamente elaborado por el Ministerio del Interior, correspondiendo a la Secretaría de Estado de Hacienda su posterior evaluación en relación a la posibilidad de realizar la correspondiente reforma legislativa.
En este sentido, el Ministerio del Interior ha enviado un último informe en el que participa a esta institución que, dados los estrictos requisitos exigidos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de mayo de 1999, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el año 2000, y en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de mayo de 1999, respecto de las propuestas normativas a incluir en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no ha sido posible recoger en ninguno de los dos textos la propuesta de modificación del apartado primero del artículo 4 de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, que regula la tasa por expedición del documento nacional de identidad.
Ala vista del contenido de dicho informe, esta institución proseguirá su actuación en orden a conocer las nuevas propuestas que para la adaptación de la norma expuesta puedan formularse por las administraciones competentes en la materia (9800470).
Alo largo del presente año han continuado recibiéndose quejas en las que distintos ciudadanos referían la coincidencia de la numeración de sus documentos nacionales de identidad con el número asignado a otros particulares, con los consiguientes perjuicios que ello les venía ocasionando y sin que tales errores hubieran sido debidamente subsanados pese a sus requerimientos. Se ha solicitado información a la Dirección General de la Policía, toda vez que pese a que la implantación del sistema informático ha permitido detectar este tipo de irregularidades, se ha constatado que siguen produciéndose puntuales anomalías que deberán ser corregidas de modo urgente y con el menor perjuicio para los administrados (9913090 y 9909925).
La actuación del Defensor del Pueblo determinó en otro caso la rectificación de oficio de un error que se produjo en la transcripción de un número del documento nacional de identidad de una compareciente, debido a que con anterioridad al año 1991 la gestión de la renovación de dicho documento se realizaba de forma manual. La rectificación se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 105, apartado segundo, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (9910358).


3.4 Tráfico

3.4.1 Expedición del permiso internacional para conducir

Esta institución inició una investigación ante la Dirección General de Tráfico, tras recibir la queja de

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un ciudadano que mostraba su disconformidad con que los permisos internacionales para conducir tuvieran que tramitarse necesariamente a través del Real Automóvil Club de España con el obligado abono de determinadas tasas, de cuyo pago quedaban exentas aquellas personas que ostentaban la condición de socios.
En el informe recibido se indicaba que la citada asociación tenía atribuida la competencia para la expedición de dichos permisos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Código de Circulación, en cuanto cámara oficial del automóvil reconocida como tal por la Real Orden de 20 de junio de 1910, según se especificaba en el artículo 1 de sus últimos estatutos, aprobados por resolución del Ministerio de Justicia e Interior de 5 de octubre de 1994.
Asimismo, se desprendía de dicho informe que la determinación de las cantidades monetarias que los interesados debían abonar por la expedición de sus permisos de conducir internacionales, se realizaba de modo unilateral por la citada asociación sin que se concretasen las razones que motivaban su cuantificación. Por otra parte, se deducía de la aludida comunicación que la actividad de esa asociación no se encontraba sometida a ningún tipo de control administrativo, sin que tampoco existiera un régimen de recursos contra las resoluciones adoptadas en el ejercicio de dicha actividad.


A la vista de la situación expuesta, esta institución consideró que la concesión de habilitación a una asociación para la expedición de permisos de conducir no podía significar, en ningún caso, que dicha asociación pudiera acordar de modo independiente las condiciones para el desarrollo de su actividad, debiendo existir un control por parte de la Administración pública habilitante, tanto en la fijación de las tasas a abonar por la expedición de los permisos, como en el establecimiento de un régimen de recursos contra las resoluciones adoptadas. Por ello, se dirigió una recomendación a la Dirección General de Tráfico en el sentido de que fuera este órgano el que fijara las tasas para la expedición de tales permisos y el régimen de recursos garante de los derechos de los ciudadanos.
Analizada esta recomendación por los servicios jurídicos del Ministerio del Interior, se concluyó que, al estar tácitamente derogado el Código de la Circulación por el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en tanto en cuanto la derogación afecta a todo aquello que en la nueva ley sea incompatible con lo anterior, no podía mantenerse que los permisos de conducción, aunque fueran internacionales, pudieran ser otorgados por una asociación particular sin control ni intervención pública alguna. En consecuencia, esa dirección general ha procedido a asumir la competencia para expedir dichos permisos internacionales con fecha 1 de abril de 1999, dictando al respecto la Instrucción 99/C-34, si bien la asociación implicada ha recurrido tal decisión en vía judicial (9621182).


3.4.2 Contenido de las denuncias

En el informe del pasado año se hizo ya referencia a la recomendación formulada a la Dirección General de Tráfico, al objeto de que en las denuncias cursadas desde las distintas jefaturas se hiciera constar de modo expreso el carácter obligatorio o voluntario de las mismas, indicando en todo caso la identificación del denunciante, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 75 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Según se argumentaba en dicha recomendación, la observancia de este precepto constituye un elemento fundamental en la defensa del administrado, por cuanto la constancia de la identificación del denunciante permite apreciar al afectado la posible existencia de causas de recusación, en el supuesto de haber sido denunciado por un agente de la autoridad, o conocer por el contrario que la denuncia carece de presunción de veracidad, en el caso de denuncias voluntarias.
La Dirección General de Tráfico informó de que, pese a que su actuación iba encaminada a procurar el máximo cumplimiento de los requisitos legales de notificación, el programa informático existente resultaba insuficiente para recoger el dato relativo a la identificación del denunciante. A juicio de esta institución, este programa informático debe responder adecuadamente a las necesidades del organismo que lo utiliza para el cumplimiento de sus fines. Ello determinó que se recordara a la Administración su obligación de subsanar la deficiencia detectada, ya que la carencia de una correcta programación informática no puede constituir un impedimento insalvable para el cumplimiento de las formalidades legalmente exigidas en la tramitación de los expedientes sancionadores.
La citada dirección general manifiesta que un porcentaje muy elevado de las denuncias se notifica en el momento de producirse los hechos, constando en las denuncias obligatorias el número de identificación del agente que las formula y, en las de carácter voluntario, los datos del denunciante. Asimismo, señala que, habida cuenta de que no es muy alto el número de denuncias que han de ser notificadas por las jefaturas instructoras por no haber sido detenido el vehículo en el momento de la presunta infracción, la recomendación del Defensor del Pueblo se seguirá de modo individualizado, por continuar careciendo el sistema informático del adecuado programa que permita recoger los datos de identificación del denunciante. A la vista de ello, continúa la actuación del Defensor del Pueblo en lo que atañe a la insuficiencia de medios informáticos referida por la Administración (9714741).


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3.4.3 Cooficialidad lingüística en los procedimientos sancionadores

Esta institución inició una investigación de carácter general, al tener conocimiento del posible incumplimiento en la tramitación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico, de las previsiones de la Ley de Cataluña 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística en Cataluña, que en su artículo 8 establece: "En el ámbito territorial de Cataluña, cualquier ciudadano tiene derecho a relacionarse con la Generalidad, con la Administración civil del Estado, con la Administración local y con las demás entidades públicas en la lengua oficial que elija".
Como ya se hizo constar en el anterior informe, de las contestaciones elaboradas por la Dirección General de Tráfico pudo constatarse que, pese a que en numerosas ocasiones los interesados solicitaban el uso de la lengua catalana en los procedimientos sancionadores seguidos ante las jefaturas provinciales de tráfico con sede en Cataluña, sus peticiones no eran debidamente atendidas, al no resultar posible que desde las terminales de dichas jefaturas se modificasen los escritos emitidos en castellano por el ordenador central de la dirección general, señalándose asimismo la imposibilidad de efectuar la traducción de tales escritos de modo individualizado, debido a su elevado volumen. Al suponer ello un incumplimiento de la normativa sobre el uso de las lenguas cooficiales recogida en el artículo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se recomendó a la Dirección General de Tráfico la adopción de las medidas procedentes para la subsanación de tales deficiencias.


La citada dirección general ha comunicado a esta institución las medidas adoptadas por la Jefatura Provincial de Lérida atendiendo a dicha recomendación, señalando que, en aquellos supuestos en que los interesados en un expediente eligen la lengua catalana para su tramitación, se lleva a cabo una anotación en tal sentido en el registro informático de sanciones, de forma que pese a que el ordenador central siga generando escritos en castellano, el funcionario encargado de la tramitación advierta la singularidad del expediente y, en tal caso, las notificaciones y resoluciones se redacten en catalán de forma individualizada.
En la contestación enviada no se hace referencia al procedimiento seguido en las restantes jefaturas provinciales de tráfico con sede en Cataluña, por lo que se ha solicitado un informe ampliatorio al respecto. Por otra parte, de la información facilitada se deduce que no se ha adoptado hasta el momento una solución informática definitiva que permita la automatización del uso de la lengua cooficial de esa comunidad autónoma, por lo que prosigue igualmente la investigación en este último sentido (9712724).


En relación a esta misma materia, se ha realizado otra actuación ante la Dirección General de Tráfico relativa a la queja de un ciudadano que había recibido una notificación sancionadora de la Jefatura Provincial de Valencia redactada en lengua castellana, pese a haber solicitado expresamente que toda notificación le fuera efectuada en valenciano, en base a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Valencia 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano.
Recibido el preceptivo informe, en el mismo se señalaba que la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia envía las comunicaciones en valenciano siempre que el interesado lo solicita, habiéndose producido en el caso del compareciente un involuntario error en la confección del oficio de notificación; no obstante lo cual la dirección general indicaba que habían sido adoptadas las medidas oportunas con el fin de evitar en el futuro ese tipo de errores, con lo que se ha dado por concluida la investigación (9900784).


3.4.4 Disfunciones observadas en la tramitación de expedientes sancionadores

Continúa siendo relevante el número de ciudadanos que acude a esta institución exponiendo su discrepancia con la tramitación seguida en los expedientes sancionadores, incoados por la comisión de una presunta infracción de las normas en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Del examen de las distintas investigaciones realizadas se desprende que tales irregularidades afectan a diferentes etapas del procedimiento, que comprenden desde la práctica de notificaciones hasta la fase de alegaciones y el período probatorio.
A título de ejemplo, cabe señalar el caso planteado por diversos reclamantes que manifestaban haber tenido conocimiento del cobro de una sanción de tráfico por vía de apremio, sin que hasta ese momento hubieran recibido notificación alguna por parte de la jefatura instructora del expediente, no habiendo podido ejercitar por ello su derecho de defensa. Tras la intervención del Defensor del Pueblo, la Dirección General de Tráfico ha procedido a dejar sin efecto las sanciones acordadas en los expedientes de los comparecientes, a la vista de los errores procedimentales cometidos (9823876 y 9906298).
En otras ocasiones, ha resultado posible comprobar la existencia de defectos de diversa índole en las notificaciones practicadas a los interesados, al comunicarse a éstos resoluciones correspondientes a otros expedientes con los que no tenían relación alguna, constatarse errores mecanográficos en la transcripción del precepto infringido o producirse un errónea calificación jurídica de la infracción, lo que invalida las resoluciones firmes dictadas por la Administración y determina la revocación de las sanciones impuestas, dejándose, en su caso, sin efecto el procedimiento de cobro en vía ejecutiva (9716074, 9908430, 9908694 y 9910928).


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Se han tramitado igualmente un significativo número de quejas en las que los afectados se lamentaban de la falta de atención a las alegaciones planteadas en sus recursos, pese a que las mismas resultaban suficientes para desvirtuar las denuncias seguidas en su contra, sin que en las resoluciones sancionadoras se entrara a valorar el contenido de tales alegaciones. Así, el titular de un vehículo manifestaba haber alegado en un recurso de apelación que el certificado de revisión del cinemómetro que le había sido remitido carecía de validez en la fecha en la que se cometieron los hechos, pese a lo cual se había resuelto su expediente sin tener en cuenta dicha consideración. Una vez solicitado el informe correspondiente, la Dirección General de Tráfico apreció el error cometido, revocando tanto la resolución acordada por ese centro directivo como la dictada por la delegación del gobierno, procediéndose a devolver al interesado el importe de la referida sanción (9804193).
A este mismo respecto, se ha seguido una investigación acerca de una persona identificada como conductora por el titular de un vehículo que, sin ser detenida, fue denunciada mediante prueba fotográfica por exceso de velocidad y que, pese a declarar expresamente la imposibilidad de ser responsable de los hechos al encontrarse ingresada en un hospital en la fecha de la denuncia, había sido objeto de sanción con suspensión de su autorización para conducir. La Dirección General de Tráfico consideró responsable a la interesada al no haber acreditado documentalmente su ingreso hospitalario, deduciéndose de la comunicación enviada que, a juicio de la Administración, la persona identificada por el titular del vehículo tenía el deber de probar su falta de implicación en los hechos.
Al no compartir esta institución dicho criterio envió una sugerencia en la que se señala que no puede reconocerse presunción de veracidad a las manifestaciones de los titulares de los vehículos. En efecto, cualquier otra interpretación dotaría a la manifestación del titular de una presunción de veracidad que, por una parte, no está recogida en la ley y que, de otro lado, llevaría a la paradoja de que cualquier tercero identificado como conductor erróneamente, o incluso de mala fe por el titular de un vehículo, se vería en la obligación de encontrar alguna prueba que le descargara de la responsabilidad que se le imputa. Esta institución considera que, consecuentemente, no puede exigirse que el identificado como conductor presente pruebas en su descargo. Basta con que niegue haber conducido para que pueda entenderse que el titular no ha identificado debidamente al conductor y se siga contra aquél nuevo procedimiento por no haber cumplido la exigencia legal de tal identificación, recayendo en todo caso sobre el titular del vehículo la obligación de probar en el expediente la posible falsedad en la declaración de la persona que identificó como conductor.


La contestación de la Dirección General de Tráfico a la sugerencia volvía a reiterar que, como el titular del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor a cuya disposición puso el mismo, y así lo hizo en este caso, no podía iniciarse un procedimiento sancionador contra él por incumplimiento del artículo 72.3 de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Esta institución, como se ha expresado, debe reiterar que el titular del vehículo tiene que aportar pruebas o indicios probatorios de la suficiente entidad como para obligar al tercero a presentar sus propias pruebas en contrario, lo que no es el caso. Por ello, se ha vuelto a reiterar a la Dirección General de Tráfico la citada sugerencia (9820582).
Por último, y al igual que en años precedentes, se ha observado que resulta infrecuente la apertura del período de prueba en los procedimientos sancionadores, pese a que los interesados alegan de modo expreso su carácter necesario para la averiguación y calificación de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades. En estos casos se ha procedido a dar traslado a la Dirección General de Tráfico de las pruebas documentales aportadas por los comparecientes, y que fueron obviadas en el correspondiente trámite procedimental, revocando la Administración su actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de noviembre, con la consiguiente anulación de las sanciones impuestas (9823863 y 9905899).


3.4.5 Revisión de los exámenes de conducir y régimen de recursos

Distintos ciudadanos han expresado su disconformidad con la imposibilidad de tener acceso a los diferentes exámenes y pruebas teóricas realizadas para obtener diferentes permisos de conducción, al ser utilizados los cuestionarios en posteriores exámenes, lamentándose igualmente de no ser informados de la posibilidad de formular alegaciones o plantear los oportunos recursos. La Dirección General de Tráfico manifiesta que dichas pruebas son de carácter estático y únicamente se facilitan en el momento del examen, ya que de otro modo perderían su objetividad y se vería afectada la eficacia del funcionamiento del servicio, al terminar conociéndose por los interesados los cuestionarios y sus respectivas respuestas antes de la realización de los exámenes.
Asimismo, se señala que la hoja de examen consta de una solapa a través de la cual se participa al interesado el resultado de la calificación obtenida en la prueba, facilitándose información escrita en el reverso de dicha solapa, aunque en ella no figura la posible presentación de alegaciones.


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Indica la citada dirección general que en el supuesto de que además de conocer el resultado a través de dicha solapa, el interesado solicite conocer los fallos cometidos en el examen, las jefaturas provinciales de tráfico, tras revisar de nuevo la hoja de respuestas y calificaciones de la prueba, les informan de lo solicitado. A la vista de lo anterior, continúa la investigación ante la Dirección General de Tráfico, a la que se ha solicitado un nuevo informe ampliatorio (9822676 y 9910268).


3.5 Inseguridad ciudadana

Durante el presente año, se han seguido recibiendo escritos de ciudadanos y asociaciones de vecinos poniendo de relieve el grado de inseguridad en las zonas donde residen, que unas veces tiene su origen en el tráfico de drogas y otras en robos y pequeñas alteraciones de orden público. En estos casos, se ha solicitado información de las distintas autoridades con competencia en la materia, siendo las respuestas a este respecto muy similares y consistentes, fundamentalmente, en una mayor presencia de efectivos policiales, así como en un incremento del control de personas y vehículos (9707565, 9902989 y 9908633).
No obstante, por parte de los responsables de preservar la seguridad ciudadana se ha informado de las dificultades que, en ocasiones, encuentran para realizar una efectiva labor, como ocurre cuando las calles no son utilizables para la patrulla de vehículos, por ser espacios semi-cerrados con aceras, jardines y setos, donde la única posibilidad es la patrulla a pie, surgiendo el problema de la falta de recursos humanos (9900927).
También se solicitó información sobre la denuncia presentada por un vecino de Melilla, respecto al incremento de vehículos robados y que, posteriormente, aparecían en territorio marroquí, considerando que no existía un control fronterizo eficaz. La Delegación del Gobierno en Melilla informó que la afluencia diaria de vehículos, desde y hacia Marruecos, es muy elevada, cifrándose en cerca de doscientos mil los vehículos, tanto nacionales como extranjeros que, mensualmente, cruzan por cada una de las dos fronteras existentes con Marruecos.
Este elevado número de vehículos imposibilita examinarlos uno por uno, ya que se colapsarían las fronteras, sin perjuicio de las investigaciones que, de forma aleatoria, se efectúan diariamente (9901341).


4. ADMINISTRACIÓN MILITAR

4.1 Servicio militar

4.1.1 Accidentes y fallecimientos

Esta institución tuvo conocimiento a través de un medio de comunicación del fallecimiento de un soldado de reemplazo mientras cumplía arresto en el centro disciplinario del acuartelamiento Santiago del Regimiento de Infantería Ligera número 52 de Melilla.
En el relato de los hechos facilitado por la Administración militar se señalaba que la personalidad del soldado podría considerarse conflictiva, pues habiéndose incorporado al cumplimiento del servicio militar en el mes de febrero de 1998, cuando ocurrió su fallecimiento en el mes de septiembre del mismo año tenía anotadas en su hoja de castigos 7 faltas leves sancionadas con arresto, 10 faltas leves sancionadas con privación de salida de su unidad, se encontraba cumpliendo un mes de arresto preventivo por la falta grave prevista en el artículo 9, apartado 18, de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre y, además, se seguía contra él otro expediente disciplinario por acumulación de faltas leves. También se indicaba que desde que ingresó en el establecimiento disciplinario presentaba un comportamiento especialmente agresivo y problemático, que provocó su ingreso en el hospital militar de Melilla en dos ocasiones en un breve espacio de tiempo. Este comportamiento agresivo se manifestó incluso el día de su fallecimiento pues, según la comunicación, a las 18,15 horas prendió fuego al colchón de su celda.
Sin embargo, en el informe no se indicaba si los responsables del acuartelamiento habían tomado alguna medida para vigilar al soldado, a pesar de los antecedentes que se han descrito, y tampoco se especificaba la causa de que, aunque había sido atendido en varias ocasiones por el servicio de psiquiatría del hospital militar de Melilla, no fuera posible la tramitación de un expediente de baja o la iniciación de un expediente de exención del servicio militar, previsto en los artículos 93 y siguientes del Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio.
La Comandancia General de Melilla comunicó que se habían adoptado, manteniéndose permanentemente, todas las medidas reglamentarias y necesarias, ya que el establecimiento disciplinario se encuentra anexo al cuerpo de guardia, donde existe personal en alerta permanente. Por otra parte, indicaba que el expediente de baja médica se inicia a petición del interesado o por dictamen médico, y no se había producido ninguno de esos supuestos, por lo que la unidad no tramitó ningún expediente de baja al no encontrar el personal facultativo ninguna enfermedad ni alteración psicofísica de carácter incompatible con el servicio militar (F9800118).
Otro cabo de reemplazo falleció mientras realizaba un servicio de guardia en el perímetro fronterizo de Ceuta. Según comunicaba la Administración militar, mientras se encontraba de permiso oficial tuvo que acudir a las urgencias de un hospital militar de su localidad de residencia, donde permaneció ingresado durante diez días. Posteriormente al llegar a su unidad fue reconocido por los servicios médicos y remitido nuevamente al hospital militar, donde le indicaron que padecía extrasístoles supraventriculares, sin cardiopatía orgánica, y fue clasificado como apto con limitaciones, recomendándole

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no realizar esfuerzos físicos durante el servicio militar por lo que se le asignó al servicio de vigilancia de frontera debido a que éste se limita a la observación estática y se realiza en pareja, y no constaba que el cabo hubiera formulado ninguna reclamación.
El fallecimiento se produjo tras recibir un disparo en el pecho, realizado con munición de guerra, al parecer efectuado por él mismo.
Según su familia, el cabo de reemplazo estaba en tratamiento con medicamentos ansiolíticos, por lo que resultaba claramente contraindicado realizar el servicio de guardia en el perímetro fronterizo. En todo caso, las investigaciones tras el fallecimiento las realizó la policía judicial y el Juzgado Togado Militar Territorial número 26 de Ceuta incoó diligencias previas, en las que recayó auto de archivo que adquirió firmeza al no haber sido recurrido por las partes (9812863).
Esta institución se vió en la necesidad de recordar a la Administración militar, en ambos casos, que deben extremarse las medidas de prevención de conductas que reflejan tanto un deficiente manejo de la agresividad como posibles tendencias suicidas, entre los militares profesionales y los de reemplazo, y que podrían detectarse mediante los oportunos exámenes psicofísicos periódicos y sistemáticos que deberían realizarse con todo rigor, lo que quizá permitiría disminuir estas dramáticas situaciones perjudiciales tanto para el ciudadano como para las Fuerzas Armadas.
En este sentido se efectuó el año pasado una recomendación al Ministerio de Defensa, con ocasión de la investigación de oficio realizada tras el fallecimiento de un militar de reemplazo por los disparos efectuados por un sargento primero en el campamento de Candanchú de la Escuela Militar de Alta Montaña, de la que se daba cuenta en informes pasados. En relación con esta investigación, hay que indicar que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de quince años impuesta al sargento primero profesional autor de los disparos (F9700047).
El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, establece, en su apartado segundo, que el derecho a la titularidad de las prestaciones de clases pasivas podrá ejercerse en cualquier momento posterior al hecho que lo cause. No obstante, se señala que si el reconocimiento del derecho a la titularidad de las prestaciones no pudiera efectuarse, por causa imputable al interesado, dentro de los cinco años contados a partir del día en que este se ejercitó, caducarán todos los efectos derivados de la petición deducida y los efectos económicos de ese derecho sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la subsanación por el interesado de los defectos a él imputables. En el mismo apartado segundo se dispone que si el derecho se ejercitase después de transcurridos cinco años contados a partir del día siguiente al de su nacimiento, los efectos económicos del mismo sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de presentación de la oportuna petición Amparándose en lo previsto en dicho artículo, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa denegó a los padres de un soldado, fallecido en el año 1985 durante la prestación del servicio militar, la solicitud para que se retrotrajesen a la fecha del fallecimiento los efectos económicos de la pensión extraordinaria que se les había reconocido, ya que, según señalaba la citada Administración, en el momento de presentarse la primera petición de reconocimiento de haberes pasivos habían transcurrido más de cinco años desde el fallecimiento.
El citado centro directivo, que inicialmente fijó el 1 de noviembre de 1993 como fecha de arranque de la pensión, procedió a efectuar un nuevo señalamiento con efectos económicos desde el 1 de abril de 1991, al comprobar que en el expediente constaba un escrito de la propia dirección general, de fecha 30 de octubre de 1992, en el que, además de poner en conocimiento de los padres del soldado fallecido la instrucción del expediente conforme a lo previsto en el Real Decreto 1234/1990, de 11 de octubre, se acusaba recibo de un escrito de los mismos, de fecha 15 de marzo de 1991.
El nuevo señalamiento de la pensión no se realizó hasta el mes de agosto de 1997, lo que supone que hasta esta fecha no se tuvo en cuenta por la Dirección General de Personal la solicitud de reconocimiento de derechos de 15 de marzo de 1991. Esta circunstancia, la desaparición durante varios años del escrito de solicitud de reconocimiento de derechos, ponía de manifiesto que la custodia de los escritos y documentos que deberían integrar el expediente de fallecimiento no había sido correcta.
En relación con lo anterior, esta institución señaló a la Administración militar, que las consecuencias de una deficiente actuación administrativa no deben recaer sobre los administrados y que, en este caso, dada la deficiente custodia de los documentos que integraban el expediente de fallecimiento, cabe plantearse serias dudas sobre la existencia de algún escrito de los padres del soldado fallecido anterior al 15 de marzo de 1991.
En todo caso, lo relevante, a juicio de esta institución, no sería la supuesta inactividad de los padres del soldado fallecido entre el 10 de octubre de 1985 y el 15 de marzo de 1991, sino la inactividad de la Administración militar durante este periodo de tiempo. En este sentido, hay que señalar que la única actividad administrativa durante dicho periodo fue, al parecer, la elaboración de un informe, de fecha 14 de octubre de 1985, por el jefe accidental de la base sobre los hechos que ocasionaron el fallecimiento. Además, no se nombró instructor ni se inició el expediente de fallecimiento hasta 1992, transcurridos más de siete años desde el fallecimiento.
Por otra parte, no consta en los informes remitidosque durante los años transcurridos hasta la presentación

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de dicha solicitud la Administración militar informase a los padres del soldado fallecido de los derechos que pudieran corresponderles y de la forma de ejercitarlos. En consecuencia, se sugirió a la Subsecretaría de Defensa que valorase la oportunidad de iniciar los trámites oportunos encaminados al reconocimiento del derecho de los padres del soldado fallecido a que la pensión que les corresponde al amparo de lo previsto en el Real Decreto 1234/1990, de 11 de octubre, tenga efectos económicos desde la fecha del fallecimiento.
La Subsecretaría de Defensa no aceptó dicha sugerencia insistiendo en el argumento de que no procede retrotraer los efectos económicos hasta la fecha del fallecimiento por aplicación de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, puesto que los padres del soldado fallecido dejaron transcurrir más de cinco años desde el momento del hecho causante hasta la solicitud de pensión (9623685).


4.1.2 Denuncias de malos tratos

La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, dispone que la dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que todo militar de reemplazo tiene obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso estará sometido, ni someterá a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal. Por su parte, el Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Militar, define en su artículo 19 la actitud que los mandos de los militares de reemplazo deben adoptar hacia los mismos en el ejercicio de sus funciones, que coincide en lo esencial.
El Procurador del Común de Castilla y León remitió la queja de un soldado de reemplazo que manifestaba que sufría trastornos psíquicos como consecuencia del trato a que era sometido por los superiores de la unidad donde estaba destinado cumpliendo el servicio militar, por lo que había interpuesto una denuncia en una comisaría de policía de León, que fue remitida al juzgado.
Como pudiera ocurrir que los hechos denunciados por el interesado no fueran constitutivos de delito y sí, en cambio, susceptibles de sanción disciplinaria, a juicio de esta institución parecía razonable que se hubiesen iniciado las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los mismos, ya que tanto la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, vigente en el momento de la denuncia, como la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, prevén que la iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar expuso, en un primer momento, que no se había iniciado ninguna investigación interna tendente a averiguar la realidad de lo denunciado por el compareciente por estar conociendo del asunto la jurisdicción militar y, sin embargo, indicó con posterioridad que el coronel jefe de la base en la que estaba destinado el compareciente ordenó su investigación cuando se tuvo conocimiento de los hechos denunciados.
Por otra parte, el informe reflejaba los resultados de las investigaciones internas iniciadas como consecuencia de lo denunciado por el interesado, pero no hacía referencia al modo en que tales investigaciones se habían llevado a cabo, e indicaba que el capitán jefe de la unidad de tropa donde se encontraba encuadrado el compareciente fue sancionado por la comisión de una falta leve tipificada en el artículo 8, número 3, de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, por no informar de los hechos a sus superiores, no indicando el informe a qué hechos se refería.
Por último, como en la denuncia formulada por el compareciente se reflejaban las conductas de otros superiores de la unidad, y en el informe no se hacía referencia alguna a las investigaciones realizadas sobre este extremo, ni de los motivos por los que no se había derivado responsabilidad disciplinaria, el Defensor del Pueblo ha considerado oportuno solicitar un nuevo informe en el que, de manera detallada, se dé cuenta del relato exacto de los hechos objeto de tal investigación (9808601).


4.1.3 Procedimientos disciplinarios

La Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, no introduce diferencias significativas respecto a la derogada Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, al regular la competencia sancionadora, aunque varía su sistemática al incluir en un capítulo independiente las normas relativas a la prescripción. El artículo 26 de la nueva ley reproduce lo previsto en el artículo 18 de la ley derogada, matizando en algún punto su redacción, como ocurre al establecer el deber de todo militar de corregir las infracciones que observe en los de inferior empleo, evitando la expresión "los inferiores" que se utilizaba en distintos artículos de la ley anterior.
Pero, prescindiendo de pequeñas variaciones en la redacción, en ambos artículos se dispone sustancialmente lo mismo: que cuando un militar juzgue merecedoras de sanción las infracciones que observe en los de inferior empleo, lo hará por sí mismo si tiene potestad sancionadora y, si no, dará parte inmediatamente a quien la tenga; y, por otra parte, que si se trata de una falta que por su naturaleza y circunstancias exija una acción inmediata para mantener la disciplina y la subordinación, podrá ordenar el arresto del infractor en su domicilio o unidad durante el tiempo máximo de cuarenta y ocho horas, en espera de la posterior decisiónde la autoridad o mando con potestad disciplinaria,

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a quien dará cuenta de la disposición adoptada de modo inmediato.
La posibilidad de ordenar la reclusión de un infractor sin haber dictado previamente la oportuna resolución sancionadora es, por tanto, excepcional dentro del procedimiento sancionador, a la que sólo se podrá recurrir en el caso de que la falta, por su naturaleza y circunstancias, exija una acción inmediata para mantener la disciplina y la subordinación, y por un tiempo máximo de cuarenta y ocho horas.
No obstante, ni la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa ni la Subsecretaría de Defensa parecen compartir el mismo criterio, al menos en lo que se refiere al caso de un militar de reemplazo que estaba realizando el servicio militar obligatorio en la Escuela Logística del Ejército de Tierra y que en la despedida de los soldados pertenecientes a su llamamiento, al terminar la entrega de diplomas, realizó un acto irrespetuoso hacia el coronel jefe de la unidad. La acción fue presenciada por un suboficial que, por carecer de potestad sancionadora, dio parte de lo ocurrido, incoándose el correspondiente procedimiento sancionador por falta leve, que finalizó con la imposición al interesado de una sanción de treinta días de arresto como autor de una falta prevista en el número 28 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, vigente en el momento. Dicha sanción no fue notificada al interesado hasta que transcurrieron cinco días desde que se cometió la infracción; pero desde el momento en que finalizó el acto de entrega de diplomas ingresó en el pabellón de arrestados donde permaneció hasta el día en que se le notificó la sanción.
El oficial instructor de expedientes de la citada escuela entendía que las razones por las que se acordó restringir la libertad del interesado se fundamentan en que la potestad sancionadora de la Administración se justifica, según la doctrina constitucional, precisamente porque su eficacia e inmediación es la mejor salvaguarda del interés público, integrado en este caso por la defensa de los valores militares, cumplimiento de las órdenes del mando y respeto del orden jerárquico, frente a la menor eficacia de la Administración de justicia para reprimir ilícitos de gravedad inferior.
En las conclusiones del mencionado informe se señala que la restricción de la libertad del interesado se realizó en aras de mantener la disciplina y la subordinación mediante una acción inmediata, imprimiéndose un ritmo adecuado a las diferentes etapas del procedimiento sancionador para que la falta fuera sancionada sin merma de los derechos del infractor.
El oficial instructor no apreciaba ninguna irregularidad en el hecho de que el interesado estuviese retenido durante cinco días en el pabellón de arrestos, a pesar de no haberse dictado ninguna resolución sancionadora, y consideraba que se había velado por el escrupuloso cumplimiento de todos los preceptos recogidos en la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, antes citada.
Al solicitar a la Subsecretaría de Defensa que manifestase si compartía el criterio del oficial instructor de expedientes de la Escuela Logística del Ejército de Tierra, ésta remitió un dictamen de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa en el que se señalaba, entre otras cosas, que no se comparten algunas de las conclusiones del informe de dicho oficial y que existen deficiencias en la tramitación del expediente por falta leve seguido contra el interesado. Las deficiencias consistían, fundamentalmente, en el hecho de que la resolución sancionadora no le fue notificada hasta que su reemplazo había pasado a la reserva, por lo que no hubo un ritmo adecuado a las diferentes etapas del procedimiento sancionador como se señalaba en el informe del capitán instructor, máxime cuando debería haberse tenido en cuenta que el citado militar de reemplazo pasaba a la situación de reserva. Por otro lado, esa resolución debería haberse dictado con anterioridad a tal fecha, sin que la dilación se pueda ver justificada por la fecha y hora en que la conducta sancionable tuvo lugar.
No obstante, se señala que, sin perjuicio de que pudiera entenderse la presencia de responsabilidad disciplinaria por parte de la autoridad sancionadora, dado el tiempo transcurrido desde que los hechos ocurrieron hasta que el interesado presenta un escrito ante ese departamento denunciando las posibles irregularidades, la infracción disciplinaria que pudiera haberse cometido por la autoridad sancionadora habría prescrito, por aplicación del artículo 17 de la Ley 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, en el citado dictamen se manifiesta que el procedimiento sancionador cumplió con todos los requisitos señalados en la citada ley en lo que se refiere al principio de audiencia, a los límites de la sanción y a las circunstancias de cumplimiento del arresto, y se señala que tales circunstancias fueron escrupulosamente cumplidas por el jefe accidental de la compañía a la que pertenecía el sancionado, por lo que tal decisión fue la adecuada y conforme a derecho. También se afirma que, por lo previsto en el artículo 18 de la ley, se puede ordenar la reclusión de un infractor que sea inferior al que la ordena, esté o no subordinado al mismo.
Por tanto, la única deficiencia que se reconoce es el retraso en la notificación de la sanción y no se hace referencia alguna al hecho de que, tras ordenar la reclusión del interesado, se mantuvo la restricción de su libertad durante cinco días, es decir ciento veinte horas, más del doble del límite máximo autorizado por el artículo 18 de la ley entonces en vigor, que era de cuarenta y ocho horas, y que durante la última parte de ese tiempo se mantuvo la restricción de libertad a pesar de haber pasado el interesado a la situación de reserva.
Por otra parte, contrasta el rigor con el que se ha corregido la conducta del interesado, al que se impone la máxima sanción posible entre las previstas en el

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artículo 10 de la citada ley, y la pasividad de las autoridades y mandos que no adoptaron ninguna iniciativa para corregir disciplinariamente a los responsables, por acción u omisión, de la restricción arbitraria y desproporcionada de la libertad de un ciudadano. En este sentido, el informe del capitán instructor de expedientes disciplinarios de la Escuela Logística del Ejército pone de manifiesto una concepción de la autoridad y de la disciplina que no considera como límite absoluto el respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos, lo que, a juicio de esta institución, exigiría una actuación decidida por parte del Ministerio de Defensa que tuviese como objetivo la desaparición de prácticas disciplinarias como la descrita.
Por todo cuanto antecede se recomendó a la Subsecretaría de Defensa que valorase la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para evitar, por una parte, que en el ejercicio de la potestad sancionadora se vulneren los derechos de los inculpados, especialmente cuando se trate de una restricción de su libertad y, por otra, que no se corrija adecuadamente a los responsables de conductas que supongan un ejercicio irregular de la potestad disciplinaria (9711415).
Otra manifestación del ejercicio irregular de la potestad disciplinaria en el ámbito militar, que ya ha sido observada en ocasiones anteriores, consiste en sancionar a un militar por el contenido del escrito en el que, ejerciendo los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico, interpone un recurso o plantea una reclamación. En estos casos se sanciona forzando el carácter abierto y relativamente indeterminado de los conceptos que se utilizan en la descripción de las conductas que constituyen los tipos de infracción.
Es el caso de un militar de reemplazo que prestaba el servicio militar en la Estación Naval de Mahón y que fue sancionado por manifestar en una reclamación escrita dirigida al jefe de dicha unidad su disconformidad con una sanción anterior de quince días de arresto. Tras analizar el texto de la reclamación que presentó el interesado no se observó ninguna expresión que justificase la sanción impuesta. Sin embargo, el jefe de la unidad había apreciado que la citada reclamación incluía aseveraciones falsas, que no se precisaban, y juicios de valor innecesarios para la exposición o defensa de sus derechos, lo que, a su juicio, constituía una conducta de las previstas en el artículo 8.33 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, sin precisar tampoco cual de los distintos supuestos contemplados en ese precepto era de aplicación al caso.
Por tanto, se ha considerado necesario solicitar una ampliación del informe remitido en el que se indiquen las aseveraciones falsas o los juicios de valor innecesarios para la defensa de sus derechos que se recogen en la reclamación del interesado, precisando en virtud de cuál de los supuestos recogidos en el apartado 33 del artículo 8 de la ley entonces vigente se impuso la sanción al interesado (9822574).


4.1.4 Condiciones de la prestación

El Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que los conductores y ocupantes de vehículos a motor están obligados a utilizar el cinturón de seguridad de acuerdo con las recomendaciones internacionales en la materia. En la misma norma se establece que el hecho de que el vehículo no lleve instalados los cinturones de seguridad tendrá la consideración de infracción grave.
Un militar de reemplazo, que prestó el servicio militar en la Unidad de Transmisiones XV de Santa Cruz de Tenerife y que fue conductor de vehículos, señalaba que los coches que conducía, algunos de los cuales con más de veinte años de servicio, no cumplían los requisitos mínimos de seguridad, ya que carecían de cinturones de seguridad y tenían los frenos en mal estado. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar considera que los vehículos, aunque cuentan con varios años de servicio, son aptos para la circulación, como se puede comprobar en las fichas técnicas de inspección debidamente actualizadas, y justifica la ausencia de cinturones de seguridad en determinados vehículos indicando que se trata de vehículos tácticos. En consecuencia, se ha solicitado un informe sobre la ausencia de cinturones de seguridad en algunos vehículos militares, así como sobre las medidas que, en su caso, se hayan adoptado o piensen adoptarse para que la circulación de dichos vehículos no suponga una infracción de las normas vigentes sobre circulación de vehículos a motor y seguridad vial (9818986).
Un militar de reemplazo destinado en la Estación Naval de Mahón, al exponer varias cuestiones relativas al estado de los edificios destinados a la marinería y a las condiciones higiénicas de las instalaciones, señalaba que los aseos del cuerpo de guardia estaban atrancados y que había filtraciones de líquidos por las tuberías de los mismos; que las bandejas de la comida se fregaban en el suelo con una manguera; que las ventanas de la cocina estaban rotas y en ella abundaban las cucarachas; que sólo había una ducha que funcionase; que las sobras de la comida se tiraban en un pequeño vertedero situado a unos diez metros de la cocina; y que en el puesto de guardia faltaban productos de limpieza y ropa de abrigo.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar informó que la cocina, el comedor y el local del lavaplatos del cuartel de marinería se encontraban, a primeros de año, en muy mal estado, pero que se habían realizado obras por importe de más de diez millones de pesetas para subsanar las deficiencias observadas, disponiendo actualmente de unas buenas instalaciones que reúnen las condiciones de salubridad

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e higiene previstas en el plan de calidad de vida de la tropa y marinería (9822574).


4.1.5 Reconocimientos médicos

El capítulo III del título I del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, regula la determinación de la aptitud psicofísica durante el proceso de reclutamiento, que se determinará, entre otros medios, por los reconocimientos médicos que se practiquen a los alistados.
Cuando el artículo 35 de dicho reglamento establece que los resultados de las exploraciones médicas deberán fundamentarse exponiendo claramente las técnicas empleadas, los motivos de la decisión adoptada y, en su caso, pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por los alistados, no establece distinción entre los reconocimientos realizados en el marco de los programas establecidos por los centros de reclutamiento y aquellos que se realicen en virtud de la alegación realizada por un alistado ya clasificado al que le sobrevenga una enfermedad o limitación física o psíquica. Lo mismo puede decirse de lo previsto en el punto 5 del mencionado artículo 35, cuando señala que los alistados serán informados del resultado de los reconocimientos médicos y, en su caso, sobre las alegaciones que hubiesen formulado.
No obstante, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar considera que, en el contexto de los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento de Reclutamiento, no debe confundirse a estos efectos el procedimiento que se sigue para la tramitación y resolución de una alegación de exención por enfermedad o limitación sobrevenida, situación regulada en el capítulo IV, sección segunda, parte segunda, de dicho reglamento, con el procedimiento seguido de oficio por el centro de reclutamiento para determinar la aptitud psicofísica de todos los jóvenes que deban incorporarse al servicio militar en breve plazo, hayan manifestado o no padecer enfermedad o limitación que impida la prestación del referido servicio, conforme a lo previsto en el capítulo III del mismo reglamento.
Por ello, dicho centro directivo no facilitó ningún informe a un ciudadano alistado que solicitó la exención del servicio militar por haberle sobrevenido fractura de órbita en un ojo, alegando que tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como el Reglamento de Reclutamiento, sólo obligan a notificar la resolución adoptada pero no el dictamen médico que sirve de asesoramiento.


En relación con lo anterior, esta institución considera que cuando el artículo 46 del citado reglamento, al regular la exención por enfermedad o limitación sobrevenidas, señala que a la vista de la alegación presentada por un alistado, el centro de reclutamiento determinará, si fuera preciso, que se le reconozca médicamente en un centro de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa para, en su caso, clasificarlo nuevamente, el hecho de que haya que realizar otro reconocimiento para determinar nuevamente la aptitud psicofísica no tiene por qué suponer una merma de las garantías y de los derechos de los alistados y, en consecuencia, en el supuesto de enfermedad o limitación sobrevenida será también necesario fundamentar los resultados de las exploraciones médicas o informar de los mismos a los interesados.
Asimismo, hay que considerar que el informe donde se recoge el resultado del reconocimiento médico que se practicó al compareciente, en el servicio de oftalmología del Hospital Militar Central Gómez Ulla, se limitaba a señalar que no padecía enfermedad o limitación incluida en el anexo del Reglamento de Reclutamiento y, como especificación de las pruebas realizadas, únicamente constaba la expresión "252 a 03 V", no haciendo referencia alguna a las alegaciones presentadas por el interesado. Por otra parte, el acta del Tribunal Médico de la Jurisdicción Central de Marina se limitaba a señalar que se había reconocido al interesado y que, según el informe pericial del especialista en oftalmología, no se detectaba patología oftálmica excluyente incluida en el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio.
Por tanto, en el acta no se cumplían las formalidades previstas en el epígrafe 7 del Reglamento de Tribunales Médicos de Regiones y Zonas Militares, de Zonas Marítimas y de Mando Aéreos, aprobado por la Orden 13/1988, de 11 de febrero, que, entre otras cosas, prevé que se haga una descripción precisa de las enfermedades, lesiones o anomalías observadas.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se recomendó a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar la adopción de las medidas oportunas para que, en todo caso, se procediese a informar a los interesados del resultado de los reconocimientos médicos que se les practiquen, con independencia de que hayan sido realizados en el marco de los programas establecidos por los centros de reclutamiento o en virtud de la alegación realizada por un alistado ya clasificado al que le sobrevenga una enfermedad o limitación física o psíquica.
Asimismo, se recomendó a dicho centro directivo la adopción de las medidas oportunas para garantizar que en las actas de los tribunales médicos se realice una descripción precisa de las enfermedades, lesiones o anomalías observadas, de forma que permitan hacerse una idea clara de la aptitud psicofísica de la persona objeto del reconocimiento (9808757).
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar consideró necesario realizar un nuevo reconocimiento a todos los alistados que habían sido reconocidos por un comandante del cuerpo militar de sanidad, adscrito al servicio de psiquiatría del hospital

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militar de Barcelona, al que se le había incoado un procedimiento sancionador por la posible comisión de una falta grave de las contempladas en el apartado 25 del artículo 9 de la Ley Orgánica 12/ 1985, de 27 de noviembre, entonces vigente. Esta institución no cuestionó la conveniencia de practicar estos nuevos reconocimientos, considerando las circunstancias que afectaban al facultativo que los había realizado pero no parecía razonable que para practicarlos fuese necesario, como se hizo, enviar a los alistados a una ciudad a casi trescientos kilómetros de distancia de su lugar de residencia habitual, lo que suponía una medida excesivamente gravosa para los afectados.
Por otra parte, los resultados de dichos reconocimientos fueron remitidos al Centro Provincial de Reclutamiento de Barcelona pero, a pesar de haberlo solicitado expresamente, no se proporcionó a los interesados la preceptiva información a que se refiere el artículo 35.5 del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar justificó su negativa a facilitar el informe médico con los mismos argumentos que provocaron las recomendaciones a las que se ha hecho referencia en este mismo epígrafe, es decir, que no debe confundirse el procedimiento que se sigue por el centro de reclutamiento para determinar la aptitud psicofísica, conforme a lo determinado en el capítulo III del Reglamento de Reclutamiento, de todos los jóvenes que deban incorporarse al servicio militar, hayan manifestado, o no, padecer enfermedad o limitación que impida la prestación del servicio militar, con el procedimiento que se sigue para la tramitación y resolución de una alegación de exención por enfermedad o limitación sobrevenida, situación que está prevista en la parte segunda, sección segunda, del capítulo IV del citado reglamento.
En consecuencia, se recordaron al citado centro directivo las recomendaciones que se habían formulado, plenamente aplicables a este caso, y se solicitó que, conforme a lo previsto en la primera de ellas, se diesen las instrucciones oportunas para trasladar a los interesados los correspondientes dictámenes médicos (9810788).
Un militar de reemplazo que realizaba el servicio militar en Cáceres suscribió un compromiso como voluntario con la Legión, pasando a ser destinado en el Tercio Don Juan de Austria, en Almería. Poco después, como consecuencia de las dificultades físicas y los trastornos psicológicos que se pusieron de manifiesto en dicho destino, en un momento de fuerte angustia y depresión, abandonó el acuartelamiento sin autorización para ello. Como consecuencia de los hechos anteriores, ingresó en la prisión militar de Alcalá de Henares donde permaneció un mes y veinte días, con trastornos psíquicos de ansiedad y depresión.
Posteriormente, el interesado solicitó la rescisión del compromiso que había contraído con la Legión, pero la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa consideró que no procedía acceder a dicha solicitud ni al consecuente cambio de destino y demarcación territorial, argumentando que dicho compromiso había sido firmado voluntariamente, que un tribunal médico militar había determinado que no padecía trastornos físicos ni psíquicos objetivables y que el general jefe de la Brigada Alfonso XII de la Legión se había opuesto a la solicitud de rescisión del compromiso. El informe que sobre esta misma cuestión remitió la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar señalaba que el citado general entendía que no procedía acceder a la solicitud del interesado para evitar crear un precedente con sus consecuentes y sucesivos problemas.
En el informe del tribunal médico al que hace referencia la Dirección General de Personal se señala que, en el momento de realizarse el reconocimiento, el interesado no presentaba trastornos psiquiátricos.
No obstante, en el mismo informe se describen las dificultades de adaptación del interesado a su destino en la Legión, que se pusieron de manifiesto en sus discusiones con compañeros y mandos, en los arrestos que sufría y en su tendencia al aislamiento, y se afirma que durante el tiempo que permaneció en la prisión militar de Alcalá de Henares sufrió sintomatología de tipo mixto ansiosa depresiva, tratada con ansiolíticos y antidepresivos. En las consideraciones médico legales del citado informe se manifiesta que el interesado ha presentado, tanto en la época escolar como laboral, dificultad de adaptación, encuadrada en unos rasgos anómalos de la personalidad y se añade, en relación con los hechos ocurridos en el servicio militar, que pudo presentar un trastorno adaptativo, al igual que en la prisión.
En el informe que sobre dicha cuestión ha remitido la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar se manifiesta que, en atención a los antecedentes referidos, a la próxima desaparición del servicio militar obligatorio y a las manifestaciones del interesado de estar dispuesto a terminar el tiempo que le quede de servicio en otra unidad militar distinta de la Legión, se ha formulado la oportuna propuesta a la subsecretaría del departamento para que, previos los trámites necesarios, se acceda al cambio de unidad solicitado en su día por el interesado, siendo favorable la disposición a conceder el cambio de unidad (9800273).
El reconocimiento médico y las correspondientes pruebas psicotécnicas practicados a un militar de reemplazo al incorporarse al servicio militar no dieron resultados significativos, por lo que siguió las vicisitudes naturales de los demás integrantes de su reemplazo. No obstante, el soldado no se reincorporó a su destino a la finalización del primer permiso de fin de semana, lo que determinó que el jefe de su compañía elevara el correspondiente parte por si su conducta pudiera ser

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constitutiva de un delito contra el deber de presencia y prestación del servicio militar.
Tres meses después dicho soldado fue reconocido en un hospital militar, tras presentarse voluntariamente en el mismo, y como consecuencia de dicho reconocimiento fue declarado exento por padecer enfermedad de las previstas en el artículo 350, apartado A, del apéndice I del Anexo al Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio. Por tanto, esta institución ha solicitado que se le informe sobre el contenido y características de las pruebas médicas y psicotécnicas que se practicaron al interesado y sobre las que se practican en general a los militares de reemplazo al tiempo de su incorporación al servicio militar (9823551).


4.1.6 Exenciones

El artículo 50 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, establece que se dará por cumplido el servicio militar a los españoles que, habiendo permanecido en el extranjero, se acojan a la validez mutua del servicio militar reconocida en convenio internacional o lo hubiesen prestado en otro país por imperativo inexcusable de su legislación. Asimismo, se dará por cumplido el servicio militar a quienes adquieran la nacionalidad española, siempre que lo hubiesen cumplido o estuviesen exentos del mismo en el país de origen.
La Dirección General de Reclutamiento no ha consideradode aplicación dicho artículo a un ciudadano nacido en Madrid el 6 de noviembre de 1970, hijo de padre británico y madre española que, por prevalecer la nacionalidad del padre, había ostentado desde su nacimiento la nacionalidad británica y que, sin embargo, fue requerido en el año 1981 por las autoridades españolas para que solicitase el permiso de residencia, que renovó en 1984 y en 1986. Posteriormente, en el año 1992, le fue concedida la tarjeta de residencia comunitaria, que renovó el 19 de febrero de 1998 con validez hasta el 18 de febrero del 2003.
No obstante, fue llamado a filas y, al solicitar la exención del servicio militar por convenio internacional, se le comunicó que tenía que presentar una certificación literal del acta de inscripción de nacimiento en el registro civil o consulado español, en el que se hiciese constar la fecha de adquisición de la nacionalidad española, documento que le fue denegado por el Registro Civil de Madrid, alegando que no puede hacerse constar la fecha de adquisición de la nacionalidad española ya que, en virtud de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 25 de abril de 1988, ésta le viene atribuida desde el momento de su nacimiento.
A partir de dicha resolución se interpreta de forma distinta el artículo 17.3 del Código Civil, en su redacción dada por la ley de 15 de julio de 1954, de forma que se consideran españoles de origen los nacidos en España de madres que hubiesen nacido también en España y en ella estuviesen domiciliados al tiempo del nacimiento. La resolución citada señala que dicha atribución de la nacionalidad española resulta de la aplicación retroactiva de lo dispuesto por el artículo 17.2 del Código Civil en la redacción dada por la Ley 51/1982, de 13 de julio, cuando establece que son españoles los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos uno de éstos, hubiese nacido también en España.
La Dirección General de Reclutamiento comunicó que el interesado realizó una primera solicitud de exención del servicio militar por convenio internacional, aduciendo condición de doble nacional hispano-británico, que le fue denegada en junio de 1998 al apreciar que no concurrían en su caso los requisitos previstos en el artículo 2 del Protocolo del 24 de noviembre de 1997, que modifica el Convenio de Estrasburgo de 6 de mayo de 1963, sobre reducción de casos de múltiple nacionalidad y sobre obligaciones militares en casos de múltiple nacionalidad, que establece que se considerarán cumplidas las obligaciones militares al nacional de un país que no tenga establecido servicio militar obligatorio, cuando mantenga la residencia habitual en el territorio de ese país hasta los 34 años de edad. Por lo que se refiere a la aplicación a este caso de lo previsto en el artículo 50.2 del Reglamento de Reclutamiento, la citada dirección general señaló que no resulta de aplicación, dado que el interesado realizó la solicitud de exención en su condición de doble nacional hispano- británico.
En relación con lo anterior, esta institución considera que si a los nacidos en España de madres que hubiesen nacido también en España y estuviesen domiciliadas en ella al tiempo del nacimiento, la Administración española los consideró españoles a partir de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de abril de 1988, pero hasta dicho año habían sido considerados extranjeros, su caso podía considerarse asimilable, desde el punto de vista de la convalidación del cumplimiento del servicio militar, al previsto en el artículo 50.2 del Reglamento de Reclutamiento, que establece que se dará por cumplido el servicio militar a quienes adquieran la nacionalidad española, siempre que lo hubiesen cumplido o estuviesen exentos del mismo en el país de origen. No obstante, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar ha manifestado su criterio contrario a la aplicación de lo previsto en el artículo 50.2 del citado reglamento a casos como el descrito (9900403).


4.1.7 Permisos militares de conducción

El artículo 5.1 del Real Decreto 971/1987, de 24 de julio, que regula los permisos de conducción de vehículos militares, establece que para obtener un permiso de conducción se requerirá poseer las condiciones

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psicofísicas y psicológicas que se determinen en la normativa vigente, que serán acreditadas mediante los correspondientes certificados médicos y psicológicos expedidos por los facultativos de las Fuerzas Armadas, adaptándose los reconocimientos a lo especificado en los anexos 1 y 2 del Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre. En esta última norma se menciona como causa de denegación del permiso o licencia de conducción el alcoholismo y las tóxicodependencias. En la misma línea el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Conductores, hace referencia a la dependencia, consumo habitual o abuso de alcohol, drogas o medicamentos como trastornos que afectan a la aptitud para obtener o prorrogar un permiso de conducción, pero no se menciona el consumo ocasional de dichas sustancias como causa que determine la pérdida de aptitud para conducir.
No obstante, la Administración militar se negó a entregar los permisos militares de conducción que había obtenido un militar de reemplazo por considerar que, al haber sido sorprendido fumando hachís en una ocasión en la que celebraba su próximo licenciamiento con unos compañeros, no reunía las condiciones requeridas en el Real Decreto 971/1987, de 24 de julio, que regula los permisos de conducción de vehículos militares y de la Guardia Civil, sin precisar en qué precepto de dicha norma se fundamentaba tal resolución.
En un primer informe, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar manifestó que el procedimiento habitual de obtención del permiso militar de conducción para los militares de reemplazo es el de convalidar el permiso de clase B, tras haberse sometido a un análisis de orina para detectar trastornos relacionados con el abuso de alcohol, consumo de drogas y medicamentos, y superar los cursos correspondientes a cada clase de carnet. En relación con lo anterior, se señalaba que en el caso de que el interesado hubiese dado positivo en los análisis de orina no habría podido obtener el permiso militar de conducción.
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 39.1 del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, esa dirección general consideraba que, al vulnerar el consumo de drogas el requisito exigido para el otorgamiento del permiso militar de conducción, se producía de pleno derecho la pérdida de vigencia del mismo y no procedía, por tanto, su entrega al interesado.
A juicio de esta institución, la decisión adoptada no se ajustaba, en principio, a lo dispuesto en el Real Decreto 971/1987, de 24 de julio, que regula los permisos de conducción de vehículos militares y de la Guardia Civil, y en el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, que aprueba el Reglamento General de Conductores. En este sentido, procede recordar que el Real Decreto 971/1987, de 24 de julio, establece en su artículo 5 que para obtener un permiso de conducción se requerirá, entre otras cosas, poseer las condiciones psicofísicas y psicológicas que se determinen en la normativa vigente, que serán acreditadas mediante los correspondientes certificados médicos y psicológicos expedidos por los facultativos de las Fuerzas Armadas, condiciones que el interesado debió acreditar para obtener los correspondientes permisos.
Por otra parte, el artículo 80 del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, establece que el canje de los permisos militares de conducción quedará supeditado a que el titular del permiso reúna las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 14, es decir que, entre otros requisitos, deberá reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase de permiso o licencia que se solicite, no podrá haber sido privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y no deberá hallarse sometido a suspensión o intervención del que se posea, ya se haya acordado en vía judicial o administrativa. En el artículo 81 de la misma norma se dispone que a la solicitud de canje del permiso de circulación deberá acompañarse un informe de aptitud psicofísica emitido por un centro de reconocimiento de conductores.
El artículo 41 del mismo reglamento, al establecer el procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia de las autorizaciones, dispone que cuando se tenga conocimiento de la presunta desaparición de alguno de los requisitos que se exigían para el otorgamiento de la autorización, previos los informes y asesoramientos oportunos, se iniciará el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de la misma. Asimismo, se señala que en la resolución que acuerde la incoación del procedimiento se notificará al titular de la autorización la presunta desaparición del requisito requerido y los plazos y forma de que dispone para acreditar su existencia, de manera que si el resultado de las pruebas que, según los casos, corresponda realizar, son favorables al interesado se acordará dejar sin efecto el expediente de declaración de pérdida de vigencia procediéndose a la devolución inmediata de la autorización intervenida.
El anexo IV del citado reglamento, que trata de las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso de conducción, en su apartado 11, dedicado a los trastornos relacionados con sustancias, hace referencia a los abusos, dependencias, consumo habitual y trastornos graves inducidos por el alcohol, las drogas o los medicamentos, pero no parece que, según la información suministrada por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en el presente caso se dé ninguna de las circunstancias referidas. Por tanto, se solicitó a la citada dirección general que concretase la condición psicofísica exigida por la normativa reguladora de esta materia, que presuntamente habría desaparecido en el caso del interesado, y que remitiese toda la documentación relativa al expediente sancionador incoado, así como la resolución relativa a la declaración de pérdida de vigencia de los

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permisos de conducción que había obtenido, y los informes y pruebas de aptitud en que se base dicha resolución.


La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar manifestó que la aptitud psicofísica exigida para la obtención del permiso militar de conducción que habría desaparecido en el caso del interesado es "el no consumo de cannabis", aunque se señala que esta pérdida de aptitud no fue contrastada por análisis, sino que quedó acreditada al haber sido sorprendido el interesado consumiendo hachís y haberlo admitido el mismo, por lo que se consideró suficiente prueba. Por lo que se refiere al procedimiento para la declaración de pérdida de vigencia del permiso militar de conducción, se manifestaba que se siguió un procedimiento oral, sustanciándose únicamente en la remisión del citado permiso a la sección de conducción y seguridad vial para su anulación, por lo que no existe documentación sobre el particular salvo el oficio de remisión.
Por otra parte, entre la documentación que se acompañaba al informe que remitió el citado centro directivo se encontraba la resolución por la que se sancionó al interesado por la comisión de una falta leve de las tipificadas en el número 23 del artículo 8 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, y el parte en virtud del cual se inició dicho procedimiento sancionador. En ninguno de dichos documentos se hace referencia al consumo de hachís por el interesado, sino sólo a su tenencia. En cuanto al reconocimiento por parte del interesado de estar consumiendo la citada droga no hay referencia alguna en la resolución sancionadora, que se limita a señalar que sus manifestaciones no desvirtúan los hechos expuestos.
Por tanto, los hechos que se consideraron probados en el expediente sancionador no inducían a apreciar que el interesado había perdido la aptitud psicofísica exigida para la obtención del permiso militar de conducción. Pero, en todo caso, para determinar la desaparición de las condiciones psicofísicas exigidas hubiese sido necesario someter al interesado a las correspondientes pruebas de aptitud, lo que no se hizo, y posteriormente tramitar el correspondiente procedimiento de declaración de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir, conforme a lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
En consecuencia, se sugirió a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar la adopción de las medidas oportunas para que se proceda a revocar la orden de anulación del permiso militar de conducción del interesado, restituyendo a éste en los derechos que le corresponden conforme a lo previsto en el Real Decreto 971/1987, de 24 de julio, y en el Reglamento General de Conductores (9714260).
4.2 Libertad religiosa

El artículo 16 de la Constitución española garantiza en su apartado primero la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Además, el apartado tercero del precepto citado proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal y exhorta a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
En el ámbito militar, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, se inscribe en la línea de cooperación con las confesiones, la católica en este caso, que establece el artículo 16.3, antes citado, e intenta remover los obstáculos que podrían dificultar el ejercicio real y efectivo de la libertad religiosa por las peculiaridades de la vida militar, concretándolo en una asistencia religiosa específica, con la obligación del Estado de sostenerla económicamente y facilitar los medios materiales necesarios para prestarla.
El artículo 177 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, dispone que todo militar tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye su manifestación individual o colectiva, tanto en público como en privado, sin otras limitaciones que las legalmente impuestas por razones de disciplina o seguridad. Por su parte, el artículo 195 de la misma norma dispone que también se facilitará la asistencia religiosa al militar de conformidad con lo que está legalmente establecido.
En uso de la autorización contenida en la disposición final segunda de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, se dictaron el Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre, de Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, el Real Decreto 494/1984, de 22 de febrero, de Reales Ordenanzas del Ejército del Aire y el Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo, de Reales Ordenanzas de la Armada, todos los cuales dedican un título a la asistencia religiosa, cuyo contenido coincide en lo esencial.
La participación de los militares en ceremonias religiosas está prevista tanto en las normas antes examinadas como en el Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares. Además, la Orden Ministerial 100/1994, de 14 de octubre, sobre regulación de los actos religiosos en ceremonias solemnes militares, tiene como finalidad adecuar las tradiciones castrenses de participar en celebraciones de carácter religioso y de incluir actos religiosos en celebraciones militares a las exigencias que

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se derivan del principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa.
No se debe olvidar que el principio de libertad religiosa, en tanto que reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, supone la prohibición al Estado de concurrir, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso. Por ello, el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el artículo 16.3 de la norma suprema veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales y, en relación con la participación de militares en ceremonias religiosas, ha señalado que "el derecho de libertad religiosa, en su vertiente negativa, garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza. Decisión personal, a la que no se pueden oponer las Fuerzas Armadas que, como los demás poderes públicos, si están, en tales casos, vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia religiosa del artículo 16.3 C.E.".
Esta doctrina constitucional no coincide con los argumentos remitidos a esta institución por el Arzobispado Castrense y por la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa cuando se sometió a su consideración la queja de una asociación religiosa no católica que planteaba la posible vulneración del principio de neutralidad religiosa por parte de los poderes públicos en un acto de homenaje a la bandera en el que, según se indicaba, cuando se pronunció una oración en memoria de los caídos por la patria, esta concluyó con la frase "en nombre de nuestro señor Jesucristo, descansen en paz". La Orden Ministerial 100/1994, de 16 de octubre, cuando describe los actos de homenaje a los que dieron su vida por España, indica que se pronunciará una oración en memoria y homenaje a cuantos a lo largo de la historia entregaron su vida por la patria, pero no prevé expresamente la intervención del capellán ni la pertenencia de la oración que se pronuncia a una confesión religiosa determinada.
El Arzobispado Castrense indica que a quienes han ejercido y ejercen responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas se les ha venido planteando, particularmente desde 1978, el reto de salvaguardar el patrimonio histórico espiritual que ha configurado la vida castrense, conjugándolo con el urgente deber de adecuar tal herencia a la supresión de la confesionalidad católica del Estado español y al respeto efectivo del derecho del ciudadano al ejercicio de la libertad religiosa por parte de católicos y no católicos.
A su entender, las reales ordenanzas de los tres ejércitos afirman unánimemente que: "Se conservarán con respeto todas aquellas tradiciones, usos y costumbres que mantengan vivo su espíritu y perpetúen el recuerdo de su historia". Por otra parte el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas, a la vez que enmarca el ejercicio del ministerio de los capellanes dentro del respeto al derecho constitucional de libertad religiosa y de culto, garantiza el que en la realización de dichos cometidos dispondrán de plena libertad para el ejercicio de su ministerio.
Continúa manifestando el Arzobispado Castrense que en todos los actos religiosos celebrados en ceremonias solemnes militares se procura tener en cuenta la posible presencia de personas no católicas. En el acto concreto que se cuestionaba, indica que la oración fue breve y, puesto que el que la hizo era un sacerdote católico, no podía impedírsele que la hiciera como cristiano, teniendo además en cuenta que en algunos casos el capellán católico puede hacer otro tipo de oración ecuménica cuando entre los asistentes se dé una cierta paridad entre miembros de distintas religiones.
Por último, se afirma que resultaría muy difícil de entender el que por respetar a una exigua minoría se impidiese el ejercicio de su libertad religiosa a la inmensa mayoría, y se considera sorprendente que haya que justificar una tradición religiosa castrense que responde a las convicciones de tan gran mayoría de los españoles, frente una minoría religiosa tan exigua en número de miembros presentes en las Fuerzas Armadas, si es que existen fuera de Melilla y Ceuta, y que se rige por unas normas tan peculiares sobre libertad religiosa, allá donde ellos pueden imponerlas.
Tras el análisis de los mencionados informes, el Defensor del Pueblo se ha visto en la necesidad de puntualizar que la libertad religiosa es un derecho fundamental y su ejercicio está garantizado a todos los ciudadanos por la Constitución, sin que dicho ejercicio pueda condicionarse por ninguna de las razones a las que hace referencia el informe del Arzobispado Castrense. En efecto, a juicio de esta institución, ni la supuesta falta de libertad religiosa que pudiera darse en otros países, ni las diferencias cuantitativas que se subrayan en el informe del Arzobispado Castrense pueden justificar ninguna restricción a la libertad religiosa. Por otra parte, esta institución no comparte el criterio del mencionado informe según el cual el respeto a la libertad religiosa de una minoría es incompatible con el ejercicio de dicha libertad por la mayoría.
Todas estas consideraciones se han puesto en conocimiento de la Administración militar, con la recomendación de que se adopten las medidas necesarias para que la interpretación de la Orden Ministerial 100/1999, de 14 de octubre, se realice en el sentido más favorable a la libertad religiosa de los militares y al principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa (9822390).


4.3 Instituto Social de las Fuerzas Armadas

La Instrucción 28/1997, de 21 de febrero, que regula la asistencia a la tercera edad en el régimen especialde la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, establece

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que la ayuda económica por asistencia a domicilio solamente alcanzará a los residentes en los términos municipales en los que se adjudique dicha prestación, mediante el correspondiente concurso, a alguna de las empresas y entidades especializadas en régimen de concierto con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y con la extensión y contenido que en los pliegos de los oportunos concursos públicos se determinen.
El Justicia de Aragón trasladó a esta institución la queja presentada por un ciudadano que manifestaba su disconformidad con la resolución denegatoria de su solicitud de ayuda por asistencia a domicilio basada en que, de acuerdo con el contrato suscrito, la empresa adjudicataria para la prestación de dichos servicios no estaba obligada a prestarlos en el municipio donde residía el interesado.
El citado instituto puso de manifiesto que, en el marco de la acción protectora que en materia social dispensa a sus asegurados y, concretamente, dentro de la asistencia a la tercera edad, vienen prestándose, desde 1989, ayudas económicas por asistencia a domicilio entre otras alternativas que permiten atender las necesidades del colectivo derivadas de la discapacidad de las personas de edad avanzada y de su situación sociofamiliar. La necesidad de concertar esta asistencia se deriva de la falta de medios propios de este centro gestor para prestarla, por lo que es necesario recurrir a empresas con infraestructuras adecuadas a tal fin, no existiendo un derecho subjetivo de los asegurados a recibirla y estando siempre condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas manifestaba asimismo que los recursos disponibles han permitido en los últimos años llegar a cubrir cualquier municipio en el que residieran al menos cien afiliados con más de sesenta y cinco años de edad, por entenderse que, con esta población protegida, el número de beneficiarios permite prestar el servicio a un coste razonable, mientras que, si se extiende la prestación a cualquier localidad, el coste aumentaría hasta hacerlo desproporcionado.


De lo anterior se desprendía que, efectivamente, el problema planteado por el compareciente era real, no cubriéndose en determinados términos municipales situaciones de necesidad debido a la carencia de disponibilidades presupuestarias, por lo que esta institución consideró conveniente recomendar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la adopción de criterios que permitan fijar un ámbito de cobertura más amplio y una distribución más proporcional del presupuesto asignado a la prestación del servicio de asistencia socio-sanitaria a domicilio entre los grandes y pequeños municipios evitando, en la medida de lo posible, situaciones de desigualdad con respecto a aquellos afiliados que residen en términos municipales menores, valorando la posibilidad de llevar a cabo convenios o conciertos con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos correspondientes para que los servicios sociales de los mismos colaboren en la prestación de la asistencia socio-sanitaria a las personas de la tercera edad que residan en municipios donde el número de afiliados a ese instituto sea más reducido que en los municipios a los que alcanza la citada prestación.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas comunicó que, si se tiene en cuenta que la extensión del ámbito geográfico en el que está instaurada hoy la prestación de asistencia socio-sanitaria supone que queda incluido alrededor del 80 por ciento de los beneficiarios que por edad pueden acceder a ella, una distribución proporcional del presupuesto significaría que debería de reservarse al resto de los beneficiarios también susceptibles de protección una cantidad equivalente al 20 por ciento del total; pero como el coste de la prestación en este segundo nivel geográfico sería considerablemente mayor, parece que con este criterio no sólo se disminuiría el nivel de protección del colectivo hoy cubierto, sino que tampoco alcanzaría a cubrir al actualmente excluido.
Asimismo el informe indicaba que si por distribución más proporcional pudiera entenderse también que la prestación se conceda, sin atención a su coste, a cualquier beneficiario que lo solicite en cualquier lugar geográfico, es evidente que, con el mismo presupuesto, las ayudas económicas que hoy cubren como media el 50 por ciento del importe del servicio, habrían de descender al menos hasta el 25 por ciento de dicho importe con lo que quizás el desembolso que para los beneficiarios supondría esta asistencia la haría, en la mayoría de los casos, prohibitiva.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas indicaba que resultaría posible plantear otras actuaciones para la extensión de esta prestación, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Una medida sería la reducción del número exigible de beneficiarios mayores de sesenta y cinco años residentes en un municipio para que éste quede incluido en el ámbito de la prestación; en el resto de los municipios, la prestación que se solicite sería de aceptación voluntaria por parte de la empresa concesionaria, teniendo en cuenta que habrían de respetarse los precios fijados con carácter general en la provincia de que se trate. Asimismo indicaba que la prestación de la asistencia socio-sanitaria por parte de ese instituto no es excluyente de la que pueden prestar los ayuntamientos y las comunidades autónomas a través de sus servicios sociales a las personas que se encuentren dentro de su ámbito de actuación, por lo que no se ha considerado la posibilidad de establecer convenios con esas instituciones, pues el derecho a la utilización de sus servicios sociales lo tienen los afiliados al Instituto Social de las Fuerzas Armadas en idénticas circunstancias que los afiliados a los demás regímenes de la Seguridad Social.
Concluía el informe manifestando que, con las alternativas antes expuestas, que podrían instrumentarse en

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el próximo concurso que se realice para la prestación del servicio, se estima que quedaría atendida la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, puesto que la exclusión de la prestación no vendría ya determinada por una decisión administrativa previa, sino por la imposibilidad constatable de atenderla en las mismas condiciones que a los restantes beneficiarios (9819894).
El Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 2330/1978, de 29 de septiembre, dispone que cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utiliza servicios sanitarios distintos de los que le han sido asignados, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas no abonará los gastos que puedan ocasionarse excepto en los casos de denegación injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital. En los mismos términos se expresan la Instrucción 140/1994, de 23 de diciembre, reguladora de la colaboración concertada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la sanidad militar para la prestación de servicios sanitarios a asegurados de ese instituto, y la Resolución de 18 de diciembre de 1996, por la que se publican los conciertos suscritos por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades de seguro para la prestación de asistencia sanitaria durante los años 1997, 1998 y 1999.
Varios beneficiarios manifestaban su disconformidad con la denegación del reintegro de los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria prestada en centros no concertados, en unos casos de la red sanitaria de la Seguridad Social y, en otros, privados, cuando, según los comparecientes, no acudieron a dichos centros hospitalarios por decisión propia sino porque así lo indicó el facultativo que les atendió.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas argumentaba que no parece suficiente el hecho de que el facultativo del centro de salud prescriba el ingreso en un hospital de la red sanitaria de la Seguridad Social para que, sin más, quede justificado dicho ingreso en los términos derivados de la normativa reguladora del régimen social de las Fuerzas Armadas, debiendo ser el paciente quien, conociendo su régimen asistencial, se dirija a los que tiene asignados. En iguales términos indicaba que el hecho de que el servicio de urgencias de la Seguridad Social recomiende el traslado del paciente a un centro privado no concertado es intranscendente, debiendo ser el interesado quien, conociendo su adscripción asistencial y los servicios de que la entidad por él elegida dispone, adopte las medidas precisas para que la atención se preste en donde le corresponda.
Sin embargo, de los supuestos descritos por los comparecientes se desprendía que no acudieron a centros distintos de los asignados voluntariamente, sino que fueron derivados a los mismos por expresa indicación del facultativo del servicio médico al que acudieron, al valorar éste el carácter urgente de la afección del paciente, el cual, a juicio de esta institución, no puede ser quien adopte la decisión de ser atendido en un sitio distinto de aquél que indica el facultativo, por no tener los especiales conocimientos médicos que para ello se precisan.
Según el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la normativa reguladora de la asistencia sanitaria en el régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas prevé la posibilidad de que un facultativo prescriba una asistencia, con o sin orden de traslado, en un centro no concertado porque, a su juicio, sea lo que proceda.
En el supuesto de que no haya orden de traslado, tal prescripción debe ser sometida a la autorización de la entidad que tenga a su cargo la asistencia para que por ésta se aprecie si procede o no esta excepcionalidad o si, por el contrario, dicha entidad dispone de los medios asistenciales adecuados para el beneficiario, no eximiendo la urgencia de la atención prescrita, si no es urgencia vital, de estos requisitos. Asimismo se indicaba que, en caso contrario, se estaría duplicando para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas el coste de la asistencia, ya que además de pagar el precio por persona y mes, se estarían abonando estos desvíos asistenciales, no siendo suficiente la prescripción urgente valorada por un facultativo para que ese instituto haya de abonar la asistencia sanitaria en un centro no concertado.


Continuaba exponiendo el informe que para que un paciente se dirija por sí mismo a un centro asistencial en lugar de a otro, no hacen falta conocimientos médicos especiales, siendo suficiente con la normal diligencia que supone estar al tanto de los medios que deben ser utilizados en circunstancias de urgencia, y para que esta atención urgente sea objeto de reintegro ha de concurrir la circunstancia de urgencia vital, sin que tal exigencia deje de ser imprescindible por el mero hecho de que un facultativo indique o sugiera la asistencia en dicho centro.
Sin embargo, a juicio de esta institución, los supuestos investigados no se ajustaban al descrito, ya que la valoración de una situación de urgencia por parte del facultativo y la consecuente indicación que éste hace de que el paciente sea atendido en otro centro, precisamente por apreciar esa circunstancia de urgencia, no permiten, por imposibilidad temporal, llevar a cabo la tramitación expresada en el apartado 4.2 c) de la Resolución de 18 de diciembre de 1996, reguladora de los conciertos suscritos por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades de seguro para la prestación de asistencia sanitaria. Por otra parte, en cuanto a la consideración de la duplicación de gastos para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, esta institución considera que no se produce tal duplicidad ni tal desvío asistencial, ya que son los afiliados los que están cotizando y pagando por recibir esa asistencia, que si se produce en un centro no concertado, por indicación del facultativo que considera el caso de carácter urgente,

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debería ser igualmente cubierta por ese instituto, sin que suponga un coste y un agravio económico para el beneficiario el recibir tal asistencia en las condiciones expuestas.
Por todo cuanto antecede, el Defensor del Pueblo consideró conveniente recomendar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la adopción de criterios que permitan reintegrar los gastos ocasionados por la asistencia prestada en centros no concertados a los beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cuando dicha asistencia tenga su origen en la valoración realizada por un facultativo que considera, analizada la naturaleza de los síntomas que presenta el paciente, el carácter urgente de la patología.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas manifestó que es consciente de la importancia que para un enfermo tiene la decisión adoptada por el médico de urgencias que le atiende y, en consecuencia, en el supuesto de que el médico de urgencias remita al beneficiario a un centro que resulta no ser concertado, siempre se valora esa decisión como un factor a tener en cuenta a la hora de determinar el derecho a un reintegro de los gastos causados, manifestando que ese factor se conjuga con otros aspectos a tener en cuenta, como es la gravedad del paciente, a fin de decidir si esa asistencia estuvo debidamente justificada. En caso contrario, el médico de urgencias asumiría el control de la gestión sanitaria de los enfermos, pudiendo remitirles al centro que considere, de manera subjetiva, más adecuado.
Continuaba el informe indicando que, no obstante lo anterior, se va a proceder a hacer un minucioso seguimiento de todos los supuestos similares a los expuestos, procurando tratar de encauzar, en el mayor número de casos, estos hechos como urgencia vital o denegación de asistencia, únicos presupuestos que contempla la normativa vigente para proceder al reintegro de los gastos causados en centros no concertados, presupuesto que, en lo que se refiere a la urgencia vital, es coincidente con lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
Al comparecer, durante la tramitación de la investigación iniciada, otros beneficiarios exponiendo hechos similares y ante la posibilidad de que comparezcan más ciudadanos, el Defensor del Pueblo ha solicitado un nuevo informe en el que se indiquen cuáles son los criterios y factores que va a tener en cuenta el Instituto Social de las Fuerzas Armadas para encauzar como urgencia vital o denegación de asistencia los casos en que se asista en un centro no concertado a un beneficiario de ese instituto, de acuerdo con la valoración del facultativo de urgencias que lo atiende, de manera que se reintegren a los afiliados los gastos derivados de la actuación sanitaria que tal asistencia pueda conllevar (9813866).
4.4 Enseñanza militar

El Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, dispone que los requisitos académicos que pueden exigirse para el ingreso en los centros docentes militares de formación para los Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería de Marina en el supuesto de las escalas superiores y medias, serán los mismos niveles de estudios que los requeridos en el sistema educativo general para acceder a los centros en los que se obtienen las titulaciones equivalentes a cada uno de los grados superior y medio de la enseñanza militar de formación. Por otra parte, la Orden de 31 de julio de 1992, regula el acceso directo a enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de primer ciclo universitario o equivalentes desde la formación profesional.
Un ciudadano manifestaba que en las resoluciones por las que se convocan pruebas para el ingreso en las escuelas docentes militares de formación de grado medio, de los Cuerpos Generales de la Armada, del Ejercito del Aíre y del Cuerpo de Infantería de Marina, se exigía a los aspirantes que presentaran el documento que acreditase que habían superado el curso de orientación universitaria o el de bachiller, según establece la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
El compareciente exponía su disconformidad con el hecho de que, pese a hallarse en posesión del título de formación profesional de segundo grado con el cual había accedido a cursar los estudios correspondientes para la obtención del título de ingeniero técnico aeronáutico, título oficial de primer grado universitario antes denominado carrera universitaria de grado medio, con tal titulación no pudiera acceder al ingreso en las escuelas docentes militares de formación de grado medio ya que solamente se podía acceder a las mismas con los requisitos antes expuestos, curso de orientación universitaria o bachiller, no contemplándose otros títulos equivalentes.
La Subsecretaría de Defensa ha indicado que en la actualidad no es automático el acceso a todas las enseñanzas de primer ciclo universitario o equivalentes desde la formación profesional de segundo grado, sino únicamente a algunas escuelas universitarias, expresamente las recogidas en las órdenes de 31 de julio de 1992 y de 2 de noviembre de 1992, a las que hay que añadir las fijadas en la Orden de 20 de mayo de 1993, y entre las que no se encuentra el acceso a las escuelas docentes militares de grado medio antes aludidas, por lo que la Administración militar estimaba que las resoluciones por las que se aprobaban las convocatorias para el ingreso en las citadas escuelas de los Cuerpos Generales de la Armada, del Ejército del Aire y del Cuerpo de Infantería de Marina se adecuaban a la legislación vigente, es decir, tanto a la Ley Orgánica 1/1990,

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de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, como al Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre.
A la vista de lo anterior, se consideró oportuno solicitar la remisión de un informe ampliatorio en el que se señalaran las soluciones que ofrecía ese departamento a las personas que, como el interesado, no pueden acreditar la superación del curso de orientación universitaria o el de bachiller, según establece la precitada ley orgánica, pero que se encuentran cursando una carrera de grado medio a la que han accedido desde sus estudios de formación profesional de segundo grado.
La Administración militar entiende que, de conformidad con el artículo 50.2 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, el sistema de enseñanza militar se configura como un sistema unitario que garantiza la continuidad del proceso educativo integrado en el sistema educativo general y servido, en su parte fundamental, por la estructura docente del Ministerio de Defensa. Consecuencia de que el sistema de enseñanza militar esté integrado en el sistema educativo general es la exigencia de los mismos requisitos para acceder a estudios equivalentes. Por ello, para ingresar en los Cuerpos Generales de los Ejércitos y en el Cuerpo de Infantería de Marina se exige el bachiller o curso de orientación universitaria y para el caso de las escalas superiores la prueba de acceso a la universidad o selectividad, en exacta correspondencia con el sistema educativo general para cursar estudios universitarios. La realización de ciclos formativos de grado superior, titulación de técnico superior y sus equivalentes del sistema anterior, técnico especialista procedente de la superación de la formación profesional de segundo grado, permite el acceso directo a los estudios universitarios que se determinen, teniendo en cuenta su relación con los correspondientes estudios de formación profesional.
Continuaba exponiendo el informe que al establecer el Real Decreto 1951/1995, con carácter general, que los requisitos de estudios para ingresar en las escalas medias de los cuerpos de especialistas, que tras la entrada en vigor de la nueva ley se denominan escalas de oficiales, serán los mismos niveles que los requeridos en el sistema educativo general, la posibilidad de ingresar con la titulación de técnico superior está contemplada en el propio reglamento para determinadas especialidades del Cuerpo de Especialistas y no en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina para los que se exige, como para acceder a la universidad, una formación general proporcionada por el bachillerato o curso de orientación universitaria de conformidad con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo.
Por último el informe indicaba que desde la entrada en vigor de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, todas las plazas convocadas para ingreso en las escalas medias del Cuerpo de Especialistas, en las especialidades que no requieren titulación previa, han sido para promoción interna, respondiendo a las necesidades de la organización militar derivadas de los ajustes de plantillas de personal. Sin duda, esta medida ha impedido la determinación de las titulaciones de técnico superior que se exigen para el ingreso en las correspondientes especialidades de forma análoga a como se especifican en las convocatorias de ingreso para la incorporación a las escalas superiores y técnicas de los cuerpos de ingenieros de los ejércitos.
Concluía el informe afirmando que el sistema de enseñanza militar sigue las mismas pautas que el sistema educativo general en cuanto a los requisitos para acceder a ella, limitando el acceso de los procedentes de la formación profesional de grado superior a determinadas especialidades de las escalas de oficiales de los cuerpos de especialistas de los ejércitos, teniendo en cuenta la relación entre el plan de estudios a cursar y los estudios realizados.
La Administración militar considera que no es necesario, por tanto, modificar el Reglamento de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil para permitir un tipo de acceso que ya está incluido, aunque no se ha materializado porque las necesidades de la organización se han visto cubiertas por la promoción interna como así consta en los sucesivos reales decretos que aprueban las plazas para ingreso en los centros docentes militares de formación de las Fuerzas Armadas (9702305).


4.5 Asociación Mutua Benéfica de la Armada

La Asociación Mutua Benéfica de la Armada es una persona de derecho público, nacida de un acto de creación estatal y sometida a un régimen jurídico-administrativo singular, diferente del que rige para las mutualidades de previsión de tipo asociativo. Así, el Reglamento de las Entidades de Previsión Social determina en su artículo 29.2 que los órganos rectores de estas entidades son la asamblea general y la junta directiva, mientras que el Decreto 4307/1964, de 24 de diciembre, que aprueba el reglamento de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, determina en su artículo 32 que la asociación está regulada por un consejo de gobierno y que dispondrá como órganos propios para el cumplimiento de sus fines de una comisión ejecutiva y de juntas delegadas.
Cuando el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada dictó, al amparo de la disposición final segunda del Real Decreto 2/1999, de 8 de enero, de adaptación de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, la Instrucción de Organización número 1/1999, de 12 de enero, en la que se recogen las normas para la convocatoria y celebración

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de la asamblea general de mutualistas de la asociación, una organización sindical se dirigió a esta institución señalando que dichas normas no se ajustaban a lo dispuesto en los artículos 29 a 35 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto, ni a lo previsto en los artículos 29 y siguientes del Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, especialmente en lo referente al voto por correo para la elección de los delegados que asistan a la asamblea general, cuya elección corresponde a las reuniones parciales a celebrar en las cuatro zonas marítimas, jurisdicción central y Base Naval de Rota y, también a la distribución de los mutualistas en secciones para proceder a la citada elección de delegados.
Las normas contenidas en el Reglamento de Entidades de Previsión Social sobre la forma de celebrarse la asamblea general de mutualistas tienen difícil acomodo a la asamblea prevista en el artículo 3 del Real Decreto 2/1999, de 8 de enero, de adaptación de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. Así, los estatutos de las entidades de previsión social, según el artículo 30 del citado reglamento, deben contener el mínimo de normas que garanticen una participación efectiva y democrática de los mutualistas en el gobierno de la entidad, consistente, primero, en que todo socio tendrá derecho a participar en la asamblea general con un voto; segundo, que el socio podrá delegar su voto en otro socio; tercero, que cuando la mutualidad supere el ámbito social cada asamblea o junta general irá precedida de una reunión de socios de cada provincia para la elección de delegados que representarán a los socios en la asamblea; y cuarto, que los delegados provinciales tendrán en la asamblea un número de votos igual al de socios que hayan participado en la reunión provincial.
Por el contrario, la asamblea creada por el Real Decreto 2/1999, de 8 de enero, es una asamblea ad hoc cuya constitución se encomienda por la disposición final segunda de dicha norma al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, en su calidad de Presidente del Consejo de Gobierno de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, con el único fin de proceder al estudio, debate y votación del futuro de la entidad, que se concretará en su transformación en una entidad privada de previsión social o en su disolución y liquidación.


En el informe que sobre dicha cuestión remitió la Administración militar se señalaba, además, que la asamblea general de mutualistas no fue una asamblea constitutiva de una mutualidad de previsión social adaptada a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sino una fase o trámite previo al acto de dicha constitución a fin de determinar si los socios deseaban la continuación de la asociación y su transformación en la correspondiente entidad de previsión social, o si, por el contrario, decidían la extinción y liquidación de la misma, como así sucedió en la asamblea que se constituyó a tal fin. Sólo en el caso de haberse acordado la continuación y transformación se hubiese convocado la verdadera asamblea general constituyente, momento en el que serían de aplicación los principios contenidos en el artículo 15 del Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades de Previsión Social.
Por otra parte, se señalaba que el elevado número de mutualistas hacía inviable una asamblea general con asistencia de todos ellos, por lo que se consideró oportuno y razonable el sistema de representación a través de delegados previsto en la mencionada instrucción, en la que se reflejaron los principios de proporcionalidad y representación, con distinción entre mutualistas activos y pasivos, dado que su situación de derechos y deberes resultaba jurídicamente diferente. Dicha instrucción establecía las normas que garantizaban la participación de todos los mutualistas en la asamblea que tenía que decidir el futuro de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, reconociendo a todo mutualista el derecho de presentarse candidato para la elección de delegado, posibilitando a través del voto por correo el ejercicio de sus derechos a aquellos mutualistas que por razón de edad, lejanía de sus domicilios o destinos del lugar de votación, o por razones del servicio, no pudiesen ejercitar el derecho a voto el día señalado al efecto.
Por último, debe considerarse que la Asociación Mutua Benéfica de la Armada hasta su disolución, acordada por la asamblea general de mutualistas, se regía con carácter prioritario por su específica normativa que no fue derogada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, cuya disposición transitoria quinta establecía un plazo de cinco años desde su entrada en vigor para que las mutualidades de previsión social se adaptasen a su normativa (9901428).


4.6 Viviendas militares

Tras la implantación del nuevo modelo de ejército profesional que realiza la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, uno de los aspectos de la condición militar que requería una definición complementaria es la obligatoria movilidad geográfica derivada de la disponibilidad por razones profesionales que, a lo largo de la trayectoria profesional del militar, es una exigencia que contribuye a la operatividad de los ejércitos. Por ello, y tal como señala su exposición de motivos, se dictó la Ley 26/ 1999, de 9 de julio, de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo objeto sigue siendo el apoyar las necesidades de vivienda por cambio de destino y localidad del militar en servicio activo, bien a través de una compensación económica, bienfacilitando vivienda militar, aunque este último apoyo

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únicamente se reconocerá en casos especiales, por motivos de operatividad, funcionalidad o seguridad, y también proporcionando ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.
El acceso a las viviendas militares, con el carácter residual ya mencionado, queda reservado para los militares de carrera y para los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter permanente cuando se encuentren en situación de servicio activo o en la de reserva con destino, pero no beneficia al resto de los militares profesionales de tropa y marinería ni a los militares de complemento por la temporalidad de la relación de sus servicios. Sin embargo, éstos si podrán beneficiarse de la compensación económica prevista en la norma, con los requisitos que se determinen.
Según se establece en la norma citada, para hacer posible el funcionamiento del nuevo sistema, la Administración militar tiene previsto enajenar la mayor parte de las viviendas que ahora integran su patrimonio. La venta de estas viviendas permitirá hacer frente a los gastos que se derivan del modelo de ejército profesional diseñado tras la aprobación por los plenos del Congreso y del Senado del dictamen de la Comisión Mixta, no permanente, sobre la fórmula y plazos para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas.
En la ley que se comenta se detalla qué viviendas pueden ser objeto de enajenación, y las que, por su especial ubicación, únicamente se cederán en régimen de arrendamiento especial a los militares que las necesiten por su destino y se especifica asimismo el régimen del derecho de uso de las viviendas, estableciendo los requisitos oportunos, y encomendando la gestión, conservación y administración del parque de viviendas militares al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, configurado por la norma como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa.
El número de quejas recibido tras la entrada en vigor de la Ley 26/ 1999, de 9 de julio, y tras la publicación de la Orden 242/1999, de 21 de octubre, por la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas, no es significativo.
No obstante, el Defensor del Pueblo supervisará la actuación de la Administración militar en esta materia, tal como dispone su ley orgánica reguladora.


5. OBJECIÓN DE CONCIENCIA

5.1 Consideraciones generales

El Boletín Oficial del Estado de 19 de mayo de 1999 publicó el Real Decreto 700/1999, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, que deroga expresamente el Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, y que desarrolla la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria.
El nuevo reglamento pretende facilitar el nivel de gestión exigido por el importante número de jóvenes que optan por el derecho constitucional de objeción de conciencia, garantizar su ejercicio y mejorar las condiciones de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Con estas finalidades se trata de evitar situaciones discriminatorias en relación con el cumplimiento del servicio militar, equiparándose las condiciones exigidas en las prórrogas de primera clase, por sostenimiento familiar, a las establecidas en el Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, tratando con ello de que el cumplimiento de la prestación social sutitutoria no conlleve un menoscabo de los intereses personales de los objetores, especialmente los de carácter familiar y laboral. Asimismo, se desarrolla la posibilidad de suscribir convenios con las comunidades autónomas para que éstas colaboren en la gestión e inspección de la prestación social, facilitando así los procedimientos de adscripción e incorporación de los objetores de conciencia y conjugando una mayor eficacia administrativa con las correspondientes garantías del interés general.
Lamentablemente, la modificación de la normativa reglamentaria no ha servido, por el momento, para solucionar los numerosos problemas que afectan a los objetores de conciencia en relación con las condiciones de cumplimiento de la prestación, la falta de coordinación entre los órganos administrativos competentes, las convalidaciones de los servicios prestados como voluntario, así como otras irregularidades y disfunciones que, a juicio de esta institución, exigen la adopción de medidas que aseguren que la gestión de la prestación social sustitutoria no suponga una constante fuente de reclamaciones.


5.2 Notificaciones irregulares

La notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la comunidad autónoma o de la provincia, prevista en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y anteriormente en el artículo 80.3 de la hoy derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, es un remedio excepcional que ha de quedar sujeto a condiciones rigurosas, ya que la recepción por el destinatario es una ficción jurídica, lo que hace necesario haber intentado antes la notificación por alguno de los medios que garantizan que la resolución ha llegado realmente a conocimiento de su destinatario.
En el caso de un objetor de conciencia, al que se denunció por la supuesta comisión de un delito de no

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incorporación a la prestación social sustitutoria, la notificación de la orden de incorporación se hizo mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado ya que, según afirmaba la Secretaría de Estado de Justicia, se había intentado infructuosamente en dos ocasiones la notificación en su domicilio. No obstante, en los acuses de recibo registrados por el servicio de correos, que supuestamente acreditaban que se había intentado sin éxito la notificación de la orden de incorporación, no constaba ni la fecha en que se intentó la notificación, ni el sello de la oficina de correos, ni la firma del empleado de dicha oficina.
A juicio de esta institución, la garantía de los derechos de los ciudadanos exige, para que el recurso excepcional a la notificación por medio de anuncios sea válido, que exista constancia formal de haberse intentado la práctica de las modalidades ordinarias de notificación y, por tanto, debería modificarse el criterio seguido por la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia en materia de notificaciones.
En consecuencia, se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia que impartiera las instrucciones oportunas para que dicha oficina no considere que se ha intentado la notificación de una resolución por el servicio de correos, a los efectos de su posterior práctica por medio de anuncios, cuando los acuses de recibo que consten en el expediente no reúnan los requisitos necesarios para su validez (9819483).
El Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, derogado por el Real Decreto 700/1999, de 30 de abril, establece en el artículo 61 las funciones de los responsables de los programas de actividad a los que son adscritos objetores de conciencia, entre las que se encuentra la de servir de cauce habitual a las comunicaciones entre los objetores y la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia.
Un objetor de conciencia manifestaba que la entidad a la que debía incorporarse para realizar la prestación social sustitutoria iba a cerrar porque su responsable no podía atenderla, por lo que se dirigió a la Dirección General de Objeción de Conciencia comunicando los hechos y solicitando que se subsanara tal situación. La citada dirección general le comunicó que debía formalizar la incorporación a dicha entidad y posteriormente solicitar un cambio de adscripción y, tras haberlo realizado, no recibió notificación alguna relativa al cambio de adscripción solicitado, y sí un escrito en el que se le comunicaba que, por no haberse incorporado al nuevo destino en la fecha asignada, podía incurrir en responsabilidades penales. El objetor alegaba que ni él ni la persona responsable de la entidad a la que había sido destinado recibieron notificación alguna al respecto siendo solamente comunicada la nueva adscripción al centro al que debía haberse incorporado.
La Secretaría de Estado de Justicia comunicaba que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, apartado b), del reglamento entonces vigente, la Subdirección General de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia emitió una resolución por la que se procedía al cambio de adscripción del objetor, concediéndole un nuevo destino, y notificó tal resolución a la persona responsable de la entidad a la que fue inicialmente adscrito y a la persona responsable de la nueva entidad a la que debía haberse incorporado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, apartado f), que, como antes se ha indicado, prevé esta posibilidad. De lo anterior se desprendía que, en el supuesto planteado, los responsables de la prestación social sustitutoria no sirvieron de cauce a las comunicaciones entre el objetor y la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, puesto que no dieron traslado al interesado de la concesión del cambio de adscripción ni de la fecha en la que debía incorporarse al nuevo destino.
Solicitado el oportuno informe sobre las medidas adoptadas en relación con este supuesto, la Administración indicaba que no existía la posibilidad material de suprimir el programa al que inicialmente fue destinado el objetor ya que el cierre del mismo se produjo a petición de su responsable, no resultando coherente adoptar como medida el cierre de otros programas de la misma entidad cuyo nivel de calidad y cumplimiento de la prestación resultaba satisfactorio.
Asimismo se indicaba que era un hecho probado que la resolución de concesión del cambio de adscripción del objetor se envió a la dirección correcta, identificada como sede del programa, sin que nada hiciera pensar que no llegara al destino que la persona responsable había establecido como sede, sin proponer otra dirección distinta.
Por último, el informe señalaba que, de acuerdo con el artículo 51, apartado 3, del entonces vigente Reglamento de Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, los objetores de conciencia quedan sujetos al régimen interior y al sistema de organización del centro de destino, de lo cual se deriva la obligación de los objetores de mantenerse en contacto con los responsables de la prestación social.
Sin embargo, a juicio de esta institución, no fue el objetor sino la persona responsable del programa al que inicialmente fue destinado quien dejó de cumplir con las obligaciones y funciones que tenía asignadas ya que, a pesar de recibir la notificación de la resolución por la que se le concedía al objetor el cambio de adscripción, no dio traslado de la misma al interesado, resultando éste claramente perjudicado al verse obligado a solicitar un acuerdo de reincorporación al nuevo destino que le fue asignado para que no se derivaran responsabilidades penales, comenzando más tarde la realización de la prestación social sustitutoria y sin que se le computara como tiempo de actividad el periodo transcurrido por los hechos descritos.


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En consecuencia, habida cuenta de que el objetor se dirigió en numerosas ocasiones a la Administración exponiendo las razones por las que no se incorporó al nuevo destino asignado, esta institución se ha visto en la obligación de recordar a la Secretaría de Estado de Justicia que, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la actuación de la Administración debe servir a los intereses de los ciudadanos, no debiendo repercutir las irregularidades de la actuación administrativa sobre los administrados, lesionando sus legítimos derechos (9901320).


5.3 Condiciones de la prestación

Las condiciones en que estaban cumpliendo la prestación social sustitutoria unos objetores destinados en un albergue juvenil fueron denunciadas por los interesados ante la Dirección General de Objeción de Conciencia. Según sus palabras, eran sometidos a malos tratos psicológicos y amenazas por el responsable de la entidad, que además les obligaba a realizar jornadas de doce horas continuadas sin descanso, en un edificio que no reunía condiciones higiénicas y de seguridad adecuadas y asumiendo responsabilidades que no les correspondían frente a los jóvenes albergados.
La Secretaría de Estado de Justicia estimó oportuno efectuar una visita de inspección a dicha entidad en la que se pudiesen contrastar los hechos denunciados por los objetores. Tras la visita y ante las alegaciones formuladas por la persona responsable, la Administración indicaba que no podía acreditarse la existencia de motivos para resolver el concierto con esa entidad, medida que, de acuerdo con el Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, aprobado por Real Decreto 700/1999, de 30 de abril, puede llevarse a cabo cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 84. Sin embargo, se indicaba que se iba a realizar un seguimiento especial del programa, recordando al responsable del mismo que debía adoptar una actitud cordial hacia los objetores que favoreciese el mejor desarrollo de la prestación social. La Secretaría de Estado de Justicia ha comunicado en relación con dicho seguimiento que, como resultado de las entrevistas personales e inspecciones efectuadas en la entidad con una periodicidad casi mensual, la situación en la misma se ha normalizado y cumple correctamente las estipulaciones del concierto celebrado con el Ministerio de Justicia, sin que se haya detectado en dichas inspecciones ninguna anomalía. (9905806).


5.4 Exenciones

El artículo 19 del Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, aprobado por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, establecía, entre otras causas de exención, que aquellos objetores residentes en el extranjero que tengan un puesto de trabajo y no se les garantice por convenio su reserva, en el caso de trasladarse a España, podrán obtener la exención, siempre que hayan agotado las posibles ampliaciones de prórroga de cuarta clase.
En el caso de un ciudadano español residente en Alemania, la Dirección General de Objeción de Conciencia denegó su solicitud de exención por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos señalados en el citado artículo 19, al faltar la documentación acreditativa de la situación laboral del interesado que no fue remitida por la Embajada de España en Bonn, a pesar de ser requirida en dos ocasiones para ello. Esta institución considera que la Dirección General de Objeción de Conciencia, al no recibir el informe que había solicitado a la Embajada de España en Bonn, debería haber procedido a reiterar dicha solicitud y debería haberle comunicado al interesado la necesidad de nueva documentación para poder resolver su solicitud de exención, sin necesidad de esperar al transcurso de más de seis meses desde la presentación de su solicitud. No obstante, al haber finalizado el interesado la prestación social sustitutoria, concluyó la investigación poniendo antes en conocimiento de dicho centro directivo el criterio de esta institución al que anteriormente se ha hecho referencia (9713895).


5.5 Reconocimiento de los servicios prestados como voluntario

El artículo 3.4 del Reglamento sobre Convalidación de Servicios Voluntarios a efectos de la Prestación Social Sustitutoria, aprobado por el Real Decreto 1248/1997, de 24 de julio, dispone que cuando el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia considere incompletas las certificaciones aportadas podrá requerir del solicitante que las complete adecuadamente salvando las lagunas, imprecisiones o puntos oscuros de que puedan adolecer, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para hacer los requerimientos de subsanación, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia utiliza un modelo en cuyo apartado segundo se relacionan todos los datos que deben constar en el certificado de la entidad colaboradora para proceder a la tramitación de la solicitud de convalidación de servicios voluntarios, de forma que hay que señalar en cada caso aquellos datos que no figuran en la certificación aportada por el solicitante para que éste subsane la omisión.
En el requerimiento que la Secretaría del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia remitió a un ciudadano se señalaban como omitidos todos los datos que constituyen el contenido esencial de dichas certificaciones, lo que equivalía a considerar que la certificación presentada por el interesado no aportaba ningún dato y que debía presentarse de nuevo. Por tanto, el interesado, junto a la nueva documentación que se

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requería en relación con la convalidación de servicios voluntarios, presentó la misma certificación de la entidad colaboradora que había presentado anteriormente, ya que en ella se contenían la mayoría de los datos cuya aportación se había requerido por la Secretaría del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que, no obstante, acordó archivar sin más trámite la solicitud de convalidación del interesado por considerar que aportaba la misma certificación ya remitida anteriormente en la que no se habían subsanado los defectos advertidos.
En relación con lo anterior, esta institución considera que para no perjudicar los derechos de los objetores, los requerimientos que se formulen de acuerdo con lo previsto en el articulo 3.4 del Reglamento sobre Convalidación de Servicios Voluntarios a efectos de la Prestación Social Sustitutoria, aprobado por el Real Decreto 1248/ 1997, de 24 de julio, y el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán precisar las lagunas, omisiones o puntos oscuros de que puedan adolecer las certificaciones de las entidades colaboradoras cuya aclaración se requiere, evitando las imprecisiones que dificulten la comprensión por los interesados del contenido de dicho requerimiento y, en consecuencia, la identificación de los datos que deben aportar para obtener la convalidación de servicios.
Por todo cuanto antecede, se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia que, cuando considere incompletas las certificaciones aportadas por los solicitantes de una convalidación de servicios voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria, el requerimiento que se dirija al interesado para que subsane el defecto advertido se redacte de una forma clara y precisa, indicando las lagunas, imprecisiones o puntos oscuros de que pueda adolecer la certificación aportada, no limitándose a señalar de una forma genérica el conjunto de los requisitos que de acuerdo a la ley deben reunir las certificaciones de las entidades donde se prestaron los servicios (9820597).


5.6 Vales de vestuario

Un objetor de conciencia, al que se le había negado la prestación de vestuario, argumentaba en su recurso que para efectuar el trabajo que se le había encomendado era necesario un vestuario específico y acreditaba un desembolso de 45.390 pesetas para la adquisición de la ropa y del calzado necesarios para realizar dicha actividad. No obstante, en la resolución que desestimaba dicho recurso la Dirección General de Objeción de Conciencia alegaba que no se había justificado la necesidad del vestuario para el desarrollo de su prestación social y que no se había aportado la documentación acreditativa de dicha necesidad ni de la adquisición de las prendas necesarias para realizar su actividad.
Como en la resolución mencionada no se tenían en cuenta ni las alegaciones del interesado sobre la necesidad de un vestuario específico para realizar el trabajo que tenía encomendado, ni la documentación aportada para justificar el desembolso realizado, se indicó a la Secretaría de Estado de Justicia que, en principio, la incongruencia de la resolución desestimatoria del recurso evidenciaba una práctica administrativa indeseable, que se ha constatado en otros casos, consistente en la utilización abusiva de modelos para la resolución de cualquier petición o recurso que se plantee en relación con los vales de vestuario, con independencia de las alegaciones realizadas por el interesado o de la documentación que se aporta.
Por otra parte, hay que considerar que la reclamación inicial del vale de vestuario, realizada el 29 de octubre de 1996, no fue desestimada hasta el 15 de febrero de 1997, que el recurso interpuesto contra dicha resolución desestimatoria, el 11 de marzo de 1997, no fue resuelto hasta el 30 de enero de 1998 y que el recurso extraordinario de revisión formulado el 29 de febrero de 1998 se encontraba, el 30 de junio de 1999, en trámite de propuesta en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, lo que ponía de manifiesto que en este caso se estaba produciendo un incumplimiento de los preceptos sobre plazos de resolución de los recursos.
Por ello, se recordó a la Secretaría de Estado de Justicia el deber de toda Administración pública de someterse al cumplimiento de los plazos establecidos para la resolución de los recursos administrativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (9823887).


6. ADMINISTRACION EDUCATIVA

6.1 Educación no universitaria

6.1.1 Instalaciones centros docentes y escolarización

La progresiva disminución que en los últimos ejercicios viene experimentando el número de quejas que se formulan en relación con las instalaciones de los centros docentes que imparten niveles educativos no universitarios induce a entender que la reducción también paulatina del número de alumnos que acoge el sistema educativo, de una parte y, de otra, la realización por las distintas administraciones educativas de actuaciones dirigidas a la adaptación de la red de centros a las nuevas necesidades derivadas de la implantación del sistema educativo, han contribuido a minorar las disfunciones, relacionadas con el estado de conservación o habitabilidad, capacidad o adecuación a la normativa sobre requisitos mínimos de las instalaciones de los centros.


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De entre las quejas planteadas en este apartado, que se refieren a los ámbitos de gestión de distintas administraciones educativas, cabe destacar por distintas razones las siguientes, relativas a centros de educación primaria.
Una de ellas puso de manifiesto las negativas consecuencias que se derivan para los alumnos del colegio público de la localidad de Montserrat (Valencia) del retraso que, por razones presupuestarias, viene experimentando la construcción del instituto de educación secundaria previsto para la citada localidad. Dicho retraso ha determinado la escolarización en el citado colegio de los alumnos de primer ciclo de secundaria y la necesidad de habilitar en el centro los espacios específicos que exige la normativa reglamentaria reguladora de los requisitos mínimos de los centros docentes para el desarrollo de enseñanzas de esta etapa educativa, todo ello detrayendo espacios de su utilización por el alumnado de primaria y en detrimento de las condiciones en que deberían impartirse las distintas enseñanzas que se cursan en el centro.
Después de una prolongada tramitación -en cuyo curso el Defensor del Pueblo se ha interesado por las previsiones temporales existentes en orden a la construcción y disponibilidad del instituto de educación secundaria proyectado- la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, informaba en noviembre de 1999 que, una vez adjudicada la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción del nuevo centro, por los servicios técnicos de la consejería se iba a proceder a la supervisión del solar cedido por el ayuntamiento con la finalidad de comprobar su adecuación al edificio escolar que se pretendía construir, tras lo cual se iniciaría la redacción del proyecto y, posteriormente, la licitación para la adjudicación de las obras, actuaciones todas ellas que hacen previsible el transcurso de un período de tiempo prolongado antes de que las nuevas instalaciones estén disponibles para su uso educativo.
No obstante lo anterior, y aún cuando esta institución ha interesado asimismo la adopción de medidas tendentes a ampliar, entretanto y de forma provisional, la capacidad de las instalaciones del colegio público de Montserrat, la misma tramitación ha evidenciado que la consejería valenciana no tiene intención alguna de adoptar medidas en la línea indicada, necesarias para paliar la actual y prolongada inadecuación de las condiciones en que, como ya se ha indicado, se desarrollan las distintas enseñanzas que se imparten en el centro, a la normativa reguladora de los requisitos mínimos de los centros (9714339).
El Ayuntamiento de Monzón de Campos, de Palencia, en la que se encuentra ubicado un colegio comarcal al que acuden alumnos de diversas localidades de la zona, se refería al deterioro en que se encuentran las instalaciones del citado colegio, y señalaba que el importe de las reparaciones necesarias, cuya realización se impone de forma cada vez más acuciante a medida que transcurre el tiempo, excede con mucho las posibilidades económicas del ente público que, no obstante, por imperativo legal, asume los cometidos de mantenimiento y conservación de las instalaciones del centro; señalaba, asimismo, que ni el resto de los ayuntamientos cuyas localidades aportan alumnos al centro comarcal, ni la Administración educativa, que decidió en su momento arbitrar dicha fórmula de escolarización, parecían dispuestos a colaborar económicamente en la ejecución de las obras necesarias.
El consistorio se refería al permanente enfrentamiento que la situación descrita generaba entre la dirección del centro docente y la corporación municipal, sin que ni las limitaciones presupuestarias indicadas, ni la actual configuración de las obligaciones de mantenimiento y conservación de los centros, permitiesen dar salida adecuada a la situación descrita, lo que, a juicio del interesado, exigía la contribución económica del resto de ayuntamientos mencionados y de la Administración educativa.
La tramitación efectuada con la finalidad de contrastar los términos de la situación existente y determinar la procedencia de que por esta institución se interesara la aplicación de mecanismos, posiblemente de carácter consensual, tendentes a obtener la colaboración de todos los municipios implicados en la conservación, mantenimiento y vigilancia del citado centro, ha permitido conocer la convocatoria por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Palencia, a instancias de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Públicos de la provincia, de una reunión con la asociación de padres de alumnos del centro y los alcaldes de la comarca, en la que, al parecer, se adoptaron acuerdos que han supuesto un avance considerable en la solución de la situación planteada, al comprometerse el ayuntamiento de una de las localidades de la que procede el mayor número de alumnos a contribuir a los gastos de mantenimiento de forma proporcional al volumen de alumnado que aporta y al haberse incluido en el avance de la programación de obras a realizar por la Administración educativa para el ejercicio 2000 la realización de reformas en el centro por valor de cuarenta millones de pesetas (9820267).
La utilización de que es objeto el pabellón polideportivo del colegio público de la localidad de Parla, en la provincia de Madrid, ha sido objeto de una queja formulada por la asociación de padres de alumnos del centro cuestionando los términos en que el ayuntamiento de la localidad hacía uso de la citada instalación escolar que, a juicio de la asociación, impedía la realización por los alumnos de actividades previstas en la programación general del colegio.
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid ha remitido un informe enel que se manifiesta que la instalación escolar mencionada

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fue en su momento construida en el ámbito del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid para el desarrollo del Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en los centros docentes no universitarios, convenio en cuya ejecución participó el ayuntamiento cuya actuación cuestionaban los reclamantes, a través de la realización de actuaciones entre las que figuraba la construcción de un gimnasio en el centro, señalándose en el citado informe que, de acuerdo igualmente con el citado convenio, el ayuntamiento suscribió con la dirección provincial citada un acuerdo para el uso y gestión de las instalaciones acogidas al citado plan.
La misma tramitación ha permitido finalmente constatar que la intervención de las instancias definidas en este último acuerdo para el seguimiento, interpretación y aplicación de su contenido, ha dado lugar a la determinación de la forma en que el centro docente y el ayuntamiento debían utilizar el polideportivo hasta la conclusión del curso 1998-99, estando prevista igualmente la inmediata constitución de una comisión de uso y gestión de las instalaciones deportivas que en lo sucesivo adoptará decisiones tendentes a dar solución a situaciones como la planteada en la citada queja (9901380).
Los promoventes de otra queja, relativa también a un centro de la provincia de Madrid, se referían al lamentable estado en que se encontraban diez de las aulas del colegio de su localidad, construido hace cincuenta años, cuya techumbre de madera se encontraba en tal estado de deterioro que, a juicio de los servicios técnicos municipales, existía riesgo de que se produjera su hundimiento.
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid ha informado de la reparación por el ayuntamiento del tejado del edificio y techos de las aulas que se encontraban en mal estado, así como de la realización de otras reparaciones menores en el centro y, por último, de la inclusión en la programación de obras de la dirección provincial para el ejercicio 1999 de obras de adaptación de las aulas por un importe de noventa millones de pesetas, que deberían iniciarse en el propio ejercicio 1999 y se realizarán en dos anualidades (9901971).
Por último, y en relación también con un centro del mismo nivel educativo, correspondiente, asimismo, al ámbito de gestión de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, en Madrid, aunque en este caso de titularidad privada, se ha formulado una queja por los padres de varios alumnos del colegio, en la que denunciaban las deficiencias de seguridad que afectaban fundamentalmente al patio escolar, pero que también se extendían a las condiciones higiénicas de las instalaciones y al equipamiento del gimnasio y mobiliario de algunas aulas.
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Madrid ha puesto de manifiesto que desde el Ministerio de Educación y Cultura se ha requerido al titular del centro la corrección de las irregularidades advertidas, con la advertencia de que la falta de atención de dicho requerimiento en el plazo concedido al efecto podría dar lugar a la iniciación del expediente de revocación de la autorización a que hace referencia el Real Decreto 322/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados (9900554).
En relación con las instalaciones de los centros de educación secundaria cabe destacar dos quejas formuladas por distintas personas relacionadas con la enseñanza de la etapa de educación secundaria obligatoria en Hoya de Buñol-Chiva, comarca de la provincia de Valencia, en las que se hacía referencia a las deficientes condiciones en que, a su juicio, se desarrollan las enseñanzas de dicha etapa educativa en el ámbito geográfico mencionado, a causa, según señalaban, de la inadecuación a las exigencias del nuevo sistema educativo y de la insuficiencia de las instalaciones escolares destinadas a la impartición de la repetida etapa. La Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana informó de las previsiones existentes en orden a la adecuación y ampliación de las instalaciones de los institutos de secundaria existentes en distintas localidades de la comarca.
De acuerdo con la información remitida y atendiendo a dichas previsiones, se difiere a los años 2001 y 2002 la iniciación de las obras correspondientes, lo que parece implicar, dado que por parte de la consejería no se hacía referencia a posibles actuaciones tendentes a lograr la adaptación o ampliación provisional de las instalaciones escolares, que la citada Administración educativa tiene previsto que, entretanto se ejecutan las obras previstas para adaptar y ampliar de forma definitiva los centros correspondientes, éstos continúen funcionando en su estado actual dos o tres años más.
Esta institución, que ya interesó de la consejería la aportación de información respecto de la capacidad, número de alumnos que escolarizan y adecuación de las actuales instalaciones a la normativa vigente, ha vuelto a solicitar de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana la remisión de los citados datos que permitan valorar la situación existente actualmente en los centros a que se refieren las quejas mencionadas y, asimismo, que se concreten las medidas que, en su caso, tenga previsto adoptar para ampliar y adaptar de manera provisional las instalaciones de los citados centros hasta que se aborden las obras programadas para obtener con carácter definitivo dicha finalidad. En las fechas de redacción del presente informe esta institución está a la espera de la aportación de los datos mencionados (9902024 y 9903027).
Por último, y en referencia al mismo nivel de educación secundaria, los promoventes de otras dos quejas, referidas a localidades de la provincia de Madrid,

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han denunciado ante esta institución las inadecuadas condiciones de escolarización que, a su juicio, se derivan para los alumnos del hecho de que la Administración educativa no haya abordado oportunamente la construcción de los institutos de educación secundaria que, por razón del volumen del alumnado existente, resultan precisos en ambas localidades.
En la primera de las quejas mencionadas sus promoventes, residentes en una urbanización próxima a la localidad de Móstoles, manifestaban su malestar porque a pesar de haberse producido ya la cesión por el ayuntamiento del solar necesario, y aun existiendo, según entendían, consignación presupuestaria para la citada finalidad, el Ministerio de Educación y Cultura no había abordado la construcción en la citada urbanización del nuevo instituto requerido, circunstancia que, unida a la saturación de los institutos de educación secundaria de Móstoles más próximos a dicha urbanización, determinaba que los alumnos residentes en la misma hubieran de realizar a diario desplazamientos prolongados hasta los institutos en que existen vacantes, que podrían y deberían evitarse mediante una distribución más adecuada de la oferta de plazas y, en concreto, a través de la construcción del nuevo centro programado en la urbanización ya mencionada en la que, al parecer, existe un número de alumnos que lo justifica y previsiones en el sentido de que la misma experimentará un notable crecimiento de la población escolar en los próximos años.
En relación con la citada queja, se está en la fecha de cierre del presente informe pendiente de que por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que con fecha 1 de julio de 1999 asumió plenas competencias en materia educativa, se comuniquen las previsiones que tenga elaboradas en orden a la construcción del nuevo instituto de educación secundaria en Móstoles que parece exigir el volumen de la población escolar existente en la zona a que alude la queja planteada (9902624).
En la segunda de las referidas quejas se denunciaba la grave masificación que padece el colegio público de la localidad de Moralzarzal, único centro docente público de la localidad, que debe escolarizar, además de al alumnado de educación primaria, a alumnos de educación infantil y de primer ciclo de la educación secundaria obligatoria en número que, según señalan los reclamantes, desborda la capacidad del centro al haber experimentado la población de Moralzarzal un importante crecimiento demográfico y, por tanto, de su población escolar, sin que paralelamente se hayan adoptado medidas destinadas a ampliar la capacidad de las instalaciones docentes.
Adicionalmente, en la queja se apuntaba que las instalaciones del centro no reúnen las condiciones que en la normativa sobre requisitos mínimos se establecen para la impartición de distintas enseñanzas que alberga el colegio.
Como consecuencia de la tramitación realizada se ha podido constatar, de una parte, que la situación efectivamente existente en el centro responde, en la mayoría de los aspectos, a la descripción aportada por los reclamantes y, de otra, que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha incluido con carácter prioritario en su programación la construcción en Moralzarzal de un nuevo centro de educación infantil y primaria y de un instituto de enseñanza secundaria. Asimismo se ha comprobado que por parte de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios se realizan los trámites necesarios para la concreción de los términos del convenio a suscribir, para la financiación de las correspondientes actuaciones, entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Moralzarzal que, según está inicialmente previsto, asumirá la contratación y es responsable del plan de ejecución de las obras, y ha elaborado ya, al parecer, los proyectos de construcción de las dos instalaciones escolares (9905790).
En materia de escolarización parece necesario hacer referencia a la tramitación de quejas, algunas de ellas ya mencionadas en el informe correspondiente al ejercicio 1998 y otras que se han planteado y cuya investigación se ha iniciado en este año, que vuelven a poner de manifiesto la problemática que suscita la concentración en determinados centros docentes de alumnos pertenecientes a minorías cuyas condiciones sociales y culturales dificultan su integración escolar.
Todas ellas hacen referencia al ámbito todavía gestionado por el Ministerio de Educación y Cultura hasta la reciente conclusión del proceso de transferencias educativas, deduciéndose de las actuaciones efectuadas que las distintas direcciones provinciales del Ministerio de Educación y Cultura consultadas explican la concentración en determinados centros de alumnos con necesidades educativas especiales, alegando que la situación responde a las opciones de escolarización ejercitadas por los padres de los alumnos.
Las tramitaciones referidas parecen evidenciar que en los supuestos planteados no se ejercitaron las facultades que la normativa sobre admisión de alumnos, de aplicación en el ámbito de gestión entonces encomendado al Ministerio de Educación y Cultura, atribuye a las comisiones de escolarización en materia de alumnos con necesidades educativas especiales vinculadas a sus condiciones personales de discapacidad o a su pertenencia a minorías o grupos sociales desfavorecidos, que parecen habilitar para la adopción de decisiones tendentes a lograr una efectiva integración del alumnado en los centros con carácter previo a la determinación de las vacantes existentes en los mismos y a la celebración de los correspondientes procesos de admisión.


A título de ejemplo, resulta oportuno hacer aquí referencia a la descripción que realizaba la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en

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Madrid en relación con la estructura del alumnado de educación secundaria obligatoria existente en un instituto de una barriada de la zona sur de Madrid:

"La estructura del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria es la siguiente:

1.º A. 10 alumnos (de los que 5 son de integración y 3 de compensatoria).
1.º B. 7 alumnos (de los que 2 son de integración).
2.º B. 27 alumnos ( de los que 7 son de compensatoria).


2.º B. 26 alumnos (de los que 7 son de integración).


La estructura del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria es la siguiente:

3.º A. 25 alumnos (de los que 7 son de integración).
3.º B. 25 alumnos (de los que 11 asisten al programa de diversificación).
4.º A. 20 alumnos (de los que 3 son de integración).
4.º B. 25 alumnos (de los que 12 asisten al programa de diversificación)".


El centro dispone, de acuerdo con el informe emitido por la dirección provincial, de dos profesores de apoyo a la integración y otro de educación compensatoria. Con todo, parece obligado preguntarse si en las condiciones que se deducen de los datos sobre alumnado transcritos, y aun con los apoyos indicados, resulta posible obtener la finalidad integradora que se propone la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros, o si, por el contrario, la asistencia a un mismo centro de alumnos de integración en porcentajes tan elevados como el que se deduce de dichos datos no repercute en la existencia en los centros afectados de condiciones que ni favorecen la integración escolar y social de estos alumnos, ni hacen posible el desarrollo del aprendizaje de éstos y de los restantes alumnos del centro.
Esta institución debe manifestar su acuerdo con la idea integradora que preside las prescripciones sobre distribución equilibrada de los alumnos pertenecientes a grupos sociales y culturales desfavorecidos, contenidas tanto en la ley orgánica ya mencionada, como en la normativa sobre admisión de alumnos y compensación de desigualdades en la educación que, basada en dichas previsiones, se ha aprobado y venido aplicando en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura.
Pero es preciso destacar adicionalmente la idea de que tanto las actuaciones tendentes a obtener la distribución equilibrada del alumnado de integración que contempla la normativa vigente, como la posibilidad de concentración de este alumnado en centros determinados que también autoriza la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, ya mencionada, en supuestos muy determinados "en que sea aconsejable como criterio para garantizar una mejor respuesta educativa a los alumnos", deben tender a la consecución de los objetivos que para las acciones de carácter compensatorio en el ámbito educativo se deducen del título V de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y de la normativa dictada en su desarrollo, y procurar, en todo caso, la creación en los centros de condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa en los mismos en condiciones que permitan, al mismo tiempo, el acceso igual de todos los alumnos a una educación de calidad y hagan posible la obtención de las finalidades de integración social y educativa de todo el alumnado (9624410, 9813117, 9821427, 9821629, 9822569, 9901148, entre otras).


6.1.2 Enseñanzas de régimen especial

Así como en el ámbito de las enseñanzas de régimen general -que comprenden las correspondientes a la educación infantil, educación primaria y educación secundaria- no parece posible apreciar problemas generales de escolarización derivados de la insuficiencia de plazas educativas, no puede afirmarse lo mismo en relación con las enseñanzas de régimen especial y, muy específicamente, de las enseñanzas musicales.
Ya en el informe correspondiente al año 1998 se mencionaba la investigación iniciada ante el Ministerio de Educación y Cultura con la finalidad de obtener datos que permitieran determinar el nivel de atención de la demanda de plazas de enseñanzas musicales existente en el ámbito de gestión que tenía encomendado este departamento antes de que se abordase y adquiriera efectividad la última fase del proceso de transferencias educativas.
La citada investigación, iniciada en atención a una serie de quejas cuyos promoventes, que no habían obtenido plaza en los procesos de admisión correspondientes, aludían a la escasez de la oferta que realizaban diferentes conservatorios dependientes todavía del citado departamento, no se pudo dar por finalizada en el ejercicio anterior al no haberse obtenido, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura, datos que permitieran conocer el volumen de la demanda y de la oferta existentes y valorar la situación que cuestionaban los promoventes de las citadas quejas.
Pues bien, las respuestas sucesivamente remitidas en este ejercicio por la secretaría general en relación con la cuestión indicada autorizan a concluir que, por unas u otras causas, el Ministerio de Educación y Cultura no ha dispuesto en los últimos años de datos completos relativos a la oferta y demanda de plazas correspondientes a su red de centros de enseñanzas musicales -comprendidos conservatorios y escuelas musicales-, situación en la que difícilmente puede entenderse posible que por el citado departamento se haya realizado

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una verdadera programación de la oferta de plazas y de su distribución territorial (9813175 y otras).
En el presente ejercicio se han presentado quejas que aluden también a la insuficiente oferta de plazas que realizan determinados conservatorios ubicados, en este caso, en los ámbitos de las administraciones educativas de Andalucía y de Canarias.
En referencia, en concreto, al conservatorio profesional de música de Almería, un grupo de alumnos y de padres de alumnos del citado conservatorio aludían a las dificultades que encontraban para la obtención en el mismo de plazas de los distintos grados en que se estructuran las enseñanzas musicales, de acuerdo con la nueva ordenación académica contenida en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
Los promoventes de la queja se referían a la insuficiente oferta de plazas que se realizaba en el citado conservatorio, que no permitía proseguir enseñanzas musicales a todos los solicitantes que superaban las pruebas de ap