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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 272, de 19/08/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 272
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión de la Diputación Permanente núm. 12
celebrada el martes, 19 de agosto de 2003


ORDEN DEL DÍA:

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Presidente del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para informar de la situación en Irak, de su evolución y de la definición del papel de España en la política exterior, previa remisión de una comunicación sobre tales extremos. (Número de expediente 210/000066.) ... (Página 14191)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de los Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa para informar de la evolución de los acontecimientos en Irak y de la situación en la que se encuentran las tropas españolas destacadas en ese país.
(Número de expediente 213/001359.) ... (Página 14191)

Página 14184


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa (número de expediente 062/000059), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Defensa para que explique las condiciones del despliegue de las Fuerzas Españolas en Irak. (Número de expediente 213/001367.) ... (Página 14191)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (número de expediente 062/000060), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia para informar de las reorganizaciones funcionales o cambios de estructura orgánica que se hayan producido en el Centro Nacional de Inteligencia en los últimos años y de las razones de los mismos; y para dar cuenta de la información obtenida sobre el terreno, en Irak, en relación con las medidas de protección de nuestras tropas y del nivel de riesgo que asumen. (Número de expediente 224/000011.) ... (Página 14192)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa (número de expediente 062/000060), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Defensa para que informe de las razones que justifican las decisiones y contradecisiones adoptadas por el Gobierno y conocidas en los últimos días en orden al envío de 6 vehículos de combate Centauro para la dotación de la Brigada Plus Ultra y, en especial, de las medidas de prevención y protección de que disponen o dispondrán las tropas españolas desplazadas a Irak. (Número de expediente 213/001372.) ... (Página 14192)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores (número de expediente 062/000062), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Asuntos Exteriores para que explique los motivos de la cancelación de las vacaciones del Embajador de España en Naciones Unidas. (Número de expediente 213/001374.) ... (Página 14192)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Creación de una Comisión de investigación sobre el esclarecimiento de los hechos del accidente en el que el pasado 26 de mayo fallecieron 62 militares españoles y para la depuración de las oportunas responsabilidades. (Número de expediente 156/000031.) ... (Página 14213)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Defensa para informar y debatir los datos aportados por el Ministerio hasta el momento, en relación con las circunstancias del accidente del Yak 42 en los que se han apreciado diversas inexactitudes, contradicciones y falsedades. (Número de expediente 213/001360.) ... (Página 14213)

- Comparecencia del General don Francisco Sánchez Barrollo para informar sobre el trabajo desarrollado como observador en la Comisión Internacional de Investigación creada tras el accidente del Yakolev-42 en el que fallecen 62 militares españoles. (Número de expediente 212/001611.) ... (Página 14213)

Página 14185


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa (número de expediente 062/000059), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Defensa para que explique la situación e informes definitivos sobre el accidente del Yakolev 42-D en el que perecieron 62 soldados españoles. (Número de expediente 213/001368.) ... (Página 14213)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia urgente del Director General de RTVE para que informe de las medidas adoptadas para depurar responsabilidades tras la reciente condena de RTVE por la Audencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales y de las que tiene previsto tomar para evitar que hechos de esta naturaleza puedan volver a repetirse. (Número de expediente 212/001612.) ... (Página 14226)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia para que informe de las medidas que ha tomado o piensa adoptar respecto de RTVE tras su reciente condena por la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales, así como las que piensa adoptar para evitar que este tipo de situaciones puedan volver a darse en el futuro y para garantizar la imparcialidad de la televisión pública. (Número de expediente 213/001362.) ... (Página 14226)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras (número de expediente 062/000057), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Fomento para que confirme si es cierto que el rumbo del "Prestige" tras el S.O.S. estuvo condicionado por el mal tiempo o las decisiones de la Sociedad Salvadora y no por manifestaciones de las autoridades de los países vecinos. (Número de expediente 213/001361.) ... (Página 14239)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000059), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia para explicar la eventual disolución del Comisionado sobre el "Prestige". (Número de expediente 213/001370.) ... (Página 14239)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras (número de expediente 062/000058), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Fomento para analizar el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías, graves retrasos y sobrecostes de la obra del AVE Madrid-Barcelona. (Número de expediente 213/001366.) ... (Página 14253)

Página 14186


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000061), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Fomento para que explique las actuaciones del Gobierno ante los accidentes e irregularidades en las obras del AVE.
(Número de expediente 213/001371.) ... (Página 14253)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo (número de expediente 062/000059), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que informe sobre los compromisos del mantenimiento de empleo de las empresas privatizadas y singularmente de ALTADIS, antigua TABACALERA. (Número de expediente 213/001355.) ... (Página 14260)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000059), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia para que explique las actuaciones y medidas coordinadas de Protección Civil para hacer frente a los incendios que se están produciendo en nuestro país y sus efectos catastróficos. (Número de expediente 213/001369.) ... (Página 14269)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior (número de expediente 062/000060), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro del Interior para que informe de las medidas de protección civil y de los dispositivos e instrumentos preventivos, de protección y de coordinación que se hayan puesto en marcha para combatir la oleada de incendios que se están produciendo en los últimos días.
(Número de expediente 213/001373.) ... (Página 14269)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000061), con el siguiente orden del día:

- Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previo los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto. (Número de expediente 162/000800.) ... (Página 14275)

SUMARIO

Se abre la sesión a las once de la mañana.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del presidente del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para informar de la situación en Irak, de su evolución y de la definición del papel de España en la política exterior, previa remisión de una comunicación sobre tales extremos ... (Página 14191)

Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares

Página 14187


de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Asuntos exteriores y Defensa, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa para informar de la evolución de los acontecimientos en Irak y de la situación en la que se encuentran las tropas españolas destacadas en ese país ...
(Página 14191)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Defensa para que explique las condiciones del despliegue de las Fuerzas españolas en Irak ... (Página 14191)

Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia para informar de las reorganizaciones funcionales o cambios de estructura orgánica que se hayan producido en el Centro Nacional de Inteligencia en los últimos años y de las razones de los mismos; y para dar cuenta de la información obtenida sobre el terreno, en Irak, en relación con las medidas de protección de nuestras tropas y del nivel de riesgo que asumen ... (Página 14192)

Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Defensa para que informe de las razones que justifican las decisiones y contradecisiones adoptadas por el Gobierno y conocidas en los últimos días en orden al envío de 6 vehículos de combate Centauro para la dotación de la brigada Plus Ultra y, en especial, de las medidas de prevención y protección de que disponen o dispondrán las tropas españolas desplazadas a Irak ... (Página 14192)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores para que explique los motivos de la cancelación de las vacaciones del embajador de España en Naciones Unidas ... (Página 14192)

Defienden las peticiones de comparecencias los señores Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 14188


Replican los señores Caldera Sánchez-Capitán, Llamazares Trigo, Rodríguez Sánchez, Anasagasti Olabeaga y De Arístegui y San Román.


Sometidas a votación las peticiones de comparecencia debatidas anteriormente, son rechazadas.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

- Creación de una Comisión de investigación sobre el esclarecimiento de los hechos del accidente en el que el pasado 26 de mayo fallecieron 62 militares españoles y para la depuración de las oportunas responsabilidades ... (Página 14213)

Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Defensa para informar y debatir los datos aportados por el Ministerio hasta el momento, en relación con las circunstancias del accidente del Yak 42 en los que se han apreciado diversas inexactitudes, contradicciones y falsedades ... (Página 14213)

- Comparecencia del general don Francisco Sánchez Barrollo para informar sobre el trabajo desarrollado como observador en la Comisión Internacional de Investigación creada tras el accidente del Yakolev-42 en el que fallecieron 62 militares españoles ... (Página 14213)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Defensa para que explique la situación e informes definitivos sobre el accidente del Yakolev 42-D en el que perecieron 62 soldados españoles ... (Página 14213)

Presentan las peticiones de creación de una Comisión de investigación y de comparecencias los señores De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican los señores De la Encina Ortega, Alcaraz Masats, Anasagasti Olabeaga y Atencia Robledo.


Sometidas a votación las peticiones de creación de una comisión de investigación y de comparecencia del ministro de Defensa y del general don Francisco Sánchez Barrollo, son rechazadas.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia urgente del director general de RTVE para que informe de las medidas adoptadas para depurar responsabilidades tras la reciente condena de RTVE por la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales, y de las que tiene previsto tomar para evitar que hechos de esta naturaleza puedan volver a repetirse ... (Página 14226)

Página 14189


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, para que informe de las medidas que ha tomado o piensa adoptar respecto de RTVE tras su reciente condena por la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales, así como las que piensa adoptar para evitar que este tipo de situaciones puedan volver a darse en el futuro y para garantizar la imparcialidad de la televisión pública ... (Página 14226)

Presenta las peticiones de comparecencia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Garrido.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican el señor López Garrido, la señora Uría Etxebarría, y señores Alcaraz Masats y Hernando Fraile.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Fomento para que confirme si es cierto que el rumbo del Prestige tras el S.O.S. estuvo condicionado por el mal tiempo o las decisiones de la Sociedad Salvadora y no por manifestaciones de las autoridades de los países vecinos ... (Página 14239)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia para explicar la eventual disolución del Comisionado sobre el Prestige ... (Página 14239)

Presentan las peticiones de comparecencia los señores Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican los señores Morlán Gracia, Rodríguez Sánchez, Llamazares Trigo y la señora Sainz García.


Votación de los puntos relativos a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre RTVE ... (Página 14252)

Sometidas a votación las peticiones de comparecencia formuladas por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, son rechazadas.


Votación de los puntos relativos al Prestige ... (Página 14253)

Página 14190


Sometidas a votación las peticiones de comparecencia formuladas por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, y por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, son rechazadas.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Fomento para analizar el informe del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías, graves retrasos y sobrecostes de la obra del AVE Madrid-Barcelona ... (Página 14253)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Fomento para que explique las actuaciones del Gobierno ante los accidentes e irregularidades en las obras del AVE ... (Página 14253)

Defienden las peticiones de comparecencia los señores Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican los señores Segura Clavell, Alcaraz Masats y Martínez-Pujalte López.


Sometidas a votación las peticiones de comparecencia, son rechazadas.


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que informe sobre los compromisos del mantenimiento de empleo de las empresas privatizadas y singularmente de ALTADIS, antigua TABACALERA ... (Página 14260)

Defiende la petición de comparecencia el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican los señores Alcaraz Masats, Jáuregui Atondo y Azpiroz Villar.


Sometida a votación la petición de comparecencia, es rechazada.


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia para que explique las actuaciones y medidas coordinadas de Protección Civil para hacer frente a los incendios que se están produciendo en nuestro país y sus efectos catastróficos ... (Página 14268)

Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de

Página 14191


una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro del Interior para que informe de las medidas de protección civil y de los dispositivos e instrumentos preventivos de protección y de coordinación que se hayan puesto en marcha para combatir la oleada de incendios que se están produciendo en los últimos días ...
(Página 14269)

Defienden las peticiones de comparecencia el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y la señora Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replican las señoras Fernández de la Vega Sanz y De Lara Carbó.


Sometidas a votación las peticiones de comparecencia, son rechazadas.


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

- Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que al amparo del artículo 61 de la ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previos los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto ...
(Página 14275)

Presenta la petición el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la petición de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, es rechazada.


Se levanta la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las once de la mañana.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000057), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN EN IRAK, DE SU EVOLUCIÓN Y DE LA DEFINICIÓN DEL PAPEL DE ESPAÑA EN LA POLÍTICA EXTERIOR, PREVIA REMISIÓN DE UNA COMUNICACIÓN SOBRE TALES EXTREMOS. (Número de expediente 210/000066.)

PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS EXTERIORES Y DEFENSA (número de expediente 062/000057), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES Y DEFENSA PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS EN IRAK Y DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS TROPAS ESPAÑOLAS DESTACADAS EN ESE PAÍS.
(Número de expediente 213/001359.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA

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CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA (número de expediente 062/000059), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA PARA QUE EXPLIQUE LAS CONDICIONES DEL DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS EN IRAK. (Número de expediente 213/001367.)

PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LOS CRÉDITOS DESTINADOS A GASTOS RESERVADOS (número de expediente 062/000060), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA PARA INFORMAR DE LAS REORGANIZACIONES FUNCIONALES O CAMBIOS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA QUE SE HAYAN PRODUCIDO EN EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y DE LAS RAZONES DE LOS MISMOS; Y PARA DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE EL TERRENO, EN IRAK, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE NUESTRAS TROPAS Y DEL NIVEL DE RIESGO QUE ASUMEN. (Número de expediente 224/000011.)

PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA (número de expediente 062/000060), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA PARA QUE INFORME DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LAS DECISIONES Y CONTRADECISIONES ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y CONOCIDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN ORDEN AL ENVÍO DE 6 VEHÍCULOS DE COMBATE CENTAURO PARA LA DOTACIÓN DE LA BRIGADA PLUS ULTRA Y, EN ESPECIAL, DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE QUE DISPONEN O DISPONDRÁN LAS TROPAS ESPAÑOLAS DESPLAZADAS A IRAK. (Número de expediente 213/001372.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (número de expediente 062/000062), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES PARA QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE LA CANCELACIÓN DE LAS VACACIONES DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN NACIONES UNIDAS. (Número de expediente 213/001374.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de la Diputación Permanente.


Comunico a SS.SS. que el debate se ha ordenado en ocho puntos. El primer punto agrupa todos los debates relativos a la situación de Irak y de las tropas españolas destacadas en aquel país. Bajo este epígrafe se debatirán conjuntamente los puntos 1 apartado primero, 2, 9 apartado segundo, 11, 12 y 16.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la situación en Irak es cada vez más grave y creo que todos podremos compartir que va a peor. Fue sencillo para Estados Unidos ganar la guerra, pero conseguir la paz y la reconstrucción del país parece una empresa hoy imposible. Fíjense que los mismos norteamericanos reconocen que la resistencia es cada vez más eficaz y hoy en Estados Unidos están surgiendo voces cada vez más autorizadas que piden una modificación a fondo de la situación, incluso la retirada del ejército americano; pero antes debemos analizar el origen de esta situación.


Es evidente que hubo muchas mentiras para desatar esta guerra. Ya recordé en otra intervención que en 1917 un senador americano demócrata, Johnson, afirmó que la primera víctima de la guerra es la verdad. Pues bien, en el caso de la guerra de Irak la verdad, señorías, murió mucho antes de que comenzaran a caer las bombas. Han pasado más de seis meses desde que el Gobierno español se alineó abiertamente con el de Estados Unidos y el del Reino Unido en el Consejo de Seguridad para promover una acción militar en Irak, frente a todos aquellos que queríamos mantener y reforzar el régimen de inspecciones establecido por la resolución de Naciones Unidas sobre este país. Pues bien, a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno no

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puede pretender que hayamos olvidado los argumentos en los que intentaron fundamentar esta decisión: la inminente peligrosidad para la seguridad internacional que suponía el régimen en Irak de Sadam Husein, que disponía de relevantes arsenales de armas de destrucción masiva y, lo que es peor, estaba dispuesto a utilizarlas y a ponerlas a disposición del terrorismo internacional.


Todos estos argumentos, señoras y señores del PP, se han venido abajo y el Gobierno no sólo no ha informado a este Parlamento sino que ha huido de él para ocultar su responsabilidad. Todas las informaciones referentes a las omisiones, falsedades, manipulaciones y mentiras que se fabricaron para justificar la guerra las hemos obtenido por otros canales, por investigaciones independientes a las que han contribuido los medios de comunicación, ninguna por el Gobierno del señor Aznar, y todavía está presente en nuestra memoria la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores el día 5 de febrero en Naciones Unidas. ¿Recuerdan ustedes lo que decía? La señora Palacio dijo en Naciones Unidas, en nombre de todos los españoles y del Gobierno de España lo siguiente: El secretario de Estado Powell nos ha presentado de forma contundente datos que indican la existencia de armas de destrucción masiva y las consecuencias de su eventual utilización. El secretario de Estado -decía la señora Palacio- también nos ha dado datos sobre las relaciones del régimen de Sadam Husein con el terrorismo. Pues bien -decía ella-, la comunidad internacional no puede permitir que un país adquiera componentes, desarrolle líneas de producción, mantenga laboratorios o instalaciones móviles clandestinas y acumule stocks de armas de destrucción masiva.
Seguía diciendo la señora Palacio: Sadam Husein no ha renunciado a su proyecto de usarlas -las armas-, como no dudó en hacerlo en el pasado, y como española me preocupa especialmente que armas y sustancias químicas y bacteriológicas, todavía bajo control iraquí, como las que nos ha mostrado hoy el secretario de Estado Collin Powell, puedan acabar en manos de terroristas. Señorías, todo falso. ¿Dónde están las armas? Esta situación está provocando una creciente exigencia de responsabilidades políticas a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido por la utilización de argumentos favorables a la guerra con Irak que se han revelado como manipulados conscientemente en todas partes menos aquí.
Pero ustedes, señores del PP, estuvieron en las Azores declarando e impulsando la guerra, y de ello son responsables; estuvieron en las Azores declarando la guerra. (Rumores.) Ahora el Gobierno dice que sus decisiones sobre la existencia de dichas armas no se basaron en informes propios -eso lo veremos después-, luego debían de ser de otros gobiernos, y que por tanto la falsedad de esos informes no afecta a sus determinaciones ni a la responsabilidad del señor Aznar ante esta Cámara y ante los ciudadanos, lo cual está por ver. Hemos pedido la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia en esta Cámara para que nos hable de los informes que elaboraron nuestros servicios de inteligencia y ustedes se han negado. Por algo será su negativa a que el director del Centro Nacional de Inteligencia comparezca en esta Cámara. Pero si damos por cierto que los informes eran de otros países, dado que hoy son evidentes la falsedad, la exageración y la manipulación de estos informes, ¿por qué no piden ustedes no ya responsabilidades sino, al menos, explicaciones a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido por aquellas falsificaciones? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque desde el primer momento han sido cómplices de estas decisiones.


El Gobierno también dice que su convencimiento de la existencia de las armas no se basa en informes de inteligencia gubernamentales sino en los realizados por los inspectores de Naciones Unidas. No es verdad, señorías. ¡Si no les dejaron ustedes acabar su trabajo! ¡Si los propios autores de los informes, los inspectores, desmienten a los gobiernos que declararon la guerra, pues jamás avalaron que las armas existieran sino que aún no se había verificado y justificado suficientemente su destrucción, lo que es distinto, y a la vista de los acontecimientos es evidente que esas armas no existían! El Gobierno dice que no se elaboraron informes propios. Vamos ahora a la categoría de los informes propios sobre este asunto. Señorías, la realidad desmiente al Gobierno porque nunca avalaron que dichas armas existieran; desmiente al Gobierno por una razón muy sencilla, porque hemos tenido conocimiento de la existencia de argumentarios y cuestionarios distribuidos a nuestros mandos militares autorizados para poder defender ante la opinión pública unas posiciones que no eran sino las del propio Gobierno. El Gobierno dice que los informes de otros países que ahora se vienen demostrando falsos y que los propios ministros de Defensa y Exteriores consideran al menos inflados no influyeron en su decisión de promover la guerra, pero las intervenciones y declaraciones de los miembros del Gobierno lo desmienten porque la ministra de Asuntos Exteriores, el 5 de febrero, no se refería a los informes de los inspectores sino a los datos aportados por el secretario de Estado norteamericano para justificar su beligerante posición. Las armas de destrucción masiva, cuya existencia justificó, si no la del Gobierno español, como sostienen, sí las decisiones de los demás países que hicieron la guerra en Irak, en contra de la legalidad internacional, no han aparecido, señorías, y todos los demás gobiernos se consideran obligados a comparecer ante sus respectivos parlamentos para dar explicaciones; todos menos el Gobierno del señor Aznar, a quien hoy pedimos, a él, al señor Aznar, que comparezca en este Parlamento y que piensa que todo el mundo está equivocado salvo él (la opinión pública española, la oposición), que no hemos comprendido nadie que la guerra no se hizo por sus informaciones sino porque de

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verdad existían aquellas armas y porque así lo acreditaban los informes de los inspectores. Todo ello, señorías, es falso. Y acudo a un testimonio fundamental para demostrarlo: el mismísimo embajador de España en Naciones Unidas, que por cierto ha sido sancionado, censurado por ustedes; sí, le han retirado ustedes sus vacaciones. Resulta que por decir la verdad dejan a un alto funcionario sin vacaciones. El mismísimo embajador de España en Naciones Unidas ha dicho en público lo que todos sabemos: que la justificación de la guerra no se tiene en pie si no aparecen las armas, que no aparecerán; que la interpretación de la Resolución 1441 que hicieron los agresores es una filfa; que se atacó a Irak, señorías, porque había otros intereses en juego y que, con buen criterio, si no aparecen estas armas -y no aparecen- todo lo ocurrido debe revisarse. Todo el mundo está cambiando. Los pocos que defendían sus posiciones cambian de criterio a la vista de los acontecimientos, menos el Gobierno del señor Aznar que ha ocultado a este Parlamento la información necesaria que demandaban los ciudadanos españoles. Así se demuestra la consideración que merecen para el Gobierno del señor Aznar la opinión pública, el Parlamento e incluso sus propios altos cargos; no mucho mejor, señorías, que la que merecen los propios miembros de las Fuerzas Armadas, cuya posición y prestigio ustedes han comprometido haciéndoles defender cuestionarios y argumentarios que no tienen su origen en sus propios informes (me refiero a los del ejército) y conocimientos, sino -y eso es lo que pensábamos hasta hoy- que tenían su origen en el seno del Gobierno, pero resulta, señorías, según la información conocida hoy, que fueron copiados de folletos de propaganda del Partido Popular con el único objetivo de defender la posición oficial. Es indignante, señorías, es indignante que se trate así a los miembros de nuestro ejército. Nosotros defendemos que dentro de las competencias del Gobierno sobre la dirección de las Fuerzas Armadas se encuentra -sin que deba ser objeto de discusión- la de impartir instrucciones sobre cuál puede ser su posición respecto a medidas de naturaleza política, pero jamás la obligación por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas de sostener falsedades; nunca. Esta acción ha supuesto, por encima de cualquier otra consideración, una notoria falta de ética del Gobierno al imponer a quienes tienen el deber de obedecerle una unidad de doctrina política que prueba la debilidad del Ejecutivo al requerir de los ejércitos que fueran defensores de sus decisiones frente a la opinión política. Uno de los principios de la democracia consiste en no instrumentalizar políticamente a las Fuerzas Armadas. Este principio se ha roto por el Gobierno del PP al exigirles que apoyaran públicamente una decisión contestada por la sociedad, ordenándoles además que defendieran públicamente informaciones que generaban temor y alarma social. Por todo ello, una vez que recibamos el contenido de estas instrucciones que hemos pedido al amparo del Reglamento, exigiremos responsabilidades de todo tipo al Gobierno. Con ello se demuestra un rasgo de funcionamiento de este Gobierno: siempre se esconde detrás de los demás.


En resumen, señorías, para obtener sus objetivos este Gobierno no respeta a nada ni a nadie, ni al ejército español al que ha obligado a difundir falsedades, ni a los familiares de quienes dieron su vida al regresar de la misión en Afganistán, que han pedido a este Parlamento una comisión de investigación de la verdad de aquel accidente y ustedes se la niegan, ni a la familia del compatriota José Couso asesinado en Irak ante la cobarde aquiescencia de este Gobierno, el Gobierno del PP, que no es capaz siquiera de exigir una investigación a fondo como, por cierto, ha hecho el Gobierno de Ucrania; investigación más necesaria si cabe tras la muerte del camarógrafo palestino Dana que exigen, por cierto, todas las organizaciones internacionales que agrupan a periodistas porque hoy es imposible creer que se pueda confundir una cámara con un lanzacohetes.
Señorías, nada más comenzar el periodo de sesiones parlamentarias presentaremos una iniciativa para exigir que se reabra una investigación que sea independiente y objetiva en relación con todos los periodistas fallecidos en Irak.


Abordo ahora el papel de Naciones Unidas. La Resolución 1441 a la que ustedes se agarraron no daba cobertura a la guerra, frente a lo que ustedes vienen diciendo y lo que dice la ministra de Asuntos Exteriores, a pesar de que el Gobierno en solitario lo ha defendido; ni aquella resolución ni una supuesta amenaza que a la postre ha resultado inexistente, como tampoco la posterior Resolución 1483, que a la vista de la nueva situación de hecho que supone la ocupación del territorio iraquí por la coalición atacante no legitimaba la intervención producida sino que sólo reconocía la responsabilidad y obligaciones que incumben a las potencias ocupantes. Menos aún lo hace la última de las resoluciones de Naciones Unidas, que se limita a aceptar el establecimiento del Consejo de gobierno iraquí, aunque no tenga ninguna legitimidad democrática, como un paso adelante en el propósito que debe ser común para toda la comunidad internacional: que exista cuanto antes un gobierno representativo elegido por el pueblo iraquí que pueda ser internacionalmente reconocido y ejercer la soberanía de Irak; resolución, por cierto, apoyada por su Gobierno, el del PP, que de nuevo relega a la ONU a un papel secundario cuando debería ser la que dirigiera el proceso de reconstrucción de Irak. Para ello, señorías, es indispensable que finalice la situación actual de ocupación real que vive este país por las fuerzas ocupantes y que sea sustituida por una misión de Naciones Unidas que pueda llevar a cabo ese papel vital que, según todos coincidimos, debe desarrollar en Irak pero que no se ha materializado en la práctica y que esta última resolución tampoco emprende.


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Señorías, entro por fin en el papel de nuestras Fuerzas Armadas en Irak, que no es en el ámbito de la misión de Naciones Unidas, que ahora no existe, sino en el de la coalición ocupante junto con otros Estados en razón de la cual están nuestras Fuerzas Armadas en Irak. No se lleva a cabo en el marco de organizaciones multilaterales ni de la Alianza Atlántica. El Gobierno ha decidido participar en esa misión por medio de nuestras Fuerzas Armadas para colaborar en la ocupación y administración de una parte del territorio iraquí. Señorías, quiero que quede clara -ya lo dijimos en un anterior debate parlamentario en la Diputación Permanente- la posición del Partido Socialista. Nosotros no compartimos esa decisión; no compartimos la decisión de participar como fuerzas ocupantes en Irak. Jamás apoyaremos una decisión política de esta naturaleza que convierta a nuestro ejército en una fuerza ocupante de otro territorio. Dicho de otra manera, si el Partido Socialista estuviera en el Gobierno, las Fuerzas Armadas españolas no estarían en Irak, y menos aún bajo la condición de fuerzas de ocupación. Nosotros entendemos que esta decisión del Gobierno de España ha sido arbitraria e injusta y además consideramos que, en su caso, debería haberse tomado consultando al Parlamento, lo que no se hizo. El Gobierno no puede considerar que se puede enviar a nuestros ejércitos a un país extranjero en calidad de fuerzas de ocupación sin la cobertura de una resolución o de una misión de Naciones Unidas, existiendo riesgos cada vez más evidentes de ataques de la resistencia y una creciente hostilidad de la población, y sin contar con la opinión de los ciudadanos de este país ni de esta Cámara.


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego concluya.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señoría, en medio minuto.


Y se produce por tanto esta participación, decíamos, sin el aval de Naciones Unidas, sin que nos acompañen nuestros socios en la Unión Europea y en la naciente política europea de seguridad y defensa; y sobre todo formando parte, por el contrario, precisamente de unas fuerzas de ocupación territorial. Por tanto es una decisión injusta, como ya se está comprendiendo en la propia sociedad norteamericana, donde cada vez se oyen más voces en contra del mantenimiento de esta ocupación, y es una decisión, señorías, que supone un elevado riesgo para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Cada día llegan noticias de actuaciones de la resistencia iraquí que nos hacen temer por la seguridad de nuestros militares. A pesar de la ruindad del presidente del Gobierno (Rumores.), del señor Aznar, no quiero dejar de manifestar nuestro pleno apoyo al contingente español; al contingente sí (Continúan los rumores.), al Gobierno no.


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Al Gobierno no, al contingente sí, a sus familiares y al conjunto de las Fuerzas Armadas; y trasladarles nuestro más ferviente deseo de que la misión que este Gobierno les ha encomendado transcurra sin novedad. Sólo en mentes cargadas de rencor, como parece demostrar el presidente del Gobierno, se puede pensar que algún español desee que nuestros soldados sufran daños. (Rumores.) No, señorías. Una cosa es advertir de los riesgos de una decisión equivocada como ésta y otra desearlos.


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que concluya definitivamente, por favor.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Quiero decirles con claridad -y acabo, señoría- que esta decisión la ha adoptado en solitario el Gobierno del PP, de espaldas al Parlamento y a la opinión pública española. (Rumores.) Y el Gobierno no puede pretender tomar una decisión así, una decisión tan grave tomada frente a todos, y sin embargo trasladar a toda la sociedad española la responsabilidad y las consecuencias de dicha decisión, porque la responsabilidad compete sólo al Gobierno. Además -acabo, señoría- no se dan detalles de la misión. Desconocemos cómo se va a desarrollar, cuál es su naturaleza, de qué medios va a disponer, si son suficientes, cuál va a ser su duración, si ésta ya está determinada o vendrá condicionada por las necesidades de las autoridades de ocupación.


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que definitivamente concluya. (Protestas.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señora presidenta; acabo definitivamente.


La señora PRESIDENTA: Está consumiendo prácticamente el doble del tiempo inicialmente previsto. (Protestas.) ¡Señorías, guarden silencio, por favor!

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señoría.


Señorías, la sociedad española tiene derecho a saber qué instrucciones tienen nuestras Fuerzas Armadas y si como dice el general Sánchez, de Estados Unidos, son fuerzas de ocupación, de ataque y defensa, declaraciones que no han sido desmentidas. Hay que fijar el límite de nuestra intervención. No nos gustaría de ninguna manera que nuestras Fuerzas Armadas participaran en actos de represión contra la población civil, porque si tal extremo ocurriera esa responsabilidad sólo podría cargarse a las espaldas del Gobierno de la nación. Por eso pedimos que comparezca el señor presidente para explicar a la sociedad española todos estos extremos.


Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, ¿de qué tiempo disponemos?

La señora PRESIDENTA: De diez minutos inicialmente, como en todos los debates, que con la flexibilidad de la presidencia está previsto que lleguen a 15, aunque el señor Caldera ha consumido más de 18. (Rumores.)

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Una vez más, señorías, nos encontramos en la Diputación Permanente del Congreso a iniciativa de los grupos parlamentarios de la oposición. Se puede decir que con esta iniciativa los grupos parlamentarios de la oposición cumplimos con nuestras funciones; quien no cumple con sus funciones es el grupo mayoritario y el Gobierno del Partido Popular, que una vez más rechazarán la comparecencia de los ministros y del presidente del Gobierno para dar cuenta ante esta Cámara. Desde Izquierda Unida estamos convencidos de que esta iniciativa no es meramente burocrática ni deba tener lugar necesariamente en los meses del verano porque no tiene como origen ninguna serpiente de verano. Nos encontramos ante una iniciativa que tiene como origen una serie de crisis que vive la población española, la situación política en nuestro país, que obligan a la intervención de la Cámara y a la presencia del Gobierno ante el Congreso de los Diputados. Y la ausencia reiterada del Gobierno por estas crisis ante el Congreso de los Diputados no supone fortaleza del Gobierno ni tampoco fortaleza de su grupo parlamentario mayoritario en esta Cámara, sino debilidad del Gobierno que se dedica seguramente a otras cuestiones y no al control que es fundamental en una democracia y que este Gobierno olvida a pesar de la importancia de las materias que hoy pretendemos que se discutan a iniciativa de los grupos parlamentarios de oposición en esta Cámara.


Nos encontramos por tercera vez ante una iniciativa de los grupos de oposición que pretendemos, en primer lugar, discutir la crisis de la política exterior española que se ha visto en la guerra de Irak, y ahora también en la postguerra, con la presencia de fuerzas militares españolas en territorio iraquí en un papel de ocupación que no ha sido autorizado ni por Naciones Unidas ni por esta Cámara. Por otra parte, nos encontramos también ante una crisis ecológico-social, la crisis provocada por la catástrofe del Prestige, pero también la crisis del cambio climático que está produciendo efectos tanto ecológicos como sociales en nuestro país. La única diferencia con respecto a otros países en esta crisis ecológico-social es que esos otros países tienen estadísticas más rigurosas que las del Gobierno del Partido Popular, que ocultan en buena parte los efectos ecológicos y también sanitarios del cambio climático que se está produciendo en estos momentos en todo el mundo, también en Europa. Por otro lado, creemos también que debe comparecer el Gobierno ante una crisis de lo que podríamos llamar la desregulación en la economía y en la política; crisis de la desregulación en la economía en estos momentos ante la catástrofe de Repsol y la evidencia de compañías que no son subcontratistas sino que son prácticamente de trabajo irregular y esclavo que están provocando más riesgos en la economía y en la industria; y crisis también de la desregulación en la política que vemos en los casos de Marbella y de la Comunidad de Madrid. Si ante estas sucesivas crisis el Gobierno y la mayoría parlamentaria siguen considerando que no es necesaria la comparecencia ante este Parlamento, finalmente tendremos que decir que la oposición cumple con su función de control y que quien no cumple con su función de dar cuentas ante esta Cámara es el Gobierno, y no por fortaleza sino por debilidad de no poder explicar su gestión en tan importantes materias ni ante la opinión pública ni ante la representación de los ciudadanos españoles en el Congreso de los Diputados.


En relación con la crisis iraquí, que es el primer tema que nos trae ante esta Cámara, señoras y señores diputados, se resume la misma en la reciente muerte del camarógrafo palestino de Reuters y los argumentos del Gobierno y del Pentágono de los Estados Unidos cuando dicen que ha muerto únicamente porque los soldados confundieron su cámara con un lanzagranadas. Es la viva representación de la mentira y de la falsedad que ha significado esta guerra, de la cual forma parte el Gobierno y el Partido Popular junto con los gobiernos norteamericano y británico.
También son buena representación de la actitud del Gobierno español en la política exterior las recientes declaraciones del presidente del Gobierno que han tratado de implicar al Jefe del Estado, al Rey. El presidente del Gobierno ante del Jefe del Estado se ha permitido calumniar a las fuerzas políticas de este país, a la oposición política y a los ciudadanos que están en contra de la guerra, diciendo que lo que esperamos es hacer política con la muerte de nuestros militares desplegados en Irak. El señor presidente del Gobierno miente y a nosotros nos gustaría que se ratificara en esta mentira ante la Cámara o que rectificase con la misma solemnidad con que ha calumniado a los grupos delante del Jefe del Estado. Es una razón suficiente para que el presidente del Gobierno comparezca ante esta Cámara; y que se ratifique en esa acusación a las fuerzas políticas de la oposición para que el presidente del Gobierno no sea cómplice de esa actitud de las fuerzas políticas y nos lleve directamente a los tribunales de justicia, porque nos ha acusado de un hecho muy grave que tiene carácter delictivo en nuestro

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país: estar esperando y apoyando de alguna forma que se produzcan desgracias en nuestro ejército, en nuestros militares, en su despliegue en Irak.


Señoras y señores diputados, nosotros creemos que debe haber comparecencias inmediatas ante esta Cámara en relación con la guerra y la postguerra de Irak, porque en los días que han pasado desde la última Diputación Permanente han cambiado las cosas para mal. Han cambiado, en primer lugar, en lo que más interesa: en la situación de nuestros soldados en territorio iraquí. ¿Por qué han cambiado para mal, señorías? En primer lugar porque nuestros soldados han sido enviados a territorio iraquí -lo sabemos ahora de manera fehaciente- al margen de las resoluciones de Naciones Unidas y sin el permiso y la autorización del Congreso de los Diputados. Es decir, nuestros soldados van sin cobertura en materia de derecho internacional y de derecho humanitario a una acción que evidentemente es de ocupación con los ejércitos norteamericano y británico. Muestra de ello es que solamente España y Gran Bretaña han enviado este tipo de fuerzas, habiendo otros países democráticos europeos que han rechazado el envío de fuerzas si no se clarifica la situación que estas fuerzas tienen, desde el punto de vista del derecho internacional, en su despliegue en Irak. Por otra parte también se ha deteriorado la misión, que era ambigua, y ya lo dijimos en la comparecencia del ministro de Defensa, que no lo supo clarificar. Una misión que para el ministro de Defensa era una mezcla de humanitaria, de seguridad, en estos momentos es evidentemente cada vez más policial, para la cual el propio Estado Mayor considera que nuestros ejércitos no están preparados. Por otra parte, es una misión también de ocupación militar cada vez más evidente en un territorio que se encuentra en estos momentos en una gran fragilidad, fragilidad política y militar. Por otro lado, en los últimos días se ha deteriorado la situación general, pero no solamente la situación general, la situación particular en los lugares donde se van a desplegar los soldados del ejército español. Las dos regiones tienen algunas características que las hacen especialmente frágiles. En primer lugar, uno de los oleoductos importantes pasa por una de las regiones donde se va a desplegar el ejército español, y en estos momentos la guerrilla iraquí está teniendo como objetivos estratégicos los oleoductos. Esa es una cuestión que el ministro señor Trillo no clarificó ante esta Cámara cuando dijo que era un territorio hortofrutícola sin ningún tipo de riesgos. Parece ser que tiene más riesgos de los que reconoció el señor ministro. Pero hay otros riesgos mayores como la situación de inestabilidad política que en estos momentos se vive en otra de las regiones donde se va a desplegar el ejército español. Recientemente ha habido graves incidentes y una confrontación política en torno al Gobierno que ha instaurado Estados Unidos en la zona. En ese sentido creemos que porque han cambiado las circunstancias, porque se han agravado las circunstancias, el Gobierno debería comparecer ante esta Cámara para clarificar ante la misma la situación de las fuerzas armadas desplegadas en Irak.


El señor presidente del Gobierno se ha limitado a calumniar a las fuerzas políticas de oposición. Es el presidente del Gobierno quien ha decidido enviar a estas fuerzas a un territorio todavía en guerra, y es el presidente del Gobierno el que asume toda a la responsabilidad. Las fuerzas políticas, las organizaciones ciudadanas y todos los españoles tenemos la voluntad de que vuelvan todos y que lo hagan, además, en condiciones íntegras. Pero el Gobierno español no puede pretender eludir su responsabilidad intentando acusar a la oposición de desear lo que no desea. El Gobierno español tiene que asumir toda a la responsabilidad en el envío de tropas a una zona en conflicto, sin apoyo en materia de derecho internacional y de derecho interno, y por otra parte en condiciones de riesgo. Esa es nuestra opinión y por eso queremos que el presidente del Gobierno y los ministros afectados comparezcan ante esta Cámara.


Señorías, por otra parte, en los últimos días se ha visto claramente que la mentira -no solamente la calumnia del presidente del Gobierno sino la mentira- forma parte indisoluble de la política exterior del Gobierno del Partido Popular; mentiras del Gobierno del Partido Popular para justificar la guerra de Irak y mentiras también en estos momentos para tapar las responsabilidades del ejército norteamericano del periodista José Couso. El Gobierno español, al contrario que el Gobierno ucraniano, ni siquiera ha pedido al Gobierno norteamericano una investigación a fondo de lo que ha ocurrido con el periodista José Couso que fue asesinado en plena guerra de Irak. Por otra parte, el Gobierno no ha exigido ningún tipo de responsabilidad al Gobierno norteamericano. Esa es la diferencia entre un gobierno que hace ejercicio de la soberanía y un gobierno que se pliega y se convierte únicamente en la voz de su amo, en la voz del Pentágono y de los sectores más extremistas del Gobierno norteamericano. Señorías, consideramos que es imprescindible que se produzca en esta Cámara una exigencia de responsabilidades al Gobierno norteamericano y una investigación neutral, objetiva en torno a la muerte del periodista español, como hoy están pidiendo todos los organismos representantes de los periodistas a nivel internacional en relación con la reciente muerte del periodista palestino en Irak. Creemos que cualquier gobierno democrático lo haría y se lo exigimos también al Gobierno español. Terminando con las mentiras, señorías, en los últimos días hemos sabido que no solamente el Gobierno español había mentido a los diputados de esta Cámara, mentiras que están por escrito en las actas de la Cámara. Si ustedes quieren, les remito a la documentación que envió el Gobierno al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que son las declaraciones de Blair, que hoy están en cuestión en el

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Parlamento; lo de los 45 minutos y la evidencia de la existencia de armas de destrucción masiva está por escrito, enviado al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por este Gobierno como prueba de la existencia de armas de destrucción masiva. El Gobierno ha mentido descaradamente en relación con los argumentos de la guerra de Irak porque tenía predeterminada la intervención en Irak.


Nos preocupa además que el Gobierno haya utilizado también al ejército español, que el Gobierno crea que el ejército español es una parte del aparato de propaganda del Partido Popular; nos preocupa, porque eso degrada la función del ejército y convierte al ejército español en un brazo del Partido Popular, cosa que no es ni en la Constitución ni en las leyes. Este Gobierno es capaz de degradar todas las instituciones; ya sabíamos que había degradado la institución judicial, la institución parlamentaria, pero ahora también sabemos que en la guerra de Irak ha puesto a su servicio al ejército español, dándole un catecismo de mentiras que él y algunos de sus militares, por una mal entendida razón de obediencia debida, han utilizado en la campaña de propaganda del Partido Popular a favor de la guerra. Creemos que es un hecho gravísimo y que tiene que ser explicado ante esta Cámara. Esa mentira también tiene que ser explicada ante esta Cámara cuanto antes por parte del Gobierno y en concreto por parte del ministro de Defensa, señor Trillo.


Por otro lado, también hay mentiras que en estos momentos están afectando a la diplomacia española. Parece que no les ha bastado con quemar a nuestro representante en Irak, ahora además pretenden quemar al representante español, al diplomático español, al embajador español ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le castigan ustedes de cara a la pared, le castigan sin vacaciones por haber dicho lo que pensaba en relación con las armas de destrucción masiva, lo que todo el mundo piensa. En estos momentos el hecho de que el principal argumento para la guerra se esté diluyendo, porque se esté demostrando que ese era un argumento falso, porque no se encuentren las llamadas armas de destrucción masiva, implica unos resultados, como decía el embajador, que ponen patas arriba todo el argumentario de la guerra.


La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, le ruego que concluya, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, consideramos que es imprescindible que la ministra de Exteriores -no sabemos muy bien si ministra o cada vez más menestra-, el ministro Trillo y también el presidente del Gobierno comparezcan ante esta Cámara para explicar las calumnias y las mentiras de la guerra de Irak. Con esto hacemos honor a lo que es nuestra función parlamentaria, que es la de oposición, la de control del Gobierno, que no ejerce su función constitucional, al no querer comparecer ante esta Cámara ante hechos tan graves como es la crisis de la política exterior, como es la crisis ecológico-social que vive nuestro país dentro de la Unión Europea y como también es la crisis de la regulación o desregulación de la economía y de la política que trataremos en sucesivos puntos del orden del día de la Diputación Permanente de hoy. Queda en sus manos, señores del Grupo Popular, demostrar que son fuertes compareciendo ante esta Cámara y dando cuentas, o demostrar que son débiles y están en otras cosas, en las cosas de la sucesión, por tanto, no quieren comparecer ante la Cámara y ante el conjunto de los españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Estamos viviendo una cínica y gran mentira que solamente el soporte de la fuerza, de la intimidación, de la amenaza, del silencio e incluso también del miedo pueden hacer perdurar. Contra todas las evidencias, el Gobierno español justificó una alianza con los Estados Unidos para agredir a Irak, que era un país que sin duda no tenía capacidad defensiva, ni mucho menos armas de destrucción masiva y desde luego ningún contacto con el terrorismo internacional. El señor Bush puede desentenderse de esta mentira y convivir con ella. Le llega sin duda con la psicosis patriotera y con el retroceso de las libertades públicas en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre, pero seguramente no podrá convivir tan fácilmente con los resultados de una guerra de guerrillas y de una oposición clamorosa por parte de la población civil iraquí contra su ejército de ocupación. El protector europeo de Bush, también anglosajón, el señor Blair, padece ahora una situación no controlable derivada de un suicidio desgraciadamente de un asesor del Ministerio de Defensa, el señor Kelly, acusado de filtrar a la BBC las manipulaciones y las presiones del Gobierno sobre los servicios secretos para que agravasen las informaciones y dossieres justificativos de una agresión sin duda injustificada. El entorno de la presidencia está en este momento en Gran Bretaña en el ojo del huracán y desde luego es importante la confrontación con la tradición de libertad informativa de la BBC, que está dejando al descubierto la miseria de un gobierno agresivo y de un gobierno irresponsable. Sin duda, estos son los dos grandes protagonistas del drama que está viviendo la humanidad en este momento. El tercero es sin duda un seguidista, el presidente del Gobierno de España, don José María Aznar, que sigue con el piñón fijo contra las evidencias, aunque sin duda es porque no le cambiaron el

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guión desde Washington. Lo tendrá que cambiar cuando haya que matizar algunas cuestiones, siempre retardatoriamente y por supuesto siempre dentro de la muestra de la justificación del imperio. Tampoco tiene el señor Aznar contradicciones con la televisión pública, que es una televisión que no se caracteriza por el respeto al pluralismo informativo ni por seguir la verdad, ni siquiera en la política internacional, pero sí tiene contradicciones graves en el interior del Estado español. La primera fue, afortunadamente, la de un diplomático, el encargado de negocios del Estado español en el Irak aún de Sadam Husein, que prefirió dimitir, abandonar, antes de legitimar el uso de la fuerza, por tanto, la guerra. La segunda fue el asesinato de José Couso, el periodista nacido en Galicia, al que sin duda, como en todas las muertes injustificadas, se le debe una convulsión de la opinión pública y la continuidad de la atención sobre ciertas formas de proceder del imperio, incluso cuando simplemente podía guardar las formas con informaciones o con investigaciones aparentemente más neutrales. Lo grave es que el Gobierno de España actúa con tal seguidismo que se subordina a lo que son incluso informes del Pentágono capaces de la vileza de argumentar que el asesinato de un periodista fue en defensa propia del ejército de los Estados Unidos. Se puede contrastar en este momento con la muerte del señor Dana, el cámara palestino, para saber que efectivamente el ejército de Estados Unidos dispara y después pregunta, y en este momento se reconoce que es un error de forma cínica lo que anteriormente se intentó justificar como un acto legítimo del uso de la fuerza precisamente desde el punto de vista defensivo militar. Pero hay algo más curioso, ¿cómo se atreve el Gobierno español y qué clase de legalidad internacional hay en este momento para enviar a la familia del periodista asesinado ya hace meses un documento que no tiene membrete oficial de ningún tipo? ¿Es esta la legalidad internacional del mundo en que vivimos? Esto ni siquiera se da en los contratos de carácter privado; casi siempre figura, por lo menos, el nombre del que contrata. En este caso, por supuesto, no hay ni membrete del Estado español ni membrete del departamento de Estado de Estados Unidos.


Habría que preguntarle también al Gobierno Español por su servilismo claro en las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores al referirse al preso español en Guantánamo o cómo se puede entender -sintomático de la jerarquía imperialista- que el ejército de España forme parte del contingente polaco y que no preocupa en absoluto a un gobierno tan patriotero, por lo menos para el consumo interno, como el que padecemos, o el papel de intermediario -por tanto, también de antigua madre patria- que cumple España en relación con ejércitos avergonzados -y desde luego que cumplirían otra mejor función esos países- como el de Nicaragua, o el de la República Dominicana, o de El Salvador. ¿No es este un espectáculo de opereta indigno y sin la gracia realmente de las operetas austriacas del siglo XIX y principios del siglo XX? Cuando se quiere vender como gran apoyo a la lucha contra el terrorismo el apoyo norteamericano, realmente da más que risa pena, porque resulta curioso que el gran apoyo contra el terrorismo que padece el Estado español internamente sea meter en una lista de organizaciones terroristas a Batasuna -nada menos que pone en peligro la existencia del gran imperio-, o lo que fue en principio una ignominia o una guerra que ahora se comprueba que fue a todas luces injustificada se está convirtiendo en una ocupación inmoral, arbitraria, ilegítima e ilegal. Queremos decir que se puede producir una situación así porque desgraciadamente no hay una auténtica sociedad de naciones. La propia ministra lo evidenciaba en sus declaraciones recientes cuando decía que la resolución 1441 era interpretable, porque no hay quien la interprete por encima de los que tienen el poder; es decir, la interpretan exclusivamente el interés y la fuerza. Estamos, por lo tanto, entrometiéndonos en un problema interno de un Estado, que es el Estado iraquiano, justificando una ocupación militar que no está avalada por nadie del interior que no sean los títeres del exilio a través de un Consejo de gobierno provisional, distanciado claramente de la inmensa mayoría de la población civil. Estamos asistiendo, señorías -como representante de una organización política tenemos que hacer especial énfasis en esta cuestión-, a la resistencia popular cada vez mayor y más plural. Además pensamos que sus acciones son ilegítimas contra un enemigo invasor y no son terroristas desde ningún punto de vista. El número de bajas de los ejércitos ocupantes aumenta progresivamente y hasta ahora afecta al ejército de Estados Unidos, al de Gran Bretaña y al de Dinamarca. No queremos en absoluto que afecte al ejército español, pero debemos dejar claro -es nuestro deber de representantes políticos- que el ejército español objetivamente forma parte de un contingente invasor que puede ser atacado, y no sabemos qué derechos humanos, qué libertad, qué dignidad, qué derechos de los pueblos está defendiendo nuestro ejército allí. No es desear cadáveres, es dejar claro que la función del ejército del Estado español es una función puramente defensiva, que una ocupación de un país extranjero no es una actuación defensiva, que viola el derecho a la soberanía. Por cierto, esos libros de historia de esa gran España, que la ministra de Educación está empeñada en que estudiemos con rigor oficialista, nos recuerdan todos los días la gran hazaña del pueblo español contra el ejército invasor de Francia, la célebre guerra de la Independencia, y creo recordar que este Congreso de los Diputados tiene varios nombres famosos vinculados a esa heroicidad española nada menos que en la Cámara de representación popular de todos los españoles. Por tanto, señorías, pensamos que se está embarcando al ejército español en una aventura, lo cual solamente se puede entender como producto de la

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megalomanía de un imperialista fracasado. Porque, ¿cuáles son las justificaciones y cuáles son sus objetivos? Realmente las justificaciones económicas son más que dudosas, ni siquiera las empresas transnacionales españolas, Repsol y Cepsa, están consiguiendo más ventajas que en la etapa de Sadam Husein, lo que ya es decir. Las ventajas políticas son más que pírricas, a no ser que sean las de entrar en el rancho de Bush o simplemente conseguir ese listado terrorista, integrado por Batasuna, legitimado por Estados Unidos, y las ventajas humanas o sociales son, desde luego, envilecer e indignar a la sociedad pacífica internacionalista que desea un intercambio igual entre países y que, sin duda, es mayoritaria entre los pueblos del Estado español.


Señorías, concluyo diciendo que realmente estamos asistiendo a un proceso por el cual unos Estados del occidente cristiano, mayoritaria y preponderantemente anglosajón, pero también con participación latina envilecida y oligárquica, son los que están atacando a un país de tradición islámica y musulmana. La fuerza se está justificando solamente en nombre del dominio y el control de una parte del mundo, pero esto se hace en contra de la inmensa mayoría de la opinión pública, sin legitimidad política de ningún tipo y de una manera oscurantista y avergonzada, al dictado de Washington, sin noticias ni informaciones de primera mano y solamente repitiendo los ecos. Es curioso que hasta los mandos del ejército tengan que recitar panfletos políticos dictados por el Partido Popular y no tengan ni siquiera información de primera mano, por lo menos de la CÍA o de las agencias internacionales de información en un mundo transaccionalizado. Hoy hay peligros que sin duda no son los derivados del pueblo iraquí, ni siquiera de su régimen anterior; los peligros están en la participación, en concreto del Gobierno de España, en los diseños neocoloniales de los grandes imperios. Este no es precisamente el deseo de las mayorías ni la solución para la humanidad.
Desde luego, pensamos que el señor Inocencio Arias lo que hizo fue contar una verdad, sin duda locuaz en un embajador que, una de dos, o era inocente o sabía perfectamente que esto era mentira con anterioridad. Lo que pasa es que como él está más à la page, está ya adelantándose a la opinión hegemónica de Estados Unidos que, de todas maneras, da igual, porque lo importante era acabar con el régimen. Había que acabar con esos señores y es lo que hicimos. Esto es lo que don Inocencio, el inocente Arias pronunció en su gran aria, creo que fue en El Escorial, adonde van todos a pontificar con su españolidad precisamente, dejando claro que da igual, lo importante era machacarlos. Eso es lo importante y, desde luego, en este tipo de política no contarán con la colaboración del Bloque Nacionalista Galego, por más que amenacen o intimiden con todo tipo de miedos.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidente.


Voy a ser breve, porque la posición de mi grupo, en la votación de estos puntos del orden del día referidos al conflicto de Irak y que han presentado los grupos parlamentarios Socialista y Federal de Izquierda Unida, va a referirse solamente a los aspectos formales del resultado de la votación que se producirá al respecto. Ante la solicitud de la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, en este periodo de sesiones bajo la Diputación Permanente en los doce días escasos que nos quedan del mes de agosto para reunirnos, en ese aspecto formal, al que queremos limitarnos, mi grupo votará que no, entendiendo que el mes de septiembre debe abrirse con la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios, que mi grupo respeta en cualquier posicionamiento en el que estén, porque valora la gravedad de la situación en Irak y las implicaciones que hay, para que eso se sustancie con todos los instrumentos que el Reglamento del Congreso de los Diputados y la legislación vigente permite para el control del Gobierno y de todas sus decisiones.


Mi grupo quiere hacer algunas observaciones y matizaciones para llamar la atención sobre la posición del ministro de Defensa, señor Trillo, en este momento que debe ser prudente; una posición de respeto a las Fuerzas Armadas y de respeto a las Reales Ordenanzas. Mi grupo espera que los datos que se puedan aportar sobre la situación del contingente español en Irak se den en el momento en que todo el contingente esté cumpliendo funciones, los aproximadamente 1.300 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que el Gobierno ha decidido involucrar en la situación. Mi grupo no considera necesaria una comparecencia en esta semana, a doce días escasos y sin que el contingente español haya sustituido a las fuerzas de ocupación norteamericanas de la zona asignada. El contingente español se transforma jurídicamente en una especie de fuerzas de ocupación subordinadas y el ministro de Defensa tiene que velar por que en estas Fuerzas Armadas las Reales Ordenanzas se apliquen y se defiendan escrupulosamente. Las Reales Ordenanzas obligan a las Fuerzas Armadas a una serie de comportamientos basados en la disciplina -no en la sumisión-, pero las Reales Ordenanzas obligan al Gobierno a darles una protección en todos los órdenes: vitales, funcionales, profesionales, de seguridad y de operaciones. Mi grupo quiere hacer este recuerdo en este momento.


Igualmente, he dedicado sesiones de seguimiento y estudio a las declaraciones que en su día, en los prolegómenos del conflicto del Irak, hicieron determinados

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profesionales militares. Siempre entendí que al comparecer de uniforme estos profesionales militares ante los medios de comunicación, fundamentalmente televisivos y radiofónicos, lo hicieron con una autorización expresa del Ministerio de Defensa. Estas cuestiones que han surgido sobre el argumentario las tendrá que explicar el señor ministro de Defensa; un argumentario, una especie de catecismo o un índice de consignas no son dialécticamente expresadas y defendidas de la misma manera por un político civil de un grupo parlamentario, de un partido político, que por un militar de uniforme. Por tanto, por los conocimientos que tiene mi grupo, siempre pensamos que los militares que comparecieron de uniforme tendrían alguna instrucción. El que se hayan documentado después en determinados medios de comunicación esos índices evidencia un problema que tendrá que resolver el señor ministro y que se dio en 1990 y 1991 al Gobierno de entonces con determinados militares que filtraron los informes de la operación Papá Golf y Papá Tango, porque el ministerio también tiene la responsabilidad de conocer lo relativo a las filtraciones, porque esos documentos no aparecen de una manera natural y comunicada por el servicio de Correos, sino que muchas veces obedecen a problemas, y todos debemos preocuparnos de que esto funcione adecuadamente. Mi grupo y este portavoz ven con preocupación todo este embrollo, todo este laberinto en que nos estamos situando; necesita de un consenso y de la máxima prudencia y discreción de todos los representantes del Gobierno y de las fuerzas políticas parlamentarias, para que este asunto no se convierta en un desbarajuste que desvertebre una convivencia, un diálogo entre las fuerzas parlamentarias. No podemos llegar al final del mes de diciembre, para celebrar un aniversario de la Constitución, en este clima de desvertebración de las fuerzas políticas en los temas de Estado; estamos hablando de un auténtico problema no sólo en política de defensa y en política exterior, sino en política general del Estado, de un problema en relación con esa armonía que tendría que existir. Por tanto, mi grupo pide prudencia y reflexión. Hay que dejar que los acontecimientos se puedan objetivar, ver el grado de responsabilidad, ver cuál va a ser la posición en que se encuentre el contingente español, el Gobierno y los grupos parlamentarios, una vez que los hechos nos hagan protagonistas, en lo que todos hemos tenido nuestras dudas, a favor o en contra, y que -vuelvo a decir- mi grupo respeta.
Esperemos también que las informaciones se den con una confidencialidad absoluta, sin hablar para la galería, y que en los primeros días de septiembre, en la reunión que celebre la denominada Comisión de Fondos Reservados o de Secretos Oficiales (en la que mi grupo siempre ha pedido la comparecencia no solamente de los ministros implicados, sino del director del Centro Nacional de Inteligencia), para tener una información dentro de la prudencia y de la reserva con que esta materia tiene que ser dada de modo responsable a los grupos parlamentarios, antes de ofertarle cuestiones sesgadas por un debate, evitando que la postura de cada grupo parlamentario, digna y legítima, pudiera complicar la asunción de soluciones al problema. El problema lo tenemos y hay que buscarle solución entre todos. Reitero que esta posición de mi grupo era contraria a esta sesión extraordinaria del Pleno en el mes de agosto, según las comparecencias solicitadas. Me circunscribo a los aspectos formales del resultado de esa votación, y el fondo lo veremos en septiembre.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora presidenta.


Adelanto que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente las dos iniciativas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. Nos llama la atención una cierta ingenuidad por parte de un político de tan largo recorrido como el señor Caldera, que está en esta casa desde el año 1982, que piensa que el presidente del Gobierno pueda acudir durante este mes de agosto a una comparecencia parlamentaria para dar explicaciones. ¿No se da cuenta el señor Caldera que el tema no es vasco? El año pasado sí estuvimos reunidos aquí el 26 de agosto. Señor Caldera, ¿cree que el señor presidente va a dejar Menorca, va a dejar de salir a pescar lo que sea por venir aquí a dar explicaciones? Señor Caldera, es usted un magnífico parlamentario pero un poquito ingenuo.


Además conviene informar de algunas cosas que aparentemente pasan desapercibidas. Por ejemplo, en estos días ha sido noticia el fallecimiento de Idi Amin Dada en Arabia Saudita y no hemos oído a ningún miembro del Gobierno, por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores, quejarse de por qué este genocida ha fallecido sin haber pasado previamente por el Tribunal Penal Internacional o sin haber sufrido algún tipo de sanción política por lo menos. Hemos visto en estos también días cómo el dictador de Liberia, el señor Charles Taylor, está en este momento tan ricamente en Nigeria; fantástico. Hemos visto como ha sido liberado Plácido Micó conjuntamente con los 18 opositores al régimen de Teodoro Obiang Ngema. Nadie ha dicho absolutamente nada. Hemos visto, lo esperábamos todos, que en el discurso del trono el dictador rey Mohamed de Marruecos no ha tenido ningún gesto de benevolencia con el periodista que está siendo reprimido, con Ali Lmrabet; sin embargo, ha pasado desapercibido porque no conviene molestar al rey de Marruecos. Hemos visto cómo estos días ha habido una resolución de Naciones Unidas y que España -el señor Inocencio Arias era presidente del Consejo de

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Seguridad de Naciones Unidas- podía haber agilizado la aplicación del plan Baker, pero están tan obsesionados con el plan Ibarretxe que el plan Baker hay que dejarlo; incluso conviene no hablar de este tipo de cosas.
Vemos cómo en el día de hoy aparece una información muy interesante que dice que el principal asesor de Blair negó validez al informe sobre Irak.
Es una noticia que pasará absolutamente desapercibida y que no tendrá el menor debate. En Cartas al Director del diario El País en el día de hoy aparece una respuesta a la ministra Ana de Palacio de Javier Couso, hermano de José Couso, cámara de televisión asesinado, no caído en acción de guerra, por fuerzas norteamericanas. La familia de Couso se queja amargamente a la ministra Ana Palacio de la sumisión absoluta a las tesis que el ejército norteamericano viene lanzando sobre el asesinato de su hermano. Vemos, por ejemplo, una noticia sorprendente, sobre todo si se aplica al ministro Trillo, que el director de la Sanidad en Francia ha dimitido por la elevada mortandad producida por la ola de calor. El calor no se ha debido al ministro de Sanidad ni al director de Sanidad, sin embargo, ha dimitido como gesto ético. A la hora de analizar todos los asuntos referidos a la guerra en Irak está todo basado en una hipocresía inmensa y en una gran mentira. Había una extraordinaria sensibilidad sobre lo que podía hacer o no hacer Sadam Husein, que era un genocida y al que nosotros siempre hemos denunciado; sin embargo, no existe la misma sensibilidad hacia temas tan importantes o más que lo ocurrido en Irak.
En este momento estamos asistiendo a un envío de tropas españolas de ocupación bajo mandato polaco. Francamente, para aquellos que querían sacar a España del rincón de la historia, el asunto deja bastante que desear, y sobre todo que se utilice la argumentación del terrorismo.
Indudablemente, el 11 de septiembre fue un latigazo internacional, y sabemos que Estados Unidos no está preparado para combatir el terrorismo como, desgraciadamente, y por inveterados años -cuarenta y pico-, estamos sufriendo el terrorismo de ETA. Pero si efectivamente es un tema de terrorismo, al terrorismo no se le combate con el ejército. La experiencia nos dice -y creo que España en esto podría haber dicho mucho- que al terrorismo se le combate policialmente, con una magnífica información, con cooperación internacional y con ideas muy claras. Sin embargo, se ha enviado un contingente, que aparentemente no tiene mucha experiencia en temas de terrorismo, y se dice teóricamente que va a una acción humanitaria, aunque vemos también una declaración muy interesante del general Cardona, que dice: Una cosa es que vengamos a ayudar y otra que me toquen a mi contingente -ya estamos con el lenguaje cuartelero de toda la vida-; si elementos incontrolados nos atacan, aplicaremos las reglas de enfrentamiento y responderemos con toda la eficacia. ¿Quién es este señor para hacer este anuncio de muerte, porque en el fondo es un asunto de muerte? Es un lenguaje de matonismo. ¿Las tropas españolas van en acción humanitaria, van a ayudar, a qué, o van en una acción de ocupación? Creo que es muy interesante que estas cosas se discutan aquí.
Sin embargo, no se van a discutir porque el señor presidente está en Menorca, y ojalá pase un magnífico veraneo. Pero nosotros tenemos que hacer una apelación a que si se trata de una iniciativa humanitaria, en España hay cientos, incluso miles de organizaciones no gubernamentales que podían hacer ese magnífico trabajo y, sin embargo, no lo van a hacer.


Tampoco sabemos cuál es la situación, hablando de diplomáticos, de la embajada de España en Irak. El encargado de negocios anterior tuvo que volver de mala manera y se le abrió un expediente porque dijo una verdad como un templo, que ahora ha ratificado nada menos que el embajador ante Naciones Unidas, señor Inocencio Arias, quien ha dicho: Todo se pone en tela de juicio si no aparecen las armas de destrucción masiva. Y en este caso se habla del embajador Inocencio Arias y del director del CNI, dos diplomáticos que están al frente. A mí siempre me han dicho que la gente que se dedicaba a la diplomacia no es que tuviera un cromosoma de más, pero sí que la carrera tenía una connotación especialísima. Y en nuestro caso -y no se me interprete como una fijación especial-, como es una postura política, también hay que denunciarla. Cuando el diplomático señor Arístegui se fue a Irak en aquel viaje teóricamente humanitario, pero él nos dice que no fue un viaje humanitario sino que fue a cantar las cuarenta al dictador Sadam Husein, y luego tenemos una foto con Tarek Aziz con una sonrisa de oreja a oreja, sinceramente vemos un tipo de diplomacia que a mí personalmente no me gusta porque es la diplomacia basada en la mentira, que luego se dedica a la política. Usted sabe, señora presidenta, que hace dos años, en esta misma sala, con motivo de una reunión de todos los embajadores españoles en el mundo, el señor Inocencio Arias recibió un rapapolvo de nuestro grupo parlamentario por el maltrato que había dado a unas mujeres parlamentarias en un viaje a Naciones Unidas. Sin embargo, ahora nos parece que ha sido muy interesante su intervención, aunque no sabemos si ha dicho la verdad o ha tenido una especie de enajenación mental transitoria. Tenemos además otro diplomático, que es el director del CNI, Jorge Dezcallar. Nosotros, como grupo parlamentario y como partido político, siempre habíamos reivindicado que al frente del CNI o del CSID no hubiera un militar sino un civil. Ahora tenemos un diplomático, pero es un meritorio y no da cuenta absolutamente de nada. En la época de Manglano y de Javier Calderón al menos de vez en cuando se invitaba a la Comisión de Defensa y se informaba, pero ahora eso se ha eliminado de una manera absoluta.
Confiamos en que se nos informe en la reunión sobre secretos oficiales, aunque, la verdad sea dicha, no tenemos

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la menor esperanza de que se nos informe, porque todo está basado en la gran opacidad.


Nosotros denunciamos lo que está ocurriendo en este momento: en primer lugar, se hurta el debate; en segundo lugar, se implica al ejército sin previa discusión en esta Cámara; en tercer lugar, todo está basado en una gran mentira y se anestesia de una manera continua a la sociedad para que no discuta estos asuntos. Hace muy poco tiempo, la sociedad española estaba en la calle reivindicando no a la guerra en Irak. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué la sociedad no reivindica ese tipo de cosas? Porque fundamentalmente se la sostiene con grandes mentiras. Todo es una gran mentira y una gran hipocresía. Y así como hay un gran debate en este momento en Inglaterra y en Estados Unidos, no hay un gran debate en España. Por tanto, señor Caldera, le felicito por su iniciativa, igual que al señor Llamazares, pero el señor presidente vendrá el día 25 para hablar de la Federación Socialista Madrileña y luego nos deleiterá, cuando vaya a Quintanilla de Onésimo, con alguna alusión al tema vasco.
Pero desde luego no hablará del tema importantísimo que es el envío de tropas españolas a Irak bajo mandato polaco.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a hacer referencia a los temas relacionados con la cuestión de defensa, que es sobre los que en nombre de mi grupo parlamentario fijaré posición. Me estoy refiriendo a los puntos 1, 2, 3, 9, 11, 12 y 16, que forman parte de los dos primeros bloques, y también a los números 4 y 6, del tercero. Voy a hacer una única intervención al respecto, por lo que le pido una cierta benevolencia con el tiempo, aunque no creo que me pase. La mayoría de los casos que tenemos encima de la mesa son repetitivos y, por tanto, en nombre de nuestro grupo parlamentario tuve la oportunidad de fijar posición de una forma clara en la última Diputación Permanente, por lo que, como en la mayoría de los temas no ha habido cambios sustanciales, entiendo que los argumentos continúan siendo válidos y me permitirán que por economía procesal, y sobre todo en atención a SS.SS., no los repita otra vez.


Desde mi grupo parlamentario continuamos insistiendo en que es un error que el presidente del Gobierno no haya comparecido aún en sede parlamentaria para explicar de primera mano temas tan importantes como pueden ser el incremento de nuestra presencia en Irak; por qué se envían 1.300 personas más; cuál es el rol que está previsto que deben jugar nuestros soldados; por qué y quién nos ha atribuido unas zonas determinadas en Irak; quién y por qué nos ha integrado en una brigada bajo los mandos oficiales polacos; cuáles van a ser las condiciones en que se va a realizar el despliegue; qué medidas de protección se van a poner en marcha; cuál es el nivel de riesgo real para nuestras tropas, si existen informes al respecto y si basándose en esos informes se ha planificado la seguridad de nuestras tropas; qué medidas se han puesto en marcha para su seguridad; qué previsiones de futuro se manejan, si estaremos un mes, dos, tres, un año, dos años y si los mandos españoles serán suficientemente autónomos en sus zonas para realizar una política de acercamiento a las realidades culturales y una política absolutamente diferenciada de la que en este momento están realizando los americanos.
Esas y muchas más preguntas son las que en este momento se está haciendo la ciudadanía.


Señora presidenta, creo que es imprescindible la presencia del presidente del Gobierno para que en esta Cámara asuma el compromiso no sólo de que se aplicarán todas las medidas para minimizar los riesgos de nuestras tropas, sino -y es lo más importante- que las tropas que hemos desplazado a Irak van a disponer de las mismas condiciones de seguridad y también de comodidad que las que tienen otros países con los que nos queremos comparar. Hay que tener presente que el despliegue en Irak, con las temperaturas que hay allí en estos momentos, exige una infraestructura que nada tiene que ver con la que habitualmente se utiliza aquí. Quisiera tener la seguridad de que los soldados -soy consciente de que es difícil minimizar los temas de riesgos- dispondrán de las mínimas condiciones de comodidad a las que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar.


Desde nuestro grupo parlamentario pensamos que hay un error desde el primer momento: la ONU debería haber jugado un papel central en la crisis, y no ha sido posible hasta este momento. No obstante, entendemos que la ONU debería recuperar cada día más ese papel importante, y estoy seguro de que a través de ella, con una participación mucho más plural, encontraremos una salida más adecuada. Pero los vientos bélicos parece que no soplan lo suficientemente fuertes en esta dirección y lo malo es que todos terminaremos perdiendo. Personalmente, tengo la sensación de que el tema va para largo y que, lejos de apaciguarse, las tensiones van en crecimiento cada día. Hace dos días asesinaron a un periodista de la Agencia Reuters, y ese tratamiento se da a periodistas occidentales acreditados y además identificados. ¡Qué debe de pasar con la gente del propio país! Por lo tanto, y debido a la importancia que damos a este tema, entendemos que la presencia del presidente del Gobierno se tendría que haber producido ya. Por lo que hace referencia a la presencia del ministro de Defensa, ya se ha producido en diferentes ocasiones y una vez iniciado el curso parlamentario deberá comparecer de una forma periódica para informar puntualmente,

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entre otros temas, sobre dos que para este grupo son muy importantes: el seguimiento del despliegue de las tropas en Irak, las condiciones de seguridad y el bienestar de los soldados. Pero entendemos que debe comparecer después del presidente del Gobierno. Sobre todo queremos que facilite a este Congreso toda la información sobre las causas que produjeron el accidente del Yakolev. No podemos restituir la vida de los soldados, pero, como ya dije en mi primera intervención, nuestro grupo parlamentario va a exigir la máxima transparencia y la máxima información, porque es nuestra obligación, pero sobre todo es el derecho de todos los ciudadanos y de forma especial de los familiares de los afectados a conocer la verdad de lo que ocurrió. Por cierto, estaremos especialmente atentos para que no se produzca ningún tratamiento discriminatorio por ningún concepto a los familiares de las víctimas en cuanto a indemnizaciones.


Lo mismo que he dicho referente al ministro de Defensa es aplicable a la ministra de Asuntos Exteriores y, por tanto, al punto 16 del orden del día. Deberá explicar de una forma clara, por ejemplo, los motivos que le han llevado a una reducción drástica de las vacaciones del embajador de España ante la ONU. Efectivamente, por lo que se refiere a temas relacionados con la defensa, aparecen dos cuestiones nuevas que no se trataron en la última Diputación Permanente: la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia para explicar la remodelación del centro, así como para dar cuenta de la información de que dispone en relación con el riesgo real para nuestras tropas, y el envío de seis vehículos de combate Centauro como elemento de seguridad de nuestras tropas. Por lo que hace referencia al primer punto, mantengo exactamente el posicionamiento que mantuve en la presentación por parte del Gobierno del proyecto del Centro Nacional de Inteligencia. De hecho, si vamos a su página de Internet, vemos que dice que en todos los Estados democráticos los servicios de inteligencia están sometidos a una serie de controles que adoptan distintas modalidades según el país de que se trate. En España los tres poderes del Estado ejercen actualmente un control sobre diferentes aspectos del centro que entran en sus respectivos ámbitos de competencias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: De ese modo, parece ser que el poder Ejecutivo, el Legislativo -que somos nosotros- y el Judicial supervisan su labor y certifican que esta se hace, efectivamente, en todo momento a favor de los intereses nacionales. Como diputado, no sólo tengo el deber de que se cumpla el enunciado anterior, sino también la obligación de que se aplique en su más amplia interpretación el artículo 62.2 de la Constitución, que encomienda a las Cortes Generales el control de la acción del Gobierno. Como consecuencia, también tenemos la obligación de un seguimiento de la labor del Centro Nacional de Inteligencia, con la prudencia y discreción que sean necesarias. Por tanto, nuestro grupo parlamentario desea que con la máxima brevedad se reúna la Comisión de control de créditos destinados a los gastos reservados, que creo que no se ha reunido nunca, para conocer en ese caso si existen informes evaluadores del nivel de seguridad de nuestros soldados en Irak, pero sobre todo para que se haga visible la voluntad de transparencia de todos los compromisos, incluido el que el Gobierno asumió en el debate sobre la Ley del Centro Nacional de Inteligencia que realizamos el 6 de mayo.


Por lo que respecta al envío de seis vehículos de combate Centauro, existen dos incógnitas que habrá que explicar. En primer lugar, si es el vehículo adecuado para la ocasión, sobre todo si hacemos caso de la opinión del general Cardona, que al anunciarle que van a enviar ese tipo de vehículos, dice: Me he enterado por ustedes; no he pedido nada, pero si tuviera que hacer alguna petición, quizá sería de otro tipo de vehículos. La respuesta, como mínimo, es preocupante. Respecto a las previsiones de despliegue, no se previó la necesidad de ningún tipo de vehículos para la defensa de la integridad de las tropas españolas, que es, por encima de todo, lo que más debe preocuparnos. Un despliegue de esa envergadura no debiera improvisarse y los vehículos podían ser transportados bien con los vehículos de la Armada, como el buque Castilla o el buque Pizarro, o bien con los de las navieras privadas que están haciendo el transporte del material necesario. Así se evitaría tener que utilizar sistemas de transporte mucho más costosos, como el que se va a utilizar ahora. Pero como la responsabilidad de tomar decisiones es del Gobierno, por el bien de las tropas desplegadas, sólo puedo desear que las decisiones que se tomen sean las más sabias posibles. Piensen que están en juego vidas de ciudadanos españoles. En todo caso, tendremos tiempo para analizar si se han hecho bien las cosas.


Por lo que respecta al bloque número 3, sobre el debate relativo a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Radiotelevisión Española, tuvimos la oportunidad de expresar nuestro posicionamiento al respecto en la última Diputación Permanente. Como no hay cambios significativos al respecto, mantenemos nuestra opinión y, por economía procesal, no voy a repetir los argumentos que en su momento pusimos encima de la mesa. Las sentencias hay que cumplirlas y el Gobierno debe dar ejemplo. Por tanto, estamos de acuerdo con las propuestas de comparecencia, estamos de acuerdo con el fondo de las mismas, pero por diez días que faltan para llegar al mes de septiembre, no tendríamos ningún inconveniente en que se les diese un trato de carácter ordinario.


Señora presidenta -con esto voy terminando-, por lo que hace referencia al punto primero, vamos a votar

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a favor de la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno; en cambio, votaremos en contra del apartado segundo del primer punto, que hace referencia a la creación de una comisión de investigación, en coherencia con nuestra propuesta de crear una comisión de estudio para analizar las cauasas del accidente. Para nuestro grupo parlamentario lo más importante en este momento es conocer las causas del accidente, no la depuración de responsabilidades. En todo caso, si del análisis éstas se hiciesen patentes, tendremos tiempo de pedirlas. Nos vamos a abstener en el punto tres, a la espera de que el Gobierno nos dé todas las explicaciones. Creemos que es importante que se cree una comisión de estudio y en el marco de la misma pediríamos la comparecencia del general Sánchez Borrallo.


En cuanto al punto dos, nos abstendremos no porque no lo consideremos importante, que sí lo es y mucho, sino por entender que la comparecencia no debe resolverse a nivel de ministros sino de presidente del Gobierno.


En cuanto al punto nueve, sobre solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Mixto, con los mismos argumentos que he expresado, también nos vamos a abstener. También nos abstendremos en el punto 12, sobre los vehículos de combate Centauro, porque creemos que es sólo una pequeña parte de la información sobre el despliegue de tropas que debería proporcionar el presidente del Gobierno.


Por lo que se refiere al punto 11, creemos importante la celebración de una comisión de control de créditos destinados a los gastos reservados.
Entendemos que no es imprescindible que se celebre antes del día 1 de septiembre, pues sólo faltan 10 u 11 días, y por tanto en ese caso sí votaremos a favor de esa propuesta.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hemos hablado muchísimas veces de este tema, pero voy a retomar algunos argumentos que empleamos en las sesiones pasadas de esta Diputación Permanente, del Pleno y de la Comisión de Asuntos Exteriores.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Todos hemos oído muchas veces que la guerra del año 1991 era distinta y que lo que la provocó indudablemente fue una invasión ilegal e ilegítima de Kuwait por parte de Irak. Sin duda; sin embargo, hay resoluciones de Naciones Unidas que imponían a Irak y a su régimen unas obligaciones muy claras que nunca cumplió o como mucho lo hizo sólo a medias. En noviembre de 1990, Naciones Unidas y la comunidad internacional impusieron un ultimátum de 45 días a Irak en el sentido de que si no se retiraba incondicionalmente de Kuwait, tendrían que emplearse todos los medios necesarios. Eso es lo que decía la Resolución 678. Ese eufemismo onusiano, como se conoce en lenguaje diplomático, a mi juicio, a juicio de este grupo y del Gobierno, es mucho más suave, si se quiere, que el eufemismo onusiano de la 1441, que hablaba con toda rotundidad de consecuencias graves y de última oportunidad. En abril de 1991 se aprobó la Resolución 687, una resolución larga y prolija que imponía muchísimas obligaciones al Estado iraquí no sólo respecto a su desarme de armas no convencionales, sino también respecto a obligaciones jurídicas, devolución de prisioneros, de elementos y propiedades robadas, incluso los archivos y registros del Estado kuwaití. Prácticamente ninguna de esas condiciones de la 687 fue nunca jamás cumplida, y reiteraremos, aunque sé que en el turno de réplica seguramente más de un portavoz nos volverá a decir que es tedioso el argumento -pero no por ello menos cierto- que estas resoluciones se aprobaron bajo el Capítulo VII, es decir, el que hace referencia a las amenazas para la paz y la estabilidad mundiales. Esos incumplimientos flagrantes se produjeron durante 12 años.
Los inspectores -se ha acusado a este Gobierno- no pudieron terminar su trabajo, y nosotros siempre decimos lo mismo: en otros casos -y siempre citamos también Suráfrica y Ucrania- hicieron falta sólo un puñado de inspectores y unos pocos meses, en algunos casos unas pocas semanas, para desarmar arsenales incluso más importantes que los de Irak. A las pruebas me remito. Si el Gobierno iraquí hubiese tenido la más mínima voluntad de cooperar y de cumplir con sus obligaciones internacionales, habría podido hacerlo antes de acabar el año 1991. Estamos en el año 2003 y seguimos hablando aquí de arsenales iraquíes, no encontrados por ahora, pero muchos de ellos a lo largo de estos años sí fueron localizados y destruidos.


Cuando escuchamos algún discurso parece que Irak nunca tuvo armas de destrucción masiva. Es evidente que las tuvo y también es evidente que las empleó. También sabemos que los resultados de los inspectores fueron bien distintos a lo largo de esos años. En el primer periodo, que va desde 1991 a 1995, los éxitos de los inspectores fueron escasos, pero algunos hubo. La falta de cooperación y la presión de las autoridades iraquíes eran terribles y las presiones a los científicos y a los testigos no fueron menos graves.


Siempre reiteramos, porque es realmente relevante, la deserción de Husein Kamel Al Hasan y de su hermano Sadam Kamel Al Hasan. Husein Kamel Al Hasan había sido nada menos que ministro de industria militar, uno de los autores más importantes en el programa de armas no convencionales de Irak. Este hombre tenía en su posesión información extraordinariamente relevante, de la que sólo dio una fracción a los servicios de inteligencia occidentales, que, a su vez, pasaron a los

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inspectores de Naciones Unidas. A partir de ese momento, los inspectores empezaron a tener notables éxitos. En el año 1996 hay registradas muchas localizaciones de arsenales, de armas de destrucción masiva y de vectores. Ese año fue muy importante, pero la política es como es, y sobre todo la política exterior. El interés sobre Irak fue diluyéndose y en el año 1997 dejó de ser realmente importante. Cuando Sadam Husein vio que ya no estaba bajo el ojo escrutador de la opinión pública internacional, se dedicó a presionar a los inspectores, no ya sólo a los testigos. El nivel de éxitos de los inspectores bajó drásticamente; la seguridad de los inspectores fue amenazada continuamente; sus convoyes eran detenidos en las carreteras cuando iban a algún sitio y durante horas esperaban al sol, hasta que las -comillas- brigadas de limpieza -comillas- terminaban su labor. Si no tenían nada que esconder, ¿por qué tardaban cinco, seis y siete horas en dejar pasar a los convoyes? Es evidente que Sadam Husein y su régimen tenían mucho que esconder y muy pocas ganas de cooperar. En noviembre de 1998, los inspectores de Naciones Unidas fueron expulsados ignominiosamente. Todos ellos y sus jefes de equipo declararon a medios de comunicación internacionales que su labor no había concluido. Cuatro años más tarde no parece lógico pensar que si no había concluido la labor en el año 1998, las cosas hubiesen ido a mejor, sino quizás a peor.


También es verdad que nos hemos basado muchas veces en la Resolución 1441.
Nosotros hemos dicho que la 1441 era, a nuestro juicio, cobertura jurídica suficiente; ustedes dicen que no, es una cuestión de opinión y es legítima. Desde luego, la Resolución 1483 -y la glosamos creo que prolijamente en la última sesión de esta Diputación Permanente-, a nuestro juicio, daba cobertura clara al Gobierno de España para hacer un envío de tropas, porque las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad hacían un llamamiento, y siguen haciéndolo, a las potencias del mundo que quieran colaborar en la pacificación y estabilización de Irak. La pacificación y estabilización de Irak sólo se pueden hacer por medio de tropas militares entrenadas, pues se trata de problemas tácticos y estratégicos, pero voy a estar de acuerdo con algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra al decir que también a mí me gustaría que hubiese otro tipo de unidades, quizá unidades policiales mejor entrenadas no sólo para la lucha contra el terrorismo -y de eso hablaremos más tarde-, sino sobre todo para restablecer la seguridad ciudadana en un país azotado por la inseguridad y también para hacer frente con éxito y entrenamiento adecuados a los problemas de orden público y no responder con tiros a manifestaciones. La glosa y el análisis que hicimos de la Resolución 1483 queda en el "Diario de Sesiones". Creo que nosotros citamos incluso párrafos enteros, y desde luego a ellos nos remitimos íntegramente.


Quiero detenerme brevemente en lo que algunos portavoces han denominado la resistencia iraquí. Nosotros tenemos la tendencia lógica a pensar en términos muy positivos de la expresión resistencia, la resistencia a la opresión nazi en Francia y en otros países ocupados por la barbarie nazi.
No me parece que ese calificativo positivo se pueda dar a las personas que acosan a las tropas de la coalición. Por eso a este grupo le parecen especialmente graves las afirmaciones que ha hecho el señor Rodríguez, tanto en declaraciones a la prensa como esta mañana en la Diputación Permanente, cuando hablaba de la legitimidad de la posible acción de esas fuerzas de resistencia contra los ocupantes. Francamente, señorías, creo que debe usted una explicación a la opinión pública, pues tratar de legítimas esas acciones no deja de ser realmente una declaración grave.


Hay informes de prensa, no sólo en la prensa española sino en la internacional, que hablan de la composición de esa supuesta resistencia iraquí: antiguos miembros del régimen, recalcitrantes, un régimen sanguinario y bárbaro, muchos de ustedes lo han dicho; oposición pagada, no olvidemos que los hijos de Sadam Husein, unas pocas horas antes de la caída del régimen, el 9 de abril, fueron a asaltar, a robar a mano armada el banco central de su país y se llevaron 1.000 millones de dólares en efectivo y no se sabe cuánto más, cantidad seguramente equivalente, en dinares iraquíes. Eso da para pagar mucha resistencia. Pero también la prensa internacional se hace eco de unos elementos mucho más preocupantes de esta resistencia, los elementos internacionales, los famosos muyahidines, personas que no estaban de acuerdo, obviamente, con el régimen iraquí. Son elementos, en su inmensa mayoría, islamistas radicales -los habrá de otro tipo- que han llevado al campo de batalla de Irak su lucha -entre comillas- contra los regímenes corruptos, impíos y apóstatas que los islamistas califican a lo largo y ancho del mundo islámico, y también para llevar esa lucha contra el corrupto occidente.
No es otra cosa y no es menos que eso, que no es poco.


Señorías, se ha hablado de la manipulación de informes y de la encuesta Hutton en el Reino Unido. De allí vengo, la he seguido con interés a lo largo de todos estos días, pero las novedades que se han producido, por ejemplo, las declaraciones de la señorita Watt, no se han recogido por ninguno de ustedes. La señorita Watt, una periodista que es la corresponsal científica de uno de los programas más importantes de la BBC, ha contradicho grave y claramente lo que decían los dirigentes de la BBC y lo que decía su colega el señor Gilligan. Ella ha declarado en esa investigación que se sentía presionada por sus superiores y que sentía que estaban forzándola a hacer unas declaraciones que corroborasen la versión dada por el señor Gilligan, para así poder colocar en una situación de dificultad añadida al Gobierno británico. Ahora tenemos aquí dos declaraciones de haber, digamos, manipulado o hecho más

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atractivo, por utilizar el mismo eufemismo en inglés, los informes por una parte y por la otra. Por tanto, no es tan claro que haya habido tanta responsabilidad de unos como la puede haber habido de los otros.


Señorías, el señor Llamazares ha hablado de la menestra. Me parece una ofensa gratuita a la ministra de Asuntos Exteriores. (El señor Llamazares Trigo hace signos negativos.) Sí lo ha dicho, la ha llamado menestra. Yo no le voy a llamar a usted macedonia, pero usted sí ha hecho una macedonia de verano. Usted ha mezclado todos los temas y ha metido también en su discurso cuestiones que no están en el orden del día de esta Diputación Permanente. Es su derecho, es evidente. Hace bien poco se ha producido la aprobación unánime de otra resolución importante de Naciones Unidas que tampoco ha sido mencionada esta mañana aquí: la Resolución 1.500, aprobada el 14 de agosto de este mismo mes. Justamente, al señor Arias, que es el embajador de España ante las Naciones Unidas, a lo mejor se le solicitó que volviese a Nueva York para que participase activamente en la aprobación de esta resolución, que por cierto se negoció e impulsó bajo la presidencia española del Consejo de Seguridad el mes anterior. Creo que no es poca cosa que se haya aprobado esta resolución, que por cierto tiene dos cuestiones importantes: la primera, un apoyo, matizado, sí -ya lo verán ustedes si es que se han leído la resolución-, pero apoyo al nuevo consejo de gobierno iraquí -lo dice, léalo, ya lo verá usted-. La segunda cosa que es muy importante es que se aprueba el establecimiento de una misión civil que solicitaba el secretario general de Naciones Unidas para la reconstrucción política de Irak y para la preparación del proceso electoral, que ha de celebrarse, esperemos, en breve plazo.


Todas estas son cuestiones extraordinariamente importantes. El señor Anasagasti, por ejemplo, ha acusado al Gobierno de olvidarse del plan Baker. Resulta que bajo presidencia española del Consejo de Seguridad se aprobó, si no me falla la memoria, la 1.498, una resolución con apoyo unánime del Consejo que se logró tras durísimas y complicadísimas negociaciones y que podría significar -esperemos- el desbloqueo de una situación que dura ya décadas.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor De Arístegui, le ruego que vaya concluyendo.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Termino enseguida, señora presidenta.


Como ve usted, sí nos ocupamos de otras cosas aparte de ese esperpento que se llama el plan Ibarretxe.


Quiero decirle, señoría, que el señor Valderrama no fue cesado sino que dimitió, lo cual es ciertamente extraño en una persona que no es un alto cargo, puesto que tiene un nivel 30. Le reitero que las posiciones del Gobierno de España están fundamentadas, como siempre, en las resoluciones de Naciones Unidas y en el ánimo que llevó a toda la comunidad internacional a negociar y a aprobar una resolución, con apoyo de 15 Estados miembro del Consejo de Seguridad, que desembocó en la Resolución 1441. Esa es la posición de España. Aquí no hemos mentido, señorías, quizá ustedes estén abusando excesivamente de verbos, de palabras y de estilos a mi juicio francamente desproporcionados.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Arístegui.


Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.


Por muchos esfuerzos que haga el señor De Arístegui, sus argumentos son prácticamente inexistentes. Se lo demostraré. Ha dicho que le gustaría que hubiera otro tipo de presencia de fuerzas de seguridad en Irak.
Plantéenlo ustedes. A la vista del gran debate que se está desarrollando en todo el mundo y del fracaso evidente y palpable de las fuerzas de ocupación sobre el territorio iraquí, ¿no se dan cuenta de la necesidad de cambiar la naturaleza de esa misión? ¿No sería pertinente plantear ante Naciones Unidas una modificación completa del escenario dado que, como dije en la primera intervención, ni la paz se consigue ni las tareas de reconstrucción avanzan? ¿Por qué no modificamos radicalmente la posición y garantizamos el futuro de ese país? ¿Cómo debería hacerse? Diseñando un control exhaustivo y total de Naciones Unidas sobre el futuro hasta que pueda ser recuperada la soberanía por parte de los propios iraquíes, con una fuerza multinacional en la que también se incorporen países árabes y con la retirada de los ejércitos de ocupación.
Esa es la gran cuestión que ustedes no quieren ver, porque ustedes, señor De Arístegui, están supeditados a lo que ordenen los Estados Unidos y hasta que Estados Unidos no diga que hay que modificar la situación en Irak ustedes no lo dirán, y hasta que Estados Unidos no se plantee la posible retirada -fíjese lo que le digo, quizá algún día veamos lo que le estoy diciendo, que incluso Estados Unidos se vea obligado a retirar a su ejército a la vista del fracaso rotundo de su misión-, no lo dirán ustedes. A mí eso me parece muy preocupante.


A usted le desmiente la propia ministra de Asuntos Exteriores que esta semana ha concedido una entrevista que no tiene ningún desperdicio.
Ustedes hablan de que la Resolución 1441 es interpretable. Ustedes la interpretaron en absoluta y franca minoría, pero con mucho poder. En el Consejo de Seguridad, que es el mecanismo diseñado para el gobierno del mundo -si me permite utilizar esta expresión para aplicarla a Naciones Unidas-, existen unas reglas de funcionamiento. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

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Y resulta que a la señora ministra no le gustan esas reglas, porque afirmó el otro día que debería haber una instancia superior que dirimiera las diferentes interpretaciones. Diferentes interpretaciones no, estaba muy claro, señoría: sólo cuatro países de quince apostaban por considerar que la Resolución 1441 abría la puerta a una guerra, el resto no lo consideraba así. Esas son las normas de derecho internacional que ustedes han vulnerado claramente.


Ha dicho usted que durante muchos años fue localizada y destruida una parte de los arsenales de armas de destrucción masiva que tenía Irak. De acuerdo. ¿Por qué no dejaron ustedes que acabaran su trabajo? Si fue localizada y destruida una parte importante de estos arsenales, ¿por qué ustedes -el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Gran Bretaña y el Gobierno de España- impidieron la continuidad del trabajo de los inspectores? ¿No sería porque se les acababan las excusas para desatar la guerra, que era lo que realmente quería Estados Unidos? A esa pregunta es a la que usted debe dar respuesta. Esa es la pregunta que está encima de la mesa. Por último, afirma usted que la Resolución 1483 avala la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en territorio iraquí. Nosotros entendemos que no es así, señor De Arístegui, que nuestra participación lo es como cooperantes o auxiliares de una fuerza de ocupación. Voy a acudir a otro testimonio; el de una editorial de hoy del diario La Vanguardia para ser más concretos. Dice: Los ejércitos son indispensables, pero no resultan demasiado útiles para llevar adelante un proyecto de reconstrucción nacional que sigue sin estar legitimado por la ONU. Eso es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles, señor De Arístegui. Eso es lo que piensa la inmensa mayoría de los medios de comunicación en España. Eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la comunidad internacional: que no está legitimada esa presencia en Irak por Naciones Unidas, que ha habido que aceptarla en tareas de seguridad sobre todo porque se impone a las fuerzas ocupantes el cumplimiento de los convenios internacionales. Y le recuerdo, señor De Arístegui, que los convenios de Ginebra del año 1949 y el Reglamento de La Haya de 1907 no permiten establecer distinciones en relación con el carácter de las fuerzas ocupantes de un territorio. A todas ellas les impone el mismo régimen de obligaciones. Esa es la triste situación por la que hoy pasan nuestras Fuerzas Armadas en Irak, por una decisión política de su Gobierno que nosotros rechazamos. No nos ha dado ninguna explicación. Es evidente que ha habido una cadena de mentiras y de falsificaciones. Por último, fíjese lo que dice la propia ministra de Asuntos Exteriores en la entrevista que cité antes. Dice que nosotros, el Gobierno de España, tenemos el aval del amparo de la Resolución 1438. Y añade: Pero políticamente es evidente que la iniciativa corresponde a la autoridad.
¿Quién es la autoridad? La autoridad ocupante. ¿Quién es la autoridad ocupante? Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿A quién le corresponde la iniciativa? A ellos. ¿Y qué hace el Gobierno de España? Subordinarse a esa potencia ocupante, ocupar el territorio como auxiliar de esa potencia ocupante e incurrir en las responsabilidades que establecen los convenios internacionales para esta situación. Y eso es lo que no queremos para nuestras Fuerzas Armadas, señor De Arístegui, no queremos para el pueblo iraquí y no queremos para la región. Por tanto, la única alternativa es que se retiren los ejércitos de ocupación, que se modifique la naturaleza de la misión, que sea Naciones Unidas quien decida y gestione hasta que pueda ser recuperada la soberanía por parte de los propios iraquíes, y que esto se haga con una fuerza multinacional con presencia también de países árabes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.


Señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señor De Arístegui, a mí me ha dado la impresión de que usted no se ha preparado esta nueva reunión de la Diputación Permanente porque me ha contado lo mismo que me contó en la Diputación Permanente anterior y han ocurrido cosas desde entonces... (Risas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Han ocurrido cosas desde la Diputación Permanente anterior en la que usted ejerció de portavoz en esta materia.
Señor De Arístegui, en primer lugar, da la impresión de que usted sigue empeñado en que no eran molinos sino gigantes, y eso termina con el vapuleo de quien defiende esas posiciones. Usted sigue afirmando con relación a Irak todo lo que se ha demostrado después de la guerra que no es verdad o, al menos, no se han encontrado pruebas de que lo sea. S.S.
vuelve a esgrimir los mismos argumentos sobre las armas de destrucción masiva, las conexiones con las organizaciones terroristas y las armas nucleares. Yo le haría una pregunta: ¿Usted todavía defiende, como la señora ministra, que las armas de destrucción masiva están escondidas en pozos y en jardines en Irak, cuando no lo defienden ya ni el Pentágono ni los británicos? Esa es la posición del Gobierno español y del Partido Popular.


En segundo lugar, habla usted de que la nuestra es una opinión legítima sobre las resoluciones 1441 y 1483. No; es que ustedes a veces no entienden lo que significa una resolución. Me da la impresión de que cuando se trata de opinión política ya no actúa como un diplomático, señor De Arístegui. Una resolución no es

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ni una opinión ni un dictat, ninguna de las dos cosas. Y para ustedes algunas resoluciones son una opinión, aquellas que no dan cobertura a sus posiciones -1441 y 1483-, y en otras ocasiones las resoluciones de los tribunales o de otro tipo de instancias son un dictat, siempre para los demás nunca para ustedes. Esa es la posición del Partido Popular. Sin embargo, las resoluciones -en este caso la 1441 o la 1483, incluso la 1500 a que se ha referido en el día de hoy- no legitimaron la guerra.
Ustedes estaban en minoría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenían el anuncio de un veto expreso y por eso no quisieron someter la propuesta de la guerra a votación y debate del Consejo de Seguridad. Por otro lado, la Resolución 1483 dice claramente que ustedes forman parte de las fuerzas ocupantes, colaboran con las fuerzas ocupantes. No son una fuerza humanitaria, no son una fuerza de defensa o de promoción de la paz, sino una fuerza ocupante. Por tanto, no me hable de opiniones; ustedes se han saltado todas las resoluciones, en la guerra y después de la guerra. Ahora lo que más interesa es la posguerra, señor De Arístegui, y a mí me gustaría saber, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si lo que han hecho durante la guerra, convertir las opiniones del Pentágono y del Partido Popular en el catecismo de oficiales del ejército español, es legal y legítimo. Nosotros consideramos que no; estimamos que no se puede utilizar al ejército para una campaña de propaganda de partido y ustedes lo han hecho, vulnerando leyes y la Constitución española. Me gustaría, señor De Arístegui, que respondiera a eso. Ya que no voy a tener la oportunidad de que comparezca el Gobierno, que por lo menos el Partido Popular se atenga a la cuestión de las peticiones de comparecencia. ¿Se manipuló o no al ejército? ¿Lo considera usted legítimo y legal?

Señor De Arístegui, con relación a las declaraciones, con la presencia del jefe del Estado, que ha hecho el señor Aznar a la oposición y a las organizaciones pacifistas, quiero preguntarle si el Partido Popular comparte la calumnia del señor Aznar, si comparte la opinión de que lo que estamos haciendo las fuerzas políticas de oposición que legítimamente nos hemos opuesto a la guerra es esperar que se produzca una calamidad o un desastre de nuestro ejército en Irak. Sería importante conocer esto para saber si también ustedes comparten la calumnia del señor presidente del Gobierno.


Por último, con relación al asesinato del periodista José Couso, al que usted tampoco ha hecho referencia -son cuestiones que han ocurrido en los últimos tiempos, datos importantes que obligarían a un pronunciamiento del Partido Popular para decir que no es necesario que comparezca el Gobierno-, ¿considera suficiente dos hojas en la página web del Gobierno ucraniano como explicación de la muerte de un periodista en la guerra de Irak, de José Couso? Nosotros no lo consideramos suficiente, creemos que el Gobierno español está haciendo dejación de funciones, que lo que hace es, fundamentalmente, defender la opinión del Pentágono sobre lo que debería ser la defensa de los ciudadanos españoles, en este caso de José Couso y de su familia. También le pregunto, señor De Arístegui, si considera que el señor Couso, con su cámara, amenazaba, a modo de lanzagranadas, al ejército norteamericano y, por tanto, que éste actuó en legítima defensa. ¿Lo comparte usted? Si no lo comparte, ¿van a pedir explicaciones al Gobierno norteamericano? Estas son las cuestiones que hacen necesaria la comparecencia del Gobierno, señor De Arístegui, viendo que para el Partido Popular nada de esto es importante y que no ha pasado nada en los últimos días en este país para que el Gobierno comparezca en sesión de control ante el Congreso de los Diputados. Nosotros pensamos que sí han ocurrido cosas y que el Gobierno debe comparecer con relación a la crisis de Irak.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.


En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Me gustaría utilizar el derecho de réplica para dejar claro en sede parlamentaria que uno de los defectos más graves que puede haber en política, y sin duda está muy generalizado, es la hipocresía. El señor representante del Partido Popular, con una cierta actitud intimidatoria, intenta lanzar una sombra de duda al hecho de que un representante de una fuerza política hable de la legitimidad de una oposición armada en un país como Irak. Quiero aclararle más detalladamente la cuestión. Si el Bloque Nacionalista Galego se opuso a la guerra es porque la consideraba un acto de fuerza injustificado a todas luces, un acto de agresión unilateral que no estaba justificado desde el punto de vista de la legalidad internacional bajo ningún pretexto, ni siquiera en una estructura mundial claramente basculante en relación con un poder omnímodo como el de Estados Unidos. El hecho de que hubiera tanta reticencia por parte de otros Estados como Francia o Alemania, y no digamos ya el silencio chino, es una prueba evidente de que se trataba de una situación a todas luces inasumible desde el punto de vista del derecho internacional. Si esto es así y en lógica consecuencia una fuerza política se opone a que se envíen tropas de su Estado a Irak, será por algún argumento de fondo porque si fuera por causas humanitarias o para defender la libertad, el Bloque Nacionalista Galego sería el primero que estaría defendiendo ese envío de tropas al extranjero; si se opone es porque sabe que hay una legitimidad en la población de Irak a oponerse a esa ocupación, y no solamente con manifestaciones populares numerosísimas, sino también con el derecho al uso de la fuerza. Esto debe saberlo la opinión pública y también debe de

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ser consciente de ello el estamento militar y sus familias, porque lo que no es de recibo es pensar que, efectivamente, los militares españoles van allí no se sabe a qué, a ser recibidos con guirnaldas o a que los vitoreen, cuando todos sabemos que esa no es la situación real de ese país. El Bloque Nacionalista Galego no va a admitir el que el envío de tropas a Irak se convierta en una especie de justificación de una transición democrática en un país como ese. Por cierto, los iraquíes están sufriendo en este momento actuaciones despóticas represivas y la imposición de un modelo destinado a controlar las riquezas y a condicionar el futuro político del país. No se puede entender de otra manera que se haya conformado un consejo de gobierno que no es representativo y que no tiene una base democrática. Me pregunto si no es legítima la reacción popular a través de las movilizaciones contra las que se dispara, en las que hay muertos; si no es legítimo, para los que somos contrarios al uso de la violencia, que existan ataques también en contra de los ejércitos que están ocupando un pueblo como ese? Esta es la pregunta. No tiene ese ejército cobertura legal internacional y, por supuesto, no tiene legitimidad desde el punto de vista político.


Es muy mal camino engañar a la opinión pública o intentar confundirla, como ahora, diciendo: no es que hubiera armas de destrucción masiva, no es que hubiera vinculaciones con el terrorismo, lo malo per se era el régimen político y eso justifica todo tipo de atrocidades que se puedan cometer ahora en el país. Pero ¿dónde estamos, señores? ¿Por qué no invaden ustedes a Arabia Saudí, por qué no invaden Kuwait, por qué no invaden gran parte de los Estados de Africa? Este es el modelo internacional que estamos persiguiendo. Por mucho que uno piense, no ve justificación política legal o legitimidad alguna a esos ejércitos de ocupación, motivo por el que nosotros nos oponemos y debe quedar claro a la opinión pública. Cualquier actitud intimidatoria respecto de esta posición no nos va a hacer cambiar porque pensamos que es muy higiénico para la opinión pública, para nosotros mismos y porque no podemos tener una actitud hipócrita en esta cuestión. Si el mundo occidental quiere democracia para Irak, que salga de allí cuanto antes, que establezca una fuerza de interposición de la ONU totalmente pacífica para que en tres meses haya unas elecciones democráticas libres, sin injerencia de ninguna potencia por mucho poder económico, político y militar que tenga. Esto es así de claro, señor De Arístegui. Nosotros no vamos a dejar de plantear la cuestión desde esta perspectiva porque lo que merece la opinión pública del Estado español es estar informada de los diferentes puntos de vista. No creo que haya ningún iraquí de buena voluntad democráta, incluso anti Sadam Husein, que justifique una ocupación militar como la que está viviendo.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora presidenta.


Terminaba el señor Llamazares diciendo que en los últimos días ha habido noticias, sobre todo respecto a Irak. También ha habido noticias de otro tipo, pero no se conocen y aprovecho la oportunidad para hacer una cuñita: por tercera vez una mujer ha ganado el tour de Francia, también ha ganado dos giros, pero tiene dos defectos, es mujer y es vasca y, por tanto, no es noticia. Es mucho más importante Beckham y el Real Madrid.
(Un señor diputado: ¡Qué bobada!)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: No es ninguna bobada. Es una realidad para ilustrar a la hora de conformar opinión y, sobre todo, para contestar al señor Arístegui cuando habla del esperpento del plan Ibarretxe y tengo mucho interés en contestarle. (El señor Guerra Zunzunegui: ¡Castelar!-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Pausa.)

La señora PRESIDENTA: ¿Ha finalizado, señor Anasagasti?

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: No.


La señora PRESIDENTA: Adelante.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Estaba pensando en que usted todavía tenía que finalizar.


Ha habido un debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista a cuenta de una expresión fuerte que es la de los féretros. Lógicamente es una expresión fuerte, pero eso se elimina de una manera muy fácil: no enviando soldados españoles a Irak. Ya está. Se acabó el problema. Por tanto, no se haga demagogia con este asunto.


El señor Arístegui ha hablado de la resistencia nazi. Aparte de la nazi hay otras resistencias, por ejemplo, la antifranquista. No sé por dónde andaría el señor Arístegui, pero a la hora de nombrar la última oportunidad habló de dictaduras de baja y de alta intensidad y ahora, refiriéndose a las resistencias, menciona solamente el modelo nazi. No.
Aquí hubo una dictadura muy importante que se llamaba dictadura del régimen del general Franco. Ya sé que a S.S. no le gusta que se hable de este tipo de cosas, pero a mí, sí.


En nuestra intervención hemos hablado de una serie de iniciativas que se podían haber tomado en conflictos mundiales y, sin embargo, la sensibilidad del Gobierno español en este momento es única y exclusivamente

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Irak, como si en eso nos fuera la vida. Pues no, señor. Hay otro tipo de prioridades a nuestro juicio en las que también nos va la vida y, sobre todo, demostrarían que por parte del Gobierno del Partido Popular hay un impulso ético a la hora de abordar las relaciones internacionales. Lo importante es centrarnos en el caso de Irak para ganar méritos y para sacar a España del rincón de la historia, a nuestro juicio de una manera absolutamente equivocada.


Finalmente, el señor Arístegui ha utilizado en su intervención un tono de voz quejumbroso. Parecía Julián Muñoz hablando de la crisis de Marbella (Risas.), salvo en el caso en que se ha referido al tema vasco. Ya he manifestado que en un momento determinado el presidente del Gobierno en Quintanilla de Onésimo hablará de una manera exclusiva del tema vasco.
Usted se le ha adelantado y ha utilizado una expresión valleinclanesca que es el esperpento. Ha dicho que el plan Ibarretxe es un esperpento.
Esperpento es la política española respecto de Irak, es un auténtico esperpento de principio a fin. El plan Ibarretxe no es ningún esperpento, es una iniciativa democrática para tratar de convivir fundamentalmente.
Señor Arístegui, se me hace muy duro convivir con usted políticamente.
Solamente puedo convivir con usted políticamente gracias a la imposición porque para mí usted representa lo que yo más aborrezco en el político, la mentira, la hipocresía y el ventajismo político. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.


Señor Caldera, en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde la aprobación de la Resolución 1483 se viene produciendo un esperanzador cambio de clima. Ese cambio de clima obviamente no ha superado las diferencias que hubo entre los miembros del Consejo de Seguridad en el pasado. Ese cambio de clima ha ido evolucionando y se ha producido un acuerdo también unánime en torno a la Resolución 1500. Como sabe usted, la 1483 se aprobó por 14 votos a favor y ninguno en contra porque Siria decidió no estar presente. En la 1500 hasta Siria votó a favor. No vamos a negar que hay todavía algunas cicatrices y heridas que entre todos estamos tratando de curar. Hablaban muchos de ustedes, una franca minoría, de que 60 países apoyaron la misma posición que España.
Respecto a las reglas de funcionamiento que usted ha criticado en la entrevista concedida por la ministra de Asuntos Exteriores a un diario de esta capital, lo que quería con toda claridad es tender la mano, suavizar los comentarios, porque las actitudes de algún miembro del Consejo de Seguridad no gustaron no sólo a nuestro país y a nuestro Gobierno, sino a otros muchos. No vamos a entrar en este debate porque no queremos romper en este momento ese camino positivo de recuperación del diálogo y del consenso en el seno del Consejo de Seguridad, de la Unión Europea y de la OTAN. Si nosotros respondiéramos podría parecer que estamos reprochando a uno de sus gobiernos que era también corresponsable del bloqueo de las decisiones y de que no hubiese podido aprobarse una nueva resolución en el seno de Naciones Unidas. Más que un fracaso de unos, lamentablemente, señorías, fue un fracaso de todos.


Yo hice una glosa de la Resolución 1483, y no se trata de una cuestión de interpretación, como dice el señor Llamazares. Quien no parece haberse leído el "Diario de Sesiones" o no recordar lo que yo dije en la última sesión de la Diputación Permanente es usted, señoría, porque mi intervención de hoy no tiene nada que ver. Reconozco que la de entonces fue un poco tediosa y algo prolija, se dedicó en exclusiva a hacer una glosa, creo que muy detallada, de la 1483. Creo recordar que el señor Marín decía que mi interpretación era correcta. Nadie ha ocultado que la Resolución 1483 diga que hay ciertas obligaciones que, a través del Convenio de Ginebra, se imponen a las potencias ocupantes, a las tropas de la coalición. En ningún momento se ha ocultado. Nosotros aceptamos la 1483 en todos sus extremos, como no podía ser menos. Espero no estar muchas veces de acuerdo con usted en muchas cosas, pero en una sí voy a estarlo, y es que a mí también me gustaría que hubiese una presencia de un mayor número de países y que también hubiese países, no sólo árabes, sino de otras partes del mundo islámico. Hemos visto cómo Bangla Desh, que es la primera potencia que contribuye con hombres a las operaciones de mantenimiento de la paz, ha sido invitado a participar, pero todavía no ha dado respuesta, ni positiva ni negativa.


El señor Llamazares dice que nosotros seguimos viendo gigantes donde sólo hay molinos. Eso hay que preguntárselo a los inspectores de Naciones Unidas que encontraron ántrax, VX, misiles Scud durante siete años.
Obviamente no podían encontrar nada cuando no estaban, entre 1998 y 2002.
Cuando se habla de la labor humanitaria, lo que sí dice la 1483 es pacificar y estabilizar Irak. Lo dice con toda claridad y eso no se hace sólo con ONG. La reconstrucción, sí. Y con misión civil, también. Se acaba de aprobar en la 1500. Pero la estabilización y la pacificación se tienen que hacer con tropas. Eso me parece que no tiene vuelta de hoja.


Señor Rodríguez, su intervención es una perla. Usted mismo ha corroborado todo lo que nosotros hemos dicho en la nuestra. Ha vuelto a legitimar el ataque a las tropas de la coalición que están presentes en Irak, y con ello a las españolas, y lo ha hecho de una manera mucho más detallada.
Por lo tanto, que juzgue la opinión pública sus palabras. Yo no las voy a comentar más porque se comentan solas. Vuelvo a decir, sin

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embargo, que sí es muy grave que usted haya dicho esto en sede parlamentaria, y además aclarándolo.


Señor Anasagasti, es usted el maestro de la tergiversación. Tiene obsesiones. Una me parece que soy yo, otra es el Partido Popular y evidentemente el señor Aznar. Pero usted no puede seguir manipulando impunemente las cosas que uno dice y hace. A usted le encanta la polémica. A mí, no. A usted lo que le gusta es que uno le responda, pero como usted lo hace tantas veces, uno ya se ve obligado a aclarar ciertas cosas. El viaje a Irak fue un viaje de apoyo humanitario al pueblo iraquí, no al régimen iraquí. Usted siempre se olvida de una parte de la frase. La media verdad siempre es peor que la mentira. Cuando usted habla de que no hemos hecho ninguna referencia a la resistencia antifranquista, señor Anasagasti, yo no sé de sus antecedentes, pero sé de los míos. Mi abuelo fue embajador de la República española; mi abuelo era un militante y activista antifranquista y llamaba a Franco el pequeño general en el año 40, cuando no sé dónde estaban usted o sus antecesores. Creo que los del señor Arzallus son menos claros que los míos. Por último, señoría, cuando yo me refería a las dictaduras débiles, no me refería a que fueran menos duras con sus ciudadanos o con las personas a las que oprimen.
Decía que cuando estaban estructuralmente débiles eran más peligrosas para dentro y para afuera. No vuelva a manipular las cosas una vez más.


La señora PRESIDENTA: Señor De Arístegui, le ruego concluya.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Les recomiendo a SS.SS. que lean la 1483, y no es una cuestión de opinión, es una cuestión de derecho internacional público.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de los puntos que han sido debatidos.


Ruego a los servicios de la Cámara que comprueben si hay algún diputado en el exterior.


Iniciamos la votación de los puntos que han sido debatidos.


En primer lugar, petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día: Comparecencia del presidente del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para informar de la situación en Irak, de su evolución y de la definición del papel de España en la política exterior, previa remisión de una comunicación sobre tales extremos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 48; a favor, 21; en contra, 27.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa, con el siguiente orden del día: Comparecencia de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, para informar de la evolución de los acontecimientos en Irak y de la situación en la que se encuentran las tropas españolas destacadas en ese país.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 19; en contra, 27; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Ruego a los servicios de la Cámara que en el momento en el que se haya iniciado la votación impidan la entrada de cualquier miembro de la Diputación Permanente al objeto de no inducir a error.


Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Defensa para que explique las condiciones del despliegue de las fuerzas españolas en Irak.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 19; en contra, 27; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, con el siguiente orden del día: Comparecencia del secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia, para informar de las reorganizaciones funcionales o cambios de estructura orgánica que se hayan producido en el Centro Nacional de Inteligencia en los últimos años y de las razones de los mismos; y para dar cuenta de la información obtenida sobre el terreno, en Irak, en relación con las medidas de protección de nuestras tropas y del nivel de riesgo que asumen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 22; en contra, 27.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Defensa para que informe de las razones que justifican las decisiones y contradecisiones adoptadas por el Gobierno, y conocidas en los últimos días, en orden al envío de seis vehículos de combate Centauro para la dotación de la Brigada Plus Ultra y, en especial, de las medidas de prevención y protección de que disponen o dispondrán los tropas españolas desplazas a Irak.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 19; en contra, 27; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixta de que se acuerde la celebración de la sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores con el siguiente orden del día: Comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores para que se expliquenlos motivos de la cancelación de las vacaciones del embajador de España en Naciones Unidas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 49; votos a favor, 22; en contra, 27.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000057), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DEL ACCIDENTE EN EL QUE EL PASADO 26 DE MAYO FALLECIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES Y PARA LA DEPURACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES RESPONSABILIDADES. (Número de expediente 156/000031)

PETICIÓN FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA (número de expediente 062/000057), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA, PARA INFORMAR Y DEBATIR LOS DATOS APORTADOS POR EL MINISTERIO HASTA EL MOMENTO, EN RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE DEL YAK 42 EN LOS QUE SE HAN APRECIADO DIVERSAS INEXACTITUDES, CONTRADICCIONES Y FALSEDADES. (Número de expediente 213/001360)

- COMPARECENCIA DEL GENERAL DON FRANCISCO SÁNCHEZ BARROLLO, PARA INFORMAR SOBRE EL TRABAJO DESARROLLADO COMO OBSERVADOR EN LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CREADA TRAS EL ACCIDENTE DEL YAKOLEV 42 EN EL QUE FALLECEN 62 MILITARES ESPAÑOLES. (Número de expediente 212/001611)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA (número de expediente 062/000059), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA, PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN E INFORMES DEFINITIVOS SOBRE EL ACCIDENTE DEL YAKOLEV 42-D EN EL QUE PERECIERON 62 SOLDADOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 213/001368)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el segundo bloque de debate, que se refiere a todas las peticiones relativas al accidente aéreo del Yakolev 42.


Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: Creación de una comisión de investigación sobre el esclarecimiento de los hechos del accidente en el que el pasado 26 de mayo fallecieron 62 militares españoles y para la depuración de las oportunas responsabilidades. Asimismo, la petición formulada

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por el mismo número de diputados al objeto de que comparezca el ministro de Defensa en la correspondiente Comisión para informar y debatir los datos aportados por el ministerio hasta el momento, en relación con las circunstancias del accidente del Yak-42, en las que se aprecian diversas inexactitudes, contradicciones y falsedades. Comparecencia del general don Francisco Sánchez Barrollo, para informar sobre el trabajo desarrollado como observador en la comisión internacional de investigación creada tras el accidente del Yakolev 42 en el que fallecieron 62 militares españoles. Asimismo, la petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Defensa para que explique la situación e informes definitivos sobre el accidente del Yakolev 42-D en el que perecieron 62 soldados españoles.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nuevamente el Grupo Parlamentario Socialista reitera la petición de una serie de propuestas sobre el accidente aéreo de un Yakolev 42, ocurrido el 26 de mayo, en el que fallecieron 62 militares españoles en Turquía.


En primer lugar, señorías, reiteramos la petición de que se celebre una sesión extraordinaria en la que se aborde la creación de una comisión de investigación sobre el esclarecimiento de los hechos del accidente. El objetivo es que se depuren... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De la Encina. Señorías, por favor, ruego guarden silencio o cuando menos mantengan las conversaciones en un tono que permita oír la intervención del diputado que está en el uso de la palabra. (Pausa.)

Adelante, señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.


Decía que el objetivo de esta petición de la creación de la comisión de investigación es que se depuren las responsabilidades oportunas, porque cada dato nuevo que se ha ido conociendo sobre el vuelo del Yakolev 42 pone en evidencia las precarias condiciones de seguridad en las que el contingente que estaba en Afganistán realizó el viaje de regreso a España. A la avería de la caja negra que registra la voz de los pilotos en la cabina saben ustedes que se añadió el dato de que la tripulación llevaba volando al menos 28 horas sin descanso cuando se estrelló el avión, hecho que fue reconocido en Madrid por el presidente de la comisión turca que investiga el accidente.


Los datos que han ido trascendiendo refuerzan la exigencia de aclarar cuanto antes el sistema de contratación de ese vuelo y este dato está colocando al ministro de Defensa en una situación cada día más difícil dada la falta de respuesta política ante lo sucedido. ¿Qué contrató -nos preguntamos- el ministro de Defensa con respecto a este vuelo? Quizá circunstancias como esta e incertidumbres que aparecen en este accidente pican el malestar permanente y continuo con el ministro de Defensa por parte de los familiares y de muchas familias relacionadas con el ejército. Buena prueba de ello fue lo acontecido el día 15 de junio en Rota cuando también regresaba de Irak un contingente y donde los abucheos al ministro fueron permanentes. Lo cierto es que, señorías, con independencia del credo político de cada uno de los familiares de los militares fallecidos, existe desconcierto, malestar y desconfianza hacia los máximos responsables políticos que han de velar por la seguridad de nuestros soldados, ya que con anterioridad se habían presentado quejas denunciando las condiciones de inseguridad en que se realizan los desplazamientos. A estas quejas se añadieron testimonios de militares fallecidos, tal como nos lo hicieron saber los familiares, con quienes hablaron antes de subir al avión.


Señorías, con independencia de que la causa del accidente pueda o no ser un fallo humano, todo esto ha llevado a miles de españoles a tener un sentimiento general de indignación al conocer que las condiciones en las que viajaban nuestros militares no eran las más apropiadas, además de por el desconocimiento que han mostrado durante todo este tiempo los responsables y por la frivolidad con la que se gestionaron las medidas que quizá podían haber evitado ese accidente del Yakolev 42. Todo esto es lo que provoca hoy día un cierto malestar cada vez más generalizado en el propio seno de las Fuerzas Armadas contra el ministro de Defensa. No cabe duda de que el elenco de despropósitos ha abierto la brecha de un accidente bajo sospecha y de una duda desgarradora y dolorosa para todos, empezando por los familiares y por supuesto por todos los que militamos en el Partido Socialista. Por eso me van a permitir que haga nuestro el artículo de uno de los representantes de la asociación de los familiares de los fallecidos, don Alfonso Agulló Canda, quien publicaba bajo el título Saber la verdad cosas como esta: Saber la verdad de todo lo que ha rodeado a este accidente será el mejor homenaje a los mismos fallecidos para que sus muertes, con todo lo absurdas que han sido, no caigan en la incomprensión ni en el olvido porque su muerte también es la nuestra.
Añadía este familiar: Porque cuando se ha sembrado la duda y la sospecha sobre la muerte de 62 españoles y existe voluntad de verdad, se acepta la creación de una comisión de investigación parlamentaria para no provocar ni alimentar sed de verdad, transparencia y objetividad. Hacemos nuestra la petición de este representante de los familiares. Nosotros

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creemos que es -y no nos vamos a cansar de reiterar- necesario constituir esa comisión de investigación parlamentaria por dignidad, por respeto a las Fuerzas Armadas, por respeto a quienes perdieron la vida y sus familiares, a estas Cortes Generales y a nuestro pueblo en general. En segundo lugar, también solicitamos la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa en la que comparezca el ministro, señor Trillo, para informar y debatir los datos que ha aportado hasta el momento, pues se demuestra día tras día que han existido inexactitudes, contradicciones y -¿por qué no decirlo?- falsedades.
Tienen que saber ustedes que el ministro de Defensa en su comparecencia del 17 de julio incurrió en graves contradicciones cuando se refería al horario del vuelo del Yakolev 42. Les voy a mostrar algunas de ellas que están recogidas en el "Diario de Sesiones".


Si en la primera parte de su intervención dijo el señor Trillo que de Kharkiv a Torrejón se tardaban 5 horas 35 minutos, ¿por qué en su segunda intervención dijo que se hizo en 4 horas 20 minutos, es decir una hora y media menos? Si en la primera parte de su intervención del 17 de julio en la Comisión de Defensa el señor Trillo dijo que el avión había realizado una escala en Torrejón de una hora y media, ¿por qué en su segunda intervención quedó ésta reducida a 25 minutos? ¿Cómo explica el ministro de Defensa que en la primera parte de su intervención el día 17 de julio informara de que el vuelo de Estambul a Ashkabad tuvo una duración de cuatro horas y en la segunda intervención quedó escandalosamente reducido a 1 hora y 55 minutos? ¿Cómo explica el ministro de Defensa que en la primera parte de su intervención informara de que el vuelo de Ashkabad a Kabul había tenido 1 hora y 50 minutos de duración y en su segunda intervención dijera que habían sido 2 horas y 10 minutos? Si en la primera parte de su intervención en dicha comparecencia el ministro señor Trillo dijo que el avión había realizado una escala en Kabul de una hora y media, ¿cómo se explica que en la segunda intervención quedara extrañamente reducida a 30 minutos? Si en la primera parte de su intervención el ministro de Defensa dijo que el avión había realizado una escala en Manas de una hora y media, ¿cómo se entiende que en la segunda intervención quedase inexplicablemente reducida a 35 minutos? ¿Cómo explica, señor Atencia, que el ministro de Defensa dijera en la primera parte de su intervención que la duración de los vuelos de Kharkiv a Estambul fue en total de 12 horas y 55 minutos y en su segunda intervención dijera que eran 10 horas y 50 minutos? ¿Cómo explica el ministro de Defensa que en la primera parte de su intervención dijera que la duración de los vuelos de Estambul y Trabzon fue de 17 horas y 15 minutos y en la segunda intervención lo redujera a 13 horas y 55 minutos?

Señorías, fíjense. Decía el señor Atencia Robledo, portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Popular, en esa diputación a la que he hecho referencia, con algunas perlas que pueden comprobar: Todos tenemos que ser más rigurosos en nuestro trabajo y conclusiones independientemente de las propias valoraciones que hagamos. Y añadía el señor Atencia -revise usted el "Diario de Sesiones", si quiere se lo doy porque lo tengo aquí- textualmente: Pues bien, si mantienen esa línea de trabajo, esta tarde, en la Comisión, va a quedar todo suficientemente claro.


Señor Atencia, ¿dónde está la claridad que usted decía? Voy a tener que empezar a pensar que con esto de la carrera sucesoria dentro del Partido Popular ustedes ya ni se hablan. Por lo menos usted con el ministro no se habla, porque si por la mañana dice que el señor ministro de Defensa iba a dejar muy claro en su intervención de la tarde todos los aspectos del accidente, después del rosario de perlas que le acabo de leer y que usted puede constatar una tras otra en el "Diario de Sesiones", ya me dirá dónde está la claridad que decía que iba a tener el señor ministro de Defensa. El señor Trillo no sólo no resolvió muchas de las incógnitas que se planteaban, sino que, al contrario, las agravó. Por tanto, señoría, se han producido deformaciones de la verdad sin duda alguna, se ha limitado importantísima información, se ha llevado un método carente de rigor y de sistemática en la investigación de un acontecimiento para nosotros desgarrador. Ahora no me cabe duda de que el sentimiento generalizado que existe dentro y fuera de las Fuerzas Armadas de que el señor Trillo es el peor ministro de Defensa que ha tenido este país en los 25 años de democracia es más que verdad.


Por último, y en tercer lugar, también solicitamos que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa para que comparezca el general don Francisco Sánchez Borrallo, en la que informe sobre el trabajo desarrollado como observador en la comisión internacional de investigación que se creó tras el accidente, ya que aún no se ha aclarado cuáles son los derechos y prerrogativas de la representación española. De acuerdo con la información de que disponemos, de cara al público el representante español es el general Borrallo, pero hay que aclarar que si se ejerce la representación de acuerdo con el punto 5.23 o de acuerdo con el 5.27 del anexo 13 de la OACI (Convenio sobre Aviación Civil Internacional) la cosa cambia porque en virtud de ello se actuará como investigador con sus asesores o sólo como experto.
Esto es importante conocerlo, porque si la naturaleza del vuelo era civil, que es el caso que nos ocupa -aunque fueran militares la naturaleza del vuelo era civil-, nosotros preguntamos qué misión se le ha encomendado y qué legitimidad ostenta el general de brigada del Ejército del Aire don Francisco Sánchez Borallo, que es el presidente de la comisión para la investigación técnica. ¿Cómo es posible que participe de esa mal llamada comisión de investigación internacional un general del Ejército español que sólo va acompañado de un técnico del Ministerio de Fomento, concretamente de la Dirección

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General de Aviación Civil, no para participar como miembros integrantes de la comisión de investigación aportando información y elementos tecnológicos, sino simplemente recibiendo información y canalizándola al Gobierno de España? En lo referido al anexo 13 de la OACI al que he hecho referencia, para el caso del accidente de un país miembro de la misma, como es el caso de este Yakolev 42, y por parte de un avión comercial, como era, saben ustedes, y si no se lo digo, que se posibilita la participación y la creación de comisiones mixtas, en las que se integran de manera activa técnicos y representantes institucionales de los países que se han visto afectados. No cabe duda de que en este caso no se ha producido y que el Gobierno español ha enviado a un mero observador, que no participa de forma activa en la investigación. Por tanto, como desgraciadamente los muertos no hablan, sus prerrogativas se limitan a tener acceso a la información y a reabrir o mandar una copia al Gobierno de España, que es lo que está haciendo, con todo nuestro respeto personal, el general que está como observador.


Queremos que se aclare todo esto, y de ahí que hayamos solicitado también la comparecencia del general del Ejército del Aire don Francisco Sánchez Borallo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.


Nosotros pedimos la dimisión del señor Trillo y seguimos manteniendo esta petición. Si no dimite, que sea cesado. Creemos que es una posición política plenamente justificada. Se nos podría decir que la responsabilidad política sólo se pide de manera rigurosa cuando concluye una investigación. Si estamos en esta Cámara lógicamente tendría que ser una investigación parlamentaria integrada por miembros de esta Cámara.
Estamos ya seguros de que esto no se va a producir, primero.


En segundo lugar, la investigación que se está llevando a cabo está basada en la dialéctica de que los jueces y las partes participan en la resolución final que se vaya a obtener y, en todo caso, el representante español, como se ha dicho aquí, es un mero observador. Por tanto, a nosotros no nos va a servir esa resolución, que por descontado ya conocemos de antemano. He tenido oportunidad de decírselo al señor Trillo en una serie de debates, entre ellos en una interpelación donde le dije que ya estaba adelantándonos la conclusión de esa investigación, y era simplemente un fallo humano, como efectivamente así ha sido. El señor Trillo ha hecho una descripción el día 17 de julio de un dictamen provisional, y estamos esperando que nos diga en qué grado de provisionalidad, o si ya ha llegado al culmen, a lo definitivo de este análisis que se está haciendo por las distintas autoridades. A nosotros, repito, no nos vale esa investigación. En consecuencia, pedimos la dimisión por razones políticas y por las contradicciones parlamentarias, mentiras que se han desarrollado de manera recurrente aquí y en los medios de comunicación, y por el propio talante del ministro con respecto a lo que es la política en un país democrático.


¿A qué me refiero? Puedo partir de una cita de don Alfonso Agulló, de la Asociación de familiares de los militares fallecidos y familiar de uno de ellos. El señor Agulló ha dicho: Las familias tienen una herida abierta y la única terapia posible es la verdad. Me refiero a esa herida y me refiero a la imposibilidad de poder demostrar formalmente la verdad porque se rehuye el debate, se rehuye la posibilidad de establecer formalmente este debate en la Cámara con respecto a resoluciones que se basen en una investigación y en la documentación que se pediría previamente en las resoluciones de esta investigación. Además no comprendemos por qué teniendo ustedes mayoría absoluta en la Cámara se produce esta falta de respeto con respecto a lo que ha ocurrido y con respecto al propio funcionamiento de la democracia parlamentaria.


El señor Atencia posiblemente nos llame ahora carroñeros. El señor presidente del Gobierno nos ha llamado carniceros, con lo que ya se ha quedado corto el señor Atencia. A veces cuando nosotros respondemos aquí en sede parlamentaria, que es donde corresponde, a esta serie de formulaciones, de caracterizaciones, los señores del Grupo Popular levantan los brazos como escandalizados, creyéndose que nosotros estamos crispando la situación política, sin darse cuenta de dónde parte la fuente de esa crispación, en este caso no de usted, señor Atencia -no le voy a poner al mismo nivel, como ha hecho el señor Arístegui con respecto al señor presidente del Gobierno-, pero sí del señor ministro de Defensa y del señor presidente del Gobierno. De ahí parte una fuente de la crispación que estamos empezando a vivir en este país y en temas fundamentales como este del accidente de mayo, que afecta al Yakolev 42 y que supuso la muerte de 62 militares españoles.


Intentamos hacer política, señores del Partido Popular, y para hacer política -que no es una cosa sucia, la política no es algo sucio, malintencionado, no procede de la mala fe-, intentamos suturar esa herida abierta, que es la única terapia posible a partir de la cual se puede descubrir la verdad, que es la que curaría esta herida. Para ello no sólo nos basamos en las palabras, que podrían ser más o menos subjetivas, de don Alfonso Agulló con respecto a la herida abierta. Nosotros asistimos a los actos fúnebres que se desarrollaron en la base de Torrejón de Ardoz y jamás se nos olvidará lo que allí vimos, la tensión, esa tensión que desbordaba, que llegaba a una expresividad fortísima y que fundamentalmente

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tomaba como objetivo al señor ministro. Eso significa que sí es verdad lo de la herida, hemos comprobado que está ahí y que no se sutura fácilmente. No sólo lo ha dicho el señor Agulló, que es parte puesto porque un familiar suyo ha muerto en el accidente. Hay una asociación de militares, la FAME (Federación de Asociaciones de Militares de España), que dice que hay que crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Nuestro más rotundo apoyo -dicen- y explican en un párrafo siguiente: Los diputados -comillas-, como representantes de la voluntad soberana del pueblo, son las personas más legitimadas e independientes para investigar el fondo del asunto. Luego la verdad a la que nosotros nos estamos agarrando todavía se consolida más puesto que en esta asociación, si hay algún familiar de los fallecidos, es muy minoritario y, en todo caso, se está objetivando ese dolor, esa herida democrática que ustedes no quieren suturar y que no va a ser posible en este caso, como en otros, suturar a través del silencio de los medios públicos de comunicación o a través de esa domesticación que ustedes cultivan y consiguen del silencio en esta Cámara. El silencio aquí en este caso no se convierte en olvido, no se va a convertir en olvido, no es posible que se convierta en olvido. Llámennos ustedes carroñeros, digan que nos aprovechamos de la desgracia, sin comprender que lo que queremos, señorías, es hacer política y vamos a seguir haciendo política, porque en este país lo que empieza a no tener una plaza normal es la política, el ejercicio de la política. No se comparece haya incendios, arda el país por los cuatro costados, se hunda el AVE u ocurran las cosas que ocurran. No se comparece, se cultiva el silencio, el olvido, se cultiva la no política y se cultiva incluso la persecución ideológica cuando se aprovechan de los medios de comunicación, en este caso y en otros pero en este caso es mucho más doloroso, para llamar carroñera y carnicera a la oposición.


Esta es la situación, señor Atencia. Usted no me va a creer, usted dirá: Ustedes intentan aprovecharse. No, no, intentamos hacer política e intentamos decir a la sociedad española, a los familiares de los fallecidos y al ejército español que nosotros no vamos a olvidar esta herida, que vamos a intentar que se descubra la verdad y una parte de la verdad ya está sobre la mesa debido a las contradicciones, a la torpeza, a la prepotencia y a las mentiras del señor ministro de Defensa, por lo cual, repito, hemos pedido su dimisión. Por ejemplo -son cosas que agrandan la herida y que han pasado después del 17 de julio, unas sí y otras no-, el señor ministro mantuvo durante un período de tiempo, a partir del 26 de mayo, una serie de características de este viaje. Por cierto, el señor ministro ha ido cambiando en función de titulares de prensa y también en función no de una política de información sino de una política de imagen. El señor ministro, a través de titulares, ha intentado ir reconduciendo la situación a través de un zigzagueo constante, como si esquiara a un lado y a otro de la verdad. El señor ministro dijo durante un período de tiempo que se viajaba en estos aviones porque no había otra alternativa, que era la única. Nos corrigió a algunos diciendo que no era la más barata, que eran precios de mercado.
Efectivamente, hemos hecho averiguaciones y son precios de mercado. Ese argumento, que todos cambiamos, lo van a volver a utilizar ustedes en la ley de presupuestos para intentar subir los gastos militares y nosotros les diremos que no, que habrá que estar allí donde se pueda, en función de las capacidades económicas que tiene este país. Pues bien, a precios de mercado se contrata el Yakolev 42 porque no había otra alternativa.
Señor Atencia, ¿en qué aviones están viajando ahora a Irak nuestras tropas? La última expedición ha salido embarcada en un Boeing 707 y en un Boeing 747. ¿Cómo que no había otra alternativa? Si quiere usted hablamos de lo que vale la hora de vuelo en el Yakolev 42, en el Boeing 707 y en el Boeing 747 del Ejército o del Estado, en el Jumbo, para que vea que efectivamente había otras alternativas, pero que no se utilizaban en función de intereses que no conocemos. No se trata de bajar el precio del viaje, que tampoco hubiera estado justificado, sino que son alternativas que queremos conocer en una comisión de investigación. También queremos saber por qué se ha permitido que no se contrataran los seguros correspondientes por la compañía Chapman, que no suscribió el seguro de 75.000 dólares por persona. Naturalmente, nadie revisó esta situación.


Señor Atencia, también pedimos la dimisión porque es posible que las cosas que nosotros decimos -no tenemos ninguna esperanza de poder explicarlas en Televisión Española en horas de máxima audiencia- no quepan en un total de quince segundos, pero vamos a seguir insistiendo porque es la verdad y al final creo que se va a imponer. Ustedes están engañando a este Congreso de los Diputados constantemente. El otro día le hice una referencia a las reclamaciones, a las protestas y a una serie de fechas que se han utilizado para intentar consciente y sistemáticamente engañar a este Congreso de los Diputados. El señor ministro, desde el punto de vista de una habilidad parlamentaria que él por lo visto cree dominar, dijo el 4 de junio que sólo le había llegado a él, al ministro, una protesta. Efectivamente no dijo que no hubiera otras protestas, lo dejó dicho así gramaticalmente: sólo ha llegado una protesta al señor ministro. Eso lo dijo el día 4 de junio. Efectivamente, a esa fecha había llegado una protesta del señor Solar al ministro; no había llegado al señor ministro otra protesta también del señor Solar, del mes de enero, que había quedado estancada en la División de operaciones de la fuerza de maniobra. Dejamos sentada ahí la habilidad del señor ministro. Pero en segundo lugar, señor Atencia, había otras doce reclamaciones, cuatro de ellas afectaban a la seguridad en los vuelos. El señor ministro comparece el 4 de junio y

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esas doce reclamaciones ya se conocían en el ministerio por la Junta de Jefes de Estado Mayor, que las reelabora, las sistematiza y las ordena.
¿Por qué miente el señor ministro diciendo que sólo conoce la protesta del 14 de mayo del señor Solar? Todavía hay más. Si esa sistematización se hace los días 2 y 3 de junio por la jefatura del ejército -los días 2 y 3 de junio-, ¿por qué el señor ministro entrega esa sistematización el 17 de julio? No la entrega a la Comisión previamente a su reunión, sino que la entrega a la Mesa y al letrado para que no podamos verla en el acto en el que se estaba desarrollando aquel debate, y lo conocemos posteriormente. ¿Por qué este desfase entre el 2 de junio y el 17 de julio? Intenta sistemáticamente engañar a esta Cámara. Esa es la habilidad del señor Trillo, que ama tanto esta casa, pero confunde parlamentarismo con falsa ingeniería parlamentaria. Por todo este tipo de razones, señora presidenta, que están archidemostradas, sabiendo que nosotros hubiéramos esperado la culminación de los debates en el seno de la comisión de investigación pero que esto no se puede producir, pedimos la dimisión del señor Trillo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Verdaderamente el accidente que costó la vida a 62 militares españoles en un siniestro en Turquía, cuando iban embarcados en un avión de una compañía contratada usualmente a través de una agencia de la OTAN, produjo no solamente pasmo en la sociedad sino, imaginamos, gran preocupación y malestar en el estamento militar. No se puede decir, o cuando menos el representante que les habla no tiene conciencia de que haya sido así, que semejante accidente se haya aprovechado desde ningún punto de vista político e incluso hubo una gran ponderación por parte de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Seguramente no se acababa de entender hasta qué extremo los procesos de transnacionalización están condicionando incluso las formas de funcionamiento, las relaciones mercantiles, la disciplina o incluso la información dentro de ejércitos y en particular dentro de ejércitos como el español, porque la primera sorpresa -y esto sí que debía ser objeto de un proceso de investigación parlamentaria- fue descubrir que los ejércitos de España andan por el mundo -cosa que ya sería más que discutible, pero no vamos a entrar en ese problema- utilizando vehículos de compañías privadas que encima no se contratan directamente y, lo que es más llamativo, se hace a través nada menos que de la Organización del Tratado militar del Atlántico Norte, que según parecía era una organización militar de Estados muy poderosos. Algo raro pasa cuando los ejércitos de una organización militar transnacionalizada no se apoyan mutuamente precisamente en actividades internacionales que dicen estar amparadas por estas organizaciones de carácter militar internacional. La única explicación que cabe es que estas estructuras militares se utilizan sin duda alguna para, a través de contratas y subcontratas, hacer negocios privados con fondos públicos o beneficiar a grupos privados que no están, por lo menos en este caso, vinculados directamente al ejército español. No de otra forma se puede entender que el Yakolev fuera contratado con una empresa británica, Chapman Freeborn, a través de esa NAMSA otánica que después se desentiende de todo tipo de responsabilidades o cuyo control sobre la legalidad del vuelo y sus características es mínima.


También nos sorprendió -y creo que merecería igualmente una investigación- el hecho de que cuando hay actuaciones militares las categorías de los vuelos no sean estrictamente militares y no dejen lugar a dudas sobre cualquier ambigüedad en relación con el mundo civil, porque no de otra forma se puede explicar, debido a esta ambigüedad problemática y que merecería una investigación política y unas conclusiones al respecto, que a raíz de los debates parlamentarios e incluso de la información de la prensa, descubramos que en aviones en los que viajan los militares españoles, pagado por el Estado español, viajan asimismo, sin conocimiento de ningún tipo y sin control por parte del mando militar español, en algunas ocasiones individuos por lo menos aparentemente civiles vinculados a organizaciones de rango internacional. Comprenderán que todo esto nos deja perplejos, nos sitúa en una posición de franco pasmo y, cuando menos por motivos políticos, deberíamos llevar a cabo una investigación en regla en sede parlamentaria que fuese capaz de llegar a la conclusión sobre el modelo militar que se está articulando, su control real por parte del Gobierno respectivo y las formas de relacionarse de los Estados que forman parte de la alianza militar.


Segundo aspecto, que es el más doloroso. Como se trata de algo que en principio, a no ser por la mecánica viciada de las contratas y las subcontratas, no debería tener ningún interés en opacar sino en descubrir la verdad, debía llevar al propio Gobierno a, efectivamente, aceptar la comisión de investigación, incluso porque si se descubre que había denuncias militares perfectamente regladas que no llegaron a los mandos militares y a los responsables políticos oportunos a su debido tiempo, esto también debería ser motivo de rectificación en la forma de funcionar, por lo menos intramuros del ámbito militar, en lo que son informaciones y partes firmados por autoridades del propio ejército.
Todos sabemos que, cuando menos, se descubrió que en el plazo de diez meses hubo 14 vuelos en ese tipo de compañías privadas que no reunían los requisitos debidos,

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por lo menos conforme al criterio del jefe militar español al mando del contingente que hizo ese viaje, lo cual equivale a un tercio de los 43 vuelos fletados a través de NAMSA y en concreto con esta cobertura, cuando menos formal, de la OTAN. También llama la atención que, según todas las informaciones, ninguno de los grandes Estados de la Organización militar del Tratado del Atlántico Norte, en particular de los europeos, Italia o Gran Bretaña, hagan uso de este tipo de contratas y subcontratas y de este tipo de aviones. Hasta aquí se trata de cuestiones objetivas que deberían ser materia de debate, de investigación y de clarificación, igual que el hecho de que el accidente se haya producido, aunque solamente sea para dar cumplida cuenta a las familias de los militares afectados de cuál es el estado de la cuestión. Por eso no podemos entender que prometiendo inicialmente el ministro de Defensa una investigación paralela y adicional o complementaria a la que se hace in situ en Turquía y con las autoridades internacionales, esto no se haya cumplido, dejando muchas sombras de duda sobre otro tipo de responsabilidades que no se quieren poner sobre el tapete. Por tanto nosotros vamos a apoyar estas peticiones de comparecencia y, por supuesto, la petición siempre repetida de la comisión de investigación en sede parlamentaria y ya ni siquiera pedimos la dimisión del ministro, porque nos parece un objetivo baldío, aunque estamos de acuerdo en que, ante un fenómeno de este tipo y por lo impactante y preocupante que es en relación con el estado de la estructura militar, debía poner inmediatamente su cargo a disposición del presidente del Gobierno. Vuelvo a señalar la sensación de pasmo e incomprensión por parte, vuelvo a repetir, de fuerzas políticas que en este tema mantuvimos una posición crítica pero creo que totalmente distante respecto a fustigar al Gobierno con la dosis que realmente el asunto, si no tuviera estas connotaciones militares, merecería.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Si tuviéramos que aceptar las consecuencias del dicho que no hay mal que por bien no venga -que es muchas veces muy relativo aceptarlo, sobre todo por cuestiones éticas como voy a exponer en este momento-, habría que decir que las Fuerzas Armadas españolas que forman el contingente de 2.300 hombres con destino a Irak -por lo menos las avanzadillas que se han desplazado ya y el contingente que está previsto en estos días para el Ejército de Tierra español- son transportadas ya en unos aviones con plenas garantías. Los primeros grupos han ido en el avión 707 de la Fuerza Aérea Española, con pilotos militares del Ejército del Aire en su cabina, profesionales de excepcional calidad, jerarquía, profesionalidad y sentido de vinculación con un problema de Estado, y al mismo tiempo el Ministerio de Defensa ha firmado un contrato con la empresa charter española AirPlus, que utiliza aviones Jumbo 747 para el desplazamiento de estos contingentes. Que eso se haya tenido que resolver y rectificar así es el bien que ha venido tras el mal: la pérdida de vidas de 62 militares españoles en sus desplazamientos a Afganistán y de regreso de Afganistán hacia España, que volaban en el avión Yakolev 42, objeto del accidente, de compañías contratadas en unas circunstancias que todavía no están claramente dilucidadas. Este es un tema que mi grupo considera que habrá que poner negro sobre blanco con toda claridad, en primer lugar como prioridad para garantía de 62 familias españolas que se han visto privadas no solamente de la vida de un ser querido, de un cabeza de familia o de una persona fundamental en su estructura familiar, de pareja o de convivencia, sino también como portador o portadora de los medios económicos en que toda economía familiar se sustenta, como son los que provienen del trabajo profesional. Entendemos que será posible a partir del próximo mes de septiembre, sobre todo cuando se haya avanzado más por los responsables de los gobiernos ucraniano y ruso, que tienen que dar las informaciones de las causas del accidente. En este caso para mi grupo hay una cuestión prioritaria y digo esto cuando nosotros no consideramos en este momento razonable ni solucionable de ninguna situación conflictiva que en estos escasos días, hasta el final del mes de agosto, puedan celebrarse sesiones de Pleno o de comisión extraordinarias para solventar este asunto, cuyos datos, de entrada objetivos, no están clarificados, y por tanto no vamos a seguir en esa dinámica sino que nos apartaremos de ella votando en contra. Sí queremos hacer llegar al Gobierno la reflexión de que en este momento se hace prioritario atender lo que es el positivismo lógico, como es la vida económica de las 62 familias. Nosotros instamos al Gobierno a que anticipe las cantidades -los 75.000 dólares, etcétera- que había establecidas en lo que se presuponía -y aquí habrá que pedir responsabilidad al señor ministro de Defensa, como ya hicimos en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Parlamento español, del Congreso de los Diputados- como seguros para la protección de las familias. Habrá que dilucidar por qué el Yakolev 42 pudo emprender el vuelo con los 62 militares españoles a bordo cuando alguien en el Ministerio de Defensa tenía que saber -de ahí que yo dijera que había unas responsabilidades dentro del mismo- por qué en el contrato entre la empresa NAMSA, recomendada por la OTAN, y el EMACON -el Estado Mayor Conjunto Español- no existía la póliza de seguros. Vamos a tener que entrar posiblemente en un contencioso internacional muy largo y muy complejo. Mi grupo dice que

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las 62 familias españolas, cuyos miembros representantes en la economía familiar y de convivencia murieron, no pueden estar esperando años a que se resuelva un contencioso para saber por qué la empresa aeronáutica ucraniana propietaria del avión Yakolev 42 fletado por NAMSA no tenía estipuladas las pólizas de estos contratos. No se puede alargar el calvario de estas 62 familias y no hay más solución que la que se ha adoptado muchas veces como medida de emergencia que la legislación española permite al Consejo de Ministros, que es que el Gobierno adelante precisamente las cantidades de las pólizas individuales que amparaban la seguridad familiar de los herederos de las 62 víctimas. Por tanto pedimos que se adelanten todas las ayudas con cargo a los presupuestos que sean, extraordinarios, los generales del Estado o del Ministerio de Defensa, para que esto se pueda realizar. Mi grupo y este portavoz pensamos que es una causa de conciencia ética, moral y de compromiso que esto se resuelva para estas familias sin involucrarlas en el laberinto de un proceso contencioso de reclamación que pueda llevar adelante el Estado por su parte. Es lo menos que les debemos. Este era el punto fundamental en que mi grupo quiere hacer constar este apoyo, al menos económico, paliativo de la desgracia que han sufrido estas 62 familias. Por lo demás, esperamos que se incentive también a las autoridades ucranianas y rusas para poner a disposición ... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones.


Señorías, por favor, ruego mantengan las conversaciones en un tono más bajo a ser posible.


Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino ya para permitir el turno a otros compañeros.


Por tanto, en esta línea objetiva y de procedimiento vamos a votar que no a estas peticiones, aunque respetamos su intencionalidad en cuanto estén dentro de una lógica consecuente para resolver los problemas y no complicarlos.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Anasagasti tiene la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora presidenta.


Lógicamente vamos a apoyar las dos iniciativas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, pero nos hubiera gustado mucho más que en lugar de una comparecencia del ministro de Defensa para que explicar la situación de informes definitivos, se recogiera un poco el estado de ánimo de todos los que con un mínimo de sensibilidad estuvimos en aquel funeral terrible de Torrejón de Ardoz cuando delante de nosotros vimos 62 féretros cubiertos con la bandera española. Era un espectáculo absolutamente dantesco. Cuando uno ve aquel terrible paisaje y cuando oye los desgarradores gritos de aquellas familias reivindicando una serie de derechos y, sobre todo, solicitando la dimisión del ministro, ha llegado el momento no de solicitar informes definitivos, porque lógicamente eso se tiene que dar -si esta Cámara tuviera esa capacidad de control, teníamos que haber tenido hace mucho tiempo estos informes definitivos, pero desgraciadamente la mayoría absoluta impide que los mismos puedan ser discutidos solventemente en esta Cámara-, sino que tendríamos que tener encima de la mesa una discusión sobre la dimisión o no del ministro. A pesar de lo que pueda decir, personalmente no me muevo por obsesiones, me muevo por convicciones y una convicción era que cuando se produce una situación tan terrible como la que vivimos y la que vimos, un ministro de Defensa no puede ir haciendo chistes, como ha ido haciendo posteriormente, y actuando en ferias, en situaciones distintas y tratando de desviar la atención. Hubo una viñeta del dibujante, editorialista y caricaturista Máximo, que hablaba muy claramente de una cosa que en política es fundamental: la culpabilidad son los jueces los que la dictaminan, pero la responsabilidad es un tema político, y la única forma de solventar una responsabilidad política es con la dimisión. Por eso me parece muy bien lo que ha hecho el Partido Socialista pidiendo que se abra una investigación para conocer la situación y los informes. Sin embargo, le recordaría al Partido Socialista, con todos mis respetos, que en su historia reciente tiene casos de sensibilidad democrática para ponerlos encima de la mesa. Cuando cayó aquel avión de Avianca, Abel Caballero dimitió y Abel Caballero no era el piloto de Avianca, era el ministro de Transportes. Cuando Luis Roldán se fugó, el que dimitió fue Antonio Asunción, que era ministro de Interior y no era responsable de lo que había ocurrido, pero dimitió y mostró sensibilidad democrática.
Cuando ocurrió aquella crisis de las escuchas aleatorias, dimitió nada menos que el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa, Julián García Vargas. Cuando se produjo la crisis de Mariano Rubio, dimitió el portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, Carlos Solchaga. Me parece, y lo digo desde la convicción y no desde la obsesión, que es una inmoralidad política no haber presentado la dimisión. Yo creo que esa es la clave y la madre del cordero, que el ministro Trillo, hace mucho tiempo, cuando se produjo aquel terrible accidente, por responsabilidad política, no por culpabilidad, sino por responsabilidad política, tenía que haber dimitido. He puesto estos ejemplos para que el Partido Socialista se anime un poco, porque yo creo que si en su historia reciente tiene unos casos tan flagrantes, no es admisible que el ministro de Defensa ande veraneando y riéndose. No tenía que ser ministro de Defensa en este momento. Tenía

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que haber hecho una labor de esclarecimiento, se tenía que haber creado una comisión de investigación y tendríamos que estar ante un nuevo ministro de Defensa. Por tanto, si algo reivindicamos como grupo parlamentario, es eso y no lo hacemos por una manía persecutoria contra el Partido Popular. Tengo que recordar al respecto que durante cuatro años nosotros apoyamos a Federico Trillo como presidente de esta casa.
Por tanto, no tenemos ninguna manía persecutoria contra el ministro Trillo en esta oportunidad. Sí tenemos una seria sanción contra el ministro de Defensa, Federico Trillo, que se está pasando un buen verano, cuando hay 62 familias absolutamente desgarradas. Eso es lo que políticamente se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. (El señor Alcaraz Masats: ¡Muy bien!)

Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nos encontramos por tercera vez en esta Diputación Permanente, dentro del período inhábil de los meses de julio y agosto, en la que de nuevo vuelve la misma cuestión relacionada con el dramático accidente del avión Yak-42, ocurrido en la madrugada del 26 de mayo pasado, y es la tercera vez que se plantea por parte de algunos grupos que esta Diputación Permanente habilite y convoque determinadas sesiones, bien de Pleno, bien de comisión, fundamentalmente de Defensa, para tratar sobre esta cuestión. La primera vez que se planteó, creo que el 17 de julio, fue una propuesta precipitada, por cuanto esa misma tarde el Gobierno iba a comparecer a petición propia, una vez que tenía la información que se había comprometido a presentar en esta Cámara. Posteriormente, el pasado día 29 volvimos a debatir sobre lo mismo que el día de hoy. Vuelve a repetirse el debate. La Diputación Permanente es un instrumento habilitante para convocar otros órganos de la Cámara, sea el Pleno o una comisión, durante los períodos extraordinarios, pero no está para resolver los problemas que tenga un grupo parlamentario, no está para resolver la incapacidad de un grupo como el Socialista, que según ha dicho claramente el señor De la Encina no tuvo la capacidad de reaccionar, de estar a la altura de las circunstancias en una comisión parlamentaria como la del 17 de julio. Si el Grupo Parlamentario Socialista no es capaz de encontrar un portavoz habilitado para hablar de estas cuestiones, ya que lleva seis en las distintas sesiones que se han producido sobre este tema, o si cuando se produce una comisión parlamentaria es incapaz de plantearle las preguntas al Gobierno, plantéenlo ustedes en otro momento, pero para eso no está la Diputación Permanente, con todos los respetos. (La señora Fernández de la Vega Sanz: Con todos los respetos no, con una falta de respeto.)

Conviene recordar, señorías, que sobre esta cuestión que a todos nos preocupa, el Gobierno ha comparecido y se ha sometido al control de la Cámara de forma reiterada. Lo hizo a iniciativa propia el 4 de junio.
Algunas de SS.SS. se han referido a esa sesión. Lo hizo en otras dos ocasiones durante el pasado mes de junio ante el Pleno de la Cámara para contestar a distintas preguntas de sus señorías. Lo hizo para debatir con los grupos Socialista y de Izquierda Unida sendas interpelaciones sobre esta misma cuestión, de las que se deducen unas mociones que, por cierto, se verán, espero, en la primera sesión plenaria del próximo período de sesiones y en las que se proponen muchas de las cuestiones que SS.SS.
quieren plantear y que el próximo período de sesiones resolverá. Pero es que también lo hizo a iniciativa propia el pasado 17 de julio por la tarde -por la mañana había habido Diputación Permanente- en período inhábil y, por tanto, en sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa para informar de nuevo a esta Cámara de los datos e informaciones de que disponía el Gobierno sobre el accidente, en concreto sobre las conclusiones preliminares o iniciales de la comisión internacional de investigación, constituida en Turquía, donde por cierto ocurrió el accidente, y de las que ya disponía el Gobierno español y que nada más conocerlas pidió comparecer para trasladarlas a esta Cámara. Además, señoría, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, ha facilitado a esta Cámara, en la propia sesión de la Comisión de Defensa del 17 de julio, una amplia información y una completa documentación, toda la que le había ido llegando al Gobierno en relación con los asuntos que directamente tienen que ver con este accidente o con otras cuestiones laterales, como las misiones internacionales en el exterior, que SS.SS.
habían planteado. Incluso lo ha hecho anticipándose al propio plazo que el Reglamento daba al Gobierno, que terminaba el 6 de septiembre. Esta es la actitud que ha tenido el Gobierno de España en todo momento en relación con este accidente.


En segundo lugar, la comisión internacional de investigación, que se constituyó -como ya he dicho- en Turquía y que tuvo presencia española, dio a conocer sus conclusiones iniciales, que, aunque son iniciales, en lo que se refieren a las causas del accidente son concluyentes, manifestando que se debe a un fallo humano, que la causa del accidente es un fallo humano. Esto tiene una transcendencia fundamental. Por tanto, todas las valoraciones que hace S.S. sobre elementos que no tienen nada que ver con el accidente pero que es importante hacerlas -e incluso en las propias conclusiones del ministro se avanzaba ya alguna línea de solución sobre temas laterales que no están en la causa principal, sino en su origen-, todas estas cuestiones ya fueron abordadas en esa comisión y tuvieron el respaldo de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Esas

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conclusiones desarman por completo muchas de las argumentaciones que S.S.
había mantenido hasta entonces y que hoy se empecinan en seguir manteniendo, a pesar de que la realidad va por otro lado. Sin ninguna duda, lo que aquí se produce, señoría, es una confusión, una mezcla de vuelos, un llevar las cosas de aquí para allá, para pretender dar a entender que aquí hay algo que ha funcionado mal, que aquí hay unas responsabilidades del Gobierno, porque hay un hecho evidentemente importante y singular, que es que ha habido unas muertes. Señoría, las causas han quedado perfectamente determinadas, hay otros asuntos que tendrán que terminar de resolverse en la comisión internacional de investigación, pero la cuestión está perfectamente centrada, como quedó meridianamente claro en la Comisión de Defensa del pasado día 17 de julio.


Tercera cuestión, exigencia de responsabilidades políticas. Siguen SS.SS.
planteando en el día de hoy que se convoque un Pleno para debatir la creación de una comisión de investigación. En la primera sesión plenaria del mes de septiembre, en la moción conjunta -porque tiene el mismo texto- suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y por Izquierda Unida, como consecuencia de las interpelaciones realizadas en junio, se va a poder hablar de muchas cuestiones y, entre otras, de este tema. Ahí tendremos oportunidad de fijar cada uno nuestra posición, pero, en cuanto a las responsabilidades políticas, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo ha dicho el Gobierno y este portavoz, aquí y en la Comisión de Defensa, ya fueron exigidas, de una forma precipitada, con un texto que tiene que producir sonrojo a sus firmantes, en el reciente debate del estado de la nación. Nos exigieron responsabilidades políticas como consecuencia de este accidente. El Pleno de la Cámara, de forma muy mayoritaria -no sólo el Grupo Parlamentario Popular, sino muchos grupos parlamentarios-, rechazó esa exigencia de responsabilidades políticas.
Por tanto, en términos de la exigencia de responsabilidades políticas, en términos democráticos y en términos parlamentarios, la cuestión debería quedar suficientemente zanjada. No importa, podremos debatirlo las veces que ustedes quieran, pero no insistan en los mismos argumentos, porque no dan ninguno nuevo.


En cuarto lugar, señora presidenta, sobre este asunto, que se ha debatido en muchas ocasiones y sobre el que volveremos a hablar, aquí han quedado meridianamente claras algunas cuestiones. Está claro que estamos ante un triste y lamentable accidente aéreo, en el que perdieron su vida más de 70 personas, entre ellas 62 compatriotas nuestros, servidores miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Ha quedado claro que el Gobierno ha trabajado desde el primer momento para atender a las víctimas, a las familias de las víctimas y para esclarecer las causas del accidente; ha actuado con toda transparencia y con la firme voluntad de estar a disposición del Parlamento; que el accidente se debe a una causa humana, un fatal fallo humano, pero un fallo humano; que a la oposición socialista no le ha interesado en ningún momento conocer las causas del accidente. No le ha interesado la verdad y no le interesa la verdad en este momento. Lo único que le ha movido ha sido única y exclusivamente obtener réditos políticos como consecuencia de un terrible dolor, de un dolor ajeno, en las familias de las víctimas del accidente. Y tratar de desgastar al Gobierno en esta ocasión, como ha hecho en los últimos meses en numerosos asuntos. Por cierto, siempre les ha ido a ustedes bastante mal actuando de esa forma, que el señor Alcaraz ha calificado como carroñerismo político. Si así se califica, eso es lo que es, y allá ustedes con esa actitud y con esa responsabilidad, allá ustedes con la forma impresentable de practicar política, en la que por cierto siguen insistiendo, al mismo tiempo que emerge cada día un problema nuevo que les hace a ustedes hacer agua por todas partes. No sé si con su insistencia lo que pretenden es tapar esa situación para tratar de desviar la atención a la opinión pública.


Señorías, no hemos visto en el día de hoy ninguna razón nueva, ninguna, que justifique que la Diputación Permanente de esta Cámara convoque las sesiones que se le han pedido; no se ha dado ninguna razón para que, a 12 días de terminar el actual periodo, se produzcan determinadas comparecencias o determinados debates, que sin duda SS.SS. libremente pueden pedir en periodo ordinario. Ha quedado perfectamente claro dónde están encajadas las cosas. Y, señorías, insisto, no hay razón suficiente para venir a debatir de nuevo un tema, para pedir una nueva oportunidad porque un grupo parlamentario no estuvo a la altura de las circunstancias en las comparecencias anteriores. Ese es un problema que cada grupo tiene que resolver, pero no pueden venir a pedir al conjunto de la Cámara y al Grupo Parlamentario Popular que resolvamos sus problemas. Estamos ante un hecho doloroso, en el que el Gobierno desde el principio ha actuado con toda la voluntad de ayudar a las víctimas, de que resplandeciera la verdad, trasladando toda la información a la Cámara. Así lo ha hecho y así seguirá actuando. Hoy no han dado ustedes ninguna razón para que tengamos que tomar ninguna decisión que signifique respaldar las propuestas que hacen.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.


Señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a ser muy breve. Solamente quiero decir un par de cosas al señor Atencia.


Señor Atencia, si alguien no estuvo a la altura de las circunstancias en esa Comisión del día 17 fue el señor ministro de Defensa, que no sólo no informó, sino que,

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como le he comentado antes, desinformó gravemente. Yo diría más: mintió.
Si no, explique -que es lo que antes le he planteado- por qué en su primera intervención da unos datos que tiene que modificar totalmente en la segunda intervención. Es muy grave que, habiendo fallecido 62 militares, usted venga aquí a reprochar que cumplamos con nuestra obligación parlamentaria de fiscalizar lo ocurrido y pedir responsabilidades políticas. Yo agradezco al señor Iñaki Anasagasti el recordatorio que ha hecho de las dimisiones de responsables socialistas durante el mandato de Felipe González; ciertamente es bueno recordarlo, porque, cuando hay un Gobierno que solamente se dedica a calumniar el pasado y no a gobernar, es bueno que representantes de otros partidos políticos, con los que tenemos nuestras diferencias pero también nuestras coincidencias, tengan la gallardía de reconocer que entonces se asumieron responsabilidades políticas, que es lo que aquí se está pidiendo, por la oposición. Usted, en lugar de legítimamente defender, viene a reprochar una vez más que estamos actuando como aves carroñeras. No me extraña que, con el lenguaje que usa su jefe, venga aquí a utilizar también ese mismo lenguaje, pero con menor categoría. Le digo una cosa: no por mucho más fuerte que se impute, y con mucha reincidencia, como usted está haciendo cada vez que viene aquí, ese tipo de oposición nos va a amedrentar. ¿Sabe usted por qué? Lo ha dicho antes Felipe Alcaraz. Porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo, que es defender a las familias de los fallecidos y el honor de los familiares. Es algo tan noble como la actividad política que estamos desarrollando. Yo le pido una vez más que no vuelva a hacer ese tipo de descalificaciones; al final se descalifica usted mismo.


Señor Atencia, usted habla además de otra impertinencia. Dice: hasta seis portavoces del Grupo Socialista. No es verdad. Usted sabe que los compañeros que han intervenido en esa comisión y anteriores miembros de la Comisión de Defensa no son miembros de la Diputación Permanente. Por tanto, no pueden actuar en esta Diputación Permanente. Lo estamos haciendo el señor Segura y yo. Le pido también que no desinforme a esta Cámara, como viene haciendo; le pido que esté a la altura de las circunstancias y que traslade a su ministro de Defensa -ese ministro que es el peor ministro de los 25 años de democracia en España- que haga lo que tiene que hacer, que es, señor Anasagasti, lo que hemos pedido en dos ocasiones: su reprobación y su dimisión. Es la única manera de salvar la situación que se ha producido tras el accidente del Yakolev 42.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.


Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.


Señor Atencia, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque para eso nos ha puesto el pueblo aquí, para hacer oposición, cosa que no termina usted de entender porque no tiene usted un sentido claro de lo que es la democracia y de cómo esta debe funcionar. No, no lo tiene usted claro.
Señora presidenta, nosotros, a pesar de que este Parlamento se está convirtiendo en un miniparlamento, no nos vamos a tirar al monte, desde el punto de vista de que efectivamente se está reduciendo la actividad de este Parlamento y el partido mayoritario no está pagando costes electorales. Eso lo llevan ellos muy bien, a través de las encuestas y de todo tipo de formulaciones que hacen en función de estudios sociológicos, porque tienen dinero de sobra para ello. Nosotros no vamos por ahí a agudizar la situación ni vamos a crispar.


¿A qué me refiero? Ustedes tienen toda la legitimidad a la hora de dar la impresión de que no entienden lo que está pasando con respecto a este asunto. Bien, ustedes hacen una intervención como la que ha hecho hoy, una intervención bastante lamentable -yo también puedo decir esto-, y no acaba de entender que en un momento determinado hay un ministerio al que llegan 14 reclamaciones por escrito, aparte de radio macuto -es un término que se utiliza mucho en la mili; yo también he hecho la mili, señores del Grupo Popular-, cuatro de las cuales afectan a la seguridad de los vuelos y el señor ministro no toma medidas. A partir de ahí se produce un accidente gravísimo. Eso es lo que estamos debatiendo, señor Atencia, no otra cosa. ¿Cuál es la confirmación de que es verdad lo que digo? Que a partir de ese momento cambian los aviones. Los últimos vuelos han sido con un Boeing-707 y un Boeing-747. ¿A que los militares que iban en el Boeing-747 llevan ya los seguros en regla de 75.000 dólares por cabeza? ¿A que ellos ya llevan el seguro reglado? También estamos hablando de esto. El señor ministro no hace caso a las dos reclamaciones del teniente coronel Solar, no hace caso a otras 12 reclamaciones y se produce un accidente.


No es sólo esto, sino que al día siguiente, el día 27, de madrugada, se inicia un vuelo -creo que en un Ilyhusin-, el vuelo del padre Angel, donde la puerta iba suelta, hubo que meter una manta mojada para que no se mueva, el padre Angel iba entre barriles de cerveza -espero que no los probara, yo le he oído en la cadena SER y dijo que no, que él iba allí casualmente- y estuvo rezando todo el viaje. Eso fue la madrugada del día 27, un día después del accidente. Eso es lo que ha pasado, señores del Grupo Popular, eso es lo que ha pasado, y ustedes no quieren enterarse. Pero usted dice más -porque usted no entiende la esencia de la democracia-, dice: La mayoría ha dicho que no tienen ustedes razón, la mayoría ha dicho que no hay que reprobar

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a Trillo, por lo que ustedes no tienen derecho a pedir la dimisión.


Ustedes están identificando en este país mayoría y verdad. Y eso es muy grave, tremendamente grave, máxime -entraremos ahora en otro debate- cuando se están manipulando -y la principal manipulación es el silencio- los medios de comunicación públicos, o se están acaparando los privados, de manera absolutamente inaceptable. El comité antimanipulación de Radiotelevisión Española, por ejemplo, con respecto a las entrevistas que se han hecho a los familiares de los muertos en el accidente del 26 de mayo, ha manipulado tajantemente. Dice un familiar que está muy triste y que su hijo era muy bueno e inmediatamente este familiar emite una crítica fuerte al Gobierno en la misma secuencia gramatical. Televisión Española corta la secuencia gramatical y quita la crítica al Gobierno. Es una manipulación inaceptable. Por eso estamos impotentes, señora presidenta, y vamos a seguir luchando. Nosotros comprendemos que es el juego parlamentario, cuando hay gente que no entiende bien cuál es la esencia de la democracia. Lo que no vamos a aceptar, y usted lo ha vuelto a repetir hoy, y el presidente metiéndonos a todos en la política basura, metiendo incluso al Rey en la política basura, es que nos llamen carroñeros, carniceros o cosas por el estilo. Eso no lo vamos a aceptar en silencio, como si estuviéramos ya domados, como si nuestra imagen pudiera sufrir si protestamos ante este tipo de situaciones. No, no, el gran crispador -el presidente del Gobierno se va a ir de esta Cámara como el gran crispador- obtendrá la respuesta correspondiente a cada caso de política basura que utilice con respecto a la oposición. Después lo vamos a ver en los debates sobre Radiotelevisión Española. Eso es lo que no vamos a aceptarle, señor Atencia.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Que nos diga que cuando ejercemos la labor de oposición somos unos carroñeros, somos unos carniceros, que nos estamos aprovechando del dolor humano. Ustedes no están teniendo en cuenta cuál es la esencia de la democracia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señora presidenta, brevemente. A pesar de que el señor Atencia me haya omitido en su intervención, tengo que reconocer que en la última intervención de la Diputación Permanente no estuve especialmente afortunado cuando tuve una confusión con su apellido. Le pido excusas, porque no debí utilizar aquel tipo de argumentación. Sin embargo sí estoy absolutamente convencido de que la argumentación que he utilizado hoy tiene mucha fuerza. Tiene la fuerza de la convicción y sobre todo de la convicción democrática. Vuelvo a repetir lo que supuso aquel accidente y la distinción es muy clara entre lo que puede ser responsabilidad y culpabilidad. Para la culpabilidad ya están los jueces, para la responsabilidad está la política y está la sensibilidad humana, democrática y de partido. Y eso es lo que de alguna manera se evidencia cuando, después del tristísimo accidente, cuyo culpable no es el ministro de Defensa, Federico Trillo, pero sí tiene una responsabilidad política, le vemos en galas y en verbenas veraniegas. Eso es algo que ofende al recuerdo de aquellos 62 féretros que vimos y cuya imagen se nos quedó grabada a los que estuvimos en el funeral. No se puede estar en aquel funeral y estar ahora en galas veraniegas, porque para eso está en la política. Hoy he hablado de lo ocurrido ayer mismo en Francia, donde ha dimitido el director de Sanidad por la elevada mortandad durante la ola de calor. Aquí no pensamos que el director de Sanidad de Francia tenga nada que ver con el Rey Sol, pero sin embargo, por una sensibilidad democrática, ha dimitido, porque ha considerado que no estaba a la altura de las circunstancias. (Rumores.) Nosotros creemos que el ministro Trillo no ha estado a la altura de las circunstancias y volvemos a repetir: si no va a dimitir -que no va a dimitir porque le encanta la poltrona y no tiene esa mínima sensibilidad democrática-, por lo menos le pedimos desde aquí que durante este verano no vaya a las galas veraniegas a las que está acudiendo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.


Señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Sí, señora presidenta, con toda brevedad y concisión, dentro de lo posible.


Señor De la Encina, la verdad es que, permítame la expresión, ante la endeblez de los argumentos que S.S. vuelve a esgrimir, no me cabe mucho más que decirle. Simplemente le insto a que lea, si tiene paciencia, la comparecencia del 17 de julio del ministro de Defensa, vea usted la intervención de su grupo y usted mismo la califica. Yo ahí no tengo más que decirle. Sólo que ustedes cada día dicen una cosa distinta. En relación con la petición de la comisión de investigación han dicho de todo. Desde el señor Caldera, el 4 de junio, en esta misma sede física, entonces habilitada para la Comisión de Defensa, que dijo que quería una comisión de investigación como posible vía no para investigar las causas del accidente, sino para analizar cómo van nuestras tropas al exterior. Y después, cuando ya se ha conocido todo, al final cambian esa posición; después tienen otra y ahora quieren conocer las causas del accidente,

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cuando ya se saben. No entiendo absolutamente nada, señor De la Encina.
Espero que cuando en el próximo Pleno intervenga, no sé qué portavoz de su grupo, entonces creo que estarán todos habilitados, porque todos los diputados pueden intervenir, pueda sacarnos de esta duda. En cualquier caso, la verdad es que ejercicios de estos nos dan todos los días. Yo simplemente les pido que no utilicen más el dolor ajeno. No lo utilicen.
Hagan su posición política. Que se acabe de plantear una posición mínimamente seria y coherente. Respecto al verano, cuando hablemos del señor Anasagasti, le recordaré una pequeña cosa.


Señor Alcaraz, sentido democrático. A lo mejor va a dar usted lecciones de si en esta Cámara se exigen responsabilidades políticas. En el reciente debate de la nación la Cámara lo rechaza. Me imagino que este diputado que interviene en nombre de su grupo podrá decir simplemente lo que hizo la Cámara. Es que al parecer no lo puedo decir y cuando se produce una votación parece que la consecuencia de la misma es la que a usted le gusta y no la que produjo la mayoría. No sé a qué situación llegamos más esperpéntica. Unos grupos exigieron unas responsabilidades políticas mediante unas resoluciones, la Cámara produjo su decisión. Esa es la decisión de la Cámara, que este grupo la asume y la cuenta. Si a usted no le gusta, está en su derecho de decir lo que opine, pero no pretenda cambiar la realidad del resultado y decir que lo democrático es perder las votaciones y lo no democrático es ganarlas. A partir de ahí la verdad es que yo empiezo a estar un poco mareado.


Le voy a recordar simplemente dos datos. Usted habla mucho de las quejas, y además las mezcla todas, y de eso tendré oportunidad de hablar más detenidamente cuando usted quiera. Ninguna queja que afectase a la seguridad de los vuelos, y específicamente del avión Yak-42 -que por cierto se hace a través de dos compañías, como usted sabe-, se había producido o había llegado al ámbito central del ministerio con anterioridad al accidente. Eso lo sabe S.S. y no pretenda confundir al conjunto de los miembros de la Diputación Permanente. Igual que tampoco pretenda confundir con un dato que está suficientemente acreditado en esta Cámara y que figura en la documentación que por lo menos los portavoces y miembros de la Comisión de Defensa hemos recibido. El transporte de los militares españoles en misiones internacionales en el extranjero hasta la fecha del accidente en un 85 por ciento se había hecho con medios del Ejército del Aire y sólo en un 15 por ciento se había recurrido al mecanismo de arrendamiento de otros medios, ante las limitaciones que nuestras propias capacidades planteaban. Por tanto, no pretenda usted elevar a al categoría de general lo que simplemente era una parte pequeña dentro del transporte, independientemente de otras valoraciones.


Yo le agradezco, señor Anasagasti, la disculpa, pero quiero decirle a usted una cosa. En un verano en que el ministro de Defensa está al pie del cañón cumpliendo con sus obligaciones como ministro, cuando legítimamente podría estar de vacaciones, está en su despacho, pretender hacer bromas o trasladar situaciones que no se ajustan a la realidad le hacen a usted ponerse a la altura de una diputada del Grupo Socialista, que está ahí enfrente, aunque no la voy a nombrar, que ya metió la pata un día cuando pidió que el ministro dejara sus vacaciones. Ni siquiera había visto el telediario. Todos los españoles saben que el ministro de Defensa se ha quedado en su despacho supervisando el despliegue de las tropas españolas que van con dirección a Irak y por tanto no está de vacaciones, Ya que no está de vacaciones, no le digamos que está de vacaciones, no le critiquemos y le pidamos que no esté de vacaciones, porque eso sólo puede darse en personas desinformadas, y usted no pertenece a ellas.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.


Ruego a los servicios de la Cámara que comprueben si hay algún miembro de esta Diputación Permanente que se encuentra fuera de la sala y procedan al llamamiento para la votación. (Pausa.)

Señorías, iniciamos la votación de las solicitudes que han sido debatidas en este segundo grupo del orden del día.


En primer lugar, sometemos a votación la petición formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día: Creación de una comisión de investigación sobre el esclarecimiento de los hechos del accidente en el que el pasado 26 de mayo fallecieron 62 militares españoles y para la depuración de las oportunas responsabilidades.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 19; en contra, 30.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por un número suficiente de diputados, miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Defensa para informar y debatir los datos aportados por el ministerio hasta el momento en relación con las circunstancias del accidente del Yak-42 en los que se han apreciado diversas inexactitudes, contradicciones y falsedades, así como la comparecencia del general don Francisco Sánchez Barrollo, para informar sobre el trabajo desarrollado como observador en la comisión internacional de

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investigación creada tras el accidente del Yakolev 42, en el que fallecen 62 militares españoles.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 19; en contra, 27; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Defensa, para que explique la situación e informes definitivos sobre el accidente del Yakolev 42-D en el que perecieron 62 soldados españoles.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 49; a favor, 19; en contra, 27; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la petición.


Comunico a las señoras y señores diputados miembros de esta Diputación Permanente que vamos a continuar con el debate sin suspender la sesión al mediodía, pero que no se celebrará ninguna votación hasta las cuatro de la tarde o momento posterior en el que el debate lo permita.


PETICIÓN FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONTROL PARLAMENTARIO DE RTVE (número de expediente 062/000057), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA URGENTE DEL DIRECTOR GENERAL DE RTVE, PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA DEPURAR RESPONSABILIDADES TRAS LA RECIENTE CONDENA DE RTVE POR LA AUDIENCIA NACIONAL, POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS QUE TIENE PREVISTO TOMAR PARA EVITAR QUE HECHOS DE ESTA NATURALEZA PUEDAN VOLVER A REPETIRSE. (Número de expediente 212/001612.)

PETICIÓN FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000057), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO O PIENSA ADOPTAR RESPECTO DE RTVE TRAS SU RECIENTE CONDENA POR LA AUDIENCIA NACIONAL, POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO LAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA EVITAR QUE ESTE TIPO DE SITUACIONES PUEDAN VOLVER A DARSE EN EL FUTURO Y PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 213/001362.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el tercer bloque de debate, relativo a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Radiotelevisión Española.
(Rumores.) Ruego a SS.SS. que, al objeto de que podamos continuar trabajando, guarden silencio.


Petición formulada por un número suficiente de diputados, miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del director general de Radiotelevisión, para que informe de las medidas adoptadas para depurar responsabilidades tras la reciente condena de Radiotelevisión Española por la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales y de las que tiene previsto tomar para evitar que hechos de esta naturaleza puedan volver a repetirse. También la petición formulada por un número suficiente de diputados, miembros todos ellos de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día: Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia...
(Rumores.)

Señorías, ruego por favor que o bien guarden silencio o bajen el tono de las conversaciones. (Pausa.)

Decía: Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia para que informe de las medidas que ha tomado o piensa adoptar respecto a Radiotelevisión Española tras su reciente condena por la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales, así como las que piensa adoptar para evitar que este tipo de situaciones puedan volver

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a darse en el futuro y para garantizar la imparcialidad de la televisión pública.


En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.


Hace unas semanas, el 29 de julio, en esta Diputación Permanente diversos grupos parlamentarios solicitamos la comparecencia del director General de Televisión Española para que explicase por qué Televisión Española ha sido condenada, por primera vez en la historia de nuestra democracia, por la Audiencia Nacional como vulneradora de derechos fundamentales (libertad sindical, derecho de huelga, libertad de comunicación y derecho a una información veraz) y por qué Radiotelevisión Española no ha informado de esa sentencia de la Audiencia Nacional, por qué no ha ejecutado esa sentencia de la Audiencia Nacional. La situación era muy grave desde el punto de vista de un elemento central de nuestro sistema político, como es la defensa de los derechos fundamentales y el papel esencial que en ello tienen los entes públicos, el Gobierno concretamente, y afectaba a un acontecimiento que fue seguido por millones de personas, como fue la huelga general del año pasado. Nosotros y otros grupos parlamentarios solicitamos en vano esa comparecencia del director General de Radiotelevisión Española porque el Grupo Popular votó en contra y, por tanto, no fue posible realizarla. En ese momento la situación era la siguiente: la existencia acreditada por un tribunal de manipulación de Radiotelevisión Española a la hora de informar sobre esa huelga, no informando de los aspectos de una encuesta del CIS que perjudicaban al Gobierno, como es, por ejemplo, la opinión favorable de los españoles en cuanto a la necesidad de esa huelga. Además de no ejecutarse la sentencia condenando a Radiotelevisión Española, nadie asumía responsabilidades. No se produjo el cese del señor Urdaci, director de informativos en aquel momento y que sigue siéndolo, ni tampoco asumió responsabilidades el director general de Radiotelevisión Española, que ni siquiera informó de la existencia de esa sentencia, y además el Partido Popular impidió, en ese tiempo y de la forma solicitada por varios grupos parlamentarios en la Diputación Permanente, que el Parlamento pudiese controlar al director general de Radiotelevisión Española y al Gobierno mismo. Desde entonces han transcurrido tres semanas y Radiotelevisión Española sigue sin ejecutar esa sentencia; Radiotelevisión Española sigue sin informar de la existencia de esa sentencia. Es decir, los españoles, los espectadores de Televisión Española siguen sin saber de la existencia de esa importantísima sentencia, siguen sin saber qué contenía, porque Radiotelevisión Española no ha ejecutado esa sentencia. Tres semanas después siguen vulnerándose derechos tan fundamentales como la libertad sindical en relación con el derecho a la información veraz, el derecho a la comunicación, etcétera.
Por eso es por lo que el Grupo Socialista solicita hoy no sólo que comparezca el director general, sino que comparezca el señor Rajoy, vicepresidente del Gobierno, en la Comisión Constitucional porque es el Gobierno el que ha nombrado al director general de Radiotelevisión Española, es el Gobierno el que no se ha pronunciado para nada sobre la necesidad de la ejecución de esa sentencia. Se pronuncia constantemente sobre la necesidad de ejecución de otras sentencias que normalmente afectan al País Vasco, pero nunca se pronuncia sobre la ejecución de sentencias que no le convienen. En este caso no se ha pronunciado sobre la necesidad de ejecución de esta sentencia que afecta, repito, a derechos fundamentales importantísimos que han sido vulnerados y que se siguen vulnerando, porque se sigue produciendo una vulneración constante mientras que no se ejecute la sentencia. El Gobierno no ha interesado del ministerio fiscal, que por cierto no estuvo presente en ese procedimiento ante la Audiencia Nacional, que inste a la ejecución de esa sentencia, que defienda el interés público, que es a lo que le obligan la Constitución y el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. El Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad al respecto y el Gobierno no ha cesado al director general. Todo ello nos obliga a solicitar la comparecencia no sólo del director general de Radiotelevisión Española sino del Gobierno, del señor Rajoy como vicepresidente del Gobierno, que entendemos que es el nivel adecuado para que se nos explique el porqué de todas estas cosas.


Nosotros sabíamos que Radiotelevisión Española es uno de los grandes agujeros negros de esta democracia, la forma en la que funcionan servicios llamados técnica y jurídicamente públicos y que, sin embargo, funcionan como servicios auténticamente privados del Gobierno. Sabemos que en Televisión Española se ha instalado definitivamente una cultura de partido, no una cultura de servicio público. Según su estatuto, Radiotelevisión Española es un servicio público y sin embargo hay una cultura de partido, especialmente en los informativos. Es decir, es un instrumento más para ganar las elecciones (por cierto, mucha gente ha oído mencionar esta frase coloquial con desenvoltura al director general actual de Radiotelevisión Española: se trata de ganar las elecciones) y no hay un organismo de control. A lo largo de tantos años, con un Estatuto de Radiotelevisión Española absolutamente obsoleto, no hay un organismo de control que era hora de que hubiera, el equivalente a un consejo audiovisual de control de contenidos, de control del funcionamiento de los servicios públicos y también privados de lo audiovisual, como hay en la mayoría de los países europeos. Como digo, sabemos que Radiotelevisión Española es un agujero negro de la democracia española y que para nada sigue las directrices de nuestra Constitución, del Tribunal Constitucional, que considera que una opinión pública

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informada es una base esencial de la democracia. Televisión Española desde luego no sigue esas directrices y lo sabíamos. Después de la sentencia hemos sabido que Radiotelevisión Española es también una violadora de libertades y de derechos fundamentales. Según la Audiencia Nacional, Radiotelevisión Española vulneró derechos esenciales como la libertad sindical o el derecho a la información. Está establecido no en una opinión de un partido político, no en un debate parlamentario, no en una opinión de alguien de la oposición, sino en una sentencia judicial. La Audiencia Nacional acredita que eso ha sido así. Ahora ya sabemos que además Radiotelevisión Española -también el Gobierno en cuanto que permite que Televisión Española haga eso- es una vulneradora del Estado de derecho cuando no ejecuta una sentencia que tiene que ser ejecutada aunque sea recurrida. En la anterior reunión de la Diputación Permanente lo dejamos bastante claro. Al interviniente entonces, que parece que ahora no va a serlo, el señor Azpiroz -y hoy sí pronuncio correctamente su apellido-, se le dejó bastante claro -y desde luego no fue capaz de responder nada al respecto- que la lectura de artículos, de preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, de la Ley de procedimiento laboral o de la Ley de enjuiciamiento civil, deja meridianamente claro que las sentencias que afectan a derechos fundamentales deben ser ejecutadas; aunque sean recurridas tienen que ser ejecutadas. Esto quedó meridianamente claro en el debate que tuvimos hace tres semanas en la Diputación Permanente.
Esperábamos que leyeran el "Diario de Sesiones" el director general de Radiotelevisión Española y el Gobierno, pero parece que no se lo han leído y que no ha significado nada para ellos, para el Gobierno y para el director general de Radiotelevisión, que quedase claro en el debate que hay una serie de preceptos, empezando por la Constitución, que obligan a que sea ejecutada inmediatamente una sentencia de la Audiencia Nacional o de cualquier otro tribunal que afecte a derechos fundamentales. Por tanto, ya no es sólo un agujero negro de la democracia, ya no es sólo un atentado a las libertades, sino que además, al no ejecutar esa sentencia, Radiotelevisión Española y el Gobierno -que en la medida en que lo permite lo auspicia- son unos violadores del Estado de derecho. El Estado de derecho, esencial en nuestro sistema político y constitucional, no solamente debe ser respetado en el País Vasco -no sólo en el País Vasco, que también- sino en el conjunto del Estado español, y esto que ha sucedido es la constatación de que Radiotelevisión Española vulneró el Estado de derecho -lo dice la Audiencia Nacional- y de que sigue vulnerándolo porque no ejecuta la sentencia, no le da la realísima gana de ejecutar esa sentencia, con la complacencia de este Gobierno.


La situación de Radiotelevisión Española en estos momentos es la siguiente. Además del sectarismo y la manipulación constante, especialmente en sus informativos -el último ejemplo lo ha dado en el anterior debate el señor Alcaraz en relación con el accidente que produjo la muerte de 62 militares españoles-, tenemos una Radiotelevisión Española que está en una crisis económica que asciende a un billón de pesetas -con be de Barcelona- de deuda. Es decir, de 250.000 millones de pesetas de deuda con que Televisión Española acaba en el periodo socialista hemos pasado a un billón de pesetas de deuda, con la cúpula económica de Radiotelevisión Española dimitida, con la dimisión del secretario general de Radiotelevisión Española y del director gerente, provenientes de la SEPI, los cuales han dimitido por conflictos con la dirección política -vamos a llamarla así- de Radiotelevisión Española, con una condena...


La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego que concluya.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta.


Decía que con una condena de la Audiencia Nacional en una sentencia que debe ser ejecutada y con una insurrección de Radiotelevisión Española al Estado de derecho al no ejecutar esa sentencia. Ante eso, el director general de Radiotelevisión está fuera de control o Radiotelevisión Española está fuera de control y hace lo que le parece bien. Por tanto, es un ejemplo absoluto de incompetencia, de negligencia, que exigiría el cese del director general de Radiotelevisión, lo cual está en manos del Gobierno -por cierto, la incompetencia es una de las causas fundamentales del cese del director general de Radiotelevisión Española-, o bien ha recibido órdenes del Gobierno, porque Radiotelevisión Española no está en absoluto fuera de control. Nosotros creemos que efectivamente es así, que el director general ha recibido órdenes del Gobierno de que no acate, de que no ejecute la sentencia, porque no ejecutar es no acatar una sentencia de un tribunal. Por eso entendemos que como Radiotelevisión Española no está fuera del control del Gobierno, sino que está muy en el control del Gobierno, quien tiene que venir aquí a explicarlo es, además del director general de Radiotelevisión Española, el Gobierno, el responsable político de lo que está pasando.


La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego que concluya definitivamente.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Por eso la petición que sometemos a esta Diputación Permanente es que el señor Rajoy venga al Parlamento, que se convoque la Comisión Constitucional y que explique qué va a hacer el Gobierno en relación con esta sentencia, que al no cumplirse manifiesta la vulneración flagrante de Radiotelevisión Española de los derechos fundamentales; que explique por qué se ha producido esa vulneración, por qué no ha cesado al director general que se niega a ejecutar

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la sentencia, y qué medidas va a tomar para que esa sentencia se ejecute y para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido con la sentencia de Radiotelevisión Española y con la manipulación constante a que somete a los espectadores españoles el ente público.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Uno de los problemas más graves que tiene el régimen democrático imperante en el Estado español y que más condiciona la conformación de una opinión pública enterada y con el suficiente contraste es el funcionamiento de los medios públicos de comunicación, lo que equivale a decir que cuando los medios de titularidad pública palidecen respecto al pluralismo, no son suficientemente sensibles a lo que debe ser el acceso de todos los grupos políticos y sociales representativos a estos medios y, por tanto, no hay suficiente contraste de pareceres, no cabe esperar que los medios de titularidad privada tengan un comportamiento acorde con las exigencias de una sociedad plenamente democrática. Es curioso en este aspecto que, a pesar de la involución que se da en gran parte de la Unión Europea desde el punto de vista de las libertades democráticas, el caso del Estado español sigue siendo tremendamente agudo en lo que afecta al comportamiento de los medios de titularidad pública. Sólo hay que ver los casos de Portugal y de Francia, por hablar solamente de los dos Estados fronterizos que tenemos. Equivale esto a decir que en Televisión Española, igual que en la radio pública española, no se cumplen siquiera algunos de los elementos básicos del Estatuto de la Radio y la Televisión, empezando por el acceso de los grupos políticos y sociales significativos del Estado. Por ejemplo, es curioso que ver las crónicas parlamentarias españolas en Televisión Española o escuchar los informativos sobre debates parlamentarios de esta Cámara en los medios de titularidad pública equivale a decir que habrá siempre un sesgo discriminatorio a favor del Gobierno, una consideración de los partidos de ámbito estatal y una real y práctica eliminación de todos los partidos que tengan un carácter formalmente nacionalista o se muevan exclusivamente en una parte del territorio del Estado español aunque puedan tener más diputados que otros grupos de ámbito estatal. Esta forma de ver el mundo político es sin duda sui generis y hay detrás de la actual tendencia al absolutismo y a la inquisición dentro de estos medios, sin duda, la prepotencia derivada de considerar que el Estado español es una especie de coto de caza donde el discrepante debe ser inmediatamente eliminado. Por eso no nos llama la atención que en la culminación de la prepotencia, del despropósito y del desprecio, la televisión española llega incluso a ignorar una sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de julio, que venía a dar la razón a los que denunciaron su comportamiento en relación con la huelga general y la información que hubo en este medio de titularidad pública violando los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical, aunque fuese también por la vía de la libertad de expresión y el derecho a una información veraz.
Es cierto, por tanto, que en el Estado español se exigiría, en primer lugar, que los medios de titularidad pública tuvieran un estatuto de los informadores acorde con una independencia mínima por parte de los profesionales de la casa; en segundo lugar que el nombramiento de los cargos responsables de esta dirección se debería hacer por un método que garantizase que esos cargos se deben al pluralismo político de la Cámara de representación democrática del Estado español; y en tercer lugar que la estructura de la televisión y su forma de funcionamiento se adecuase al pluralismo nacional, social, político, lingüístico y cultural que hay en el Estado español.


Señora presidenta, acabo diciendo que realmente no se puede entender nada más que desde el punto de vista de la displicencia, del autoritarismo y de la prepotencia que un medio de titularidad pública llegue a desconocer de esta forma tan vasta una sentencia de carácter judicial que, en definitiva, no pasaría más que por una noticia de menos de medio minuto reconociendo que en un momento determinado unos tribunales no le han dado la razón. Pero es posible que sea ésta una de las vías que haya que seguir con más contumacia, no solamente en el caso de la titularidad de la televisión española sino en el caso de Galicia, donde ya estamos acostumbrados a un comportamiento que raya prácticamente en la agresión: desconocimiento de las grandes movilizaciones por el Prestige e Irak, chulería que en la televisión española es evidente a la hora de dar noticias políticas sobre Galicia, desconociendo incluso fechas simbólicas fundamentales como el Día de la Patria Galega -cosa inusitada en 15 años de democracia- al que por lo menos le dedicaban tres segundos, y todo esto en consonancia con una premeditada involución en el Estado español promovida por el Partido Popular, que se comporta de esta manera en todos los lugares donde tienen mayoría absoluta. Sería fundamental cambiar el marco jurídico y legal para que todas las televisiones y radios públicas no estuvieran al capricho de los gobiernos de turno y cuando menos tuvieran un comportamiento similar, aunque es mucho decir, al de la BBC en el sentido más amplio del término, o incluso desde el punto de vista del tratamiento de lo que es el debate parlamentario similar a la Radiotelevisión portuguesa, lo cual no es mucho decir tampoco.


Nada más. Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debo manifestar que agradezco especialmente al Grupo Socialista que haya traído a esta Diputación Permanente el tema de la ejecución o no de la sentencia referida a la objetividad en la información, porque aunque es evidente que no suscita adhesiones tremendas, dado el número de los presentes, nos permite debatir sobre ella. Y volviendo a citar, como he hecho en otras ocasiones, al que fue diputado de esta Cámara y mi querido amigo Pablo Castellano, por lo menos ahí queda el "Diario de Sesiones", que en estos casos solía comenzar diciendo "querido diario", teniendo en cuenta que era la única constancia o la única relevancia que iba a tener cuanto dijese. Efectivamente ahí queda escrito lo que sobre estas cuestiones aportemos las distintas formaciones políticas. De la misma manera manifiesto que también me produjo alegría conocer que Televisión Española había sido condenada por no informar con objetividad sobre la huelga general. Lo digo porque con cierta frecuencia me toca ser portavoz de mi grupo en la Comisión de Control de Radiotelevisión y el tema recurrente, el tema único en algunas ocasiones formulado de distintas maneras son las denuncias de manipulación informativa en Televisión Española que cada vez se encadenaban más en los órdenes del día de esa Comisión. Las respuestas, puesto que el sistema de funcionamiento de esta Comisión, si se me permite manifestarlo, es el de las preguntas ya sabidas por el señor director general y su derecho a intervenir el último en la Comisión, se reducen siempre a lo mismo respecto de esta diputada en concreto, a que le conteste ante lo que denuncia: Usted mucho más, en clarísima alusión, en primer lugar, a que la televisión vasca está dirigida por un representante de mi propia formación política y, en segundo lugar, a que a pesar de todo ustedes se quejan pero Televisión Española tiene una audiencia importante, sobre todo en los informativos. Las dos cuestiones pueden tener contestación fácil hoy que tengo ocasión de hacerlo, aunque sea sólo para el "Diario de Sesiones", y es que el Estatuto de ETB no es igual que el de Televisión Española y hay un elemento simbólico que será el único que citaré, puesto que no es el momento de comparar los modelos. Al director general de ETB se le elige por amplísima mayoría parlamentaria, es el Parlamento el que lo elige, y el señor director general cuando comparece aquí viene designado única y exclusivamente por el Gobierno, y eso hace que el grado -si se me permite decirlo- de sectarismo y de vasallaje respecto de a quién debe su nombramiento sea muy superior de quien lo es por mandato del órgano de la soberanía popular. En el segundo aspecto también cabe decir que Radiotelevisión Española ya no va a poder usar con igual amplitud este argumento, puesto que los datos de este verano nos permiten pensar que en cuanto a ser líder de audiencia está perdiendo pie. Los informativos de algunas cadenas privadas le están superando en cuanto al seguimiento que suscitan de los telespectadores, sobre todo a través de sucesos que, por cierto, han sido también los que han motivado diputaciones permanentes en este periodo supuestamente vacacional para los señores diputados, como son el asunto del Prestige, la guerra de Irak en sus distintas manifestaciones, incluso el tratamiento dado a la catástrofe en la que fallecieron 62 militares, que también ha sido tratado en un punto anterior de este orden del día. Por ello habrá que andar con cuidado respecto de estos dos argumentos tan traídos y llevados como contestación habitual cuando se le imputan denuncias de manipulación informativa.


Hay un tercer elemento que también me suscitó alegría en la medida en que me permitió reconciliarme -si se me permite decirlo- con el Poder Judicial. Entiéndanme. Creo en la división de poderes y ha sido siempre al Poder Judicial siempre al que he tenido mayor veneración y acatamiento a sus decisiones. Y no soy de las que sólo alaba las sentencias cuando le gustan y critica las que no le gustan. Hay magníficas sentencias en las que se ha podido quitar la razón a instituciones que yo defendía y han sido objeto de felicitación por nuestra parte. Simplemente lo decía desde la perspectiva, que últimamente parece extenderse, de que determinados órganos judiciales actúan en exceso al dictado de lo que se propone desde el Gobierno; incluso el ministro de Justicia con cierta frecuencia nos adelanta lo que van a decir los tribunales: Sin ninguna duda el Tribunal Constitucional anulará, el Tribunal Supremo va a decir... Para quienes creemos en la separación de poderes, para quienes respetamos a los jueces en lo individual como excelentes profesionales muchísimos de ellos, nos crea una cierta quiebra, se nos tambalean en alguna medida nuestros cimientos y nos agrada pensar que hay órganos con la suficiente independencia como para sentenciar lo que han creído, puesto que la sentencia, aun siendo muy corta, está muy bien fundada. Por eso nos inquieta que la experiencia de la Sala 61, tan obediente a lo que se le dice, que no está pensada en la Ley Orgánica del Poder Judicial para lo que luego se le ha introducido como objeto de su conocimiento, sea tan rápida en dictar autos en los que se habla de grupos parlamentarios, por ejemplo, cuando la ley que está aplicando únicamente habla de partidos políticos. Queremos pensar que no va a ser esto lo que ocurra cuando tanta fe tiene el grupo mayoritario y el propio Gobierno en los recursos ulteriores que se den respecto de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Queremos pensar que no se está pensando en que el órgano del Supremo al que corresponda será más proclive al planteamiento del Gobierno, sino que únicamente está

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en la mente del Gobierno -y así debe ser- y por supuesto en la mente de los magistrados que vayan a ver el recurso el aplicar la normativa, a la que luego me referiré, que es la adecuada para el caso de que se trata.


Finalmente, hay otra cuestión a la que también se ha referido el solicitante de la comparecencia que me suscitó algún regocijo interno.
Parece ser que el Gobierno, cuando se trata de sí mismo, no es tan fiel cumplidor o tan partidario de la ejecución pronta de las sentencias como exige a otros en determinadas ocasiones. La legislación procesal aplicable, cuando se trata de derechos fundamentales, es muy rigurosa en cuanto a la procedencia de las ejecuciones provisionales. Por supuesto que en este caso cabe recurso y el Gobierno lo va a utilizar, o el ente público que de él depende o tan vinculado al Poder Ejecutivo, pero también debe saberse -y creo que todos los que nos manejamos con los conocimientos de derecho lo sabemos- que un recurso cuyo resultado es cierto de antemano puede constituir una dilación indebida. Interponer un recurso solamente para alargar un pronunciamiento que no gusta o para no tener que ejecutarlo, que es lo que hasta ahora ha hecho tanto el Gobierno como Televisión Española, en algunos casos, cuando no hay dubio, cuando no hay duda, probablemente si el Supremo aplica la normativa con la claridad meridiana que se desprende de los pronunciamientos de la sentencia la conclusión va a ser la misma, Simplemente se habrá producido una postergación en el resultado que el Gobierno entiende dañoso y que en este momento no le interesa en absoluto ejecutar. Repito que hay jurisprudencia constitucional sobre que la utilización de los recursos, cuando es claro cuál va a ser el resultado, cuando no hay duda sobre el resultado del pleito, puede ser catalogada como dilación indebida. En esas circunstancias nos parece que estamos en este momento.


La sentencia, que es escueta como suelen serlo, por cierto, las que proceden de las salas de lo social en lugar de las de lo contencioso-administrativo, tiene sin embargo una relevancia jurídica y social importantísima en la medida en que hace una interpretación magnífica del alcance que tiene el artículo 20.1.d) de la Constitución, núcleo duro como me suele gustar citar cuando estamos hablando de derechos fundamentales y de libertades públicas, y del artículo 4.ª) de la Ley 4/1980, que el portavoz del Grupo Socialista ha calificado de obsoleto estatuto pero que también principios, que mientras estén vigentes -supongo que el Gobierno y Televisión Española lo saben- son de inexpugnable aplicación para quien está obligado a ello. Creemos, además, que un factor importante de la sentencia es que no se centra en lo que es opinión, que también opinión hay que dar, sino en el derecho a la información. Y en el derecho a la información, dice la sentencia, existe una mayor sujeción en el límite constitucional de la veracidad. Se trata, por tanto, de la manera más objetiva posible de contar a los ciudadanos lo que realmente ha pasado. Es por ello por lo que en los hechos que se enjuician resulta totalmente inexplicable por qué, conociendo los datos completos de la encuesta del CIS, Televisión Española consideró conveniente sólo dar información sobre que el 54 por ciento de la población no pensaba ir a la huelga y el 43 por ciento sólo, es decir menos que el 54, sí iba a secundarla. Sin embargo, ocultó otros datos cuyo conocimiento es importantísimo para la ciudadanía para poderse posicionar respecto de cuál era el caldo de cultivo social en relación con la huelga concreta, ya que el 50 por ciento de los encuestados se había manifestado de acuerdo o muy de acuerdo con la convocatoria de la huelga general, que la mayoría consideraba que los sindicatos habían hecho más esfuerzo que el Gobierno para evitarla, que un 54 por ciento creía que había muchos o bastantes motivos para convocarla y el 64,3 de los ciudadanos habían manifestado que no tenían ningún temor ante esta huelga o muy poco temor un 22 por ciento. Todo esto, que es pro actividad de los sindicatos y que podía considerarse como un ejercicio normal o normalizado de un derecho constitucionalmente reconocido, es ocultado en la información de Televisión Española y solamente se centra en los tantos por cientos de la población que han manifestado su interés en acudir o no a la huelga. Todo esto supone falsear lo que objetivamente es, puesto que es el contenido total de la encuesta del CIS; por cierto, encuesta oficial, si llega a ser de algún organismo privado ni les digo lo que se hubiese manifestado en Radiotelevisión. Es evidente que resulta contrario a la realidad de lo ocurrido, por tanto, viola el derecho a una información objetiva, insisto, no ya dentro del derecho a lo que es opinable, porque ahí sería muy distinta y más limitada la sujeción a los principios constitucionales. Con todo, la petición de comparecencia que se hace puede resultar atinada de cara a un planteamiento que no sea ya sólo crítico o negativo, como el que se puede decir que hasta ahora he efectuado, sino que incluso puede resultar constructivo. Si uno lee el excelente artículo que publicaba en días pasado el catedrático de derecho constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo, se verá que decía que lo que evidenciaba esta sentencia y lo que estaba claro era que existía un déficit en el sistema democrático español en la calidad de la información que se emite en los medios audiovisuales y en la ausencia de formas de control independientes sobre su actividad, como existe, por cierto, en otros países de la Unión Europea, porque el sistema actual no permite este control. Ello es evidente -lo he manifestado, he pertenecido a la Comisión de Control de Radiotelevisión- y realmente es un juego de frontón que puede resultar entretenido y gratificante para quien viene a comparecer con todo sabido, pero que aclara muy poco sobre lo que deseamos que nos sea manifestado o en algunos casos incluso reconocido por quienes solicitamos o hacemos este control al Gobierno.


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Además hay otra cuestión que me parece interesante señalar por la importancia de la sentencia que ahora se dicta: quién es el director del Ente Público Radiotelevisión Española y por qué él mismo y el Gobierno del que depende, quizá el más adecuado sea el vicepresidente primero, debieran comparecer. También en estos días se ha producido en un medio de comunicación -lo citaré-, El País una entrevista a este director del ente público por mi admirada periodista Karmentxu Marín. En ella, para mi sorpresa, porque es una entrevista que suele celebrarse en tono irónico y que pretende ser amable con el entrevistado, a la pregunta que le hacía Karmentxu Marín al director general del ente, sobre por qué se solía confesar franquista o por qué no se quería confesar nunca antifranquista, él contestaba que no le gustaba ser antinada. Eso como afirmación es una simpleza. Quien se cree partidario del Estado de derecho, quien se cree partidario de la democracia anti-algunas cosas sí que tiene que ser: antidictadura, por ejemplo. Quizá ahí está la raíz de todo. Si al señor director general le gusta el sistema previgente en el que no existía ni libertad de partidos, ni sufragio universal, ni derechos sindicales, ni derecho a la huelga, ni ningún reconocimiento de las libertades básicas, ni -insisto- un Estado de derecho, quizá ahí esté la raíz de todo.


La señora PRESIDENTA: Señora Uría, le ruego que concluya, por favor.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Acabo, señora presidenta.


Él debiera contárnoslo, pero también el vicepresidente primero para manifestarnos en qué medida las condiciones técnicas, que no niego que adornen en gran medida al señor director general, han pesado más que los valores democráticos a la hora de que el Gobierno decidiese su nombramiento y haya decidido, sobre todo después de estos sucesos, mantenerle en el cargo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, es la segunda vez que vemos en la Diputación Permanente las consecuencias que se deben derivar de esta sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Es una sentencia histórica, es una sentencia que marca un antes y un después en algo muy intensamente democrático, como es la aplicación real del artículo 20 de la Constitución. De partida hay un escándalo que yo no termino de asumir ni de creer. Incluso espero que el señor portavoz del Grupo Popular me desmienta de inmediato, si es que no he seguido bien el desarrollo de los distintos telediarios o alguien no me ha respondido con total conocimiento de lo que yo preguntaba, que Televisión Española no ha divulgado la noticia -ya no digo la sentencia, sino la noticia-, aunque sea en 30 segundos, de que se ha producido la sentencia. Si esto es así, nos encontramos no sólo ante un auténtico escándalo, sino ante un pulso que el señor Urdaci nos está echando a muchos ciudadanos y ciudadanas y en cierto grado también a este Parlamento. No sólo es histórica la sentencia, sino que son históricas las reacciones que se están produciendo en torno a ella, porque es histórica e inesperada. Es muy difícil poder demostrar y objetivar la manipulación que hace este medio público. Yo lo sé porque llevo muchos años en la Comisión de Control, no en esta última legislatura, pero sí antes, tanto aquí como en el Parlamento andaluz. Es muy difícil objetivar la manipulación con respecto al derecho de acceso, con respecto a la pluralidad o con respecto a la no gubernamentalización de los contenidos; es difícil objetivar eso, lo hemos perseguido muchas veces. Hay mil trucos para oponer una palabra a la otra. En estas comisiones de control, en las que realmente el director general controla a los diputados, es muy difícil poder demostrar nada de esto. Por eso digo que es histórica esta sentencia, que sí demuestra esta manipulación. Es histórica e inesperada porque cuando la diputada del Grupo de Izquierda Unida señora Urán pregunta al director general en la Comisión en qué condiciones tendría que dimitir el señor Urdaci, jefe de los Informativos -el señor Urdaci no preveía que se produjera esta sentencia-, el señor director dijo: En el caso de que judicialmente se demostrara que hay una manipulación televisiva, tal como consta en el querido "Diario de Sesiones" correspondiente a la última sesión de la Diputación Permanente. Este es el problema de fondo. El que se haya producido una sentencia, aunque ahora nos va a decir que no es firme, que es provisional, rompe toda la técnica, toda la estilística, toda la barahúnda de ética civil con la que nos castigó el Grupo Popular, fundamentalmente en la última etapa de oposición hasta 1996, cuando se nos decía que ni siquiera por sentencias, que simplemente por demostración política tendría que dimitir la persona afectada. En el caso de una sentencia ya ni llegaba el señor Aznar; en el caso de una sentencia habría que desterrarlo o meterlo en un monasterio, se supone.
Pues bien, aquí estamos ante una sentencia de la Audiencia Nacional que demuestra la manipulación y nadie dimite. El señor Urdaci no sabe y sí contesta; contesta por omisión, echándonos un pulso, no va a dimitir; la santa desvergüenza democrática llega a esos niveles.


Se ha demostrado la manipulación en función de un anclaje de enorme importancia, que es el ejercicio del derecho a comunicar libremente información veraz, según el artículo 20.1.d) de la Constitución, y aquí supuestamente no pasa nada. No pasa nada porque se controlan los silencios, se controlan los contenidos, se está convirtiendo España en una telecracia cada vez

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más, y ustedes saben los efectos que tiene la manipulación que ustedes están realizando. Nosotros lo venimos comprobando constantemente. Lo hemos dicho: los totalitos del señor presidente. Cuando nosotros hacemos una pregunta en el Pleno al señor presidente sobre cualquier cosa, el señor presidente hace un totalito de 20 segundos en los que dice que somos cómplices con la violencia, cómplices con el señor Sadam Husein y que estuvimos en Estella. Nosotros sabemos de inmediato que es el totalito que va a salir a las nueve de la noche en Televisión.
Efectivamente, es el totalito que sale, aunque le hayamos preguntado al presidente por la almeja pirula. Ese es el totalito que sale. La manipulación es constante. En horas de prime time en las que pueden ver el informativo cuatro millones de españoles y españolas, ¿cómo se puede contradecir, cómo se puede batallar contra eso? A partir de ahora en función de la sentencia que se ha producido, ¿vamos a unas elecciones democráticas? No; rotundamente, no. No sólo por esto, sino porque en función de la sentencia, acaba de terminar el modelo actual de control democrático de Radiotelevisión Española, de los medios públicos. Se ha agotado totalmente y se ha demostrado a través de esta sentencia histórica.


Por ejemplo, a finales del año 2000 el Grupo Popular decía que estaba dispuesto a aceptar un modelo de Radiotelevisión Española con derecho de acceso, pluralista, desgubernamentalizado, con un sistema de financiación estable, etcétera, y a constituir el consejo o la comisión de lo audiovisual o de la comunicación o como quisiera llamársele para homologarnos a la inmensa mayoría de los países del ámbito europeo e incluso de algunas comunidades autónomas de este país. Vimos que era una mentira política, que se estaba agotando la legislatura, y a partir de la constitución de la próxima, ya con mayoría absoluta del Partido Popular, se acabó esa pretensión. Incluso el modelo que nos ofrecieron de consejo de la comunicación era un modelo de gente nombrada por el Gobierno sin ninguna independencia y sin ninguna competencia ni capacidad con respecto al control democrático de la comunicación en este país. En España no hay autoridad democrática comunicativa. No se ha constituido el consejo de lo audiovisual; no se ha aprobado -nosotros lo hemos presentado varias veces- el estatuto de los consejos de redacción; no se ha desarrollado el derecho de acceso contenido en el artículo 20 de la Constitución; no se ha constituido la figura del defensor del televidente; no se han cambiado los términos en que funciona totalmente limitada la Comisión de Control de Radiotelevisión Española y nunca se ha aprobado -y lo hemos presentados varias veces- la elección parlamentaria de su director general incluso por un tiempo superior al de la legislatura para preservar su neutralidad, su independencia, su seguridad laboral, etcétera. No hay modelo comunicativo en este país, excepto un modelo predemocrático, antidemocrático si se quiere, y que está funcionando sin ningún coste electoral -piensan ellos- para el Partido Popular, por eso siguen tan tranquilamente en esta situación predemocrática intentando constituir una especie de telecracia, porque también están sometiendo a esta situación a los muchos medios de comunicación privados. Por lo tanto, nosotros hemos pedido la dimisión del señor Urdaci porque don José Antonio Sánchez nos lo prometió. Nos dijo que en el caso de que hubiera una sentencia que demostrara manipulación este señor tendría que dimitir; pues ya se ha producido. Ahora no sólo no se confirma la situación sino que ni siquiera se publica la noticia de que esta sentencia histórica se acaba de producir en este país.


Señorías, esa es la situación. Estamos ante una televisión, como siempre hemos dicho, gubernamental, pero ya no sólo esto. Ha habido tiempo suficiente durante el mandato del señor Aznar, cuya duración ha sido de ocho años -esperemos que cumpla su promesa-, y no se ha confirmado un modelo democrático de comunicación en España. Hay un grandísimo desfase entre España y Europa, incluso con respecto a Portugal. Es un grandísimo desfase que nos hace tener un modelo paralelo muy parecido al de Berlusconi, aunque yo dudo que las televisiones de Berlusconi no dieran la noticia de la sentencia. Aquí desde la santa desvergüenza se pasan por la entrepierna la presión de este Parlamento, porque éste no tienen sitio en Radiotelevisión Española. Por lo tanto, a partir de primeros de septiembre las fuerzas democráticas tendremos que sentarnos a discutir un modelo televisivo democrático con los trabajadores, con los comités de empresas y con asociaciones culturales de todo tipo, porque esta es una batalla cultural de primera magnitud, tanto que si no logramos un modelo televisivo democrático realmente no habrá democracia en este país.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, como ya han comentado anteriormente otros portavoces el 29 de julio, es decir, hace sólo unos pocos días, se reunía esta Diputación Permanente a los efectos de debatir una iniciativa, entonces de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, solicitando la urgente reunión de la Comisión de Control de RTVE y la comparecencia en la misma del director general del ente público. Aquella iniciativa fue derrotada por 29 votos frente a 16, señor Alcaraz. (El señor Alcaraz Masats: Y tuvo mucho eco en televisión.) Esa es la presión del Parlamento, esa es la posición del Parlamento, le guste a usted o no. Eso es la democracia en este país que parece ser que usted cuestiona en sus

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intervenciones. Esa es la representación de la soberanía según nuestro propio ordenamiento.


Yo esperaba que hoy, tras la presentación por parte del Grupo Socialista de una nueva iniciativa sobre el mismo tema, tuviéramos la oportunidad de escuchar nuevas argumentaciones, nuevas posiciones y nuevas ideas que reforzaran la posición de la que en su día participaron Izquierda Unida y el Grupo Mixto o que hoy presenta el propio Grupo Socialista. No he visto ningún argumento nuevo, no he visto ninguna idea nueva, y eso me lleva a anunciarles que la posición de mi grupo va a ser la misma que hace unos pocos días. Es cierto que existe una sentencia de la Audiencia Nacional que declara que RTVE ha incurrido en violación de derechos de huelga y libertad sindical, no más; no alargue usted esas infracciones a asuntos como la veracidad, que es lo que refleja el artículo 20.1 de nuestra Constitución, o a otra serie de elementos que expresamente han sido rechazados porque no han sido tenidos en cuenta en la sentencia, a pesar de ser argumentos defendidos por Comisiones Obreras. Dice que se ha producido esa violación por no haber reproducido 15 días antes de la celebración y desarrollo de la huelga general una encuesta o parte de una encuesta del CIS sobre la posición de los ciudadanos ante la huelga. En concreto son tres los resultados que a la sentencia le parecen relevantes que tendrían que haberse producido. Uno de ellos era que el 50 por ciento de los encuestados estaba de acuerdo con la huelga; otro era que el 54 por ciento de los encuestados creía que había motivos para la huelga, y otro que el 64 por ciento de los encuestados no tenía temor a la huelga.
Perdónenme que tenga serias dudas sobre si afecta a derechos fundamentales como el derecho de huelga un acontecimiento o un hecho que se produce 15 días antes. Yo no voy a ser el que descalifique la sentencia ni el que descalifique a los tribunales; generalmente son otros grupos y otros partidos políticos los que, cuando hay sentencias con las que no están de acuerdo, se deciden a atacar a los miembros de los tribunales o a descalificar a los propios jueces o fiscales en este país.
Lo que es cierto es que no superó un 30 por ciento de los ciudadanos el que al final estuvo por la huelga. De todo ello el tribunal deduce una presunta violación de derechos de huelga y sindicación, pero quiero advertir que se desestima el resto de los argumentos del sindicato Comisiones Obreras. Por tanto, permítanme que insista en que el hecho de que 15 días antes no se dé completa una encuesta del CIS sea un poco pintoresco ni haya afectado de forma contundente a los derechos de huelga o sindicación, lo diga o no la Audiencia Nacional. Yo le respeto y respeto las argumentaciones, pero permítanme que tenga serias dudas sobre las conclusiones a las que llega la sentencia.


En otro de los apartados los distintos grupos muestran su oposición al igual que lo hicieron en su momento, y me refiero a la necesidad de ejecutar inmediatamente la sentencia. Señor López Garrido, yo sí he leído su intervención, no sé si lo han hecho los responsables del Ente Público de Radiotelevisión Española. Yo he leído su intervención del otro día y en la primera de las intervenciones nos dijo que las sentencias que declaran derechos fundamentales son inmediatamente ejecutivas según una sentencia del Tribunal Constitucional; en la segunda intervención ya reconocía la posibilidad de excepciones. La inmediatez en la ejecutividad de una sentencia está prevista por el legislador y el Tribunal Constitucional, para aquellos casos en los que de la no ejecución de una sentencia se puede deducir vulneración o continuación en la vulneración de los derechos del demandante, precisamente para evitar que a través de la presentación de recursos se produzca un abuso del derecho. Eso es lo que prevé el legislador, eso es lo que prevé el Tribunal Constitucional y lo que no se puede hacer es mezclar procedimiento civil con procedimiento laboral para arrimar el ascua a la sardina de uno según nos interese, señor López Garrido. Me extraña que haga una interpretación de ese tipo cuando es usted un ilustre jurista de reconocido prestigio, que no tendría que recibir este tipo de comentarios de un humilde diputado y licenciado en derecho como el que le habla. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

La lesión fue puntual, determinada a un hecho concreto y la propia evolución de los hechos lo demuestra. Comisiones Obreras no presentó la denuncia en el momento en que Radiotelevisión Española no dio la encuesta del CIS completa, sino nueve meses después de la propia huelga general.
Por tanto, no creo que haya habido un derecho fundamental que se haya violado o que se esté violando de forma continuada. La propia sentencia y el propio magistrado de la Audiencia Nacional así lo reconocen, y en la misma se señala que no cabe hablar de cese del comportamiento lesivo por agotado en el pasado. En consecuencia, no existe una razón que implique que la ejecución tenga que ser inmediata. Hay que respetar los derechos de los demandados, y en este caso el derecho del demandado es el derecho a la presentación del recurso de casación, hecho anunciado, que eso sí que es una novedad, por el ente Radiotelevisión en los días precedentes.


Yo creo, señor López Garrido y señora Uría, que efectivamente hay que respetar el Estado de derecho, pero eso se hace respetando los derechos de todos los ciudadanos, y los derechos procesales de todos los ciudadanos. Si ustedes creen que la ejecución de la sentencia debe ser inmediata pueden recurrir a los tribunales y solicitarla. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es una cuestión que ustedes tendrían que explicarnos, pero venir aquí a hacer las manifestaciones que realizan y dar por sentado hechos que no se sostienen en nuestro Estado de derecho, acusando a la gente de violar el Estado de derecho, de vulnerar con alardes verbales, me parece que no es lo más apropiado, no parece lo

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más procedente en este caso. Es posible que se pudiera vulnerar un derecho, y es el derecho al recurso de Radiotelevisión Española y a su propia imagen, si producto del recurso de casación el Tribunal Supremo pudiera determinar una revocación de la sentencia. En este caso sí se podría causar un perjuicio. Por tanto, a mí me parece que la postura más prudente es la de esperar para consumir el conjunto de derechos procesales que tiene en este caso el ente Radiotelevisión pública.


Yo entiendo que hay personas que a veces intentan retorcer el derecho para llevar el agua a la rueda de su molino, pero ese es un mal procedimiento.
Ustedes tienen todo el derecho y legitimidad democrática para manifestarse aquí sobre que hay personas o entes que tienen que ejecutar inmediatamente las sentencias y que hay otros que no; es su derecho político manifestarlo, pero permítanme que yo dude de la honestidad intelectual y jurídica de esas peticiones. Ustedes vienen siempre acusando de manipulación a la televisión pública; sin embargo, mantienen que es la primera vez que se produce una condena de este tipo. Si la manipulación es continua, constante, atroz, como manifiesta el señor Alcaraz, cómo es posible que en tantos años de esta acaparación por el Partido Popular de los medios de comunicación, manipulación y demás sea la primera vez que haya una sentencia de este tipo. Yo creo que ustedes deberían ser un poco más prudentes al hablar de manipulación, incluso también usted, señor Alcaraz, porque, como recordaba la señora Uría, hay determinadas partes del territorio donde ciertas televisiones no están condicionadas, según dice ella, al vasallaje de un ejecutivo, sino al de un Parlamento, en el que ustedes tienen una mayoría importante, como es el Parlamento del País Vasco. La ETB ha sido condenada por vulnerar los derechos políticos de grupos parlamentarios y de partidos políticos, y ha tenido sentencias condenatorias en numerosas ocasiones de la Junta Electoral Autonómica y Junta Electoral Central en el ámbito de procesos electorales por manipular. Por manipular en la ETB se manipula hasta el mapa del tiempo, donde todos los días los ciudadanos tienen que ver cómo, con una presunta entidad jurídico-político que sólo existe en la mente de algunas personas, se dibuja un presunto mapa nacionalista, con el País Vasco, Navarra, territorios españoles y tres provincias del territorio francés. Así que, por favor, no es que ustedes más, señora Uría, es que ustedes no paran.


Quiero terminar mi intervención diciéndoles que, como he manifestado antes, no veo razones para convocar urgentemente al vicepresidente del Gobierno para responder por el hecho de que no se dé ejecución a una sentencia que está pendiente de un recurso, que, por tanto, no es firme.
Ya sé que a ustedes la oportunidad política les obliga a hacer lo contrario, pero no nos quieran llevar a la misma posición y a la misma situación que ustedes tienen que mantener con argumentos algunas veces peregrinos y de escaso rigor jurídico. Vuelvo a reiterar que, al igual que mi compañero Azpiroz hizo en la anterior reunión de la Diputación Permanente, vamos a mantener una posición similar; después de la brillante intervención en su día de mi antecesor en el desarrollo de estas funciones he de volver a manifestarles que no vamos a aceptar la petición que nos ha formulado en este caso el Grupo Socialista.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Hernando.


Señor López Garrido, en turno de réplica.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.


Señor Hernando, en esta intervención suya esperaba grandes cosas y desde luego grandes nuevas argumentaciones de su parte, ya que ha habido un cambio en la portavocía de su grupo. El señor Azpiroz no ha intervenido hoy y he pensado: Aquí viene don Rafael Hernando a decir todo lo que no dijo el señor Azpiroz y a establecer aquí la gran doctrina, la gran argumentación por la cual el Grupo Popular, una vez más, se niega a que el Parlamento pueda controlar a Radiotelevisión Española y pueda controlar al Gobierno en temas importantísimos que afectan directamente a derechos fundamentales.


Lo que pasa es que en estas tres semanas transcurridas desde la anterior reunión de la Diputación Permanente se han seguido vulnerando los derechos fundamentales que ha declarado vulnerados la Audiencia Nacional, y cada minuto que pasa y cada día que pasa se siguen vulnerando esos derechos fundamentales, porque los espectadores de Televisión Española siguen sin saber que hay una sentencia que ha condenado a Televisión; no se les ha dicho ni siquiera eso, y siguen sin conocer el contenido de esa sentencia. Radiotelevisión Española, es decir, el Gobierno, en un ejercicio que bien podría llamársele de prevaricación política, porque es a conciencia, sabiendo de la injusticia de esa omisión, se permite esa especie de chulería política de decir: Yo no ejecuto esta sentencia porque no quiero. O sea, el Gobierno, el Poder Ejecutivo, que es -su nombre lo dice así- el que tiene que ejecutar en primer lugar las sentencias de los tribunales, se convierte en poder obstaculizador de las sentencias judiciales y decide que no se ejecute porque no quiere ejecutar esa sentencia. No quiere ni que se informe de la misma ni que se ejecute esa sentencia. No quiere ni que se informe de esa sentencia ni que se ejecute. Eso es muy grave, porque el Gobierno podía imaginar que todo eso iba a tener consecuencias, que iba a haber una crítica muy fuerte de los sindicatos, que iba a haber una crítica fuerte de la oposición y que iba a haber peticiones de comparecencia. ¿Por qué el Gobierno, ante esa perspectiva de control político, de que más o menos en otros medios que no sean Radiotelevisión, evidentemente,

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se conociera la existencia de ese ejercicio de prevaricación por parte de Radiotelevisión Española y del Gobierno, a pesar de todo, no hace que se ejecute la sentencia? Es una pregunta que nos planteamos. ¿Es que para el Gobierno esto tiene un coste cero? ¿Es tan grave que Televisión Española diga un día que la Audiencia Nacional ha condenado a Televisión Española en relación con esto? ¿Es tan grave? ¿Se caen los pilares del Estado si se dice eso? ¿Es algo tan extraordinariamente grave que la gente conozca que esta sentencia que tengo aquí existe? Es que esto existe; aunque luego otra sentencia lo revoque o no, esto existe. Es como aquella conocida fotografía en la que aparece Lenin y en la que parece que se suprimió a algún personaje no querido, creo que era Trosky. Por suprimir de la fotografía, en este caso de la imagen, una realidad no se consigue nada, pues esa realidad sigue existiendo, esa sentencia existe. Y el colmo del autoritarismo es negar la realidad, no la opinión, porque ya sabemos que este no es un tema de opinión y ya sabemos que Televisión Española editorializa y opina constantemente; repito, no es un tema de opinión sino de hechos, de una sentencia que es un hecho. Existe una sentencia que ha dicho eso y es de una importancia extraordinaria desde el punto de vista informativo. Cualquier periodista entenderá perfectamente que esto es de una gran importancia informativa, porque es la primera vez que ocurre. Pues bien, Televisión Española decide que no y además decide que no ejecuta la sentencia.


Usted se refiere a la sentencia judicial llamándola pintoresca. Eso es lo que usted ha llamado a esa sentencia: pintoresca. El hecho de que no se haya emitido por Televisión Española una encuesta muy importante del CIS sobre un hecho muy relevante como es una huelga, a usted le parece pintoresco; la sentencia le parece pintoresca. Usted ha hecho hoy en su intervención una descalificación absoluta de esa sentencia, entrando en un jardín jurídico en el que esperaba que no entrase otra vez. Dice usted que es licenciado en derecho. Yo estoy convencido de que si a usted le pusieran esto en un examen de la facultad, diría lo que decimos nosotros, porque no le considero tan ignorante desde el punto de vista jurídico; usted diría lo que decimos nosotros. Es que el artículo 301 de la Ley de Procedimiento Laboral dice que las sentencias que recaigan en procesos de tutela de libertad sindical y demás derechos fundamentales son ejecutivas desde que se dicten, a pesar de que se recurra. Eso lo dice el artículo 301 de la Ley de Procedimiento Laboral. No hace falta ser abogado ni licenciado en derecho, es que está clarísimo, es que lo dice.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Garrido, le ruego que vaya concluyendo.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señora presidenta.


El artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice lo mismo, y no mezclo lo laboral con lo civil; es que usted debería saber, si es licenciado en derecho, que la Ley de Enjuiciamiento Civil es siempre una ley subsidiaria de interpretación cuando no hay otras interpretaciones posibles. Por tanto, es una ley absolutamente procedente en este caso. El artículo 524 dice que las sentencias tienen que ejecutarse provisionalmente y cuando tutelan derechos fundamentales tienen que ejecutarse. Es así de claro. Y el Gobierno no quiere que se ejecute esta sentencia. Es así de claro. No entre usted en jardines jurídicos porque no hay ninguna defensa, es de las cosas más claras que desde el punto de vista jurídico se han podido discutir en este Parlamento, que debe preocuparse de que se cumplan las leyes, porque este es el palacio de la ley y tiene que preocuparse por que se cumplan las leyes.


Usted dice -y termino, señora presidenta- que en esta sentencia no se habla del derecho a la información, del derecho de libertad sindical o de huelga, como si fuera poco importante. Léase el fundamento jurídico quinto de la sentencia, que habla directamente de que Televisión Española ha lesionado el derecho de huelga y de libertad sindical en su vertiente del derecho a la información veraz, neutral, objetiva, con publicidad y difusión de los objetivos de la misma. Se refiere a la huelga. Eso es lo que dice el fundamento jurídico quinto de la sentencia: lesión del derecho de huelga y libertad sindical en su vertiente del derecho a la información veraz, neutral y objetiva, que son elementos fundamentales que aparecen en el artículo cuarto del Estatuto de Radiotelevisión. Por eso, cuando nosotros hablamos del Estado de derecho, no son alardes verbales. Alardes verbales sobre el Estado de derecho o sobre cualquier cosa los hace, por ejemplo, su ministro de Justicia todos los días. No tienen en la boca más vocablos que ese, el Estado de derecho, como siete o catorce veces aproximadamente cada día, el ministro del Interior y el ministro de Justicia. Cualquier cosa que suceda en el País Vasco, el Estado de derecho. Pues esto es algo meridianamente claro: Televisión Española se ha cargado el Estado de derecho, y el Gobierno, cuando permite que no se ejecute la sentencia y no cesa al director general de Radiotelevisión Española, que se declara no beligerante frente a la dictadura y al franquismo, cuando hace eso, este Gobierno se carga el Estado de derecho, lo quieran ustedes o no lo quieran. Y lo que es realmente impresionante es que ante eso y ante la carga importante que este Gobierno pone sobre el Estado de derecho, a pesar de eso, este Gobierno no quiere que se diga en televisión que existe una sentencia que condena a Televisión Española. Es realmente sorprendente.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Garrido, lleva consumido prácticamente el doble de su tiempo.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta.


Solamente por saber eso ya merecería la pena que el Grupo Popular aceptase nuestra solicitud, porque yo no le pedí a usted que entrase a discutir lo que tiene que decirnos aquí el Gobierno, sino que permita que el Gobierno explique aquí lo que ha pasado. Simplemente eso, nada más, aparte de todos los argumentos de fondo, y eso desde luego el Grupo Popular venía dispuesto a no explicarlo, por razón de que no solamente el Gobierno manda sobre Radiotelevisión Española, sino que manda directamente sobre el Grupo Popular.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.


¿Señor Rodríguez? (Pausa.)

Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Hernando, tiene que ser usted uno de los que colabora en esos prontuarios argumentales que se difunden entre los cargos del Partido Popular, porque algunos de los tópicos que ha utilizado o de las frases cortas y sin mayor reflexión que ha esgrimido en este debate me hacen pensar que es usted capaz de otras muchas argumentaciones. Hemos hablado muchas veces en los pasillos y creo que en un debate debiera profundizar un poco más sin imputarnos en la manipulación intelectual y jurídica a quienes hemos intentado, dentro de los límites de los tiempos que permite un debate parlamentario, hacer alguna argumentación jurídica.


Ha dicho usted que no había nuevas ideas entre la petición de hace unos días y la que hoy se formula. No hay nuevas ideas, hay tiempo. Hay una resolución judicial que hace más tiempo que no se ha ejecutado. Otra cuestión respecto a la que también se ha extendido bastante es la de la violación del derecho a la huelga, que no el de opinión; violación del derecho a la huelga por no haber dado información suficiente, y la información -lo he expuesto y usted también ha citado los datos- es que de los completos datos de una encuesta del CIS, se citaban dos de los parámetros que podían ser beneficiosos y se ocultaba el resto. Es no decir la verdad cuando solamente se manejan dos datos.


Habla usted de llevar el agua a su molino y de manipulaciones intelectuales y jurídicas. Señor Hernando, de ejecución de resoluciones judiciales y de tutela cautelar creo que en esta Cámara hemos hablado en muchas de las reformas normativas que se han hecho y en las que he tenido el placer, por cierto, de ser ponente. La ejecución provisional se vincula al mantenimiento de los intereses llevados al pleito. Los intereses llevados al pleito en este caso -dicho sea con la sencillez que permite este momento parlamentario- son, de una parte, el derecho fundamental que el sindicato recurrente considera violado y, de otra parte, el buen nombre del ente. Entre las dos cosas, el buen nombre del ente, el buen nombre de Televisión Española y un derecho fundamental, creo que es posible argumentar de manera digna que padece más el derecho fundamental y que, por tanto, merece, con el carácter de provisional, dar esa información, que luego siempre se podrá desdecir si el recurso es ganado. Que nosotros podamos plantear el recurso sabe usted que es imposible. La legitimación en los procedimientos judiciales la tiene quien la tiene, y no hemos sido parte en el procedimiento inicial ni tendríamos legitimación pese a la extensión con que la contempla la Ley de la jurisdicción contenciosa.


En cuanto a las condenas a ETB, ha hecho una mezcla muy hábil, pero no es cierta. En procesos electorales ha tenido condenas ETB, pero también Televisión Española. Si estamos hablando de procesos electorales, también en cuanto a la utilización de los espacios informativos como requiere la normativa electoral. Y en cuanto a alguno ordinario, que no recuerdo que haya existido, sin duda se deberá a que nosotros tenemos una reglamentación mucho más estricta. Cada vez que yo aparezco, como miembro del Partido Nacionalista, en ETB tienen que salir todas las formaciones políticas; sin embargo, el programa Parlamento, por ponerle un ejemplo, suele convocar a tres o cuatro, nunca a la totalidad, y desde luego no nos rota en proporción a nuestra representación política. En Euskadi, si yo intervengo, interviene el Partido Popular siempre, y eso es así porque está en el Reglamento, en función de su proporción en la Cámara.


Ha aludido usted a la cuestión de Navarra, y bien está que yo se lo aclare aquí de una vez: Navarra paga a ETB para que transmita en Navarra. Hay un convenio firmado con las condiciones que exige la normativa adecuada entre comunidades autónomas, y es legal que ETB emita en Navarra porque Navarra lo ha querido. El convenio se renueva y Navarra paga a ETB por que así sea. Que además se diga qué tiempo hace en las zonas fronterizas es interesante. A mí me interesa saber el tiempo que hace en Asturias y el tiempo que hace en Santander, y también de eso se informa. Es que, señor Hernando, lo de Navarra se lo oigo constantemente, pero es que la Comunidad Foral de Navarra tiene interés en que ETB emita. Hablan ustedes de una Europa sin fronteras y luego quieren poner fronteras a la difusión de los medios de comunicación.


Insisto, me parece que hacen un flaco servicio a lo que están pretendiendo sostener con esta comparecencia. Además, yo no me he atrevido -no llegaría nunca a tanto- a hablar de violación de los parámetros del Estado de derecho por parte de Televisión Española;

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simplemente he dicho que a mi formación política le parecen adecuadas las comparecencias que solicita el Grupo Socialista porque así el director del ente o el vicepresidente primero, en nombre del Gobierno, nos podrían explicar qué interés existe, qué datos maneja el Gobierno, además de los de capacidad técnica o intelectual, que desde luego le adornan, para considerar que es la persona adecuada, teniendo en cuenta que él mismo, en un medio de amplísima difusión, se ha manifestado franquista y se dice que así lo hace con cierta frecuencia. Por eso he dicho que sería bueno que él nos lo explicara y que el Gobierno nos explicase por qué consideran a esta persona la más adecuada para seguir desempeñando este puesto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Voy a ser muy breve, señora presidenta, porque no vale la pena hacer una intervención más larga ya que han dejado sólo al señor Hernando, y yo intentaré atemperar la situación para hacerle más aceptable este debate. Posiblemente le han dejado solo -o casi solo-, señor Hernando, porque saben que usted utiliza argumentos que podrían ser bonitos para un titular que no tuviese la contradicción de la realidad como la cuestión de Navarra a la que usted ha aludido. Utiliza argumentos realmente pintorescos porque no los fundamenta en una información veraz.


Me pide usted que tengamos precaución. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que el señor Urdaci no me va a sacar en los telediarios? ¿Que el señor Urdaci no nos va a sacar a partir de ahora? ¿Que no nos va a dar minutos? Realmente, no sé a qué tipo de precaución se refiere usted, señor Hernando, porque, en todo caso, nosotros íbamos a opinar de la misma manera aunque nos sacara media hora todas las semanas, ya sabe que somos indomables y decimos siempre la verdad. El problema de fondo es otro, es que ustedes habían determinado que no existía la huelga y no podían dar los resultados de una encuesta oficial del CIS que decía que el 54 por ciento creía que había muchos o bastantes motivos para convocarla y que el 64,3 por ciento había manifestado no tener temor ante la huelga y el 22 por ciento poco temor, es decir, que no había ningún temor en la sociedad con respecto a la huelga. Ustedes quitan de en medio este asunto en una encuesta institucional que han hecho y no dicen la verdad. Este es el tema de fondo. Pero lo más grave, le repito, es que la sentencia existe como noticia, señor Hernando. Este simple asunto que ahora enuncio deja ver hasta dónde llega la tenacidad en el error o, mejor dicho, en el pulso que ustedes le están echando a esta democracia. La noticia existe, señor Hernando. ¿Cómo no se va a dar la noticia de que hay una sentencia que afecta, en función del artículo 20, a Radiotelevisión Española? Pues ustedes no la dan.


Esto es todo, señor Hernando. En todo caso, nosotros habíamos pedido antes y ahora acompañamos la petición de comparecencia de Rajoy en Comisión.
Veremos si nos la conceden.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.


Tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, señora presidenta.


El señor Alcaraz me acusa de no dar no sé qué noticias, y es que eso no está entre mis cometidos. Si por mí fuera, usted saldría muchísimo tiempo en televisión y el señor Llamazares más todavía. (El señor Llamazares Trigo: Voy a pedir la palabra por alusiones.) De hecho, cuanto más ha salido en televisión, mejores resultados electorales han obtenido ustedes, como se ha demostrado el 25 de mayo.


Señor López Garrido, no se empeñe usted, no se siguen vulnerando derechos fundamentales día a día. Yo sé que su superioridad jurídica está por encima de la de los demás mortales, pero le pediría que, igual que usted se lee parte -porque a usted le gusta leer parte de las cosas-, se leyera también el fundamento sexto de la sentencia, y se daría cuenta de que el comportamiento lesivo está agotado en el pasado; eso es lo que dice la propia sentencia, y, por lo tanto, no hay necesidad de emitir o de publicitar la sentencia sin pasar previamente por los derechos procesales que le asisten al ente público, que es el derecho al recurso de casación, y por lo tanto a obtener la posibilidad de una defensa.


No me parece pintoresca la sentencia, pero hay argumentaciones en la misma que sí me lo parecen, es una opinión personal. Yo no voy a insultar a los jueces porque, como le he dicho antes, en esto ustedes son unos profesionales, como son profesionales también en hacer argumentaciones jurídicas. A usted, que lo hace tan bien y cosecha importantes éxitos -el último con la querella fantasmagórica contra el Partido Popular en los tribunales madrileños que ha sido sentenciada doblemente con un notable éxito por su parte y por sus argumentaciones-, debería tener algo más de modestia a la hora de hacer planteamientos jurídicos o valorar la capacidad o el discernimiento jurídico de los demás. Solamente le digo eso, porque el suyo, señor López Garrido, ya lo ha visto: primero, los tribunales madrileños, luego el Tribunal Superior en el recurso, y hasta el fiscal Anticorrupción, cuyas relaciones con el Partido Socialista no se pondrán en duda, les dio también un terrible varapalo porque ustedes a veces utilizan el derecho para deformar la realidad. Ese es el problema que ustedes tienen y esas son las situaciones que ustedes provocan y en las que estamos en estos momentos.


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Hablar de manipulación o de vulneración de derechos fundamentales porque en un momento determinado en una pieza de 20 segundos se dio una información incompleta -que yo le reconozco que es incompleta- sobre una encuesta del CIS, me parece un tanto arriesgado. Me parece un tanto arriesgado decir que se están vulnerando derechos fundamentales 15 días antes de una manifestación, porque el tribunal en ningún caso ha aceptado el resto de las argumentaciones y alegaciones que presentaba el sindicato Comisiones Obreras y que hablaban de una permanente manipulación durante todo el proceso. El tribunal ha desestimado esa situación y esas demandas del sindicato Comisiones Obreras y sólo lo ha radicado en un dato que no me parece muy contundente porque, evidentemente, es muy subjetivo interpretar si las encuestas del CIS tienen que darse completa o parcialmente. (Risas.) Yo no he conocido que Televisión Española haya dado completamente una encuesta del CIS -que yo sepa, no la ha dado-, y, es más, cuando a veces dan determinados datos de las encuestas del CIS, ustedes se aprestan a decir que el Gobierno las manipula. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Así es que, por favor, aclárense ustedes y, sobre todo, no insistan en intentar presentar como grandes cosas, grandes eventos y grandes atentados contra las libertades o contra derechos fundamentales cuestiones como estas, que lo único que buscan, señor López Garrido -y usted lo sabe bien-, es sencillamente tapar las cuestiones y los problemas internos en los que se ve inmerso su partido y que, desde luego, tanto en Madrid como en Marbella sí han afectado de forma muy importante a los principios democráticos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos de Madrid y de Marbella.


Nada más. Muchas gracias.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (número de expediente 062/000057.), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE FOMENTO PARA QUE CONFIRME SI ES CIERTO QUE EL RUMBO DEL PRESTIGE TRAS EL S.O.S. ESTUVO CONDICIONADO POR EL MAL TIEMPO O LAS DECISIONES DE LA SOCIEDAD SALVADORA Y NO POR MANIFESTACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LOS PAÍSES VECINOS. (Número de expediente 213/001361.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000059), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, PARA EXPLICAR LA EVENTUAL DISOLUCIÓN DEL COMISIONADO SOBRE EL PRESTIGE. (Número de expediente 213/001370.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernando.


Finalizado el bloque tercero, entramos en el bloque cuarto del debate, relativo al Prestige, que incluye la petición formulada por un número suficiente de diputados, miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Fomento, para que confirme si es cierto que el rumbo del Prestige tras el S.O.S. estuvo condicionado por el mal tiempo o las decisiones de la sociedad salvadora y no por manifestaciones de las autoridades de los países vecinos, así como la petición formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día: Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la presidencia, para explicar la eventual disolución del Comisionado sobre el Prestige.


En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy hace nueve meses justos que el Prestige se partió y se hundió el día 19 de noviembre. Por tanto, es un buen momento para recordar lo que se produjo ese día y exponer las consecuencias perniciosas que se derivaron como consecuencia de una serie de decisiones inadecuadas e inoportunas y que estamos padeciendo todavía en nuestras playas, en nuestras costas, en nuestra actividad económica, en nuestros ecosistemas y en nuestros fondos marinos. Las decisiones que se han ido tomando a raíz de la decisión de cambiar el rumbo del Prestige, tal y como se hizo, están cayendo como una auténtica losa sobre muchos de los ciudadanos y ciudadanas del norte y del oeste de España.


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Esta petición de comparecencia estaba motivada en un principio en que parece que en la decisión que se tomó, de acuerdo con los croquis del rumbo marcado, hubo algún planteamiento de Francia y Portugal para que se llevara a cabo ese rumbo. Hay noticias de prensa en las que se plantea que esa decisión se motivó de esta manera, pero después de lo que hoy ha aparecido en un medio de comunicación, los diputados y diputadas de este Parlamento tenemos que sentirnos algo avergonzados porque se nos sitúa en el nivel de un Parlamento de segunda. Es decir, lo que no se puede hacer en España se puede hacer en Francia. La Asamblea Nacional Francesa nombra una comisión de investigación, como tiene perfecto derecho a hacer, por lo que no lo critico ni lo cuestiono, a pesar de que el hundimiento se produjera en aguas españolas, y cita a altos cargos de los ministerios que estaban directamente implicados en la toma de decisión sobre el hundimiento del Prestige, y estos altos cargos aceptan el interrogatorio de la comisión de la Asamblea Francesa. Aquí en España nos encontramos con que el Parlamento gallego no puede interrogar a nadie porque los señores del Grupo Popular no quieren hacerlo. Aquí en España nos encontramos con que este Congreso no acepta una comisión de investigación para analizar qué es lo que sucedió desde el día 13 de noviembre hasta estos momentos y para ver qué medidas se deberían haber adoptado ante esta catástrofe. Como diputado que soy de este Parlamento, me siento minusvalorado en cuanto a mi cometido y mis atribuciones; me siento marginado por la decisión del Gobierno de no montar la comisión de investigación; me siento ciertamente dolido, porque este Parlamento y el Gobierno tendrían que ser más serios. Si de verdad la Asamblea Nacional Francesa ha conseguido interrogar a esos altos cargos, ¿por qué razón no lo podemos hacer nosotros respecto a esos altos cargos y otros? ¿Es que somos de segunda división? ¿Es que esto es un parlamento bananero? ¿Es que existe en España algún déficit democrático que poco a poco se va notando en algunos ambientes de la gestión pública de muchos de los asuntos que preocupan a este país?

Señorías, después de nueve meses sigue sin resolverse ni aclararse la duda razonable y lógica que se planteó desde el principio: ¿Por qué razón se tomó esa decisión? ¿Por qué razón los responsables del Gobierno dijeron que el barco tenía que seguir un rumbo determinado hasta que se hundió? Cuando se ha planteado este tema en otras intervenciones, se ha dicho que la decisión tomada era la más oportuna. De hecho, el señor Álvarez-Cascos dijo en sus intervenciones del 20 de noviembre y del 30 de diciembre de 2002 que el rumbo del barco se dirigió pensando en encontrar aguas tranquilas para, si resistía el barco, hacer el trasiego de su combustible. También decía que, una vez controlado el rumbo del barco, las operaciones subsiguientes y paralelas se centraron en evitar la masiva contaminación de las costas gallegas. ¡Pues vaya trabajo que hicieron! También decía el señor Álvarez-Cascos que la decisión estaba tomada basándose en informes técnicos. Yo, sinceramente, quiero saber qué informes técnicos son esos. Mi grupo quiere saber qué informes técnicos son. Porque lo que sí hemos visto desde el principio hasta ahora es que la decisión adoptada con informes técnicos solventes, de catedráticos universitarios, de gente que conoce esas tierras, que conoce esas aguas, ha sido que la decisión estaba mal tomada. Entiendo que en un momento determinado alguien puede tomar una decisión que acaba siendo errónea, pero lo que no acabamos de entender es que esa decisión errónea todavía no se haya ratificado y no se acepte que se produjo tal decisión errónea.
A los pocos días de producirse la catástrofe la Universidad de Vigo ya decía que las corrientes marinas que había en esa zona en invierno se conocían ya hacía 25 años y que, por lo tanto, una decisión de estas características, tal y como la planteó el Gobierno, no hacía sino incrementar los riesgos de contaminación, los riesgos de hundimiento del barco y los riesgos de que toda zona costera tanto del Atlántico como del Cantábrico sufriera las consecuencias que hasta estos momentos se están produciendo en este país.


Nosotros pedimos la comparencia urgente del ministro señor Álvarez-Cascos para ver si esa decisión había sido tomada en razón de las presiones de los gobiernos o en razón de condicionantes técnicos o condicionantes impuestos por la sociedad salvadora. En el informe que hace la Asamblea Nacional Francesa se dice que hubo intervención del prefecto marítimo de la zona atlántica de Francia y hubo intervención de las autoridades portuguesas. Sucede que en el croquis de la dirección del barco nos encontramos con que el galimatías de recorrido que hace no es que obedezca a ninguna cosa especial, sino que obedece a que, no sabiendo qué hacer con el buque, como dijo el señor Álvarez-Cascos, lo lanzaron al quinto pino y estuvieron sometidos a condicionantes de los otros dos gobiernos, porque mientras los franceses decían que no lo dirigieran hacía el noroeste, los portugueses decían que no lo dirigieran hacia el sur. Yo no soy técnico y, como el señor Álvarez-Cascos, me someto a la consideración de los técnicos. Pero sucede que la consideración de los técnicos, que han emitido numerosos informes sobre la decisión tomada, van todos en la dirección opuesta a la adoptada por el Gobierno, y desconocemos si las consecuencias que se han producido y que todos conocemos desde hace bastante tiempo hubieran sido menores o mayores en otra situación, pero lo que sí parece claro es que todo el mundo dice que hubieran sido de menor calado que las que se han producido en estos nueve meses. Yo creo que aquí se parte de un error inicial y por eso no se adoptan las medidas necesarias, y es que en ningún momento, ni siquiera ahora, el Gobierno reconoce que el hundimiento del Prestige fue una catástrofe. Porque ante una catástrofe, el Gobierno, como ha sucedido en

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otros casos, actúa con mayor agilidad, con mayor prontitud y con decisiones bastante más ajustadas a evitar riesgos y consecuencias como las que se produjeron con la decisión que adoptó en su momento. Desde luego, fue una catástrofe que ha incidido en la actividad económica y turística no sólo de las costas gallegas, sino de todo el Cantábrico que ha tenido repercusión en nuestros ecosistemas marinos que veremos cuánto tardan en recuperarse y que, por supuesto, afecta a la actividad pesquera. Los técnicos -los técnicos, no yo- dicen que se va a tardar bastantes años en superar esta catástrofe. Cuando uno lee las declaraciones que se han producido en todo este proceso, desde el hundimiento cuando decían que ya había pasado el peligro más grave, el director de la Marina Mercante manifestaba que no se podía hablar de marea negra y el consejero añadía que todo el fuel derramado que tenía que llegar a la costa ya había llegado, uno tiene la sensación de que ha habido una improvisación, una falta de prudencia y de tacto muy importante. Sin lugar a dudas, eso es lo que ha motivado que la sociedad española se sublevara y que, a través de organizaciones como Nunca Máis, se pusiera al frente de la manifestación y dijera: Señores, hasta aquí hemos llegado.


Este es un Gobierno que no supo reaccionar, que no evalúa adecuadamente la catástrofe y sus riesgos, que después ha querido adoptar medidas como el famoso Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2002-2005, aunque no las haya puesto en marcha. No ha puesto en marcha ni una de las decisiones tomadas en ese momento ni ha intentado prever lo que puede pasar con barcos de las mismas características. Por cierto, barcos que se dejan transitar por los mismos sitios por los que iba a circular el Prestige. Barcos como el Bizancio que llegó hace unos días a Algeciras, barcos que circulan por pasillos inferiores a las 200 millas. ¿Por qué? Porque la política que está llevando a cabo el Gobierno en materia de salvamento marítimo ante los organismos internacionales no está dando sus frutos, porque no sabe convencer a los otros gobiernos de que hay que preservar ese pasillo para evitar los riesgos que se produjeron con el Prestige.


La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, le ruego que concluya, por favor.


El señor MORLÁN GRACIA: Concluyo, señora presidenta.


Señorías, el que comparezca el señor Cascos o el señor Rajoy para que nos expliquen qué es lo que sucede con el señor Martín Villa, que parece que se ha convertido en la sordina del problema (la verdad es que desde que se le nombró, sin saber para qué porque en el decreto de nombramiento lo único que se dice es que se nombra comisionado del Gobierno para actuaciones derivadas de la catástrofe del buque Prestige, con rango de secretario de Estado, a don Rodolfo Martín Villa, pero no dice para qué), seguimos teniendo el mismo problema: el buque en el fondo, lo que queda del fuel en el fondo, poco a poco va saliendo, poco a poco va llegando a las costas, los turistas, los bañistas y la ciudadanía está viendo como las galletas de fuel llegan a las playas, hay que limpiarlas todos los días y el problema sigue existiendo. Considero que el señor Álvarez Cascos debe comparecer con urgencia. A la vista de este informe del Parlamento francés que cuestiona la gestión del Gobierno en cuanto al hundimiento del Prestige, debe comparecer con urgencia, porque tiene que dar muchas explicaciones y porque el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno tienen que facilitar la constitución de esa Comisión de investigación que nos aclare de manera definitiva qué pasó, por qué se hizo así y cuáles son las medidas más razonables que hay que adoptar para que esto no vuelva a producirse.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, pidió la convocatoria de la Diputación Permanente entre otros motivos porque pensamos que era necesario debatir la problemática creada por la catástrofe del Prestige, después de 9 meses de observar pacientemente y con suficiente contraste de pareceres y objetivos cuáles son sus resultados desde los puntos de vista del ecosistema, económico, social y político.


En esta cuestión hay tres aspectos que deben ser asumidos por el Gobierno de una forma realista y responsable. Uno de ellos, que es esencial, es el que tiene que ver con una información veraz sobre la situación del ecosistema, la evaluación económica y social de la catástrofe y la incidencia de las medidas de choque que planificó el Gobierno, a través del Plan Galicia. En relación con el estado del ecosistema, no es de recibo que después de tanto contraste de la realidad empírica, el Gobierno siga empeñado en darle más importancia a la apariencia que a la realidad, cuando después es desmentido, desde el punto de vista puramente visual, por la retirada de un sinnúmero de playas con bandera azul en el Cantábrico y, por supuesto, en Galicia. Y digo apariencia porque todo el mundo sabe que no se trata solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve, que es muchísimo más grave. Aparte de eso, pensamos -y ahora queda ya muy claro, el Gobierno de un forma muy tangencial lo reconoció- que no se va a hacer nada por limpiar los fondos marinos, a no ser en el caso perfectamente bien delimitado del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. La propia ministra de Medio Ambiente reconoce que el resto hay que dejarlo a la

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limpieza de la naturaleza de la fuerza del mar. Resulta igualmente llamativo y preocupante que después de nueve meses y después de que se hayan superado las cifras del gasto oficial en limpieza, el Gobierno siga empeñado en hacer una evaluación de la catástrofe que se limita a los 1.000 millones de euros teóricos iniciales, que después fueron rebajados a 650 en las reclamaciones ante el FIDAC para adecuar el baremo que cuantifica las ayudas a los afectados. Pero hace escasamente 48 horas hemos conocido un informe de científicos, de profesores gallegos, que viene a decir lo que ya se sabe si uno tiene en cuenta lo que está pasando, y es que solamente en limpieza de la recuperación de la costa -en limpieza superficial, no de los fondos marinos globalmente- se van a gastar como mínimo 2.500 millones de euros, con lo cual, sumados a todos los gastos económicos y sociales no previsibles, aquellos que se pueden cuantificar por la experiencia de la realidad, se llegaría ya a una cuantificación mayor que la del Exxon Valdez. Tampoco nos habla el Gobierno, después de haber abierto la veda prácticamente en todas las zonas, de cómo va la evolución de las capturas y qué van a hacer los trabajadores del mar en los años sucesivos, donde según los informes a los que me he referido será previsible, a partir de la experiencia del Mar Egeo, una disminución de capturas evidente. No se sabe si el plan es reducir la pesca de bajura, como se empieza ya a proponer desde las esferas de la Administración autonómica.


El tercer gran tema, dentro de la información veraz sobre la situación, es que seguimos observando en Galicia que las medidas de choque son prácticamente inexistentes. Excepto las ayudas temporales a las afectados, que sí fueron eficientes y rápidas, hoy nos encontramos con que ni los incentivos regionales prometidos están optimizados ni nadie hizo aún uso de los préstamos ICO de una forma efectiva, el parador da Costa da Morte no se sabe dónde se va a montar, las infraestructuras son de largo plazo, pero, eso sí, aparece toda la costa de Galicia cubierta con unos carteles que anuncian la inversión de 33 millones de euros en infraestructuras en caminos de los ayuntamientos afectados; 33 millones de euros que al parecer son para el concreto ayuntamiento aunque nadie sabe que son para toda Galicia en un gasto que -tenemos que decirlo así de claro- será más para el control caciquil que para otra inversión eficaz. Esto es lo que vemos del Plan Galicia después de nueve meses.


El cuarto tema hace referencia al problema de la investigación sobre lo acontecido y las responsabilidades. Quiero recordarles a SS.SS. que en esta misma sala, cuando compareció el señor Rajoy, así como en otra comparecencia del señor Álvarez-Cascos, el Bloque Nacionalista Galego le preguntó por activa y por pasiva si no habían intervenido el Gobierno francés y el Gobierno portugués, de una manera que quería conducir a una cierta lógica racional lo que había pasado. La contestación fue muy sintomática, porque fue escapista: hasta donde sabía o tenía conocimiento, contestó que no, que no había esa interferencia política.
Ahora nos venimos a enterar por las conclusiones de la Comisión parlamentaria creada en Francia, después de cinco meses de trabajo y de darle publicidad a las conclusiones el 10 de julio, que efectivamente hubo una interferencia de la Administración pública francesa a través del prefecto marítimo del Atlántico. Se utiliza un lenguaje diplomático lo que es muy significativo, puesto que es el lenguaje utilizado entre los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea cuando hay cuestiones conflictivas, donde existe un cierto apoyo mutuo pero, eso sí, cada uno defendiendo sus intereses. Es curioso que fuera a través de un fax que manda el prefecto después de haber consultado con el Gobierno de París y de haberse éste negado a hacer la actuación directamente a través de Asuntos Exteriores, como diciendo: no, esto debe quedar como un problema administrativo y técnico, como si el prefecto fuera solamente un técnico o el director general del Salvamento Marítimo español fuera un técnico y no cargos de responsabilidad política que dependen de autoridades políticas de los gobiernos centrales, tanto en el caso francés como en el español. Que a estas alturas el Gobierno de España siga negando que hubo esta interferencia y que fue solapada inicialmente pero que ahora sale a la luz cuando se declara ante la Asamblea francesa por parte del prefecto marítimo, no tiene más un calificativo que es la opacidad, supone tratarnos de subnormales y menores de edad. Este debate se pudo haber subsanado al principio y habría prestado coherencia a la actuación del Gobierno español, que se vio cogido entre dos fuegos evidenciándose que su actuación era totalmente incorrecta porque había otras alternativas distintas a remolcar sin rumbo durante seis días a un barco después de que se demostrase que era imposible mandarlo al norte, que desde el punto desde el punto de vista de los intereses de la costa gallega, era lo correcto si se parte del supuesto de que había que lanzar la bomba lo más lejos posible y donde menos nos pudiese afectar. Al final acabó afectándonos y acabamos comiéndonos la mayor parte del marrón, aunque también ha sido afectada la costa cantábrica. Estos daños van a perdurar durante años. No es de recibo que Francia pueda alcanzar conclusiones a las que no pueden llegar las instituciones parlamentarias y representativas del Estado español que antes fueron citadas, en concreto el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados, donde se pidió -y habrá que seguir pidiendo de forma paciente- que hubiera una comisión de investigación. Por mucho que haga el Estado español la verdad va a salir poco a poco y le va a ser imposible escapar de que le declaren responsable subsidiario de la catástrofe.


Otro elemento preocupante es que el señor Martín Villa anuncia el día 4 de agosto que va a proponer el fin de la continuidad del comisionado del Prestige. Esto

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indica que, habiendo tantos temas pendientes, el comisionado se articuló para que realizase un trabajo fino, florentino, con una gran utilidad consciente, a la que el señor Martín Villa se prestó, cual fue la de alejar los focos del Gobierno y en particular de quien estaba dando la cara inicialmente, también por motivos políticos, que era el señor Rajoy.
Una vez cumplida la función fundamental, que era la de gestionar las ayudas a los afectados para que más de una vez se creyese que era el Partido Popular el que se las daba a las cofradías, el resto fue canalizado dando cada vez más una sensación de normalidad, de cierta ambigüedad crítica, de que ahora ya no hay problema de ningún tipo, que los momentos excepcionales pasaron y ahora todo es una fórmula de carácter rutinario. Por cierto, el comisionado limitó las indemnizaciones a los afectados procedentes del FIDAC después de haber aplicado esa fórmula, que hemos catalogado de chantaje, del real decreto que obliga a todos aquellos que se sumen a él a renunciar a cualquier reivindicación judicial en el futuro. Es una manera que tiene el Gobierno de España de blindarse ante lo que sabe que van a ser procesos largos y surgimiento de nuevos datos que harán prácticamente inviable que no pueda aparecer como responsable de decisiones temerarias que tomaron cargos públicos que pueden cometer, cuando menos, delitos públicos que deben ser perseguidos también por las autoridades competentes. Porque cabe recordar, señorías, que no solamente son afectados los de primer nivel, los pescadores y mariscadores, que tendrán mucho que ver en la historia futura, sino también la inmensa sociedad de Galicia que no se considera conforme con una forma de proceder que dejó muchísimo que desear.


La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.


¿Cómo se puede disolver el comisionado aplazada la solución del pecio hasta el año 2004? ¿Cómo se puede disolver el comisionado cuando hay tantos temas pendientes de carácter económico y social y la afectación al producto interior bruto de Galicia, que ya fue real en el año 2003 y que va a ser mucho más real en el año 2004?. ¿Cómo, en definitiva, puede desaparecer la articulación de todos los ministerios cuando teóricamente así nos lo vendieron?. Para nosotros no puede continuar esta actitud del Gobierno. Hay que evaluar los daños con una perspectiva de 10 años como mínimo. Hay que seguir vigilantes hasta que se acabe con el problema del pecio hundido. En definitiva, no se pueden olvidar y mucho menos anular la verdad y la realidad, sustituidas por un efecto hipnótico y propagandístico. Es un acto de responsabilidad. No pedimos que se haga alarmismo, pedimos que se asuman las consecuencias de la catástrofe para actuar con corrección, con conocimiento de causa y con prevención.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Es casi la hora de las corridas de toros, las cinco de la tarde, y nos vamos a encontrar al final de esta larga sesión con que esta Cámara no es que no vaya a formar parte de esa tradición nacional sino que probablemente tendremos que colgar un cartel en la puerta que diga: cerrado por vacaciones. En el caso del Prestige: cerrado por traspaso o por derribo. Ese es el modelo de Parlamento que quiere el Partido Popular. Porque aquí, aparte de las peticiones de comparecencia y del contenido razonable de esas peticiones de comparecencia, lo más importante es la cuestión política de fondo. Ante las protestas de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de las fuerzas políticas, fuera de esta Cámara, ante cuestiones tan lacerantes como la catástrofe del Prestige, les acusan ustedes de hacer política.
Mañana, después de que haya salido el informe de los expertos sobre la catástrofe del Prestige equiparándola a la del Exxon Valdez, ustedes también les acusarán de hacer política. Pero cuando se trata de hacer política, también de hacer política en el Parlamento, lo que hacen ustedes es lo que están haciendo ahora: amordazar al Parlamento e impedir que éste controle al Gobierno. La oposición, como dije en una primera intervención, cumple su tarea. Desde el punto de vista de Izquierda Unida tenemos tranquilidad de conciencia; yo no voy a entrar en la conciencia de los diputados del Partido Popular ni de la mayoría parlamentaria, pero quien no cumple su tarea aquí, la tarea que le debe al Parlamento, es el Gobierno y la mayoría parlamentaria del Partido Popular porque, como digo, lo que va a hacer es colgar un cartel en la puerta del Congreso de los Diputados diciendo: cerrado por derribo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Digo por derribo porque ya no se trata del rodillo parlamentario, esto es una apisonadora parlamentaria. Derribo no solamente de las minorías, no solamente del debate político, sino también de la propia institución parlamentaria.
Esta es una materia que nos parece absolutamente relevante.


En relación con la catástrofe del Prestige hay razones para que se produzcan estas comparecencias. Lo decíamos antes respecto a la crisis de la política exterior, en el caso de Irak, del Gobierno del Partido Popular. Lo mismo podríamos decir respecto a la catástrofe del Prestige, porque mientras el Parlamento español tiene a sus puertas un cartel que dice: cerrado por vacaciones o por derribo, el Parlamento francés ha tenido una Comisión de encuesta o de investigación -como

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se la quiera llamar- que ha permitido obtener información del Gobierno español, comparecencias de responsables políticos del Gobierno español, y finalmente definir una serie de conclusiones sobre la catástrofe ecológica del Prestige. Esto ha ocurrido en el Parlamento de uno de nuestros vecinos, de Francia. ¿Qué diferencia hay entre la democracia francesa y la democracia española? La ciudadanía francesa ha tenido la posibilidad de conocer en el Parlamento francés los documentos y las comparecencias necesarias para sacar conclusiones respecto a la que quizá sea la mayor catástrofe ecológica de Europa. Sin embargo, el país donde se produce la catástrofe ecológica no tiene esa capacidad. Ustedes dirán por qué, señores del Partido Popular. ¿Por qué en Francia hay Comisión de investigación y por qué no es posible una Comisión de investigación en el Parlamento español? ¿Por qué en Francia se puede obtener la documentación, se pueden realizar las comparecencias y por qué en España, una democracia del mismo nivel que la democracia francesa, no ocurre lo mismo? Quizá porque quien gobierna en España, a pesar de que gobiernan en ambos países fuerzas políticas conservadoras, no solamente es que es una fuerza política conservadora sino insensible respecto de las tradiciones democráticas y las esencias de la democracia, entre las cuales está el control parlamentario y las comisiones de investigación. Ahora sabemos, señores del Partido Popular, que el problema que provocó la catástrofe ecológica del Prestige tiene todavía pendiente su clarificación ante la representación de los ciudadanos. Ya no es una razón técnica la que llevó a la deriva del barco petrolero y finalmente a su hundimiento. Para la Comisión francesa existen otras razones, razones políticas que nosotros resumiríamos en la prepotencia política del Gobierno del Partido Popular junto con intereses económicos de las empresas remolcadoras; prepotencia política que le lleva a despreciar y a menospreciar cualquier informe técnico que sea mínimamente contradictorio con la posición del Gobierno, y que lleva al Gobierno a tomar la decisión de alejar el barco a la deriva en una dirección y en otra provocando finalmente su hundimiento.
Por otra parte intereses, porque son las empresas remolcadoras las que realizan esa deriva del barco durante varias horas. Fíjense qué curioso, cuando el Gobierno francés apunta a razones políticas en esta deriva del petrolero, al mismo tiempo el Gobierno español vuelve a adjudicar a la misma empresa de la que dijeron los señores Cascos y Rajoy en esta Cámara que era muy poco fiable, y ya no solamente le ha adjudicado a lo largo de un tiempo el remolque, y después de la catástrofe de nuevo la colaboración con Sasemar a lo largo del siguiente año, sino que ahora le adjudica la lucha contra la contaminación en el fondo del mar. Ya no hay ninguna excusa. El señor Cascos dijo ante esta Cámara que la razón para esa nueva adjudicación era que ya estaba el concurso hecho. Pues bien, respecto a esta última adjudicación que tiene que ver con la limpieza del mar el concurso no estaba hecho, sino que, a pesar de los engaños y de la pobre opinión que tenía el Gobierno sobre la empresa remolcadora, el Gobierno vuelve a adjudicar a la misma empresa -en estos momentos, Remolcanosa- la limpieza de las aguas después de la catástrofe ecológica.
Reitero, pues, por una parte prepotencia política y, por otro lado, intereses económicos en el trasfondo de la catástrofe ecológica del Prestige.


En relación con la magnitud de la catástrofe, el Gobierno ha pasado de un primer momento en que el ministro de Fomento habló de la mayor catástrofe ecológica europea, a las esplendorosas playas en boca de otro ministro.
Pues bien, tiene que ser de nuevo un grupo de profesionales, de catedráticos, el que, haciendo política según el Gobierno, nos anuncie de nuevo la gravedad del accidente del Prestige, una catástrofe ecológica que no solamente puede ser mayor que la del Exxon Valdez, sino que, probablemente, tenga también como consecuencia efectos económicos, ecológicos y sociales peores que los del Exxon Valdez. El Gobierno mientras tanto considera que no es necesario comparecer ante la Cámara y que tampoco es necesaria una Comisión de investigación. Se ha encargado de hacer un remedo de Comisión de investigación. El Gobierno consideraba que no era necesaria la Comisión de investigación parlamentaria, que bastaba con su investigación. Más tarde buscó un nuevo sucedáneo, el comisionado, y ahora sabemos que éste, probablemente por razones que tienen muy poco que ver con la catástrofe ecológica del Prestige, considera su tarea prácticamente acabada y, por tanto, que es urgente su cambio de funciones del mundo del chapapote o del galipote al mundo de la telecomunicación. Seguramente tiene más interés ese cambio de las funciones del señor comisionado que la realidad de la catástrofe ecológica del Prestige, que sigue ahí muy presente, al margen también de lo que puedan decir los informes técnicos.


Los que venimos del norte y los que hemos pasado estos días en él, nos hemos dado cuenta de cómo está la playa, cómo están las rocas, cómo está el mar y cómo está la situación de los trabajadores que directa o indirectamente tienen que ver con el mar, y está muy mal. La situación de las playas no es esplendorosa, a no ser que se considere esplendoroso salir con los pies manchados de galipote. La situación de los pescadores y de la gente que vive del mar no es satisfactoria: 6.000 de las antiguas pesetas por tripulante y 10.000 por embarcación no parece ser la solución a los problemas de los pescadores en el norte de España y, por otra parte, la situación ecológica es muy grave, que ustedes conocen y que no quieren reconocer.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Llamazares, le ruego concluya.


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El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señora presidenta.


Todavía nos queda una parte muy importante de la catástrofe, el pecio.
Decía el señor Rajoy ante una comisión que se reunió en este mismo lugar, que en nueve meses comenzaría el vaciamiento del petrolero que yace en el fondo del mar. Llevamos siete meses desde el anuncio del Gobierno y nueve meses desde el accidente, todavía no ha comenzado el vaciamiento del petrolero del fondo del mar y existe un debate entre la empresa propietaria y el Gobierno y entre los técnicos y el Gobierno en torno a cuál es el método de vaciamiento del pecio. Es decir, tenemos encima todavía una buena parte de la catástrofe ecológica y larvada en el fondo del mar, amenaza que no hemos despejado todavía.


Por todas estas razones consideramos imprescindible que no se cierre el Congreso de los Diputados, que ustedes no den cerrado por derribo el Congreso de los Diputados. Consideren que este Congreso debe continuar funcionado -la oposición lo cree así- ante temas tan graves que afectan tan directamente a los españoles, a pesar de que el Partido Popular y el Gobierno estén muy cómodos en su laberinto. Como decía el señor Alcaraz, den ustedes la oportunidad al señor Rajoy de dejar un rato de su tiempo no para el señor Rato sino para este Congreso de los Diputados, a fin de que pueda comparecer y dar cuenta de lo que está ocurriendo con la mayor catástrofe ecológica de los últimos años en Europa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Llamazares.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para contribuir a una mayor celeridad en el desarrollo del denso orden del día de esta Diputación Permanente, con esta intervención va a exponer su posición con respecto a los puntos 4, relativo al Prestige, y 5, relativo al AVE, ambos referentes a lo que es la Comisión de Infraestructuras.


En primer lugar, en relación con el tema del Prestige, Convergència i Unió considera que sería oportuno celebrar cuanto antes en esta Cámara un amplio debate, con las comparecencias que por parte de los grupos se estimaran convenientes, para analizar la situación actual del Prestige.
Nuestro grupo quiere recordar -se ha dicho ya por otros portavoces- que en el pecio, en el Prestige, actualmente hay unas 37.000 toneladas de fuel; provisionalmente se ha optado por sellar de forma temporal las grietas, pero sabiendo que esto no es una solución definitiva, porque en el próximo mes de septiembre se tendrán que realizar los preparativos para las pruebas de extracción de ese fuel y el propio vicepresidente, señor Rajoy, ha manifestado que el problema de los vertidos -son declaraciones literales- está en fase final de resolución. Nuestro grupo no sabe si es así o no, porque no existe en esta Cámara un órgano de seguimiento de lo que está pasando con el Prestige, tal y como había pedido mi grupo parlamentario, que no era partidario de una comisión de investigación, pero sí de una subcomisión, que era un mecanismo similar al creado en Francia y que ahora ha emitido las primeras conclusiones, los primeros informes. Quiero destacar que en esos informes se ha reconocido que pueden haber existido fallos, pero también se ha reconocido por el Parlamento francés que la decisión sobre el rumbo, fuera la que fuera, era compleja y delicada y que aún no estaba determinado si la decisión finalmente adoptada por las autoridades españolas fue la correcta o no. Es cierto que hay una incertidumbre abierta. También es cierto que el Prestige, que el pecio sigue con esas toneladas de fuel cuya extracción final está por realizar. De ahí que nuestro grupo parlamentario, entendiendo que cualquier decisión en este aspecto es difícil y comprometida, estima que debería haber un mayor control parlamentario y, por tanto, va a votar favorablemente estas peticiones de comparecencia.


Lo mismo sucede, señora presidenta, señorías, con el tema del AVE. Desde Convergència i Unió queremos recordar que el Pleno de la Cámara el pasado 11 de marzo aprobó una moción en la que concretamente se pedía realizar un seguimiento exhaustivo de todos los fallos que se habían producido en la línea del AVE y que tras realizar ese seguimiento se fijara claramente un calendario. Para Convergència i Unió la situación actual de la línea del AVE provoca claramente incertidumbre, inseguridad en la ciudadanía.
(Protestas.-La señora Fernández de la Vega Sanz: A la cuestión.-La señora Cunillera i Mestres: Es increíble.) La incertidumbre en relación con los calendarios provoca claramente sensación de abandono; sensación de abandono que viene ligada claramente a lo que para nuestro grupo parlamentario es un incumplimiento absoluto de los plazos. Ha habido un incumplimiento absoluto de los plazos y por las noticias de los medios de comunicación nos hemos enterado de que la propia empresa Siemens también admite retrasos en lo que será la entrega de los nuevos trenes del AVE Madrid-Barcelona. Por tanto, toda esa situación de incertidumbre, ese propio incumplimiento de lo que era un punto unánime aprobado por el Pleno de la Cámara en nuestra moción del pasado 11 de marzo, provocan que, tal y como hizo nuestro grupo parlamentario en la sesión de la Diputación Permanente del pasado 17 de julio, votemos también favorablemente esas solicitudes de comparecencia para tratar específicamente del tema del AVE.


Termino ya, señora presidenta, señorías, intentando esa máxima concreción y brevedad y dando también

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una explicación a otros grupos parlamentarios que se han sorprendido. He dicho al inicio de la intervención que aprovechando y sin sobrepasar el tiempo que tenía asignado nuestro grupo, en aras a una mayor celeridad en el debate de esta Diputación, consumiríamos estos dos turnos en esta misma fijación de posición.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, me gustaría decirle al ya ausente de este debate, señor Llamazares (El señor Alcaraz Masats: Está ahí.)... No está en su sitio, está en otro rincón. Me gusta decirle directamente que yo también vengo del norte y precisamente me hubiera gustado que este debate se hubiese celebrado en cualquiera de las ciudades gallegas en donde los ciudadanos disfrutan de sus aguas, se deleitan y degustan los magníficos productos de nuestras rías y de nuestros mares, porque seguro que no entenderían nada de lo que usted ha dicho ni de lo que aquí se ha dicho por otros grupos parlamentarios. ¿Y saben por qué? Porque la realidad, esa realidad que hoy se vive en las costas, que la vive desde luego la diputada que les habla y que la viven todas las gentes, las numerosas gentes que están en nuestras playas, en nuestras costas, que fueron afectadas de forma grave, efectivamente, por el Prestige, es muy distinta a la que ustedes de forma irreal quieren seguir manteniendo. Afortunadamente y a pesar de ustedes, a pesar de esa oposición que tantas veces hemos calificado, creo que con mucha razón, de irresponsable, a pesar de esa plataforma Nunca Máis y esa campaña tan destructiva para Galicia, hay que decir que en Galicia en estos momentos hay más gente que nunca, hay más gente que en otros años y que esa gente disfruta precisamente no solamente de un clima, muy favorable en unos momentos muy duros para toda España, sino además, como le decía, de las playas y de los buenos y magníficos productos. Y eso a pesar del mucho daño que han hecho ustedes a Galicia con tanta manipulación, con tanta tergiversación, con tanta alarma infundada empeñados simplemente en seguir pintándola de negro aunque el chapapote ya apenas si existe. No hay chapapote para ello. Esa es la realidad, señor Llamazares. Señores de la oposición, siguen instalados claramente en la demagogia y en el catastrofismo político, pero afortunadamente al día de hoy la normalidad es la nota dominante y, efectivamente, nueve meses después del accidente Galicia está superando, con unos resultados claramente positivos, esta etapa del verano. Por mucho que les pese, el turismo ha aumentado, las playas están limpias.
(Rumores.) Sí, hay algunas pequeñas manchas que llegan, pero para eso hay brigadas preparadas que lo limpian de forma inmediata. Se ha normalizado la actividad pesquera y realmente todo ello ha sido posible por los esfuerzos y por las medidas adoptadas, esas medidas que han sido claramente acertadas, si no hubiera sido imposible. Desde luego ha sido posible, y ello ahora es una realidad, porque desde el primer momento se movilizaron todos los medios para hacer frente a esas consecuencias del vertido, siendo la primera prioridad prestar una atención muy especial a la situación de las personas, garantizando, es muy diferente a lo que ustedes acaban de decir, desde el primer momento y por primera vez en la historia de este país, el poder adquisitivo de todos los afectados mediante ayudas directas, mediante créditos, que algunos habrán utilizado y otros no, y otras medidas de carácter fiscal, de carácter laboral y de carácter económico. Además, se va a facilitar la pronta percepción de las indemnizaciones, al tiempo que se mantienen las negociaciones con el FIDAC, ya que para eso se ha convalidado el real decreto.


Es una realidad que la actividad pesquera se ha normalizado; es una realidad que constatamos todos cuando acudimos a los restaurantes y vemos los productos que ahí están. Igual que se avanza a gran ritmo en la solución definitiva en relación con los restos del buque hundido. Yo no tengo tiempo para explicarlo, pero saben perfectamente que está programado que a finales de agosto o principios de septiembre se hará una prueba y que, por razones climatológicas, la extracción definitiva será en la primavera, porque en pleno invierno, con los temporales, sería absolutamente imposible, señor Llamazares, sería arriesgado, sería una temeridad y este Gobierno es responsable.


Además, se han conseguido importantes avances en materia de seguridad marítima internacional a través de la Unión Europea, cosa que hasta ahora no se había hecho. Eso también es mirar hacia el futuro, y ha sido posible porque el Gobierno, señorías, frente a la demagogia, ha respondido con objetividad y con un trabajo diario desde el primer momento. Los mínimos restos de fuel que aparecen son, como les decía, inmediatamente retirados. Hay una brigada de 2.100 ó 2.300 personas preparadas para ello y que lo hacen de manera profesional y de inmediato, como ustedes deberían saber, pero quieren ignorar. Además de querer ignorar esa realidad y de querer, con esas manifestaciones de que todo está muy mal, que la gente no siga yendo hacia el norte, a pesar de eso, a pesar de que quieren seguir haciendo daño, vuelven a retomar viejas historias, como se ha hecho aquí en sus primeros debates. Han venido a organizar un debate que pertenece claramente a la historia de este Parlamento, porque aquí ya se ha hablado, porque aquí ya se ha debatido.
Son viejas historias, que, además, vuelven a tergiversar, vuelven a manipular la realidad, algo que no nos asombra. ¿Cómo nos va a asombrar si el portavoz socialista fue

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capaz de manipular, precisamente para hablar de ese tema, un documento público con el único objetivo de atacar al Gobierno, cayendo en el mayor de los desprestigios parlamentarios? ¿Cómo nos va a extrañar? (Rumores.) Una vez más, les diré que el rumbo del Prestige respondió siempre a criterios técnicos, que no es cierto que Francia haya intervenido para que el Prestige cambiara el rumbo tras el accidente; eso no es cierto. No es cierto que el barco averiado virase al sur tras una petición del prefecto francés del Atlántico. El Ministerio de Fomento siempre ha dicho la verdad y en ningún momento hubo ninguna indicación del Gobierno francés. Recuerden que, en el fondo, esto es precisamente lo que viene a decir el vicealmirante Gheerbrant, lo que pasa es que ustedes dicen lo que quieren, interpretan lo que quieren e incluso manipulan el documento francés, cuando firma el director del gabinete que el primer ministro no quiso intervenir a nivel de asuntos exteriores. Todo eso a ustedes no les interesa. También es falso que las autoridades españolas hayan ocultado durante meses la existencia del fax, como se llegó a decir por algunos de ustedes, aunque no lo hayan manifestado ahora. Ese fax figura expresamente en el tomo III, folio 245, de las actuaciones de la Administración marítima en relación con el hundimiento del buque Prestige que obra en el juzgado de Corcubión. Por tanto, nada de ocultación, sino conocimiento de la verdad desde el primer momento y toda la documentación al servicio de quien debe. Además, ese fax lo único que manifiesta es la preocupación por la ruta noroeste que sigue el petrolero, añadiendo que desean que se haga otra menos peligrosa para el litoral francés cuando sea posible. Sobre todo esto, ustedes llegan a unas conclusiones falsas, que son las que a ustedes les gustaría que hubiesen sido. Esta es una de las muchas comunicaciones, de los muchos intercambios de criterios, de opiniones, algunas técnicas y otras no, que se produjeron aquellos días para atender una situación de emergencia.


La decisión del cambio de rumbo hacia el sur se produce, como se dijo en este Parlamento, de madrugada, a las 3,00 horas del día 15 de noviembre de 2002 y la orden la da el capitán del Prestige, estando ya a bordo la empresa salvadora Smit Salvage. Dicho cambio de rumbo no obedeció en absoluto a lo indicado en el fax, a lo que se refiere, sino que se tomó por razones exclusivamente técnicas, como reiteradamente ha dicho el ministro de Fomento; lo ha dicho aquí el 10 de diciembre (usted, señor Morlán, que no fue el portavoz en aquel momento, a lo mejor lo desconocía, pero allí está expresamente dicho) y lo dijo también el señor Rajoy el 17 de diciembre en el Parlamento, aunque usted tampoco estaba, sino el señor Caldera, manipulando el documento público para tratar de confundir. (Rumores.) Es la verdad. Por lo tanto, esa es la verdad por mucho que se retuerza la información. La interpretación que hace el vicealmirante obedecerá a razones de consumo interno, de interés particular, son juicios de intenciones claramente subjetivas y sin fundamento. (Rumores.) Sí, señorías, infundadas y no objetivas. Por lo tanto, por ese camino también van ustedes muy mal. Por cierto que, atentos sólo a tergiversar las palabras del vicealmirante, olvidan todos aquellos datos que no les interesan porque dice también la misma persona que no cabe duda que varar un barco en una bahía para limitar el siniestro constituye una decisión que continuará siendo extremadamente difícil de tomar. Olvidan también que en ese documento Michel Guirin, director del CEDRE, que es el máximo experto en estos temas en Francia, dice que no conocemos ejemplos de barcos que hayan sido llevados voluntariamente a un puerto en la situación en la que se encuentra el Prestige. No es una defensa de los españoles, sino una contestación claramente técnica. Por lo tanto, señorías, va siendo hora de que recuperen la responsabilidad política, que dejen de hacer daño a Galicia, que no sean desleales con el Gobierno de España, con los españoles, en definitiva, manipulando los datos, no criticando a quienes son los culpables, utilizando en Europa algunos votos de forma contraria a los intereses de España; asuman la verdad de unos hechos muy duros y difíciles que el Gobierno asumió claramente con eficacia. Todo está explicado, señorías, todo está con detalle, por mucho que quieran seguir sembrando dudas -dudas absolutamente sin razón-. El Gobierno ha estado permanentemente informando en este Parlamento de forma exhaustiva y veraz, otra cosa es que la verdad a ustedes no les guste, no encaje con esa demagogia permanente en la que ustedes se instalaron desde el primer momento.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Sainz, le ruego concluya.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


De la misma manera que no es verdad que los técnicos de aquí hayan ido a Francia a declarar. Los franceses vinieron como parlamentarios europeos y se les ha atendido en la torre de control, y no es cierto, por tanto, lo que el señor Morlán acaba de decir. Si pasamos rápidamente a la otra parte, lo que les puedo decir es que buscando la mayor operatividad, el Gobierno consideró oportuno nombrar un comisionado, cargo que de forma eficaz ha venido desempeñando el señor Martín Villa para coordinar y optimizar los esfuerzos de todas las administraciones con importantes competencias y funciones. Se trataba en aquel momento, lógicamente, de una situación especial que requería adaptar también la estructura de la Administración para una mayor operatividad, pero esa situación excepcional, afortunadamente, ha desaparecido. Por ello, lo normal es que, igual que se ha hecho con el dispositivo de mantenimiento y de operatividad y de actuación, que es distinto

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al que había entonces, se vaya también adaptando la parte administrativa a la realidad que hoy tenemos. Señorías, eso no es abandono ni es descuido porque todo está controlado, únicamente es un claro descontrol lo que ustedes dicen porque, primero, criticaron abiertamente la figura del comisionado -la descalificaron totalmente- y ahora preguntan por qué desaparece y dicen que no quieren que desaparezca. Resultan claramente muy poco creíbles con esos argumentos. El señor Rodríguez, en concreto, decía que el comisionado era un instrumento ineficaz y que simplemente se trataba de una forma de desviar la atención a través de un órgano de carácter burocrático y lo mismo decía entonces el portavoz socialista, señor López Garrido. Pues bien, ahora quieren ustedes que permanezca. ¿En qué quedamos? Están sumidos, repito, en una contradicción permanente. Lo que les quiero decir es que, en todo caso, lo que se va a mantener es la estructura de dicho órgano, que se mantendrá toda la estructura de coordinación, centrándose principalmente en la solución para el fuel hundido en el buque, en el mantenimiento de la limpieza de las playas...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Debe finalizar su intervención. Lleva consumido el tiempo concedido con exceso.


La señora SAINZ GARCÍA: Sí, señora presidenta, termino.


Decía que centrándose principalmente en la solución para el fuel hundido en el buque y en el mantenimiento de la limpieza de las playas, adaptando en definitiva la estructura a la situación actual. Esto lógicamente no les interesa a ustedes porque se instalaron en la cultura del no y esa cultura hoy tiene que estar superada. Afortunadamente, los gallegos conocen cómo hay gobiernos, el gallego y el central, que han actuado desde la responsabilidad, comprometidos con Galicia desde el empeño de convertir lo que fue una importante catástrofe en palanca de progreso.
Ese es el único empeño y en eso seguirá hasta que todo haya alcanzado la más absoluta normalidad. (La señora Cunillera i Mestres: ¿Pero no estaba todo normal?)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Sáinz.


Señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señora presidenta.


Señora Sainz, si alguien está manipulando desde el principio son ustedes y el Gobierno. Si alguien ha planteado mentiras o verdades a medias en todo lo que ha sido el desarrollo de esta catástrofe, que todavía no le he oído reconocer que era una catástrofe, han sido ustedes. Y España no son ustedes y Galicia tampoco son ustedes y el Cantábrico tampoco son ustedes. (La señora Villalobos Talero: No sólo son ustedes.-Rumores.) O no sólo son ustedes. Muy bien. Ustedes piensan que todo lo que dicen lo dice España. Pues no. Aquí hay un elemento que me gustaría poner encima de la mesa, porque ustedes en esta dinámica democrática en la que estamos parece que lo que no coincide con ustedes no existe o no debe existir.
Eso no es bueno que sea así, señora Sainz. Con la exposición que nos ha hecho les animaría a que se constituyera la comisión de investigación. Si lo tienen tan claro todo, si lo han hecho todo tan bien, hagamos la comisión de investigación. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Claro.) Dennos gusto. Si luego resulta que va a ir en contra nuestra según sus criterios, déjennos que padezcamos un poco y pasemos un mal rato. (Un señor diputado: Muy bien.-La señora Cunillera i Mestres: ¿A que no se atreven?) Monten la comisión de investigación. No tenemos ningún inconveniente en que eso sea así.


En cuanto a las playas limpias a las que se refería usted, tengo entendido que las banderas azules han desaparecido. Ahora, también es cierto que algún miembro del Partido Popular ha dicho que no tiene ningún valor.
Como ahora no les interesaba, no tiene ningún valor; sin embargo, cuando hace unos años les interesó que estuvieran todas con las banderas azules dijeron que éramos estupendos. Yo quiero que las playas tengan banderas azules; yo quiero que ningún turista, que ninguno de los que van por las playas españolas del Cantábrico y de Galicia encuentren galletas de chapapote; yo quiero que no haya 700 toneladas de fuel saliendo día a día del Prestige (Un señor diputado: Hilitos.) Quiero todo eso, señora Sainz, y no es ninguna demagogia. Demagogia es la suya que está diciendo que aquí no pasa nada. Parece que vivimos en el Alicia del País de las Maravillas. Me da la impresión de que ustedes no quieren enterarse del calado de este problema y los informes técnicos que están denostando continuamente o minimizando están diciendo permanentemente que esta gran catástrofe ecológica va a tener consecuencias para el medio marino, va a tener consecuencias para la actividad económica de Galicia y de todo el mar Cantábrico. No nos gusta ni al Grupo Socialista ni a los socialistas gallegos que esto suceda y parece que están empeñados, siguiendo su propia teoría, en que como no hacemos lo que quieren ustedes que hagamos, somos los enemigos de la patria. Ustedes están equivocados, pero de manera irresponsable. Si hay manipulación, si hay irresponsabilidad, si hay incompetencia, si hay perjuicios, quien tiene que asumir la responsabilidad son ustedes. Los que tienen que analizar lo que está pasando son ustedes y como no quieren hacerlo lo tenemos que hacer en este Parlamento.


Hay una Asamblea Nacional Francesa que está diciendo que elabora un informe sobre lo que pasó con el Prestige y que da sus opiniones. Yo no he dicho que ninguno de los altos cargos fuera a Francia, señora Sainz.
He dicho que interrogaron a los altos cargos y,

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por cierto, incluso al fiscal general del Estado y quisiera saber qué decisión tomó respecto al hundimiento del Prestige. Lo que estoy diciendo es que eso se puede llevar a cabo aquí, en este Parlamento. Creen ustedes la comisión de investigación. Si tan seguros están de que todo está perfectamente hecho, que han dado los pasos acertados, que las decisiones tomadas son las más ajustadas, háganlo. Traigan ustedes a los técnicos y a las personas que consideren oportunos, y nosotros traeremos también a los técnicos y a las personas que consideremos oportunos para contrastar las opiniones. Entonces veremos quién tiene o quién no tiene la razón. A lo mejor la tenemos los dos. Lo que sí está demostrándose en estos momentos es que ustedes no quieren la comisión de investigación, no quieren que comparezca el señor Álvarez-Cascos, no quieren que comparezca el señor Rajoy, no quieren que comparezca nadie que pueda abrir alguna espita de crítica respecto a la gestión que se ha llevado a cabo en el hundimiento del Prestige, la catástrofe del Prestige, desde hace nueve meses. Por ello, señora Sainz, no le extrañe que pidamos este tipo de información que queremos saber. Usted a lo mejor dispone de mejores elementos documentales que nosotros, porque ustedes dar, dan pocos. Por lo tanto, tenemos que acudir a donde podemos acudir, y pienso ahora en los medios de comunicación, que nos suministran bastante más información de la que ustedes están dispuestos a facilitar.


Señora Sainz, todavía tenemos ahí el problema. El barco Prestige está hundido y partido en dos con 37.000 toneladas. Tenemos la contaminación de las playas con 700 toneladas diarias de galletas de fuel, tenemos las playas sucias. No como antes, por supuesto que no, ¡sólo faltaría que estuviéramos como hace tres meses!, pero hay chapapote y galipote en las playas. Lo que queremos saber es qué pasó desde el principio, y es normal que así sea. Y si tan normal es que así sea, señora Sainz, y puesto que usted está tan segura, acepte la comisión de investigación, acepte que vengan, que comparezcan, que informen, que digan. De esta manera podremos ver qué es lo que hay que hacer para evitar una catástrofe similar a ésta y qué medidas ha adoptado el Gobierno para ver si están o no bien tomadas. Si hubieran aceptado alguna de nuestras propuestas, no digo todas, posiblemente alguna de las cosas que pueden pasar de aquí en adelante no ocurriría, pero como ustedes están en mantenella y no enmendalla, ni aceptarán esto ni cualquier otra cosa que propongamos desde el Grupo Socialista. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Seguiremos insistiendo porque entendemos que la crítica que estamos haciendo es constructiva, no está manipulada ni es manipuladora. Lo único que estamos consiguiendo con ustedes es que parece que aquí no ha ocurrido nada y que el Prestige es una realidad virtual que nunca ha existido. Por lo tanto, señora Sainz, pediría al Grupo Parlamentario Popular que reconsiderara su posición y aceptara que en España hay otros grupos políticos que también tenemos nuestra parte de razón a la hora de plantear los problemas que tenemos en este país.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán. Señorías, guarden silencio, por favor.


Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Es muy importante afirmar que a la luz de lo que estamos escuchando, si no llega a ser por la reacción popular que hubo en Galicia y también por la oposición política en las instituciones, cabría preguntarse cuál sería la posición del Partido Popular. Porque si ante los datos evidentes, que no se pueden ocultar, y las consecuencias de una catástrofe que, por lo demás, es normal que sean las que son porque es una catástrofe que está perfectamente definida por experiencia incluso en el propio país, teniendo en cuenta lo dimensionada que está, desde el punto de vista de que es mucho más grave que las anteriores, lo raro es que no hubiese problemas gravísimos. Una cosa es ser ponderado y otra ser triunfalista.
Me parece que el peor daño que se le puede hacer a Galicia en este momento es ser triunfalista porque los efectos de la catástrofe van a durar años. No es que lo diga yo, es que lo sabe cualquiera que tenga en cuenta cuáles son los efectos provocados por los hidrocarburos en el mar, sobre todo con tanta extensión y tanta intensidad. Por lo tanto, esto no será un problema de debate política, es un problema de objetividad. Ante esa objetividad se pueden mantener dos posiciones. Una, decir que todo está muy bien, que aquí no hay problema, que adelante todo triunfalismo y que ya se hizo todo lo que había que hacer. Otra posición es decir que hay problemas, y los más graves van a ser sobre todo los económico-sociales derivados de la afectación del ecosistema. Lo lógico es que una fuerza política responsable, y además gallega, no deje en paz al Gobierno para que no mantenga unas posiciones de carácter testimonial.


Señora Sainz, no respondió a una sola de las observaciones que le hice sobre el problema del Plan Galicia, que era un plan de choque, y de choque, nada. Allí, excepto las ayudas a los afectados, que ya les reconocimos desde el principio que fueron efectivas y rápidas y que, por supuesto, tenían una intención de control social evidente, de lo demás, nada de nada, excepto propaganda. Un país con una afectación de este tipo no puede vivir cinco años en esta situación, limpiando las playas, es decir, la cuestión puramente aparente, o tratando de convencer a la población de que el problema se soluciona con caminos e infraestructuras en los ayuntamientos afectados, con 33 millones de euros para todo el país. Queremos soluciones prácticas, de

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carácter económico y social. Queremos una solución práctica para el buque hundido. Tengo que recordarle que nos pasamos tres meses mareando la perdiz con una comisión científica cuyos resultados y conclusiones no valieron después para nada y se le entregó a Repsol para que volviese a reiniciar el proceso. Cabe preguntarse, y es una pregunta legítima, si dentro de un año va a quedar algo en el pecio, porque aún hay algunas informaciones totalmente contradictorias sobre la cantidad de fuel que queda en el barco. Si hacemos caso a las informaciones de prensa, prácticamente quedaría muy poco, porque sumando todo lo recogido más todo lo que queda en el mar, o el barco llevaba más toneladas de fuel o es increíble este tipo de posicionamiento. Por tanto cuando hay tantos interrogantes lo normal es ser prudente, lo normal es ser responsable y lo normal es ser precavido y sobre todo previsor y lo que les pedimos a ustedes es previsión. Este no es un debate de historia. Si ustedes consideran eso, realmente es alarmante y tienen razón los que quieren mantener la plataforma Nunca Máis sea como sea, porque hay que mantener el presente y el futuro como perspectiva de acción positiva para acabar con el problema, señora Sainz. Tampoco usted aclaró el tema de la intervención francesa. Yo se lo intenté aclarar. Le dije que había un lenguaje diplomático. Le reconocí que el Gobierno francés por la vía de Asuntos Exteriores no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque es un Gobierno, en cierta manera, cómplice con el Gobierno de España, lógico, pero cómplice hasta cierto punto nada más, hasta donde no lo compliquen a él en las responsabilidades y en el problema, sobre todo, ante los acuicultores y la opinión pública francesa. Lo que la Asamblea Nacional de Francia dejó claro es que ese país no tiene nada que ver con la responsabilidad de la catástrofe y que, es más, actuó a tiempo para que el barco no fuera para el norte. Si no, ¿por qué tomaron esa decisión de mandarlo para abajo? ¿Usted piensa que es creíble que un capitán lo haga si no sabe que hay indicaciones no solamente del Gobierno de Francia, a través del Gobierno español, y no solamente a través del Gobierno español, sino de la casa de remolcadores holandesa, que tienen claro que para el norte no se lleva por motivos políticos? Le vuelvo a repetir que admito que no asumiendo el control del barco como debería haber sido asumido con los medios suficientes, era lógico que las autoridades españolas, si no querían tragar el problema en las costas gallegas, lo echaran para arriba, pero no fueron capaces de mantener esa posición, ¿y sabe usted por qué? Por presiones políticas y no nos trate como a imbéciles. Ya sé que el lenguaje diplomático tiene dos niveles: el nivel de la publicidad y el nivel del interior, que desgraciadamente desconocemos. Desconocíamos, cuando el señor ministro sí lo pudo decir aquí, que existía ese fax donde el prefecto francés indicaba que no era una actitud razonable llevar el barco para arriba, porque no tenían por qué tragar ellos con esas consecuencias. Señora Sainz, de eso es de lo que estamos hablando. Por tanto no sé que clase de acusación es la del daño a Galicia. Creo que el daño a Galicia se le hace tratándonos de imbéciles, el daño a Galicia se le hace tratándonos de forma irresponsable y el daño a Galicia se nos hace no consiguiendo que el Gobierno vaya a atender esta situación, sea el suyo u otro cualquiera que venga, durante los años sucesivos, que es donde va a estar el problema más grave, a no ser que usted abogue por que nos vayamos muchísima más gente del país o simplemente por cerrar la pesca, cuestión sobre la que sabe usted que ya empieza a haber un debate, con unas medidas sobre la pesca de bajura que no son precisamente esperanzadoras.


La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Por tanto me reafirmo, señora presidenta, en que estamos ejerciendo un acto de responsabilidad y lo vamos a seguir ejerciendo durante mucho tiempo.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Después de escuchar a la señora Sainz he llegado a una conclusión y es que los enemigos de la sociedad abierta del Partido Popular, los enemigos popperianos de Galicia y de España no son ni las catástrofes ecológicas ni la incompetencia en las decisiones para paliarlas, sino que son los enemigos de siempre. Fíjese qué coincidencia: la universidad, que emite informes falsos y políticos sobre la situación de la catástrofe ecológica; Francia, que realiza una comisión de investigación y llega a conclusiones diferentes a las del Gobierno español; la oposición y una única diferencia con respecto al argumento anterior: Nunca Máis. Todos los demás son los mismos enemigos de la sociedad abierta del Partido Popular, que realmente son los que el Partido Popular denuncia.


Parece ser que la catástrofe ecológica ha terminado. La señora Sainz ha decretado su fin. Por tanto ese decreto trae consigo que el comisionado no tenga ya sentido, pero dice algo a mi entender muy interesante, que demuestra la necesidad de que el Gobierno comparezca ante esta Cámara, y es que el comisionado no va a estar, pero se van a mantener los mecanismos de coordinación. Entonces, ¿por qué, si la situación es normal, se mantienen los mecanismos de coordinación? ¿No será que no es tan normal como dice el Partido Popular? ¿Por qué, si el comisionado se va, al mismo tiempo no se disuelven los mecanismos de coordinación? ¿No será que el comisionado se va a otras tareas que son las que realmente siempre interesan más al Partido Popular, que son las tareas privadas, antepuestas siempre a la tarea pública? La señora Sainz nos ha dejado realmente

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perplejos. Va a mantener la estructura de la coordinación, pero ya no tendremos coordinador. El señor Martín Villa se dedicará á las telecomunicaciones, después de haberse dedicado a ser el sucedáneo de lo que debió ser una comisión de investigación y mecanismos de coordinación efectivos en el seno del Gobierno. Eso es lo que fue el comisionado, un sucedáneo de lo que debería haber sido una apuesta seria por la coordinación y por la investigación de las causas de la catástrofe.


La señora Sainz ha decretado la normalidad, pero decreta la normalidad y no da ningún dato. Señora Sainz, los primeros datos que hay por parte de las propias empresas turísticas en el norte de España no coinciden en absoluto con lo que usted dice. Mes de julio: en Asturias, 60 por ciento de ocupación. Me imagino que no será muy diferente del resto de las comunidades autónomas. Mes de agosto: perspectivas similares, no muy distintas. Pesca y marisqueo: están diciendo los pescadores y los mariscadores que la catástrofe ecológica ha tenido impacto medioambiental y sobre sus capturas. Ustedes dicen lo contrario. Hagamos esa comparecencia para demostrarlo. En cuanto a la situación ecológica ustedes se enfrentan a todo el mundo en estos momentos para decir que una catástrofe ecológica que ustedes mismos han dicho que es la mayor de Europa se ha solucionado en nueve meses, como un parto. Van a entrar en el libro Guinness de los récords, han solucionado una catástrofe ecológica gravísima en el periodo de nueve meses. Ni tanto ni tan calvo.
Por otra parte, ustedes se han sumado a una teoría que está en boga en los evolucionistas, que es la teoría de la catástrofe. La sociedad evoluciona mediante catástrofes. La señora Sainz dice que la catástrofe va a provocar un desarrollo y un despliegue de Galicia. Se decía antes que no hay mal que por bien no venga. Era mucho más tradicional, pero con la misma falta de fundamento. Señora Sainz, esto significa un retroceso para Galicia y para todo el noroeste de España y para otros países; una catástrofe ecológica es un retroceso.


Dice usted, señora Sainz, y termino, que no ha habido contradicción en relación con el origen de la catástrofe ecológica, que todo se hizo por razones técnicas y que no tiene razón aquel que diga que hubo presiones políticas y de intereses económicos para tomar la decisión de alejar el barco por la ruta que se utilizó. Si eso es así, ¿el Gobierno español ha presentado una propuesta formal ante el Gobierno francés por las declaraciones del prefecto? Porque las declaraciones del prefecto ponen en cuestión por parte de un país vecino esa posición del Gobierno español. ¿Lo ha hecho el Gobierno español? No lo ha hecho.


La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, termine por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Por otra parte, y termino definitivamente, ¿por qué han adjudicado ustedes otra vez a la empresa que el señor Cascos consideró que era poco menos que delictiva, en este caso a Remolcanosa, la limpieza del fondo marino? A mí y a mi grupo parlamentario nos gustaría saberlo fundamentalmente para que en esta Cámara las opiniones del señor Cascos sean revalidadas por los hechos. El señor Cascos dijo que la posición de esta empresa era cuasi delictiva. ¿Cómo se le puede adjudicar ahora la limpieza del fondo marino a una empresa que ha llevado a cabo actos casi delictivos en un hecho tan grave como la catástrofe del Prestige?

La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, le ruego que concluya definitivamente.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Nada más.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Hay muchas cosas por decir y poco tiempo. En primer lugar, señor Morlán, ¿qué mentiras ha dicho el Gobierno? Dígame cuáles son las mentiras que ha dicho el Gobierno. (Rumores.-Varias señoras y señores diputados: Muchas y gordas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


La señora SAINZ GARCÍA: No ha dicho ninguna mentira. Diga qué mentiras ha dicho. Otra cosa es que la verdad que se ha dicho desde el primer momento a ustedes no les interesa, no coincide con lo que era una estrategia política claramente orquestada. Los intereses de España se defienden votando a favor de ellos y ustedes saben perfectamente que en Europa no han defendido con sus votos cuestiones que eran de verdadero interés para todos los españoles y eso lo han hecho ya no sólo una vez sino con frecuencia en las votaciones en el Parlamento Europeo. Aquí se ha dicho toda la verdad y desde el primer momento. Lo que ocurre, repito, es que a ustedes eso no les ha interesado. La comisión de investigación -se lo hemos dicho- sería necesaria si no hubiera habido una información exhaustiva, veraz y constante, pero nunca en la historia del Parlamento ha habido más información sobre un tema que la que ha habido sobre el tema del Prestige. Sobre lo único que yo le interrogaba en alguna ocasión es si acaso la única comisión de investigación que ustedes querían era para manipular los documentos públicos, como también siguen manipulando los documentos franceses, porque lo que dicen las conclusiones de la Asamblea francesa no es lo que ustedes están diciendo aquí. Yo ya les he señalado algunas de las cuestiones en las

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que en el fondo dan claramente la razón a España. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Sainz.


Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora SAINZ GARCÍA: El máximo experto en estas cuestiones, señor Girin, dice precisamente que le da la razón a España, que no hay precedentes de alejar un barco en esa situación y que no lo dice por congratularse con los españoles sino por razones claramente técnicas. Esa es la verdad, pero como ustedes querrían que hubiese otras verdades porque son las que les interesarían, se enfadan y vuelven a traernos de nuevo a ese debate histórico, que es al que yo me refería.


Que la situación está tendiendo a la normalidad es una evidencia tan clara que la ven todas las personas que acuden a la zona norte, a Galicia, y por eso no entienden el discurso que hacen aquí. De las 1.064 playas existentes en las cuatro comunidades afectadas, 740 llegaron a tener problemas en los peores momentos: 502 en Galicia, 132 en Asturias, 61 en Cantabria y 44 en el País Vasco. Hoy día, tan sólo 17 playas tienen algún problema: en Galicia, tres, alguno más importante, el resto de las playas gallegas -hasta 11- alguno pero pequeño; tres en Asturias; dos en Cantabria y una en el País Vasco. Si esto no es tender hacia la normalidad, dígame usted cuál es la tendencia a la normalidad a la vista de estos datos. En cuanto a la solución del pecio -también se lo he dicho ya a ustedes- se están terminando los trabajos para el sellado total y definitivo de todas las grietas y bien en la segunda quincena de agosto o en la primera de septiembre, se iniciarán las pruebas de extracción del fuel por bolsas lanzaderas. Si no dieran resultado, se cambiará el sistema y se hará en la primavera. Por tanto está todo previsto, no hay nada abandonado. En cuanto a la recuperación de los fondos marinos también hay trabajos técnicos que se están aplicando y que se van a hacer con toda normalidad desde la responsabilidad, con el trabajo diario y con clara eficacia.


Termino, señora presidenta, diciendo que afortunadamente hoy los ciudadanos conocen cómo los gobiernos, el Gobierno central y el Gobierno gallego, han actuado con responsabilidad y están comprometidos con Galicia. ¡Naturalmente que con ese Plan Galicia quieren hacer de una tragedia una palanca de progreso y de desarrollo! Ese es el objetivo. No puedo explicarle ahora al señor Rodríguez, porque no tengo tiempo, cómo va avanzando el Plan Galicia y cómo se van cumpliendo unos compromisos históricos con nuestra tierra. Ese es también el empeño del Grupo Popular y de miles de ciudadanos no sólo gallegos sino de todos los rincones de España, que han mostrado desde el primer momento su solidaridad y que hoy también siguen mostrándola visitando nuestra comunidad, a pesar de que ustedes han sembrado la mayor de las dudas, a pesar de que se han esforzado por hacer la mayor campaña negativa de Galicia, y eso es lo que yo les echo en cara, que han pintado un panorama que no responde a la realidad, un panorama poco más o menos que desolador sin importarles que esas declaraciones podían hacer un daño muy grande, señor Llamazares. Eso sí que puede hacer un daño muy grande a la economía gallega, pero naturalmente, cuando los visitantes llegan, se quedan sorprendidos porque la realidad es muy distinta, y eso a pesar de ustedes y eso gracias a unos gobiernos claramente comprometidos con los intereses de los ciudadanos afectados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.


Ruego a los servicios de la Cámara que comprueben si hay algún miembro de la Diputación Permanente que se encuentre fuera de la sala y hagan el llamamiento a votación. (Pausa.)

VOTACIÓN SOBRE LOS PUNTOS RELATIVOS A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL SOBRE RTVE.


La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE con el objeto de que se celebre la comparecencia urgente del director general de RTVE para que informe de las medidas adoptadas para depurar responsabilidades tras la reciente condena de RTVE por la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales y de las que tiene previsto tomar para evitar que hechos de esta naturaleza puedan volver a repetirse.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 47; a favor, 17; en contra, 30.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día: Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, para que informe de las medidas que ha tomado o piensa adoptar respecto a RTVE tras su reciente condena por la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales, así como las que piensa adoptar para evitar que este tipo de situaciones puedan volver a darse en el futuro y para garantizar la imparcialidad en la televisión pública.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 47; a favor, 17; en contra, 30.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


VOTACIÓN SOBRE LOS PUNTOS RELATIVOS AL BUQUE PRESTIGE.


La señora PRESIDENTA: Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Fomento para que confirme si es cierto que el rumbo del Prestige tras el S.O.S. estuvo condicionado por el mal tiempo o las decisiones de la sociedad salvadora y no por manifestaciones de las autoridades de los países vecinos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 47; a favor, 20; en contra, 27.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes a los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día: Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia para explicar la eventual disolución del comisionado sobre el Prestige.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 47; a favor, 20; en contra, 27.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (número de expediente 062/000058), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE FOMENTO PARA ANALIZAR EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LAS ANOMALÍAS, GRAVES RETRASOS Y SOBRECOSTES DE LA OBRA DEL AVE MADRID-BARCELONA. (Número de expediente 213/001366.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000061), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE FOMENTO PARA QUE EXPLIQUE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO ANTE LOS ACCIDENTES E IRREGULARIDADES EN LAS OBRAS DEL AVE.
(Número de expediente 213/001371.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el quinto bloque de debate, el relativo a las obras del AVE Madrid-Barcelona. Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Fomento para analizar el informe del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías, graves retrasos y sobrecostes de la obra del AVE; y petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Fomento para que explique las actuaciones del Gobierno ante los accidentes e irregularidades en las obras del AVE.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, en este período de tiempo del último mes y medio el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado...
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Segura.


Señorías, ruego guarden silencio y mantengan las conversaciones fuera de la sala.


Adelante, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones la convocatoria de una Comisión extraordinaria de Infraestructuras con el objeto de analizar lo que se ha ido convirtiendo en una especie de esperpento o de parodia nacional. El AVE, la alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, recogida dentro de las decisiones comunitarias en las que se definieron las redes transeuropeas del transporte,

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constituye la obra más señera y relevante de aquella decisión adoptada en el año 1994. Nuestra sorpresa ha ido creciendo día a día a medida que en la Cámara entran documentos. Nosotros solicitábamos la convocatoria de la Comisión de Infraestructuras con el objeto de que el ministro informase sobre los incrementos de coste en la ejecución de las obras. En una Diputación Permanente se desestimó nuestro planteamiento. Hoy, ante las últimas noticias aparecidas, volvemos a reiterarla con mayor número de argumentos.


Señorías, el 30 de julio pasado entró en el Congreso de los Diputados, a través del registro de la Cámara, el informe de fiscalización de las incidencias producidas hasta el 31 de diciembre de 2001 en relación al cumplimiento del plazo de ejecución pactado en los contratos de obras formalizados por el GIF para la construcción de la alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Señorías, a sabiendas de que este documento va a ser objeto de debate en el seno de la Comisión Mixta competente de las Cortes Generales en el seguimiento de los dictámenes del Tribunal de Cuentas, este grupo parlamentario considera que, a pesar de ello y ante todas las circunstancias que se han venido desencadenando, cada vez está más justificada la comparecencia del ministro de Fomento ante la Comisión de Infraestructuras para analizar los incrementos de costes, las anomalías que denuncia el Tribunal de Cuentas en este documento, y les voy a indicar algunas de las que denuncia.


El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que las irregularidades en la gestión del año 2001 causaron retrasos en 60 de los 73 contratos finalizados en aquel año; que muchas obras se adjudicaron sin que la Administración tuviera la propiedad del suelo; que no siempre se han aclarado las razones en que se fundamenta la concesión de las prórrogas que dio el GIF. El Tribunal de Cuentas, señorías, ha aprobado la fiscalización de los 73 contratos cerrados hasta el 31 de diciembre de 2001 y adelanta también algunos de 2002, pero desde luego tenemos que tener presente que los 63 contratos, de los 73 analizados por el Tribunal, hasta sumar 167 anomalías, constituyen un tema muy relevante, es decir, de 73 contratos analizados, 63 contienen anomalías y las anomalías contenidas en esos 63 suman 167, de las cuales hay 36 suspensiones del inicio de obras, 74 prórrogas, 57 modificaciones de contratos. Señorías, estas anomalías han ocasionado un retraso en 60 de los contratos firmados en 2001, de los 73; luego no estamos hablando de un tema baladí. Entiendan que lo único que este diputado está haciendo es reproducir aspectos que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su dictamen, que, por cierto, según noticias que tiene este diputado, fue objeto de un debate muy intenso.


Hemos elaborado un informe en nuestro grupo parlamentario de fiscalización de este documento en lo que se refiere a los contratos del año 2001 y, señorías, resulta espectacular, porque con anterioridad al inicio de las obras -estamos hablando de 2001- se produjeron suspensiones de muy diferente índole. Ha sido frecuente que se iniciasen las obras sin disponer de la titularidad de los terrenos y eso ocurrió en 36 de los 73 contratos analizados, que trajeron consigo un retraso medio en cada una de las obras de 6,4 meses. Nosotros queremos poner de manifiesto que el GIF no quiso hacer uso -y el ministro tendrá que dar un explicación política y administrativa en el ejercicio de su responsabilidad política- de la cobertura legal que le da la disposición adicional segunda de la Ley sobre medidas extraordinarias y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos y de infraestructuras vinculadas al transporte. Nosotros creemos -y lo dejamos en el "Diario de Sesiones" para debates próximos- que es una grave responsabilidad política la del Gobierno y concretamente la del ministro de Fomento.


Respecto a las prórrogas de los contratos el Tribunal dice textualmente que si bien los responsables del GIF las pretenden justificar en la complejidad técnica y constructiva que conlleva la construcción de una línea férrea, los escritos de petición de prórroga formulados por los técnicos del GIF no siempre incorporan documentos o informes o explicaciones que justifiquen conveniente o suficientemente la concurrencia de las circunstancias en que se basaron y la conveniencia de su concesión. Lo dice el Tribunal de Cuentas y, señorías, si el Tribunal de Cuentas dice que en las prórrogas que se producen en los contratos no hay justificación, que es una obligación derivada de las normas de contratación y que es imprescindible para un adecuado control, nos preguntamos qué es lo que está haciendo el GIF. Nos lo seguimos preguntando porque el Tribunal pone de manifiesto que el GIF unilateralmente ha concedido distintos tipos de prórrogas que el GIF, en este caos administrativo, pretende clasificar en varios grupos, y el Tribunal dice que hay un primer grupo en el que cuatro prórrogas fueron motivadas por la adecuación de los trabajos a las exigencias presupuestarias y el Tribunal pone de manifiesto lo injustificado de esa razón. En segundo lugar, hablan de prórrogas por inclemencias meteorológicas -prefiero no transcribir lo que dice el Tribunal-. En tercer lugar, en otro tipo de prórrogas por problemas constructivos llama la atención la de la estación intermodal de Zaragoza, cuyas modificaciones tienen su origen en el Ministerio de Fomento y que supusieron un incremento del plazo de ejecución del 66,7 por ciento. En cuarto lugar, el GIF imputa a actuaciones de terceros la justificación de determinadas prórrogas. Ahora bien, resulta lamentable que en ocasiones tengan su causa en la falta de colaboración entre entidades del sector público, y esto lo dice el Tribunal de Cuentas: ¿cómo es posible que se produzca un retraso, una prórroga y un incumplimiento como consecuencia de una actuación de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid en el subtramo segundo del tramo Madrid-Zaragoza? ¿Cómo es posible

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que la prórroga producida por la definición del plan de actuaciones de RENFE en las obras de la nueva estación de Zaragoza, el subtramo Delicias-segunda fase, provoque acontecimientos de este tipo imputables al propio Ministerio de Fomento? Y así sucesivamente.


Señorías, puedo seguir haciendo referencia a los contenidos que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en lo relativo a la modificación de los contratos. Dice que en cuanto a la modificación de los contratos es significativo el hecho de que esas modificaciones afectaran al 63,40 por ciento de los contratos finalizados o que se encontraban en fase avanzada de ejecución el 31 de diciembre de 2001. Dice textualmente el Tribunal que ese es un porcentaje muy elevado, teniendo en cuenta el carácter excepcional y tasado que la ley atribuye a las modificaciones de los contratos. Y en las modificaciones de los contratos está el gran enriquecimiento de los centenares de pequeñas, medianas y grandes empresas que están llevando a cabo las obras de esa red ferroviaria de alta velocidad. El Tribunal asevera rotundamente, señorías, que en términos generales los expedientes de modificación de los contratos no incluyen justificación o explicación suficiente de que tales necesidades sean nuevas o se deban a causas imprevistas.


Nosotros venimos solicitando desde hace dos meses la reunión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, no solamente por el dictamen del Tribunal de Cuentas, sino porque no hay más que leer la prensa diaria: La empresa Siemens aplaza la entrega del AVE a Barcelona por retrasos en la fabricación -todos habrán leído muchas páginas de prensa en los últimos tiempos-; Renfe tendrá en 2004 una flota de 32 trenes que no podrá utilizar; Talgo entregará sus modelos del nuevo AVE dentro del plazo y Siemens achaca su demora a la situación del trazado.


Podemos adentrarnos en los sistemas de señalización o en los folletos, y se los voy a mostrar a título orientativo. Yo les recomiendo, señorías, porque aquí hay muchas personas con interés en los temas de las infraestructuras, que lean este folleto que publicó en el año 1999 el ministerio, página a página, y comprueben los flagrantes, rotundos y yo diría que ignominiosos incumplimientos del Gobierno en lo que se refiere a plazos. No hay derecho, señorías.


La señora PRESIDENTA: Le ruego que concluya, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.


No hay derecho a que, con dinero que nos transfiere Europa, con fondos de cohesión, con fondos estructurales, se haga una mala gestión. No hay derecho a que el ministro de Fomento se esconda y no diga cuándo entra al servicio de todos los ciudadanos españoles esta magnífica futura infraestructura, esperemos. No hay derecho a que se tenga desinformadas a las Cortes Generales.


Permítame treinta segundos, señora presidenta, para saber por qué razón se ha estado acusando...


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, veinte segundos y termine, por favor.


El señor SEGURA CLAVELL: Por qué se ha estado acusando de sabotaje cuando se hizo aquella primera experiencia, por qué se cortó la catenaria. Allí no hubo sabotaje, por problemas tecnológicos.


Señorías -y con esto termino-, hay algo gravísimo. Tengo dos revistas, editadas en los meses de julio y agosto por el Colegio oficial de ingenieros de caminos de España -y aquí hay señores colegiados-, y hay un artículo...


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego que dé por concluida su intervención definitivamente.


Muchas gracias, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Así no se va a ningún lado, protegiendo a un Gobierno inútil; incompetentes; irresponsables.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.


Voy a ser muy breve. Haré una consideración inicial y después, a modo de índice, indicaré los temas en los que tendría que haber entrado pero en los que no voy a entrar porque algunos de ellos han sido tocados por el señor Segura y de otros creo que el propio título explica la situación.


Tal y como están las cosas, el señor Cascos debería buscar si hay algún gafe en el GIF, porque no se explica el cúmulo de errores, de retrasos y de barbaridades que están ocurriendo en esta obra; esta obra que el Partido Popular había puesto como ejemplo clave de su maravillosa gestión, de su forma de gestionar, pero que se está convirtiendo auténticamente en la gran chapuza nacional. En todo caso, señora presidenta, esperemos que al señor Cascos no le den otra medalla de oro por la construcción de los distintos ramales del AVE.


Voy a enunciar algunos de los temas que se han amontonado, sólo algunos, porque si no sería una acumulación inaceptable por larga. Por ejemplo, el señor Cascos se comprometió a poner en marcha el AVE Madrid-Lleida a finales de diciembre del 2002... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, ruego que las conversaciones las mantengan en tono bajo o por lo menos fuera de la sala.


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El señor ALCARAZ MASATS: A partir de ahí se desata una gran caja de truenos que todavía no ha terminado de explotar. Hay hundimientos del terreno. Se produce un enorme socavón junto a la línea del AVE a la altura de Zaragoza y, cuando técnicos que conocían el terreno lo denuncian de manera muy rigurosa, se les dice que están haciendo política y se les descalifica de esta manera. Por lo que se refiere a los problemas de la señalización, el señor Cascos imputa a las fábricas concesionarias de la señalización que tienen la culpa del retraso. Sin embargo, estas empresas dicen que desde el 16 de mayo han entregado la señalización en perfecto orden y por tanto descalifican esa excusa del señor Cascos. Aparte de la polémica con los trazados está el tema de que sólo puede marchar a 200 kilómetros por hora, tal como están instaladas las infraestructuras. El departamento de Fomento se comprometió a que el trayecto Madrid-Barcelona se podía realizar en un tiempo récord de dos horas treinta minutos, pero entonces los trenes tendrían que alcanzar 300 kilómetros y para ello hay que instalar un sistema ERTMS, pionero en ferrocarriles españoles y cuyas pruebas duran muchos meses, con lo que no se pueden cumplir ninguna de las previsiones de las que habla el señor Cascos.


Las obras del AVE registran 277 accidentes, en algunas líneas muy graves, en cuatro meses. Y a nosotros nos preocupan mucho más los accidentes que la prisa que está empezando a tener el señor Cascos. Primero la seguridad -y que se entienda nuestra crítica al retraso una vez que se producen los accidentes, muchos de ellos mortales, muchos de ellos gravísimos, fundamentalmente en la línea Córdoba-Málaga- y después el resto de los temas, que hay que criticarlos pero supeditados a la seguridad; seguridad que, por ejemplo, no se tiene en cuenta cuando el otro día ocurre un accidente muy grave y resulta que no se habían abierto las galerías de evacuación. El señor Cascos dice que se abran de inmediato. El GIF dice que no, que no da tiempo, y todavía no sabemos si se van a abrir o no las galerías de evacuación del túnel del AVE. Eso sí, todos hemos aprendido a decir tuneladoras. Siemens aplaza la entrega del AVE a Barcelona por retraso en la fabricación hasta marzo del año que viene. La auditoría del Tribunal de Cuentas destapa múltiples anomalías en las obras del AVE Madrid-Barcelona. En la gestión causaron retraso 60 de los 73 contratos fiscalizados; muchas obras se adjudicaron sin que la Administración tuviera la propiedad del suelo y no siempre se aclaran las razones en que se fundamenta la concesión de las prórrogas. Los sindicatos piden más seguridad en las obras del AVE e incluso en distintas subcontratas -y han sido los mismos inmigrantes quienes han denunciado- se contratan inmigrantes ilegales, específicamente en el tramo Málaga-Córdoba. Son ellos mismos los que lo denuncian por falta de seguridad y por otros temas que no voy a suscitar ahora. Todo esto demuestra, señora presidenta, que ésta es una situación caótica.


Termino diciendo que esperemos que no le den una nueva medalla patriótica al señor Cascos, porque últimamente cada vez que tiene un fallo monumental le dan una medalla de oro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar quiero decir que el hecho de que el señor Segura, que es hombre conocido por su rigor en las intervenciones parlamentarias, base su intervención -en una parte, no en toda- en noticias de prensa dice muy poco del contenido de su intervención. Creo que hay que basar las intervenciones más en datos reales que en noticias de prensa.


En segundo lugar, hablaba el señor Segura de desinformación. Siendo el objeto de este debate parlamentario la solicitud de la comparecencia del señor Cascos, el señor Cascos a estas alturas de legislatura -queda poco, pero a estas alturas de la legislatura- ha tenido más intervenciones parlamentarias que cualquier otro ministro de Fomento en cualquier otra legislatura. Más de 300, 305... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Les ruego guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Esto según datos que obran en la página web de esta Cámara. Muchas de esas 305 intervenciones han sido compartidas con el señor Segura, que ha participado en esos debates. Ha tenido más de 43 comparecencias en Comisión; ha respondido a más de 200 preguntas parlamentarias y ha tenido más de 20 interpelaciones. Sobre el AVE concretamente 27, de las que se han producido 10 en los últimos meses; la última, en el mes de junio. Con esto quiero decir que estamos hablando de un tema que ha tenido un debate parlamentario intenso. Yo considero que el señor Segura y el Grupo Parlamentario Socialista tienen que hablar del AVE para rellenar esta Diputación Permanente, pero en el último mes, señor Segura, señor Alcaraz, no ha pasado nada nuevo. (El señor Alcaraz Masats: ¡En el último mes!) No ha pasado nada nuevo que no se haya debatido en esta Cámara, señor Alcaraz. Y yo que soy valenciano y sé la posición que ha mantenido el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida en el desarrollo de los AVE conozco su opinión: que no querían AVE, que no querían AVE; que preferían trenes de cercanías a los AVE. Y resulta que se está desarrollando el plan de infraestructuras de AVE más ambicioso que ha habido nunca en este país, con un grado de ejecución excelente.


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El Tribunal de Cuentas ha hecho un informe, señor Segura, y usted puede coger la parte que quiera. Se debatirá en la Comisión del Tribunal de Cuentas, como es lo lógico, con una presentación previa, como figura en el Reglamento de la Cámara, que usted, señor Segura, conoce muy bien porque es estudioso. Ese informe del Tribunal de Cuentas dice que todas las actuaciones se ajustan a la más estricta legalidad, que todas las actuaciones se ajustan a la más estricta legalidad, al marco de la Ley de Contratos del Estado; dice que los plazos medios de demora en el 2001 se han reducido; dice que todas las anomalías han sido puestas de manifiesto por el GIF y justificadas. Usted sabe, señor Segura, como sé yo, que los incrementos de costes, independientemente de las noticias de prensa, no son tales; usted sabe, señor Segura, que los incrementos de coste no son tales; usted sabe que el tren de alta velocidad, en el tramo Madrid-Lleida, ha supuesto un 3,3 por ciento sobre el presupuesto del proyecto, que el tramo Lleida-Barcelona ha disminuido en un 8 por ciento sobre el presupuesto del proyecto y que se están ejecutando de acuerdo con informes técnicos. Además, señor Alcaraz, el grado de incidencia de los siniestros laborales en la construcción del AVE es menor que la media del sector. El índice de incidencia es del 114 en el año 2001; del 86, en el 2002, y del 91 hasta mayo de 2003, cuando la media del sector está en 183. Así pues, es menor. Y el índice de gravedad, que en el sector es el 2,27, en el AVE fue, en el 2001, el 1,09; en el 2002, el 1,31, y hasta mayo de 2003, el 1,08. También quiero decir que el accidente de este verano, que han calificado de tan grave, no ha tenido ningún herido. Yo creo que ustedes se alegrarán. A veces dudo que ustedes se alegran, pero creo que sí. (Rumores.-El señor Segura Clavell: ¡Venga hombre!)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Les estoy concediendo que sí.
(Rumores.-Un señor diputado: Indecente.) Les estoy concediendo que sí.
(Continúan los rumores.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, guarde silencio, por favor.
(Pausa.) ¡Señora Cunillera, guarde silencio, por favor!

Señor Martínez-Pujalte, continúe.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: A lo mejor no se lo debo conceder. Les digo que creo que no se alegran como yo no me alegraría de que hubiera accidentes graves. No los ha habido, se ha solucionado y se han puesto los medios oportunos.


Quiero decir que la situación, señor Alcaraz, lejos de ser caótica, es una situación donde se están desarrollando las obras con normalidad y donde se va a hacer un plan absolutamente ambicioso para instalar unas infraestructuras en beneficio de los ciudadanos españoles. Y tendríamos que estar colaborando para que esto se solucione del mejor modo posible.
Hablar ahora de los hundimientos, señor Alcaraz, cuando ha sucedido a un kilómetro y con unas obras que eran de la Diputación General de Aragón que no tenían nada que ver con el AVE, cuando el tramo está acabado, está perfectamente acabado, a expensas del programa informático de señalización. Señor Alcaraz, que no le engañen sus técnicos. Es así, señor Alcaraz, no lo niegue. A lo mejor no lo conoce, pero es así y lo sabe todo el mundo, además.


El señor Cascos, y concluyo, ha comparecido en esta Cámara y ha explicado todo perfectamente. El señor Segura ha tenido ocasión de debatir con él y otros diputados, también; el último fue el señor Morlán, que se acaba de ir, que tuvo una interpelación sobre este tema. Le hicieron preguntas, como sabe el señor Segura, dos diputados socialistas en uno de los últimos plenos sobre el AVE y explicó el señor Cascos cómo se estaban desarrollando las obras. Venir hoy a plantear este tema en la Diputación Permanente, cogiendo tres noticias de periódico sobre un accidente que se solucionó satisfactoriamente y sin ningún herido, ni siquiera herido, cuando los accidentes en el AVE están por debajo de la media del sector, cuando el Tribunal de Cuentas reconoce que todo se ha hecho en la más estricta legalidad, me hace pensar que las intervenciones de los grupos que me han precedido sólo responden a que querían rellenar esta Diputación Permanente con un tema al que no ha lugar. Desde luego supone una infraestructura absolutamente necesaria para España y la está haciendo el Gobierno del Partido Popular y está siendo dirigida excelentemente por el señor Cascos.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, terminé mi intervención mostrando este folleto del ministerio. Se trata de los tramos Calatayud-Ricla, subtramo 1-A, vista general; Calatayud-Ricla, subtramo 1-A, vista general desde el túnel de Paracuellos; y así sucesivamente.
Habla de previsión-determinación, de generación de infraestructuras. Pues compruébenlo ustedes, están a su disposición, no se ha cumplido ninguna de las previsiones ni de los compromisos del ministerio. Desde finales del año pasado tenía que haber entrado en funcionamiento la alta velocidad Madrid-Lleida y todavía no se sabe cuándo va a entrar en funcionamiento.


Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, si hay algo que caracteriza, y permita esta licencia personal, a este diputado, es que procuro siempre alejarme

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de la demagogia, de la trivialidad y de ensuciar las páginas del "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados, aportando rigor, método, documentación y conocimiento. Mi apellido nunca va a estar en un conjunto de reflexiones ausentes de rigor. Por ello quería decir, cuando terminaba mi intervención anterior, que de la revista de Obras Públicas, órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos españoles, con 150 años de experiencia, me leo todos los artículos mes tras mes, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y les recomiendo -aquí hay un ingeniero de caminos, compañero suyo, diputado del PP, que les puede proporcionar el ejemplar- que se lean un artículo publicado en el número de agosto por el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid, el señor Luis Fort López Tello, titulado Seguridad en el diseño y operación de túneles largos en las redes ferroviarias de alta velocidad. Este artículo, señorías, si lo leen con interés y leen las conclusiones, al menos les tendrá que generar preocupación intelectual y les llevará a la necesidad de producir un debate serio y riguroso, como deben ser los debates en las Cortes Generales Españolas.


Les recomiendo también la lectura de otro artículo, pero en este caso de la revista editada por el Ministerio de Fomento, y por seriedad no quiero hacer referencia a las conclusiones que ponen de manifiesto la duda de los técnicos ingenieros de caminos españoles, sobre todo profesores de la Universidad de Madrid, acerca de las características del túnel de Pajares, de unos 28 kilómetros. Hay un gran debate acerca de las características de esos túneles y tendrá que producirse en el Congreso.
Pedimos que se acelere y nos sumamos a la petición presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al respecto. Está justificado. Les recomiendo asimismo el artículo propagandístico del número de mayo de 2002 en la Revista del Ministerio de Fomento titulado: Alta Velocidad bajo sierra. El túnel que atravesará Guadarrama, ya en fase de ejecución, será uno de los más largos del mundo. Es cierto. Aparece el diagrama. Son dos túneles separados por una determinada distancia y cada 200 metros tiene que haber un camino, una vía de conexión entre estos dos tubos. Y no se había hecho. Afortunadamente no ha habido ninguna desgracia.
Nosotros queremos un debate para conocer las razones por las que no se ha hecho, para intentar que no ocurra ninguna desgracia ni en éstos ni en los 7.000 metros más de túneles que va a tener ese recorrido u otros tramos de la alta velocidad.


Señor Martínez-Pujalte, este diputado se ha leído íntegramente el texto del dictamen del Tribunal de Cuentas y el informe que nuestros expertos nos han elaborado. Y estamos francamente preocupados. Les he leído textualmente, no noticias de prensa, que también leo los periódicos, obviamente, les he leído textos que figuran en este informe. No intente echar tierra, porque hay graves anomalías. El tribunal, respecto a los modificados, con incremento de plazos para una tramitación en la que se han aprobado un conjunto de prórrogas, afirma que se han aumentado injustificadamente los plazos de ejecución en proporción no ajustada a lo que establece el reglamento de contratos del Estado. Y así un largo etcétera.


Por último, señor Martínez-Pujalte, las Cortes Generales tienen que representar dignamente al pueblo español y se le representa debatiendo, recabando información, debatiendo sobre ella y buscando soluciones. Y eso es lo que busca este grupo parlamentario. No hay precedentes en la historia del Ministerio de Fomento y de los anteriores de Obras Públicas de un anuncio durante años y años de que entrará en funcionamiento en diciembre de 2003 una magnífica infraestructura. Reitero que deseamos que lo sea y tendrá que serlo, como ha sido la extraordinaria alta velocidad Madrid-Sevilla, que es un ejemplo para el mundo entero, en la que se basan otros países para imitarnos y trasponer tecnología generada en nuestro país a esos países... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor SEGURA CLAVELL: Queremos tener un debate con el ministro para que explique a fondo al pueblo español todas las circunstancias vinculadas a la señalización, a las dificultades que han aparecido en el material rodante, a los resultados de las investigaciones generados, fruto de las características de las catenarias...


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino en quince segundos.


Que explique los problemas en las subestaciones eléctricas y un largo etcétera. Porque aquí hay una verdad incontrovertible: Esto no ha comenzado a funcionar. Han transcurrido siete meses, la Renfe se está empobreciendo, porque iba en su plan de comercio, en su plan gestor.


La señora PRESIDENTA: Señor Segura, concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Decía que en su plan gestor del año 2003 hay una partida presupuestaria muy importante de la que se nutre este servicio.
Este servicio aún no ha empezado y no sabemos cuándo empezará.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.


Señor Alcaraz.


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El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.


Quiero decir al señor Martínez-Pujalte que hay una distancia cierta entre lo que usted dice como buen meritorio de su grupo y la realidad, por lo menos la realidad publicada. Yo reivindico la realidad publicada en los medios de comunicación e incluso quiero hablar, en este miniparlamento que estamos creando, de la gran labor que están realizando los medios de comunicación complementando las carencias, las precariedades y el cerco a que estamos siendo sometidos los grupos de la oposición. Desde ese punto de vista les voy a leer titulares, no sólo de un medio sino de los medios más leídos de España. El proyecto de los mil y un despropósitos. Las obras del AVE registran 277 accidentes en cuatro meses. Siemens aplaza la entrega del AVE a Barcelona por retrasos en la fabricación. La auditoría destapa múltiples anomalías en las obras del AVE Madrid-Barcelona.
Informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del GIF hasta 2001.
Sindicatos y oposición piden más seguridad en las obras del AVE. Fomento admite que aún no había abierto la galería de evacuación del túnel del AVE. Los bomberos denuncian que no conocían el plan de emergencia.
Literatura publicada que usted desprecia. Esta es la imagen que se está dando de la construcción del AVE, señor Martínez-Pujalte. Es que no se entera usted o sí se entera pero no quiere reconocer que no hay una buena imagen. El propio señor Cascos ha dicho algo en este sentido -no de buena imagen, sino que puede afectar- de la construcción de los ramales del AVE hoy en las direcciones que hemos citado anteriormente. Esa es la realidad. Le estoy leyendo los últimos titulares que se han publicado en todos los periódicos. Usted combate desde su punto de vista, yo desde el mío, pero no me diga que todo esto es filfa, que no vale, que la prensa es una barbaridad, una suciedad y que no sirve para establecer un debate en una Cámara de un parlamento democrático. Que la prensa no vale, no.


Vuelve usted a caer en la tentación en la que cae el grupo, fundamentalmente después de las palabras del señor presidente del Gobierno, de que somos carroñeros, de que por lo visto deseamos que cierren las fábricas para que echen a los trabajadores y saquemos votos -ahora hablaremos de Altadis-, de que queremos que haya accidentes, de que haya féretros, de que haya malestar en la gente para aprovecharlo nosotros. Eso demuestra que no saben ustedes lo que es la democracia. Eso demuestra que están cayendo ustedes en la política basura. (Rumores.) En la política basura. A este argumento vamos a responder muy duramente, aquí y en la calle. Ustedes están diciendo algo muy serio... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor ALCARAZ MASATS: Ustedes están diciendo algo muy serio, empezando por el presidente del Gobierno, y eso es política basura, política miserable, y vamos a responder con toda la seriedad del mundo. Sigan por ese camino, porque lo único que quieren ustedes es que no exista la oposición, que no exista la política. Tienen ustedes un criterio totalizante de la política, absolutamente totalizante. Objetivan, criminalizan, persiguen y si pueden acabar con la oposición, acabarán con la oposición. Porque nosotros tampoco tenemos la defensa que ustedes tienen a través de los medios de comunicación. No tenemos esa gran capacidad de difusión que ustedes tienen en los medios. Ustedes siguen sacando el tema de que aquí hay una oposición carroñera, una oposición carnicera que está deseando que muera la gente para sacar votos en este país. Son ustedes unos miserables. (Aplausos.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, después de este calificativo con el que ha concluido el señor Alcaraz su intervención, que le califica a él y desde luego califica también a su grupo, quiero decir que la política miserable no es del que la denuncia, es del que la practica. Y los que la practican son ustedes. Son ustedes. Lo que quieren lo saben todos los ciudadanos españoles. Eso sí que es una realidad.
Quieren aprovecharse de desgracias para sacar réditos electorales. Y además se ha demostrado que es un mal camino. Usted puede calificar al resto de los grupos como quiera, está en su derecho parlamentario, pero los españoles saben que quien emplea esos calificativos en la Cámara lo que está haciendo es justificar unas actuaciones que ustedes en su propia conciencia saben que son actuaciones carroñeras. Así llevan haciéndolo ustedes y el Grupo Parlamentario Socialista, en este pacto de izquierdas, en los últimos meses. Los ciudadanos se han enterado y por eso lo han demostrado con su voto en las últimas elecciones.


Señor Segura, usted puede querer que haya un debate sobre los túneles y a mí me parece razonable, pero otro diputado de su grupo, no usted, presentó una interpelación parlamentaria al señor Cascos, hace poco tiempo, hablando de esos temas. Puede haber más debates. Por supuesto que sí, y los va a haber. Ya he dicho al señor Segura -y lo sabe porque lleva toda la legislatura en esta Comisión- que el señor Cascos ha venido a la Comisión más que cualquier otro ministro a debatir sobre todos los temas, y sobre éste específico también.


Antes hablaba del Tribunal de Cuentas; ahora nos habla de los túneles.
Usted saca un proyecto sobre previsión de terminación y nos pone como ejemplo el AVE

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Madrid-Sevilla. Yo no quería hablar del pasado, pero si usted pone como ejemplo el AVE Madrid-Sevilla fíjese en los plazos de ejecución, fíjese en cómo se desarrolló, fíjese en las cosas que salieron en la prensa sobre esa obra pública -y no hablo de ninguna en concreto porque ustedes saben a qué me refiero- y piense en lo que está sucediendo ahora. España, desde luego, con gobiernos socialistas, con gobiernos de Izquierda Unida o con gobiernos de la coalición social-comunista no tendría AVE. (Risas.) Esa es la realidad. Ustedes votaron que no hasta el AVE Madrid-Valencia, por poner el ejemplo de mi comunidad. Se debatirá aquí lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, pero lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, señor Segura -y usted lo sabe-, es que todo se ha ajustado a la más estricta legalidad y que los retrasos están siendo acortados en el último ejercicio. Esta es la realidad. Me parece muy bien que ustedes saquen noticias de prensa, pero al final también en los debates parlamentarios aparte de las noticias de prensa habrá que acercarse a la realidad, que es más que una, y le daba datos. En el último año del que se tienen datos, los plazos medios de demora se han reducido hasta en 1,7 meses.
Habrá un debate y habrá propuestas de resolución como se hace en los debates que se celebran en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas; ustedes podrán presentar sus propuestas, pero las propuestas presentadas en los informes anteriores se están ejecutando y están dando un resultado excelente. Vuelvo a reiterar que por mucho que insistan no convierten una falsedad en verdad. El coste de las obras del tramo Madrid-Lleida ha aumentado el 3,3 por ciento como consecuencia de las modificaciones ajustadas a la Ley de Contratos del Estado, el tramo Lleida-Barcelona ha disminuido el 8 por ciento (La señora Cunillera i Mestres: ¡Si no está acabado!) y los españoles tendrán AVE a pesar de ustedes. (Una señora diputada: ¡Que Dios lo quiera!)

Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Ruego a los servicios de la Cámara que realicen el llamamiento a los diputados para proceder a la votación. (Pausa.)

Sometemos a votación la petición formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Fomento para analizar el informe del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías, graves retrasos y sobrecostes de la obra del AVE Madrid-Barcelona.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 44; a favor, 17; en contra, 27.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Fomento para que explique las actuaciones del Gobierno ante los accidentes e irregularidades en las obras del AVE.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 44; a favor, 17; en contra, 27.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO (número de expediente 62/000059), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA QUE INFORME SOBRE LOS COMPROMISOS DEL MANTENIMIENTO DE EMPLEO DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS Y SINGULARMENTE DE ALTADIS, ANTIGUA TABACALERA. (Número de expediente 213/001355.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el sexto bloque de debate, que es el relativo al mantenimiento de empleo en Altadis, petición formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que informe sobre los compromisos del mantenimiento de empleo de las empresas privatizadas y singularmente de Altadis, antigua Tabacalera.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta, el 23 de julio, en plena vacación de la plantilla, se anuncia en Madrid el cierre de Altadis en centros como Sevilla y Tarragona y el cierre de un 35 por ciento aproximadamente de producción de la fábrica de Cádiz. (Rumores.) Lo primero que nosotros queremos significar aquí...


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La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, ¿pueden guardar silencio?

El señor ALCARAZ MASATS: ... es que se trata de una empresa que no tiene pérdidas económicas -tiene altos beneficios en el último periodo-, no tiene dificultades financieras que pongan en peligro su supervivencia.
Estamos por tanto ante un problema de primera magnitud, y es que teniendo en cuenta esta práctica abusiva de reducir plantilla o cerrar plantas en empresas que no tienen pérdidas, habría que empezar a poner límites a las causas técnicas, productivas o de organización que justifican la financiación pública, aunque sea parcial, de los despidos y de los cierres. Repito que este es un primer tema de enorme magnitud, ante el cual tendrá que responder el señor Zaplana ahora, si se aprueba, o si no a lo largo de septiembre u octubre, cuando le parezca bien comparecer. El señor Zaplana tiene que autorizar este expediente de cierre y de regulación de empleo, tiene que autorizarlo a un grupo que tiene beneficios y tiene que autorizarlo también en función de territorios, en este caso Cádiz y Sevilla, que son las capitales europeas del paro en el seno de una Andalucía con un porcentaje tremendo de pobreza y de paro; tendrá que autorizarlo también en Tarragona, planta que funciona muy bien y que en el seno del grupo tiene beneficios. Por tanto, si el señor Zaplana quiere autorizar esto tendrá que hacerlo contra la lógica y contra el interés socioeconómico de zonas muy específicas del territorio español. Le corresponde al señor Zaplana y por eso pedimos su comparecencia. El señor Zaplana tiene que pronunciarse, aunque ya lo ha hecho el delegado del Gobierno en Andalucía, delegado del Gobierno del Partido Popular, que ha dicho que no está de acuerdo con los cierres planteados ni con la reducción de plantilla en Cádiz. Los trabajadores han tenido una entrevista con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, porque el delegado del Gobierno, señor Zoido, está de vacaciones, y les ha dicho que comparte la necesidad de que no se cierre. Pues bien, nosotros lo que queremos plantear es que no se trata esta vez simplemente de que el Partido Popular se ponga detrás de la pancarta y haga allí una cosa, poniéndose detrás de la pancarta, y aquí otra autorizando el cierre de Altadis en Tarragona y en Sevilla y el cierre en un porcentaje muy alto de la producción en la planta de Cádiz.


Esta es la situación, una situación que ya tiene antecedentes en Málaga.
En Málaga, Altadis, la antigua Tabacalera, cierra con un acuerdo especulativo, con un pelotazo urbanístico muy serio respecto a sus terrenos. Y efectivamente, a partir de ahí, se justifica desde el punto de vista liberal y neoliberal el cierre de Altadis porque aunque no es una empresa que pierda dinero, sí puede ganar mucho más dinero a través de este pelotazo urbanístico especulativo y de la concentración de los trabajadores hecha de una manera muy especial y que deja en el camino a muchos de ellos por la acumulación y los turnos que tiene que establecer en otras plantas. La respuesta que ha dado el Ayuntamiento de Sevilla es modélica porque cambia totalmente la respuesta que dio el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Sevilla dice que desde la perspectiva urbanística no se va a permitir ninguna operación especulativa en los actuales terrenos e instalaciones; terrenos e instalaciones por los que hace nueve o diez años ofrecían 9.000 millones de las antiguas pesetas y que ahora podrían estar en el punto de vista...


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz, por favor.


Silencio, señorías.


El señor ALCARAZ MASATS: ... de una serie de inmobiliarias, teniendo en cuenta lo que pretende Altadis. Esta empresa no pierde, quiere cerrar ahora, quiere reducir plantilla para ganar más dinero y si puede ser implementando este pelotazo urbanístico, tal como hizo en la planta de Málaga, mucho mejor. El grupo declaró beneficios por un montante de 438 millones de euros en el año 2002. A finales de 2002, señora presidenta, Altadis terminó un plan industrial muy riguroso. Todos los sindicatos que luchan contra la privatización obtienen en esta lucha compromisos del Gobierno de no reducir plantilla; compromisos que, sin embargo, se ven atemperados por la necesidad de un plan industrial entre 1999 y 2002 que los sindicatos firman por responsabilidad. (Rumores.) Ese plan industrial ha comportado el cierre de seis factorías.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz, por favor.


Ruego a SS.SS., creo que por enésima vez, que mantengan las conversaciones fuera de la sala al objeto de hacer audible la intervención de los distintos diputados.


El señor ALCARAZ MASATS: Este cierre de seis factorías ha terminado a finales de diciembre del año 2002 con un esfuerzo muy serio de los trabajadores. Todos los trabajadores -excepto algún sindicato minoritario- firmaron este plan industrial y ahora, a seis meses de la culminación de esta reestructuración salvaje, se produce este anuncio de cierre en Tarragona, en Sevilla y de cierre parcial muy alto en porcentaje de la producción de Cádiz. Lo que yo conozco por donde vivo -soy diputado por la provincia de Sevilla- supone que va a haber una respuesta muy seria y extensa, puesto que habrá que luchar durante dos años, pero muy acompañada por la sociedad sevillana. Tabacalera, actual Altadis, es la fábrica más antigua de Europa en producción de tabaco.
Lleva 383 años produciendo en Sevilla -la famosa Carmen; el otro día vi un titular de prensa que decía: Carmen ha muerto-, 383 años con beneficios, y ahora se plantea un cierre emblemático y simbólico que duele mucho en Sevilla porque allí no se

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entiende; tampoco lo entiende Cádiz, que rinde beneficios anuales, ni Tarragona. Es un cierre traumático que no tiene ningún sentido y que incluso, repito, el delegado del Gobierno, la diputación, el ayuntamiento y el resto de las instituciones están diciendo que no es permisible la apuesta que se hace en razón de que se quiere ganar más, en función de una reorganización que no se entiende y para conseguir un pelotazo urbanístico con los terrenos de Altadis en Sevilla. Lo que se plantea es jubilar a los trabajadores mayores de 53 años y trasladar a Alicante al resto del grupo de Sevilla, supongo que Tarragona también y la parte de Cádiz. Los trabajadores son fundamentalmente mujeres. Por ejemplo en Sevilla, que es lo que más conozco, de 179 trabajadores 120 son mujeres que hay que trasladar a Alicante. Por tanto estamos hablando con respecto a muchas de ellas de un despido encubierto. Se traslada a los trabajadores a 600 kilómetros no para incrustarse en los turnos normales, sino para un turno nocturno en función de una concentración especial que han hecho para acumular mayor beneficio, pero en función de ese trauma que yo estoy intentando caracterizar. Desde luego, esa no es forma de conciliar la vida laboral y familiar y se precariza el trabajo femenino de forma absolutamente rotunda. Hay convocada una batalla muy seria en todos los sitios y nosotros pedimos al Gobierno que se pronuncie en la dirección en que se están pronunciando los delegados o subdelegados del Gobierno del Partido Popular enfrentándose al cierre. Pero repito, señora presidenta, que no nos basta con que allí se ponga el Partido Popular detrás de la pancarta y aquí el señor Zaplana y el Gobierno digan que hay razones organizativas de la empresa y que hay que aprobar los expedientes de cierre y de regulación de empleo. Sería un cinismo insoportable, que es lo que nosotros venimos aquí a denunciar. Por eso pedimos la comparecencia del señor Zaplana. Si no tengo mal entendido, el Gobierno tiene una parte mínima, eso sí, del accionariado de Altadis. No hay acción de oro, es verdad, pero estamos ante una empresa con beneficios que nunca ha tenido problemas y que plantea una situación que no se puede aceptar desde ningún punto de vista. También hay que decir que todos los sindicatos, absolutamente todos y a todos los niveles -no se produce ninguna contradicción- están frente a esta posición de la empresa, rechazan rotundamente el nuevo plan industrial una vez acabado de consumar el anterior a finales del año 2002 y, naturalmente, están intentando articular un rechazo a todos los niveles a través de una lucha social, sindical y política que es preciso también aquí dejar establecida. Nosotros queremos conocer la opinión del señor Zaplana y por eso pedimos su comparecencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En esta Diputación Permanente, que además de permanente ya podría llamarse universal y no sé si inmutable, siempre con la benevolencia de la presidencia y también del resto de grupos parlamentarios, como han hecho otros portavoces de Convergència i Unió, quisiera hacer una intervención global para los tres puntos que restan del orden del día. Si hubiese alguna pega me lo hacen saber.


Por lo que hace referencia al primero de estos supuestos, conocen SS.SS.
la decisión anunciada por Altadis el día 23 de julio del año 2003 de reorganización de sus actividades en España. En una comparecencia, que tuvo lugar en esta Cámara el 6 de abril de 1998, del entonces presidente de Tabacalera, César Alierta, el portavoz en aquel caso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y actual alcalde de Tarragona pudo preguntar en el debate por las perspectivas de futuro de la factoría que Tabacalera, actual Altadis, tenía en Tarragona, indicando que lo que a él le interesaba de cara a las perspectivas de futuro de la compañía era que se aclarasen todos aquellos aspectos que afectaban al tejido social, al tejido industrial, al tejido productivo, así como a la situación anímica y personal de cada uno de los trabajadores de la compañía, sobre todo aquellas que afectaban a la situación de los centros de trabajo. Y como ha hecho referencia también el señor Alcaraz a algunos aspectos urbanísticos, pudo comentar y afirmar Miquel Nadal, entonces diputado aquí de Convergència i Unió, también alcalde de Tarragona entonces como lo es ahora, que respecto a los aspectos inmobiliarios había que tener en cuenta algo muy claro en Tarragona, y es que la factoría de Tabacalera estaba situada al lado y encima de una necrópolis, concretamente la necrópolis de San Fructuoso, por tanto quien hiciese cálculos inmobiliarios sobre estos terrenos debía tener en cuenta precisamente que el valor no sería positivo y por ello no habría posibilidades de plusvalía sino todo lo contrario. Había que tener en cuenta estos aspectos porque lo que tenían, si acaso, era un valor negativo.


La sociedad de Tarragona se ha movilizado de cara al mantenimiento de la factoría y de los puestos de trabajo. Son 250 puestos de trabajo respecto de los que se anuncia la prejubilación de 78 y el traslado o la posibilidad de traslado a la factoría de Logroño de 172, en condiciones muy similares a las que antes ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Alcaraz. De ahí que el día 1 de agosto el pleno del Ayuntamiento de Tarragona acordase por unanimidad el rechazo al cierre de la factoría de Altadis y, al mismo tiempo, señalase la necesidad de poner en conocimiento de los grupos parlamentarios de cada

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uno de los partidos allí representados una serie de medidas y la actuación coordinada en ese sentido ante las Cortes. Para el día 30 de agosto está prevista una reunión de los representantes de los trabajadores de Altadis-Tarragona con el conseller de Trabajo, señor Fernández Teixidó, de la misma manera que en los próximos días tendrá lugar una reunión con el alcalde de Tarragona, el señor Joan Miquel Nadal.


Nosotros somos partidarios de que se produzca esta comparecencia y la vemos adecuada no sólo en el esquema de la competencia de la Comisión de Política Social y Empleo sino también de la subcomisión de control del proceso de privatizaciones. Cuando el 19 de octubre del año 2002 aprobamos las primeras conclusiones de aquella subcomisión de privatizaciones había una tremendamente importante, tal como consta en el Boletín Oficial del Estado de 26 de junio del año 2002, que era el mantenimiento del proyecto industrial. Se decía que en el programa de modernización del sector público empresarial del Estado se planteaba un objetivo más amplio que el simple proceso de venta de las empresas públicas, en la medida en que constituye un proceso, un verdadero instrumento de transformación de la realidad económica y social del país, y por tanto se señalaba la necesidad de valorar estos planes industriales asumiendo el compromiso concreto de inversiones a realizar, mantenimiento de plantillas, aportación de mercado, etcétera. Aquellas conclusiones de la subcomisión fueron votadas por el Grupo Parlamentario Popular y también por mi grupo parlamentario, aunque hubo votos particulares. Estos planes industriales no son meras declaraciones de intención, pues no sólo son objeto de seguimiento por parte del agente gestor, sino que el cumplimiento de los compromisos asumidos por los compradores estará garantizado mediante cláusulas penales incorporadas a los contratos de venta. Esta referencia a garantizar el cumplimiento de los planes industriales mediante cláusulas penales fue precisamente una de las aportaciones que realizó Convergència i Unió a través de sus conclusiones y propuestas de resolución en la subcomisión de privatizaciones presentadas el 12 de junio del año 2002. De ahí que mi grupo parlamentario entiende tremendamente importante la comparecencia en este caso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, pero también sería importante la reunión de la subcomisión de control del proceso de privatizaciones para examinar si realmente aquellos planes industriales que pudieron determinar la privatización en un sentido concreto de la antigua Tabacalera, actual Altadis, se han cumplido o no, y en qué medida se responde a esa necesidad. Por tanto, procederemos a votar favorablemente esta propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Un segundo aspecto, lo que sería el punto octavo de esta Diputación Permanente, como les indicaba anteriormente, hace referencia a los incendios que lamentablemente han asolado buena parte del país a lo largo de este verano. Mi grupo parlamentario tampoco tiene una vinculación tan directa, pero sobre todo tan exclusiva, como la que ha presentado los grupos proponentes entre incendios y Protección Civil. Ciertamente, muy buena parte de las competencias en esta materia corresponde a las comunidades autónomas y si pueden existir algunas competencias en materia de Interior, Protección Civil, para la evacuación son más importantes aquellas que corresponden a Medio Ambiente de cara a la extinción de los incendios. Por ello entendemos que pueda existir esta necesidad de suscitar un debate, cuestión diferente es en los términos en los que aparece solicitado por los grupos parlamentarios.


Cataluña se ha visto este año también afectada en buena medida por incendios que lamentablemente han ocasionado víctimas. La valoración que han hecho las fuerzas políticas de Cataluña en cuanto a la actuación del Gobierno de la Generalitat ante estos incendios es positiva. El Gobierno de Cataluña ha estado presente con liderazgo y eficacia en el proceso de extinción de estos incendios y, por consiguiente, hay que valorar muy positivamente la labor de los bomberos, pero también de la dirección política que han tenido, así como de aquellos voluntarios que a través de las agrupaciones de defensa forestal o sin estar encuadrados en ellas han intervenido en las labores de extinciones. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió valora muy positivamente, porque también así lo hace el Gobierno de la Generalitat, la colaboración que ha sido prestada por el Gobierno central, tanto por parte del Ministerio de Defensa aportando maquinaria tractora o vehículos oruga tanto para el transporte de personas como de material, así como para hacer los cortafuegos, también de los medios aéreos que han sido aportados por los ministerios de Interior y Medio Ambiente, concretamente algunos situados en Pollensa (Mallorca) pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente. Como digo, es algo que valoramos positivamente, de la misma manera que en su día valoramos muy negativamente el hecho de que cuando se produjo la transferencia de servicios en materia de extinción de incendios no se produjese la transferencia de los medios aéreos afectos precisamente a esta extinción de incendios. Si en el año 1994 constatamos la necesidad de estos medios aéreos, en los incendios de año 1998 lo hicimos también respecto de la necesidad de una mejor gestión del fuego. Yo creo que eso, a pesar de las desgracias personales y materiales, es algo que se ha podido ver en este verano en la extinción de los incendios en Cataluña.


Para acabar, debo decir que las únicas dos iniciativas que directa o indirectamente han tenido que ver con esta materia, a lo largo de la última legislatura del Parlament de Catalunya, lo han sido del Gobierno, han sido por tanto iniciativas presentadas por el Gobierno de Convergència i Unió, como es sabido, urbanizaciones de cara a exigir un perímetro de protección de las mismas, así como la Ley que regula el Cuerpo de agentes

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rurales, que han sido votadas por unanimidad de los grupos parlamentarios, y que en este caso, señorías, lo que corresponde es proceder a la extinción, al examen de la situación de los bosques, a la limpieza para evitar que con las lluvias del otoño, que pueden ser torrenciales, se puedan ver afectados los cauces de los ríos y dar lugar a inundaciones, así como también prever las plantas de biomasa para proceder a la quema de esta madera que, por lo demás, tiene relativamente poco valor. Se ha hablado en algún momento también -y con esto concluyo el apartado de incendios- de la necesidad o no de reforma del Código Penal. Ciertamente todo puede estudiarse, pero los incendios que generan riesgos para la vida de las personas están sancionados por el Código Penal con penas de diez a veinte años, que da la impresión de que es una pena que puede ser más que suficiente. Estamos más bien en presencia de la necesidad de educación, de captura de los pirómanos y, obviamente, de aplicarles el Código vigente.


Finalmente, señora presidenta -con esto acabo y reconózcanme los grupos que Convergència i Unió ha ahorrado bastante tiempo en esta Diputación Permanente-, voy a tratar de la situación de Marbella. (Rumores.) Nosotros en el tema de Marbella nos vamos a abstener porque, por un lado -lo saben SS.SS. y han tenido conciencia de ello-, en los últimos meses, cuando hemos podido debatir la Ley de garantía de la democracia en los ayuntamientos y seguridad de los concejales, el planteamiento del Grupo de Convergència i Unió es que la competencia de disolución no la debe tener el Gobierno central sino los gobiernos autonómicos. Fue el sentido de nuestras enmiendas 1005 y 1006 cuando en el año 1984 estábamos debatiendo la Ley de Bases de Régimen Local. Por tanto, afirmando, como ya lo hicimos, que no vemos que exista causa de disolución, esa gestión gravemente perjudicial para los intereses generales que suponga incumplimiento de los deberes constitucionales en este momento no somos capaces de percibirla. Si ustedes piden informes o aportan otra información quizá pudiéramos verlo, lo que no vamos a hacer es contradecir los principios que sostuvimos en el debate de la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de garantía de la democracia en los ayuntamientos y requerir en estos momentos al Gobierno para que proceda a iniciar los trámites de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Por tanto, en este caso ya les anuncio que nuestra posición será de abstención. Entendemos que no existe causa, pero tampoco creemos que la competencia sea precisamente del Gobierno en cuanto a hacerlo o dejarlo de hacer, sino que debiera ser de las comunidades autónomas. De la misma manera que -no lo he anunciado antes- precisamente por esa coordinación y colaboración entre la comunidad autónoma y el Gobierno central por la existencia de competencias autonómicas y porque este es un momento más de atender a la extinción del fuego, a la limpieza de los bosques y a la limpieza de los cauces, procederemos a votar en contra de las propuestas que se nos han presentado en materia de incendios.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo se suma a la petición que ha explicado Izquierda Unida para solicitar la comparecencia del ministro de Trabajo en relación con el anuncio de este expediente de regulación de empleo de la antigua Tabacalera, de Altadis, en las fábricas de Sevilla, Tarragona y Cádiz en concreto. Creo que la comparecencia del señor Zaplana es obligada si tenemos en cuenta, en primer lugar, las paradojas, las preguntas que con acierto expresaba el señor Alcaraz en relación con un expediente que ha provocado enorme sorpresa en todos los medios; luego explicaré que no es únicamente una respuesta local, andaluza o catalana en este caso, a las propuestas, sino inclusive francesa, y luego podré comentar también la reacción del Gobierno francés a la propuesta de Altadis. No. Creo que hay una necesidad imperiosa de que el Gobierno explique cómo se puede razonar un nuevo expediente de regulación después de un plan industrial de futuro que la compañía ha aplicado en los años 1999 a 2002 en todas las plantas de España y que concretamente en Andalucía representó un expediente de regulación de 1.000 empleos rescindidos en ese periodo, los cierres de las plantas de Málaga y Granada, la inversión que la compañía ha venido haciendo desde los últimos años en la planta de Cádiz de casi 10.000 millones de pesetas y desde luego las enormes plusvalías que con toda seguridad, como bien recordaba el señor Alcaraz, se han obtenido de la recalificación urbanística de los solares de la planta de Málaga, cerrada como antes he dicho. Pero es que lo contradictorio de esta decisión respecto al plan industrial de futuro, que repito que ha sido el que ha guiado las decisiones de la compañía en Andalucía en los últimos años 1999 a 2002, se explica especialmente porque ese plan incluía expresamente -quiero recordarlo aquí- un compromiso de mantenimiento -y cito textualmente- de las plantas de Cádiz, cigarrillos y cigarros, Sevilla, Tarragona y Palazuelo, que seguirán con el actual proceso de modernización. Es un texto que nos ha proporcionado la Dirección General de Trabajo a propósito del plan de industrialización de esta compañía que se presentó para el período 1999-2002 y que ahora sorpresivamente, recién acabado el año 2002, se actualiza de una manera paradójica con un nuevo plan de readaptación en Andalucía y en Tarragona que cierra literalmente la planta de Sevilla, que casi cierra la de

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Cádiz y que también elimina y cierra la planta de Tarragona. Esto es absolutamente contrario a lo que se había establecido como compromiso político del plan industrial de futuro para el período 1999-2002.


En segundo lugar, creo honradamente que en este tipo de decisiones hay que plantearse una reflexión obligada para este Congreso, para esta Cámara, para este país, y es hasta qué punto ese tipo de decisiones de expedientes de regulación no están respondiendo a objetivos especulativos, sólo especulativos. Sin duda hubo un móvil especulativo en el cierre de Málaga y ahora es legítimo preguntarnos si no lo hay también en el cierre de Sevilla o en el de Cádiz o en el de Tarragona. Hasta qué punto la gestión de estas empresas, como ha ocurrido ya en otros lugares del mundo y ocurre habitualmente, no miran más por el valor de la acción, por el valor mobiliario de la compañía que por el valor de su activo y también de sus personas. Hasta qué punto no se están tomando decisiones drásticas, que constituyen un auténtico drama humano y desde luego un factor de enorme retraso para un colectivo, para un entorno, para una realidad, como puede ser la realidad andaluza o la de Tarragona, más que pensando en ellos pensando en los efectos financieros de una decisión o en cómo medirá la Bolsa una decisión de esta naturaleza: cierro plantas, reduzco plantilla, aumento mi valor. Hasta qué punto esta política, que ya en otros muchos casos ha producido efectos desastrosos y escándalos financieros monumentales, no está constituyendo o no es en este caso probablemente la razón última de la propuesta de Altadis. Esto tiene que ser respondido. Sobre eso tenemos que saber, porque muy probablemente, a la vista de las contradicciones con todo lo que señalaba anteriormente, hay un móvil de esta naturaleza en una decisión que es industrialmente incomprensible.


Quiero recordarles, señorías, algunos elementos de la realidad social, de lo que se plantea en este expediente. La fábrica de Sevilla y también la de Cádiz, como ha dicho el señor Alcaraz, tienen casi cuatrocientos años de antigüedad. Desde luego, la Tabacalera sevillana sin duda es la planta más antigua de las tabaqueras europeas y no cabe hablar de Sevilla sin hablar de su Tabacalera, no solamente en términos culturales, recordando a Bizet. Fundamentalmente el 80 por ciento de las plantillas de estas empresas son mujeres, señorías; hoy siguen siendo cigarreras las que trabajan allí. Su edad media está entre los 45 y los 48 años; su reciclaje profesional yo diría que es casi imposible, puesto que su cualificación profesional no permite un reciclaje a esta edad y sobre esta especialización que posibilite una reinserción laboral fácil. Esta es una realidad social que ha sido contestada de manera grave en esos entornos. Quiero recordarles que hay una auténtica alarma social que se viene expresando en lo que ha sido todo el movimiento social y mediático de estas últimas semanas. El presidente Chaves ha expresado claramente su compromiso de mantener la planta sevillana de Altadis, pero tengo en mi poder la carta que el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía ha remitido al ministro de Trabajo, en la cual, además de manifestarle su disgusto porque se ha enterado de esta propuesta de ERE por los medios de comunicación, expresa al Gobierno español, al ministro Zaplana que la Junta de Andalucía conoce con sorpresa e indignación esta noticia, ya que en el último plan industrial, que se saldó con el cierre de las plantas de Málaga y Granada, el grupo Altadis apostaba expresamente por el mantenimiento de las plantas de Cádiz y Sevilla -tal como yo he citado anteriormente-, que estaban en proceso de modernización. De esta forma, dice el señor Miera, manifestamos nuestra oposición y le solicitamos toda la información referente al proceso, así como que se tomen todas las medidas necesarias para impedir que las pretensiones de Altadis se lleven a cabo. Esto es lo que dice el consejero de empleo al ministro de Trabajo. Teófila Martínez se pone a disposición de Chaves. La presidenta del PP en Andalucía dice que hay que frenar los planes de Altadis. El Pleno de Sevilla anuncia que impedirá que Altadis especule con su suelo, con el suelo de la planta que quieren cerrar. La Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz se unen contra el reajuste de Altadis, el Pleno municipal de Tarragona contra el cierre de Tabacalera. El subdelegado del Gobierno, como bien decía el señor Alcaraz, por supuesto representante del Gobierno español, rechaza el cierre de la planta de Altadis. Como les decía al principio, el propio primer ministro Rafarrin dice que el plan de reestructuración de Altadis es sorpresivo y que a él personalmente le choca. Con esto dice bastante, porque ustedes saben que este plan también afecta a una factoría francesa. Zaplana ha dicho que Altadis presenta un plan que debe ser revisado, y en ese sentido anuncia que estaremos atentos. No es mucho lo que dice, pero esta mañana se ha reunido la consejería de empleo con el comité de empresa y han acordado dirigirse al ministro de Trabajo, requiriéndole que la opinión de las comunidades autónomas afectadas por la regulación de empleo sea tenida en cuenta en la aprobación o no del expediente.


Señorías, voy terminando. Este es un asunto grave que ha llevado a nuestro grupo no a solicitar la comparecencia del ministro Zaplana como acaba de hacer Izquierda Unida, que nosotros desde luego vamos a apoyar, sino -y aquí lo anuncio- a presentar una proposición no de ley que nuestros diputados en Sevilla y Cádiz han presentado pidiendo al Gobierno -se verá por tanto en el primer Pleno de este mes de septiembre- que en ningún caso el Gobierno de la nación autorice el expediente de regulación de empleo que ha anunciado el grupo Altadis, y se le exige el mantenimiento de la actividad en el centro de Cádiz, rechazando el cierre de Sevilla en cumplimiento de las previsiones del plan industrial vigente que acabó en el 2002, y que en su defecto el Gobierno de la nación arrogue las

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competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la de Cataluña en su caso para resolver el expediente de regulación de empleo del grupo Altadis que afecta a los centros de Cádiz y Sevilla para Andalucía y al de Tarragona para Cataluña, y que en su caso el Gobierno de la nación ratifique la propuesta que le elevará la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Señorías, ustedes pueden decir que no a la petición de que Zaplana comparezca, y están en su derecho, sólo les pido que cuando se vote esa proposición no de ley en los próximos días de septiembre voten sí para sumarse a lo que es un clamor en Andalucía y en Tarragona.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Azpiroz tiene la palabra.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.


En primer lugar, quiero agradecer a los proponentes que por lo menos en esta Diputación Permanente no hablemos sólo de Irak o del Prestige o del lamentable y trágico accidente aéreo, porque parece que es monotemático en este miniparlamento, como lo calificaba en anteriores intervenciones el señor Alcaraz, que eso es lo que es la Diputación Permanente, un miniparlamento reiteradamente convocado en estos dos meses.


Dicho esto, quiero recordar, para contextualizar nuestro posicionamiento en esta materia, que una prioridad política del Gobierno del Partido Popular de primera magnitud es la creación de empleo. De hecho, siete años de Gobierno popular se han traducido en cuatro millones más de empleos en nuestro país y en más de cuatro millones y medio de nuevos cotizantes. Lo digo porque me parece que este es un dato relevante a la hora de ubicar el debate. Como se ha dicho, Altadis, anteriormente Tabacalera, privatizada en el año 1998, hace ya más de cinco años, tuvo -el señor Alcaraz lo recordaba en su intervención- una primera fase, un plan industrial inicial con seis factorías cerradas, incluida la de San Sebastián, de donde yo soy diputado, que al final se hizo de una forma consensuada, con un traslado de parte del personal a la fábrica de Logroño y otro mediante extinciones de contratos de trabajo. Es decir, efectivamente ha habido una actuación previa básicamente consensuada con el acuerdo. Nosotros compartimos el interés y la preocupación que se manifiesta hoy aquí. Compartimos el ideal de que los trabajadores puedan realizar su actividad en el lugar donde habitualmente residen y donde tienen el puesto de trabajo. Quizá nuestro único límite en esta materia es equilibrarlo con las necesidades que pueda tener -no hablo de Altadis en concreto, sino en general cualquier empresa- de elementos que afecten a su competencia y viabilidad como tal. Quiero decir también -alguno de los intervinientes lo han dicho antes- que el Partido Popular de Andalucía ha mostrado su preocupación y su rechazo a la reducción de plantilla en la fábrica de Cádiz y al cierre de la factoría de Sevilla.
Sin embargo, lo que nos pide en este momento es la convocatoria de una Comisión extraordinaria, a once días escasos de finalizar el mes de agosto. Nosotros tenemos que recordar el proceso que se sigue en un expediente de este tipo. En este momento nos consta que no se ha presentado formalmente el ERE (expediente de regulación de empleo), que como SS.SS. saben, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 51 del Estatuto de los Trabajadores y el real decreto de lo desarrolla, regula el proceso para la extinción de los contratos de trabajo cuando hay un despido objetivo o cuando se produce un cambio sustancial en las condiciones de trabajo, cuales pueden ser las que se derivan de un traslado a otro centro de trabajo geográficamente distinto de donde reside el trabajador. Parece ser que la voluntad manifestada por Altadis -hemos tenido conocimiento por los medios de información pública- es de iniciar en septiembre este proceso. Como también saben SS.SS., al tratarse de una empresa de la dimensión de la que hablamos, el proceso negociador no puede tener una duración de menos de 30 días; es decir, como mínimo, habrá un proceso negociador de 30 días. Nosotros, desde la postura que he comentado, que mis compañeros en Andalucía han hecho pública, creemos que el Gobierno, el ministro de Trabajo, carece en este momento de los fundamentos suficientes para conocer cuáles son las razones, las causas, los fundamentos, los motivos en que se ampara la pretensión de Altadis. Yo he dicho antes que también hubo sus convulsiones -por emplear una expresión- en términos sociales hace tres años, pero desde hace dos años la mayor parte de los procesos, tras la negociación, concluyeron con acuerdo social. Por tanto, ahí existe un plazo y un trámite legal, que justamente tiene por finalidad la negociación. Yo comparto la preocupación que se manifiesta por todos los grupos intervinientes, pero lo cierto es que hay un mecanismo, un instrumento legal que habilita para que se pueda negociar. Por tanto, incluso cabe la posibilidad -difícil de contemplar, pero no imposible de conseguir- de que eso pueda concluir con un determinado acuerdo: que se retira el expediente, que se reducen las pretensiones de ese expediente, que se aceptan, que nos ponemos o no de acuerdo en determinados traslados o cuantías indemnizatorias, que se prorroga la entrada del plan; no lo sé, porque, en definitiva, desconozco -creo que todos los desconocemos- los motivos, si es que los hay, en los que Altadis funda su pretensión.


Solicitar la comparecencia del ministro Zaplana en este momento, que es el ministro competente para el pronunciamiento que puede tener en derecho la resolución administrativa de la Dirección General de Trabajo

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para el supuesto de que no haya acuerdo entre las partes -si hay un acuerdo social, por ley, simplemente se ratifica y se convalida dicho acuerdo-, es prematuro. Habrá que esperar; el propio ministro deberá esperar en su caso a conocer estos antecedentes e incluso, según la propia ley, el informe preceptivo que al respecto debe emitir la Inspección de Trabajo en relación con las causas, que según nuestro ordenamiento jurídico-social no sólo pueden ser de índole económica, sino también técnica, organizativa o de producción. Por tanto, estoy convencido de que en su momento, cuando se conozcan los elementos, supuesto que no haya acuerdo, la resolución que se vaya a producir será escrupulosamente respetuosa y altamente sensible a las demandas de las comunidades autónomas, a las pretensiones de los trabajadores y a las manifestaciones de los partidos políticos, incluido el que yo en este momento me honro en representar.


En definitiva, no quiero prejuzgar. Comprendo la posición de los que han intervenido en este debate, pero en este momento no consideramos oportuno ni conveniente, por lo expuesto, la comparecencia que se nos pide. Tiempo habrá en su caso -ojalá esto se resuelva de forma conveniada-; si no, tenemos un trámite por delante y va a haber margen de maniobra para poder incidir en esta cuestión.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Brevemente, señora presidenta.


No comparto, señor Azpiroz, lo que usted dice, pero le agradezco la argumentación, no sólo el tono, que es lo que se suele decir, y su articulación lógica, porque no parte usted de un proceso de intenciones diciendo que venimos aquí a molestar, que venimos a plantear cosas extrañas y sucias porque somos así. Por tanto, admito, aunque no comparto, que usted no tenga tanta prisa como nosotros. También le indico que el Grupo de Izquierda Unida ha planteado la necesidad de debatir en Comisión o Pleno, según corresponda, una proposición no de ley a este respecto, teniendo en cuenta las cuestiones que hay en la base o las cuestiones que se puedan ir suscitando sobre la negociación a la que usted aludía.


Quiero reincidir en la idea que efectivamente antes citaba diputaciones y ayuntamientos. También la Junta de Andalucía y el Partido Popular a escala andaluza se han opuesto a la reducción de plantillas en Cádiz del 35 por ciento y al cierre en Sevilla, pero también le decía de manera gráfica que de ahora en adelante, conforme ascendemos para llegar al sitio de la decisión, esperamos que eso consuene y se vaya trabando para que no aparezca una diferenciación entre la posición que se mantiene abajo, a pie de obra, y la posición que al final se tiene que mantener arriba por parte del Gobierno, es decir, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Nosotros hubiéramos preferido la comparecencia ahora, por lo menos para que el señor Zaplana hubiera expresado su voluntad concorde con la voluntad que ha expresado el Partido Popular en Andalucía; sólo le pediría esa declaración de voluntad, más adelante vendrían otras declaraciones más técnicas teniendo en cuenta el proceso, pero ha habido una declaración de voluntad muy interesante en toda Andalucía y es la que nosotros buscábamos en el señor Zaplana. Ustedes no lo ven así, pero más adelante iremos viendo cómo se produce todo este proceso de no negociación y decantación a la hora de una decisión política que, sin duda, al final es la que tiene que producirse.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Sólo quería hacer dos precisiones, señora presidenta, muy brevemente. La primera es que, aunque el señor Azpiroz expresa una actitud bien intencionada respecto a que el proceso de negociación de este posible expediente puede dar luz a acuerdos que eviten el conflicto, por decirlo en dos palabras, no puede escudarse para su negativa a tratar esta cuestión con urgencia en que no ha sido presentado el expediente, porque quiero recordarle que hay una decisión formal de la compañía anunciando este expediente, es decir, no nos lo hemos inventado. Hay una noticia no de prensa, sino una comunicación formal de la compañía Altadis explicando a cuántos afecta, a qué plantas y de qué manera. Por tanto, hay una decisión estratégica de la compañía que se materializará en un expediente de regulación de empleo negociado conforme a la legislación española, por supuesto. Por tanto, ya sabemos la intención de la compañía, y hay que dejarlo claro. Ante esta decisión tan sorpresiva, con arreglo a los argumentos que hemos explicado anteriormente, ya hay una razón para la intervención política, como se está produciendo de hecho en los meses de julio y agosto, de reuniones sucesivas, de comités, de ayuntamientos, de diputaciones, de Junta de Andalucía, del propio Gobierno francés. Por tanto, no cabe escudarse en la idea de que no se ha presentado el expediente. Repito, el anuncio de la compañía de la regulación de empleo y del cierre de las plantas es formal, lo dijo Altadis; no lo ha dicho Pepe el botellero, lo ha dicho Altadis, cuidado, y va en serio. Por tanto, no alarguemos la cuestión.


Segunda precisión. Esta decisión se ha tomado, señorías, una semana después de que Altadis perdiera el concurso de la tabaquera italiana y dos meses después de que Altadis ganara el concurso privatizador de

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la tabaquera marroquí, y no digo más pero es muy fácil especular con que cabe una concentración productiva en Marruecos, y es legal; estamos en la globalización. Yo ya lo sé pero hay que decirlo. Insisto, la concatenación de decisiones estratégicas de la compañía tiene una repercusión social, pero la cronología es la que acabo de señalar: cinco días después de que Altadis pierda el concurso italiano y dos meses después de que ganara la privatización marroquí. Es entonces cuando anuncia el cierre de Sevilla, el semicierre, por no decir el cierre completo, de Cádiz, el cierre de Tarragona y creo que también el de A Coruña. Las cosas tienen una lógica y también la hay en la intervención política que se les demanda porque hay una alarma social notable que me gustaría que el Partido Popular compartiera, y no que nos dijera simplemente: vamos a ver si negociamos. Yo quisiera escuchar hoy aquí que el PP diga que está en contra de ese expediente nada más. Díganlo por favor.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.


Señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, lo último que desearía este diputado es ser temerario. Quizá el señor Jáuregui tenga una bola que le permita leer el futuro o más conocimiento y dominio que yo. Es evidente que se ha anunciado que se va a iniciar un ERE, si no el señor Alcaraz no habría planteado la iniciativa que hoy debatimos aquí en este momento; eso nadie lo discute. De lo que estamos hablando es de si se conocen las causas motivadoras del expediente y si estas son atendibles o no. Además, como he expuesto antes, dentro del trámite legal, usted lo sabe muy bien, hay un proceso previo de negociación que puede acabar con acuerdo o sin acuerdo. Si acaba con acuerdo se bendice y se ratifica, pero si acaba sin acuerdo el Gobierno resuelve, y el Gobierno tendrá que resolver, bien o mal, pero motivadamente, justificadamente, aplicando la legislación vigente y atendiendo las causas que en aquel momento se hayan puesto encima de la mesa y los informes que haya determinado la Inspección de Trabajo que también interviene en este proceso. Si hay una resolución que no gusta a cualquiera de las partes es impugnable en la jurisdicción social, si hay argumentos en contra. De manera que lo que se puede pedir a un político sí es una opinión, pero que un ministro, que es competente de la resolución que se va a dictar, prejuzgue sin tener el debido conocimiento, me parece temerario e improcedente. Antes he pretendido explicarme con más suavidad. Agradezco la intervención y el reconocimiento del señor Alcaraz, pero al final las cosas son así. Además entiendo muy bien que en el ámbito local, y usted lo sabe, el delegado del Gobierno ha quedado en entrevistarse no ahora en agosto, el mes que viene. El mes que viene se va a entrevistar en Sevilla con el comité de empresa; y también el mes que viene, el 15 de septiembre, será la primera movilización pública del comité de Sevilla, no en agosto, dentro de un mes prácticamente. Es verdad que hay una preocupación, la ha reconocido aquí. Es verdad que hay una ubicación política de los diversos partidos al respecto. es verdad que para una negociación, sea del tipo que sea, cualquier tipo de presión es favorable para que se consiga un resultado más acorde con lo que pueden desear en este caso los trabajadores y el conjunto de los que no queremos que se pierda allí el empleo, pero no se nos puede pedir una comparecencia del ministro de Trabajo para que en este momento, con carácter extraordinario, se pronuncie en relación con un documento cuyo contenido, cuyo leit motiv, cuya causa desconoce.


Voy a concluir, señora presidenta, diciendo que me alegro de la posición del Partido Socialista, porque no deja de ser en algún punto paradójico que el señor presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía demande a las tabaqueras y luego tenga un interés palmario en que se conserve el trabajo en Andalucía en las tabaqueras. Me alegro. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Ruego a los servicios de la Cámara que hagan un llamamiento a votación.
(Pausa.)

Señorías, sometemos a votación la petición formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Política Social y Empleo con el siguiente orden del día: Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que informe sobre los compromisos del mantenimiento del empleo de las empresas privatizadas y singularmente de Altadis, antigua Tabacalera.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 44; a favor, 18; en contra, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la petición de comparecencia.


PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000059), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA PARA QUE EXPLIQUE LAS ACTUACIONES Y MEDIDAS COORDINADAS DE PROTECCIÓN CIVIL

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PARA HACER FRENTE A LOS INCENDIOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN NUESTRO PAÍS Y SUS EFECTOS CATASTRÓFICOS. (Número de expediente 213/001369.)

PETICIÓN, FORMULADA POR NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR (número de expediente 062/000060), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS PREVENTIVOS, DE PROTECCIÓN Y COORDINACIÓN QUE SE HAYAN PUESTO EN MARCHA PARA COMBATIR LA OLEADA DE INCENDIOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. (Número de expediente 213/001373.)

La señora PRESIDENTA: Entramos en el bloque séptimo de debate relativo a medidas de Protección Civil en materia de incendios. Petición formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional con el siguiente orden del día: Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno para que explique las actuaciones y medidas coordinadas de Protección Civil para hacer frente a los incendios que se están produciendo en nuestro país y sus efectos catastróficos.
Petición formulada por un numero suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria en la Comisión de Justicia e Interior con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro del Interior para que informe de las medidas de Protección Civil y de los dispositivos e instrumentos preventivos, de protección y coordinación que se hayan puesto en marcha para combatir la oleada de incendios que se están produciendo en los últimos días. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, estamos ante un tema de enorme importancia que en otras ocasiones ha suscitado en Pleno mes de agosto un debate en profundidad en esta Cámara y un debate en la Comisión correspondiente. En este momento no es posible porque no se entiende el tema de la urgencia, tal como estamos viendo en las votaciones anteriores, y no se va a votar a favor de un debate con respecto al tema de los incendios que está suscitando un gran interés social. La imagen que está transmitiendo el Gobierno de la nación, fundamentalmente a través de declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, que se contradice, por cierto, con otras actuaciones, es que el Gobierno no tiene competencias en este tema y está un poco de observador. Sin embargo, todos sabíamos desde el mes de mayo que nos encontrábamos con un verano en el que iba haber muchos incendios, primero por la lluvia y después por la gran sequía. Si a esto lo acompañábamos de la falta de prevención que hay con respecto al bosque y al ramaje que está en la base de los árboles, nos encontramos ante una previsión que todo el mundo compartíamos y que, desgraciadamente se ha producido. Espero que no nos digan que queríamos que hubiera incendios en este país.


Las administraciones tienen que responder eficazmente a tres misiones esenciales: primera, prevención; segunda, detección rápida; y, tercera, acción eficaz para sofocar el incendio. Para ello, hay que coordinar, hay que dotar de infraestructuras, de accesos y hay que tomar medidas para paliar los efectos del incendio. Por lo tanto, se trata de movilizar efectivos suficientes de todo tipo; se trata de mover, en función del peligro y otras circunstancias, al personal afectado; y se trata también de acciones de restitución y ayudas posteriores. ¿Por qué responde el Gobierno, algunos ministros, ante las comunidades autónomas y ante la prensa pero no viene ante el Parlamento a explicar las medidas que se deben adoptar todavía en el período que queda para el primer Pleno del Congreso del mes de septiembre? Nosotros pensamos que es un tema suficientemente urgente que responde a una gran preocupación social, por eso lo traemos aquí. ¿Es o no competente el Gobierno central en esta materia? La ministra de Medio Ambiente dice que no, que el Gobierno no es competente; sin embargo, parece ser que para el ministro de Defensa sí hay competencias, puesto que personalmente ha estado en algunos lugares, incluso ha ofrecido el ejército. En todo caso, el vicepresidente señor Rajoy parece que cogió en sus manos las tareas de coordinación, y específicamente el 5 de agosto la Junta de Extremadura agradecía la ayuda del Gobierno central en el caso de los incendios de Extremadura que han destruido una parte muy importante del bosque y de los árboles en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, queríamos discutir este tema. En los incendios hay una serie de competencias que pertenecen al Gobierno de la nación. Por ejemplo, el funcionamiento de las medidas de protección civil es una competencia del Gobierno de la nación. ¿Qué acciones ha realizado el SEPRONA, servicio de la Guardia Civil, en detección y en investigación con respecto a posibles pirómanos? Es también una competencia del Gobierno central. ¿Estudió el

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Gobierno por qué hay que utilizar y movilizar en ciertos casos al ejército y en otros caso no? ¿Se estudió esto? ¿Por qué se coordina de una determinada manera, con la colaboración del Gobierno central, la evacuación de miles de personas de las comunidades autónomas afectadas y en otros casos no se hace así? El incendio de Valencia de Alcántara provenía de un país vecino, Portugal, ¿qué hizo el Gobierno para coordinarse con el Gobierno vecino para atajar el origen del incendio, evitándose así que se propagase a España en los días siguientes? Esta es también una competencia específica y directa del Gobierno de la nación.
¿Qué recursos puso para esta coordinación? Primero venía el incendio para acá, después se fue en función de los vientos para allá, y no sabemos qué coordinación se estableció. En todo caso, queremos discutirla en la sede que corresponde, que es la de la soberanía popular.


Varios ayuntamientos han solicitado la declaración de zona catastrófica.
Naturalmente, la respuesta a esto también es una competencia del Gobierno de la nación. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en cuanto a estas peticiones o para mantener líneas de ayudas eficaces y poner en marcha de manera adecuada, directa y concreta en estos momentos? Porque si no, como ahora se nos dice que no hay competencias y que este es un tema que no es urgente, no entendemos por qué el sábado, día 2 de agosto, se constituyó un gabinete de crisis entre el Gobierno central y la Junta de Extremadura. Hay ahí una competencia clarísima que se ejerció y queremos saber por qué se ejerció aquí y no en otros casos o, en definitiva, qué se ha hecho en una serie de casos, porque el daño de los incendios es muy alto y pensamos que hay un cierto autismo respecto a la provocación y al desarrollo de estos incendios.


Nosotros creemos que es absolutamente necesaria esta comparecencia no en el mes de septiembre, no en la segunda semana de septiembre, sino ahora, precisamente en este momento, para restablecer una cierta normalidad y una cierta seguridad en la gente que ha sufrido los incendios o que puede sufrir alguno en el próximo período.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, efectivamente, como ya se ha dicho, la lacra de los incendios forestales ha vuelto a azotar a nuestro país. En buena parte de nuestro territorio se ha venido produciendo en las últimas semanas una oleada de incendios que ha tenido en algunos casos consecuencias irreparables.
Desde luego, el más trágico ha sido el ocurrido en la población de Sant Llorenç de Savall, del Vallès occidental de Cataluña, en el que cinco miembros de una familia fallecieron asfixiados al tratar de huir de las llamas que se aproximaban a sus viviendas. Por tanto, sean nuestras primeras palabras de condolencia para las víctimas, a cuyas familias queremos trasladar nuestro pesar y solidaridad.


Además de tan lamentables pérdidas de vidas humanas, que es sin duda es el primer elemento que nos debe mover en nuestras actuaciones para evitar que vuelva a producirse, los incendios que han tenido lugar y que están teniendo consecuencias terribles porque están arrasando miles de hectáreas de nuestros campos y bosques, no menos de cerca de 40.000 hectáreas desde que comenzó el mes de agosto, destruyendo viviendas y poniendo en riesgo núcleos de población, muchos de los cuales han tenido que ser evacuados, ponen de manifiesto que la situación en muchos sitios ha sido francamente grave y que ha originado y está originando una gran alarma social que se ha visto además incrementada debido a la ola de calor y a las altas temperaturas que hemos estado padeciendo.


Efectivamente, en algunas comunidades autónomas, especialmente en las más afectadas, se han constituido gabinetes de crisis para dirigir las operaciones, en algunos casos parece que coordinados con el Gobierno central, en otros, no se sabe por qué, no coordinados con el Gobierno central. También ha habido movilización del ejército, disponiendo de efectivos de los Ejércitos de Tierra y del Aire, e indudablemente ha habido un gran trabajo -desde luego mi grupo quiere reconocerlo desde aquí- de los equipos técnicos de extinción, que han trabajado de forma muy dura y con eficacia, ya que en muchas ocasiones se han evitado más desgracias personales de las que han ocurrido y a la vista de los acontecimientos hubieran podido producir todavía muchas más, y en parte también se ha contenido el fuego. De todas formas, la situación ha sido muy grave y por ello el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia en este Parlamento del Gobierno y en concreto del máximo responsable de la protección civil en nuestro país, que es el ministro del Interior, para que en sede parlamentaria informe a los ciudadanos de la envergadura de la situación, del alcance de las medidas que desde su responsabilidad se están poniendo en marcha, de los dispositivos de coordinación -los incendios han afectado a más de una comunidad autónoma- del Gobierno central y de las comunidades autónomas, de los planes de emergencia previstos, etcétera. Por ello vamos a apoyar también la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno, ya que es evidente que, al margen de las competencias que en materia de incendios incumbe a las comunidades autónomas, hay algunas causas y efectos de los incendios que tienen mucho que ver con políticas gubernamentales y, en todo caso, con determinadas políticas gubernamentales que están incardinadas en el Ministerio de Medio Ambiente y puede ser que algunas también en el Ministerio de

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Agricultura, a cuyos responsables no se les ha visto ni de cerca y cuando se les ha visto, especialmente a la ministra de Medio Ambiente, ha sido para decir que estaba de vacaciones, como empezó diciendo a principios de agosto, y que el tema no iba con ella, que era de las comunidades autónomas, para luego hacer declaraciones como que han fallado los medios de prevención. En cualquier caso, hemos vivido una grave situación y no es razonable ni que el Parlamento permanezca al margen ni que el Gobierno, silencioso, con algunos de sus responsables directos desaparecidos, no dé una respuesta. Desde este Parlamento es obligado dar una respuesta a los ciudadanos, decirles que nos estamos ocupando del problema, que vamos a buscar soluciones más eficaces, que vamos a hacer una reflexión acudiendo de una vez por todas a la raíz de un problema tan complicado como este y que vamos a poner todos los medios a nuestro alcance.


Señorías, son muchas las ocasiones que en este Parlamento se ha abordado el problema de los incendios, sobre todo de los incendios producidos en los veranos negros como el que estamos pasando. Es verdad que se han hecho algunas cosas, pero los hechos demuestran que no son suficientes y que algunas de las que se han dicho y de las que se ha hablado en tantas ocasiones en este Parlamento no están puestas en marcha y parece que están lejos de que se pongan en marcha porque el Gobierno dice que no tiene que ver con sus competencias. Tampoco las normas que tenemos son suficientes. Ahí está la ley de montes traída a este Parlamento en la última fase de esta legislatura por urgencia, con unas disposiciones muy genéricas que no abordan los auténticos problemas, que esperemos que mejore en el trámite parlamentario. Por lo tanto, tenemos una normativa insuficiente. Tampoco las políticas emprendidas han logrado reducir, salvo los paréntesis que ponen los veranos húmedos, las devastadoras consecuencias que en las últimas décadas han generado más de tres millones de hectáreas arrasadas en nuestro país.


Es verdad que se ha hablado mucho en este Parlamento desde que en el año 1993, por asentimiento de todos los grupos parlamentarios, una ponencia en la Comisión de Agricultura del Senado sacó conclusiones muy positivas en relación con los incendios forestales. Este debate se ha reproducido sistemáticamente en el año 1995, en 1997, en 1998, en 2000, en 2001 y en 2002, y al final concluye en lo mismo, lo mismo de lo que en gran parte hoy se ha puesto de manifiesto que carecemos: carecemos de una política forestal distinta y sostenible que tenga en cuenta nuestras características territoriales y medioambientales específicas; carecemos todavía hoy de una ley básica de protección de uso y aprovechamientos forestales que permita hacer las políticas adecuadas y que establezca claramente la prohibición de recalificación durante un plazo, como ya se estableció en el Código Penal, de 30 años de los terrenos incendiados.
Esperemos que pueda prosperar la enmienda que hemos presentado a la ley de montes. Se necesita una mayor coordinación y se necesita desde luego mucha más prevención, campañas de información y formación, planificación administrativa y cumplimiento de la legalidad y se necesita también, señorías, una política criminal específica contra los pirómanos. Pues bien, en todo esto de lo que llevamos hablando más de diez años, que yo haya podido comprobar -y he tenido estos días ocasión de leer los múltiples debates que ha habido en este Parlamento sobre estos temas-, en gran parte sigue habiendo grandes carencias. Pero hay más: en el plano de la prevención y de las previsiones, los fallos y las carencias desgraciadamente siguen siendo mayores que los aciertos. Según hemos podido saber y leer estos días, la gravedad y virulencia de los fuegos que nos han afectado no han sido una sorpresa para los técnicos responsables de la extinción de incendios. Al parecer, las primeras señales de alarma se producen después de los primeros días de anormal calor veraniego que tuvimos a finales de junio. El invierno y la primavera lluviosos habían llevado a un falso optimismo que se rompe a finales de junio. Incluso los mapas de riesgos forestales que elaboran los responsables de algunas comunidades autónomas indicaban a finales del mes de junio que la vegetación empezaba a sufrir y que si se producía la fatal combinación -que desgraciadamente se ha producido- de un período de altas temperaturas, baja humedad y algo de viento, la situación podría ser muy dura. ¿Conocía estos datos la ministra de Medio Ambiente, o es que estaba ya de vacaciones? Porque, señorías, el calor del mes de julio, inusual por su prolongada duración, puso el semáforo en rojo y a principios de agosto la situación era explosiva. Hasta los informes de los técnicos de prevención de incendios que he podido leer han dicho que el análisis de la vegetación presentaba una coyuntura extremadamente dura que no se había visto en los últimos años. Luego ha faltado previsión.


Por otra parte, algunos datos apuntan -ya lo he anunciado- a que alguno de los incendios producidos pueden ser intencionados. Si es así, y en parte puede serlo, el Gobierno debería -si no lo ha hecho ya- dar instrucciones al Fiscal General del Estado, de acuerdo con el estatuto del ministerio fiscal, basándose en el interés general, para que aplique todos sus esfuerzos y medios en la persecución de estas conductas, elaborando, si es necesario, una instrucción o una circular dirigida a todos los fiscales jefes provinciales a fin de imprimir el máximo rigor penal y solicitar sentencias condenatorias en las que se imponga la prohibición ya prevista en el Código Penal de cambio o recalificación de suelo incendiado, así como de la madera quemada. Si como, al parecer, y como ha señalado ya el Ministerio de Medio Ambiente, más del 50 por ciento de los incendios que se producen en nuestro país son provocados y en el último año sólo ha habido 188 diligencias

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penales, la eficacia penal está muy lejos de ser un logro y sigue habiendo una gran impunidad.


Por otra parte, no podemos olvidar que el riesgo de incendios se ha incrementado como consecuencia del calentamiento producido por la ola de calor que estamos viviendo, que, a su vez, según afirman los científicos, es consecuencia del cambio climático. Señorías, los científicos llevan años alertando de que van a aumentar los fenómenos climáticos extremos debido al cambio climático y de ello alertaba ya la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de Naciones Unidas, el pasado 2 de julio. ¿Tampoco conocían esto el Gobierno ni la ministra de Medio Ambiente? Es evidente que el Gobierno no ha tenido los reflejos suficientes para actuar desde el punto de vista preventivo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. Ha estado desaparecido ante unas circunstancias graves producidas por una ola de calor que no sólo ha tenido influencia en los incendios, sino que además ha producido gravísimas consecuencias en los ámbitos agrario y ganadero, donde hay una auténtica situación de emergencia. En estos momentos es urgente e importante saber, producida ya una gran catástrofe, si hay fondos europeos para la restauración forestal de las zonas que se han visto más afectadas. De ahí que también sería importante una reunión urgente con las comunidades autónomas a fin de que el Gobierno ponga en funcionamiento todos los mecanismos para recabar fondos o para redistribuir los existentes, si fuese el caso, y que se destinaran a las zonas más afectadas.


Ya acabo, señorías. La catástrofe, sobre todo en pérdida de vidas humanas y miles de damnificados, en miles de hectáreas de bosques calcinadas y de viviendas y poblaciones afectadas por el fuego, exige que el Parlamento de este país no esté al margen y que el Gobierno no permanezca en silencio echando balones fuera. No podemos decirles a los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de los incendios si esto es competencia de aquí o es competencia de allá, porque es evidente que este es un tema en el que hay competencias compartidas. Es necesario propiciar un debate sobre la situación, que exige en todo caso revisar nuestras políticas nacionales de prevención, nuestras políticas forestales, una política forestal sostenible, y en todo caso medioambientales. El fuego destruye nuestro hábitat y la lucha contra el mismo hay que abordarla hoy en el marco de una política global sobre el cambio climático, que conlleva un calentamiento de la atmósfera y un aumento de las temperaturas. Los científicos ya nos están alertando y nos anuncian que aumentará el número y la intensidad de los fenómenos extremos para los que hay que tener en todo caso una respuesta política. Es por ello por lo que el Grupo Parlamentario Socialista considera la urgencia y la necesidad de que comparezca en este Parlamento el Gobierno, el ministro del Interior, como responsable de Protección Civil, y el vicepresidente primero, como responsable de muchas otras cosas de las que los ministros que eran titulares de las carteras han estado de vacaciones.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, las peticiones de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Mixto y Socialista -el Grupo Parlamentario Mixto, por cierto, ha renunciado al uso de la palabra- traen a esta sesión un tema cuya importancia resulta indiscutible y que se ha mantenido desgraciadamente de actualidad a lo largo de este verano. Me refiero naturalmente a la ola de incendios forestales que ha asolado la Península Ibérica. Una vez reconocida la importancia que para todos tiene esta auténtica catástrofe ecológica, que ha afectado en algún caso a espacios poblados, debemos entrar objetivamente en el tenor literal de las peticiones parlamentarias de las que tratamos en este punto. La opinión que merecen estas peticiones al grupo que represento es muy clara y debe quedar meridianamente definida desde un principio. A nuestro juicio, son peticiones desenfocadas en su planteamiento y erróneas en su fundamento.
Hemos de ver aquí el papel exacto que la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior ejerce en la lucha contra incendios forestales. Este papel, señorías, no queda al arbitrio de uno u otro grupo parlamentario ni al capricho de las argumentaciones políticas que legítimamente, pero también fuera de contexto, han expuesto los grupos peticionarios en este debate.


El papel de Protección Civil en el tema que nos ocupa es el que es, la seguridad de la población y de sus bienes, y no precisamente hacer frente a los incendios, como se expresa en la petición de comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno, ni asumir dispositivos ni instrumentos preventivos para combatir la oleada de incendios, como se expresa en la petición de comparecencia del ministro del Interior. Como creo impensable que SS.SS. de la oposición que firman estas peticiones desconozcan la normativa vigente al respecto y mucho menos el reparto competencial en este asunto tan trascendente para la sociedad como es la extinción de incendios, no tengo otro remedio que maliciar alguna segunda intención desdibujada por el humo. ¿Por qué solicitar la comparecencia de miembros del Gobierno desde el desenfoque y el error? Acaso, sencillamente, por el argumento simplista, que a nadie engaña, de tratar de lesionar al Gobierno por cualquier medio, real o irreal, riguroso o artificial; aunque, señorías, con lo que llevamos visto, a uno ya no le extraña nada. Permítanme ustedes que aclare algunos

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aspectos que seguramente conocerán, pero será para centrar el debate.


El primero de estos aspectos es que la defensa contra incendios forestales en España es competencia de las comunidades autónomas en todos sus aspectos: prevención, planificación, detección y extinción. El segundo es que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, tiene encomendada la coordinación básica de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción a las administraciones autonómicas, dentro de las directrices del Plan Forestal Español. Los medios que la Administración general del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas han sido 56 aeronaves y 11 brigadas especiales, que actúan desde 34 bases operativas.
El tercer aspecto es que en las actuaciones de protección civil necesarias para reducir o mitigar las consecuencias que de los incendios forestales pudieran derivarse hacia la población y sus bienes, el Estado tiene las competencias que le atribuye la norma básica de Protección Civil, en la cual se contemplan los incendios forestales como uno de los riesgos que serán objeto de planes especiales en los ámbitos territoriales que lo requieran. La directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales establece los criterios mínimos que habrán de seguir estos planes y hace hincapié en la seguridad de las personas y los bienes. El cuarto aspecto es que, según el nivel de gravedad del incendio forestal, las comunidades autónomas pueden declarar las siguientes situaciones en los planes especiales de incendios forestales a efectos de Protección Civil. La situación una es la más frecuente y se refiere a aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios propios de las comunidades autónomas y en su evolución pueden tener efectos negativos sobre las personas y los bienes.
La situación dos es poco frecuente, si bien este año se ha producido hasta el momento en nueve ocasiones. En esta situación se prevé la necesidad de la imposición de medios estatales, pero siempre a solicitud del órgano competente de la comunidad autónoma. Decía el portavoz de Izquierda Unida que no sabía por qué habían intervenido medios estatales en unas ocasiones y en otras no. Porque cuando se produce la situación dos, a solicitud del órgano competente de la comunidad autónoma, se apoya con medios estatales, repito, a solicitud de la comunidad autónoma. En esta situación se constituye el CECOPI (Centro de Cooperación Operativo Integrado), formado por representantes de la Administración central y de las comunidades autónomas, cuya dirección ostenta el representante de la comunidad autónoma. En la situación tres se declara el interés nacional por el ministro del Interior y el Estado es el encargado de dirigir la emergencia. No se ha dado nunca en los años que llevan en funcionamiento los planes de Protección Civil. Es decir, señorías, en el ámbito de Protección Civil, y en lo que a incendios forestales se refiere, al no haberse declarado hasta la fecha la situación tres, no ha sido requerida la intervención del Ministerio del Interior como órgano de gestión. Sí ha suministrado el Ministerio del Interior el apoyo solicitado por las comunidades autónomas en los casos en que se ha declarado la situación dos. De hecho, señorías, la Dirección General de Protección Civil ha aportado a las comunidades autónomas que han declarado la situación dos y que han pedido el apoyo del ministerio una serie de medios extraordinarios que han sido movilizados. Estos medios han sido los siguientes: medios aéreos de otras comunidades autónomas; medios humanos y materiales del ejército, como maquinaria pesada y apoyo logístico; medios aéreos extranjeros, como el apoyo de Francia para los incendios de Cataluña; medios humanos y maquinaria de la empresa TRAGSA; gestión de combustible para aviones en bases de Extremadura y Castilla y León y adquisición de líquido retardante amónico para un avión Hércules. En cualquier caso, en los incendios que las comunidades autónomas han declarado de nivel dos y se ha constituido el CECOPI, el Estado ha colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como la participación de los técnicos y personal de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, en estrecha coordinación con la Dirección General de Protección Civil.


En todos los casos en que ha habido evacuaciones, el director general de Protección Civil en persona, en contacto con los delegados y subdelegados de Gobierno, autorizó que cualquier gasto derivado de las mismas corriera a cargo de los presupuestos de esta Dirección General. Podría relatarles la serie de incendios en los cuales ha intervenido Protección Civil, pero no voy a hacerlo porque creo que es de todos conocido, pero sí quiero insistir en que el motivo de que se haya prestado el apoyo en unas comunidades y en otras es porque sólo puede intervenir el Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil, cuando así lo solicita la comunidad autónoma respectiva.


Señorías socialistas, ustedes intentan tergiversar siempre la realidad y, en su afán desmedido por buscar culpables en todas las situaciones, ni siquiera consultan con los representantes de las comunidades autónomas en las que gobiernan. Ignoran ustedes que en esas comunidades, alguna de ellas especialmente castigada por los incendios, como es el caso de Extremadura, el presidente de la Comunidad extremeña ha mostrado su agradecimiento a la tarea decisiva desarrollada por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por el ejército. Señorías, les falta a ustedes grandeza para admitir la excelente labor de apoyo que ha efectuado el Ministerio del Interior.


Pese a los errores de planteamiento en la petición de comparecencia que debatimos, como no dudo del interés que tienen SS.SS. en conocer las actuaciones del Gobierno en las labores de coordinación y extinción de

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incendios forestales, actuaciones que, como antes he indicado, corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, quiero muy brevemente indicarles cuáles han sido las actuaciones de dicho ministerio, porque es completamente falso que la ministra de Medio Ambiente haya estado desaparecida. La ministra de Medio Ambiente se ha puesto en contacto personalmente con los presidentes autonómicos de las zonas más afectadas por los incendios forestales, ofreciendo todo el apoyo y todos los medios del Ministerio de Medio Ambiente. Se ha puesto en contacto con el presidente extremeño, con el presidente de Castilla-La Mancha y con el presidente Jordi Pujol. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Respecto a los medios de lucha contra los incendios forestales del Ministerio de Medio Ambiente, estos han intervenido, señorías, durante la primera quincena de agosto en un total de 418 misiones de extinción de incendios en apoyo a las comunidades autónomas que lo han necesitado. La actuación tanto de las 56 aeronaves como de los 423 especialistas en incendios forestales que integran la brigadas helitransportadas ha sido determinante para la extinción de los grandes incendios que se han producido durante este verano y especialmente en los primeros días de agosto. Del dispositivo contra incendios de que dispone el Ministerio de Medio Ambiente para apoyar la acción de las comunidades autónomas, los aviones anfibios, que tienen una capacidad de 5.500 litros, han tenido durante la primera quincena de agosto 263 intervenciones; los aviones de carga en tierra, con 3.200 litros de capacidad, 219, y los helicópteros bombarderos, con 4.500 litros de capacidad, han actuado en 62 ocasiones.
Los medios del Ministerio de Medio Ambiente puestos a disposición de la Junta de Extremadura fueron un Hércules, ocho aviones anfibios, dos helicópteros bombarderos, un avión de carga en tierra y siete Brief, con cien especialistas en tierra y un total de 469 horas de vuelo. Además, y a petición de la Junta de Extremadura, en este siniestro se dispuso un operativo especial formado por un coordinador y ocho técnicos especializados como apoyo a la dirección de la extinción de incendio. En el incendio de Sant Llorenç de Savall, en Barcelona, el Ministerio de Medio Ambiente envió a la Generalitat de Cataluña en un primer momento tres aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios y un avión Hércules. Posteriormente, cuando el fuego se reprodujo, el ministerio envió tres aviones anfibios más y dos aviones de carga en tierra y mantuvo el Hércules.


La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, le ruego concluya.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señora presidenta.


Creo que aquí ha existido una buena intención, se ha traído a esta Diputación Permanente un tema importante, un tema latente, que es el de los incendios forestales, que están arrasando numerosas hectáreas de nuestro monte. Creo que el tema es importante, pero ustedes han desenfocado el asunto porque ni siquiera saben, señorías, de quién son las competencias, ni siquiera saben cuándo tiene que actuar Protección Civil. Por consiguiente, creo que hay mala fe en su petición de comparecencia, y lo lamento profundamente porque es un tema de enorme importancia que para el Grupo Parlamentario Popular es vital.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.


Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señora presidenta.


Solamente dos matizaciones. Lo peor que puede ocurrir en política es negar las evidencias. Que durante el mes de agosto, por diversas circunstancias, como su señoría ha reconocido, algunas recurrentes y otras nuevas, como las altas temperaturas que hemos sufrido, se han producido en nuestro país incendios de grandes magnitudes que han arrasado cerca de 40.000 hectáreas con pérdidas de vidas humanas y de patrimonio ecológico, es una trágica evidencia, frente a la cual, desde luego, no se puede poner la resignación, porque es posible que algunas cosas no puedan evitarse ni preverse, pero que la intensidad y la extensión de lo ocurrido debe poder reducirse y evitarse es algo a lo que no vamos a renunciar y a lo que un país moderno no debe renunciar.


Ya he dicho en mi intervención que se habían constituido gabinetes de crisis en las comunidades autónomas afectadas, que se habían coordinado con el Gobierno central; lo he dicho, no hay mala intención, la mala intención es si usted no me ha escuchado, señora portavoz del Partido Popular. Lo he dicho en mi intervención y constará así en el "Diario de Sesiones". El problema es otro, es que queremos que venga el Gobierno a este Parlamento, porque insistimos en que el Gobierno ha estado públicamente desaparecido y tenía que haber solicitado la comparecencia voluntaria para venir aquí, porque no es todo competencia de las comunidades autónomas, ni la protección civil, ni la política forestal, ni la política medioambiental. Señorías, cuando ustedes estaban en la oposición, opinaban otra cosa. Claro que conocemos cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y del Gobierno de la nación.
Les cito. "Diario de Sesiones" del año 1994: El Grupo Popular entiende que en España la lucha contra los incendios forestales, en su aspecto de prevención, extinción y recuperación de la masa forestal, debe ser objetivo prioritario de la política nacional, sin olvidarnos, por supuesto, de las competencias de las comunidades autónomas. De eso es de lo que estamos hablando,

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de que tiene que haber una respuesta de este Parlamento ante una situación de la gravedad de la que se ha producido en este país. Es evidente que hubo fallos en las políticas preventivas, que había una situación de alarma señalada por los técnicos en los meses de junio y julio, queremos saber si el Gobierno las conocía o no y qué es lo que ha pasado. También queremos que de una vez por todas en este Parlamento no haya sólo un debate que se produce de forma recurrente cuando los incendios se han producido, sino que seamos capaces entre todos de dar una respuesta eficaz para acabar con una lacra cuya alarma crece cada día, porque esto en estos momentos está aumentado por las consecuencias del cambio climático, respecto del que todavía no conocemos una estrategia razonable ni una política nacional del Gobierno.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.


Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidente.


Como ya he indicado, estoy de acuerdo con usted en la trágica evidencia de los incendios forestales que han asolado la península Ibérica. Lo fundamental es la prevención, pero la prevención, como usted conocerá, fundamentalmente es competencia de las comunidades autónomas. Creo que la falta de tratamientos preventivos en nuestras masas forestales ha sido una de las causas que ha contribuido, junto con las altas temperaturas y el elevado grado de riesgo que había este verano, a que estos incendios se propagasen mucho más. Estas medidas preventivas han fallado en algunas zonas, han fallado especialmente en Extremadura, donde ha habido muchas denuncias de que no había cortafuegos. Hemos podido ver en la televisión, hemos podido leer en los medios de comunicación, he podido hablar con gente de Extremadura, y todos indican que no existen cortafuegos. Este es un medio preventivo, pero es competencia de la comunidad autónoma y es en esta labor donde hay que insistir: medidas preventivas. Ahora bien, si ustedes tenían interés en saber cómo ha ido la lucha contra los incendios forestales no tenían que haber pedido la comparecencia del ministro del Interior, sino que tenían que haber solicitado la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente que sí tiene labor de coordinación y apoyo en la lucha contra los incendios forestales, no la del ministro del Interior, porque la función de la Dirección General de Protección Civil es apoyar, cuando se le solicita la situación dos, a las comunidades autónomas con los medios que se han puesto a su disposición. Ustedes no querían enterarse de cómo ha ido la lucha contra los incendios forestales, lo que querían era rellenar la Diputación Permanente de hoy.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.


Sometemos a votación la petición formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional con el siguiente orden del día: comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno para que explique las actuaciones y medidas coordinadas de Protección Civil para hacer frente a los incendios que se están produciendo en nuestro país y sus efectos catastróficos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 41; a favor, 15; en contra, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Petición formulada por el número suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro del Interior para que informe de las medidas de Protección Civil y de los dispositivos e instrumentos preventivos de protección y de coordinación que se hayan puesto en marcha para combatir la oleada de incendios que se están produciendo en los últimos días.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 41; a favor, 15; en contra, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


PETICIÓN FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000061) CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 7/1985, POR LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, PREVIO LOS TRÁMITES LEGALES ESTABLECIDOS, SE ELEVE AL CONSEJO DE MINISTROS EL ACUERDO DE LA DISOLUCIÓN DE LA COPORACIÓN MUNICIPAL DE MARBELLA, CON LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL MENCIONADO PRECEPTO. (Número de expediente 162/000800)

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La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del octavo bloque del orden del día, relativo a la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Marbella. Petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previo los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la corporación municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, en Marbella tenemos en este momento un Gobierno totalmente de trásfugas; trásfugas de todos los partidos se han unido, y detrás parece ser que Torrente primero le ha ganado la partida a Torrente segundo. (Risas.) Estamos en una situación específica -todavía no he cogido el tono de la intervención que quiero hacer-, pero me ha extrañado el motivo que ha aducido el señor Gil para esta moción de censura que parece que él dirige, y es que Marbella está siendo el hazmerreír del mundo. ¿Por qué? No porque haya mucha ilegalidad urbanística, sino porque el señor Julián se pasea de la mano con la señora Pantoja. Es una de las causas fundamentales de la moción de censura. Es impresentable lo que está pasando allí; no la ruptura de la legalidad constitucional, de la estabilidad institucional y de la ética civil, sino otra serie de factores que rozan más bien el problema de la imagen personal. ¿En qué situación nos encontramos? Pues nos encontramos con una situación de difícil salida. Ya dijimos en el año 2001, después del estudio del Tribunal de Cuentas de 1999 y posterior, que la única salida es el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, artículo que le da al Gobierno de la nación la iniciativa, previo conocimiento del Gobierno de la comunidad autónoma, para disolver el ayuntamiento de que se trate en cada caso cuando afecte a los principios legales y a los principios de interés general.


Nos encontramos en un momento en el que ni siquiera la ley puede solucionar este problema. Señorías, hay 40.000 viviendas ilegales. Se han suscrito más de 300 convenios, naturalmente con intereses cruzados, y no sabemos ahora cómo se pueden solucionar esos 300 convenios, aparte de las licencias personales que se hayan podido dar. Se dirá tranquilamente: que eso vaya a los tribunales. Sí, está yendo a los tribunales y en muchos casos nos encontramos con que en la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia hay 53.000 asuntos pendientes; metamos los de Marbella y esperemos cinco, seis, siete años a que se vaya solucionando el tema. Si hubiera juicios rápidos, indudablemente se podrían solucionar algunas de las licencias en urbanizaciones ilegales. No habría problema de ningún tipo, pero el problema que tenemos es que solamente en el año 2002 la consejería de la Junta de Andalucía impugnó 80 licencias. Esta es la situación con la que nos encontramos. Pero no sólo esto, señorías, sino que a partir de ahora es posible que todos los gobiernos que allí se instauren, sea a través de los métodos que estamos conociendo o de otros -porque quizás no lo hemos visto todo, posiblemente veamos más inhabilitaciones y otras cosas en el próximo período-, van a querer hacer borrón y cuenta nueva. Pocas construcciones más se pueden hacer en Marbella, cabe poco más. Se pude intentar, se puede conseguir algo, pero poco más se puede hacer. El problema de fondo es qué se hace con lo que desde 1991 hasta ahora se ha construido en la mayor parte de los casos de manera ilegal y a través de métodos absolutamente impronunciables en esta Cámara. Aparece entonces una presión muy fuerte en estos momentos que no nos puede llevar, por unas razones o por otras, a pasar de la situación de legalidad, de restablecimiento del orden constitucional y de la ética civil. Aquí no vale la teoría del borrón y cuenta nueva; aquí no vale una ley de punto final. Hay 40.000 viviendas ilegales, entre ellas la de Antonio Banderas, y no vale ni una sola amnistía en función de una legalidad que se está conculcando desde hace mucho tiempo en un marco de actuación muy específico. Muy cerca está Gibraltar, con 32.000 habitantes; con 32.000 habitantes y 62.000 sociedades mercantiles registradas. Esa lavadora de dinero negro del señor Blair está funcionando muy en sintonía con las cosas que pasan en Marbella y, por contagio o por razones de otra índole, en muchos pueblos de la Costa del Sol. Esa es la situación y, a partir de ahí, creemos que está justificada la aplicación del artículo 61 de la Ley de Régimen Local. Les recuerdo que el artículo 61 dice una cosa y no la contraria; dice que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia, tendrá que tomar la determinación. Por tanto, es responsabilidad del Consejo de Ministros, no de partidos del ayuntamiento de Marbella, no de asociaciones de ningún tipo, sino que en función de una demostración de ilegalidad y de que se conculcan los principios del interés general es como el Consejo de Ministros tiene que tomar esa iniciativa, y no otra instancia. No hay instancia superior o inferior que pueda adoptar esa alternativa, sino el Consejo de Ministros. La propia doña Ángeles Muñoz justifica plenamente la intervención en el Ayuntamiento de Marbella a través de la entrevista que ha concedido hoy al diario El País, en Andalucía. El titular de la entrevista dice: Gil manda ahora más que nunca. Gil es un señor sobre el que ha caído una inhabilitación de 28 años. Si manda más que nunca, tenemos motivos de muchísimo peso, de enorme peso para tomar medidas. Pero todavía hay más. En la entrevista se dice: Si a Gil se le hubiese acabado dar licencias y cobrar maletines habría desaparecido ya. Si manda más que nunca, quiere decir que puede seguir

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dando licencias y cobrando maletines, otra razón de mucho peso para intervenir. La disolución de un ayuntamiento nunca puede adoptarse por una crisis política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una moción de censura? La Ley de Régimen Local se aprobó en 1985 y el señor Gil entra a gobernar en 1991, por tanto, este artículo no se aprobó por razones de calentura política, de calentamiento político -una palabra muy de moda en Marbella-, sino que se aprobó antes, en función de intereses generales y de si se conculca o no la legalidad constitucional. No hay ninguna crisis política que pueda avalar o dejar de avalar una intervención a través del artículo 61, estamos ante otro supuesto, estamos en una situación de absoluto descontrol, de falta de gobernabilidad, donde el señor Gil manda más que nunca y puede seguir con una actuación absolutamente inadmisible.


¿Cómo empieza todo esto? Creo que es en 1991 cuando el señor Gil accede a la alcaldía. Lo primero que hace el señor Gil es privatizar el ayuntamiento; no ciertos servicios del ayuntamiento, sino privatizar la estructura de funcionamiento y, naturalmente, la estructura financiera del ayuntamiento y crea el club financiero, que es un edificio paralelo donde se desarrollan las actividades fundamentales financieras y económicas de este ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento entonces era un miembro de Izquierda Unida -era secretario por oposición, don Pedro Moreno, profesor de derecho en Andalucía- y lo llaman al club financiero para que lleve la firma y para que, a partir de ese momento, despache en el club financiero y no en el ayuntamiento. Ante la oposición del señor Moreno, lo primero que se hace es despedirlo con cajas destempladas y cerrarle todas las puertas y, a partir de ese momento, empieza la actuación del señor Gil, actuación que se caracteriza por instaurar en Marbella y en todas las partes que se contagian en un cierto grado el urbanismo a la carta. Es una forma moderna -se decía- de gestionar el ayuntamiento, pertenece al mercado, es una forma moderna de mercado, por lo tanto, no hay que extrañarse porque los demás somos muy antiguos. El urbanismo a la carta consiste en que se llama a un promotor, se le pregunta dónde quiere construir y, a partir de ahí, se pide el canon al ayuntamiento y el promotor puede luego ordenar el plan de urbanismo a su antojo. Ese es el urbanismo a la carta, con toda la serie de cuestiones que conlleva.


Se ha hablado del saqueo de Marbella, en el calentón que se dieron entre ellos, dijeron: tú estás atracando a partir del ayuntamiento, las comisiones, el resto de cuestiones que se están sucediendo constantemente y que ha detectado el fiscal Anticorrupción, incluso el propio Tribunal de Cuentas en el estudio que he citado anteriormente. A partir de ahí, hay un montón de denuncias que se evacuan y que figuran en el trámite que he citado, trámite imposible tal como está el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por lo tanto, no es una salida adecuada ni justa en estos momentos. En el estudio del Tribunal de Cuentas se decían cosas que dejan entrever lo que está pasando allí. Por ejemplo, se venden terrenos dos veces, se construye sobre terrenos verdes para temas sociales, incluso estaba previsto que se hicieran calles en ellos. Hay un caso concreto que recoge el Tribunal de Cuentas: fincas transmitidas por valor de 396 millones de pesetas en pago por obras que aporta el ayuntamiento, estas fincas son vendidas cuatro días después por 437 millones de pesetas y un poco después el nuevo comprador las vende por 1.000 millones de pesetas. Son casos constantes, objetivados en este momento por un tribunal institucional de este país. Esta es la situación y no otra.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Voy concluyendo, señora presidenta.


El modelo social también lo establece de una manera muy sintética porque al señor Gil se le ha hecho una figura social a través de los medios de comunicación porque sintetiza sus titulares y sus resúmenes. Por ejemplo, dijo: A Marbella le iría mucho mejor sin jueces, sin Parlamento y sin prensa; es su modelo social. Trabaja de una manera específica y se constituye un microclima social de una entidad especial que en nuestra situación es un tema grave que hay que solventar.


Termino, señora presidenta. No basta con que un ayuntamiento sea formalmente legal. ¿En qué sentido? En que se constituya ahora un ayuntamiento de tránsfugas, todos tránsfugas, como diría Berlanga. Es formalmente legal, pero esos señores tienen que jurar o prometer la aplicación de la Constitución, segundo paso. La prometen y la juran y no la cumplen; no basta con ganar las elecciones. Recuerdo su propio discurso: hay que cumplir lo que se promete y se jura, y en este caso no se da. Por lo tanto, primero, hay que aplicar el artículo 61; segundo, la iniciativa le corresponde al Gobierno de la nación con el conocimiento previo de la comunidad autónoma; tercero, no podemos aceptar sobre los hechos la ruptura de la constitucionalidad, de la legalidad y de la ética civil diciendo que hay un discurso que funciona para Marbella, que hay que ir a la legalización de las 40.000 viviendas ilegales, borrón y cuenta nueva y que después veremos. No podemos aceptar eso desde ningún punto de vista y creemos que es el momento de la disolución.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego que concluya, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.


Si hay que hacer algún estudio, que sea el previsto en el artículo 61 para proceder a la disolución, pero no un estudio que dilate el problema en el tiempo, llega el fin de la legislatura y poco a poco empieza a consolidarse

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la presión de inversores de poderes fácticos que nos quieren llevar a la ley del punto final. No estamos de acuerdo y, por eso, solicitamos la disolución inmediata del Ayuntamiento de Marbella.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.


Estamos de acuerdo en que la crisis que se ha desatado en el Ayuntamiento de Marbella, que ha terminado con la aprobación de una moción de censura al alcalde elegido hace apenas tres meses por mayoría absoluta, es un auténtico caso de desvergüenza política. El conglomerado de tránsfugas que se han unido en la división de Gil, por una parte, y el apoyo de algunos concejales del Partido Andalucista y del Partido Socialista, en contra de los criterios de sus propios partidos, es un ejemplo claro de esta desvergüenza política. En el caso de los concejales del Partido Socialista, ustedes saben perfectamente que la actuación ha sido clara, nítida, inmediata y rotunda sin dar paso a duda alguna respecto a cuál ha sido la actitud y la posición del Partido Socialista: desautorizarlos rotundamente y separarlos del Partido Socialista porque no se puede actuar en contra de la voluntad popular expresada hace apenas tres meses, expulsando del ayuntamiento a un alcalde que ha sido elegido por mayoría absoluta. No se puede entender cuáles han sido las obscuras razones que han llevado a estas personas a tomar decisiones al margen y en contra de los intereses de las posiciones políticas de su partido y de la voluntad popular. Por tanto, nuestra primera actuación ha sido dirigirnos a la Fiscalía para que actúe e investigue sobre cuáles han sido los intereses ilegítimos que pueden estar detrás de una decisión de esta naturaleza.


El Gobierno que ha surgido de esta moción de censura es un Gobierno híbrido, heterogéneo y sobre el que nadie tiene claro qué posicionamiento político, qué programa político, qué proyecto puede desarrollar en la ciudad de Marbella. Lo que existen son serias dudas en estos momentos sobre cómo puede actuar este gobierno municipal, sobre todo, después de haber tomado las primeras decisiones: haber puesto de nuevo en su lugar al gerente de urbanismo destituido por el anterior alcalde que ha sido el hombre de paja, el muñidor, de Jesús Gil durante muchos años, que ha puesto en marcha todas las irregularidades urbanísticas que han tenido lugar en la ciudad de Marbella. Durante 12 años, primero Jesús Gil y después Julián Muñoz, se han desarrollado en la ciudad de Marbella continuas irregularidades urbanísticas, hasta el punto de llegar a una situación de insumisión urbanística en cuanto a incumplimiento de la legalidad vigente. Afortunadamente, la Junta de Andalucía ha sido durante todos estos años inflexible y tenaz al exigir el cumplimiento de la legalidad en materia de urbanismo. Como consecuencia de esta posición firme y contundente de la Junta de Andalucía existen ahora mismo más de 300 expedientes por infracciones urbanísticas, licencias de obras, convenios urbanísticos considerados ilegales y la Junta de Andalucía ha solicitado reiteradamente la actuación de la justicia para que se estableciera la suspensión cautelar de estas obras iniciadas y que no concluyeran las construcciones ilegales. A esas múltiples querellas y causas en las que se ven envueltos los responsables municipales del GIL hay que añadir ahora la nueva querella que ha admitido a trámite la Audiencia Nacional presentada por la Fiscalía Anticorrupción que acusa a la actual alcaldesa y a varios de los concejales del antes GIL, y ahora no se sabe de qué partido político, de haber estado cobrando dinero de dos sociedades municipales cuya existencia y actuaciones no están acreditadas en ningún sitio. El Gobierno de la nación y todas las fuerzas políticas tenemos la obligación de actuar. No podemos seguir cruzados de brazos esperando indefinidamente que la situación se siga pudriendo y el deterioro institucional y social en Marbella siga agravándose. Por eso nos parece imprescindible el debate, en el Pleno de esta Cámara, de esta iniciativa que presenta Izquierda Unida. No compartimos el cien por cien del contenido de la proposición de ley, pero sí la necesidad de un debate y de un acuerdo de todos los grupos políticos para analizar cuál es la situación extraordinaria y grave que se está produciendo en el Ayuntamiento de Marbella y qué medidas, de carácter extraordinario y urgente, deben tomarse para cumplir de manera básica las garantías constitucionales y legales con que debe desarrollarse la vida municipal en esta ciudad.


Estas decisiones deben tomarse con el suficiente sosiego y con toda la prudencia. En ningún caso pueden adoptarse basándose en suposiciones y previsiones de cuál puede ser el incumplimiento o la ilegalidad previsible que pueda cometer el nuevo gobierno local de Marbella. Esta decisión debe tomarse, en caso de que haya que tomarla, con el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas. Lo sensato es dar un tiempo suficiente al nuevo gobierno municipal para que demuestre con nitidez, con claridad cuál es su voluntad política, si es someterse y actuar conforme a la legalidad vigente en materia de urbanismo o continuar en esa espiral de irresponsabilidad con la que llevan actuando al margen de la ley y en contra de la autoridad competente. Esta voluntad política, desde nuestro punto de vista, tendría que concretarse por parte del Ayuntamiento de Marbella en tres puntos fundamentales y básicos. En primer lugar, elaborar una revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que pueda ser aprobado por la Junta de Andalucía. El que ellos han elaborado en 1998 ha sido suspendido tres veces por la Junta de Andalucía y está en suspensión por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En segundo lugar, las licencias de construcción que otorgue a partir de ahora el ayuntamiento tienen que estar de acuerdo y conforme a ese plan de ordenación del año 1986, que es el único legalmente

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vigente. Y, en tercer lugar, tienen que revocar y rectificar todos los convenios urbanísticos y las licencias de obra que sean ilegales y que están consideradas como tales por la Comisión Provincial de Urbanismo y por la Junta de Andalucía, en la ciudad de Marbella. Muchas de ellas en proceso judicial, y habrá que esperar a ver cuál es el resultado de esos mismos procesos. Insisto en que es imprescindible que exista un acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas para poner en marcha un proceso de regeneración democrática que acabe con la situación de anomalía que se está viviendo en estas últimas semanas y que está convirtiendo la vida política de la ciudad en un culebrón y en un bochornoso espectáculo difundido por lo peor de los programas rosas de la televisión. Los ciudadanos exigen cordura, sensatez y actuaciones contundentes, y no pueden entender ni aceptar que las diferencias, las disputas o los intereses partidarios impidan un acuerdo básico entre todos los partidos democráticos para encontrar una situación a la crisis de Marbella.


Nos repugna profundamente lo que ha ocurrido y estamos convencidos de que los motivos para esta moción de censura no son legítimos. Por eso, nos alegra enormemente que la Fiscalía haya decidido actuar e investigar lo ocurrido. Es muy probable que los motivos que han movido a estos concejales a aprobar esta moción de censura, coincidan con los que han tenido los dos alcaldes del GIL durante 12 años para llevar al ayuntamiento a una situación prácticamente de bancarrota, a una confusión permanente entre lo público y lo privado y a una situación, como decía antes, de insumisión en materia urbanística. La confrontación permanente con la Junta de Andalucía ha provocado el inicio de 300 expedientes de impugnación a licencias urbanísticas, licencias de obra y convenios urbanísticos sobre los que los tribunales no siempre han acordado la suspensión cautelar de esas construcciones. Sólo la firmeza de la Junta de Andalucía, que desde el primer momento y durante todos estos años ha mantenido a rajatabla el principio de que la legalidad urbanística no se negocia ni se permiten atajos, ha hecho que el anterior alcalde, Julián Muñoz, iniciara un proceso de rectificación y se comprometiera con ella a cambiar el rumbo y a ajustarse a la legalidad.


Señorías, el día 21 de julio en la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga en la que se rechaza la pretensión de un nuevo proyecto para construir 100.000 nuevas viviendas en Marbella, Muñoz, el alcalde, anuncia el cambio de actitud de su corporación, que ratifica en una nueva reunión que se produce el día 28 de julio con la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, comprometiéndose a elaborar una nueva revisión del plan general de 1986, conforme a los requisitos exigidos por la Junta de Andalucía. Esta decisión del alcalde ha sido, creemos, el detonante de la operación de acoso y derribo, formalizada poco días después con la presentación de una moción de censura.


Insisto en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, y de manera muy especial del Partido Popular por su responsabilidad de gobierno y por ser el partido mayoritario en esta Cámara, para hallar una solución a esta bochornosa situación. No podemos seguir esperando a ver qué pasa, porque los ciudadanos nos exigen, y están en su legítimo derecho, que demos ejemplo de regeneración democrática y de dignificación de la vida política municipal de Marbella. No podemos seguir esperando a que se transmita diariamente ese bochornoso espectáculo en los programas de Televisión.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Voy a intervenir muy brevemente, señora presidenta.


Tengo que decirles que hoy aquí no estamos debatiendo la situación del Ayuntamiento de Marbella, hoy no es este el punto que se debate. Es más, no estamos debatiendo ni siquiera la conveniencia o no de que se disuelva el ayuntamiento. Aquí se está debatiendo si el debate en Pleno debe ser ahora en sesión extraordinaria, es decir, ya, como quiere Izquierda Unida y como al parecer también pretende el Grupo Parlamentario Socialista, aunque la verdad es que suena algo incongruente con su discurso y la posición que van a tomar en la votación. Esto es lo que se debate, si ahora mismo o, como pretende el Partido Popular, con los argumentos y con el informe suficientes para que ese debate sea en profundidad. Esa es la postura coherente y lógica que nosotros vamos a tomar. Es una decisión extrema, es una decisión gravísima que tiene que estar perfectamente documentada y con un informe técnico-jurídico que avale cualquier decisión que se vaya a adoptar, a favor o en contra.


Nosotros no nos hemos pronunciado, nunca hemos dicho no a un ayuntamiento hasta que no sepamos si se dan o no se dan las causas, porque hay una cosa muy clara y es que las leyes están para cumplirlas, no para interpretarlas, independientemente de la persona que hable en ese momento. Con lo cual nuestra postura es muy clara, porque hemos tenido la misma postura durante toda esta crisis política. Había cuatro partidos con representación en el ayuntamiento y solamente queda el Partido Popular, es el único partido que queda con la misma representación que obtuvo en las urnas. Les tengo que recordar que nuestro discurso ha sido exactamente igual en todo el transcurrir, no solamente en la pasada legislatura, sino durante la campaña y ahora en esta crisis política. Los tránsfugas están en otros partidos. El Partido Popular ha sido muy claro a la hora de posicionarse en toda esta crisis institucional y política.
Creo que tenemos que hacer eso, separar la parte política del informe técnico-jurídico.


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Nosotros hemos asistido, conjuntamente con el resto de los ciudadanos, a ese espectáculo lamentable que han protagonizado sus tránsfugas, los concejales del Partido Socialista, los concejales del Partido Andalucista y los concejales del Grupo GIL. Ha sido un espectáculo lamentable en el fondo y en la forma. En esto estamos totalmente de acuerdo. Al menos ustedes, que no tenían representación en el ayuntamiento, estarán de acuerdo conmigo, no solamente en la entrevista, sino en la exposición que nosotros hicimos al no apoyar esa moción de censura. Fuimos muy claros sobre por qué no apoyábamos esa moción de censura. Ya me hubiera gustado a mí que hubieran sido ustedes tan claros a la hora de valorar la situación urbanística de Marbella durante todos estos años como lo está siendo usted ahora. Ya me hubiera gustado a mí. Probablemente hubieran cambiado algunas cosas. En cualquier caso, nosotros no hemos estado nunca a favor de esas formas y, por supuesto, nunca hemos estado a favor del trasfondo de esa moción de censura. Es verdad que se mantiene, de hecho y de facto, a una persona alrededor del poder en Marbella, un alcalde inhabilitado por la justicia, y es verdad que hay demasiados intereses oscuros, por unos y por otros, los que han firmado ese pacto y los que han firmado esa moción de censura -repito- donde no está el Partido Popular. Evidentemente, es un fondo donde se percibe que se va a utilizar nuevamente a Marbella.


Esto que lo ha dicho muy alto y muy claro el Partido Popular define claramente también cuál es nuestra postura a la hora de disolver. Fíjese si les voy a ser claros, si ustedes van hoy por la calle en Marbella y le preguntan a cualquier ciudadano, les puede decir que el único partido serio es el PP y que si hubiera elecciones mañana mismo, votaban al PP, porque es una cosa lógica. Si están viendo que el resto de los partidos que han tenido representación en el ayuntamiento se han comportado como lo han hecho, les puedo asegurar que a nosotros nos valoran sobre todo por la seriedad y la coherencia. Si yo hablara aquí en representación de los intereses de un partido, en este caso del Partido Popular, les podría asegurar que nosotros hubiéramos sido los primeros que hubiéramos izado la bandera de la disolución y de las nuevas elecciones, pero es que no se trata de los intereses de un partido, ni siquiera de los intereses de nuestro partido. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Marbella para velar por los intereses de los ciudadanos de Marbella y de San Pedro y para cumplir la legalidad. Para eso estamos. Entonces no podemos hacer una interpretación de si nos interesa o no la disolución del ayuntamiento, porque es una decisión extrema, gravísima, nunca se ha adoptado y, aunque evidentemente la situación de Marbella es igual de grave de lo que puede ser esa medida, en el caso de que se llegara a aplicar, les puedo asegurar que tenemos que contar con un informe técnico-jurídico que avale esa medida para que nadie pueda tachar de que hay intereses partidistas detrás.


En este momento me gustaría saber cuál es la posición del resto de los grupos. Del Partido Socialista no la sé porque ha habido tantas voces hablando al mismo tiempo sobre disolución o no que no la sé. Y todavía la sé menos ahora, una vez que la he oído hablar a usted, que por un lado quiere dar un plazo, ver si se cumple o no la legalidad, tener un periodo de dilatación y, por otro, habla de Julián Muñoz en los términos en que lo ha hecho, del que le recuerdo que antes de ese acercamiento o de esa postura, que no sé si tendrán algo que ver sus nuevas relaciones con la Junta de Andalucía, ha sido un alcalde que ha estado en la anterior legislatura con pleno mando un año y medio y que no ha tenido ningún arrepentimiento ni ha hecho ningún acercamiento a posturas legales. A mí ahora me sorprende y no sé qué pensar al oírla a usted sobre si van a estar o no de acuerdo con la disolución, sobre todo cuando lo que pretenden es que un tema tan grave, tan extremo y sobre todo con una medida tan excepcional como esta, se debata en un Pleno ya, pasado mañana. Ustedes quieren por un lado que se debata pasado mañana y por otro están diciendo que van a ver qué postura van a tomar en el tema de la disolución, dependiendo si en el plazo de dos o tres meses el ayuntamiento toma una decisión u otra. Eso no casa, señora Pozuelo. O estamos aquí o estamos allí, pero en los dos lados es imposible. Como también es incoherente que la secretaria general del PSOE de Málaga diga una cosa el mismo día que el señor Caldera la rectifica. La señora Bustinduy pide la disolución del ayuntamiento mientras que el señor Caldera no encuentra un motivo. Las dos cosas a la vez casan regular y se entienden regular. A mí sí que me gustaría que su grupo definiera cuál es la postura que va a tener en este caso y si va a apoyar la iniciativa que nosotros vamos a presentar, que es una proposición no de ley en la que el Gobierno se comprometa a la elaboración de un informe que avale si existen motivos o no para esa disolución.


Me hubiera gustado sobre todo oír al representante del Partido Andalucista, que en toda esta crisis parece que no está. Parece mentira que con la gravedad y con lo que ha supuesto el apoyo de sus tres concejales a esta moción de censura hoy no esté aquí o explicando su postura o avalando con su presencia esta situación. Lo del Partido Andalucista, señorías, no tiene ninguna explicación.


Para nosotros, por lo tanto, resulta muy claro que en el ámbito político es de total repulsa lo que ha sucedido en este ayuntamiento, porque va en contra de los intereses del pueblo. En cuanto a la disolución tengo que decir que vamos a ser cautelosos, que se va a decidir lo mejor para Marbella y para sus ciudadanos y que lo haremos sobre la base de la legalidad.


Como el discurso debe de ser coherente y con sentido común -lo que se está planteando aquí desde el Partido Popular es coherente y con sentido común- vamos a proponer la misma iniciativa que ustedes han presentado en el Parlamento de Andalucía. Izquierda Unida presenta aquí una iniciativa hoy diciendo: debate

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extraordinario y urgente para la disolución del ayuntamiento. En cambio, en el Parlamento de Andalucía hacen otra interpretación y dicen: Uno, elaborar un informe sobre la disolución de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Marbella para elevarlo al Gobierno central y al Senado y, dos, que en los términos previstos se inicie el expediente para la disolución de este ayuntamiento. Primero piden un informe y a continuación que se inicie el expediente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, eso es lo que yo creo que es coherente. Es más, es tan coherente como que también ese informe se pida en una proposición no de ley por parte de nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía, porque eso es lo que queremos, saber, conocer toda esa información y sobre esa base decidir si se dan o no esos supuestos legales. A partir de ahí el Partido Popular se pronunciará y no le quepa la menor duda que vamos a estar a favor de los ciudadanos y trabajando por los intereses de los mismos. Yo siempre he dicho que estoy en el Ayuntamiento de Marbella porque quiero a Marbella, me interesan sus ciudadanos. Si no le puedo asegurar que no estaría en el ayuntamiento y no sería portavoz. Por consiguiente, el Partido Popular, igual que se ha mantenido con una postura firme y coherente durante toda esa crisis, le puedo asegurar que también lo será a la hora de valorar la disolución o no de este ayuntamiento. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.


Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, nosotros no sabemos exactamente cuál es la estructura real, técnica y política en que se asientan esos discursos. ¿Por qué lo digo? Porque no es la primera vez que los oímos. Nosotros venimos hablando de esta situación con conocimiento de causa desde 1991. En razón del informe del Tribunal de Cuentas pedimos la disolución en febrero o marzo de 2001 y desde 1991, pasando por 2001 y llegando a esta situación, hemos oído siempre ese discurso: hay que esperar, hay que asegurarse, hay que ponderar la situación, hay que sustentar técnicamente mucho mejor la decisión que se vaya a tomar. Ese es un discurso que a nosotros no nos gusta o, por lo menos, no confiamos plenamente en él.


Le quiero decir que nosotros no hemos presentado lo que usted ha dicho en el Parlamento de Andalucía. Se lo voy a explicar pero le digo más. Si usted entiende que ese texto significa lo que usted ha dicho aquí lo cambiaremos. ¿Por qué no hemos presentado lo que usted ha dicho? Porque usted no es Consejo de Gobierno andaluz y Parlamento andaluz. Usted es Gobierno central y partido que lo sustenta. Usted ha roto la óptica. El Parlamento andaluz va a decir: ustedes tienen la iniciativa y, mientras tanto, hacen el estudio con el que van a contestar a quien ha tomado la iniciativa. ¿Entiende cuál es la lógica del discurso? No son dos puntos y usted coge uno. No, es que usted no está en el Parlamento de Andalucía.
Usted está en la instancia de un partido que sustenta a un Gobierno que, según el artículo 61, tiene que tomar la iniciativa y tiene que pedir la opinión a la comunidad autónoma -ahí está el punto primero-, tiene que pedir la opinión al Senado y tiene que pedir las demás opiniones que correspondan, pero internamente al proceso desde el principio de ejercer la iniciativa de disolución. Le digo más, si usted cree que el documento dice lo que usted ha leído aquí, lo cambiaremos por error mecanográfico porque no estamos de acuerdo con esa interpretación. A lo mejor lo hemos redactado mal. No queríamos decir eso. Queríamos decir lo que yo le acabo de reiterar. Son dos ópticas diferentes. Quien toma la iniciativa es el Gobierno central. Ustedes tienen esa responsabilidad, no se escabullan ahora de esa responsabilidad, y quien tiene que informar al Gobierno central es la comunidad autónoma y el Senado u otras instancias. Son dos temas absolutamente diferentes. Nosotros habíamos pedido la disolución en el año 2001 y repito que volvimos a oír este discurso. ¿A qué más hay que esperar? Aquí es donde viene -no voy a utilizar palabras fuertes- nuestra desconfianza. Hay un discurso que es moneda de cambio en Marbella: ¿qué hacemos con lo construido? Habrá que llegar a algún acuerdo. Son 40.000 viviendas. Son 300 convenios impugnados. Son decenas de licencias personales, fundamentalmente desde 1998 hacia atrás, hasta 1991. Desde 1998 las cosas cambian. Ese discurso, ¿a qué situación política nos lleva en un momento en que termina la legislatura? A finales de este año termina la legislatura y empieza otra. Al final no vemos las cosas claras, señora Muñoz. ¿Se le está dando tiempo al actual Gobierno? Se lo pregunto, aunque usted me responderá desde un punto de vista político que no, que esa no es la intención. Yo no hablo aquí de procesos de intenciones. No hago como otros diputados que están constantemente hablando de procesos de intenciones. Yo digo que sobre la realidad, sobre la materialidad, esto es un tiempo adicional que se le da al actual Gobierno. Esto es una etapa más que se le da -no hablo de intenciones-, no sabemos a dónde va a llegar la cuestión pero sí conocemos ya un discurso que funciona en los entresijos del pueblo de Marbella, de otros cercanos y de otras poblaciones.


Hay una situación insoportable: ruptura de la legalidad, gente que promete o jura la Constitución y se pone en plan insumiso con respecto a ella.
Hay ya muchas pruebas, no sólo en el dictamen del Tribunal de Cuentas sino también en los tribunales, con la inhabilitación de Gil y el resto de procesos pendientes y los estudios que ha hecho el fiscal anticorrupción, de que esa situación es una situación de excepción, señora Muñoz, tal como dice el artículo 61. Claro que estamos planteando una situación de excepción. Claro que sí, lo dice el artículo 61, pero llevamos 13 años diciéndolo, desde 1991 y cuando a los seis u ocho meses empieza el urbanismo a la carta. Entonces no hablamos de disolución -empezamos a hablar en 1990- pero sí empezábamos a decir que aquello era el Oeste americano, el

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Far West. Por tanto esa es la situación para la aplicación del artículo 61 que pedimos.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.


Aquí se ha dicho acuerdo de todos los partidos, se ha hecho una cita en Andalucía y nosotros no estamos concitados. Esto no es un acuerdo del ayuntamiento, es un acuerdo a nivel de comunidad autónoma y de Parlamento español. Luego ruego que se revise una situación en la que parece que cierto partido nos veta -por cierto un partido que todavía no ha expulsado a los concejales- y tranquilamente nosotros nos quedamos fuera de una situación que al final tenemos que votar hoy aquí y mañana en el Parlamento andaluz. Ruego que se analice esa situación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


Señora Pozuelo.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.


Señora Muñoz, la posición del Grupo Parlamentario Socialista ha sido clara en todo este proceso y sigue siendo muy clara en mi exposición de hoy. Yo no sé si usted no quiere entenderla, no sé las razones que tendrá para no entenderla, pero yo creo que ha sido clara y contundente.


Uno, partimos de la base de que la situación de Marbella es un desastre, que es una situación bochornosa y de indignidad política. Dos, nosotros no presuponemos nada, ni si hay que ir a la disolución del ayuntamiento o no hay que ir a la disolución del ayuntamiento. Lo que creemos es que hay que actuar y hay que hacerlo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Por eso hacemos una oferta de consenso a todos los grupos políticos y no entendemos por qué razón el Partido Popular no quiere sentarse a hablar de este asunto y no quiere que se celebre un debate sobre el mismo. La necesidad del debate es urgente porque la alarma social y la situación desastrosa que hay en la ciudad de Marbella usted la conoce y la ha puesto de manifiesto igual que todos los diputados que estamos interviniendo aquí. Por tanto lo que urge es una decisión política de consenso entre todas las fuerzas. Si esa decisión lleva a la disolución del ayuntamiento pues llevará a la disolución del ayuntamiento. Cuando yo le hablo de que se necesita tiempo es el mismo tiempo probablemente que usted está planteando. Yo no creo que haya ninguna gran diferencia de fondo entre lo que usted ha manifestado aquí, lo que yo he manifestado aquí y lo que el portavoz de Izquierda Unida ha manifestado aquí. La única diferencia es de forma y de voluntad real de llevarlo a término. Mi voluntad y la de mi grupo está clarísima: hay que analizar y las decisiones que se tomen tienen que ser, en primer lugar, decisiones fundadas y no basadas en suposiciones o supuestos porque son decisiones de extremada gravedad y extraordinarias; en segundo lugar, las decisiones que se tomen tienen que estar basadas en un consenso de todas las formaciones políticas; en tercer lugar, creemos que las decisiones y los análisis, los estudios y las conversaciones que haya que tener tienen que iniciarse ya y no pueden esperar a nada más. Respecto a los informes de los que usted habla, llegarán, por supuesto que tendrán que llegar, pero eso no quita que no se inicie el trabajo y el acuerdo entre todas las fuerzas políticas de manera inmediata y urgente, y en cuarto lugar, señoría, no sé qué otra actuación más exigiría usted a la Junta de Andalucía en materia de urbanismo más allá de la que ha tenido durante estos 12 años en relación con los alcaldes de Marbella, Jesús Gil y Julián Muñoz. ¿Que Julián Muñoz en un momento determinado ha manifestado como ha hecho y claramente se ha hecho público una disposición -ya veríamos si la llevaba a cabo o no- de modificar su situación de mantenerse en la ilegalidad urbanística y acercarse a los planteamientos de la autoridad de la Junta de Andalucía? Esa es una decisión de Julián Muñoz. ¿Que la llevaba a efecto? Perfecto. ¿Que no? La Junta de Andalucía estaba dispuesta a seguir manteniendo su posición firme y contundente de exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística. Lo que yo le he dicho es que precisamente eso ha sido el detonante de la operación para iniciar la moción de censura y que precisamente por eso nosotros, porque suponemos, como todos, que pueda haber razones ilegítimas en la elaboración de esa moción de censura, hemos llevado el asunto a la fiscalía y afortunadamente ésta ha iniciado las actuaciones. Por tanto, señoría, creo que la situación es clara, hay que actuar ya, no podemos seguir esperando cruzados de brazos, ¿a qué? Hay que actuar ya. Se debe actuar de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas y debemos dar un ejemplo a la ciudadanía de cómo somos capaces entre todos de devolver la dignidad política al Ayuntamiento de Marbella y al desenvolvimiento de la vida política y social de esta ciudad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.


Por último, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: De manera muy breve.


Señor Alcaraz, desconfianza con el PP desde luego que no, porque nosotros hemos sido muy claros en todo este asunto, clarísimos. Usted podrá desconfiar de los partidos que han tenido los tránsfugas dentro, pero desde luego no le quepa ninguna duda de que del Partido Popular puede confiar perfectamente, porque hemos tenido el mismo criterio todo lo tiempo. Lo que no se puede es venir aquí con una iniciativa y otra totalmente diferente en el Parlamento de Andalucía, porque en el Parlamento de Andalucía ustedes no proponen un Pleno

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urgente para debatir si se pide o no la disolución, sino que presentan una proposición no de ley para que se debata en tiempo y forma. Es más, solicitan un informe, cosa que no es necesario, señor Alcaraz. Ya sabe usted que el Consejo de Ministros simplemente tiene que informar a la comunidad autónoma. Por tanto, intenten utilizar el mismo lenguaje aquí y allí.


El Partido Popular lo tiene muy claro, nosotros no hemos hablado de tiempo. ¿Cómo va a decir usted que nosotros estamos dilatando este procedimiento? Yo a la única que le oído hablar de tiempo, de prudencia, de sosiego, de que hay que valorar a la hora de ver si cumplen o no la legalidad y después ver si se pronuncian o no, es a la señora Pozuelo, lo hemos oído todos. Aquí la única contradicción que ha existido ha sido la de la señora Pozuelo por votar en contra de una postura lógica, como es que un debate de esta envergadura debe de tener un informe técnico que evalúe la situación económica financiera, la situación de inseguridad jurídica y la situación de inseguridad urbanística y que debe de tratarse cuando se tenga ese informe. Eso es lo que valoramos nosotros. Ella habla de tiempo, que hay que tomar una decisión de disolución o no a medida que transcurra el tiempo, pero en cambio quiere que el debate se haga ya. Eso es lo que es totalmente contradictorio.


Usted decía: es que sus argumentos son iguales que los míos. Sí, pero es que hay una diferencia, usted hoy va a votar que sí a que se celebre un Pleno pasado mañana y nosotros vamos a decir que se celebre con todas las garantías para los ciudadanos de Marbella. Esa es la diferencia, efectivamente. Los argumentos que usted pone en su exposición efectivamente pueden coincidir con los míos, pero es que da la casualidad de que usted va a votar otra cosa totalmente diferente de lo que va a votar el Partido Popular, con lo cual no es clara su postura. Como no ha sido claro el tratamiento que han dado los medios de Canal Sur, los medios de Andalucía, a este tema. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


La señora MUÑOZ URIOL: Hay que decirlo porque hoy aquí se trae un debate sobre los medios de comunicación públicos de ámbito nacional y resulta que cuando estamos hablando de un ayuntamiento y de un municipio como Marbella, que evidentemente tiene una proyección nacional, pero no me negará usted que tiene proyección andaluza, resulta que un canal autonómico como es Canal Sur ha pasado de puntillas, este tema no le interesaba tocarlo.


Entonces, no digan que ustedes han mantenido una postura clara, porque no lo han hecho; no lo han hecho en sus declaraciones, no lo están haciendo en sus planteamientos. Ahora mismo están hechos un lío y no tienen criterio o, lo que es peor, tienen demasiados criterios, y cada vez que sale uno dice una cosa, y no sabe cómo distorsiona eso a la opinión pública.


Cuando alguien tiene las cosas muy claras, y además la intención de hacer las cosas claras, de manera coherente y con sentido común, le puedo asegurar que la gente lo entiende perfectamente, y la postura del Partido Popular se ha entendido perfectamente. Igual que se entiende ahora perfectamente que nosotros digamos que no a un debate inmediato, precipitado, que además nos parece que no sería responsable poder hacerlo ahora. Diríamos sí a una iniciativa y a una proposición no de ley en la cual, cuando se celebre ese debate, que nosotros queremos que se celebre, se haga con las garantías y con los argumentos que permitan definirse para un lado o para otro. Si se intenta hacer aquí ahora un paripé y una recomposición a ver cómo quedan ustedes bien después de la situación en la que han dejado en Marbella y después de cómo les ha dejado su portavoz y algunos de los concejales, el Partido Popular no está de acuerdo, porque, ya se lo he dicho, por encima de sus intereses de partido están los intereses de los ciudadanos de Marbella. Como es una medida de extrema gravedad, se deben anteponer siempre los intereses de los ciudadanos, y nosotros vamos a estar en esa tesitura.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.


Ruego a los servicios de la Cámara que procedan al llamamiento de los diputados que estén fuera de la sala. (Pausa.)

Votamos la petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, al amparo del artículo 61 de la Ley 7/1985, por la Presidencia del Gobierno, previos los trámites legales establecidos, se eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de la disolución de la corporación municipal de Marbella, con los efectos previstos en el mencionado precepto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 40; a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la propuesta.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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