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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 60, de 14/02/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 60

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 56

celebrada el miércoles, 14 de febrero de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas . . . (Página 2860)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general en materia de residuos. (Número de expediente 172/000059.) .
. . (Página 2884)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la ciudadanía de Teruel, de manera masiva, el día 29 de noviembre de 2000. (Número de expediente 172/000060.) . . . (Página 2894)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de 2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (Almería).
(Número de expediente 172/000062.) . . . (Página 2905)

Página 2856


S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas . . . (Página 2860)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para responder a las demandas de los empleados públicos y facilitar la negociación colectiva en la Administración Pública? (Número de expediente 180/ 000441.) . . . (Página 2860)

Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez- Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones que van a llevar al Gobierno a la aprobación de un Proyecto de Ley General Tributaria? (Número de expediente 180/ 000462.) . . . (Página 2862)

Del Diputado don Josu Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Administraciones Públicas: ¿Considera usted positivo que las Administraciones Públicas promuevan la defensa y protección de su patrimonio cultural? (Número de expediente 180/000452.) . . .
(Página 2862)

De la Diputada doña Alicia Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las repercusiones que tendría para España la reciente decisión de la UNESCO de declarar determinados bienes del territorio español como Patrimonio de la Humanidad? (Número de expediente 180/000464.) . . .
(Página 2863)

De la Diputada doña Antonia Febrer Santandreu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actividades va a emprender el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la conmemoración del centenario del nacimiento del Maestro Rodrigo? (Número de expediente 180/000465.) . . .(Página 2864)

Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno remitir al Parlamento un Proyecto de Ley de retribuciones de los Jueces y Magistrados prevista en el art. 403 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial? (Número de expediente 180/000440.) . . .
(Página 2865)

Del Diputado don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones acerca del comienzo de las obras del nuevo edificio del juzgado de Fuenlabrada? (Número de expediente 180/000466.) . . .
(Página 2866)

Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la evolución de la siniestralidad laboral en el último año? (Número de expediente 180/000456.) . . . (Página 2867)

Del Diputado don Carlos Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son, a día de hoy, los resultados prácticos del Plan de adquisición de bovinos de más de 30 meses, aprobado por la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 2000? (Número de expediente 180/000442.) . . . (Página 2868)

De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación:

Página 2857


¿Considera suficiente el Gobierno las ayudas a los ganaderos y sectores productivos afectados por el mal «de las vacas locas»? (Número de expediente 180/000444.) . . . (Página 2869)

Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la financiación de la retirada de materiales de riesgo y cadáveres de animales afectados por el mal «de las vacas locas»? (Número de expediente 180/000445.) . . . (Página 2870)

Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuales son las razones del desmesurado incremento de puestos de trabajo en los niveles más altos de la Administración del Estado en el año 2000? (Número de expediente 180/000469.) . . . (Página 2871)

Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno iniciar las transferencias de funciones y servicios del INSALUD a las Comunidades Autónomas que todavía no han recibido este traspaso? (Número de expediente 180/000458.) . . . (Página 2872)

De la Diputada doña Matilde Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Puede asegurar la Ministra de Sanidad y Consumo que ha tomado todas las medidas para evitar el riesgo de la transmisión a seres humanos del mal «de las vacas locas»? (Número de expediente 180/000446.) . . . (Página 2873)

De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Garantiza la Ministra de Sanidad y Consumo la seguridad alimentaria de los españoles? (Número de expediente 180/000447.) . . .
(Página 2875)

Del Diputado don Jordi Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuándo prevé el Gobierno aprobar el Real Decreto por el que se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante rayos ultravioletas? (Número de expediente 180/ 000453.) . . . (Página 2876)

Del Diputado don Carlos Revuelta Méndez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se están abordando desde el Ministerio de Sanidad y Consumo respecto a la promoción de la salud, en particular a la educación para la salud? (Número de expediente 180/000457.) . . . (Página 2877)

De la Diputada doña Marisa Arrúe Bergareche, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué novedades recogen las recientes convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en especial por lo que se refiere al personal investigador en formación? (Número de expediente 180/000463.) . . .
(Página 2878)

Del Diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Medio Ambiente: ¿Por qué el Gobierno no ha llevado a cabo las obras de encauzamiento de los arroyos que hubieran evitado las recientes inundaciones de las ciudades de Mérida y Badajoz? (Número de expediente 180/000448.) . . . (Página 2879)

Página 2858


De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Condiciona el Gobierno la continuidad de los proyectos pendientes en Galicia a que siga gobernando el Partido Popular en la Comunidad Autónoma Gallega? (Número de expediente 180/000449.) . . .
(Página 2880)

De la Diputada doña María Amparo Ferrando Sendra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué planes contempla el Gobierno para dotar al correo público del mismo nivel tecnológico que los países de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000459.) . . . (Página 2881)

Del Diputado don Antonio Merino Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición española respecto a la iniciativa comunitaria para el establecimiento del «cielo único europeo»? (Número de expediente 180/000460.) . . .
(Página 2882)

Del Diputado don Héctor Esteve Ferrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué está haciendo el Gobierno para que la Base Aérea Militar de Los Llanos pueda ser utilizada por el transporte civil? (Número de expediente 180/000461.) . . . (Página 2882)

Interpelaciones urgentes . . . (Página 2884)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general en materia de residuos . . . (Página 2884)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Morlán Gracia. Considera que es el momento adecuado para hablar de la gestión de los residuos y, aunque son conscientes del reparto competencial que existe con las comunidades autónomas en materia de residuos, en esta interpelación no se habla de lo que pueden o deben hacer otras instituciones sino de la capacidad de gestión y de iniciativa política que tiene el propio Ministerio de Medio Ambiente y de qué es lo que está haciendo en el desarrollo de la política de residuos en España, en especial en estos momentos en que está sobre la mesa la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. A continuación repasa la legislación existente en la materia y se refiere a la Ley de residuos de 1998, que incorporaba la directiva comunitaria 91/156 de las Comunidades Europeas. Su Grupo entiende que esta ley todavía no tiene desarrollo reglamentario y no se han dictado normas específicas para determinados tipos de residuos. Dicha ley recogía la necesidad de elaborar distintos planes nacionales de residuos y hasta ahora sólo se ha aprobado el Plan nacional de residuos urbanos, del que quedan excluidos los residuos peligrosos. Pregunta qué ha pasado con toda la serie de planes que figuraban en la ley, pero que no se han desarrollado, y que tan beneficiosos hubieran sido en la crisis de las vacas locas, problema en el que se centra la interpelación.
Considera que el Ministerio de Medio Ambiente tiene mucho que hacer en el tema y pregunta si el señor ministro está de acuerdo con la incineración o el enterramiento y cuáles son las condiciones de eliminación de estos residuos.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). Considera que la labor de planificación y legislación que se ha desarrollado conjuntamente con las comunidades autónomas en materia de residuos en España ha sido muy importante, no sólo en los nueve o diez meses que lleva este Gobierno sino también en la legislatura anterior. Este es un hecho objetivo que reconocen todas las comunidades autónomas y las autoridades de la Unión Europea. También se refiere a la Ley de residuos de 1998 y al Plan nacional de residuos urbanos que fue aprobado en la conferencia sectorial con el consentimiento de las comunidades autónomas, aunque no se trajo a las Cámaras por no estar operativas. Explica a continuación la serie de normativas que se han desarrollado desde el Ministerio a partir de ese Plan nacional de residuos y el reparto de competencias con las comunidades autónomas. El Ministerio de Medio Ambiente es competente sólo en legislación básica estatal y las competencias exclusivas e incluso el desarrollo de la competencia legislativa son potestad de las comunidades autónomas. Se refiere en concreto a la planificación y admite que los planes sometidos a exposición pública llevan cierto retraso, comprometiéndose a aprobarlos en cuanto se hayan cumplido los períodos preceptivos, pero añade que los planes de residuos en los mataderos que ya estaban elaborados hay que ponerlos de acuerdo con las directivascomunitarias que se están negociando todavía.


Página 2859


Considera que se aprovecha la interpelación para poder preguntar al ministro de Medio Ambiente sobre lo que se ha hecho en relación con la enfermedad de las vacas locas, y recuerda que la Ley de residuos establece una clasificación de residuos de la queexceptuando los urbanos y los especiales, todos los demás son competencia de desarrollo de ordenamiento sectorial y sólo en el caso de que no exista ese ordenamiento sectorial es cuando entra en vigor de forma complementaria la normativa medioambiental, por un principio básico en medio ambiente que es que el productor del residuo es el responsable del residuo. Por lo tanto, aclara, la normativa del residuo tiene que ser sectorial y por eso el decreto del mes de noviembre es del Ministerio de Agricultura. La responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente es garantizar que las medidas que se toman desde los ministerios sectoriales, y en cualquier caso desde el Gobierno del que forma parte, se tomen con toda las garantías medioambientales posibles, y eso es lo que se ha hecho. Continúa explicando todo el proceso seguido en la eliminación de los residuos de las vacas locas y reconoce que a falta de instalaciones incineradoras, habrá que encontrar soluciones temporales como la de las cementeras, las térmicas o las ladrilleras, garantizando que la eliminación se haga siempre respetando el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.


Replica el señor Morlán Gracia, duplicando el señor ministro de Medio Ambiente.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la ciudadanía de Teruel, de manera masiva, el día 29 de noviembre de 2000 . . . (Página 2894)

Presenta la interpelación el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Llama la atención sobre una provincia bastante desconocida como es Teruel y para la que pide más atención presupuestaria. Explica que Teruel se divide en dos terueles: el bajo Aragón, muy conectado con Zaragoza y con unas posibilidades económicas importantes, y las sierras de Teruel, Albarracín, Gúdar, el Maestrazgo, tierras mucho más difíciles, desoladas y solitarias.
Recuerda la jornada reivindicativa que vivió Teruel el 29 de noviembre pasado, cuando secundó masivamente una huelga general convocada por la coordinadora ciudadana "Teruel existe" y por las organizaciones sindicales y agrarias de la provincia, reclamando unas inversiones que permitan dar un giro de 180 grados a su situación de abandono. Critica el desarrollismo franquista de los años 60 y 70 y el colonialismo interior llevado a cabo por el Estado en aquella provincia. Da una serie de datos sobre la situación actual de Teruel en todos los órdenes de la vida y se queja de la poca atención prestada por el Estado, preguntando sobre las medidas piensa adoptar el Gobierno para poner en marcha esta provincia y la España interior que agoniza.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández). Asegura que todo el panorama desolador que ha expuesto el interpelante en relación con Teruel y que se ha descubierto por la plataforma "Teruel existe" en el año 1999 ya había sido abordado por el Gobierno del Partido Popular en el año 1996. Por lo que llevan cinco años de ventaja, no haciendo de cigarras cantando las tristezas de Teruel, sino de hormigas trabajando desde el Gobierno de Aragón, cundo era del Partido Popular, y desde el Gobierno de España para paliar y resolver todos los déficits señalados por el interpelante. Expone una serie de datos documentados sobre las inversiones llevadas a cabo en Teruel en el ámbito de las infraestructuras, de la minería, becas, incentivos empresariales, etcétera, y se pregunta por qué se ponen en marcha plataformas reivindicativas precisamente ahora, cuando se está dando respuesta a todas las necesidades, llegando a la conclusión de que es para poder decir que se hicieron todas las inversiones gracias a su lucha, cuando en realidad es gracias al Gobierno de José María Aznar, que empezó a trabajar en el año 1996 para dotar a Teruel de las infraestructuras viarias y ferroviarias que necesita para no quedar descolgado y ser una bolsa aislada del conjunto del territorio español. Aconseja al señor Labordeta que se estudie los Presupuestos Generales del Estado dividiendo el presupuesto de inversiones del Estado por el número de habitantes en cada provincia y se encontrará con que siendo la media de inversión en España de 53.000 pesetas por habitante, este Gobierno, sin contar el capítulo 7, ha asignado en el año 2001 a Teruel 105.600 pesetas por habitante. La diferencia entre los dos discursos la centra en que unos tienen que esperar a las manifestaciones para que se movilicen los gobiernos y otros, mucho antes de que se movilice cualquier manifestante han puesto en marcha las autovías, la alta velocidad, los fondos mineros, los fondos de Economía y el Plan hidrológico, para hacer que Teruel recupere el puesto que debe tener en el conjunto del Estado español.


Página 2860


Replica el señor Labordeta Subías, duplicando el señor ministro de Fomento.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y los señores Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de 2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (Almería) . . .
(Página 2905)

Presenta la interpelación el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Recuerda en primer lugar unas manifestaciones del presidente del Gobierno, refiriéndose a una traslado irregular de inmigrantes desde el aeropuerto de Málaga a diversos países africanos, en las que decía que existía un problema y que ese problema se había resuelto con la expulsión de los emigrantes, para asegurar a continuación que esa es la filosofía que sigue aplicando el Gobierno respecto a la inmigración. Tras hacer una dramática e irreal exposición de la situación de los inmigrantes, asegura que la evolución, tras la aplicación de la ley ha puesto en evidencia las políticas del Gobierno al iniciar la contrarreforma legislativa, la ineficacia en los recursos y las graves deficiencias e irregularidades en que incurre. Cree que el Gobierno está gobernando en función de unos intereses muy concretos, que son los de aquellos que quieren mantener a la inmigración como una mano de obra barata, y por eso su grupo le pide cuentas y presenta esta interpelación. No se puede justificar la ley con la necesidad de controlar u ordenar los flujos migratorios, porque los flujos migratorios no se controlan así, sino que habría que hablar de la condonación de la deuda externa o de las medidas que habría que adoptar para evitar que una gran parte de la humanidad huya de sus países porque no puede vivir en ellos. Considera que hay que abrir un nuevo proceso de regularización con transparencia y buena voluntad y comprometerse con medidas concretas en el cumplimiento de los acuerdos de El Ejido, porque de lo contrario el Gobierno se convertiría en cómplice de las mafias.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior (Mayor Oreja). Manifiesta que también él está en total desacuerdo con la política de inmigración que ha descrito el interpelante, pero asegura que esa no es la política del Gobierno y afirma que la política de inmigración en España no puede ser abordada ni valorada de forma individualizada sin hacer un enjuiciamiento simultáneo de los criterios políticos que determinan los esfuerzos de la Unión Europea para afrontar la inmigración. Se refiere al Tratado de Amsterdam y explica que el Gobierno ha emprendido el camino de fomentar el hábito de la inmigración regular con un plan ambicioso, aunque reconoce que la inmigración irregular siempre existirá. Expone los criterios seguidos en el plan de regularización y se centra en los sucesos de El Ejido y en los supuestos incumplimientos. Termina diciendo que todos los responsables políticos europeos, en materia de inmigración , tratan de buscar el equilibrio, lo razonable, lo prudente, el sentido común, al margen de cualquier ideología, y lo que el Gobierno del Partido Popular viene a decir con esta ley y con la política que lleva a cabo es que no les debe guiar el miedo, pero sí la prudencia; que no les debe atraer la radicalidad, sino la búsqueda permanente de un equilibrio y, el Gobierno, en la elección y en la definición de esa actitud, tiene un gran reto en materia de inmigración.


Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro del Interior.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se levanta la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSAADOPTAR EL GOBIERNO PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y FACILITAR LANEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/ 000441.)

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La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, pregunta dirigida al vicepresidente primero del Gobierno, que formula el diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rajoy, ¿cómo piensa responder el Gobierno a las demandas de los trabajadores públicos y a su deseo de negociación colectiva?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno continuará en la misma línea que ha mantenido hasta el presente, cuando hay abiertas tres mesas de negociación con las organizaciones sindicales y ocho comisiones de negociación sobre las condiciones laborales de los funcionarios y del personal laboral.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rajoy, tiene usted respuestas de mal pagador. Los trabajadores públicos están demandando, primero, que se les pague y, segundo, que se negocie con ellos. Por lo tanto, hay que pagar, señor Rajoy, hay que pagar y dialogar. Cuando usted, para los presupuestos de 1997, dijo: Congelación, y no hay nada que hablar, no sólo se ponía contra el diálogo un gobierno centrista, recuerde, que dialogaba, sino que caía usted en la ilegalidad -léase el artículo 35 de la Ley 7/1990- e incluso ahora, cuando les tocaba a los trabajadores cobrar y a ustedes pagar, ahora, porque eran los trabajadores, no querían pagar y el señor Montoro, el señor Aznar y usted mismo sacaban todos los caballos del miedo a la palestra: que si va a haber inestabilidad, que esta vez pagamos todos, no fundamentalmente el Gobierno, e incluso se ha hablado de un impuesto.
Es decir, se trataba de enfrentar al pueblo con los trabajadores públicos y con la irresponsabilidad de ciertos jueces. Ese ha sido fundamentalmente el intento. Por cierto, que no siempre han esgrimido ustedes estas razones: las eléctricas han cobrado ya 400.000 millones, señor Rajoy. ¿Quién ha pagado, el señor Aznar o el pueblo? En 1999 pagaron ustedes 64.000 millones a los concesionarios de autopistas. ¿Quién pagó, el señor Aznar o el pueblo? Pero todavía más, señor Rajoy. Ustedes han subido a los secretarios de Estado el 30 por ciento respecto a su salario en un momento de congelación para los trabajadores públicos. Señor Rajoy, ¿quién pagó aquí también, el señor Aznar o el pueblo? Si ustedes siguen así, verán pronto a las puertas de la Moncloa al hombre del frac instalando una tienda de campaña.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Yo no sé a quién veremos a las puertas de la Moncloa, pero me temo que usted está bastante lejos, y con intervenciones como la del día de hoy se aleja más todavía. (Risas.- Rumores.) Nunca se sabe, es cierto.
Si algún Gobierno ha acreditado su capacidad de negociación con las organizaciones sindicales, ese es el nuestro. Sólo en el ámbito de la Función pública y desde 1996, ya que usted se remonta a aquella época, ha habido 19 acuerdos en el ámbito de la mesa general de negociación, 21 acuerdos dentro de la mesa de la comisión negociadora del convenio único y 37 en las mesas sectoriales, de los cuales 23 corresponden a sanidad, tres a justicia, tres a educación y ocho a correos y telégrafos.
En estos momentos, como le he dicho antes, tenemos varias mesas abiertas con las organizaciones sindicales. Creo que la predisposición del Gobierno al diálogo con los sindicatos y con los empresarios ha quedado suficientemente acreditada en la última legislatura y aun hoy se están produciendo negociaciones sobre temas importantes, como usted muy bien conoce.
Es verdad que el Gobierno ha dicho que no va a pagar la sentencia a la que usted ha hecho referencia porque, como usted sabe -y estoy absolutamente convencido de ello-, no se trata de una sentencia firme. Entiendo perfectamente que usted tenga que apuntarse a lo que se apunta, aunque, en el fondo, es usted tan consciente como yo de que es una sentencia al menos discutible y de que el Gobierno tenía al menos el derecho -y además la obligación- de recurrir y lo ha hecho. Entre otras cosas, no parece muy serio que el Gobierno pague, estando todavía pendiente de resolver el recurso, en contra de lo que dice la Ley de presupuestos del año 1997 que fue aprobada mayoritariamente por esta Cámara.
Señor Alcaraz, ni nos enfrentamos a los empleados públicos, como ha quedado demostrado, ni tampoco a los jueces. Buena prueba de que no nos enfrentamos a los jueces es que hemos recurrido al Poder Judicial en contra de una sentencia que considerábamos lesiva para los intereses generales. Pero esto como cualquier ciudadano, como cualquier persona que tiene perfecto derecho de recurrir y lo hace cuando cree que es su

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derecho; en este caso, no es el nuestro sino los intereses generales de los españoles que han sido lesionados.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE VAN A LLEVAR AL GOBIERNO A LAAPROBACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY GENERAL TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/ 000462.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda, que formula el diputado Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, como toda la Cámara sabe, la Ley General Tributaria constituye el pilar básico del ordenamiento tributario español ya que en ella se regulan aspectos fundamentales de éste, como son: los principios generales del ordenamiento tributario, las clases de tributos, los aspectos fundamentales de éstos, el régimen de infracciones y sanciones tributarias y, en definitiva, los aspectos más importantes de los procedimientos tributarios de gestión, recaudación, inspección y revisión en vía administrativa.
Sin embargo, la Ley General Tributaria se aprobó en el año 1963 y, si bien ha sido objeto de diversas modificaciones de las que la más importante fue la del año 1995 y algunas de las introducidas con ocasión de los debates de la Ley de presupuestos de cada año, parece razonable afrontar una revisión en profundidad de tan importante materia legislativa. Mas aún cuando el Gobierno del Partido Popular, en cumplimiento del compromiso establecido en su programa electoral, ha acreditado con éxito yo creo que incontrastable una notable capacidad para introducir mejoras para los contribuyentes españoles que hoy son una realidad en manos de todos.
Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las razones que van a llevar al Gobierno a la aprobación de un proyecto de ley general tributaria?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, como muy bien planteaba S.S., la vigente Ley General Tributaria data del año 1963, lo que hace necesaria su actualización y puesta al día en el sentido de incluir nuevos conceptos fiscales e instituciones que actualmente no se contemplan en el texto de la ley, incorporando de una manera más decidida lo que aporta el tratamiento de la nueva tecnología a todo lo relacionado con el ámbito tributario. Entre otras cuestiones se crearán nuevas figuras que sustituyan el conflicto fiscal por la conciliación y se articularán mecanismos para acabar con el fraude de ley.
Las razones fundamentales para llevar adelante este nuevo proyecto de ley general tributaria serían, en resumen, incorporar a sus preceptos los principios del texto constitucional, así como las nuevas figuras surgidas del proceso de reforma tributaria, citando, como he dicho antes, la utilización de los medios telemáticos en las relaciones cada vez más fluidas entre la Administración y los obligados tributarios.
En segundo lugar, reflejar el cambio que ha supuesto para las relaciones entre la Administración y los ciudadanos la aprobación de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, tratando de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de garantizar los derechos que asisten a los contribuyentes.


En tercer lugar, mejorar los procedimientos tributarios, tratando de aplicar en todo lo posible el nuevo régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
También tratamos con el nuevo proyecto de ley de introducir mecanismos que faciliten la lucha contra el fraude fiscal. En este punto se puede y debe destacar el establecimiento de una cláusula antiabuso que mejorará el sistema antiguo del fraude de ley y una regulación completa de las actuaciones de control a realizar por los distintos órganos de la Administración tributaria.
Una última razón es la mejora de los sistemas de resolución de las controversias que se plantean en relación con la aplicación del sistema tributario, con la intención de lograr un período más corto entre su planteamiento y su terminación.
En definitiva, la nueva ley general tributaria se enmarca dentro del proyecto de acometer en esta legislatura una reforma fiscal ambiciosa, completa que lleve adelante la modernización de las relaciones entre el ciudadano y el contribuyente.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSU ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA USTED POSITIVO QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PROMUEVAN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE SU PATRIMONIO CULTURAL? (Número de expediente 180/000452.)

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La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta número 18 que formula el diputado don Josu Erkoreka Gervasio.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿considera usted positivo que las administraciones públicas promuevan la defensa y protección de su patrimonio cultural?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Como sabe S.S., el artículo 46 de la Constitución encomienda a los poderes públicos la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. En consecuencia, el Gobierno considera que las administraciones públicas deben promover la defensa y protección de su patrimonio cultural, y aún más, si las administraciones públicas no lo hicieran, tanto en el nivel de la Administración central como en el nivel de la Administración autonómica estarían incumpliendo el mandato constitucional.
Estamos absolutamente convencidos, por otra parte, de que este mandato constitucional sólo puede entenderse bajo la perspectiva de una política que respete la pluralidad y que en ella encuentre no lo que nos separa, sino, por el contrario, lo mucho que nos une.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Me alegra su respuesta, señora ministra, porque efectivamente pone de manifiesto que no ignora que el artículo 46 de la Constitución encomienda a todos los poderes públicos la tarea de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural.
Pero precisamente por ello supongo que convendrá conmigo en la conveniencia o necesidad -quizás más precisamente- de reprobar la actuación de la Junta de Castilla y León, sustentada como se sabe por el Partido Popular, por el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto contra sendos acuerdos de los ayuntamientos de la Puebla de Arganzón y del condado de Treviño por los que se acuerda declarar el euskera como patrimonio municipal de ambos municipios. Fíjese, señora ministra, se recurre por algo que al parecer debe ser tan grave como el deseo de proteger su propio patrimonio cultural.
Guste o no a quienes suspiran por implantar identidades hispanas homogeneizadoras y homogeneizadas en torno a la lengua castellana, el euskera forma parte del patrimonio cultural del enclave de Treviño.
Hasta tal punto es así que la propia denominación de gran parte de los núcleos municipales del enclave donde figuran nombres como Zurbitu, Askarza, Doroño, Arrieta, Armentia, Marauri o Saseta, por citar tan sólo algunos ejemplos, ponen de manifiesto que el sustrato es eminentemente euskérico, clarísimamente euskérico. La lengua vasca es, por tanto, un innegable patrimonio cultural de Treviño que los actuales habitantes del enclave, además, se empeñan y desean proteger y promover, como ponen de manifiesto los acuerdos municipales a los que he hecho referencia y que la Junta de Castilla y León ha recurrido ante los tribunales de la jurisdicción contencioso- administrativa.
Hace unos meses, el ministro de Administraciones Públicas aseguraba en esta misma Cámara, en respuesta a una pregunta formulada desde el Grupo Vasco, que el Gobierno tiene en su mente los derechos de los ciudadanos de Treviño y que va a actuar para la resolución del contencioso planteado en el enclave, respetando escrupulosamente la legalidad constitucional. Pues bien, la legalidad constitucional, señora ministra, obliga a proteger a los pueblos de España en el ejercicio de sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones.
Señora ministra, haga algo por defender el derecho de los treviñeses a proteger su patrimonio cultural frente a los embates de un gobierno autonómico que pretende negárselos injusta e injustificadamente.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, no me cabe ninguna duda de que la lengua vasca es uno de nuestros grandes bienes culturales y debemos estar muy satisfechos y muy contentos por tener esa gran lengua. Pero tengo que decirle que tampoco me cabe ninguna duda de que las acciones que ha decidido emprender la Junta de Castilla y León lo han sido en función de criterios adecuados y correctos. Así que sobre las dos cosas, señoría, no me cabe ninguna duda.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA CASTRO MASAVEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS

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REPERCUSIONES QUE TENDRÍA PARA ESPAÑA LA RECIENTE DECISIÓN DE LA NUESCO DE DECLARAR DETERMINADOS BIENES DEL TERRITORIO ESPAÑOL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD? (Número de expediente 180/000464.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula la diputada doña Alicia Castro Masaveu.
Tiene la palabra.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señora presidenta.
Desde que en 1972 la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación, la Unesco, promoviese un tratado internacional bajo el título de Convención referida al patrimonio mundial, cultural y natural, 146 países han suscrito y ratificado dicho convenio internacional comprometiéndose a contribuir financiera y culturalmente a la protección del patrimonio. La Unesco decide periódicamente cuáles son los bienes culturales o naturales que merecen ser inscritos en la lista del patrimonio mundial. La selección se hace de una forma rigurosa, de la que puedo dar cuenta porque he sido la responsable del expediente que ha promovido el Ayuntamiento de Oviedo y que ha permitido que tres bienes más fuesen inscritos en esta lista, bienes del prerrománico asturiano, que se sumaron a los dos que ya habían sido reconocidos.
Sólo los monumentos que responden a una obra de arte de un genio creador o que han ejercido una gran influencia sobre el desarrollo de la arquitectura y aquellos espacios naturales que representan el desarrollo de la historia de la tierra o que poseen hábitats naturales de animales en fase de extinción llegan a estar en esa lista del patrimonio mundial. Esto constituye, sin perjuicio, por supuesto, de la soberanía nacional ni de la propiedad de esos bienes, un patrimonio de toda la humanidad. España es uno de los países que cuenta con mayor número de bienes inscritos; por tanto, es también uno de los países que tiene más responsabilidades a la hora de proteger y poner en valor ese patrimonio. El hecho de que algunos de nuestros monumentos, de nuestros cascos históricos, parques y entornos naturales hayan sido declarados patrimonio mundial de la humanidad es la mejor prueba de la riqueza histórica de nuestro país.
Por eso, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las repercusiones que tendría para España la reciente decisión de la Unesco de declarar determinados bienes del territorio español como patrimonio mundial de la humanidad?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, como usted ha mencionado, en efecto la decisión de la Unesco de declarar bienes del patrimonio de la humanidad los yacimientos paleontológicos burgaleses de Atapuerca, las iglesias del valle del Boi, el palmeral de Elche, la ciudad romana de Tarraco y la muralla de Lugo, supone, no me cabe la menor duda, en primer lugar, un aumento importante de nuestra lista de bienes culturales declarados de patrimonio de la humanidad, es una evidencia empírica.
Con estas nuevas inclusiones el número de bienes declarados patrimonio de la humanidad asciende a 36, por lo que nos situamos en el primer puesto a nivel mundial en cuanto a número de declaraciones se refiere. Ello implica un reconocimiento expreso no sólo de nuestro amplio patrimonio cultural sino también, y lo que es más importante, de la calidad del mismo.
Por otra parte, tanto las últimas declaraciones como las ya existentes significan un incremento también de la responsabilidad en las tareas de conservación y protección de nuestro patrimonio, además del cumplimiento de numerosas obligaciones por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas. Hay que decir también que estas declaraciones implican un importante desarrollo local y autonómico, concretado fundamentalmente en un aumento del sector del turismo y del sector de servicio, para los que tiene un especial impacto e incidencia estas declaraciones de patrimonio de la humanidad que se han llevado a cabo en esta ocasión o en momentos precedentes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑAANTONIA FEBRER SANTANDREU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTIVIDADES VAA EMPRENDER EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL MAESTRO RODRIGO? (Número de expediente 180/000465.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula la diputada doña Antonia Febrer Santandreu.


La señora FEBRER SANTANDREU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, como usted sabe, en la segunda mitad del siglo XX la figura del maestro Rodrigo ha contribuido de una manera extraordinaria a aportar nuevos impulsos a la música española y así proyectarse a nivel universal. A principios de su carrera, algunas de sus obras recordaban, por su lenguaje musical, a las de Ravel o Strawinski, pero pronto se encaminó hacia un

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estilo propio y personal basado en las tradiciones de la cultura de nuestro país. El concierto más célebre de sus composiciones musicales es el Concierto de Aranjuez, siendo su primera obra que le da fama universal. El éxito que obtuvo con este concierto fue por la combinación poco común de guitarra y orquesta clásica, animándole a componer otros conciertos. También cabe destacar la obra Fantasía de un gentilhombre y el Concierto andaluz, en donde se refleja su personalidad y el homenaje que rindió a las distintas regiones y culturas de España.
El Grupo Parlamentario Popular, consciente de la importancia que en el campo de la composición musical dejó patente el maestro Rodrigo, y ante la necesidad de estimular el conocimiento de la obra de este singular compositor español para las generaciones actuales y venideras, así como para testimoniar el reconocimiento a quien sin lugar a dudas fue uno de los máximos exponentes de la composición, desea formular la siguiente pregunta: ¿Qué actividades va a emprender el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la conmemoración del centenario del nacimiento del maestro Rodrigo?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Febrer.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, la Comisión nacional organizadora de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Joaquín Rodrigo aprobó en su sesión plenaria del pasado 9 de enero el programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año 2001 y los primeros meses del año 2002. Por su especial significación y relieve quiero destacar ahora las siguientes iniciativas. En primer lugar, la edición discográfica conmemorativa especial que contendrá prácticamente la totalidad de la obra del maestro Rodrigo. En segundo lugar, la publicación de una serie de libros sobre su vida y sobre su obra. En tercer lugar, la exposición centenario de Joaquín Rodrigo, el hombre, el músico, el maestro, de formato amplio y con carácter itinerante, que se presentará al menos en cinco ciudades españolas.
Su inauguración está prevista en Valencia para la próxima primavera.
En cuarto lugar, en cuanto a la actividad concertística, el Inaem, la comunidad de Madrid y la Generalitat de Valencia, a través de sus orquestas y festivales, han previsto nuevos ciclos y conciertos extraordinarios dedicados al maestro Rodrigo.
En el plano internacional quisiera destacar los conciertos homenaje que se van a realizar en la Unesco el 26 de marzo, en Berlín el 22 de septiembre y los festivales Rodrigo en Los Ángeles y en Chicago.
Por lo que se refiere a las producciones escénicas, hay que reseñar la nueva producción, El hijo fingido, en el Teatro de la Zarzuela, que se estrenó el pasado 1 de febrero.
Por último, lo que se puede considerar el broche de oro del centenario será la celebración en enero del año 2002 del concurso internacional Joaquín Rodrigo, patrocinado por la ONCE, con la colaboración de otras instituciones de la Comisión nacional y que nace con vocación de permanencia, frecuencia de celebración bienal y con la decidida intención de situarse entre los de primera categoría a nivel internacional.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR ALPARLAMENTO UN PROYECTO DE LEYDE RETRIBUCIONES DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS PREVISTAEN ELARTÍCULO 403 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985 DEL PODER JUDICIAL? (Número de expediente 180/000440.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, la número 8, que formula el diputado don Luis Mardones Sevilla.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, ¿tiene previsto el Gobierno remitir al Parlamento un proyecto de ley de retribuciones de los jueces y magistrados, prevista en el artículo 403 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Tal y como hemos tenido oportunidad esta mañana de debatir ampliamente, considero que es preciso replantear el diseño del sistema retributivo de los jueces. Creo que hay que articular un modelo incentivador para hacer atrayente la carrera, para garantizar, por supuesto, no sólo la independencia política, sino también la económica y para fomentar la formación, el rendimiento y la asunción de mayores responsabilidades. Esto se materializará mediante la presentación a estas Cortes del correspondiente proyecto de ley para su discusión y aprobación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Me congratula, señor ministro, esa respuesta. No podía ser de otra manera, en lógica consecuencia con lo que usted nos ha expuesto esta mañana en la Comisión de Justicia, todo un amplio programa de modernización y puesta a punto de la justicia en España. Eso pasa por una pieza fundamental, que son los jueces y magistrados. Mi grupo le ha mostrado esta mañana el apoyo a ese proyecto, en el que vamos a colaborar, buscando el consenso a través de conversaciones mutuas y constructivas con las comunidades autónomas. No se le oculta al señor ministro que los jueces y magistrados desde hace 15 años, desde el año 1985, demandan esta ley de retribuciones. Se les va a pedir un esfuerzo en el nuevo proyecto de ley que va a traer el Gobierno y que usted ha anunciado esta mañana, lo que va a suponer para los jueces una intensificación de su trabajo y de su productividad. No olvidemos que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recientemente ha entrado en vigor, exige a los jueces el principio de inmediación, lo que les lleva a una dedicación prácticamente exclusiva. En Canarias la situación es muy problemática y delicada.
Tengo aquí el acuerdo de la junta de jueces de las Palmas de Gran Canaria, de fecha 15 del pasado mes de enero, que elevan tanto a su Ministerio como a la Administración de justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, reivindicando la ley de remuneraciones y poniendo en evidencia los excesos. Igualmente, en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife la junta de jueces ha tomado el acuerdo desde diciembre de limitarse al horario que tienen los funcionarios de 37 horas y media.
La judicialidad de los temas, el litigio permanente ante los juzgados, que es una buena reacción democrática del ciudadano que demanda justicia, ha hecho que empiecen a atascarse una serie de juicios por la aplicación de las 37 horas y media. Yo comprendo, señor ministro, la situación que ellos tienen, como usted lo ha expresado esta mañana. Mi grupo le va a prestar el apoyo para que, junto con el paquete de nuevas leyes de órganos jurisdiccionales, competencias, etcétera y del Consejo General del Poder Judicial, venga la esperada ley de retribuciones, para que no haya ningún motivo de queja ni de aplicación estricta de aquellos límites.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señor Mardones, tal y como hemos hablado esta mañana, es necesario vincular el proceso de reforma de la mejora de las retribuciones al proceso general de reforma de la justicia; es decir, una justicia más ágil, más cercana a los ciudadanos, de mayor calidad es elemento indispensable en estos momentos en la reforma de la justicia.
Vincular a ello la motivación y la remuneración adecuada, que garantice la dedicación, la calidad en la prestación de un servicio tan importante como es el de la justicia, es un elemento esencial en el que, como esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar, vamos a trabajar y tratar de llegar a un gran acuerdo en el que estará esta ley de retribuciones. No obstante, sí tengo que decirle que hemos trabajado durante este período de tiempo en mejorar esas condiciones retributivas y hemos empezado por aquellos que era menor su capacidad adquisitiva o menores sus retribuciones. La refundición de los grupos 8 y 9, que son los grupos inferiores de retribuciones en los magistrados, como usted bien conoce, ya ha tenido una solución a través del Real Decreto 1.908/2000, que ha mejorado sustancialmente las condiciones retributivas de los jueces que tenían las menores retribuciones de toda la carrera.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES ACERCA DEL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL JUZGADO DE FUENLABRADA? (Número de expediente 180/000466.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31 que formula el diputado don Ismael Bardisa Jordá.


El señor BARDISA JORDÁ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Justicia, en el madrileño municipio de Fuenlabrada actualmente, como usted sabe, existen ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Estos juzgados están ubicados en diferentes núcleos de población de dicho municipio, uno en la calle Gerona, otros en la calle Getafe. Por eso es importante la ubicación de todos los juzgados en un solo edificio para que así puedan beneficiarse los ciudadanos de tener una justicia más rápida, más eficaz y más cercana, como es uno de los principios de nuestra Constitución.
Además Fuenlabrada es un municipio importante dentro de la Comunidad de Madrid con 180.000 habitantes. De su término judicial también forma parte el municipio de Humanes y en total son 200.000 los ciudadanos que están implicados en este programa judicial. Además Fuenlabrada es actualmente el núcleo industrial más importante de la Comunidad de Madrid después del núcleo industrial de Madrid capital.
Por

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todo eso, desde el Grupo Parlamentario Popular -y estimamos que el Ministerio de Justicia tomará buena nota de ello- creemos que es muy importante para Fuenlabrada la ubicación de todos los juzgados en un solo sitio precisamente para acercar más la justicia a los ciudadanos.
Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones acerca del comienzo de las obras del nuevo edificio del Juzgado de Fuenlabrada?

Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bardisa.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, efectivamente, en cuanto al edificio del Juzgado de Fuenlabrada el plazo de inicio de la ejecución de las obras comienza el próximo día 19 de febrero de este año. Las mismas tienen una duración prevista de 18 meses, por lo que habrán finalizado aproximadamente para el mes de agosto del año 2002. La licitación de las obras fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre de 2000 y fueron adjudicadas mediante concurso por un importe de más de 825 millones de pesetas. El contrato de obra se firmó el pasado día 18 de enero, por lo que, transcurrido el mes previsto para el replanteo, comenzará, como ya he dicho, de manera inmediata la ejecución de las obras.
El edificio previsto tendrá una superficie total construida de 8.626 metros cuadrados, de los que 6.466 metros cuadrados están construidos sobre rasante. Ello permitirá, en primer lugar, un mejor acomodo de los juzgados actualmente existentes en el partido judicial de Fuenlabrada, un total de ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción, centralizándolos en un único inmueble y superando de este modo la dispersión actual. Además se pretende una mejor racionalización de espacios y de facilidad de acceso a los ciudadanos y una adecuada distribución que permitirá en un futuro hasta 16 juzgados en el edificio, con lo que estará preparado para las posibles ampliaciones de la planta judicial en este partido. En cualquier caso, y en relación con los juzgados de Fuenlabrada, cabe destacar que el pasado día 20 de diciembre entró en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 ya que el Ministerio está realizando un esfuerzo permanente en analizar la carga de trabajo y responder a las necesidades existentes en cada momento. Como ya he dicho, el nuevo edificio está preparado para ir dando respuesta a todas las necesidades con los medios y la amplitud que una Administración de justicia moderna y eficaz debe ofrecer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL ÚLTIMO AÑO? (Número de expediente 180/000456.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Pregunta número 21, que formula el diputado don José Eugenio Azpiroz Villar.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, nos encontramos prácticamente en el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley de prevención de riesgos laborales. La siniestralidad laboral preocupa a toda la Cámara; de hecho, en las Cortes Generales ha habido actuaciones diversas -distintas iniciativas aquí, en el Congreso, y una subcomisión en el Senado-, ha habido iniciativas gubernamentales, evidentemente bajo el patrocinio de su Ministerio, para la lucha contra la siniestralidad laboral y hay iniciativas desde diversas instancias. Incluso, el pasado domingo, un periódico nacional de gran difusión recogía un artículo sobre la materia y hacía su editorial dominical en torno a este importante tema, a esta común preocupación de todos los ciudadanos. Yo mismo esta mañana he tenido una reunión y una comida con personas que están trabajando en los servicios mancomunados de prevención en Castilla.
Lo cierto es que las noticias que se traducen a la opinión pública son de un progresivo incremento de los accidentes de trabajo, de la siniestralidad laboral. Cada vez más se transmite la idea de un mayor nivel de siniestralidad en el trabajo. Yo he de reconocer mi preocupación esencial en términos principalmente humanos -políticos también- en cuanto a lo que suponen los accidentes muy graves y, cómo no, los accidentes mortales, auténticas tragedias irreversibles. Creo que tenemos una buena ley y que se está trabajando en la materia, pero creo también, señor ministro, que hay un cierto pesimismo social al respecto, que es lo que anima mi pregunta. ¿Cuál ha sido la evolución de la siniestralidad laboral a lo largo del pasado año 2000?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.


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Señorías, ciertamente este es un tema importante, un tema con trascendencia social, que ha llamado la atención no solamente de esta Cámara, sino, como señalaba S.S., también del Senado, creando una subcomisión a este efecto. Y es un tema en el que las cifras no pueden satisfacer a nadie, pero sí podemos encontrar en ellas ánimo para seguir trabajando y perfeccionando nuestro sistema, como ocurre con las cifras del año 2000. Al igual que en la última comparecencia en esta Cámara, en el mes de septiembre, hablaba de unos incipientes resultados, hoy, cuando podemos ponderar todo el año 2000, también pueden darse datos que animan a seguir trabajando en común.
Voy a hablar especialmente de la tasa de incidencia, el número de accidentes que se producen por cada 100.000 trabajadores. También me parece obligado decir que el 98 por ciento de los accidentes en España, el 98 por ciento -subrayo el dato-, tienen el carácter de leve. No pretendo en modo alguno minimizar los datos, pero sí situarnos ante lo que sin duda alguna es aún más importante: ese 2 por ciento de accidentes graves y de accidentes mortales. Pues bien, la incidencia, esa tasa por cada 100.000 trabajadores, va teniendo, afortunadamente, una tendencia regresiva; en el pasado año ha pasado del 13,3 por ciento al 8,26 en diciembre. Si ahora analizamos los que son -insisto, no en mi criterio, sino en el criterio común- de máxima gravedad de ese 2 por ciento de mortales y graves, veremos que solamente los leves han crecido -un crecimiento del 1,75 por ciento-, pero podemos afirmar que los accidentes graves se han reducido en un 8,69 por ciento y los mortales en más de un 4 por ciento. Insisto, sin quitar ni un gramo de trascendencia a estas cifras, pero también encontrando motivos para creer que esto no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo coordinado de las administraciones, de los empresarios y de los sindicatos.
También por sectores hay motivos para seguir trabajando. Ha descendido la tasa de accidentes en agricultura -más del 5 por ciento-, menos en industria - medio punto- y los incrementos han sido en un sector difícil, en el sector servicios, aunque también los accidentes graves del sector servicios se han reducido. La construcción apenas experimenta modificación, debido al incremento de los accidentes leves, pero los accidentes graves y los mortales también descienden; los graves descienden un 5,77 y los mortales el 8,35.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS AYMERICH CANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON, A DÍA DE HOY, LOS RESULTADOS PRÁCTICOS DEL PLAN DE ADQUISICIÓN DE BOVINOS DE MÁS DE 30 MESES, APROBADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2000? (Número de expediente 180/ 000442.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, pregunta número 10, que formula el diputado don Carlos Aymerich Cano.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿cuáles son a día de hoy los resultados prácticos del Plan de adquisición de bovinos de más de 30 meses, aprobado por la Orden ministerial de 28 de diciembre de 2000?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
En la primera quincena de la puesta en marcha de este plan de adquisición, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó a las 12 horas del día 16 de enero, se recibieron 16 solicitudes por 174 animales. Para la segunda quincena, cuyo plazo venció el día 6 de febrero, se han recibido 427 solicitudes por 1.911 animales. Para la tercera quincena, cuyo plazo de presentación terminará el próximo martes 20 de febrero, se han presentado, por el momento, 41 solicitudes por 222 animales. En total, se han recibido 464 solicitudes por 2.307 animales a estas fechas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Coincidirá conmigo, señor ministro, en que son unas cifras muy alejadas de las previsiones iniciales del plan.
Si hablaban ustedes de que hasta junio había que adquirir sobre 180.000 vacas mayores de 30 meses -en Galicia serían unos 43.000 animales-, las cifras que ha dado y el ritmo que estas cifras denotan suponen un ritmo y unas cifras muy alejadas de las previsiones oficiales. Yo, si quiere, modestamente le puedo decir cuáles son los problemas que los ganaderos ponen de manifiesto: la exigencia de avales, que supone unos costes bancarios por animal de 7.000 pesetas; la ubicación de los mataderos habilitados -en Galicia sólo hay uno por provincia, en ocasiones, alejados, como es el caso de Pontevedra, del lugar de la provincia donde está la mayor parte de la cabaña-, que hacen que la lejanía encarezca los costes de transporte y desaniman a los ganaderos a acogerse aeste plan de adquisición; la falta de agilidad en el procedimiento...


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En fin esto nos parece que debería llevar a su Gobierno y a su Ministerio a reflexión y a modificar aspectos de este plan que, por cierto, como la exigencia de avales, no vienen reclamados en la normativa comunitaria.
Nosotros, desde el BNG, pensamos que si hay algún culpable de esta crisis no son los ganaderos; pensamos que éste debe ser un razonamiento compartido por toda la Cámara y por todas las fuerzas políticas. Pero a la luz de la regulación de este plan y, sobre todo, a la luz de su más que deficiente ejecución, tenemos que dudar de este convencimiento.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Gracias, señora presidenta.
Este es un plan voluntario para los ganaderos. Nadie puede obligarles a participar. Es un plan complejo de poner en marcha, porque los ganaderos tienen que tener un sistema de cocedero de sangre, no vale cualquier matadero; son mataderos que no pueden matar al mismo tiempo que se sacrifican las reses ordinarias, y eso ha obligado a contratar 24 mataderos en todo el territorio nacional.
Es cierto que ha habido algunas quejas respecto a los avales. Se han modificado los avales para facilitar la actuación de cooperativas y asociaciones de ganaderos, pero el Gobierno sigue estando dispuesto a revisar a la baja el aval para facilitar esta medida. En todos los Estados miembros de la Unión Europea es una medida que tiene mucha dificultad de puesta en marcha por la dificultad de encontrar mataderos específicos, por la dificultad de proceder a la incineración de animales y, por ello, dada la dificultad de puesta en marcha de la medida, el Gobierno español ha pedido que se prorrogue seis meses más, para que podamos coger la velocidad de crucero suficiente para sacrificar el número de animales que constituía el objetivo inicial de la medida.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CONSIDERA SUFICIENTE EL GOBIERNO LAS AYUDAS A LOS GANADEROS Y SECTORES PRODUCTIVOS AFECTADOS POR EL MAL DE LAS VACAS LOCAS? (Número de expediente 180/000444.) La señora PRESIDENTA: Pregunta número 12, que formula la diputada doña Teresa Cunillera i Mestres.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Señora presidenta, señor ministro, ¿considera suficiente el Gobierno las ayudas a los ganaderos y sectores productivos afectados por el mal de las vacas locas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
Para sostener el mercado del sector vacuno, el Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas establecidas por la Unión Europea.Ante esta situación, como ante cualquier otra relacionada con apoyos financieros directos al sector privado, la actuación del Gobierno está limitada por la normativa europea. La concesión de ayudas directas a ganaderos con fondos estatales no se puede considerar, porque vulneraría expresamente la legislación comunitaria.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, presidenta.
Señor ministro, en primer lugar, enhorabuena porque superó usted la reprobación que nuestro grupo le presentó ayer, gracias a los votos del Partido Popular. Pero, no se engañe, la que no ha superado usted es la reprobación social. A usted y a la señora Villalobos el país les reprueba, sobre todo por la actitud que ustedes mantienen.
Usted no cumple su obligación principal, conjuntamente con el resto del Gobierno, de llevar la tranquilidad a los españoles, que no saben en este momento qué pueden o no consumir. A usted, señor ministro, no le creen ni los ganaderos ni los ciudadanos que han seguido su actuación hasta ahora en la Comisión Europea, porque ustedes han sido los que, con su ceguera y sus votaciones allí, nos han traído a la situación en que estamos. Usted ponga la cara que quiera, pero es así.
La semana pasada, miles de ganaderos, aquí en Madrid, están al límite de su confianza y le han dicho a usted que sus previsiones no les sirven. Ellos le piden con urgencia 130.000 millones de pesetas y, a cambio, no han recibido ninguna respuesta concreta, han recibido evasivas, más evasivas. De momento lo que está claro es que de cada 100 pesetas que se destinan a medidas, 55 las ponen las comunidades autónomas, 30 la Unión Europea a través del FEGA y 10 la Administración central. Usted podría traer aquí un crédito extraordinario -cosa nada rara en este Gobierno, porque

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los trae justo recién acabados los presupuestos- para añadir ayudas complementarias a las de la Unión Europea, como han hecho, por ejemplo, Alemania y Francia. Nos quedamos sin saber cuál es la aportación concreta que hace su Gobierno a la solución del problema, y no quiero pensar que pretende ahorrar dinero en un tema de salud pública.
Vamos a hacer una cosa. Sin escudos ni protecciones de comunidades autónomas ni Unión Europea, dígame usted -usted, como Gobierno de España, usted, ministro de Agricultura- qué le dice a un pueblo de la demarcación por donde yo soy diputada, Juncosa de les Garrigues, con 600 habitantes y una cabaña ganadera de 10.000 terneros. Usted comprométase hoy aquí, diríjase a esos ciudadanos y dígales qué va a ser de su futuro, si esos señores y sus hijos podrán seguir viviendo de la agricultura. Usted va a acabar siendo ministro del campo despoblado, igual que ya es ministro de las vacas locas.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, si se habla de despoblamiento del campo, el período socialista registra la mayor pérdida de población activa agraria en la historia de España. (Aplausos.- Protestas.) Señora Cunillera, cuando se dan datos, se dan bien. De los 60.000 millones que se han puesto en los seis primeros meses para atajar la crisis, el 40 por ciento lo ha puesto el Gobierno de la nación, el 40 por ciento la Unión Europea, el 15 por ciento las comunidades autónomas y el 5 por ciento el sector privado. Cuando se dan datos, se manejan cifras oficiales. Y el Gobierno ha puesto en marcha todas las medidas. En primer lugar, las medidas para retirar los excedentes de carne del mercado. Hemos puesto en marcha compras públicas de intervención que en este momento totalizan más de 12.000 toneladas, el 28 por ciento del total europeo, teniendo una cabaña ganadera muy inferior a dicho porcentaje. Se ha puesto en marcha el programa de adquisición y destrucción de animales de edad superior a 30 meses que no sean sometidos. El Gobierno español ha pedido a la Unión Europea que se prorrogue por seis meses más, para que los ganaderos puedan tener acceso a disminuir la oferta de carne en los mercados. Hemos pedido ayudas al almacenamiento privado para carne de novilla, hemos pedido el incremento del volumen de compras inicialmente previsto por la Unión Europea y estamos pidiendo una mayor implicación financiera de la Unión Europea en todos los consejos de Ministro, liderando al grupo de países que quieren que en esta crisis se aplique un tratamiento igual que en la crisis británica.
El Gobierno español está haciendo todas las actuaciones para tranquilizar. Esta misma tarde se pone en marcha la campaña de información del Ministerio de Agricultura, con más de 10 millones de folletos que se van a repartir a todos los ciudadanos. Los que crean tranquilidad son los que solamente están transmitiendo los mensajes de los científicos y no los que lanzan, por intereses políticos, mensajes para crear alarma social injustificada. (Rumores.) Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO PARA LA FINANCIACIÓN DE LA RETIRADA DE MATERIALES DE RIESGO Y CADÁVERES DE ANIMALES AFECTADOS POR EL MAL DE LAS VACAS LOCAS? (Número de expediente 180/ 000445.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula el diputado don Jesús Cuadrado Bausela.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para financiar la retirada de materiales específicos de riesgo de cadáveres animales, incluida, por supuesto, la que se refiere en este asunto a las reses de lidia?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señora presidenta, yo no me voy a pronunciar, por razones obvias, que conoce perfectamente el diputado preguntante, sobre las reses de lidia, pero voy a contestarle, con carácter general, sobre los temas que me ha preguntado.


El Gobierno ha previsto para la recogida de cadáveres en explotaciones, traslado y eliminación, siguiendo su tratamiento como MER, una financiación de la Administración general del Estado de un 33 por ciento del coste total, hasta un máximo de 2.416 millones de pesetas. El otro 33 por ciento es financiado por las comunidades autónomas, pudiendo aumentar este porcentaje, y el resto es soportado por el sector. Esta financiación se encuentra recogida en el Plan coordinado de actuación de la Administración general del Estado y las

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comunidades autónomas de lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina en España, cuyos criterios de financiación para seis meses se establecieron en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre, y fueron asumidos por todas las comunidades autónomas mediante la firma de los respectivos convenios de colaboración.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias.
Señor ministro, me contesta que ni se sabe. Primero, efectivamente, como usted acaba de leer, en el plan coordinado se habla de una financiación de un tercio la comunidad autónoma, un tercio el Gobierno y un tercio los ganaderos, pero en el mismo plan coordinado se habla de un seguro que no se sabe cómo se resolverá. Por si fuera poco, después de eso, el señor ministro de Hacienda habla de una tasa que nadie sabe si se va a hacer, cuando se va a poner, etcétera.
Señor ministro, usted mismo acaba de responder: No puedo contestarle, como usted sabe. Efectivamente, lo sé. Usted no puede acometer un problema tan importante como el que se refiere a las reses de lidia porque tiene negocios directamente relacionados con el sector.
(Aplausos.-Rumores.) En segundo lugar, el resto de los ganaderos no pueden resolver el problema con usted, porque no se fían de usted, y además usted no tiene tiempo porque tiene que aclarara la situación en relación con sus negocios. ¿Sabe cuál es la cuestión importante aquí? Se la ha planteado de manera reiterada el Grupo Socialista: Tenemos que garantizar la retirada de materiales de riesgo, de cadáveres animales, porque afectan a la salud de los españoles. Hay que trabajar en esa dirección para tener un sistema homogéneo en todo el territorio nacional, y es necesario que se haga sin costes para los ganaderos, porque el Grupo Socialista sabe, y usted sabe, que es la única manera de garantizar de forma efectiva el cumplimiento de esta básica medida.
Señor ministro, actúe usted en este tema con la misma diligencia, con la misma efectividad con la que actuó encargando a sus abogados que clarifiquen sus negocios. (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
Yo sólo he encargado a mis abogados que presenten alegaciones ante la Inspección General de la Administración del Estado, que es ante quien tengo que encomendarles gestiones, porque como nunca he tenido negocios durante mi mandato de ministro, no tengo que encomendar nada a nadie.
Pero respondiendo a su pregunta, la retirada de los MER en los mataderos está siendo soportada por el sector ganadero en estos momentos en aplicación de la teoría general del derecho medioambiental de que quién genera el residuo es responsable de su eliminación. No obstante, el Gobierno está analizando con todo el sector distintas posiciones para consensuar modelos futuros de financiación y gestión de los MER y los cadáveres. Hoy miércoles ha habido una reunión del grupo de trabajo sobre MER en mataderos y retirada con todos los sectores productores, transformadores y comerciales; se está trabajando en ello. Esta tarde está habiendo una reunión del grupo de trabajo sobre animales muertos en explotaciones.
Mañana habrá una reunión con los responsables de sanidad y alimentación animal de las comunidades autónomas para conocer distintas propuestas sobre eliminación de MER y cadáveres en explotación, y ver cuál es en este momento la situación en las distintas comunidades autónomas. El Gobierno ha adoptado todas las medidas financieras necesarias para que las decisiones de la Unión Europea que corresponden a las comunidades autónomas puedan ser apoyadas desde la Administración del Estado, y al igual que otros países de la Unión Europea, está analizando la posible implantación de una figura tributaria que pueda permitir financiar estos costes.
Entre ellas, la retirada de los MER sería una de las medidas posibles a financiar con lo recaudado por esta figura tributaria.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL DESMESURADO INCREMENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LOS NIVELES MÁS ALTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL AÑO 2000? (Número de expediente 180/000469.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Administraciones Públicas. Pregunta número 11, que formula el diputado don Ángel Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, esta semana hemos conocido que el número de lo que ustedes llaman personal directivo -altos cargos de la Administración, altos niveles-, pero que cuando estaban en la oposición llamaban altos cargos -¿se acuerdan?-, ha aumentado considerablemente

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durante su período de Gobierno, sobre todo en el último año. ¿A qué es debido este crecimiento, señor ministro?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.
Si tomamos los niveles de directivos de la Administración del 27 al 30, su crecimiento este año desde luego no es desmesurado, como decía su pregunta escrita, pero tampoco lo creo considerable. Se ha incrementado en un 3,8 por ciento y siempre por razones justificadas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor ministro, no sí se nos hablará del pasado, suele ser lo habitual, lo hacen todos los ministros cuando nos contestan, pero permítame que le recuerde las palabras del señor Aznar en el discurso de investidura cuando decía: se procederá a reducir los altos cargos ministerio por ministerio, de modo que se haga visible la austeridad que el ciudadano reclama. ¡Qué bonito, qué bellas palabras, qué poesía! (Risas.-Rumores.) No sé si esas palabras se las ha llevado el viento, las presiones, los compromisos, las cosas que decían, lo que han hecho o simplemente nos engañaron o engañaron a los ciudadanos y también a los que forman parte de la Administración pública española ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está lo que decían que iban a hacer? La realidad ha sido distinta. No sé si es cumplir las palabras del presidente del Gobierno cuando decía en el discurso de investidura que desde que gobiernan ustedes, desde 1996, esos niveles del 27 a 30 se han incrementado en más de 2.000 personas. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Sin embargo, sólo en el último año han crecido por día más de dos altos cargos, más de 60 al mes, es decir, 702 en el último año -datos oficiales-, cuando la plantilla que tienen que dirigir estos altos funcionarios o cargos directivos se ha reducido en la Administración del Estado en más de 150.000 personas. ¿Esto es la austeridad, esto es el cumplimiento de sus promesas o es hacer una política absolutamente distinta y en función de los intereses políticos que ustedes han defendido dando primacía a los que querían primar y en contra de los intereses generales del conjunto de la Administración? Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, da unos datos en los que confunde el Boletín estadístico del registro central de personal, que habla de personas, con la relación de puestos de trabajo, que unos pueden estar ocupados y otros no. Dicho esto, me ha adivinado el pensamiento porque para ver cuál es el ritmo de crecimiento y si se cumplieron o no las promesas del señor Aznar hay que ver lo que pasó antes. (Una señora diputada: ¡Qué raro!) Del 1 de enero de 1990 al primero de enero de 1996... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Decía que del 1 de enero de 1990 a 1 de enero de 1996, que son seis años, se crearon 4.953 puestos de estos niveles. De 1996 al 1 de enero de 2001 y siendo en el año 2000 sólo 440 y no 702 -por eso está usted equivocado-, se crearon 2.093 en un período prácticamente idéntico, luego hemos reducido a la mitad ese ritmo de crecimiento (Protestas.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor ministro, un momento. Señorías, ruego guarden silencio y permitan escuchar la respuesta del ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Son datos que no hay más que sumar. No hay que polemizar sobre lo que es una simple suma. En algunos casos esto se debe a que hay un acuerdo de febrero de 1996, que me parece aceptable y estoy de acuerdo con él, por el que se consolidan una serie de puestos y permite que algunas de esas personas que dejan de ser director o subdirector mantengan este nivel. Además la Administración central, después de este período de transferencias, está más tecnificada y con mayor nivel.
Le voy a decir lo último. Los puestos de niveles de grado medio, entre 17 y 24, en el año 2000 han crecido un 6,9 por ciento. Ha crecido más la subida en los niveles intermedios de jefe de sección y de negociado que los de los niveles altos, porque lo que estamos consiguiendo es una Administración más eficaz...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO INICIAR LAS TRANSFERENCIAS

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DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL INSALUD A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE TODAVÍA NO HAN RECIBIDO ESTE TRASPASO? (Número de expediente 180/000458.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23 que formula el diputado, don Tomás Burgos Gallego.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nuestro Gobierno ha asumido el reto de culminar en esta legislatura el proceso de transferencias del Insalud a las diez comunidades autónomas pendientes de recibirlas. Un compromiso que el Grupo Popular comparte, que figuraba en nuestro programa electoral y que supondrá sin duda el comienzo de una nueva etapa en nuestro Sistema Nacional de Salud, que lo transformará decisivamente. A nadie se le oculta el enorme reto político que esto supone, y no sólo por los 134.000 miembros del personal estatutario afectados, por los 79 hospitales o por los 1.068 centros de salud implicados, que sin duda suponen una enorme complejidad, sino sobre todo por la oportunidad histórica de cerrar la configuración del sistema sanitario en que creemos: un sistema profundamente descentralizado, un sistema moderno y eficiente y un sistema sobre todo orientado hacia la calidad y hacia la satisfacción del paciente y, ante todo, señorías, muy cercano al ciudano para atender a sus demandas y a sus necesidades.
Estamos convencidos de que esto exigirá establecer con claridad nuestro modelo de futuro, los grados de diversidad posibles dentro de él y, por supuesto, los adecuados instrumentos de coordinación para su correcto y equitativo funcionamiento. Creemos que hará falta diálogo, mucho diálogo, lealtad, y que hará falta también responsabilidad en sus protagonistas. Estamos convencidos de que el Gobierno estará a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es ni más ni menos que la más adecuada cobertura sanitaria posible para nuestros ciudadanos, objetivo irrenunciable del Partido Popular en todos sus ámbitos.
Desde estas premisas, señor ministro, me permito preguntarle cuándo piensa el Gobierno iniciar las transferencias de funciones y servicios del Insalud a las comunidades autónomas que todavía no lo han recibido.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.
En estos momentos quedan todavía por realizar tres grandes traspasos que son de enorme importancia para el pleno ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas del artículo 143, funciones y servicios en materia de políticas activas de empleo, medios personales y servicios de la Administración de justicia y la asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestionada por el Insalud.La importancia de la asistencia sanitaria se pone de manifiesto no sólo por la valoración de la sanidad que hacen los ciudadanos sino también por la enorme cuantía de los recursos económicos. Estas las tienen todas las comunidades autónomas del 151 ya asimiladas y el funcionamiento de nuestro Estado autonómico conlleva la necesidad imprescindible de que todas las comunidades autónomas se encuentren en condiciones de ejercer de manera plena y efectiva las competencias que tienen asumidas en sus respectivos estatutos de autonomía. La voluntad del Gobierno es traspasar cuanto antes esta asistencia sanitaria, desde luego en esta legislatura. La asunción por parte de las comunidades autónomas del artículo l43 de la gestión de la asistencia sanitaria es de una importancia enorme como usted mismo, señoría, ha manifestado con sus cifras. La mayor complejidad viene de la necesidad de encontrar un sistema de financiación estable y suficiente que garantice un equilibrio financiero solidario entre los territorios, así como la necesidad de establecer un mecanismo de compensación que solucione los problemas que se puedan generar con la atención de desplazados de otras comunidades autónomas.
El 25 de enero pasado se reunió el secretario de Estado de Organización Territorial del Estado con el secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria para formalizar el proceso de traspasos y fijar un calendario de celebración de ponencias técnicas.
Yo quiero resaltar aquí, porque es de justicia, la magnífica disposición y el excelente trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo la transferencia y también la gran receptividad de las comunidades autónomas. Hoy se ha celebrado la primera ponencia técnica con la Comunidad de Madrid; antes de que termine el mes se hará en Asturias, Castilla y León y Baleares; en el mes de marzo, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura, y a primeros de abril se terminará esta primera ronda con la Comunidad Autónoma de La Rioja.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE VALENTÍN NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PUEDE ASEGURAR LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO QUE HA TOMADO TODAS LAS MEDIDAS PARA EVITAR EL RIESGO DE LA TRANSMISIÓN A SERES HUMANOS DEL MALDE LAS VACASLOCAS? (Número de expediente 180/ 000446.)

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La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad y Consumo. En primer lugar, la número 14, que formula la diputada doña Matilde Valentín Navarro.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta. ¿Puede asegurar la señora ministra de Sanidad y Consumo que ha tomado todas las medidas para evitar el riesgo de la transmisión a seres humanos del mal de las vacas locas?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valentín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Señoría, el Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus competencias y en colaboración y asesorada por el Comité científico, ha tomado las medidas adecuadas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valentín.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Señorías, ¿por qué el Grupo Socialista plantea hoy esta pregunta? Porque la respuesta que acaba de darnos la señora ministra de Sanidad nos plantea serias dudas sobre su veracidad. ¿Por qué? Porque después de tres meses se presenta en el Parlamento sin haber hecho sus deberes; porque después de casi tres horas en la Comisión de Sanidad, la semana pasada, apenas hizo referencia alguna al riesgo de contagio de la enfermedad en las personas, pues dedicó todo su tiempo a justificar errores desde que comenzó la crisis, a exponer de una forma alocada una agenda de reuniones sin orden ni concierto y a responsabilizar a otros de su incompetenciapara liderar la crisis.
Señora ministra, cuando existe una situación de riesgo para la salud de las personas, cuando además ese riesgo es previsible porque hay experiencias en otros países, las decisiones del Ministerio de Sanidad se han de tomar hoy de forma inmediata, con las dotaciones presupuestarias que hagan falta, sin escatimar recursos, ahora que todavía no tenemos ningún caso declarado de la nueva variante de la enfermedad de CreutzfeldtJakob. Señora ministra, al menos con la salud de las personas no hagan lo que han hecho con las vacas. No esperen a que aparezca un caso para entonces tomar medidas improvisadas y de forma precipitada. Así, evitaríamos la inseguridad que padecen en este momento no solamente los ciudadanos sino los profesionales sanitarios.
Señora Villalobos, en el Diario Médico, especializado y de tirada nacional, del día 8 de febrero se confirmaba la desorientación y la preocupación de los médicos ante la crisis de las vacas locas.
Trabajen con sensatez y con sentido común. Practique una política informativa clara y transparente. Que las familias españolas sepan a qué atenerse; que el Sistema Nacional de Salud esté dotado de los medios necesarios y que los profesionales trabajen con toda la seguridad posible. Eso es lo que esperan de una ministra de Sanidad y Consumo.
(Aplausos.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Me alegro de que se haya incorporado a su trabajo y haya superado su enfermedad. Me da la sensación de que usted no ha leído esa comparecencia o la ha leído de la forma que ha querido. No puedo resumir ahora lo que se habló en aquella comparecencia durante cuatro horas y las acciones que se han llevado a cabo desde el Ministerio, pero hay una cosa que me preocupa mucho, señora Valentín, viniendo de usted, sobre la que me hago permanentemente una pregunta. Usted, que fue consejera de una comunidad autónoma, sabe que las competencias de salud pública fueron transferidas entre 1979 y 1985 y que el control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación, venta de alimentos, bebidas y productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación humana corresponde a las comunidades autónomas. Usted conoce, además, las medidas que hemos tomado en el Ministerio en lo que se refiere a la prevención en salud humana. Y si esta precaución teníamos que haberla tomado el Gobierno del Partido Popular hace cuatro años, ¿dónde están sus recomendaciones como consejera de Sanidad y responsable de salud pública de Castilla- La Mancha? (Rumores.-Aplausos.) ¿Dónde están sus peticiones, señora Valentín? ¿Dónde está la presencia en los consejos interterritoriales y en las reuniones de la Dirección General de Salud Pública de su Consejería recomendando al Ministerio que tomara medidas? (Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, ruego guarden silencio.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señora diputada, creo que ante una situación de crisis alimentaria como en la que nos encontramos, en la que los ciudadanos están preocupados -y es lógico-, su actitud y la de su grupo siempre es la misma: criticar todo. Si se habla porque se habla; si se calla porque se calla; si se viene al Parlamento porque se viene; si no se viene porque no se viene. El caso es criticar. (Rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Villalobos.
Señorías, ruego guarden silencio para que por lo menos haya un nivel de audición suficiente para escuchar las intervenciones tanto de los diputados como, en este caso, de la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Me gustaría, señora Valentín, escuchar algo positivo de usted. Usted tiene la decisión: o es usted parte del problema o forma parte de la solución del problema.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿GARANTIZA LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000447.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada doña Isabel Pozuelo Meño.


La señora POZUELO MEÑO: Señora ministra, los consumidores están soportando hoy la mayor crisis de seguridad alimentaria en nuestro país como consecuencia de la frivolidad, la ineficacia y la irresponsabilidad de usted y de su Gobierno. Usted ha sido incapaz de prevenir y de garantizar la salud alimentaria de los españoles.
Durante más de cuatro años han estado negando la posibilidad de que la enfermedad existiera en España, a pesar de las inequívocas y serias advertencias de los comités europeos, y cuando ya era una evidencia ocultaron la información incapaces de tomar decisiones y de afrontar la situación. Pero su mayor fracaso ha sido la información y la comunicación a los ciudadanos, que ha puesto de manifiesto su insolvencia para transmitir seguridad, credibilidad y confianza.
Señora ministra, ¿puede usted asegurar hoy que la enfermedad no ha traspasado la cadena alimentaria? ¿Puede usted garantizarnos la seguridad alimentaria a los españoles?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
La pregunta dice que si yo personalmente garantizo la seguridad de los españoles. Señora diputada, yo sola no. Es necesario que en el Ministerio de Sanidad, con la colaboración y la cooperación de las comunidades autónomas y del sector, garanticemos esa seguridad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Señora ministra, usted es la máxima autoridad sanitaria de este país y su obligación era haber tomado decisiones eficaces para evitar esta crisis; ejercer el control sanitario para la producción y comercialización de los alimentos; vigilar la seguridad de los productos importados; coordinar a todas las comunidades autónomas; vigilar y controlar el traslado de enfermedades de los animales al hombre; gestionar la red de alerta alimentaria; informar adecuadamente a los consumidores sobre qué pueden comer, pero no con folletos que recomienden tener la carne en la nevera; garantizar un etiquetado claro e inequívoco. Su obligación es garantizar a todos la seguridad de los alimentos que van a consumir, y en lugar de ello usted se ha dedicado a dar consejos radiofónicos y recetas de cocina. Señora ministra, si hay algún producto en el mercado que no sea seguro, prohíbalo y retírelo. Su fracaso y su capacidad de crear alarma han provocado la desconfianza y el desconcierto, el temor de los ciudadanos ante esta crisis. ¿Cómo piensa usted recuperarlos? (Aplausos.)

Señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señorías, yo creo que ante una crisis de esta naturaleza hay dos posiciones: una, tomar decisiones, dar soluciones y tranquilizar; otra, armar el escándalo por armarlo. Usted ha decidido la segunda, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero no acuse al Gobierno de no haber tomado medidas, que las hemos tomado. Usted, que estaba presente en mi comparecencia -luego lo suyo es más grave que lo de su compañera- sabe todas las medidas que estamos tomando, como lo saben los directores generales que en una reunión de direcciones generales de Salud Pública de todas las comunidades autónomas dicen taxativamente que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias son las adecuadas, de acuerdo con el conocimiento científico, para prevenir que este mal no pase a la cadena humana. Nuestra preocupación desde el Ministerio de Sanidad es que no pase de ser un problema de veterinaria a un problema humano. En eso es en lo que estamos.
Sinceramente le voy a decir una cosa, señora diputada. Políticamente usted puede utilizar lo que quiera, pero los españoles son bastante más inteligentes de lo que usted se cree, y los ciudadanos españoles saben perfectamente... (Rumores.) Tranquilícense, señorías. Los españoles saben perfectamente que los consejos

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que ha dado la ministra de Sanidad se corresponden con la obligación de la ministra de Sanidad en salud pública, que por encima de todo son las medidas de precaución; y hay hasta sentencias del Tribunal Supremo que usted conoce. Por tanto, el Ministerio ha hecho lo que tenía que hacer. Nos gustaría que todas esas competencias que corresponden a las comunidades autónomas se las dijera usted a sus compañeros consejeros, porque si al final usted lo que está diciendo es que recuperemos las competencias transferidas a las comunidades autónomas, dígalo, pero no utilice usted aquí un lenguaje y otro diferente en las distintas partes del Estado español. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señora ministra.
Señorías, ruego guarden silencio y dejen intervenir.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): En lo que se relaciona con la salud de los ciudadanos espero el apoyo del Grupo Socialista a la creación de la agencia de seguridad alimentaria, que será una garantía importantísima para que cuestiones como las que coyunturalmente se han presentado ahora mismo puedan desaparecer.
Espero su opinión, su apoyo y, desde luego, que sea un poco más constructiva que lo está siendo en el problema de las vacas locas.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JORDI MARTÍ I GALBIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁNDO PREVÉ EL GOBIERNO APROBAR EL REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA VENTA Y LA UTILIZACIÓN DE APARATOS DE BRONCEADO MEDIANTE RAYOS ULTRAVIOLETAS? (Número de expediente 180/ 000453.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don Jordi Martí i Galbis.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Sanidad y Consumo, ¿cuándo prevé el Gobierno la aprobación del real decreto por el que se regula la venta y la utilización de aparatos de bronceado mediante rayos ultravioletas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Señor diputado, el real decreto que regulará la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante rayos ultravioletas puede estar aprobado en torno al segundo trimestre de este año.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Desde nuestro grupo parlamentario celebramos que los planes del Gobierno prevean la aprobación de este real decreto en este corto plazo. Sin embargo, han pasado casi tres años desde que tuvimos conocimiento del primer borrador del real decreto y todavía no se ha aprobado. En ese sentido, creemos que ha pasado demasiado tiempo y que los requerimientos emitidos en su día por los servicios competentes de la Comisión Europea no justifican la demora que se está produciendo en la aprobación e implementación del real decreto de referencia. No entraremos, aunque no por ello sea un tema menor, en cuestiones relativas a aspectos contemplados en el proyecto de real decreto que afectan o pueden llegar a afectar a las comunidades autónomas con competencias en sanidad y consumo. Lo que realmente nos preocupa, señora ministra, es el correcto ejercicio de la responsabilidad de los poderes públicos en una materia tan sensible como la que nos ocupa.
En estas últimas semanas, los problemas relacionados con la salud pública han sido el centro de atención de la opinión pública de nuestro país y del resto de Europa. Temas como la EEB, el reactor nuclear del submarino Tireless o cuestiones menos sangrantes como los riesgos para la salud humana que producen las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles y las antenas de telefonía móvil, entre otros. Los efectos sobre la salud pública de productos transgénicos se han situado en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos del Estado. Nos encontramos, pues, ante una excepcional sensibilidad de la ciudadanía en lo que afecta a la salud pública. En este sentido, ante la proliferación de centros y establecimientos de bronceado durante estos últimos años por toda la geografía española, creemos que ha llegado el momento de regular esta cuestión. Le instamos, señora ministra, dentro del plazo que nos ha avanzado, a la aprobación de dicha normativa, pidiéndole desde nuestro grupo parlamentario que sea desde el máximo respeto a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de sanidad y consumo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora presidenta.
Es cierto que en este momento en Europa hay una mayor sensibilidad sobre los temas relacionados con la salud pública. Me parece importantísimo que así sea y que se tomen precauciones y medidas adecuadas. En esa línea está la preocupación del Gobierno que se plasma en este real decreto.
Como sabe S.S., antes de poder discutir este real decreto con las comunidades autónomas, necesitamos el consenso en el seno de la Organización Mundial del Comercio y de la Comisión Europea. Ha sido complicada y difícil la negociación con la Unión Europea para conseguir que la norma aprobada por España estuviera dentro de las normas de la propia Unión. En este momento estamos convencidos -por eso puedo darle fechas- de que ya hay un consenso entre el Ministerio de Sanidad y la Unión Europea para que este real decreto vea la luz.
En función de las competencias que en salud pública son de las comunidades autónomas, se presentará el real decreto en el seno de la Comisión de salud pública del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud y será discutido respetando escrupulosamente, como no podía ser menos, las competencias de las comunidades autónomas.
Estoy convencida de que en este segundo trimestre aprobaremos este real decreto. Sabemos que existe gran preocupación por la venta y utilización de estos bronceadores sin un control sanitario hasta el último momento que garantice la salud de las personas que lo puedan utilizar.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS REVUELTA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN ABORDANDO DESDE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN PARTICULAR A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD? (Número de expediente 180/000457.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don Carlos Revuelta Méndez.


El señor REVUELTA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, que prevenir es mejor que curar lo dice la sabiduría del refranero popular español. Sin embargo, no fue hasta 1974 cuando a raíz de los estudios del ministro canadiense Lalonde sobre los determinantes de la salud y del gasto sanitario se pudo demostrar de una manera científica y contable que invertir en el medio ambiente y en los estilos de vida es la forma más eficaz y eficiente de contribuir a mejorar la salud de las poblaciones. Desde entonces, la educación para la salud es una de las tareas fundamentales de los profesionales de la salud y de las administraciones sanitarias. Sin embargo, a pesar de que la educación para la salud es preconizada por todos los organismos internacionales, en España durante muchos años ha quedado este tema relegado a la actuación de distintos colectivos y asociaciones a título personal. Así, creo conveniente señalar en estos momentos la actuación de la asociación Alezeia de educación para la salud, colectivo multidisciplinar presidido por la doctora Isabel Serrano González, que edita la revista A tu salud, reconocida de interés científico sanitario por la Unesco y que desde hace muchos años viene interviniendo y siendo un referente para todos los profesionales en este campo. Porque creemos que invertir en promover la salud es la mejor manera de ahorrar en conservar, recuperar y rehabilitar la salud, porque creemos que ha llegado el momento de que las administraciones públicas apoyen de una manera decidida y sin reservas este tipo de intervenciones y porque creemos que el Gobierno también lo cree, es por lo que le formulo, señora ministra, la siguiente pregunta: ¿Qué medidas se están abordando desde el Ministerio de Sanidad y Consumo respecto a la promoción de la salud y en particular a la educación para la salud? Muchas gracias, señora ministra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, presidenta.
Efectivamente, señor diputado, la prevención, que hace unos años formaba parte casi de un accésit en la responsabilidad, la competencia y el trabajo habitual del Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha convertido en un eje fundamental, porque es cierto que la prevención en la salud es la mejor forma de invertir en sanidad para el futuro, y en este sentido se han tomado medidas adecuadas para que la prevención se convierta en la base fundamental del trabajo cotidiano de los responsables de sanidad. En el año 1998 se creó un grupo de trabajo de promoción de la salud en el seno del Consejo interterritorial, es decir, con todas las comunidades autónomas, para ofrecer un marco permanente en el intercambio de experiencias para mejorar la calidad de las actividades de promoción y educación de la salud. Este grupo de trabajo está desarrollando en este momento el sistema de información en promoción y educación para la salud, Sipyes, que se dedica a fomentar la participación española en promoción y educación, firmar convenios de colaboración anual para la promoción de la salud en sectores claves con el Ministerio de Educación, lógicamente, puesto que tiene la responsabilidad de la educación y por tanto de la escuela.En este convenio con el Ministerio de Educación

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hemos invertido 65 millones de pesetas; con el Instituto de la Mujer, 6.800.000 pesetas; con la Sociedad Española de familia y medicina comunitaria, 6 millones, y con el Instituto de la Juventud estamos negociando en este momento este mismo convenio. Las actuaciones tendentes a estas acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad y Consumo se dirigen a la coordinación de actividades de educación sobre la salud, a la que destinamos 180 millones de pesetas; a transferencias a las comunidades autónomas para programas de prevención y promoción de la salud, 400 millones de pesetas; a transferencias a las comunidades autónomas para programas autonómicos derivados del Plan nacional sobre el sida, 785 millones de pesetas y a actividades relativas a la lucha contra el sida, 704 millones de pesetas. El esfuerzo que el Ministerio tiene que hacer cada vez más por la prevención está en el eje fundamental de nuestro trabajo. Unos españoles cada vez más sanos, más mayores pero en mejores condiciones, es una de las metas que nos hemos marcado desde el Ministerio de Sanidad y Consumo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARISA ARRÚE BERGARECHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ NOVEDADES RECOGEN LAS RECIENTES CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN ESPECIAL POR LO QUE SE REFIERE AL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN? (Número de expediente 180/000463.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula a la señora ministra de Ciencia y Tecnología la diputada doña Marisa Arrúe Bergareche.


La señora ARRÚE BERGARECHE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la economía y la sociedad española necesitan un fuerte impulso en materia de desarrollo científico y tecnológico. En la década de los noventa vimos cómo el esfuerzo tecnológico español no aumentaba y mantenía una gran distancia respecto a los países más avanzados del mundo desarrollado. Quizá por ello se entiende mejor el empeño que el Gobierno del Partido Popular está poniendo en el desarrollo del nuevo Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2000-2003. Uno de los objetivos pretendidos en este plan es el fortalecimiento de la capacidad investigadora, tanto en el sector público como en el sector privado, y para ello confía en la potenciación de recursos humanos que lo hagan posible. Entre los medios que contribuyan a alcanzar este objetivo, el citado plan propone un sistema de becas y de ayudas que permita al investigador que ha acabado el ciclo de formación superior dedicarse por entero a las tareas de investigación científica sin otra preocupación que la de realizar un excelente trabajo.
En los presupuestos para el año 2001, el Ministerio de Ciencia y Tecnología prevé gestionar un conjunto de actuaciones que sin duda potenciarán el capital humano de mayor nivel. La combinación de becas, las estancias subvencionadas en centros extranjeros y los contratos de incorporación de doctores favorecen la movilidad, la formación y el perfeccionamiento de nuestros más prometedores investigadores científicos. Ahora bien, es importante conocer exactamente cómo se ha articulado la más novedosa de estas actuaciones. Por eso, señora ministra, me parece oportuno hacer la siguiente pregunta: ¿Qué novedades recogen las recientes convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en especial por lo que se refiere al personal investigador en formación? Muchas gracias, señora ministra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arrúe.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, presidenta.
Señoría, efectivamente, con estas órdenes que corresponden al 12 y al 31 de enero de 2001, por las que se convocan respectivamente becas predoctorales de formación de investigadores y ayudas para la realización de proyectos de investigación y desarrollo en el marco de los trece programas nacionales del Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación 2000-2003, se han dado pasos importantes cualitativa y cuantitativamente para el desarrollo de nuestro sistema de ciencia y tecnología, tanto en materia de recursos humanos de investigación como en la promoción de la investigación de calidad.
Hay una relevante dotación presupuestaria que amplía las posibilidades para el personal investigador en formación aumentando, en este caso, la dotación de las becas predoctorales a 160.000 pesetas, sea cual sea la anualidad de disfrute de la beca; es decir, para los nuevos y para los 1.110 becarios existentes en la actualidad, que se benefician de incrementos que llegan a entre el 28 y el 39 por ciento. Asimismo, hemos dotado e incrementado el número de becas que se convocan en un 47 por ciento, lo que significa 750 convocadas para el año 2000. Además, se establecen condiciones especiales por lo que se refiere a la fecha de terminación de estudios para aquellas personas que se hayan dedicado al cuidado de hijos menores, hayan colaborado con una ONG o hayan trabajado en una empresa. Se mejoran las prestaciones sociales de las becas con el establecimiento del permiso de maternidad, durante el cual se cobrará el 75 por ciento de la cuantía de la beca. Por otra parte, las ayudas para

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la realización de proyectos de I+D en el marco del plan nacional de la Orden de 31 de enero podrán destinarse a la financiación de personal en régimen de formación predoctoral, requiriéndose que su régimen retributivo sea el establecido por la Orden de las becas predoctorales. Es decir, una actuación clara que beneficia los proyectos de investigación y a sus investigadores, y además evita que las ayudas acaben generando contratos precarios. También aumenta el presupuesto en un 50 por ciento y se mejoran los mecanismos de gestión y evaluación. Por tanto, hay avances significativos en cuanto al papel de los becarios en la definición de la carrera del investigador, para darle fortaleza y reconocimiento social y desterrar la precariedad y la endogamia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO HA LLEVADO A CABO LAS OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DE LOS ARROYOS QUE HUBIERAN EVITADO LAS RECIENTES INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE MÉRIDA Y BADAJOZ? (Número de expediente 180/000448.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, dirigida al señor ministro de Medio Ambiente y que formula el diputado don Francisco Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señor ministro, desde hace algunos meses el riesgo se cierne sobre numerosos ciudadanos de Extremadura y de las zonas más pobladas de la misma, viven inquietos, alarmados y temerosos. Han visto y padecido crecidas y desbordamientos de sus ríos, cortes de carreteras, inundaciones que aislan sus barriadas, que llenan sus casas de agua, de barro, de lodo y sobre todo de impotencia. Vienen sufriendo un ciclo fatídico en el que en el mejor de los casos lo que abundan son desalojos, evacuaciones, y pérdidas en sus enseres y en sus pequeños negocios.
Esos ciudadanos creen, además, que los gobernantes fácilmente olvidan determinados hechos y que están siendo víctimas de la lentitud y de las promesas incumplidas. Se preguntan con razón qué tiene que pasar de nuevo para que se arreglen los problemas de encauzamiento de los ríos que les son más próximos.
A usted, señor ministro, le corresponde dar una respuesta satisfactoria a las inquietudes de estos ciudadanos. En Mérida y en Badajoz hay un grave problema de seguridad física que nos debe llevar a que no vuelva a ocurrir aquello que está ocurriendo, aquello que aconteció en noviembre de 1997, aquello que acaba de pasar hace siete días. Señor ministro tiene usted que comprometerse con cantidades, con plazos, con fechas en la resolución de los problemas de estos ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, quiero iniciar esta respuesta diciéndole que estoy de acuerdo con su inquietud; estoy de acuerdo absolutamente y comparto naturalmente la voluntad de solucionar este problema, el encauzamiento de estos arroyos a los que usted hace referencia y es compromiso de este Ministerio hacerlo de esta manera.
Quiero decirle simplemente -respondiendo estrictamente a su pregunta- que este proyecto fue declarado de interés general en el año 1998, que se iniciaron los trabajos de redacción del proyecto y que efectivamente en estos momentos, en el mes de enero se ha aprobado el proyecto, incluso se ha aprobado el expediente de información pública, un proyecto de 4.892 millones de pesetas, y en los primeros días de febrero se ha iniciado el expediente de expropiaciones y de autorización del Consejo de Ministros.
Pero su pregunta era: ¿por qué ha sufrido retraso este proyecto? El retraso ha obedecido al estudio de impacto ambiental que ha exigido una serie de modificaciones muy importantes y yo le pregunto a usted: ¿está usted de acuerdo -usted sí que lo entenderá, estoy seguro- en que hagamos y respetemos las prescripciones que se establezcan en este estudio de impacto ambiental?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor ministro, hace poco un compañero suyo le decía a la ministra de Sanidad que era mejor prevenir que curar. Mire, señor ministro, le he planteado un problema de seguridad física de dos núcleos de población muy importante, y no he querido recordarle que su departamento es el que peor realización tiene en el grado de inversión pública que anualmente aprobamos en esta Cámara.
Creo que en este momento todos, usted también, tenemos que extremar el celo con el fin de que no vuelvan a repetirse lamentables sucesos como los que han vivido los ciudadanos de Mérida y de Badajoz.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias.
Brevemente, pero cuando hable de ejecución con respeto le pido que se atenga a los últimos datos de este año y verá que esta afirmación no es cierta.
Segundo, son muy importantes, lo más importante, las vidas de estas personas que pudieran estar en peligro, de ahí el compromiso del Ministerio. Pero usted no me ha contestado a la pregunta que le he hecho. Esto es el Ministerio de Medio Ambiente, las obras tienen que hacerse respetando el impacto ambiental y la conservación de nuestro patrimonio natural, que es lo que en estos momentos debe plantearse a la hora de iniciar cualquier tipo de obras de estas características.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONDICIONA EL GOBIERNO LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS PENDIENTES EN GALICIA A QUE SIGA GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GALLEGA? (Número de expediente 180/000449.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.
En primer lugar la número 17, que formula la diputada doña Carmen Marón Beltrán.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado día 4 leímos en la prensa: El señor Aznar condiciona los proyectos pendientes a que el PP siga gobernando en Galicia. ¿Ratifica usted estas declaraciones?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señoría, esa eventualidad que S.S. plantea en la pregunta y que a mí me parece remota, ¿tiene algún dato fiable con el que S.S.
pueda ilustrar a esta Cámara?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Señor ministro, el dato fiable son los titulares de los medios de comunicación gallegos del día 4 de febrero. Yo no estuve en ese acto, evidentemente.


Galicia, señor Cascos, necesita más inversiones en puertos, aeropuertos, en tren de alta velocidad, necesita terminar las autovías, porque le recuerdo que llevamos cinco años de retraso. Lo cierto es que la inversión real de 1996 a 2001 ha caído el 40 por ciento. No contentos con esto ustedes chantajean, o pretenden chantajear a los gallegos diciendo que si Fraga pierde las elecciones el Gobierno cerrará el grifo. Díganos con claridad: si el Partido Socialista gobierna Galicia, ¿qué proyectos dejará de financiar? Cuando el señor Aznar hizo esa afirmación, ¿qué estaba pensando? ¿Que es su estilo como gobernante? ¿Que quiere condicionar la libertad de los gallegos? ¿Que duda de nuestra inteligencia? Allí curiosamente el señor Aznar anunció también su deseo de bajar a la tierra, pero no se acercó a los mortales gallegos ni a los graves problemas que hoy les agobian, como la crisis del sector pesquero, el drama que viven ganaderos y una larga cadena de afectados por el mal de las vacas locas totalmente hundidos, o los daños por las inundaciones sin resolver. Ante estos problemas el señor Aznar se ha quedado mudo en Galicia, ni una palabra. De verdad, de lo que importa a los gallegos, nada de nada.
Señor ministro, la libertad de voto es la máxima expresión de nuestra democracia, nada ni nadie puede coartarla y menos el presidente del Gobierno. Su obligación es invertir en función de las necesidades de los ciudadanos, gobierne quien gobierne, y no como es su estilo, queriendo amordazar la libertad de los ciudadanos gallegos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señoría, yo esperaba que nos aportara algún dato sobre las posibilidades remotas de que se produzca ese hipotético escenario de que gobierne el Partido Socialista en Galicia (Rumores.), porque de verdad es la clave de la preocupación de S.S., es el motivo de su pregunta. (Aplausos.) Me parece tan remota esa posibilidad que creo que el nivel de preocupación en Galicia debe ser mínimo en estos momentos, repito, salvo que S.S. tenga datos que no conozcamos el resto de los ciudadanos.
En todo caso, aunque esa posibilidad fuera remota, quiero disiparle todas sus preocupaciones, primero, porque usted que es gallega me va a entender muy bien. En Galicia la palabra dada tiene mucha importancia y yo creo que usted no tiene ningún motivo para pensar que la palabra que hemos dado y formalizado en Galicia no se vaya a cumplir, entre otras cosas porque si algo ha cambiado en la política española desde el año 1996 es que el Partido Popular cumple sus promesas,

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las hace y las cumple (Rumores.) Es el primer rasgo. Pero si tiene usted duda de la palabra dada quiero decirle, en relación por ejemplo con el tema de la alta velocidad, que hay suscrito un convenio, y ese convenio se ha hecho en aplicación de una ley que aprobó esta Cámara en el año 1996, que obliga a los ministros a pasar por el Consejo de Ministros para autorizar y comprometer todos los gastos plurianuales. Este convenio está autorizado, los gastos están comprometidos hasta el año 2007 y publicados en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado es testigo de un compromiso del Gobierno de José María Aznar de invertir 130.000 millones de pesetas en Galicia.
Quiero hacerle una última consideración. Aunque dejara de gobernar José María Aznar e hipotéticamente gobernara el señor Zapatero, tampoco podría incumplir la palabra dada. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ PLANES CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA DOTAR AL CORREO PÚBLICO DEL MISMO NIVEL TECNOLÓGICO QUE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000459.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula la diputada doña María Amparo Ferrando Sendra.


La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como ya sabe la Cámara, Correos y Telégrafos ha obtenido por primera vez beneficios en la cuenta de explotación, con un resultado neto de 407 millones de pesetas en el ejercicio pasado.
Además, todos conocemos que con la Ley de acompañamiento que el Gobierno aprobó recientemente se acordó la constitución de una sociedad estatal para que Correos pudiera competir en un marco de mayor liberalización.
Por otra parte, el Gobierno tiene previsto un importante incremento de la inversión, inversión sobre todo en lo que se refiere a la calidad en el servicio postuniversal; una calidad que se mide, entre otros parámetros, en el tiempo de entrega de la correspondencia a los usuarios. Eso va a comportar que se ponga en marcha un plan de mayor automatización del servicio. La aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de Correos y Telégrafos ha de ser una apuesta decidida por parte del Gobierno que desde nuestro grupo no dudamos que así será, en primer lugar para mejorar la calidad de dicho servicio, y en segundo lugar para garantizar que la puesta en marcha del mismo, es decir de este plan de automatización, se dé en las mejores condiciones posibles a los ciudadanos. Somos conscientes, además, de que la implantación de un nivel tecnológico aplicado al servicio de Correos y Telégrafos tiene que realizarse a lo largo de todo un proceso y desde luego por fases, un proceso que al final culmine con un mayor equilibrio respecto a los países de la Unión Europea.
En resumen, teniendo en cuenta el excelente resultado en los beneficios mencionados anteriormente, así como también la aplicación de las nuevas tecnologías, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué planes contempla el Gobierno para dotar al correo público del mismo nivel tecnológico que en los países de la Unión Europea? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ferrando.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Gracias, señora presidenta.
Su Señoría tiene mucha razón cuando dice que el reto de Correos tiene mucho que ver con el grado de tecnificación de sus actividades. De hecho mientras los principales operadores públicos de Correos europeos tienen el 95 por ciento de su trabajo automatizado, Correos y Telégrafos de España está en el 16 por ciento. La necesidad de corregir este déficit de inversiones es una de las razones que avalaron la propuesta de transformación de Correos en sociedad estatal, que aprobaron estas Cortes y que permitió incrementar el presupuesto para este año, el ejercicio 2001, en un 50 por ciento con relación al año anterior. El presupuesto de inversiones de Correos para este ejercicio asciende a 40.472 millones de pesetas, con los cuales pondrá en marcha tres planes: uno de automatización entre los años 2001 y 2004, otro de contenedores que tiene también el mismo horizonte, y finalmente un plan de informatización con horizonte 2001-2003. Este primero, el de automatización, tiene un presupuesto para el cuatrienio de 51.344 millones de pesetas, una parte para equipamientos y otras para obras en los centros. Hace dos semanas se adjudicaron los primeros contratos de este equipamiento, concretamente se han adjudicado 21 equipos a la empresa Siemens, por importe de 7.500 millones de pesetas, lo cual va a permitir la automatización de Madrid, Barcelona, Vitoria, Santiago, Oviedo, Granada, Sevilla, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Alicante, Zaragoza, Badajoz, Valladolid y Toledo; esto en la primera fase. En la segunda fase continuará hasta el importe que le he dicho y concluirá en el año 2004 con ese objetivo de elevar el grado de automatización en Correos hasta el 80 por ciento en ese año.
A su vez, el plan de contenedores contempla inversiones de 1.500 millones de pesetas y el plan de informatización tiene unas previsiones

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de 29.200 millones de pesetas que quedan cubiertos con las posibilidades de inversión que hoy tiene la sociedad estatal Correos y Telégrafos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MERINO SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN ESPAÑOLA RESPECTO A LA INICIATIVA COMUNITARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CIELO ÚNICO EUROPEO? (Número de expediente 180/000460.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don Antonio Merino Santamaría.


El señor MERINO SANTAMARÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en diciembre de 1999 la Comisión Europea envió al Consejo y Parlamento Europeo la comunicación sobre la creación de un cielo único europeo, dirigido a proponer acciones específicas que resuelvan la situación actual relativa al tráfico aéreo. Para ello se estableció un grupo de alto nivel sobre espacio único europeo que se conoce con las siglas HLG. Al parecer y hasta el día de la fecha, han tenido lugar como 10 reuniones y los progresos del HLG se han basado en los trabajos llevados a cabo por los cinco subgrupos creados.
Recientemente se ha finalizado el borrador del informe final del HLG, en el que se destacan una serie de ideas. Al mismo tiempo, es conocido que la vicepresidenta y comisaria de Transportes y Energía impulsa el proyecto denominado cielo único, que pretende superar el modelo basado en la repartición del espacio según las fronteras nacionales, para llegar a otro de gestión simplificada y racionalizada, según el concepto similar al ya existente para el mercado único. Vinculado al mismo debemos contemplar la participación nacional en el proyecto de navegación por satélite Galileo, uno de los retos tecnológicos más importantes de España en la actualidad.
Por ello, es el momento de tomar decisiones comunes para solucionar un problema paneuropeo que admite pocas soluciones individuales debido a su alto grado de interconexión. Es fundamental establecer un marco regulador efectivo tanto a nivel europeo como nacional y para ello es imprescindible el apoyo claro a la introducción de la separación entre la regulación y la provisión de servicio. La introducción de separación debería realizarse a nivel europeo y nacional. La solución no se debe concentrar sólo en medidas operativas a corto plazo. Las reformas estructurales serán, sin duda, más difíciles de establecer y necesitarán más tiempo, pero son la base fundamental para una solución definitiva del problema.
Por todo ello, señor ministro, ¿cuál es la posición española respecto a la iniciativa comunitaria para el establecimiento del cielo único europeo?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno español está apoyando desde el primer momento el proyecto conocido popularmente como cielo único europeo y que está bajo la responsabilidad de la presidenta y comisaria europea de Transportes que en estos momentos y después de los trabajos realizados está a punto de elaborar una comunicación, que todavía no conocemos, para ser elevada al Consejo Europeo de Estocolmo que tendrá lugar a finales de marzo. En esta comunicación la Comisión tendrá que traducir las recomendaciones que hasta ahora se han ido alcanzando en términos de acciones concretas y también en proporcionar un plan de acción y una planificación en el tiempo del desarrollo de este nuevo modelo de gestión del tráfico aéreo.
Quiero decirle que además no sólo estamos de acuerdo con las líneas básicas, sino que estamos de acuerdo con todos y cada uno de los puntos en los que hasta ahora ha habido acuerdos del grupo de alto nivel. Concretamente, estamos de acuerdo en la urgente necesidad de establecer un fuerte regulador en la Comunidad para garantizar la mejor gestión, la óptima gestión del espacio aéreo europeo. En segundo lugar, que se considere el espacio aéreo europeo como un recurso común. En tercer lugar, que se establezcan sinergias entre los organismos de la Unión Europea, concretamente los poderes reguladores y el actual organismo Eurocontrol; que se establezca una cooperación activa y operativa entre las autoridades militares que gestionan una parte muy importante del espacio aéreo y las autoridades civiles, de manera que haya una gestión conjunta civil y militar en el tráfico aéreo; que además se aproveche la oportunidad de incorporar las nuevas tecnologías, respetando la prioridad a favor de la seguridad y mejorando la interoperatividad entre los distintos sistemas; y finalmente, que contemple también la necesidad de impulsar el diálogo social en el ámbito comunitario, para que progresivamente mejore la capacitación del conjunto de personas que sirven a este sistema en toda Europa.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON HÉCTOR ESTEVE FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO

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EL GOBIERNO PARA QUE LA BASE AÉREA MILITAR DE LOS LLANOS PUEDA SER UTILIZADA POR EL TRANSPORTE CIVIL? (Número de expediente 180/000461.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don Héctor Esteve Ferrer.


El señor ESTEVE FERRER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nunca en el tiempo Albacete ha acumulado un mayor número de proyectos que los que ahora están en marcha. Como usted conoce, pues no en vano el Ministerio de Fomento está realizando un gran esfuerzo inversor en mi provincia y fundamentalmente en la ciudad de Albacete, hasta el punto que yo me atrevería a decir que Albacete va a llevar a cabo una transformación que será la más radical de su historia y que ha venido siendo demandada por su sociedad.
Uno de los proyectos que confirman el deseo que tienen los ciudadanos de Albacete de ganar el futuro, de iniciar este nuevo siglo con una moderna red de infraestructuras que permitan el despegue definitivo de la ciudad con mayor crecimiento de Castilla-La Mancha, es la posibilidad de hacer realidad un histórico sueño de los albaceteños: el uso civil de la Base Aérea Militar de Los Llanos.
Hoy día en Albacete nadie duda de que el Gobierno del Partido Popular hará posible que Albacete cuente con el primer aeropuerto de Castilla-La Mancha. Se ha avanzado bastante desde que en marzo de 1999, en contestación al entonces alcalde popular del Ayuntamiento de Albacete, el coronel jefe de la base constatara que por parte del Ministerio de Defensa no existían inconvenientes para la apertura al tráfico civil de la Base Aérea de Los Llanos. Creo que el Partido Popular también ha contribuido a dicho avance desde entonces, canalizando las expectativas de progreso que para los albaceteños supone este proyecto, consiguiendo por ejemplo que el 17 de febrero de 2000 el pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha decidiera por unanimidad apoyar una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que tenía como finalidad reclamar la utilización compartida de la base aérea a los ministerios de Defensa y de Fomento o como también ocurrió el 25 de febrero de 2000, cuando el Ayuntamiento de Albacete en pleno aprobara por unanimidad una propuesta del Grupo Popular a una iniciativa similar.
Por ello, señor ministro, desde el reconocimiento al impulso político que usted ha sido capaz de dar a este gran proyecto desde que el 21 de septiembre pasado en su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras del Senado adelantara que los ministerios de Fomento y de Defensa estaban estudiando un convenio de aprovechamiento conjunto de la Base militar de Los Llanos, de Albacete, que permitiera a AENA habilitarlo para vuelos comerciales, lo cual se plasmó en un protocolo de intenciones que firmaron el ministro de Defensa y usted mismo en este Parlamento días después o el acuerdo de colaboración que, junto con la administración autonómica, firmaron en Albacete el pasado 2 de febrero de 2000, le pregunto: ¿qué está haciendo el Gobierno para que la Base Aérea Militar de Los Llanos pueda ser utilizada por el transporte civil? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteve.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señoría, en estos momentos estamos poniendo en marcha los compromisos que se derivan de los protocolos y de los acuerdos que ha citado S.S. y que han sido fruto de unas gestiones laboriosas que a instancia, por supuesto y como ha citado, de las autoridades y las instituciones de Albacete, y muy particularmente del programa planteado en distintas instancias por el Partido Popular, tenían como objetivo la apertura al tráfico civil de la base militar de Albacete, que hoy es ya la séptima base aérea militar abierta al tráfico civil y que junto con los nueve aeropuertos de uso compartido con el Ejército del aire y los 30 aeropuertos de interés general, forman parte de una red de 46 aeropuertos españoles de interés general.
Como consecuencia del protocolo nos hemos comprometido, para facilitar el uso civil de la base, a garantizar la permanencia e impermeabilidad de las instalaciones militares, la continuidad de los servicios que actualmente se prestan, la prioridad de las operaciones aéreas en beneficio de la defensa nacional y la ausencia de coste para el Ministerio de Defensa; es decir las inversiones las realizarán el Ministerio de Fomento y AENA con cargo a sus propios presupuestos. Estas inversiones, sobre las que actualmente se está en fase de estudios y proyectos, se contemplan en el convenio firmado el 29 de enero entre el Ministerio de Defensa y AENA, concretamente en el área de maniobra la construcción de una plataforma de estacionamiento aproximadamente de 20.000 metros cuadrados, un edificio terminal de unos 1.500 metros cuadrados con capacidad de procesamiento de 220 pasajeros y distintas inversiones para accesos, aparcamiento de vehículos, servicio de extinción de incendios, medidas de seguridad y mejoras en las instalaciones de navegación aérea. En total los estudios actualmente en marcha y los proyectos iniciados suponen un coste aproximado para AENA de unos 1.800 millones de pesetas, que si no surge ningún inconveniente, y creo que los acuerdos con la comunidad autónoma facilitarán que desde el punto de vista urbanístico haya colaboración de todas las instituciones, tal como se prevé en el protocolo firmado

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por el presidente de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en el plazo previsto de dos años esté...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE RESIDUOS. (Número de expediente 172/000059.)

La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de política general en materia de residuos.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, formulamos esta interpelación en un momento que nosotros estimamos idóneo hablar de un tema tan importante y tan en boga, al menos desde nuestro punto de vista, como es lo que tiene que ser la gestión de los residuos en España. Somos conscientes del reparto competencial que existe con las comunidades autónomas en materia de residuos, y por tanto no me gustaría que se fuera por esa línea a la hora de las responsabilidades y dijera que no hay responsabilidad porque esto es culpa de las comunidades autónomas. La Administración central tiene unas competencias, las comunidades autónomas tienen otras y los ayuntamientos, las suyas. En esta interpelación no estamos hablando de lo que pueden o deben hacer las otras instituciones, en esta interpelación, señor ministro, estamos hablando de la capacidad de gestión y de iniciativa política que tiene el propio Ministerio de Medio Ambiente y de qué está haciendo en el desarrollo de la política de residuos en España y más en estos momentos en que tenemos sobre la mesa la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, vulgarmente denominada EEB.
Me decía el otro día, señor ministro, respondiendo a una pregunta, que yo desconocía nuestra legislación. Me lo decía con humildad. Con la misma humildad le tengo que decir que no es cuestión de ver quién sabe más, a lo mejor por ser usted ministro existe la percepción de que sabe más; no lo sé. Sí sé que en materia de residuos hay una serie de actuaciones que usted tiene que llevar a cabo y que no dependen tanto del conocimiento de la ley, sino de la capacidad que usted tenga de dirigir un Ministerio para que esas medidas se pongan en marcha. No voy a entrar en el mayor o menor conocimiento; no estamos aquí ante un examen, y si fuera así sería el suyo, no el mío ni el de mi grupo. Lo que sí sé también es que en relación con la situación actual de la política de residuos, de lo que debiera hacerse o de lo que han hecho ustedes en el último tiempo habría que decir lo siguiente.
En 1998 elaboraron la Ley de residuos, que incorporaba una Directiva comunitaria, la 91/156 de las Comunidades Europeas, que se aplicaba de manera supletoria respecto a la eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal a lo no regulado en el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre. Esta ley, señor ministro -y hablamos de 1998-, todavía no ha tenido desarrollo reglamentario, y si lo ha tenido espero que diga cuál es; nosotros entendemos que no ha habido desarrollo reglamentario y que no se han dictado normas específicas para determinados tipos de residuos. Dicha Ley recogía la necesidad de elaborar distintos planes nacionales de residuos y hasta ahora sólo han aprobado el Plan nacional de residuos urbanos, del que como usted sabe perfectamente quedan excluidos los residuos peligrosos. Este Plan 2000-2006 fue aprobado en el mes de enero del año 2000, tres meses antes de celebradas las elecciones, cuando nosotros ya no estábamos aquí, porque se habían disuelto las Cámaras; por tanto no tuvo ningún debate, no hubo ninguna reflexión en esta Cámara y nada se pudo hacer sobre el conocimiento de ese plan hasta septiembre/octubre del año 2000, cuando la secretaria general de Medio Ambiente lo expuso en la Comisión. Curiosamente, cuando expuso sus contenidos reconoció de manera muy explícita la carencia de datos fiables en su elaboración. Los que se usaron eran antiguos, según sus propias palabras. Es decir, en la elaboración de un ambicioso plan, con muchos programas, se partía o estaba basado en datos insuficientes. Su plan se desarrollaba a través de cuatro programas: un programa nacional de prevención; un programa nacional de recuperación y reciclaje, que contenía otra serie de subprogramas, por decirlo de alguna manera, que hacían referencia a envases y residuos de envases, al compostaje, a la valoración energética, a un subprograma nacional de eliminación; había un programa de sensibilización pública y concienciación ciudadana, y un programa de formación de personal especializado. Este es su marco: la ley desarrollada a través de unos planes, y de esos planes, señor ministro, salvo el que le he comentado de residuos urbanos, no hay ni uno en marcha, no los conocemos. Y ustedes, sin embargo, sí que recibieron una herencia, que no la quieren reconocer, y es que desde 1995 al 2000 se puso en marcha un plan de residuos tóxicos y peligrosos que paralizaron, como he dicho anteriormente, y que lo hicieron de tal manera que en el año 1997, de los 1.300 millones de pesetas que tenían que transferir a las comunidades autónomas para la ejecución de dicho plan, únicamente transfirieron 76 millones de pesetas, y al día de hoy no hay, como le decía antes, ningún plan nacional de residuos

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peligrosos. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El plan nacional de residuos urbanos establece que habrá un plan nacional de residuos especiales, y la señora Tocino dijo en sus declaraciones en esta Cámara que elaboró borradores pero ninguno ha visto la luz. En septiembre del año 2000 su Secretaría General anunció también que estos planes de residuos especiales habían sido sometidos a información pública y serían aprobados en breve. Estos planes eran: plan nacional de neumáticos fuera de uso; plan nacional de vehículos fuera de uso; plan nacional de residuos de matadero, decomisos y animales muertos, que ojalá estuviera en marcha, señor ministro, porque en estos momentos tendría usted un instrumento sobre el que trabajar para llevar a cabo el tratamiento adecuado de los residuos derivados de la enfermedad de las vacas locas; un plan nacional de lodos de depuradoras; un plan nacional de residuos voluminosos y un plan nacional de residuos de construcción y demolición. Y con todos esos planes, señor ministro, me gustaría saber qué ha pasado, con todos; si usted me quiere decir algo en especial sobre alguno de ellos, no me importaría, pero sí que me gustaría que me dijera sobre esos planes qué tipo de previsiones tienen en estos momentos.
En definitiva, tienen el marco jurídico, tienen los planes, y surge el problema de las vacas locas. Y si ustedes hubieran actuado con la diligencia que es exigible a todo buen gobernante, cuando en el mes de junio del año 2000 ustedes tienen comunicación de la Unión Europea de que hay que empezar a tratar el problema de las vacas locas porque hay indicios de que esto va en serio, ustedes hubieran hecho algo, pero no hicieron nada. Y usted, concretamente, su Ministerio, a pesar de que ha habido otros ministros, como el ministro de Agricultura, o la ministra de Sanidad, que han salido a la palestra, han dado la cara (mal dada, y la prueba es que les han abofeteado, simbólicamente, y no se ha aceptado una reprobación porque su grupo no ha querido), usted, señor ministro, ha estado fuera de todo este proceso.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado? La propia ley que usted me decía que yo desconocía, señor ministro, le obliga a usted a que, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos y métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo ni para la flora ni la fauna, sin provocar incomodidades por el ruido o por los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés, deberían haber llevado a cabo el desarrollo de ese plan de residuos. ¿Usted ha actuado en todo este proceso de acuerdo con estos objetivos? ¿Usted, señor ministro, piensa que esta norma que le acabo de leer, que usted no ha desarrollado, es la norma que le ha servido de pauta para marcar los caminos a seguir en todo el proceso de tratamiento del problema de las vacas locas desde el punto de vista medioambiental? Señor ministro, hasta el día 24 de noviembre no se regula la destrucción de los MER y, según este decreto que regula los MER, después de su extracción deben ser destruidos completamente o entregados a la industria de transformación autorizada para su posterior eliminación.
El siguiente paso es que, para llevar a cabo este tratamiento, ustedes firman un acuerdo con las industrias cementeras y, señor ministro, en ese acuerdo, que tengo por aquí, usted no aparece, y el título del acuerdo es: Acuerdo marco de colaboración de Agricultura y Oficemen para la adopción de medidas de apoyo a la lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina en materia de destrucción de harinas de carne. Y esto tiene consecuencias medioambientales, puede tener consecuencias de contaminación y eso, por mucho que me diga, señor ministro, lo tenía que haber firmado usted o, al menos, los dos; puesto que quieren firmar un convenio con estas empresas para eliminar este tipo de residuos, lo tienen que firmar ustedes dos y ustedes no lo han hecho.
Señor ministro, sinceramente, espero que usted me diga qué medidas se han puesto en marcha desde que se inicia todo este proceso, qué participación ha tenido usted y qué le parece la incineración, el pretratamiento, el enterramiento, es decir, qué reacción tiene usted ante las imágenes de los enterramientos que se han producido, por qué razón el Ministerio de Medio Ambiente no ha puesto encima de la mesa una serie de pautas (para que las conozcamos todos, no para que las conozcan, según parece, algunos miembros del Gobierno) que nos indiquen que usted ha tenido una sensibilidad especial en el tratamiento de los residuos derivados de la enfermedad de las vacas locas en España.
Lo que sí ocurre, señor ministro, es que las instalaciones que hay son escasas. Hay vertederos controlados, indudablemente, pero la ubicación de estos residuos en los vertederos controlados tiene que hacerse en determinadas condiciones para no producir contaminación del suelo. Hay ocho incineradoras en total, cinco en Cataluña, una en Mallorca, otra en Madrid y otra en Melilla, pero están restringidas para los MER y hay que adecuarlas. Se puede hacer la incineración en instalaciones de lecho fluido, pero solamente existen en Valdemingómez, en Madrid. Es decir, estamos carentes de instalaciones y usted, señor ministro, tenía que haber acometido, desde el principio de este proceso, una previsión de financiación que tenía que haber tenido su reflejo en los presupuestos para el año 2001, porque cuando se presentan los presupuestos y se discuten en esta Cámara usted ya sabe que este problema existe, y usted ya sabe, o debiera saber, que hay déficit de instalaciones adecuadas para hacer frente al tratamiento de estas materias.
Usted, señor ministro, lo primero que hace, el día 25 de enero -que yo sepa, y espero que me lo aclare ahora-, además de pertenecer a la famosa comisión

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del señor Rajoy, que depende del MAPA, en la que usted está de invitado y donde se elaboran algunas normas (algún día nos enteraremos qué estudios previos han tenido ustedes para hacer esas normas), es elaborar un documento de dos folios, que se llama Bosquejo del futuro plan nacional de eliminación de MER y otros residuos animales. Y cuando uno lee los contenidos y los requisitos para la redacción del Pemra, nos encontramos con que son generalidades y demuestra que no ha dado un paso hasta ese momento para llevar a cabo la redacción de este documento. Desde el 25 de enero hasta ahora ya han pasado unos días, y si usted puede demostrar que éste es un plan que ha sido concertado con las comunidades autónomas (ojalá fuera así, señor ministro, ojalá las comunidades autónomas y el Gobierno concertaran el tratamiento de este tipo de residuos, para evitar posibles riesgos innecesarios), si usted demuestra que este plan es el más adecuado, nosotros no tenemos ningún problema en asumirlo, pero queremos conocerlo.
Como le decía el otro día, señor ministro, estamos en la primera fase, en el inicio de conocer, desde su perspectiva de Ministerio de Medio Ambiente, qué es lo que ha hecho, en qué ha trabajado durante todo este proceso para hacer frente a los riesgos que entraña el tratamiento de los residuos derivados de la enfermedad de las vacas locas. Porque los precedentes que existen, es decir, lo que han hecho desde el año 1996 hasta ahora y lo que ha hecho desde el año 2000 -cuando usted tomó posesión- hasta ahora, en nada avala que tengan medidas suficientes para hacer frente, en estos momentos, a todos los problemas que se están derivando del tratamiento de los materiales específicos de riesgo. A mí me gustaría saber si usted está de acuerdo con la incineración, con el enterramiento, en qué condiciones y cómo fija las condiciones de eliminación de estos residuos, es decir, algo que nos permita abrir los ojos a una cierta esperanza de que el Gobierno ha tomado en cuenta el problema real y se ha puesto a trabajar en la dirección más correcta, que es la de tranquilizar a la opinión pública y hacerle entender que ni el aire ni el agua ni el suelo van a tener ningún tipo de consecuencia negativa por una falta de tratamiento adecuado de los residuos derivados de este proceso al que he hecho referencia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Morlán.
Señor ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señor presidente, señorías, intentaré responder al contenido estricto de su interpelación.
Para empezar, creo sinceramente que lo que se ha hecho en materia de residuos en los últimos años es mucho y muy importante, y no lo digo para comparar con lo que se pueda haber hecho en épocas anteriores, ni muchísimo menos, simplemente es un dato objetivo. La labor de planificación y de legislación, conjuntamente con las comunidades autónomas, en materia de residuos ha sido muy importante en España, y además no en los nueve o diez meses que lleva este Gobierno, sino en la legislatura anterior. Sinceramente, creo que se ha avanzado mucho. Este es un hecho objetivo, y es algo que reconocen -insisto- todas las comunidades autónomas y también las autoridades del ámbito de la Unión Europea.
Efectivamente, la Ley de residuos se aprueba en el año 1998, y en el mes de febrero del año 2000 se aprueba un Plan nacional de residuos urbanos. Usted sabe que además se le quita la palabra sólidos, y sabe perfectamente por qué se hace. Señoría, ya tuve ocasión de responderle, mencionándole que lamentaba mucho que se hubiera aprobado en un período en el que estas Cámaras no estaban operativas, pero sinceramente creo que el hecho de que este Plan nacional de residuos se haya aprobado con el consentimiento de las comunidades autónomas, exactamente igual que la propia ley, es un atenuante muy importante. Es decir, los grupos de esta Cámara están representados en cierto modo en los gobiernos autonómicos, y el hecho de que la conferencia sectorial haya aprobado unánimemente este proyecto le da un cierto aval que usted, sin duda, no me negará.
Pues bien, a partir de este Plan nacional de residuos del año 2000, desde el Ministerio se han desarrollado toda una serie de normativas.
A usted quizá no le guste escucharlo, pero tengo que recordárselo: el Ministerio de Medio Ambiente es competente sólo en legislación básica estatal, porque las competencias exclusivas, e incluso el desarrollo de la competencia legislativa, son una potestad de las propias comunidades autónomas, como usted conoce mejor que yo. Desde esa fecha, se aprueba la Ley 11, de envases y residuos de envases; la Ley 10, de residuos; el Real Decreto 7/1982, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de envases y residuos de envases; la orden por la que se establecen las cantidades de depósito y el símbolo de los envases, aprobada en 1998; el real decreto relativo a pilas y acumuladores, en atención a lo establecido en la directiva comunitaria de 1991; el Real Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1989, sobre residuos peligrosos; el real decreto sobre PCB y sobre PCT; el real decreto de ordenación del sector ganadero del porcino, elaborado en colaboración con el Ministerio de Agricultura; la resolución en la que se publica el catálogo europeo de residuos; las órdenes de subvención de aceites industriales y usados de 1997 y 1999 y otras normas de gestión de residuos agrícolas y ganaderos.
En materia de planificación, a la que usted ha hecho referencia, permítame que le diga que no puedo estar de acuerdo con el hecho de que usted diga que no conoce

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esos planes que ha elaborado el Ministerio en desarrollo de esa clasificación de los residuos especiales. Señoría, si los planes se elaboran y se ponen a exposición pública de forma preceptiva, porque el ordenamiento legal así lo establece y así lo exige, S.S. no puede mostrar desconocimiento de esos planes. En su momento esos planes se convertirán en la norma legal correspondiente, pero el hecho de que estén expuestos preceptivamente a exposición pública no le puede permitir a usted decir que los desconoce. Quiero recordarle que de los planes especiales que se establecían en la legislación, el plan de neumáticos usados ha estado ya a exposición pública; el de lodos de depuradoras, también, y el de residuos de construcción y demolición, también. Si usted me dice: ministro, además de haberlos sometido a exposición pública lleva cierto retraso y ya tendría que haber aprobado estos planes. Se lo podría admitir, señoría. No tengo ningún inconveniente y, en cualquier caso, reciba usted mi compromiso de que vamos a aprobar estos planes en cuanto hayamos terminado esos períodos preceptivos de exposición pública, porque es mi voluntad el desarrollarlos, como puede comprender.
Pero usted, con todo el derecho del mundo, me puede preguntar por los restantes planes, por el de vehículos fuera de uso, por el de residuos voluminosos e incluso por el de residuos de mataderos, que hoy está en boga por esta crisis a la que usted ha hecho referencia.
Pues bien, estos planes también estaban elaborados sobre unos borradores establecidos en el Ministerio, pero las directivas europeas que hoy están en vigor o que se están tramitando básicamente nos exigen que no hagamos un trabajo baldío y que reconduzcamos estos borradores que habíamos elaborado inicialmente para que cuando los podamos aprobar estén de acuerdo con la normativa europea que establezca la propia directiva. Creo que esto lo comprenderá y lo compartirá conmigo. Señoría, vamos a retrasarnos un par de meses en estos proyectos siempre y cuando al final estén de acuerdo los planes que aprobemos y sean coherentes con lo que establezcan las directivas europeas, que se están negociando todavía, es decir, no están aprobadas y, por tanto, todavía no estamos en disposición de incorporarlas.
En cuanto a lo que usted ha querido referirse aquí, en tono coloquial le diré que usted probablemente aprovecha la interpelación a modo de excusa (se lo digo sin acritud) para poder interpelar a este ministro sobre lo que hayamos hecho respecto a la famosa enfermedad de las vacas locas. Yo no tengo que exigirle a usted que conozca ni que deje de conocer. Lo que usted no puede hacer es tergiversar ni la realidad ni los hechos, y eso sí tengo derecho a exigírselo. Me explicaré.
La propia Ley de residuos establece una clasificación de residuos en urbanos, especiales, industriales, ganaderos, nucleares, etcétera, y usted sabe perfectamente que todos, menos los urbanos y los especiales, son competencia de desarrollo de ordenamiento sectorial. Lo siento, pero es así. Sólo en el caso de que no exista ese ordenamiento sectorial es cuando entrará en vigor de forma complementaria la normativa medioambiental, por un principio básico en medio ambiente.
Esta ley está muy bien hecha y el principio básico es que el productor del residuo es el responsable del residuo, y ese principio -que es básico en esa ley- es el que establece que esa normativa del residuo tiene que ser sectorial. Yo estoy de acuerdo con este principio que aprobaron ustedes -no tuve la suerte de aprobarlo yo-, por eso la orden es del Ministerio de Agricultura, por eso el decreto del mes de noviembre es del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente? Garantizar que las medidas que se toman desde los ministerios sectoriales y, en cualquier caso, desde el Gobierno, del que soy responsable, afortunadamente, se toman con todas las garantías medioambientales posibles. Eso es lo que se ha hecho, señoría. En dos ocasiones se han convocado sendas conferencias sectoriales de directores generales de Medio Ambiente, que, además, están en la misma situación que este ministro con relación a sus respectivos órganos de Gobierno, y eso usted también lo comprenderá perfectamente, porque el esquema competencial es el mismo. Y en esas conferencias sectoriales, que culminamos con una conferencia sectorial con todos los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas, lo que se pacta básicamente son tres medidas que se pueden desarrollar y que se desarrollan dentro del ámbito del medio ambiente.
La primera, a petición de las propias comunidades autónomas, que es la modificación de la Ley de residuos. Las comunidades autónomas, que aceptan con el Ministerio de Agricultura la solución temporal, pero válida, que se da a la eliminación de ese tipo de residuos, subvencionando la fabricación de harinas, y desde el Ministerio de Agricultura, naturalmente, porque es el responsable sectorial, estableciendo convenios con las cementeras, con su financiación, para la eliminación de esos residuos, siempre que Medio Ambiente garantice que esa eliminación se hace sin dioxinas y sin furanos (cosa que se garantiza al estar incinerando a una temperatura de más de 1.200 grados, entre 1.200 y 1.800, y usted sabe mejor que yo que a partir de 800 grados las dioxinas y los furanos no existen, con lo cual garantizamos precisamente la no existencia de ese riesgo ambiental); pues bien, esa fórmula de eliminación de los residuos, temporal pero válida -insisto-, de la fabricación de harinas y de la eliminación de esas harinas, a través de los convenios con las cementeras, es lo que los propios consejeros de Medio Ambiente, el propio Ministerio de Medio Ambiente valida desde el aspecto estrictamente medioambiental, porque la ley establece que la responsabilidad es una responsabilidad legislativa sectorial, como debe ser.


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Todas las comunidades autónomas aprueban ese plan, firman esos convenios con el Ministerio de Agricultura y nos piden a nosotros que modifiquemos la Ley de residuos, porque resulta que, en este país, cuando las comunidades autónomas deciden incinerar estas harinas en determinadas cementeras, se encuentran con que hay ayuntamientos que les ponen pegas y problemas porque son de distinto signo político o por lo que sea. Y es igual, hay de todos los colores. En unos mandan y los otros dicen que no; en otros mandan los otros y los unos dicen que no. Es igual, es lo de siempre.
Nosotros accedemos a modificar la Ley de residuos, pactamos el texto con las comunidades autónomas, y este decreto que se aprobará, espero, en el próximo Consejo de Ministros y que ha tenido la aprobación por unanimidad de las comunidades autónomas, esa aprobación lo que hace es permitir que la eliminación de esas harinas se va a realizar en cementeras, se va a realizar en centrales térmicas (era una petición expresa me parece que de Asturias), incluso en ladrillerías, sin el cambio de licencia de actividad y sin la autorización de la comunidad autónoma. Que quede claro que quien pide esa exención y, por tanto, esa recuperación de competencias desde el Estado son las propias comunidades autónomas, que quede claro, a petición suya.
Segunda, la elaboración de un plan nacional de eliminación, a medio y a largo plazo. Perfecto. Naturalmente. No es que demos dos hojas, es que lo que asumimos es un compromiso de elaborar conjuntamente con las comunidades autónomas un plan de dotación de infraestructuras a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque el proceso que hoy nos hemos dado todos de eliminación y de fabricación de harinas y de eliminación de esas harinas es una solución que temporalmente se podrá aceptar, pero usted comprenderá conmigo que es una solución cara. Esta solución cuesta dinero a las comunidades, cuesta dinero al Gobierno, y naturalmente en el largo plazo habrá que encontrar soluciones definitivas. Como en eso estamos de acuerdo todos y como al final, afortunadamente, las comunidades autónomas (a veces yo creo que con más sentido de Estado que algunos partidos políticos) saben que este es un problema de Estado, que todos han de arrimar el hombro y que lo que han de hacer es solucionar el problema entre todos, ¿qué hacen? Proponen soluciones para que, conjuntamente, podamos elaborar este plan nacional de dotación de infraestructuras, que tendrá que pasar, naturalmente, por la dotación de infraestructuras de incineración, básicamente. Pues bien; usted sabe que la competencia de la incineradora es de la comunidad autónoma, la competencia de velar por qué tipo de residuos elimina es de la comunidad autónoma, la competencia de velar por que efectivamente está cumpliendo los requisitos de contaminación y de emisión de residuos es de la comunidad autónoma, por lo tanto este plan se debe hacer conjuntamente.


Nosotros proponemos liderarlo desde la conferencia sectorial, lo aplauden las comunidades autónomas y les pedimos una documentación.
¿Por qué les pedimos documentación? Porque son los competentes y nos tienen que decir qué es lo que hacen, qué es lo que tienen, que es lo que no tienen y qué es lo que están dispuestos a hacer. Son los competentes. Tienen competencia exclusiva. Como a nosotros nos tocará hacer la legislación básica, tenemos que conocer esta realidad y contar con ellos. Por eso el plan tiene que ser coordinado y tiene que hacerse de acuerdo entre todos.
Tercera. Para que nadie pudiera decir que no llegábamos más lejos, y a petición de las propias comunidades autónomas, nosotros sí les entregamos unos estándares orientativos, naturalmente, porque cada comunidad autónoma tiene absoluta libertad en su ámbito competencial para poder legislar lo que quiera en este sentido. Les entregamos unos estándares de los niveles de emisión que este tipo de residuos, a nuestro juicio, tienen que tener. En eso estamos. Esa es la labor del Ministerio de Medio Ambiente en toda esta batalla. ¿Cuál es el resultado? El resultado, insisto, es que desde las autoridades medioambientales, por legislación, tenemos que velar para, primero, ayudar a que las soluciones que se tomen desde el ámbito sectorial, no por capricho, porque lo establece la ley (y usted la ley no la puede negar, la ley es así y la reconocen todos los competentes en la materia, y estoy convencido de que usted), tienen las garantías medioambientales. En este caso ¿cuáles son las garantías medioambientales? Tenemos que garantizar, sobre todo, que esa eliminación de harinas es de residuos inertes. Eso es lo que certificamos. Estamos hablando siempre de un proceso de eliminación de harinas una vez que (yo técnicamente no sé muy bien cómo se dice esto) el prión se ha convertido en un residuo inerte gracias a las actuaciones que se han hecho sobre el mismo. Pues bien, como se ha convertido en un residuo inerte, se puede incinerar y, en este caso a falta de otro tipo de instalaciones, (desgraciadamente, y se lo tengo que reconocer; yo desearía que todas las comunidades autónomas pudieran tener estas instalaciones y hoy no las tienen), habrá que encontrar soluciones temporales, como la de las cementeras, como, hoy, la de las térmicas, como la de las ladrilleras, que den soluciones y que garanticen que esas condiciones de eliminación se hacen siempre con el respeto al medio ambiente y las garantías que necesitan los ciudadanos en este sentido.
Nada más, señoría. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor presidente.


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Señor ministro, no confunda usted los términos. La interpelación que le hace mi grupo es sobre la gestión de residuos en España y hace una especial incidencia en un problema del que usted ha estado ausente, por mucho que usted diga. Usted ha estado dedicado a otras cosas. Ha estado dedicado a ver si ponía a prueba algunas comunidades autónomas nuestras para hacer política de aguas y se ha olvidado del tema de los residuos.
Yo, señor ministro, le he planteado que ustedes han dispuesto de un marco jurídico, que es su ley. Ley que usted dice que es muy buena, pero nosotros no la apoyamos, entre otras cosas, porque todo lo que nosotros planteamos ustedes lo primero que hacen es rechazarlo. Luego hablan de diálogo pero, cuando llega el momento, ustedes rechazan todo lo que formulamos. Le he planteado que ustedes tenían y se comprometían a elaborar unos planes, y usted me dice: Señor Morlán, es que los hemos sometido a información pública.
En esta Cámara, señor ministro, cuando se anuncian planes y se presentan planes, se presentan en esta Cámara, porque, como comprenderá, yo tengo perfecto derecho a acudir a su Ministerio a ver el tablón de anuncios y ver si tengo un plan preparado para alegar.
Pero donde usted tiene la obligación de informar a los responsables políticos es aquí, y si usted se ha comprometido a tener unos planes, los tiene que traer aquí y discutirlos aquí. No puede ser que usted me remita al tablón de anuncios de su Ministerio para saber lo que hace o lo que deja de hacer, porque la obligación de plantearlo allá es suya pero también la de formularlo aquí. Si le hemos hecho esta interpelación indudablemente es porque en materia de residuos utiliza grandes palabras, que lo sabe hacer, usted es un hombre ponderado, tranquilo, dialogante, pero después da el corte. Con ese otro proyecto que tenemos en ciernes y que pronto vendrá por aquí ha ocurrido eso, y en este caso concreto está pasando lo mismo. ¿Por qué hemos descendido al tema de las vacas locas? Porque usted, que es una persona que sabe hablar y que sabe estar en los medios de comunicación, no ha estado. Usted tenía responsabilidad, y no me venga con lo sectorial, señor ministro, que ustedes cuando quieren invadir competencias invaden ministerios e invaden comunidades autónomas, se sientan con ellos y les dicen: mire usted, o aceptas lo que yo digo o te quedas sin nada. Y eso ha pasado. Entonces no me venga ahora justificando su posición con que como es un tema sectorial únicamente tiene que ser el Ministerio de Agricultura.
Señor ministro, si usted no viera en televisión esos enterramientos a medias, si usted no viera el problema que ha habido con la gente de este país por esto, con la sensibilidad que hay encima de la mesa, estoy convencido de que usted hubiera aparecido con el señor ministro de Agricultura firmando el documento con las cementeras. Ha sido hábil, si no estaría tan reprobado como los otros dos. La impresión que tiene mi grupo es que usted no ha actuado tal y como debía.
Me ha dicho, señor ministro, que el Plan general de residuos había sido debatido por el CAMA. El Consejo Asesor de Medio Ambiente no discutió ese plan. Con las comunidades autónomas yo espero que sí, ahora, no sé si ha sido trágala o ha sido negociación, pero desde luego el Consejo Asesor de Medio Ambiente no conoció el plan; eso que le quede bien claro. Me parece muy bien que ustedes establezcan medidas de acuerdo con las comunidades autónomas, que se sienten con ellas, porque es su obligación, pero no puede ser que usted me venga aquí a decir que si hay que hablar de modificación de la Ley de residuos es porque me lo dicen las comunidades autónomas; que si hay que hablar del Plan de eliminación y de la gestión de infraestructuras es porque me lo dicen las comunidades autónomas; que si hay que hablar de los estándares orientativos y los niveles de emisión, yo se lo digo a las comunidades autónomas, que lo sepan las comunidades autónomas. Oiga, ¿qué pinta usted? Monte un gabinete técnico, yo creo que con un nivel de subdirección general valdría, no hace falta tener un Ministerio de Medio Ambiente si es que todo lo que hay que hacer lo tienen que hacer las comunidades autónomas.
Entiendo que hay una responsabilidad compartida y que la gestión de residuos es de las comunidades autónomas, pero cuando hay momentos delicados, un proceso de crisis en un país, señor ministro, usted tiene que tener más iniciativa que la que ha planteado en este caso concreto, les guste o no. Se lo digo con todo el respeto y toda la consideración que me merece, pero usted tenía que haber estado desde el principio de este proceso metido en el ajo, como se dice en mi tierra, y haber ido codo con codo y mano con mano con los otros dos ministros analizando medioambientalmente las medidas que iban proponiendo.
Se ha hablado de enterramientos. Le he oído decir algo sobre ese tema pero, ¿sabe usted en qué texto legal está basado? ¿En qué se basa la norma? ¿Hay alguna ley, alguna decisión, algún decreto en el que se plantee que los enterramientos se pueden efectuar? Cuando yo le estoy haciendo estas preguntas, señor ministro, es porque tengo la misma duda que tienen muchos ciudadanos, porque no sé en qué se basan esas declaraciones que de vez en cuando salen, y usted ha hecho pocas esta vez, quizá porque tampoco le interesaba y sabía lo que hacía, que es hábil. Usted cuando habla de enterramientos, o de las incineraciones, o de muchos de estos temas, señor ministro, lo hace con extremada cautela porque no lo tiene claro, y a lo mejor es bueno, pero sí que tiene que hacer algo más que hablar. Y aunque me diga que es competencia del Ministerio de Agricultura, usted tendría que estar sentado con el ministro de Agricultura. Ese es mi criterio. Alo mejor estoy equivocado y resulta que hay que aceptar que usted lo ha hecho de maravilla, que ha pasado la pelota a las comunidades autónomas y que se apañen. Pero el Seprona cuando

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actúa lo hace porque lo dice el Gobierno, y el Seprona cuando acude a las explotaciones ganaderas lo hace porque tiene la instrucción de hacerlo. Me parece muy bien que lo haga, no lo discuto, pero es la misma actuación que debe tener usted en este proceso del que, le reitero, ha estado ausente.
Vuelvo al documento que le he comentado antes y del que no me ha dicho nada. No sé si se refiere usted a este plan o a cuál. Día 25 de enero: bosquejo del futuro plan nacional de eliminación de MER y otros residuos animales. ¿Es este el documento que está elaborando con las comunidades autónomas cuyos requisitos, que plantea en la página segunda, son los que tienen las comunidades autónomas y que le tienen que facilitar a usted? ¿Este es el documento base de esa actuación a medio y largo plazo que ha puesto usted encima de la mesa? ¿Qué soporte documental tiene en estos momentos? ¿De qué manera puede tranquilizar, no a medio plazo sino ahora mismo, a los ciudadanos de este país diciéndoles que no se preocupen porque el Ministerio y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo? Porque, además de lo de las cementeras, ha puesto usted encima de la mesa otro tema que es el de las térmicas. Es la primera vez que lo dice porque yo no le había escuchado nunca ese término. Me parece muy bien, usted ha tomado esa iniciativa, habrá que valorar si es acertada o no. Pero, aparte de eso, ¿han hecho algo más? Le he puesto encima de la mesa algunas actuaciones que no sé cómo se han practicado. Cuando le hablo de enterramientos es porque sé que ha habido alguna iniciativa en esa dirección, cuando hablo de incineraciones sé que hay alguna iniciativa en esa dirección, pero no sé qué tipo de tratamiento están estableciendo ustedes, no sé que tipo de instalaciones están utilizando.
No iría más allá sino para plantearle si se han medido las consecuencias ambientales de ese tratamiento que ustedes están haciendo a los materiales específicos de riesgo o a todos los desechos de las vacas locas. Me gustaría saber qué se está haciendo concretamente a medio y largo plazo, si ese es el programa que usted está estableciendo, qué hilo conductor va a tener, qué tipo de financiación. Porque cada vez que oigo a todos los ministros hablar de pesetas no lo entiendo. Hoy en este hemiciclo se ha hablado de miles de millones de pesetas, y entre eso, el plan hidrológico, las infraestructuras y no sé qué más, se gastan ustedes el presupuesto de los próximos veinte años. En algún sitio está el fallo. No me diga luego lo del déficit cero porque no cuadra. Por eso me gustaría que nos lo aclarara de manera definitiva. Y si no le presentaremos una moción la próxima semana para ver sin son capaces de aceptar nuestros planteamientos, su posición y sus actuaciones de manera inmediata en este proceso, la evaluación de los riesgos ambientales que tienen las decisiones que se van tomando y si este plan a medio y largo plazo está suficientemente financiado para sacarlo adelante. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Morlán.
Tiene la palabra le señor ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor presidente. Señoría, brevemente.
Estoy de acuerdo con usted en que el plan del año 2000 se aprueba después de la legislación de 1998, que fue consensuada. Quiero insistir en que usted no quiere dar relevancia al hecho de que este Plan nacional de residuos urbanos se haya elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y que se haya aprobado por unanimidad con ellas. Yo no estaba. No sé si actuó el CAMA o no y le pido disculpas, lo que sí sé es que todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos están de acuerdo con este plan. Y no volvamos a las andadas, señor Morlán. Si están de acuerdo las comunidades de su partido, estará de acuerdo su partido. Eso espero, y estoy convencido, en un proyecto de estas características.
Yo he intentado explicarle la situación de los planes que se desarrollan. Hay unos planes que se han expuesto públicamente y teníamos hechos los borradores de todos. Hace un año que se ha aprobado el plan, tampoco es que hayamos perdido mucho tiempo, pero lo que es importante es que estos planes tienen que seguir el momento procesal oportuno y tienen que seguir la tramitación administrativa que requiere un plan de estas características. Y, naturalmente, si llega el momento en que se han de discutir en el Parlamento, será cuando se debatan en el Parlamento, pero antes se han de tratar en los ámbitos que correspondan. Yo le he insistido a usted en que en estos momentos hay varios planes que están en periodo de exposición pública, pero que hay otros que es verdad que los hemos retrasado. Yo se lo reconocía y le he dicho por qué los hemos retrasado. No es que no asumamos nuestra responsabilidad; al contrario, intentamos asumirla totalmente. Si nosotros sacamos ahora este plan y tengo conocimiento de que nosotros estamos negociando en el Consejo de Ministros de la Unión Europea -porque la Unión Europea no es un ente abstracto que no nos toque a ninguno- una serie de directivas que me pueden condicionar ese plan, creo que sería un ejercicio de irresponsabilidad que yo sacara un plan que tuviera que modificar a los dos días, y usted sería el primero que me acusaría de ello con toda la razón del mundo. Por lo tanto, simplemente he intentado explicarle una situación y unos hechos.
Yo respeto su criterio, pero le pido que no cambie el criterio de la ley, que es lo que usted no puede hacer. Si la ley establece que para determinados residuos habrá un desarrollo legislativo sectorial, a usted le sabrá muy mal, pero tendremos que cumplir la ley. Y el desarrollo sectorial, en este caso de residuos ganaderos, es el que hace el Ministerio de Agricultura mediante el decreto del mes de noviembre, que en su disposición adicional

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establece además que el Ministerio de Agricultura podrá dictar las condiciones de excepcionalidad del tratamiento de estos residuos, que incluyen los enterramientos -repito, que incluyen los enterramientos-, y es precisamente esa legislación sectorial la que declara la excepcionalidad de ese tipo de residuos para que no sean considerados peligrosos en el campo del medio ambiente, ni otro tipo de residuos, sino residuos ganaderos y que están sujetos a esa legislación. Y de ahí que el Ministerio de Agricultura, cumpliendo la legislación vigente, que a usted no le gustará, pero es la legislación vigente, desarrolla esta normativa sectorial, y es el Ministerio de Agricultura, naturalmente, con el apoyo y con la corresponsabilidad de este ministro como miembro del Gobierno, el que dicta las normas, si las dicta, y las condiciones en las que pueden establecerse según qué tipos de enterramiento y contemplará todas las cautelas medioambientales que exige también una norma de estas características. Esta es la realidad, y desgraciadamente no podemos cambiarla.
Respecto al Plan de eliminación y a la financiación, comprendo que a usted le cueste entender pero, por lo que he oído en mi Ministerio, he tenido la gran suerte de llegar a un ministerio en el que no existían deudas anteriores y en el que efectivamente tenemos disponibilidades y podemos afrontar grandes proyectos de inversión.
Este Gobierno ha conseguido mantener unos niveles de inversión pública muy importantes, que condicionan la creación de empleo y la creación de riqueza en este país, y además lo ha hecho sin cargarlo a las generaciones futuras, sin dejarles ningún embolado sino todo lo contrario, dejándoles las cuentas saldadas y sin ningún endeudamiento. Le digo esto porque lo que quiero anunciar aquí es precisamente que el plan que vamos a elaborar con las comunidades autónomas dispondrá de financiación del Gobierno del Estado, naturalmente; así lo anunciamos a las comunidades y así se lo anuncio a usted hoy una y otra vez. Le digo esto porque yo tampoco quiero asustarle, ya que usted ha hecho una referencia a los presupuestos del 2001, me parece, y creo que lo ha hecho por error. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen 500.000 millones de pesetas para el periodo 2000 a 2006, tramos autonómico y local; fondos de cohesión del Estado que figuran gestionados por el Ministerio de Hacienda -como debe serlo este tipo de fondos- para desarrollar y financiar la planificación de residuos que se ha aprobado en estas Cámaras y que sale de la legislación básica del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es la realidad? Este plan lleva ya dos ejercicios aplicándose, 2000 y 2001, y las peticiones las hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Aquí figuran las peticiones que han formulado las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Sabe, señoría, cuántas incineradoras han pedido los ayuntamientos y las comunidades autónomas que les financie el Estado? Por desgracia, prácticamente ninguna.
Esa es la realidad de la situación y esto lo que este plan tiene que intentar reconducir, naturalmente con apoyo financiero del Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, la verdad es que esperaba que, tras la interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, nos fuéramos de esta Cámara con las ideas mucho más claras sobre cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo a corto plazo, que es el problema fundamental que se plantea en estos momentos. Y no solamente las que el Ministerio de Agricultura pueda tener en marcha o pueda tomar, sino también las que está adoptando el Ministerio de Medio Ambiente. La verdad es que a esta diputada no le ha quedado absolutamente nada claro y en cambio algunas de las medidas que ha expuesto usted sí nos han parecido al menos preocupantes.
Preocupantes, señor ministro, porque, con independencia de que el desarrollo de determinados aspectos de la Ley de residuos sea sectorial y de que cada Ministerio o las comunidades tengan que acometer las excepciones que se puedan producir, lo que está ocurriendo en estos momentos con los residuos de las vacas locas es una excepción de tal magnitud que las decisiones no las tiene que tomar sólo y exclusivamente un Ministerio; de hecho, su propio Gobierno ha creado un gabinete de crisis. Por ello, sin dudar que las decisiones del Ministerio de Agricultura puedan considerar todas las cautelas medioambientales que se requieran, se supone que el Ministerio de Medio Ambiente, al ser el más especializado, debería trabajar conjuntamente con él para salvaguardar el medio ambiente y para no poner en peligro la salud de las personas.
Después de sus intervenciones, señoría, al menos a mí no me han quedado muy claras las cosas. Sabemos que está negociando usted un plan de eliminación a medio y largo plazo, pero seguimos sin saber si continuaremos manteniendo los enterramientos de las vacas, qué es lo que va a pasar con los residuos cárnicos que se están produciendo en estos momentos o que pasará con los despojos contaminados.
Se nos ha comentado que se van a utilizar las cementeras, lo que desde mi punto de vista quizás no sea la solución ideal aunque pueda resuelva el problema de las harinas, pero, en realidad, este no es el problema más acuciante en estos momentos. Las harinas, bien almacenadas y protegidas en un sitio, no son el problema más grave; es un problema serio, pero no es el más grave; el

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más grave es el de los residuos que se están produciendo por el sacrificio de las vacas que tienen el mal.
Esta excepción ha demostrado que no estamos preparados para acometer planes con los que, en un momento determinado, el Estado, junto con las comunidades autónomas que tienen las competencias -eso lo tenemos todo claro-, sea capaz de dar respuesta a una situación de riesgo de las características y la peligrosidad de la que se ha producido.
Mi grupo parlamentario esperará a la moción que presente el Grupo Parlamentario Socialista para fijar su posición en cuanto a las soluciones o alternativas que plantee este grupo. Sin embargo no quiero acabar mi intervención, señorías, sin mencionar varios apuntes que ha hecho el señor ministro en sus intervenciones. Yo estuve en el debate de la Ley de residuos y no es una ley consensuada, es una ley aprobada en la legislatura pasada con la mayoría de los votos del Grupo Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y, ahora no recuerdo, seguramente de algún otro grupo más, pero desde luego no consensuada con el resto de la Cámara. Señor ministro, el Plan nacional de residuos probablemente esté aprobado y consensuado con todas las comunidades autónomas, pero no con la representación de los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque hay grupos parlamentarios que aunque seamos pequeños nos merecemos el respeto de estar informados, de participar aunque no tengamos obligaciones de gobierno en las comunidades autónomas. Mi grupo parlamentario no solo no lo comparte, sino que no ha participado en la elaboración, el debate y al menos el intento de aportación de algunas de las cosas que a nosotros nos parecerían adecuadas en un plan nacional de residuos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán para fijar la posición respecto de la interpelación urgente presentada por el Grupo Socialista en materia de residuos.
Es cierto que en estos últimos años se ha avanzado de manera importante, como afirmaba hace unos instantes el señor ministro, en la gestión de residuos. También es cierto que se ha avanzado de manera desigual en las diferentes comunidades autónomas del Estado, por diversas razones. También es cierto que la Ley de residuos de 1998 y el Plan de residuos aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de enero del año pasado sentaban unas bases y contemplaban unos recursos económicos, creemos que estrictamente necesarios, para hacer realidad los objetivos establecidos de reducción y tratamiento de los residuos urbanos, aunque debemos reconocer -opinión compartida por alguno de los grupos de esta Cámara- que se ha concretado poco durante el año 2000 al respecto, más allá de los periodos de información y exposición pública de los diferentes planes sectoriales a los que ha aludido el señor ministro hace unos instantes. Entendemos, pues, que le corresponde al Gobierno impulsar con una cierta urgencia las previsiones contenidas en el plan de residuos, asumiendo el compromiso que el mismo señor ministro ha adoptado en estos momentos y con una determinación política importante para recuperar el tiempo perdido. Quiero recordar que en su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente el pasado 6 de junio el señor ministro adquirió un compromiso claro de desarrollar el Plan de residuos urbanos e intensificar políticas de reciclaje, etcétera. También la secretaria general de Medio Ambiente, como alguien ha dicho anteriormente, en su comparecencia ante la misma Comisión de Medio Ambiente el pasado mes de septiembre, asumió el compromiso de aplicar el Plan de residuos, plan que según mis informaciones prevé destinar unos 250.000 millones de pesetas a diversas acciones en el período 2000-2006.
También conviene recordar que la misma Comisión de Medio Ambiente aprobaba el pasado mes de noviembre una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular inocua o de puro trámite, pero importante porque era un recordatorio de lo que teníamos pendiente, por la que se instaba al Gobierno a continuar e incrementar los esfuerzos destinados a hacer posible que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan poner en marcha el plan de residuos urbanos.
Ha pasado más de un año, pues, desde la aprobación del Plan de residuos y la verdad es que su desarrollo y su implementación no han alcanzado los niveles por todos deseados, aunque confiamos plenamente en las palabras del señor ministro en cuanto a que esos dos meses de tiempo perdido se van a recuperar con una cierta urgencia. Como se ha comentado en lo que llevamos de debate sobre esta interpelación y como es costumbre en toda acción de gobierno, creemos que los planes, los programas y las buenas intenciones han de ir siempre acompañadas de la correspondiente financiación, en definitiva de dotaciones presupuestarias suficientes que garanticen que los objetivos puedan convertirse en realidades tangibles. Sin embargo, como decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hace unos meses además el Estado español en su conjunto ha tenido que abordar, del mismo modo que el resto del continente, la problemática de la EEB con claras repercusiones y derivaciones en el ámbito del medio ambiente.
En ese sentido hace pocas fechas el Gobierno ha anunciado su intención de modificar la Ley de residuos para facilitar desde el punto de vista administrativo y con todas las garantías medioambientales

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la eliminación de las harinas de origen cárnico en cementeras y centrales térmicas. Esta iniciativa, como sabe el señor ministro, tiene el apoyo de las comunidades autónomas y, por tanto, nuestro apoyo desde Cataluña, también desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso, y deberá implementarse en paralelo con la elaboración de un plan de infraestructuras, al que también se ha referido el señor ministro, en colaboración con las comunidades autónomas para eliminar los residuos ganaderos. Pero otra vez nos encontramos ante la necesidad de que esta iniciativa vaya acompañada de la dotación presupuestaria correspondiente, compromiso también adquirido por el Gobierno -y que celebramos-, en concreto por el señor ministro de Medio Ambiente.
Estamos, pues, ante un grave problema ambiental, pero especialmente ante un problema de financiación al que entre todos debemos dar una solución satisfactoria, aunque desde nuestro grupo parlamentario entendemos sinceramente que corresponde al Gobierno especialmente el mayor compromiso presupuestario, si bien es cierto también que debemos reclamar -y me consta que ya se ha hecho- de manera especial que la Unión Europea aporte los fondos comunitarios correspondientes.


Nuestro grupo parlamentario entiende, pues, que ante la necesaria y urgente implementación del Plan nacional de residuos urbanos, y muy especialmente ante los requerimientos que se derivan de la modificación anunciada de la Ley de residuos y del Plan de infraestructuras, al objeto de eliminar los residuos ganaderos como consecuencia de la problemática de las vacas locas, el Gobierno deberá poner en marcha, deberá poner encima de la mesa, desde el diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, los recursos presupuestarios suficientes para dar solución a esta grave crisis, a esta grave situación que marca la agenda política de nuestros días en nuestro país. En ese sentido -veo que se me acaba el tiempo- desde el compromiso de nuestro grupo parlamentario expresado en distintas ocasiones para contribuir al avance de las políticas de gestión de residuos, esperamos la presentación de la moción subsiguiente por parte del grupo interpelante para hacer aquellas aportaciones que nos parezcan más adecuadas y que forzosamente deberán contener algunas de las consideraciones a las que me acabo de referir.
También quería expresar, señor ministro, para acabar mi intervención, nuestra preocupación en relación con los problemas que ha habido para concretar algunos de los convenios que tenía que hacer el Ministerio de Medio Ambiente con las comunidades autónomas y que en estos momentos creemos que repercuten negativamente en el proceso de tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas presentados por las corporaciones locales. Pensamos que las comunidades autónomas que tienen prioridades y pautas muy avanzadas en la gestión de residuos deberían ser las responsables de coordinar y presentar ante la Administración General del Estado las diferentes peticiones y solicitudes de ayuda de las corporaciones locales en el ámbito de cada uno de los planes nacionales de residuos.
Nada más. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martí.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero iniciar mi intervención agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista la interpelación planteada, que ha permitido que el ministro de Medio Ambiente informe a esta Cámara sobre la política de su Ministerio en materia de residuos, tema estos días de la mayor actualidad. Mi grupo parlamentario apoya decididamente los logros del Ministerio en este campo y agradece al ministro su amplia exposición. Como no puede ser de otra manera, no comparte muchas de las opiniones expresadas hoy aquí por algunos grupos de la oposición.
En mi intervención no voy a repetir los datos que ya se han dado aquí, sino que voy a referirme a cuatro aspectos que en mi opinión conviene destacar y que pretenden ser una síntesis de la situación en la que hoy nos encontramos, situación radicalmente distinta de la que existía en 1996. En primer lugar -y creo que SS.SS. estarán de acuerdo conmigo-, por primera vez se ha conseguido tener en España un marco jurídico completo y coherente para el tratamiento de los residuos, que ha incorporado a nuestro ordenamiento los principios básicos de prevención, priorización y tecnologías menos contaminantes, todo ello, señorías, partiendo de la caótica situación que en materia de residuos existía en 1996 cuando se creó en España el Ministerio de Medio Ambiente; caótica situación que no hace falta que recuerde a SS.SS. porque está en la mente de todos. En segundo lugar, quiero resaltar la importancia del Plan nacional de residuos urbanos 2000-2006, aprobado por unanimidad por la Conferencia sectorial de medio ambiente, y cuyas inversiones, valoradas en 500.000 millones de pesetas, serán financiadas con fondos de cohesión de la Unión Europea. Fíjense, señorías, en que he destacado dos aspectos: unanimidad y financiación. Este es, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, un modo de actuar serio, riguroso y eficaz.
Los planes nacionales deben aprobarse cuando se cuenta con financiación adecuada y con el consenso de las comunidades autónomas; de otro modo, y experiencias ha habido de ello durante el mandato socialista, se convierten en un brindis al sol en planesde imposible cumplimiento.


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En la motivación de la interpelación duda el interpelante de la capacidad del Gobierno para ejecutar el conjunto de planes y programas contenidos en el Plan nacional de residuos. Dudar de la capacidad del Gobierno no deja de ser un juicio de valor y, como tal juicio de valor, no merece ningún comentario. Pero la duda en este caso supone un desconocimiento absoluto del reparto competencial, ya que son las comunidades autónomas quienes deben ejecutar el conjunto de planes programados. Por consiguiente, creo, señorías, señor interpelante, que es muy grave que a estas alturas todavía no sepa usted quién debe ejecutar estos programas.
En este momento ya se han presentado en los fondos de cohesión iniciativas por importe superior a los 150.000 millones de pesetas, es decir, casi el 30 por ciento del presupuesto total del Plan nacional de residuos urbanos. Por otro lado, hay prevista financiación directa del Ministerio para I+D en prevención y minimización de residuos. Según cual sea la línea de investigación, y dependiendo de que se trate de pequeñas y medianas empresas o no, la financiación puede llegar al 75 por ciento del proyecto. Creo que hay mecanismos y fondos suficientes para garantizar el correcto desarrollo del Plan nacional de residuos urbanos, desde el punto de vista financiero, y hay voluntad del Ministerio de coordinar e impulsar -estas son las funciones del Ministerio- las actuaciones de las comunidades autónomas.
El tercer aspecto son los planes nacionales de residuos especiales.
Ya nos ha informado el señor ministro de los distintos planes elaborados, la mayoría de ellos ya sometidos a información pública.
En algunos su aprobación se ha visto retrasada porque están en discusión una serie de directivas europeas al respecto y parece prudente esperar el avance de estas discusiones para elaborar la normativa específica coherente con la europea. En otro tipo de residuos, como son los animales muertos y otros desperdicios de origen animal, la Ley de residuos sólo es de aplicación en aquellos aspectos no regulados por su normativa específica.
Para dar cobertura al problema surgido con los residuos en relación con la encefalopatía espongiforme bovina, nos parece acertada la propuesta de modificación de la Ley de residuos, así como el Plan nacional de eliminación de materiales específicos de riesgo y otros residuos animales que el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando para solucionar, a corto y medio plazo, el problema surgido.
En cuarto y último lugar, señorías, y enlazando con lo anterior, quiero hacer una reflexión sobre el problema que supone la eliminación de esos residuos, MER, de los despojos de los mataderos y de las harinas cárnicas. El convenio marco firmado con el sector cementero para la incineración de las harinas cárnicas, en plantas industriales y cementeras en particular, es indudablemente una buena solución a corto plazo, pero posiblemente planteará problemas a las comunidades autónomas que deberán vencer las reticencias de los ayuntamientos y de los vecinos, que se oponen tanto a que se depositen temporalmente estos residuos en vertederos como a que sean incinerados en las plantas cementeras. Creo que este es el momento en que la colaboración entre las administraciones es más necesaria y también es el momento en que es absolutamente necesario dejar a un lado la demagogia sobre la incineración con recuperación energética.
Desde el punto de vista ambiental, la valoración energética en estas instalaciones no supone riesgo alguno. La temperatura de los hornos de la cementera es de 2.000 grados en el punto más elevado, de 1.200 en el punto más bajo. No existe, por tanto, riesgo ambiental alguno al alcanzarse la temperatura superior a los 800 grados necesarios para que las dioxinas, los furanos se destruyan. Repito, señorías, 800 grados centígrados, esta es la temperatura y es un dato objetivo el de la temperatura en que se produce la reacción química que se descomponen las dioxinas y los furanos. Por consiguiente, este dato está fuera de todo debate político.
En este contexto se pone de manifiesto lo correcto de considerar la incineración con recuperación energética como una alternativa para los residuos no recuperables ni reciclables, ya que varias de las incineradoras de residuos sólidos urbanos existentes en nuestro país podrían quemar los residuos de ganado asimilables a urbanos, todo lo que no sea MER, con tal de controlar el proceso de combustión dentro de los parámetros técnicos descritos y quemando las harinas en proporciones adecuadas.
Es irónico que el portavoz del Grupo Socialista nos haya criticado en la interpelación la falta de infraestructuras para tratar estos residuos, cuando de manera sistemática y demagógica se ha criticado y rechazado la construcción de incineradoras en todo el país, repito de manera demagógica, porque cuando el Partido Socialista estuvo en el Gobierno el entonces ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente hizo unas afirmaciones en que decía que apoyaba la incineración siempre que los límites de emisión fueran aceptables. A la vez que el ministro de Medio Ambiente entonces construía la incineradora en Mataró, la incineradora en Melilla y todas esas incineradoras, los líderes socialistas se ponían a la cabeza de las manifestaciones contra la incineración. Creo, señorías, que debemos dejar a un lado la demagogia y con los datos técnicos en la mano debemos todos colaborar, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, para que la eliminación de estos residuos sea un hecho como así esperamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora De Lara.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS A PONER EN MARCHA

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PARA DAR UNA RESPUESTA JUSTA A LAS DEMANDAS RECLAMADAS POR LA CIUDADANÍA DE TERUEL, DE MANERA MASIVA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 172/000060.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate, damos paso a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto sobre las medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la ciudadanía de Teruel de manera masiva el día 29 de noviembre de 2000. Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, señorías, señor ministro, hoy vamos a hablar de un territorio bastante desconocido, que es la provincia de Teruel. Desgraciadamente, durante muchísimos años se ha tenido una visión de mucha gente que pasó por allí durante la Guerra Civil. Cientos de jóvenes pasaron los inviernos terribles de aquella guerra y el recuerdo de los fríos inviernos ha seguido manteniéndose a través de los partes meteorológicos, que siempre hablan de Teruel con una de las temperaturas más bajas de España. De pronto esa provincia, que estaba alejada, perdida en el mapa de nuestro país, de España, se pone en marcha y comienza a reivindicar su existencia.
Me gustaría decir que en Teruel hay dos terueles: el bajo Aragón, que es el territorio que estaría muy conectado con Zaragoza, que es un territorio con unas posibilidades económicas importantes y que a veces ellos se encuentran un poco desolados porque se les mezcla con la zona de la sierra; y el sur de la provincia, las sierras de Teruel, Albarracín, Gúdar, el Maestrazgo, esas tierras mucho más difíciles, mucho más desoladas, mucho más solitarias. Durante años esta provincia va casi desapareciendo y en un momento determinado, cuando se llegan a plantear los presupuestos del Estado en esta Cámara este último año, los turolenses tienen la esperanza, porque así se les ha dicho, de que van a recibir más dinero, pero no fue así. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Nosotros, el Grupo de la Chunta Aragonesista, reclamamos 10.000 millones de pesetas más en los presupuestos y nos fueron rechazados.
Desgraciadamente, ante esta situación, el miércoles 29 de noviembre (esta interpelación está presentada hace mucho tiempo, pero la burocracia parlamentaria es lenta; mi grupo está representado por un solo diputado y es difícil conseguir que se incluyan estas iniciativas) la provincia de Teruel vivió una jornada reivindicativa histórica y sin precedentes en esta tierra, tradicionalmente abandonada por la Administración estatal. Ese día sus habitantes secundaron masivamente una huelga general, convocada por la coordinadora ciudadana Teruel existe y por las organizaciones sindicales y agrarias de la provincia. Toda una provincia tuvo que echarse a la calle para reivindicar su derecho a tener alguna posibilidad de desarrollo futuro y no verse abocada a la emigración.
Toda una provincia secundó una huelga convocada no por motivos sociolaborales, sino para reivindicar unas inversiones que permitan dar un giro de 180 grados a su situación de abandono y le permita afrontar el futuro sin sentir sobre su cabeza la amenaza de la espada de Damocles, de la desaparición.
El éxito y el eco que tuvieron a nivel estatal los diversos actos reivindicativos realizados durante la jornada de huelga fueron totales. El paro laboral fue prácticamente del cien por cien. Sólo en la capital la manifestación convocada para la tarde fue secundada por más de 30.000 personas, algo insólito tanto en esta provincia como en el resto del Estado si tenemos en cuenta que, precisamente, la población de esta ciudad es de 30.000 habitantes, toda una ciudad en la calle en defensa de su futuro. Una reivindicación de tal calado no puede surgir de la nada. Supone el fruto, el colofón de una serie de actos reivindicativos que viene desarrollando la ciudadanía turolense desde que hace algo más de un año echara a andar el movimiento ciudadano Teruel existe.
Hasta no hace mucho, la ciudadanía turolense había sufrido en silencio y lenta agonía un largo siglo de expolios, acentuados desde el desarrollismo franquista de los años sesenta y setenta. Permanecía callada mientras el Estado español aplicaba, tanto a Teruel como a las otras dos provincias aragonesas, una moderna forma de colonialismo que la ciencia política ha acuñado con el término colonialismo de interior, fórmula mediante la cual es el propio Estado el que deliberadamente practica el expolio de los recursos de todo tipo en diversas zonas de su propio territorio y utiliza deliberadamente sus mismos recursos para el desarrollo de otras zonas determinadas de antemano desde el poder central del Estado; un modelo que en España ha propiciado un desarrollo insolidario e insostenible de la periferia costera, y que todavía continúa, y del centro capitalino en detrimento de esa España del interior de la que Teruel es un ejemplo más grave.
Los turolenses asistían en relativo silencio al constante expolio de sus recursos, tanto naturales como humanos, hasta que hace algo más de un año recuperaron su dignidad como pueblo y dijeron basta al secundar masivamente un paro silencioso que paralizó la capital y parte de su provincia.
Las reivindicaciones del movimiento ciudadano Teruel existe, que representa sin partidismos a toda la provincia, están más que justificadas y exigen principalmente inversiones en infraestructuras que permitan un desarrollo económico que frene la continúa despoblación de la provincia y la progresiva sangría de jóvenes que se ven obligados a abandonar su tierra ante las nulas expectativas de futuro que en ella encuentran.
Los números no mienten y sólo la enumeración de los siguientes datos dan muestra de la situación crítica

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de esta tierra. Con 14.808 kilómetros cuadrados de superficie, Teruel es la décima provincia del Estado en extensión. Sin embargo, se trata de la provincia con menor densidad de población de todo el Estado, poco más de nueve habitantes por kilómetro cuadrado. Teruel ha perdido casi el 50 por ciento de su población en menos de un siglo.
En 1910 contaba con 265.908 habitantes y hoy cuenta con poco más de 136.000 habitantes. Entre 1981 y hoy ha perdido el 11 por ciento de su población. De seguir esta progresión, en unas décadas apenas quedará nadie.
La escasez de jóvenes y el envejecimiento de la población generan una de las mayores tasas de inactividad de España, el 54,7 por ciento frente a la media española de 49,6 por ciento. En agricultura, en un momento en que el nivel de subdesarrollo de un territorio se mide por el nivel de población activa que ocupa el sector productivo agrario, Teruel ocupa todavía el 18 por ciento de su población activa en agricultura mientras que la media española es del 7,7 por ciento. En educación, Teruel pierde anualmente el 1,15 por ciento de su alumnado, es la provincia con menor oferta en titulaciones universitarias de todo el Estado. Los jóvenes se ven obligados a emigrar para formarse y rara vez regresan. En sanidad, el transporte sanitario, tanto el convencional como el de emergencias, es extremadamente deficiente. En una provincia que es más grande que todo el País Vasco sólo existen dos UVI móviles, una en Teruel y otra en Alcañiz, es decir, una en cada punto de la provincia para atender cualquier emergencia sanitaria. Las urgencias psiquiátricas son inexistentes. Las parturientas carecen todavía de anestesia epidural, siguen pariendo como sus madres y sus abuelas.
En infraestructuras, Teruel es la única provincia de España que no tiene ni un solo kilómetro de autovía o autopista terminada. Sus carreteras nacionales soportan una elevada intensidad de tráfico, especialmente de vehículos pesados al ser zona de paso entre las pujantes Levante y País Vasco. A pesar de este nivel de tráfico, muchos de sus tramos se encuentran en muy mal estado, lo que, unido al volumen de tráfico, convierte la conducción por ellas en una actividad de alto riesgo, y esto se lo dice una persona que viaja mucho de Zaragoza a Teruel. Ferrocarril. Teruel es la única capital de provincia sin conexión ferroviaria directa con Madrid, y ha perdido una ocasión porque en la discusión del AVE podía haber pasado por esa zona. Sólo existe una línea férrea que discurre entre Zaragoza y Valencia, solamente pasan seis trenes al día, tres en dirección Zaragoza y tres en dirección Valencia. Las condiciones del trazado pueden calificarse de tercermundistas. Los trenes sólo pueden circular a velocidades bajas. El mal estado de la vía ha provocado en 1999 ocho descarrilamientos y 44 incidentes de consideración; algunos trenes han descarrilado hasta dos veces. Paradójicamente, las inversiones del Ministerio de Fomento durante ese año 1999 fueron sólo de 7 millones de pesetas, pero todas ellas destinadas a actuaciones de desmantelamiento de la vía.
Ante este panorama, lo lógico sería pensar que los fondos destinados por las diferentes administraciones, especialmente por parte del Estado y de la Unión Europea, para paliar esta situación de subdesarrollo fueran considerables; ocurre todo lo contrario: Teruel, al igual que el resto de Aragón, está excluido del Objetivo 1 de la Unión Europea, que acapara el 70 por ciento de los fondos estructurales. Es absolutamente inconcebible que las gentes de Teruel que tengan que marcharse a Valencia vean que la Comunidad Valenciana recibe ayudas del Objetivo 1 de la Unión Europea.
Por su parte, el Estado español todavía agrava más la situación al excluir a Aragón del fondo de compensación interterritorial al destinar el mismo a territorios catalogados como Objetivo 1. Esta situación no se palia ni por asomo con el insuficiente fondo de inversiones especiales para Teruel. Por si esto fuera poco, la Dirección de Incentivos Regionales otorga subvenciones a fondo perdido para la instalación de determinadas industrias en provincias limítrofes a Teruel, como Castellón y Valencia, con un porcentaje de subvenciones mucho más elevado que el que se puede conceder en Teruel.
Señor ministro, señorías, Soria será Teruel; Burgos será Teruel; mucha parte de la España interior será Teruel. Por eso, nosotros, desde la reivindicación de un Teruel vivo, preguntamos al Gobierno qué medidas piensa tomar para poner en marcha a esta provincia y a esa España interior que está absolutamente agonizando.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señorías, señor Labordeta, a pesar del esfuerzo que ha hecho S.S. en esta tribuna para convertirse en el paladín de la denuncia de una situación marginal, de una situación que en su interpelación califica de desoladora al referirse a la provincia de Teruel; a pesar, digo, de ese esfuerzo, planteado como reivindicación frente a un gobierno que implícitamente -por la insensibilidad que demuestra, por ejemplo, ante la enmienda que usted citaba o las enmiendas a los presupuestos- no atiende las necesidades de Teruel, quiero decirle que entre su análisis -el de su grupo político- y el del Gobierno o el del Partido Popular sólo hay una pequeña diferencia: usted, su grupo político y la plataforma Teruel existe han descubierto este panorama desolador en el año 1999 y el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular han hecho el giro de 180 grados en el año 1996. Le llevamos cinco años de ventaja, señor Labordeta; cinco años no haciendo la cigarra y cantando las tristezas de Teruel, sino trabajando todos los días,

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como las hormigas, desde el Gobierno de Aragón, mientras fue del Partido Popular, y desde el Gobierno de España para paliar y resolver todos esos déficit que S.S. ha señalado aquí esta tarde. Yle voy a dar datos y le voy a dejar documentos que prueban cada una de las afirmaciones con las que yo le voy a responder esta noche desde esta tribuna, precisamente por respeto a Teruel.
Es curioso, señor Labordeta, que S.S. se haya alarmado por las inversiones en Teruel. En el año 2000 ó en el año 2001, en que ascienden prácticamente a 10.000 millones de pesetas, sin contar las que en los fondos mineros o en los planes especiales de economía están en el capítulo VII y que hay que sumar a éstas, o las que en inversiones previstas, como las de las autovías hechas por el método alemán, se computan sobre el ejercicio. Lo digo porque en los años 1994 y 1995 a Teruel se le dedicaba solamente la mitad de este presupuesto. Parece que en aquellos momentos, un presupuesto, la mitad del que en estos momentos le obliga a usted a presentar esta interpelación, no era un panoramapreocupante que exigiera movilizaciones.
Dejando al margen, como digo, el análisis de esta pequeña diferencia y yendo a los datos, señor Labordeta, Teruel estaba fuera de la red de autovías, claro que estaba fuera de la red de autovías en el plan de carreteras 1984/1991, estaba completamente fuera de la red de autovías, y por eso hoy no hay autovías en servicio porque para inaugurar una autovía hay que empezar los estudios informativos, la planificación diez años antes. Le voy a dejar copia literal del documento para que tenga testimonio fehaciente de que entre 1984 y 1991 se dejó fuera a Teruel de la red de autovías. En el año 1996 este Gobierno se encontró con que entre Teruel y Zaragoza no estaba terminado el estudio informativo; y este Gobierno culminó el estudio informativo, lo sometió a información pública, aprobó la declaración de impacto ambiental y licitó todos los proyectos entre Zaragoza y Teruel y entre Teruel y el límite de la provincia con Castellón de la autovía Somport- Sagunto, entre los años 1997 y 1998. Todos los proyectos, señor Labordeta, licitados, como paso previo a la construcción, en los años 1997 y 1998: 150 kilómetros de autovía encargados por este Gobierno.
En el año 1997, un año después, el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó una dotación de fondos especiales para Teruel y sólo para Teruel, duplicando la dotación existente hasta ese momento. Y por decisión de este Gobierno, Teruel está recibiendo, aunque usted no quiera subrayarlo en sus intervenciones, 1.800 millones de pesetas anuales en un convenio firmado con el entonces Gobierno de Aragón, que también duplicaba sus aportaciones, para mejorar las dotaciones de infraestructuras de Teruel, y este convenio está vigente hasta finales del año 2001.
En el año 1998, señor Labordeta, este Gobierno pactó con los sindicatos mineros un plan de la minería, para inyectar recursos especiales a las comarcas mineras españolas, entre ellas, a las comarcas mineras de Aragón, que básicamente son las comarcas mineras de Teruel. Aunque en el plan de la minería el parámetro de asignación de recursos es la pérdida de empleo minero, habiendo perdido Aragón poco más del 7 por ciento del empleo minero en toda España, entre los años 1998 y 2001 Teruel ha recibido, en ayudas para la reestructuración de sus empresas, 31.000 millones de pesetas; y para las inversiones en infraestructura, becas e incentivos empresariales, ha recibido, entre los años 1998 y 2000, 27.200 millones de pesetas: Aragón, el 13 por ciento de los fondos mineros, la mayor parte destinados a Teruel. Esta es otra prueba, otro ejemplo concreto, que no sale en el capítulo VI de los presupuestos, hay que buscarlo en el capítulo VII de los presupuestos cada año, para sumarlo a las aportaciones para inversiones del Estado en Teruel desde que gobierna el Partido Popular, desde que gobierna José María Aznar.
En los años 1998 y 1999, porque había proyectos, se licitaron los dos primeros tramos de la autovía Sagunto- Somport: los tramos Santa Eulalia-Monreal y Monreal- Calamocha, 37 kilómetros de autovía. Salga usted por España o fíjese bien cuando sale por España. No hay muchas provincias españolas, señor Labordeta, en las que hoy se estén construyendo 37 kilómetros de autovía. Hay alguna provincia en la que se están construyendo 37 y en alguna se está haciendo algún kilómetro más. Haga usted la lista y verá por delante de cuántas provincias está Teruel en la construcción de autovías. Usted debe preguntarse por qué no se empezó antes, pero debe reconocer que este Gobierno empezó a construir autovías por Teruel y en este momento están en construcción, iniciados en 1999, 37 kilómetros y que en los años 1999 y 2000 este Gobierno culminó un plan de infraestructuras que, en relación con planes anteriores, ha completado las necesidades de Teruel.
En el Plan director de infraestructuras del Gobiernoanterior, el del año 1993 con horizonte 2007, la vía de conexión Cuenca-Teruel era una carretera convencional. Pues bien, en el Plan de infraestructuras 2000-2007 el corredor Cuenca-Teruel es autovía, señor Labordeta, con estudio informativo encargado e iniciándose los trámites para que el proyecto recorra todo el proceso administrativo de proyecto y, finalmente, de construcción. En el Plan de infraestructuras de este Gobierno se incorpora Teruel a la alta velocidad ferroviaria española. Puede usted buscar Teruel en el Plan de transportes ferroviarios 1987-2000. Tiene razón, no está Teruel. Puede usted buscar Teruel en el Plan director de infraestructuras 1993-2007. No está Teruel, tiene usted razón. Pero, señor Labordeta, en el Plan de infraestructuras 2000-2007, del Gobierno de José María Aznar, está Teruel contemplado en todas sus necesidades de comunicación por autovía y conectado a la red de alta velocidad ferroviaria española.
(Aplausos.) No le dausted importancia y lo comprendo.


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Comprendo que estos son datos que describen una realidad que no le interesa, señor Labordeta, porque desmonta su discurso. Con estos datos es muy difícil hacer victimismo, señor Labordeta. Además, lo que es imparable es que detrás de un estudio informativo venga una declaración de impacto ambiental, detrás un proyecto y detrás una obra. Por eso, señor Labordeta, en los presupuestos del año 2001 ya se contemplan dotaciones para nuevas licitaciones de autovía en la provincia de Teruel, en el eje Somport-Sagunto, y se contempla la posibilidad de licitar proyectos de alta velocidad en el corredor Teruel-Zaragoza en aquellos tramos en los que ya están en redacción los proyectos constructivos de la nueva línea de alta velocidad que, además de comunicar a Teruel con Zaragoza, va a vertebrar interna y ferroviariamente la Comunidad Autónoma de Aragón.
Lo va usted a ver este año, señor Labordeta, y eso es lo que está poniendo nerviosos a muchos. Está poniendo nerviosos a los que nunca hicieron nada por Teruel durante tantos años de responsabilidad y de Gobierno y necesitan acreditarse. Y ahora es cuando surgen las plataformas. Es curioso, no hay plataformas para reivindicar a Teruel hasta el año 1999. Cuando no se hacía nada por Teruel, cuando Teruel no estaba en la planificación del Estado, nadie reivindicaba a Teruel, y ahora que está en marcha la respuesta a todas las necesidades de Teruel hay plataformas reivindicando Teruel. ¿Sabe usted para qué? Para, cuando empiecen esas obras, poder decir: Se hicieron gracias a nosotros. No, señor Labordeta, se están haciendo gracias al Gobierno de José María Aznar, que empezó a trabajar en el año 1996 para dotar a Teruel de las infraestructuras viarias y ferroviarias que necesita para no quedar descolgado y ser una bolsa aislada del conjunto del territorio español. (Aplausos.) Quiero decirle, señor Labordeta, que tenga la amabilidad de estudiar los Presupuestos Generales del Estado en los términos que ahora le voy a facilitar, que tenga usted la amabilidad de dividir el presupuesto de inversiones del Estado por el número de habitantes en cada provincia, y en el año 2001 se encontrará usted, en los presupuestos que aprobó esta Cámara, con que, siendo la media de inversión en España de 53.000 pesetas por habitante, este Gobierno, en el año 2001, sin contar el capítulo VII -que es muy importante-, a Teruel le ha asignado 105.600 pesetas por habitante. Teruel, en los presupuestos de 2001, sin haber empezado a cristalizar muchas de las inversiones que se van a materializar con la puesta en ejecución de nuevos tramos de autovía o de nuevos tramos de ferrocarril, sin contar el capítulo VII, los fondos mineros y los fondos de economía, duplica la media nacional de inversión por habitante. A S.S. le parecerá poco, pero no podrá decir que, comparándose con otros territorios españoles, Teruel está agraviado por los Presupuestos Generales del Estado. Si usted va al Ministerio de Fomento se encuentra lo mismo: la media son 32.000 pesetas por habitante, y a Teruel se le adjudican este año en los presupuestos 71.000 pesetas por habitante.
Esta es la comparación real que hay que hacer para saber si Teruel está peor o mejor atendido que lo estaba hace unos años. Debe usted añadir también las previsiones del Plan hidrológico nacional. Eso es política real, señor Labordeta, no demagogia inútil e improductiva, invocando el agua y envolviéndose en la bandera del agua; es política hidráulica real, para crear riqueza en todos los territorios de España, empezando por Aragón, con unas dotaciones programadas de 44.000 millones de pesetas en obras hidráulicas, en el Plan 2000-2008 del Ministerio de Medio Ambiente.
Señor Labordeta, estos son los datos que permiten que esa pequeña diferencia que había entre su análisis y el mío, que es simplemente reconocer que las cosas no han empezado a cambiar en el año 1999, sino que empezaron a cambiar el año 1996, tenga justificación. Esa es la pequeña diferencia de nuestros dos discursos, que algunos tienen que esperar a las manifestaciones para que se movilicen los gobiernos y otros, mucho antes de que se movilice ningún manifestante, hemos puesto en marcha las autovías, la alta velocidad, los fondos mineros, los fondos de economía y el plan hidrológico, para hacer que Teruel recupere el puesto que debe tener en el conjunto del Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez-Cascos.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro, en principio yo no me convierto en paladín de nada, primero porque no soy diputado por la provincia de Teruel, pero sí tengo unas relaciones sentimentales y familiares con ella, y por tanto tengo derecho a preguntar qué pasa con ese territorio. Posiblemente he sido muy cigarra durante toda mi vida, y por eso no he llegado a dónde ha llegado usted; usted ha llegado a ministro y yo me he quedado en humilde diputado de la Chunta Aragonesista.
Yo me quedo asombrado, señor ministro, porque sigo viendo dos países completamente distintos. Yo no voy de ministro, en coche, pasando a 220 por hora por las carreteras, sino que camino y hablo con la gente, y veo que hay dos países, uno virtual, en el cual los millones van por todos los sitios, y uno real, que es la realidad que se ve todos los días. Usted dice que no hay autovías, que se están haciendo muchas autovías y que la única autovía que se está haciendo en estos momentos de verdad es la de Teruel. Naturalmente, porque las demás autovías están ya acabadas. Usted inauguró hace muy poco tiempo una autovía que habían empezado los gobiernos anteriores, que es la autovía Zaragoza-Huesca. Yo no vengo aquí a hablar en nombre del Partido

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Socialista, que sustentaba al Gobierno anterior, vengo a hablar en nombre de los ciudadanos, posiblemente muchos de ellos votantes de ustedes, que han visto como la esperanza que tenían puesta en el Gobierno de José María Aznar no se ha cumplido. Ojalá todo lo que usted me ha dicho aquí se vaya convirtiendo en realidad. En una campaña electoral, el señor Lanzuela -y ahí está él- dijo que llevaría a Teruel 300.000 millones de pesetas. Yo le dije: si usted trae 300.000 millones de pesetas, yo seré el primero que le dirá chapó por esta acción, porque uno en el fondo quiere a Teruel y no a los partidos políticos. Yo quiero a los ciudadanos de Teruel, quiero mucho a Teruel, a la sierra de Albarracín, quiero mucho al Maestrazgo y si me dice que de pronto estos territorios están pasando a un estado virtual donde van a tener de todo, me quedo asombrado.
Usted ha dicho cosas que me han asombrado porque habla de que Teruel va a estar dentro de las líneas de alta velocidad. Hace poco hubo una reunión donde estuvieron los representantes de las comunidades autónomas de Valencia, de Murcia, de Castilla-La Mancha y aunque fue gente de Teruel no se invitó al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón para preguntarle su opinión. Si vemos el mapa de España, la línea de alta velocidad correcta y lógica pasaría por Madrid, Cuenca, Teruel, Castellón. A un niño le dice usted: marca la línea del tren de alta velocidad de Madrid a Castellón y seguro que marca: Cuenca, Teruel, Castellón. Usted dice que se va a llevar la alta velocidad a Teruel y estoy encantado. Estoy reclamando cosas para Teruel desde hace muchos años, por encima de los partidos políticos que han gobernado en el país y en mi autonomía. Cuando me dice que van a invertir 71.000 pesetas por habitante frente a las 32.000 de antes, le digo que ojalá sea verdad. Lo que pasa es que no me fío mucho de estas cosas, porque hace poco debatimos aquí una proposición de ley para el Canfranc y aunque la firmamos todos, está pasando a mejor historia.
Todas las respuestas que me ha dado se refieren a infraestructuras.
Para Teruel son muy importantes las infraestructuras, pero no nos olvidemos, y se lo he dicho en la exposición de mi interpelación, que hay además personas, gente. Yo le he hablado del aspecto de la sanidad y usted no me ha dicho nada. Le he estado hablando de Educación y no me ha dicho nada. Naturalmente no lo sabe, no es el ministro competente y ha venido a hablar pensando en que yo le iba a preguntar solamente sobre las comunicaciones en la provincia de Teruel. Hay otras cosas que sacar adelante. El plan Miner no funciona tal como usted dice. Hay muchos problemas en el plan Miner y la prueba es que la zona de lo que era la minería está absolutamente deprimida, con muchos problemas. Le vuelvo a insistir en que no solamente hay problemas de infraestructuras. La autovía a la que se refiere es un trozo, son 37 kilómetros, pero cuando uno va hacia Teruel desde Zaragoza, hay un cartel bien grande que dice: Autovía Sagunto-Francia. Eso sí, el cartel está puesto. El trozo de autovía que está hecho es el más sencillo y faltan muchos kilómetros por hacer. Faltan muchas cosas en Teruel y faltan esperanzas fundamentalmente. El otro día en un programa de radio una niña decía: Cuando acabe de estudiar me marcharé. Le preguntaron: ¿Irás a Zaragoza? La niña contestó: No, a Zaragoza no; me iré a Valencia. Los turolenses no se llevan muy bien con nosotros porque piensan que somos los expoliadores de ese territorio.
Tomo en consideración estas promesas que usted ha dicho y dentro de un año o dos volveremos a lo mismo. También se lo dije al señor Lanzuela, ojalá traigan los 300.000 millones. Yo no estoy aquí para estar en contra de nadie. He venido a esta tribuna a estar a favor de Teruel. Si ustedes invierten en Teruel, me parece estupendo. Yo levanté la voz en defensa de Teruel cuando había gobiernos socialistas, cuando había dictaduras. Posiblemente, por ser tan cigarra estoy donde estoy y no he llegado más arriba, pero no estoy en contra de ustedes. Estoy a favor de Teruel y lo que pido es que esas promesas que usted acaba de hacer se vean cumplidas y ojalá un día venga a inaugurar todas esas cosas que ha dicho y además de todas esas cosas podamos ver que la gente no tiene que marcharse de Teruel, que se queda en Teruel y que sea un territorio que tire hacia arriba.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señorías, yo he entendido, señor Labordeta, en esta segunda intervención, que usted nos concede un margen de confianza; que usted ha tomado por la palabra mis afirmaciones y nos concede un margen de confianza, con un escepticismo mayor o menor, pero que nos concede un margen de confianza.Yo quiero decirle que agradezco su margen de confianza y que puede tener la certeza que esa confianza la va a ver usted razonablemente correspondida. ¿Por qué le digo razonablemente correspondida? Verá usted. La política de infraestructuras probablemente es la política en la que se concilian las mayores impaciencias de la sociedad y las mayores dificultades para ganar tiempo a la hora de su ejecución. Le diría más, es la política en la que en los últimos años el progreso ha complicado más la agilidad de su ejecución, porque nos hemos dado un procedimiento tan garantista, para hacer un aeropuerto, un puerto, una línea ferroviaria, una autovía, ahora con las nuevas exigencias de la declaración de impacto ambiental, que en los últimos años el procedimiento es más largo que lo fue en el pasado reciente cuando no había un procedimiento reglado tan exigente. Debe usted de saber que desde que se pone en

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marcha un procedimiento para construir un gran eje ferroviario, una autovía, hasta que se inaugura pueden pasar ocho años, si van bien las cosas, nueve, diez por término medio. Por eso, a mí me interesa mucho cada vez que acudo y tengo el honor de presidir una inauguración de méritos que corresponden a mis antecesores, porque, salvo pagar las últimas certificaciones, de las cosas que se han inaugurado en esta legislatura este ministro no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué se empezó hace diez años o hace nueve años o hace ocho años? Yo creo que es bueno decir a la gente de Teruel que en el año 1996, en 1997, en 1998, ahora, en este mismo año se están poniendo en marcha muchas cosas que no se pusieron en marcha antes, y que si no se hubieran puesto en marcha no llegaríamos nunca a ese momento de la realidad tangible a la que usted se quiere acoger para valorar de verdad los resultados de una gestión. Eso es lo que yo le pido que razonablemente contemple.Si usted quiere que mañana empiecen unas obras, antes hay que hacer un proyecto, y ese proyecto exige antes una declaración de impacto ambiental, y antes sacar a información pública para que los ciudadanos digan las objeciones que tienen a los trazados. No nos lo podemos saltar, ni creo que S.S. me lo proponga, pero es una realidad que hay que explicar. Hay que hacer pedagogía también para que la impaciencia de la sociedad tenga un punto de equilibrio entre lo que es razonable a la hora de juzgar la tarea y la dedicación de los gobiernos para atender esas responsabilidades.


Hablaba S.S. como reproche de que, como Teruel no está en el corredor de Levante, no está en la red de la alta velocidad española. Eso no es así. Teruel ha estado siempre en la red de alta velocidad desde que este Gobierno ha presentado su plan. Antes de las elecciones, lo hemos presentado a las elecciones, yo he presentado en esta Cámara en el mes de junio el corredor Huesca-Zaragoza-Teruel. De repente, en el mes de julio del año 2000, si yo me equivoco me aporta usted los antecedentes, en julio, en relación con la discusión sobre el corredor de Levante en el que había compromisos de cuatro comunidades, alguien desde Teruel dice: No, es mejor que Teruel se incorpore a este otro corredor. Me parece muy respetable, señor Labordeta. Pero el corredor de Levante llevaba tramitándose tres años, y la política de infraestructuras no puede ser una política de ocurrencias, y los planes de infraestructuras no son planes cerrados.
Ahora este Gobierno ha presentado un plan, el que venga detrás podrá continuarlo, y Teruel tiene abiertas todas las puertas para seguir con la autovía hacia Cuenca, para seguir con el corredor ferroviario que hasta Valencia sigue incluido en el programa de ferrocarril convencional. El corredor de Canfranc no ha sufrido modificaciones.
Los tres tramos Zaragoza-Huesca están en proyecto y S.S. va a comprobar que se licitan las obras en ancho internacional, tal como anuncié en la Cámara, dentro del año 2001, si no surge ninguna dificultad administrativa. ¿O es que el tramo Zaragoza-Tardienta-Huesca no forma parte del Canfranc? Del resto tendremos que hacer estudios informativos y seguir acompasando nuestras exigencias a la realidad de la parte francesa, que después de su gran declaración de abril del pasado año no ha concretado proyectos. Nosotros sí.
Quiero terminar, señor Labordeta, con un ejemplo que usted puede constatar, si se fija con detalle, en sus desplazamientos por la geografía española, y ver qué dicen en otros sitios, porque usted habla con la gente y pregunta qué dicen en Teruel. Yo le voy a decir lo que decían en Andalucía el 10 de diciembre de 2000. Decían que Andalucía no recibía suficiente dinero por habitante en el Plan de infraestructuras y destacaba que la primera comunidad en dinero por habitante del Plan de infraestructuras es Aragón. Esto es lo que dicen en otras comunidades autónomas, señor Labordeta. Yo le pido que escuche a todos, que haga ese esfuerzo, y le agradezco su confianza.
Y por favor, señor Labordeta, si me permite una última invitación para poder seguir haciendo un esfuerzo de acercar posiciones, cuando mire a Teruel que los árboles no le impidan ver el bosque.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez-Cascos. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, esta diputada lo es desde 1993 y, si no recuerdo mal, creo haber presentado la misma enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, tanto con el Gobierno del Partido Socialista como con el Gobierno del Partido Popular, a dos cosas en concreto: una, la autovía Somport-Sagunto y la otra la electrificación del tren Sagunto-Teruel-Zaragoza-Canfranc. Y no ha sido a partir de 1996, sino desde mucho antes. Probablemente los ciudadanos y las ciudadanas de Teruel, hartos de soportar una determinada situación ha llegado un momento en el que han dicho: basta y ahora empezamos a reivindicar nuestras necesidades que desde una forma más dialogante, si se quiere, no han sido atendidas y ahora lo vamos a hacer desde la calle, movilizándonos, y posiblemente con la intención de conseguir aquellos objetivos que se han planteado.
También, señor ministro, quiero decirle que, tal y como usted nos lo expresaba en la tribuna, parecía que se iban a construir varias autovías en Teruel y solamente está en funcionamiento una, la de Somport-Sagunto; otra que se puede iniciar y sólo hay un tramo en la autovía de Sagunto a Somport que esté previsto licitarlo por el modelo alemán, que es el de Escandón-Teruel. ¿Qué

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pasa con el resto de los tramos en los que ya están acabados los proyectos? No es un problema de trámite administrativo, ya están acabados los proyectos, ¿cuándo se van a licitar? ¿Cuándo vamos a conseguir que desde Levante, desde Valencia podamos tener una conexión que permita mejorar determinadas comarcas de las zonas de Valencia y, además, mejorar la provincia de Teruel y las conexiones de Teruel saliendo hacia el norte de nuestro país? Además, señoría, no solamente vamos a hablar de autovías, es que hay más necesidades. ¿Qué ocurre con otras reivindicaciones, como el desdoblamiento de la N-232, el de la N-330, o el de otras variantes que se tienen que realizar para conceder infraestructuras? Y si hablamos de ferrocarril no solamente está la necesidad de la electrificación del tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, tantas veces prometido y que todavía, que nosotros conozcamos, no se ha iniciado ni siquiera el proyecto para su electrificación y mejora, pero también hay otras necesidades que no son sólo y exclusivamente esas.
Señor ministro, el Gobierno del Partido Popular, se lo dije a usted en su comparecencia del mes de junio, nos prometió un AVE en la puerta de casa a cada ciudadano de este país y una autovía, o una autopista, pero, ¿qué ocurre con el resto de las infraestructuras que no son vías rápidas pero sí necesarias para el desarrollo de los territorios y para el equilibrio territorial? ¿Qué ocurre con ellas? Aquí se reclaman también otras desde la plataforma Teruel existe, de las que nos hacemos eco los políticos porque para eso somos representantes del pueblo en esta Cámara, y de las necesidades que se ven que son tales las que tienen que utilizarse. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la línea Caminreal-Calatayud? No es un AVE, ni tan siquiera es un tren de velocidad alta, sino una necesidad de comunicación de los ciudadanos. ¿Qué ocurre con ello? ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Lo va a cumplir? ¿Lo va a aceptar siquiera cuando está desmantelando en algunos sitios otras infraestructuras ferroviarias? Lo que pide la plataforma Teruel existe no son sólo y exclusivamente infraestructuras, sino algo más, un tratamiento integral para sus necesidades como ciudadanos, para el desarrollo de su provincia, que probablemente algunas de ellas no sean solamente competencias del Gobierno central sino también del Gobierno autónomo e incluso de los propios ayuntamientos pero, señor ministro, cuando los ciudadanos se quejan, porque están hartos de esperar las soluciones que desde los gobiernos no les llegan, nuestra obligación, al menos, es la de escucharles y la de no ponernos la venda y decir: A partir de tal fecha nosotros hemos empezado a hacer, sino de que realmente eso sea visible porque esté hecho, y hay algunos proyectos que no solamente se reivindican por Teruel sino por otras zonas del Estado español que llevan muchos años en la cartera y desde luego a través de los Presupuestos Generales del Estado nunca se van a cumplir los plazos que se han fijado, entre otras cosas no porque el trámite administrativo sea largo, sino porque las cantidades que se van presupuestando cada vez se van aplazando un año más.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero que yo deseo hacer en este trámite es saludar cordialmente a mi alcalde, al alcalde de la ciudad de Teruel, del Partido Popular, que está presente en la tribuna del público y al que yo le doy la bienvenida a esta sesión, y quiero hacerlo porque al mismo tiempo tengo yo mucho interés en que él esté presente aquí para que después cuando podamos hablar personalmente en nuestra tierra podamos comentar lo que hoy se ha dicho aquí.
Señor ministro, no sé sinceramente qué está pasando, porque después de escucharle y escuchar cuán idílicamente vivimos en Teruel, cuán contentos podemos estar en Teruel de las cuantiosas inversiones que este Gobierno está haciendo, de las cuantiosas e importantes infraestructuras que este Gobierno está poniendo en marcha, yo, señor ministro, que vivo en Teruel, que recorro permanentemente mi provincia y mi Comunidad Autónoma de Aragón, no las veo, y como no las veo se me ocurre empezar por invitarle, señor ministro, a que usted y yo hagamos un viaje en tren desde Zaragoza a Teruel y a Valencia para que usted compruebe -yo ya lo he hecho más de una vez- cómo está la línea férrea. También le quiero invitar a que lo hagamos, gustosamente pondré mi coche, que no es malo del todo, y le llevaré a usted gustosísimamente desde Zaragoza a Teruel por la carretera, porque no podrá usted pasar siquiera un metro de autovía hasta Teruel, y después hasta Valencia, y cuando usted haga esos recorridos y vayamos a la zona del Bajo Aragón, que ha citado el señor Labordeta, y hagamos el recorrido entre Zaragoza y Alcañiz, si lo desea, yo le invito gustosa y cordialmente a venir conmigo, podrá comprobar que las cosas no son como usted cree que son, señor ministro. Yo sé que usted es una persona seria y si comprueba una cosa usted no la desdice, pero debe comprobarla, pienso yo.
Por zanjar un asunto que me preocupa, porque siempre se dice lo mismo, quiero aclarar una cosa. Ha dicho usted que la autovía norte- sur en Aragón es idea y decisión del Partido Popular. Se hartan de decirlo. Y le ha dicho al señor Labordeta, enseñándole unos papeles: La autovía no está aquí, está desde que José María Aznar es presidente del Gobierno. Le voy a enseñar, señor ministro, fotocopias del Boletín Oficial del Estado, que es más importante que sus papeles, donde dice

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que el 20 de octubre de 1995 (¿le suena quién era presidente del Gobierno entonces?) se aprobó definitivamente el estudio informativo de la autovía de Sagunto a Burgos, Alicante a Francia por Zaragoza y tramo Teruel-Zaragoza. Y el 7 de septiembre de 1995 (¿le suena a usted quién era presidente del Gobierno entonces?) se aprobó el tramo entre Sagunto y Teruel. Ustedes en este asunto no han hecho más que continuar una obra que decidió hacer el último Gobierno socialista presidido por Felipe González y que, efectivamente, decidió hacerla tarde. Yo querría que lo hubiera decidido mucho antes, pero esa es la verdad. Ustedes no han hecho más que continuar lo que nosotros les dejamos comenzado. Ha hecho desde esta tribuna pedagogía sobre los trámites que lleva una obra. Y usted ha sido, no yo, pero tiene razón, el que hay dicho que hay que empezar por el principio para poder culminar con la creación de la infraestructura. Este Boletín Oficial del Estado que le enseño es el principio.
Conviene que discernamos una cuestión. Por qué la gente en Teruel se enfada. Por qué la gente en Teruel se moviliza. Lo que ha ocurrido en Teruel no es una cosa normal. Todos ustedes tienen que reconocer conmigo que no es una cosa normal. La gente cree que históricamente todos los gobiernos que ha habido no han hecho lo suficiente por Teruel, y creo que la gente tiene razón. Primero, porque ningún gobierno, haga lo que haga, nunca hará lo suficiente por sus ciudadanos, pero, además, porque no ha sido lo suficiente. Como nosotros no habíamos hecho lo suficiente, después de haber hecho un montón de cosas, los ciudadanos nos dicen que pasemos a la oposición.
Llegan ustedes, que parece que traen el maná, y, ¿cómo estamos en este momento? ¿Sabe por qué se enfadan los ciudadanos? Por estas cosas, señor ministro. Si se molesta usted un minuto le muestro unos periódicos. Diario de Teruel del 26 de septiembre de 1996. El entonces señor ministro del Partido Popular, don Rafael Arias- Salgado, en Teruel: En los próximos tres años invertiremos 103.000 millones de pesetas en la autovía (26 de septiembre de 1996, señor Álvarez-Cascos, 103.000 millones, al 26 de septiembre de 1999) En este momento han pasado, no tres años, sino casi cinco ¿y sabe cuando se ha invertido en la autovía? Algo más de 6.000 millones. A este ritmo en medio siglo a lo mejor acabamos la autovía. La gente se enfada porque sigue diciendo el ministro que habrá todo el dinero que sea necesario y las máquinas se van de la autovía después de la inauguración. Se inaugura virtualmente la autovía, de lo que ya hablamos un día, y las máquinas se marchan. No hay obra, no hay máquina, no hay nada. Una desolación absoluta, un cartel inmenso, como decía el señor Labordeta, y la gente se enfada porque ve que se le toma el pelo.
Fíjese, señor ministro, si es sencillo hablar de la autovía. ¿Sabe cuál es la consignación presupuestaria que han hecho respecto a la autovía? Seguro que lo sabe. Es por hablar del giro de 180 grados al que usted se ha referido. Girar 180 grados, señor Álvarez-Cascos, lo ha dicho usted muy bien, es dar la espalda al punto al que se miraba antes, que es lo mismo que han hecho ustedes en Teruel. Ustedes han girado 180 grados en Teruel. Nos han dado la espalda, nos están dando la espalda a los turolenses. Eso es lo que está pasando. Usted lo ha dicho muy bien: hemos girado 180 grados. Pues bien, el giro de 180 grados significa que hay 12 tramos pendientes en la autovía, 12 tramos, señorías, entre el límite de la provincia de Castellón y la ciudad de Zaragoza, pasando por Teruel y toda su provincia. Doce tramos de los cuales cuatro no tienen consignación presupuestaria, no hay ni una peseta; otros cuatro tienen una consignación de 10 millones de pesetas cada uno, señorías, 10 millones de pesetas cada uno para este año. Sumamos ocho tramos, y de los otros cuatro tramos que quedan uno tiene 110 millones de pesetas, otro no tiene ninguna porque se hace por el método coloquialmente llamado alemán, al que no tenemos nada que objetar pero lo que queremos es que se haga, y los otros dos, que son los únicos que se están ejecutando en este momento, tienen aproximadamente 6.000 millones de pesetas. Esa es la realidad: han girado 180 grados, señor ministro. Ustedes giran 180 grados en Teruel cuando incumplen los compromisos que en campaña electoral hacen sistemáticamente. La gente se enfada por esto, señor ministro. Ustedes presentan esto en Teruel: vamos a más, y nosotros tenemos la impresión de que los que van a más son ustedes pero Teruel no. Están aquí fotografiados mis dignísimos compañeros de escaño, los candidatos del Partido Popular, pero esto está lleno de promesas que no están cumplidas. Por ejemplo, hay una promesa muy curiosa: la conexión ferroviaria entre Caminreal y Calatayud para dar salida directa al tren desde Teruel a Madrid. Si yo le cuento, señor Álvarez-Cascos, la que se montó el día que sus compañeros del Partido Popular legítimamente montaron un acto electoral en Caminreal llevando a todos los que había en la provincia de Teruel del Partido Popular, que por cierto como quedamos poquitos tampoco había muchos, para que vieran lo impresionante que iba a ser el corredor Caminreal- Calatayud, no sé si hubiera usted tenido valor hace unos días -mejor dicho, usted no pero sí sus colaboradores- para decirle al consejero de Obras Públicas de Aragón que se olvidara del tema, que ustedes no piensan hacer el Caminreal-Calatayud, que no lo piensa hacer su Gobierno; han dicho que no lo piensan hacer. Además, ustedes han hecho algo que a mí me parece un agravio innecesario hacia Teruel, señor Álvarez-Cascos, se lo digo sinceramente y dolido por ello.
Ustedes han dicho que van a arreglar la línea de alta velocidad entre Teruel y Zaragoza, pero que no van a hacer lo mismo entre Teruel y Valencia. Y usted, señor Álvarez-Cascos, tiene que saber, lo sabe seguro, que eso significa convertir a Teruel en un fondo de saco y condenar a Teruel a la

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marginación, por mucho que nos diga que tenemos una línea para conectar con Zaragoza.


La señora PRESIDENTA: Señor Torres, le ruego que vaya concluyendo.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino, señora presidenta.
Esto es así de triste y por eso en Teruel estamos sinceramente enfadados con ustedes. Y cuando yo le pregunto por escrito qué piensan hacer para contestar a las reivindicaciones turolenses, ustedes por escrito -tengo la respuesta aquí- me contestan que ya está el plan especial de Teruel. ¿Cómo que ya está el plan especial de Teruel, señor ministro? El plan especial de Teruel existe desde diciembre de 1990, siendo presidente del Gobierno de España Felipe González y ministro de Hacienda don Carlos Solchaga, y siendo presidente del Gobierno de Aragón don Hipólito Gómez de las Roces y consejero de Economía y Hacienda don Santiago Lanzuela. Desde 1990. O sea ¿que la solución para Teruel ahora es lo que ya está funcionando desde 1990? Si nosotros en Teruel no le estamos pidiendo que nos explique lo que hay; si lo sabemos muy bien, señor ministro. Lo que le estamos preguntando es qué más, además de lo que hay, vamos a tener para poder salir del subdesarrollo, del abandono y por supuesto de la marginación, porque nos estamos quedando sin gente, señor ministro.
Acabo, señora presidenta, de verdad. Me parece una broma macabra por su parte hablar de inversión por habitante en la provincia de Teruel.
Señor ministro, se lo digo seriamente, se lo ruego, se lo pido por favor: no utilice esos datos porque es una broma macabra a Teruel utilizar la inversión por habitante, y se lo digo con respeto y cordialmente.


La señora PRESIDENTA: Señor Torres, le ruego concluya. Lleva consumido más del doble del tiempo.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Lo sé, señora presidenta, y se lo agradezco.
Señor ministro, por favor, cuando salga usted a esta tribuna de nuevo, dénos alguna esperanza, se lo ruego; la necesitamos y es absolutamente necesaria si no queremos crear dos Españas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular y, en primer lugar, para dar las gracias al señor Labordeta, que creo que ha actuado con buena fe en su interpelación y nos ha dado la oportunidad de oír todos los datos que ha dado el señor ministro. Son datos reales y, desde luego, con plataforma o sin plataforma, el Gobierno está trabajando desde 1996 hasta estos momentos, y continuará haciéndolo.
El señor Labordeta está a favor de Teruel; nosotros por supuesto que también. A este respecto, el hecho de que presentara unas enmiendas y no se las aprobaran no quiere decir nada. Desde 1983 hasta 1996 este diputado que les habla, en las Cortes de Aragón y posteriormente en el Senado y en el Congreso, presentó miles de millones de enmiendas y la mayoría de aquel entonces las rechazó absolutamente todas. Tengo que decirle que Teruel, frente a ese discurso que me atrevería a catalogar de negro -revivir los fríos inviernos, la guerra civil, etcétera, me parece que está trasnochado-, es una provincia a la que ojalá los gobiernos anteriores a 1996 le hubiesen dado el trato y la atención que le está dando el Gobierno de España del Partido Popular.
En ese caso, la interpelación presentada no tendría ningún sentido.
Nunca se ha hecho más que desde 1996 hasta estos momentos. Para constatarlo no hace falta más que ver los Presupuestos Generales del Estado de la pasada legislatura y de la actual, que ponen en marcha inversiones en infraestructuras y en el resto de cuestiones. Por ejemplo, la autovía Somport-Sagunto, de la que en mayo de 1996 sólo estaba aprobado el estudio informativo del itinerario Sagunto-Teruel, sin haberse dictado orden de redacción de ninguno de los proyectos constructivos en sus diferentes tramos. El 20 de octubre de 1995, señor representante del Partido Socialista, solamente había la aprobación provisional del tramo Teruel-Zaragoza. En mayo de 1996, el estudio informativo se encontraba sin aprobar. En la misma fecha, la declaración de impacto ambiental estaba sin formular. En ese mismo mes estaban sin redactar los proyectos de los tramos de la autovía en la provincia de Teruel. Es este Gobierno del Partido Popular el que ha realizado en seis meses el estudio informativo del itinerario Teruel-Zaragoza y ha adjudicado los proyectos de siete tramos de 150 kilómetros entre el límite de la provincia de Castellón y la provincia de Zaragoza; en cuatro meses, cuando el tiempo normal es de 18 meses. En 1998 adjudicó la ejecución de las obras de los tramos de Santa Eulalia, Monreal y Calamocha -ya lo ha dicho el señor ministro-, con 15.944 millones de pesetas. La situación administrativa de los correspondientes proyectos de ejecución y la programación económica contenida en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2001 permitirán licitar nuevos tramos de la autovía en la provincia de Teruel: aparte de los que se han mencionado, los tramos de Teruel a Santa Eulalia, de Teruel a Escandón y de Escandón a Sarrión. Eso permitirá generar inversiones del orden de 10.800 millones en el caso de Teruel-Santa Eulalia, 11.350 en el de Teruel-Escandón y 8.500 en el de Escandón-Sarrión, independientemente de que las

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partidas en los presupuestos sean inferiores. Con poco más de 100 millones de pesetas se permitió licitar el tramo de Santa Eulalia a Monreal y el de Monreal a Calamocha. En la provincia de Zaragoza hay otros tramos como Paniza-Torrubia, Torrubia-María de Huerva y María de Huerva-Zaragoza. Es decir, que el Gobierno del Partido Popular elaboró en 1999, como ha dicho el señor ministro, el plan de infraestructuras incluyendo la autovía Cuenca-Teruel, que constituye un eje vertebrador importantísimo y necesario entre el centro y el norte de España y la línea de alta velocidad TeruelZaragoza. En el año 2000 se licitó la redacción del estudio informativo de la autovía Cuenca-Teruel para iniciar el procedimiento administrativo que permitiera su ejecución. Igualmente, se han publicado ya las licitaciones de los estudios informativos y proyectos correspondientes a los ocho tramos de la línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Señor Torres, no va a ser un fondo de saco la línea Teruel-Valencia, porque independientemente de que haya alta velocidad de Teruel a Zaragoza y a Huesca hasta el Canfranc, eso no quiere decir en absoluto que de Teruel a Valencia no se va a poder ir en tren, ni mucho menos; se va a poder ir, como ha dicho el señor ministro, en una línea convencional que simplemente se diferencia en el ancho de vía nada más, pero la velocidad no va a tener nada que ver con la que hay actualmente.
El interpelante olvida cuando habla en su exposición de motivos de que se pedían unos mínimos inversores de 10.000 millones de pesetas, que los presupuestos generales para Teruel en el 2001 superan los 25.000 millones de pesetas frente a los 7.100 millones de pesetas que de forma reiterada se ha dicho que solamente había por los convocantes de la huelga del 29 de noviembre. Eso la gente se lo ha creído y no es verdad. La realidad es esta otra. Podría darle datos -no tengo tiempo para hacerlo-, pero los conoce perfectamente el señor interpelante.
Entre 1996 y 2000 se creó en Teruel más empleo y bajó el paro. Cada día hay más turolenses que tienen un puesto de trabajo y el paro ha bajado durante estos últimos cuatro años. Teruel se ha convertido en una de las provincias españolas en la que porcentualmente hay menos parados -hoy hay exactamente el 6,07 por ciento- y está dentro de las seis provincias que prácticamente podríamos decir que tienen pleno empleo. Son datos publicados muy recientemente. También hay más contratos fijos y hoy en día se firman en Teruel el triple de contratos fijos que en la etapa anterior. Uno de los compromisos de José María Aznar con Teruel era iniciar la unión por autovía de Teruel con Zaragoza y Valencia. Frente a los que no hicieron nada antes, el Gobierno del Partido Popular está invirtiendo en este momento más de 17.000 millones de pesetas para construir esta autovía. También se ha adjudicado la variante norte de Teruel con 1.879 millones y se continúa a buen ritmo para terminarla totalmente.
En carreteras, durante los últimos cuatro años, los gobiernos presididos por el Partido Popular invirtieron más de 29.000 millones y sólo en la red autonómica se construyeron o mejoraron más de 350, como las del eje Teruel-Maestrazgo-Castellón y la comunicación interna de las cuencas mineras y los accesos a la sierra de Gudar y Maestrazgo. En la comunicación por ferrocarril, la sustitución de los viejos convoyes por las nuevas unidades de trenes regionales diesel ligero han mejorado la calidad del trayecto entre Teruel y Zaragoza y se están terminando una serie de estudios para llevar a cabo las licitaciones correspondientes, aparte de las que ya han salido publicadas, como he dicho antes, en el Boletín Oficial del Estado. Y la minería turolense, excluida durante catorce años de cualquier plan nacional de reconversión, está siendo atendida por el Gobierno de José María Aznar. Se invertirán 72.000 millones de pesetas hasta el año 2005 para reactivar socioeconómicamente las comarcas mineras turolenses.
El ministro Piqué y el hoy diputado Santiago Lanzuela y el anterior presidente de Aragón firmaron el protocolo para el desarrollo de las cuencas mineras.
El Partido Popular, en el fondo especial de Teruel, duplicó la partida especial que la Administración del Estado y la autonómica destinan a la provincia de Teruel, fijándola en 18.000 millones de pesetas para compensarla de sus especiales características de dispersión territorial y baja densidad demográfica, y así ayudar a generar mayor renta y riqueza. El ministro Rato y Santiago Lanzuela firmaron las ayudas del fondo especial de Teruel duplicándolo.
Termina el fondo especial de Teruel el 31 de diciembre del presente año y será a partir de entonces cuando se hará la ampliación correspondiente, que es uno de los temas que llevamos en nuestro programa electoral.
Teruel es una provincia que tiene gentes emprendedoras, tanto viviendo entre nosotros como en la diáspora, y saben perfectamente que nuestro futuro depende de lo que seamos capaces de hacer trabajando, con generosidad, con ilusión y esperanza, con el empuje de los propios turolenses, sacando partido de sus propios medios y no desde el victimismo, no haciendo aquí unos discursos catastrofistas como acostumbra a hacer el representante del Grupo Socialista cuando dice que el Partido Popular ha dado la espalda a Teruel y que qué pasa con el Caminreal-Calatayud. No se preocupe, señor Torres, de eso nos vamos a preocupar nosotros perfectamente.


La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego que vaya terminando.


El señor BUESO ZAERA: Sí, señora presidenta, termino enseguida.
En cuanto a todo lo que ha dicho de los doce tramos, etcétera, no se preocupe que si en la época del PartidoSocialista -que duró nada más y nada menos que

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catorce años y la nuestra no llega a cinco años-, alguien dijo que Teruel es el lugar donde no merece la pena invertir, nosotros decimos que sí merece la pena. En la etapa socialista ningún presidente de Gobierno español, durante catorce años, llegó a las tierras turolenses. Con la inclusión en el sistema financiero europeo, la exclusión de Teruel de los fondos europeos, de los objetivos 1 y 2, incluso con problemas para la inserción de los fondos 5b), seha organizado un desequilibrio entre nuestros vecinos y la provincia.
Desde luego el Partido Popular va a llevar a cabo la autovía, la ha empezado y la terminará; el ferrocarril, que lo desclasificó en 1986 el Partido Socialista, la línea ValenciaTeruel- Valencia, lo convertirá el Partido Popular en tren de alta velocidad, en el tren que se merece Teruel en estos momentos; la autovía Teruel-Cuenca, que el Partido Socialista la consideraba como carretera convencional, el Partido Popular la ha incluido en el Plan de infraestructuras y la terminará; el plan Miner supondrá para Teruel, como he dicho antes, 72.000 millones de pesetas, frente a lo que fue anteriormente la reconversión encubierta durante varios años.


La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego que concluya.


El señor BUESO ZAERA: Termino, señora presidenta.


Quiero terminar diciéndole que frente a este victimismo dibujando un panorama negativo en la provincia, como hacen algunos, pues la reivindicación es una cosa y el catastrofismo es otra porque en vez de favorecer perjudica, el potencial Teruel es muy importante y no hay que olvidar que hace ya más de un siglo muchos de los problemas de infraestructuras por los que ahora sentimos anhelos de justicia eran tema constante de debate y queda sitio para la reflexión rigurosa, como decía uno de los más grandes turolenses de todos los tiempos, el polígrafo Domingo Gascón y Guimbau. Esto nos lleva a ser rigurosos y a no calificar los presupuestos estatales de traición y puñalada a los turolenses, como hizo hace cuatro meses un candidato en las últimas elecciones generales. Llevamos nueve meses y nos faltan más de tres años para rendir cuentas al electorado, porque el Partido Popular apuesta por el futuro de Teruel poniendo las bases que se tenían que haber puesto por gobiernos anteriores, pues Teruel no es como aquella tierra sin mar de la que el interpelante sabe bastante, sino que es una tierra llena de esperanza, de ilusión y de gentes que no estamos dispuestos a reblar porque vivimos en Teruel.
Somos turolenses y queremos lo mejor para la tierra donde están nuestras raíces y desde el Gobierno del Partido Popular haremos todo lo que esté en nuestras manos...


La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego que concluya.
El señor BUESO ZAERA: ...para que el esfuerzo individual y colectivo se transforme en realidades y en hechos y convirtiéndolo en un lugar donde sí merece la pena vivir e invertir.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS RAZONES DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNOEN GENERAL ANTE LA INMIGRACIÓN Y EN PARTICULAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL 12 DE FEBRERO DE 2000 TRAS LOS SUCESOS DEL PASADO AÑO EN EL EJIDO (ALMERÍA).
(Número de expediente 172/000062.)

La señora PRESIDENTA: Interpelación, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de 2000, tras los sucesos del pasado año en El Ejido. Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro, usted como nosotros recordará cómo el presidente del Gobierno dijo en su día, refiriéndose a un traslado irregular de inmigrantes desde el aeropuerto de Málaga a diversos países africanos, que existía un problema y que ese problema se había resuelto con la expulsión de los inmigrantes. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Esa parece ser la filosofía que todavía sigue aplicando su Gobierno respecto a la inmigración. Se considera un problema y hay que resolverlo, simple y llanamente, con la expulsión. Además, si se tensa el ambiente y se ganan algunos votos, mejor que mejor. ¿Que en el camino se quedan algunas personas y que se alimentan sentimientos antirracistas en la población? Esos son simples efectos colaterales, como se dice, pero no tiene la menor importancia. Lástima, señor ministro, señorías, que los millones de personas que pasan hambre, que sufren guerras y persecución en sus países de origen no les comprendan a ustedes, que no les llegue clara y nítidamente su mensaje, que no comprendan las bondades de sus leyes, que no aprecien su buena voluntad al gobernar y al final se acaben dejando engañar por mafias que les sacan los ahorros de toda su vida y les hacen jugarse la vida en el Estrecho intentando alcanzar un supuesto paraíso. Si ustedes fuesen capaces de comprenderlos se acabarían de inmediato los encierros, las pateras en el Estrecho y los que ahora vienen a nuestro país se quedarían, eso sí, muriéndose de hambre en sus lugares de origen, esperando que las virtudes del liberalismo les resuelvan los problemas, como nos

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decía ayer el secretario de Estado para la Cooperación; eso sí, a nosotros dejarían de molestarnos, así como a todos los hombres y mujeres de orden de este país. A pesar de eso quedarían decenas de miles de sinpapeles en nuestro país que ya han llegado. ¿Y a estos qué les decimos? Les podemos decir, siguiendo esa misma política, que sigan trabajando en condiciones difíciles por la comida, que vivan en lugares de miseria pero que no armen ruido, que sigan escondidos, que desaparezcan del mapa a mediodía después de trabajar y nos dejen tranquilos, como tiene que ser.
Señor ministro, como usted comprenderá esa no es la realidad ni va a serla. Usted sabe que la evolución de la situación, tras la aplicación de su ley, ha puesto de manifiesto las políticas del Gobierno al iniciar la contrarreforma legislativa; ha puesto en evidencia la ineficacia en los recursos y ha puesto en evidencia las graves deficiencias e irregularidades en las que incurre el Gobierno.
Los efectos de esa incapacidad del Gobierno se demuestran significativamente en estos primeros meses del año para dar una respuesta a la realidad, una respuesta que sea realmente eficaz. Las pateras en las costas andaluzas o en las canarias, los encierros que se suceden en distintos puntos del país, la sobreexplotación, la marginalidad en el trabajo y las pésimas condiciones de vida evidencian que ustedes no van por el camino que sería lógico y deseable. Hay poca credibilidad en su política porque los acuerdos que se firmaron en El Ejido, hoy por hoy, están muy lejos de ser una realidad. Ustedes saben que los jueces solamente han admitido dos de las más de 600 denuncias que en aquellos días interpusieron los abogados de SOS-Racismo. Además, nos preguntamos qué pasa con las teóricas actuaciones de oficio que había que haber llevado, porque nada ha trascendido de las diligencias judiciales abiertas, ni siquiera hemos sabido qué actuación se ha llevado a cabo en torno a la grave agresión que sufrió la máxima autoridad, el subdelegado del Gobierno; no sabemos qué ha pasado, qué medidas han tomado en torno a aquella agresión.
Desde la Subdelegación del Gobierno se habla de constantes gestiones para mejorar la situación de los inmigrantes en Almería, pero lo cierto es que, frente a esas constantes gestiones que dice el Gobierno que realiza, los sindicatos, las ONG, los colectivos de extranjeros coinciden en la apreciación de que un año después no se ha hecho prácticamente nada en El Ejido, que ha sido un año de congelación total y absoluta, como ha dicho el presidente de Atime.
En El Ejido, hoy por hoy, la entrada de magrebíes en ciertos bares sigue siendo imposible, sigue siendo vetada. Todavía son marginados los inmigrantes, que viven apartados de los núcleos urbanos ante la imposibilidad de poder alquilar casas en el centro y teniendo que recorrer distancias kilométricas a la hora de ir a comprar o de tramitar alguna gestión. Usted sabe que hace ahora un año se marchó alrededor del 60 por ciento de los inmigrantes que residían en la zona hacia el norte de España, según denuncian los propios colectivos de inmigrantes. En esta situación ustedes siguen empeñados en aplicar su ley, que no solamente es evidente que no resuelve los problemas sino que los está agravando; una ley que nosotros consideramos -y así lo vamos a hacer- que debe ser recurrida ante el Tribunal Constitucional porque vulnera derechos constitucionales que deben ser reconocidos para toda la población. El proceso de regularización puso en evidencia que las estimaciones que ustedes hacían eran falsas, porque a día de hoy nadie discute que hay más de 100.000 personas -señor ministro, personas- que no están regularizadas en España, que no tienen papeles, no que sean ilegales.
Hay más de 100.000 personas a las que hay que responder, a las que no se puede expulsar de este país y que son necesarias; eso sí, hay que mantenerlas en condiciones humanas, en condiciones dignas y no ser cómplices de que al vivir en unas condiciones tan precarias tengan que se ser pasto de las mafias. Cambiando la ley no se alientan las mafias. Precisamente con leyes más restrictivas las mafias tienen más posibilidades de hacer negocio, cuanto más restrictiva es la ley más se pone a los inmigrantes en sus manos. Con transparencia, con regularización es como las mafias no existirían, pero con su ley, señor ministro, ustedes son cómplices de esas mafias, porque los inmigrantes no tienen otro camino que ponerse en sus manos para alcanzar ese paraíso que se les enseña como si fuese la salvación.
Señor ministro, ustedes no pueden ser ajenos a esta situación, no pueden ser inconscientes ante esta situación. Ustedes son conscientes de cuál es el camino que lleva su ley. Yo no creo que ustedes gobiernen a tontas y a locas. Ustedes gobiernan en función de unos intereses muy concretos, que son los de aquellos que quieren mantener a la inmigración como una mano de obra barata, como una mano de obra al servicio de las mafias. Esa es su mayor responsabilidad, señor ministro. Por eso venimos aquí con esta interpelación a pedirle cuentas, porque creemos que su Gobierno, repito, va por mal camino. Y no se lo decimos solamente desde Izquierda Unida, sino que se lo están diciendo hoy decenas y decenas de colectivos, y por citarle alguno muy cercano, hasta la propia Iglesia católica les dice estos días que están actuando de una forma que no sólo no es justa sino ni siquiera humana. Por eso no puede justificarnos su ley con la necesidad de controlar u ordenar los flujos migratorios. Usted sabe que eso no es verdad, que los flujos migratorios no se controlan con una ley sino de otra manera. No es este el debate pero habría que hablar de la condonación de la deuda externa o de qué hay que hacer para que gran parte de la humanidad no tenga que huir de sus países porque no puede vivir en ellos. Así se controlan los flujos migratorios, no poniendo muros en el Estrecho.
Izquierda Unida no va en solitario, créanos. Nos sentimos muy arropados en este debate por decenas y

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decenas de personas y por muchos colectivos sociales que están con nosotros. Hoy se ha presentado en Andalucía otra propuesta de recurso de inconstitucionalidad de la ley en el Parlamento andaluz, arropado por sindicatos, por Andalucía Acoge y por otros muchos colectivos.
Y vamos a seguir así porque entendemos que la nueva ley no hace más que agravar estos problemas, además de poner en cuestión en nuestro país el respeto a los derechos humanos universales, tal y como recoge nuestra Constitución, y también los derechos sociales y laborales que amparan a los trabajadores en los tratados internacionales. Porque estamos convencidos de eso creemos que es necesario presentar ese recurso, porque es una ley inconstitucional, y lo vamos a conseguir.
Sabemos las presiones que está habiendo; sabemos que si no hubiese presiones, entre comillas, razones de Estado, hoy por hoy habría más de 50 diputados y senadores que habrían presentado ya ese recurso.
Más de 50 diputados y diputadas de todos los grupos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, están convencidos de que es una ley inconstitucional. Pero a pesar de las trabas lo vamos a conseguir; a pesar de las trabas se va a recurrir la ley y el Tribunal Constitucional pondrá a cada uno en su sitio y dejará claro que su ley es inconstitucional.
También queremos plantear aquí que hay que tomar medidas ya, hay que intentar abrir un nuevo proceso de regularización. Usted, señor ministro, no puede decir que la ley no se puede cumplir y no se va a cumplir. Si la ley no se va a cumplir es mejor cambiarla. Por consiguiente, hay que impulsar ya un proceso claro y transparente. No puede un día decir el delegado del Gobierno en Andalucía una cosa y el delegado en Madrid otra. Eso sí que alienta las mafias, eso sí que produce efectos divergentes. Que el Gobierno de una vez por todas abra un nuevo proceso de regularización y que deje claro que todos los inmigrantes que están en estos momentos en España se pueden regularizar porque hacen falta, señor ministro, y se lo dicen también las organizaciones campesinas y agrarias. Hay que hacer ya ese proceso con transparencia y con buena voluntad, no con las trabas que en algunos sitios se pusieron al anterior proceso, porque no es de recibo que en este momento, mientras por una parte se demandan inmigrantes, por otra el Gobierno saque esa espada de Damocles que es la expulsión con la que ustedes siguen amenazando.
Para terminar, señor ministro, nos gustaría que hoy usted aquí no solamente defendiese, como entiendo debe hacer si está convencido, la ley que ustedes han aprobado, sino sobre todo que se comprometiese con medidas concretas para que se cumpliesen los acuerdos de El Ejido, porque ahí su Gobierno pierde credibilidad; que se comprometiese hoy, y es nuestro planteamiento, a que haya un proceso de regularización de todos los inmigrantes que ahora mismo hay en España con todos sus derechos, porque lo contrario, repito, convertiría a usted y a su Gobierno en cómplices de las mafias ya que pondríamos a esos inmigrantes en manos de las mafias, y eso, le repito una vez más, se llama complicidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señorías, la dificultad de una interpelación a una política de Gobierno, que en mi opinión no tiene nada que ver con la realidad, es ciertamente su dificultad, su máxima dificultad. Usted ha descrito una política que no tiene nada que ver con la política del Gobierno, absolutamente nada, y si usted es adversario de esa política que ha descrito, yo también soy absolutamente adversario de la política que usted ha descrito, y estoy tan en desacuerdo con la política que usted ha descrito como usted, pero hay una diferencia y es que no tiene nada que ver con la política del Gobierno.
La primera consideración que le quiero hacer, señoría, es que cuando le he escuchado he tenido la impresión de que S.S. parece olvidar que la política de inmigración en España no puede ser abordada ni valorada de forma individualizada sin hacer una valoración ni un enjuiciamiento simultáneamente de los criterios políticos que determinan los esfuerzos de la Unión Europea para afrontar la inmigración.
En el marco de la Unión Europea usted sabe, señoría, que las cuestiones migratorias han sido tradicionalmente abordadas por los gobiernos de forma unilateral y han dado lugar a un conjunto de regulaciones diferenciadas en cada uno de esos países. Pero eso es el pasado, no tiene nada que ver ya con la realidad, señoría. Parece usted olvidar que hay un Tratado de Amsterdam que ha previsto lo que es ya una gradual pero inexcusable comunitarización de estas cuestiones, que fija plazos, que fija objetivos y prioridades, de modo que los Estados tenemos que ir sabiendo ceder competencias, soberanía en esta materia y debe trascender ya lo que es una mera cooperación intergubernamental.
No quiero reiterarle los principios no ya del Tratado de Amsterdam, sino de la cumbre de Tampere, pero simplemente los voy a enunciar porque son los tres grandes ejes que está cumpliendo escrupulosamente el Gobierno de España en su política de inmigración. En primer lugar, apertura de un diálogo y colaboración con los países de origen y de tránsito de inmigrantes hacia la Unión Europea. Usted ha hablado de cooperación internacional. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Está empezando a diseñar grupos de alto nivel, entre ellos Marruecos, para afrontar lo que es una medida global respecto de la inmigración en origen. Es un esfuerzo aunque lento que lo tiene que hacer el conjunto

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de la Unión y que España sola no lo puede hacer. En segundo lugar, ¿qué dice Tampere? Que se integren socialmente en plenitud de derechos todos los que residen legalmente en los Estados miembros de la Unión, y eso es básicamente un principio de nuestra Ley de extranjería. En tercer lugar también dice Tampere, en una marcada diferencia respecto del anterior enunciado, que hace falta una adecuada gestión de flujos para hacer frente a la inmigración ilegal.
Señorías, estos no son sólo principios que están ahí. La Comisión ya ha elaborado un cuadro de seguimiento de actuaciones que debe realizar antes del 1.º de marzo de 2004 y este año, ya en el segundo semestre y en Presidencia belga se va a celebrar una conferencia monográfica sobre el tema de la inmigración, conferencia ministerial, y el propio Consejo Europeo va a tener que evaluar este año los resultados conseguidos en la aplicación del programa de Tampere. ¿Qué quiere decir, señoría? Que en estos momentos en el seno de la Unión Europea, en los consejos donde abordamos los temas de inmigración, estamos tratando de construir una cultura común, una doctrina común, un proyecto y un discurso común en materia de inmigración en el seno de la Unión Europea.
No sólo tenemos que desarrollar nuestra Ley de inmigración en España, en el ámbito nacional, sino que en coherencia con los mismos principios que lo estamos haciendo aquí tenemos que afrontar un reto europeo. Le voy a poner cinco ejemplos, para que vea que no me estoy inventando nada; cinco ejemplos y cinco retos inmediatos. El primero, una directiva europea sobre agrupación familiar simultáneamente con nuestro reglamento de extranjería; está en pleno debate, está en una segunda lectura en el Consejo de Ministros de la Unión. El segundo, una comunicación sobre política de inmigración, que se ha presentado ya y está en pleno debate en el Consejo. En tercer lugar, una directiva europea de armonización de regulaciones nacionales sobre transportistas, sobre lo que significa el grupo de personas que mediante el transporte negocian con inmigrantes, que ya está prácticamente aprobado y sólo falta la aprobación de Suecia. Un cuarto reto: la propuesta directiva sobre el estatuto de extranjeros residentes legales, que aún no ha sido presentado por la Comisión. Y quinto, en lo que estamos trabajando Consejo tras Consejo y creo que estamos ya próximos a alcanzar un acuerdo, es una política común de asilo europeo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, señoría.
Si usted se olvida de Europa cuando habla de regularización, de lo que ha significado esta regularización en el año 2000, yo me preguntaba si estábamos hablando de lo mismo, porque esta regularización que hemos hecho es la más ambiciosa, con diferencia, de toda la democracia española. La suma de todos los inmigrantes regularizados en los tres procesos extraordinarios de los años 1986, 1991 y 1996 sólo representa el 70 por ciento de todo los inmigrantes que van a ser regularizados en este último proceso extraordinario 2000-2001. Que estos procesos de regularización no agotan la inmigración irregular es un dato, pero una cuestión es saber que siempre va a existir una inmigración de carácter irregular y otra bien diferente es que la inmigración tenga una componente esencialmente irregular, que es lo que ha caracterizado a España en estos años y en ese terreno no podemos caer en la resignación, por eso es tan importante fomentar el hábito de la inmigración regular. Ése es el camino más difícil, pero es el camino que ha emprendido el Gobierno.
Además, aquí hay que buscar y encontrar un punto de equilibrio entre lo que es un esfuerzo de legalidad, que debe ser el objetivo de la ley y de aplicación de la ley, con lo que significa la existencia permanente de una determinada inmigración irregular que existe en España, existe y seguirá existiendo en todos los países de la Unión Europea. Pero, señoría, se han presentado 246.599 solicitudes, se van a conceder 200.000; es decir un porcentaje superior al 80 por ciento, y es una quinta parte del conjunto de la inmigración regularizada que tenemos en España. En ese sentido quiero decir que este proceso, que ya se encuentra en su fase final, probablemente va a tener su remate en el Consejo de Ministros del viernes, donde vamos a aprobar el real decreto de revisión que afecta a esos 60.000 inmigrantes pendientes y que evidentemente será aprobado una vez que conozcamos el dictamen del Consejo de Estado. En esa línea, quiero decirle que no ha habido más que objetividad a la hora de abordar la regularización. No es verdad que en Andalucía y en Cataluña haya habido criterios distintos y que por ello las cifras de denegación han sido superiores. No es verdad. Le voy a poner un ejemplo, porque además explica muy bien el fenómeno de la inmigración irregular. Cataluña, por su proximidad geográfica con Francia, constituyó en un momento determinado el objetivo de un importante colectivo de extranjeros que procedían de los países del Este de Europa y de los países asiáticos, pero que se hallaban residiendo irregularmente en Francia y en otros países comunitarios y buscaron en el proceso de regularización una oportunidad para legalizar su situación y ésa es la razón por la que en Cataluña se han presentado 62.000 solicitudes de un conjunto de 256.000.
Tercera consideración que le quería hacer: los incidentes de El Ejido. Señoría, usted se ha referido a un estado de incumplimiento de lo que son acuerdos del 12 de febrero. De todos los incumplimientos a que usted se ha referido ninguno compete al Gobierno. El Poder Judicial tendrá que determinar, en lo que ha significado una agresión al subdelegado de Gobierno, quién es el responsable, pero no es el Gobierno. Cuando usted dice que los inmigrantes en ocasiones tienen problemas para encontrar un factor de convivencia razonable en determinadas ciudades, eso no depende del Gobierno, ésa es una actitud de la sociedad.


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Señoría, yo no voy a presumir, porque no hay ninguna razón para presumir de El Ejido. Más bien le quiero decir que soy consciente de que hubo unas causas profundas que ocasionaron aquel lamentable y rechazable episodio; pero eso no es fácil de remediar para resolverlo en profundidad. Cuando la convivencia queda afectada los remedios no son fáciles, señoría, y ello no significa que se pueda hablar de inacción o de incumplimiento del Gobierno, y me remito a las competencias del Ejecutivo en esta materia. Se instalaron inmediatamente por la Dirección General de Protección Civil 42 módulos habitables para proceder al realojamiento de 300 inmigrantes.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha abonado, tal y como se comprometió, 232 indemnizaciones por un valor del 100 millones de pesetas. La Secretaría General de Asuntos Sociales, a través de una resolución del 29 de mayo, publicó las ayudas y subvenciones, al amparo del Fondo de emergencia social, a un conjunto de organizaciones sociales por valor de 300 millones. En el ámbito de la regularización, quiero decirle que hubo un acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, con los sindicatos y al mismo tiempo con las asociaciones, y quiero decirle que el resultado en Almería ha sido que se han regularizado 10.000 inmigrantes en este período de los años 2000/2001. En el programa de vivienda, señoría, se ha suscrito un convenio, al que usted no hace referencia, entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, que prevé la convocatoria de promoción de viviendas en alquiler, que van a ser destinadas a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad temporal.
Señoría, voy acabando pero por último le quiero hacer una reflexión sobre una cuarta idea con dos capitulaciones finales. La cuarta idea es: ¿sabe usted lo importante en la inmigración? Que entendamos que lo importante es fomentar los hábitos de la legalidad. Ése no es un esfuerzo baldío. Vale la pena hacerlo y estamos a tiempo de hacerlo.
¿Un instrumento básico? Para hacer lo que debemos, es de verdad definir, potenciar, actualizar, ordenar el contingente. El contingente debe ser un instrumento básico para una política de inmigración. No puede ser un instrumento de regularización de inmigrantes de carácter irregular en España. Debe ser un instrumento de ordenación en función de las necesidades de nuestro mercado de trabajo en los países donde debemos fomentar el hábito de la legalidad de la inmigración. Tenemos que actualizar el concepto del contingente y que no siga siendo un instrumento, que no debe ser, de regularización de inmigración irregular en España, porque eso es desnaturalizar ese concepto. Por ello, tenemos un gran reto y una gran dificultad a través de cada comisión de trabajo provincial para definir y determinar las necesidades de trabajo que necesita el mercado laboral español.
Termino, señoría. Quiero decirle que todos los responsables políticos europeos en materia de inmigración enuncian exactamente los mismos principios dentro y fuera de los consejos europeos. ¿Qué es un discurso o un proyecto lleno de limitaciones? Sin duda. ¿De imperfecciones? Sin duda. ¿Qué no resuelve todos los problemas? Sin duda, pero tratan siempre de buscar no la satisfacción de una ideología determinada; buscan siempre y en estos momentos, y algunos gobiernos de Europa lo han entendido ya, el equilibrio, lo razonable, lo prudente, el sentido común, porque si este talante resulta indispensable para todos los problemas políticos ante un fenómeno como el de la inmigración, que nadie sabe y en qué grado va a evolucionar en las próximas décadas, todavía hay que poner más el acento en este carácter. Todo aquel que afirme que en una década ya conoce la evolución del fenómeno de la inmigración, por lo menos, señoría, es un insensato.
Lo que nosotros decimos con esta ley y con esta política, es que no nos debe guiar el miedo, pero sí la prudencia; que no nos debe atraer la radicalidad, sino lo que le he dicho antes, la búsqueda permanente de un equilibrio. El Gobierno, señoría, en la elección y en la definición de esta actitud, tiene un gran reto en materia de inmigración. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señor ministro, tengo que reconocer que al principio me ha sorprendido porque yo sé que ustedes han echado la culpa a Europa o a otras zonas de la crisis de las vacas locas, de los carburantes, y creía que también le iba a echar la culpa de todo el problema de la inmigración. Eso ha sido algo cuando menos novedoso en su intervención.
Si hablamos de Europa, podemos hablar de la valoración que han hecho los europarlamentarios que han visitado El Ejido estos días, podemos hablar también de la consideración que su ley ha merecido en diversos gobiernos europeos, y creo que no iban a salir ustedes bien parados porque su ley no es precisamente una ley ejemplo en Europa.
Usted ha planteado algunos temas que yo creo hay que centrarlos en su línea. Usted habla de problemas judiciales. Nosotros creemos que el fiscal general del Estado algo tiene que ver con el Gobierno, y podía y tenía que haber actuado; que el subdelegado del Gobierno algo tiene que ver con el Gobierno, y cuando se le agrede el Gobierno tiene que actuar. Yo quería que usted me hubiese explicado aquí cuál ha sido la actuación del Gobierno en defensa de la autoridad del subdelegado del Gobierno, que en otros casos bien la defienden.
También quería que usted hubiese contestado la pregunta que hoy se hacen los que están encerrados y otrasmuchas personas en este país preocupadas por el tema,

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y es qué va a pasar con los inmigrantes que ya están en España y han quedado fuera del proceso, que quedan fuera de esos 60.000 que ustedes dicen que van a legalizar. Efectivamente estamos de acuerdo con lo que dice la Unión Europea, hay que integrar a los que ya están legalmente instalados; el problema es que ustedes no los quieren instalar legalmente. ¿Qué va a pasar con ellos? Solamente hay tres caminos: se les regulariza, se les expulsa o se les deja en manos de las mafias. Yo creo que si ustedes no actúan se convierten en cómplices. Creo que aquí debería quedar claro qué va a pasar, cuál va a ser la actuación de su Gobierno para evitar que caigan en manos de las mafias.
Usted ha dicho que en El Ejido se ha legalizado a 10.000, pero no ha dicho que en El Ejido ha habido un 18 por ciento de denegaciones más que en el resto del Estado; por eso le hemos dicho que no se ha actuado en todos los sitios con el mismo talante. Usted ha hablado de que se han instalado módulos para viviendas, que eran provisionales, que todavía siguen siendo provisionales y nos tememos que lo sigan siendo por mucho tiempo. Usted habla de un convenio, pero un convenio que puede ser papel mojado si no hay terrenos, que puede ser papel mojado si no hay posibilidad de construir viviendas, y esos módulos provisionales se convertirán en eternos, como tantas otras cosas provisionales en este país, y usted también tiene que decir qué va a pasar en ese caso.
Es verdad que el Gobierno central no tiene responsabilidad, pero sí tiene alguna relación con el alcalde de El Ejido y algo le puede decir, porque usted no puede decir que es culpa de la sociedad. El Gobierno tiene que actuar. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado y decir que es culpa de la sociedad, como usted ha venido a decir aquí. Alguna autoridad tendrá usted sobre el alcalde de El Ejido. La realidad es que el Ayuntamiento de El Ejido ha entorpecido las actuaciones en este sentido. También ha habido otros ayuntamientos, por desgracia no solamente de su partido, que también han entorpecido la puesta a disposición de terrenos para la construcción de viviendas. No solamente son las ONG o los colectivos los que tienen que hacer campaña, su Gobierno y los ayuntamientos deben hacerla, pero también tienen que actuar para evitar que se consoliden situaciones que todos lamentamos. Señor ministro, la realidad es que no se ha creado ningún albergue ni residencia para trabajadores temporeros. Es una realidad en El Ejido un año después. Por tanto, no puede usted subirse a esta tribuna como si todo fuese muy bien, porque no es esa la realidad.
Para terminar, señor ministro, le repito que la intención de esta interpelación no es criticar la política de su Gobierno, porque en eso a estas alturas tenemos ya poca confianza; queríamos interpelarle para que usted dijese qué va a pasar, porque eso es lo que está pidiendo la gente. La gente no se encierra y se pone en huelga de hambre por gusto; se encierran y se ponen en huelga de hambre porque no ven claro el futuro. Usted tiene la oportunidad de decir qué va a pasar con los inmigrantes que están hoy en España.
Por supuesto usted quiere fomentar la legalidad. Señor ministro, eso es relativamente fácil de decir desde esta tribuna y desde nuestra sociedad; pero vayamos a los lugares de origen y vamos a ver cuál es la legalidad en ellos. Es evidente que no hablamos el mismo lenguaje, señor ministro. Usted habla un lenguaje, que es el mismo que hablaba ayer el secretario de Cooperación, y nosotros hablamos otro lenguaje, que es el de la solidaridad. Como nosotros creemos en la solidaridad, como creemos que hay que devolver solidaridad, y que es la única forma de acabar con las mafias, le vuelvo a interpelar por última vez para que usted diga si están dispuestos a regularizar, a dar derechos a todos los inmigrantes que hoy se encuentran en España. Eso es lo que le demandan no solamente Izquierda Unida, sino las decenas de encerrados, las decenas de colectivos y gran parte de la sociedad de este país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría, empezando por las cuestiones concretas que usted me plantea sobre El Ejido. ¿Qué tendrá que ver, señoría, El Ejido con la Ley de extranjería? ¡Si la Ley de extranjería ha entrado en vigor el 23 de enero de este año! Ha dicho usted que esta Ley de extranjería produce los efectos de El Ejido y produce una distorsión en Europa. ¿Qué tendrá que ver El Ejido con la ley y con Europa, señoría? ¿Quién puede estar orgulloso de la situación de El Ejido, señoría, de esa situación que hemos vivido en estos últimos años? En mi opinión, ni usted, ni yo, ni el alcalde de El Ejido, ni absolutamente nadie puede estar feliz con esa situación. Quiero recordarle que mi autoridad sobre el alcalde es ninguna; eran otras épocas. Ahora bien, también quiero decirle que no ha habido inacción por parte del Gobierno.
Araíz de esos incidentes hubo 200 detenciones a lo largo de esas jornadas. Evidentemente, al final, cuando se producen las detenciones, el Poder Judicial, el juez correspondiente es el que tiene que determinar. Lo mismo le puedo decir del incidente del subdelegado del Gobierno. Si el subdelegado del Gobierno o cualquier otra persona ha sido agredida las actuaciones tienen que estar en función de la investigación que determine un juez, pero no hay una actuación fundamentalmente gubernativa en ese sentido y en ese terreno. Solo quiero decirle que estoy de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando en El Ejido desde todas las instancias, porque es un tema que debemos resolver entre todos, pero estoy seguro que ésa es la vocación y la voluntad de todos.


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Respecto de la ley, quiero hacer una apreciación: lo importante de la ley es que además de un marco que en nuestra opinión se acomoda bien a la Unión Europea, tiene un conjunto de políticas activas en materia de inmigración que con la ley determinarán, definirán una política de inmigración y eso es lo que habrá que valorar; habrá que valorar esencialmente si ponemos en marcha los mecanismos de legalidad para afrontar la inmigración. Lo que habrá que valorar en unos años es si hemos fomentado un hábito de legalidad en la sociedad española en esta materia. Sin embargo, eso no se puede evaluar el 12 ó 13 de febrero cuando la ley se ha puesto en vigor el 23 de enero anterior.
Quiero decirle que en estos momentos la política de inmigración no sólo es la ley, sino la ley más un conjunto de políticas activas en esta materia. Vuelvo a insistir en la necesidad de la prudencia. Se dice que en Alemania hay más emigrantes que en España. Es verdad.
Allí hay el 10 por ciento y nosotros estamos en el 2,5 por ciento; pero quizá nadie sabe que a lo mejor entre los años 1985 y 1999 si ha habido 10,5 millones de inmigrantes nuevos en Alemania, 7,5 millones de personas han salido de Alemania. Quiero decir que esa gran desproporción en estos años en la evolución de la emigración no es tan exacta porque en España durante el período 1985-1999 a lo mejor no hemos tenido una gran diferencia respecto de lo que al final es el neto en Alemania. ¿Por qué tiene que tener España siempre un factor de especial prudencia en materia de inmigración? Porque tiene dos continentes próximos, uno geográfico y otro cultural ¿Quién puede adivinar lo que va a significar dentro de diez años la situación política y social de esos países? Estamos a catorce kilómetros del contienente africano y estamos muy próximos culturalmente de un continente con problemas económicos y sociales que usted bien conoce.
Vuelvo a decir que no debe ser el miedo el que nos debe guiar en la política de inmigración, pero sí la prudencia y España principalmente también y dentro de la Unión Europea no tenemos por qué pensar que debemos hacer el discurso más vanguardista de todos los países de la Unión. Hagamos un país de la Unión, una política de la Unión y que España sea un referente riguroso.
Por eso, y con esto termino, más allá de las descalificaciones, de la demagogia de esta materia, nosotros en la inmigración queremos dos cosas: una actitud y una política. Una actitud como antes he dicho, que busque permanentemente el equilibrio, que siempre es difícil, pero es indispensable; que siempre es el camino largo, el que está alejado de la demagogia, pero hace falta una actitud que cale en la sociedad española, no sólo en los miembros del Gobierno o en la oposición, sino una actitud en la sociedad española ante esta materia y siempre en lo razonable, en lo prudente, en el equilibrio.
Hace falta, además, una política. Sin embargo, con lo que usted manifiesta, es decir no diferenciando el inmigrante irregular del legal, diciendo que el inmigrante irregular en cualquier momento puede ser legal, diciendo que no hay ninguna diferencia en el tratamiento de ambos, diciendo que lo humanitario, lo razonable es legalizar a todos los ilegales en España, no habrá nunca política de inmigración; la inmigración será siempre irregular porque será un saco sin fondo. Si usted acostumbra a que aquí el hábito de entrada es la irregularidad, por mucho que regularice vendrá otro tanto de inmigración de carácter irregular. Por eso es un saco sin fondo. Para que haya política tiene que haber inmigración legal y regular y si no, no hay política. Por eso, en esa búsqueda de actitud y en esa política de la inmigración, todas las fuerzas democráticas encontrarán al Gobierno, porque de esta política no sólo queremos hacer una política de Estado, sino como antes he dicho, queremos hacer una política de la Unión Europea. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Voy a tomar la palabra muy brevemente. Debemos esperar a la semana que viene para conocer el contenido de la moción que previsiblemente va a plantear Izquierda Unida.
Queremos hacer algunas consideraciones al hilo del debate al que acabamos de asistir. En primer lugar, para nuestro grupo, a pesar de que no representamos a los ciudadanos de aquella comunidad, la lectura de hace unos días del informe de SOS-Racismo sobre la situación en El Ejido un año después nos preocupa, esa es una primera consideración. Un año después, seguramente buena parte de aquellas medidas, que, como se ha afirmado, corresponden a diversas administraciones implicadas en aquellos lamentables incidentes, no se han desarrollado, y el número significativo de personas aún en situación irregular en la zona del poniente de Almería es significativa e importante, por lo que es bueno que esta Cámara realice un toque de atención sobre esta situación con toda la prudencia necesaria.
Segunda consideración: es evidente que el debate hoy sobre las políticas de inmigración tiene una dimensión que supera el estricto ámbito del Estado español. El señor ministro se ha referido a cinco cuestiones del ámbito de la Unión Europea. Y yo aquí sí querría recordar dos cuestiones. En primer lugar, que la comunicación que aprobó la Comisión Europea en noviembre del año pasado al Consejo y al Parlamento introduce uncambio de perspectiva importante en lo que han sido

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los trabajos políticos y legislativos de la Unión en esta materia.
Una lectura atenta de aquel documento nos hace intuir que en algunos aspectos nuestra legislación se ha quedado quizá corta y que hay un cambio de enfoque que yo creo que va a obligar en los próximos años a España a ir más acorde con una dimensión de la política europea mucho más amplia de la que hasta ahora ha tenido en la Unión.La Unión hasta ahora se ha centrado en sus reflexiones en el ámbito europeo quizá demasiado en los aspectos de control de fronteras, del pretendido control de flujos y menos en una visión amplia del fenómeno de la inmigración. La gran virtud de ese documento de la Unión es que aporta esa visión amplia.
Otra cuestión que afecta al ámbito de las políticas de inmigración pero que afecta a buena parte de las políticas que está desarrollando la Unión, es que la Unión va a elaborar próximamente una directiva sobre agrupación familiar muy terminada, está en marcha la directiva sobre el estatuto de los emigrantes de larga duración y, en general, este Parlamento no está debatiendo casi nada de estas actuaciones legislativas de la Unión Europea. Ahí el déficit democrático de la Unión yo creo que se pone de manifiesto en cuestiones que, como estos días estamos viviendo, tienen una especial trascendencia para el conjunto de la ciudadanía.
Yo pienso, y sugiero al Gobierno, que sería bueno, ya fuese en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, ya fuese en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, hacer algunos debates en profundidad sobre cuál está siendo la política de la Unión en esta materia. Es importante precisamente para buscar la legitimidad política y democrática a esta orientación en este momento en que, insisto, Europa está dando un salto cualitativo en esta materia.
Tercera cuestión, proceso de regularización. Nosotros vamos a ver qué es lo que sucede este viernes con el real decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros, mandato, por otro lado, de la Ley 8/2000, pero yo creo que sería bueno que asumiésemos todos un objetivo que enlaza con una pretensión del ministro. El ministro decía, con razón, que el contingente no puede ser un instrumento para regularizar a aquellos que ya están en España. Pues bien; si queremos de verdad que el contingente del año que viene o el contingente que hubiese este año no sirva para eso, sería muy importante que, de aquí a final de año, procurásemos, en el marco de la actual ley, reducir al máximo el número de personas extranjeras en situación irregular. Si terminamos el año 2001 con una bolsa de inmigrantes en situación irregular importante, va a condicionar negativamente la utilización del contingente orientado a lo que la ley marca y lo que desde el año 1993 marcaba la legislación española, que es un instrumento de regulación de los flujos de carácter regular.
Un comentario más por lo que hace referencia a la provincia de Barcelona y a la cuestión del número elevado de rechazo de las peticiones de regularización. Desde nuestra perspectiva, nos queda la duda de qué hizo el Gobierno español en todo el período de regularización para impedir que, por la frontera francoespañola, un número tan significativo de ciudadanos de Pakistán y de Irán entrasen en España. Sería bueno recordar que Bélgica, que vivió un proceso de estas características hace un par de años, optó por cerrar sus fronteras.
Es fácil decirlo ahora, y seguramente si el Gobierno hubiese optado por eso hubiese sido objeto de críticas, pero, visto con perspectiva, cuando observamos que en Barcelona una parte significativa de estas personas residían en Francia, indica que alguna cosa no hicimos bien.
Última cuestión, y termino: yo creo que tenemos que ser capaces de orientar estos debates cada vez con una visión más amplia del fenómeno de la inmigración que a una estricta cuestión de regulación de flujos. Este es un fenómeno social de una complejidad absoluta en el que la simplificación de cualquier tipo no ayuda nunca a resolver nada. Esperaremos la moción de este próximo martes y, en función de ella, terminaremos de pronunciarnos.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias señora presidenta.
Señorías, la respuesta a la inmigración es, junto al terrorismo, uno de los mayores retos que tenemos los españoles para los próximos años. Y, como bien decía ayer mismo Rosa Montero en su columna de la página final de El País, el problema de la inmigración es la cuestión crucial del siglo XXI.
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Campuzano finalmente de que necesitamos traer aquí al Parlamento aún más debates, más sesiones, y nosotros entendemos, al menos en el Partido Socialista, que se deben desarrollar desde una óptica realista, solidaria, con voluntad de integración y sentido de la anticipación.
Porque, señorías, la inmigración constituye hoy un debate político y social relativamente nuevo en España, pero esto no quiere decir que sea un fenómeno nuevo. El hombre lleva emigrando desde que es hombre, e incluso aquí en España todavía tenemos millones de emigrantes fuera de nuestras fronteras.
Por otra parte, señorías, quisiera decir que no ha habido un efecto llamada. Se demuestra que la anterior ley, señor ministro, no era la ley del efecto llamada, como se mencionó en aquella campaña propagandística del Gobierno contra dicha ley. El único efecto llamada,si es que hay alguno, se deriva de nuestra propia

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situación de bienestar social y económico, el grado de bienestar de la sociedad española en los últimos quince años ha sido evidente, y, usted mismo lo acaba de decir también, por nuestra situación geográfica, que convierte a España en destino de miles de emigrantes.
Acaba de decir usted que estamos próximos a dos continentes. Por tanto, señor ministro, nos encontramos ante un fenómeno que no es nuevo, que no es coyuntural y un fenómeno que no responde al efecto llamada.
Igualmente a nosotros nos parece fundamental considerar la inmigración no como un problema, sino como un fenómeno que se produce históricamente en distintas partes del mundo en función de las situaciones en las que se encuentra. Por el contrario, señor ministro, lo que sí ha existido y sigue existiendo es una mala gestión del Gobierno en la materia de inmigración, que lo trata como una cuestión partidista, como una cuestión simplificadora de la realidad del problema, no regulando adecuadamente los fenómenos migratorios, polarizando el debate entre políticas de puertas abiertas y políticas de control y restricciones de derecho.
Pero lo más lamentable, señor ministro, es que el Gobierno ha rehuido el pacto de Estado ofrecido por el Partido Socialista sobre la base de un consenso político y de un diálogo social porque, quizá, el Gobierno desprecia la trascendencia del fenómeno migratorio. Y es que, señor ministro, señores del Partido Popular, ustedes quizá piensan que sus posiciones y sus iniciativas les pueden ser rentables electoralmente, craso error, mayúsculo error. Buena prueba de ello es la conflictividad social que se está viviendo ya en muchos lugares de España.
En segundo lugar, señorías, quiero decirles que se inicia una nueva etapa con la reforma que ha aprobado el Gobierno y que entró en vigor el 23 de enero. Nosotros pensamos que ni la anterior ley, ni ésta, ni ninguna ley puede olvidar algo que es fundamental: el sentido de la anticipación. Y, señor ministro, ustedes han hecho una ley que se aleja bastante de la realidad social, porque, señorías, compartirán conmigo el criterio de que no podemos estar detrás de una frontera esperando a los irregulares para detenerles o, después de años, regularizarlos.


Por tanto, se debe hacer una política de anticipación que acuda a la raíz de los problemas y no a sus consecuencias, que es la política que está haciendo el Gobierno del Partido Popular y que ha provocado hechos como los que se están sucediendo en distintos municipios de España, como Lorca, Cataluña y Tarifa. Por cierto, señor ministro, aprovecho para decirle que han entrado ya, desde que entró en vigor la nueva ley, más de seiscientas personas, con una falta de acogida y de medios para atenderles impresionante. Se equivocan ustedes si no adoptan, por tanto, una política que aborde de verdad el fenómeno de la inmigración.
En consecuencia, señorías, nosotros entendemos desde el Partido Socialista que deben poner en marcha políticas que anticipen los problemas a los mismos problemas.
A nuestro entender, urge un pacto de Estado al margen de las arrogancias de las mayorías de turno, porque esta es una cuestión que debe plantearse, gobierne quien gobierne, con eficacia. Desde el PSOE entendemos que la política migratoria debe afrontarse y hacerse como una cuestión de Estado. Por ello, nosotros proponemos que se afronte este tema con una política en la que se acuerden las directrices, como usted bien decía, de la Unión Europea, pero con medidas efectivas, prácticas y reales.
Señor ministro, yo estoy de acuerdo con usted en que nuestra pertenencia a la Unión Europea y los acuerdos de Schengen nos vinculan, pero también usted tendrá que reconocer conmigo que no sólo se puede aplicar una política de policía excesiva, como lo está haciendo usted en esta materia, poniendo siempre el acento en medidas restrictivas y regresivas, ignorando las políticas de integración, que son las que se están aplicando en esos países de la Unión Europea.
Señor ministro, también le digo una cosa con respecto a lo que usted ha dicho: hay que fomentar las acciones en origen. Yo le pregunto, ¿cuánto personal tiene, por ejemplo, en las embajadas y delegaciones para tramitar las demandas de trabajo? ¿Le pongo el ejemplo de Ecuador? Un oficial. ¿Usted cree que así se puede afrontar de verdad la política inmigración? Señor ministro, ustedes deben darse cuenta de que España precisa una política migratoria proactiva, planificando a medio, a corto y a largo plazo, sin improvisar las respuestas y adelantándose a los acontecimientos y a las necesidades.
Señorías, la integración, la integración, repito de nuevo, debe ser el objetivo esencial de la política migratoria, fomentándose la convivencia pacífica, el respeto de las personas aun siendo diferentes en su lengua, cultura, religión, etcétera, y también disponiendo de medios económicos suficientes para desarrollarla.
Termino ya, señorías, planteándoles que predomine el consenso interno en estos debates que tenemos que llevar a cabo y la coordinación con las instituciones, porque el problema es de enorme envergadura. Por el contrario, señorías, desde la fractura social todos tendremos posibilidades muy negativas, pero a la larga se van a pagar en la sociedad, porque el problema preocupa grandemente a los españoles.
Usted sabe que ya se ha convertido en la tercera preocupación de los problemas de los ciudadanos de España.
Tendremos mucho que hablar, tendremos mucho que decir, pero, por favor, hagámoslo desde tres premisas: una, responsabilidad; dos, seriedad; y, tres, realismo. Desde el PSOE, señor ministro, le garantizo que seguiremos hablando sin demagogias, proponiendo acuerdos, pactos, consensos y actuaciones coordinadas con todas las administraciones, que también tienen que verse involucradas en este tema.


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Termino haciendo muy brevemente una referencia a El Ejido, porque también se planteaba en la interpelación. Esos acontecimientos merecen el rechazo de todos nosotros, sin excepción, y deben ser el ejemplo de lo que no puede volver a suceder nunca más en España. Es el fracaso de la política de integración y el fracaso de la política de convivencia. Son situaciones delicadas que también pueden verse, como se han podido ver, manipuladas o desvirtuadas, y no pueden ser objeto ni de desvirtuación ni de manipulación, y usted sabe por qué lo digo, señor ministro, por un compañero suyo al que, por cierto, el otro día públicamente le recomendaba la lectura de un libro que le puede venir muy bien para aclarar la empanada mental -perdón por la expresión-, que es la Europa solidaria, editada por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo.
Termino diciéndole que es necesario hacer un esfuerzo por todas las administraciones, y, en este sentido, ya que hablo de El Ejido, la Junta de Andalucía lo está haciendo. La Junta de Andalucía está aplicando una política modelo en lo que tiene que ser la atención al inmigrante. La Junta de Andalucía, señora Muñoz, ha destinado 10.000 millones de pesetas, y está publicado. Es la primera comunidad que ha destinado capítulos específicos. Madrid, es la primera comunidad en número de inmigrantes, Cataluña es la segunda, pero Andalucía destina el doble de recursos que esas dos comunidades en todas las materias.
Eso es verdad, señora Muñoz, aunque le cueste trabajo creerlo, pero está publicado. Por tanto, tienen un espejo donde mirarse para ver que se está haciendo, desde el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una política de cumplimiento de las directrices europeas, sin olvidar el núcleo gordiano de este fenómeno: la integración y el respeto a los derechos humanos. Y ustedes, con la ley que han puesto en vigor, no hacen ni una ni otra cosa.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Centella, antes de empezar mi exposición me gustaría hacer una reflexión sobre lo que usted ha dicho aquí. Me imagino que cuando usted trae una interpelación sobre este tema es porque querrá presentar una moción. Y yo le pregunto si de todo lo que ha dicho aquí se puede deducir que su grupo tenga alguna política, algún modelo en cuanto a inmigración se refiere. Porque no ha habido ni una sola de las observaciones que ha hecho que haya podido indicar que su grupo tiene una política de inmigración. Desde luego nuestro grupo sí tiene una clara política de inmigración, que no es otra que la política de integración.


Señor Centella, cuando usted habla, y cito textualmente, de que la ley es errónea y alejada de la realidad, no puede ser más errónea y alejada de la realidad la exposición de motivos de su interpelación.
Cuando ustedes hablan de sobreexplotación, de marginalidad o de pésimas condiciones de vida, o cuando dicen que hay dificultades serias para acometer una vivienda digna, una sanidad, una educación o una asistencia social y eso lo atribuyen, como muy bien decía el ministro, a la Ley 8/2000, que lleva en vigor 20 días, ¿creen que con este tipo afirmaciones la opinión pública puede tener una idea clara de qué se está debatiendo en este momento en esta Cámara? ¿Creen ustedes que la opinión pública puede comprender y, sobre todo, aceptar que una ley que acaba de entrar en vigor es capaz de poner en marcha todos estos mecanismos contrarios a la inmigración? Tengo que decir, y seguro que lo sabe, pero creo que es importante volver a repetirlo una vez más, que la Ley 8/2000 lo que da es asistencia jurídica gratuita, asistencia de intérprete, tutela judicial efectiva, asistencia sanitaria, educación a los menores de 18 años y, además (y no diga que no, señor Centella, porque está recogido en la ley), todos los derechos fundamentales para todos, tal como avala el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, independientemente de la situación administrativa. Es más, la Ley 8/ 2000 sí que acredita un acceso a la vivienda, sí que acredita una asistencia y una protección social, una educación superior y una reagrupación familiar que, siento decirle, no recogía en ninguno de esos aspectos la ley anterior. Es más: esta ley permite luchar de manera muy efectiva contra las mafias y contra aquellos que se lucran con la inmigración irregular, y yo creo que eso es fundamental. Si queremos hablar de explotación, si queremos hablar de marginalidad, hay que hablar de esto, porque esta ley es la que va a hacer posible que no haya situaciones de marginalidad y que se combatan esas situaciones de explotación.
Fue la Ley 7/1985, que se hizo en época del Partido Socialista, la que no reconocía ninguno de esos derechos, y a mí me hubiera gustado que ustedes hubieran hecho aquí esa denuncia tan importante porque, evidentemente, esa ley no recogía ninguno de esos derechos que usted dice que no recoge la ley actual, que sí los recoge. (El señor Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego guarde silencio y permita que continúe el debate.


La señora MUÑOZ URIOL: Y siento decirle, señor Centella, que aunque el Partido Socialista está dividido en este criterio, no va a prosperar su recurso de inconstitucionalidad, porque dependerá de dónde se gobierne. Probablemente, tal como recogía el señor Llamazares y como decía algún representante, hay que valorar la situación política de los parlamentos donde se presenta.


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Tal vez prospere en Aragón o Baleares; seguro que no prospera en Andalucía, porque tienen mayoría absoluta y ahí no va a prosperar.
Pero cuando se habla de ese tipo de actuaciones, me parece que hay que tener planteamientos mucho más sólidos que condicionarlos a tener mayoría en uno o en otro parlamento. Yo creo que es cuestión de criterio, y desgraciadamente el partido que les tiene que apoyar en esta ley en un número de parlamentos no lo tiene. Siento decirle que no tienen ese criterio y que no van a llevarla a cabo.
En cuanto al consenso en el pacto de Estado que mencionaba el señor de la Encina en su intervención, me explicará en algún momento en qué consiste su pacto de Estado y en qué consiste su consenso, porque cuando hay una ley negociada hasta el último minuto, hasta el día anterior, consensuadas todas las enmiendas -y le puedo traer aquí los «Diarios de Sesiones»-, y después cambian radicalmente, eso evidentemente no es un pacto de Estado. Y aquí lo ofreció en su discurso de investidura el presidente Aznar. ¿Qué ustedes han querido hacer de esto un tema de confrontación al Gobierno? Se equivocan; se equivocan profundamente; se equivocan porque es un error y están sembrando una división en la sociedad que no se debe llevar a cabo y que no se debe hacer con criterios políticos. Ahí se equivocan y se darán cuenta de su error cuando probablemente sea demasiado tarde para su grupo.
Para nosotros, señorías, es importante que en el plan que está llevando a cabo el Gobierno se recoja que debe existir una regularización para que la persona que acuda a nuestro país lo haga con un salario digno, con un contrato y en unas condiciones que no sean las de extorsión por parte de las mafias, vendiéndoles que España es el país donde es más fácil regularizar su situación, porque evidentemente así fue en el pasado año. La Ley 4/2000 permitía esa regularización permanente, y yo les reto aquí, igual que ha hecho el presidente Aznar, a decir si existe una legislación en la Unión Europea que pueda ser más avanzada en cuanto a derechos que la que tiene actualmente España.
Nosotros necesitamos una planificación, señor Centella. España necesita de la inmigración, pero de la inmigración planificada. Lo ha recogido muy bien el señor ministro: nosotros pensamos que debe haber un consenso con ONG, con sindicatos, con empresarios y con todas las administraciones que haga posible una auténtica planificación en origen, y precisamente por eso estamos trabajando y por eso ahora el secretario de Estado está en Polonia negociando un convenio. Y precisamente por eso el ministro firmó un convenio en Ecuador. Nos parece importantísimo que se haga una planificación en origen, porque eso garantiza los intereses de los ciudadanos.
No quiero dejar de referirme -lo voy a hacer muy brevemente- al caso de El Ejido. Todos estamos de acuerdo en que se produjeron hechos que no tuvieron que ocurrir y todos esperamos que no vuelvan a ocurrir jamás, pero poner un sello de xenofobia a una población como es en este caso El Ejido no creo que sea la mejor manera de restaurar la convivencia. Para nosotros hay poblaciones de todo el poniente donde también se debe hacer una política de inmigración. Y lo siento, señor de la Encina, pero léase el debate de la semana pasada en el Parlamento de Andalucía: mi grupo, desde el año 1998 -léalo, está en el «Diario de Sesiones»- lleva pidiendo un plan de inmigración, y el consejero Isaías Pérez Saldaña ha dicho: Lo tengo preparado, lo voy a traer, lo traeré en la próxima sesión. Estamos en el año 2001, y no hay plan de inmigración. No hay. Y el decreto por el cual se comprometía la Junta de Andalucía a cofinanciar la política de viviendas lo sacó hace dos semanas. Dos semanas. Dígame usted si las declaraciones del secretario socialista de Almería diciendo que ellos, como ayuntamiento, no van a poner los terrenos cedidos para que la Junta y el Gobierno puedan cofinanciar esas viviendas, son una buena política de la Junta de Andalucía. Mire usted, Madrid y Cataluña tienen un plan de inmigración con financiación, Andalucía está en pañales. Pide mucho al Gobierno central cuando hace una interpelación o mociones, todo es tirar balones fuera; pero que sepan que las competencias en muchas de esas materias, y fundamentalmente en vivienda, son de la Junta de Andalucía. Ahí tienen un gran suspenso.
Para nosotros esta no es cuestión de partidos, se lo decimos sinceramente, esta y todas las veces que haga falta; es una cuestión de criterio y, para nosotros, además, es una cuestión de interés.
Debo decirle, señor ministro, que para nosotros ha quedado totalmente demostrado que el interés del Gobierno es preparar a nuestra sociedad para esa pluralidad. Como vemos que el Gobierno tiene interés y criterio, además de prioridad, siempre contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Se levanta la sesión.


Eran las nueve y treinta minutos de la noche.


Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 59, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, martes 13 de febrero de 2001, en la segunda columna de la última página, y en la votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas empresas, se da cuenta del número de votos emitidos -249-, omitiéndose, sin embargo, que todos ellos fueron a favor de la moción debatida.

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