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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 247, de 30/04/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 247
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 238
celebrada el miércoles, 30 de abril de 2003


ORDEN DEL DÍA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales: ...


- Instrumento de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), hecho en Minneapolis el 6 de noviembre de 1998 y Declaraciones que España desea formular en el momento de su aceptación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 381, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000213.) ... (Página 12649)

- Acta de revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Múnich el 29 de noviembre de 2000.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 382, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000214.) ... (Página 12649)

- Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, hecho el 13 de agosto de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 383, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000215.) ... (Página 12650)

Página 12640


- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República Dominicana modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968, hecho en Santo Domingo el 2 de octubre de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 384, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000216.) ... (Página 12650)

- Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales, hecho en Valencia el 3 de octubre de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 385, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000217.) ... (Página 12650)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Kuwait al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 386, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000218.) ... (Página 12650)

- Declaración de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 387, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000219.) ... (Página 12650)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Polonia al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 388, de 3 de enero de 2003.
(Número de expediente 110/000220.) ... (Página 12650)

- Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 389, de 3 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000221.) ... (Página 12650)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 19 de septiembre de 2002. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 394, de 31 de enero de 2003.
(Número de expediente 110/000222.) ... (Página 12650)

- Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles, hecho en Canberra el 19 de junio de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 395, de 31 de enero de 2003. (Número de expediente 110/000223.) ... (Página 12650)

- Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, hecho en Roma el 3 de noviembre de 2001.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 399, de 21 de febrero de 2003. (Número de expediente 110/000224.) ... (Página 12650)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito de viajeros y mercancías, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 400, de 21 de febrero de 2003. (Número de expediente 110/000225.) ... (Página 12650)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Guatemala el 9 de diciembre de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 402, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 110/000226.) ...
(Página 12650)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Tailandia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 403, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 110/000227.) ... (Página 12650)

- Adhesión del Reino de España a las Directrices para el trabajo de los comités bilaterales previstos en la Decisión 123 del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnizaciones de Naciones Unidas, hecho en Ginebra el 15 de marzo de 2001 "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 406, de 7 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000228.) ... (Página 12650)

Página 12641


- Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 407, de 7 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000229.) ...
(Página 12650)

- Nota de denuncia del Canje de Notas de 30 de octubre de 1963 sobre supresión de visados entre España y Ecuador. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 412, de 14 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000230.) ... (Página 12650)

- Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, hecho en Londres el 26 de septiembre de 1997. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 413, de 14 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000231.) ... (Página 12651)

- Declaraciones previstas en los artículos 5.1, 20.1, 20.6, 21.1, párrafo 2 y 21.1, párrafo 5 del Convenio celebrado sobre la base del artículo K3 de la Unión Europea relativo a la asistencia mutua y a la cooperación entre las administraciones aduaneras, firmado en Bruselas el 18 de diciembre de 1997. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 415, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 110/000232.) ... (Página 12651)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas: ...


- Proyecto de Ley del sector ferroviario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 35-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 121/000135.) ... (Página 12653)

Avocación por el pleno ... (Página 12670)

Tramitación directa y en lectura única de inciativas legislativas:

- Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 121/000143.) ... (Página 12670)

- Proyecto de Ley Orgánica que, con el carácter de complementaria a la ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la Disposición Final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General Presupuestaria. (Número de expediente 121/000144.) ...
(Página 12670)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.) ...


- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 137-1, de 28 de marzo de 2003. (Número de expediente 121/000137.) ...
(Página 12671)

- Proyecto de Ley de Montes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 138-1, de 28 de marzo de 2003. (Número de expediente 121/000138.) ... (Página 12684)

Preguntas ... (Página 12700)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española. (Número de expediente 172/000274.) ... (Página 12723)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak. (Número de expediente 172/000275.) ... (Página 12728)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional. (Número de expediente 172/000276.) ... (Página 12734)

Página 12642


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales ... (Página 12649)

Instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), hecho en Minneapolis el 6 de noviembre de 1998 y Declaraciones que España desea formular en el momento de su aceptación ... (Página 12649)

Sometido a votación, se aprueba por 216 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Acta de revisión del Convenio sobre concesión de la patente europea (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991 ... (Página 12649)

Sometido a votación, se aprueba por 219 votos a favor.


Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, hecho el 13 de agosto de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 221 votos a favor y uno en contra.


Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Dominicana modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 19568, hecho en Santo Domingo el 2 de octubre de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 217 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.


Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales, hecho en Valencia el 3 de octubre de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 222 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de Kuwait al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 221 votos a favor y tres abstenciones.


Declaración de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 227 votos a favor.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Polonia al Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971 ...
(Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 227 votos a favor.


Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular. Hecho en Madrid el 7 de octubre de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 230 votos a favor.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre transporte aéreo, hecho en Madrid el 19 de septiembre de 2002 ...
(Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 232 votos a favor.


Página 12643


Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles, hecho en Canberra el 19 de junio de 2001 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 233 votos a favor y uno en contra.


Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, hecho en Roma el 3 de noviembre de 2001 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 234 votos a favor.


Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito de viajeros y mercancías, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 229 votos a favor y cuatro abstenciones.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Guatemala el 9 de diciembre de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 234 votos a favor y dos abstenciones.


Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Tailandia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 236 votos a favor.


Adhesión del Reino de España a las directrices para el trabajo de los comités bilaterales previstos en la Decisión 123 del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnizaciones de Naciones Unidas, hecho en Ginebra el 15 de marzo de 2001 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 234 votos a favor.


Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Madrid el 8 de octubre de 2002 ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 235 votos a favor y una abstención.


Nota de denuncia del Canje de notas de 30 de octubre de 1963 sobre supresión de visados entre España y Ecuador ... (Página 12650)

Sometido a votación, se aprueba por 229 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.


Protocolo de 1997, que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, hecho en Londres el 26 de septiembre de 1997 ... (Página 12651)

Sometido a votación, se aprueba por 236 votos a favor y una abstención.


Declaraciones previstas en los artículos 5.1, 20.1. 20.6. 21.1, párrafo 2 y 21.1, párrafo 5 del Convenio celebrado sobre la base del artículo K3 de la Unión Europea relativo a la asistencia mutua y a la cooperación entre las administraciones aduaneras, firmado en Bruselas el 18 de diciembre de 1997 ... (Página 12651)

Sometido a votación, se aprueba por 235 votos a favor y una abstención.


Página 12644


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 12653)

Proyecto de ley del sector ferroviario ... (Página 12653)

El señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández) presenta en nombre del Gobierno el proyecto de ley del sector ferroviario que traspone al ordenamiento jurídico español las directivas del primer paquete ferroviario europeo. Explica que el compromiso del Gobierno por favorecer el desarrollo del ferrocarril e incrementar su participación en el reparto modal se ha concretado en dos vertientes básicas: por una parte la puesta en marcha de un ambicioso programa de inversiones en ferrocarril a través del Plan de infraestructuras de transporte 2000-2007 y, por otra, el establecimiento de los instrumentos necesarios para modernizar el régimen aplicable al transporte por ferrocarril en línea con los parámetros establecidos por la Unión Europea, y este nuevo marco, añade, ha determinado que, junto con una actuación material y una proyección fiable y rigurosa de lo que deben ser las infraestructuras ferroviarias que articulen un sistema moderno de transporte en España, se establezca un instrumento jurídico atenido a las directivas comunitarias que pretende incrementar la eficacia del transporte ferroviario, el acceso a este mercado del sector empresarial y, al mismo tiempo, la garantía de los derechos de los usuarios del ferrocarril. Finalmente, hace un resumen del contenido del proyecto de ley, para el que espera alcanzar el consenso de los principales grupos representados en la Cámara, ofreciendo a su vez la máxima disposición para discutir las enmiendas, las sugerencias y las modificaciones que los distintos grupos parlamentarios, en coherencia con el modelo europeo, entiendan que deben aportar.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Rodríguez Sánchez y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


Defiende la enmienda a la totalidad de texto alternativo el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, señores Rodríguez y Puigcercós, y Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 122 votos a favor, 159 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 25 votos a favor, 160 en contra y 99 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 12670)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del sector ferroviario, lo que se aprueba por asentimiento.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 12670)

Del proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra ... (Página 12670)

La Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica que, con el carácter de complementaria a la ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General Presupuestaria, lo que se aprueba por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación.) ...
(Página 12671)

Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas ... (Página 12671)

Página 12645


El señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) presenta en nombre del Gobierno el proyecto de ley por el que se modifica la Ley del año 1988, del Mercado de Valores, así como el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que se aprobó por el Real Decreto Legislativo del año 1989, y se refiere asimismo a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Antes de explicar el contenido del proyecto de ley que propone a la Cámara, que trata de proteger a los inversores de las sociedades que cotizan en bolsa, subraya que se está ante un Mercado de Valores que se ha convertido en muy pocos años en un elemento de máximo interés no sólo para los especialistas y para las sociedades mercantiles sino también para las familias, y que esta no es la primera iniciativa que el Gobierno plantea a la Cámara y a la sociedad española tanto en términos de autorregulación de las empresas como de modificaciones legales. Asimismo subraya el interés del Gobierno del Partido Popular por respaldar la confianza en los mercados, velar por el interés de los inversores y reforzar los derechos de los accionistas, especialmente de los minoritarios.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Cuevas Delgado.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, se rechaza por 97 votos a favor, 168 en contra y tres abstenciones.


Proyecto de ley de montes ... (Página 12684)

La señora ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer) presenta en nombre del Gobierno el proyecto de ley de montes. Pone de relieve la particular situación geográfica del territorio español y su clima, que dan lugar a una importante variedad de ecosistemas forestales, por lo que el papel de los montes en la conservación de la biodiversidad española es trascendental. Nuestros bosques, dice, desempeñan un papel básico en el funcionamiento de la biosfera y contribuyen a regular los ciclos biológicos relacionados con el agua y el carbono, fijan el suelo, lo protegen de la erosión y colaboran decisivamente en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales. Asimismo unos montes bien conservados garantizan la lluvia, ayudan a la lucha contra el cambio climático, fomentan el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y, en definitiva, impulsan el progreso ambiental. Sin embargo, añade, el principal problema con el que se enfrentan las áreas arboladas es la falta de gestión. La baja rentabilidad, la estructura fragmentada de la propiedad y la falta de incentivos para los propietarios han llevado a eludir la explotación de los montes y, en muchos casos, a abandonarlos.
Por ello, el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente que hoy tiene el honor de presentar ante la Cámara viene a constituir, junto con la estrategia forestal y el plan forestal españoles, uno de los pilares en los que se basa la renovada política forestal puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular en cumplimiento de sus compromisos electorales.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez, y por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 82 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 80 votos a favor, 140 en contra y 12 abstenciones.


Se suspende la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Página 12646


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 12700)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para lograr que prime el Derecho Internacional en la situación generada por la guerra contra Irak? (Número de expediente 180/001876.) ... (Página 12700)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué objetivos se pretenden alcanzar con las medidas económicas anunciadas recientemente? (Número de expediente 180/001879) ... (Página 12702)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Tiene intención el Gobierno de recuperar los ejes de la política exterior de España? (Número de expediente 180/001891). ... (Página 12702)

De la Diputada doña Juana Serna Masiá, en sustitución de la Diputada doña María José López González, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno, Ministro de la Presidencia y Portavoz del Gobierno: ¿En base a qué razones va a enviar el Gobierno a funcionarios civiles a Irak? (Número de expediente 180/001895.) ... (Página 12704)

Del Diputado don Fernando Martínez Maillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el Gobierno la situación actual del traspaso

de competencias a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/001885) ... (Página 12705)

De la Diputada doña Ana Cristina Guarinos López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para facilitar el acceso de los ciudadanos a las oficinas de la Administración General del Estado en materia de horarios? (Número de expediente 180/001886.) ... (Página 12706)

De la Diputada doña María del Mar Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles son las previsiones de desarrollo de una familia profesional denominada "Seguridad y Medio Ambiente" en la normativa reglamentaria del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales? (Número de expediente 180/001877.) ... (Página 12707)

Del Diputado don Joaquín Calomarde Gramage, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles son las líneas básicas de los Proyectos de Reales Decretos por los que se fijan las enseñanzas mínimas en los niveles y etapas educativas? (Número de expediente 180/001883.) ... (Página 12708)

De la Diputada doña Paloma Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuáles son las modificaciones más importantes introducidas en la evaluación de las enseñanzas de régimen general reguladas por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación? (Número de expediente 180/001884.) ... (Página 12709)

Página 12647


Del Diputado don Jesús Manuel Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Exmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la distribución de recursos procedentes del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas durante el último año? (Número de expediente 180/001887.) ... (Página 12710)

De la Diputada doña Rosa Peris Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Tiene asignada el Ministro de Trabajo vivienda oficial en función de su cargo? (Número de expediente 180/001896) ... (Página 12711)

Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuáles han sido las gestiones recientemente realizadas por el Gobierno al objeto de conseguir que la futura Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria se ubique en Barcelona? (Número de expediente 180/001890.) ... (Página 12713)

Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento en relación con la conexión ferroviaria internacional Figueras-Perpignan, tras haberse declarado desierta la adjudicación del concurso convocado para su construcción? (Número de expediente 180/001880) ... (Página 12714)

Del Diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Sigue manteniendo el Ministro de Fomento que el sistema de señalización y seguridad del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida estará disponible el 31 de mayo? (Número de expediente 180/001897) ... (Página 12715)

Del Diputado don José Segura Clavell, en sustitución de la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Está satisfecho el Ministro de Fomento con el estado de mantenimiento de las líneas férreas convencionales? (Número de expediente 180/001898.) ... (Página 12716)

Del Diputado don Diego López Garrido, en sustitución de la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿En qué ha mejorado la dotación de Galicia en cuanto a salvamento marítimo después del hundimiento del "Prestige"? (Número de expediente 180/001899.) ... (Página 12717)

Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos Exteriores: ¿Qué va a hacer el Gobierno para promover que sea Naciones Unidas quien dirija la reconstrucción de Irak en el ámbito económico y en el político? (Número de expediente 180/001892) ... (Página 12718)

Del Diputado don Manuel Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos Exteriores: ¿Considera el Gobierno que los planes que se preparan para el futuro de Irak garantizan la soberanía e integridad territorial de ese país? (Número de expediente 180/001893) ... (Página 12719)

Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos Exteriores: ¿Qué actuaciones va a adoptar el Gobierno en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para restablecer la legalidad internacional en relación con Irak? (Número de expediente 180/001894) ... (Página 12720)

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Del Diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué información puede facilitar el Gobierno de la labor de ayuda humanitaria que desarrolla la dotación del buque Galicia? (Número de expediente 180/001882) ... (Página 12721)

Del Diputado don Carlos Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que muertes como la producida el pasado lunes, día 21 de abril de 2003, durante la limpieza de la playa de As Torradas (Malpica, A Coruña), no se vuelvan a producir? (Número de expediente 180/001878) ... (Página 12722)

Interpelaciones urgentes ... (Página 12723)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española ... (Página 12723)

Presenta la interpelación urgente el señor Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Entiende la política exterior como una política de Estado y no como una política de gobierno, lo que ha venido siendo, según su opinión, desde hace veinticinco años hasta el último año. Recuerda los cuarenta años de dictadura en España, que produjeron ausencia de libertades y aislamiento internacional y donde la política exterior descansaba en relaciones bilaterales, en ocasiones dictadas más por la conveniencia que por otros criterios, situación a la que se puso fin con la Constitución de 1978, donde se acordó que los principios básicos de la política exterior española fueran la legalidad internacional, la promoción de los derechos humanos, la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y el multilateralismo institucional. Acusa al Gobierno de haber hecho trizas en el último año estos principios con su comportamiento y reclama la recuperación del consenso en política exterior desde la base de la dignidad y de los valores.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi) Acusa al Partido Socialista de confundir los tiempos y las responsabilidades y recuerda que cuando el presidente Aznar se hizo cargo del Gobierno tuvo que potenciar y, en algún caso, incluso recuperar los ejes directores de la política exterior de España. Con los distintos gobiernos del Partido Popular, afirma, España ha afianzado su posición en Europa, ha pasado de la retórica a la cooperación real en el plano de igualdad en lo político y en lo económico en sus relaciones con Iberoamérica, ha afianzado las relaciones con la potencia hegemónica que es Estados Unidos y, como consecuencia, ha fortalecido su papel trasatlántico en los distintos escenarios donde esta relación es clave, como puede ser la lucha contra el terrorismo, la búsqueda de un sistema de seguridad operativo, Oriente Medio, la propia Iberoamérica, las relaciones con los nuevos socios del este de Europa o el Mediterráneo, y más concretamente el Magreb.


Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando la señora ministra de Asuntos Exteriores.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak ... (Página 12728)

Presenta la interpelación urgente el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Acusa al Gobierno de querer hacer creer, por intereses electorales o políticos, que la guerra ha terminado y que el discurso sobre la guerra y sobre las consecuencias de lo que ha pasado en Irak tiene que terminar. Pide al ministro de Defensa que el Gobierno recupere el hilo de la legalidad internacional y así, aunque la guerra seguirá siendo ilegal por los siglos de los siglos, se puedan curar heridas muy graves abiertas no sólo en España sino también en Europa y en el contexto internacional. Por otra parte se refiere al asesinato de José Couso y pide al Gobierno su condena clara y contundente.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Defensa (Trillo-Figueroa Martínez-Conde) Agradece al señor Alcaraz la defensa de su habitual interpelación de los miércoles por la tarde, presentada desde hace ya dos meses, sobre el asunto del conflicto de Irak, porque le obliga a razonar dialécticamente sobre los fundamentos de la posición del Gobierno y profundizar en los mismos para explicarlos y dejar cuenta y razón en las actas parlamentarias. Reconoce que no se puede dejar atrás lo ocurrido y que algunas de las cosas que el señor Alcaraz ha recordado tienen la máxima gravedad en

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su entidad material y algunas tendrán sus consecuencias en materia política, pero considera que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha valorado equivocadamente tanto la legitimidad previa al conflicto como la desarrollada en el conflicto y se teme que también la de la fase pos conflicto en la que nos encontramos. Asimismo recuerda que el Gobierno no solo ha lamentado la muerte de José Couso en circunstancias terribles, sino que él mismo la ha calificado de gravísimo error, habiéndose solicitado reiteradamente información del Gobierno de los Estados Unidos a nivel militar, petición que se ha formalizado a nivel diplomático y continúa abierta para obtener nuevos datos. Contesta asimismo al señor Alcaraz sobre la que él denomina actuación ilegítima en Irak, ignorando las 17 resoluciones consecutivas de Naciones Unidas desde la 687 hasta la 1441 y el marco normativo.


Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor ministro de Defensa.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional ... (Página 12734)

Presenta la interpelación urgente el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Destaca en primer lugar el hecho de que dos años y cuatro meses después de su aprobación, el Plan Hidrológico Nacional esté parado y recuerda que él, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, dijo en los debates que el trasvase del Ebro no se ejecutaría nunca porque no se puede hacer un trasvase de estas características en contra de la opinión absolutamente mayoritaria de la gente que vive allí, porque este Plan no tiene ninguna opinión favorable de expertos, excepto la de CEDEX, que es la consultoría que lo hizo, y porque va en contra de las nuevas orientaciones de política hidráulica de la Unión Europea. Termina formulando unas preguntas sobre si se piensa aprobar el Plan de protección de las tierras del Delta del Ebro y si va a disolver el consorcio, en el que están representados el Gobierno central y el autonómico, reiterando las razones por las que él cree que el trasvase del Ebro no se va a realizar y solicitando que el Gobierno retire el Plan, porque lo único que va a conseguir es aplazar durante otros cuarenta años más una política hidráulica que se pueda inscribir en lo que es la modernidad.


Contesta, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer) diciendo que es para ella una satisfacción estrenarse como miembro del Gobierno en la contestación de una interpelación como la que ha hecho el señor Saura, porque le permite explicar los hechos y las realidades de los principios básicos que plantea la nueva cultura del agua. Está de acuerdo con el interpelante, como figura en la interpelación escrita, en que la nueva cultura del agua supone una gestión del agua basada en el uso eficiente de los recursos hídricos y en la salvaguardia del funcionamiento de los sistemas acuáticos, una gestión de la demanda centrada en la oferta del agua, independientemente de su uso, y así se recoge en el Plan Hidrológico Nacional. A continuación explica el conjunto de actuaciones que se están realizando a través del Plan Hidrológico Nacional para solucionar todos los problemas del agua en España, problemas que pasan por una gestión basada en el ahorro y en la reutilización, y plenamente compatibles con la directiva europea del agua. Finalmente afirma que el Plan Hidrológico Nacional no está atascado, está en ejecución un 32 por ciento, es plenamente compatible con las normativas comunitarias, seguirán adelante con él y podrán culminarlo.


Replica el señor Saura Laporta, duplicando la señora ministra de Medio Ambiente.


Se levanta la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN Y AL CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (GINEBRA, 1992), HECHO EN MINNEAPOLIS EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1998 Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU ACEPTACIÓN. (Número de expediente 110/000213.)

- ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO SOBRE CONCESIÓN DE LA PATENTE EUROPEA (CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA) DE 5 DE OCTUBRE DE 1973, REVISADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 1991, HECHO EN MUNICH EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000214.)

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- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LAS ESCUELAS EUROPEAS, HECHO EL 13 DE AGOSTO DE 2002. (Número de expediente 110/000215.)

- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 15 DE MARZO DE 1968, HECHO EN SANTO DOMINGO EL 2 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000216.)

- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES E INSTANCIAS TERRITORIALES, HECHO EN VALENCIA EL 3 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000217.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADEHESIÓN DE KUWAIT AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000218.)

- DECLARACIÓN DE APLICACIÓN PROVISIONAL DEL CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE MAYO DE 2000. (Número de expediente 110/000219.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE POLONIA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE 1971. (Número de expediente 110/000220.)

- CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000221.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MADRID EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000222.)

- ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE ALBATROS Y PETRELES, HECHO EN CANBERRA EL 19 DE JUNIO DE 2001. (Número de expediente 110/000223.)

- TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, HECHO EN ROMA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2001.
(Número de expediente 110/000224.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, RELATIVO A LOS TRANSPORTES INTERNACIONALES POR CARRETERA Y AL TRÁNSITO DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000225.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN GUATEMALA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000226.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE TAILANDIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000227.)

- ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA A LAS DIRECTRICES PARA EL TRABAJO DE LOS COMITÉS BILATERALES PREVISTOS EN LA DECISIÓN 123 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE INDEMNIZACIONES DE NACIONES UNIDAS, HECHO EN GINEBRA EL 15 DE MARZO DE 2001. (Número de expediente 110/000228.)

- TRATADO DE AMISTAD, BUENA VECINDAD Y COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, HECHO EN MADRID EL 8 DE OCTUBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000229.)

- NOTA DE DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 30 DE OCTUBRE DE 1963 SOBRE SUPRESIÓN DE VISADOS ENTRE ESPAÑA Y ECUADOR. (Número de expediente 110/000230.)

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- PROTOCOLO DE 1997 QUE ENNMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978, HECHO EN LONDRES EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000231.)

- DECLARACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 5.1, 20.1, 20.6, 21.1, PÁRRAFO 2 Y 21.1, PÁRRAFO 5 DEL CONVENIO CELEBRADO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K3 DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA Y A LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS, FIRMADO EN BRUSELAS EL 18 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000232.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto IV del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en alguno de los puntos de este apartado? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo para preguntar si va a haber votación conjunta o separada de cada uno de los convenios.


La señora PRESIDENTA: Va a ser votación separada, señor Centella.


Instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hecho en Minneapolis el 6 de noviembre de 1998 y Declaraciones que España desea formular en el momento de su aceptación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 218; a favor, 216; en contra, uno; abstenciones, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Acta de revisión del Convenio sobre concesión de la patente europea, de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 219; a favor, 219.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Consejo Superior de las Escuelas Europeas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 221; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Dominicana, modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 222; a favor, 217; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 222; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de Kuwait al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a favor, 221; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Declaración de aplicación provisional del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 227; a favor, 227.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Polonia al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 227; a favor, 227.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 230; a favor, 230.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre transporte aéreo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 232.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 233; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 234.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito de viajeros y mercancías.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 229; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala para la promoción y protección recíproca de inversiones.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 234; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Tailandia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 236.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Adhesión del Reino de España a las directrices por el trabajo de los comités bilaterales previstos en la Decisión 123 del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnizaciones de Naciones Unidas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 234.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 235; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Nota de denuncia del Canje de Notas de 30 de octubre de 1963 sobre supresión de visados entre España y Ecuador.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor 229; en contra, uno; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1993, modificado por el Protocolo de 1978.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 236; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Declaraciones previstas en los artículos 5.1, 20.1, 20.6, 21.1, párrafo 2 y 21.1, párrafo 5 del Convenio celebrado sobre la base del artículo K3 de la Unión Europea relativo a la asistencia mutua y a la cooperación entre las administraciones aduaneras.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 235; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR FERROVIARIO. (Número de expediente 121/000135.)

La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, debate de totalidad del proyecto de ley del sector ferroviario.


Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra el señor ministro de Fomento. (Rumores.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
(Continúan los rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego por favor que guarden silencio en el hemiciclo y que las conversaciones las mantengan fuera de él. (Pausa.)

Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora presidenta, señorías, me honro en presentar ante la Cámara el proyecto de ley del sector ferroviario, que traspone al ordenamiento jurídico español las directivas del primer paquete ferroviario europeo.


En mis numerosas comparecencias durante esta legislatura he manifestado la preocupación y el compromiso del Gobierno por la necesidad de favorecer el desarrollo del ferrocarril e incrementar su participación en el reparto modal. Este compromiso se ha concretado en dos vertientes básicas. Por una parte, la puesta en marcha de un ambicioso programa de inversiones en ferrocarril a través del Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007, del que SS.SS son conocedoras, y, por otra parte, estableciendo los instrumentos para modernizar el régimen aplicable al transporte por ferrocarril en línea con los parámetros establecidos por la Unión Europea. Este nuevo marco ha determinado que, junto con una actuación material y una proyección fiable y rigurosa de lo que deben ser las infraestructuras ferroviarias que articulen un sistema moderno de transporte en España, se establezca un instrumento jurídico atenido a las directivas comunitarias, que pretende incrementar la eficacia del transporte ferroviario, el acceso a este mercado del sector empresarial y, al mismo tiempo, la garantía de los derechos de los usuarios del ferrocarril. Todo ello fue determinante para la redacción en el seno del Ministerio de Fomento del anteproyecto de ley del sector ferroviario que, previo informe del Consejo Económico y Social, de los agentes sociales y del Consejo de Estado, ha sido aprobado como proyecto de ley por el Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo y remitido a esta Cámara para que inicie el trámite parlamentario correspondiente.


Los elementos esenciales del nuevo marco del sector ferroviario que habrán de impulsar su modernización, en coherencia con lo preconizado por las directivas comunitarias, son: la separación institucional de la provisión y administración de las infraestructuras ferroviarias y de los servicios de transporte que operan sobre ellas, así como la previsión de apertura gradual al mercado de la prestación de dichos servicios a nuevos operadores. El proyecto de ley es, en definitiva, una expresión clara del deseo de modernizar el transporte en todo el territorio español y, al mismo tiempo, establecer los medios necesarios que propicien la inversión por el sector privado en la prestación de los servicios y las garantías necesarias de calidad de éstos en beneficio del conjunto de los ciudadanos. El proyecto de ley pretende establecer un nuevo marco general regulatorio para el conjunto del sistema en el ámbito de las competencias del Estado, y subrayo que este proyecto de ley se ciñe al ámbito de las competencias del Estado y no interfiere ni entra en el ámbito de las competencias ferroviarias de las comunidades autónomas.


En el título I del proyecto de ley, de disposiciones generales, se definen el objeto y los fines de la nueva regulación. La futura ley se circunscribe a la regulación de la materia respecto de la que el Estado tiene competencia normativa exclusiva, respetando escrupulosamente las competencias que en materia de ferrocarriles corresponden a las comunidades autónomas. En cuanto a los fines, se establece el de garantizar un sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado, mantener la unidad de mercado, separar el régimen jurídico aplicable a las infraestructuras de los servicios que sobre ellas se prestan, así como facilitar el desarrollo de la política europea común de transporte ferroviario, favoreciendo la interconexión de las redes y la interoperabilidad y la intermodalidad de los servicios o del acceso de las empresas ferroviarias a la infraestructura. En definitiva, este proyecto de ley pretende garantizar la viabilidad futura del sistema ferroviario estatal, promoviendo la construcción de nuevas infraestructuras y la prestación de nuevos servicios de transporte ferroviario de competencia estatal, siendo especialmente consciente de la necesidad de que en el nuevo sistema ferroviario los servicios de transporte se presten de forma eficaz, continuada y segura, para garantizar el derecho de los usuarios a acceder a dichos servicios en adecuadas condiciones de calidad y seguridad.


El Título II se refiere al régimen aplicable a las infraestructuras ferroviarias, destacándose como elemento principal el establecimiento y regulación de la denominada red ferroviaria de interés general. En el proyecto de ley se define, en primer lugar, el concepto de infraestructura ferroviaria, enumerando los elementos que en todo caso tienen dicha consideración. A partir de la definición de infraestructura ferroviaria se establece la de red ferroviaria de interés general, que estará constituida

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por las infraestructuras ferroviarias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva. El concepto de red ferroviaria de interés general cumple el fin de lograr el mayor grado de cohesión en todo el territorio del Estado y permite estructurar sobre ella las competencias estatales plenas. Asimismo, se establecen los mecanismos para la inclusión de una determinada infraestructura en la red ferroviaria de interés general, correspondiendo al ministro de Fomento acordar en cada momento la inclusión en ésta de las infraestructuras ferroviarias cuando razones de interés general así lo justifiquen, previo informe de las comunidades autónomas afectadas.


Finalmente, el proyecto de ley recoge la posibilidad de que una determinada infraestructura incluida en la red de interés general sea excluida de la misma cuando hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión, previendo la posibilidad de traspasar dicha infraestructura a una comunidad autónoma si la misma se desarrollase íntegramente en su territorio. El régimen aplicable a la planificación, proyecto y construcción de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la red de interés general se regula en el capítulo II de este titulo, el cual atribuye al Ministerio de Fomento las competencias para planificar, acordar el establecimiento o modificar las líneas ferroviarias y aprobar los correspondientes estudios informativos.


La aprobación de los proyectos básicos y de construcción y la construcción misma de la infraestructura podrá ser realizada por el Ministerio de Fomento o por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, atendiendo a la resolución de establecimiento o modificación que dicte el ministerio a estos efectos. La aprobación del estudio informativo correspondiente, previo informe de las comunidades autónomas afectadas, determinará la inclusión de la línea o tramo a que se refiere la red ferroviaria de interés general. Además, en este capítulo el proyecto de ley establece la posibilidad de clausurar líneas ferroviarias, siempre que durante tres meses no se presten servicios sobre las mismas o la explotación sea altamente deficitaria. El proyecto faculta al ministerio para aprobar proyectos de delimitación y utilización de espacios ferroviarios que elaborará el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, mediante los cuales se podrán establecer zonas de servicio ferroviario en áreas vinculadas a estaciones o terminales de carga, destinadas no solo a usos ferroviarios sino a la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios, cuya localización en dicho espacio se encuentre justificada por su relación con la actividad ferroviaria, por el volumen de tráfico que genera o por los servicios que se presten a los usuarios de los servicios de transporte ferroviario. Finalmente, queda prevista en este capítulo la regulación de los pasos a nivel, hasta ahora contenida en normas de carácter reglamentario. El precepto establece que los cruces de las líneas férreas con autopistas, autovías, carreteras, caminos u otras vías de comunicación se produzcan a distinto nivel y dispone las herramientas necesarias para suprimir y reordenar los actualmente existentes, garantizándose en todo caso la seguridad y el acceso a los inmuebles afectados por la supresión o reordenación.


En el capítulo III se recoge todo lo concerniente a las limitaciones de la propiedad, necesarias para garantizar la seguridad en la utilización de las infraestructuras ferroviarias. Se simplifica la regulación vigente, distinguiéndose una zona de dominio público y otra de protección. Se atribuye al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias el ejercicio de todas las competencias relativas al uso y defensa del dominio público ferroviario. Igualmente y con el objeto de garantizar los mismos fines, se establece una línea límite de edificación en la que no se permitirá, con carácter general, la construcción de nuevos edificios a menos de 50 metros desde la arista exterior de la plataforma más próxima.


Como consecuencia de la separación entre infraestructura y prestación del servicio de transporte, se regula en este título, dentro del capítulo IV, la administración de las infraestructuras ferroviarias. Se entiende como tal el mantenimiento y la explotación de aquella, así como la gestión de sus sistemas de control de circulación y de seguridad. La administración de las infraestructuras ferroviarias se califica como un servicio de interés general y esencial para la comunidad, que se prestará en la forma que determina este proyecto de ley. A partir de este concepto se establece el régimen aplicable al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que se configura como una entidad pública empresarial. Las funciones propias del administrador quedan centradas en la administración de la red y, en su caso, en la construcción de las infraestructuras ferroviarias, estableciendo que en ningún caso dicho administrador podrá tener relación alguna con la prestación de servicios de transporte ferroviario. El administrador llevará a cabo la administración de las líneas ferroviarias de las que es titular y, al mismo tiempo, la de las líneas de titularidad del Estado que este le encomiende, en los términos que se establezcan en el convenio o contrato-programa que al efecto se celebre entre ambos.


Los capítulos VI y VII establecen las bases del régimen jurídico de la declaración sobre la red y de la adjudicación de capacidad de la infraestructura. El contenido de estos dos capítulos es el resultado de incorporar la Directiva 2001/14 del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad. La adjudicación de capacidad de infraestructura determina la asignación de forma transparente, equitativa y no discriminatoria por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de las franjas horarias definidas en la declaración sobre la red a los correspondientes

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candidatos. Finalmente, el texto regula una serie de medidas especiales que el Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias puede adoptar en caso de perturbaciones del tráfico ferroviario y del régimen jurídico de los derechos derivados del uso de la capacidad.


El capítulo VIII hace una especial referencia a las infraestructuras ferroviarias en los puertos y aeropuertos que en cada momento existan en su ámbito y que estén conectadas con la red ferroviaria de interés general. Del mismo modo, el capítulo IX regula el régimen de las infraestructuras ferroviarias de titularidad privada, en que se establece que sobre las referidas infraestructuras se podrá prestar transporte ferroviario por cuenta propia como complemento de otras actividades realizadas por empresas o establecimiento de su titular.


El título III está dedicado al régimen aplicable a los servicios adicionales, complementarios y auxiliares definidos en el anexo de la futura ley, así como a su forma de prestación, recogiendo íntegramente los mandatos contenidos en la Directiva 2001/14, del Consejo y del Parlamento Europeo.


El título IV, sobre el transporte ferroviario, contempla toda la regulación referida a la prestación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías. A los efectos del proyecto de ley, según se establece en el capítulo I, se entiende por transporte ferroviario aquel realizado por empresas ferroviarias empleando vehículos adecuados que circulen por la red ferroviaria de interés general. Se destaca la consideración del transporte ferroviario como servicio de interés general y esencial para la comunidad, que se prestará en régimen de libre competencia, incorporándose de esta forma la apertura al mercado de dichos servicios.


En el capítulo II de este título se recoge el régimen aplicable a las empresas ferroviarias, estableciéndose las condiciones que estas deban cumplir con carácter previo al acceso a la estructura ferroviaria. La prestación del servicio de transporte de viajeros y de mercancías estará sometida al requisito de la previa obtención de una licencia administrativa, licencia de empresa ferroviaria. El otorgamiento de esta licencia viene a reconocer a una entidad su condición de empresa ferroviaria como aquella entidad cuya actividad principal consiste en prestar servicios de transporte de viajeros o de mercancías por ferrocarril en los términos que esta establece. Las empresas ferroviarias deberán, en todo caso, aportar la tracción. Para prestar servicios de transporte ferroviario de mercancías y de viajeros será necesario haber obtenido, además de la correspondiente licencia de empresa ferroviaria, el oportuno certificado de seguridad y la capacidad de red adjudicada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. En la futura ley se establecen los principios que condicionarán la conservación, suspensión y revocación de la licencia de empresa ferroviaria.


El capítulo III tiene como rúbrica la intervención administrativa en la prestación de servicios de transporte ferroviario y en la explotación de infraestructuras. En los referidos preceptos se atribuye al Consejo de Ministros la capacidad para declarar, de oficio o a instancia de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales interesadas, la prestación de determinados servicios de transporte ferroviario sobre las líneas o los tramos que integran la red ferroviaria de interés general cuando aquella resulte deficitaria o no se produzca en las adecuadas condiciones de frecuencia y calidad y sea necesaria para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español.
Declarada de interés público la prestación de un determinado servicio de transporte ferroviario, las empresas podrán prestarlo previa obtención de la correspondiente autorización, que será otorgada por el Ministerio de Fomento mediante el correspondiente procedimiento de licitación pública.
En caso de que la declaración de interés público se realice a instancia de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales interesadas, estas serán responsables de su financiación.


En el capítulo IV se regula el registro especial de empresas ferroviarias.
Con el objeto de velar por la seguridad y los derechos e intereses de los usuarios, la Administración del Estado debe tener fácil acceso a los datos y circunstancias que afectan a las empresas ferroviarias que presten servicios de transporte ferroviario.


El régimen de seguridad es objeto de regulación en el capítulo V del texto legal de este título. Se exige el cumplimiento íntegro de todas las normas de seguridad previstas en la ley que se proyecta y en su normativa de desarrollo, previendo la homologación del material rodante y la exigencia de la preceptiva obtención del certificado de seguridad antes de iniciarse la prestación del servicio sobre una determinada línea. El certificado de seguridad será un documento emitido por el Ministerio de Fomento o, en su caso, por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias u otro ente facultado por aquél.


En el capítulo VI quedan regulados los derechos de los usuarios. La regulación de estos derechos, tanto de viajeros como de mercancías, remite su concreta determinación a lo que se establezca en la normativa vigente y en los contratos celebrados con las empresas ferroviarias, cuyas condiciones generales habrán de ser aprobadas por el Ministerio de Fomento con carácter previo a su aplicación.


Finalmente, en el capítulo VII se fija el régimen del personal ferroviario. En él se exige que todo el personal ferroviario cuente con la cualificación suficiente que permita prestar el servicio ferroviario con las debidas garantías de seguridad y eficacia.


El título V del proyecto de ley tiene por objeto el régimen económico y tributario. En este título se regulan las tasas y los cánones que se cobrarán a las empresas ferroviarias, estableciéndose las notas características de cada uno de ellos y fijando las bases para que las entidades públicas y empresariales -y, en general, el

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sistema ferroviario español- sean viables económicamente. En materia de tasas se contemplan las tasas por licencias y certificados de seguridad, la tasa de seguridad ferroviaria del transporte de viajeros, las tasas por homologación de centros de formación de personal ferroviario y de certificación de material rodante y por el otorgamiento de títulos a dicho personal y, finalmente, se regula la tasa por utilización de infraestructuras ferroviarias, en la que, a su vez, se hace distinción entre el canon ferroviario por el uso de las líneas integrantes de la red ferroviaria de interés general, y otro por la utilización de terminales e instalaciones ferroviarias y sus servicios. Asimismo, y al final del título V, se regulan las tarifas que exigirá el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares a terceros, en régimen de concurrencia y de derecho privado, por el uso comercial de sus instalaciones y espacios disponibles y por la prestación por terceros -con habilitación otorgada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias- de servicios adicionales, complementarios y auxiliares a terceros.


El título VI es el que recoge el régimen jurídico de la administración ferroviaria. En él se distinguen: la Administración general del Estado, que ejercerá sus competencias en materia ferroviaria con arreglo a lo previsto en el proyecto y en sus reglamentos de desarrollo; el Ministerio de Fomento, al que se reconocen, entre otras, las funciones de ordenación general y regulación del sistema, de otorgamiento de licencias a las empresas ferroviarias, de definición del régimen tarifario o de defensa del dominio público ferroviario; el Comité de Regulación Ferroviaria, que se concibe como un órgano colegiado integrado en el Ministerio de Fomento y al que corresponden una serie de competencias tales como la salvaguarda de la pluralidad de la oferta en la prestación de los servicios sobre la red ferroviaria de interés general en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, garantizar la igualdad entre empresas públicas y privadas en las condiciones de acceso al mercado de los referidos servicios, o la resolución de conflictos que puedan plantearse entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y las empresas ferroviarias en distintos supuestos relacionados con el uso del certificado de seguridad, la aplicación de los criterios de las declaraciones de red, los procedimientos de adjudicación de capacidades o la cuantía o aplicación de los cánones.


Finalmente, el título VII recoge de manera específica el régimen sancionador, superando el actual régimen de sanciones en blanco, y detalla los incumplimientos normativos sancionables.


Cierran el texto del anteproyecto de ley ocho disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria, tres finales y el anexo de definiciones. De acuerdo con la disposición adicional primera, la entidad pública empresarial RENFE pasa a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y asume las funciones que el proyecto de ley asigna al administrador de infraestructuras ferroviarias. Mediante orden del Ministerio de Fomento se determinará el personal de la entidad pública empresarial de RENFE que se integrará en RENFE-Operadora y los bienes muebles e inmuebles de la entidad empresarial RENFE que son necesarios para la prestación del servicio de transporte ferroviario a los efectos de pasar a integrar el patrimonio de la entidad pública empresarial RENFE- Operadora. Los restantes bienes quedarán en el patrimonio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Igualmente, todos los bienes actuales de la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que se extingue, pasarán a integrarse en el patrimonio de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.


La disposición adicional tercera contempla la creación de la nueva entidad pública empresarial RENFE-Operadora. Esta entidad pública tendrá por objeto principal la prestación de los servicios de transporte ferroviario que viene prestando RENFE. Asimismo se establece el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para que RENFE-Operadora proceda a la habilitación de su personal y a la homologación de su material rodante.
Entretanto se entenderá que RENFE-Operadora cuenta con el personal habilitado y con el material rodante homologado desde la fecha de entrada en vigor de la ley.


En las disposiciones transitorias se regula el calendario de apertura del mercado de los servicios ferroviarios de transporte internacional de mercancías y se establece el régimen transitorio previsto para la gestión del transporte ferroviario de viajeros, las líneas que formarán parte de la red ferroviaria de interés general a la entrada en vigor de la ley y el régimen aplicable a FEVE. Asimismo se establece con carácter transitorio un régimen para la celebración de contratos-programa entre el Estado y RENFE-Operadora.


La disposición derogatoria deroga, entre otras, una gran parte de la Ley de ordenación de los transportes terrestres.


En cuanto a las disposiciones finales, la primera recoge la habilitación al Gobierno y al Ministerio de Fomento para dictar, de acuerdo con las facultades atribuidas en la ley que se proyecta, cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en ella.
La segunda determina que la ley proyectada se apruebe al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149 de la Constitución, materias 1.ª, 13.ª, 14.ª, 21.ª y 24.ª, reconoce al Estado. Y la tercera prevé un periodo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor, plazo dentro del cual el Gobierno aprobará los estatutos de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y RENFE-Operadora, y cierra el texto de la futura ley un

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anexo con las definiciones de los conceptos básicos empleados en la misma.


Este es, señorías, el resumen del contenido del proyecto de ley que hoy se presenta a esta Cámara. Un proyecto de ley que, como he señalado en mis primeras palabras, recoge la trasposición de las directivas europeas del primer paquete ferroviario; un paquete ferroviario aprobado en el seno de la Unión Europea con un amplio consenso entre los principales grupos políticos allí representados. El mismo consenso que confío alcanzar, en los aspectos básicos de este proyecto de ley, que define un nuevo modelo ferroviario para España, en esta Cámara a lo largo de su tramitación. Es por ello por lo que pido a SS.SS. el apoyo para este texto y ofrezco la máxima disposición para discutir las enmiendas, las sugerencias y las modificaciones que los distintos grupos parlamentarios, en coherencia con el modelo europeo que estamos trasponiendo al ordenamiento jurídico español, entiendan que deban aportar, y por adelantado, señorías, me excuso si a lo largo del debate, por razones de horario de la sesión parlamentaria del Senado, me tuviera que ausentar para atender mis obligaciones de control en la otra Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, voy a empezar por donde usted ha terminado. Ha hablado del interés del señor ministro -y se supone que del Ministerio de Fomento y del Grupo Parlamentario Popular que apoya al Gobierno en esta Cámara- en negociar con los grupos parlamentarios aquellos aspectos de las enmiendas que se hayan presentado o que se vayan a presentar de manera parcial que estén en coherencia con el texto del Gobierno. La verdad es que la afirmación de que sean las enmiendas que estén en coherencia con el texto que presenta el Gobierno ya nos da una orientación del futuro que pueden tener no solamente las enmiendas de devolución o de texto alternativo que se presentan hoy aquí, sino incluso la mayoría de las enmiendas que se puedan presentar al texto de manera parcial, futuro al que, por otra parte, ya nos tiene acostumbrados el Ministerio de Fomento con la mayoría de las enmiendas que presentamos los grupos parlamentarios.


Hoy estamos hablando de algo muy importante para el desarrollo económico y para el equilibrio territorial del Estado español, y tenemos que decir, señorías, que mi grupo parlamentario no comparte en absoluto el texto que ha presentado el Gobierno, de ahí que presentemos una enmienda de devolución. Además, el texto que presenta el Gobierno pretende básicamente dividir las actividades de la administración de las infraestructuras y de la explotación de los servicios y hacer una progresiva apertura del transporte ferroviario a la competencia. En definitiva, señorías, el Gobierno, una vez más, en temas importantes que tienen que ver con el desarrollo equilibrado del territorio del Estado español, sobre todo en infraestructuras, renuncia a tener un papel activo que además pueda determinar una planificación y tenga que ver con la gestión, con lo cual, señorías, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, este proyecto de ley nos puede llevar a un sistema ferroviario muy similar -cuando no intentan imitar- al ya fracasado modelo inglés, y todos conocemos las consecuencias que esto ha tenido para el desarrollo del ferrocarril en Inglaterra.


Señor ministro, cuando nos hacía la presentación del proyecto de ley, nos hablaba del desarrollo del ferrocarril, de las inversiones y de los instrumentos de los que se iba a dotar, a través de este proyecto de ley, el sector para su mejor desarrollo. Pues bien, señorías, yo creo que si hacemos un análisis de lo que hasta ahora ha sido el desarrollo del ferrocarril en nuestro país, sobre todo desde que el Partido Popular ha accedido al poder, tenemos que decir que ha sido un desarrollo escaso, por no ser excesivamente extremista y plantear que ha sido nulo, porque se han desarrollado algunos aspectos de lo que debe ser el sector del ferrocarril destinando la mayoría de las inversiones sólo y exclusivamente a aquellas redes de alta velocidad que hoy todavía no están en funcionamiento, con los consiguientes problemas que el modelo que ustedes han implantando de gestión y de construcción de las infraestructuras está produciendo, que son los problemas que se generan cuando no se tiene una previsión ni un control claro y decidido por parte del Gobierno y, desde luego, por parte de esta Cámara.


Estamos, por tanto, señorías, ante un modelo que no se puede compartir porque lo que viene a hacer es privatizar de una manera clara y descarada todo el sistema ferroviario, volviendo una vez más a repartir entre los intereses particulares de las empresas lo que es un interés general de todos y además un patrimonio colectivo de toda la ciudadanía. Pero además, señorías, el Gobierno va más allá de lo que la Unión Europea está planteando. El contenido liberalizador que tiene este proyecto excede, y con mucho, señor ministro, lo que diseña la política de la Unión Europea respecto a las infraestructuras ferroviarias, porque además -incluso el propio Consejo de Estado les hacía a ustedes una crítica- no trasponen ustedes en condiciones en el proyecto de ley la directiva que habla precisamente de la integridad y de la interoperatividad del sistema ferroviario. El Consejo de Estado se lo está criticando, no se

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lo critica solamente el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Ustedes basan el desarrollo de la ley sólo y exclusivamente en las líneas que declaren ustedes línea ferroviaria de interés general. ¿Y qué ocurre con el resto de las líneas? ¿Qué ocurre con las líneas convencionales? ¿Qué ocurre con las líneas de mercancías? ¿Qué ocurre con las líneas de viajeros convencionales, las regionales, qué ocurre con las de cercanías? ¿Por qué no hacen ustedes una definición de lo que es el sector ferroviario completa, total y absoluta por parte del Estado como una ley básica que permita después que las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia la puedan desarrollar en el mismo sentido o en los mismos apartados? Ustedes se limitan una vez más a hacer la inversión o la fijación en las líneas más rentables y dejar al resto de la ciudadanía, incluida la red de mercancías, bajo los mínimos en que la vienen ustedes manteniendo desde hace tantos años. Esto, señor ministro, tiene graves consecuencia para el desarrollo equilibrado de nuestro país.


Además nos decía usted en su exposición que el proyecto era un texto que venía a esta Cámara negociado con los agentes sociales. Yo no se lo voy a leer porque usted conoce tan bien como yo el informe que hace el Consejo de Estado, pero le tengo que decir además, señor ministro, que ustedes se han limitado a los informes preceptivos y obligatorios que les marca la legislación en un proyecto de ley de estas características: el informe del Consejo Económico y Social -supongo que a eso se refería usted cuando hablaba de una negociación con los agentes sociales- y el informe preceptivo del Consejo de Estado -que no quiere decir que ustedes hayan hecho caso a lo que el Consejo de Estado les ha venido diciendo-, pero no ha existido negociación. Ustedes crearon una mesa de negociación con las organizaciones sindicales en el Ministerio de Fomento, precisamente para negociar el contenido de este proyecto de ley, mesa que no se ha reunido, y los agentes sociales se han enterado de este proyecto de ley de la misma manera que nos hemos enterado el resto de la ciudadanía, es decir, cuando ustedes lo han hecho público y lo han presentado en esta Cámara.
Por tanto, negociación con los agentes sociales, al menos con las organizaciones sindicales, no. Probablemente sí estará negociado con las patronales y con aquellas empresas que son las que van a tener más interés y más beneficio con este proyecto de ley.


El Consejo de Estado, señor ministro, les decía a ustedes en su informe que echaba de menos -y que además le hubiera sido de mucho interés para su dictamen- que se hubiera podido consultar con las organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios, lo que no se ha hecho, y que también hubiera sido particularmente interesante que se hubiera podido ir al Consejo Nacional de Transportes Terrestres, que tiene como función, entre otras, el asesoramiento, consulta y debate sectorial de la Administración en aquellos asuntos que afecten al funcionamiento del sistema de transporte. Parece que en una ley que pretende regular el sector ferroviario -desde nuestro punto de vista no lo hace- tampoco tenía que ser consultado el Consejo Nacional del Transporte.


Tampoco consta, ni le consta al Consejo de Estado ni nos consta a los grupos parlamentarios, que haya habido consultas ni negociación con las comunidades autónomas, ni tan siquiera con la Federación Española de Municipios y Provincias, ni que se haya hecho ninguna otra actividad que vaya más allá de lo que la ley obliga al Ministerio de Fomento a hacer en función de que tenga los informes preceptivos. Por tanto, señoría, no ha habido negociación. Es un texto tan importante que se tendría que haber abierto un debate social que hubiera definido cuál es el modelo de sector ferroviario que, dentro de lo que ustedes marquen en la liberalización de la Unión Europea, fuera realmente un modelo que vertebrara el Estado español y que, desde luego, no clasificara a los pasajeros, en función de las líneas que se vayan a utilizar, en pasajeros de primera, de segunda o de tercera. Se me vienen a la mente no sólo aquellas líneas férreas que hoy se sigue reclamando que se mejoren y se modernicen, sino aquellas que están sufriendo accidentes por la falta de inversión del Ministerio de Fomento tanto en mantenimiento como en seguridad. Desde luego, no deben ser líneas de interés general para el Ministerio de Fomento, pero sí son líneas de interés general para el desarrollo de las comunidades autónomas y para un desarrollo equilibrado.


Además, señorías, ustedes renuncian una vez más a que sea una verdadera ley reguladora del sector ferroviario. Ustedes se dedican única y exclusivamente a abordar aquellos aspectos que pueden tener un determinado interés particular, no un interés general. Entre otras cosas, ustedes renuncian a abordar materias que son competencia del Estado y que no sólo tendrían que figurar en un estatuto del ferrocarril sino que además tendrían que figurar reguladas en esta ley. Son materias como las condiciones básicas de explotación, que ustedes no regulan; la seguridad -algo tan importante y que en principio es una prioridad para el Ministerio de Fomento, según dijo el señor ministro desde que tomó posesión de esta cartera a principios de esta legislatura-, que ustedes tampoco regulan. Respecto a la titulación del personal, usted no puede venir aquí, señor ministro, y decirnos, como ha dicho, que el personal tendrá que tener la cualificación suficiente. Habrá que determinar -además desde la legislación básica para que la titulación sea igual en todo el Estado- cuál es la titulación de quien tiene que manejar una infraestructura que necesita no sólo de la seguridad sino también de la formación y preparación de personal muy especializado. También tendrían ustedes que regular los derechos de los consumidores. Renuncian a ello.
Parece que para ustedes los consumidores sencillamente

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en algún momento tendrán un tren maravilloso y modélico y que con eso ya tendrán suficiente. Pues bien, señoría, se están empeorando cada vez más los servicios que tiene que utilizar el usuario dentro del tren; se están empeorando cada vez más. Por tanto, señor ministro, no puede usted venir a decirnos que la cualificación del personal tendrá que ser suficiente o que los consumidores van a tener unos mejores servicios porque vamos a privatizar el sector. Creo que con las privatizaciones de diferentes sectores, que nos han vendido siempre como mejora para los consumidores, hemos acabado pagando mayores tarifas y teniendo, desde luego, peores servicios. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Por consiguiente, señoría, pensamos que este proyecto de ley no es realmente un proyecto de ley regulador del sector.


Además vuelven ustedes a hablar de su marco competencial, marco que respetan porque el resto está transferido a las comunidades autónomas.
Sin embargo, señorías, cuando se trata realmente de respetar las competencias tanto de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales, ustedes no tienen ningún empacho en volver a anular esas competencias. Me estoy refiriendo a las competencias que tienen en la ordenación del territorio de las comunidades autónomas. Ustedes van a marcar una serie de sectores anejos a los servicios del ferrocarril, que van a ser fundamentalmente para la explotación comercial y para dotar de servicios al ferrocarril, en los que dejan de lado no solamente a las comunidades autónomas con una intervención activa, sino que además impiden el control de los ayuntamientos en las licencias de obras. Eso, señor ministro, se llama no respetar las competencias que tienen las diferentes administraciones y, sobre todo, impedir que haya un control de la Administración local en las obras de infraestructuras y en las licencias de apertura que se tienen que otorgar. Es decir, más beneficios para los de siempre, señoría. Por tanto, señor ministro, creemos que no son ustedes los que están haciendo una apuesta por mejorar el ferrocarril; no son ustedes los que están haciendo una apuesta por el mejor desarrollo del ferrocarril. Ustedes, una vez más, están haciendo la apuesta de siempre: vamos a privatizar, vamos a dar beneficios a determinados sectores que no son sectores de interés general para beneficiar a la mayoría de la ciudadanía y vamos a dejar a los ciudadanos y ciudadanas y a sus instituciones representativas indefensos ante los abusos que puedan cometer estos empresarios.


Para terminar, ustedes nos hablan en su proyecto de ley del comité de regulación ferroviaria. Señor ministro, no se puede crear un comité, que es el que tiene que encargarse de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y resolver los conflictos, ligado estrechamente al Ministerio de Fomento. Hasta ahora todos los órganos reguladores que se han creado en nuestro país eran órganos independientes que en todo caso dependen de la Administración general del Estado en lo referente a la dotación de los recursos económicos para su funcionamiento y no una dependencia orgánica, funcional y presupuestaria, que eso es lo que ustedes hacen. Al final, ustedes convierten al que tiene que regular el sistema en juez y parte.
Por tanto, dudamos mucho de que este comité regulador vaya a ser lo transparente y lo imparcial que ustedes dicen que debe ser en su proyecto de ley. No lo decimos sólo nosotros, también se lo dice el Consejo de Estado.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Urán.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Desde el año 1991 la Unión Europea está empeñada en que los Estados miembros separen la explotación de los servicios de la administración de las infraestructuras ferroviarias. Sin duda, la intención de la Unión Europea es clara. En nombre del principio de competitividad, del fin de los monopolios estatales e incluso de una supuesta transparencia contable, los organismos de la Unión Europea intentan lograr la privatización de estos servicios públicos. Concretamente, el Estado pionero en este objetivo fue Reino Unido, el más firme defensor de la norma comunitaria de 1991 y que fue el Estado que posibilitó la entrada de capitales privados en la gestión de los ferrocarriles. El resultado fue desastroso. A partir de ese momento, el resto de los Estados miembros siguieron la directiva europea, pero con matices. En concreto, el Estado francés recurrió solamente a hacer la separación contable. Y Gran Bretaña tuvo que rectificar y está creando una nueva rail track, que no cotizará en bolsa de valores y, por tanto, su cometido será la administración de las infraestructuras.


El Gobierno español, que parece que es el último en llegar a este proceso de liberalización, lo hace utilizando la trasposición de la directiva comunitaria, sobre todo en el sentido de obligar a que sea posible transportar mercancías en la red transeuropea desde el 15 de marzo del año 2003 y en toda la red de interés general desde el año 2006. Pero lo hace, curiosamente, posibilitándolo a través de una ley que contempla la apertura de las infraestructuras de interés general del Estado español a operadores privados de viajeros, con lo cual se está preparando la explotación de las líneas claramente rentables como son las de alta velocidad para operadores de carácter privado. Además, la ley aprovecha para establecer un plan de ferrocarril que consolida la estructura centralizada del Estado español. Existe una definición en la ley de red ferroviaria de interés

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general a todas luces abusiva, ya que es la actual que está en manos de RENFE. Se declaran de interés público servicios o tramos de la red de interés general a través de la intercesión pura y dura del Ministerio de Fomento pero, curiosamente, a cambio de que este interés público sea subvencionado en las líneas deficitarias por las comunidades autónomas o las corporaciones locales, e incluso queda establecido claramente que solamente se podrán traspasar a las comunidades autónomas las líneas de carácter deficitario antes, lógicamente, de recurrir a su cierre. Este modelo, claramente establecido en los artículos 4, 6 y 53, pone de manifiesto que no se aprovecha la oportunidad para que, en una ley que plantea un modelo ferroviario para el Estado español, exista capacidad para que operadores públicos de las comunidades autónomas ofrezcan servicios viajeros de regionales y de cercanías, para que se sepa también que declara la capacidad de las propias comunidades autónomas para tener administradores de las infraestructuras propias, que incluso podrían ser utilizadas aquellas que se declaran de interés general en su propio territorio y para líneas de circulación de trenes dentro de la comunidad autónoma. Y, por supuesto, nada de clarificar cómo se harían los acuerdos de transferencia de servicios con la financiación de los mismos, igual que la transferencia de infraestructuras con la posible financiación como punto de partida para que pueda ser aceptable por los gobiernos de las comunidades autónomas. En definitiva, resulta incluso llamativo y lamentable que no se utilice la ley para que quede claro que la infraestructura ferroviaria métrica de FEVE va a posibilitar su transferencia a las comunidades autónomas, cosa que no se deja en absoluto no clara, sino cerrada, al declarar los tramos de FEVE como de interés general en la disposición transitoria tercera.


Ayer ya le recordaba al señor ministro que en el caso de Alemania, desde el año 1994, se había hecho una separación de líneas de interés estatal, de líneas de interés regional y que fue posible el traspaso de estas líneas regionales, incluso desde 1996, dándoles la competencia a los Länder en los servicios regionales en toda su plenitud e incluso dejando claro que los ayuntamientos también podrían tener competencias en servicios de carácter local o comarcal previa transferencia de los Länder, de los gobiernos competencialmente superiores. Por lo tanto, quedaba claro también en el caso alemán que se haría a través de transferencias directas desde el Estado federal para los servicios deficitarios.


Por si esto fuera poco -que la ley no lo clarifica-, resulta que en sus artículos 7, 8, 9 y 10, de forma contundente, se aprecia una clara y abusiva invasión de competencias autonómicas en materia de planificación del territorio y de las competencias locales en materia urbanística en cuanto a licencias, autorización y permisos de construcción de líneas férreas. El modelo, por lo tanto, que se nos está ofreciendo para un Estado como el español, descentralizado, no es de recibo, no cuenta con que existen en realidad gobiernos autónomos que tienen ya en sus manos la explotación de líneas férreas, con voluntad de hacerlas más extensivas e incluso gobiernos que no tienen esa voluntad, que están pagando muchos millones de pesetas por líneas deficitarias y que están en manos de la operadora RENFE. Es dudoso que con este modelo podamos llegar a un modelo equilibrado y a un modelo de igualdad dentro del Estado español.


Ayer ya le comunicamos al señor ministro que incluso la separación de las infraestructuras y del servicio creaba problemas financieros, de gestión correcta y coherente y sobre todo de seguridad. Además, queremos dejar claro que la prestación privada de los servicios ferroviarios no va a lograr más competencia, no va a lograr mejoras en los servicios, desde el punto de vista general, no va a beneficiar la planificación correcta del conjunto del servicio en el Estado español y, por supuesto, el beneficio será el factor clave en todos los casos, sin abandonar por lo demás -como deja claro la ley- la posibilidad de subvenciones públicas para todas las operadoras que se hagan cargo de servicios de líneas deficitarias.


Por lo tanto, y vamos concluyendo ya, señora presidenta, el transporte ferroviario no es contemplado en esta ley como un servicio público, sino como un servicio de interés general. Está pensado sólo como un transporte intracomunidades autónomas o intraestados de la Unión Europea, desprecia el papel fundamental dentro de las comunidades autónomas, es un nuevo campo exclusivo para el negocio privado y para su salida en Bolsa, sin desechar, como dije antes, las subvenciones de carácter público. Esta ley supera la directiva comunitaria y viene a reordenar por completo el sector ferroviario estatal en un sentido no asumible desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las comunidades autónomas y sienta las bases que permiten la progresiva entrada de nuevos actores en este mercado. Este es el quid de la ley y el verdadero objetivo.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor Rodríguez, que concluya, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ya acabo, señora presidenta.


Sólo así se puede entender esta ley, por lo cual nosotros la rechazamos frontalmente.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


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Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, desde Esquerra Republicana de Catalunya vamos a defender esta enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad que podríamos resumir en seis argumentos. El principal -todos los que han subido a esta tribuna en representación de los diferentes grupos ya lo han defendido y creo que va a ser el tema central de este proyecto de ley- es que este modelo es, a nuestro entender, un modelo de privatización que se basa en la segmentación o ruptura del sistema conocido hasta ahora como rueda-carril, es decir la unidad en la misma empresa de la infraestructura y el transporte. Esta desagregación ya tiene precedentes en Europa, en el caso ya mencionado también en esta tribuna del Reino Unido. Ha sido una mala experiencia. En este proceso que se ha llevado a cabo en Reino Unido ha habido graves problemas en materia de seguridad. Usted sabe perfectamente que rebajar los estándares de seguridad implica, además de una reducción de la velocidad, una reducción de la eficiencia y del número de convoyes, en definitiva una recesión del servicio público. El proceso también ha llevado al Reino Unido a una experiencia financiera y económica nefasta.
Ha sido un proceso de catástrofe financiera que en estos momentos ni el mismo Gobierno británico sabe cómo solucionar. Los otros países con tradición ferroviaria de la Unión Europea han hecho un seguimiento del modelo británico, han tomado nota y, en el caso de la República Federal de Alemania, o incluso en el caso francés, han congelado alguna de las propuestas que tenían. No parece que sea esta la situación de este Gobierno, sino todo lo contrario, parece que cuando se imponía una reflexión sobre la experiencia británica, este Gobierno, con los agentes sociales, con los sindicatos, en definitiva con los agentes que intervienen en el sector, tenía que haber hecho un debate y buscado un consenso y una fórmula que superara el fracaso británico. Con este proyecto de ley se insiste en romper un modelo que implica necesariamente la interrelación de elementos. Las consecuencias nefastas de esta segregación, como hemos visto en Reino Unido, se deben a la incapacidad de las empresas gestoras de las infraestructuras para mejorar los estándares de seguridad. Difícilmente se implantarán nuevos sistemas que mejoren la seguridad y se invertirá en R+D -desarrollo, en este caso- si no existe la total colaboración financiera de las empresas titulares de transporte, o peor, no existe en el texto de la ley la capacidad por parte de las empresa de gestión de infraestructuras para obligar a las nuevas empresas de transporte que se creen a adaptar sus vehículos a los cambios necesarios en materia de seguridad. Un ejemplo de esto puede ser el corredor mediterráneo. Instalar el sistema de seguridad ATP -protección automática del tren- en el corredor mediterráneo por parte de RENFE ha supuesto grandes costos y ha sido retrasado, porque es más caro instalarlo en los convoyes que en las infraestructuras. Esta situación que se ha producido en el corredor mediterráneo podría ser el pan de cada día en el modelo que ustedes proponen y llevaría como consecuencia al modelo británico.


En segundo lugar, el proyecto tampoco soluciona ni hace ninguna previsión sobre cómo se puede subsanar lo que se ha venido denominando la canibalización de las líneas convencionales provocada por la gran inversión del tren de alta velocidad, del AVE. Esto ha llevado al tren convencional a una situación sin salida. El Gobierno y usted mismo han dicho que el futuro es el tren, que el futuro está en el sistema de ferrocarriles, pero da la sensación, debido al importante desembolso que ha supuesto el tren de alta velocidad desde el punto de vista presupuestario, que el tren convencional ha sido un aspecto secundario en su política presupuestaria. Esta ley tenía que cambiar esta tendencia, tenía que dar un giro y no lo ha hecho.


En tercer lugar, este proyecto de ley tampoco soluciona los graves problemas económicos y financieros que tiene en este momento la empresa RENFE. La deuda no se sanea, se distribuye. Además, la drástica reducción de empleo en RENFE ha producido grandes problemas de servicios y de mantenimiento. Ustedes han intentado -entre comillas- sanear RENFE para prepararla para este proceso de privatización. Esto ha llevado incluso a graves deficiencias en el servicio y a graves deficiencias por falta de recursos humanos y técnicos en el mantenimiento del modelo. Este modelo que tenían ustedes como popa en la memoria económica, que tenía que salvar la situación financiera de RENFE, ya lo hemos visto en algunos aspectos en el funcionamiento del GIF, y el GIF ha fracasado estrepitosamente en la construcción del tramo del AVE entre Madrid y Zaragoza. Y sabemos por qué ha fallado. Ha fallado porque el modelo GIF no ha tenido suficiente control. Es un modelo que lleva por delante la subcontratación permanente de diferentes empresas. No hay un control permanente del modelo como sí lo había hecho RENFE en el anterior tramo de Sevilla-Madrid.


En cuarto lugar, tenemos la sensación de que esta ley tampoco soluciona el problema de las líneas deficitarias. Quien le habla ha sido durante muchos años usuario de la línea Barcelona-Puigcerdà. Usted estuvo hace poco en Vic y se comprometió a solucionar esta línea y le creemos, pero este compromiso con esta línea no tiene nada que ver con este proyecto de ley. Este proyecto de ley es absolutamente arbitrario a la hora de cerrar líneas deficitarias, poniéndose en duda el concepto de servicio público que ofrece este proyecto de ley. Estamos hablando de la línea Barcelona-Puigcerdà, concretamente del tramo Ripoll-Puigcerdà, pero podríamos hablar también de la línea Lleida-Pobla de Segur, o podríamos hablar también de un tramo trascendental para la articulación en el caso de Cataluña, como es el de Manresa-Lleida. En esta ley no se establecen mecanismos para fortalecer el concepto de servicio público. Además, tampoco establece cuál tiene que ser la función

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de las comunidades autónomas porque, por un lado, ustedes dicen que las comunidades autónomas tienen ya sus competencias otorgadas en el artículo 141 de la Constitución, que legitima al Estado en materia de ferrocarril pero, por otro lado, también abre la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que asuman el déficit de algunas de estas líneas. Yo creo que esto tendríamos que hablarlo más que en un proyecto de ley ferroviario en una ley sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas.


En quinto lugar, tampoco soluciona un problema crónico ferroviario en España que hemos denunciado en esta tribuna constantemente desde Esquerra Republicana de Catalunya, que es el modelo llamado radial. Ustedes han reforzado el modelo radial y con el tren de alta velocidad, con el AVE, también lo han hecho. Fíjense ustedes en este momento en la situación del eje mediterráneo, no tiene alta velocidad, tiene velocidad alta, concepto sobre el que podríamos discutir horas. Esto ha sido una discriminación, que conlleva que se refuerce el modelo radial. Este proyecto de ley no lo soluciona, todo lo contrario, puede provocar que se refuerce este modelo radial.


Finalmente, tampoco hay una apuesta decidida por lo que podría ser el futuro de las líneas ferroviarias, un modelo sostenible, como puede ser la apuesta por las mercancías. Creo que la ley podría ser mucho más detallista, mucho más ambiciosa en este aspecto.


En conclusión y para ir acabando, es evidente que falta un nuevo modelo ferroviario y hay que hacer una apuesta de largo alcance. Una apuesta, en primer lugar, por reforzar el papel del ferrocarril convencional, que ha tenido un papel secundario con la irrupción del AVE. En segundo lugar, hay que conectar con Europa y no es sólo un problema de ancho de vía.
Creemos que la ley tampoco hace una definición. En este momento la situación es caótica: tren de gran velocidad, un ancho de vía diferente al resto de la Unión Europea, en la ley se habla de privatización, vendrán operadores de otros países, tendrán un ancho de vía diferente.
Tampoco hay una apuesta clara por simplificar y buscar una fórmula de futuro, aunque sea costosa. Como decíamos, tampoco se acaba con el modelo radial. En tercer lugar, no hay una apuesta decidida por solucionar las líneas negras, por no decir los puntos negros. Y en lo que se refiere al saneamiento financiero de RENFE, no hay una apuesta clara, decidida...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Puigcercós, le ruego concluya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo, señora presidenta.


Tenemos la sensación de que ustedes han hecho una apuesta para introducir operadores privados en el mercado, pero la importancia del ferrocarril, como usted ha dicho muchas veces, la importancia estratégica como modelo sostenible, modelo económico, modelo competitivo que nos puede dar solución no sólo para usuarios, sino también para mercancías, ha sido secundaria en esta ley, por no decir terciaria. Lo más importante aquí ha sido buscar la introducción de operadores privados, operadores privados que seguramente harían negocio en las zonas metropolitanas, donde el tren hoy es altamente rentable...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya, por favor, señor diputado.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: ...pero seguramente dejaría de lado el concepto de servicio público.


Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, en sus reiteradas intervenciones en materia de política de transportes, ha manifestado su identificación con muchos de los contenidos del Libro Blanco del transporte, elaborado por la Comisión Europea, sometido a consideración también de las Cortes Generales españolas a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
En las enmiendas que hemos presentado a su contenido hemos dejado reflejado que permanentemente nos hemos identificado con una política global de transporte, una política que impulsara el transvase de mercancías y de pasajeros de un modo a otro de transporte. Las carreteras tremendamente colapsadas en Europa y en nuestro país requieren una política de transporte que potencie otro medio y en muchas ocasiones nos hemos definido sobre la potenciación del transporte ferroviario, para dar un tratamiento de cohesión territorial y social en nuestro país. Desde esa perspectiva, en la presente legislatura han sido muchas las iniciativas que hemos promovido. Recordará, señor ministro, que en el mes de marzo del año 2001, siete días después de aprobadas las directivas que hoy se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico con este proyecto de ley, aquí, en el Pleno de esta Cámara, le hicimos una interpelación que dio origen en la semana posterior, en los primeros días del mes de abril de 2001, a una propuesta de resolución. Nosotros planteábamos la necesidad de un contrato-programa del Estado con RENFE, un contrato-programa con el GIF, la necesidad de un libro blanco del transporte, como habían hecho otros muchos países europeos, y nos hemos encontrado con que aquella iniciativa fue rechazada por la mayoría de la Cámara, diría que erróneamente por parte del Gobierno. Si hubieran elaborado

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un libro blanco del transporte terrestre y lo hubiesen distribuido a continuación, durante tres, cuatro o cinco meses, para su debate entre las organizaciones sindicales, los partidos políticos, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, con todos los colectivos sociales que tienen algo que decir, sin duda se hubiera enriquecido por las aportaciones de todos ellos y hubiese sido la columna vertebral y vertebradora del proyecto de ley del sector ferroviario que hoy el Gobierno nos trae para su aceptación a trámite en esta sesión plenaria.


Eso no ha ocurrido así, y ha sido criticado, señor ministro, por el Consejo Económico y Social y por el propio Consejo de Estado. Sabe que el Consejo Económico y Social ha hecho una serie de reflexiones, algunas de las cuales, escasas, ustedes han incorporado al proyecto de ley, pero otras muchas siguen como temas básicos de debate. En primer lugar, el Consejo Económico y Social ha manifestado que el proyecto de ley no contempla el tratamiento de la deuda acumulada por RENFE y recomienda que se aborde esta cuestión en el plazo más inmediato posible y se acomode a lo previsto por el artículo 9 de la Directiva 91/440, en la que se establece que los Estados miembros deben velar por que las empresas ferroviarias públicas cuenten con una estructura financiera saneada. Ha indicado que no se pondera adecuadamente el alcance de todas las competencias del Estado que repercuten en el sector ferroviario, de forma que el proyecto de ley no recoge la ordenación, dentro del ámbito estatal, de condiciones básicas de dicho sector, como las de explotación, seguridad, titulación del personal, derechos de los consumidores entre otras, y se limita simplemente a la red de interés general. Asimismo, deben mejorarse los términos en los que se define la red de interés general. Ha hecho notar la inseguridad jurídica que supone la falta de una mención expresa a la vigencia de los principios generales sobre ordenación de los transportes señalados en la Ley de ordenación de los transportes terrestres, que es una ley del año 1987, así como la coexistencia de dos normas que no se van a encontrar suficientemente engarzadas entre sí para dar cobertura jurídica al servicio del transporte terrestre en sus diferentes modos en el Estado español. Pero, señorías, no ha sido sólo el Consejo Económico y Social quien ha hecho una serie de apercibimientos, de recomendaciones, sino, lo que nosotros consideramos relevante, el Consejo de Estado ha sido también bastante crítico y duro a la hora de emitir su preceptivo informe. El Consejo de Estado ha manifestado que con el proyecto de ley el Gobierno le da más valor a una trasposición ajustada en el tiempo de las directivas europeas -como recordarán SS.SS. la fecha límite era el 14 de marzo pasado, algo a lo que nosotros no le damos suficiente importancia- que a la vertebración de una disposición legal coherente en contenidos y que verdaderamente apueste por el futuro del ferrocarril con el consenso de todos los agentes implicados, algo que no se ha producido.


Señor ministro, sirva como apreciación de la banalidad del argumento de la urgencia en la trasposición de las directivas el hecho de que el 14 de marzo de este año la propia Comisión Europea publicó la norma IPC/3/378 que evidencia que la apertura a la competencia del transporte de mercancías no tiene por qué implicar necesariamente la trasposición de las normas comunitarias. Es decir, puede haber libre competencia sin que se imponga la necesidad de la trasposición de las directivas. Así, como usted bien sabe, en Europa hay dos países, como son Alemania y Suecia, cuyo modelo organizativo está más definido en concordancia con las directivas y que no tiene previsto trasponerlas hasta finales del año 2003 y cuyo sistema de explotación ferroviaria lleva bastante abierto a la libre competencia. Sin embargo, un país vecino como Francia tiene incorporado a su ordenamiento jurídico las directivas y está notablemente cerrado a la libre competencia, como estamos viendo en los problemas transfronterizos de las redes transeuropeas de transporte.


En consecuencia, señor ministro, quede muy claro que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que es menester trasponer a nuestro ordenamiento jurídico las directivas que regulan la libre competencia y que posibilitan el avance en ese sentido, porque el Gobierno socialista de etapas anteriores, en la década pasada, fue precisamente un Gobierno pionero en Europa impulsando políticas de transporte en los distintos medios: en transporte aéreo, en transporte marítimo y en transporte por carretera. Pero en el transporte guiado ferroviario es necesario impulsar ese tipo de políticas. Y ahí se encuentra nuestra gran discrepancia.
Nosotros hemos defendido que el Gobierno español debería haber impulsado un proyecto de ley con la trasposición de las directivas pero tendría que haber abierto un largo e intenso diálogo con las comunidades autónomas, con las entidades interesadas y con los grupos parlamentarios de las Cortes para vertebrar esta cuestión con una nueva perspectiva organizativa y con un proyecto de ley, diferenciando lo que debe ser el nuevo modelo por el cual se ha de regir el Estado español.


Señor ministro, del contenido del proyecto de ley a nosotros nos preocupa la situación en la que se van a encontrar las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos desde el punto de vista de responsabilidades.
Además, nos preocupa la violación que se ha producido en cuanto a la consulta, el diálogo y la cooperación con entidades que llevan ya muchos años consolidadas como entidades que asesoran en la organización del transporte terrestre. Uno de los órganos que no ha tenido ocasión de manifestarse con respecto a este proyecto de ley, porque no se le ha consultado, es precisamente el Consejo Nacional del Transporte que, tal como dice el artículo 9 de la Ley de ordenación del transporte terrestre, se ha configurado como un órgano

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de coordinación interadministrativa que asegura el mantenimiento de un sistema común de transporte en el Estado español y que está integrado por el propio ministro de Fomento y por los consejeros de las comunidades autónomas. Fíjense, señorías, si el tema es importante desde el punto de vista del respeto competencial. Debemos recordar que la función de este órgano es meramente consultiva, cierto, pero es un órgano de mucho peso específico por la importancia política de las instituciones en él representadas. Debemos también tener muy presente que el Consejo de Estado ha incidido en esta cuestión, como también había hecho el Consejo Económico y Social. Debemos recordar que las comunidades autónomas no han sido consultadas y que no han emitido su juicio. Asimismo, debemos tener muy presente, señor ministro, que un órgano que ustedes crean, como es el comité de regulación, nace firmemente anclado a las estructuras del ministerio y consiguientemente con una falta extraordinaria de independencia; algo a lo que aquí se ha hecho referencia, y también ayer en la Comisión de Infraestructuras del Congreso. Pero, señorías, hay que hacer algunas consideraciones en el proyecto de ley sobre la implicación competencias de las comunidades autónomas dada la importancia del tema.
La red de interés general no puede nacer de espaldas a las responsabilidades asumidas en los estatutos de autonomía por todas las comunidades autónomas, que están recogidas en esas leyes de naturaleza orgánica. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Señor ministro, a pesar de que del contenido del artículo 1 del proyecto de ley, titulado objeto de la ley, pudiera deducirse que no va a interferir en las competencias de las comunidades autónomas, dado que en él se indica textualmente que el objeto de esta ley es la regulación en el ámbito de la competencia del Estado, de las infraestructuras ferroviarias y de la prestación de servicios de transporte ferroviario y otros adicionales, complementarios o auxiliares sobre aquélla, de determinados preceptos contenidos en este artículo se desprende todo lo contrario. Es también ilustrativo el contenido del artículo 4 cuando se ocupa de lo que se denomina red ferroviaria de interés general. La disposición final segunda del proyecto de ley al indicar los títulos competenciales que se estiman amparan su edición y mencionar, entre otros, los apartados 1 y 24 del artículo 149.1 de la Constitución española, tanto las competencias del apartado 1 referente a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, como el apartado 24 relativo a las obras públicas de interés general cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, son las competencias que se han venido denominando horizontales, o sea, las que mejor pueden infiltrarse en cualquier sector o materia, incluidos aquellos asumidos por dichas comunidades en calidad de exclusivos. Para que quede clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia, el proyecto de ley no se ha limitado sólo a trasponer al ordenamiento jurídico español las directivas comunitarias, que reitero, nos parece necesario, sino que modifica implícitamente todos los contenidos de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y, sobre todo -es lo que nos preocupa, como acabo de exponer desde la perspectiva jurídica-, las competencias que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre confiere en muchos de sus artículos a las comunidades autónomas quedan en situación de standby, de dudosa aplicabilidad, como consecuencia de este proyecto de ley. Nos vamos a encontrar con dos leyes -la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y la ley del sector ferroviario- que van a competir en estos ámbitos competenciales y en nada nos va a beneficiar en lo que se refiere a la red ferroviaria de interés general.


Señorías, votaremos a favor de las enmiendas de totalidad de devolución del texto que han presentado diferentes miembros del Grupo Mixto, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el nuestro, y nos abstendremos en la votación de la enmienda de devolución con texto alternativo que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque, si bien es cierto que determinados contenidos que se recogen en ese proyecto de ley reflejan la preocupación que acabamos de expresar, un texto articulado de esa dimensión, presentado hace muy pocas fechas en la Cámara, no nos permite el criterio suficiente para aceptarlo a trámite en sustitución del que ha remitido el Gobierno. Nos preocupan de forma notable determinados aspectos que se recogen en el proyecto de ley. Creemos que supone una grave infracción de la regulación jurídica de la Directiva 91/440, sobre desarrollo de ferrocarriles comunitarios. Nos preocupa que no contenga planteamiento alguno que permita resolver problemas notables como los que se derivan del ejercicio del transporte en las empresas ferroviarias, cuya actividad se limita a la explotación del transporte urbano, suburbano o regional.
Dudamos de que posibilite la transferencia competencial del ejercicio de la regulación y el seguimiento del funcionamiento de las redes ferroviarias en ámbitos urbanos netamente implicados en el seno de una comunidad autónoma. Nos preocupa el régimen jurídico de las infraestructuras ferroviarias y de la red ferroviaria de interés general, contenido en el título segundo del proyecto de ley, y consideramos que habría que mejorar los términos por los que se define la REFIG. Tampoco hemos hablado de la DIF, que se va a convertir en una especie de AENA ferroviaria, en cuyo enriquecimiento nos centraremos en las enmiendas parciales que presentaremos en la tramitación del proyecto de ley. Nos preocupa de forma notable el hecho de que, si bien es cierto que llevamos defendiendo desde hace dos años la necesidad de que exista un solo ente gestor de infraestructuras

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ferroviarias -recogido en el proyecto de ley que da la vuelta a la política del Gobierno que había creado el CIF, cuya gestión ferroviaria se llevaba a cabo por una unidad de negocios de RENFE, dando lugar a situaciones como las sucedidas con la puesta en marcha frustrada de la alta velocidad en Lleida-, es evidente que un único gestor de infraestructuras para la totalidad de la red debe ser gestionado con los mismos criterios, independientemente de que sea o no para altas prestaciones. En ese sentido, queremos dejar muy clara nuestra posición respecto al saneamiento de RENFE. RENFE operadora no podrá estar en condiciones de competir con nuevos operadores ferroviarios que se instalen en nuestro país si no se sanea y no lo hace también el sector de las infraestructuras.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, le ruego concluya. Ha rebasado con creces el tiempo.


El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señora presidenta.


Ahí nos encontramos con los graves problemas que se derivarán del contenido de los artículos de la ley, pues está inspirada en un planteamiento inmobiliario. Se trata de una ley en la que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, no se ha atrevido a buscar una solución cuantificada y periódica al saneamiento de RENFE -que cuenta con una deuda de más de un billón doscientos mil millones de pesetas- y posibilita e incentiva la venta de los bienes inmuebles y de los terrenos. A la vista de la experiencia de Chamartín, no vemos cómo es posible sanear jurídicamente estos dos nuevos operadores, permitiendo el libre ejercicio de actividades de comerciales futuras con la venta de suelo expropiado para una función determinada. Sin duda alguna, el conflicto va estar cantado en estas materias, tal y como nos demuestra la experiencia de los últimos años en los graves temas vinculados urbanísticamente al desarrollo de Chamartín.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.


Para la presentación y defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, comenzamos el debate parlamentario con una ley muy importante y de gran trascendencia, que pretende reformar profundamente todo el diseño organizativo y de funcionamiento del servicio ferroviario. El proyecto de ley, según palabras del ministro, nos ha llegado tras un trabajo serio y riguroso.
Nuestra enmienda de totalidad con texto alternativo también se ha realizado tras un trabajo serio y riguroso, analizando el texto original e introduciéndolo en el estudio de la legislación de competencia estatal, comunitaria y autonómica.


Señora presidenta, señorías, quiero hacer un inciso sobre el desarrollo del trabajo anterior al debate de los grupos parlamentarios. Es un comentario que ya hice ayer en la Comisión de Infraestructuras con motivo de la comparecencia del señor ministro. La Comisión de Infraestructuras tiene previstas comparecencias monográficas del señor ministro de Fomento cada dos meses y desde hace tiempo había quedado fijado para ayer, día 29 de abril, su comparecencia en la Comisión para la presentación de la ley del sector ferroviario. La presentación de la ley en el Congreso se realizó días antes, pero ha ocurrido un hecho incongruente. Ayer el señor ministro estaba presentando la ley a los miembros de la Comisión, similar a la que hoy ha hecho en la sesión plenaria, pero el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad había vencido el pasado día 25.
Por tanto, es una incongruencia que los plazos de presentación de enmiendas, de totalidad o parciales, sean tan cortos. Solicitamos prórrogas para poder profundizar en su estudio. No prosperó la relativa a las de totalidad, sin embargo, sí se concedió la prórroga para las enmiendas parciales. No sé si es una fortuna burlesca o cuál es el procedimiento, pero la Mesa de la Cámara ha concedido esta última y generosa, entre comillas, prórroga de cinco días. La fecha límite para presentar enmiendas parciales era hoy, pero se ha prorrogado durante cinco días: el día 1, festivo; el día 2, festivo en Madrid y en las comunidades que celebran la fiesta del 2 de mayo; el día 3, sábado; día 4, domingo y se deberán presentar todas las enmiendas el día 5, lunes.
Nuestro grupo solicitará una nueva prórroga, pero el lunes día 5 no hay una nueva reunión de la Mesa y es competencia directa de la presidenta.
El señor López-Amor en Comisión, de forma humorística, hizo el comentario -que a mí no me sentó muy bien- de que como el día 2 no es festivo en algunas comunidades autónomas, que se trabaje. Lo haremos. Nuestro grupo tendrá preparadas las enmiendas parciales para entonces. Nosotros solicitamos pequeñas prórrogas, pero ya tenemos preparado todo el paquete de enmiendas porque los plazos son cortos y van de los ocho a los diez días. No es una fórmula correcta de trabajar. Nuestro grupo va a presentar muchas enmiendas parciales a esta ley, he calculado que pasarán de las 140, aunque es posible que se reduzca este número porque presentaremos una genérica para una serie de puntos. Desconozco los criterios que se siguen para dar prórrogas, pero la labor de los diputados no se ve nada favorecida en este aspecto. En otras legislaturas -yo tengo la suerte y el orgullo de haber estado en varias- los plazos se daban de 15 en 15 días. Es más lógico dar un plazo de 15 días y ni uno más, porque 15 días es un tiempo suficiente para poder trabajar. Quiero dejar constancia de esta observación, puesto que dentro de unos días tendremos un caso análogo, el proyecto de ley de régimen económico y prestación

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de servicios de los puertos de interés general, cuyo plazo de presentación de enmiendas, tanto de totalidad como parciales, acaba el lunes día 12.
Con ese plazo las personas tienen que trabajar como locos para tener tiempo suficiente para, al menos, dialogar. El señor ministro nos ofrece diálogo y nosotros lo aceptamos; sabemos que lo ofrece de buena fe porque lo hemos comprobado en otros momentos y esperamos poder trabajar en estas leyes, al menos en los aspectos competenciales que nosotros defendemos.
Leyes tan importantes como éstas deben tener un amplio periodo de preparación en el ámbito parlamentario. Ya sé que fuera ha habido mucho diálogo, que se ha trabajado mucho sobre estos textos, pero todavía hay muchos problemas en la ley de puertos, los ha habido en el sector ferroviario y, por eso, nosotros pedimos diálogo en el Parlamento.


Nuestro trabajo -y entro ya en la defensa de la enmienda- ha partido del análisis de la situación actual y de las variaciones que habría que hacer sobre el proyecto y espero que, con el diálogo que nos ofrece el señor ministro, podamos llegar a un consenso. Actualmente, el marco normativo estatal del sector está contenido en la legislación reguladora de los transportes terrestres, en concreto, en la Ley 16/1987, desarrollada a través de reglamento, ley que fue objeto de un importante enjuiciamiento constitucional en la sentencia 118/1996, de 27 de junio. De la doctrina establecida en la misma, que ha sido una constante para establecer correcciones al proyecto de ley que debatimos, destacamos dos consecuencias fundamentales: la primera, la configuración del criterio territorial como esencial en el sistema de distribución de competencias en materia de transportes terrestres, incluso en lo relativo al ferrocarril y, la segunda, el reforzamiento de la posición de las comunidades autónomas en relación con los transportes ferroviarios que puedan ser cualificados de intracomunitarios. En este ámbito, la participación autonómica en la toma de decisiones que afectan a estos transportes no puede quedar reducida a la simple emisión de un informe previo, sino que requerirá el informe favorable.


El contexto comunitario consiste en cuatro directivas de total aplicación en este caso. Hay que tener en cuenta también la Constitución. En el aspecto autonómico, la competencia de la Generalitat en materia de ferrocarriles se concreta en los artículos 9.15 y 11.9 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Resulta de interés, por cierto, analizarlos conjuntamente con el artículo 148.1.5.ª de la Constitución española.
Según este artículo, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario discurra íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma, e igualmente las del transporte efectuado por estos medios. En realidad, son muchos los elementos que hemos tenido que considerar para realizar los análisis que esta ley requiere. Iba a hablar del objeto de la ley, pero, puesto que lo conocemos todos, pasaré a citar los títulos competenciales que alega el proyecto de ley del sector ferroviario en defensa de su redacción.
Tenemos una serie de observaciones que hacer, que hemos aplicado en el texto alternativo. Según establece la disposición final segunda, la regulación está concebida al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 149.1.13.ª, 149.1.14.ª y 149.1.24.ª de la Constitución. Como decía, hay observaciones que hacer a los títulos de competencia alegados.
La regulación contenida en el proyecto de ley no se dicta al amparo de un único título competencial, sino que, por el contrario, el legislador estatal considera que su intervención normativa en la materia objeto del mismo resulta habilitada por una pluralidad de títulos. A nuestro entender, falta indicación expresa y detallada de los preceptos legales que se dictan al amparo de cada título competencial. Esta observación se limita a constatar lo que establece la disposición final segunda, que da cuenta de los títulos competenciales que, según el parecer de los redactores, amparan el contenido del proyecto. No se indican, en cambio, los preceptos concretos; de hecho, ni siquiera se indican los grupos de preceptos que se dictan al amparo de cada título. Esta forma de actuar merece, a nuestro entender, una valoración técnica negativa. De entrada, parece imposible entender que la totalidad de los preceptos del proyecto encuentre cobertura en los títulos competenciales indicados. Ahí es donde esperamos que el diálogo sobre las enmiendas parciales en el trámite de Comisión y la voluntad de entendimiento que ha mostrado el señor ministro jueguen su papel.


La falta de tiempo no me permite exponer otros esquemas a partir de los estudios que hemos realizado, tanto sobre los elementos que justifican la aplicación de los conceptos de la ley como sobre los puntos que podrían entrar en colisión con aquéllos. No nos parece difícil solventar estos problemas si existe la buena voluntad de aplicar correctamente todos ellos. El tiempo se me acaba, pero quiero dejar claro que reconocemos la importancia de la ley, pues es muy importante la liberalización que esta ley representa. ¿Puede presentar dudas esta liberalización, con la entrada de los nuevos operadores, por la existencia de un operador único, estrechamente relacionado además con el Administrador de las infraestructuras? Esperemos que se puedan solucionar.


Ha habido algún comentario de la comparecencia del ministro ayer en Comisión, donde dijo que no era una ley que contemplase las transferencias. Nosotros no hemos presentado un texto alternativo de transferencias, no decimos nada relacionado con esta materia, sino que se puede conjugar la función del Estado con la de las comunidades autónomas.
En un momento de su intervención, el señor ministro habló de Estado, provincia y ayuntamiento, pero se olvidó de las comunidades autónomas que tienen muchas competencias en la

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normativa vigente. Resulta necesario, pues, acomodar la regulación sectorial del ferrocarril al sistema de distribución de competencias que deriva de la Constitución, de las directivas y de los estatutos de autonomía, acogiendo a su vez la doctrina del Tribunal Constitucional expresada en la sentencia 118/1996, de 27 de junio.


Con esto doy por defendida nuestra enmienda con texto alternativo. Sabemos el resultado, porque es así el funcionamiento de la Cámara, pero esperamos que antes del debate en Comisión, enmienda por enmienda, hayamos tenido tiempo suficiente para prepararlo con el ministerio o con quien corresponda.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, todas las enmiendas a la totalidad a este proyecto que nos presenta el departamento de Fomento del Gobierno, sobre reordenación del sector del transporte ferroviario, inciden en la para los grupos no gustosa ordenación que se hace. Nosotros abundaremos en otro punto, el de la invasión competencial y en el no respeto de las atribuciones competenciales que las comunidades autónomas o los entes locales tienen sobre diferentes temas, como las relativas al transporte reconocidas por la propia LOTT e incluso afianzadas por posteriores sentencias del Tribunal Constitucional que se dieron sobre la aplicación de esa ley, y en el aspecto de ordenación territorial.


El anteproyecto que se nos presenta pretende incorporar las directivas comunitarias 12, 13 y 14 de 2001, sentando las bases para la apertura del transporte ferroviario a la competencia, si bien queda pendiente la apertura del transporte de viajeros hasta el establecimiento de un marco común europeo. No voy a repetir aquí las ideas que han dado el Gobierno y los grupos de la oposición acerca de lo que esta ley significa, pero insistiremos en que no se transcriben solamente estas directivas sino que se hace una verdadera reordenación del sector del transporte ferroviario y, aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, se invaden competencias autonómicas y se ponen en cuestión capacidades que la propia Ley de ordenación de los transportes -a la que me he referido antes- concedía a esas comunidades autónomas y la posibilidad de reorganización de los transportes internos.


La constitucionalidad en materia de transportes viene claramente definida por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución y los artículos 10.32 y 11.9 de los estatutos de autonomía del País Vasco, a los cual lógicamente me refiero como portavoz del Grupo Parlamentario de los nacionalistas vascos. Conforme a esos preceptos mencionados, el Estado tiene competencias exclusivas sobre ferrocarriles y transportes que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. La Comunidad Autónoma del País Vasco, en este caso, ha asumido la competencia exclusiva sobre ferrocarriles, transporte terrestre, marítimo, fluvial y por cable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la Constitución.
Tiene competencia de ejecución de la legislación del Estado sobre la ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la comunidad autónoma, aunque discurran por las infraestructuras de titularidad estatal. Estos criterios han sido interpretados en multitud de sentencias del Tribunal Constitucional, de las que se puede deducir que el criterio territorial es un elemento esencial en el sistema de distribución de competencias de los transportes terrestres, siendo fundamental la referencia a si los itinerarios se desarrollan o no íntegramente en el territorio de las comunidades autónomas.


Pues bien, si analizamos el articulado del anteproyecto, desde el punto de vista competencial, debemos centrarnos en lo que plantea el texto del proyecto particularmente en los artículos 4, 36, 81 y en la disposición transitoria tercera. En el artículo 4, a los efectos de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, es destacable la inclusión del nuevo concepto de red ferroviaria de interés general, que también se apunta en la disposición transitoria tercera, cuyo antecedente es la llamada red nacional integrada de transporte ferroviario que se creó con la Ley de ordenación del transporte terrestre. La ley, una vez definida esta red, la utiliza como criterio delimitador para su aplicación. Así, corresponde al Ministerio de Fomento la planificación de las infraestructuras ferroviarias integradas en la citada red y el establecimiento o la modificación de las líneas ferroviarias o de tramos de las mismas, y define el transporte ferroviario como el realizado por empresas ferroviarias empleando vehículos adecuados que circulen por la red. Según esto, la red está integrada por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema general de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de interés internacional, las que enlacen las distintas capitales de las comunidades autónomas y las conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional. Por tanto, queda un ámbito absolutamente difuso que permite la entrada en competencias reservadas a las comunidades autónomas; permite pasar por encima de las competencias municipales de ordenación territorial, las competencias territoriales

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comunitarias de ordenación del propio territorio o de su transporte interno. Podríamos hablar de este tema largo y tendido, pero el tiempo que nos otorga el Reglamento de la Cámara no es suficiente para entrar en la discusión de todos y cada uno de estos puntos. Pese a ello insistiremos. Es un texto absolutamente difuso que permite constantemente al Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, inferir en las competencias territoriales, como se ha expuesto por activa y por pasiva, y lo tenemos que decir largo y claro.


El Tribunal Constitucional, en su sentencia 118/1996, de 27 de junio, sobre la vigente Ley de transporte terrestre, manifiesta que resulta contrario al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de ferrocarriles la imposición unilateral, sin contar con el acuerdo de la comunidad autónoma afectada, de la integración en la RENI de líneas y servicios que transcurran íntegra y exclusivamente por el territorio de una comunidad autónoma. A estos efectos declara que el artículo 155.2, párrafo primero de la LOT no responde al orden de competencias constitucional y estatutario, por cuanto exige sólo un informe previo de la comunidad autónoma. Volvemos en esta ley a hablar de informes previos de la comunidad autónoma, pero informes no vinculantes. El Tribunal Constitucional dijo claramente en el año 1996 que no se respeta el orden de competencias y que resulta contrario al sistema de distribución de competencias imponer unilateralmente, sin contar con el acuerdo previo de la comunidad autónoma afectada, la integración en la RENI de líneas y servicios que transcurran íntegra y exclusivamente por el territorio de la comunidad autónoma, ya que de acuerdo con los artículos 148.1.5 de la Constitución española y 9.º.15 del Estatuto de Autonomía estos ferrocarriles son de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Se vuelve a incurrir en el mismo error, y no solamente eso sino que nos valemos de las infraestructuras ferroviarias de acceso a puertos y aeropuertos para volver a meter la mano en otra parte del pastel. Esa es nuestra particular visión de este proyecto de ley, en que las competencias del Ministerio de Fomento se expanden, no se les pone límite, hay una ambigüedad de redacción que da pie a pensar que el artículo 81, por ejemplo, no está refiriéndose únicamente a las infraestructuras y servicios ferroviarios de competencia estatal, en cuyo caso nada habría que objetar, sino que el ministerio pretende planificar y ordenar las redes ferroviarias de competencia autonómica. Y por fin la disposición transitoria tercera amplía lo establecido en la LOT al incluir en la red ferroviaria de interés general, insisto, no sólo las infraestructuras explotadas por RENFE sino la infraestructura gestionada por Feve y de titularidad del Estado. No podemos dar conformidad a esta inclusión automática de la red de infraestructuras de Feve, que desconoce los criterios del propio artículo 4.º del anteproyecto.


Siento mucho que se me agote el tiempo, pero parece ser una constante en la discusión de estos proyectos. Son de una importancia capital para la ordenación del territorio, para el futuro del país, para su economía, y no tenemos tiempo ni para esto ni para las enmiendas, como ha dicho nuestro amigo Sedó. Se nos ha concedido un plazo gracioso de cuatro días de fiesta, en los que por lo visto los parlamentarios no tenemos derecho a descansar sino que tenemos que trabajar veinticinco horas al día para conseguir llegar al plazo del día 5 con unas enmiendas parciales, ya que las totales no van a ser aceptadas, como es costumbre, por el partido que sustenta al Gobierno. Anuncio que nosotros pediremos, junto con el Grupo Catalán y cualquier otro grupo que apoye nuestra iniciativa, que ese plazo de presentación de enmiendas parciales del día 5 sea ampliado; se lo pedimos graciosamente a la Mesa. Esperamos que por una vez al menos sea atendida nuestra petición y podamos presentar unas enmiendas bien estructuradas y tener un tiempo para discutir y llegar a acuerdos con el partido que apoya al Gobierno, como así se nos ha ofrecido desde el ministerio. A ver si es verdad y lo podemos conseguir con unos plazos lógicos, ajustados en el tiempo, de acuerdo, pero lógicos, para poder tratar un tema de importancia capital.


Nada más, señoras y señores. Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Otxoa.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, cúmpleme defender y apoyar gustosamente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el proyecto de ley del sector ferroviario que viene a dar respuesta al nuevo modelo ferroviario, consecuencia del Plan de infraestructuras ferroviarias 2000/2007 y que va a permitir unir las capitales de provincia de todo el Estado español por la alta velocidad.
Supone en nuestro modelo ferroviario, en la práctica, una revolución de tal categoría que se puede decir sin miedo a equivocarse que antes y después de este plan de infraestructuras el ferrocarril ha cambiado sustancialmente y que no se ha hecho ningún esfuerzo inversor en esta materia de tan importante cuantificación como el que se está realizando en estos momentos. Anuncio que me opongo a todas las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios, lo cual no significa que desde nuestro grupo parlamentario no se ofrezca la mayor colaboración en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley para poder afinarlo y perfeccionarlo en lo que fuera posible. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Antes que nada me veo en la obligación de calificar este proyecto de ley como un gran proyecto, al mismo

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tiempo que moderno, pues incorpora al derecho español las tres directivas comunitarias que constituyen el primer paquete ferroviario, las directivas 12, 13 y 14 del año 2001 que van a permitir la progresiva apertura del transporte a la competencia. Este proyecto de ley también es consecuencia del programa electoral del Partido Popular que apostó, como nadie antes lo hizo, por el ferrocarril. Por diversas razones que sólo esbozo a causa del tiempo, diré que esta apuesta por el ferrocarril va a permitir sin ninguna duda una mayor vertebración territorial y un menor impacto medioambiental que cualquier otro transporte terrestre, por lo que es la alternativa en las distancias de tipo medio a cualquier otro sistema de transporte. Asimismo, este proyecto de ley da cumplimiento al programa de legislatura presentado por el ministro de Fomento el 15 de junio del año 2000 y también a la resolución de este mismo Pleno en el debate del estado de la Nación de 26 y 27 de julio del año 2001. Es este un proyecto de ley de largo recorrido parlamentario. Ya lo dijo ayer el señor ministro cuando nos informó de todas las cuestiones relativas al sector ferroviario, y no sólo de este proyecto de ley sino de lo que viene después: los estatutos del nuevo administrador de infraestructuras ferroviarias, el nuevo estatuto que regulará todo el marco orgánico de RENFE como operador de transporte ferroviario y la solución y el planteamiento adecuado a la deuda histórica que tiene RENFE. Digo que es un proyecto de ley de largo recorrido parlamentario, como se puede constatar por la intervención que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, que hizo una interpelación sobre estos temas rechazada por este Pleno el día 21 de marzo del año 2001. Desde esa fecha, este Congreso viene conociendo de las necesidades del transporte ferroviario y de la revolución de todo el sector. Por tanto, ahora hay que decir que esta nueva ley no sólo incorpora las directivas sino que viene a dar respuesta clara a toda la nueva red ferroviaria española. En su tramitación este proyecto ha sido contrastado con los sindicatos -y digo contrastado con los sindicatos- e informado favorablemente por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado. Creo que las observaciones que han hecho algunos grupos parlamentarios quedan desvirtuadas por el simple hecho de leer la conclusión que tengo en mi mano del Consejo Económico y Social, que dice que con carácter general este Consejo ha valorado positivamente el anteproyecto de ley. Por tanto a ello me remito. Diré que también el Consejo de Estado hace una valoración positiva con carácter general. Este proyecto de ley, como respuesta a la realidad actual, va a ir corrigiendo los desequilibrios de nuestro territorio y va a incrementar el valor añadido bruto del ferrocarril, que dentro del sector del transporte representa sólo un 7,3 por ciento, por delante exclusivamente del transporte marítimo pero muy por debajo del transporte aéreo y por carretera, que con un 57,8 por ciento es el modo de transporte más utilizado por todos. Por tanto, entendemos que este proyecto ha cumplido sobradamente la para nosotros conditio sine qua non de someterlo a informe y conocimiento de los interesados o afectados por el mismo y ofrecemos como grupo -lo he dicho antes- la posibilidad de afinar este proyecto en el trámite parlamentario a través de enmiendas parciales.


El proyecto consta de 97 artículos, siete disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales. El objeto del mismo es la regulación en el ámbito del Estado -fíjense bien que digo en el ámbito del Estado- de las infraestructuras y de la prestación de servicio del transporte ferroviario y su fin básico es garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado.
Algunos grupos parlamentarios han querido ver algo que no es voluntad de este Gobierno ni de quien presenta el proyecto, como reiteradamente ha manifestado el señor ministro. Por si alguien no estuviese satisfecho con lo que dice el Gobierno, también el Consejo de Estado estima -y cito textualmente-: que no puede ponerse en duda la competencia del Estado para dictar esta ley. En efecto -continúa el Consejo-, la Constitución reserva al Estado en términos de exclusividad la competencia del ferrocarril cuando transcurra por el territorio de más de una comunidad autónoma. Por tanto, se respeta el reparto constitucional de competencia, sin invocar otros títulos habilitantes como el artículo 149.1.1.ª, en el que el Estado tiene competencias exclusivas sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles.


Las novedades más importantes de esta ley -y voy muy rápidamente- son que establece una nítida separación entre las actividades de gestión de infraestructuras y del transporte ferroviario. Se crea, a partir de la actual RENFE y absorbiendo el actual GIF, el ADIF, que tendrá por objeto la construcción de las nuevas infraestructuras con recursos propios o ajenos y la administración de las infraestructuras de su titularidad. En segundo lugar, a partir de las actuales unidades de negocio de RENFE dedicadas al transporte, se crea la entidad pública RENFE-Operadora, que tendrá como principal actividad la prestación de servicio de transporte ferroviario de viajeros y mercancías. No es una ley privatizadora, sino que por consenso de la Unión Europea abre el transporte internacional de mercancías desde su entrada en vigor y establece un plazo hasta el 2008 para abrir a la competencia el transporte de viajeros por ferrocarril.
También se regulan en esta ley las competencias de la Administración general del Estado en el sector ferroviario, atribuyendo las lógicas competencias al Ministerio de Fomento; asimismo, el acceso de las empresas ferroviarias al mercado de transporte de viajeros y mercancías y al régimen de otorgamiento de las correspondientes licencias ferroviarias como título habilitante y en el que detrás de todas ellas no existe más que un principio de seguridad en el transporte,

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así como de regularidad en la prestación de diversos servicios. Se regula también el régimen económico y tributario para que todo este sistema pueda funcionar con la utilización de las infraestructuras ferroviarias, otorgamiento de licencia, certificado de seguridad, homologación de material; asimismo el sistema tarifario con un régimen privado de los diversos servicios de transporte ferroviario. Por tanto, se abren a la competencia los servicios de transporte de mercancías en el caso de transporte nacional, que a partir de la entrada en vigor podrán ser prestados por empresas que dispongan de capacidad de red o certificado de seguridad, y para el transporte internacional desde la entrada en vigor de la ley del transporte prestado por la red transeuropea antes del 15 de marzo de 2008.


Este es un proyecto de ley completo que sin duda se puede perfeccionar pero que regula todos los aspectos necesarios para dar respuesta a lo que va a ser el ferrocarril del futuro. En España se va a configurar un modelo ferroviario a seguir por todos los demás países de la Unión Europea, el más avanzado de la Unión Europea, en el que los viajeros van a poder ir por alta velocidad a cualquier capital de provincia, lo cual va a liberar la actual red convencional para la prestación de otros servicios como el transporte de mercancías. Por tanto, nos debemos sentir todos orgullosos de que haya venido a incorporar a nuestro derecho positivo la legislación de la Unión Europea y a dar respuesta -insisto- al futuro tráfico ferroviario, sea éste de personas o de mercancías. Por consiguiente, a nuestro grupo no le queda otro remedio que apoyar y defender gustosamente este proyecto de ley y esperamos que con el diálogo ofrecido por el señor ministro y por el Grupo Parlamentario Popular pueda completarse y afinarse en un futuro próximo.


Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Iniciamos la votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley del sector ferroviario. En primer lugar sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, señores Rodríguez y Puigcercós, y del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 122; en contra, 159; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


A continuación sometemos a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 25; en contra, 160; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del sector ferroviario.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000143.)

La señora PRESIDENTA: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.


- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA QUE, CON EL CARÁCTER DE COMPLEMENTARIA A LA LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, MODIFICA LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000144.)

La señora PRESIDENTA: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley orgánica que, con el carácter de complementaria a la ley por la que se aprueba la modificación del Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la disposición final primera de la Ley Orgánica

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5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General Presupuestaria. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (CONTINUACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564/1989, DE 22 DE DICIEMBRE, CON EL FIN DE REFORZAR LA TRANSPARENCIA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS. (Número de expediente 121/000137.)

La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que agilicen el abandono del hemiciclo aquellos que lo vayan a hacer.
(Rumores.)

Señorías, ruego guarden silencio a ser posible.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.


Señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara el proyecto de ley aprobado por el Gobierno por el que se modifica la Ley del año 1988, del Mercado de Valores, así como el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que se aprobó por el Real Decreto legislativo del año 1989, y también para hacer algunas referencias a la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista Y, como es natural, voy a solicitar que la Cámara la rechace.


La materia que venimos a abordar hoy es la protección de los inversores de las sociedades que cotizan en Bolsa y sobre el proceso de transparencia de los mercados de valores. Quisiera subrayar dos cuestiones antes de comenzar a explicar el texto que propongo a la Cámara. La primera es que estamos ante un mercado de valores que se ha convertido en muy pocos años en un elemento de máximo interés no sólo para los especialistas y para las sociedades mercantiles, sino también para las familias, teniendo en cuenta que el número de personas que, directamente o a través de los inversores institucionales, tiene presencia en el mercado de valores español, es ya un número que se cuenta en millones, probablemente por encima de los seis millones de familias. Al mismo tiempo, quisiera subrayar que ésta no es la primera iniciativa que el Gobierno plantea a la Cámara y a la sociedad española, tanto en términos de autorregulación de las empresas, a través de códigos de conducta, como también de modificaciones legales, de las que SS.SS. han tenido constancia, especialmente con la larga tramitación de la llamada Ley financiera.
Quisiera subrayar el interés del Gobierno del Partido Popular de respaldar la confianza en los mercados, velar por el interés de los inversores y reforzar los derechos de los accionistas, especialmente de los minoritarios.


En este sentido, no sólo en España, sino en Europa, no se han producido, a lo largo de los últimos meses, situaciones como las que, por desgracia, han sucedido en los mercados financieros y también con los intermediarios financieros de Estados Unidos, pero la Comisión Europea, respaldada por los gobiernos europeos, está elaborando en estos momentos un plan de acción sobre derecho de sociedades, que parte a su vez del informe del Grupo Winter, que fue presentado en noviembre del 2002 e impulsado durante la presidencia española, acordando el ECOFIN informal de Oviedo la necesidad de que hiciera un informe sobre la transparencia de las sociedades cotizadas, cosa que hizo, como acabo de decir, en noviembre del pasado año. Muchos de los Estados miembros de la Unión Europea -Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido- están procediendo a modificaciones en sus legislaciones con códigos de buen gobierno, como el informe Cromme en Alemania, o los informes Higos y Smith en el Reino Unido.


En este contexto de modificaciones internacionales y de impulso europeo se sitúa este proyecto de ley que tengo el honor de presentar en la Cámara, que a su vez tiene un origen parlamentario puesto que, el 16 de abril del año 2002, la Cámara aprobaba una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a crear una comisión de naturaleza técnica para -y leo textualmente- estudiar los criterios de actuación a que deben someterse los auditores, consultores, analistas financieros, así como las relaciones entre ellos y con las sociedades para las que prestan servicios, a fin de aumentar la transparencia y la seguridad. Esta comisión analizará el estado actual de vigencia del código de buen gobierno de las empresas, incorporando las propuestas y recomendaciones que se están impulsando en el seno de la Unión Europea, relativas a la mejora de las prácticas del gobierno corporativo, al objeto de garantizar una mayor protección de las inversiones.


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Cumpliendo este mandato de la Cámara, el Consejo de Ministros, el 19 de junio de 2002, creó una comisión especial para el fomento de la transparencia y seguridad de los mercados financieros y de las sociedades cotizadas, que a su vez venía a completar las medidas tomadas por el Gobierno, y que fueron estudiadas detenidamente por la Cámara, con la aprobación de la llamada Ley financiera el 22 de noviembre del año 2002, en la que se reguló ya la existencia de un comité de auditoría para las sociedades emisoras de valores cuyas acciones u obligaciones estén admitidas a negociación en mercados de valores, se reforzaban los mecanismos de independencia de los auditores y se adaptaba la propia Ley del Mercado de Valores, que hoy volvemos a modificar, a la directiva de abuso de mercado.


La comisión especial creada por el Consejo de Ministros en junio de 2002 presentó su informe el 8 de enero de 2003 y es presidida por el señor Aldama, que da el nombre al informe. El informe Aldama se remitió a esta Cámara para su distribución entre los miembros de la Comisión de Economía. Este informe, que es el segundo que se produce bajo un mandato del Partido Popular, continúa las propuestas planteadas en el primero, el informe Olivencia, pero plantea horizontes más amplios ya que en sus conclusiones pone de manifiesto la conveniencia de un soporte normativo con mandatos cuyo cumplimiento no dependa sólo de la libre y voluntaria determinación de las empresas sino también que vengan establecidos en códigos legales. También quiero subrayar que el conjunto de medidas propuestas por el informe Aldama coincide, como no podía ser de otra manera, con las recomendaciones dirigidas ante todo a las propias empresas en el ámbito de la autorregulación, siguiendo las líneas del informe Winter. A la vista de las recomendaciones del citado informe, el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley, que es el que tengo el honor de presentar, sobre la base del fomento de la transparencia en la gestión de las empresas, con claro respeto al principio de autorregulación.


Quisiera recordar que, en el debate de la proposición no de ley del Grupo Popular, que dio origen al informe Aldama, los grupos que se opusieron a la misma planteaban la necesidad de no crear una nueva comisión, ya que argüían que esa comisión tardaría mucho tiempo en obtener resultados que fueran útiles y que no contendría, en ningún caso, recomendaciones de carácter obligatorio. Teniendo en cuenta esas reticencias, la comisión ha sido muy diligente. Estamos a un año de la votación de esa proposición no de ley, el informe ya es conocido por la Cámara y por la sociedad española, y yo estoy presentando un proyecto de ley que contiene medidas de carácter obligatorio, con rango legal. En ese sentido, algunas de las prevenciones de SS.SS. no parecen justificadas cuando vemos la evolución de los hechos.


Antes de entrar a analizar las recomendaciones del informe Aldama y, por tanto, el contenido del proyecto, me gustaría hacer una breve referencia a la comisión Olivencia, que fue creada, como recordarán SS.SS., en el año 1997, para plantear un código ético de los consejos de administración de las sociedades, y elevó un informe, en febrero de 1998, donde se contenía el llamado código de buen gobierno. El informe partía de una consideración del gobierno de las empresas que enfatizaba la responsabilidad de la dirección y los consejos de administración ante los accionistas de la propia sociedad, y sus recomendaciones eran de adopción voluntaria por parte de las empresas, que se deberían comprometer bien a cumplir el código o bien a explicar a los accionistas y al público los motivos por los que no lo cumplían. Con todo ello, la comisión Olivencia hacía suya la orientación que respondía justamente a los criterios de autorregulación y transparencia en la gestión. La propia comisión Olivencia hizo un seguimiento de sus recomendaciones en el año 2000 para ver qué efecto había tenido sobre las sociedades cotizadas y consideró que la información proporcionada por dichas sociedades a los mercados y a sus accionistas era insuficiente en lo que se aplica, en particular, a la información con ocasión de las juntas de accionistas. Se señalaba, además, que al amparo de la falta de transparencia se daban todavía conflictos de intereses e incluso uso de información privilegiada por directivos y consejeros en detrimento de la sociedad.


El segundo informe -el informe Aldama- que coincide, repito, en gran parte con el informe europeo -el informe Winter- destaca como recomendaciones que tendrían un más adecuado soporte en una regulación normativa las que se refieren, primero, a los deberes de información y transparencia y en especial la publicidad de los pactos parasociales; segundo, a la definición y régimen de los deberes de los administradores, especialmente en el ámbito de conflictos de intereses y, tercero, a la obligación de dotarse de un conjunto de disposiciones en materia de gobierno corporativo que comprendan, al menos, un reglamento del consejo de administración así como un reglamento de la junta general.


Respecto a la aplicación del principio de transparencia para el correcto funcionamiento de los mercados financieros, la comisión Aldama ha considerado fundamental, primero, que debe transmitirse al mercado toda la información relevante para los inversores; segundo, que la información ha de ser correcta y veraz; tercero, que la información debe transmitirse de forma simétrica y equitativa y que debe transmitirse, en cuarto lugar, en tiempo útil. Con esta línea coincide el informe Winter que ha visto las obligaciones de transparencia como una pieza fundamental de la autorregulación que permite dejar muchas cuestiones al ámbito de la autonomía privada. Por ello, el informe Aldama ha manifestado que la transmisión de información al mercado sobre las prácticas de gobierno corporativo no puede ser voluntaria -ahí hay un paso significativo respecto de

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las recomendaciones del informe Olvencia-, sino que las sociedades están obligadas a transmitir al mercado información sobre las prácticas que adoptan y sobre cuál es su grado de observancia respecto a las recomendaciones del propio informe Aldama. Igualmente, el informe Aldama incide sobre la forma de hacer pública esta información recomendando la elaboración de un informe anual de gobierno corporativo elaborado por el consejo de administración y disponible para todos los accionistas, pero también para el público en general y para todos los inversores. A su vez, continuando en esta línea, plantea la necesidad de que dicho informe se publique en una página web de la sociedad. La comisión Aldama ha considerado que la propia Ley de Sociedades Anónimas española no regulaba suficientemente el deber de lealtad de los consejeros y propone ampliar la regulación de la Ley de Sociedades Anónimas especificando deberes concretos de los consejeros. Estos deberes de lealtad deberían extenderse a personas distintas de los administradores como son los representantes de las personas jurídicas, ejecutivos no consejeros o accionistas de control. Junto a estos deberes de lealtad, también se recomienda que se recoja una referencia a los deberes de diligencia. Finalmente, se recomienda implantar los sistemas necesarios para el cómputo electrónico del quorum en las juntas generales, así como para la delegación en las mismas y el voto por correo o por medios electrónicos.


El proyecto de ley que tengo el honor de presentar a la Cámara da soporte normativo con rango legal a los aspectos a los que acabo de hacer referencia y ello se concreta, por una parte, en la introducción de un nuevo título en la Ley del Mercado de Valores del año 1998, dedicado a las sociedades cotizadas, y en la tipificación de dos nuevos tipos de infracciones en esa misma ley. A su vez, el proyecto de ley produce modificaciones de ciertos preceptos del texto refundido de 1989 de la Ley de Sociedades Anónimas cuando los preceptos tengan aplicación general para todas las sociedades anónimas. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley que, modificando las citadas leyes -la del Mercado de Valores y la de Sociedades Anónimas-, refuerza la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas con la finalidad de incrementar la protección de los derechos de los accionistas, de los inversores y otras partes que contratan con las sociedades.


En ese sentido, en la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista se plantea una crítica, que el proyecto regula aspectos parciales o inconexos del régimen jurídicos de las sociedades cotizadas originando un desmembramiento del derecho de sociedades por el alcance limitado de la iniciativa legislativa y que introduce preceptos aislados o incompletos que no van a cumplir sus objetivos. Independientemente de que, como es natural, durante el debate parlamentario los grupos tendrán ocasión de mejorar el texto que remite el Gobierno, me gustaría decir respecto a esta crítica -que la considero importante- que el proyecto mantiene una línea de continuidad con el informe Olivencia, da respuesta a las recomendaciones del informe Aldama y adopta, en definitiva, medidas legislativas que además se insertan dentro de las adoptadas en otros países europeos y toma como base el plan de acción sobre derecho de sociedades elaborado por el grupo Winter y respaldado por la Comisión Europea.


Las medidas legislativas que se contienen en este proyecto se dirigen a las sociedades cotizadas, aunque, ciertamente, los preceptos de modificación del texto de la Ley de Sociedades Anónimas son de aplicación para todas las sociedades. En opinión del Gobierno, que el punto central de referencia en la regulación sean las sociedades anónimas cotizadas no supone claudicar a una regulación general ni tampoco desmembrar el derecho de sociedades, sino reconocer que, en el núcleo de los mercados de capitales y la captación de recursos financieros del público, en consecuencia en las sociedades cotizadas, es donde se produce una clara separación entre la propiedad y la gestión, y ahí se produce inevitablemente el riesgo de un conflicto de intereses. Por lo tanto, nos parece esencial una propuesta normativa como la que traemos a la Cámara.
Por consiguiente, independientemente de la necesidad de tener una regulación general de sociedades anónimas que el proyecto contempla, es indudable que las sociedades cotizadas, al tener una clara separación entre propiedad y gestión, tienen unas peculiaridades con el riesgo de conflicto de intereses que otras sociedades no cotizadas no tienen o, al menos, no lo tienen en la misma medida.


Por ello, el Gobierno al elaborar el proyecto ha considerado necesario potenciar los mecanismos que aseguren la información que resulte relevante a los accionistas, la comunicación de estos con la propia sociedad, lo que en última instancia va a facilitar la participación de los accionistas en la toma de decisiones y, en este caso, todo tipo y todo tamaño de accionistas, como podrán comprobar SS.SS. a lo largo de mi presentación. De ahí que el proyecto se haya centrado en la adopción de medidas que incrementan la protección de los accionistas individuales y de terceros que entran en relación con las sociedades, con una definición extensa de los derechos y deberes de los administradores.


Las medidas indicadas provocarán, en opinión del Gobierno, un claro aumento de la eficacia y competitividad de las empresas. Los mecanismos de protección de los accionistas que se establecen, además de añadir eficiencia al funcionamiento de la compañía, van a permitir reducir riesgos y costes que beneficiarán a los accionistas, pero además a todos aquellos que establezcan relaciones con las propias sociedades. En este sentido, y en relación con la afirmación de la enmienda a la totalidad de que el proyecto se queda corto -y es una afirmación que indudablemente se puede hacer acerca de cualquier iniciativa legislativa, aunque hay que ver los márgenes en los que debemos movernos-,

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quisiera subrayar que el sentido y finalidad del proyecto no es tanto incidir en la eficacia o ineficacia de los actos interpartes -por ejemplo, sometiendo a autorización previa del Consejo operaciones con la sociedad- como velar por la trasparencia e información para los mercados, puesto que consideramos que estas operaciones entre consejeros y la sociedad son de interés del inversor y del accionista y, de este modo, la protección que se otorga a los mismos se extiende no sólo a los accionistas, sino a todo el mercado, sin necesidad de una política intervencionista, de imponer prohibiciones o limitaciones a la autonomía de las partes. Indudablemente, éste es un equilibrio difícil en toda la regulación, no sólo en esta cuestión, y los grupos parlamentarios tendrán que valorar cómo equilibran, por un lado, la libertad y autonomía de los agentes económicos y, por otro, los necesarios deberes de diligencia y lealtad que el propio proyecto de ley que tengo el honor de presentar consagra.


En relación con lo anterior, y especialmente en el ámbito de los conflictos de intereses, destaca en mi opinión -y me gustaría subrayárselo a la Cámara-, la definición, con la introducción de un nuevo artículo 127, de los deberes de lealtad en lo que se refiere a las operaciones entre administradores y la sociedad. Lo que hace el proyecto de ley es afrontar las situaciones de conflictos de intereses, entendiendo por tales los supuestos en los que entran en colisión, por un lado, el interés de la sociedad y, por otro, los intereses personales directos o indirectos de sus administradores, siendo así que en la regulación se hace referencia a dicha situación en la que tienen cabida todos los supuestos que los grupos puedan plantear. Entiendo, señorías, que el proyecto da un tratamiento adecuado a esta cuestión, afrontando todas las situaciones posibles de conflicto de intereses, regulación de la que hasta ahora carecía nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, en primer lugar, se regula el conflicto de intereses de una manera adecuada, cosa que no existía en nuestro ordenamiento jurídico. Damos un paso significativo y creemos que lo regulamos -si no, no lo traeríamos a la Cámara, obviamente- de una manera adecuada, en garantía sobre todo del interés de los accionistas y en el conocimiento de futuros accionistas, con respeto a la libertad de los ciudadanos como agentes económicos.


La norma compagina el incremento entre la adecuada protección de los accionistas y terceras partes con el respeto a un principio que nos parece esencial, la autorregulación de las sociedades, siempre en el marco de la legislación que le resulte de aplicación, lo que permitirá que se atienda prontamente a la necesidad de adaptación continua del régimen de funcionamiento de las sociedades que demandan la praxis económica y de los mercados en cada momento. Si las sometiéramos a una regulación obligatoria, nos veríamos obligados a revisarla prácticamente todos los años, con las nuevas modificaciones que surgen en la praxis del mercado. Por lo tanto, creo que hay que buscar un equilibrio -y estoy seguro de que todos los grupos coincidimos en ello- entre la autoregulación y los deberes normativos. En ese sentido, el Gobierno considera que remite a la Cámara un texto útil en la búsqueda de ese equilibrio.


La protección de la transparencia ha de verse como un instrumento regulatorio de máxima importancia, en la medida en que la misma, entre otros resultados, incentivará el cumplimiento de las prácticas del buen gobierno y, en su caso, permitirá a accionistas y demás partes legitimadas el ejercicio de las acciones que resulten pertinentes.


También me parece relevante el impacto que tienen hoy las nuevas tecnologías, cuya utilización será posible en las sociedades cotizadas con esta regulación. En el ámbito de las sociedades anónimas cotizadas, las nuevas tecnologías pueden incidir en una clara potenciación de la transparencia de información en tiempo real de todos los datos de la compañía, así como en la participación de los accionistas individuales en las juntas generales. A los efectos de conseguir los objetivos señalados, resulta de especial importancia la obligación que se establece, a las sociedades anónimas cotizadas, de creación de sus propias páginas web, a través de las cuales podrán adoptarse medidas que faciliten el voto a distancia de los accionistas y, por tanto, la participación de éstos en las juntas generales.


En cuanto al alcance del proyecto, quisiera destacar que el Gobierno ha descartado cualquier pretensión de agotar la regulación a través de normas complejas y exhaustivas por la razón que he dado antes - probablemente, tendríamos que estar modificando la legislación todos los años-, pero ello no significa que el Gobierno se quede corto; por el contrario, se aplica la filosofía coherente de mantener un equilibrio entre el imperio de la ley y la autorregulación. Por lo tanto, compaginamos bien los principios constitucionales de libertad de empresa y economía de mercado, y otorgamos la flexibilidad que exige la pluralidad y diversidad de las propias sociedades que están dirigidas por personas, donde lo importante es que los mercados e inversores puedan conocer todas las peculiaridades de su manera de dirigir las empresas con los datos en tiempo real y con la máxima transparencia sobre los mismos.


En definitiva, señorías, podría decirse que -como subrayan el propio informe Aldama y el informe Winter- el sentido y finalidad de estas regulaciones se resumen en la afirmación del principio de libertad en dos dimensiones: la relativa al ejercicio de la libertad de los accionistas y la relativa a la autorregulación de las empresas, es decir, al principio de libertad de empresa. Por ello, el proyecto destaca algunos aspectos, que son objeto del adecuado soporte normativo, que doten al sistema de seguridad y legitimidad.


Señora presidenta, señorías, paso a detallar brevemente en contenido del proyecto en los aspectos más

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relevantes, que responden a los temas que acabo de plantear. En primer lugar, la publicidad de los pactos parasociales. Nos ha parecido necesario, y así se lo proponemos a la Cámara, regular la publicidad de los pactos parasociales -esto es, los pactos entre socios al margen de los órganos societarios- y se establece que la celebración, prórroga o modificación de un pacto parasocial que tenga por objeto el ejercicio del derecho de voto en las juntas generales o que restrinja o condicione la libre transmisibilidad de acciones o de obligaciones convertibles o canjeables habrá de ser comunicado a la sociedad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, además de depositarse en el Registro Mercantil el documento en el que conste. Se plantea una muy importante modificación de las actuales obligaciones de transparencia de las sociedades cotizadas, puesto que, como todos somos conscientes, estos pactos parasociales no tenían obligación de hacerse públicos hasta ahora. Cuando las sociedades obligadas a esta cuestión sean sociedades aseguradoras o gestoras de fondos de pensiones, la comunicación a la que he hecho referencia se hará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y cuando se hable de entidades de crédito se hará al Banco de España; en cualquier caso, todas ellas se inscribirán en el Registro Mercantil. Se establece que las modificaciones de los órganos sociales se aprobarán por la sociedad, desarrollando en su caso las previsiones de la ley e integrando o completando los estatutos sociales un reglamento de la junta general y un reglamento del consejo de administración que, de conformidad con la recomendación del informe, se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se inscribirán también en el Registro Mercantil.
Queda suficientemente claro lo que esto supone desde el punto de vista de las garantías de los pequeños inversores y de los inversores individuales, tanto en el caso del funcionamiento de la junta general como del consejo de administración.


Paso, señorías, a mencionar un tema al que ya me he referido varias veces y al que también se refiere la enmienda de totalidad, el relativo al deber de los administradores. Se especifican en el texto las obligaciones que se derivan de los deberes de transparencia, pero también de lealtad y de diligencia de los administradores de las sociedades cotizadas. En concreto, se introducen las siguientes novedades. Cuando los administradores hubieran formulado solicitud pública de representación para otros accionistas, no podrán ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentren en conflicto de intereses y, en todo caso, en el ejercicio de la acción social de responsabilidad con el propio solicitante. También deberán abstenerse los administradores de realizar, o de sugerir su realización a cualquier persona, operaciones sobre valores de la propia sociedad o de las sociedades filiales, asociadas o vinculadas sobre las que disponga, por razón de su cargo, de información privilegiada o reservada, en tanto esta información no sea dada a conocer públicamente. Quiero subrayar que esto viene a coincidir con las normas introducidas en la Ley financiera sobre las incompatibilidades de los auditores. En estos deberes de los auditores hay una tercera adición, que la memoria de la sociedad deberá informar sobre las operaciones de los administradores, o persona que actúe por cuenta de los mismos, realizadas durante el ejercicio social al que se refieren las cuentas anuales, con una sociedad cotizada o una sociedad del mismo grupo, cuando sean ajenas al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realicen en condiciones normales. Estas medidas son de obligaciones, restricciones y, a su vez, de transparencia que, en nuestra opinión, responden a toda preocupación sobre el tratamiento y los conflictos de intereses.


El cuarto punto que me gustaría subrayar son los artículos que se refieren a la transparencia y al deber de informar. Se establece que debe hacerse público un informe anual corporativo sobre la estructura y prácticas de buen gobierno cuyo contenido podrá extenderse a la información sobre la estructura de la propiedad, la estructura de la administración, las operaciones vinculadas y operaciones intragrupo, sistemas de control de riesgo y funcionamiento de los órganos sociales. No solo es obligatorio que se haga este informe, sino que será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está obligada al seguimiento de las reglas de buen gobierno y que hará pública la información que considere relevante sobre el grado efectivo de cumplimiento de las reglas de buen gobierno de la sociedad. En cualquier caso, se preservan las competencias de otros supervisores, de tal forma que la Comisión Nacional del Mercado de Valores repetirá copia del informe de buen gobierno al que me estoy refiriendo a los supervisores: Banco de España, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Se establecen, asimismo, los mecanismos para el cumplimiento del deber de información, como ya he mencionado, con la obligación de una página web de las sociedades cotizadas; en la misma, se podrá incorporar información sobre estatutos, reglamentos de los órganos de gobierno, informes trimestrales y anuales, auditores, identificación de accionistas de referencia, participaciones accionariales, información de prestaciones al mercado y otros muchos.


Paso a referirme muy brevemente al capítulo de infracciones. Se plantea en la ley la adición de dos nuevas infracciones en la Ley del Mercado de Valores. Por una parte, la que se refiere a la falta de colaboración, así como de publicación del informe anual corporativo, al que me acabo de referir, y también la falta de disposición de la página web con el fin de atender el ejercicio por los accionistas de su derecho de información, así como el interés de los inversores y del mercado. El control, en cumplimiento y aplicación de las sociedades

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cotizadas de las medidas que como normas legales se introducen en este proyecto de ley, corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con las competencias que tiene atribuidas en la Ley originaria del Mercado de Valores, y los incumplimientos o contravención de las mismas seguirán el régimen sancionador previsto, con arreglo a la tipificación de infracciones y sanciones que establece la propia Ley del Mercado de Valores.


En cuanto a las modificaciones que se introducen en este proyecto de la Ley de Sociedades Anónimas, con el objeto de perfeccionar la regulación vigente desde el punto de vista de la transparencia y protección de todos los accionistas, me gustaría destacar las siguientes. Primera, derechos de asistencia y voto y de información a los accionistas. Aquí estamos hablando ya de modificaciones que afectan a todas las sociedades. Los estatutos podrán prever que el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día se ejercite mediante correspondencia postal o electrónica. Asimismo, se establece que los accionistas podrán formular por escrito, antes de la junta, preguntas que estimen pertinentes y, en cualquier caso, en el plazo de una semana, deberán ser contestadas por escrito todas aquellas preguntas que no hayan sido contestadas en la junta. En el caso de sociedades cotizadas se podrán solicitar informes o aclaraciones y formular preguntas acerca de la información que estuviera haciendo pública la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


También en las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, aplicables a todas las sociedades, se establecen los deberes de responsabilidad de los administradores. Se detallan las obligaciones que dimanan de los deberes generales de diligencia y lealtad, contemplando en particular la situación de conflicto de intereses -también en todas las sociedades-, el deber de confidencialidad, la explotación de oportunidades de negocio y el uso de activos sociales. Todo ello a fin de conformar un régimen de transparencia, que, como primer instrumento de protección de los inversores, se explicita en el reconocimiento de determinados deberes y responsabilidades, detallando las obligaciones básicas que de los mismos derivan y extendiendo subjetivamente la responsabilidad por su infracción, e imponiendo un deber de diligencia que abandone una concepción pasiva del administrador, y reitero que estamos hablando de obligaciones de todo tipo de sociedades, cotizadas o no. En ese sentido, me gustaría destacar específicamente, dentro del principio de ejercicio diligente del cargo, el deber de informarse sobre la marcha de la sociedad. En aplicación del principio de ejercer el cargo como representante leal se impone cumplir con los deberes impuestos por las leyes y por los estatutos, con fidelidad al interés social; es decir, a la creación de valor para el accionista en términos del código Olivencia. Se detallan así las obligaciones básicas del deber de lealtad, con obligación de comunicar las situaciones de conflicto de intereses -esto en todas las sociedades-, y se precisa el alcance del deber de secreto dentro del respeto a un principio de confidencialidad, con las excepciones que figuren en las leyes.


También se hace efectiva la extensión subjetiva de los deberes al prever que la responsabilidad también será exigible a los que ostenten, de hecho o derecho, cargos de dirección o actúen como administradores de hecho o en nombre y representación de la sociedad -vuelvo a repetir que aquí estamos hablando ya de todo tipo de sociedades- y se establece que responderán igualmente los administradores de la sociedad dominante frente a la sociedad dominada del daño que causen por las instrucciones impartidas a los administradores de la sociedad dominada cuando estos, en virtud de los mismos, realicen actos contrarios a la ley o a los estatutos.


Finalmente, aunque la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, se establece que las sociedades anónimas cotizadas podrán adaptarse a los aspectos organizativos y estatutarios en el plazo de seis meses.


En conclusión, con este proyecto de ley que el Gobierno remite a la Cámara se da un paso muy importante en la protección de los intereses de los accionistas, tanto de las sociedades cotizadas como de las no cotizadas, modernizando nuestra legislación de sociedades cotizadas, pero también del conjunto de las sociedades anónimas, en línea con lo que está sucediendo en otros países y como continuación de esfuerzos que el Gobierno han planteado, tanto en términos de autorregulación como en términos de modificaciones legislativas.


Por tanto, solicito el respaldo de la Cámara a esta ley y agradezco su atención. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, el Gobierno nos presenta hoy el proyecto de ley objeto de este debate y con el que dice pretende reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, tal y como figura en su enunciado. Para ello nos propone modificar varios preceptos, modificación parcial y quizá de forma un tanto atropellada, de la Ley del Mercado de Valores y del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, una enmienda de devolución del proyecto, cuyas razones me dispongo a defender ante esta Cámara para consideración de sus señorías.


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La primera motivación es la más evidente: que si hay algo que no asegura este proyecto es precisamente la transparencia de las sociedades cotizadas, como proclama con tanta rotundidad el enunciado. Es más, yo creo, y lo veremos a continuación, y seguramente en mayor profundidad cuando debatamos las enmiendas, que en realidad pretende todo lo contrario. La transparencia es el pretexto, la realidad es mayor confusión, mayor dispersión; en definitiva, mayor opacidad. No va a llegar al mercado toda la información relevante, ni se va a transmitir de forma correcta y veraz. En segundo lugar, el texto parte de una perspectiva parcial del gobierno de la empresa. El modelo que defiende se limita a pretender asegurar la información -sin conseguirlo- a aquellos que proporcionan fondos financieros, pero no a todos los interesados que intervienen en la acción colectiva de la empresa.


Creemos que este no es el texto que exige el modelo empresarial español en las sociedades cotizadas. Se ha utilizado, sin ninguna reflexión, el mal método de cortar y pegar, y el resultado es un proyecto de ley destinado a fabricar titulares -seguramente muy útiles en esta época de campaña-, que tiene un defecto muy grave: agrega confusión a la confusión ya existente sobre el gobierno corporativo. Es también la expresión de la falta de coherencia de la política jurídica en cuanto al derecho de sociedades que el Gobierno del PP está llevando a cabo. La Ley de reforma del sistema financiero y la reforma del Real Decreto sobre las OPA acompañan a este proyecto de ley en su falta de coherencia y en su confusión, arbitrariedad e ineficacia.


Decía el señor Rato en su presentación que aquí debatimos una proposición no de ley, y que el Grupo Parlamentario Socialista se negó a que se creara la llamada comisión Aldama. No fue así; lo que dijimos fue que se aprovechara para discutir en este Parlamento, con sosiego y profundidad, los resultados de esa comisión -que se trajeran aquí los resultados-, y que se aprovechara además para discutir algo que había sido importante: la propuesta de código de sociedades mercantiles, que se venía haciendo desde 1994, y que tan pomposamente presentaron el señor Rato -presente hoy aquí- y el señor ministro de Justicia. La propuesta de código respondía a una preocupación no ya de las sociedades cotizadas, sino de las sociedades mercantiles en general, y decía así en su preámbulo: el ministerio, consciente de la necesidad de una reforma de tanta importancia y envergadura como esta, publica el documento tal y como ha sido aprobado por la Comisión General de Codificación, con la intención de iniciar un período de reflexión lo más amplio posible sobre su contenido, a fin de proceder, en consecuencia, a impulsar posteriormente la oportuna iniciativa legislativa. Era agosto de 2002; si se hubiera hecho esto y se hubieran llevado a cabo las otras iniciativas, seguramente nos hubiéramos ahorrado eso que el señor ministro llama virtud, y que consiste en no hacer una norma general porque todo está cambiando, de modo que es mejor ir poquito a poquito: pegando aquí, cortando de allá, y haciendo textos refundidos, que, al final, sólo introducen confusión en las normas. Pues bien, el mercado de valores es un ámbito delicado en el que precisamente no debe haber confusión.


Las reglas y normas del gobierno corporativo inciden en el comportamiento de los mercados y, en consecuencia, en la solidez de la economía. El gobierno de las empresas influye en la eficacia con que los recursos se movilizan de unas actividades a otras; por eso tiene muchísima importancia, y sería necesario discutir sobre ello con sosiego -quizá en el seno de una comisión- y empezar luego a implementar las demás cuestiones que no están contenidas aquí. Evidentemente, es preciso introducir modelos de comportamiento que impidan generar incertidumbre.
También es preciso que no se produzcan con tanta profusión los casos que hemos conocido, que, desde luego, no ayudan a que el mercado de valores sea un marco eficiente.


La primera cuestión que surge, y que no soluciona este proyecto, es el debate sobre la relación entre accionistas administrados y directivos. Se trata de que quienes dirigen la empresa no tomen decisiones contrarias -y hay muchísimos ejemplos- al interés de los accionistas y de que quienes están en el consejo de administración no actúen en contra de los accionistas minoritarios, como hemos visto recientemente con claridad en tomas de control de empresas que todos tenemos en la memoria. El llamado informe Aldama, y anteriormente el informe Olivencia, fundamentan sus propuestas en los principios de eficiencia, información y responsabilidad limitada del inversor. Bueno, esto quiere decir que las empresas que no apliquen buenas prácticas serán penalizadas en el mercado; aparentemente ocurriría eso, pero la realidad no es así. La realidad es que la información de las empresas, primero, no está disponible; segundo, hay muy pocas que adopten esos códigos de buen gobierno, de modo que eso no es una referencia para el mercado; y, además, en nuestro país, con una gran concentración accionarial, hay que establecer unas normas de buen gobierno distintas. Incluso en Estados Unidos, donde el mercado es un mecanismo de control potente, las normas blandas no han evitado escándalos financieros de enormes repercusiones internacionales; son recientes y los tenemos todos en la memoria los escándalos de Enron, Lucent, etcétera. En España se partió de una especie de crisol debido a otro problema derivado no solo de la legislación que aquí regulemos sino de cómo actúan los órganos de control y cómo responden a la pluralidad de la sociedad. Lo vimos en el caso Gescartera, lo hemos visto recientemente en los controvertidos procesos de toma de control de diversas empresas ligados a pérdidas para los pequeños accionistas o en los debates sobre las remuneraciones de los directivos como el caso de Telefónica; o las remuneraciones secretas a directivos como en

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el caso BBVA; también los casos de información privilegiada que no se resuelven nunca a pesar de que son meridianamente transparentes en su descripción, pero desde luego donde hay una cosa evidente, como es el enriquecimiento de los que lo practican. Todo esto indica que el Gobierno de la empresa no puede seguir siendo tratado con normas blandas. Es más, sin necesidad de entrar en estos escándalos empresariales, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores informa de que las empresas cotizadas españolas no han seguido las recomendaciones del código Olivencia. Tampoco van a seguir las recomendaciones del código Aldama porque, aunque tiene muchas carencias, en esta modificación que hacen de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas ustedes no recogen las recomendaciones del llamado código Aldama. Además deberían haber tenido en cuenta la estructura de la propiedad de la empresa española, que es muy importante a la hora de hacer códigos de buen gobierno y a la hora de abordar las modificaciones legislativas.


Lo que no podemos admitir, señor Rato, es una política gestual consistente en presentar un proyecto de ley con la pretensión de aceptar la ineficacia de las normas blandas y no resolver en la práctica los principales problemas que la autorregulación plantea ni considerar los factores diferenciales de la empresa española. Es decir el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que deja en el aire los principios de transparencia e información y pretende hacernos creer que introduce cambios sustanciales en la gobernación de las sociedades con un texto vacío de contenido. Este proyecto de ley no cumple en su articulado con los compromisos que dice adquirir. Por ejemplo, se justifica la importancia de la transparencia con el propósito de dotar de mayor estabilidad y seguridad la posición del accionista. Frases de este tipo dan a entender que todos los accionistas son iguales cuando no es así, en la mayoría de nuestras empresas cotizadas hay accionistas de control, o internos, y accionistas pequeños cuya relación con loa empresa es de meros inversores. La transparencia es especialmente importante para estos últimos y precisamente una de las preocupaciones de buen gobierno es proteger los intereses de los pequeños accionistas, o por lo menos eso es lo que hemos leído en el llamado informe Aldama, pero ustedes no lo trasladan aquí. En su versión actual van a confundir a nuestros inversores y parece que su único objetivo es una propaganda política.


También se olvida el proyecto de hacer mención alguna de los accionistas externos. Es cierto que el informe Aldama ha sido ampliamente criticado aquí por los expertos por no abordar con suficiente detalle el conflicto entre accionistas de control y accionistas externos, pero al menos lo refleja en el apartado 2.3 y recomienda que se extiendan deberes y responsabilidades de los administradores a los accionistas de control.
Ustedes no lo hacen. Igualmente no es de recibo remitirse a desarrollos posteriores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o, como usted decía antes, que daba por seguro que estaba regulada la obligatoriedad, contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo cuando lo que se dice en el proyecto es que será determinado por el Ministerio de Economía. ¿Cuál es esa obligación y cuál va a ser ese alcance? Todo lo remiten a una posterior regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Ministerio de Economía cuando eso es una cuestión sustancial, señor Rato, que se concreta y se detalla en todos los códigos de buen gobierno y sin dicha información no tiene sentido el proyecto de ley. Es esa información la que debe orientar al inversor de manera que el mercado funcione como un mecanismo externo de control. Si el Gobierno remite dicha información a un desarrollo posterior a esta ley, no tendrá ninguna operatividad y habremos perdido de nuevo una ocasión de reforzar estos mecanismos. En el mismo sentido, ¿por qué se facilita la ocultación de información de los pactos parasociales cuando exista grave daño para la sociedad? ¿No es un contrasentido? ¿Por qué el pequeño accionista o simplemente el resto de los accionistas no pueden conocer las consecuencias de un pacto parasocial si está afectando a sus intereses? Parece un poco absurdo y ustedes lo regulan como una novedad.


Señor Rato, este proyecto se enfrenta a tres grandes asuntos sin que sea capaz de resolverlos: la disciplina de las sociedades cotizadas, la responsabilidad de los administradores y los grupos de sociedades. Los tres temas son importantes, pero la disciplina de las sociedades cotizadas no se ha abordado en todo su contexto. Respecto a la responsabilidad de los administradores, sólo se ven afectados aspectos puntuales, algunos de los cuales han sido tratados de forma yo diría que deplorable y técnicamente muy mejorable.


La incertidumbre aumenta porque, ¿qué mejor transparencia cabe esperar si las obligaciones sobre el deber de informar son enormemente confusas? Al final, nadie sabrá de qué hay que informar, a quién, cómo o cuándo. La apariencia de que este proyecto de ley aclare estos extremos es falsa porque el articulado está falto de contenido y no hay coordinación con otras leyes. Entre los múltiples despropósitos de este proyecto está la propuesta de unos nuevos estándares para ejercer el cargo de administrador de sociedades anónimas que afectan a las reglas de responsabilidad. En cambio, no hay propuesta nueva alguna para los administradores de las sociedades limitadas. Con el nuevo texto, los administradores de las sociedades anónimas tendrán que cumplir el código de buen gobierno que se deriva de este proyecto de ley; en el caso de las sociedades limitadas, los administradores deberán seguir el régimen hasta ahora vigente. No tiene ninguna razón de ser esta dualidad. Todo ello nos lleva de nuevo a insistir en el desgobierno.


Los mercados y la opinión pública valorarían muy positivamente que su Gobierno prescindiera de la aritmética

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parlamentaria, no utilizaran su mayoría absoluta y retiraran este proyecto de ley, cuyo texto es un auténtico desastre, señor Rato. El Gobierno debería volverlo a traer, pero bien hecho. No es lícito engañar a los inversores para hacer campaña electoral. Si esto es un ejemplo de lo que ustedes llaman contenido de sus propuestas, podemos asegurar que en este tema andan muy ligeros de equipaje.


Aunque nosotros no compartimos el reducido ámbito de visión de la perspectiva financiera, podríamos haberlo apoyado si fuera coherente, pero si lo que pretenden es asegurar a los inversores, que son los que en definitiva proporcionan los fondos financieros a las empresas, que con este texto van a poder conocer las prácticas de gobierno y optimizar sus decisiones, se han equivocado o simplemente los están engañando.


Por último, y no menos grave, como he reflejado antes, sabe el Gobierno que la empresa española tiene una estructura de capital todavía muy concentrada y que esto requiere unas medidas de control y exigencia de información distinta que en las empresas anglosajonas, donde la concentración es irrelevante. La obligación de informar acerca de las retribuciones es crucial dado que la independencia de los consejeros externos puede ser una quimera. Igualmente, es prioritario exigir un comité de retribuciones y de auditorías, formado exclusivamente por consejeros externos y no por mayoría, como ustedes hicieron aprobar en la Ley de reforma del sistema financiero. Es imprescindible aumentar la rotación de los auditores. Hay que diseñar mecanismos internos de control eficaces para que el mercado actúe como un segundo mecanismo de control.
Por ello es mucho más necesaria en nuestro país una regulación que asegure la transmisión correcta de la información y la transparencia del mercado, ya que en la medida en que el incumplimiento de estos principios afecta de forma muy reducida a los fondos de financiación que recibe la empresa, ésta puede actuar a favor de los accionistas de control interno y en contra de los accionistas minoritarios sin coste alguno. Esto es lo que permite este proyecto de ley. Mal, muy mal resultado, señor Rato, porque con su confusión se puede tener el proceso iniciado hacia un cierto aumento del peso del mercado y de la participación de más inversores, sin que el Ministerio de Economía quede a la zaga del resto en ineficacia. Es un contrasentido legislar sin tener en cuenta la estructura de la propiedad de la empresa española. No se trata de reforzar simplemente, por si a alguien se le ocurre esta argumentación, un sistema legal complejo y artificioso, no es ése el camino, sino ser capaces de asegurar que los principios que inspiran los códigos de buen gobierno se cumplan a partir de una realidad empresarial distinta a la de los países donde surgieron.


Este proyecto de ley refleja no sé si impericia, aunque creo que no, yo creo que es algo más que impericia. Es una lástima que con la propuesta de código de sociedades, con el conocimiento ya acumulado que sobre este tema tenemos, se elabore un proyecto de ley como éste. No responde, por tanto, a los problemas existentes, no responde a la falta de transparencia en los mercados de valores, no responde a los casos generalizados de abusos de poder de los miembros de los consejos de administración. No da solución a las tendencias en el ámbito internacional introducir códigos de buen gobierno que expliciten unas normas éticas y de criterio suficientes. Si el proyecto hubiera querido responder a los problemas reales de la sociedad española debería favorecer la máxima transparencia, como dice su enunciado, y regular de forma estricta y justa los deberes de los administradores con la sociedad, estimulando la aplicación de los códigos de buen gobierno rigurosos y capaces de catalizar la difusión de comportamientos éticos.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, le ruego concluya, por favor.


El señor CUEVAS DELGADO: Termino en un segundo.


Repito que este Gobierno no responde a estos enunciados, porque no introduce esa transparencia y porque, en suma, la transparencia no progresa en cantidad, en calidad ni en instrumentos.


Señor Rato, hemos perdido una gran ocasión, porque quizás ustedes no estén dispuestos a retirarlo, pero más que un proyecto de ley, y siento decírselo, es propaganda sobre buenos deseos que no se cumplen, es políticamente tolerante con prácticas opacas y poco éticas y técnicamente bastante chapucero. Es un proyecto para la galería, no para la mejora de los mercados de valores y la defensa de la seguridad y de los intereses de los accionistas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.


¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar en contra de esta enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y va, por tanto, a apoyar el texto del Gobierno por las razones siguientes. En primer lugar, como ya se ha relatado, hay una serie de antecedentes, de secuencia histórica, desde la comisión Olivencia y la comisión Aldama y los informes, que iban en una línea de preocupación que venía existiendo en los mercados financieros, sobre todo entre los accionistas de las sociedades cotizadas en Bolsa, por lo ocurrido en Estados Unidos con el asunto Enron, debido a la necesidad

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de que las empresas de auditoría tuvieran un sometimiento a una disciplina y a una regulación y a la necesidad de que los gobiernos y los parlamentos nos pronunciemos en cuanto a la protección del accionista.
Ese es el fondo fundamental de la cuestión. Al mismo tiempo, había que hacer un código de buen gobierno y había que cumplir también con la sensibilidad que tuvo la Cámara ante situaciones de escándalo financiero ocurridas en España y dada la indefensión de los pequeños participantes o accionistas que incluso en la presentación de unas OPA quedaba en un espacio de inseguridad jurídica intolerable en una administración democrática de buen gobierno.


Hoy un proyecto del Gobierno viene a abrir ya una brecha en el mundo obscuro de la gestión de muchas empresas o sociedades anónimas, cotizadas o no en Bolsa, de sociedades de seguros -a las que más adelante me referiré-, y que viene a dar un importante paso hacia delante, imprescindible y necesario, posiblemente un primer paso que tendrá que venir seguido en próximas fechas de efemérides que vayan conmemorando la aplicación de las leyes del buen gobierno para garantía de los ciudadanos. El problema no es fácil porque hay que romper una inercia de secretismo que existe en muchas empresas, que confunden obligaciones y deberes de lealtad con garantías a los participantes y accionistas de las mismas.


Este proyecto de ley, como bien ha señalado -y nosotros participamos de esta idea que ha expresado el señor Rato, ministro de Economía-, busca un equilibrio -y nosotros decimos también armonización- entre la autorregulación de la empresa y los deberes normativos.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, se está acoplando un teléfono. (Pausa.)

Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Este equilibrio o armonización entre los deberes normativos y la autorregulación de las empresas tiene que llevarse a efecto con el funcionamiento de unos reglamentos de los consejos de administración. En la intervención del señor ministro y en el fondo del proyecto de ley está la resolución de los conflictos de interés como una de las piezas clave a resolver, porque hay que repetir que es la defensa de los legítimos intereses de los accionistas lo que tiene que justificar una práctica de buen gobierno. Son deberes de lealtad, como se señalan aquí, de diligencia, de fidelidad, de secreto, armonizables con los derechos, y aquí van a tener que definirse y mojarse los consejos de administración de todas estas sociedades cotizadas o no cotizadas en Bolsa, pero fundamentalmente las cotizadas en Bolsa, que van a tener que someterse a unos principios, ineludibles a estas alturas, de transparencia. Hay que acabar con una práctica viciosa, como decía, que la rutina ha convertido en una práctica normal, de los pactos parasociales, que deben salir del secretismo y de la obscuridad para transformarse en objetos de publicidad para la información.


De los órganos sociales queremos destacar los deberes de los administradores. No alcanzamos a comprender cómo se puede decir en la justificación de la enmienda de totalidad que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que este proyecto del Gobierno resulta sorprendente porque no somete a autorización del consejo de administración la realización de operaciones entre los administradores y la sociedad. Es una de las cuestiones del texto articulado que vienen en el proyecto del Gobierno y creo que será una de las exigencias inmediatas cuando empiece a funcionar esta ley. No alcanzo a comprender cómo se puede hacer a este proyecto del Gobierno la crítica de que no se prohiba a los administradores la utilización de los bienes de la sociedad en beneficio propio o que se consagre, contra todo sentido común, la compatibilidad por parte de los administradores del ejercicio por cuenta propia o ajena de actividades iguales, análogas o complementarias de aquellas que constituyan el objeto social de la sociedad a la vez que administran. Si se quiere mayor concreción, el ministro ha hecho el ofrecimiento de que, por vía de las enmiendas que presentemos en los trámites de ponencia y de comisión, se hagan precisiones que den garantía a estos principios, pero nosotros los vemos perfectamente recogidos aquí.
Es una práctica de buen gobierno y un deber de los administradores sometidos a esta cuestión, en primer lugar, la información societaria, así como el derecho a la información y los deberes de lealtad, fidelidad, secreto y responsabilidad. Claro que se han levantado suspicacias en determinadas entidades financieras, bancarias o empresariales de cotización en Bolsa que creen que se puede romper un principio de lealtad en la empresa. Habrá que armonizar también y buscar un equilibrio entre deberes de lealtad -¿con quién, con la empresa o con los accionistas?-amparados por el secreto normal y profesional, pero porque se dé una situación de incompatibilidades no es para rechazar este proyecto de ley. Matícense si se quiere más por vía de enmiendas qué cuestiones de incompatibilidad se pueden plantear en los administradores de la empresa, pero en este momento me siento representante de los ciudadanos que son pequeños accionistas y me pondré del lado de un proyecto del Gobierno que me viene a dar esas garantías; no se las está dando al consejo de administración, le va a exigir un reglamento al consejo de administración. No quiero ser llevado en estos momentos a una situación de quiebra, de suspensión de pagos en una empresa de la que fuera accionista -o de la que lo fueran miles de ciudadanos- con el vacío de protección jurídica existente en estos momentos.


Me parece también muy acertado que al final del proyecto del Gobierno se haga una llamada de atención a las entidades aseguradoras o de gestoras de fondos de

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pensiones, porque posiblemente un futuro paso será clarificar también la situación de las entidades, mutualidades, etcétera, que existen en España en las que el oscurantismo y la falta de información a los propios mutualistas muchas veces permite que haya consejos de administración que se eternicen en el tiempo, sin que tengan ninguna norma reguladora ni ninguna especie de norma de conducta. Nosotros decimos: sea bienvenido este proyecto que viene a dar un importantísimo paso de regulación.


Claro que hay que regularlo con determinados artículos; hay que referirse a aquellas deficiencias que no están recogidas en la actualidad, ni en la Ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni en la Ley de Sociedades Anónimas. Por tanto, no se puede hablar aquí de que se esté poniendo un parche; se está haciendo una percha de la que colgar en la Ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores las cuestiones garantistas de información y publicitación que aquí se dan, porque es el eco que recoge la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ella es la que traslada esta información y la verifica. Al mismo tiempo, en la Ley de Sociedades Anónimas se hace también este sistema de publicitación para garantía de todos los accionistas. Es una garantía que no afecta a una minoría en este país, sino a una mayoría; en primer lugar, a la mayoría de las sociedades anónimas, cotizables en Bolsa o no, pero sobre todo afecta a miles de ciudadanos españoles que son los pequeños accionistas de todas las empresas que se trata de regular aquí. Por tanto, nosotros estaremos a favor de algo que introduzca un reflector de luz imponente para ver con transparencia lo que aquí se plantea, cuestiones de garantía, llámese transparencia, llámese fidelidad o cualquier norma ética de conducta de la cual el sector estaba muy necesitado. Creo que va a beneficiar a la propia salud de gestión de las empresas.


Por esta razón, señora presidenta, votaremos en contra de esta enmienda.
Haremos aportaciones, vía enmiendas, en los trámites pertinentes de ponencia y comisión, pero apoyamos el proyecto del Gobierno, no sólo por necesario sino por imprescindible a estas alturas de las circunstancias.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, el proyecto de ley que estamos debatiendo hoy ante esta Cámara es una consecuencia del informe de la comisión Aldama sobre la buena gestión de las sociedades cotizadas en Bolsa. De dicho informe han salido unas conclusiones claras y concisas y también una serie de prudentes recomendaciones cuyo objeto es que los inversores en Bolsa se sientan más seguros o al menos más informados, sin que los gestores de las compañías se vean maniatados por la regulación y por el papeleo. El informe se inspira en tres principios fundamentales: el cumplimiento de la ley, la autorregulación y la transparencia, a la que se da una gran importancia. El proyecto de ley que hoy debatimos trata de formular iniciativas normativas sobre las bases del fomento de la transparencia en la gestión de las empresas con el respeto a los principios de autorregulación. En definitiva, desgaja todas aquellas cuestiones en las que es necesario aplicar normativas de los factores relevantes de la autorregulación sobre la base de la información que deberían transmitir las sociedades cotizadas a sus accionistas y al mercado en general.


Convergència i Unió está de acuerdo con el objetivo fundamental de este proyecto de ley, puesto que está orientado a potenciar la información y la transparencia de las sociedades cotizadas en Bolsa. También hay aspectos importantes que hacen referencia a los deberes de información y de transparencia, así como incorpora aspectos importantes que van orientados a la definición y el régimen de los deberes de los administradores, especialmente también en el ámbito del conflicto de intereses. Por último, valoramos positivamente la obligación de dotar de un conjunto de mecanismos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las materias de gobierno corporativo y que comprenden, entre otros, un reglamento del consejo de administración, así como de la junta general.
Habrá que plantearse otras cuestiones que se han formulado a lo largo de esta legislatura, pero básicamente con la aprobación de esta ley vamos a dar un paso importante para reforzar la solvencia y la seguridad del mercado de valores, así como también vamos a dar más seguridad a todos aquellos ciudadanos que quieran invertir sus ahorros en la Bolsa. Por este motivo, estando de acuerdo con estas cuestiones básicas, nosotros no vamos a poder votar favorablemente la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y, en definitiva, vamos a votar en contra.


Es una realidad que la demanda de una mayor regulación e intervención en la gestión de las sociedades anónimas es una reacción natural a la vista de los últimos escándalos financieros acaecidos en Estados Unidos, básicamente en dos compañías muy importantes, Enron y WorldCom, cuyos gestores están acusados de haber escamoteado de su balance inversiones dudosas, con la complicidad de los auditores, y el presidente de WorldCom, de haber recibido préstamos multimillonarios sin consultar a los restantes accionistas. Pero no es menos cierto, señorías, señor ministro, que la preocupación por la mejora del gobierno corporativo no debería responder solamente a una preocupación coyuntural ante ciertos escándalos financieros. Nosotros pensamos

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que es muy importante que la preocupación por dar más transparencia al mercado y por coordinar las actuaciones y la gestión de los administradores de las compañías cotizadas en Bolsa debe obedecer a la necesidad de que las empresas dispongan de mecanismos eficaces para asegurar su supervivencia a largo plazo. Este es realmente al aspecto importante que nos ha de llevar a implementar modificaciones que hagan más transparentes los mercados de capitales, no solamente por los escándalos que han ocurrido, porque es cierto que han existido motivaciones importantes para modificar las legislaciones, sino por hacer más eficaces los mecanismos que aseguren la supervivencia de las compañías a medio y largo plazo. También es otra realidad que en España nuestras compañías son cada día más sensibles ante la preocupación de incrementar la información y la transparencia, observándose una apuesta clara en esta dirección. Sin embargo, hay que ser conscientes de que este no es un proceso gradual, por lo que hay que pasar por una mejora sustancial paulatina. Desde esta perspectiva, pensamos que el cambio no será rápido, sino gradual, por lo que estamos convencidos de que con la aprobación de estas medidas vamos en la dirección correcta.


Otro aspecto que nuestro grupo parlamentario considera muy importante, por el que el Convergència i Unió ha mostrado su preocupación en diferentes ocasiones y que está contemplado en varios apartados del proyecto, es la protección de los accionistas minoritarios y la necesidad de darles la oportunidad de participar activamente en los órganos de decisión de las sociedades en las que participan. Nuestro grupo presentará, pues, enmiendas dirigidas a que los accionistas minoritarios participen de forma más efectiva en las juntas generales. Somos conscientes de que en las grandes sociedades, en las que el número de accionistas puede llegar a superar el millón y estar repartidos en diferentes países, es difícil conseguir una participación de los pequeños accionistas, pero mi grupo parlamentario intentará buscar todos aquellos mecanismos que posibiliten instrumentos adecuados para que esta participación sea posible. Es necesario limitar que la toma de decisiones se deje en manos de un grupo reducido de accionistas. Por el contrario, debemos proteger a los pequeños accionistas de estos grupos minoritarios que toman las decisiones y que en algunas ocasiones actúan por causas totalmente ajenas al interés general de la sociedad y de sus accionistas en particular.


Por lo que se refiere al buen gobierno, consideramos positiva la inclusión de los deberes de fidelidad, lealtad y secreto. Sin embargo, entendemos que también sería prudente pulir la definición de los mismos. Por ejemplo, en el deber de fidelidad, en muchas ocasiones, por no decir en todas, es difícil conocer exactamente cuál es el interés de los accionistas en la sociedad. Las dificultades aumentan con el tamaño de la sociedad. En vez de buscar el interés común de los socios, quizá sería preferible definir el deber de la fidelidad como el de no favorecer todos aquellos intereses particulares de los socios en contra de los intereses de otros socios o de la sociedad en general.


Finalmente, uno de los aspectos relevantes que han estado ausentes en el informe final de la comisión Aldama y que también es el gran ausente en este proyecto de ley es la toma de medidas destinadas a incentivar una mayor demanda de información por parte del accionista. Aquí hay una serie de medias importantes destinadas a que la empresa suministre información al mercado, pero en ningún momento hay medidas que incentiven una mayor demanda de información por parte del accionista, cuestión esta muy relevante en los países anglosajones. Es necesario que se adopten medidas que hagan consciente al accionista de los peligros de la ausencia de información o de la falta de transparencia y que popularicen sistemas de calificación del grado de transparencia de las compañías que avisen al inversor de los eventuales riesgos. En consecuencia, en el debate en Comisión plantearemos que es necesario actuar sobre la demanda de transparencia e información, que es tan importante como presionar a las sociedades para que sean transparentes. Por este motivo, mi grupo parlamentario no va a apoyar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, en cambio, va a presentar enmiendas constructivas -como es habitual en nuestro grupo parlamentario- en el debate en Comisión, para que con la aprobación de este proyecto de ley demos un paso cualitativamente importante a fin de dar más seguridad al mercado de valores y a las familias que invierten en el mismo.


Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señorías, señor Cuevas, con el debido respeto a la cortesía parlamentaria, tengo que decirle que lo que no se puede hacer es subir a esta tribuna para hacer el ridículo diciendo que este proyecto de ley es chapucero y que es una operación de propaganda política. No puede hacerlo porque lo que está demostrando es que no sabe de lo que está hablando, que no tiene ni idea de cómo funciona el derecho de sociedades, de cómo funciona el derecho del mercado de valores, de cómo funciona el derecho privado o de lo que dicen el informe Aldama, el informe Winter o el código Olivencia, incluso abrigo la sospecha de que no se los ha leído. Venir aquí con ese planteamiento es probablemente venir a darnos un mitin, y este no es el

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foro más adecuado para ello, entre otras razones, señor Cuevas, porque los suyos le aplaudirían, pero no iríamos a ninguna parte. Esta es la residencia constitucional de la soberanía nacional, y por consiguiente aquí venimos a debatir y a aprobar leyes, como ordena el artículo 66 de la Constitución, y hay algunas leyes que tienen un contenido esencialmente técnico, por lo que abordarlas exige un cierto rigor técnico, porque de lo contrario se puede hacer lo que ha hecho usted, que es el ridículo, afirmando, como lo ha hecho, que este es un proyecto de ley chapucero.


A mí no me ha sorprendido su planteamiento porque de alguna forma lo anunciaba ya el texto de su enmienda de totalidad cuando habla de aspectos imparciales inconexos, se dará -así dice- la paradoja - no habla de antinomia, que sería un concepto más jurídico- de que una ley tiene por objeto la ordenación del mercado de valores, que contendrá regulación de estructuras organizativas de las empresas -eso parece más elaborado- sin alcanzar a comprender criterio o razón que justifica ese desmembramiento del derecho de sociedades. Señoría, hasta donde yo alcanzo, el derecho de sociedades en nuestro país ha estado siempre desmembrado, entre otras razones, porque hay un Código de Comercio que es del año 1885, una Ley de Sociedades Anónimas que es de 1989, una Ley de sociedades de responsabilidad limitada que es de 1995 y existen las sociedades de garantía recíproca, las sociedades de capital riesgo, las sociedades de inversión inmobiliaria, cada una con su norma jurídica correspondiente. Por tanto, no acabo de entender exactamente a qué es a lo que usted hacía referencia. Dice: incidirá negativamente en la certeza -la certeza que en este momento podemos tener, señorías, es que usted no sabe exactamente de lo que está hablando- en la claridad y conocimiento del ordenamiento jurídico, que sinceramente creo que no es muy lucido.


Señoría, aquí no hay nada parcial e inconexo. Lo que se trae en este proyecto de ley -y yo creo que se lo ha explicado el vicepresidente Rato, pero usted no ha estado muy atento- es una modificación legal que es producto del informe elaborado por la comisión Aldama; informe de una comisión que, me permito recordarle, se constituyó por el Gobierno a instancia de una proposición no de ley de mi grupo, que yo tuve el honor de defender y que ustedes tuvieron el honor de votar en contra porque decían que no iba a constituirse en ese momento esa comisión; comisión, me permito recordarles, de expertos independientes. Si usted lee ese informe, se dará cuenta en la primera página de que los nombres de las personas que conforman esa comisión de expertos independientes son profesionales del mundo del derecho, de la empresa, de los mercados de valores, de reconocida solvencia profesional. No estamos hablando de un documento programático del Partido Popular. No estamos hablando de un programa electoral, que sería bien legítimo y que marca el contrato que nosotros mantenemos con los ciudadanos porque, entre otras razones, solemos cumplirlo, sino que estamos hablando de un informe elaborado por una comisión de expertos. Y si no quiere leerse ese informe, le aconsejaría que hiciera las trampas que en ocasiones se suelen hacer, que es no leerse el cuerpo del informe pero leerse las conclusiones; y en la página 48 de las conclusiones podrá usted leer que se habla de la conveniencia de un soporte normativo adicional, es decir, de la necesidad de proceder a una modificación legislativa sobre tres aspectos concretos: primero, deberes básicos de información y transparencia en materia de gobierno corporativo; segundo, definición y régimen de los deberes de lealtad y diligencia; tercero, obligación de dotarse de un conjunto de disposiciones en materia de gobierno corporativo. Señor Cuevas, eso es precisamente lo que hace el proyecto de ley que hoy traemos a esta Cámara. Los artículos 113 y 115 de la Ley del Mercado de Valores obligarán a las juntas generales de accionistas y a los consejos de administración de las sociedades cotizadas a elaborar un reglamento de funcionamiento que se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y será objeto de inscripción en el Registro Mercantil. A eso, señorías, nosotros le llamamos transparencia, y a una enmienda de totalidad a eso le llamamos opacidad. Porque otra cosa sería que ustedes quisieran modificar y hacer aportaciones durante la tramitación de este proyecto de ley, a lo que estamos absolutamente abiertos, para mejorarlo, pero una enmienda de totalidad no parece que con este planteamiento, y sobre todo obedeciendo al informe de la comisión Aldama, esté de alguna forma justificada. El reformado artículo 116 obligará a efectuar un informe anual sobre el gobierno corporativo, a elaborarlo y a hacerlo público. Por tanto, señorías, transparencia y publicidad. El artículo 117 obligará a hacer efectivo el derecho de información de los accionistas, con la inclusión aquí también de una página web. Y que nadie diga que estamos hablando de una lex imperfecta, es decir, señor Cuevas, para que lo entienda, una disposición desprovista de sanción jurídica; aquí se complementa incluso con una modificación del régimen de infracciones en la Ley del Mercado de Valores.


Se mantiene también el principio general de que el administrador debe desempeñar sus funciones con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, es decir, estamos hablando de un estándar jurídico, y adicionalmente se contempla una regulación de los conflictos de intereses. No sé si el señor Cuevas sabe lo que son los conflictos de intereses -el conflicto de intereses lo tiene el Partido Socialista con la sociedad española, lo sabemos porque dejaron de representar el interés general y obedecieron a sus intereses inmediatos, más electorales-, pero aquí estamos hablando de conflictos de intereses particulares, se avanza en la ley y es positiva porque donde no había nada estamos incorporando nueva regulación. Vemos,

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por ejemplo, una regulación del conflicto de intereses en el artículo 127 ter, que se complementa con una regulación del deber de secreto y de responsabilidad de los administradores. Por tanto, señorías, mayor transparencia en la gestión corporativa, mayor seguridad y protección para el accionista, justo lo contrario de lo que ustedes afirman en su enmienda de totalidad. ¿Por qué en la Ley del Mercado de Valores? Porque el artículo 1 de esa ley dice que la misma tiene por objeto la regulación del mercado primario y secundario, atendiendo a los principios de organización y funcionamiento y a la actividad que desarrollan los sujetos y entidades que participan, así como en el régimen de supervisión. Parece lógico, por tanto, que se introduzca esa modificación en la Ley del Mercado de Valores. ¿Por qué en la Ley de Sociedades Anónimas? Obviamente, señorías, porque estamos hablando de una regulación de la Ley de Sociedades Anónimas. Por tanto, señorías, son criterios de política legislativa que a mi juicio están absolutamente justificados, que no obedecen en absoluto a aspectos parciales e inconexos, como dice la enmienda, sino que obedecen a las recomendaciones que en su momento evacuó la comisión Aldama. Por tanto, señoría, yo no hablaría, como hace usted, de falta de conocimiento del ordenamiento, antes al contrario, creo que usted se ha apropiado de un patente desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico.


Tampoco coincido con lo que dice cuando alude a que el proyecto de ley no contiene un conjunto ordenado y coherente de medidas normativas que garanticen la información, la transparencia y el buen gobierno de las empresas. Lo que ocurre es que S.S. no sabe cómo funciona el derecho privado y nuestro derecho de sociedades y, lo que es peor, creo que no se ha leído el informe Aldama. Este un paquete normativo que se complementa con el informe Aldama, que contiene exclusivamente aquellas disposiciones que a juicio de ese informe merecían una traslación normativa y que debe complementarse también con otras aportaciones, como el informe Winter, que se elabora en el ámbito europeo, como ustedes saben, por un compromiso contraído por la presidencia española en el Ecofin de Oviedo, como ha explicado el vicepresidente del Gobierno. Pero sobre todo se trata de disposiciones que se fundamentan en la autonomía de la voluntad, en el respeto a lo que el informe Winter denominaba el principio de autorregulación. Sin duda, no puede construirse un derecho de sociedades al margen del principio cardinal de autonomía de la voluntad o del principio constitucional de la libertad de empresa, que es, en definitiva, el que establece el artículo 38 de la Constitución. El artículo 38 de la Constitución dice que se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, y enfatizo economía de mercado porque me parece importante -ese es el modelo constitucional que tenemos- y libertad de empresa, esto es, señorías, señor Cuevas, regulando lo que hay que regular. Si uno se lee lo que hay que leer, le queda claro qué es lo que se aporta en esta modificación.


La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, le ruego concluya, por favor.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Concluyo ya, señora presidenta.


Tampoco se puede desconocer lo que en la tradición política anglosajona se llama el soft law, es decir, las normas blandas; normas blandas y recomendaciones que, al margen de estas disposiciones legales, se contienen en los sucesivos códigos éticos o de conducta que se iniciaron con el informe Cadbury, el Cromme, en Alemania, el informe Aldama, cuya lectura le recomiendo vivamente, o el código de buen gobierno de la comisión Olivencia.


Concluyo ya, señora presidenta, pidiéndole, señor Cuevas, que hable con más propiedad de una materia tan compleja que, por su propia dificultad técnica, es poco proclive a los discursos políticos fáciles y es poco proclive a las soflamas fáciles y que medite lo que estamos proponiendo, que es lo que nos pide una comisión de expertos independientes. Si a ustedes se les cae la pancarta y son capaces de proponer medidas positivas y mejorar este proyecto de ley con algunas de las aportaciones que usted ha mencionado incluso en su intervención, siempre tendrán abiertas las puertas del Grupo Parlamentario Popular durante la tramitación de esta ley para dialogar y para mejorarla técnica o políticamente.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.


Señorías, sometemos a votación la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley por el que se modifican la Ley 245/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 97; en contra, 168; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- PROYECTO DE LEY DE MONTES. (Número de expediente 121/000138.)

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley de montes.
Para su presentación, tiene

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la palabra la señora ministra de Medio Ambiente. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por tanto, les ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y de la manera más diligente posible. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio o, cuando menos, rebajen el tono de voz en sus conversaciones.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señora presidenta, señorías, la naturaleza española es especialmente rica y tiene una gran variedad biológica que, por razones geográficas y motivos históricos, ha persistido en el tiempo y en el espacio. De ella forman parte los montes, que en España ocupan 26 millones de hectáreas, es decir, más del 50 por ciento del territorio. Hoy hay en España más de 15 millones de hectáreas arboladas, 5.400 millones de árboles -130 árboles por habitante- y nuestro objetivo es llegar a 250 en algo menos de tres décadas.


La particular situación geográfica del territorio español y su clima dan lugar a que en nuestros montes se encuentren representados una importante variedad de ecosistemas forestales, alguno de ellos único, como es el caso de la laurisilva o monte verde canario y los pinsapares. El papel de los montes en la conservación de la biodiversidad española es trascendental. Casi dos tercios de los espacios que España aporta a la Red Natura son montes y más de un 30 por ciento de la superficie forestal española está incluida en ella. Nuestros bosques desempeñan un papel básico en el funcionamiento de la biosfera y contribuyen a regular los ciclos biológicos relacionados con el agua y el carbono, fijan el suelo, lo protegen de la erosión y colaboran decisivamente en el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales. Desde hace décadas, la sociedad ha tomado conciencia sobre los efectos beneficiosos de los bosques en el equilibrio de la naturaleza, ampliando el conocimiento sobre las múltiples funciones que desempeñan y que aportan al bienestar humano.
Además, el territorio forestal y sus recursos naturales nos proporcionan un rico conjunto de bienes y servicios, materias primas de un marcado carácter renovable, imprescindibles para nuestra vida, que hoy son especialmente reconocidos y valorados por los ciudadanos, cada vez más urbanos, como lugares idóneos para el esparcimiento, el ocio y su calidad de vida, colaborando con ello a una de nuestras potentes actividades económicas, el turismo. Además, sus funciones ambientales son cada vez más evidentes y un ejemplo de ello es que España es el país de la Unión Europea que más contribuye a la Red Natura 2000. Unos montes bien conservados garantizan la lluvia, ayudan a la lucha contra el cambio climático, fomentan el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y, en definitiva, impulsan el progreso ambiental.


Señorías, hoy puedo decir que hemos avanzado en la conservación y ampliación de las áreas arboladas. Sin embargo, en buena parte de las mismas su principal problema es la falta de gestión. La baja rentabilidad, la estructura fragmentada de la propiedad y la falta de incentivos para los propietarios han llevado a eludir la explotación de los montes y, en muchos casos, a abandonarlos. El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente que hoy presento en este Pleno del Congreso de los Diputados constituye, junto con la estrategia forestal y el Plan forestal españoles, uno de los pilares en los que se basa la renovada política forestal, puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular, en cumplimiento de nuestros compromisos electorales. En efecto, señorías, hemos llevado a cabo una modificación profunda de la antigua y, en ocasiones, obsoleta política forestal española para adaptarla a las nuevas demandas de nuestra sociedad. La estrategia forestal española debatió y definió las prioridades. El Plan forestal español previó las inversiones -2.200 millones de euros- y los mecanismos financieros necesarios para duplicar en 30 años el número de árboles por habitante, mejorar el estado de conservación de nuestros montes y la riqueza biológica que guardan y convertirlos en un factor de desarrollo rural y de creación de empleo.


Hace pocos días el Gobierno les remitió este proyecto de ley de montes, que establece un nuevo marco legal para favorecer la conservación y el uso sostenible de los montes españoles. Señorías, ¿por qué hemos elaborado este proyecto? En primer lugar, porque el marco competencial derivado de la Constitución española y la realidad socioeconómica y ambiental la hacían necesaria. La vigente Ley de Montes, de 1957, ha cumplido casi medio siglo y lo ha hecho con probada eficacia. Sin embargo, el mandato de dotarnos de un marco legislativo básico en materia forestal, contenido en la Constitución española, no puede ser atendido adecuadamente por esa ley. Igualmente, el contexto económico social y el nuevo paradigma ambiental, marcado especialmente por las tendencias internacionales en un mundo intensamente globalizado, tiene muy poco que ver con los imperantes en el pasado siglo y han hecho necesaria la renovación de la ley que ha de ser aplicable en sus componentes básicos a todo el territorio forestal español. En segundo lugar, porque damos cumplimiento al compromiso expresado en el programa electoral del Partido Popular, renovado por el presidente del Gobierno en los debates celebrados en esta Cámara.


En este proyecto no solo se ha tenido en cuenta la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido sometido a consultas, varias, durante un proceso de debate con los interesados y las autoridades autonómicas competentes. El borrador fue presentado a la Conferencia sectorial de Medio Ambiente el día 8 de enero de 2003; el 9 de enero al Consejo Nacional de Bosques,

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órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente en materia forestal.
Este consejo lo constituyen 60 vocales que representan a todas las administraciones, a los propietarios forestales, a la industria forestal, a la universidad, a los colegios profesionales, a las organizaciones no gubernamentales y, en definitiva, a los agentes interesados en la política forestal española. El Ministerio de Medio Ambiente recibió documentos de alegaciones de 43 vocales del consejo, más otros escritos presentados por entidades que no eran miembros del mismo, procesándose en conjunto más de 1.200 observaciones específicas. La versión definitiva recibió el respaldo mayoritario del Consejo Nacional de Bosques el día 24 de febrero pasado; habían delegado su representación en miembros presentes un total de 50, de los 63 miembros del consejo, de los cuales 37 dieron su respaldo, tres lo rechazaron y 10 se abstuvieron.
Paralelamente se llevó a cabo un proceso de concertación con las comunidades autónomas que culminó con la Conferencia sectorial, celebrada el 10 de marzo pasado, donde el texto fue apoyado mayoritariamente por las comunidades autónomas. Quiero resaltar que en ambos foros se alcanzó un alto nivel de acuerdos sobre el contenido del anteproyecto de ley debido, en todos los casos, a un espíritu de transparencia, diálogo, trabajo y colaboración. A ellos quiero reconocer y agradecer expresamente su participación. Fruto de este proceso es el texto que hoy nos ocupa y que será objeto de debate en los sucesivos trámites de ponencia, dictamen y votación. El principal objetivo del proyecto de ley es garantizar y promover la conservación de los montes españoles, así como su restauración, mejora y racional aprovechamiento, en definitiva, asegurar su gestión sostenible.


Bajo este principio inspirador del proyecto de ley quiero exponer otros aspectos relevantes. La ley enriquece el concepto de monte, ampliándolo.
Así, se incluyen terrenos con vocación mixta, agrícola, forestal y ganadera, como las dehesas, paradigma de la gestión sostenible y de la biodiversidad del monte mediterráneo, que la ley ha querido dejar bajo su ámbito de aplicación como mejor garantía para su conservación. Por otra parte, las comunidades autónomas regularán cuándo los terrenos agrícolas abandonados tendrán carácter forestal y la determinación de la dimensión de la unidad mínima que será considerada como monte, al objeto de que puedan adaptarlo a la idiosincrasia de sus territorios. Hasta ahora, como consecuencia del carácter preconstitucional de la Ley de Montes, ajena al sistema de distribución de competencias establecido por nuestra Constitución, las competencias de las diferentes administraciones en materia forestal estaban desdibujadas; ello se pone de manifiesto en las diferentes interpretaciones que algunas comunidades autónomas han asumido en sus propias leyes. Era, por tanto, necesario subsanar esta laguna legal, creadora de inseguridad jurídica y dotarnos de un instrumento básico, adaptado a la realidad política de la España actual. Así, el proyecto del Gobierno explicita el vigente reparto competencial entre administraciones que emana de la Constitución, designando a las administraciones autonómicas como las responsables y competentes de la ejecución de la política forestal. Asimismo, las administraciones locales tienen mucho que aportar como propietarias de la mayoría del territorio forestal público -alrededor de un tercio del total- y como tales son recogidas en el proyecto. Por último, la Administración general del Estado aparece como el engarce de la política forestal española con las políticas europeas e internacionales en materia de medio ambiente, desarrollo rural, comercio exterior y estadísticas internacionales. Es el punto de encuentro de legítimos y diversos intereses territoriales y sectoriales.


La confluencia de competencias en materia forestal de las distintas administraciones lleva a que el proyecto de ley reconozca la trascendental importancia de una cultura de colaboración administrativa para asegurar la adecuada y eficaz gestión de la mitad del territorio español, a su vez inmerso en un medio natural europeo y global. En el proyecto de ley se recoge de forma explícita la función social de los montes, tanto públicos como privados, proveedores de recursos y servicios ambientales de primer orden. En reconocimiento a las externalidades, el proyecto obliga a las administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento. Se establece como principio general que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión técnica y material, como requisito fundamental para alcanzar el objetivo de la gestión sostenible, respondiendo con ello a una histórica demanda de los propietarios. El catálogo de montes de utilidad pública ha demostrado ser, a lo largo de sus más de 100 años de vida, un instrumento fundamental para la conservación de nuestros montes, por eso el proyecto de ley ha querido no sólo mantener dicha institución, sino reforzarla, pues no en vano a su abrigo se encuentran nuestros mejores montes públicos. Así, la ley otorga el carácter de dominio público a los montes catalogados de utilidad pública. La demanialización del catálogo se justifica en la voluntad de dotar del máximo grado de protección, integridad y permanencia al territorio público forestal de mayor valor.
Con el fin de reconocer el valor de los montes por sí mismos y no sólo como protectores de otros recursos naturales, como hacía la Ley de 1957, la nueva ley amplía los motivos de catalogación, añadiendo aquellos que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica y en particular los que formen parte de los espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000. El proyecto de ley es consciente de la importancia que en la conservación de nuestro patrimonio forestal tiene la propiedad privada, en cuyas manos se encuentran más de dos tercios de la superficie forestal española. Por ello, y con el fin de preservar

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también nuestros mejores montes privados, con carácter similar a aquellos montes catalogados, se revitaliza la figura de los montes protectores.
Así, con el fin de fomentar su adecuada gestión, se promueve su declaración a través de incentivos económicos.


Como ya he señalado anteriormente, el objetivo marco del proyecto de ley es garantizar la gestión sostenible de los montes como instrumento fundamental para garantizar su conservación y mejor aprovechamiento. Con el fin de hacer realidad la gestión sostenible de los montes españoles, el proyecto apuesta decididamente por la aplicación de instrumentos de gestión, tales como los proyectos o planes técnicos de gestión. La eficacia de estos instrumentos de gestión ha quedado patente en los cerca de 100 años de ordenación de algunos de nuestros mejores montes, como el Hayedo de Irati, los montes de Valsaín o los alcornocales de Cádiz. El proyecto de ley obliga a las administraciones públicas a dotarse de instrumentos de gestión para todos los montes públicos de una dimensión suficiente, que fijarán las comunidades autónomas. Se fomenta igualmente la ordenación de los montes privados, restringiendo el establecimiento de incentivos económicos a los montes que dispongan de instrumento de gestión. Para procurar un mínimo común denominador de calidad al contenido de estos instrumentos el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas elaborarán las instrucciones básicas de ordenación y aprovechamiento. Igualmente, la ley contempla la certificación forestal como instrumento de apoyo a la gestión forestal sostenible e insta a todas las administraciones a que velen para que el proceso de aplicación en España sea transparente y voluntario y dé cabida a todos los sistemas que se implantan en nuestro país.


Señorías, la planificación de los recursos naturales ha sido considerada, tanto en el ámbito internacional como nacional, como un instrumento fundamental para garantizar una gestión racional y sostenible de los recursos naturales, de acuerdo con su capacidad de renovación y bajo la premisa de su persistencia. Por ello, la planificación forestal es un eje básico de la ley, que se plasma a través de diferentes instrumentos. El proyecto establece la necesidad de una planificación forestal a escala general, consagrando la existencia de la estrategia forestal y del Plan forestal españoles, así como la de los planes forestales autonómicos.
Adicionalmente, se crea una herramienta de planificación de los recursos forestales a escala comarcal, integrada en la ordenación del territorio: los planes de ordenación de los recursos forestales, como eslabón necesario entre los planes autonómicos y nacionales, y los proyectos de ordenación a escala monte. Como herramienta indispensable para preservar el uso forestal frente a la competencia de otros usos del suelo, y evitar la reducción de nuestra superficie forestal de forma incontrolada, la ley establece condiciones restrictivas para el cambio del uso forestal de cualquier monte, independientemente de su titularidad y régimen jurídico.


Señorías, como ustedes conocen, los incendios forestales son el factor más importante de alteración de nuestros montes. El grado de eficacia de los medios de extinción, reforzados y tecnificados notablemente en los últimos años, ha permitido limitar el impacto del fuego considerablemente. No obstante, resulta necesario explotar más el papel que pueden jugar en la lucha contra los incencios otros factores, tales como los estudios de causalidad, y aumentar así la eficacia de nuestra actuación contra este fenómeno devastador de nuestros montes. Por ello, el proyecto subraya la importancia del papel de la sociedad civil en materia de prevención, y la necesidad de su concienciación y sensibilización con la promoción de campañas al efecto. Se insiste, igualmente, en la necesidad de coordinación entre las diferentes administraciones para la prevención y combate de los incendios. El proyecto hace énfasis también en la prevención de los incendios forestales como la mejor política contra los incendios; sin lugar a dudas, no hay mejor política ambiental que aquella que evita el daño. La ley prohibe el cambio de uso forestal por razón de incendio, en los términos que establezcan al efecto las comunidades autónomas, como mecanismo para evitar que cualquier especulación sobre un posible cambio de uso pueda servir de incentivo para su incendio.


La ley recoge igualmente el importante papel que los montes pueden jugar frente a los problemas ambientales globales. Así, se prevé la elaboración de una estrategia de desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual, en el marco del Plan de fomento de energías renovables, y la de un estudio sobre la adaptación del territorio forestal español al cambio climático. En materia de erosión de suelos, se prevén dos documentos de planificación: el Plan nacional de restauración hidrológico-forestal y el programa de acción nacional contra la desertificación. Asimismo, para hacer realidad el derecho de los ciudadanos a disponer de información medioambiental, la ley concede especial relevancia a la información forestal y al acceso a la misma del ciudadano, en todo el territorio, a través de la estadística forestal española.


Por último, señorías, la ley recoge medidas de fomento, de las que se podrán beneficiar los montes para promover su gestión sostenible, mediante subvenciones y créditos. También se instrumentan mecanismos para que los propietarios forestales puedan recibir incentivos económicos por las externalidades ambientales. Con ello se quiere contribuir al reconocimiento de los beneficios que los propietarios aportan a toda la sociedad con sus montes. La gestión forestal sostenible se incorpora, igualmente, a los fines del mecenazgo, con el fin de que dicha gestión sea beneficiaria de las deducciones fiscales que al efecto se prevén. Con el objetivo de impulsar la ordenación de todos los montes, los incentivos solamente serán aplicables a los que

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cuenten con instrumentos de gestión, y tendrán prioridad los montes declarados protectores y los catalogados, dado su valor.


Señora presidenta, señorías, afortunadamente, la preocupación ambiental hoy no está reducida a unos pocos, a una institución o a una Administración. Las comunidades autónomas, los entes locales, las organizaciones empresariales, las asociaciones y las ONG, los organismos de investigación y los educativos, aportan sus conocimientos, experiencias y perspectivas de los problemas y contribuyen a encontrar soluciones. La de medio ambiente es una política joven, en la que casi todo está por hacer. El proyecto de ley de montes que he presentado es la actual aportación del Gobierno a uno de los pilares básicos del ministerio que tengo el honor de dirigir: la política forestal.


Permítanme que, para concluir, cite a Martin Luther King: aunque supiera que el mundo se va a acabar mañana, yo, hoy, aún plantaría un árbol.


Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


En primer lugar, para la defensa de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías. Señora ministra, aprovecho para saludarla, felicitarla por su nombramiento y desearle el mejor de los éxitos en su gestión.


Hoy discutimos sobre un proyecto de ley muy importante, un proyecto de ley que hace referencia al monte, a su aprovechamiento, a su sostenibilidad y a la capacidad de poder establecer estrategias y por tanto normativas legales que se adapten a las distintas realidades productivas que existen y son claramente diferenciadas dentro del territorio estatal. Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego es básico considerar la triple función del monte, económica, ecológica y social. Y es básico, como decía, considerar que existen estas distintas realidades productivas e incluso distintas formas de propiedad a las que luego me referiré.


La aprobación de una ley de montes adaptada a la realidad actual y a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas constituye en nuestra opinión una tarea pendiente. Transcurridos casi 25 años desde la aprobación de la Constitución aún se mantiene vigente hasta este momento, bien es verdad que ahora se va a cambiar, la Ley de 1957, en nuestra opinión también de marcado carácter centralista y cuyo principal objetivo era aumentar los espacios dedicados a la producción de madera aunque fuese a través de cultivos importados, sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental de esa intensa actividad repobladora. La acción administrativa en materia de montes se remonta aún más atrás pero se ha caracterizado siempre por partir de un diseño homogéneo para todo el Estado, ser una política unitaria que no ha tenido en cuenta las diferencias existentes entre los montes de los distintos territorios que conforman el Estado español.


En Galicia, como sabe la señora ministra, hemos sufrido especialmente las consecuencias de esa política unitaria en materia de montes, pues la intervención administrativa fue insólita desde sus inicios, inapropiada para el medio en el que se quería actuar y ha causado nefastas consecuencias en el conjunto del complejo agrario de Galicia, pues los montes formaban y forman parte del mismo y no sólo son importantes desde el punto de vista forestal. Recordemos simplemente la usurpación a las comunidades vecinales de los montes en mancomún ocasionando graves conflictos sociales o transferir la titularidad de algunas leyes estatales de montes a los ayuntamientos, en concreto la Ley del patrimonio forestal de 1941, que tuvo que ser posteriormente retocada, y en concreto la Ley de Montes que se pretende derogar, de 1957.


No sólo la acción administrativa afectó a la titularidad de los montes, sino que provocó una intervención directa en propiedades privadas, regulando los aprovechamientos forestales directamente también con criterios unitarios, ejecutándose una intensa actividad repobladora que ha sido devastadora debido a la introducción de especies alóctonas de crecimiento rápido, lo que ha provocado una evidente disminución de la calidad global del monte en Galicia desde una perspectiva ecológica aunque ahora, y como nota al margen, sea la propia Xunta de Galicia la que anuncia el turismo rural mostrándonos una casa rural rodeada de una plantación que es un eucaliptal; pero bueno, eso ya es cuestión de quién lo hace. Desde nuestro punto de vista hay una alteración grave de ese equilibrio ecológico, por tanto con estos antecedentes es lógico que desde una óptica gallega tengamos que ser muy cautos a la hora de valorar nuevas iniciativas que afectan a la regulación de los montes y a sus aprovechamientos, puesto que la experiencia propia demuestra que hasta el momento se ha legislado a partir de un gran desconocimiento del monte en Galicia.


El proyecto de ley de montes que presenta el Gobierno padece en nuestra opinión de los mismos errores que las distintas normas sobre espacios forestales se han promulgado hasta el momento y de las que hemos destacado algunas de sus más graves consecuencias. Se parte de un modelo global, se insiste en una planificación estatal de los montes cuando las realidades son muy distintas y por tanto las medidas a aplicar deberían poder ser diseñadas y ejecutadas sin interferencia por parte de las comunidades autónomas, algo que nosotros creemos que no se contempla. La competencia estatal en materia de montes se circunscribe a la determinación de una regulación básica de acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución. La regulación de

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esos aspectos básicos debería ceñirse a fijar un status común en aquellas cuestiones que afectan a la igualdad de todos los ciudadanos del Estado, en concreto a todo lo relacionado con el derecho a la propiedad que pudiera verse afectado por la acción administrativa derivada de la planificación forestal.


Con este proyecto de ley, en nuestra opinión, se va más allá, sobre todo en lo relativo a la planificación forestal pues el Gobierno se reserva una posición central a la que se vinculan las distintas políticas forestales que puedan llevarse a cabo en las comunidades autónomas. Esto significa que el diseño de las políticas autonómicas de montes se verá siempre condicionado a la planificación estatal, siendo sus funciones el desarrollo y ejecución de los instrumentos de planificación a ese nivel.
Por una parte, la estrategia forestal española se define como documento de referencia para establecer la política forestal en el Estado español.
Esto obliga a que las políticas autonómicas sean elaboradas en el marco de esa estrategia que aprueba el Gobierno, en cuya concreción sólo pueden participar los entes autonómicos como entidades consultadas al mismo nivel que otros órganos consultivos del Estado, por tanto, deberán subordinar sus diferentes políticas forestales a una estrategia impulsada por el Gobierno central. Con ello, de hecho, se impide a las comunidades autónomas ejecutar una política forestal con señas de identidad propia y en función de las peculiaridades de sus respectivos territorios.


Aunque estamos ante una ley de bases que debería señalar las directrices genéricas en la materia, entre ellas las relativas a la planificación forestal, en la misma se establece un mecanismo que posibilita la definición directa del Gobierno en la política forestal a través de su planificación centralizada que, insisto, condicionará el desarrollo de las competencias en materia de montes de las comunidades autónomas. Por otra parte, en apoyo de esta línea que nosotros creemos centralista, la consideración del plan forestal español como instrumento de desarrollo de la estrategia forestal española implica subordinar los planes forestales autonómicos que sólo serán -entrecomillado- tenidos en cuenta. De nuevo, se trata de un claro límite a la libre configuración de las comunidades autónomas de su propio modelo de planificación, gestión y aprovechamiento de los recursos forestales. Además, al no quedar establecidos criterios de elaboración de dicho plan ni límites a la actuación del Gobierno en la planificación forestal del Estado, el margen con que cuenta el Gobierno central es aún mayor, así como existe la posibilidad de invadir los desarrollos autonómicos de planificación forestal. Para el Bloque Nacionalista Galego sería posible admitir, como decía anteriormente, unas directrices de planificación forestal del Estado, pero no en la manera en que se concreta en este proyecto de ley, en un sentido ambiguo y amplio, de forma que se articula este proyecto para legitimar una política forestal centralista que mantenga la marginación en la práctica de las comunidades autónomas en el diseño de la intervención pública sobre los montes. Nosotros buscamos una intervención diferente que tenga en cuenta la diversidad de los aprovechamientos forestales del Estado español.


A pesar del retraso en la reforma de la Ley de Montes, el texto que se somete a la consideración de la Cámara, en nuestra opinión, no incorpora soluciones para modificar los aspectos más regresivos de una política forestal intensa que ha provocado efectos negativos ambientales en algunas zonas del Estado español y en concreto en Galicia. Es verdad que se habla de gestión forestal sostenible, pero apenas se avanza en una concreción de la misma. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor.


Señorías, ruego que el nivel de conversaciones en los escaños, cuando menos, permita hacer audible la intervención del diputado que está en el uso de la palabra.


Adelante, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Con esta ley se seguirá considerando gestión forestal sostenible el incremento de la superficie destinada a la producción de madera en zonas ya intensamente repobladas, e incluso avanzar en la política de forestación de tierras agrarias en comarcas cuyas explotaciones agrarias presentan un déficit de superficie agraria útil. Conviene insistir en aquella afirmación que sigue siendo tan verdadera, y es que políticas iguales no resuelven los problemas de realidades diferentes. En este caso concreto, como sabe la señora ministra, hemos criticado el impulso que a la forestación de tierras agrarias se está dando en Galicia cuando muchas explotaciones agrarias, para dimensionarse, precisamente necesitan más superficie agraria útil.
Una política de forestación de tierras agrarias no puede ser igual en Galicia que la que se hace en otras comunidades autónomas. No se establece una definición precisa que impida considerar gestión forestal sostenible el incremento indiscriminado de la forestación con especies autóctonas, cuyo incremento desmesurado puede ocasionar un deterioro grave de la calidad ecológica de los bosques. Esta ley debería ser una oportunidad no sólo para adecuar la normativa sobre montes al reparto competencial en la materia que establece la Constitución, sino para modificar el rumbo de una política forestal que nosotros creemos errónea, que ha causado graves desequilibrios en algunas zonas del Estado. Al contrario, este proyecto de ley va a perpetuar la misma política forestal que se ha emprendido en las últimas décadas y, si no, se verá pasado el tiempo que es escasamente respetuosa con la diversidad ambiental y con las diferentes realidades.


Por último, señora ministra, quiero hacer una referencia concreta a las formas de propiedad que ponen de

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manifiesto una vez más la existencia de esas realidades diferenciadas que, en nuestra opinión, no quedan bien recogidas en este proyecto de ley. Me voy a referir a los montes vecinales en mancomún, una forma de propiedad con asiento básicamente en Galicia -en mucha menor medida, aunque también existen, en Asturias y en León- que este proyecto de ley, insisto, no recoge adecuadamente. El proyecto de ley los incluye en la categoría de montes privados a secas, y esta figura en ningún caso responde estrictamente a esta categoría. Los montes vecinales en mancomún, como saben SS.SS., son una forma de propiedad indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que desde luego encaja mal en la definición de monte privado y, por supuesto, en las consecuencias que esta definición conllevará a todos los efectos. Nosotros creemos que esta figura debería ser recogida de forma específica y diferenciada y en todo caso debería corresponder a las comunidades autónomas la capacidad de regulación legal de la misma sin corsés impuestos desde una ley estatal.
Con este proyecto de ley se nos abre más de un interrogante sobre su futuro, y también a muchos de los comuneros.


En definitiva, es necesario adaptar la ley a la realidad del siglo XXI, es necesario que la ley sea un instrumento eficaz para el desarrollo sostenible y racional de los espacios forestales, es necesario adaptar de verdad la ley al actual marco competencial vigente donde existen comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia. En nuestra modesta opinión, este proyecto de ley no lo hace, y por eso solicitamos su devolución al Gobierno.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.


Para la defensa de la enmienda de devolución, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, usted ha traído hoy aquí un proyecto de ley de montes importante porque era necesario actualizar la Ley de montes de 1957. En la anterior legislatura y en ésta, hemos presentado sendas proposiciones de ley que su grupo parlamentario ha rechazado, pero que han servido de ejemplo para copiar mal algunos de los aspectos que se contemplan en este proyecto de ley de montes. Digo que han sido mal copiados porque han hecho un mix que no nos convence entre la Ley de montes de 1957, nuestra proposición de ley y lo que ustedes quieren hacer con el monte o con el bosque -en su momento hablaré de ello-, porque en estos momentos en los que hay esa distribución competencial tan importante entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central del Estado, en los que se está hablando de ordenación del territorio, que es casi una absoluta competencia de las comunidades autónomas, traer aquí un proyecto de ley de montes que no tiene el consenso necesario, no nos parece un buen inicio. Usted podrá decir, como ha indicado, que ha tenido apoyo mayoritario en el Consejo Nacional de Bosques; que ha habido algunas comunidades autónomas que lo han aceptado, pero no puede ser que no se consiga el consenso en un instrumento de ordenación del territorio como éste, junto a otros instrumentos que existen y que tienen que existir.
Ustedes lo han planteado en un plazo muy breve porque, según creo recordar, señora ministra, las aportaciones que se han podido hacer se han llevado a cabo en el plazo de 20 ó 21 días. Se han analizado muchos documentos; se han estudiado muchas aportaciones; después han hecho ustedes lo que han querido, han rechazado las que no les gustaban, como es lógico, han aprovechado su mayoría para ponerlas encima de la mesa y han sacado este proyecto de ley de montes. Lo fundamental en este caso concreto es que el consenso hubiera sido unánime, con comunidades autónomas y con aquellos sectores que tienen que ver con el uso y gestión de los aprovechamientos de los espacios forestales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Señora ministra, en su intervención ha empezado hablando de dos conceptos, montes y bosques, y yo en un momento determinado he pensado que los confundía. Se me ha encendido la lucecilla roja y he dicho: como es nueva, a lo mejor es que no tiene muy perfilada esta cuestión todavía.
Pero desgraciadamente, lo confunde el proyecto de ley que no es de usted porque viene de antes. Usted ha estado utilizando terminología novedosa: desarrollo sostenible, gestión sostenible, espacios forestales, pero a la hora de la verdad, en el fondo, hay muy poco. Pasa igual que cuando ustedes hablaron de la estrategia de desarrollo sostenible. La publicitaron de tal manera que parecía que era el no va más de la preocupación ambiental de este Gobierno y lo que estamos haciendo con la utilización de determinados conceptos y palabras es asesinarlas; las matamos antes de que la gente entienda lo que son. En este caso concreto estamos haciendo lo mismo. Como es lógico porque estamos en una democracia y cada quien puede plantear las cosas como estime oportuno, no tendría que ser una ley de montes, que es un concepto trasnochado y caduco, del siglo pasado, sino que tendría que ser una ley sobre el uso y aprovechamiento de los espacios forestales. Según como se explique, puede haber alguna interpretación mal intencionada. ¿Qué queremos decir? Que menos el suelo urbano y el suelo destinado a usos agrícolas, lo demás que pueda ser susceptible de reforestación, de aprovechamiento forestal, es todo lo que ustedes llaman monte y yo tengo dudas de que eso sea lo que ustedes quieren decir en sus definiciones en el proyecto. Hubiera sido mejor utilizar otra denominación más moderna, más actualizada, de lo

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que tiene que ser el aprovechamiento de los espacios forestales.


Señora ministra, ustedes hacen lo contrario de lo que dicen cuando hablan de la gestión sostenible, de la protección integral de las masas forestales y de la planificación en esta ley: aprueban la estrategia forestal, aprueban el Plan Nacional Forestal y ahora nos traen la ley. Y cuando uno acude a la ley te dicen cómo tiene que ser la estrategia forestal nacional y cómo tiene que ser el plan forestal. Tengo una duda, ¿eso quiere decir que una vez aprobada esta ley se va a modificar la estrategia forestal y se va a modificar el Plan forestal? Si eso es así, si aprobamos la ley y planteamos que esos dos instrumentos de planificación se van a modificar en función de esta ley, a lo mejor yo tengo que disminuir el volumen de mis reparos a esa forma de trabajar suya. Pero si dicen que lo hecho hasta ahora está bien, que plantar tantos millones de árboles está muy bien, que van a seguir haciéndolo -me parece muy bien que se planten árboles-, que la estrategia forestal española se va a quedar tal y como está, aunque no la conozcamos porque por esta Cámara no ha pasado, entonces creo que han cometido un error muy serio en la gestión de la política de uso y gestión de los espacios forestales, de la política forestal en términos coloquiales. Si eso es así, si ustedes se mantienen y no enmiendan, nosotros no podemos sentirnos cómodos con este planteamiento, porque es ir a la política de hechos consumados. A nosotros nos gustaría que esa fórmula se pudiera hacer al revés. En principio, que ustedes retiraran este proyecto de ley, que lo consensuaran -puesto que procede de una Ley de 1957, por dos meses más no creo que pase nada malo, señora ministra-, que retocaran al mismo tiempo la estrategia forestal y el plan forestal español y que se sentaran con quienes tienen una competencia importantísima en la ordenación del territorio que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen mucho que ver en la gestión de los montes de nuestro país.


Señora ministra, ustedes han hecho otra cosa con este proyecto de ley que nos preocupa y es una de las razones por la que pedimos la devolución de este proyecto. Están los planes de ordenación de los recursos naturales y ustedes incorporan los planes de ordenación de los recursos forestales.
Cualquiera que sea lego en estas materias podrá pensar que es lo mismo una cosa que otra, pero no es así, no tiene nada que ver. Lo que me preocupa no es que existan estas dos fórmulas, porque, al fin y al cabo, si hay unos planes de ordenación de recursos naturales, podría suceder perfectamente que de ellos se derivaran unos planes de ordenación de los recursos forestales, así como otros planes que pueda haber, lo que me preocupa es que den prioridad a los planes de ordenación de los recursos forestales, frente a los planes de ordenación de los recursos naturales, con lo cual la duda que surge es si ustedes invalidan los PORN, si no los quieren invalidar y si los van a retocar de alguna manera. Hay demasiados interrogantes en este proyecto de ley que afectan a aspectos sustanciales de la configuración de toda la legislación sobre espacios forestales que tienen que ser modificados a conciencia.


Otro de los elementos que motiva que nos opongamos a este proyecto de ley es la primacía de los aspectos productivistas de la gestión del bosque -ahora hablo del bosque- frente a otros planteamientos de carácter más proteccionista y conservacionista, hasta el punto de que cuando ustedes hablan de la certificación forestal dicen una cosa que es curiosa. Al referirse a las certificaciones forestales, hablan de la competencia y dicen: procurarán que las condiciones de transparencia, voluntariedad, ausencia de discriminación y libre competencia se cumplan por parte de todos los sistemas de certificación forestal. Eso lo tendrán que hacer las administraciones públicas. Pero la certificación forestal no es eso.
Las certificaciones forestales tienen mucho que ver con otorgar certificados a productos forestales obtenidos con criterios de silvicultura sostenible, por ejemplo. Ustedes están marcando la pauta de la elaboración de esta ley en función de unos criterios que, debiendo ser secundarios, los están convirtiendo en prioritarios. Y eso para nosotros es rechazable.


Volviendo a los PORN, me gustaría saber qué es lo que pasa con la estrategia nacional forestal, en qué medida resulta afectada por estos planes, en qué medida resulta afectada la estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en qué medida resultan afectadas las políticas de gestión del agua que se hagan y en qué medida resultan afectadas las legislaciones sobre el suelo. Ustedes han diseñado el concepto de montes como un concepto que tiene mucho que ver con la forma de hablar de montes en este país. Sin embargo, el concepto de montes y lo que es el monte tiene mucho que ver con los recursos naturales, con el suelo, con el agua, con el aire, aunque sobre esto me puede decir que para eso tenemos los bosques, que lucharemos contra la contaminación, el efecto sumidero y demás. Con esta ley todo esto se lo están cargando, están parcelando demasiado el uso y la gestión de esos espacios que nosotros llamamos forestales. Hay otro aspecto de este proyecto de ley que también me preocupa, y es la valoración económica que ustedes hacen. Ustedes estiman que asciende a 164 millones de euros, pero nos parece que es incompleta. Distinguen entre ambiental, paisajística y productiva por el valor que tienen los montes y a mí me surgen muchos interrogantes sobre si en esa valoración se incluye la flora y la fauna autóctona, las producciones relacionadas con la biodiversidad, las actuaciones llevadas a cabo contra la erosión y la desertificación; es decir, hay muchos aspectos que tienen que ver con la gestión del suelo y de nuestro territorio que no sé si están incorporados en la misma. Esta es una razón importante para rechazar este proyecto de ley.


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Con independencia de todos los aspectos concretos que serán recogidos en enmiendas parciales -y van a ser muchas-, hay un tema que nos preocupa y es en qué medida esta ley de montes que ustedes presentan va a tener influencia en la consolidación de nuestro territorio y en que la población de nuestro territorio viva donde se encuentra actualmente, que no se produzcan más abandonos de pueblos, que la España interior sea renovada, que no se produzcan desertificaciones ni erosiones o el abandono de esos núcleos de población, que son importantes para que los problemas que tienen nuestros espacios forestales sean atendidos por los que viven en la tierra. En este país en el que se camina hacia una despoblación interior y hacia una masificación de los grandes núcleos y de la costa, que tengamos una ley de montes que abunda en esa dirección nos parece auténticamente rechazable.


Señora ministra, con independencia de hacer mención en nuestras enmiendas a algunos de los aspectos que he comentado y a otros que uno se deja en el tintero porque no puede abarcar todos los temas que es necesario tratar en este tipo de intervenciones, de los que hablaremos en el debate de las enmiendas, estimamos que debiera de retirar este proyecto de ley; debiera de consensuarlo de verdad con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con todas las organizaciones; debiera de tomarse un tiempo de reflexión sobre la gestión de los espacios forestales en el conjunto del Estado; debiera de eliminar la posible invasión competencial que existe en algunos de los artículos de este proyecto de ley respecto a lo que tienen que decir las comunidades autónomas y los ayuntamientos y debiera de hacer todo lo posible para que esa terminología que están utilizando, y que tiene mucho que ver con las pautas y las nuevas normas que desde la Unión Europea nos vienen con esos aires que nos garantizan un futuro mejor, se convierta en realidad; es decir, que la terminología viniera acompañada de un fondo coherente y que todos nos sintiéramos partícipes de este proyecto de ley. Entiendo que un proyecto de semejante calado para el futuro de nuestro país, de semejante importancia para el futuro de nuestro desarrollo sostenible, junto con otras iniciativas que se puedan ir adoptando, requiere el apoyo de todos. Con independencia de defender esta enmienda de devolución y de pedirle que rehaga de nuevo este proyecto de ley porque así se lo aprenderá bien y no tendrá que defender la herencia de otro, nuestro grupo le solicita también una mejor regulación de los espacios forestales en nuestro país y una mejor atención a todos los problemas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que viviendo en nuestro territorio pueden verse perjudicados por una ley que lo que haga sea expulsarlos del mismo.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, mi grupo parlamentario decidió presentar una enmienda a la totalidad a un texto alternativo que ya se ha debatido en esta Cámara y que contiene un error de transcripción que no contenía cuando se presentó en la legislatura pasada, ya que cuando se refiere al ministerio competente en esta materia no debe decir Ministerio de Agricultura, sino de Medio Ambiente. No hemos podido subsanar dicho error porque, desde nuestro punto de vista, estamos discutiendo un texto muy importante y muy esperado con demasiadas prisas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

El texto que nos ha presentado el Gobierno tiene defectos sustanciales. La modificación de la Ley de Montes del año 1957 era necesaria, pero tras el tiempo transcurrido ha sido bastante frustrante comprobar que la ambigüedad se sigue manteniendo. Le voy a señalar unas cuantas cuestiones. Aunque los principios inspiradores que se señalan en el artículo 3 -la multifuncionalidad y la integración de la política forestal en el desarrollo rural, en la conservación del medio natural y en el ámbito internacional- se han incluido en el desarrollo sostenible que la señora ministra nos comentaba en la presentación, se han puesto en evidencia las carencias que existen en cuanto a medidas o especificaciones concretas, bien porque no se incluyen o se omiten, bien porque hay ambigüedad o parcialidad en su establecimiento. En este proyecto de ley tan necesario e importante hay una ausencia clara de objetivos y medidas de conservación y mejora de la biodiversidad. Una característica de los montes y los bosques es la necesidad de que se conserve y se recupere la diversidad de los ecosistemas forestales propios de España. En su intervención nos hablaba de la extensión forestal, de la cantidad de parajes que están incluidos en la Red Natura 2000 y de lo importante que es para nuestro país la conservación, pero además de conservar lo que hay, es necesario llevar a cabo la recuperación de la diversidad de los ecosistemas forestales, que es en realidad la conservación y restauración de la diversidad, y este no es un principio inspirador del texto que nos han enviado.


Como Gobierno, ustedes siempre están modernizando y en esta ocasión siguen manteniendo determinados aspectos de una manera tan tradicional y tan convencional que dejan aparcada la modernización de la explotación de los bosques y de los montes. Hablan de la sanidad del suelo y del riesgo de incendios, que es lógico, pero no hablan en absoluto de la conservación de la biodiversidad. De la misma manera, tampoco incluyen dentro del proyecto de ley de montes la restauración

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de los ecosistemas y las especies amenazadas o en peligro de extinción, se quedan única y exclusivamente en la restauración hidrológico-forestal y en la lucha contra la desertificación, que deben estar en el proyecto de ley, pero que también deben enfocarse hacia la necesidad de la buena conservación de las masas forestales y de los montes. Introducen los bosques y el cambio climático sólo y exclusivamente como un catalizador de CO2, pero además de que sea un catalizador de CO2, también es necesario que se tengan en cuenta otros enfoques y otras necesidades al hablar de los bosques en su relación con el cambio climático.


Ustedes renuncian de una manera clara y decidida a una verdadera política de fomento de la ordenación de los montes. Tendrían que obligar desde el proyecto de ley que nos han presentado a la ordenación -o figura similar- de lo que es el monte. Se renuncia a ello, de la misma manera que renuncian a que existan unas directrices mínimas de gestión, teniendo en cuenta sobre todo que la mayoría de los montes o de los bosques que están en explotación son de titularidad privada. Ustedes no plantean que haya una mínima ordenación, lo cual tiene que hacerse en colaboración y en concordancia con las competencias que tienen las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos.


No voy a repetir la argumentación que utilizaba el portavoz del Grupo Socialista en cuanto a lo que es la certificación forestal y, señorías, algo de lo que carece este proyecto de ley es de una financiación real con fondos públicos para orientar la gestión de los montes y para que pueda trabajarse sobre ellos, como usted nos decía en su intervención, con vistas a un desarrollo sostenible. De ahí que hayamos decidido presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Lo que planteamos en nuestra enmienda es que el proyecto de ley debería centrarse en lo que es una gestión forestal que imite, por decirlo de alguna manera, los procesos naturales para que se pueda mantener la integridad de los ecosistemas. Tenemos que hablar en un proyecto de ley de estas características de los criterios de protección, de conservación, de mejora y de sostenibilidad en el uso de la gestión de los montes y los aprovechamientos forestales y hay que definirlo en la ley y desde luego en las disposiciones que se tengan que introducir para ponerla en práctica. En nuestro texto alternativo intentamos regular problemas específicos que se producen en la realidad española, tanto la lucha contra la erosión y la desertización como la lucha contra los incendios forestales, fomentando la conservación del suelo, así como la coordinación entre las distintas administraciones. Yo creo que la experiencia acumulada de todos estos años, si algo ha dejado claro, es que la falta de coordinación entre las distintas administraciones ha sido uno de los factores que ha propiciado que se hayan producido desastres por la no aplicación de determinadas políticas que se tenían que haber hecho.


Creemos que se debe definir claramente, para que se puedan llevar a cabo los planes que se tienen que desarrollar a nivel nacional y de las comunidades autónomas, cuáles son las competencias que tienen las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han desarrollado sus propias leyes forestales, que nosotros, desde nuestro texto alternativo, pretendemos respetar, así como las competencias que los ayuntamientos tienen en materia forestal, desde luego con la necesaria coordinación entre las distintas administraciones. Como le decía al inicio de mi intervención, con nuestro texto alternativo pretendemos que se tenga en cuenta la progresiva pérdida de biodiversidad de los ecosistemas que se está produciendo en el Estado español. Ustedes saben, señora ministra, que cada vez que se ha producido un incendio, en lugar de reforestar con especies autóctonas, se ha recurrido a especies de un crecimiento más rápido, en lugar de optar por lo que beneficiaba al territorio, como era precisamente la reforestación con plantas o con árboles autóctonos, que suelen ser en líneas generales de un crecimiento más lento, pero que desde luego aseguran que no haya pérdida de biodiversidad en el territorio que se pueda ver afectado.


Se tiene que garantizar desde el proyecto de ley de montes -y esto es lo que reflejamos en nuestro texto alternativo- la conservación de las masas boscosas y las pautas que tienen que tienen que seguirse para gestionar de una manera ecológica, responsable y necesaria la explotación de los bosques. Señorías, todo esto debe quedar recogido. Pensamos que ustedes empezaron la casa por el tejado. En lugar de hacer primero la ley básica que pudiera desarrollar la ley de montes, empezaron por el plan forestal, luego siguieron con la estrategia forestal y, por último, vienen a regular la ley cuando en principio los planes ya tendrían que estar en marcha sobre la base de un texto que hubiera permitido su desarrollo de una forma mucho más integrada. Se debe recoger no solamente los planes forestales sino todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de nuestros bosques y con la defensa y protección en cuanto a la erosión y a la desertización. Con el texto alternativo que hemos presentado pretendemos que haya un desarrollo silvícola que logre que los montes consigan la espesura adecuada, de modo que baje el riesgo de incendio; es decir, no solamente hay que hablar de la coordinación en la lucha contra los incendios sino también de las medidas preventivas, que son las que más favorecen el mejor funcionamiento y resolución de los problemas que los incendios producen de erosión y desertización.


En el texto que salga de esta Cámara se debe reflejar de manera clara y rotunda no solamente la prevención en la lucha contra los incendios forestales sino también la investigación y la aplicación de las mejores tecnologías susceptibles para luchar contra las enfermedades y las plagas que se están propagando por nuestros bosques. Todos conocemos que es complicado, por no

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decir casi imposible, acabar con algunas que están dejando en unas condiciones bastante desastrosas zonas boscosas de nuestro país. Por eso, señorías, estamos hablando de algo más que de una simple definición de la ley de montes; además, en el texto que ustedes presentan hay momentos en los que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, si de montes, de masas boscosas o de aspectos forestales.


Señora ministra, creemos que desde el proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno no se garantiza lo que es un desarrollo sostenible real de los montes, para lograr lo cual se tiene que legislar de manera básica sobre aquellos aspectos más importantes para que la gestión que desarrollan las comunidades autónomas, así como la propia legislación, tengan unas pautas mínimas que incluyendo las especificidades de cada comunidad autónoma y su zona boscosa o arbórea, establezcan unos mecanismos que nos permitan en un tiempo relativamente corto tener mejores bosques, con mejor calidad y con un desarrollo que tiene que producirse de manera clara y sostenible. Señorías, precisamente por eso sería necesario no solamente discutir este proyecto de ley con más tranquilidad, sino escuchar a los sectores que tienen que ver con la regulación del monte, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y, sobre todo, a aquellos que tienen que ver con la explotación y con los montes. Este proyecto de ley, a pesar del tiempo que se dice que se ha empleado en él, viene apresuradamente. Al Gobierno le ha entrado en estos últimos meses una fiebre legislativa que no ha tenido durante los tres años anteriores de legislatura. Al final este proyecto de ley llega aquí con prisas, sin estar bien perfilado y menos consensuado de lo que en un principio podía parecer. Sin negar la necesidad que tenemos de adecuar a la realidad actual la Ley de Montes que data del año 1957 -las cosas han cambiado mucho desde entonces hasta ahora-, desde nuestro punto de vista, señora ministra, este proyecto de ley no viene a solucionar los problemas reales que existen hoy en cuanto a la conservación de la biodiversidad de nuestros montes y de nuestras masas boscosas. En realidad este proyecto de ley lo único que hace es cumplir con un compromiso establecido no solamente en el programa del Partido Popular sino también en las diferentes intervenciones de los distintos ministros y ministras de Medio Ambiente desde que en el año 1996 se creara el ministerio, pero no soluciona los problemas de desarrollo sostenible real de nuestros bosques, de la conservación, de la lucha contra la erosión y tampoco soluciona el problema de la coordinación entre las comunidades autónomas.
Creemos que nuestro texto, posiblemente con sus errores y con sus aspectos a mejorar, sería un camino mucho más adecuado para iniciar lo que de verdad debe ser el desarrollo sostenible de nuestros bosques y su protección y recuperación.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo viene estudiando con muchísimo detalle y atención este proyecto de ley que nosotros consideramos muy importante. En Canarias, desde la óptica de mi grupo parlamentario, nos encontramos con una realidad que son los montes de pinares que se incluyen dentro de los endemismos propios de nuestra flora forestal y de la denominada región Macaronésica, que engloba tanto en archipiélago de las Canarias como otros limítrofes en las aguas atlánticas. Estos endemismos, reflejados fundamentalmente en el monte de laurisilva y en el monte de pino canario autóctono, constituyen verdaderos tesoros del medio ambiente, de la naturaleza y de la riqueza forestal e hidráulica, puesto que son masas vegetales que condensan la humedad traída por los vientos alisios y constituyen las fuentes naturales de agua que, una vez filtrada a las capas subterráneas sirve para aprovechamiento urbano, de abastecimiento público, y para la agricultura. Al mismo tiempo nos encontramos con las especificidades legislativas competenciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde, por la fragmentación del archipiélago, tienen competencias en el tema de montes los cabildos insulares.


Nosotros entendemos que este proyecto de ley que trae el Gobierno, como también han puesto de relieve algunas enmiendas presentadas -especialmente la que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto por el Bloque Nacionalista Galego, que nosotros apoyamos-, tiene la característica de velar y de mostrar una sensibilidad por la defensa de las competencias de las comunidades autónomas. Esperamos que en los trámites de ponencia y Comisión se pueda subsanar esas omisiones competenciales de las comunidades autónomas; en el caso de Canarias -vuelvo a decir- las competencias están también residenciadas en los cabildos insulares, que se ocupan del fomento, protección, ordenación, mejora, conservación y lucha contra incendios forestales de esta riqueza forestal tan precaria muchas veces en el archipiélago canario debido a los desmanes cometidos en los aprovechamientos madereros.


Señora presidenta, por estas razones mi grupo se va a abstener esperando que podamos introducir, como creo que es la voluntad de la señora ministra de Medio Ambiente -así lo ha expresado-, unas mejoras que puedan subsanar las deficiencias de la ya añeja Ley de Montes de 1957, que en su momento constituyó un gran paso adelante y un hito, pero que ha tenido tanto

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efectos positivos como negativos en la sustitución, muchas veces un verdadero desatino, de flora boscosa autóctona de determinadas áreas del territorio español, lo que ha producido los daños ecológicos correspondientes y ha motivado que durante muchos años en las últimas décadas haya habido que restituir en la naturaleza lo que era muy propio de la misma según los antecedentes históricos conocidos. Por tanto, entendiendo los valores instrumentales que pueda tener este proyecto de ley, nosotros vamos a hacer un testimonio temporal de abstención esperando que se corrijan estas cuestiones competenciales que, por la inmediatez del bien que se trata de proteger, entran no solamente en el área jurisdiccional de las comunidades autónomas sino también dentro del sentido común de la eficacia. Aunque el propio preámbulo de la exposición de motivos viene a decir que la ley designa a las administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía, queremos que eso no sea un simple enunciado, sino que se vea reflejado, cosa que en este momento no ocurre a no ser que se acepten las enmiendas concretas de mejora al respecto.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), el señor Txueka tiene la palabra.


El señor TXUEKA ISASTI: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a ser breve, pero me van a permitir, básicamente para la nueva ministra, a la que felicito también, una pequeña introducción histórica para recalcar las peculiaridades, usos y costumbres que en materia forestal hemos tenido a lo largo de los siglos. Las normativas y regulaciones sobre los montes han sido una realidad histórica, fruto de la enorme sensibilidad y de la necesidad que su conservación y explotación han supuesto en la realidad secular forestal de Euskadi.
Cerca del 60 por ciento del territorio de Euskadi son bosques y más de un 15 por ciento son pastos de montaña, por lo cual podemos hablar de que se está regulando básicamente el 75 por ciento de todo nuestro territorio.
Curiosamente y como he dicho anteriormente, tenemos ordenanzas y regulaciones propias desde los siglos XIII y XIV en que ya se regulaban las plantaciones, los aprovechamientos, las obligaciones de los municipios de replantación, como dato curioso llegándose a destinar como mínimo un 10 por ciento de todos los recursos financieros existentes en las administraciones locales para plantar, guiar y beneficiar los bosques, como dicen dichas ordenanzas. Hacia 1738 ya existen reglamentos complejos, exhaustivos y, sobre todo, enormemente modernos del valor plurifuncional de nuestros montes, reglamentos que además a lo largo de los siglos no solamente han ido regulando los usos sino las calificaciones, los desarrollos y las clasificaciones legales, por decirlo de alguna manera, tanto de montes comunales como de los demaniales, privativos y de uso consuetudinario. En 1902 se crean los servicios forestales actuales de las diputaciones forales, que, vuelvo a repetir, han sido históricamente las instituciones representativas del quehacer histórico en esta materia. Estas regulaciones, esta historia y esta voluntad estuvieron vigentes hasta 1937, cuando, por decreto-ley de guerra, se los dejó sin efecto y se rompió el régimen concertado con Vizcaya y Guipúzcoa. Con el estatuto de autonomía se vuelve a recuperar la capacidad legislativa, la gestión y responsabilidad de los mismos.
Como resumen de esta pequeña introducción histórica, diré que las diputaciones forales en nuestro caso han ejercido históricamente el autogobierno en materia forestal y además lo han ejercido a lo largo de los siglos modélicamente porque siempre fueron conscientes, y ahí están las pruebas que he citado resumidamente, de que los montes suponían un patrimonio económico, un patrimonio natural y cumplían una función equilibradora de nuestro espacio físico y de la actividad humana. Por lo tanto no era raro ni diferente, salvo esta ruptura que he planteado, que en 1983 las diputaciones forales volvieran a asumir dichas funciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual se inicia la competencia y se observa que el instrumento básico, la ley que ha citado usted misma de 1957, no servía ya como un instrumento moderno para el ejercicio de esa competencia y de esa responsabilidad, por lo que desde los territorios históricos se legisló, y lo digo en primera persona porque me cupo como responsable de esta materia en Guipúzcoa elaborar la Norma Foral de Montes de Guipúzcoa de 1994, enfocándolo además bajo los prismas de las nuevas necesidades y de las concepciones de la moderna sociedad, prismas y exigencias que van por la integración y el valor de una política forestal y de montes multifuncional e integrada en el desarrollo rural, en la conservación del medio natural y en su gestión con criterios de sostenibilidad y en línea con los acuerdos internacionales.


Era una cuestión compartida que se necesitaba una ley básica actualizada en el Estado. Era necesario que existiera una ley básica que marcara estos criterios, pero también era necesario que fuera realmente básica, es decir, que además de reconocer la realidad, las vocaciones y funciones diferentes de los montes a lo largo de todo el Estado, fuera un instrumento eficaz y respetuoso con las competencias y los quehaceres diversos. Tengo que reconocer que teniendo en cuenta la experiencia de muchas legislaciones básicas realizadas con misiones totalmente recentralizadoras, teníamos una enorme prevención sobre que dicha labor se emprendiera y se culminara con resultados conflictivos y, en tal caso, casi puedo afirmar que preferíamos que no se abordara si ello volvía a suponer actitudes que es mejor

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olvidar. El ministerio se comprometió a que ello no volvería a ocurrir, a que iba a ser una ley consensuada en lo posible y que atendería a este carácter básico. Pues bien, fue en ese marco en el que nosotros iniciamos el debate realizando las aportaciones sobre el anteproyecto de esta ley en los tres entornos que la propia ministra ha mencionado: consejo nacional de Bosques, la comisión nacional y las reuniones bilaterales con la dirección de Conservación de la Naturaleza. Desde Euskadi se ofreció una negociación honrada y seria, en la que hablaríamos con una única voz y con una valoración totalmente coordinada entre los intereses del sector privado, el sector forestal vasco, y las diputaciones forales. Este posicionamiento se concretó en forma de 52 alegaciones, que prácticamente fueron recogidas en su totalidad en este proyecto de ley. Por consiguiente y de forma coherente, en el consejo nacional de Bosques y en la comisión nacional, el sector forestal vasco y las administraciones forales apoyaron este proyecto de la ley, lo que supone un reconocimiento a que se ha realizado una labor de entronque correcta, de acuerdo con lo que habíamos solicitado. Por lo tanto, señora ministra, como Grupo Vasco expresamos nuestra conformidad básica a este proyecto de ley y, coherentemente, no hemos presentado ninguna enmienda a la totalidad y sí once enmiendas parciales, algunas de ellas técnicas y otras, por llamarlas de alguna manera, de afinamiento competencial, que esperamos sean consideradas en su debate en Comisión con el mismo espíritu con que se ha desarrollado el anteproyecto de ley respecto a nosotros.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, querría en primer lugar dar la más cordial bienvenida a la señora ministra a esta casa y al igual que han dicho otros de los diputados que han intervenido anteriormente, le deseo suerte en ese tramo que queda de legislatura.


He escuchado con mucha atención su intervención y en algunos momentos me daba la impresión de que hablábamos de dos proyectos diferentes, el que usted nos ha explicado y el que realmente está, blanco sobre negro, publicado en el boletín oficial. Usted ha dicho en varias ocasiones que la presentación de este proyecto de ley hace referencia al programa electoral del Partido Popular - y me parece lógico que lo diga-; no obstante, yo creo que la misión más importante de este proyecto de ley es solucionar los problemas que tenemos en este momento encima de la mesa debidos a una ley completamente obsoleta, en lo que todos estamos de acuerdo, pero si queremos que se pueda aplicar esta futura ley, habrá que buscar el consenso en los debates que tendremos y con las enmiendas y aportaciones de todos los grupos parlamentarios.


Los títulos competenciales en que se basa ese proyecto de ley son el 149.1.3 de la Constitución, relaciones internacionales, el 149.1.8, ordenación de registros públicos, el 149.1.13, bases y coordinación de la planificación general de la actividad economía -cajón de sastre que se utiliza siempre en las leyes de bases-,el 149.1.14, hacienda general y deuda del Estado, el 149.1.15, fomento y coordinación, el 149.1.18, bases del régimen de las administraciones públicas, el 149.1.23, que sería el núcleo que englobaría la legislación básica sobre la proteccción del medio ambiente, y el 149.1.31, estadísticas para fines estatales. Lo cierto es que cuando el Gobierno presenta un proyecto de ley que declara de bases es porque en el fondo existe un reconocimiento explícito de que no tiene competencias exclusivas en la materia, y si además, como en este caso, tiene que invocar una múltiple habilitación, es porque, en el fondo, el artículo 143.1.23, que es el principal y al que hace referencia la presente ley, no da cobertura suficiente. Este sistema de múltiples habilitaciones se utiliza para legislar en temas de carácter sectorial en los que las competencias son básicamente de las comunidades autónomas, y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Sabe la señora ministra que el artículo 9.10 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo, ley orgánica y por lo tanto de mayor rango que la que en este momento estamos debatiendo, atribuía a la Generalitat competencias exclusivas en montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos, espacios naturales protegidos y tratamientos especiales de zonas de montaña, de acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución. Por tanto, existen comunidades autónomas con competencias exclusivas y el Estado intenta en ese caso legislar al respecto sobre la base de unas habilitaciones que en algunos casos pueden ser discutibles.


He de reconocer que el proyecto de ley que ha presentado es mucho mejor desde el punto de vista competencial que el anteproyecto. Por ello le agradezco que durante ese período de tiempo se haya caminado en la dirección adecuada. No obstante, si damos un vistazo al proyecto -no voy a comentarlo todo, sólo me voy a centrar en dos o tres elementos que considero importantes-, observamos que la interpretación del presente proyecto de ley en algunos casos es sesgada y, si me lo permite, en el mejor sentido de la palabra, desleal, como por ejemplo en el capítulo II, cuando se atribuyen las competencias. El artículo 7 de este capítulo hace referencia a las competencias de la Administración general del Estado: 1.
Corresponde a la Administración general del Estado de forma exclusiva: a) La gestión de los montes de su titularidad. Nadie discute eso. No obstante, sería bueno que la gestión de estos

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montes, que le corresponde de forma exclusiva al Estado, se hiciese de acuerdo con las normativas de las comunidades autónomas donde están situados estos montes, no sea que el Estado tenga montes en determinadas comunidades autónomas que tengan una legislación propia y que luego se aplique otra legislación que no tenga nada que ver. El apartado b) hace referencia a la representación internacional. El punto 2 de este mismo artículo tiene seis apartados y detalla las funciones que corresponden a la Administración general del Estado en colaboración con las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir en colaboración? En una ley de bases tienen que quedar absolutamente definidas las competencias para que posteriormente en la aplicación de la ley todo el mundo pueda entender cosas que a lo mejor el legislador en su momento no dijo. El punto 3 dice también que corresponde a la Administración general del Estado conjuntamente con la de las comunidades autónomas. Si corresponde conjuntamente, no puede ser competencia exclusiva del Estado. En el punto 4 se dice que asimismo corresponden a la Administración general del Estado todas aquellas funciones que le confiere la legislación. ¡Sólo faltaría! Si la legislación se las confiere, son suyas. Este parágrafo también sería de aplicación para las comunidades autónomas.


El artículo 8, también del capítulo II, relativo a las competencias de las comunidades autónomas, dice que las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias que tienen atribuidas en el marco de la Constitución y sus estatutos. Aquí terminan todas las competencias. La señora ministra nos ha dicho que era un proyecto equilibrado y cuando leo las competencias compruebo que no es así; es más, en algunos casos puede crear problemas en la aplicación de la ley. El Estado considera competencias propias las que él denomina exclusivas del Estado, las que el Estado se atribuye y que tiene que ejercer en colaboración con las comunidades autónomas y las que el Gobierno dice que son del Estado conjuntamente con las de las comunidades autónomas. En cambio, cuando habla de las competencias de las comunidades autónomas las pone en un saco diciendo que son aquellas que tienen atribuidas en el marco de la Constitución y de los estatutos, por lo que no existe un reconocimiento explícito de competencias exclusivas.


Señora ministra, me gustaría que me explicase una cosa; a lo mejor no es el momento ahora, pero tendremos tiempo en el futuro, a través del portavoz de su propio grupo. Hay unas competencias que se colocan en el artículo 7, apartados 2 y 3, competencias del Estado que en unos casos se ejercitan en colaboración con las comunidades autónomas y en otros conjuntamente con las comunidades autónomas. La pregunta es fácil y es la siguiente. Si esas competencias que están en el artículo 7 son del Estado, ¿por qué las quiere compartir? Si no son del Estado, ¿por qué las coloca en el artículo 7 y no las pone en el artículo 8, que son competencias de las comunidades autónomas, o en un artículo de competencias compartidas? Esas cosas servirían para clarificar el tema.


Además, señora ministra, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Illes Balears también disponen de competencias exclusivas. Sobre la base de esas competencias, el Parlamento de Cataluña aprobó hace quince años, en 1988, una ley que nadie ha declarado inconstitucional y que está funcionando. Durante esos quince años también lo han hecho Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, Andalucía, Valencia, La Rioja y Madrid. ¿Qué vamos a hacer ahora con todas esas normativas? Esta ley, que está muy bien que esté en su programa electoral, llega con quince años como mínimo de retraso, las comunidades autónomas con competencias han legislado y ahora hacemos una ley que vamos a ver cómo queda. ¿O es que las comunidades autónomas vamos a tener que modificar las leyes para adecuarlas a esta?

Por tanto, señora ministra, sin negar la capacidad del Gobierno para presentar una ley de bases, sí le digo que ese proyecto de bases debería tener un articulado corto, que se limitase a ordenar los cuatro elementos fundamentales buscando el común denominador entre las distintas normativas autonómicas vigentes en este momento. Una ley básica de montes debería centrarse y regular de forma detallada las competencias exclusivas del Estado y no crear confusión. Cuando en el proyecto se habla de forma continuada de las administraciones competentes, ¿a qué administraciones se refiere? Si se refiere al Estado, lo habrían puesto.
¿Se refiere a las comunidades autónomas? Creo que sería positivo un poco más de esfuerzo a la hora de detallar.


Se habla de la Administración general del Estado conjuntamente con las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir eso, que el Estado va a decidir y los otros van a aplicar? En otro punto se dice que el Ministerio de Medio Ambiente elaborará con la participación de las comunidades autónomas. ¿Con la participación o con el acuerdo de las comunidades autónomas? No es lo mismo. Otro punto dice que el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas elaborarán unas instrucciones básicas para la ordenación. ¿Qué son instrucciones básicas? Es un léxico absolutamente nuevo. ¿Qué mecanismos de participación se utilizarán para elaborar estas instrucciones llamadas básicas? El desarrollo de una ley de bases no se puede hacer a través de unas instrucciones básicas, se hace a través del desarrollo competencial, que en esos casos el Tribunal Constitucional ya ha dicho de forma clara que es competencia de las comunidades autónomas, por lo que no se puede hacer el desarrollo de una ley de bases a través de normativas del Estado, sino a través de las comunidades autónomas.


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Señora ministra, ya que usted tiene mucho predicamento en el Partido Popular, le pedimos que los convenza para que nos den un plazo amplio y podamos traer las enmiendas que nos permitan dar alternativas y que salga una ley que se pueda aprobar con el máximo consenso.


La señora PRESIDENTA: Señor Companys, le ruego que concluya.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Termino en seguida, pero vamos a ver si los otros grupos también cumplen con el tiempo.


La señora PRESIDENTA: Exactamente, señor Companys. La presidencia avisa siempre con mismo tiempo y usted ya ha consumido el suyo.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Pienso que en este proyecto de ley el Gobierno comete algunos errores. Se atribuye como propias competencias que luego intenta salvar diciendo que se aplicarán en colaboración; regula con excesivo detalle -termino en seguida, señora presidenta- materias que no le son propias, hecho que conlleva la invasión de competencias: autorizaciones administrativas, montes de utilidad pública, derechos preferentes. Sin embargo, no se pronuncia de forma clara y detallada sobre aspectos que sí son de su competencia: estatuto jurídico de la propiedad forestal, contrato social forestal, primas medioambientales, fórmulas de compensación del Estado por las externalidades positivas -es un tema muy importante, y usted no ha hablado de las externalidades positivas de los bosques-, participación del Estado en la financiación de las medidas de fomento, el fondo forestal estatal y la financiación de las cuotas del seguro de incendios forestales, que funciona en cuestiones agrícolas, por ejemplo.


Mire si estoy cargado de razón que el proyecto que estamos debatiendo ni siquiera da respuesta a los compromisos fijados por el Estado en la estrategia forestal española, en cumplimiento de las directivas previas relativas al contenido que debía tener una ley básica de montes. Este proyecto de ley no es un buen texto porque, en el fondo, no hace aportaciones importantes, ni siquiera es innovador en los planteamientos, no entra en un tema básico, nudo gordiano del problema, como es la fiscalidad forestal. Las aportaciones principales de los bosques son sus externalidades, que la ley prácticamente no reconoce, que benefician a la sociedad mientras que sus costes recaen en solitario sobre los titulares de las explotaciones, sin ningún tipo de contrapartida.


La señora PRESIDENTA: Señor Companys, le ruego que concluya definitivamente, por favor.


El señor COMPANYS I SAN FELIU: Medio minuto, y termino, señora presidenta.


Los ingresos clásicos del monte son la leña, la madera y el corcho, pero, en una economía globalizada nuestras producciones nunca podrán competir con las procedentes de otros países, en los que apenas existe control medioambiental. La falta de rentabilidad que usted ha reconocido, unida a las presiones medioambientales, nos lleva a la situación de abandono en que se encuentran algunas zonas forestales.


Sería bueno que esta ley hubiese dedicado una capítulo a asuntos fiscales, de competencia estatal, como pueden ser el IVA reducido en los productos forestales, las exenciones fiscales del IRPF y la participación del Estado, como hacen en cuanto a las exenciones fiscales.


La señora PRESIDENTA: Señor Companys, le ruego que, dé por concluida su intervención definitivamente.


El señor COMPANYS I SAN FELIU: Muchas gracias, señora presidenta.


Nos vamos a abstener en la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas, con la esperanza de que, durante la tramitación del proyecto, se admita el número de enmiendas suficiente para mejorar su redacción actual.


Muchas gracias por su comprensión, señora presidenta. Gracias, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de Lara.


La señora DE LARA I CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar la posición del mismo respecto al proyecto de ley que ha presentado la ministra de Medio Ambiente y respecto a las tres enmiendas a la totalidad -una de ellas con texto alternativo- que se han debatido hace escasos momentos. Anuncio ya en este momento, señorías, nuestro voto en contra, tanto a las dos enmiendas a la totalidad, como a la enmienda a la totalidad con texto alternativo, presentada por Izquierda Unida.


Quiero iniciar mi intervención haciendo una alusión a la petición de consenso hecha por los grupos Socialista y de Izquierda Unida. El consenso se ha conseguido con muchos grupos parlamentarios, señorías, pero no ha sido posible con el Grupo Socialista, lamentablemente; pese a que en el Consejo Nacional de Bosques representantes de sus comunidades autónomas colaboraron activamente y mostraron su apoyo al proyecto de ley, a la hora de votar, la disciplina de partido hizo que votaran en contra. No ha sido posible el consenso con ellos, porque ustedes no quieren el consenso realmente.


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El tiempo que para mi intervención prevé el Reglamento de la Cámara impide que lo dedique a la defensa global del texto, pero sí incidiré en aquellos aspectos del proyecto de ley que creo más relevantes y que han sido especialmente aludidos. En primer lugar, el proyecto de ley que hoy debatimos es, sin duda alguna, necesario, y lo es por un triple motivo.
Por un lado, porque la vigente Ley de montes, de 1957, y la de incendios forestales, de 1968, son preconstitucionales, e indudablemente ha cambiado el marco político, institucional, económico y social de España, y el papel que los montes desempeñan en nuestra sociedad. Por otro, por la importancia que tienen los espacios y usos forestales en el territorio de la nación, ya que la superficie forestal representa el 52 por ciento del territorio español, como ya se ha dicho aquí. En tercer lugar, porque el mandato constitucional reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica de montes y aprovechamientos forestales.


Es precisamente este último punto el que parece desconocer el señor Vázquez cuando afirma en el texto de su enmienda que la planificación forestal -y leo textualmente- a escala estatal es en realidad un pretexto para continuar con una política de montes centralista. También parece desconocer el señor Vázquez no sólo que la planificación forestal es competencia de las comunidades autónomas, sino que el proyecto de ley va más allá en el proceso de descentralización, ya que introduce como aspecto novedoso que las entidades locales podrán gestionar los montes catalogados de su titularidad, reconociendo con ello su papel como principales propietarios forestales públicos y su contribución a la conservación de unos recursos que benefician a toda la sociedad. El proyecto de ley sí aboga, señor Vázquez, por la cooperación entre todas las administraciones.


En segundo lugar, el proyecto de ley que hoy debatimos se inspira en unos principios enmarcados en el concepto de la gestión forestal sostenible, de forma que se convierta en un instrumento necesario para garantizar la conservación y pervivencia de la riqueza forestal española y recoge expresamente, señor Morlán, el carácter multifuncional de los montes.
Especial interés se concede a su función social como proveedores de servicios ambientales tales como la protección del suelo, de los recursos hídricos, la fijación del carbono y el mantenimiento de la diversidad biológica. Todo ello, señorías, es determinante en el texto del proyecto de ley para ampliar los motivos de inclusión de un monte en el catálogo de montes de utilidad pública y para introducir las externalidades ambientales como factores generadores de derechos a incentivos.


Son precisamente estos aspectos los que, según la enmienda socialista, quedan -leo textualmente- menospreciados e ignorados en el proyecto de ley. Quiero creer que esta sorprendente posición socialista nace no de la mala fe de quien manipula lo que sabe, sino de la ignorancia o lectura deficiente del texto del proyecto de ley, de modo que parece que SS.SS.
socialistas no han leído los artículos 3, 4, 6, 7, 13, 24, 28, 31, 65, etcétera. Tal vez la enmienda se preparó, cuando se tomó la decisión de presentarla, como anunció una destacada dirigente de su partido, antes de que el Gobierno aprobara el anteproyecto de ley, lo cual nos indica que ustedes no se han leído el texto del proyecto de ley. En este caso, señorías, no calificaría de ignorancia o de deficiente lectura del texto la posición socialista, sino de frivolidad irresponsable; me resisto de cualquier manera, como he dicho, a achacarlo a mala fe. Por cierto, señorías, no puedo dejar de manifestar mi extrañeza por el repentino, y a mi juicio saludable, interés del Grupo Socialista por nuestros montes, los grandes olvidados en la pseudopolítica medioambiental, más de gestos que de realidades, de los gobiernos socialistas durante su trecenio en el poder. Parece que es a partir del año 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar crea el Ministerio de Medio Ambiente, cuando se inician sus iniciativas parlamentarias a favor de los montes españoles, tal como ustedes reflejan en el texto de su enmienda, donde además nos explican cuáles fueron sus propuestas, que por cierto fueron democráticamente rechazadas en esta Cámara. Quiero aclararle en este punto, señoría, por si le sirve, que el proyecto de ley que hoy ha presentado la ministra de Medio Ambiente no está copiado de estas proposiciones de ley, puede usted estar segura, no tiene más que compararlos para darse cuenta de que esto es un error que ha cometido.


En tercer lugar, el proyecto de ley concede una especial relevancia a la planificación forestal. Las novedades más importantes del texto del proyecto de ley son los planes de ordenación de los recursos forestales y la gestión forestal sostenible, que debe integrar los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, y todo ello, señorías, con la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y de las expectativas de desarrollo de la población rural. El texto de la enmienda socialista, lo ha dicho el señor Morlán, también indica que el proyecto de ley olvida a los habitantes y los usos tradicionales, el desarrollo rural y la creación de empleo; ello nos produce estupor ya que todos ellos son objetivos de la gestión forestal sostenible y aparecen reflejados en los artículos 3 y 32 del proyecto de ley. Me gustaría conocer -ya sé que no va a ser posible- qué texto han leído ustedes, señorías, a qué texto dedican ustedes sus críticas, porque éstas no coinciden con lo que dice el texto del proyecto de ley.


En cuarto lugar, el proyecto de ley contribuye al reconocimiento de los beneficios generales que los montes aportan a la sociedad y compensa por ello a sus propietarios introduciendo las externalidades ambientales, a las que antes me he referido, como un factor

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generador de derechos e incentivos. Asimismo, incide en el aprovechamiento de los recursos que el monte genera de forma sostenible al vincularlos a los instrumentos de gestión. No es por tanto, señorías socialistas, como ustedes han indicado, un proyecto de ley enfocado a la explotación productivista, como dice el texto de su enmienda. Los montes españoles tienen unas tasas de aprovechamiento muy por debajo de la media europea, que ronda el 60 por ciento del crecimiento de sus masas, mientras que en España estaríamos en torno al 30 ó 35 por ciento.


Podría ir rebatiendo todos y cada uno de sus argumentos, pero el escaso tiempo de que dispongo hace que esto sea imposible. Quiero tranquilizarle porque he visto que una de sus grandes preocupaciones era el nombre de la ley. Presenten ustedes una enmienda parcial en todo caso, pero creo que ello no es motivo para presentar una enmienda de devolución.


En cuanto a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, hay que indicarle que las razones que ha expuesto respecto al texto del proyecto de ley son similares a las que ha referido el portavoz del Grupo Socialista. En lo que se refiere a su texto alternativo, muchas son las consideraciones que podrían hacerse, pero creo que una sola será suficiente. Se trata de la propuesta que hacen ustedes de creación de una secretaría general de política forestal adscrita a un nuevo ministerio de agricultura, montes, pesca y alimentación, que ejercería las competencias estatales sobre conservación y defensa de los montes. Rechazamos esa propuesta, señorías de Izquierda Unida, porque el Grupo Popular considera que los montes no sólo son fuente de recursos naturales, como ustedes consideran al querer crear esta secretaría, sino que también son proveedores de múltiples servicios ambientales, como he dicho anteriormente. De otra parte, recurren en su texto a una serie de tópicos referidos a los montes que ya están superados. Parece, señorías de Izquierda Unida, como si ustedes tuvieran en un cajón esta proposición de ley de montes y hoy hubieran sacado del mismo una proposición ya antigua.


Concluyo, señorías. El asunto de fondo es si era necesario o no una nueva legislación de montes en España, pues la existente está anclada en 1957.
Obviamente, la respuesta razonable es que sí. Nuestro grupo apuesta por el debate de las ideas, por la mejora del texto del proyecto de ley con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, pero, señorías, la presentación de enmiendas a la totalidad, parlamentariamente, supone un rechazo al espíritu y a la letra de la ley en su globalidad y creo que en menos de 15 minutos he conseguido demostrar que los motivos en que se fundamentan las enmiendas a la totalidad carecen de rigor. Se ha tratado, como viene siendo común en una política de oposición de gestos pero no de alternativas, de un no porque sí.


La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, le ruego concluya, por favor.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señora presidenta.


No olviden, señorías, que diciendo no a todo, cuanto menos se pierde credibilidad.


La Ley de Montes inicia hoy su andadura parlamentaria. Es nuestro deseo que, con las aportaciones de todos los grupos, el texto se enriquezca y sea un instrumento eficaz para la gestión sostenible de los montes españoles, que es lo que deseamos todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora de Lara.


Iniciamos la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de montes.


En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez, y por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 82; en contra, 137; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Sometemos a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 80; en contra, 140; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LOGRAR

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QUE PRIME EL DERECHO INTERNACIONAL EN LA SITUACIÓN GENERADA POR LA GUERRA CONTRA IRAK? (Número de expediente 180/001876.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto VI del orden del día: Preguntas. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta número 38, que formula el diputado don Gaspar Llamazares Trigo.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, ¿piensa usted volver al diálogo y al derecho internacional en relación con el conflicto de Irak o se quedará en la ilegalidad, como hasta ahora?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): En el diálogo y en el derecho internacional, señoría, el Gobierno quiere que España colabore en la estabilización y normalización de la situación en Irak.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: ¿Recuerda usted: a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar? ¿Cómo va a explicar usted mañana al Papa el resultado de las víctimas civiles inocentes de la guerra de Irak? ¿Va a pedir usted cuentas a Colin Powell sobre la muerte de periodistas españoles, sobre la muerte de Couso? Señor Aznar, ha pasado usted de la guerra a la mentira y de la mentira al miedo, porque ante esta Cámara usted ha dicho solemnemente que tenía pruebas de las armas de destrucción masiva, que tenía pruebas de la conexión entre el terrorismo islámico y el Gobierno de Irak, y ha manifestado también que esta guerra estaba dentro del marco de Naciones Unidas. Pues bien, le han desmentido todos, desde el secretario general de Naciones Unidas hasta el señor Blix y el Gobierno inglés, que ha dicho ahora que, si había armas, estas no eran operativas. Señor Aznar, ha mentido usted solemnemente ante esta Cámara.
¿Qué va a hacer ahora, continuar mintiendo de cara a la futura reconstrucción de Irak? ¿No será mejor, en vez de hablar de reconstrucción, decir que se trata del reparto del botín y que intenta utilizar a los militares y a los civiles españoles para que formen parte de ese reparto, poniendo en riesgo a fuerzas de seguridad españolas y a funcionarios españoles? ¿No será mejor decir la verdad y, en vez de hablar de reconstrucción, hacerlo del reparto del botín de Irak después de la cruzada?

Señor Aznar, en definitiva, está usted sustituyendo en estos momentos la mentira por el miedo. Parece que no le vale la guerra de Irak, que tiene que haber también una lógica de la guerra en nuestro país, guerra frente a los pacifistas que se han convertido en derrotistas, guerra frente a fiscales y jueces díscolos que se han convertido en rebeldes, guerra frente a la izquierda, que para usted son los rojos de siempre. Señor Aznar, no tenemos pactos, pero le digo claramente en esta Cámara que, si podemos, las próximas elecciones serán las de la derrota del Partido Popular y no les dejaremos ni un solo ámbito de poder. Si podemos, lo haremos así. Pero no se preocupe, señor Aznar, que no va a haber problemas con la educación, su hijo va a poder seguir estudiando en Estados Unidos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, me permito recordarle que el conflicto ha terminado. Afortunadamente, mal que le pese a S.S., el conflicto ha terminado para el pueblo iraquí.
(Aplausos.-La señora Castro Fonseca muestra una camiseta en la que figura la frase: José Couso asesinado.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor presidente, por favor.


Señora Castro, le ruego retire esa camiseta de los escaños, ya que equivale a una pancarta.


Adelante, señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Me permito recordarle que el conflicto ha terminado, mal que le pese a S.S., ya que evidentemente le hubiese sido de gran utilidad para seguir en las tareas a las que nos tenía acostumbrados.


El Gobierno considera que la situación de Irak no está fuera de la legalidad internacional, sino que en este momento se ha abierto para el pueblo de Irak un futuro mucho más próspero, en libertad y en democracia, aunque sea para manifestar su disconformidad. (Rumores.)

Quiero decirle a S.S. que han aparecido algunas realidades: más de 300.000 personas desaparecidas, fosas comunes llenas de centenares de cadáveres, instalaciones de confinamiento de personas y cámaras de tortura, millones de dólares en las viviendas de los jerarcas del régimen, todo esto, entre otras cosas -para no hacer la lista exhaustiva-, para vergüenza de los que todavía no han tenido tiempo de pronunciar una sola palabra de condena sobre esta situación. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Nosotros deseamos un papel central de las Naciones Unidas y, por supuesto, también deseamos que los iraquíes puedan tener un gobierno democrático y que se puedan manifestar democráticamente, cosa que, naturalmente,

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no han podido hacer hasta ahora. Desde luego, lo que no vamos a hacer en ningún caso es utilizar de manera oportunista, como ha hecho S.S., el sufrimiento de la gente antes de intentar llegar a las urnas. (Rumores.) Las urnas colocarán a cada uno en su sitio, señoría, y me da la sensación de que las suyas no van a ser precisamente muy favorables.


Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ OBJETIVOS SE PRETENDEN ALCANZAR CON LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ANUNCIADAS RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/001879.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 41, que formula el diputado don Vicente Martínez-Pujalte. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.


Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señor presidente, a pesar de los augurios que anualmente hacen algunos grupos políticos en el debate de presupuestos, España, en estos años de Gobierno del Partido Popular, está creciendo todos y cada uno de los años por encima de la media europea. (Rumores.) España, en estos años, ha conseguido un récord de cotizantes a la Seguridad Social, pasando de 12 millones a más de 14 millones... Perdón, de 12 a 16 millones... (Rumores.-Risas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Ha crecido más de cuatro millones, señorías, con el Gobierno del Partido Popular, para vergüenza de ustedes, y la tasa de paro ha descendido como en ningún otro país europeo. Las previsiones económicas para los próximos años, según todos los organismos internacionales, son que seguiremos creciendo más que la media europea.
Eso se ha producido con buenos y malos vientos, y ahora se ha adoptado otro conjunto de medidas para favorecer a los autónomos, para favorecer el alquiler de viviendas y la incorporación de la mujer al mundo laboral, que este grupo parlamentario valora muy positivamente. Por esa razón, quiere preguntar qué objetivos se pretenden alcanzar con las medidas que el Gobierno aprobó el viernes pasado.


Muchas gracias. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!-La señora Cortajarena Iturrioz pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Señora Cortajarena, guarde silencio, por favor.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el objetivo que se pretende alcanzar, continuando con el proceso de reformas económicas en España, es que nuestro país siga creciendo por encima de la media de la Unión Europea y siga en el proceso de creación de empleo. Una de las diferencias económicas de España con otros países más desarrollados de Europa en este momento es que mientras hay países, como Alemania, que está en una situación de práctico estancamiento, o Francia, que está en recesión, España crece por encima del 2 por ciento anual, señoría. Eso supone que hemos llegado a una cota histórica de 16.432.000 personas ocupadas en España; quiere decir que el año pasado, que ha sido un año de crecimiento internacional muy bajo, más de 1.000 personas han encontrado diariamente un trabajo en nuestro país y quiere decir que dos de cada tres nuevos empleos han sido ocupados por mujeres. Lo que queremos hacer es seguir con ese proceso de crecimiento que haga que cada vez tengamos más empleo, más prosperidad y más bienestar. Por eso, señoría, hemos tomado medidas a favor del trabajo de las mujeres, que tendrán íntegramente bonificada, al cien por cien, la cotización a la Seguridad Social durante un año cuando se reincorporen al trabajo después de haber tenido un hijo.


Hemos aprobado medidas a favor de los trabajadores autónomos estableciendo un sistema de cotización joven, extendiendo su protección social en caso de incapacidad o en caso de lesión, que antes empezaba a los 16 días, al cuarto día. Hemos establecido para las pequeñas y medianas empresas la cuenta de ahorro empresa. Además de eso, señoría, hemos elevado la facturación para el impuesto sobre sociedades de 5 a 6 millones de euro.
Además de eso queremos garantizar que se pueda cambiar la hipoteca con toda seguridad jurídica, los que lo quieran hacer, y hemos establecido e impulsado la creación de sociedades para promocionar las viviendas de alquiler. Esto afecta a muchos millones de españoles que no les importan nada a otros grupos parlamentario en esta Cámara, pero a nosotros sí nos importan, señoría.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE RECUPERAR LOS EJES DE LA POLÍTICA

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EXTERIOR DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/001891.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 53, que formula el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Aznar, en efecto la guerra ha terminado pero la violencia no. Por eso me ha sorprendido oírle hablar del derecho a la manifestación de los iraquíes después del final de la guerra. Supongo que no se referirá a lo que ha pasado en la manifestación del lunes y en la de hoy mismo, donde han muerto varios ciudadanos de aquel país y que yo desde aquí condeno aunque sé que usted, por supuesto, no va a condenar. Como no ha condenado hasta ahora, ni usted ni su Gobierno, lo que pasó con José Couso. Desde aquí le exijo una condena a la acción de la muerte de José Couso; como presidente del Gobierno está obligado a exigir una investigación y responsabilidades por la muerte de un compatriota. Por tanto, la guerra terminó pero la violencia y las consecuencias, no.


Ya sé que estos días está usted, para habernos sacado de la historia, en un tono precisamente no de buen humor; no hay más que escucharle cada día en el telediario. No sé si recuperará un poco de sentido para intentar poner otra vez a nuestro país en los ejes de una política exterior razonable. Eso es lo que hoy le pregunto: ¿Va a poner a este país en unos ejes de política exterior razonable, señor Aznar? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Los ejes de la política exterior española, señoría, son tan razonables como servir, estar sirviendo y seguir sirviendo a los intereses generales de España.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor Aznar, uno puede intentar ocultar la realidad, no querer verla y ponerse un muro delante. Pero, ¿qué ha supuesto la crisis de Irak? ¿Qué ha supuesto, más allá del horror de la guerra, desde el punto de vista de la política internacional, su opción y la de muy pocos gobiernos? Crisis en la comunidad internacional, crisis en Naciones Unidas, crisis en la Unión Europea y crisis en la legalidad internacional. Ya hemos visto lo que pasó ayer en Bruselas, algo cuyo fin es razonable y cuyo método mejorable. Vimos lo que fue Azores, cuyo fin es equivocado y el método radicalmente equivocado. Han provocado crisis en todo, por hacer una política unilateral. Han dividido a este país, a esta Cámara, intentando hacer lo que tiene que ser un futuro de relaciones internacionales distinto. Por eso desde aquí le digo, le pido y le exijo que recupere la capacidad de unir y no de dividir en política exterior y en política internacional, si es que puede hacer otra cosa distinta a la política de tierra quemada que está haciendo con este país y con la comunidad internacional. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Le tengo que recordar también a S.S. que el conflicto ha terminado, porque acusar al Gobierno de practicar una política de tierra quemada es situarse fuera de lo razonable y del sentido común. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Comprendo que S.S. en esta crisis ha hecho una apuesta política muy fuerte y le ha salido mal.
Señoría, mala suerte, le ha salido muy mal. (Aplausos.) Comprendo que ahora tenga que recomponer la posición insostenible a la que ha llevado a su partido, pero por lo menos tenga el decoro al intentar hacerlo de no dar lecciones a los demás desde el punto de vista de la política exterior española porque no está en condiciones de hacerlo, se lo digo francamente. La continuidad de la política exterior española, basada en la presencia en la Unión Europea, basada en la presencia en la Alianza Atlántica, ha sido y es garantizada. La presencia mayor de España allí donde tenemos intereses, como es en Iberoamérica o en los países árabes, está garantizada. Los consensos ofrecidos en esta Cámara están rechazados expresamente por su señoría. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Habría que ver cuál sería la posición de España si hubiésemos hecho caso de aquellas propuestas de S.S. que decía que nos teníamos que salir de la coalición y prácticamente ponernos al lado de los que han quedado en una posición irrelevante y aislada en el escenario internacional. Exactamente en eso. (Rumores.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Por cierto, otro de los ejes de la política exterior española es la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria. Le quiero recordar que las últimas palabras que S.S.
pronunció sobre este asunto en esta Cámara fueron exactamente para condenar que el Gobierno mandase ayuda humanitaria. (Protestas.-La señora Cortajarena Iturrioz y la señora García Manzanares pronuncian palabras que no se perciben.)

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La señora PRESIDENTA: Un momento, señor presidente.


Señora Cortajarena, señora García Manzanares.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Para impedir que el Gobierno mandase ayuda humanitaria y para pedir que la que se había mandado volviese inmediatamente al país. (Aplausos.-Protestas.) Afortunadamente, miles de españoles y miles de iraquíes se alegran que en este punto tampoco le hiciéramos caso, señoría. (La señora Gallizo Llamas pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor presidente.


Señora Gallizo, guarde silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Si después de eso S.S.
quiere volver al sentido común, nosotros naturalmente estaremos dispuestos a aceptarlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿EN BASE A QUÉ RAZONES VA A ENVIAR EL GOBIERNO A FUNCIONARIOS CIVILES A IRAK? (Número expediente 180/001895.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor vicepresidente primero del Gobierno. Pregunta número 57, que formula la diputada doña Juana Serna Masiá.


La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, en realidad esta pregunta relacionada con el envío de funcionarios civiles españoles a Irak podríamos habérsela formulado al señor Arenas, pero como el ministro de Administraciones Públicas dijo públicamente que no tenía ni idea de este asunto, que se había enterado del envío de los empleados públicos a Irak a través de los medios de comunicación y que se preguntase en Moncloa, mi grupo ha decidido preguntarle a usted. Por ello, ¿podría decirnos en base a qué razones va a enviar el Gobierno a funcionarios civiles a Irak?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora diputada.
Fundamentalmente por razones de solidaridad con el pueblo iraquí y porque entendemos que debemos participar en la tarea de reconstrucción de Irak, como absolutamente todos los países de nuestro entorno; todos. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Señor vicepresidente, lo mejor que podían haber hecho en cuanto a la solidaridad era no haber destruido el pueblo de Irak. Y en cuanto a la ayuda humanitaria, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se lleve a cabo, pero dentro de la legalidad.


Señor vicepresidente, usted sabe que han apoyado una guerra ilegal y ahora ponen en marcha otra medida ilegal a costa de los funcionarios, que es el tema que estamos tratando. Como sabe, el Convenio de Ginebra establece que Estados Unidos y el Reino Unido son potencias ocupantes y seguirán así hasta que no haya un mandato expreso por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo que pueden pasar de potencias ocupantes a potencias administradoras. Ese mandato, señor vicepresidente, no se ha producido al día de hoy. Por tanto, si el Gobierno de España envía a sus empleados públicos a Irak, eso está significando dos cosas: una, que sitúan a España en una situación de ilegalidad, y otra, que colocan en una situación de ilegalidad a los funcionarios públicos españoles. Por eso nos planteamos si en cierta manera esto significa que España ahora quiere ser una potencia ocupante, o si es que España, al igual que Estados Unidos, no va a hacer caso de los mandatos del Consejo de Seguridad ni de la Convención de Ginebra. Si es así, si ustedes van a entrar en esta situación de ilegalidad, nos planteamos muy seriamente cómo vamos a proteger la vida de nuestros funcionarios, cómo vamos a proteger su seguridad física y cómo vamos a proteger su seguridad jurídica.


Creemos que lo más razonable es que retiren este real decreto para bien de España, para bien de los empleados públicos y para colocar de nuevo a España en el camino del que nunca debería haberse salido, que es el camino de la paz.


Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.


Señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señora diputada. Sintiéndolo mucho, lamento no coincidir con usted en nada. Eso, sin duda alguna, a usted le preocupará poco, pero debiera preocuparle el no coincidir siquiera con lo que ha dicho la Unión Europea. La declaración de la presidencia griega de la Unión, al término del Consejo Europeo del pasado 16 de abril, señaló -como por otra parte es perfectamente entendible por cualquiera- que la coalición tiene la responsabilidad de asegurar un entorno seguro que incluya la provisión de ayuda humanitaria, especialmente asistencia médica urgente, así como la protección del patrimonio cultural y los museos.


En relación con ese asunto, hay un consenso en la comunidad internacional, expresado por todos los países, sobre el hecho de que las funciones de seguridad, restablecimiento de servicios básicos, etcétera, incumbe a los países de la coalición. Lo cual, por otra parte, es absolutamente razonable porque temas tan urgentes y prioritarios como restablecer el orden público, el aprovisionamiento de agua y de electricidad parece que deben ser atendidos de forma inmediata y no pueden quedar a la espera de que se produzca una eventual resolución del Consejo de Seguridad, que implica generalmente unas negociaciones complejas y prolongadas.


En este momento, todos los países de la Unión Europea, independientemente de la posición que hayan manifestado en su día, están absolutamente de acuerdo y están pidiendo enviar funcionarios de su propio país antes de que se pronuncie el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso, nosotros vamos a destacar funcionarios de alto nivel (menos mal que ustedes no gobiernan porque, con ese criterio, estarían franceses, estarían alemanes y estarían de otros países de la Unión, pero de España curiosamente no estaría ninguno) en las áreas relativas a la administración militar, a la ayuda humanitaria y derechos humanos, a la reconstrucción del patrimonio cultural y a la planificación económica. Y hemos solicitado la contribución de funcionarios voluntarios que estén dispuestos a integrarse en las áreas demandadas como prioritarias al Gobierno español. Hasta el momento presente ya ha habido 40 ó 50 personas que manifiestan su disposición a trabajar en estos temas, en concreto en el suministro de agua, en el suministro de energía, en el sistema educativo y en la gestión de ciudades, por un problema fundamental de solidaridad con el pueblo iraquí. Pero como ustedes, aunque les molesta que se lo recuerden, se opusieron en su día, el señor Zapatero, a la ayuda humanitaria... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON FERNANDO MARTÍNEZ MAILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRASPASO DE COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/001885.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al ministro de Administraciones Públicas. En primer lugar, la número 47, que formula el diputado don Fernando Martínez Maillo.


El señor MARTÍNEZ MAILLO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, este año se cumple el 25 aniversario de la aprobación de la Constitución española; Constitución de la concordia, del consenso y del diálogo. Una Constitución que se ha mantenido viva y en permanente desarrollo durante estos 25 años. Una Constitución que nos ha permitido una organización política del Estado y también ha permitido un desarrollo en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político inigualable en la historia más reciente. Un texto constitucional que, precisamente por ese consenso, ha trascendido en lo temporal y muchas generaciones durante esos 25 años se sienten plenamente identificadas con el texto constitucional.


Su título VIII establece una nueva organización del Estado basada en el Estado de las autonomías. Este modelo ha supuesto una profunda descentralización, sobre todo ha producido un verdadero reparto del poder político. Hemos pasado de ser un país fuertemente centralista a ser uno de los países más descentralizados del mundo. El proceso de traspasos está casi plenamente culminado. Hoy, las comunidades autónomas son responsables de muchas competencias, en materia de sanidad, de educación o de servicios sociales, y este desarrollo se ha producido fundamentalmente en estos últimos siete años, cuando el grueso de las transferencias se ha completado bajo Gobierno del Partido Popular.


Es verdad que algunos han planteado otro modelo y en algunas comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas se observan planteamientos que pretenden una relectura de la Constitución y de los estatutos para abrir un nuevo proceso de descentralización, y otros, que no son nacionalistas, que depende dónde estén y cómo estén, hacen relecturas diferentes. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por ese modelo constitucional, apuesta por el consenso constitucional.
Decimos que no son aceptables ninguna de las propuestas que, bajo presuntas relecturas o reinterpretaciones, pretenden forzar lo que es una auténtica mutación constitucional. Estamos en el periodo de la

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cooperación institucional y en el periodo de la segunda descentralización, ahí se verá la verdadera sinceridad de algunos. Por eso le formulamos la pregunta que figura en el orden del día.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Maillo.


Señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Arenas Bocanegra): Sí, señora presidenta.


En primer lugar, señor diputado, con toda la sinceridad del mundo le agradezco su pregunta y le agradezco al Grupo Parlamentario Popular que se ocupe de los asuntos del Ministerio de Administraciones Públicas, porque lamento profundamente decirle que en diez meses que llevo de ministro de Administraciones Públicas el primer grupo de la oposición no me ha formulado en este Pleno ni una sola pregunta. Yo tenía la esperanza de que esta semana me hicieran la primera y la verdad es que al final mi gozo en un pozo. No hay forma de ser controlado por el primer partido de la oposición. (Rumores.) Se animan ahora, pero no preguntan. No se animen, pregunten. (Risas.)

Señor diputado, el Gobierno del presidente... (Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.) Mira que siguen, pero no preguntan. El Gobierno del presidente Aznar, señor diputado, quiere celebrar los 25 años de la Constitución española teniendo traspasadas todas las competencias al Estado de las autonomías. Hoy podemos decir con profundo orgullo que en las dos legislaturas del Gobierno del presidente Aznar se han hecho traspasos de competencias a las comunidades autónomas por valor de más de 3 billones de pesetas, lo que significa que cerca de 350.000 empleados públicos se han transferido a las comunidades autónomas, por lo que puedo afirmar que la VI y VII legislaturas son las que han expresado un mayor compromiso con el Estado de las autonomías.
Quiero señalarle también que en opinión de nuestro departamento, si atendemos al porcentaje de traspasos pendientes, prácticamente suponen un 2 por ciento en términos constitucionales y, si atendemos también al personal que puede traspasarse a las comunidades autónomas, no supera el 4 por ciento.


Por esta serie de razones considero que no es la hora de la reivindicación autonómica, sino la hora de la cooperación, la corresponsabilidad y la colaboración, porque tenemos que superar entre todos una etapa de reivindicación y demostrarle a la sociedad española que la autonomía ha sido buena en términos de bienestar ciudadano, que los ciudadanos reciben mejores servicios públicos, que no es hora de romper el pacto constitucional cuando estamos en plena madurez autonómica y que es hora también de que los gobiernos autonómicos asuman sus responsabilidades. En reciente fecha he ofrecido las políticas activas de empleo al Gobierno vasco, que también las ha rechazado. Por tanto, me parece positivo que celebremos los 25 años de la Constitución con el pleno desarrollo del Estado de las autonomías, con todos los traspasos hechos, aunque la oposición no pregunte.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA CRISTINA GUARINOS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN MATERIA DE HORARIOS? (Número de expediente 180/001886.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 48, que formula la diputada doña Ana Guarinos López.


La señora GUARINOS LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en el ejercicio de la función de control parlamentario constitucionalmente reconocida, que parece ser que la gran oposición de este Parlamento no tiene mucho interés en ejercer con usted -a los hechos me remito-, le tengo que decir que para mí sí es un honor dirigirme a usted como titular de una cartera ministerial, como es el Ministerio de Administraciones Públicas, que requiere un comedido trabajo, tanto en lo concerniente al personal al servicio de la Administración como en lo relativo a los servicios públicos que por parte de la misma se prestan a los ciudadanos. El intenso proceso de transferencia de competencias que se ha producido en nuestro país en los últimos años, bajo gobiernos fundamentalmente del Partido Popular, y la consolidación de la posición de España en la Unión Europea son circunstancias que exigen adaptar la organización y el funcionamiento de la Administración a un nuevo escenario, fortaleciendo algunas áreas de acción pública y optimizando los recursos del personal. La necesidad de introducir criterios de racionalidad y flexibilidad, la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y, en definitiva, la necesidad de adaptación a las demandas sociales, son aspectos necesarios e imprescindibles para conseguir el objetivo prioritario de cualquier Gobierno y de cualquier Administración pública: mejorar el funcionamiento de la misma y la calidad de los servicios que a través de ella se prestan a los ciudadanos.


Para conseguir este objetivo el Gobierno siempre ha entendido, y así lo ha venido demostrando, que la búsqueda

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del diálogo y el entendimiento con los agentes sociales son fundamentales para alcanzar con éxito los objetivos propuestos, empeño por la búsqueda y recuperación del diálogo social que no ha sido exclusivo del Gobierno, sino plenamente compartido con los sindicatos. En esta idea se enmarca precisamente el acuerdo firmado el pasado 13 de noviembre, para el período 2003-2004, para la modernización y mejora de la Administración pública en los próximos dos años, que incorpora importantes novedades en el modelo de Función pública y contiene compromisos concretos de ordenación y gestión de recursos humanos, así como la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, entre ellos los dirigidos a la racionalización de la regulación y cumplimiento de la jornada y horario de trabajo, recuperándose con la firma de este acuerdo el diálogo social en la Función pública, ya que desde 1994 no se alcanzaba ningún acuerdo de esta naturaleza.


Teniendo en cuenta todo lo expuesto y reconociendo que todavía, señor ministro, queda mucho por hacer en la Administración y que nunca puede haber un punto final de llegada, porque siempre quedarán cuestiones por mejorar en las condiciones de trabajo, en el servicio público a los ciudadanos y en el camino de la contribución a conseguir el logro de una Administración más ágil, más cercana y más accesible a los ciudadanos, que es el deseo de todos, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para facilitar el acceso de los ciudadanos a las oficinas de la Administración general del Estado en materia de horarios?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guarinos.


Señor ministro, a los efectos de dar respuesta a la pregunta cuyo tenor figura en el orden del día.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora diputada, le agradezco mucho su pregunta y agradezco de verdad, muy de verdad, al Grupo Parlamentario Popular su ejercicio de control de la acción del Gobierno y que se interese por la ampliación de los horarios de la Administración pública al servicio de todos los ciudadanos.


Como sabe S.S., firmamos un acuerdo con los sindicatos el 13 de septiembre, un acuerdo por dos años. El acuerdo estaba al servicio de la modernización de la Administración pública. Entiendo que la Administración pública se tiene que modernizar acercándose siempre a los ciudadanos. A estas alturas, ya podemos decir que hay más de 120 oficinas en la Administración general del Estado, que están abiertas al servicio de los ciudadanos hasta las cinco y media de la tarde. Todas son oficinas de registro y oficinas que se refieren a la información que requieren los ciudadanos. Esto ha supuesto atender a más de 800.000 personas. Hemos hecho lo mismo con las oficinas de Extranjería, con las jefaturas de Tráfico, con las gerencias del Catastro, con las oficinas de nacionalidad, con los registros de penados, de últimas voluntades y de legalizaciones. Y quiero decir a S.S. que espero que a partir del día 2 de mayo superemos ya las 300 oficinas y que estén abiertas a partir de las cinco y media de la tarde una serie de oficinas selectivas y de guardia, que van a afectar al INEM, a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y a las oficinas de Policía, que se dedican fundamentalmente a pasaportes y a la expedición del DNI. A mí me parece extraordinariamente importante que la Administración pública española haga esto. Espero que se pueda extender a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. El coste de la operación para el año actual 2003 es de 8,5 millones de euros y va a afectar a 2.700 funcionarios.


Y le reitero, señoría, que muchas gracias por ocuparse de la ampliación del horario de las oficinas públicas y muchas gracias por controlar al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR JULIOS REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿ CUÁLES SON LAS PREVISIONES DE DESARROLLO DE UNA FAMILIA PROFESIONAL DENOMINADA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA NORMATIVA REGLAMENTARIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (Número de expediente 180/001877.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar la número 39, que formula la diputada doña María del Mar Julios Reyes.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señora ministra. ¿Cuáles son las previsiones de desarrollo de una familia profesional denominada Seguridad y Medio Ambiente en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.


Señora ministra de Educación.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señorías, en el proyecto de real decreto por el que se regula el catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, presentado en la reunión de la Comisión permanente del Consejo general de la formación profesional que se celebró el día 12 de marzo de 2003, se establece literalmente que las cualificaciones profesionales que integran el catálogo de cualificaciones profesionales se ordenarán por niveles de cualificación y por familias profesionales.


Las familias profesionales en las que se estructura el catálogo nacional de las cualificaciones son las que se indican en el anexo I de la citada disposición, atendiendo a criterios de afinidad y de competencia profesional. En ese anexo I, en este sentido que he explicitado ahora, así como en el documento de bases para la elaboración del catálogo nacional de las cualificaciones que acompaña al real decreto se incluye, como propuesta, precisamente la familia profesional de seguridad y medio ambiente a la que usted hace alusión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Señora ministra, tenemos conocimiento de la existencia del proyecto de real decreto así como del documento de bases para la elaboración de dicho catálogo, en el que se contempla la creación, entre otras, de la familia denominada seguridad y medio ambiente. No hay duda de que valoramos esta incorporación positivamente, conscientes de la importancia que tiene la formación profesional en cualquier servicio público que busca satisfacer adecuadamente las necesidades de la población, tanto más cuando se trata de la seguridad.


Nos preocupa sin embargo que en dicho desarrollo no se tenga en cuenta que no se parte de cero. Ya existen en numerosas comunidades autónomas leyes de coordinación de policías locales y otras leyes y normativas por las que se regula la formación profesional de los servicios públicos de seguridad y emergencia. Concretamente en Canarias, dicha ley está vigente desde 1997 y en ella se desarrollan las competencias y mejoras de la formación profesional, así como se crea la academia canaria de seguridad, cuyo objetivo fundamental es realizar la formación, perfeccionamiento y especialización de los cuerpos y servicios públicos de seguridad y emergencia de Canarias. Esto forma parte del proceso de asunción de competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias y es uno de los ejes del plan de seguridad de Canarias. ¿Estará incluida en esta nueva familia la formación específica correspondiente a seguridad ciudadana, protección civil y bomberos y se respetarán las competencias autonómicas a este respecto?

Señora ministra, los centros formativos públicos que existen en las comunidades autónomas para colectivos, como policía local o autonómica, bomberos, etcétera, han acumulado experiencia y conocimientos contrastados a lo largo de los años. En Canarias se han diseñado y elaborado catálogos modulares, estructurados en tres tipos: formación básica, promoción profesional y perfeccionamiento y especialización, como respuesta a un análisis exhaustivo de necesidades de los colectivos profesionales, por un lado, y también de las demandas que la población realiza de estos servicios de seguridad y emergencia, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo para este tipo de formación.


Señorías, entendemos que se deben establecer mecanismos para la participación de las instituciones que hasta este momento han realizado adecuadamente la formación profesional de estos sectores profesionales.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, como usted sabe, están ya establecidos los mecanismos para la participación de las comunidades autónomas en el Consejo general de formación profesional, tanto en la Comisión permanente como en el plenario. Así ha venido ocurriendo tanto en lo que se refiere a los contenidos de la Ley de formación profesional y las cualificaciones como en lo que se refiere a los desarrollos normativos de esta ley.
Cuando hablamos de catálogo hablamos en este caso de catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, por tanto, con valor aplicativo para el conjunto del territorio nacional. Las experiencias que en ese terreno tiene y han desarrollado las comunidades autónomas por supuesto que se vierten en esos foros y en esos ámbitos que, como le digo, existen y están funcionando. Estoy segura de que las experiencias muy interesantes desarrolladas a este respecto en la Comunidad Autónoma de Canarias así se están expresando en estas reuniones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN CALOMARDE GRAMAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS BÁSICAS DE LOS PROYECTOS DE REALES DECRETOS

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POR LOS QUE SE FIJAN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS EN LOS NIVELES Y ETAPAS EDUCATIVAS? (Número de expediente 180/001883.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 45, que formula el diputado don Joaquín Calomarde Gramage.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, trataré de ser breve en la formulación de la pregunta, pero sí quisiera, señorías, comentar algunas cosas. A mí me alegra poder hacerle esta pregunta en esta Cámara por variados motivos pero sobre todo por uno, porque, cuando hay grupos parlamentarios que han hecho lo posible y lo imposible para que el Gobierno no sacara adelante la Ley orgánica de calidad de la educación, alegra francamente poder preguntar a la ministra responsable del Gobierno cuáles son las líneas básicas de los proyectos de reales decretos que desarrollan esa ley orgánica. Y digo que alegra porque muestra varias cosas; en primer lugar, la capacidad legislativa en este caso del Gobierno, la capacidad política de presentar a los españoles la culminación con esta ley de una importante reforma educativa y el cumplimiento de un compromiso electoral por parte del Gobierno español y del partido que sustenta al Gobierno. Y también la alegría de que justamente las Cortes Generales pudiesen, insisto, pese a diversos altercados parlamentarios y no parlamentarios, finalmente aprobar la ley.


Quiero señalar también muy brevemente que es evidente que esto es lo que hace un Gobierno eficaz, un Gobierno razonable, que es un estudiado desarrollo de una ley orgánica. Hay que subrayar también que se han llevado adelante proyectos de reales decretos sobre aspectos básicos de la educación preescolar por parte del ministerio, de enseñanzas comunes de educación infantil, de enseñanzas comunes de educación primaria y de ordenación y enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria.


Por todo ello, este diputado tiene el gusto de preguntarle, señora ministra, cuáles son las líneas básicas de los proyectos de reales decretos por los que se fijan las enseñanzas mínimas en los niveles y etapas educativas.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calomarde.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, en primer lugar quiero señalar que los nuevos currículums de las enseñanzas comunes para la educación infantil y para todas las áreas de educación primaria, que se han elaborado siguiendo la línea de lo ya realizado en diciembre del año 2000 para los currículums de educación secundaria obligatoria y del bachillerato, han sido precisamente discutidos ayer por la Comisión permanente del consejo escolar del Estado y pronto tendremos su informe, de la misma manera que lo fueron ya por la Conferencia sectorial de educación.


Las líneas básicas, expresadas de una manera lógicamente muy breve, son las siguientes: En educación infantil, por ejemplo, se contempla el inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura; la incorporación de una lengua extranjera, especialmente en el último curso del nivel; y la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de aprendizaje. En educación primaria, se simplifican, clarifican y reorganizan también los currículums comunes en todas las áreas; además se secuencian los contenidos y criterios de evaluación por ciclo. Estos cambios posibilitan un seguimiento y una evaluación más precisos y fiables al finalizar cada uno de los ciclos. También se adelanta el aprendizaje obligatorio de una lengua extranjera hasta los seis años y se incorpora la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en todas las áreas del currículum. Es muy importante asimismo el hecho de que la comprensión lectora, la expresión oral y el fomento de la lectura se conviertan en ejes fundamentales del aprendizaje. Todas ellas se van a aplicar en todas las áreas del currículum. Por otra parte, el área que antes se denominaba conocimiento del medio natural, social y cultural, pasa a llamarse ahora ciencias, geografía e historia, denominación que es más acorde con los contenidos de la materia que la componen. En matemáticas, se insiste en el carácter instrumental en relación con los restantes campos del conocimiento.


Por último, señoría, quisiera señalar que en educación secundaria y obligatoria se mantienen los currículums establecidos por el Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, a los que se añaden los currículums de los contenidos básicos comunes de las nuevas asignaturas que introduce la Ley orgánica de calidad de la educación, es decir, cultura clásica, latín, matemáticas A, físicas y química A, y sociedad, cultura y religión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA PALOMA CORRES VAQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES INTRODUCIDAS EN LA EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/001884.)

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La señora PRESIDENTA: Pregunta número 46, que formula la diputada doña Paloma Corres Vaquero.


La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señorías, el sistema educativo español necesitaba importantes reformas. Padres, profesores y distintos miembros de la comunidad educativa venían demandando desde hace años cambios importantes que contribuyeran a mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
Con base en estas demandas y en los resultados de distintos informes y análisis, no nacionales sino internacionales, de expertos, que reflejaban que en materia de educación nuestro país, España, necesitaba mejorar, el Gobierno del Partido Popular se puso manos a la obra y presentó ante la sociedad española distintas propuestas de progreso y de mejora de la calidad de la educación en nuestro país, propuestas que a lo largo de estos años de Gobierno ha ido plasmando en distintas reformas legislativas, referidas a la formación profesional, a la educación universitaria y, cómo no, a la última reforma legislativa, la Ley de calidad de la educación. Esta ley surgió principalmente como respuesta a una situación que, sin ser alarmante, producía una cierta preocupación en nuestra sociedad y era que el índice de fracaso escolar entre nuestro alumnado se sitúa en torno al 25 por ciento o, lo que es lo mismo, que uno de cada cuatro de los alumnos españoles abandonaba nuestro sistema educativo.


Una de las cuestiones qué mas dudas planteaba a los miembros de la comunidad educativa era si el sistema o el modelo de calificaciones de evaluación de nuestro actual sistema servían de un modo preciso para constatar el progreso de los alumnos o la ratificación del esfuerzo que esos alumnos realizaban en el proceso educativo. Por ello, uno de los ejes fundamentales de la Ley orgánica de calidad de la educación era principalmente fomentar la cultura del esfuerzo y de la evaluación.
Nuestro grupo parlamentario y el partido que sustenta al Gobierno creen que el papel del esfuerzo en la educación es fundamental, pero no cualquier tipo de esfuerzo, sino el que representa el ejercicio de la libertad del ser humano y cuyo hábito se adquiere precisamente mediante la educación.


Por todo esto, entendemos que cualquier variación o modificación en los sistemas de calificación y de evaluación serán buenas para mejorar la calidad de la educación. ¿Cuáles son las modificaciones más importantes introducidas en la evaluación de las enseñanzas de régimen general reguladas por la Ley orgánica de calidad de la educación?

Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Corres.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, se ha remitido a la Comisión General de Educación, órgano de representación de las comunidades autónomas, y ya discutido a estas alturas, un proyecto de orden básica del desarrollo de Ley orgánica de calidad de la educación por el que se establecen, entre otras cuestiones, los elementos básicos de los documentos de evaluación de las enseñanzas de régimen general. El proyecto de orden, que es el rango normativo que tiene este documento, especifica que los resultados de la evaluación de los alumnos se expresarán en la enseñanza primaria en los siguientes términos: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, considerándose calificación negativa el insuficiente y positivas todas las demás.


Con estas medidas se pretende que el profesorado califique a los alumnos con una mayor precisión y que los padres obtengan una información más fiable de los progresos de sus hijos frente al actual sistema de calificaciones: Necesita mejorar y progresa adecuadamente. Dos conceptos ambiguos, muy difíciles de interpretar, que generan una enorme incertidumbre acerca de cuál es la situación real del alumno respecto al aprendizaje y que sitúan, en términos de evaluación, al sistema educativo en las tinieblas y no en la transparencia. Por eso, según demanda de la inmensa mayoría del profesorado y también de la inmensa mayoría de los padres, era necesario introducir más transparencia y establecer un sistema que diera cuenta cierta de cuál es la situación respecto del conocimiento que tienen los alumnos.


En la educación secundaria obligatoria estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, en una escala de 0 a 10, aplicándose las siguientes equivalencias: insuficiente, de 0 a 4,9; suficiente, de 5 a 5,9; bien, de 6 a 6,9; notable, de 7 a 8,4 y sobresaliente, de 8,5 a 10. Por otra parte, a los alumnos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, que obtengan en una determinada asignatura o módulo la calificación de 10 podrá otorgárseles una mención de honor. Dicha mención se consignará en los documentos de evaluación junto a la calificación numérica obtenida, pudiendo además obtener matrícula de honor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS MANUEL PÉREZ CORGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA DISTRIBUCIÓN DE

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RECURSOS PROCEDENTES DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? (Número de expediente 180/1887.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior, la número 49, que formula el diputado don Jesús Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, la lucha contra el fenómeno social de las drogas requiere la inversión de importantes recursos económicos. De esta afirmación, que estoy seguro de que es compartida por toda la sociedad, participa también nuestro ordenamiento jurídico. Así, el Código Penal establece que, en materia de decomiso por delitos de tráfico ilícito de drogas, los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencias se adjudicarán al Estado. Posteriormente, esta norma del Código Penal fue desarrollada por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, por la que se creaba el fondo de bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas y otros delitos relacionados, una ley que, además de proceder al desarrollo normativo del Código Penal, afectaba los bienes e instrumentos decomisados al cumplimiento de determinados fines, la realización de programas de prevención, realización de programas de integración social y laboral de los drogodependientes, la intensificación de la lucha contra los delitos de tráfico de drogas o la cooperación internacional.


La creación y aprobación del fondo supuso la aportación de importantes recursos adicionales a los que venía aportando tradicionalmente la Administración General del Estado y tuvo una magnífica acogida en la sociedad, no sólo en las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra las drogodependencias, sino también en la comunidad internacional. En estos momentos esta ley está en proceso de reforma; estamos en la tramitación parlamentaria de la ley en el Senado. Por lo tanto, me parece importante que S.S., en nombre del Gobierno, valore ante toda la Cámara cómo ha sido la distribución de los bienes y efectos decomisados, de los bienes que integran el fondo de bienes decomisados, durante el último ejercicio.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta. Gracias señoría.


Comparto con usted la preocupación y el interés por conocer a qué se están dedicando los fondos de bienes decomisados por tráfico de drogas. Como S.S. ha recordado y desde la aprobación de la Ley 36/1995, dichos fondos se vienen destinando a luchar contra el fenómeno de las drogas en su dimensión más amplia y global y primordialmente al desarrollo de programas de prevención de toxicomanías, a la asistencia a drogopendientes y a la mejora de la investigación, persecución y represión de estos delitos. El fondo se puso en marcha en 1996 y desde entonces hasta el año 2002 hemos distribuido más de 30 millones de euros.
De ellos algo más -y es el dato de este último año- de 8 millones corresponden al año 2002, importante cantidad que hemos distribuido de conformidad con la normativa reguladora del fondo y con los criterios de distribución que aprueba anualmente el Consejo de Ministros.


Partiendo del principio de que cualquier política equilibrada en materia de drogas debe conceder una prioridad máxima a los programas de prevención, rehabilitación e inserción social de los drogodependientes, por estos criterios, el Gobierno ha querido ser especialmente sensible en el enfoque de la política de drogodependencias. Por ello ha superado el mínimo del 50 por ciento legal y ha destinado un 77,8 por ciento del total, que supone cerca de 6,3 millones de euros, a las actividades de reducción de la demanda de drogas, destacando programas dedicados a colectivos con menores afectados por drogas o en situación de riesgos, drogodependientes con problemas judiciales o internados en centros penitenciarios. De estos, cabe señalar que 2,2 millones de euros, casi un 8 por ciento más que el año anterior, han ido destinados a las comunidades autónomas y 1,5 millones de euros a las corporaciones locales. El resto se ha distribuido en distintos programas presentados por entidades privadas y un 22,1 por ciento de los recursos del fondo se han destinado al control de la oferta...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA PERIS CERVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿TIENE ASIGNADA EL MINISTRO DE TRABAJO VIVIENDA OFICIAL EN FUNCIÓN DE SU CARGO? (Número de expediente 180/001896.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la número 58, que formula la diputada doña Rosa Peris Cervera.


La señora PERIS CERVERA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿tiene asignada el ministro de Trabajo vivienda oficial en función de su cargo?

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peris.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señora presidenta, señoría, no, no hay asignación. Lo que ocurre es que en el edificio de los servicios centrales del ministerio hay unas dependencias, a modo de vivienda, que han sido utilizadas ocasionalmente por los distintos titulares del departamento durante muchos años y mi familia y yo las hemos utilizado hasta el pasado mes de marzo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Peris.


La señora PERIS CERVERA: Señor ministro, además de disponer de una vivienda oficial, se ha publicado en los diferentes medios de comunicación que usted ha adquirido un pisito de unos 532 metros cuadrados en el sencillo barrio de la Castellana y que lo ha hecho en unas condiciones que desde su ministerio se han calificado de normales.
Pero convendrá conmigo que no parece que usted haya accedido a este piso en las mismas condiciones que la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y si no pregunte a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda porque los precios están por las nubes. Sin embargo, usted acaba de adquirir una vivienda, como digo, por un precio muy inferior a su valor de tasación.
Es usted, señor ministro, un lince de las finanzas y debería compartir con el resto de los ciudadanos cómo se adquiere una vivienda a mitad de su precio de mercado.


Tampoco es cierto, señor ministro, que el crédito concedido lo sea en condiciones normales. Y no se lo dice sólo la oposición, se lo dice el propio director general de la CAM, que reconoce que en la entidad hay un centenar de clientes VIP que pueden acceder a unas condiciones como las del ministro. Por tanto, usted forma parte de un club privilegiado de clientes de una entidad bancaria, entidad que, por cierto, del nombramiento de la mayoría de su consejo de administración fue usted su máximo responsable en su condición de president de la Generalitat valenciana.


Le aseguro, señor Zaplana, que la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a una vivienda en condiciones tan privilegiadas y ello, le guste o no le guste y ponga las trabas que quiera la Mesa de este Congreso, requiere una explicación pública por su parte y es lo que le pedimos, porque usted ha adquirido una vivienda de superlujo en condiciones de superprivilegio y, para tranquilidad de todos, está obligado a despejar las dudas y demostrar que los privilegios que recibe no tienen nada, pero nada que ver con sus cargos públicos. Esa, señor Zaplana, es su obligación y la nuestra exigírsela. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.


Desde esta presidencia nunca se llama a la cuestión cuando cualquier diputado de esta Cámara interpela una pregunta, pero sí desde esta presidencia se tiene por costumbre recordar el Reglamento, cuestión que reitero una vez más, e indudablemente la segunda intervención de la señora Peris poco o nada ha tenido que ver con el enunciado de la pregunta que fue calificado. Por tanto, señor ministro, independientemente de la decisión que usted tome, el Reglamento le obliga a contestar la pregunta que fue presentada y que fue calificada.
(Rumores.)

¡Señorías, guarden silencio!

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Todos los miembros de esta Cámara sabíamos que era previsible que este fuera el sentido y la motivación de la pregunta que ha formulado la señora diputada. Voy a contestarle, señoría.


Me he comprado una vivienda en escritura pública, la he registrado inmediatamente en el Registro de la Propiedad y he liquidado los impuestos correspondientes a dicha compra. También la he registrado en los registros del Senado y declaración de altos cargos. Para su adquisición he pedido una hipoteca en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad con la que yo mismo y las empresas de mi familia llevamos trabajando más de veinte años. Me han dado unas condiciones para esa hipoteca de las que, según declaraciones de esa entidad, disponen más de 300 clientes en estos momentos. Pero esas condiciones, que la entidad dice que son absolutamente normales, en cualquier caso son más elevadas que otras de las que disfrutan varios dirigentes del Partido Socialista y el propio Partido Socialista Obrero Español, que le voy a decir que tiene una hipoteca con esa entidad a Euribor más 0,25 por ciento, siendo la que a mí se me ha concedido más 0,40 por ciento, como recordará su señoría.


No voy a citarle más datos porque no quiero entrar en este barrizal, no quiero citar a más personas, pero créame, señoría, son muchísimas personas más de su formación política y consejeros del consejo de administración las que tienen condiciones más favorables que las mías.
¿Qué quiere que le diga, señoría? He cumplido todos los requisitos. ¿Cree S.S. que si hubiera tenido lo más mínimo que esconder o que ocultar hubiera actuado con la transparencia con la que he actuado? ¿Cree S.S.
que lo hubiera hecho en escritura pública y lo hubiera registrado en el Registro de la Propiedad, que es público de forma inmediata? (Rumores.)

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A lo mejor SS.SS. están acostumbradas a otras formas anteriores.


La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Lo que le digo a S.S. es que también falta a la verdad cuando habla del nivel o el precio de la tasación. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. Su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS GESTIONES RECIENTEMENTE REALIZADAS POR EL GOBIERNO AL OBJETO DE CONSEGUIR QUE LA FUTURA AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SE UBIQUE EN BARCELONA? (Número de expediente 180/001890.)

La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, guarde silencio.


Pregunta número 52, dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que formula el diputado don Ramón Companys i Sanfeliú.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señora presidenta, señor ministro, si nos centramos en las informaciones que han salido en los medios de comunicación vemos los siguientes titulares no desmentidos: El Gobierno defiende en Bruselas que Barcelona sea la sede de la autoridad alimentaria. El Ministerio de Asuntos Exteriores apoya sin fisuras la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la autoridad alimentaria al afirmar que en ningún caso se utilizará como moneda de cambio durante las negociaciones. Ramón de Miguel, secretario de Estado para Asuntos Europeos en aquel momento, dijo: El Gobierno está listo y dispuesto para apoyar la candidatura hasta el último momento. Josep Piqué dijo: Barcelona tiene más posibilidades que nunca para conseguir la sede de la agencia. No obstante, las últimas noticias que tenemos apuntan a que Berlusconi ha llegado a un acuerdo con el primer ministro de Finlandia para repartirse la sede de la agencia alimentaria.


Frente a esta situación pregunto: ¿Cuáles han sido las gestiones recientes realizadas por el Gobierno al objeto de conseguir que la futura sede de la agencia alimentaria se ubique en Barcelona?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.


Señor ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.


La candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria sigue contando con el máximo apoyo del Gobierno, a pesar del estancamiento que continúa existiendo en la Unión Europea sobre esta decisión, que está incluida en un mismo paquete de decisiones sobre las sedes de otras agencias, aun con los argumentos en presencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Señora presidenta, lo cierto es que más allá de las declaraciones del señor Piqué tengo la sensación de que el Gobierno hasta este momento no ha demostrado demasiado interés en el hecho. En el momento en que España accedió a la presidencia europea una de las cuestiones que tenía que resolver era el reparto de doce agencias, la patente comunitaria y el sistema de navegación Galileo, un buen volumen de adjudicaciones. Como consecuencia, tenía una magnífica oportunidad para resolver el problema y situar en Barcelona la sede de la agencia alimentaria. De forma inexplicable eso no se hizo. Es cierto que Helsinki y Parma también estaban en las candidaturas. ¿Cómo es posible que Barcelona, que es la capital de la industria agroalimentaria, con una excelente situación en este momento, no entre en el reparto o no esté bien situada? ¿Está seguro, señor ministro, de que las alianzas que tenemos en estos momentos en la Unión Europea son las adecuadas? De hecho, el Gobierno, a pesar de lo que ha dicho en diferentes ocasiones el señor Piqué, da la sensación de que ha renunciado o, quizá peor, nunca ha tenido el menor interés, como afirman los empresarios y los científicos relacionados con la seguridad alimentaria. Señor ministro, tengo la sensación -y es una opinión bastante extendida- de que en ese caso no se está defendiendo con lealtad la candidatura de Barcelona para la sede de la agencia alimentaria.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, presidenta.


A pesar de los argumentos que hay a favor de Helsinki, porque Finlandia no tiene ninguna sede de ninguna

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agencia europea, a pesar de los acuerdos bilaterales a que hayan podido llegar Finlandia e Italia sobre un reparto de la sede de seguridad alimentaria en Helsinki y una de calidad alimentaria en Parma, acuerdo que implicaría la creación de dos sedes no previstas, que no pasa de ser un acuerdo bilateral y que no ha sido debatido por el Consejo Europeo, el Gobierno español sigue defendiendo la candidatura de Barcelona. Recuerdo a S.S. que la decisión final debe ser fijada de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros en un Consejo Europeo y que las presidencias posteriores a la belga, en la que fue imposible encontrar una solución al denominado paquete de sedes, optaron por no plantear esta cuestión. Mientras no se alcance este acuerdo común, la Comisión ha decidido que la sede provisional de la agencia esté en Bruselas por dos años. Todas estas circunstancias son perfectamente conocidas por los responsables de la candidatura de Barcelona, que desde el comienzo de la campaña de presentación son conscientes de las dificultades en presencia.
Pero las inmejorables condiciones de las que dispone Barcelona quedaron demostradas y causaron un gran impacto tras la excelente presentación de la candidatura que se hizo en Bruselas, en la que participaron junto con el coordinador de la campaña, el Patronat Català pro Europa, el ministro de Asuntos Exteriores, el conseller en cap y el alcalde de Barcelona.
Entre otras, cabe destacar la situación geoestratégica de Barcelona y su capacidad de comunicación, las condiciones de vida y trabajo para el futuro personal de los funcionarios que hayan de prestar sus servicios en la sede de la autoridad, el entorno científico de la ciudad en términos de instituciones y grandes academias, la independencia en relación con eventuales presiones y la oferta de terrenos. Si bien es cierto que dependíamos de condiciones difíciles, nadie niega que ahora las condiciones objetivas de Barcelona son las mejores. No quepa a S.S. la menor duda de que el Gobierno seguirá apoyando, con toda intensidad y a todos los niveles, la candidatura de Barcelona , que es la mejor de todas las candidaturas, como así lo manifestó la ministra de Asuntos Exteriores al director del Patronat y a los representantes de la Coordinadora el pasado 10 de marzo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON LA CONEXIÓN FERROVIARIA INTERNACIONAL FIGUERAS-PERPIGNAN, TRAS HABERSE DECLARADO DESIERTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO CONVOCADO PARA SU CONSTRUCCIÓN? (Número de expediente 180/001880.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. En primer lugar la número 42, que formula el diputado don José Ignacio Llorens Torres.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, a nadie se le oculta la enorme importancia del AVE Figueras-Perpignan, porque es la primera conexión hispanofrancesa de alta velocidad ferroviaria y porque es uno de los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transporte. Pero la complejidad de un proyecto de 45 kilómetros, que tiene que atravesar por túnel los Pirineos y el gran coste de las obras, por un lado, y por otro el reciente anuncio de que la Comisión intergubernamental hispanofrancesa ha roto las negociaciones con el consorcio Dragados y Bouygues para la adjudicación de las obras y posterior explotación en régimen de concesión durante 50 años de la línea en cuestión, ha despertado todo tipo de especulaciones.
Por un lado, porque el consorcio pedía ayudas estatales para rentabilizar la línea que son incompatibles, según se le ha contestado, con el régimen concesional y por tanto no se le han podido conceder; y por otro lado, porque se dice que el interés español en la conexión no es compartido por los franceses, que ya en su día se desilusionaron cuando el Gobierno español, entonces del PSOE, manifestó su interés por la conexión europea en la dirección contraria, esto es, con el AVE Madrid-Sevilla. Por todo ello, señor ministro, este diputado quisiera saber las previsiones actuales del Ministerio de Fomento con respecto a la línea de alta velocidad Figueres-Perpignan.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llorens.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 25 de abril, autorizó el inicio de una nueva licitación de la concesión que aprobó el texto del anuncio de convocatoria de candidatos que deberá publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en las dos versiones, francesa y española, una vez aprobado por el órgano administrativo francés. Una vez resuelto el concurso anterior, los hitos que marcan la tramitación de este nuevo son los siguientes. El plazo para la presentación de candidaturas finalizará de acuerdo con lo indicado en el anuncio enviado al DOCE el día 18 de julio de 2003. Tras la presentación y análisis de las candidaturas se prevé que el Consejo

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de Ministros, el 11 de julio de 2003, acuerde la selección de candidatos, los pliegos de licitación y el proyecto del contrato. Los candidatos deberán presentar sus ofertas en el plazo de dos meses. Presentadas las mismas, la Comisión intergubernamental procederá a su estudio y presentará su propuesta de candidato seleccionado. La fecha prevista para la presentación del candidato es el 30 de octubre de 2003. A partir de este momento se iniciará el proceso de negociación con el candidato seleccionado, estando previsto que la Comisión intergubernamental presente una propuesta para aprobación antes del 31 de diciembre de este año. Durante el proceso de selección, ambos gobiernos realizarán, en los respectivos países, el trámite de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción del túnel de 8.171 metros, que se acometerá por ambas bocas, de forma que en el momento de selección del concesionario se puedan iniciar los trabajos preparatorios que permitan comenzar la construcción de los túneles en marzo de 2004, fecha que permite mantener los objetivos temporales de comienzo de la construcción del túnel. En todo caso, el plazo de puesta en servicio de las obras será el que oferte el concesionario adjudicatario y dependerá del sistema constructivo de los túneles, método convencional o tuneladora.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿SIGUE MANTENIENDO EL MINISTRO DE FOMENTO QUE EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL AVE MADRID-ZARAGOZA-LLEIDA ESTARÁ DISPONIBLE EL 31 DE MAYO? (Número de expediente 180/001897.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 59, que formula el diputado don Víctor Morlán Gracia.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿sigue manteniendo que el sistema de señalización y seguridad del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida estará disponible el 31 de mayo?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias.


El ministro de Fomento lo único que sigue manteniendo es que el contratista seleccionado tiene la obligación de cumplir su contrato.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, espero que en la réplica me pueda decir lo que ha dicho porque no me ha aclarado nada. Lo que sí tengo muy claro es que usted me contestó hace unos días que estos proyectos de señalización y de seguridad estarían disponibles para el día 31 de mayo, según la respuesta escrita que me dio. Yo ya no sé a qué fecha atenerme con ustedes. Han incumplido los compromisos de puesta en marcha del servicio a final de año y han conseguido que se genere un cierto cabreo en la sociedad aragonesa y en muchas partes de nuestro país por donde va a transcurrir el AVE porque están incumpliendo todo lo que dicen. La verdad es que lo que está haciendo es una auténtica chapuza.


Hoy, señor ministro, hay una noticia que dice que Fomento no sabe cómo va a abrir la Avenida de Madrid sin crear un caos ferroviario. No sé qué es lo que quieren hacer. Les pedimos que hagan una auditoría externa. Paren, estén tranquilos una temporada, despreocúpense de las elecciones, que no pasa nada porque no inauguren. Parece ser que van a inaugurar la estación de Delicias sin que las obras estén finalizadas y sin que pueda ser utilizada en las próximas semanas. Les hemos recomendado que lo hicieran.
Se lo hemos pedido por favor porque todos queremos el AVE. Todos queremos ir de Madrid a Zaragoza, a Lleida y a Barcelona en AVE, pero que se haga en condiciones de seguridad y de tranquilidad y que no se produzcan ciertos niveles de falta de credibilidad, de entendimiento o de deseos de utilizar este medio de comunicación. Pero para eso, señor ministro, hace falta que se genere confianza, y a la vista de este barullo que tienen montado ésta se genera parando, reflexionando tranquilamente sobre lo que hay que hacer, viendo que se están adoptando las medidas necesarias.


Ustedes han planteado el sistema RMTS. En Suiza no ha funcionado y no tienen que echar marcha atrás. Al final nos vamos a encontrar con un AVE que no va a ser un AVE sino un tren de velocidad alta. Lo que a ustedes les está costando ocho años, desde 1995 hasta ahora, a nosotros nos costó en más kilómetros cuatro años. Esa es la diferencia entre su eficacia y la nuestra. Por ahora están llevando una marcha que va a perjudicar intereses generales, intereses que no tienen nada que ver con los intereses electorales de ustedes.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.


Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, seguramente todos queremos el AVE pero unos más que otros.
Por eso unos estuvieron 14 años sin iniciar las obras y otros en ocho las estamos terminando. (Protestas.-El señor Caldera Sánchez-Capitán: Y desde los romanos 2000 años.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): En relación con el tema objeto de la pregunta, el único problema que hay que resolver en esta línea es que el contratista del sistema de señalización y control, la UTE formada por CS Transport y Cobra, entregue al GIF en condiciones de funcionamiento este sistema de señalización y control contratado.
Estaba previsto que entrara en funcionamiento antes de que finalizara el año 2002. Desde el 24 de marzo la UTE tiene un nuevo calendario hecho público y presentado al GIF que comprende lo siguiente: la terminación, la validación y la comprobación sobre el terreno de los desvíos; la terminación, la validación y la comprobación sobre el terreno de la correcta secuencia y funcionamiento de las señales; la terminación, la validación y la comprobación sobre el terreno de los enclavamientos y bloqueos; la terminación, la validación y la comprobación sobre el terreno del correcto funcionamiento del ASFA en su conjunto; la terminación, la validación y la comprobación de los circuitos de vía; la validación y la comprobación de todo lo anteriormente expuesto en el trayecto Madrid-Zaragoza-Lleida en su conjunto antes del 16 de mayo y la entrega al GIF de todos los documentos exigidos en el contrato que acrediten la plena operatividad de todas instalaciones antes del 31 de mayo. Esto lo que el ministro de Fomento confía que se cumpla, habiendo sido ofrecido por escrito por la UTE el pasado 24 de marzo.


Muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿ESTÁ SATISFECHO EL MINISTRO DE FOMENTO CON EL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS FÉRREAS CONVENCIONALES? (Número de expediente 180/001898.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 60, que formula el diputado don José Segura Clavell.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, le formulo la pregunta en los términos en que figura en el orden del día.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el ministro nunca está satisfecho por los hitos conseguidos en materia de conservación y mantenimiento de las infraestructuras.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, nosotros tampoco estamos satisfechos. Estamos rotundamente insatisfechos como consecuencia del conjunto y de la serie larga de accidentes e incidentes de todo tipo que han tenido lugar en la red ferroviaria española convencional en los últimos seis meses. Curiosamente, a primeras horas de la mañana de ayer el tren de mercancías que cubría la ruta de Valencia-Santa Eulalia, en la provincia de Teruel, descarriló en Mora de Rubielos y mantuvo el tráfico de comboyes interrumpido durante 12 horas. Es una anécdota dentro del conjunto de circunstancias que se vienen produciendo. Nos llamó mucho la atención que el portavoz de RENFE, haciéndose eco de las manifestaciones del jefe de máquinas de ese tren de mercancías que llevaba 12 vagones, dijera que notó algo extraño, que paró el tren porque percibió que existían irregularidades, rugosidades en la vía, continuó y metros más adelante se produjo el descarrilamiento.


Señor ministro, el 19 de enero en la provincia de Huesca se produjo un descarrilamiento. El 12 de febrero en la misma línea descarriló un tren de mercancías. El 21 de febrero, igualmente en la provincia de Huesca, hubo otro descarrilamiento. El 10 de abril descarriló un Talgo en la zona de La Cartuja en la provincia de Zaragoza. El 26 de marzo otro Talgo arroyó a un camión que había quedado trabado en la vía 20 minutos antes.
Sorprendentemente ese accidente no se pudo evitar. (Un señor diputado: ¡Qué caos!-Otro señor diputado: ¡Sabotaje!) El 7 de enero descarriló el Talgo Madrid-Cartagena. Lo mismo ocurre el 15 de enero en otra vía de Madrid y el 17 de enero con el Talgo Gijón-Alicante, etcétera. La secuencia es impresionante. Cualquier ciudadano se pregunta qué está pasando aquí. Está pasando lo que dice un informe que tengo en mis manos y que ha elaborado la unidad de negocios de mantenimiento de RENFE. Esa unidad de mantenimiento da una señal de alerta muy grave que remite al presidente del consejo de administración de RENFE diciendo que el 85 por ciento del tráfico que existe en

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la red ferroviaria convencional está corriendo graves riesgos de accidente. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, una buena parte de lo que está ocurriendo en la red convencional ferroviaria española es que durante 14 años los gobiernos respectivos se dedicaron a la política de los grandes eventos.
(Protestas.) No se ocuparon del mantenimiento ni de la conservación de la vía y hoy, además de modernizar el ferrocarril con la construcción de una nueva red de alta velocidad, tenemos que invertir para recuperar todo lo que no se hizo en las etapas anteriores. A mí, señor diputado, lo que me interesa son las medidas para evitar y corregir esta situación y por eso le puedo decir que a lo largo de estos años las inversiones en conservación e infraestructura de vía han evolucionado de la siguiente manera. En el año 1996, 186.000.000 de euros; en 1997, 161.000.000; en 1998, 165.000.000; en 1999, 165.000.000; en 2000, 229.000.000; en 2001, 267.000.000; en 2002, 269.000.000 y la previsión para 2003 es de 297.000.000 de euros. (Un señor diputado: ¡Son pocos!) Gracias a estas inversiones iremos corrigiendo todas las insuficiencias de la conservación y el mantenimiento de nuestra red ferroviaria, sin perjuicio de que algunos de los tramos en los que S.S. ha dicho que se han producido accidentes están siendo renovados en su integridad, como el trayecto Zaragoza-Teruel, para convertir todo ello en un nuevo tramo acondicionado de alta velocidad. Eso está permitiendo que el parámetro calidad de vía, con el que se mide la situación de las infraestructuras ferroviarias, esté mejorando a pesar de que la casuística de S.S.
pretende ofrecer una visión tremendista de la realidad de la seguridad ferroviaria. La ratio de calidad exigida por los contratos-programa requiere que un determinado porcentaje de los kilómetros de la red por la que circula el 85 por ciento de tráficos, incluido cercanías, sean calificados como buenos o aceptables. Pues bien, en el año 2002 el contrato-programa exigía un objetivo del 76,6 por ciento y el porcentaje alcanzado fue el 79,9 por ciento. Tenga por seguro S.S. que el objetivo de mejorar la conservación y el mantenimiento de nuestra red ferroviaria se consigue gracias a esta política de apuesta por el ferrocaril.


Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.-El señor Griñán Martínez: Me voy a la feria en el AVE de Sevilla, que éste sí funciona.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, guarden silencio.


- DEL DIPUTADO DON DIEGO LÓPEZ GARRIDO, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿EN QUÉ HA MEJORADO LA DOTACIÓN DE GALICIA EN CUANTO A SALVAMENTO MARÍTIMO DESPUÉS DEL HUNDIMIENTO DEL PRESTIGE? (Número de expediente 180/001899.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 61, que formula el diputado don Diego López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro, ¿en qué ha mejorado la dotación de Galicia en cuanto a salvamento marítimo después del hundimiento del Prestige?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Estamos trabajando en todos los frentes a través de los cuales se puede ofrecer una mayor seguridad a todas las cuestiones que afectan en estos momentos a la navegación en las costas gallegas. En primer lugar, ya se ha incorporado a la zona sur de Galicia una nueva embarcación entregada a Sasemar. Se trata de la embarcación Salvamar Mirach, de 21 metros de eslora, con dos motores de 1.400 caballos cada uno, con los que se logra una velocidad de servicio de más de 30 nudos y una autonomía de 400 millas náuticas. En segundo lugar, el pasado 25 de febrero España presentó ante el subcomité de Seguridad de Navegación de la OMI el nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finesterre. Este nuevo diseño consiste en el establecimiento de dos vías de circulación, una para cada sentido, adyacentes al actual dispositivo para uso exclusivo de buques que transporten mercancías peligrosas a granel. Cada vía tendrá tres líneas de ancho y estarán separadas entre sí por una zona de cuatro millas y el conjunto estará separado del actual dispositivo por una zona de una milla. Y en tercer lugar, sin perjuicio del uso que está haciendo el Gobierno español del artículo 56 de la Convención sobre el Derecho del Mar, de 1982, España acaba de presentar junto con Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Bélgica también ante la OMI una iniciativa para el establecimiento de las llamadas zonas especialmente vulnerables. En este caso, en la zona cantábrica se ha decidido que sea de 80 millas y en la zona atlántica de Galicia de 135 millas, de acuerdo con las previsiones de la Consejería de Pesca de Galicia. Dentro de estas zonas especialmente sensibles, lo que pretendemos es controlar la navegación de todos aquellos buques que no cumplen con las exigencias de seguridad

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que hemos establecido, fundamentalmente en función de la mercancía y de las características de casco sencillo o casco doble. Con estas actuaciones, los escenarios de riesgo en las costas de Galicia son objetivamente menores que los que existían en el momento de ocurrir la catástrofe del Prestige.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor Cascos, usted tenía que haber dimitido por la catástrofe del Prestige. Tenía que haber dimitido porque la reacción o la inacción ante esta catástrofe, la forma en la que se llevó la gestión pública -por llamarlo de alguna forma- de esa catástrofe y la decisión sobre el alejamiento tuvieron unos resultados tan catastróficos que en cualquier país democrático el máximo responsable de eso, que es el ministro al que me dirijo, tenía que haber dimitido. Eso lo sabe usted.
Era una dimisión de libro por la que clamaban miles de personas. Usted hizo caso omiso de esa dimisión y además impidió una comisión de investigación para establecer las responsabilidades. A pesar de que usted no tuvo el coraje político de dimitir, ni su presidente de Gobierno tuvo el coraje político de cesarle, a pesar de eso, era de esperar que al menos hicieran algo para que no volviera a suceder aquello. Sin embargo, no hemos visto prácticamente nada, ni siquiera esas inconsistentes gestiones a las que usted se ha referido tienen nada que ver con una auténtica política de salvamento.


Aunque ya me ha contestado a todo, quiero precisarle en puntos muy concretos las grandes lagunas de su política. Protocolo de actuación: no hay revisión de su cumplimiento; Plan integral de salvamento de Galicia: no hay medios de prevención de contaminación; agencia de seguridad marítima para Galicia: no está pedida por el Gobierno; remolcadores: no se ha modificado el contrato ni se sabe qué pasa con ellos; buques antipolución que pedimos a Europa: no se sabe qué medidas hay al respecto; puertos refugio: no han designado ninguno de los que hay y no sabemos cuál es la alternativa. Es decir, señor Cascos, usted no me ha contestado con precisión y es el responsable político de futuros accidentes que puedan producirse allí con riesgo para las personas y para la costa gallega. La conclusión a la que hemos llegado es la que mucha gente piensa: que si vuelve a suceder lo mismo habrá otra vez una catástrofe y que en demasiadas competencias de las que usted es responsable sigue de cacería.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López Garrido.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señor López Garrido, su intervención es únicamente una exhibición de palabrería y huele demasiado a naftalina. (Protestas.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO PARA PROMOVER QUE SEA NACIONES UNIDAS QUIEN DIRIJA LA RECONSTRUCCIÓN DE IRAK EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y EN EL POLÍTICO? (Número de expediente 180/001892.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Asuntos Exteriores. En primer lugar la número 54, que formula el diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Asuntos Exteriores, me gustaría que me contestara. Lo digo porque le voy a preguntar por el papel de las Naciones Unidas y de España en el futuro de Irak y el otro día, cuando lo hicieron los periodistas, usted remitió al comisionado una información relevante: cómo iba a participar España en la administración de los ocupantes en Irak.
Por eso quiero que aquí, en sede de la representación popular, me conteste a mí y a todos los españoles si va a hacer algo el Gobierno para que Naciones Unidas sea quien dirija la reconstrucción de Irak.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señor diputado, por su pregunta. El Gobierno ha trabajado y seguirá trabajando, tanto en el marco de la Unión Europea como en el marco del Consejo de Seguridad y en los distintos foros internacionales para que Naciones Unidas ocupe un papel central durante lo que queda de la crisis y en la reconstrucción de Irak.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Caldera.


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El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Según el presidente del Gobierno la guerra se había acabado.


Señora ministra, a los españoles les causa estupor y asombro lo que está ocurriendo en Irak. Me recuerda otra declaración que hizo usted: Puede que sí, puede que no. Usted no dice nada, pero ese no es el camino.
Naciones Unidas tiene que dar un mandato claro para que todo el proceso de reconstrucción en Irak esté sometido al principio de legalidad, que hoy no lo está. Ustedes están participando en un protectorado como el que representa el general Gardner, que no tiene legitimación ninguna desde el punto de vista del derecho internacional. Señora ministra, debe haber una fuerza multinacional ordenada por Naciones Unidas que garantice la seguridad de Irak en el periodo de transición. La administración de los bienes del pueblo iraquí debe ser tutelada por Naciones Unidas hasta que los iraquíes puedan hacerse cargo de la explotación de sus recursos.
Deben volver los inspectores, señora ministra. ¿Por qué tienen miedo a hacer estas peticiones? Yo se lo diré. Porque ustedes carecen de autonomía. Ustedes sólo harán lo que diga el señor Bush. No harán lo que dice el secretario general de Naciones Unidas, que pide un papel -no central como dicen ustedes- único de Naciones Unidas en el proceso de reconstrucción de Irak. ¿Qué derecho rige en Irak, señora ministra? ¿Ha visto lo que ha ocurrido estos días? ¿Es que no tienen derecho a manifestarse los iraquíes? ¿Es que ustedes les niegan el derecho que tenemos los ciudadanos españoles y esas manifestaciones acaban a tiros? ¿No es tan inteligente el ejército americano para distinguir entre las piedras y las granadas? Condene esos hechos. ¿Ve usted adónde vamos? Condene, por favor, esos hechos. Pida el papel de la ONU y que se vaya el ejército norteamericano porque de lo contrario lo que ustedes están haciendo es avalar una acción militar que es una vergüenza para los españoles. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera. Su tiempo ha concluido.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, señorías, no voy a repetir los argumentos sobre la legalidad que ampara la actuación de la coalición, basados en la resolución 1441 y resoluciones anteriores, porque son ampliamente compartidos por la comunidad internacional y desde luego por la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. España quiere, queremos una participación central de Naciones Unidas, pero lo que no tiene ningún sentido es dar la espalda a la realidad. La realidad es que existe un consenso de la comunidad internacional sobre el hecho de que las funciones de seguridad, de restablecimiento de servicios básicos, por ejemplo, incumben a los países de la coalición. Por lo demás, temas tan urgentes y prioritarios como restablecer el orden público, el aprovisionamiento de agua, de electricidad, etcétera, que deben ser atendidos de forma inmediata, no pueden quedar a la espera de una negociación, como ha dicho el vicepresidente primero del Gobierno, siempre larga en el Consejo de Seguridad. Esto es una emergencia y hay que salir al paso de la misma.


Le recuerdo, señor Caldera, las declaraciones de la presidencia griega de la Unión, al término del Consejo Europeo informal de 16 de abril, que manifestaba que la coalición tiene la responsabilidad de asegurar un entorno seguro que incluya la provisión de ayuda humanitaria y especialmente de asistencia médica. Es una cuestión elemental de solidaridad. Desgraciadamente veo que una vez más ustedes están anclados en el no. Hace poco -lo recordaba el presidente del Gobierno- dijeron no a la misión de apoyo humanitario de nuestras Fuerzas Armadas; en este caso, no a la reconstrucción; en definitiva, no a la solidaridad y no a que realmente y de la manera más rápida posible el pueblo iraquí recobre lo que le ha sido usurpado. (Aplausos.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON MANUEL MARÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS PLANES QUE SE PREPARAN PARA EL FUTURO DE IRAK GARANTIZAN LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL DE ESE PAÍS? (Número de expediente 180/001893.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 55, que formula el diputado don Manuel Marín González.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Mi pregunta es la que figura en el orden del día, señora ministra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Señor Marín, aquellos foros internacionales en los que España ha abordado prioritariamente la crisis de Irak -todos y en particular Naciones Unidas y la Unión Europea- han consignado desde el primer momento su compromiso con la soberanía e integridad territorial de Irak.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.


Señor Marín.


El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, usted que es jurista sabe perfectamente la diferencia que existe entre potencia ocupante y potencia administradora, si sigue siendo usted jurista. Me asombra que siga la falsificación de la resolución de Atenas que acaba de hacer el vicepresidente Rajoy. Atenas resume lo que es la Convención de Ginebra respecto a lo que es una potencia ocupante, pero lo que se está produciendo en este momento en Irak es la usurpación por parte de potencias ocupantes, según el derecho internacional, autoarrogándose y autotitulándose con el carácter de una administración a la cual no tienen derecho. Ese es el punto del debate hoy, y usted tiene que responder por qué han tomado la decisión de incrustarse en esa Administración del general Garner, que no puede ser potencia administradora (como potencia ocupante tiene la obligación de asegurar las funciones vitales de ese país, según el derecho internacional) hasta tanto no se produzca un mandato específico de Naciones Unidas. Acuérdese de esto y dígalo rotundamente claro en la próxima visita del señor Powell a Madrid.


Quiero pedirle otra cosa. Tiene una oportunidad de oro para resolver no más inspectores, no más tiempo. Diga usted en esa rueda de prensa que España es partidaria de que la certificación final de las sanciones contra Irak suponga el retorno del señor Blix y los inspectores, porque si no asistiremos por primera vez a la broma que ustedes aceptan. Me dirá ¿y el derecho qué cuenta si han vencido en la guerra? El derecho cuenta y esa Administración, en tanto en cuanto Naciones Unidas no resuelva con su mandato, es una Administración ilegal. Y no me responda sobre las obligaciones de las potencias ocupantes porque eso es otro debate, eso es lo que resolvió Atenas. ¿Por qué ustedes quieren ser potencia administradora sin título legal de Naciones Unidas? Esa es la cuestión.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Señor Marín, mis conocimientos de derecho nunca me llevarían a la soberbia de entender que 25 gobiernos (no uno ni dos sino 25) yerran y que el Partido Socialista español es el único que está en posesión de la verdad.
(Aplausos.-Rumores.) A partir de ahí, señor Marín, los principios de soberanía e integridad territorial de Irak han inspirado siempre el marco de las resoluciones de Naciones Unidas. Así, la propia resolución 1441 afirma el compromiso de todos los Estados miembros con la soberanía y la integridad territorial de Irak. Estos principios son los que han inspirado esa declaración de la presidencia griega que usted ha echado a la papelera del derecho.


Quiero decirle que el compromiso del Gobierno español con esos principios de integridad territorial es serio y consideramos que los esfuerzos que están siendo desplegados en estos momentos en Irak persiguen en última instancia la plena reinserción de Irak en la comunidad internacional y en el contexto regional, así como la reconstrucción del país para que se pongan cuanto antes en manos del pueblo iraquí las riendas de su propio futuro en un marco de participación de todas las fuerzas políticas, confesiones y etnias y dentro del pleno respeto de la integridad territorial. Quiero decir también que la Liga Árabe ha expresado su adhesión a estos principios y que, en definitiva, mientras ustedes se pierden en disquisiciones perfectamente irrealistas por calificarlas suavemente, nosotros nos ocupamos de trabajar de verdad y seriamente por el bienestar y el futuro del pueblo iraquí.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUÉ ACTUACIONES VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS PARA RESTABLECER LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN RELACIÓN CON IRAK? (NÚMERO EXPEDIENTE 180/001894.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 56, que formula el diputado don Rafael Estrella Pedrola.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, es usted una contradicción andante. Se hizo usted famosa en el Consejo de Seguridad por ser la voz extremista de la minoría: no más inspectores, no más tiempo. Usted sí que estaba instalada en el no a todo. Poco después, esa minoría desde las Azores, declaraba la guerra y ahora tenemos las consecuencias que usted conoce muy bien.


Hace una semana, la Comisión Mixta para la Unión Europea, por unanimidad de todos los grupos (su grupo también) dijo que debe ser Naciones Unidas quien dirija la reconstrucción de Irak y usted sabe lo que eso significa en derecho porque algo de eso sí que sabe usted; usted sabe lo que significa la palabra dirijan. Por tanto, le pregunto: ¿qué va a hacer el Gobierno en el Consejo de Seguridad para restablecer la legalidad internacional con relación a Irak?

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.


Señor Estrella, yo no respondo por la señora presidenta, pero supongo que ha sido un lapsus.


El Gobierno es uno de los 25 socios europeos a la hora de considerar que Naciones Unidas debe seguir desempeñando -cito textualmente- un papel fundamental por lo que se refiere a Irak, y entre las preocupaciones que compartimos todos los gobiernos de la Unión Europea nunca ha figurado, en ningún momento, la que su partido parece o finge tener en mente ahora.
¿Por qué? Porque en ningún momento se ha roto la legalidad internacional.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora ministra, ¿me va a obligar usted a que pida amparo a la presidencia para que esos informes jurídicos sobre la decisión del Gobierno español con relación al conflicto de Irak, sean los informes propios o ajenos, me los haga llegar? Ha pasado más de un mes y estoy esperándolos. No tengamos más discusiones en el vacío, tráigame los informes jurídicos sobre los que el Gobierno ha basado sus decisiones y el ejercicio de sus responsabilidades; en definitiva, responda.


Cuando habla del futuro de Irak mire usted a la Cámara que le ha dicho que sea la ONU la que dirija. Atrévase a utilizar el mismo lenguaje que utiliza su propio grupo parlamentario y todos los grupos, no mire hacia el oeste a ver qué dice Bush, a ver qué quiere Bush; mire hacia esta Cámara. Dirigir significa una resolución del Consejo de Seguridad que dé legalidad a cualquier actuación que afecte, por ejemplo, a la administración de los bienes de Irak; que dé legalidad también a la inspección, que está interrumpida por la acción que ustedes decretaron desde las Azores, para constatar si hay o no armas de destrucción masiva y para comprobar realmente cuál fue la justificación de esta guerra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, yo creo que si una cosa ha hecho el Gobierno es que ha asumido abiertamente, con luz y taquígrafos sus responsabilidades, y lo ha hecho -bien es cierto- en circunstancias que no eran fáciles. Es mucho más fácil hacer demagogia, que es lo que están ustedes haciendo.


En fin, ya que parece negarse a escuchar y a entender los argumentos del Gobierno en esta materia, quiero hacer referencia a las palabras del secretario general de Naciones Unidas, quien el día 20 de marzo, en sus primeras declaraciones tras el inicio de la intervención militar (Un señor diputado: La guerra.), en absoluto puso en duda la legalidad de la intervención, en absoluto. (Rumores.) Habló de que de haber existido consenso en el Consejo de Seguridad, la legitimidad hubiera sido mayor.
Efectivamente, si el señor Estrella recuerda esos conocimientos jurídicos de los que últimamente tanto presumen, sabrán que el Consejo de Seguridad tiene una doble naturaleza política y jurídica. Es cierto que si hubiéramos conseguido un consenso para una nueva resolución en el Consejo de Seguridad, hubiéramos tenido una mayor legitimidad política; la legitimidad jurídica nos la da, como ya he dicho, la Resolución 1441 y el engarce con las resoluciones anteriores. Yo comprendo que esto a ustedes no les gusta porque les deja sin ninguna base para la demagogia que están haciendo, pero esa es la realidad.


A partir de ahí, quisiera decir que a lo largo de esta crisis el Partido Socialista es quien ha despreciado la posición común, la posición de todos los europeos, rechazando en esta Cámara sumarse... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra, su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DEL ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO DE LA LABOR DE AYUDA HUMANITARIA QUE DESARROLLA LA DOTACIÓN DEL BUQUE GALICIA? (Número de expediente 180/001882.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa. La número 44, que formula el diputado don Andrés Ayala Sánchez.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, desde el primer momento en que el Reino de España tomó la decisión de participar en el conflicto generado por el dictador Sadam Husein, el bloque, ese eje coaligado de Llamazares y Zapatero, se ha esforzado en confundir a la opinión pública, se ha empeñado en vocear que el Gobierno faltaba a la verdad y que nuestros efectivos iban a Irak a algo distinto de la ayuda humanitaria. Los hechos son tozudos, aunque no los quieran reconocer, y los medios de comunicación están dejando claro cuál es la labor de nuestros soldados; no obstante la coalición Llamazares Zapatero

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evita reconocer que efectivamente nuestra participación es exclusivamente humanitaria. Por tanto es necesario, señor ministro, que en esta sede nos señale cuál es la labor que está desarrollando con carácter humanitario el buque Galicia, y quede claro cuál es el trabajo que nuestros soldados profesionales están realizando en Irak.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.


Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Gracias, señora presidenta.


Es muy fácil, pero me hubiera gustado que esta pregunta la hubieran hecho SS. SS., y no tuviera que ser un diputado de mi propio grupo quien me preguntara (Rumores.) y me diera oportunidad de aclarar lo que están haciendo los soldados españoles en Um Qasr. Lo que pasa es que no quieren reconocer la realidad y no quieren reconocer que han mentido y se han equivocado. (Rumores.-Aplausos.)

Asistencia sanitaria desde el 9 de abril o, para decirlo concretamente, desde las 9 de la mañana del 10 de abril pasado. (Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor. No se le oye.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Gracias, señora presidenta.


Vuelvo a recordar: Asistencia sanitaria, en dos unidades, total 1.415 pacientes, todos ellos de nacionalidad iraquí. Lamento que no estén aquí sus coaligados de Izquierda Unida, el líder Llamazares y compañía, que dijeron que no íbamos a asistir a los iraquíes. Les dije que con carácter prioritario, exclusivo hasta el momento, 1415. De esos 1.415 se han atendido por el buque Galicia 101 personas directamente en el buque, más 528 personas asistidas en el hospital de Um Qasr por la propia unidad médica del buque Galicia, entre ellas 63 intervenciones de cirugía mayor y 128 de cirugía menor. El escalón médico avanzado del Ejercito de Tierra, desplegado en el campo de prisioneros ha prestado asistencia sanitaria a 786 personas, correspondiendo 12 intervenciones a cirugía mayor y 75 intervenciones a cirugía menor.


Reparto de alimentos, que también convendrán que es ayuda humanitaria, 14 toneladas de alimentos, 25.000 desayunos, más de 3.000 raciones de previsión especialmente diseñadas para musulmanes, 16 toneladas de agua más rehabilitación de servicios básicos, reconocimientos radiológicos y químicos, desactivación de explosivos, de minas antipersonas, etcétera.
Todo eso, señorías, es lo que fueron a hacer y están haciendo los soldados de España. Desearía que de una vez los grupos de la oposición que lo pusieron en duda rectificaran y que públicamente expresaran su reconocimiento y apoyo a esos soldados y reconocieran que trataron de engañar a la opinión pública como ahora tratan de engañarse a sí mismos.
Allá ustedes. (Aplausos.-Una señora diputada: Trillo, dime qué pregunta quieres que haga.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO, DON CARLOS AYMERICH CANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE MUERTES COMO LA PRODUCIDA EL PASADO LUNES, DÍA 21 DE ABRIL DE 2003, DURANTE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA DE AS TORRADAS (MALPICA, A CORUÑA) NO SE VUELVAN A PRODUCIR? (Número de expediente 180/001878.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente. La número 40 que formula el diputado don Carlos Aymerich Cano.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio. (Pausa.)

Adelante.


El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, ¿qué medidas va a adoptar usted, y el Gobierno del que forma parte, para que muertes como la ocurrida el pasado día 21 de abril en la playa de As Torradas, en Malpica, no se vuelvan a producir?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señoría, vamos a seguir contratando como hasta ahora venimos haciendo, con pleno respeto a la normativa vigente en materia de prevención y riesgos laborales.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, lleva tan poco tiempo en el Gobierno y ya aprendió las mañas, ya miente usted. Alguien miente porque al contestar una pregunta de este mismo diputado, el pasado 24 de abril, el Gobierno del que ya forma parte, dijo que las empresas constructoras que estaban participando en la limpieza del litoral gallego lo hacían voluntariamente y sin contraprestación alguna. Sí. Si quiere tengo aquí la contestación. No sé que les dan ustedes a

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estos fieros empresarios, como al de Repsol que los convierten en filántropos. Algo les dieron o algo les dan ellos a ustedes. La inmensa mayoría de estas empresas, por cierto de fuera de Galicia, provocó que los empresarios gallegos de la construcción pidiesen explicaciones al Gobierno y hablando con el comisionado, el señor Martín Villa, que recuperó sus formas de ministro del Interior, les espetó que las empresas son de fuera, se contratan a dedo y de gratuidad nada. Más claro agua. O miente usted o miente Martín Villa o mintió el Gobierno cuando el pasado 24 de febrero dijo que trabajaban voluntariamente.


Pero más grave que estas mentiras, señora ministra, es que usted acaba de mentir otra vez, porque dice: respetando la Ley de prevención de riesgos laborales. ¿Sabe usted que el día 21 de abril, cuando murió esta persona, era un día no laborable en la provincia de A Coruña, de acuerdo con el convenio de la construcción? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que esta persona estaba trabajando en una zona rocosa sin arneses, sin calzado adecuado, sin que hubiese ningún encargado, ningún responsable, como exige la Ley de prevención de riesgos laborales? ¿Lo sabe usted? ¿Se preocuparon ustedes de que la empresa ACS, mientras el señor Florentino estaba disfrutando en Old Trafford del partido, vigilase qué condiciones ofrecían las empresas que subcontrataba sus trabajadores? ¿Lo hacen ustedes? ¿O es que como las empresas trabajan gratis, como no hay contrato, tampoco tiene por qué haber plan de prevención de riesgos? ¿Tienen que trabajar gratis también esos trabajadores, señora ministra? Desde luego, no.


Esta persona que murió, Alfonso Sánchez Rodríguez, un joven de 26 años, tenía dos hijos, tiene dos hijos, ¿qué van a hacer ustedes para compensar a esta familia, señora ministra, o, como no hay contrato, tampoco van a responder ustedes? ¿Quién responde?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente ha lamentado profundamente el fallecimiento de don Alfonso Sánchez Rodríguez, que era empleado de una empresa contratada por el Ministerio para la limpieza hidrófuga de las playas y de las zonas rocosas. El Ministerio contrató a la empresa con pleno respeto a la Ley de Contratos del Estado y por tanto a las normas establecidas para la prevención de riesgos. Los contratos son encargos que realizamos -y había un contrato firmado con la empresa-, requieren el riguroso cumplimiento por parte de las empresas de las normas de prevención y riesgos laborales y la adopción en su caso de medidas complementarias de prevención y señalización en función de las zonas y maquinaria a emplear. Ello ha sido claramente expresado en la memoria del encargo realizado que fue firmado por la empresa.


Se han realizado casi 700.000 jornadas de trabajo para limpiar las playas y recuperar el entorno de los daños causados por el vertido de fuel, utilizando todas las precauciones y medidas de prevención, y continuaremos utilizándolas para evitar hechos como éste que afortunadamente ha sido una excepción, pero una desgraciada excepción.


Señorías, nuevamente lamento el accidente que dio lugar a la muerte del trabajador y reitero mi más sentido pésame a su familia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LOS EJES DIRECTORES DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA (Número de expediente 172/000274.)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Interpelaciones urgentes.


En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la recuperación de los ejes directores de la política exterior española. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Asuntos Exteriores, la política exterior para nosotros, y creo que para el pueblo español, es una política de Estado, no es una política de Gobierno, y así ha venido siendo durante 25 años desde la recuperación de nuestra democracia. Lamentablemente en el último año no ha sido así. A mí me gustaría que hubiera una recuperación del consenso; para ello ustedes deben rectificar, y si no yo le garantizo que se volverá al consenso y a los ejes tradicionales de la política exterior española cuando gobierne de nuevo el Partido Socialista; se lo garantizo.


Señora ministra, hay que echar la vista atrás. España sufrió una terrible dictadura durante 40 años, que produjo ausencia de libertades y aislamiento internacional. Usted recordará que sólo ingresamos en la ONU en el año 1955, diez años después de creada esta organización, y sólo después de haber firmado un acuerdo con Estados Unidos, por el cual se cedía el uso de las bases militares a cambio de ayuda financiera. Ese era durante el franquismo nuestro único o nuestro más importante polo de referencia.


Para los demócratas españoles aquel régimen fue sinónimo de falta de libertades y de aislamiento. La política exterior descansaba en relaciones bilaterales,

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en ocasiones dictadas más por la conveniencia que por otros criterios. Por eso, señora ministra, hace 25 años, con la recuperación de las libertades en nuestra Constitución, se inscribió con letras de oro un principio esencial recogido de la Carta fundacional de Naciones Unidas, aquel principio fue la voluntad de los españoles de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Desde entonces el respeto a la legalidad internacional, la promoción de los derechos humanos, la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, el multilateralismo institucional se convirtieron en principios básicos de nuestra política exterior. De todos ellos han hecho ustedes trizas en el último año, señora ministra. Todos ellos los han arrojado, los han tumbado con su comportamiento, un comportamiento que además ha vulnerado el consenso; el consenso que se había generado no sólo entre las fuerzas políticas, que sigue existiendo salvo con el Partido Popular en toda la Cámara, sino el consenso social, el consenso con los ciudadanos.


Otros ejes aplicados constantemente en nuestra política exterior, y también consensuados por venir determinados por nuestra historia, nuestra posición tan estratégica y nuestra cultura, fueron las especiales relaciones con Iberoamérica y el interés prioritario por el espacio mediterráneo y el mundo árabe; pero el más importante, señoría, fue sin duda aquel extraordinario acontecimiento que tuvo lugar el 12 de junio de 1985, cuando varias generaciones de españoles vieron consolidado su sueño de integrarse en Europa, ésa que su amigo Rumsfeld llama despectivamente la vieja Europa, la Europa de los valores. Desde entonces nuestro país no sólo forma parte integrante de las instituciones europeas, sino que además ha cumplido el papel que le correspondía en el proceso de integración y profundización de nuestro continente. Dentro de la pertenencia a Europa España mantuvo, además, como puente las dos áreas de referencia prioritaria de nuestros intereses nacionales. Primero, promovió la asociación entre Europa y Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales de Iberoamérica, vinculándolas con la Unión Europea, y por otro lado en el ámbito mediterráneo y de relación con el mundo árabe impulso el proceso que pretende hacer del área euromediterránea, señora ministra, un espacio para la paz, la seguridad y la prosperidad compartida y que se inició precisamente en la Conferencia de Barcelona. También dentro de la Unión Europea, España fue siempre partidaria, señoría, de mantener unas fuertes y equilibradas relaciones trasatlánticas con Estados Unidos, eso sí sobre bases coherentes y equilibradas, repito la expresión. Sobre estos ejes España contaba con una política exterior, señora ministra, contaba, hoy no cuenta; contaba con una política exterior definida, predecible, fiable, reconocida internacionalmente y que además de responder a nuestros intereses en el mundo como país, era comprendida por el resto de los Estados y por ello, sin tener pretensiones de gran potencia de actor global en el mundo, era en cambio un país, la imagen de España con conocimiento de su función y de su papel en el escenario internacional, capaz de facilitar importantes acuerdos, de generar compromisos importantísimos en escenarios multilaterales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

¿Qué ocurrió, señora ministra en el último año? En el último año el Gobierno ha roto bruscamente la política exterior de España, que tanto consenso interno había generado, señoría. Desde hace un año nuestra política exterior cuenta con un nuevo eje ante el cual se subordinan y condicionan todos los demás: la alianza única con Estados Unidos, incondicional, que nos ha llevado incluso a promover una guerra de agresión y de defender una ocupación militar, lo que en 25 años de democracia española no hizo ningún Gobierno, señoría; ninguno. Esto ha supuesto un cambio en la política exterior que el Partido Socialista no comparte. Le diré más, ni el Partido Socialista, ni ningún grupo con representación parlamentaria en esta Cámara salvo el Partido Popular, pero que tampoco comparten los ciudadanos españoles, porque nos hemos convertido en un instrumento de la estrategia, de una estrategia superior del Gobierno norteamericano que no podemos controlar. Los españoles no lo comparten. Aquí tengo múltiples encuestas realizadas en estos últimos días, en estas quincenas y en estos meses sobre la valoración que les merece a los españoles el papel de su Gobierno. Señoría, leo una por todas ellas porque son coincidentes. Preguntados los ciudadanos si quieren que España vuelva a ocupar -vuelva a ocupar, repito- el lugar que tenía en la Unión Europea, o que por el contrario siga con la política que ha iniciado Aznar de relaciones trasatlánticas con Estados Unidos, el 77 por ciento de nuestros compatriotas afirman que hay que volver a la Unión Europea, que hay que volver a los ejes esenciales de lo que fue nuestra política exterior. Una guerra injusta consideran los españoles, donde el papel jugado por Estados Unidos y el Gobierno de España es ampliamente criticado por los ciudadanos, valorándose en positivo el jugado por Rusia, Alemania y Francia.


Usted no puede falsificar la historia, señora ministra. Sabemos que los vencedores pretenden escribirla. Usted no puede apropiarse de un acuerdo que dice que está hecho a 25 mal contados frente a 140 países del mundo que han rechazado el papel del ejército de ocupación norteamericano y el papel de este ejército en la guerra; no puede usted, por tanto, falsificar esta situación. Quizá lo que ocurra es que ustedes no se explican bien. Viendo el papel que ha desempeñado en estos meses no me extraña. Pero la forma en que el Gobierno de España entiende la relación trasatlántica nos ha llevado, como le decía antes, a participar en una operación de ruptura de la legalidad y del orden internacional y de descrédito del sistema de Naciones Unidas,

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precisamente, señorías, cuando España formaba parte del Consejo de Seguridad.


En cuanto a los países árabes, y especialmente los iberoamericanos, ¿qué decir? Pongamos el ejemplo de los iberoamericanos. Se lo recordó el señor Marín de forma extraordinaria en un debate anterior. Latinoamérica tiene dos ejes de referencia: Estados Unidos de América y España, señora ministra. ¿Qué pensarán en Iberoamérica, estos países con dos referentes en su política exterior y cultural, por una parte el norteamericano, considerado como el yanki, si el amigo pero menos amigo que el español, cómo habrán encajado que seamos los españoles, señora ministra, quienes precisamente acudíamos allí a presionar en favor de los intereses del Gobierno norteamericano? Yo se lo digo. ¿Cómo lo han visto? Muy mal. Lo han visto con un profundo desasosiego y con un profundo malestar.


El efecto más significativo de este cambio de rumbo ha sido la ruptura sin duda con el eje principal de la política exterior española, la pertenencia al núcleo de países que promueven la profundización de la integración europea. En estos momentos en Europa, señorías, se reflexiona y debate en la Convención, pero también en otros foros, sobre las fórmulas que pueden conducir a este continente a hacer realidad las aspiraciones y objetivos de los tratados, y específicamente a afirmar su identidad en el ámbito internacional en particular mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que incluya la definición de una política de defensa común.


Ayer un grupo de países, cuatro de ellos que pertenecían a los seis fundadores, proponían llevar a la Convención una serie de propuestas dirigidas a disponer de una política de seguridad y defensa creíble, apoyada sobre capacidades civiles y militares reales, que permitiera la eficacia propia de la política exterior común. Usted se apresuró a descalificarlos. Pero, señora ministra, ¿por qué? ¿No habíamos quedado en que los ejes de la política europea deberían desembocar en una dimensión de defensa común? ¿No dijo aquí el señor Aznar en su debate de investidura: queremos la construcción de un pilar europeo de seguridad y defensa sin menoscabo del vínculo transatlántico? ¿Por qué no apoyar ese desarrollo? ¿Por qué no apoyar esa política?

El cambio que ustedes han hecho, señorías, se ha realizado de espaldas a la sociedad española y al Parlamento. Lo hemos ido conociendo incluso en esta Cámara según se iban produciendo los acontecimientos en relación con Irak. Por cierto, se lo dije antes en la pregunta, ¿qué orden jurídico rige en Irak? ¿No están ustedes dispuestos a condenar el asesinato de 13 civiles, hoy ha habido otros tres, por ejercer su derecho de manifestación? ¿Esa es la democracia que ustedes quieren llevar a Irak? ¿Y ustedes no están dispuestos a condenar a ese ejército inteligente que utiliza la fuerza contra civiles inocentes que ejercitan su derecho a la libre manifestación? (Aplausos.) ¿Hasta ese extremo llegamos de dependencia, subordinación y servilismo? ¿Ese es el futuro que les espera a los iraquíes, señora ministra? Si a ustedes no les gustaban las manifestaciones en España, cómo van a aceptar el derecho a la manifestación de los ciudadanos iraquíes.


Es muy grave lo que está ocurriendo en Irak, porque se está sustituyendo un derecho esencial, el derecho fundamental de un ciudadano por la aplicación del derecho a la fuerza utilizado por un ejército de ocupación que de no legalizarse con una resolución de Naciones Unidas, señora ministra, esa ocupación se convierte, como dijo ayer aquí el señor Alcaraz, en una dictadura militar avalada por ustedes, consagrada por ustedes, consentida por ustedes. Debemos, pues, volver a los ejes de la política exterior, dar el papel esencial que necesita Naciones Unidas, darle el papel en Irak, recomponer la situación de nuestra política exterior en la Unión Europea, buscar la recomposición de los ejes tradicionales de nuestra política. Para ello, señora ministra...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Caldera, su tiempo ha concluido.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señora presidenta.


Estamos dispuestos a presentar una moción en esta Cámara que seguramente va a ser compartida por todos los grupos políticos de oposición, para que recuperemos el consenso. Pero el consenso sólo se puede recuperar, señora ministra, desde la base de la dignidad y, por tanto, sobre la base de la recuperación de nuestros valores, que ustedes han pisoteado con su comportamiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Caldera.


Señora ministra de Asuntos Exteriores.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.


Señor Caldera, cuando usted hacía referencia a las manifestaciones lúcidas e iluminadas del señor Marín respecto de Iberoamérica, espero que no estuviera pensando en aquellas en las que decía que el presidente Aznar, en su viaje al encuentro del presidente mejicano, lo que tenía es que haber protegido a los mejicanos. Esta anécdota sirve para plantear lo que es la constante de la política exterior de los gobiernos de José María Aznar. Es el realismo, el diálogo entre iguales, no esa solapada demagogia y ese solapado, en este caso y en esa referencia, paternalismo que ni tiene justificación ni es admisible en las relaciones internacionales de hoy en día.


Señor Caldera, la guerra ha terminado y la ocasión de manipular planteamientos y sentimientos merced a la demagogia, también. Por ello, cada día me sorprende más que el Partido Socialista se obstine en una línea

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política que confunde los tiempos y las responsabilidades. Déjeme remontarme algo más que un año a lo que son los gobiernos del presidente Aznar. Cuando el presidente Aznar se hizo cargo del Gobierno tenía la necesidad de potenciar y, en algún caso, clara, lisa y llanamente de recuperar los ejes directores de la política exterior de España, y así lo hemos hecho.


España necesitaba imperiosamente afianzar su posición en Europa, formando parte del núcleo duro, del núcleo más integrado de la avanzadilla económica de la Unión, y lo hemos hecho. En nuestras relaciones con Iberoamérica hemos pasado de la retórica a la cooperación real en el plano de igualdad en lo político y en lo económico. Hemos afianzado las relaciones con la potencia hegemónica que es Estados Unidos y, como consecuencia, hemos fortalecido nuestro papel trasatlántico en los distintos escenarios donde esta relación es clave: la lucha contra el terrorismo, la búsqueda de un sistema de seguridad operativo, Oriente Medio, la propia Iberoamérica, las relaciones con los nuevos socios del Este de Europa o el Mediterráneo, y más concretamente el Magreb.
Precisamente en el Magreb, España ha pasado con los gobiernos de José María Aznar a tener unas relaciones con Marruecos sobre las bases sólidas de cooperación, de buen entendimiento y de diálogo, superando una política de carácter reactivo. Necesitábamos hacer de nuestra tradicional amistad con los países árabes algo más que declaraciones y contribuir de forma efectiva a una solución eficaz del conflicto israelí-palestino, y en eso estamos. Hemos apostado, asimismo, por un multilateralismo activo y realista que, lejos del mero enunciado retórico, fortalezca los foros de diálogo de la comunidad internacional y muy particularmente de Naciones Unidas. Por último, era preciso abrir nuevos ejes en la política exterior de un país como el nuestro, que es ya sexto exportador de capitales del mundo y el undécimo importador -por cierto, ahora, no cuando ustedes gobernaban-, y cuyo peso específico hacía, por ejemplo, inexplicable y clamorosa nuestra espectacular ausencia de Asia, región con la que nos une una tradición antigua. España necesitaba así potenciar, y en su caso recuperar, los ejes de la política exterior, y los gobiernos del Partido Popular han arrostrado esta tarea. Tarea no siempre grata, fácil ni popular; tarea donde los resultados se ven a largo plazo, donde los muy escasos medios con los que cuenta nuestro servicio exterior se ven sometidos a la máxima exigencia, sólo alcanzada por el espíritu de servicio de funcionarios cuya compensación real es el trabajo consentido; tarea, al fin, donde la firmeza y la dignidad necesarias para construir un futuro, a veces, supone tiranteces en el presente y donde es imprescindible una oposición leal con los intereses del Estado, que no anteponga la demagogia a los principios. Así, tuvo que ser el primer Gobierno de José María Aznar quien, cuando ustedes habían tirado la toalla y consideraban imposible entrar en el euro, dirigió, con medidas impopulares a veces -hay que recordarlo-, el enorme esfuerzo de toda la sociedad española que condujo a España a una posición central en el grupo de cabeza de la moneda única y, con ella, del sistema de la Unión Europea. España, con los gobiernos de José María Aznar, ha hecho del Más Europa el lema de la presidencia y ha llenado el contenido de este lema con una defensa efectiva del mercado interior, con un apoyo firme del proceso de Lisboa y con un intenso trabajo en pro de la consolidación de la Europa del futuro, trabajo que ha contribuido a la firma en Atenas, el 16 de abril, del Tratado de ampliación.


Europa está cambiando y nosotros queremos una Europa cada vez más eficaz, más próspera y desde luego más segura, y por ello continuaremos construyendo el espacio de libertad, seguridad y justicia, de la que, por cierto, también los gobiernos de José María Aznar han sido -y ustedes quieren olvidarlo- promotores fundamentales.


Queremos, por último, una postura seria en el ámbito de la seguridad y la defensa de Europa que, todos los sabemos, aunque no todos obren consecuentemente, descansa necesariamente sobre el papel esencial del vínculo trasatlántico, y por eso este Gobierno, junto a la inmensa mayoría de los países europeos, ha entendido que su responsabilidad era no permitir el deterioro de este eje, auténtico pilar de la política exterior real de Europa y de España, y ello frente a la vieja inercia de hablar los quintos, ¿la recuerdan? Por cierto, aquello sí que era un seguidismo dócil. Es posible que fuera más claro, más definido, indudablemente más predecible y desde luego no más fiable para los intereses de España.


Señorías, si la política es el arte de lo posible, la primera obligación de un político es saber qué es posible para su país, y debo decirles que el Partido Socialista, o al menos usted y quienes les están asesorando en estos momentos, tienen una pobre idea del peso específico de España y de nuestras posibilidades tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, porque ustedes en sustancia lo que están planteando es que España, al consolidar una relación privilegiada con la potencia hegemónica de Estados Unidos, debilita sus posiciones, textualmente, y para justificar su antiamericanismo artrítico lo anclan incluso en unas memorias del franquismo que remontan al año 1954. Es realmente ejemplo de contumacia en el error pretender volver al ataque en este frente, donde la realidad internacional les está dejando a ustedes y a los que han pretendido representar durante la guerra de Irak completamente fuera de juego.


Maniobras preelectorales al margen, ustedes están dando muestras sobradamente de no entender la importancia de la vinculación trasatlántica, de la vinculación americana con nuestro país. Con sus vacilaciones sobre dónde ubicar a España al plantear la salida de la OTAN para luego pedir al pueblo español que asumiese la responsabilidad de dejarnos en la OTAN, pero no en la

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estructura militar, ya dieron una primera muestra de por dónde iban los ejes de su política exterior; eso sí, calcularon ustedes entonces que bastaban las buenas palabras bajo cuerda a los Estados Unidos para compensar aquel dislate que habían planteado en primer lugar. Parecen ustedes creer que ahora les valdría el mismo recurso: azuzar hasta al paroxismo el antiamericanismo en España para acudir luego a Washington a explicar que no hay que fijarse tanto en las manifestaciones y en la pancarta sino en una soterrada solidaridad socialista, haciendo votos de cooperación. (Rumores.) Pero esa táctica no sólo repugna éticamente, sino que redunda en una relación empobrecida.


El mundo, señor Caldera, se enfrenta hoy con fuerzas renovadas, afortunadamente, a nuevas amenazas que requieren políticas serias y firmes y sobre todo entender lo que está en juego. Es en realidad la asunción en el ámbito internacional de la lucha que está España encarando en solitario contra el terrorismo y a la que han venido a sumarse los Estados Unidos, con lo que eso supone. No me voy a extender sobre lo que supone que Estados Unidos se haya unido a la lucha de España contra el terrorismo, a lo que ustedes califican de seguidismo, peculiar seguidismo según el cual quien supuestamente sigue ha sido realmente el pionero, y valga como botón de muestra lo ocurrido con las medidas antiterroristas que los gobiernos de José María Aznar han promovido en el marco de la Unión Europea. Con ese nuevo peso y con la privilegiada relación que se forja con los Estados Unidos, España viene realizando y seguirá realizando en el futuro un esfuerzo capital en apoyo de esos ejes de la política internacional.


Termino, señora presidenta. El PSOE es responsable, por incoherencia y deslealtad, de haber traicionado lo mejor de su historia reciente y de un daño cierto que esa deseable continuidad estratégica de España requería.
De tal manera que lo menos malo que podemos esperar ahora es que el PSOE tenga cuanto antes el valor y la honestidad de recapacitar, aunque sea tardíamente, de arrepentirse, aunque sea de forma vergonzante (Risas.) y, por último, de rectificar, aunque sea de tapadillo, porque lo más grave sería que perseverara en hacer de la política internacional rapiña electoral hasta el extremo de comprometer, además de dañar, esa continuidad estratégica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, su intervención raya en el esperpento y espero que algunos de sus extremos hayan sido un serio error, un error de transcripción, porque he apreciado que ha llegado a decir que no podemos ser autónomos en nuestra política exterior por si eso molesta a Estados Unidos. Léase su intervención. Es increíble, o sea que nosotros dependemos de si gusta o no gusta nuestra política exterior o es autorizada o no por el Pentágono. Por cierto, no le he hablado de las manifestaciones -que también son muy importantes- de mi compañero Manuel Marín, sino de las manifestaciones de los iraquíes; no se confunda usted, que tiende a confundirlo casi todo.


Lo más importante, se lo voy a decir, señora ministra, es que ustedes han roto el consenso. ¡Por favor, si la pancarta en las manifestaciones la han llevado millones de españoles! Por favor, respétenles. Ahí les duele a ustedes, millones de españoles. No es el Partido Socialista el que mantiene una posición antinorteamericana, como dicen ustedes, es que son todos los partidos de este país quienes han visto que su relación ha sido de subordinación y dependencia y no han mantenido una posición autónoma como la que había mantenido España desde el año 1975, a lo largo de todo su proceso de recuperación de la democracia.


A Estados Unidos -y nosotros queremos tener una magnífica relación transatlántica- también se le puede decir que no. Lo que no podemos admitir, señora ministra, es lo que está ocurriendo en Irak: que una potencia, como usted reconoce, hegemónica -ya dice que es hegemónica-, a la que, por tanto, ni siquiera se le pueden discutir sus principios, esté anulando el derecho y lo esté sustituyendo por la fuerza. En una sola imagen, ¿saben lo que han hecho en todo este proceso? Han consolidado la política del cabezazo; la inició su compañero el señor Piqué, agachando la cabeza ante la Administración republicana y la ha seguido usted con un entusiasmo extraordinario. No se equivoquen, nadie quiere romper los ejes de una adecuada relación transatlántica, una relación, como le dije antes, equilibrada, una relación que nos permita defender los principios de Europa. Usted habla del núcleo duro de Europa. ¿El núcleo duro está representado sólo por el Gobierno de España y por el Gobierno de Gran Bretaña? Yo creía que Europa, la Europa a la que nosotros nos incorporamos, tenía más países y tenía otras sensibilidades.


El Gobierno de España, señora ministra, se ha equivocado profundamente.
Habla usted de seguridad. Le voy a decir lo que le vamos a proponer en esta Cámara: hablar del principio de seguridad democrática global. El mundo no sólo está afectado por la amenaza del terrorismo, hay otras muchas amenazas que ustedes no quieren ver: la amenaza de la pobreza, del crimen organizado, de la injusticia, del tráfico de drogas, de la insolidaridad. Necesitamos que la ONU desarrolle y defienda un concepto de seguridad democrática global, que es lo que ustedes no quieren entender. Y creo que no pueden poner en duda el papel y el trabajo del Partido Socialista en la lucha contra el terrorismo. Por favor, no lo hagan ni siquiera indirectamente, porque yo

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podría decirle a usted, señora ministra, que en materia de cooperación antiterrorista lo que le interesa a España preferentemente son las relaciones con Francia. Esas sí son las relaciones que nos interesan, que son las que ustedes, en alguna medida, han puesto en riesgo. Deberían rectificar, no les queda además mucho tiempo. Para ello deberían comenzar por apoyar de forma decidida la profundización en las políticas de la Unión Europea, especialmente la exterior, la de seguridad y la de defensa. El interés de España, señora ministra, está en el reforzamiento de Europa. Ese es el interés de España. Lo quieren todos sus ciudadanos, lo quieren la inmensa mayoría de sus fuerzas políticas, y lo quieren porque se sienten cómodos, protegidos e identificados en ese espacio natural. Ese es nuestro espacio, una Europa que sea capaz de hacer creíble su política exterior mediante las capacidades propias que le sean necesarias. Debemos recomponer también las relaciones trasatlánticas con Estados Unidos bajo las bases de equilibrio que le he indicado. Dicho de otro modo, sí al vínculo trasatlántico, no a la dependencia trasatlántica. Eso es lo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Junto a ello, creo que debemos apostar decididamente por una visión multilateral de las relaciones internacionales, jugar un papel prioritario en la defensa de la paz y la seguridad internacional.
Recompongan, intenten recomponer, nosotros le ofrecemos el consenso...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Caldera, su tiempo ha concluido.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señora presidenta.


Destinar, cosa que no ha hecho este Gobierno, un capítulo importante de sus recursos a la ayuda a la cooperación al desarrollo, cosa que ustedes no han hecho, y encajar todos estos principios en una política exterior que se identifique con la aspiración y el deseo de la inmensa mayoría de los españoles y no con la política del cabezazo que tan indigna resulta a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Caldera.


Señora ministra de Asuntos Exteriores.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.


Cuando no se esgrimen argumentos sino pura demagogia (Risas.) es preciso contestar con contundencia. Señor Caldera, para sostener que hemos roto el consenso europeo les estorban a ustedes la mayoría de los países que son miembros de la Unión Europea, de esa Unión Europea que se retrató hace unos días en Atenas, la inmensa mayoría. Evidentemente, las relaciones con Francia y especialmente las relaciones bilaterales de cooperación en materia terrorista no han estado nunca a la altura que están ahora. Y no se preocupe usted, señor Caldera, van a seguir siendo unas excelentes relaciones, y ahí están las manifestaciones y los actos del Gobierno francés para respaldarlo. Como también, señor Caldera, para defender que hemos trastornado nuestra relación con Iberoamérica les molesta la posición sobre la crisis de Irak de nuestro principal socio europeo, que es Portugal, y les molestan las declaraciones de gobiernos como el argentino, que hace poco manifestaba que su mejor abogado había sido el presidente Aznar, o de gobiernos como el mejicano, y me remito a las últimas declaraciones hechas por el ministro de Asuntos Exteriores en su viaje a Madrid. En tercer lugar, en cuanto a países árabes, para mantener que hemos soliviantado la relación con los países árabes les sobran las actuaciones recientes del Gobierno y su acogida entre esos países, las actuaciones no sólo en el marco del proceso de paz, sino las actuaciones del Gobierno con los distintos actores de la zona. Por último, para sustentar que nos hemos aliado en una alianza perversa con la derecha americana, les contraría a ustedes, les irrita profundamente nuestra sintonía con un destacado dirigente socialista, con el señor Blair, y con un gobierno destacado y socialista, el Gobierno del Reino Unido, por eso lo citaba usted hace un momento. (Rumores.)

Señora presidenta, las relaciones exteriores de España se encuentran en un momento excelente y nuestra influencia internacional no ha estado nunca mejor. No lo digo yo, lo decía hace un par de días el insigne historiador Henry Kamen, y cito: Por primera vez desde la época del imperio, la voz de los españoles ha sido escuchada con atención en el mundo. (Rumores.) Y no porque España abrigue delirios de grandeza, sino por ser consciente de la importancia real de los principios que defiende, en torno a los cuales trabajaremos por construir consenso dentro y fuera de nuestras fronteras.
Téngalo claro, señor Caldera: el consenso sin principios no es ni tan siquiera perfil bajo, es sencillamente claudicación, y a eso es a lo que ustedes están jugando y pretenden que juegue el Gobierno de España. No lo vamos a hacer, seguiremos en la línea en la que estamos trabajando, que tan buenos réditos nos está dando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE SUPONE PARA ESPAÑA LA NUEVA FASE DE LA GUERRA CONTRA IRAK. (Número de expediente 172/000275.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las repercusiones

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que supone para España la nueva fase de la guerra contra Irak.


Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, actualmente tienen ustedes un gran interés en colar una idea que no puede colar porque la realidad se impone sobre sus intereses electorales y/o políticos. La idea que intentan colar es que la guerra ha terminado, por tanto, debe finalizar el discurso sobre la guerra, y no hay consecuencias, las consecuencias son las normales y tampoco debe haber debate o discurso sobre las consecuencias de lo que ha pasado en Irak y que, por tanto, hay que hablar de otros asuntos porque esto ya es pasado. Ya se sabe que en una sociedad mediática las noticias de un día sepultan las del día anterior. Pero eso no es así, señor Trillo, en este caso no estamos hablando de la siembra de la remolacha, que es muy importante, sin duda, o no estamos hablando de ningún otro tipo de cosa singular que no sea el tema de la muerte de la gente a través de la guerra; guerra que en general no se puede aceptar y que en este caso, como guerra ilegal, no vamos a aceptar nunca.


Nosotros lo que le pedimos en este momento, señor Trillo, es que recuperen el hilo de la legalidad internacional, que es posible. No quiere decir esto, en ningún caso, que a partir de esa recuperación del hilo ustedes vayan a legalizar la guerra, no, esa guerra será ilegal por los siglos de los siglos, pero sí volveremos a encontrarnos todos, con diferencias políticas, superando heridas graves muy serias no sólo aquí sino en el contexto social, no sólo en España sino también en Europa, donde las heridas se están agrandando y se están infectando, e incluso con respecto al contexto internacional.


Quedan temas pendientes muy dolorosos con respecto al interés de las fuerzas políticas españolas. Constantemente la señora ministra habla de demagogia y confunde que la política no es sólo cálculo, no es sólo frialdad tecnocrática, sino que hay que mezclarla necesariamente con sentimientos, y ella al sentimiento lo llama demagogia. Pues bien, voy a apelar de nuevo a un tema pendiente, señor Trillo, que es la necesaria condena por ustedes, que después piden condenas a todo el mundo, de la muerte de José Couso, del crimen de guerra contra José Couso, del asesinato de José Couso. Y no vamos a parar, no se va a olvidar esa muerte por más que en la sociedad mediática las noticias de un día acaben con las del día anterior. Ahí hubo un fuego amigo inesperado, en el seno de lo que ustedes llaman "en la guerra todo es posible y sabían a lo que se arriesgaban", dijo el señor presidente del Gobierno. La señora ministra dijo que no era un tema relevante a la hora de condenar nada con respecto a la actuación de los Estados Unidos y usted fue un poco más allá en el sentimiento -o más acá, si se quiere- hablando de un gravísimo error. No fue un gravísimo error, señor Trillo, fue algo absolutamente inaceptable que necesita una condena por parte del Gobierno, no lamentarlo. Además, ustedes están entrando pedagógicamente -a la hora de explicar ciertas cosas- en una situación muy difícil de ahora en adelante. Ustedes tienen que condenar esa situación y, a partir de ahí, pedir la investigación correspondiente a los Estados Unidos y actuar con ritmo y contundencia para que se esclarezca esta situación que no está clara. Todo el mundo sabía que el hotel Palestina estaba lleno de periodistas, todo el mundo, no estoy exagerando con una metáfora global.
Al mismo tiempo se produjeron otros dos ataques contra la prensa internacional, contra Al Yazira y contra la cadena de televisión Dubai.
Por lo tanto, no fue algo gratuito, no fue algo circunstancial, no fue un gravísimo error; fue un ataque a los testigos de esta acción.


Ha tenido una virtualidad, señor Trillo, y es que en la sociedad mediática no existen los cámaras; existe el que lleva el micrófono, el periodista.
No existen los fotógrafos; existe el que lleva el ordenador o la pluma.
Ahora de pronto sabemos que existen. Esa persona que había en los pasillos detrás de una cámara se llamaba José Couso, pero no existía para nosotros; existía la cámara, no el cámara. Existe la cámara de fotos, no el fotógrafo. Ahora han salido a la superficie con fuerza. Incluso la gente les llama periodistas cuando en la vida normal se les llama casi soportes, como si fueran una especie de soporte mecánico de la cámara que llevan a cuestas. Pues bien, por lo menos ha servido para saber que existen, que ni las cámaras ni las máquinas de fotografía funcionan solas. (El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) Ya llegará su momento, señor Ayala, cuando llegue la hora de aplaudir al señor Trillo.


Por otra parte, señor Trillo, ¿en qué situación estamos exactamente ahora? En una situación de ilegalidad. Ustedes necesitan una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder ser una fuerza de ocupación, para poder administrar. Vamos a quitar lo de ocupación porque se pasaría a ser una fuerza legal a la hora de gestionar, controlar y administrar el territorio que a ustedes les asignaran. Sin esa resolución de Naciones Unidas ustedes son, lo van a ser cuando les entreguen la zona sur de Basora, una fuerza de ocupación ilegal constituyendo parte de un protectorado militar ilegal que, tal como están rodando las cosas en Irak, se está transformando en una dictadura militar sanguinaria. Sí, señor Trillo. Están respondiendo a manifestaciones -es posible que en alguna de ellas, como en la del lunes, hayan tirado alguna piedra- con disparos a matar a la gente que participa en un derecho fundamental.
Murieron 15 el lunes y ahora se habla de tres o más muertos en la última manifestación reprimida por las fuerzas norteamericanas sin ningún tipo de legalidad. Pues bien, ustedes van a participar en ese

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protectorado posiblemente con un militar, con un general, que estará de segundo de a bordo o de complemento al que lleve la responsabilidad de seguridad. Eso es lo que se acaba de publicar. Sabemos que posiblemente le entreguen a ustedes la administración de la parte sur de Basora hasta el final de la frontera iraquí; que van a trasladar dos compañías de legionarios, unas 250 personas, para realizar labores de vigilancia estática; que hablaron ustedes de trasladar cerca de 300 guardias civiles, aunque después sólo van a ir los voluntarios, que son aproximadamente 120 ó 130; que precisamente la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha dicho que es un riesgo muy serio no sólo por razones de ilegalidad internacional -aunque han dicho que deberían ir bajo la bandera de la ONU- sino también porque la situación allí no tiene ningún amparo desde ningún punto de vista, ni legal ni de seguridad compartida.


Señor Trillo, al mismo tiempo van ustedes a una zona donde existe el llamado Guantánamo iraquí. Se le denomina el Camp Bucca. Bucca fue una de las personas que murió en el ataque del 11 de septiembre. Se le denomina Camp Bucca porque es una zona sin ninguna legalidad interior y con una concepción de la justicia como venganza. Quizá se venga la muerte del señor Bucca y de otros el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Allí hay 6.500 prisioneros que están descalzos y a los que tan sólo se les facilita una botella de agua al día, existiendo una temperatura de 45 grados. Muere uno diario en función de la represión interna del campo y se realizan 100 interrogatorios al día intentando demostrar la conexión existente entre esos prisioneros iraquíes y la trama de Al Qaeda, algo que hasta ahora no se ha podido lograr, como tampoco se han hallado las armas de destrucción masiva, las cuales ni siquiera han sido buscadas por ustedes. Vuelven 60 de 95 números del batallón NBQ y ustedes no se dedican a buscar las armas biológicas o químicas. Usted sabe perfectamente igual que yo que esto es así y es que se han dedicado a otras misiones. El librito de 150 páginas que ustedes entregan a los militares españoles, redactado por la inteligencia militar española, sólo dedica tres líneas en su página 49 a las armas de destrucción masiva.
Sabían ustedes que no se iban a utilizar y que posiblemente, como ya se ha dicho, estaban inutilizadas o no existían y no iban a buscarlas.
Aquello fue una excusa y con el tiempo tendrán que demostrarlo, puesto que es una justificación fundamental, junto con la fuerza, parangonable a la de Hitler, que tenía Sadam Husein a la hora de mandar allí a 250.000 militares con todo el desarrollo tecnológico frente a un ejército poderosísimo que iba a crear por lo visto un tremendo problema en toda Europa y en otras partes del mundo. Se ha demostrado que todo era mentira.


Ustedes van a participar controlando y gestionando en ese protectorado, señor Trillo, en la ilegalidad total, porque la semana que viene tendrán ustedes que apoyar en el Consejo de Seguridad la nueva misión del inspector Blix. ¿O tampoco lo van a hacer? Ustedes tendrán que apoyar en el Consejo de Seguridad la necesidad de una resolución para poder estar allí controlando la situación, y además de forma interina y no como ha dicho el virrey Garner, como mínimo durante dos años. Ustedes tendrán que apoyar todo esto, ya que si no van a estar inmersos en una situación de ilegalidad, van a controlar ilegalmente una parte del territorio con una situación muy difícil, en la que mueren iraquíes que no son partidarios de la ocupación militar de los norteamericanos y que tampoco van a querer la ocupación militar española, el control militar español. Esa gente no va a aceptar esa imposición, señor Trillo, y usted lo sabe perfectamente.
Por tanto, les pedimos que vuelvan a la legalidad y a la racionalidad. No acepten la administración de ese territorio al sur de Basora y mucho menos, aunque no espero que se lo entreguen a ustedes, de lo que se llama el Camp Bucca, el Guantánamo iraquí. No se lo van a entregar a ustedes, pero ya están colaborando allí. Hay cinco médicos españoles y seis ATS en el Camp Bucca, han hecho ya 119 intervenciones y se quejan igualmente del trato inhumano y de las condiciones infrahumanas que existen en esa especie de Guantánamo iraquí. Por tanto, señor Trillo, yo le pido que reingresen en la legalidad y a partir de ahí, por encima de las diferencias que puedan existir en algunos casos, podremos entrar en una situación en la que se superen heridas muy graves que han sido causadas no sólo en esta Cámara, sino en la propia sociedad española y en toda Europa. Porque en Europa, donde empieza ese polo de defensa autónomo con una metodología todavía primaria, ustedes están ahora rechazándolo cuando sería la oportunidad de reingresar también en la posibilidad de una Europa europea y no en la Europa americana que ustedes conciben de un tiempo a estar parte.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Alcaraz.


Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Señora presidenta, señorías, quiero empezar manifestando mi gratitud a SS.SS.
por mantener la presencia aquí esta tarde, tanto para dar el apoyo -espero- al Gobierno desde las más nutridas filas del Grupo Popular, cuanto para dar apoyo y asistencia desde el partido hermano de Izquierda Unida, con su presencia en cuatro escaños, al solitario señor Alcaraz, que tiene que defender la habitual interpelación de los miércoles por la tarde a estas horas, presentada desde hace ya dos meses, sobre el asunto del conflicto de Irak. Quiero agradecer una vez más al señor Alcaraz que lo haga, porque a base de debatir con él los miércoles a estas horas de la tarde, me está instigando y provocando permanentemente a que haga esfuerzos

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para razonar dialécticamente cuáles son los fundamentos de la posición del Gobierno, para profundizar en los mismos, para explicarlos y para dejar constancia en el "Diario de Sesiones". A su vez, él continúa en el ejercicio no menos dialéctico de profundización en sus argumentos.
Señorías, sintetizando este párrafo de gratitudes, tengo que decir que lo que yo diga a ese respecto puede tener poca importancia, pero es verdad que el asunto sobre el que habla el señor Alcaraz y sobre el que yo voy a hablar ahora la tiene más. Señor Alcaraz, no podemos dejar atrás lo ocurrido. Lo ocurrido y algunas de las cosas que usted ha recordado tienen la máxima gravedad en su entidad material y algunas tendrán sus consecuencias en materia política. Yo creo que SS.SS. han valorado equivocadamente tanto la legitimidad previa al conflicto, cuanto la desarrollada en el conflicto, y me temo que al paso que vamos van a hacerlo también de la que acompaña a la fase post conflicto en la que nos encontramos; al comenzar la interpelación dudaba si S.S. se había enterado de la fase del conflicto en la que nos encontrábamos, pero ya veo que sí.


Fuera del documento inicial de su interpelación, vuelve S.S. a darme la oportunidad de hablar del muy serio y muy dramático tema Couso. Señor Alcaraz, S.S. sabe perfectamente -lo ha recordado- que no sólo el Gobierno ha lamentado la muerte de este compatriota en las circunstancias terribles que le acompañaron -a tan sólo 24 horas del final de las hostilidades, en un hotel, acompañado de otros corresponsales de prensa-, sino que yo mismo lo he calificado de un gravísimo error. Hemos solicitado reiteradamente información del Gobierno de los Estados Unidos, se ha hecho a nivel militar, luego se ha formalizado a nivel diplomático y continúa -aunque ya se han recibido algunas informaciones- abierta esa solicitud de información para poder tener nuevos datos. A su vez, sabe S.S. que, en la medida de las posibilidades que competen al Gobierno, el departamento de Defensa que dirijo ha querido tener siquiera un gesto honorífico con el reconocimiento del premio extraordinario anual de Defensa a los dos corresponsales españoles fallecidos en el conflicto, premio que se falló por unanimidad del jurado hace apenas dos días.


Querría añadir a esa posición del Gobierno alguna consideración adicional.
Tampoco en este punto podemos decir que no se pueda reflexionar en un ámbito jurídico. Los corresponsales de guerra acreditados, como lo era el señor Anguita Parrado, están contemplados en el artículo 4, punto a), apartado cuarto del III Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949.
Exactamente lo dicho en el mismo es que necesitan recibir permiso de las Fuerzas Armadas a las que acompañen, que les suministrarán una tarjeta de identidad, y tendrán luego, por consecuencia de ello, un tratamiento semejante al que tendrían las fuerzas a las que acompañan. Este es el caso del señor Anguita Parrado, y tengo que poner de manifiesto ante la Cámara que en la ocasión anterior en la que hablamos aún no habíamos conseguido la completa repatriación, con toda dignidad, de sus restos.
Hicimos cuanto estuvo en nuestra mano para que pudiera realizarse el pasado miércoles de Semana Santa en las condiciones que fijó la propia familia Anguita Parrado, tras ponernos en contacto con ella precisamente a través de una persona de Izquierda Unida, la alcaldesa de Córdoba.


Respecto del señor Couso, se trata de alguien que tiene una consideración jurídica distinta en cuanto al desarrollo de su misión profesional. Se trata de un profesional -leo el artículo 79, al que luego me referiré- que desarrolla su profesión peligrosa en zona de conflicto armado y por tanto está contemplado en el referido artículo 79, del Protocolo 1, adicional a los convenios de Ginebra de 8 de junio de 1977, que estipula que serán considerados personas civiles y añade que serán protegidos como tales de conformidad con los convenios y el presente protocolo. Por tanto y en consecuencia, es verdad que el señor Couso tenía derecho al trato debido a personas civiles. A ello hay que añadir que es muy difícilmente demostrable, a la hora de lanzar las condenas con carácter previo, qué fue lo que realmente pasó. Eso es algo sobre lo que yo espero que en su día, y cuanto antes mejor, obtengamos la suficiente clarificación. Tengo que recordar que para bien o para mal, y sin que esto suponga prejuzgar nada, los delitos o las acciones contemplados en estas regulaciones internacionales sobre Derecho de la guerra siempre exigen un dolo específico. En las informaciones recibidas hasta ahora no han aparecido posibilidades de calificación de esa conducta y sí quiero dejar eso sentado para proporcionar a S.S. y a la Cámara, a través de su S.S., la máxima información posible.


Se detiene luego el señor Alcaraz de nuevo en lo que llama la ocupación ilegal. Antes estábamos en la actuación ilegítima, es decir, la provocación ilegítima en Irak, ignorando las 17 resoluciones consecutivas de Naciones Unidas desde la 687 hasta la 1441. No entiendo cómo S.S.
sigue con esa martingala de la ilegitimidad en base del derecho de Naciones Unidas cuando se invocan 17 resoluciones de Naciones Unidas.
Luego estuvimos en la falta de cobertura de legalidad en el desarrollo de las hostilidades, de la intervención o de la invasión como quiera denominarlo S.S. En todo momento y en toda actuación se han contemplado los convenios de Ginebra a los que me he referido varias veces en estas siempre, insisto, tan de agradecer sesiones vespertinas de los miércoles.
Además, vuelve a decir ahora que una vez que estamos en la fase post conflicto también ignoramos el derecho. Señoría, vuelvo a darle la referencia y el marco normativo: Leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo a las convenciones de La Haya de 21 de julio de 1899; el Convenio IV, de 18 de octubre de 1907, sección 3.ª, artículos 42 a 56, completándose con la sección 3.ª del Convenio IV

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de Ginebra, artículos 47 a 78. Todo eso es lo que puede leer S.S., cosa que sé que hará con detalle, para ver cuál es el régimen jurídico internacional que corresponde a lo que S.S. llama ocupación.
Efectivamente, si es que fuera tal tendría que atender a los siguientes principios que los ocupantes deben garantizar. Si es que fuera tal lo primero que habría que asegurar es el aprovisionamiento de víveres, productos, medicinas y vestuario; lo segundo, el mantenimiento de los servicios sanitarios, y lo tercero, garantizar el funcionamiento administrativo y judicial del territorio. Señor Alcaraz, eso es exactamente lo que se ha señalado como objetivos por el señor Garner y por la administración de facto que con este marco jurídico y los principios generales de cualquier derecho de los países civilizados hay que poner en marcha. Exactamente estas son las tres esferas a las que se refería el vicepresidente primero del Gobierno esta tarde en la Cámara: tratar de reconstruir el sistema político administrativo; realizar también, dentro de lo posible, la reconstrucción financiera en un país donde además no existe ni siquiera moneda nacional, y emprender la reconstrucción material. ¿De qué? ¿De los daños causados por la guerra, por la intervención militar? Para ese viaje no hacen falta tantas alforjas, señor Alcaraz. No, es para lo que han causado los 30 años de la tiránica dictadura de Sadam Husein, de eso hay que reconstruir Irak.
Fíjese, señor Alcaraz, qué datos más elocuentes de lo que ha sido aquéllo.


Sadam Husein ha dejado a su pueblo con una tasa de escolarización del 53 por ciento; con una tasa de analfabetismo del 42 por ciento; con una deuda externa de 100.000 millones de dólares; con el puesto 126 en el ranking de riqueza-pobreza; con el 80 por ciento de la población activa, por decirlo de alguna manera, viviendo del sector público, es decir, si lo quiere funcionarios o empleados públicos, 7 millones de empleados o funcionarios públicos, los cuales no aparecían ninguno el primer día, y lo que es más lamentable y doloroso, 22 millones de cartillas de racionamiento. Así vivían en el Irak de Sadam Husein y se trata de que no vuelva a vivir así esa nación liberada. ¿Saben SS.SS. lo que alcanzaba la cartilla de racionamiento del sátrapa? Pues no daba derecho a fruta, ni a verdura, ni por supuesto a carne, ni a pescado, ni a alimentos frescos, sino a 500 gramos de leche en polvo por mes y a 1,5 litros de aceite para cocinar, aparte de a 3 kilos y medio de lentejas y 5 kilos de arroz, por mes. Claro que hay que reconstruir. Hay que reconstruir un país que sea capaz de salir de esa miseria, hay que reconstruir un país que sea capaz de olvidar esa pesadilla.


Dice usted que la coalición internacional trata de establecer una dictadura militar. ¿Una dictadura militar? ¿El señor Alcaraz, en nombre no sé de qué porque tampoco vamos a tener que recordar algunas cosas del pasado, de verdad, le va a enseñar lo que es la democracia a los Estados Unidos de América, a la Gran Bretaña, a la España constitucional de estos 25 años, o al sistema australiano? ¿Le va a enseñar precisamente su partido? ¿Va a llamar dictadura militar a los representantes de las naciones libres del mundo que tratan de liberar a un pueblo de semejante tiranía? Seamos serios. Para eso, en efecto, España va a participar; claro que va a participar, pero no para hacer ningún negocio. Pero ¿qué negocio se va a hacer cuando se tienen ya comprometidos con lo que le acabo de leer más del 42 por ciento de los recursos procedentes del petróleo para los próximos 10 años? ¿Qué negocio se va a hacer? Lo que hay que hacer y lo que se trata de hacer es una conferencia de contribuyentes que pongan en marcha al menos tres ámbitos de actuación: la ayuda humanitaria, en la cual ya estamos colaborando activamente los españoles; la financiación de la reconstrucción a través del Banco Mundial y por supuesto la ayuda humanitaria, todos desearíamos que pilotada y guiada...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor ministro, su tiempo ha terminado.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Sí, señora presidenta, termino enseguida.


La reconstrucción material de esos servicios a los que antes me he referido, que son los que deben ocupar a cualquiera que quiera reconstruir, de acuerdo con los principios generales del derecho de las naciones civilizadas, lo que ha sido la barbarie causada por una dictadura.


Señor Alcaraz, vuelvo por donde empecé. Le agradezco que me dé la posibilidad de exponer ante la Cámara, y mucho más ante las señorías que han aguardado para escucharnos a usted y a mí y a quien viene detrás, estas cosas, pero vaya S.S. cambiando de disco. Tengo la impresión de que ustedes, si miran hacia atrás, se han quedado bastante solos en la pancarta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor ministro, le ruego concluya.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Y el próximo día 25 de mayo, a este paso, van a estar todavía más solos.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Trillo, aunque su tono va subiendo por momentos, y va a subir más en esa réplica en la cual yo posteriormente estaré indefenso, quiero establecer una diferencia entre su tono y el tono de legionario aguerrido de su presidente del Gobierno. ¿Sabe usted por qué su presidente del Gobierno está así y comete tantos errores, tantos errores que nos está metiendo en campaña él solo? Porque

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se va a despedir de la política con tres fracasos electorales muy importantes: el 25 de mayo, las elecciones catalanas y las elecciones andaluzas. Por eso está así, señor Trillo, así de nervioso y así de aguerrido. Por tanto, no hablemos de votos, o usted no hable de votos y yo no hablaré de votos. Usted ha hablado de votos y yo hablo también de votos. El señor Aznar se despedirá de la política con tres fracasos monumentales, y si no al tiempo.


En la moción consecuencia de esta interpelación Izquierda Unida no va a estar sola, solitaria como usted ha dicho. Posiblemente, lleguemos otra vez a un acuerdo los 11 partidos que venimos coincidiendo en muchas ocasiones desde hace tiempo en esta Cámara y que representamos 11.700.000 votos. Por tanto, no voy a estar tan solo, señor Trillo, no voy a estar tan solo.


Señor Trillo, hablamos idiomas diferentes, aunque usted no se atreve a hablar el idioma que hablan en privado con el señor Bush. Están hablando de un nuevo orden internacional, de una nueva legalidad, de un nuevo concepto de guerra y de un nuevo concepto de denominación de la guerra, como se recogía en el texto que ustedes han metido de nuevo en un cajón, de cara a la reforma del Código Penal Militar, redactado por el señor Martínez Micó. Ese concepto que intentaba cambiar lo que es la guerra, la declaración de guerra por efectos bélicos, acciones bélicas, es lo que subyace en su intervención cuando dice: Están ustedes anticuados. Claro que estamos anticuados. Hoy mismo hemos presentado un recurso en el Tribunal Constitucional porque no se ha cumplido el artículo 63.3 de la Constitución. Señor Trillo, lo más anticuado en este debate entre usted y yo es el artículo 63.3 de la Constitución ¿verdad? Ahí coincidimos.
Nosotros vamos a luchar por que se mantenga, usted va a luchar por un cambio constitucional, como hacían en el código penal militar del señor Martínez Micó, que ya estaba en fase de información, señor Trillo. Por eso yo soy más antiguo que usted, yo mantengo la guerra, la declaración de guerra y, a partir de ahí, todos los textos de la Convención de Ginebra y la Carta Magna de Naciones Unidas.Teniendo en cuenta la legalidad internacional sobre ayuda humanitaria y sobre la guerra, una nación que ha participado en la guerra no puede administrar la nación ocupada sin una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Señor Trillo, esa es la realidad. Usted me dice. Está usted anticuado.
Claro, como que usted ya no concibe la legalidad internacional, como que usted ya está fuera, junto a Bush, de la legalidad internacional. Ustedes están construyendo un nuevo orden internacional utilizando la globalización de la guerra como instrumento de cohesión, por encima y contra la anterior legalidad internacional, que nadie se ha molestado en dar por superada. Usted no se atreve del todo a decirlo, Bush lo dice claramente. Ustedes no, ustedes ocultan los hechos.


La semana que viene les van a llamar para entregarles la provincia de Um Qasr a administrar por ustedes, a mantener la seguridad en todo el territorio al sur de Basora, pero no se atreven a decir lo que dice Rumsfeld, lo que incluso dice Colin Powell, que la legalidad internacional está superada, que ellos han ganado la guerra y que no van a dejar ahora la administración a la ONU. Ese es el problema de fondo, señor Trillo, por eso están ustedes fuera de la legalidad, a menos que la cambien. Digan que la ONU ya no sirve, que se va a convertir en una gran ONG, que ya no sirven las resoluciones del Consejo de Seguridad, que no sirven las resoluciones sobre la legalidad internacional humanitaria, que no sirve la Carta de Naciones Unidas. Díganlo, pero no me diga: Está usted anticuado y yo soy moderno. No. Ustedes están participando en un protectorado militar que, tal como está actuando en los últimos días, se está convirtiendo, para los iraquíes, en una dictadura militar.


Señor Trillo, no confunda el mantenimiento del orden en un periodo transitorio, mientras el Consejo de Seguridad emite la resolución correspondiente, con lo que han dicho los Estados Unidos: Estaremos en Irak hasta que podamos entregarlo a una democracia iraquí y tendremos el protectorado el tiempo que haga falta. Eso es diferente y está absolutamente fuera de la ley, señor Trillo.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Alcaraz, su tiempo ha concluido.


El señor ALCARAZ MASATS: Usted es muy moderno, el señor Bush es muy moderno, pero son modernos sobre el cadáver de Naciones Unidas, sobre el cadáver de toda la legalidad internacional. Verán ustedes cómo el camino nos lo va marcando Bush, ya que ustedes no se atreven. Usted ha nombrado a España, ustedes no representan a España ahora en esto, señor Trillo.
(Rumores y protestas.) España es representada a través del cumplimiento del artículo 63.3 de la Constitución, que acaba de decir el señor Trillo que está superado. Para nosotros no está superada la Constitución, ni siquiera en ese artículo, señor Trillo. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.


Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Sus señorías tendrán que disculpar que yo vuelva a agradecer al señor Alcaraz que me dé oportunidad permanentemente de explicar algunas cosas que no tiene claras y le gusta debatir conmigo. Sé que él sale confortado y yo también de escucharle, pero me dan la posibilidad de dejar sobre el "Diario de Sesiones" esclarecidas algunas cuestiones, como la que ha citado del Código Penal, del non nato proyecto que

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era sólo borrador de proyecto, la declaración de guerra del artículo 63 de la Constitución, la soledad, el protectorado, etcétera. Voy a repasarlas sumariamente.


Sobre la supuesta declaración de guerra del artículo 63 por la que ustedes quieren ir al Constitucional, yo no he dicho que la Constitución esté superada en ninguno de sus puntos ni de sus comas ni de sus palabras ni de sus declaraciones. Lo que dije en la Comisión, y reitero ante el Pleno, es que la declaración formal de guerra es para cuando España está en guerra y que eso es algo que ante determinados desarrollos de conflicto ya Charles Rousseau, no Jean-Jacques Rousseau el de El Contrato, sino el de derecho internacional público, allá por los años cincuenta, lo estudié algo después, ya consideraba que era un anacronismo porque la declaración formal de guerra, como la firma de los tratados de paz, la del armisticio, etcétera, son solemnidades propias del derecho de la guerra de los siglos pasados, pero escasamente usuales, venturosamente no usuales, en los tiempos presentes. ¿Por qué? Porque la guerra como tal es aquella que conmueve y afecta los elementos esenciales de la soberanía de un Estado y, en consecuencia, es coherente que sea el Parlamento, la representación de la soberanía popular que es el elemento personal del Estado, quien tome esa declaración, pero sólo si hay una agresión al territorio como elemento esencial, en el sentido de Jellinek, o la hay a la población sea dentro del territorio o fuera, hay un ataque frontal al Estado o a su independencia y ordenamiento constitucional, ahí también la habría, que pueda llevar a la declaración de guerra. En consecuencia, señor Alcaraz, pierden lastimosamente el tiempo en el Tribunal Constitucional, pero nosotros lo ganamos porque tendremos la ocasión de tener así glosado, no superado, el artículo 63 de la Constitución por el máximo intérprete de la misma.


El borrador de proyecto de Código Penal Militar. Señoría, el Código vigente es de 1985. En el año 1995, aquí reformamos tras debate apasionante, y en algunos caso apasionado, el Código Penal ordinario. El Partido Popular, su grupo parlamentario al que tuve el honor de representar entonces, se abstuvo por una razón: El sistema de penas, dije entonces, no garantizaba el cumplimiento efectivo de las mismas y era excesivamente amplio, complejo e impracticable para que pudiéramos tener seguridad en la calle. Los arrestos de fines de semana... (Las actas taquigráficas, siempre hay que ir a las actas taquigráficas). Cuando ahora el Gobierno ha tenido mayoría suficiente para reformar el Código lo ha hecho. E inmediatamente yo dispuse: A ver qué hay por ahí para reformar también el Código Penal Militar, que es ya previo a la reforma de 1995, es de 1985. Y entonces se sacan un proyecto, que no quiero ni saber quién fue su primer redactor. Y no fue el señor Martínez Micó que ha estado escasos meses de asesor general y no es su especialidad, lo digo aquí, lo penal-militar. Sacaron uno de los borradores y lo publicó el diario El País. Ya dije entonces y digo ahora que del contenido de tal borrador me enteré y lo vuelvo a decir (y fíjese las cosas que son porque esta es la historia verdadera), ni está en el programa de Gobierno ni está en el programa del departamento de Defensa ni ninguno de los portavoces aquí presentes me habrá oído hablar nunca de semejante objetivo legislativo. Eso sí, el derrotismo militar, que es como se llamaba la figura allí destacada, está vigente. Es del Código de 1985, allá cada cual. Si el Gobierno hubiera tenido alguna intención de algo no tenía que modificar nada. Lo que pasa es que eso es tal dislate que ni siquiera a los autores de 1985, aquella mayoría socialista, se les habría ocurrido poner en práctica eso. El término es, vuelvo a lo mismo, declaración de guerra o ¿qué dice ahora? Conflicto generalizado. ¿Qué dijeron los borradores que lo modificaron desde 1995? Dijeron, en vez de conflicto generalizado, conflicto armado. Ese es el tema. Tendremos la legislatura que viene -si Dios quiere que estemos usted y yo, y desde luego con mayoría del Partido Popular- para discutir, si hay ocasión, un nuevo Código Penal Militar.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor ministro, su tiempo ha concluido.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Termino, señoría.


Solamente quiero hacer una precisión más, que estoy seguro que la señora presidenta, como titular anterior de Justicia, tendrá sobrado interés en que quede debidamente aclarada. En las convenciones de Ginebra, que yo he citado, sobre la supuesta -dicho por usted- ocupación, no podía intervenir Naciones Unidas para decir: usted es el ocupador, el ocupante oficial. Señor Alcaraz, son leyes y costumbres de la guerra de 1899 y 1907, no se había fundado siquiera la Sociedad de Naciones.(El señor Alcaraz Masats: La Carta Magna, la Carta de las Naciones Unidas.) ¿Pero qué tiene que ver la Carta con el régimen de ocupación al que S.S. se refiere? La Convención de Ginebra citada es anterior a Naciones Unidas, a la Carta Magna, a la Sociedad de Naciones; eso sí, yo creo que la Convención de Ginebra de 1907 no es tan antigua como S.S., que efectivamente lo es mucho más que yo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA Y EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 172/000276.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario

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Mixto, sobre la nueva cultura del agua y el Plan Hidrológico Nacional.


Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


El señor ministro de Defensa ha acabado con una palabra que era la primera que yo quería utilizar. Hablaba de antiguo y mi interpelación es sobre el Plan Hidrológico Nacional, que es una política de agua muy antigua.
Quiero destacar que hoy hace exactamente dos años y cuatro días, el 26 de abril de 2001, que se aprobó en esta Cámara, con los votos del Partido Popular y de Convergència i Unió, el Plan Hidrológico Nacional. Dos años y cuatro meses después de su aprobación creo que merece la pena decir que este plan está atascado, que está absolutamente parado.


Cuando intervine en los debates dije, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, que estaba absolutamente convencido que este plan no se ejecutaría, que el trasvase del Ebro no se ejecutaría. Hoy, dos años y cuatro días después, lo digo con más fuerza: el trasvase del Ebro no se va a ejecutar. Entonces di tres razones que repito hoy. Primera razón, no se puede hacer un trasvase de estas características en contra de la opinión absolutamente mayoritaria de la sociedad, incluso de la opinión de mucha gente del Partido Popular que está en contra del trasvase del Ebro. Por este motivo se han producido algunas de las más importantes movilizaciones del Estado español, miles y miles de personas, a veces centenares de miles, en Tortosa, en Zaragoza, en Barcelona, en Bruselas y en Madrid; movilizaciones sostenidas y fundamentadas que demuestran que la gente de las tierras del Ebro sabe perfectamente que el trasvase supone la muerte del Delta del Ebro y que por lo tanto supone dejar a 150.000 personas con una vida sin futuro. Por lo tanto, la primera razón es que no se puede aplicar el Plan Hidrológico Nacional, no se puede hacer el trasvase del Ebro, en contra de la opinión de la gente que vive allí.


La segunda razón era que este Plan Hidrológico Nacional no tiene ningún apoyo, ninguna opinión científica, de expertos, favorable. Bueno, tiene la de la consultoría que lo hizo, el CEDEX. Aparte de esta, no hay ni una sola opinión favorable de científicos. Recuerdo que una de las personas que comparecieron en el año 2001 se preguntó cómo era posible que habiendo más de 20 tesis doctorales sobre el Ebro, el Plan Hidrológico Nacional no hubiera contemplado ninguna de ellas. Todos los expertos, todos los universitarios que han opinado sobre el plan dicen clarísimamente que estamos ante un plan anticuado, caduco, desarrollista, insostenible.


Hace pocos días ha pasado una cosa muy importante. El premio internacional Goldman, de medio ambiente, que dicen que es el nobel de ecología, ha sido concedido a Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza. Le han concedido este premio -insisto en que lo asimilan al nobel de ecología- por su lucha contra el Plan Hidrológico Nacional y por las bases científicas y rigurosas que ha desarrollado por una nueva cultura del agua. Es decir, hace 15 días esta organización internacional, en Washington, ha concedido el premio, entre comillas, el nobel de ecología del mundo, a uno de los que lideran la necesidad de una nueva cultura del agua. Quiero desde aquí hacer un reconocimiento público a Pedro Arrojo.
Además, el hecho de que los 125.000 dólares de premio los haya concedido a la plataforma de defensa del Ebro, precisamente para continuar desarrollando políticas alternativas, le honra, como no podía ser de otra manera. Quiero señalar la contradicción que existe en que se dé el premio Goldman a Pedro Arrojo y que en España el Gobierno del Partido Popular continúe insistiendo en seguir adelante con el Plan Hidrológico Nacional.


La tercera razón -que dije entonces y que repito hoy- es que el Plan Hidrológico Nacional, como dijeron prácticamente todos los comparecientes, va en contra de las nuevas orientaciones de política hidráulica de la Unión Europea. Se nos decía que no, porque aún no había entrado en vigor y porque esto se iba a aprobar antes. Algún compareciente dijo: va a dar risa que cuando entre en vigor la directiva marco y tengamos que recuperar ríos que se están destrozando con el Plan Hidrológico Nacional. Lo que ha ocurrido es que la Comisión de la Unión Europea, como usted sabe mejor que yo, se ha dirigido a ustedes en diversas ocasiones diciéndoles que han de cumplir la directiva marco que va a entrar en vigor a finales de 2003. La realidad es que hoy no existe financiación de la Unión Europea y sin financiación no hay Plan Hidrológico Nacional. Aquí el señor Matas había dicho que en muy poco tiempo iba a conseguir financiación, y dos años después no sólo no existe financiación, sino que se están produciendo reuniones, que usted conoce mejor que yo, en los últimos dos y tres meses, precisamente ante la demanda de explicación de la Unión Europea, porque piensa que el Plan Hidrológico Nacional contraviene los principios de la nueva Directiva de agua. Por tanto, rechazo social, rechazo científico y contradicción entre la política de aguas del Gobierno español y la política de aguas de la Unión Europea.


En los últimos quince días se ha abierto una nueva crisis. El acuerdo entre el Partido Popular y Convergència i Unió se fundamentó, así se explicó, en la introducción de una enmienda de Convergència i Unió con relación a la necesidad de hacer un plan de protección de las tierras del Delta del Ebro, con la formación de un consorcio en esa zona. La ley dice literalmente que este plan deberá estar redactado y aprobado en el plazo máximo de un año; es decir, hace un año que se tenía que haber aprobado este plan y un año después no se ha aprobado. Incluso el consorcio, en el que sólo están

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representantes del Partido Popular y de Convergència i Unió, del Gobierno central y del Gobierno autonómico, ha sufrido una crisis porque hace muy pocas horas el Partido Popular no ha asistido a la reunión porque el Gobierno catalán plantea que, como mínimo, el caudal ecológico sea de 135 metros por segundo, cuando, como ustedes saben, el Plan Hidrológico contempla 100 metros por segundo. Creo que la proximidad electoral favorece el cambio de posición de Convergència i Unió. Me alegro de que ya no sean 100 metros cúbicos por segundo. En este sentido, quiero recordar que los trabajos de Narcís Prats, que coordinó a 30 especialistas del agua, de Pedro Arrojo y de todo el mundo explican detallada y científicamente -y no hay en ningún otro informe en sentido contrario- que como mínimo se necesita un caudal ecológico de 300 metros cúbicos por segundo. Por tanto, creo que es importante la posición de Convergència i Unió, porque es una crisis más que va a impedir llevar adelante este plan, aunque quiero recordar que con 135 metros cúbicos la cuña salina continúa entrando.


Quiero decirle, señora ministra -y sabe que tengo un gran aprecio por usted-, que este no es un problema técnico. Usted ha dicho que esto es un problema técnico. No, no es un problema técnico. El problema es que con 100 metros cúbicos por segundo la cuña salina avanza, que con 150 metros cúbicos por segundo la cuña salina se para y como el Delta se está hundiendo, no llegan sedimentos, lo que va a ocurrir si se hace un trasvase de estas características es que la gente no va a poder vivir allí. En las comparecencias hubo gente que explicó cuáles eran las repercusiones concretas de que en 10 meses del año el Ebro no desemboque en el mar, sino 10 ó 12 kilómetros dentro del río, las repercusiones negativas que esto tiene sobre las ostras, los mariscos y los peces, cómo han ido disminuyendo las capturas en el Delta del Ebro, producto precisamente de la cuña salina, o cómo en una ciudad como Tortosa el 20 ó el 30 por ciento de los días del año el agua sale con una cantidad de cloruros y nitratos importante. Por tanto, una nueva crisis, una crisis con los socios que apoyaron el Plan Hidrológico Nacional, que es un nuevo obstáculo importante para llevar hacia delante el mismo.


Acabo con un par de preguntas y una reflexión. El plan de protección, según la ley, lo ha de aprobar el Gobierno central. Hemos visto una crisis en el consorcio al no asistir el Partido Popular a esa reunión. El primer bloque de preguntas es el siguiente: ¿Piensan disolver el consorcio? ¿Piensan aprobar el plan? ¿Cuándo? La competencia de la aprobación del plan, que tenía que estar aprobado en abril de 2002, es del Gobierno central. ¿Lo piensan aprobar? ¿Cuándo lo piensan aprobar? ¿Qué piensan hacer con el consorcio?

Segunda pregunta. La disposición adicional novena habla de que el Gobierno va a estudiar alternativas al trasvase del Ebro. En concreto, el Gobierno catalán ha insistido repetidamente en la necesidad de que se contemple la alternativa del Ródano. Mi pregunta sería: de acuerdo con lo que dice la ley, ¿ya se han elaborado estudios alternativos? Y, en el caso de que se hayan elaborado, si se ha estudiado el del Ródano y cuál es la opinión del Gobierno.


Acabo con una reflexión. El trasvase no se va a realizar, por todas las razones que he dicho: por las movilizaciones, porque es un plan anticuado científicamente, por las directivas europeas, por todas estas cosas; además, existen, como se demostró en las comparecencias, propuestas alternativas. Algunas de las prospectivas que se hicieron en relación al área de Barcelona sobre el crecimiento demográfico y el consumo están ya fuera de lugar, porque la realidad ha dicho que no es así. Por tanto, la petición sería: retiren el plan, retiren el trasvase del Ebro, porque este Plan Hidrológico Nacional lo único que va a conseguir es aplazar durante unos cuantos años más -también lo hizo el Partido Socialista- una política hidráulica que se inscriba en la modernidad de la política hidráulica. Durante mucho tiempo el Partido Socialista no fue capaz de articular un plan hidrológico nacional. Yo recuerdo que en el año 1996, en una de las primeras interpelaciones con la señora Tocino, se decía que en un par de años el Partido Popular iba a articular una política hidráulica. Pues bien, siete años después estamos donde estábamos, con un plan que no avanza, con un plan con grandes dificultades, con un plan que va en dirección contraria a las direcciones que marcan los países más avanzados.


Señora ministra, usted hoy tiene toda la responsabilidad, aunque no estuvo en la elaboración de este plan. Sé que esto que estoy diciendo no es fácil que lo hagan o que usted lo acepte, pero si no lo hacen estoy convencido de que va a acabar la legislatura con un plan atascado y habiendo perdido la gran oportunidad de conseguir recursos de la Unión Europea para otra política hidráulica, para una nueva cultura de política hidráulica.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Saura.


Señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señora presidenta, señorías, señor Saura, me voy a remitir a lo que ha manifestado el ministro de Defensa al comienzo. Al estrenarme en una interpelación como miembro del Gobierno ha sido para mí una satisfacción que usted la haya hecho en el sentido y en el término en el que la ha hecho. Lo digo sinceramente, porque me da la oportunidad, una vez más, de explicar los hechos y las realidades de los principios básicos que plantea la nueva cultura del agua, que es a lo que se refiere su interpelación. Después pasaré a las preguntas que ha hecho.


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En la interpelación que presentó S.S. por escrito a la Mesa defendía que la nueva cultura del agua supone una gestión del agua basada en el uso eficiente de los recursos hídricos y en la salvaguardia del funcionamiento de los sistemas acuáticos. Dice en su texto: una gestión de la demanda centrada en la oferta del agua, independientemente de su uso. Y eso es lo importante. Palabras con las que, por supuesto, estoy de acuerdo y a las que me sumo como titular de Medio Ambiente; palabras a las que también hace referencia el Plan Hidrológico Nacional, que confeccionó el Gobierno del Partido Popular y que esta Cámara aprobó por mayoría.


Si S.S. lee la exposición de motivos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, verá que ésta recoge la filosofía del libro blanco del agua y pone especial énfasis en garantizar un uso racional y sostenible de los recursos hídricos, preocupación que se trasluce en todo su articulado. El Plan Hidrológico Nacional no son sólo palabras, son también hechos, actuaciones concretas para conseguir optimizar el recurso del agua, para conseguir una gestión racional y también para un uso más eficiente del agua en todo nuestro país.


Decía al principio que me alegraba por la oportunidad que me brindaba ante esta Cámara para explicar el conjunto de actuaciones, porque son muchas actuaciones las que estamos realizando a través del Plan Hidrológico Nacional, para solucionar todos los problemas del agua en España, problemas que pasan por una gestión basada en el ahorro y en la reutilización, plenamente compatibles con la directiva europea del agua.
¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Como ustedes saben, la agricultura, la industria o el turismo son sectores de nuestra economía bien diferenciados entre sí, pero que se unen por una política transversal que han de compartir: la política hidrológica. De ahí se desprende la importancia que tenía desarrollar una planificación como la que hemos puesto en marcha, basada en una gestión sostenible del agua como bien limitado, cuyo uso tiene que ir ligado al ahorro. Este concepto ha ido evolucionando, sobre todo en los últimos años, con los movimientos de la nueva cultura del agua.


Antes sólo se entendía al ahorro del agua como una respuesta de emergencia ante las situaciones de sequía. Hoy son un conjunto de medidas ambientales, económicas y sociales que pretenden equilibrar las demandas en defensa de los recursos naturales. El Plan Hidrológico Nacional destina más de un 60 por ciento de su inversión total a acciones basadas en mejorar el ahorro y la eficiencia en la gestión. Esto no son sólo palabras, son realidades que voy a intentar explicar. La agricultura, como todos ustedes conocen, es el mayor consumidor de agua de nuestro país. El 80 por ciento del agua que se consume en España se hace en el campo y en el regadío. Por eso es donde estamos realizando los mayores esfuerzos en materia de ahorro. El plan destina más de 6.000 millones de euros (por encima del billón de las antiguas pesetas) a la modernización de las redes de regadío, con más de 200 actuaciones que tienen nombres y apellido. En este terreno es vital que exista una total coordinación entre la política agraria y la hidrológica. Por eso el Gobierno aprobó también el Plan Nacional de Regadíos para mejorar los existentes y la calidad de vida de nuestros agricultores.


Otro ámbito que contempla el Plan Hidrológico Nacional es la posibilidad de la reutilización del agua, medidas destinadas también a ahorrar agua, aunque de un modo más indirecto. Me refiero a las acciones de saneamiento y depuración. El objetivo es doble ya que, por un lado, mejoramos la calidad de nuestras aguas y, por otro, impulsamos su posterior utilización. Para ello estamos invirtiendo más de 2.600 millones de euros, 430.000 millones de las antiguas pesetas. Mediante este proceso actualmente se obtienen unos 250 hectómetros cúbicos al año. Con las acciones que estamos desarrollando podemos conseguir 1.100 hectómetros cúbicos de agua reutilizada antes del año 2015. La tecnología avanza y la estamos aprovechando. Y fíjese qué curioso, ¿dónde se utiliza más esta tecnología de saneamiento y reutilización? Pues en las zonas donde hay mayor escasez de agua, en las islas y en las zonas costeras del Mediterráneo. Otro de los ejes donde el Plan Hidrológico Nacional presta especial atención es en el ahorro del agua en las ciudades y en los municipios, donde invertiremos 2.800 millones de euros, cerca de 470.000 millones de pesetas. Hay otras 160 actuaciones de abastecimiento, que también están localizadas con nombre y apellidos, y eso lo saben los ciudadanos que están viendo cómo mejora la calidad del agua de sus grifos, pero también cómo conseguimos ahorrar aguar en las canalizaciones generales, y todo esto, señorías, es el Plan Hidrológico Nacional. A ello hay que agregarle las inversiones que estamos realizando para acondicionar los cauces de los ríos, para luchar contra las inundaciones, para recuperar la vegetación de los cauces y su entorno, así como para vigilar y controlar la calidad de nuestras aguas.


Por último, en este capítulo de realidades no quiero dejar pasar algo que hacen suyo los que reivindican esa nueva cultura del agua, a la que S.S.
hace referencia, la desalación como mecanismo de obtener agua, como panacea a los problemas del agua, con la intención de llenar de agua desalada todo el arco mediterráneo. Pues bien, el Plan Hidrológico prevé conseguir 440 hectómetros cúbicos de agua desalada al año como una solución complementaria, debido a su coste económico y sobre todo medioambiental, ya que lo que no se cuenta son las emisiones de CO2 por la energía que se consume para la desalación y el efecto de la salmuera que estas instalaciones provocan en las praderas de poseidonia oceánica, sin contar el coste económico que supone llevar el agua desalada hasta donde la necesitan los usuarios. Pero a pesar de ello, y de una manera racional, otra vez absolutamente compatible con la nueva Directiva del agua europea, el plan prevé la construcción

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de 44 desaladoras allí donde el recurso del agua es más escaso, vuelvo a repetir, en las islas, en Ceuta y Melilla y en las cuencas del Mediterráneo.


Usted en su interpelación aseguraba que la desalación, la reutilización y la eficiencia se han convertido en una alternativa viable. Señoría, no lo pongo en duda, ahí están los datos, pero ya que me da la oportunidad déjeme contarle algo que parece que se olvida. Las necesidades de agua en el área metropolitana de Barcelona -y usted ha hablado de ello- y las cuencas internas de Cataluña representan cerca de 450 hectómetros cúbicos. Con todas las técnicas disponibles conseguimos ahorrar en esta cuenca cerca de 270 hectómetros cúbicos, algo menos de la mitad. ¿Cómo conseguimos el resto? ¿No hacemos nada? El trasvase es necesario para garantizar la recuperación ambiental de los acuíferos del Ter y del Llobregat, y eso, señorías, es nueva cultura del agua.


Este año ha sido hidrológicamente bueno, muy bueno diría yo, pero Barcelona vive periódicamente momentos de alarma y de escasez que no tiene por qué vivirlos siendo como es una ciudad del siglo XXI. Por eso el Plan Hidrológico Nacional plantea una transferencia de agua de 180 hectómetros cúbicos al año para dejar el problema zanjado de manera definitiva. Lo mismo pasa en el resto del arco mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Almería.


El déficit hídrico en las cuencas internas de Cataluña, en el Júcar, en el Segura, en la cuenca del sur, en Almería, es de 2.270 hectómetros cúbicos al año. Esto no es nuevo, no se lo ha inventado el Gobierno del Partido Popular para justificar el Plan Hidrológico Nacional, es el resultado que nos aportan estudios hidrológicos de años que dicen que, tras la utilización de las mejores técnicas y optimizando todos los recursos para obtener agua, el déficit hídrico o la enfermedad crónica de estas zonas de España es de 2.270 hectómetros cúbicos. Pues bien, el Plan Hidrológico Nacional prioriza aquellas actuaciones, a las que antes he hecho referencia, de ahorro, de reutilización, de desalación hasta el máximo y con ello conseguimos obtener 1.200 hectómetros cúbicos de agua. ¿De dónde conseguiríamos la otra mitad hasta llegar a los 2.270, y perdóneme por usar números, pero no queda otro remedio? ¿Dejarían ustedes que estas zonas sufrieran los efectos no sólo económicos, sino también ambientales que esta escasez de agua les produciría? No, y creo que por eso en el año 2001 esta Cámara aprobó el Plan Hidrológico Nacional.


Además, y como SS.SS. sin duda conocen, el objeto de los trasvases no es desarrollista, sino que, como dice la ley, el agua sólo se trasvasará para garantizar el abastecimiento de las ciudades y municipios que hoy tienen problemas de suministro, para regadíos infradotados y para garantizar la supervivencia de los acuíferos sobreexplotados, es decir, una misión puramente ambiental y, como la nueva cultura del agua defiende, para recuperar los espacios deteriorados.


Sobre evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico Nacional, señoría, sí que ha habido estudios técnicos muy abundantes que aseguran que esta transferencia de recursos hídricos mejorará el estado de las aguas subterráneas y superficiales de numerosas cuencas. Además, y siguiendo los términos económicos que se practican desde la nueva cultura del agua, la transferencia prevista en el Plan Hidrológico Nacional, el trasvase al que usted hacía referencia, tiene por objeto restaurar un uso sostenible del agua en el arco mediterráneo español, basado en la exigencia de un uso eficiente, la contención de las demandas, la congelación del regadío en sus niveles actuales y la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles. Por último, la Ley del Plan Hidrológico Nacional hace suyos todos los principios de las normativas comunitarias en aguas, de aves y de conservación de los hábitat naturales, y de la fauna y de la flora silvestre. Por ello estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para optimizar el desarrollo de las infraestructuras y la defensa del medio ambiente. En estos últimos años -y no me refiero a los últimos seis- hemos visto cómo este eslogan de la nueva cultura del agua ha sido utilizado, señoría -y usted ha hecho referencia a ello-, como cabecera de manifestaciones. Hace unos días vimos en Zaragoza una manifestación en la que se utilizaban estos términos sin tener en cuenta lo que realmente significa para los intereses de sus ciudadanos. El agua no puede -en realidad sí puede, porque lo están haciendo-, no debe ser utilizada como elemento de confrontación. No se debe confundir a la opinión pública con eslóganes y manifestaciones sin valorar antes la realidad de los hechos. Hay que actuar, hay que pasar de las palabras a los hechos, de las palabras a las realidades, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno con el Plan Hidrológico Nacional.


Yo entiendo que el Plan Hidrológico Nacional no está atascado -está en ejecución un 32 por ciento del plan-, es plenamente compatible con las normativas comunitarias, vamos a seguir adelante con él y podremos culminarlo.


Gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, me gustaría que me contestara a las dos preguntas que le he formulado, porque no lo ha hecho. Se las repito. No está aprobado el plan integral, que tenía que estar aprobado hace un año. ¿Lo van a aprobar? ¿Cuándo? En relación con el espectáculo del consorcio de hace pocos días, que no ha celebrado la

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reunión porque los representantes del Gobierno central no han ido, no había quórum y no se ha aprobado, cosa que, repito, ha sucedido hace 72 horas, ¿qué piensan hacer? Esta es una pregunta. La otra pregunta es: como del Plan Hidrológico emana la obligación de que haya estudios alternativos de trasvases, ¿se han hecho o no? Si se han hecho, ¿se ha contemplado el del Ródano? ¿Cuál es su opinión? Son dos preguntas muy importantes.


Su contestación la voy a dividir en tres bloques. Nueva cultura del agua.
Señora ministra, de verdad, no diga que el Plan Hidrológico Nacional es nueva cultura del agua, no lo diga; sabe que tengo mucho respeto por usted, que es una persona muy rigurosa, pero no lo diga, porque no lo es.
Usted dice: es que en la exposición de motivos lo dice. Sí, señora, lo dice; la exposición de motivos habla de nueva cultura del agua. Pero que alguien diga que el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos al año es nueva cultura del agua, es curioso. No lo diga en ningún sitio, de verdad, y ni siquiera argumento por qué no lo es. Eso no es nueva cultura del agua. De hecho a nadie se le ocurre decir eso y el premio Goldman es un ejemplo claro. El galardón medioambiental más importante del mundo, con 125.000 dólares de premio, se da a una persona -la invito a que lea, sin ningún ánimo peyorativo, en absoluto, porque usted es ministra de Medio Ambiente hace muy poco, las intervenciones del señor Arrojo y del señor Prats en las comparecencias donde explican eso- por su lucha contra el Plan Hidrológico y por intentar tirar hacia delante con la nueva cultura del agua. Por tanto, de nueva cultura del agua, nada de nada.


Quiero contestar a una cosa que usted ha dicho: el déficit del área metropolitana de Barcelona. Yo vivo en Barcelona y no quiero agua para el déficit. Nosotros hemos dicho lo mismo en todos los sitios: que no al trasvase. Desde el Ayuntamiento de El Prat, que es donde está el aeropuerto, con 70.000 habitantes -el alcalde es nuestro, de Iniciativa per Catalunya-Verds-, en Molins de Rey, en Sanfeliú, la teniente de alcalde de Barcelona, etcétera, hemos hecho repetidas ruedas de prensa diciendo que no hacía falta agua en Barcelona. Usted ha dicho 450 metros cúbicos, la cifra de déficit. No sé si usted sabe cómo sale esta cifra de déficit. Yo lo sé. Es una cifra que se aprobó en el Parlamento catalán cuando yo era parlamentario catalán, del plan interno de las cuencas internas que hizo Convergència i Unió. Partía de dos fundamentos: el primero, que el área metropolitana de Barcelona, región primera, donde viven cuatro millones de personas -se decía entonces-, en el año 2005 tendría de seis y medio a siete millones de habitantes. Esto era el primer fundamento de ese déficit. No hace falta que le diga que estamos donde estábamos demográficamente. Cataluña es la región no sólo de España, sino prácticamente de Europa, con menor natalidad. El segundo fundamento de ese déficit es que de los 350 metros cúbicos se pasaba a 400, cuestión que también se ha desmentido.


El cálculo del déficit estructural que usted hace está basado en unas hipótesis de hace siete años, que dijimos entonces que eran falsas y que se han incumplido. Usted me dice: ¿De dónde salen? De una cosa que no contempla el Plan Hidrológico Nacional y que es uno de sus grandes defectos: no hay una sola cuantificación de las aguas subterráneas, ni una, cuando precisamente en el estudio realizado por los 30 mejores especialistas del agua, antes del Plan Hidrológico Nacional, se contempla cómo la recarga precisamente del Bajo Llobregat da para una cuarta parte del agua que se suponía que se necesitaría, que no se necesita. He de recordarle que las pérdidas de la red de distribución en el área metropolitana de Barcelona están por encima del 35 por ciento y en Alemania están en el 5 por ciento. A mí también me gustan los números. En el área metropolitana de Barcelona el déficit estructural está basado sobre unos fundamentos que se han demostrado equivocados y desde hace mucho tiempo. Por otro lado, hay muchas soluciones alternativas. Y no es que lo diga yo aquí, sino que lo dicen alcaldes nuestros del área metropolitana de ciudades donde precisamente este problema puede ser el más importante. Pongo el ejemplo del Prat, zona donde desemboca el Llobregat y zona industrial importante.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Saura, su tiempo ha concluido.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Saura.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Señoría, en la última parte de su intervención yo sé que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Nosotros entendemos que el área metropolitana de Barcelona necesita agua, que las aguas subterráneas necesitan aportes hídricos porque están siendo sobreutilizadas y que el planteamiento del Plan Hidrológico Nacional en su conjunto, del que es una parte el trasvase o la transferencia entre cuencas, es, como le decía antes, plenamente respetuoso con todas las prescripciones medioambientales y con la nueva directiva del agua.


Tiene razón, no le he contestado a las dos preguntas que hizo, pero, como es mi primer día, soy respetuosa con el tiempo y lo he clavado. Como ahora tengo otra oportunidad, le contesto. Si se leen el "Diario de Sesiones" de esta mañana, del Senado, donde se me ha hecho una pregunta sobre qué iba a pasar con el consorcio, encontrará la información. Es cierto que la ley decía que en el plazo de un año el consorcio para el desarrollo integral del delta del Ebro tenía que hacer este plan integral y no lo ha hecho. Los técnicos están

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trabajando y, como tantas otras veces, los plazos no se cumplen. El consorcio está trabajando, y no lo digo ligeramente, está trabajando. El consorcio, que es el que tiene que realizar el borrador del plan, no ha terminado con ese borrador todavía. Y esa ha sido la causa por la cual los representantes de la Administración central en la Comisión ejecutiva, con excepción del director del consorcio, no acudieron a esa comisión, pero previamente comunicaron por escrito al presidente del consorcio que el punto cuatro del orden del día no podía ser discutido porque no había borrador del plan. Y el director del consorcio, que es quien dirige los trabajos, también así se lo hizo saber al director. En el momento en que el plan director esté terminado, pasará por la Comisión ejecutiva con todos sus miembros, se discutirá y, en su caso, como decía el orden del día, se aprobará, pero tendrá que ser el borrador que emane de los servicios técnicos del propio consorcio, con lo cual los trabajos siguen por su camino.


En ese plan integral tiene que estar el régimen hídrico del Ebro, del que forma parte el caudal ecológico. Este caudal ecológico S.S. dice que lo ha fijado el Plan Hidrológico Nacional y no es así; se fija en febrero de 1996 por el Consejo del Agua -el Partido Popular todavía no estaba en el Gobierno- de la cuenca del río Ebro, donde se marcan esos 100 metros cúbicos por segundo como caudal ecológico del río, y de los estudios técnicos. Esto es una cuestión técnica y no política y curiosamente se ha convertido en política; puede ser una cuestión a debate pero se ha convertido en una cuestión política. Los estudios técnicos dirán cuál es el caudal hidrológico, el caudal ecológico y el régimen hídrico del río Ebro, para que no sólo se deje el delta como está sino que se tomen medidas para que se restaure.


Con respecto a la segunda pregunta, la disposición adicional novena de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Habla de los análisis de posibles transferencias entre otras cuencas. Usted sabe, lo ha dicho aquí, y yo se lo ratifico, que estamos trabajando en los análisis preliminares, y vuelvo a decir otra vez técnicos, de viabilidad y de razonabilidad, de un posible trasvase de agua del Ródano hacia Cataluña. Esos estudios están en marcha, no le puedo decir ahora cuándo van a concluir, quizá a mediados de este año; todavía no se ha pasado a discusiones administrativas, ni políticas, ni de otro nivel.


Con el Plan Hidrológico Nacional nosotros creemos que vamos a conseguir dotar a todos los territorios de España de agua depurada y limpia. Vamos a conseguir eficiencia, eficacia y ahorro en el uso del agua, y eso va a redundar en el beneficio de todos los territorios de España, en conservar nuestro medio ambiente y en que todos tengan derecho al desarrollo sin esa limitación que supone no contar con agua suficiente.


Gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora ministra.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.

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