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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 470, de 10/04/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 470
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 10 de abril de 2002


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de personalidades al objeto de informar sobre la situación del sector de la telefonía móvil y la problemática derivada del despliegue de redes, debido a la alarma social surgida por el tema de las emisiones electromagnéticas:

- Del señor consejero delegado de Amena (don Belarmino García). (Número de expediente 219/000318.) ... (Página 15136)

- Del señor consejero delegado de Telefónica Móviles (don Javier Aguilera). (Número de expediente 219/000319.) ... (Página 15136)

- Del señor consejero delegado de Vodafone (don Jhon de Wit). (Número de expediente 219/000320.) ... (Página 15136)

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- Del miembro del Comité científico (Comisión de Toxicología), catedrático de magnetismo de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Magnetismo Aplicado, RENFE-CSIC-Universidad Complutense de Madrid, Laboratorio Salvador Velayos. (Número de expediente 219/000322.) ... (Página 15152)

- Del miembro del Comité científico (Comisión de Toxicología), catedrático y director de investigación del Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (don Juan Represa). (Número de expediente 219/000323.) ... (Página 15152)

- Del decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (don Enrique Gutiérrez Bueno). (Número de expediente 219/0000321.) ... (Página 15152)

Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL DESPLIEGUE DE REDES, DEBIDO A LA ALARMA SOCIAL SURGIDA POR EL TEMA DE LAS EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS:

- DEL SEÑOR CONSEJERO DELEGADO DE AMENA (DON BELARMINO GARCÍA). (Número de expediente 219/000318.)

- DEL SEÑOR CONSEJERO DELEGADO DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA (DON JAVIER AGUILERA). (Número de expediente 219/000319.)

- DEL SEÑOR CONSEJERO DE VODAFONE (DON JOHN DE WIT). (Número de expediente 219/000320.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, vamos a empezar la Comisión de Ciencia y Tecnología, que hoy la vamos a centrar en la comparecencia de personalidades al objeto de informar sobre la situación del sector de la telefonía móvil y la problemática derivada del despliegue de redes, debido a la alarma social surgida por el tema de las emisiones electromagnéticas.


En primer lugar, quiero dar las gracias y la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan. Es un esfuerzo importante y quiero agradecerles como presidente de la Comisión que hoy vengan aquí a informarnos sobre estos temas. El funcionamiento de la Comisión será el siguiente. En primer lugar va a intervenir el consejero delegado de Amena, después el de Telefónica y después el de Vodafone, cada uno durante diez minutos o un cuarto de hora. Una vez hecho esto pasaremos a un turno de preguntas y después intervendrán el decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y dos miembros del comité científico, y a continuación se procederá a la preguntas.


Por tanto, damos en primer lugar la palabra al consejero delegado de Amena, don Belarmino García.


El señor CONSEJERO DELEGADO DE AMENA (Don Belarmino García): Las operadoras de telefonía móvil agradecemos a esta Comisión la oportunidad que nos brindan para exponer ante SS.SS. nuestros puntos de vista sobre el estado actual de implantación de la telefonía móvil en España, y sobre su carácter crítico para la extensión de la sociedad de la información en nuestro país. Estamos especialmente interesados en destacar los importantes obstáculos con los que tropieza el despliegue de las infraestructuras para prestar el servicio de telecomunicaciones móviles en España, entre los que destaca la preocupación social sobre supuestos efectos perjudiciales de las antenas de telecomunicaciones en la salud de las personas. Hoy nada nos parece tan importante como compartir con SS.SS. nuestras preocupaciones sobre este tema e intentar aclarar en la medida de nuestras posibilidades las diferentes cuestiones o dudas que nos puedan plantear. La envergadura de este problema en nuestro país y el alcance de sus negativos efectos son tales que su solución precisa de la comprensión y del apoyo firme de las instituciones públicas y de todos los grupos políticos representados en esta Cámara. Señorías, el despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil se ha frenado radicalmente en España. En el año 2001 sólo hemos logrado instalar el 42,5 por ciento de las estaciones base previstas en nuestros planes de despliegue, éstas resultan necesarias para asegurar los niveles mínimos de cobertura y calidad de servicio que nuestros usuarios se merecen y asimismo para atender nuestras obligaciones ante las administraciones públicas como operadores de un servicio de interés general. Diariamente

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convivimos en nuestra actividad con actuaciones administrativas, principalmente en el ámbito local, que por acción u omisión suspenden o deniegan licencias de instalaciones solicitadas por los operadores u ordenan el precinto o desmantelamiento de antenas ya en servicio.


El Consejo Europeo de Barcelona y el último Consejo de Ministros de Transportes y Telecomunicaciones han destacado, siguiendo el criterio político asumido en Lisboa, el relevante papel que las comunicaciones móviles deben desempeñar para facilitar un acceso generalizado a las aplicaciones y servicios interactivos y, por tanto, para promover el desarrollo de la sociedad de la información para todos. Cumpliendo el mandato de este Consejo Europeo, la Comisión deberá presentar en el siguiente Consejo, a celebrar en Sevilla los días 21 y 22 de junio próximos, un análisis detallado de los obstáculos para el pleno despliegue de las nuevas plataformas tecnológicas de comunicaciones móviles, para el acceso generalizado a través de ellas de los servicios y aplicaciones de la sociedad de la información. Pues bien, no tememos exagerar si afirmamos ahora ante esta Comisión que, más allá de las incertidumbres tecnológicas y comerciales que aún subsisten, el problema que en este momento planteamos ante SS.SS. constituye sin duda el obstáculo más relevante que en nuestro país se opone al adecuado despliegue de las infraestructuras de comunicaciones móviles, así como para el desarrollo de los servicios de Internet móvil, esenciales en el diseño de la sociedad de la información. No debemos olvidar, señorías, que tratamos de un servicio que estas Cortes Generales, a través de la Ley general de telecomunicaciones, han declarado de interés general; creemos, por tanto, que el apoyo al despliegue ordenado de las infraestructuras necesarias para la prestación de dicho servicio es también una cuestión de interés general que a todos nos concierne y, por supuesto, muy principalmente a esta Comisión y al Congreso de los Diputados.


Permítanme recordar a SS.SS. que a escala mundial el crecimiento económico durante la década de los 90 fue liderado por las industrias de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, industrias vinculadas directamente con el desarrollo de la sociedad de la información. En su ámbito, el proceso de digitalización está provocando la convergencia acelerada entre las industrias informáticas de telecomunicaciones y de contenidos. En los países con mayor desarrollo económico dichas industrias representan una elevada tasa de participación en el producto interior bruto, que para el año 2000 se situó en un 6,2 por ciento de media en los países que conforman la Unión Europea y en un 8,8 por ciento en los Estados Unidos. En España este índice fue del 6,5 por ciento en el año 2000, ligeramente por encima de la media europea.
En los últimos cuatro años la telefonía móvil, con una tasa de crecimiento en torno al 32 por ciento, ha sido precisamente uno de los motores más dinámicos del desarrollo económico del sector de las telecomunicaciones en nuestro país. El desarrollo de las nuevas tecnologías de Internet móvil revolucionará nuevamente el mundo de las comunicaciones y de la información, acortando progresivamente las distancias que hoy existen entre el ordenador personal y el teléfono móvil hasta dejarlas reducidas prácticamente en una cuestión de tamaño y movilidad. El siglo XXI, tal como se ha venido imaginando hasta ahora, comenzará entonces a hacerse realidad.


Vivimos, en consecuencia, señorías, un momento crítico en el desarrollo de nuestro sector. En este escenario tanto las operadoras como los usuarios -y estoy seguro, todos los actores económicos y sociales- asistimos con preocupación al violento freno del despliegue de las redes de telecomunicaciones móviles, provocado entre otras causas por el debate en torno a los presuntos efectos que sobre la salud puedan tener los campos electromagnéticos y por la respuesta que a esta inquietud se ha venido dando desde algunas administraciones públicas. Deben ser los científicos y los expertos quienes ilustren a SS.SS. sobre lo que la ciencia ha investigado y conoce sobre esta cuestión. Por mi parte, yo quisiera centrarme en este momento en las consecuencias que esta percepción de la opinión pública y la subsiguiente reacción administrativa están produciendo en nuestro sector.


Las actividades administrativas responden a la presión ejercida como consecuencia de una alarma social que entendemos injustificada desde el punto de vista científico y sanitario, con una proliferación de regulaciones basadas a menudo en criterios materiales diferentes, que se apartan con no poca frecuencia de las recomendaciones dictadas por los organismos internacionales de referencia en materia sanitaria, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Esta disparidad de criterios normativos en el establecimiento de límites a las instalaciones radioeléctricas dificulta notablemente el necesario despliegue de las infraestructuras de comunicaciones móviles, de suerte que comienzan ya a resentirse los niveles de calidad y cobertura de unos servicios a los que tienen derecho más de treinta millones de usuarios españoles en la actualidad. Más aún, la falta de homogeneidad normativa contribuye a incrementar el desconcierto sobre los niveles de seguridad apropiados y, como efecto indirecto, a aumentar aún más si cabe la alarma social del que trae causa del problema. Señorías, con pleno respeto a los ámbitos competenciales de las instituciones públicas implicadas en los diferentes niveles -estatal, autonómico y local-, los límites de seguridad en la instalación de estaciones de telecomunicaciones están claramente delimitados ya por los organismos internacionales de referencia conforme a rigurosos criterios científicos y sanitarios, y son escrupulosamente respetados por los fabricantes y operadores móviles europeos;

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por tanto, en su definición normativa no deberían influir significativamente diferencias locales, territoriales o fronterizas.
Decisiones de alejamientos de antenas a distancias importantes, que obligarían a aumentar la potencia con la que éstas y los propios terminales funcionan, denegaciones o moratorias en la concesión de autorizaciones administrativas, silencios negativos ante solicitudes de licencia, órdenes de desmontaje o precinto de antenas o de corte de suministro eléctrico para las mismas, requerimiento de nuevas exigencias administrativas para el otorgamiento de títulos con carácter retroactivo son prácticas administrativas diarias que hacen hoy imposible cumplir los compromisos de servicio que debemos ofrecer a nuestros usuarios y, por supuesto, desplegar la red necesaria de acuerdo con las condiciones a las que nos obligan las licencias obtenidas en concursos públicos y en los plazos estipulados en los pliegos de condiciones correspondientes.


El real decreto de septiembre de 2001 y la orden ministerial de enero de 2002 han regulado la materia conforme a la recomendación europea sobre los límites de exposición a campos electromagnéticos de 1999. Estos límites han sido expresamente ratificados hace tan sólo unos meses por el comité de expertos en toxicología, ecotoxicología y medio ambiente de la Comisión Europea, tras el análisis de todas las investigaciones realizadas desde que la normativa europea fue dictada. Hasta la publicación de la normativa española el sector llevaba años trabajando sobre la base de los niveles de emisión establecidos por la Comisión Internacional de Radiaciones no Ionizantes y recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Los operadores europeos han cumplido con un margen muy amplio dichos límites de emisión, que incorporan a su vez unos exigentes márgenes de seguridad y precaución necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por nuestra parte, los operadores españoles hemos cumplido siempre con las normativas internacionales con el máximo rigor, asumiendo públicamente, incluso antes que la actual regulación estatal fuese aprobada, un código de conducta de plena adecuación a la normativa europea. A pesar de ello, asistimos hoy en España a una situación de alarma y de parálisis en el sector sin parangón en el entorno europeo. Como SS.SS. seguramente conocen, los países de la Unión Europea que han decidido legislar formalmente sobre esta materia -no todos, dicho sea incidentalmente- han asumido los criterios de la recomendación comunitaria. Así ha sucedido no sólo en España, sino también en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, Portugal y Suecia. La normativa británica es incluso menos restrictiva que la de estos países, como lo son también las de Estados Unidos y Canadá. En todos estos países, así como en el nuestro, se han dedicado años al estudio de los posibles efectos en la salud de las emisiones electromagnéticas, y las conclusiones de todas las investigaciones realizadas por los organismos internacionales y las grandes instituciones científicas especializadas en esta cuestión concluyen que, observados los límites establecidos, los campos electromagnéticos no comportan riesgo alguno para la salud. Muy pocas investigaciones han concitado en las últimas décadas tanto esfuerzo de talento, dedicación e inversión en proyectos científicos como el que comentamos, y las conclusiones extraídas -como entre nosotros corroboró oficialmente el reciente informe del comité de expertos independientes, elaborado para el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2001- garantizan con suficiente grado de certeza la seguridad de todos.


En España las redes de telefonía móvil se desplegaron más tarde que en Europa, acumulando por tanto más experiencia científica y técnica, contando con mayores avances tecnológicos y siguiendo criterios más exigentes en cuanto a calidad y seguridad en comparación con los de otros países que nos precedieron en el servicio. Estamos, si cabe, más seguros que muchos de nuestros conciudadanos europeos, trabajamos con los más importantes fabricantes de equipos de telecomunicaciones del mundo, los mismos que construyen las redes de comunicaciones móviles de los demás países. Sin embargo, vivimos en España una situación excepcional que consideramos hay que abordar sin dilación desde todas las instancias.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el consejero delegado de Telefónica Móviles España, don Javier Aguilera.


El señor CONSEJERO DELEGADO DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA (Don Javier Aguilera): Presidente, señorías, desde 1995, cuando empezamos a desplegar la red, los operadores de telefonía móvil hemos concentrado nuestros esfuerzos en cumplir con las exigencias impuestas por la Administración que nos concedió las licencias para operar, así como con las expectativas de los ciudadanos españoles en cuanto a la seguridad, la calidad de servicio, cobertura y tarifas cada vez más competitivas. La seguridad de haber cumplido todos nuestros compromisos, ofrecer la mayor información y dar todas las garantías necesarias para que el ciudadano se sienta seguro es nuestra mejor contribución para crear el necesario clima de confianza que permita seguir desplegando la red para asegurar la eficiencia de los nuevos servicios y las nuevas tecnologías de comunicaciones móviles. Esto no quiere decir que hasta ahora no hayamos estado lo suficientemente activos; al contrario, hemos trabajado mucho, aunque puede que no lo suficiente nos pueden decir ustedes, en ofrecer la información suficiente. Hemos informado a nuestros clientes, a los usuarios en general, a muy diversas plataformas ciudadanas y a colectivos concretos y por supuesto a los medios de comunicación, pero inevitablemente -y

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quisiera insistir en este punto- la información procedente de las operadoras es vista a menudo como información interesada y no ha tenido siempre la repercusión que hubiéramos deseado.


En relación con las cuestiones de las garantías -permítanme recordarles que las operadoras hemos trabajado siempre en el despliegue de la red con criterios de seguridad establecidos por las organizaciones internacionales competentes, es más, a la espera de que se publicara la normativa estatal- el sector se autorreguló formalmente, corroborando el compromiso de todos a cumplir dichos criterios, que en definitiva habíamos seguido escrupulosamente desde el principio, y que son los mismos que recoge el real decreto en septiembre del 2001. Se han realizado sistemáticamente a lo largo de los últimos años mediciones de las emisiones de nuestras estaciones base que nos aseguran que en todo momento hemos trabajado y trabajamos en márgenes que cumplen muy ampliamente los límites establecidos. De hecho, como saben ustedes, desde que se ha producido la alarma social, se han realizado numerosas mediciones tanto por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología como por los departamentos especializados de universidades, colegios de ingenieros de telecomunicaciones y otras instituciones relevantes, y siempre han dado resultados de niveles muy por debajo de los límites permitidos. Estos procedimientos de control se han formalizado con la publicación de la orden ministerial de enero, que hace posible que los hagamos de una manera homogénea, controlada y sistemática. Esta orden ministerial regula pormenorizadamente el sistema de certificaciones de las instalaciones a las que nos obliga el real decreto de septiembre de 2001. A partir de su publicación hemos puesto en marcha la medición de las emisiones de nuestras estaciones base, que debe ser un instrumento de garantía para los ciudadanos basado en la transparencia y el compromiso.
Hace unas semanas, como probablemente sepan ustedes, hemos presentado conjuntamente a los medios de comunicación nuestro plan de certificaciones de estaciones base. Transmitir a los ciudadanos la información exacta sobre las características de cada una de las miles de estaciones base que la telefonía móvil de este país tiene es la mejor garantía para todos los ciudadanos. Hemos acometido, una vez establecida la orden ministerial y sus condiciones en las que se deben de hacer los informes de cada instalación, los protocolos de las medidas, los formatos de cada certificación, la medición de todas las estaciones, sin excluir ninguna. Ello supone no sólo una fuerte inversión económica, sino la organización de una red de empresas y de técnicos independientes solventes y tecnológicamente preparados para acometer en muy pocos meses el estudio y la medición de todo el conjunto de las antenas. Ningún otro país en Europa obliga hoy a las operadoras, como lo ha hecho el real decreto, a que certifiquen en unos pocos meses la totalidad de las estaciones base, pero asumimos, por el compromiso que tenemos con los ciudadanos de ofrecer la máxima garantía y transparencia, este enorme esfuerzo que ustedes ya conocen. Antes de que finalice el mes de junio de este año van a ser medidas unas 23.000 antenas en todo el país, todas las que estén en zonas urbanas o cercanas a los lugares poblados. El real decreto de septiembre establecía este plazo y, aunque la orden ministerial que concretaba la forma de mediciones no fue publicada hasta el mes de enero, seguimos asumiendo este plazo. Es importante destacar que no son las operadoras quienes hacemos las mediciones. Éstas las realizan profesionales y empresas totalmente independientes, competentes en esta materia tras su homologación como tales por los colegios profesionales correspondientes, pero el coste de las certificaciones sí corresponde a las operadoras; calculamos que invertiremos unos 20 millones de euros en la operación y un esfuerzo de gestión intensivo, al que estamos plenamente dedicados en este momento. Queremos dar a estas certificaciones la máxima transparencia, de manera que todos los interesados -ciudadanos, comunidades de vecinos, administraciones regionales y locales- tengan acceso a ellas de manera sencilla y totalmente transparente, por ello estamos construyendo un lugar side, un lugar web (www.sociedadmovil.com), en el que se incluya la información referida a este plan de certificaciones.


Las mediciones se realizan de forma exhaustiva. Cada estación de base es medida en todo su perímetro y a diferentes distancias para obtener la máxima información y garantía. Las mediciones, como les decíamos, ya han comenzado, ya se han completado en algunas ciudades y estamos llevando a cabo un plan de comunicación para hacer públicos los resultados, que son recibidos y visados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No podemos hacer todas las mediciones en el mismo período de tiempo, por lo que la información se dará de manera sucesiva a como ellas se van produciendo.
Ya se han hecho públicas, como sin duda sabrán ustedes, mediciones en varias comunidades autónomas, y los resultados muestran que el valor medio de las emisiones se sitúa siempre, cuando menos, varios centenares de veces por debajo de los límites establecidos. Les podemos dar varios ejemplos. Medida la totalidad de las estaciones base de la ciudad de Zaragoza, el nivel medio de densidad de potencia es 427 veces por debajo de los límites establecidos en el real decreto. En el caso de Valladolid ese nivel medio es de 431 veces inferior. En el de Toledo está 803 veces por debajo. Vamos a estar informando continuamente de las mediciones al ritmo al que vayan avanzando hasta completar el plan de certificaciones el 30 de junio.


Las infraestructuras de telefonía móvil son muy seguras y están debidamente controladas. Estamos convencidos de que los ciudadanos españoles se sentirán más tranquilos al comprobar que las mediciones se realizan de manera estricta, arrojan resultados como los

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que les hemos descrito y que estos son realmente transparentes; sin embargo, este trabajo de información de las operadoras no es suficiente.
Necesitamos la colaboración de las administraciones, de las organizaciones políticas para reconducir definitivamente esta difícil situación. Necesitamos su cercanía, su disposición a ordenar, su apoyo en la información rigurosa y su colaboración exigente.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el consejero delegado de Vodafone, a quien damos la bienvenida, señor John de Wit.


El señor CONSEJERO DELEGADO DE VODAFONE (Don John de Wit): Señor presidente, señorías, primero quiero pedir disculpas por haber llegado tarde, no es por falta de respeto, sino por falta de experiencia en estimar el tiempo requerido para llegar a tiempo.


Señorías, el futuro próximo es el matrimonio del móvil con Internet. Las comunicaciones móviles y el acceso a Internet a través del móvil serán sin duda los que tirarán en el futuro inmediato de todo el sector de las telecomunicaciones y, por lo tanto, de la competitividad y del progreso económico de los países. Los Estados Unidos están por delante de Europa en el desarrollo de Internet; sin embargo, Europa occidental posee el índice de penetración de telefonía móvil más alto del mundo y se sitúa actualmente en una media del 75 por ciento, por delante de Japón y de los Estados Unidos. La telefonía móvil es por tanto el único segmento en la sociedad de la información en el que Europa es líder. Dentro de Europa España supera un índice de penetración del 71 por ciento, con una tasa de crecimiento durante alguno de los últimos años superior a la media europea. Tenemos que conseguir que esta buena evolución continúe. Los niveles de uso de las nuevas tecnologías -y aquí el móvil y el acceso a Internet a través del móvil serán decisivos- marcarán la diferencia en progreso y competitividad no sólo entre los países, sino también entre las regiones y entre las ciudades. Este sector es así un factor esencial para su futuro.


El retraso de la sociedad de la información en España es estimado en un año y medio con relación a la media europea y en tres años y medio con relación a los Estados Unidos. Pues bien, la telefonía móvil es el elemento clave para alcanzar a Europa en esta materia. Este país ha protagonizado uno de los crecimientos más espectaculares del sector en el continente. Nuestra calidad de servicio y nuestro nivel de cobertura están a la altura de los de los mejores países de Europa. Nuestra cobertura de población ronda cerca del cien por cien, (el 99 por ciento) y la cobertura del territorio supera el 90 por ciento. Alcanzar estos niveles no ha sido fácil en un país como España, con una complicada orografía, una gran extensión geográfica y una fuerte estacionalidad que provoca grandes cambios de densidad de población en muchas zonas. Les aseguro que, si se comparan los niveles de calidad de cobertura con los que tienen a su disposición otros ciudadanos de Europa, la diferencia es sensible. Esta calidad y esta cobertura aseguran además la gran eficiencia que han adquirido servicios de utilidad ciudadana que no pueden ponerse en peligro: servicios de localización que están revolucionando, por ejemplo, las labores de rescate o de seguimiento de personas amenazadas; servicios de emergencia y de atención médica, tanto en las urgencias como en diagnósticos a distancia; también la actividad policial, etcétera.


Este nivel de calidad en el desarrollo de las redes ha supuesto para el sector una inversión de más de 12.000 millones de euros en la tecnología GSM. Este esfuerzo debe de poder continuar para hacer posible el desarrollo tecnológico de España. Las cifras de inversión comprometidas por el sector para el despliegue de la famosa tercera generación en los próximos diez años ascienden a más del doble de lo invertido hasta ahora y la creación de miles de nuevos empleos, tanto directos como indirectos.
La entrada en el sector de nuevos agentes que desarrollen contenidos y aplicaciones de todo tipo va a suponer la creación de numerosas empresas en un sector tecnológicamente muy avanzado, que añadirán aún más valor y potencialidad al ámbito de la nueva tecnología en España, es decir, al futuro de este país. No habrá acceso a Internet a través del móvil, con todos sus servicios, usos y potencias de desarrollo, sin infraestructuras de telefonía móvil y, en nuestro caso, sin antenas. No se debería cometer el grave error de dejar que esta situación actual de crisis haga perder a España su posición destacada en el panorama de la telefonía móvil en Europa. Hay que entender la gravedad del problema y darle una solución.
El problema se evitará si nuestro trabajo y nuestras infraestructuras tienen la aceptación de los ciudadanos y de las administraciones que intervienen en el proceso de desarrollo de la red. Por eso estamos hoy aquí, para brindarles toda la información que puedan precisar y para solicitar de esta Comisión el apoyo que este sector fundamental para la economía y la sociedad española necesita para seguir trabajando con eficiencia.


Este apoyo significa, a nuestro juicio, la articulación de los instrumentos y del consenso necesario para que desde esta Comisión de Ciencia y Tecnología se apoyen los siguientes objetivos. En primer lugar, conseguir la armonización de los criterios y bases que sustentan las diferentes normativas y ordenanzas, todo ello obviamente con un absoluto respeto a las competencias de cada administración. Para que desaparezca la alarma social es imprescindible que se perciba que entre las diferentes normas existen bases comunes científicas, técnicas, de control, etcétera, criterios compartidos claros y seguros; pero también es necesaria esta armonización para que en el futuro sea viable el desarrollo tecnológico. En segundo lugar, formalizar la creación de un espacio de concertación entre las distintas administraciones,

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el sector y las instituciones involucradas en esta cuestión. Les ofrecemos desde aquí toda nuestra colaboración para seguir informando a esta Comisión de la manera que ustedes dispongan. En tercer lugar, poner en marcha acciones de comunicación a los ciudadanos, que complementen las llevadas a cabo por las operadoras; son imprescindibles para tranquilizar a la opinión pública desde la legítima imparcialidad de los poderes públicos a los diferentes niveles. El objetivo final debe ser contrarrestar la tecnofobia que se está desarrollando en nuestro país y ayudar a que nuestra sociedad se sienta cercana a la tecnología y recobre la confianza en ella, lo que será condición sin duda para el desarrollo de la sociedad de la información. Finalmente, obtener el consenso entre todas las fuerzas políticas en la búsqueda del acuerdo sobre el desarrollo con garantías de un sector de vital importancia para el progreso, la competitividad y el futuro de la sociedad para la que trabajamos. Señorías, no habrá sociedad de la información en España sin infraestructuras de telecomunicaciones móviles, pero tampoco habrá infraestructuras de telecomunicaciones móviles sin su apoyo.


Muchas gracias por su tiempo y su atención.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al turno de preguntas y comentarios por los distintos grupos políticos.


Tiene la palabra el señor Carlos Ignacio Aymerich por el Grupo Mixto.


El señor AYMERICH CANO: Presidente, señores comparecientes, bienvenidos a esta Comisión en nombre de mi grupo político, en nombre del Bloque Nacionalista Galego. En primer lugar, iniciativas como ésta y comparecencias como ésta efectivamente pueden ayudar a romper la incomunicación que a veces existe -estamos hablando de un sector que se debería caracterizar precisamente por todo lo contrario, por la comunicación- entre fuerzas políticas y operadoras, y quizás puedan ayudar también sesiones como ésta a eliminar esa tecnofobia, que de una forma un poco exagerada el señor De Wit enunció. De cualquier forma, como no es la primera vez que se discute de esta cuestión y no va a ser tampoco la última en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, y aunque estoy seguro que ustedes también conocen la evolución de nuestros debates, la evolución de nuestras posiciones, con intención de salir de este impasse en el que efectivamente podemos estar, quiero hacer referencia a una serie de cuestiones.


Ustedes, los representantes de las tres principales operadoras, se refirieron a que la actuación de determinadas administraciones, sobre todo las administraciones locales (órdenes de precinto, de cortar el suministro eléctrico, de desmontar instalaciones, la existencia de requerimientos técnicos, de requerimientos divergentes entre unas comunidades autónomas y otras, incluso entre unos municipios y otros) pueden retrasar el despliegue de las redes. Lo que deben reconocer también es que ese retraso al que se refirieron en la sociedad de la información entre el Estado español y Europa y Estados Unidos también fue un retraso en la regulación y supuso igualmente un retraso en la asunción -deben reconocerlo las operadoras- de determinadas obligaciones. Muchos de los supuestos de precinto -hablo de mi país, en mi caso de Galicia, de los ejemplos que podemos conocer más de cerca-, corte de suministro eléctrico, moratorias en algunos ayuntamientos, no gobernados por cierto por el Bloque Nacionalista Galego, de antenas o estaciones base se deben a que estas habían sido instaladas sin licencia de ningún tipo; los ayuntamientos, según la normativa (no normativa referida exclusivamente o específicamente a la instalación o el despliegue de redes de comunicaciones, sino en el caso de Galicia aún está vigente el Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas), requieren un procedimiento de legalización, y mientras tanto hay suspensión de esa actividad que se considera nociva o, en cualquier caso, potencialmente peligrosa. Esta es una primera cuestión también para tener un entendimiento y para llegar a una comprensión cabal de lo que está sucediendo.


En este momento se está intentando informar a los vecinos de los edificios donde se instalan las estaciones base y a la ciudadanía en general de cuáles son las consecuencias o los peligros potenciales de estas estaciones base o incluso de las terminales de telefonía móvil, negándose la mayoría de las veces que existan. Hay que reconocer que es una actividad que se está realizando desde hace prácticamente poco tiempo, desde que precisamente surgió esa alarma social. Hay también, al margen de esta preocupación por la salud, que es primordial, otra desde el punto de vista ambiental. En un país con la orografía que tiene Galicia la proliferación de redes, de antenas, el no desarrollo o la insuficiente preocupación por compartir redes e infraestructuras motiva también como comprenderán una cierta resistencia y preocupación no sólo en mi grupo político, sino también en muchos otros sectores. Acerca de los peligros que para la salud tengan las antenas, hay muchos informes, y cada vez habrá más, ¿no?. Tendríamos también que saber -esto no es ningún tipo de acusación ni de sospecha infundada- quién los financia, porque lógicamente aquí los informes tampoco son inocentes. Hay un informe del Parlamento Europeo del año 1999. Se creó una comisión al efecto, la Dirección General de investigación y evaluación de opciones científicas y tecnológicas del Parlamento Europeo, y las conclusiones a las que se llegaba eran bastantes más exigentes y más ambiciosas que en la recomendación del año 1999. Tampoco vamos a pensar que en Europa no hay lobbies, ni influencias, y que lógicamente lo que diga el Parlamento y la Comisión tienen que coincidir,

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porque sabemos, -no sólo en el sector de las telecomunicaciones- que no es así.


Hay una cuestión que planteé a la ministra el pasado 14 de febrero en esta Comisión. Ella la rechazó, pero no requiere en ningún caso de regulación pública y puede partir, como partió esa iniciativa de autorregulación, del propio sector. Incidiría de una forma muy positiva en eliminar esa alarma social y en dar seguridad no sólo a los usuarios sino a la población en general. Se trata de asegurar, de suscribir seguros de responsabilidad civil por los posibles riesgos y daños que de estas infraestructuras y de su funcionamiento se puedan seguir para la salud de las personas. Si no hay riesgo, también la prima que tendrán que pagar será muy reducida. No creo que haya un problema económico en ello, máxime cuando hablan y comparan la situación del Estado español con la del resto de Europa; las operadoras en el Estado español no han tenido que pagar cantidades exorbitantes en una subasta para acceder a los títulos habilitantes y cuando las operadoras en el Estado español han visto rebajada este año sustancialmente la tasa que tienen que pagar por el uso del dominio público radioeléctrico. Por tanto, no habría mayor problema económico en suscribir esas pólizas de responsabilidad civil. Eso, al margen de planes de comunicación, que son importantes, y al margen también de planes de certificación de emisiones, ayudaría decisivamente a eliminar las cautelas y los temores que aún subsisten en parte de la población.


Para terminar, ya que los tengo aquí, sobre todo al señor consejero delegado de Telefónica Móviles, quiero decirle que para cuándo los teléfonos rurales se van a mejorar; para cuándo la telefonía rural de acceso celular no va a seguir en la situación en la que está. En Galicia tenemos más de 80.000 teléfonos rurales de acceso celular. Ya sé que aunque usted es parte del Grupo Telefónica es otro departamento el que se ocupa de eso, pero cuando hablamos del desarrollo de la sociedad de la información, cuando hablamos del retraso del Estado español con relación a Europa, tenemos que pensar en que, como dijo el señor De Wit, del 90 por ciento del territorio hay una parte que sigue con un acceso a la telefonía que le impide el acceso a Internet y que dificulta en muchos casos el acceso a ciertos servicios; ya no hablamos de convergencia entre Internet y móvil, sino el acceso, por ejemplo, al pago con tarjeta electrónica en establecimientos comerciales. Ya le digo, no hay mucha voluntad por parte del ministerio, pero de nuevo confío en que el sector que se autorregula y el sector que tiene iniciativas pueda avanzar.


Otra cuestión: ¿para cuándo el respeto a los derechos lingüísticos de los usuarios? Ustedes desarrollan servicios de interés general...


El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, yo le pediría que se centre en el tema que estamos, porque si no esto es... Además hay una cosa muy clara: esta Comisión de Ciencia y Tecnología, esta comparecencia es para hablar de unos temas determinados y no de otros. Por tanto, los otros temas los puede exponer cuando quiera, pero sinceramente no en esta ocasión.


El señor AYMERICH CANO: Es dentro del ánimo amigable y constructivo que está guiando esta Comisión. No estoy emplazando a nadie ni obligando a nadie a nada, sino simplemente exponiendo problemas que digo que por el Gobierno y el ministerio no tienen la suficiente receptividad, pero quizás puedan tenerla las compañías. Simplemente pedimos que sus servicios los puedan prestar en todas las lenguas oficiales que hay en el Estado español. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Yo pediría a todos los intervinientes que se ajustaran al tema que nos interesa hoy. A continuación tiene la palabra el señor Jordi Jané por Convergència i Unió.


El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quería dar la bienvenida a los distintos comparecientes y creo que el enfoque de esta Comisión de hoy es oportuno; es oportuno haberla dividido, señor presidente, en dos partes. En primer lugar hemos oído una opinión empresarial importante de las principales operadoras de telefonía móvil que están desarrollando, desplegando su red en España; y en segundo lugar tendremos una opinión objetiva de los expertos que conocen los parámetros de seguridad necesarios para garantizar la salud de los ciudadanos y que esa telefonía se desarrolle de forma adecuada. Por tanto, el planteamiento de esta Comisión es adecuado y riguroso. Empecemos por tanto por la primera parte, la empresarial. Ustedes han venido hoy a manifestar ante los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología una inquietud. Yo he ido tomando notas de las distintas intervenciones y puedo constatar -después quedará reflejado ello en el "Diario de Sesiones"- que se ha hablado de que existen obstáculos, de que la situación es crítica, de que hay incertidumbres en cuanto a las posibilidades de desarrollar el sector en España. Por tanto, ante ustedes los parlamentarios tenemos que abordar esa inquietud, es también nuestra responsabilidad, porque estamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología y a nosotros nos compete también hacer lo posible para que en España exista un buen desarrollo tecnológico, para que en España se siga creando riqueza en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la telefonía móvil. Por tanto, en esta primera parte, señor presidente, voy a centrarme en esos aspectos de preocupación que el sector nos ha manifestado.


En primer lugar ha habido grandes aciertos en el desarrollo de la telefonía móvil en España. Hay también aspectos que, como apuntaba el señor Aymerich, deben aún mejorarse en cuanto a cobertura. Si tenemos

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en cuenta la orografía global del Estado español, la dispersión de la población, el nivel de implantación del móvil ha sido enorme. Ustedes tendrán parte de orgullo junto al esfuerzo por haber conseguido lo que para ustedes es un negocio, una actividad empresarial; es una constatación de que el ciudadano español, la mayoría absolutísima de los ciudadanos están de alguna forma relacionados día a día con la telefonía móvil. Ese es el gran reto que se ha superado y que es positivo. A partir de aquí debe ser fácil poder despejar los temores, las incertidumbres que existen; ustedes ya han ganado una primera batalla, la más importante, que es que la gente no quiere prescindir del teléfono móvil y hace uso de él; lo que quiere la gente es que esa utilización sea segura. También les advierto que para nosotros la preservación de la salud es lo principal.
Si realmente estuviera en duda que tal como se desarrolla esa telefonía está poniendo en riesgo la salud, nuestro grupo sería el primero en pedir que se desarrollara de forma distinta, porque para nosotros lo principal, como para todos los grupos de esta Cámara y para el conjunto de la sociedad es saber que estamos utilizando una nueva tecnología, pero que lo estamos haciendo de forma segura. De ahí que sea oportuno este debate, porque realmente existe.


Yo también comparto con ustedes que existe en este momento una situación de alarma social, una situación de alarma social provocada por uno de los elementos de ese desarrollo que son las antenas de las estaciones base.
Hay un temor, no lo podemos ocultar. Si ahora saliéramos y empezáramos a preguntar a cualquier ciudadano de los que está pasando por la Carrera de San Jerónimo en este momento: ¿usted quiere que le instalen en su casa una antena de telefonía móvil?, estoy convencido de que la mayoría de ciudadanos diría que no. Existe un temor y nuestra responsabilidad ante la inquietud de que esto pueda frenar el desarrollo del sector es trasladar confianza, sólo podemos trasladar confianza, y para hacerlo se necesita información rigurosa.


Ustedes en esta primera parte nos han trasladado la inquietud, esperamos que en la segunda parte de esta comparecencia nos trasladen la confianza, la seguridad de que tal como se está haciendo el desarrollo en nada obstaculiza, en nada perjudica la necesaria y fundamental garantía de la salud de los ciudadanos. Este es el debate y en este debate algo se ha hecho mal, algo habrán hecho mal las administraciones públicas, algo habrán hecho mal también las propias empresas del sector en no conseguir trasladar a la ciudadanía esa tranquilidad. Ustedes no estaban cuando compareció la ministra el pasado 14 de febrero, pero yo puse un ejemplo que creo que sigue siendo válido, el ejemplo de que cuando una persona se sube a un ascensor (en España hay millones de ascensores) tiene la confianza en que esa máquina está cumpliendo unos controles de seguridad, está confiando en ello, e incluso si falla el ascensor -algunos diputados de esta Cámara saben que ayer nos falló un ascensor- la inquietud es la normal, porque sabe que aunque haya fallado en ese momento, los sensores están adecuados y que ha superado las inspecciones, de aquí que yo agradezca al señor Aguilera muy especialmente la confianza que nos traslada con el plan de mediciones, pero este plan de mediciones debe realizarse con un rigor absoluto.


Siguiendo con el mismo ejemplo del ascensor, ¿verdad que cuando uno está en un ascensor sabe que en ese mismo ascensor existe, quizá es una pegatina, la información precisa del control que ha superado, cuándo se realizará el próximo control y qué normativa rige, que nadie la conoce, pero se supone que es la normativa adecuada a los parámetros de seguridad? Pues ese plan de mediciones no debe trasladar únicamente la información, como nos ha dicho y me parece acertado, en una página web, sino también en cada estación base. Cuando uno tiene en su edificio, en su inmueble, en el inmueble vecino, una estación base, tiene que poder comprobar físicamente que se ha realizado la medición, que es adecuada, que se cumplen los parámetros de seguridad y que no se ha detectado ninguna situación objetiva que pueda causar alarma. Esto es necesario, es necesario para trasladar a la ciudadanía que se está haciendo esto de forma correcta.


Hay un tema, señorías, no podemos obviarlo, que ha disparado esa alarma social, los casos de enfermedades en un colegio de Valladolid en donde existían unas antenas próximas. El relacionar los problemas de salud de determinados ciudadanos, graves problemas de salud, con la existencia de unas antenas ha disparado la alarma, porque había una cierta confianza y ese hecho es el que realmente ha alertado al conjunto de la población.
Todo parece indicar que no existe esa relación de causalidad, que en nada esas antenas influyeron en los problemas de salud que tuvieron determinados ciudadanos en Valladolid, pero tenemos que tener la certeza de que es así, porque si no, si existiera realmente una duda razonable, el planteamiento sería distinto. Por tanto, los parlamentarios queremos ayudar al sector a desarrollarse porque eso significa ayudar al conjunto de la sociedad; la sociedad quiere que la telefonía móvil se implante, se desarrolle. En esta Cámara (y los comparecientes quizá lo sabrán, los miembros de la Comisión, por supuesto), en el inicio de esta legislatura, tuvimos múltiples debates sobre los móviles de tercera generación; de qué forma podían implantarse mejor, si por subasta o por concurso, y ahora quizá esa implantación está en riesgo porque para que la telefonía móvil exista necesita de estaciones base que le den una cobertura. Si se sigue por esta senda, el sector llegará a no poder desarrollarla porque no encontrará ciudadanos dispuestos a instalar en su inmueble esa estación base. Debemos rectificar esa tendencia, de ahí la oportunidad de la sesión de hoy de aportar seguridad.


Por último, en esta primera intervención, el consejero delegado de Vodafone, cuya exposición me ha parecido

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muy interesante, nos pedía a los parlamentarios que intentáramos poner orden en la normativa existente, que intentáramos poner de acuerdo en el ámbito de sus competencias a cada una de las distintas administraciones.
Yo estoy de acuerdo. Mi grupo va a hacer lo posible para llegar a una mayor armonización entre todos de lo que ahora es una normativa en ocasiones alarmista debido a las propias peticiones de los ciudadanos en cada término municipal, pero evidentemente algún aspecto deberemos rectificar. En España se cumple claramente la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999; se cumple. La normativa, tanto estatal como autonómica como de determinados ayuntamientos, cumple sobradamente esa recomendación. Debemos trasladar eso a la población, pero también deberemos ponernos de acuerdo en qué forma concreta, con qué límites concretos exigimos el cumplimiento, que es sobrado en este momento, de esa recomendación. Y aquí mi grupo parlamentario plantea, y lo plantea formalmente al Gobierno porque está establecido en un real decreto, la posible modificación del Real Decreto 1066/2001, modificación que para mi grupo parlamentario consistiría en una redacción más rigurosa, concretamente del artículo 8 de ese Real Decreto, y que diera lugar a interpretaciones menos dispares. Nos referimos a que en el artículo 8 se hace referencia expresa a la necesidad de minimizar ante espacios sensibles como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos, entre otros. ¿Y qué quiere decir minimizar? ¿Hasta cuándo, qué limite es minimizar? Hay una inconcreción de cuáles son realmente los espacios sensibles, porque se deja abierto. Eso ha creado una situación que ha permitido unas normativas dispares. Pero mi grupo, y con esto termino, señor presidente, no quiere acusar a ninguna Administración local o autonómica de esa disparidad normativa, porque ha venido justificada precisamente porque los ciudadanos no han conseguido ese nivel de confianza en que la estación base estaba cumpliendo realmente las normas de seguridad. De ahí que les ofrezca la colaboración de mi grupo parlamentario, de Convergència i Unió, para hacer posible el desarrollo de las nuevas tecnologías, un desarrollo que piden los ciudadanos. Como nos decía el consejero delegado de Amena, hay que intentar de alguna forma despejar esas incertidumbres, despejar esos obstáculos existentes. Mi grupo quiere contribuir a que se despejen, pero sobre todo quiere hacerlo si entre todos somos capaces de trasladar la verdad, que es que se respetan los niveles de seguridad y de salud de los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Montserrat Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: En primer lugar quiero dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan, en esta Comisión de Ciencia y Tecnología, a quienes han intervenido hasta ahora, a los consejeros delegados de las operadoras, y a quienes lo harán posteriormente desde el ámbito más técnico y científico. Quiero agradecerles su presencia hoy aquí, especialmente por dos razones, una, porque han mostrado interés en venir a esta Comisión para compartir con los diputados y diputadas una situación que ustedes han definido claramente de preocupación; pero también porque podríamos calificar esta comparecencia de no muy habitual en esta Casa y creemos que es un precedente especialmente interesante.
Tenemos que estar agradecidos en este caso al presidente de la propia Comisión, a la Mesa y portavoces, que acordaron celebrarla, porque, como decía, representa un precedente para otras situaciones que también generan preocupación social y en otros momentos seguramente posibilitará que se pueda reproducir la situación de hoy. Me refiero, por ejemplo, a asociaciones y otros sectores y agentes sociales y cívicos que están preocupados por temas como las células madre o cuestiones vinculadas a la protección de la salud de los ciudadanos. Es decir, que lo que hemos hecho hoy con las operadoras y con personas de reconocido prestigio del ámbito científico y técnico, seguramente lo podremos hacer próximamente con las asociaciones de diabéticos o de enfermos de Alzheimer, que están preocupadas por cuestiones similares vinculadas al tema. Este problema no nos lo podemos tomar de ninguna manera en broma, pues es la percepción social, de todo tipo vinculados a la salud.


Esta preocupación social respecto al tema concreto, que discutimos hoy aquí, que es la implantación de la telefonía móvil, ha provocado que hoy vengan ustedes aquí y soliciten de forma explícita apoyo, apoyo de los señores y de las señoras parlamentarios y parlamentarias, para resolver un problema que podemos calificar, se ha hecho ya, de alarma social, se ha calificado también de falta de confianza, se ha calificado hoy con una expresión que suena un poco fuerte, la tecnofobia, hemos hablado también de fobia a las estaciones base de telefonía móvil y hemos hablado sobre todo de falta de confianza y de la incapacidad de trasladar confianza a la población, a pesar de los esfuerzos que ustedes nos han explicado hoy que vienen haciendo y que piensan hacer todavía más en el futuro. La alarma social ha sido calificada en algunas ocasiones de injustificada, irracional, desmesurada desde el punto de vista científico y sanitario, y evidentemente -luego entraremos más en detalle en esta materia- se han hecho también muchos esfuerzos para explicar cuáles son los datos objetivos sobre el tema.


Centrándonos en lo que afecta a los representantes de las operadoras y respecto a esta situación que podemos calificar de alarma social, yo quiero leer literalmente aquí una exposición en una publicación de ustedes mismos, de la asociación ANIEL, en la que yo creo que en tres frases expresan de una forma quizá más contundente de lo que han hecho hoy, seguramente por

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cuestiones de cortesía, cuál es la situación. Ustedes dicen: "Hay responsables de esta situación, y no son precisamente los ciudadanos que se preocupan por la salud de sus hijos o las comunidades de vecinos que persiguen el máximo beneficio económico por alquilar tejados. Es la información escasa, parcial o nula de quienes están obligados a ofrecerla en tiempo y forma lo que ha provocado el temor injustificado de usuarios y el malestar y la crítica situación de las empresas del sector de telefonía móvil". Yo creo que con estas pocas palabras, de una forma clara y sencilla, se está reflejando claramente cuál es la preocupación, no sólo de los ciudadanos por proteger su salud, sino también la de las operadoras por cumplir con unos compromisos de despliegue de una red de infraestructuras que, como se ha dicho aquí, es vital, es fundamental, es absolutamente indispensable y necesaria para poder acceder al desarrollo de la sociedad de la información y, en términos de desarrollo económico y social, situar a nuestro país donde le corresponde.


La pregunta sigue siendo: ¿por qué persiste el conflicto? No es ésta la primera vez que ponemos sobre la mesa la existencia de un problema, llevamos ya varios meses haciéndolo en esta misma Comisión a través de comparecencias con la propia ministra de Ciencia y Tecnología, a través de la tramitación de iniciativas parlamentarias de diferentes grupos, y muy recientemente con el debate de una proposición no de ley en el Pleno de mi grupo, del Grupo Socialista, proposición no de ley que era bastante extensa, pero que fue rechazada y que en la mayor parte de su contenido coincidía exactamente con lo que ustedes han dicho hoy aquí. La pregunta es, pues, por qué persiste el conflicto.


El despliegue, como han dicho ustedes, se realizó sin marco normativo, y esto explicaría una gran parte del problema, de forma no controlada y muy rápida, de una forma casi acelerada. Esto seguramente generó una parte importante de la desconfianza de los ciudadanos hacia la Administración y también, lo reconocerán ustedes, hacia sus propias empresas. A los ciudadanos se les hacía (en estos momentos no, porque la situación no se produce) muy difícil comprender cómo de la noche a la mañana, y esto es exacto y real, aparecía delante de sus casas una instalación de estación base de telefonía móvil, no comprendían cuáles habían sido los trámites administrativos legales necesarios para llevarla a cabo. El Gobierno, primera Administración que debía regular (lo hemos denunciado, lo hemos explicado y gran parte de los que estamos aquí lo hemos reconocido así, que debía regular), lo hizo tarde y con bastantes deficiencias. Y una vez dictadas las normas, pues las normas ya las tenemos, siguen existiendo problemas. El diálogo y la comunicación, que se han reconocido como elementos esenciales en una situación de percepción social de riesgo, ni funcionaron ni funcionan tampoco en estos momentos; si no, no estarían ustedes hoy aquí reclamando un espacio de concertación, ofreciendo, yo diría que a voces, su colaboración para establecer los mecanismos adecuados para resolver esta cuestión. Pero ustedes están aquí para que nosotros, los diputados y diputadas de esta Comisión, podamos recabar su opinión al respecto y a mí sí me gustaría, entrando en algunos detalles, preguntarles sobre algunas cuestiones ya más concretas.


Han hablado ustedes de la disparidad normativa entre administraciones.
Evidentemente, existe. Hay un real decreto estatal y una orden ministerial que no coinciden en el nivel de exigencias con las normativas que algunas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han dictado en los últimos tiempos, y para más complicación la semana pasada el Gobierno central acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una normativa autonómica, concretamente la de Castilla-La Mancha. Hay ordenanzas municipales recurridas, muchísimas; hay licencias recurridas, muchísimas también. ¿Ustedes piensan recurrir también las legislaciones autonómicas que fijan límites por debajo de los que fija el real decreto, es el caso de las normas de Cataluña y de Castilla-La Mancha, pero también las de Castilla y León y las de Navarra, que está en trámite? ¿Cuántas ordenanzas municipales han recurrido ustedes hasta la fecha? Y otra pregunta es si piensan seguir también recurriendo estas ordenanzas. ¿Creen ustedes que es la vía adecuada para paliar el llamado y evidente desorden? Y sobre todo, ¿qué están haciendo sus empresas para negociar con las administraciones locales? Nosotros sabemos que al final donde se intentan resolver los problemas es en el ámbito municipal, porque es el ámbito más directo de relación con los ciudadanos, y ha habido ayuntamientos que de forma muy responsable han conseguido llegar a acuerdos, ha habido alcaldes que personalmente se han empleado a fondo en establecer acuerdos con las operadoras que actúan en su término municipal y han conseguido paliar los efectos de esta sinrazón, de esta situación tan conflictiva.


Hay una especie de sospecha sobre qué han hecho y qué no han hecho los responsables municipales o qué podían y qué no podían hacer. ¿Creen ustedes que la culpa es de los ayuntamientos, de los propios alcaldes que, sometidos a presiones sociales de los ciudadanos -que tienen temores y es legítimo que los tengan-, han tomado algunas decisiones administrativas que han comportado lo que ustedes han definido como frenazo del despliegue? ¿Por qué creen ustedes que las comunidades autónomas han optado por normativas más restrictivas que las del propio real decreto? Si las mediciones que han hecho ustedes arrojan siempre niveles por debajo de lo que está establecido, ¿no creen ustedes que para armonizar este marco legislativo tan disperso podría ser una buena solución decidir armonizar a la baja y de una forma más ajustada a lo que es la realidad en estos momentos?

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Respecto a la normativa de enero, la de la orden ministerial que desarrolla el real decreto y establece la regulación sobre zonas sensibles, ¿creen ustedes que ha mejorado o que ha empeorado la situación antes y después de esta normativa? La impresión que la mayoría tenemos es que, precisamente por lo que decía el señor Jané, el artículo 8, por su falta de precisión, por la ambigüedad, por las dudas que genera -todavía más-, lo que hizo en enero fue quizá incrementar todavía más la percepción social de riesgo. ¿Qué deficiencias tiene, según su parecer, la regulación sobre zonas sensibles y hasta qué punto ha provocado la gran disparidad? Porque aquí el color político no es ninguna pauta, es decir, hay ayuntamientos de diferentes partidos con niveles igual de restrictivos y con impedimentos igual de problemáticos.


Me preocupa especialmente la responsabilidad de los alcaldes y de los propios ayuntamientos, porque al final son los que con sus actuaciones han tenido que poner paz allí donde no la había, y les habla una persona que ha conocido esta situación en primera fila. Yo soy concejala de la ciudad de Figueras, he vivido desde hace unos años cómo se ha producido esta situación y recuerdo perfectamente cuando empezaron a aparecer las antenas sin ninguna norma, sin ningún marco regulador, y cómo la gente venía (cuando digo la gente me refiero a los ciudadanos, pero también a gente del sector técnico de las propias operadoras) a preguntarnos qué había que hacer y cómo había que hacer aquello. Y la verdad es que quienes tuvieron que dar la cara fueron precisamente los alcaldes y los concejales responsables.


Entraremos luego en cuestiones más técnicas, cuando el presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones nos hable de cuestiones más técnicas y científicas. Finalmente quería preguntarles por los planes de inspección y de autocertificación. Este también fue un tema que en su momento y en esta Cámara generó una gran zozobra, diría yo, cuando la ministra anunció que estos planes se llevarían a cabo de aquí a junio.
Ustedes han hablado de que ya está elaborado y en marcha el plan nacional de certificaciones, yo les quería preguntar, para que quedara claro de una vez por todas, si se trata de un compromiso que adoptan ustedes o de una obligación. ¿Cuántas antenas se han revisado hasta la fecha y a qué ritmo se va hasta este momento? ¿Cuántas han demostrado incumplimiento de la normativa, qué se ha hecho para aplicar medidas correctoras, cuántas se van a revisar y en cuánto tiempo lo van a hacer? Porque la verdad es que estamos ya, como se diría en el fútbol, aunque yo no entiendo demasiado, en tiempo de descuento, y relaciono esto con el despliegue de la tecnología UMT. En junio vencen una serie de cuestiones, como nos ha dicho el señor De Wit, respecto a este tema, y no llegar a tiempo va a tener repercusiones muy importantes, no solamente para los intereses de las operadoras, sino también para el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Creen que van a poder cumplir con estos planes de certificación y de inspección en este tiempo? ¿Qué control va a ejercer el ministerio sobre sus planes de certificación? ¿Qué han hablado ustedes con los responsables de las administraciones para que los resultados de estos planes estén en condiciones de ser transmitidos correctamente a la población?

Finalmente, la comunicación a la población de todas estas cuestiones me parece que es el tema fundamental, aquí es donde tenemos el bloqueo, si esto es problemático es porque alguien no está haciendo bien la transmisión de comunicación y de confianza a la población. ¿Creen ustedes, como han dicho en el pasado algunos responsables ministeriales, que son ustedes los únicos encargados y responsables de transmitir esta información a la población? Nos han hablado de la puesta en marcha de una página web para poner a disposición de los ciudadanos toda la información que vayan ustedes generando respecto a este tema, ¿pero creen ustedes que va a ser suficiente con los medios que van a poner a disposición las empresas operadoras a través de este plan de comunicación? ¿Qué han acordado con los responsables de las administraciones para que esta comunicación llegue en tiempo y forma a los ciudadanos? En definitiva, desde nuestro punto de vista, debería plantearse de una forma muy rigurosa cuál es aquí el espacio de responsabilidad, no sólo de colaboración, que debe existir de todos y cada uno de los protagonistas de este tema: empresas operadoras, sector científico, asociaciones de usuarios, consumidores, ciudadanía en general, pero también las administraciones responsables y competentes a diferentes niveles.


En cualquier caso, tenemos frente a nosotros un tema delicado y complejo, como es la evaluación y gestión del riesgo que se ha producido en el tema de la telefonía móvil; pero también hemos visto otras situaciones que no tenían nada que ver con las telecomunicaciones que han generado situaciones de alarma social parecidas y es posible que en el futuro aparezcan otras nuevas. Es necesario establecer este diálogo fluido, serio y riguroso entre las instancias de decisión, los expertos y los agentes del sector, porque existe una percepción diferente y los ciudadanos se preocupan por la salud de sus hijos, de sus familiares y de su entorno, y por lo tanto ellos, no siendo expertos, es lógico que generen temores y aproximaciones no sólo cognitivas, sino muchas veces emocionales y vinculadas a cuestiones muy vitales, relacionadas con las enfermedades, y por lo tanto es muy lícito que tengan estas preocupaciones y que a veces las manifiesten incluso de una forma que podemos calificar de desaforada, de irracional, pero quienes no puede hacer dejadez de su responsabilidad, de rigurosidad, de seriedad, son las personas que toman las decisiones políticas.


El espacio de colaboración ustedes lo tienen. Desde mi grupo yo creo que hemos dado también muestras de

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ofrecerlo en el pasado, creo que la Comisión ha hecho hoy aquí un ejercicio de responsabilidad muy importante y la lástima es que esto no se produzca en un ámbito en el que seguramente hay mucha más capacidad y posibilidades de influencia, un ámbito donde estén sentadas las administraciones competentes, que es lo que hemos venido pidiendo desde mi grupo desde hace tiempo.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las empresas operadoras presentes hoy aquí y, en cualquier caso, en el segundo turno entraremos con más detalle en otras cuestiones.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Moreno.


El señor MORENO BONILLA: Desde mi grupo, como no podía ser lógicamente de otra manera, damos la bienvenida y agradecemos a los consejeros delegados de las operadoras de telefonía móvil, a don Belarmino García, a don Javier Aguilera y a don John de Wit, que nos acompañen a lo largo de esta mañana, esta hora y media que llevamos compartiendo opiniones, sugerencias e ideas sobre un tema de máxima actualidad, de máxima actualidad ciudadana, de máxima actualidad política, de preocupación en el sector, como ha quedado patente a lo largo de esta mañana, y que yo creo que esta Comisión y la Mesa de esta Comisión ha recogido de manera absolutamente generosa, de manera inteligente. Yo creo que esta comparecencia va a servir para clarificar, para posicionar y para tener una visión mucho más clara, mucho más nítida de cuáles son los problemas a los que se enfrenta el sector, de cuál es la visión que tiene el sector de la situación que se vive en nuestro país, de cuál es la visión y la opinión de importantes miembros de comités científicos, que a lo largo de esta mañana y posteriormente a este debate y a estas intervenciones, nos van a acompañar y nos van a enriquecer, sin lugar a dudas, con sus opiniones. Por tanto, el Grupo Popular felicita a la Mesa por esta iniciativa, que nos parece absolutamente interesante, absolutamente inteligente y también absolutamente oportuna en el tiempo.


Estamos hablando de un sector que yo creo que a nadie se le escapa, ni a los operadores ni a las instituciones ni a los grupos políticos que hoy representamos, que es un sector estratégico, un sector que desde la liberalización de las telecomunicaciones, de los operadores de la telefonía móvil, ha tenido una expansión en términos de crecimiento económico muy interesante en los últimos años, que ha constituido y constituye, a nuestro juicio, un elemento de cohesión social y que ha significado no solamente la transformación económica de nuestro país, porque ha sido, como apuntaban los consejeros delegados, un puntal del desarrollo económico y social de nuestro país en los últimos seis años, sino también la transformación social de nuestro país, hasta un punto absolutamente insospechado. Cuando se liberalizó el sector yo creo que nadie pensaba que el nivel de desarrollo que iba a tener la telefonía en nuestro país iba a ser tan fundamental como lo ha sido en los últimos seis años, hasta el punto que recientes estudios sociológicos demuestran que hay ciudadanos que están dispuestos a prescindir, si tuvieran que prescindir de algo, de su ordenador, prescindirían del microondas, prescindirían del vídeo antes que de su propio teléfono móvil, lo cual nos da una visión de hasta qué punto el teléfono móvil está asociado a las necesidades individuales de cada ciudadano y cómo se ha incorporado a la vida cotidiana de muchos millones de españoles. Por tanto, cuando hablamos de este sector y de las ventajas y de los inconvenientes que ha tenido el desarrollo de la telefonía móvil en nuestro país, tenemos que hablar siempre desde la responsabilidad, tenemos que hablar siempre desde la seriedad, tenemos que hablar siempre desde el saber y entender que tenemos que casar las ventajas y los inconvenientes que ha tenido este desarrollo en los últimos años.


Yo hablaba de las ventajas que ha tenido el desarrollo de la sociedad de la información y sobre todo de la telefonía móvil en nuestro país, pero a nadie se le escapa tampoco, y ha quedado absolutamente claro a lo largo de esta mañana, que junto a esas ventajas hay unos inconvenientes.
¿Inconvenientes? Como ha sido muchas veces criticado y cuestionado, la aparición en el paisaje urbano o en el paisaje cotidiano de muchas ciudades, de muchos municipios de nuestro país, de esos nuevos instrumentos que son las antenas, que son las estaciones de base, que han ido proliferando a lo largo de la geografía, y cómo no, lo que yo creo que es la esencia del problema y de la preocupación de muchos ciudadanos, la vinculación o las dudas respecto a los riesgos que conlleva para la salud la cercanía de estas estaciones base. Por tanto, siempre que establezcamos un debate sobre estas cuestiones, lo debemos hacer fuera del calor político, fuera de la batalla política, fuera de la confrontación natural, legítima, que hay entre las distintas posiciones que representan y defienden los grupos parlamentarios y los distintos grupos políticos, tiene que hacerse desde una posición de responsabilidad, como decía, y de seriedad.


El sector se ha desarrollado de manera prácticamente imprevisible, de una manera que ha hecho que nuestro país esté incluso a la cabeza de la Unión Europea y sea un país destacado en la implantación de la telefonía móvil en el conjunto de la Unión Europea, y yo creo que en el propio conjunto mundial. Precisamente por eso desde las instituciones y desde el propio Gobierno se puso en marcha un decreto ampliamente conocido por todos, el decreto de septiembre de 2001, y la orden ministerial de enero de 2002, que han regulado la materia conforme, lógicamente, a las recomendaciones europeas sobre los límites de exposición a los campos electromagnéticos de 1999. Estos límites, como ha

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quedado también a lo largo de esta mañana expuesto por distintos intervinientes, han sido expresamente ratificados hace tanto solo unos meses por el comité de expertos en toxicología, ecotoxicología y medio ambiente de la Comisión Europea, tras un análisis de todas las investigaciones que se han realizado desde que la normativa europea fue dictada. También sabemos que desde antes de la publicación de este real decreto, antes de que el Gobierno pusiese en marcha una iniciativa que a nosotros nos parece piedra fundamental para tranquilizar, para normalizar, para serenar y para dar confianza a los ciudadanos, antes de que ese real decreto se pusiera en marcha, porque había un control, había una información previa y había una coordinación por parte de las instituciones y por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sabemos que el sector ya llevaba años trabajando sobre la base de los niveles de emisión que se han establecido en la Comisión Internacional de Radiaciones no Ionizantes y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la propia Unión Europea. Y antes de este decreto los operadores europeos han cumplido, con un margen a nuestro juicio razonable, todo este tipo de recomendaciones. El real decreto impulsado por el Gobierno es un real decreto que se hace con responsabilidad, que se hace no solamente siguiendo las instrucciones y siguiendo otras iniciativas supranacionales en el ámbito de la Unión Europea y de la comisión de expertos, sino también hablando con los sectores implicados, o sea, que se mantienen contactos, como no podía ser de otra manera, con las operadoras, con los propios usuarios, con los consumidores. En definitiva, se trata al final de llegar a una base reguladora que garantice esa seguridad, hasta el punto que nuestra legislación en esta materia es quizá más restrictiva, da mayor seguridad al ciudadano que otras, como puede ser la del propio Reino Unido, como puede ser la de países tan destacados como Estados Unidos o incluso de Suecia.


Por tanto, yo creo que las instituciones, y en este caso el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer era regular, lo que tenía que hacer, lógicamente, era poner sobre la mesa un marco regulador que diera seriedad, que diera rigor y que diera tranquilidad al usuario, y es lo que se ha hecho; pero a pesar de tener ese margen regulador, que como yo digo es absolutamente estricto, absolutamente serio, pues todavía hay -y yo creo que nuestro grupo lo pone de manifiesto porque es una realidad- inquietud por parte de los ciudadanos y hay quizá una falta de confianza en las estaciones base o en lo que comúnmente se llama antenas cuando se ubican cerca de sus domicilios o cerca de escuelas o de zonas que lógicamente generan preocupación en el ámbito familiar.


Nosotros creemos que la clave de todo es la información. Yo creo que a nadie se le escapa que la clave para que los ciudadanos tengan una absoluta confianza, para que los ciudadanos no tengan ese temor, para que los ciudadanos no perciban con ningún tipo de timidez el desarrollo de las telecomunicaciones y consiguientemente que se lleve acabo la instalación de antenas, la instalación de estaciones base, es la información. La información tiene que ser rigurosa y meridianamente clara, y ahí todos tenemos que implicarnos, las instituciones, las administraciones públicas, las operadoras de telefonía móvil, los expertos y los científicos, que pueden dar una base y pueden dar una opinión especializada, una opinión contrastada, una opinión desde el propio rigor, y todos podemos aportar esa serenidad que yo creo que es absolutamente necesaria. Yo creo que no se le escapa a nadie que cualquier grupo político tiene como prioridad absoluta la defensa de la salud del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, siempre desde la premisa de esa garantía de salubridad, a nuestro juicio todos tenemos que poner esa base y hacer ese esfuerzo para desde el rigor conseguir que el sector -un sector, como yo lo denominaba al comienzo de mi intervención, estratégico, un sector especialmente importante en el conjunto de nuestro país- no sufra ningún tipo de paralización y pueda seguir desarrollándose en los próximos años de manera que contribuya notablemente no sólo al crecimiento económico y social de nuestro país, sino también que contribuya de manera decisiva, como así creo que va a ser, al desarrollo de la sociedad de la información, tan importante, tan elemental en el conjunto de España.


En los últimos meses quizá ha habido una carencia de información, una carrera por parte de las instituciones locales y comunidades autónomas en el legítimo derecho e incluso en la necesidad de dar mayor tranquilidad, mayor serenidad al conjunto de los ciudadanos, y han querido legislar de una manera más amplia, teniendo criterios quizá mucho más rigurosos. Pero esa carrera que muchas instituciones y muchas corporaciones locales o comunidades autónomas han llevado a cabo en los últimos meses, lejos de contribuir a la serenidad y a la tranquilidad, yo creo que al final han contribuido precisamente a que haya disparidad y cierta inquietud por parte del conjunto de los ciudadanos.


A nuestro juicio se están poniendo las bases para ir dando confianza progresivamente al conjunto de los ciudadanos a través de la información.
Me parecen muy interesantes ciertas iniciativas que por parte de las operadoras se han comentado a lo largo de esta mañana, como es la puesta en marcha de una página web, con lo cual el conjunto de los ciudadanos van a poder acceder de manera directa a esta página y yo creo que van a poder despejar así gran parte de las inquietudes. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando para que haya mayores mecanismos de control, mayor coordinación de la información y mayor seriedad y responsabilidad a la hora de hablar de estos temas.


No quiero extender más mi intervención teniendo la oportunidad a lo largo de esta mañana de tener a personas

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destacadas que conocen mejor que los grupos parlamentarios cuál es la situación desde el punto de vista empresarial y posteriormente desde el punto de vista científico del sector y cuáles son las preocupaciones, pero me gustaría que a los distintos consejeros delegados me ampliaran la información sobre algunos de los mecanismos de control que han establecido las propias operadoras. Me gustaría saber cuáles son los mecanismos de control que se han establecido sobre el emplazamiento de las antenas. Me gustaría saber si siguen ustedes de algún modo los emplazamientos; sabemos que sí que se están siguiendo y se están concretando, pero quisiera saber exactamente con qué frecuencia realizan los estudios de las emisiones de las antenas. Sabemos que ahora mismo hay una importante inversión desde el punto de vista económico, incluso una apuesta por parte del sector para controlarlo, pero me gustaría saber con qué frecuencia. Y nos gustaría saber también si por parte de las operadoras están desarrollando alguna estrategia que limite la proliferación de las estaciones base. Si se han puesto en marcha o se prevé en el futuro a corto plazo, a iniciativa de las propias compañías, programas que supongan la compartición del espacio radioeléctrico, así como el de las propias infraestructuras, de las propias antenas. En relación con el desarrollo de la tercera generación de móviles, UMTS, ¿con qué dificultades concretas se encuentran en estos momentos las distintas compañías para poder desarrollar esa tercera generación de móviles? Son para nosotros cuestiones importantes, esenciales, que lógicamente nadie mejor que los propios operadores pueden resolver.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasaremos la palabra, para dar una respuesta lo más rápida posible, a los distintos consejeros delegados, en el bien entendido de que después se producirá la intervención del resto de las personas que hacen hoy su comparecencia y luego, al final, tendremos la última discusión.


Tiene la palabra en primer lugar don Belarmino García, consejero delegado de Amena.


El señor CONSEJERO DELEGADO DE AMENA (don Belarmino García): Voy a tratar de dar respuesta a algunas de las cuestiones que han sido planteadas esta mañana por los representantes de diferentes grupos parlamentarios.


En algunas de las intervenciones se ha hablado del alarmismo exagerado, pero que estamos viviendo en estos momentos en el sector. Déjenme que les aporte algunos datos, aparte de los que ya hemos suministrado, para darles idea de por qué hemos utilizado determinadas expresiones a la hora de calificar este proceso como frenazo al desarrollo de las telecomunicaciones en este país. Les estoy hablando de lo que hemos vivido durante los últimos quince meses, el año 2001 y lo que llevamos de año 2002, que es el momento en el que se exageran mucho más los niveles de sensibilidad por parte de toda la población y a consecuencia de lo cual nuestro proceso de instalación se ve afectado. Aparte de hablar en nombre del sector, creo que en nuestro caso, como compañía individual, podemos trasladar con mucho mayor nivel de crudeza nuestra situación, dado que a nuestra compañía, por ser la última que aparece en el mercado, está en pleno proceso de desarrollo de nuestra infraestructura. Es el caso más exagerado de todos en términos porcentuales del número de antenas afectadas para dar un nivel de cobertura que nos garantice un nivel de calidad de servicio que nos permita competir de igual a igual con las otras dos operadoras. No les voy a dar datos particulares, porque entiendo que hoy estamos hablando como sector, pero sí les quiero transmitir que estamos hablando de un hecho real que afecta seriamente al desarrollo tecnológico de este país y a la utilización que del mismo podamos hacer desde los distintos sectores de actividad. En lo que se refiere a los contratos con aquellas entidades que alquilan sus emplazamientos para colocar antenas conseguimos firmar el 20 por ciento de los intentos de firma de contratos que realizamos en este país. De nuestro plan de despliegue del año pasado no hemos llegado ni a la mitad, el 42,5 por ciento. En cuanto al desarrollo de nuestras instalaciones de red correspondientes al año 2001 hemos conseguido instalar el 42,5 por ciento, menos de la mitad de lo que pretendíamos. Por cierto, aquí estamos hablando evidentemente del impacto que tiene en el desarrollo de un sector que es crítico para el desarrollo económico y social de este país.


Hemos hablado de la criticidad que tiene una tecnología como ésta en la vertebración de una sociedad. Les prometo que si seguimos adelante con la implantación de determinadas ordenanzas que están apareciendo en determinados municipios, dichos municipios quedarán por completo sin servicio, la cobertura será imposible de proveer y el impacto económico y social que este hecho va a tener sobre la población, que no solamente vive en dichos municipios, sino que visita dichos municipios, va a ser mucho más relevante que la gestión adecuada de la sensibilidad social que en estos momentos existe sobre los aspectos relacionados con la salud y el medio ambiente, que han sido también citados.


Del total de las antenas que existen en este país ya instaladas, hay un 15 por ciento con amenaza de desmantelamiento, antenas que ya han sido construidas, que ya están emitiendo señal y por lo tanto que están dando servicio a los ciudadanos de este país; el 15 por ciento de 30.000 antenas, que son cerca de 5.000, están en estos momentos con amenaza de desmantelamiento. Y no quiero hacer un análisis puramente económico del impacto que tendría para las operadoras el coste de desmantelar, pero sí quiero incidir en el impacto que tendría desde el punto de vista del servicio y del desarrollo

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económico. Toda ciudad cuya industria tenga conexión con el resto de zonas geográficas de España, de zonas más allá de nuestras fronteras, con Europa o a nivel internacional, tendrá tremendas dificultades de desarrollo económico si el servicio de telefonía móvil no goza de las suficientes garantías de calidad y servicio en la zona geográfica donde se encuentren ubicadas aquellas empresas que desarrollen productos o servicios.


Luego, como conclusión, quisiera recordar que la amenaza es seria y creemos honradamente que no hemos utilizado palabras que exageren el nivel de riesgo que como sociedad tenemos. Nosotros, como operadores de telefonía móvil, nos sentimos plenamente responsables de cualquier gestión que debamos de realizar para tratar de minimizar los efectos negativos que esto pueda provocar, pero también entendemos que las administraciones, y el Parlamento en concreto, como ustedes mismos ya han expresado, deben de aliarse con nosotros en aquello que sea razonable realizar, y no pedimos más, solamente en aquello que sea razonable realizar.


Se han hecho también algunos otros comentarios sobre un posible proceso de desorden a la hora de instalar antenas. Yo quisiera decir que en el caso de la telefonía móvil hemos vivido el mismo proceso que existe en este país a la hora de solicitar licencias de construcción de cualquier tipo de infraestructuras. Este sector se abre a la competencia en el año 1995, anteriormente existía ya un desarrollo, pero mucho menos amplio del que se produce con la entrada del segundo operador de telefonía móvil en el año 1995, y a partir de ese momento, con el nacimiento de las redes GSM y con el desarrollo de dos redes GSM en España, nace un proceso complejo en el que debemos de acudir a solicitar una serie de permisos en distintos niveles de las administraciones, tal como tenemos articulado el marco de competencias en nuestro país. Pero quisiera recordar también que allá por el año 1995, y durante muchísimo tiempo, existía una cierta connivencia entre la obligación de presentar todos los documentos necesarios para la solicitud de licencias y, ante el alargamiento en el tiempo de la concesión de dichas licencias, el permitir que las obras (que por cierto han sido previamente visadas por ingenieros, arquitectos, una a una, sin una sola excepción) fuesen adelantándose, dando margen a la vez a que todo el proceso de concesión de licencias se acompasase en el tiempo, para terminar concediendo la licencia administrativa y a continuación poner en funcionamiento dichas instalaciones. Pero es cierto también que a lo largo del tiempo, y últimamente se ha visto mucho más exagerado, ha habido procesos de alargamiento de respuestas, de silencios administrativos y de otra serie de dificultades, que han hecho imposible obtener la concesión de licencias, independientemente de los documentos aportados por las distintas operadoras, cuando estábamos convencidos que estábamos cumpliendo al máximo detalle y del modo más estricto todas las normativas que se nos podían exigir. Y con ello no trato de justificar un proceso que es complejo y del que todos formamos parte, pero sí trato de describir una realidad que, de no haberla llevado a cabo de este modo, no estaríamos asistiendo al proceso acelerado que hemos tenido de acortar las distancias que España tenía con Europa en la utilización de un servicio tan clave como es el de la telefonía móvil. Sólo quiero recordarles que en el año 1998, mientras que en Europa el 24 por ciento de los ciudadanos utilizaba los servicios de telefonía móvil, en España solo el 18 por ciento de los ciudadanos utilizaba el servicio de telefonía móvil; en tan solo tres años España se ha puesto al mismo nivel de la media europea en el uso de la telefonía móvil. De no haberse producido el proceso que hemos llevado adelante con tremenda velocidad, pues no teníamos tiempo para acortar las distancias que teníamos en Europa, jamás podríamos haber llegado a igualarnos o a sobrepasar ligeramente el uso que de este servicio España hace con el resto de países europeos. Por cierto, todos nos sentimos tremendamente orgullosos, nosotros como operadores y la ciudadanía española como partícipes del proceso, del fenómeno acelerado de adopción de este tipo de servicio en un espacio de tiempo tan corto.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Javier Aguilera, consejero delegado de Telefónica Móviles.


El señor CONSEJERO DELEGADO DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA (don Javier Aguilera): Intentado recoger el conjunto de exposiciones de SS.SS., voy a pasar a responder al grupo de preguntas que tienen que ver básicamente con la normativa y con la salud.


He de indicarles que por el momento, y como la parte científica va a corroborar, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que existen efectos negativos sobre la salud humana atendiendo al factor de las emisiones radioeléctricas que producen las antenas de móviles.
Probablemente estética y ambientalmente son las más llamativas, porque son las más extendidas en todo el territorio nacional español, pero no cabe la menor duda que por otra parte son las más reguladas, con mucho, y que lo han sido desde su inicio. Nosotros, los que estamos sentados de esta parte de la mesa, no somos científicos, somos empresarios, y los empresarios, para llevar a cabo nuestra actividad, lo que realmente queremos es cumplir las normativas, dinamizar mercados y desarrollar riqueza y estamos dispuestos en todo momento a cumplir la normativa que sea precisa, a ser posible lo más clara, coherente y armonizada posible, y no vamos a cambiar de criterio, vamos a estar precisamente en esta línea de forma continuada. Las cosas no son casuales. Desde un inicio los operadores

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hemos construido todas nuestras estaciones cumpliendo la normativa europea, normativa altamente contrastada, con un fundamento totalmente científico avalado por las múltiples comisiones y foros de investigación que han tratado este tema, y pese a la carencia durante unos años de esta normativa, sobre todo en nuestra etapa esencialmente expansiva de instalación, he de decir que la hemos cumplido fielmente. Por lo tanto cuando SS.SS. nos están diciendo que por qué las mediciones están saliendo tan bien, claramente es porque no estaba improvisado, porque hemos hecho estas instalaciones cumpliendo ya una normativa previa. Por otra parte, esta normativa también afecta a los suministradores y a los fabricantes de equipamiento. No es una casualidad que los equipamientos al final cumplan esta normativa, y hablo de los equipamientos de telefonía móvil, dado que por otra parte es la tecnología en este momento de telecomunicaciones más extendida en el mundo. Nadie va a poner en riesgo, ni los fabricantes ni los propios gobiernos ni las administraciones, este fenómeno de bien que es el poderse cada vez comunicar más. La industria desde un inicio y las propias tecnologías que nosotros utilizamos al uso se han desarrollado conforme a normativas que cumplen precisamente estas recomendaciones de límites de potencia y desarrollo de cobertura. Por lo tanto nos hemos estado autorregulando, la industria, de una parte, en el desarrollo del equipamiento, los operadores, de obra, a la hora de hacer nuestro desarrollo en el terreno comercial y en el terreno técnico, y cuando ahora medimos cumpliendo una normativa, que sí queremos sin duda alguna, se ven los resultados de este hecho. ¿Que puede existir alguna incidencia? Podrá existir como en cualquier proceso que se controla a un nivel de calidad exhaustivo; es decir, los rechazos existen, pero nuestra voluntad es poder rectificarlos en todo momento y dejar la instalación correctamente.


Detrás de unos niveles de potencia hay un rigor y un fondo científico.
Tenemos ejemplos que no voy a calificar en estos momentos como Salzburgo, con el que nosotros nos encontramos frecuentemente. Salzburgo fue una comisión carente de rigor científico, no había personas avaladas científicamente en esa comisión, y, simplemente, de mirarse unos a otros, decidieron, como si fuera un grupo de amigos, vamos a bajar los niveles de la recomendación europea. Pero, señores, ¿qué hay detrás de ese nivel? Detrás de ese nivel hay unos costes abrumadores. Es decir, bajar las potencias tiene un coste fundamental, no solamente para el operador, que será el que tenga que desarrollar unas mayores inversiones, sino para el desarrollo del propio equipamiento en la industria, unos mayores precios de los servicios. Todo esto no es gratuito. Por lo tanto es un ejercicio de responsabilidad que cada vez que damos un parámetro, una medida, un criterio normativo, haya un refrendo científico que nos permita garantizar que estamos haciendo las cosas con el menor coste pero con la mayor seguridad, con la mayor seguridad con el menor coste, que es precisamente lo que se requiere habitualmente para la conformación de una industria y un desarrollo adecuado para un país, como venimos diciéndoles. Nosotros intentamos en todo momento cumplir la legalidad vigente. Al día de hoy entendemos que no puede haber perjudicados por los daños de una actividad que es absolutamente normal y general y nosotros tenemos pólizas al uso que cubren todas las posibilidades de riesgo, como si fuéramos también una industria absolutamente general: responsabilidad civil, daños por incendio, todo este tipo de siniestros. En definitiva, estamos dando cobertura, como no podía ser menos, a todos aquellos riesgos que pueden ser usuales en nuestra actividad en estos momentos.


Nosotros pretendemos, deseamos e invocamos la conciencia de promover una armonización de la normativa. Es una necesidad. Si no partimos de este supuesto, lo único que estamos trasladando entre todos a los ciudadanos es un mayor desconcierto. Es un ejemplo sencillo. Nosotros en nuestra propia actividad y desde nuestros puestos ejecutivos, cuando vemos que en un informe nos llegan dos datos que no son iguales, no digo ya contradictorios, lo que pensamos es que no hay fiabilidad en la información, aquello no es correcto. ¿Qué van a pensar los ciudadanos al tener informaciones normativas a diferentes niveles administrativos e incluso contradictorias? Tenemos una responsabilidad, que es poner orden en esta normativa, sabiendo, y se lo digo de todo corazón en representación del sector, conscientemente, que nosotros vamos a cumplir la que realmente se ponga encima de la mesa, y realmente la que tenemos encima de la mesa la estamos cumpliendo con todo tesón y con todo el esfuerzo que está en nuestra mano.


Consideramos que la vía contenciosa no es la más rápida ni la más eficaz para solucionar las cosas. Deseamos que las relaciones con las administraciones siempre se den en un marco razonable de diálogo y cooperación. No puede ser de otra manera. Nosotros tampoco queremos tomar partido ni juicio en causas como puede ser el recurso planteado s una situación de armonía y práctica, evitando batallas, queremos llegar realmente a desfacer el entuerto, queremos arreglar el problema. En definitiva, queremos ser prácticos, como les decía, y que esta romería que estamos sufriendo en este proceso, sin duda alguna nada deseable para nadie, se resuelva lo antes posible y para eso fundamentalmente lo que pedimos es armonización y ayudar a que esta exista en la normativa que hoy en día tenemos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor John de Wit, consejero delegado de Vodafone.


El señor CONSEJERO DELEGADO DE VODAFONE (don John de Wit): Señorías, voy a ser muy breve. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha

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dicho mi colega Belarmino García, la situación es muy seria. Lo que ha dicho el señor Aguilera es correcto: queremos cumplir con la legalidad, con la normativa, queremos ser prácticos. Lo que hoy me está impresionando más que nada son los claros síntomas que ustedes están dando de que entienden muy bien la seriedad del tema. Ustedes reconocen el impacto que tiene la tecnología móvil como aspecto socioeconómico. El impacto ha sido fantástico y muy alto. Es espectacular el hecho de que el 71 por ciento de penetración se haya establecido en menos de diez años.
Voy a añadir un dato más. La penetración a nivel mundial va llegar al 15 por ciento este año. Quiere decir que vamos a vivir en un mundo en el cual 1.000 millones de personas (15 por ciento de la población mundial) está utilizando el móvil; en países como China la penetración crece en más de 2 millones de usuarios al mes. Eso va a tener un impacto socioeconómico, como ha indicado ya el señor Moreno y la señora Palma, y ustedes son conscientes de ello, lo que obliga todavía más a tomar el asunto, como ustedes han dicho, con toda la seriedad y a investigar, sí, señora Palma, que no existe riesgo para la salud.Yo pienso que como sector y como industria somos muy conscientes del tema y pedimos que se trate con toda la seriedad posible y ofrecemos nuestra colaboración, junto con todas las partes que están involucradas, proveedores y grupos científicos, para continuar investigando y tratarlo con toda la seriedad del mundo. Esa es la razón por la que estamos aquí. También, señor Aymerich, tratamos de mejorar nuestra comunicación. Tiene usted razón, somos una industria de comunicación. No se trata de buscar culpables.
Queremos mejorar la comunicación en comparación con lo que hemos hecho en los últimos años. Bien es verdad que nos ha sorprendido la aceptación por parte de los ciudadanos de la tecnología con tanta rapidez como ha sido posible. Sí, estamos orgullosos de que hemos cumplido, aunque obviamente hemos tenido fallos por la rapidez. Estamos aquí para expresar que somos serios y queremos mejorar.


Contestaré concretamente a algunas cosas. Como ustedes saben, en cuanto al programa de medición, aparte de cumplir con las normativas, en España hay más o menos 30.000 antenas, de las que estamos midiendo ahora, junto con los colegas, 23.000, que están dentro de las zonas urbanas. Hoy, señora Palma -contesto a una pregunta suya muy concreta-, hemos cumplido creo que un 37 por ciento ya y estamos en camino de cumplir hasta finales de junio con las 23.000, junto con los colegas. Hasta la fecha no hemos encontrado, y creo que es muy importante, ni una que no cumpla con la normativa establecida en el real decreto, ni una del 37 por ciento que ya hemos medido. Estamos documentando estas datos, que serán revisados por expertos completamente independientes. Queremos demostrar que vamos en serio y los datos están disponibles para la auditoría del ministerio y para los expertos independientes y, como ustedes ya han escuchado, estamos haciendo que todos los datos estén disponibles para cualquier persona española, que podrá acceder a la web que estamos montando. Hasta aquí no sabemos hacer mejor nuestro trabajo ni desarrollar más nuestra responsabilidad y puedo decir que dentro del ámbito europeo, por ejemplo en el Reino Unido, apenas han investigado 1.000 antenas. En Irlanda, creo, están iniciando un proceso para hacerlo en 24 meses. En Francia han realizado una campaña para medir 400 antenas en todo el año 2001.
Efectivamente, podemos afirmar el liderazgo de España en un desarrollo tan completo. Nosotros, como único país europeo, vamos a medir 23.000 y vamos a hacer que toda la información esté disponible para cualquier español. Con eso creo que estamos demostrando como sector, porque no estamos aquí como compañías, que conocemos el impacto socioeconómico y la importancia del mismo hoy en día y que somos muy conscientes de nuestra responsabilidad ante el pueblo español también.


- DEL MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO (COMISIÓN DE TOXICOLOGÍA), CATEDRÁTICO DE MAGNETISMO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MAGNETISMO APLICADO, RENFE-CSIC-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, LABORATORIO SALVADOR VELAYOS (DON ANTONIO HERNANDO). (Número de expediente 219/000322.)

- DEL MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO (COMISIÓN DE TOXICOLOGÍA), CATEDRÁTICO Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (DON JUAN REPRESA). (Número de expediente 219/000323.)

- DEL DECANO PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (DON ENRIQUE GUTIÉRREZ BUENO). (Número de expediente 219/000321.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda parte de las comparecencias. En primer lugar daremos la palabra a don Antonio Hernando, miembro del Comité Científico, catedrático de magnetismo de la Universidad Complutense de Madrid.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO (COMISIÓN DE TOXICOLOGÍA), CATEDRÁTICO DE MAGNETISMO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,

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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MAGNETISMO APLICADO, RENFE-CSIC-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, LABORATORIO SALVADOR VELAYOS (don Antonio Hernando): Señor presidente, señorías, cuando se habla de campos electromagnéticos y salud tenemos que ser conscientes que hay tres ingredientes en el problema. Uno es el campo electromagnético, otro es el funcionamiento de la vida a escala celular, es decir, es lo que altera la salud, y el tercero es una dialéctica que acompaña a la humanidad desde que es humanidad y es esa tensión existente entre el afán irrefrenable de progreso, de mejoría en el estilo de vida, y luego la sensibilidad, que también va creciendo con la madurez democrática de los pueblos, a que ese progreso no sea agresivo. Entonces, para elegir en esta dialéctica, para inclinarse más a un lado o a otro, cualquier tipo de conocimiento objetivo de los dos primeros datos es importantísimo. Aunque yo no voy a entrar por supuesto en lo que no sé -soy un modesto investigador de magnetismo de la Universidad-, de campos electromagnéticos sí que sé un poquito y querría hacer una jerarquización de los niveles de conocimiento de estas dos componentes. Es fácil establecer desde el principio que es abismal la diferencia que hay entre lo que se sabe de campos electromagnéticos y lo que se sabe del funcionamiento de la vida, de tal manera que ahora los jóvenes científicos o con vocación científica se inclinan por la biología -si yo volviera a empezar, haría lo mismo y creo que también lo haría el diputado que sonríe. ¿Por qué? Porque es lo más atractivo, entender el genoma, entender la vida, y le quería decir a S.S.
que mientras no se entienda muy bien la vida, esa certeza de que algo no es malo nunca la vamos a tener, ni siquiera en cuanto al agua que bebemos; epidemiológicamente usted se puede dar cuenta de que el agua tiene un alto riesgo de ser la causa de la muerte, puesto que hay mucha gente que bebe alcohol y muere, gente que bebe café y muere, todos morimos, pero todos bebemos agua y todos morimos; luego el agua es candidata epidemiológica a ser mala, no hay certeza de que no sea mala.
Sin embargo, el campo electromagnético es algo muy bien conocido, quizá es el paradigma de la ciencia. La ciencia nunca alcanza certezas absolutas, pero sí grados de certeza muy variables, y el campo electromagnético es en física lo que mejor se conoce desde el siglo XIX.
Es una pena, los científicos también tenemos una responsabilidad en no haber contribuido a informar y a crear opinión sobre lo que es el campo electromagnético.


Yo voy a utilizar cinco ejemplos que ponen de manifiesto que han tenido cancha en esta relación con la sociedad no las personas adecuadas sino algunos malandrines, gente inteligente de otro nivel. El primero es cuando hablan del enterramiento de los cables de alta tensión. Cualquier persona con formación científica sabe que si los campos se entierran, como no se van a enterrar a la misma profundidad que a la altura a que se encuentran actualmente, van a producir campos mayores; pero la gente, no lo ve y aquí no pasa nada. Lo grave de esto es que no es por estética -estaría justificado por estética o por riesgo a la electrocución-, sino que esos ciudadanos, padres de niños que van a los colegios cerca de los cuales hay estos cables, están clamando por que los entierren porque se creen que al enterrarlos no va a haber campo magnético. Lo mismo sucede con las antenas de telefonía móvil cuando los alcaldes y los ciudadanos, con su mejor voluntad, claman por que se alejen las antenas, pero en definitiva se está creando una opinión de que lo malo es el cable y lo malo es la antena, y el campo, que sería en todo caso lo malo, no importa, porque tanto el enterramiento de los cables como la retirada de las antenas implicaría un aumento de la intensidad de los campos.


Otra prueba de esta falta de contribución de los científicos, que estamos en nuestros laboratorios y no salimos a esclarecer cosas que se conocen, cómo son estas, es por ejemplo una sentencia recientemente dictada por la Audiencia de Murcia, en la cual se establecía que la emisión de cualquier campo electromagnético sin ningún límite ya era mala y era prohibida en una casa. Se desconoce que la radiación, la luz, que es la que da la vida, es un campo electromagnético; se desconoce que vivimos gracias a la radiación infrarroja de la tierra, que es un campo electromagnético; se desconoce que todo es electromagnetismo, que el electromagnetismo es el ladrillo del universo. No se puede vivir sin campo electromagnético.
Nosotros dentro de nuestras células, dentro de nuestros átomos y moléculas, tenemos campos eléctricos de billones de voltios por metro, campos electromagnéticos de teslas.


Otro de los aspectos que me llamó la atención es por qué, por ejemplo, hay esa sensibilidad a las antenas de telefonía móvil, como la ha habido a las antenas de radar, y nadie dice nada de la radio. La antena de Prado del Rey emite 2 millones de vatios, mientras que estas de teléfonos, yo no lo sé porque no soy técnico, pero me dicen que son 100 vatios o algo así. ¿Por qué siendo frecuencias tan próximas la hemos tomado con las de la telefonía móvil y no nos preocupa la radio, que está emitiendo 2 millones de vatios? Es una pregunta que muestra lo que es una incultura científica promedio remarcable, notable. Precisamente hay una encuesta que encargó una compañía eléctrica, que tiene gracia, porque la forma de preguntar a los ciudadanos no era sobre la peligrosidad de los campos, sino que venía en resumen a decir si a su juicio los campos electromagnéticos eran buenos o malos, y el 72 por ciento dice que los campos electromagnéticos son malos. Es una pena que en un problema que es tan sutil y tan difícil, como todos los problemas de la historia de la humanidad y de la evolución, la parte que sí se conoce bien no quede claramente establecida, porque esto ayudaría a centrar el problema en núcleo auténtico.


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Yo había pensado poner unas transparencias, pero me parece que lo que estoy diciendo quizá pueda evitarlo y así acabo antes, porque me ha pedido el presidente que fuera breve, pero no puedo evitar poner una sola transparencia. Dense cuenta que lo que llamamos universo, que es todo, todo lo que existe se llama universo, empezó con cuatro partículas, que son fotones, electrones, neutrinos y quarks, muy pocos, o sea, los nucleones. Los fotones, que era lo primero -parafraseando al Génesis se podría decir que al principio era la luz-, eran el campo electromagnético. Eso es lo que había, sólo había radiación y unas partículas. Según se va enfriando -esta sería la historia universal, esa que damos en el colegio, vista por un físico ahora-, se va formando la materia gracias a las fuerzas electromagnéticas, se van formando los núcleos y luego en los núcleos, como bien sabe el diputado señor Rubalcaba, se forman por enlace químico las moléculas, que son fuerzas eléctricas, y las células, y todo eso se va complicando y al cabo de millones de años aparece la tierra, aparece la vida, aparece la humanidad.Todo eso es magnetismo. O sea, que no se puede preguntar realmente a los ciudadanos si son buenos o malos los campos electromagnéticos. Eso es lo mismo que preguntar si es bueno el universo o si es buena la vida. Son preguntas que carecen de sentido. Es la piedra, es el ladrillo básico de la biología, de la química, de la física y de todo lo que existe. Todo lo que existe es electromagnetismo. Cuando digo esto -vamos a poner otra transparencia- lo hemos aprendido pensando y fíjense lo que hacemos cuando pensamos. Al pensar, estamos haciendo campos magnéticos, porque estamos moviendo carga eléctrica por las neuronas, que producen un campo eléctrico, y quiera el que quiera, ya puede ser la Audiencia o quien sea, no podemos evitar crear campos magnéticos y tener campos magnéticos en casa y dentro de nuestro cuerpo.


Otra cosa que sabemos -es el segundo punto- es que, aparte de estos campos magnéticos, que es la base del universo, vivimos en campos naturales externos, como son el campo magnético terrestre o el campo eléctrico terrestre creado por la atmósfera en la superficie de la tierra, en toda la radiación que viene del universo, la radiación cósmica. Todos esos campos son naturales y vivimos y morimos en ellos y ahí están. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que sabemos que todos los campos presentan unos límites por encima de los cuales -para cada frecuencia de campo existe una intensidad- hay un daño. Todos recordamos de pequeños haber oído hablar de aquel al que le mató un rayo o todos hemos visto la barbaridad de la silla eléctrica. Todos esos son efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud y todos sabemos que la radiación infrarroja te puede quemar la piel. Cuando uno mete la mano en la chimenea, en el fuego, ese es el infrarrojo que lo quema. Cuando uno toma mucho el sol le da cáncer de piel si la radiación ultravioleta tiene una dosis muy alta. Eso lo sabemos de siempre y sabemos que aunque el electromagnetismo está en la base de la vida y del universo, el exceso puede dañar la salud humana y ese exceso depende de la frecuencia, eso es muy bien conocido.


La cuarta cosa que sabemos es que desde el siglo XIX hay cada vez más campos artificiales, campos no naturales, sino los campos que Faraday con su ley permitió fabricar en las centrales y que han sido la base del bienestar, porque la base del bienestar es la capacidad para transportar energía desde donde se produce hasta donde se consume. Eso es lo que ha hecho la electricidad: transportar energía. Entonces, cada vez hay más campos, porque hay radares, radares militares, radares civiles, hay radio, hay televisión, está todo llenos de campos, ahora el teléfono.
Esta proliferación de campos obliga a tener cuidado para que no se superen esos límites que sabemos que son dañinos para la salud y también para que no interfieran unas funciones con otras. Como es bien sabido, el comandante del avión se pone muy nervioso cuando encendemos el teléfono móvil. Eso es lo que se llama la compatibilidad electromagnética.


A la vista de todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, por supuesto, profundizar en la investigación de los límites, que es lo que ha hecho la Unión Europea, y lo que hay es un aspecto claramente debatible -no en el sentido de aquello en lo que hasta ahora parece que está todo el mundo serio de acuerdo, es decir, en las consecuencias que hay por encima de esos límites; incluso se han tomado con un margen de seguridad-, que por debajo de esos límites no hay riesgos conocidos para la salud. Hay otros riesgos que son desconocidos, pero la ciencia no puede hablar de lo desconocido; la ciencia tiene que limitarse a la observación. Mientras no se conozca perfectamente el funcionamiento de una célula nunca habrá certeza, pero la ciencia nunca tiene certeza, la ciencia va ganando etapas de certeza, y las etapas de certeza que el conocimiento científico más serio ha fijado se plasman en lo que ha dicho la recomendación de la Unión Europea, eso parece que es así.


Nada más. Yo creo que les he dado motivo para unas consideraciones sobre estos aspectos y les agradezco mucho la atención que han tenido escuchándome.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Juan Represa, miembro del Comité Científico, catedrático y director de investigación del Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO (COMISIÓN DE TOXICOLOGÍA), CATEDRÁTICO Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE

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INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (don Juan Represa): Señor presidente, señorías, yo les quiero agradecer la invitación a comparecer aquí, porque entre otras cosas me van a dar la ocasión de, aunque sea en quince minutos, explicarles dos años y medio de trabajo en las comisiones del Comité Científico, del Comité de Toxicología y del Grupo de Salud de la Unión Europea. Antes de empezar mi charla quiero resaltar que todos estos organismos están financiados por el Consejo de Europa y que todos los participantes en estos organismos, con voz y voto, estamos dedicados de forma exclusiva a las instituciones académicas, científicas o investigadoras de los países miembros. Por lo tanto quiero despejarles las dudas.


Dicho esto, como pueden comprobar en la primera transparencia, como nos han comentado, realmente el fenómeno de los campos electromagnéticos es algo muy ubicuo, es decir, hay muchos campos. El primer error en la información de los ciudadanos es confundir unos con otros y meter todos en el mismo saco. La luz visible es un campo electromagnético que marca un poco la frontera entre lo que es con certeza dañino y lo que puede serlo dependiendo del nivel que alcance. En este lado, como ustedes saben, los rayos X, los rayos gamma, los ultravioletas fuertes son de reconocidos efectos dañinos para la salud. La luz visible, dependiendo en qué condiciones, puede serlo, pero aquí ya entramos en un factor adicional, que es la cantidad, no las características del campo magnético, sino qué cantidad, qué nivel de campo magnético. Seguimos disminuyendo y aquí encontramos las ondas de radio, que, como su nombre indica, no sólo las emplea la telefonía móvil, sino que son físicamente comunes a las que emplea la televisión o a las que emplea la radio, y por eso se engloban dentro de la misma zona del espectro electromagnético.
Cuando se consideran los efectos sobre la salud, se consideran los de las ondas de radio, con independencia de la fuente, porque tienen una capacidad común de producir o de no producir daño. Seguimos bajando y encontramos frecuencias menores. Aquí los campos son de altísima energía y aquí la energía es mínima, y la telefonía móvil, las radiofrecuencias, tienen una energía menor que la luz solar, menor que los infrarrojos y están en el punto medio de esta zona cuyos efectos sobre la salud dependen de qué cantidad o qué nivel de campo exista.


En cuestión de salud, según pueden ver en esta transparecencia, el protocolo para investigar si un agente puede o no ser nocivo para la misma es realmente muy claro. Aquí no se trata de decir en términos absolutos si es o no nocivo, sino en qué niveles no es ni tan siquiera percibido, en qué niveles es nocivo y en qué niveles de esa nocividad se entra en una certeza de daño para la salud. Para investigar eso en las ondas de radio, en la Unión Europea hicimos el mismo protocolo para todos los campos magnéticos, pero para investigar eso en las ondas de radiofrecuencia se utilizan fundamentalmente dos tipos de estudios, estudios de laboratorio que tienen como misión inducir adrede en el laboratorio ese daño que se presupone pueden hacer las ondas. Es decir, si creemos que esto puede causar cáncer, intentemos por todos los medios transformar unas células normales en tumorales a base de ponerlas radiación a los niveles que sean. Esa es la filosofía de los estudios de laboratorio, además de encontrar mecanismos explicativos. Hoy la medicina y la ciencia no entienden que se acepte una patología sin poder explicar sus mecanismos. Es tanto como tratar de explicar la tuberculosis sin bacilo de Koch o tratar de explicar el sida sin el virus. Por lo tanto siempre se busca un mecanismo biofísico o biológico que si se encuentra un daño lo justifique y lo explique, porque si no podemos estar ante un artefacto experimental.


El segundo tipo de estudios son los epidemiológicos, que tienen una filosofía distinta. Es más fundamental decir lo que son. Son realmente estudios de historiales clínicos, no son encuestas, no se trata de ir preguntando si una persona se encuentra bien o mal desde que han puesto la antena, sino que son valoraciones de historiales clínicos de grupos de población cuanto mayores mejor, en los cuales se trata de identificar si en ese grupo de población en el cual hay una incidencia de enfermedades, las que sean, alguna de ellas es mayor que en el resto y si es así ver si algún factor causal es mayor que en el resto de la población, para establecer una asociación causa-efecto. Esa es la filosofía de los estudios epidemiológicos. Naturalmente estamos hablando de estadística, estamos hablando de estudios distintos a los experimentales. ¿Cuál de los dos usaríamos? Los dos, hay que usar los dos y las conclusiones se sacan del producto de los dos. Ese es el protocolo que se utilizó en las comisiones, por lo menos en las que yo participé, de la Unión Europea.


Con este tipo de estudios referentes a las radiofrecuencias en general, en estos dos años y medio analizamos unas 900 referencias bibliográficas en revistas de índice de impacto reconocido. Naturalmente, en ciencia lo que no está publicado no existe y por eso nos limitamos a las bases de datos donde están las publicaciones. En cuanto a campos magnéticos en general analizamos, de los últimos diez años, en torno a unas 3.000 referencias bibliográficas existentes en las bases de datos a aquella fecha. Con esos datos de análisis vimos que los estudios epidemiológicos no establecían ninguna asociación entre las radiofrecuencias, el cáncer u otras enfermedades de tipo degenerativo o tumoral. Naturalmente, para sacar esta conclusión, en cada estudio tuvimos que ver su calidad y la consistencia de sus datos. No es lo mismo un trabajo que estudia una población de veinte personas que un trabajo que estudia una población de 200.000 personas en cuatro países distintos, y por eso los estudios se atemperaron con sus condiciones de trabajo. Con ese criterio se llegó a esa conclusión. Quiero hacerles una observación, aun a

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riesgo de pasarme del tiempo, pero merece la pena hacerla. En toda esta revisión de estudios epidemiológicos se encontró uno de baja calidad, con una población muy pequeña, de baja consistencia, porque los datos eran muy dispersos, y era referente a los terminales móviles antiguos de tipo analógico. En ese estudio, que señalo en la transparencia con un asterisco, parecía que había 1,2 más veces de probabilidad de tener un tipo de tumor cerebral benigno, que es un neurinoma del acústico, que en el resto. Imagínense ustedes si esto salta sin matices a los medios de comunicación, imagínense ustedes si nos dejamos por el camino el neurinoma, el tumor benigno, la predisposición familiar y nos dejamos por el camino lo que significa el 1,2 y los otros 65 estudios que no detectan eso. Aun así, aunque sólo fuera este estudio, fíjense lo que representa el 1,2, tomando como 1 la incidencia normal de una enfermedad en la población, fíjense lo que es realmente un agente que produce cáncer, cuál es su epidemiología, para que pongan en contexto lo que a veces los científicos no sabemos matizar porque damos por obvias cosas que no lo son. Esta es la epidemiología del tabaco. Vean por ejemplo el caso de un fumador de veinte pitillos a veinte años. Aquí no estamos hablando de 1,2 ó 1,3; aquí estamos hablando de cincuenta veces más, de cuarenta veces más o de veinte. Es decir, estos trabajos hay que ponerlos en el contexto de todos los trabajos científicos y no podemos agarrarnos a ellos y hacerlos saltar a los medios de comunicación para defender nuestros argumentos. Esa es una tendencia enormemente peligrosa.


En la siguiente transparencia voy a dejar los estudios epidemiológicos y voy a pasar a los experimentales, porque adonde quiero llegar es a cómo se trazaron los límites y por qué no se trazaron otros. En los estudios experimentales nos encontramos que había tres grandes tipos: estudios in vitro, con sistemas muy sencillos, muy claros de interpretar en cuanto a resultados, donde se analizaban células y preparaciones simples. Estos estudios siempre son muy claros, pero la dificultad está en, una vez que se sacan las conclusiones claras, extrapolarlas a la vida real, al ser humano, donde la célula no está ya aislada en una placa, afortunadamente.
Un segundo tipo de estudios es, con la información que te dan éstos, ir a buscar en estudios animales. Los estudios hechos directamente en animales de experimentación sin estos otros son un azar, porque uno expone un animal a una radiofrecuencia y luego no sabe qué buscar; el qué buscar te lo dan estos. Finalmente, con todas estas informaciones se analizaron estudios clínicos hechos en voluntarios, en los que expuestos a radiofrecuencias, por razones éticas a límites normales, se examinaban diversos parámetros. Quiero hacerles una observación. Algunas veces han saltado a la opinión pública datos de estos estudios que han llegado a decir que las radiofrecuencias producen leucemias. En un trabajo hecho por un grupo australiano, donde se expone a radiofrecuencias mil veces superiores a las que hay posibilidad de estar expuestos en la realidad a ratones hechos por ingeniería genética, transformados genéticamente, con mutaciones en toda la familia de genes BCL2 y que están predispuestos a tener leucemia aunque no se les exponga a nada, en estas condiciones se encuentra una diferencia estadísticamente significativa. Eso es científicamente muy bonito, pero hay que ver su relevancia para la salud pública. Yo quiero hacerles entender por qué estamos donde estamos a pesar de que las evidencias científicas son muchas y son claras y que cuando los científicos decimos que no hay evidencias científicas no significa que estemos en un mar de ignorancia, sino que hay muchas evidencias científicas que apoyan que los niveles donde se garantiza la salud son los que se han fijado.


En la siguiente transparencia les voy a poner un ejemplo de cómo se fijan los niveles. Analizando los trabajos de experimentación que identifican el cáncer, in vitro, todos los que les he mencionado, se ve que sea cual sea el nivel de radiofrecuencias, no son cancerígenos directos, aunque nos vayamos a límites 10.000 ó 100.000 veces superiores los de la Unión Europea. Sin embargo, miramos también trabajos que hablan de promoción, de progresión, de facilitación. Únicamente a diez veces superiores los límites de la Unión Europea hay un 3,5 ó 3,8 por ciento de trabajos que establecían algún efecto de facilitación. Esos trabajos nunca han sido publicados por otros grupos científicos ni replicados. Con todas estas cifras que hay aquí es como se fijan los límites. Con este procedimiento se estudió la lista de cosas que van a ver ahora.


Se vio que a un determinado nivel de exposición a campos magnéticos, en este caso radiofrecuencias, no detectábamos defectos en el material genético, no había mecanismos biológicos o biofísicos de interacción que permitieran una relación del campo con la materia viva, no había efectos sobre la reproducción y el desarrollo fetal, no había relación entre el cáncer y las radiofrecuencias y no había efectos directos sobre el sistema nervioso y endocrino; y digo efectos nocivos, no me refiero a respuestas, porque la respuesta a la luz solar, que es un campo magnético, es una respuesta, no es un efecto nocivo. Con todos estos procedimientos que de manera lo más breve posible he intentado exponerles, en los diversos organismos en los que estábamos trabajando a la vez, no sólo en la Unión Europea sino organismos internacionales, organismos ligados a Estados Unidos, como el Instituto de Normalización Electrotécnica, se trazaron una serie de niveles, se fueron poniendo niveles-umbrales por debajo de los cuales se garantizaba que no había efectos. Mejor que verlo en una tabla vamos a verlo en la siguiente transparencia, porque quizás es más ilustrativo. De los casi 900 trabajos analizados, epidemiológicos y experimentales, vimos que había un nivel de riesgo claro para la salud, un nivel de emisión, de magnitud de campo, que había

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un nivel donde había efectos nocivos con bastante frecuencia, que había un nivel donde había efectos biológicos, es decir, las células y los organismos se enteraban de que había un campo magnético, pero eso no significaba que enfermaran (distinción entre efecto biológico y efecto nocivo), y el nivel que se fijó en la Unión Europea es este. Miren la distancia que marca esta normativa. Este nivel que observaran ustedes es mucho más bajo que este otro, donde hay efectos biológicos. Esta distancia es también principio de precaución. Es decir, cuando se fijaron las cifras de la Unión Europea se tuvo en cuenta no poner el listón permitido donde ya empiezan los efectos biológicos y esa distancia se tomó por principio de precaución. Entonces, si tenemos en cuenta esas normativas, no apliquemos dos veces el principio de precaución, porque está ya reflejado en las cifras. El margen de seguridad es altísimo, porque a siete metros de una antena, esta es la máxima medición que puede darse, y como promedio, porque las antenas, como ustedes bien saben, no emiten al máximo todo el tiempo, como luego nos explicarán, esta es la cantidad que se detecta. Así entendemos mejor por qué se fijaron estas cifras, qué seguridad aportan y qué posibilidades tiene la tecnología actual de cumplirlas.


Este cuadro que yo les he puesto antes no sólo refleja el criterio de la Unión Europea, sino que los niveles fijados por la misma son establecidos por estas diez instituciones que tienen ustedes aquí, entre las cuales se encuentran instituciones norteamericanas como la Comisión Federal de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Normativas, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el Consejo Nacional de Protección Radiológica, otras instituciones internacionales, como la Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes, y así un largo etcétera. Es decir, no hay discrepancia científica cuando se sacan conclusiones en informes y se fijan límites, después de analizados los trabajos. Realmente, si pusiera otra transparencia, tendría que hacer una sola mención al manifiesto, porque no es una reunión de comités científicos que analizaran bibliografía, o declaración de intenciones hecho en Salzburgo, que, por cierto, no esta vigente ni en el Ayuntamiento de esa ciudad, porque no lo han podido poner en práctica.
Con esta lista quiero reflejarles la unanimidad, es decir, estamos trabajando al mismo tiempo no sólo en la Unión Europea sino en muchos sitios y nos dimos cuenta de que luego al final sacamos unas cifras, como es lógico, muy parecidas, porque todos leíamos la misma bibliografía.


Las conclusiones que yo puedo transmitirles es que sí hay amplias evidencias científicas que indican la ausencia de efectos nocivos de las radiofrecuencias a determinados límites. La segunda conclusión es que las normativas nacionales e internacionales tienen criterios coincidentes y su cumplimiento puede garantizar la protección de la salud. La última conclusión se hizo oficial en Londres, del 24 al 29 de febrero, en unas jornadas sobre telefonía móvil y salud celebradas en el Cavendish Center, donde se estudiaron los dolores de cabeza, todos esos síntomas psicosomáticos que manifiestan algunas personas, y realmente los psiquiatras allí participantes los identificaron como una fobia perteneciente a una percepción distorsionada del riesgo, que consiste en ver como un peligro para la integridad o para la salud algo, con independencia de que lo sea o no lo sea. Un ejemplo que todos entendemos es el miedo a volar. La lógica muchas veces se ignora en función de determinadas actitudes fóbicas.


Para terminar, ¿qué puedo pedirles como científico a ustedes después de esta apresurada charla? Pues quiero ponerles una transparencia para pedirles lo mismo que pide la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en uno de sus boletines oficiales, concretamente en el 193, que es de junio de 2000, es muy clara y muy taxativa en dos cosas. Es muy taxativa en decir que aplicando los límites, restricciones básicas y niveles de referencia de las normativas internacionales no hay peligro para la salud derivado de la exposición a radiofrecuencias. Pero dice otra cosa que es lo que yo quiero pedirles que ustedes tengan en cuenta y la implementen. Realmente alerta contra que otras instancias tomen la decisión de fijar límites distintos, no de hacer cumplir las leyes, no de establecer normas urbanísticas, no, no, de fijar límites distintos, y de hacerlo no sobre la base de evidencias científicas, sino sobre la de criterios bienintencionados, pero que no tienen que ver con lo que ha salido de los laboratorios y de los estudios. Eso es algo contra lo que la Organización Mundial de la Salud previene y yo les pido que ustedes lo tengan en cuenta. Por ponerles un ejemplo, no podemos interpretar las transferencias de sanidad haciendo que en uso de las mismas, después de que los endocrinólogos han fijado una cifra de insulina para controlar la diabetes, nosotros, en vez de manejar la asistencia primaria de los diabéticos, en vez de distribuir el número de médicos, en vez de organizar el sistema sanitario como queremos, en vez de eso, cambiamos las cifras de insulina que han fijado los endocrinólogos y en un afán bienintencionado de proteger la salud decimos: en vez de 40 unidades de insulina, nosotros, como nos importan más nuestros ciudadanos, ponemos 80, y todos se nos mueren de hiperglucemia. En el fondo, fijar otros límites es eso. Entonces, no confundamos unas cosas con otras y la Organización Mundial de la Salud y yo les pedimos apoyo para las normativas que quince organismos internacionales han coincidido en fijar.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Enrique Gutiérrez Bueno, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.


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El señor DECANO PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (don Enrique Gutiérrez Bueno): Señorías, quisiera agradecerles la oportunidad que brinda esta Comisión al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de aportar nuestros conocimientos como profesionales de las telecomunicaciones y poder ayudar a clarificar el actual debate sobre emisiones electromagnéticas y salud. Para nosotros además, para el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, supone el cumplimiento de una obligación esencial, como es el servicio a la sociedad y a sus instituciones, tal como recoge el decreto que dio lugar al nacimiento del Colegio en el año 1967, de lo que hemos hecho en las juntas que presido condición prioritaria.


Es evidente que cada día se hace más claro que la opinión pública en los países avanzados está muy sensibilizada por los temas relativos a la salud y al medio ambiente, especialmente en el entorno de los avances y las innovaciones científico-técnicas, y que a esa sensibilización contribuyen sin duda la velocidad del cambio técnico, imposible de asimilar tan rápidamente, y el desarrollo de los medios de comunicación, que permiten la difusión de supuestos riesgos potenciales de una innovación antes de que las investigaciones científicas hayan podido clarificar con el rigor necesario las cuestiones planteadas.


Desde hace tiempo se percibe en España un aumento de la preocupación por la exposición de los ciudadanos a campos electromagnéticos producidas por las estaciones base utilizadas en las comunicaciones móviles. Esta alarma social, señorías, está poniendo en peligro, como se ha mencionado aquí ya anteriormente, el desarrollo de la sociedad de la información en general y más en concreto del sector de las telecomunicaciones móviles. En nuestro país, por desgracia, además la aparición de este problema ha seguido un proceso diferente a lo que ha pasado en otros países, debido a que aquí ha habido una sobrevaloración social del riesgo que no ha habido en otros países. Las causas, a juicio de este Colegio, han sido diversas y quisiéramos destacar dos que consideramos muy significativas. Una ya la ha señalado la portavoz del Grupo Socialista y es el rápido y desordenado despliegue de la red debido a la fuerte demanda social del servicio de telefonía y a la existencia, lógicamente, de un indiscutible mercado y además por el hecho de que ya las bases del concurso de adjudicación de licencias para operar, que se otorgaron en el año 1995, establecieron como requisito un período de tiempo muy limitado para el total despliegue de la red. Además esas bases obligaban a cada adjudicatario a tener preparada su propia infraestructura de red, lo que garantizaba lógicamente el nacimiento de potentes y extensas redes de telecomunicación móviles, como así ha sido. El resultado es obvio, es el actual, en el que España cuenta, como se ha mencionado también anteriormente, con una de las mejores redes de telefonía móvil del mundo, pero ello ha supuesto un problema de carácter estético indiscutible.


Retomando el tema, señorías, cabe decir que el problema se agravó por la tardanza de todos los agentes implicados, el Colegio que presido incluido, en la evaluación del riesgo, así como por el largo tiempo transcurrido hasta que se dispuso de la regulación de obligado cumplimiento para el conjunto de nuestro país sobre las estaciones base radioeléctricas. Hasta el pasado mes de septiembre existía por tanto un vacío legal que ha justificado muchas decisiones que administraciones autonómicas y locales han tomado y que probablemente, de haber contado con una normativa de carácter nacional, no se habrían producido. Se trata, señorías, de una situación que conocen bien, que ya ha sido expuesta con anterioridad, pero que en nuestra opinión debemos superar cuanto antes.


Para nosotros, para los ingenieros de telecomunicación, el correcto tratamiento de esta cuestión en lo que se refiere al conjunto del Estado se inició con la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del Real Decreto 1066, de septiembre de 2001, y con la orden ministerial que lo desarrolló en enero de 2002. A partir de esta normativa es cuando se establece un marco formal para el conjunto de los ingenieros de telecomunicación, en el que las herramientas teóricas y experimentales que nuestros profesionales han consolidado a lo largo de años pueden ser aplicadas para garantizar el cumplimiento de la ley en beneficio de la población. En efecto, señorías, fijada la señal de emisión máxima permitida, cuestión que corresponde a los expertos en el campo de la salud, pasa a ser responsabilidad nuestra llevar a cabo los procedimientos técnicos necesarios que marca la legislación para asegurar que en ningún sitio donde puedan permanecer personas se superen estos niveles.


Quisiera trasladar a SS.SS. que durante el período en el que no existía una regulación obligatoria y ante nuestra preocupación por el cariz, técnicamente injustificado, que iba tomando la situación, este Colegio profesional informó a los ayuntamientos de más de 6.000 habitantes y a todos los agentes involucrados -asociaciones de vecinos, consumidores, partidos políticos- de lo que suponían las emisiones radioeléctricas, de la no existencia de efectos adversos para la salud si se respetaba lo que había entonces, la recomendación europea, y de lo erróneo de algunas de las afirmaciones que se mantenían desde el más absoluto desconocimiento técnico de la realidad y que por desgracia se divulgaban urbi et orbe sin que nadie las desmintiese. Lamentablemente en muchas ocasiones estas opiniones sin ninguna base científica primaron y fueron difundidas por los medios de comunicación y asumidas por la población como indiscutibles. En contraposición a todo esto el Real Decreto 1066, sobre emisiones radioeléctricas, constituye, aquí ya se ha afirmado, la trasposición a la legislación española de la recomendación de

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la Unión Europea al respecto, en consonancia además con la mayoría de las normas internacionales. En opinión del Colegio que presido y una vez aceptada, como debe ser en un país miembro de la Unión Europea, la señal máxima de exposición a campos electromagnéticos recomendada por el Consejo Europeo, el contenido de la normativa vigente garantiza la no exposición de los ciudadanos a campos superiores siempre, lógicamente, que los agentes involucrados, entre ellos este Colegio, los apliquen con rigor.


La normativa, señorías, recoge tanto la existencia obligatoria de un proyecto técnico de la emisión de la estación emisora, como la elaboración de un informe que evalúe con carácter previo a su instalación las emisiones electromagnéticas esperadas en las zonas próximas accesibles por personas, como finalmente la adopción también con carácter obligatorio de las medidas necesarias y oportunas para asegurar que las emisiones cumplen con la norma antes de autorizar su puesta en funcionamiento. Más aún, la norma vigente obliga a elaborar un informe anual a los operadores que actualice y garantice el comportamiento de cada instalación. En este sentido, señorías, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha anunciado la existencia de un página web que recogerá para su consulta por el ciudadano la situación de cada estación base y sus características. En todas estas etapas el Colegio profesional que represento ha colaborado con creciente protagonismo según se iba hacia terrenos menos políticos y más técnicos. Tenemos así perfectamente establecido cómo han de ser los proyectos técnicos, los protocolos de medida y las correspondientes certificaciones, aspectos, señorías, de obligado cumplimiento para todos los ingenieros de telecomunicación en el ejercicio de su profesión e iguales para todos los operadores, en la línea que ha marcado el profesor Represa y la Organización Mundial de la Salud como calidad del sistema.
En la misma línea, el Colegio está finalizando el desarrollo de la aplicación de software que permitirá alimentar de forma automática la web que va a poner a disposición del ciudadano la secretaría de Estado y que antes les comenté.


Como dato añadido a la exhaustiva documentación que obra en su poder, en la que se incluye los informes que dimos en su día a los ayuntamientos y un informe importante que editamos hace unos seis meses en tres volúmenes, que también se les envió en su día y que tienen en formato CD-ROM, les quería mostrar ejemplos concretos del seguimiento de una instalación y el contenido del protocolo de medidas. Les he traído aquí para su consulta un certificado de estaciones radioeléctricas, de cómo se están haciendo, un estudio de certificación electromagnética de un colegio pedido por un ayuntamiento, que también casos particulares como esos existen, y un protocolo de certificación de instrucciones que tiene que cumplir el ingeniero de telecomunicación obligatoria y necesariamente cuando quiere certificar una instalación. Quiero que sepan ustedes que en el Colegio hemos distinguido cuatro tipos de estaciones: la R1, R2, R3 y R4. Paso solamente a hablar de la más importante, porque no todas las estaciones son iguales. La estación más comprometida, la que conviene tratar con más exhaustividad es la estación radioeléctrica ubicada en suelo urbano, con potencia isotrópica radiada equivalente o superior a 10 vatios. De ahí para abajo las casuísticas son diferentes. Esta es la más comprometida de todas, como si dijéramos, el caso peor. En el caso de la estación de estas características, al ingeniero de telecomunicación -y permítanme que me extienda un poco más, pero creo que es fundamental- se le pide lo siguiente. Tiene que incluir en su informe o en su estudio particular: Características del entorno documentado con planta de su situación que abarcará un radio mínimo de cincuenta metros. Se debe incluir una descripción del emplazamiento, indicando el número de antenas y su altura desde la parte más baja de los elementos radiantes sobre el suelo o zonas accesibles por personas. Además se deben adjuntar planos de situación, identificando la estación base con un radio mínimo de 50 metros. Características técnicas de la estación en el formato del anexo 2 (ver página correspondiente para su cumplimentación, página exhaustiva de características técnicas de la estación) Planos en planta y alzado representando la disposición de la estación en su entorno en las direcciones de máxima emisión de las antenas hacia las áreas más cercanas en las que pudieran permanecer habitualmente personas, señalando zonas de acceso restringido y zonas de permanencia habitual de personas. Se adjuntarán los planos en planta y alzado de terraza, azotea o zona en la que esté la estación base. Estos planos deberán estar acotados y en ellos se indicarán... -no les aburro-. Fotografías y esquemas de perspectiva ilustrados de la estación y su entorno. Caracterización de un volumen de referencia. Integración del volumen de referencia en los planos de disposición de la estación del apartado c) (luego les explicaré lo que es el volumen de referencia) Para la caracterización del volumen de referencia, ver apéndice 1. Una vez obtenidas las dimensiones, se integrarán en los planos de planta y alzado. Indicar la señalización y, en su caso y si procede, el vallado que restrinja el acceso de personal no profesional a la zona comprendida dentro del volumen de referencia.
Medidas de los niveles de emisión: deben señalarse los puntos de medida en los planos de planta y alzado de la estación (apartado c), cumplimiento del anexo 2 del real decreto, informe de medidas en el formato de los modelos 1 y 2. Si en el entorno de cien metros existen espacios considerados sensibles -guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales, parques públicos, residencias o centros geriátricos-, el estudio tendrá en consideración la presencia de dichos espacios, para lo que se justificará la minimización de los niveles

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de exposición sobre los mismos y se aportarán los niveles de emisión radioeléctrica calculados teniendo en cuenta los preexistentes en dichos espacios. Se hará un estudio de la zona en la se encuentre instalada la estación base. Si en un radio de cien metros aparece algún centro considerado sensible, deberán realizarse medidas incluyéndose en la certificación los valores máximos de emisión radioeléctrica, etcétera.


Señorías, con este tipo de datos creo sinceramente que cuando un ingeniero de telecomunicación, y aquí tengo dos pruebas que están a su entera disposición para su consulta, hace un trabajo de estas características, siempre el mismo y para todos los operadores igual, es el momento en que cumplimos con nuestra obligación y en que la confianza para el ciudadano está suficientemente garantizada. Permítanme, señorías, en este punto decirles que queremos destacar que la mejor forma de reducir los recelos ante los sistemas de telecomunicación basados en el empleo del espectro radioeléctrico es el conocimiento de sus principios de funcionamiento y de sus características básicas. La mayor parte de la población ignora, como es razonable por ser conceptos técnicos, detalles tan importantes y tan significativos como el carácter directivo de las antenas, la elevada atenuación en los niveles de campos electromagnéticos durante su propagación, junto al hecho de que hayamos convivido durante décadas con otros sistemas, como los de radiodifusión sonora y televisión, con emisiones superiores a las de la telefonía móvil, sin que se haya producido inquietud alguna. Para su conocimiento, una antena de telefonía de radio, de onda media, emite una potencia de cientos de kilovatios, cientos de miles de vatios; una antena de telefonía móvil emite 12 vatios por canal, que si se suma a una instalación puede llegar a tener 80 vatios, si se suman las potencias. Hablamos de cantidades tan dispares como éstas y durante 50 años no ha sucedido absolutamente nada.


En cualquier caso, antes de pasar a explicarles como les anticipé algunas cuestiones técnicas, quisiera adquirir el compromiso ante esta Comisión de hacer del Colegio que presido un lugar de información para ustedes y para el conjunto de la sociedad. En este sentido, nosotros también consideramos de enorme importancia la puesta en práctica, con la participación de todos los agentes implicados, de campañas de información, formación y acercamiento al ciudadano, mediante cursos, jornadas, mesas redondas, etcétera, sobre los avances tecnológicos y los beneficios que reporta a la población la sociedad de la información en general, y más en concreto incidiendo sobre los responsables directos de su gestión y control en las diferentes administraciones. Para ello este Colegio profesional, que ya está trabajando en este tema, pone a disposición de SS.SS. y de las autoridades competentes sus conocimientos, sus recursos por todo el territorio nacional y el servicio que tiene muy desarrollado para la colectividad.


Yo quería enseñarles antes de finalizar cuatro o cinco ideas interesantes para poder entender lo que está pasando. Los sistemas de telefonía móvil funcionaban hace ya mucho tiempo, en sus principios, con una gran antena al estilo de la televisión o de la radio; funcionaban con una gran antena que tenía un radio de 50 ó 60 kilómetros y que radiaba una enorme cantidad de potencia. Allí había el problema de que tenía una potencia elevada y solamente podían acceder a ese servicio entre 12 y 20 usuarios, y hablamos de un radio de acción de 50 kilómetros. Evidentemente, la técnica tuvo que desarrollar nuevos conceptos para conseguir que en ese espacio de terreno geográfico pudieran operar no 12 usuarios, los que hiciera falta. De ahí nace el sistema celular, que consiste en dividir ese espacio en pequeñas células, cada una dominada por una antena, cuya potencia es enormemente menor que la que originalmente tenía la que realizaba el servicio completo, fuera o no única. Dentro de cada una de esas células pueden entrar hasta 32 usuarios y evidentemente, si ellos dentro de esa célula tienen que pasar a la de al lado, pasan a estar controlados por otra antena, y si pasan a la siguiente célula es otra antena la que les controla, de forma que además las frecuencias se pueden simultanear. Una frecuencia que se esté utilizando en esta célula puede utilizarse en ésa, porque no hay ningún problema de influencias entre una célula y otra. En consecuencia, el sistema de funcionamiento técnico que ha permitido la ciencia ha sido distribuir en células hexagonales solamente modificadas por la orografía del terreno; en definitiva el sistema celular consiste, no hay otra forma, en pequeñas células dominadas cada una por una antena.


Cuando en una estación en concreto se supera la potencia, según el número de móviles que puedan utilizarla, esa célula se satura, esa antena no puede atender a más de un número limitados de móviles. La solución técnica no es otra que dividir esa célula en otras pequeñas, con dos ventajas, que son: se pueden utilizar por más usuarios, la calidad es mejor y llega a más usuarios, y la potencia emitida es más baja, por ser la célula menor. ¿Un inconveniente? Que ha aparecido una antena donde antes no la había. En cualquier caso es evidente que la ciencia, la tecnología que se utiliza es ésta y que cuando uno se fija en cómo está organizado globalmente ve que es así. En una zona urbana, las células, precisamente por el número de usuarios que hay, por la necesidad de servicio que existe, hay que hacerlas pequeñas, si no, no se puede dar ese servicio con la calidad que el usuario demanda. Según se va separando la zona urbana las células se hacen mayores, hasta el extremo de que ya en zonas fuera del ámbito urbano, sobre todo si la orografía es plana como pasa en otros países, cosa que aquí no sucede, las células son muchísimo más grandes y las antenas mucho menores en número, por lo que la evidencia de su presencia mucho menor. Otra cosa que también se desconoce es que no

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todas las antenas son iguales, hay antenas de todo tipo, de diferentes tipos. Hay unas antenas de carácter unidireccional. Una antena es un elemento pasivo que obtiene ganancia, se le da más densidad de potencia a la señal por concentración en un espacio; al concentrar la potencia de la señal sólo en una zona y no en el resto en esa zona la densidad de potencia es mayor. Eso es el principio de funcionamiento de una antena direccional, pero las hay no direccionales, las hay omnidireccionales, donde la potencia siempre se reparte en el entorno; esas son las que se utilizan en radio, en algunos casos también en telefonía móvil, pero en muy pocos, porque lógicamente son menos direccionales y el alcance es menor. Hay antenas de radioenlaces -las verán ustedes- que son pequeñitas, están en instalaciones que son absolutamente direccionales, porque tienen que tener visión directa con el sistema receptor y el haz es muy estrecho. Después están las antenas de telefonía móvil y las antenas de LMDS, que es telefonía fija inalámbrica, que tienen un comportamiento en cuanto a lo que es el lóbulo principal muy parecido.


Señorías, en las antenas en general -ya les digo que es importante entender que tienen una direccionalidad- se colocan con una direccionalidad y elevadas sobre el terreno. Es fundamental que el haz sea direccional, para sacar el máximo rendimiento a la potencia, el máximo rendimiento a la información que ahí se sitúa, y sobre todo elevarlas; si una antena se eleva sobre el terreno, su alcance aumenta mucho para beneficio del operador y del ciudadano. En consecuencia, cuando el haz llega a la tierra desde una antena que esté situada aproximadamente a 40 metros sobre el subsuelo llega a una distancia de 50 a 200 metros de donde está el foco emisor. La señal se atenúa en una proporción inversa al cuadrado de la distancia, se atenúa con mucha rapidez. Cuando una señal ha salido a 1 metro de un punto cuando llega a 200 metros es 200 veces al cuadrado menor de la que había a 1 metro. Esa atenuación de la señal es fundamental y solamente es posible que la detecten aparatos tan tecnológicamente desarrollados como los que tenemos para relacionarlos con la telefonía móvil.


Señorías, el diagrama de radiación de una antena tiene un lóbulo principal que es donde se concentra la práctica totalidad de la información de la potencia. Ese diagrama de radiación viene a ser representado por lóbulo principal, después tiene lóbulos secundarios pequeñitos, en los que cada emisión de potencia es extremadamente escasa. La potencia fundamental se concentra en el lóbulo principal; ese lóbulo principal es la dirección peor, donde hay que medir la señal para saber si ahí se están superando los límites o no. Quiero remarcarles que si a esta distancia hay 4,5 vatios, que es lo que dice la normativa vigente, a 10 metros hay 1,6, a 20 metros hay 0,4 y a 30 metros hay 0,18. Si esa misma medida la hacemos bajando el ángulo de cálculo de la cuestión relativa respecto a la antena, ya no estamos en el lóbulo principal, no estamos en la dirección principal, sino de segundo nivel; por lo tanto la atenuación es todavía mayor, hasta el extremo de que si bajamos, por ejemplo, a 17 grados, ya el valor del campo a 30 metros es de 0,02 vatios por metro cuadrado. Es decir, es muy importante entender que donde hay que medir en definitiva es en el lóbulo principal y en la dirección fundamental del lóbulo principal, como ahora veremos.


Un tema muy importante para todos es la altura de la antena, es un principio de compromiso básicamente con los ayuntamientos. Cuanto más alta sea la antena, mejor para todos menos para el aspecto visual del problema evidentemente. Tanto los operadores como los técnicos como cualquiera que entienda de este problema tiene que saber que cuanto más alta esté la antena es mejor para cualquier usuario: más alcance, mejor llega la señal, menos zonas de oscuridad y sobre todo menos influencia en el entorno de lo que podía ser la zona que supere los límites que la legalidad marca. Si esa antena estuviera bajita, todos las áreas del lóbulo principal de los dos lados entrarían dentro de lo que es la azotea y habría un problema al superar los valores que la ley permite.
Evidentemente, cuanto más suba la antena mejor para todos menos para el efecto visual, hay un conflicto entre los ayuntamientos y los técnicos que intentan combinar a veces cuestiones que son divergentes.


Esto es un caso típico. Yo quiero llevar al ánimo de SS.SS. que los espacios que hay que respetar alrededor de las antenas donde de verdad se supera lo que la normativa vigente especifica son muy pequeños. Cojamos una antena típica de GSM aislada. Una antena típica de GSM, que es eso que está ahí, tiene ese diagrama de radiación. Si cogemos las características típicas de esta antena, que son la banda de frecuencia de GSM 900, que tiene cuatro canales, y cada canal puede manejar ocho conversaciones, quiere decir que lo máximo que puede tener una instalación de un operador son cuatro canales, es decir, 32 conversaciones máximo, que nunca se están produciendo al tiempo, porque es muy difícil que se produzcan al tiempo, aunque los operadores tienen que preverlo y desdoblar la célula en otras para dar la calidad de servicio que el ciudadano demanda. En cualquier caso -insisto- ese número de canales es como máximo cuatro. Yo siempre cojo el caso peor: la potencia de canal son 20 vatios por canal, que es lo que la ley permite, y la ganancia de antena son 18 Db. Eso es típico, el PIRE, son 800 Db.
Eso quiere decir que la suma de todas las potencias que pueda tener esa señal desde el transmisor hasta la antena, la potencia radiada son 800 vatios. El transmisor da 20 vatios por canal, pero como hemos concentrado esa potencia en un haz pequeño la potencia asciende máximo a 800 vatios, el PIRE, que no es la potencia de emisión. En ese caso, hechos los cálculos necesarios, la

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distancia que hay que respetar, esa distancia de la que hablamos que es el paralelepípedo de seguridad, arroja 6 metros de la antena, 4 metros y 2,3 de altura, ese es el paralelepípedo que habría que respetar en ese caso.


Ahora vamos a ver un caso muy parecido pero más beneficioso -ese es el peor-, que es una antena de LMDS. Esas antenas sirven para la telefonía fija, para sustituir el cable de abonado y permiten el mantenimiento de la comunicación en banda ancha entre un centro emisor de esa tecnología y una estación como ésta; habrá a partir de ahora muchas en las azoteas de los edificios, sin que ello signifique nada, simplemente que van a proliferar estas antenas. Si a una antena de estas características le hacemos los mismos cálculos técnicos que hicimos a la otra nos da que el paralelepípedo de respeto que hay que diseñar según la ley actual es de menos de 1 metro.


Para terminar, vamos a ver el caso en el que en vez de haber un solo transmisor hay varios. Cada vez son más probable las instalaciones compartidas: un mismo operador pero con tecnologías diferentes.
Imaginemos que hay en una estación una antena de LMDS, una antena de banda de los 900 y otra de los 1.800. ¿Qué pasa? En este caso sumar las potencias y coger la de la potencia más elevada de las tres. Los ingenieros siempre intentamos en estudios teóricos ponernos en el caso peor. Si en éste nos acercamos lejanamente a lo que la ley marca, es cuando empezamos a hacer medidas. Ley obliga en cualquier caso.
Nosotros entendemos que hay que hacerlas sobre todo cuando esos cálculos teóricos arrojan un acercamiento lejano a lo que la legislación tiene como máximo. En ese caso la potencia de las tres se suma, pero el campo, la distancia, se afecta por la raíz de 3. Como les dije antes, señorías, la atenuación va en función del cuadrado de la distancia de separación.
En consecuencia, lo que antes era un paralelepípedo de respeto que tenía una distancia de respeto de 6 metros, se ha convertido en un paralepípedo que tiene una distancia de respeto de 10,5 metros. Hablamos de distancias sencillamente muy sencillas, muy cercanas, que no tienen ninguna relación con lo que se está hablando. Si ustedes quieren -ya sé que tengo el tiempo limitado- podría hablarles de las experiencias que se han producido en la Universidad Politécnica de Cataluña y en sitios donde se han hecho medidas aleatorias en muchas instalaciones.


Para terminar, señorías, me gustaría expresar el deseo de que las autoridades, tomando como base los criterios de los que tienen conocimientos necesarios, tanto científicos como profesionales, superen la presión de una población que está alarmada con cierta razón por las lógicas carencias de conocimientos técnicos para valorar un problema que puede producir la paralización de unos servicios esenciales para el desarrollo de la futura sociedad de la información. Lo que sí hay que exigir, señorías, es el máximo rigor en la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas que ofrecen garantías y seguridad a los ciudadanos. En este sentido, los agentes implicados -instituciones científicas, administraciones, organizaciones ciudadanas y el Colegio que me honro presidir- debemos transmitir a la población un mensaje claro: no hay que ignorar los aspectos derivados de la utilización de las emisiones radioeléctricas, aunque están localizados sólo alrededor de las antenas y perfectamente controlados por la aplicación de la normativa vigente.


Pidiéndole excusas al presidente y a todos por el tiempo de mi intervención la atención que me han dedicado, les doy las gracias.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor Carlos Ignacio Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Intervendré muy brevemente, para aclarar algunas dudas que me quedaron después de las exhaustivas aunque necesariamente breves explicaciones de los expertos. Deseo reiterar ese compromiso de comunicación mío, personal, y del grupo que represento con las operadoras; compromiso de comunicación que supone por una parte y por otra, lógicamente, actuar también de buena fe: respetar la legislación vigente y la capacidad normativa de municipios y comunidades autónomas.
El señor representante de Amena habló de que se desmantelan estaciones base y por qué se desmantelan. Supongo que habrá que llegar a compromisos como: No me desmantele la estación base, yo la legalizo, etcétera.
Efectivamente el despliegue de la red se hizo de una forma desordenada y sigue habiendo en muchas ciudades estaciones base que siguen sin licencia.


Hay otra cuestión, lo dije antes y lo digo ahora. Aparte de un buen plan de comunicación y de lo que nos acaban de explicar los expertos -he echado de menos gente en la mesa representantes de las federaciones que agrupan a los municipios y provincias, de agrupaciones de consumidores, ecologistas, etcétera, sería muy interesante también poder compartir con ellos esta información- reitero la cuestión de los seguros. No sé a qué se refería exactamente el señor consejero delegado de Telefónica Móviles cuando hablaba de que la empresa que él aquí representa tiene concertadas pólizas que cubren los riesgos usuales (incendio, etcétera). Si la tienen y cubre también los riesgos para la salud que se puedan derivar de la exposición -lo digo porque no hay una evidencia científica y tampoco los estudios pueden decir qué va a pasar a largo plazo- eso contribuiría a dar seguridad, sobre todo en un momento en que en el año 1999 se reformó la Ley de procedimiento administrativo; se reformó la regulación de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, y la Administración pública, según la nueva redacción del artículo 141 de la Ley 30/1992, no cubriría

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este tipo de daños. Por lo tanto, si no hay riesgo, sería muy barato y dinero tienen.


Luego preguntaré dudas absolutamente inocentes por parte de un jurista, por tanto, no experto en estas cuestiones. Creo que hay recomendaciones también. ¿Cuál es el estado de la ciencia en este momento acerca del uso de terminales de telefonía móvil por menores? ¿Hay también recomendaciones en ese sentido? ¿Qué sucede -esta pregunta más bien va para el señor presidente o decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones- con el efecto de acumulación que puede provenir de la existencia de diferentes antenas, de diferentes estaciones base en un mismo emplazamiento y qué dificultades de tipo técnico tendría algo que para muchos de nosotros es imperioso, atendiendo a requerimientos ambientales, como sería la compartición de infraestructuras para evitar, en países como Galicia, con un relieve tan acusado y tan difícil, la proliferación de antenas de telefonía móvil?

Estas serían básicamente las preguntas. Recientemente estuve en Portugal y al ir por la autopista que va de Oporto a Lisboa se ven antenas con forma de árbol, no sé si las conocen ustedes, desde luego el impacto visual es muchísimo menor. ¿Están estudiando algún tipo de solución en ese sentido, para camuflar las antenas, porque desde un punto de vista estético, no sólo en el medio rural, sino también en cascos históricos, en ciudades? Sería de agradecer alguna medida. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Luis Mardones por Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Agradezco la información amplia que he escuchado esta mañana aquí. No he querido intervenir en el primero por llegar un poco tarde de otra Comisión, pero he escuchado la voz de los expertos.


Esta es una casa -es una obviedad, pero hay que recordarlo aquí- de la legislación, una casa legislativa. Me ha llamado la atención poderosamente en un resumen las informaciones que hoy se nos han dado aquí: una, la carencia de un juicio crítico en todas esas normativas que se han expuesto aquí, tanto de recomendaciones de organizaciones europeas o mundiales, desde la OMS hasta cualquier otra entidad internacional, como las que vienen realizando determinadas instituciones como los colegios de ingenieros de telecomunicación. Me llama la atención que no se haya dicho eso: qué efecto tiene cuando se compara con la normativa legal que tenemos. Aquí se ha dicho que hay que trasladarle confianza al ciudadano a través de la información. A una ciudadanía media que no tiene alcance para distinguir un megaherzio de un kilovoltio no le podemos exigir un certificado de estudios en electrónica de las telecomunicaciones. La opinión pública es la que es y yo siempre recuerdo un aforismo de la política y de la sociología de que las cosas en política y en sociología no son lo que son, sino lo que la gente cree que son; y el poder político y el Poder Legislativo se ve obligado a legislar ante la fuerza de la opinión pública.


Señores, en el año 1982 hubo que adoptar en esta casa un acuerdo y el Gobierno dictar un decreto de crear el Consejo de Seguridad Nuclear.
Había una opinión pública que llevó a todos los gobiernos a hacer prácticamente la moratoria nuclear. La gente interpretaba que una central nuclear para producir energía eléctrica era una especie de almacén de bombas atómicas. Hubo que crear una división precisamente dentro del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene relación con esta casa; la Dirección General de Protección Radiológica tuvo que presentar un informe anual en el que estaban contemplados todos los aspectos de la salud.
Tengo la sensación de que en este momento hay dos sectores que se encuentran en un principio de indefensión o de inseguridad jurídica: la población, que da una interpretación, la que ella cree, que es el efecto nocivo, perjudicial para la salud o cancerígeno de las antenas de telefonía móvil; y las empresas. Las tres empresas de telefonía móvil me da la sensación de que están en una situación de inseguridad jurídica, y digo esto porque la única frase de aproximación a una denuncia prudente y respetuosa se la he escuchado a don Belarmino García, consejero delegado de Amena, cuando ha dicho que hay que armonizar la normativa. Yo estoy en esa tesis. A mí me da la sensación de que el Real Decreto-ley 1066 del año 2001 es incumplible, y la orden ministerial por supuesto. ¿Por qué digo esto? Porque yo y mi grupo esperamos hacer una revisión crítica del artículo 7 del Real Decreto de evaluación sanitaria de riesgo por emisiones radioeléctricas, con el artículo 9 cuando viene a dar una supuesta pauta de inspección y certificación de las instalaciones radioeléctricas, a la que se ha referido el señor presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones con toda la claridad expositiva.


Si lo que ustedes nos han dicho ahí se pone frente al anexo 2 del Real Decreto de los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas, no hay forma administrativa de tener un control de todas y cada una de las antenas de telefonía móvil que hay instaladas en España en este momento.
Si para las antenas que están por colocar los tres concesionarios de las licencias, cuyos consejeros delegados hoy aquí nos honran con su presencia y sus comentarios, tienen que inspeccionar antena por antena para cumplir los requisitos derivados y los anexos del real decreto, hace falta una plantilla de inspectores equivalente a la plantilla de 62.000 guardias civiles que tiene el instituto. Tengo la sensación de que un pueblo sin información cree lo que es. Esa es la opinión publica del político: tenemos que respetar y legislar. Hubo que legislar aquí, como hemos visto, en el año 1982 el Consejo de Seguridad Nuclear.
Recientemente hemos tenido que legislar ante una opinión

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pública que cree que por la carne de vacuno se transmite una enfermedad mortal, la crisis de las vacas locas, y hubo que crear -se ha creado por ley- la Agencia de Seguridad Alimentaria. Al final hay que residenciar en un organismo que dé confianza. Al ciudadano la Administración le tiene que dar confianza, pero tiene que instrumentar las instituciones. En este momento estamos en un galimatías de las potestades que tienen los alcaldes con el Reglamento de actividades industriales molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, que pueden paralizar a través de la licencia municipal la colocación de una antena; hay lío con las comunidades autónomas y la dicotomía con los ministerios de Sanidad y de Ciencia y Tecnología. Lo que dice el real decreto es inviable. Es un real decreto que tiene que darle autorización al Ministerio de Sanidad para que le pueda pedir al Ministerio de Ciencia y Tecnología los datos que tiene de las inspecciones. En la seguridad de la vivienda el Colegio de Arquitectos certifica el proyecto que redacta otro arquitecto para hacer una vivienda, pero cuando se vaya al ayuntamiento o a la comunidad autónoma para darle las licencias oportunas habrá después una comisión de dependencia de la comunidad autónoma que es la que evalúa el impacto ambiental; después de todo, cuando está la vivienda hecha, hay un organismo oficial que le garantiza al ciudadano, con la célula de habitabilidad, que aquello no tiene riesgo de que se le desplome. A ello tuvo que añadir el legislador la Ley de seguridad de la construcción para darle al ciudadano todas estas garantías, y se pudo residenciar.


El problema con que nos encontramos, yo creía que ustedes lo podrían denunciar y decir: no tengo un instrumento, un organismo residencial. No existe una ITV como en el sector del automóvil por la que la legislación obliga a pasar por una entidad para inspeccionar el vehículo cada equis años o anualmente, competencia que ejerce la comunidad autónoma y por la que cobra la tasa correspondiente, y la normativa es igual para toda España; un automóvil que pasa una ITV en Cataluña pasa la misma norma técnica que en Canarias, o en Andalucía, o en Galicia, o Castilla y León, o en cualquiera de las comunidades autónomas.


Yo les pregunto a los expertos que han venido si en el anexo 2 de límites de exposición a las emisiones radioeléctricas ustedes no creen que, tanto con las antenas de telefonía fija en banda ancha, como con las de telefonía móvil en GSM o las futuras en UMTS, es necesario encontrar una solución administrativa que le garantice al ciudadano al final y en las inspecciones periódicas que puede estar tranquilo, que no hay ningún peligro garantizando al mismo a unas empresas privadas que tienen unas licencias o unas concesiones de la Administración, que las van a poder desarrollar normalmente de acuerdo con sus planes empresariales, técnicos y financieros. Me remito también a lo que acaba de decir el consejero delegado de Amena, don Belarmino García. Es patético tener que escuchar que la empresa un plan de instalar equis, centenares de antenas y no haya podido llegar al 50 por ciento. Por eso me reafirmo en que estamos ante un situación de inseguridad jurídica. Si se planifica instalar 100 antenas y solamente se puede instalar 45 porque la opinión pública (que está legitimada para hacerse oír por los alcaldes, quienes responden ante esa opinión pública paralizando la instalación de la antena, porque el alcalde no es un empresario, el alcalde es un político que obtiene su puesto democráticamente por el voto y la elección de ese ciudadano, y se debe a la opinión pública de ese ciudadano que le condiciona el voto, porque si va en contra de esa opinión pública esa persona no sale alcalde en las próximas elecciones) es contraria, se crea un perjuicio. Estamos por tanto cerrando un círculo y es necesario asegurarles a ustedes que si hacen una planificación para instalar cien antenas, instalan las cien antenas y no cuarenta y cinco, porque entonces no se puede cumplir ningún plan empresarial, cuando además una administración les pone a ustedes un canon por emitir creyendo que están emitiendo con todas las antenas. Yo les pediría que nos hagan llegar su análisis de esta situación, porque nos ha pedido un consejero delegado, y se han sumado los otros tres, armonizar la normativa. Pues vamos a armonizar la normativa, porque de aquí no se deriva ninguna posibilidad. El anexo 2 del límite de exposición a emisiones radioeléctricas define lo que se llama la absorción específica de energía, el SAR. Bueno, es tal el galimatías que hay aquí, porque un párrafo lo valora como radiación de microondas pulsátiles térmicas y el siguiente lo valora como no térmicas. Díganme si alguien está, y que me respondan si ustedes creen que alguien está certificando en este momento a posteriori un organismo que garantice a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a la Administración central del Estado, a los ciudadanos y a las empresas que se cumplen las siguientes magnitudes, como ocurre con el SAR, la absorción específica de energía. De entre estas magnitudes las que se pueden medir directamente son: densidad de flujo magnético, corriente de contacto, intensidad del campo eléctrico y del campo magnético y la densidad de potencia expresada en vatios por kilogramo, que es el SAR. Yo lo único que pretendo es que tengamos todos una seguridad jurídica, concesionarios, ciudadanos y Administración pública, y posiblemente, a lo mejor, tendremos que crear un organismo, como en el año 1982 se creó el Consejo de Seguridad Nuclear, como recientemente hemos creado la Agencia de Seguridad Alimentaria, como tenemos distintas instituciones administrativamente oficiales, controladas por la Administración estatal y autonómica o municipal, para dar estas garantías. Porque no basta la información, es necesario por lo tanto el instrumento.


Nada más y muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia en darme algún minuto más.


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El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Jané, por Convergència i Unió.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quiero agradecer al señor Hernando, al señor Represa y a don Enrique Gutiérrez sus explicaciones y su aportación científica al tema que hoy ha originado esta sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En base a esa aportación científica yo he ido tomando notas de lo que nos han dicho el señor Hernando, el señor Represa y el señor Gutiérrez y quería hacer alguna reflexión en voz alta para que después, en el turno de respuesta, los tres científicos certifiquen o no la valoración que yo hago de su propia exposición. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la presidencia.)

Los campos electromagnéticos existen y hay campos electromagnéticos producidos por la propia naturaleza y otros que puede generar el hombre de forma artificial. Estamos, en el ámbito de la telefonía, en el segundo grupo: campos electromagnéticos que se han generado por la acción del hombre a través de la construcción de unas antenas de telefonía de unas estaciones base. ¿Son peligrosos o no? De acuerdo con lo que han dicho ustedes, yo interpreto que depende del nivel de ese campo. No podemos decir que el campo electromagnético no es peligroso o que el campo electromagnético es peligroso, depende del nivel. A partir de un cierto nivel es peligroso, por debajo de ese nivel no hay ninguna constatación científica de que lo sea. Si ésta es la interpretación, yo quisiera conocer rigurosamente si la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 es adecuada científicamente a ese nivel de emisión no peligroso. Primera conclusión, se nos dice que sí. Por lo tanto, no deberíamos estar inquietos si realmente científicamente el nivel que autoriza esa recomendación es el que en ningún caso se ha demostrado que pueda ser peligroso. Incluso se nos explicaba, a través de esa línea horizontal, que se había adoptado una distancia de prudencia necesaria para evitar cualquier aproximación a esa línea horizontal que marcaba el nivel a partir del cual podía ser peligroso. Por tanto, digámoslo claro: ¿estamos ante una recomendación que científicamente se demuestra que si respetamos esos niveles no estamos poniendo en peligro? Punto número uno.


Punto número dos. Al hilo de lo que decía ahora el señor Mardones, digámoslo con contundencia, ¿la normativa española respeta la recomendación europea? Yo creo que sí, que la respeta sobradamente; quizá el problema viene dado porque, por esa gran inquietud ciudadana, queremos realmente dar una protección a los ciudadanos, pues somos todos nosotros recelosos ante lo que es un campo electromagnético creado por el hombre en este caso, pero debemos decirlo con claridad y con rotundidad científica. Por tanto, yo les pido que nos digan sí o no a si esa normativa, la autonómica, la municipal y la vigente a nivel de todo el Estado, cumple esa recomendación. Después, si es así, ya veremos de qué forma se armonizan las distintas administraciones para dar unos parámetros más objetivos y que den a todos esa seguridad necesaria sobre qué hacer y generar esa confianza ciudadana.


Y tercer aspecto, al hilo de lo que ha explicado muy bien el señor Gutiérrez. Tengo la certeza, a través de lo que nos expone, de que cuando la demanda de telefonía móvil es muy amplia (hay muchos ciudadanos que están utilizando la telefonía aquí mismo, en Madrid, ahora, en este momento; cuántas terminales de móviles debe haber en el mismo momento actuando bajo un territorio) es necesario, por el sistema de multiplicación celular, crear pequeñas estaciones base para poder dar una cobertura y para que esa cobertura sea segura. Que si no se hiciera así, debería existir un sistema de antenas distinto que emitiría a una potencia muy superior, con lo cual sí que podría haber un nivel de riesgo. Que para que no exista ese nivel de riesgo precisamente en grandes concentraciones urbanas se necesita un mayor número de antenas base. Creo que esto ha sido fruto de la explicación que nos ha dado el señor Gutiérrez. Si es así, ¿por qué no lo decimos claramente? Cuando suprimimos antenas elevamos los niveles de emisión de las que quedan, con lo cual podríamos en algún caso superar ese campo electromagnético que en principio, como decía al inicio, no es ni bueno ni malo, depende del nivel. Si queremos campos electromagnéticos que no superen el nivel, necesitamos mayor número de estaciones base y más próximas. Quisiera que nos aportaran mayor luz sobre este aspecto, porque lo tenemos que decir con claridad a la sociedad. ¿Por qué no consiguen las operadoras llegar ni al 50 por ciento de sus previsiones? Porque el ciudadano está asustado, digámoslo, está asustado, por eso no lo consiguen, no por el real decreto en sí, señor Mardones, es por la situación del ciudadano, que no permite que se coloque esa antena, por el ayuntamiento, que dice: yo prefiero no decir que sí, aunque sabe que cumple la normativa, porque luego el ciudadano, el vecino pregunta por qué mi ayuntamiento ha permitido esto. Todos actuamos con cierto grado de irresponsabilidad, porque sabemos que esa opinión pública, y tiene toda la razón el señor Mardones, justificadamente está asustada. ¿Y por qué está asustada? Porque ni desde el Gobierno ni desde el conjunto de la comunidad científica hemos sido capaces de trasladar esa confianza.


Por tanto, yo pido a los científicos que nos ayuden hoy en esta Comisión a trasladar esa confianza de que el nivel es el adecuado, que en ningún caso se incumple, no únicamente no se incumple, sino que estamos a una distancia de seguridad correcta, y a partir de ahí digamos también que el riesgo es suprimir antenas, porque las que quedarán necesitarán emitir a un nivel superior, y eso es lo que realmente puede provocar en

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algún supuesto una mayor alarma y sobre todo puede perjudicar la salud.
Porque en esta Comisión de Ciencia y Tecnología, y se podría hacer un debate igual en la Comisión de Sanidad, lo que nunca estaríamos dispuestos ninguno de los diputados es a que aunque fuera de forma indirecta pudiera quedar la menor duda de que la salud de los ciudadanos está en peligro, porque entonces todos estaríamos dispuestos a dejar de utilizar la telefonía móvil. Pero como eso no es así científicamente, digámoslo, porque la ciudadanía también quiere utilizar con seguridad la telefonía móvil, porque es un bien para la sociedad, para el desarrollo económico, para el desarrollo legítimo empresarial de cada una de las empresas, y por tanto mi grupo parlamentario hoy en esta Comisión quiere dar, a través del Parlamento, la máxima difusión de esa ineludible tranquilidad que necesita el ciudadano y sobre todo que necesitamos todos para saber que la salud no está en peligro.


La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Quiero agradecer en esta segunda parte de esta sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología las comparecencias de los doctores Represa y Hernando y del presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, agradecer y especialmente reconocer de la forma más explícita que las aportaciones que han hecho hoy ellos aquí son especialmente valiosas, no solamente para los que estamos aquí, es que lo son para el conjunto de los ciudadanos, especialmente las que provienen, como se ha dicho, de las instituciones científicas reconocidas desde instancias oficiales, académicas, técnicas, etcétera.


De entrada estamos de acuerdo en las dificultades de comunicación que ha reconocido el doctor Hernando, dificultades de comunicación del conocimiento científico que no son nuevas ni son exclusivas de este ámbito, éste es un tema seguramente pendiente, que va más allá de lo que estamos tratando hoy, que es la relación entre el conocimiento científico, los ámbitos científicos y la propia sociedad. En cualquier caso, esto es así y seguramente es responsabilidad de todos que vayamos superándolo poco a poco.


Quiero constatar también otra cuestión fundamental desde nuestro punto de vista, que no existe una certeza al cien por cien, aunque existan muchas evidencias científicas de que el tema, desde el punto de vista del conocimiento científico acumulado, se orienta hacia una dirección determinada. Pero la experiencia también nos demuestra que en el pasado la trayectoria de diversas investigaciones científicas ha hecho modificar no sólo las creencias, sino también los saberes y el conocimiento acumulado al respecto. Esto nos lleva a considerar que esta diferencia entre lo que es científicamente certificable y lo que es aplicable en una situación de vida normal, vida cotidiana, es precisamente el espacio que da juego a la política. Y el interés de que ustedes comparezcan hoy en esta Comisión parlamentaria es precisamente lo que da sentido a esto que acabo de decir. Me explicaré un poco mejor y no me gustaría ser malinterpretada precisamente por los científicos que están aquí presentes. (El señor presidente ocupa la presidencia.)

Aquello que se ha denominado como científicamente correcto, que emana directamente de las investigaciones realizadas y que debe ser tenido en cuenta y considerado para adoptar decisiones políticas, no necesariamente tiene una traslación, unas trasposición directa hacia lo que es políticamente correcto. Porque, si no, no estaríamos utilizando conceptos, expresiones como el principios de precaución, utilizado en la propia recomendación de la Unión Europea, o expresiones como la existencia de zonas sensibles o de efectos minimizadores. Desde nuestro punto de vista, aquí es donde está el margen de juego y de ejercicio especialmente de la responsabilidad política. Es decir, una vez los científicos han hecho su trabajo, luego entran en juego otros agentes importantes del sistema, que deben poner en práctica y deben dar finalmente lo que hemos denominado tranquilidad y confianza a los ciudadanos, especialmente en materia de protección de la salud. Esta es la diferencia, este es el espacio de juego entre el ámbito científico y el ámbito político. Y en este sentido llegaríamos a la conclusión de que aquí lo necesario es gestionar y tomar decisiones sobre una realidad compleja en la que interaccionan multitud de factores, multitud de elementos de carácter objetivo, pero también de carácter subjetivo. Tomar decisiones en base a criterios científicos no significa siempre tener sólo en cuenta aquello que es mesurable y objetivo. Es evidente que las personas interpretamos la realidad objetiva a nuestra manera y con los elementos que tenemos. Por lo tanto, funcionamos con saberes, con aquello que conocemos, y no es lo mismo lo que sabe sobre el tema de instalaciones base de telefonía móvil cualquiera de ustedes, el ingeniero de telecomunicaciones, el biólogo, el médico, el físico o cualquiera de nosotros, que procedemos de otros ámbitos, no es lo mismo lo que saben los expertos que lo que conocen los ciudadanos de a pie; el saber que construimos respecto al tema es distinto. Por lo tanto, las creencias y las motivaciones respecto al mismo también son distintas. Y no es extraño que se genere alarma social cuando hay que regular y hay que explicar que esto no se hace correctamente, porque este hueco, este vacío que deja el no regular, el no explicar, es lo que provoca interpretaciones distorsionadas, de acuerdo con los datos objetivos.


Insisto en que las explicaciones que ustedes nos han dado hoy nos reafirman en la conveniencia, que ya han expresado los representantes de las operadoras en la primera parte de su intervención, de que aquí nos estamos enfrentando a una cuestión que tiene básicamente

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dos ejes; uno, el de informar a la población, porque de entrada sabemos que no conoce toda una serie de cuestiones fundamentales para poder interpretar correctamente, y dos, la capacidad política de gestionar administrativamente el tema. Y sólo pueden gestionar administrativamente el despliegue de la red de las infraestructuras de telefonía móvil las administraciones competentes, con la ayuda de las aportaciones de la comunidad científica, evidentemente, pero las decisiones políticas las toma quien las toma, y en un modelo de Estado y de Administración como el nuestro, un modelo descentralizado, aquí hay diferentes protagonistas y alguien debe ser capaz de sentarlos a todos alrededor de una mesa y de poner orden donde en estos momentos hay desorden; de simplificar la situación ante la complejidad y el desbarajuste, porque en ciertos momentos podríamos calificar esto de desbarajuste, que se está produciendo. La única vía es la cooperación interadministrativa, la única vía es la cooperación interdisciplinar, la cooperación interdepartamental. Y quiero aprovechar este momento para anunciales que desde el Grupo Socialista haremos algo que ya venimos haciendo, vamos a insistir en que la única solución es precisamente la cooperación entre administraciones, es que funcione el Comité Asesor desde el Ministerio de Sanidad, que funcione como plataforma fundamental para canalizar, para recoger toda la información científica que se encuentre a disposición y para administrar esta información científica hacia la ciudadanía, para comunicarla a los ciudadanos, porque como alguno de ustedes ha expuesto aquí, si algún estudio científico llegara a la opinión pública sin matices o sesgada o sin aportar los argumentos necesarios para poder ser interpretado correctamente, entonces se generarán verdaderas situaciones de alarma social.


Para finalizar, me gustaría que nos comentaran de una forma quizá un poco más explícita cómo podríamos mejorar desde las instancias administrativas y políticas el funcionamiento de plataformas como las que he citado, como el Comité de Toxicología o el Comité Asesor del Ministerio de Sanidad.
¿Está funcionando?, ¿no está funcionando?, ¿qué están haciendo?

Respecto al tema de ingeniería de telecomunicaciones, quiero preguntarle al presidente del Colegio, que nos ha dado una información muy detallada, si podrían plantearse mejoras técnicas en el diseño o las exigencias en la elaboración de los proyectos. Y voy a citar un caso muy concreto: hay muchos ciudadanos que se preocupan por la permanencia o la estabilidad de las condiciones de las instalaciones. Es evidente que ninguna Administración, ni la municipal ni la autonómica ni la estatal, está en condiciones de mandar a un inspector cada día ni cada semana a controlar las instalaciones. ¿Qué fórmulas tenemos para garantizar la permanencia de las condiciones adecuadas de las instalaciones? Y hay una cuestión también técnica que desde desde el Grupo Socialista hemos planteado de forma recurrente y no nos ha salido bien, no hemos conseguido triunfar en este tema y muchas veces no sabemos dónde están las resistencias: ¿qué dificultades hay para conseguir compartir infraestructuras desde el punto de vista técnico? Aquí también se ha hablado de que alejar las antenas de los cascos urbanos conlleva aumentar las potencia, con lo cual es peor el remedio que la enfermedad. ¿En el caso de compartir instalaciones, qué dificultades verían ustedes?

Si la normativa española, como han dicho, es correcta, se ajusta a los parámetros científicos, si las operadoras muestran esta actitud que nos han explicado hoy aquí tan positiva, si las certificaciones dan buenos resultados, ¿qué está pasando? La pregunta final es qué está pasando, por qué existen tantos problemas para en este caso frenar la alarma social que evidentemente existe, y que en el fondo no es nada más que una crisis de confianza hacia los políticos y también de alguna manera hacia los científicos, porque a pesar de las explicaciones que se dan la gente no se lo cree y utilizamos la palabra creer. El doctor Hernando decía al principio "los padres creen" y piden soterrar las líneas de alta tensión, "los padres creen", pero no saben que seguramente es peor soterrar a un distancia inferior que tener una línea aérea a una distancia superior.
Hay una distinción entre el saber y el creer, también somos conscientes de que no podemos pretender que todos los ciudadanos españoles lleguen a unos niveles de conocimientos de ingenieros o de físicos, pero en cualquier caso sí que pone en manos de las administraciones responsables un tema que yo he citado antes, de percepción social de riesgo, de éste o de cualquier otro, que cada vez va a ser más necesario plantearse como un tema no simplemente de declaraciones de buenas intenciones, sino de análisis riguroso científico y técnico, porque estas oleadas de alarma social, estas oleadas de desconfianza a algo responden, no se producen por generación espontánea. Es decir, hay algún elemento en todo este proceso que ha fallado, y ha sido básicamente el no llegar a tiempo en proporcionar la información necesaria, el no estar atento a establecer las normativas necesarias y el no reaccionar de una forma valiente y ágil cuando se han producido los problemas.


Este Parlamento ha dado hoy una muestra de esta capacidad de reacción, pero evidentemente no nos podemos quedar simplemente en declarar esto hoy aquí; en el Parlamento, además de comparecencias, se tramitan y se votan iniciativas. Sobre este tema se han votado algunas, en el futuro yo quiero decirles que el Grupo Socialista, y constatando lo que han dicho ustedes hoy aquí, va a presentar hoy mismo en el Registro de la Cámara una proposición no de ley insistiendo en la parte fundamental de las conclusiones con las que nos quedamos nosotros de esta comparecencia, que es la necesidad de informar, la necesidad de armonizar, de articular la normativa que existe sobre el tema y de buscar

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este espacio de cooperación que los representantes de las operadoras nos pedían desde el principio en el inicio de esta sesión, pero que este espacio tiene que tener algún árbitro, tiene que haber alguien que lo articule, que convoque, que tenga la voluntad de que esto se produzca de esta manera.


Una vez más, les agradezco el esfuerzo que están haciendo tanto los científicos como las operadoras para comunicar a la población cuál es esta situación, pero creemos que esto no es suficiente. Las pruebas están aquí, la muestra principal es que aun haciendo este esfuerzo aquí hay algo que no está funcionando y que no está llegando donde debería de llegar. Continuaremos insistiendo en el tema y, una vez más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Corgos, por el Grupo Popular.


El señor PÉREZ CORGOS: Quiero en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecer la presencia y las explicaciones de los profesores Hernando y Represa y del presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, señor Gutiérrez Bueno.


A lo largo de esta mañana hemos asistido a una sesión que yo calificaría de muy importante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, porque una de las labores de esta Casa de representantes de todos los ciudadanos españoles es la de transmitir la confianza en el buen funcionamiento de los sectores.


El desarrollo de las nuevas tecnologías, y en concreto de la telefonía móvil, ha sido un desarrollo, como hemos oído, vertiginoso, muy rápido y con mucha eficacia. Pero ese desarrollo tan rápido lógicamente ha generado suspicacias basadas en el desconocimiento, en la circunstancia de que casi todos somos legos en la materia de los campos electromagnéticos, como nos explicaba el doctor Hernando. Estas desconfianzas producidas por ese rápido desarrollo han generado una toma de posiciones de la población en torno a los políticos, que tenemos la obligación de regular, y en relación con las operadoras, en quienes se ve empresas destinadas únicamente a satisfacer su fin de afán de lucro, fin absolutamente legítimo, desconociendo también la aportación que para el desarrollo de la economía de un país y para dotar a nuestro país de las ventajas competitivas necesarias supone también esa labor.


Yo creo que el Gobierno ha hecho los deberes en esta materia, si bien el real decreto es de septiembre del año 2001, no podemos negar, y así ha resultado de las diferentes comparecencias, que anteriormente se estaban siguiendo los límites y los criterios que establecía la recomendación de la Comisión Europea del año 1999. Y por lo que he oído a los científicos, me da la impresión de que la normativa de la que nos hemos dotado incluso en algunos aspectos podríamos calificarla de exagerada. Yo tomo las palabras del doctor Represa cuando nos dice que no debemos ir más allá de lo que comunidad científica tiene verificado o constatado. Estoy absolutamente de acuerdo con él y estoy deseoso de que el Grupo Socialista en esa iniciativa contemple también el que no debemos ir más allá de lo que la comunidad científica nos recomienda y que por lo tanto regulaciones en torno a la Comisión de Salzburgo deberían quedar proscritas en nuestro país.


Querría preguntarles a ustedes si creen que las compañías operadoras españolas pueden cumplir con la normativa que hemos aprobado y si creen que hay algún aspecto técnico con posibles consecuencias para la seguridad y la salud que no están contempladas y que deben contemplarse.
Al presidente del Colegio de Ingenieros le pediría que nos informara de qué está haciendo el Colegio Oficial de Ingenieros para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación -nos ha hablado de que nos podía informar de las actuaciones que están llevando a cabo- y sobre todo estudios de las consecuencias en la salud pública, si están trabajando en algo de esto.


Les decía antes que quizá la normativa pueda ser exagerada, porque antes de 1999 y antes del desarrollo de la telefonía móvil había otros campos electromagnéticos que todavía se mantienen. El señor Aguilar fue muy prudente cuando intervino en su segundo turno, dijo que él hablaba exclusivamente de las antenas de telefonía móvil, pero en zonas sensibles, como pueden ser ayuntamientos, tenemos antenas de televisión local, antenas de radio, tenemos estaciones de radio en colegios, porque era bueno que tuviéramos una estación de radio en un colegio y que los niños hicieran programas, y según parece, por las intervenciones que he escuchado, las emisiones electromagnéticas son superiores a las que se están exigiendo para las compañías de telefonía móvil. ¿Los alcaldes son igual de responsables en lo que es su propia competencia, su propia instalación y se exigen los mismos requisitos que exigen a los operadores de telefonía móvil?

Yo dejaría aquí la materia y agradezco su presencia y sus explicaciones.


El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a proceder a la respuesta de esos puntos.
Yo les voy a dejar que ustedes mismos elijan el orden de quién va a intervenir; lo único que les pido es una cierta brevedad y que antes de intervenir, por favor, digan su nombre para que conste en el "Diario de Sesiones".


El señor DECANO PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (don Enrique Gutiérrez Bueno): Presidente, tenemos la costumbre de que primero habla la medicina y después los ingenieros, entonces yo sigo en esa línea y creo que primero deben ir ellos.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Antonio Hernando.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO (COMISIÓN DE TOXICOLOGÍA), CATEDRÁTICO DE MAGNETISMO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MAGNETISMO APLICADO, RENFE-CSIC-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, LABORATORIO SALVADOR VELAYOS (don Antonio Hernando): En mi caso no es la medicina, es la física.


Señorías, de las preguntas que se han derivado yo creo que solamente voy a contestar -a mis compañeros les corresponde mucho más que a mí- una que es doble, sintetiza una pregunta del representante de CiU y también de la representante socialista, y es respecto al estado de la ciencia. Hay que distinguir cuando hablamos de falta de certeza -usted quería seguridad, si hay seguridad o no hay seguridad- entre lo que es intrínseco a la ciencia, que es la falta de certeza absoluta en cualquier ciencia, de lo que es el estado de la ciencia. Y el estado de la ciencia sí se puede tener certeza de cuál es. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que el estado de la ciencia es lo que señala la recomendación de la Unión Europea, ese es el estado actual de la ciencia y como todo estado de la ciencia está sujeto a cambios. Pero lo que no queremos admitir es que se nos diga que esto que defendemos con toda rigurosidad no es el estado de la ciencia, porque la definición del estado de la ciencia ésa sí que es cierta, es lo que la comunidad científica establece en sus revistas con índice de impacto, en los congresos, las academias, las instituciones de respeto, esa es la comunidad científica.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Juan Represa.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO (COMISIÓN DE TOXICOLOGÍA), CATEDRÁTICO Y DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) (don Juan Represa): He detectado algunas preguntas quizá más dirigidas a la medicina, y como por suerte o desgracia aunque no soy el único médico en la mesa soy el único investigador en activo, se las voy a contestar yo.


Quizás yo me he expresado mal, pues he oído a una de S.S. decir que no hay evidencia científica y que no se pueden conocer los efectos a largo plazo. Evidentemente, hay evidencias científicas, hay muchas, como he podido exponerles. Naturalmente, la inocuidad, igual que la no existencia de algo, no es un concepto demostrable, es un concepto deductivo, eso de descartes en los laboratorios científicos lo sabemos bien, entonces la inocuidad se demuestra por exclusión, o sea, uno no demuestra directamente la inocuidad como la no existencia de algo, sino que se deduce de la falta de pruebas en sentido contrario, eso es principio científico. Respecto a los efectos a largo plazo, sí se pueden saber por una razón sencilla; los efectos a largo plazo podrán ser los mismos, ni iguales ni mayores, que los a corto plazo. Si usted está expuesto un día a una dosis de radiación excesiva, el efecto a corto y a largo plazo es el mismo, porque estas radiaciones no son acumulables; a diferencia de lo que ocurre con las ionizantes, su organismo no guarda estas radiaciones.
O sea, si usted en una ocasión está expuesto a una dosis que le causa un efecto térmico no se quema más que si se expone a la misma radiación al día siguiente, se quema lo mismo, no es acumulable. Y si no llega a los umbrales de peligrosidad no hay daño para la salud aunque al día siguiente esté expuesto a lo mismo. Por eso no se ha legislado a largo plazo, porque precisamente no estamos ante un elemento acumulable que el organismo no atesora, entonces son bastante previsibles. Otra cosa es que digamos que no hay que investigar, eso no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tecnología evoluciona y la telefonía que tenemos hoy no es la misma que tendremos mañana y que la que teníamos hace diez años, y posiblemente las características de los campos magnéticos no sean las mismas. Una de las cosas que yo pido es que los programas de investigación biomédica vayan en paralelo al desarrollo de la tecnología, para que nunca nos pase lo que están pasando ahora, que nos pilla el tren un poco con el paso cambiado. En este sentido sería bueno que ustedes, que pueden hacerlo, en el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo incluyeran un área prioritaria que fuera ésta y que los operadores que aquí me están escuchando pudieran aportar fondos, no directamente a los científicos, sino a través de la Agencia Nacional de Evaluación y de programas públicos, y fuera otra muestra de buena voluntad apoyar la investigación científica, siempre a través de instituciones.


Quería responderles, porque me parece importante, sobre el principio de precaución y las zonas sensibles. En primer lugar, la normativa que se aplica en nuestro país en cuanto a límites y niveles es exacta a los límites y niveles de la recomendación europea y la del resto de los organismos que les he expuesto antes. Y en ese sentido cabe decir que permite garantizar la ausencia de efectos nocivos para la salud si se respeta. Pero es más, como bien ha observado, hay un margen entre los primeros efectos biológicos y la normativa, es decir, se aplica el principio de precaución y el principio de precaución es ése. Otra cosa es lo que se está entendiendo por el principio de precaución, que es una mala traducción del inglés, porque aquí no estamos hablando de precaución, sino ya de prudencia, de norma de conducta. Que no se usen teléfonos móviles en niños en edad pediátrica, de menos de catorce años, no tiene que ver

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con las ondas electromagnéticas. Que uno no hable por teléfono conduciendo no tiene que ver con las ondas electromagnéticas, tiene que ver con otras muchas cosas. Es decir, que aparte de los actos científicos puros y duros hay una serie de normas que no tienen que ver con la enfermedad o la salud, sino con el buen uso de algo, y en los comités donde hemos estado hemos considerado nuestra obligación recomendarlo, pero eso no puede interpretarse como que el teléfono móvil produzca daños en una persona de catorce años que no produce en una de veinticuatro. De hecho, salvo en los dos primeros años de vida, cuando ya se cierran las fontanelas craneales, en el resto es muy difícil que, en base a la composición del propio cuerpo humano, hubiera alguna razón para explicar que una radiofrecuencia tuviera un distinto efecto en un menor que en un mayor.
Luego es la normativa europea la que se aplica aquí, el principio de precaución se aplica ya al poner las cifras de la normativa y luego hay otra parte del principio de precaución que son normas de conducta. Para que nos entendamos, es lo mismo que cuando vamos por una carretera y vemos una limitación de velocidad a 120 y una señal optativa de la próxima curva tomarla a 90, no es obligatorio más que respetar la señal de obligado cumplimiento, pero es opcional tomar una serie de normas de conducta; eso es la gestión individual del riesgo y en ese sentido hay que interpretar el principio de precaución.


Espacios sensibles. Realmente los espacios sensibles son un ejemplo paradigmático de lo que es la falta de información y yo aquí sí que me permitiría sugerirles más que una mejora en las normativas que se aplican desde el ministerio, sí una mejora en quien las redacta. La última orden se puede mejorar desde el punto de vista de estilo y de redacción, porque yo tuve que leérmela tres veces. Hay una parte que induce a confusión y esa parte es cuando dice: espacios sensibles, minimizar. Lo que debe decir o lo que se quiere interpretar con esto, porque es lo que se dice en todos los demás organismos internacionales, es que hay que minimizar el riesgo de que se incumplan las normas, que hay que tener un control exquisito en ese sentido, es decir, que si usted no puede medir más que en 10 puntos al mes en una zona y tiene cinco espacios sensibles, mide los cinco espacios sensibles y luego los cinco que usted quiera, porque lo que hay que minimizar es el riesgo de que se incumplan las normativas, no diseñar unas normativas especiales. ¿Y por qué es esto? Pues por la misma razón que un autobús escolar, sin que eso signifique que el autobús esté defectuoso o la carretera por la que va sea distinta que por la que vamos usted y yo, tiene una mayor protección. ¿Por qué? Porque coinciden en un momento y en un espacio una serie de grupos de niños, que si se violaran las normas de velocidad y tuvieran un accidente las consecuencias serían mayores cuando están todos los niños juntos que cuando hay uno solo. Entonces, es consecuencia del incumplimiento de las normas, no es que esos espacios necesiten distintos niveles, no es que la antena tenga que ser diferente, ni mucho menos, simplemente que el control debe de ser prioritario y todas las acciones que podamos hacer para minimizar el riesgo de incumplimiento son bienvenidas, y Esa es la recomendación que se hace como espacios sensibles.


Finalmente quiero agradecerles la comparecencia aquí. Yo me acuerdo, en los años ochenta, el tiempo pasado en el Instituto del Cáncer de Nueva York, que veía con cierta envidia cómo eran muy habituales las comparecencias de científicos en el Congreso y en el Senado norteamericano y cómo servían materias técnicas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted y creo que este es un hito que aparte de como científico como ciudadano me siento muy contento, porque esta interacción creo que es muy positiva. También estoy de acuerdo con usted en que igual que mi obligación es decirle el nivel es éste y eso no es discutible, luego usted, que gestiona el riesgo como legislador, hace con mi dato lo que usted crea conveniente, pero mi consejo es que aunque rebaje el nivel, lo cambie, siempre dé la información de que eso es por motivos de preocupación ciudadana, pero sin que eso se pueda interpretar como que se discuten los límites que la ciencia ha dado tras años de esfuerzo, siempre y cuando se deje claro ese principio. Naturalmente ustedes son los que gestionan el riesgo, pero mi obligación es decirles lo que hay. Y eso es todo.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra don Enrique Gutiérrez.


El señor DECANO PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (don Enrique Gutiérrez Bueno): Son muchas las preguntas que me han lanzado y todas de mucha importancia, que probablemente requirieran más tiempo del que posiblemente disponga, pero voy a intentar contestarlas lo más escuetamente posible.


El portavoz del Bloque Nacionalista Galego planteaba el tema de la acumulación de campos. Efectivamente, en una zona urbana, la que sea, no solamente hay incidencia del campo producido por la antena que estamos evaluando, hay otros campos en el entorno. Ante un caso concreto hay dos formas de atacar ese caso, es decir, hay un cálculo teórico y un cálculo práctico, y ambos los tiene que soportar el ingeniero. El ingeniero, cuando hace ese informe que pide el real decreto que tiene que acompañar al proyecto, que con carácter previo tiene que estudiar cómo va a ser el comportamiento electromagnético en el entorno, tiene que tener en cuenta que en el entorno también hay otro tipo de emisoras, otro tipo de radiaciones. En concreto, eso se comprueba después, cuando tiene que hacer las medidas y cuando hace medidas ahí se recibe todo. O sea, que sí hay una influencia del entorno y esa influencia

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del entorno tiene que estar controlada tanto en el comportamiento electromagnético teórico que tiene que hacer el ingeniero como en las medidas que después se hagan en la práctica con un espectro de banda ancha donde cogen todas las frecuencias, todas las emisoras que estén en el entorno.


Me preguntaba también sobre el compartimiento de infraestructuras. Vamos a ver, el compartimiento de infraestructuras desde el punto de vista técnico es perfectamente posible y hasta cualquier límite, desde compartir un poste hasta compartir la central última a la que llega la información es posible; el problema es una decisión de carácter más estratégico, más empresarial, más político, pero técnicamente cualquier compartición de infraestructuras es posible. Hay que decir una cosa, evidentemente, para que quede claro, que cuando se comparte un determinado posicionamiento para varios operadores las potencias se suman, ¿de acuerdo? Al sumarse las potencias, la potencia que se emite en ese entorno es mayor. Dados los tamaños que hemos hablado de paralelepípedos de protección, el problema tampoco es importante, pero sí hay que tener en cuenta que cuando se hagan las medidas del entorno y cuando se hagan las medidas de la realidad tendremos que tener en cuenta que en esa compartición de un único poste por muchos operadores con muchos servicios, ahí la potencia se sumará en unas determinadas direcciones. A cambio se verán menos antenas, lógicamente. O sea, siempre hay soluciones de compromiso en ciencia y eso ya se deja a la decisión de los intereses sociales o políticos que sean.


Hablaba el señor Mardones de la normativa vigente, si va a ser capaz de responder al reto, entre comillas. Mi opinión, lógicamente no contrastada todavía, es que sí, eso lo dirá el tiempo. Este país funciona como funciona, en el sentido de que delega determinadas cuestiones a un colectivo profesional, y esa es la existencia de los colegios, que son entes de derecho público. Los arquitectos hacen su trabajo, los abogados hacen el suyo y a nosotros nos corresponde ahora hacer el nuestro. Eso quiere decir que tenemos que atender y garantizar la infraestructura de un montón de ingenieros de telecomunicación no solamente a título personal con empresas propias que se dedican a este tipo de negocios, sino colocados en empresas que hacen estos trabajos y que al final el trabajo lo hace un ingeniero de telecomunicación. Yo siempre saco el parecido con una empresa de dentistas, que es un negocio en el que uno puede montar una franquicia. Bien, pues yo puedo montar una franquicia, pero al final el que opera, quien mete la mano en la boca del paciente es un dentista, es un personal capacitado. Bueno, pues en este momento se han puesto en marcha unos procedimientos de mercado donde las empresas han buscado alguien que se lo haga, que puede ser desde gabinetes de ingenieros de telecomunicación hasta empresas que se han comprometido a hacer ese trabajo al ritmo que se han comprometido, que al final usarán ingenieros de telecomunicación y a continuación habrá un colegio que garantizará que los protocolos de medidas y los procedimientos que han seguido están perfectamente respetados. Guardamos en soporte magnético todos los proyectos que nos van llegando y están a su libre disposición para consultarlos cuando ustedes quieran, en el momento que deseen. Yo creo que ese sistema funciona o ha funcionado en otras actividades humanas económicas de este país, y va a funcionar en esto con toda seguridad. Yo le puedo decir que hay otro caso parecido, que son los proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicación que tienen que tener desde hace tres años todos los edificios de nueva construcción; ahí también hay mucho trabajo y eso se están llevando a rajatabla. Ahí están todas las evidencias de que detrás de cada edificio hay una infraestructura de comunicaciones y eso funciona. Evidentemente, ahora hay un paso mucho más urgente, que es hacer rápidamente 23.000 instalaciones, bueno, pues habrá que trabajar más. Pero una vez que ese primer paso se acabe habrá un normal desarrollo de este negocio y habrá que responder con los medios que sean necesarios, pero yo quiero tranquilizarle, porque creo que sí es posible.


Hablaba el señor Jané de la normativa española. Efectivamente, la normativa española es rigurosa, no sé si decir en exceso, pero es rigurosa. Quizá lo sea porque ha habido una alarma social excesiva, pero la respuesta política ante ese hecho ha sido una normativa que es, si la comparamos con otros países de nuestros entorno, rigurosa. Por ejemplo, tenemos que medir más antenas que las que miden otros países, más instalaciones. Por lo tanto, desde el colegio lo hemos dicho a la Administración, en ese informe que tiene ustedes porque se lo enviamos hace tiempo y que queremos actualizar ahora, vamos a ponerlo al día, porque en seis meses han pasado muchas cosas. En ese informe ya avisábamos que no hay que medir todas las antenas, que hay antenas que simplemente con la categorización teórica hay que certificar, pero no hay que medir, con la categorización teórica de la antena es perfectamente asumible que ahí no se sobrepasan los límites establecidos. ¿Cuál es la raya en la que se hace la medida y en la que no se hace la medida? Nosotros éramos menos rigurosos de lo que lo ha sido la ley. Pues muy bien, más seguridad para el ciudadano, pero que quede en evidencia que la normativa que se ha puesto en práctica es rigurosa, es buena y es muy meticulosa en todos los aspectos que regula.


El tema de la cobertura, de la potencia y las llamadas. Hay que partir de algo teórico, y estos sistemas emiten con una potencia por canal de 20 vatios, éste es el punto de partida. Si en vez de emitir con 20 emitiera con 40, efectivamente el alcance sería superior. Pero la tecnología y la normativa limita la potencia por canal a 20 vatios y eso es un hecho. Y otro hecho es que esas células, esas antenas, esos sistemas soportan un número

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máximo de usuarios y de ahí no pueden pasar, no hay capacidad en el espectro radioeléctrico para soportar más número de usuarios. Entonces, lo que sucede si no se hacen las células más pequeñas no es que haya que dar más potencia, porque la potencia está limitada por ley, sería dar más potencia, evidentemente, pero sobre todo se satura el sistema y no hay comunicación, las comunicaciones no se producen, caben las que caben y las que no caben se quedan sin hablar, y por lo tanto la calidad de la información, la calidad de las comunicaciones es peor de la que el ciudadano y ustedes deben demandar. Eso se soluciona muy fácilmente reduciendo el número de células y haciendo que donde antes cabían 28 operadores o 32 llamadas simultáneas pase a multiplicarse por cuatro si hemos dividido una célula en cuatro, así de sencillo. Claro, a cambio aumentan, en vez de haber una antena ahora hay cuatro. Esa es la diferencia fundamental, pero yo no hablaría en clave de potencia, sino que hablaría en clave de calidad de servicio. De forma lateral, es verdad que cuantas más antenas menos potencia, eso hay que decirlo, que de alguna forma no es la finalidad dar menos potencia, es un beneficio que se trae del sistema, porque lo que no quiere es dar calidad, y lo que quiere el ciudadano y lo que quieren los operadores es dar calidad y además sin quererlo tenemos menos potencia, lo cual es mejor para todos.


La portavoz del Grupo Socialista hablaba de zonas sensibles. Para nosotros todas las zonas son sensibles, señoría, o sea, nosotros no hacemos distinción entre zonas sensibles, medimos. Lo que pasa es que dentro del protocolo que le he enseñado sí hacemos incidencia, porque obliga la ley a hacer medidas en zonas sensibles, de ahí no nos escapamos. El ingeniero puede en función del entorno ir a un sitio, ir a otro y explicar por qué ha ido a un sitio y ha ido a otro, pero de las zonas sensibles no pasamos. Sinceramente, no nos parece necesario, pero efectivamente eso es un principio de precaución y la ley lo recoge; nosotros vamos a hacerlo con toda claridad y se recoge, como han visto ustedes, en el protocolo, y el ingeniero tendrá que ir a medir especialmente en esos sitios.


Hablaba también del tema de informar. Creo que efectivamente la cuestión fundamental es que informemos todos, que seamos capaces de explicar al ciudadano todo lo que aquí hemos estado hablando. Nosotros ya lo estamos haciendo a título particular, lo estamos haciendo en Cataluña con los médicos; con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Cataluña estamos haciendo jornadas con los médicos . En Galicia estamos empezando, estamos trabajando para poner en marcha jornadas de información ciudadana en las 10 ciudades más importantes, con la Escuela de Telecomunicación de Vigo y con la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, y estamos trabajando en el noroeste de Madrid para que en todos los municipios de esa zona seamos capaces de reunir a todos los concejales y expertos en el tema, o al menos responsables del asunto, para poder tener con ellos unas jornadas de explicación y demás. Por nuestra parte estamos dispuestos a echar la mano donde haga falta, hasta tal extremo que estamos a punto de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para establecer un marco de colaboración para que a través de nuestros ingenieros en toda España y de las escuelas de telecomunicación de todas las ciudades donde existen, pongamos en marcha cursos de formación para el ciudadano y cursos de información organizadamente. Vuelvo a decir que estamos trabajando en esa línea con las capacidades y con los medios que disponemos, porque no tenemos más.


Hablaba usted de la estabilidad en las condiciones del entorno. Pues eso es un problema, evidentemente, si uno pone una antena y eso está perfectamente controlado y ese entorno cambia, la antena tendría que tener un cambio en cuanto al concepto con el que se ha desarrollado. Esto está contemplado en los informes que cada año se dan de la instalación de la antena y el seguimiento anual que recoge el real decreto, donde hay que especificar el estado en que se encuentra cada antena, eso está ahí recogido.


Lo de compartición de infraestructuras ya lo he comentado. ¿Y qué está pasando? Señorías, yo creo que el problema es que ha crecido demasiado.
La primera vez que este colegio tomó conciencia del problema y a mí se me invitó a un programa de radio de Luis del Olmo a debatir esto en un entorno concreto, ya había un presidente de una asociación antiantenas, ya había una asociación a favor del alejamiento de las antenas, ya había una estructura social totalmente inexperta, y es muy difícil desmontar.
Es que eso engancha mucho y cualquier manifestación de este tipo tira mucho del ciudadano. Y yo creo que hemos llegado a un momento en que las cosas son tan difíciles de desmontar, porque el ciudadano ya, y esto sí me parece grave, desconfía de los expertos y de las instituciones. Si un experto le dice una cosa que no le gusta, cree que le engaña. Y si una institución defiende posiciones con las que el ciudadano no está de acuerdo, pues duda de que le estén diciendo la verdad. En el sentido amplio de la política y de la ciudadanía, a mí eso sí me parece grave, sinceramente. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva muchas cosas y mucha gente no se lo cree.


Queda un tema que planteó el portavoz del PP, que era los nuevos desarrollos de la sociedad de la información y la actitud del colegio. El colegio es muy sensible en el apoyo a la Administración y a la sociedad sobre todos estos problemas. Y aparte de intentar ayudar allí donde se nos demande y de colaborar con la Administración, sí que somos muy conscientes de que tenemos un papel como de o de encuentro entre la tecnología y la sociedad. Y tenemos grupos de trabajo dentro del colegio muy activos encargados de eso. En concreto,

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tenemos uno que emite cada dos años un informe muy serio sobre la regulación en España y en Europa y que mantiene un poco informado, facilitando la tecnología y facilitando todos los conceptos a quien quiera leer ese libro, sobre lo que está pasando en la sociedad de la información. Después hemos creado un foro de las telecomunicaciones que intenta hacer otra cosa diferente, que es anticiparse al futuro. Es decir, ahora mismo entendemos que hay un debate muy fuerte, lógico en el cuerpo a cuerpo, en las trincheras, sobre cómo tiene que ser la sociedad de la información, los intereses de cada uno, los operadores, los ciudadanos, las administraciones, eso está ahí y estará siempre. Pero alguien tiene que pensar en cómo tiene que ser este sector dentro de tres o cuatro años, dónde están las claves, qué influencia tendrá la tecnología sobre el futuro y en clave de eso tratar de ver qué decisiones hay que tomar ahora para que eso sea posible. Ese lugar de encuentro que estamos creando en el colegio, se llama foro de las telecomunicaciones, que mantenemos con los expertos del sector y con la universidad. Ahora vamos a presentar formalmente el primer informe; el día 13 ó 14 de mayo presentaremos públicamente el informe. De alguna forma se trata de anticiparse a lo que la sociedad de la información pudiera ser si cogemos un modelo o si cogemos otro. Esa ayuda a la sociedad creemos que es la que tiene que hacer el colegio, el colegio no debe tratar temas relativos al entorno donde ya las fuerzas de la naturaleza se manifiestan, creemos que nuestro apoyo más bien es como expertos que como implicados.


Y creo que con esto no tengo más que decir.


El señor PRESIDENTE: Gracias a todos. Quiero agradecer muy sinceramente la presencia aquí de todos los comparecientes. Gracias por su presencia y espero, pues, que esto haya servido y haya sido útil para la información de todos.


Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.


Nota.-El presente "Diario de Sesiones", de la Comisión de Ciencia y Tecnología, del miércoles, 10 de abril de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los "Diarios de Sesiones" ya elaborados.

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