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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 201, de 08/10/2001
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCION CORTES GENERALES

VII LEGISLATURA

Serie A: 8 de octubre de 2001 Núm. 201 ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

DEFENSOR DEL PUEBLO

260/000002 (CD) 780/000002 (S) Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000.


La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(260) Informe anual del Defensor del Pueblo.


260/000002

AUTOR: Defensor del Pueblo.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000, y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo período.


Acuerdo:

1. En lo que se refiere al Informe correspondiente a la gestión, admitir a trámite, conforme al artículo 200 del Reglamento y a la resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 21 de abril de 1992, trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES, así como poner en conocimiento del Senado.
2. Por lo que respecta al anexo con la liquidación del presupuesto en el mismo período, trasladar a las Mesas de las Cámaras, reunidas en sesión conjunta.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2001.-La Presidenta del Congreso de los Diputados,Luisa Fernanda Rudi Úbeda.


Página 2


INFORME A LAS CORTES GENERALES

SUMARIO

I. PRESENTACIÓN ... (Página 12)

II. DATOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ... (Página 14)

1. QUEJAS RECIBIDAS ... (Página 15)

1.1. Total de quejas recibidas ... (Página 15) 1.2. Distribución de las quejas según el sexo del compareciente ... (Página 15) 1.3. Procedencia geográfica de las quejas ... (Página 15)

1.3.1. Quejas de procedencia nacional ... (Página 15) 1.3.2. Quejas de procedencia extranjera ... (Página 17)

1.4. Origen de las quejas recibidas ... (Página 17) 1.5. Quejas por sectores ... (Página 18) 1.6. Detalle de las quejas colectivas recibidas ... (Página 18)

2. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS ... (Página 23)

2.1. Quejas tramitadas y concluidas ante las administraciones ... (Página 24) 2.2. Quejas en trámite y en suspenso ... (Página 24) 2.3. Quejas pendientes de información y quejas pendientes de trámite o estudio ... (Página 24) 2.4. Detalle de las quejas tramitadas ante las administraciones ... (Página 24)

2.4.1. Quejas individuales tramitadas en relación con las administraciones ... (Página 24) 2.4.2. Quejas colectivas tramitadas en relación con las administraciones ... (Página 25)

3. QUEJAS DE OFICIO ... (Página 26)

4. QUEJAS NO ADMITIDAS ... (Página 28)

5. QUEJAS RECIBIDAS EN AÑOS ANTERIORES Y TRAMITADAS EN 2000 ... (Página 28)

5.1. Quejas procedentes de años anteriores a 2000 que se iniciaron o reanudaron en este año.. 28

5.1.1. Quejas individuales procedentes de años anteriores a 2000 ... (Página 28) 5.1.2. Quejas colectivas procedentes de años anteriores a 2000 ... (Página 29)

5.2. Quejas procedentes de años anteriores a 2000, concluidas en éste ... (Página 29)

6. DATOS SOBRE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS ... (Página 29)

7. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO ... (Página 30)

III. ADMINISTRACIONES QUE HAN INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO ... (Página 30)

1. DEBER DE CONTESTAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO ... (Página 30)

2. FALTA DE COLABORACIÓN CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO ... (Página 33)

IV. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ... (Página 35)

1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ... (Página 35)

1.1. Dilaciones indebidas en juzgados y tribunales ... (Página 35) 1.2. Servicio público judicial ... (Página 36)

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1.3. Incidencias detectadas en la ejecución de la sentencia del síndrome tóxico ... (Página 37) 1.4. Actuaciones realizadas en relación con la violencia doméstica contra las mujeres ... (Página 39) 1.5. Actuaciones realizadas en relación con los abogados ... (Página 41) 1.6. Actuaciones relativas al registro civil ... (Página 42) 1.7. Situaciones que colocan a los menores como víctimas al verse afectados sus derechos ... (Página 44)

1.7.1. El menor como víctima en los procesos judiciales ... (Página 44) 1.7.2. La sustracción de menores por alguno de sus progenitores y su traslado a otro país ... (Página 45) 1.7.3. Las relaciones de los menores con sus abuelos según el Código Civil ... (Página 46)

1.8. Incidencia de la nueva ley de responsabilidad penal de los menores, especialmente en la medida de internamiento en régimen cerrado ... (Página 46)

2. ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA ... (Página 48)

2.1. Infraestructuras y condiciones de vida en los centros penitenciarios ... (Página 48) 2.2. Condiciones de vida: aspectos higiénicos, alimentarios y sanitarios ... (Página 50)

2.2.1. Aspectos higiénicos ... (Página 50) 2.2.2. Aspectos alimentarios ... (Página 52) 2.2.3. Aspectos sanitarios ... (Página 52)

2.3. Tratamiento penitenciario ... (Página 54) 2.4. Derecho a la vida e integridad física ... (Página 54)

2.4.1. Fallecimientos en prisión ... (Página 54) 2.4.2. Malos tratos en prisión ... (Página 55)

2.5. Mujeres con hijos en prisión ... (Página 57) 2.6. Presos extranjeros en España ... (Página 58) 2.7. Presos españoles en el extranjero ... (Página 58)

3. CIUDADANÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA ... (Página 61)

3.1. Inmigración y actividad administrativa ... (Página 61)

3.1.1. Régimen de entradas ... (Página 61) 3.1.2. Entrada de extranjeros indocumentados por puestos no habilitados ... (Página 63)

3.1.2.1. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla ... (Página 63) 3.1.2.2. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta ... (Página 64) 3.1.2.3. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Las Palmas ... (Página 64) 3.1.2.4. Entrada de personas indocumentadas por las costas de Andalucía ... (Página 65)

3.1.3. Menores extranjeros en situación de desamparo en Ceuta y Melilla ... (Página 66) 3.1.4. Tratamiento a polizones ... (Página 68) 3.1.5. Centros de internamiento de extranjeros ... (Página 69) 3.1.6. Expulsiones ... (Página 70) 3.1.7. Oficinas consulares ... (Página 71)

3.1.7.1. Tramitación de los procedimientos ... (Página 71) 3.1.7.2. Reagrupación familiar ... (Página 73) 3.1.7.3. Trato discriminatorio ... (Página 73)

3.1.8. Exenciones de visado ... (Página 74) 3.1.9. Oficinas de extranjeros ... (Página 75)

3.2. Intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ... (Página 75)

3.2.1. Presuntos malos tratos ... (Página 75) 3.2.2. Régimen disciplinario ... (Página 76) 3.2.3. Citaciones policiales ... (Página 79) 3.2.4. Identificaciones y cacheos ... (Página 79)

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3.2.5. Condiciones de la detención ... (Página 80) 3.2.6. Cancelación de antecedentes policiales ... (Página 81) 3.2.7. Sanciones administrativas ... (Página 81) 3.2.8. Derecho a la intimidad ... (Página 82)

3.3. Armas ... (Página 82) 3.4. Procedimiento sancionador en materia de tráfico ... (Página 82)

3.4.1. Denuncia de la infracción ... (Página 83) 3.4.2. Trámite de alegaciones ... (Página 83) 3.4.3. Período de prueba y propuesta de resolución ... (Página 83) 3.4.4. Resolución sancionadora ... (Página 85) 3.4.5. Desarrollo normativo ... (Página 85)

3.5. Tratamiento automatizado de datos e intimidad personal ... (Página 85)

4. ADMINISTRACIÓN MILITAR ... (Página 87)

4.1. Servicio militar y régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas ... (Página 87)

4.1.1. Procedimiento disciplinario ... (Página 87) 4.1.2. Condiciones de la prestación ... (Página 88)

5. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ... (Página 89)

5.1. Educación no universitaria ... (Página 89)

5.1.1. Centros docentes. instalaciones y ubicación ... (Página 89) 5.1.2. Escolarización ... (Página 92) 5.1.3. Admisión de alumnos ... (Página 94) 5.1.4. Centros concertados ... (Página 96) 5.1.5. Transporte escolar ... (Página 98) 5.1.6. Otras cuestiones relacionadas con la educación en niveles no universitarios ... (Página 99) 5.1.7. Educación especial ... (Página 101)

5.2. Educación universitaria ... (Página 102)

5.2.1. Acceso a la Universidad ... (Página 102) 5.2.2. Precios públicos por servicios académicos universitarios ... (Página 106) 5.2.3. Obtención y homologación de títulos académicos universitarios ... (Página 106)

5.3. Becas y ayudas al estudio ... (Página 110) 5.4. Becas de formación del personal investigador ... (Página 114)

6. ADMINISTRACIÓN SANITARIA ... (Página 116)

6.1. Información y documentación clínica ... (Página 116) 6.2. Ordenación de prestaciones sanitarias ... (Página 118) 6.3. Listas de espera ... (Página 118) 6.4. Salud mental ... (Página 119) 6.5. Farmacia y medicamentos ... (Página 121) 6.6. Estructuras y carencias en centros sanitarios ... (Página 123) 6.7. Sanidad en la Administración militar ... (Página 125) 6.8. Consumo ... (Página 128)

7. ACCIÓN SOCIAL ... (Página 129)

7.1. Menores ... (Página 129) 7.2. Personas con discapacidad ... (Página 133) 7.3. Tercera edad ... (Página 134)

8. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ... (Página 136)

8.1. Campo de aplicación, afiliación altas y bajas. ... (Página 136) 8.2. Cotización y recaudación ... (Página 136)

Página 5


Páginas

8.3. Pensiones de jubilación ... (Página 137) 8.4. Pensiones de incapacidad permanente ... (Página 138)

8.4.1. Pensiones de supervivencia ... (Página 138) 8.4.2. Prestaciones familiares ... (Página 139) 8.4.3. Prestaciones por desempleo ... (Página 139) 8.4.4. Prestaciones no contributivas ... (Página 141) 8.4.5. Prestaciones por maternidad ... (Página 141) 8.4.6. Convenios bilaterales de Seguridad Social ... (Página 141)

8.5. Revalorización de pensiones ... (Página 141) 8.6. Aspectos procedimentales ... (Página 142) 8.7. Abono de prestaciones ... (Página 143)

9. ADMINISTRACIÓN LABORAL ... (Página 144)

9.1. Formación profesional ... (Página 144) 9.2. Colocación y empleo ... (Página 145)

9.2.1. Oficinas de empleo ... (Página 145) 9.2.2. Permiso de trabajo a extranjeros ... (Página 145)

9.3. Seguridad y salud en el trabajo ... (Página 146) 9.4. Otros aspectos relativos a la Administración laboral ... (Página 147)

10. HACIENDA PÚBLICA ... (Página 148)

10.1. Tributos estatales ... (Página 148)

10.1.1. Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas ... (Página 148) 10.1.2. Impuestos transmisorios ... (Página 150) 10.1.3. Derechos y garantías de los contribuyentes ... (Página 151)

10.2. Tributos locales ... (Página 154)

10.2.1. Impuestos ... (Página 154) 10.2.2. Tasas y contribuciones especiales ... (Página 157)

10.3. Hacienda de las comunidades autónomas ... (Página 158)

11. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ... (Página 159)

11.1. Seguros ... (Página 159) 11.2. Entidades financieras ... (Página 161) 11.3. Suministro de energía eléctrica ... (Página 161) 11.4. Agricultura y ganadería ... (Página 162) 11.5. Comercio ... (Página 162)

12. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ... (Página 162)

12.1. Servicio telefónico ... (Página 162) 12.2. Correos y Telégrafos ... (Página 164) 12.3. Renfe ... (Página 165) 12.4. Transporte aéreo ... (Página 166) 12.5. Ordenación del transporte por carretera ... (Página 166)

13. MEDIO AMBIENTE ... (Página 167)

13.1. Espacios naturales y diversidad biológica ... (Página 167) 13.2. Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente ... (Página 169) 13.3. Declaraciones de impacto ambiental ... (Página 169) 13.4. Aguas continentales ... (Página 171) 13.5. Contaminación atmosférica ... (Página 173) 13.6. Residuos ... (Página 175) 13.7. Costas y puertos ... (Página 176)

Página 6


13.8. Actividades clasificadas y contaminación acústica ...
(Página 178) 13.9. Líneas de alta tensión y telefonía móvil ... (Página 180)

14. URBANISMO Y VIVIENDA ... (Página 181)

14.1. Urbanismo ... (Página 181)

14.1.1. Consideraciones generales ... (Página 181) 14.1.2. Incidencia de la legislación de aguas en el ámbito urbanístico ... (Página 182) 14.1.3. Disciplina urbanística ... (Página 183) 14.1.4. Planeamiento urbanístico y su ejecución ... (Página 184) 14.1.5. Equipamiento municipal ... (Página 184) 14.1.6. Responsabilidad patrimonial ... (Página 185)

14.2. Vivienda ... (Página 185)

14.2.1. Acceso a la vivienda, gestión del parque público y otras consideraciones ... (Página 185) 14.2.2. Barreras arquitectónicas ... (Página 189) 14.2.3. Realojo de población marginada ... (Página 190)

15. ADMINISTRACIÓN LOCAL ... (Página 190)

15.1. Actividades y servicios de las corporaciones locales ...
(Página 190) 15.2. Organización, funcionamiento y régimen jurídico ... (Página 192)

15.2.1. Información y participación ciudadana ... (Página 192) 15.2.2. Responsabilidad patrimonial ... (Página 193)

15.3. Bienes municipales ... (Página 194) 15.4. Transportes de ámbito local ... (Página 195)

16. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ... (Página 196)

16.1. Régimen general de la función pública ... (Página 196)

16.1.1. Selección de funcionarios ... (Página 196) 16.1.2. Transferencias de funcionarios ... (Página 198) 16.1.3. Permisos por maternidad y excedencia por cuidado de hijos ... (Página 198)

16.2. Personal estatutario de los servicios de salud ... (Página 199) 16.3. Función pública docente ... (Página 203) 16.4. Personal al servicio de la Administración de justicia ... (Página 205) 16.5. Personal al servicio de la Administración penitenciaria ... (Página 206) 16.6. Personal al servicio de la Administración militar ... (Página 207) 16.7. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Policía nacional y Guardia civil ... (Página 207)

16.7.1. Cuerpo Nacional de Policía ... (Página 207) 16.7.2. Guardia civil ... (Página 208)

16.8. Personal laboral al servicio de las administraciones públicas ... (Página 210) 16.9. Clases Pasivas ... (Página 213)

16.9.1. Sistemas de previsión social de los funcionarios públicos ... (Página 213) 16.9.2. Prestaciones derivadas de la guerra civil ... (Página 215)

17. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ... (Página 216)

17.1. Reclamaciones económico-administrativas ... (Página 216) 17.2. Expropiación forzosa ... (Página 218) 17.3. Responsabilidad patrimonial ... (Página 219) 17.4. Carreteras ... (Página 220) 17.5. Instituto Nacional de Estadística ... (Página 221)

Página 7


V. RESOLUCIONES FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO ... (Página 221)

1. RECOMENDACIONES ... (Página 221)

1.1. Recomendaciones sobre la situación en la que se encuentra la Audiencia Provincial de Madrid ... (Página 221) 1.2. Recomendación sobre la Ley Orgánica 2/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores ... (Página 221) 1.3. Recomendación para que se inicien los procedimientos civiles de declaración de incapacidad en relación con los internos de los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla ... (Página 221) 1.4. Recomendaciones para que se inicien las actuaciones oportunas con objeto de que los internos en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, reciban la correspondiente declaración de incapacidad y se les nombre tutor ... (Página 222) 1.5. Recomendación sobre posibles reformas legales al objeto de que las mujeres que han sido madres mediante técnicas de reproducción asistida, con donante anónimo, puedan optar entre señalar o no el nombre del padre en el Registro Civil ... (Página 222) 1.6. Recomendación sobre el contenido de las resoluciones que se dictan cuando los objetores de conciencia renuncian a esa condición ... (Página 222) 1.7. Recomendación en relación con los afectados por el consumo de aceite de colza, que no aparecen como tales en las listas oficiales existentes en el procedimiento que ejecuta la Audiencia Nacional ... (Página 222) 1.8. Recomendación sobre creación de un fondo de garantía de pensiones derivadas del derecho de alimentos, para aquellos supuestos en los que el condenado al pago no haga frente a sus obligaciones ... (Página 222) 1.9. Recomendación sobre entrada en España de residentes legales con la autorización de residencia en renovación ... (Página 222) 1.10. Recomendación sobre coordinación entre los organismos que intervienen en la tramitación de los visados por reagrupación familiar ... (Página 222) 1.11. Recomendación sobre cumplimiento por las oficinas consulares de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero ... (Página 223) 1.12. Recomendación sobre exenciones de visado por reagrupación familiar ... (Página 223) 1.13. Recomendación sobre expedientes de visado por reagrupación familiar ... (Página 223) 1.14. Recomendación sobre trato discriminatorio en la tramitación de expedientes de visado en las oficinas consulares ... (Página 223) 1.15. Recomendación sobre la notificación de las resoluciones de visado ... (Página 224) 1.16. Recomendación sobre la motivación de las resoluciones denegatorias de visado ... (Página 224) 1.17. Recomendación sobre comunicación a la autoridad judicial de las incidencias que se produzcan en relación con extranjeros sometidos a internamiento ... (Página 224) 1.18. Recomendación sobre cancelación de oficio de los datos que obran en ficheros policiales ... 224 1.19. Recomendación sobre custodia de mujeres detenidas ... (Página 224) 1.20. Recomendación sobre las diligencias de identificación practicadas en dependencias policiales ... (Página 224) 1.21. Recomendación sobre actuaciones gubernativas en relación con el derecho de manifestación ... 225 1.22. Recomendación sobre incoación de expedientes disciplinarios a agentes de la autoridad incursos en causa penal ... (Página 225) 1.23. Recomendación sobre la actuación de los vigilantes privados en el Metro de Madrid ... (Página 225) 1.24. Recomendación sobre los reconocimientos médicos realizados tras una agresión sexual .. 225 1.25. Recomendación sobre el control de la venta de armas blancas ... (Página 225) 1.26. Recomendación sobre redacción de los impresos de solicitud y renovación de licencias de armas en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas con lengua propia ... 226 1.27. Recomendación sobre la ratificación de los agentes municipales en las denuncias ... (Página 226) 1.28. Recomendación sobre medidas extraordinarias de vigilancia de personas arrestadas en establecimientos militares ... (Página 226) 1.29. Recomendación sobre la no prestación de servicios que requieran esfuerzo físico por quienes sean declarados aptos con limitaciones para la prestación del servicio militar ... (Página 226)

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1.30. Recomendación sobre medidas de seguridad en vehículos militares ... (Página 226) 1.31. Recomendación sobre regulación reglamentaria de equivalencias entre estudios militares concretos y los correspondientes a títulos determinados de técnico superior ... (Página 227) 1.32. Recomendación sobre el derecho de los extranjeros para acceder al sistema público de becas y ayudas ... (Página 227) 1.33. Recomendación sobre la modificación de la normativa que regula la obtención del título de enfermero especialista para acomodarlo a la normativa comunitaria ... (Página 227) 1.34. Recomendación sobre la elaboración y aprobación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Ingeniería Técnica Industrial ... (Página 227) 1.35. Recomendación sobre el texto y formato de los diplomas y títulos propios expedidos por las universidades ... (Página 228) 1.36. Recomendación sobre sustitución del personal en colegios de integración ... (Página 228) 1.37. Recomendación sobre admisión de alumnos para cursar las enseñanzas objeto del concierto en centros privados concertados ... (Página 228) 1.38. Recomendación sobre flexibilización de las condiciones para la escolarización de alumnos con sobredotación intelectual ... (Página 228) 1.39. Recomendación sobre el procedimiento para solicitar ayudas de comedor escolar por el sistema de renovación ... (Página 229) 1.40. Recomendación sobre el requisito de estar matriculado en un centro público para optar a becas de estudio ... (Página 229) 1.41. Recomendación sobre la extensión y calidad de la asistencia sanitaria que debe prestar a sus afiliados el Patronato Militar de la Seguridad Social ... (Página 229) 1.42. Recomendación sobre acceso a las prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas ... (Página 229) 1.43. Recomendación sobre adopción de normas unificadas que regulen el régimen de los centros de minusválidos psíquicos ... (Página 229) 1.44. Recomendación sobre garantías en el internamiento de discapacitados psíquicos ... (Página 230) 1.45. Recomendación sobre constancia de la fecha en la que los pacientes son derivados a otros centros sanitarios ... (Página 230) 1.46. Recomendación sobre publicidad de los criterios que sirven de base para el reparto de ayudas sociales que no son de la corporación ... (Página 230) 1.47. Recomendación sobre la modificación de la normativa vigente, para extender la concesión de las prestaciones por parto múltiple o tercer hijo, a los casos de adopción ... (Página 230) 1.48. Recomendación sobre la validez del parte de consulta u hospitalización extendido por facultativo del sistema nacional de salud para acreditar la enfermedad de duración inferior a cuatro días, cuando ésta impida sellar la demanda de empleo en la fecha debida ... (Página 231) 1.49. Recomendación sobre la conveniencia de que se considere hábil el día 31 de diciembre de cada año, con el fin de que los boletines de cotización a la Seguridad Social puedan presentarse ante las administraciones correspondientes ... (Página 231) 1.50. Recomendación sobre límites impuestos al conocimiento del valor catastral de las fincas individuales ... (Página 231) 1.51. Recomendación sobre las líneas 906 ... (Página 231) 1.52. Recomendación sobre reclamación administrativa ... (Página 231) 1.53. Recomendación sobre recargo de la tasa por prestación de servicios del cementerio municipal ... (Página 231) 1.54. Recomendación sobre precios y tarifas de actividades de carácter cultural y deportivo ... (Página 232) 1.55. Recomendación sobre concesión de licencias municipales para la venta ambulante o artesanal ... (Página 232) 1.56. Recomendación sobre demoras y pérdidas de equipajes en el transporte aéreo ... (Página 232) 1.57. Recomendación sobre la forma de pago de billetes a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos ... (Página 232) 1.58. Recomendación sobre traslado o enterramiento de líneas de alta tensión ... (Página 232) 1.59. Recomendación sobre elaboración de normativa municipal reguladora de la iluminación exterior ... (Página 232) 1.60. Recomendación sobre regularización de instalaciones sin licencia de actividad ... (Página 232)

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1.61. Recomendación sobre regularización de actividades sin licencia ... (Página 232) 1.62. Recomendación sobre adjudicación de viviendas carentes de condiciones de habitabilidad ... (Página 232) 1.63. Recomendación sobre solicitudes de ayudas económicas para la adquisición de viviendas... 233 1.64. Recomendación sobre publicidad de cupos de viviendas disponibles ... (Página 233) 1.65. Recomendación sobre eliminación de barreras arquitectónicas ... (Página 233) 1.66. Recomendación sobre modificación de la normativa reguladora del cerramiento de terrazas y balcones ... (Página 233) 1.67. Recomendación sobre autorización para realizar obras imprescindibles en viviendas y locales de edificios fuera de ordenación ... (Página 233) 1.68. Recomendación sobre adecuación de las licencias a las normas urbanísticas ... (Página 233) 1.69. Recomendación sobre sometimiento a la legislación vigente en las actuaciones municipales ... (Página 233) 1.70. Recomendación sobre resolución expresa de las solicitudes de licencias urbanísticas ... (Página 233) 1.71. Recomendación sobre información previa al otorgamiento o denegación de licencia de obras y de licencias condicionadas ... (Página 233) 1.72. Recomendación sobre pruebas de control de conocimientos para la obtención del permiso de conducir ... (Página 233) 1.73. Recomendación sobre reducción de tasas para la obtención del permiso de conducir ... (Página 234) 1.74. Recomendación sobre supresión de datos que obran en las denuncias en materia de tráfico ... 234 1.75. Recomendación sobre el trámite de ratificación de las denuncias en materia de tráfico ... (Página 234) 1.76. Recomendación sobre la necesidad de probar la comisión de determinadas infracciones en materia de tráfico ... (Página 234) 1.77. Recomendación sobre identificación del precepto infringido y motivación en los expedientes de tráfico ... (Página 235) 1.78. Recomendación sobre derogación del cuadro de incapacidades invalidantes para el acceso a los cuerpos y escalas de Correos y Telégrafos ... (Página 235) 1.79. Recomendación sobre atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos de obras públicas que prestan servicios en la Administración general del Estado ... (Página 235) 1.80. Recomendación sobre arbitrariedad en los criterios empleados en la calificación de ejercicios de aspirantes al cuerpo de auxiliares de la Administración de Justicia ... (Página 235) 1.81. Recomendación sobre participación, por el turno libre, de discapacitados en procedimientos selectivos de la Administración.
... (Página 235) 1.82. Recomendación sobre levantamiento de actas en las pruebas selectivas convocadas por el Instituto Nacional de Empleo ... (Página 235) 1.83. Recomendación sobre complemento de productividad del personal transferido desde la Administración general del Estado a la del Principado de Asturias ... (Página 235) 1.84. Recomendación sobre la conveniencia de dictar instrucciones para poder acceder a la revisión de la calificación de las mutilaciones del personal perteneciente al cuerpo de mutilados de guerra por la patria, cuando sus lesiones se hayan agravado ... (Página 235) 1.85. Recomendación sobre publicación de disposiciones que establecen plazos para la actuación de particulares ... (Página 236) 1.86. Recomendación sobre valoración de servicios provisionales prestados por docentes ... (Página 236) 1.87. Recomendación sobre preservación del orden establecido en el listado para contrataciones temporales ... (Página 236) 1.88. Recomendación sobre información a los aspirantes en procedimientos selectivos ... (Página 236) 1.89. Recomendación sobre confidencialidad de datos de carácter personal ... (Página 236) 1.90. Recomendación sobre invalidez de los criterios de residencia o circunstancias socioeconómicas de los aspirantes como mérito en procedimientos selectivos ... (Página 236) 1.91. Recomendación sobre certificados de antecedentes penales y de cumplimiento del servicio militar en los procedimientos de contratación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ... (Página 237) 1.92. Recomendación sobre invalidez de las circunstancias socioeconómicas de los aspirantes como mérito en procedimientos selectivos ... (Página 237) 1.93. Recomendación sobre admisión de aspirantes de más de 55 años a procedimientos de selección de personal en entidades locales ... (Página 237)

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1.94. Recomendación sobre cumplimiento de requisitos para ser admitido a las pruebas selectivas ... (Página 237) 1.95. Recomendación sobre incompatibilidad de los miembros electos de las corporaciones locales ... (Página 237) 1.96. Recomendación sobre secretos estadísticos, en especial, en lo concerniente a la identidad de los informantes ... (Página 237) 1.97. Recomendación sobre distribución de boletines oficiales de la provincia ... (Página 237) 1.98. Recomendación sobre registro municipal de asociaciones vecinales ... (Página 238)

2. SUGERENCIAS ... (Página 238)

3. RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES ... (Página 243)

4. ADVERTENCIAS ... (Página 245)

5. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y AMPARO ... (Página 245)

5.1. Recursos de inconstitucionalidad ... (Página 245)

5.1.1. Solicitudes de interposición ... (Página 245)

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación ... (Página 245) Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras ... (Página 247) Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen de personal de la Guardia Civil ... 249 Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo ... (Página 250) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos ... (Página 252) Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y de orden social ... (Página 255) Artículo 35 ... (Página 255) Artículo 68 ... (Página 256) Artículo 69 ... (Página 257) Ley 18/1999, de la Comunidad Autónoma de Asturias, de 31 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales ... (Página 259) Ley 9/1999, de la Generalidad Valenciana, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización ... (Página 263) Disposición transitoria primera ... (Página 263) Disposición transitoria segunda ... (Página 266) Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ... (Página 268) Ley de Cataluña 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas ... 271 Real Decreto Legislativo 1/2000, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias ... (Página 273) Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ... (Página 275) Artículo 13 ... (Página 275) Disposición Adicional Primera ... (Página 279) Ley 8/2000, de la Asamblea de Madrid, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración general del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso ... (Página 281) Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes ... (Página 283) Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico público y de racionalización del uso de los medicamentos ... (Página 285)

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Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios ... (Página 292) Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones ... (Página 295)

5.1.2. Recursos presentados ... (Página 296)

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ... (Página 296)

5.1.3. Sentencias recaídas ... (Página 307)

En el recurso interpuesto contra la Ley del Parlamento de Canarias 5/ 1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1997 ... (Página 307) En el recurso presentado contra la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ... (Página 307) En el recurso interpuesto contra la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal . 308

5.2. Recursos de amparo ... (Página 308)

VI. RELACIONES INSTITUCIONALES ... (Página 308)

1. ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS ... (Página 308)

2. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA ... (Página 308)

3. ENTREVISTAS Y REUNIONES DIVERSAS ... (Página 309)

4. RELACIONES CON LOS COMISIONADOS AUTONÓMICOS ... (Página 310)

5. RELACIONES INTERNACIONALES ... (Página 312)

6. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN ... (Página 313)

7. OTRAS ACTIVIDADES ... (Página 314)

VII. CONCLUSIONES ... (Página 314)

1. DE CARÁCTER CUANTITATIVO GLOBAL ... (Página 314)

1.1. Número de quejas ... (Página 314) 1.2. Nivel de actividad ... (Página 315) 1.3. Incumplimiento del deber de respuesta ... (Página 315)

2. DE CARÁCTER SUSTANTIVO ... (Página 315)

2.1. Personal al servicio de las administraciones públicas ... (Página 316) 2.2. Derechos y libertades de los extranjeros en España ... (Página 316) 2.3. Retrasos en las resoluciones judiciales y administrativas ... (Página 317) 2.4. Situación de las prisiones ... (Página 318) 2.5. Buenas prácticas financieras y aseguradoras ... (Página 318) 2.6. Medio ambiente, cooperación y desarrollo económico ... (Página 319) 2.7. Seguridad Social, una preocupación permanente ... (Página 320) 2.8. Listas de espera en la atención sanitaria ... (Página 320) 2.9. Orientación y control sobre el consumo ... (Página 321) 2.10. Menores: un interés superior y prioritario ... (Página 321) 2.11. Educación, un constante reto ... (Página 321) 2.12. Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ... (Página 322)

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I. PRESENTACIÓN

Un año más, con la publicación de este informe anual, se da cumplimiento a la obligación que corresponde al Defensor del Pueblo de rendir cuentas de su gestión ante las Cortes Generales. Es ya éste un acontecimiento habitual en la vida parlamentaria -reflejo de la siempre deseable normalidad institucional- que, por reiterado, no debería perder la capacidad de suscitar el interés de sus destinatarios que podrán hallar en él datos y circunstancias de la vida individual y social de nuestros conciudadanos, a los que han de atender, por unas u otras razones, quienes son responsables del ejercicio de los poderes públicos.
En este informe queda reseñada la actividad de la Institución del Defensor del Pueblo a lo largo del año 2000. Antes de entrar a detallar algunos cambios que se introducen en la estructura y orientación del Informe, conviene señalar que durante la segunda parte del año, tras la incorporación del nuevo equipo directivo, además de atender a la siempre prioritaria tarea de tramitar las quejas de los ciudadanos, debió hacerse frente también a ciertos problemas estructurales que afectaban de modo negativo al funcionamiento de la Institución. Problemas que provenían básicamente de la limitación de espacio en la sede de la Institución y de la obsolescencia de su equipamiento informático y de comunicaciones.
La solución de este último problema resultaba inaplazable, ya que la situación en que se encontraba el servicio informático del Defensor del Pueblo amenazaba con bloquear su funcionamiento en cualquier instante. Hacía más de seis años que se había puesto en marcha la aplicación informática para la gestión de expedientes y de entonces databan los aparatos más modernos disponibles. Además, al no existir un plan de renovación y mejora de las infraestructuras informáticas, la inversión en este campo se había limitado prácticamente a las reposiciones de urgencia. Fruto de todo ello es que, a mediados del año 2000, todo el parque informático de la Institución del Defensor del Pueblo, tanto en lo que se refiere a sistemas centrales como periféricos, estaba integrado por aparatos tecnológicamente desfasados, descatalogados en su mayor parte y, por tanto, sin posibilidad de asistencia técnica, incapaces no ya de incorporar los numerosos avances producidos en estos últimos años, sino también de realizar la función imprescindible de gestión de los numerosos expedientes que cada año tramita esta Institución.
Para remediar esta situación se ha elaborado un Plan Integral de Renovación Tecnológica, a desarrollar en los próximos ejercicios, que no sólo implica la renovación del parque informático de la Institución y de los correspondientes programas de gestión, sino también la planificación de las inversiones futuras para garantizar la incorporación del Defensor del Pueblo a las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos. La receptividad y sensibilidad de las Cámaras en relación con este asunto, ha quedado plasmada en los acuerdos de sus respectivas Mesas (de 22 de mayo, Senado, y de 29 de mayo, Congreso), autorizando la aplicación de la cantidad máxima de ciento cincuenta millones de pesetas con cargo a los remanentes presupuestarios de la propia Institución para la puesta en marcha del antes citado Plan Integral de Renovación Tecnológica, actualmente en su primera fase de desarrollo.
En cuanto a las limitaciones de espacio tradicionalmente padecidas por la Institución, que vienen originando múltiples incomodidades a los ciudadanos que acuden a ella y que dificultan el correcto desarrollo de las funciones propias del Defensor del Pueblo, la solución no parecía inicialmente sencilla, ya que con dificultad pueden localizarse inmuebles de las dimensiones y características necesarias para ubicar los servicios de la Institución y menos aún si se pretende que dicho inmueble se sitúe en la misma zona urbana en la que se encuentra la sede actual, cuyo carácter representativo parece conveniente mantener.
Después de laboriosas gestiones, se identificó un inmueble en la calle Zurbano número 42, propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, idóneo, en principio, para resolver los problemas de espacio de la sede del Defensor del Pueblo. También en esta ocasión hay que agradecer la receptividad y la sensibilidad de las autoridades públicas hacia los problemas de esta Institución, al facilitar el que, previa adquisición de dicho inmueble por la Administración general del Estado a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, se haya adscrito el mismo al Defensor del Pueblo. En estos momentos se procede a la remodelación del inmueble para adecuarlo a las necesidades presentes y futuras de los servicios de la Institución.
Se hacía referencia en esta presentación, antes de reflejar las tareas inaplazables abordadas en los primeros meses de este nuevo mandato, a que el informe anual que ahora se eleva a las Cámaras, presenta algunas novedades en cuanto a su estructura y orientación respecto de los que le precedieron. No son en absoluto innovaciones radicales ni probablemente definitivas, puesto que, al hilo de la renovación tecnológica e informática que se desarrolla actualmente en la Institución, es posible que, en el futuro, se cuente con instrumentos adecuados para plantear un nuevo modelo de informe, en el que las Cámaras no solamente puedan acceder a la información que se les traslada, sino a toda aquélla que resulte de su interés en relación con cualquier asunto en el que haya intervenido el Defensor del Pueblo a lo largo del ejercicio del que se trate. En cualquier caso, las novedades están ahí y conviene referirse a ellas para facilitar la lectura de esta Memoria.
Tras la presentación, el segundo de los apartados en que se subdivide este informe recoge, con tal denominación, los datos principales de la gestión del Defensor

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del Pueblo a lo largo del año 2000. Es este capítulo el que de forma más precisa responde a las previsiones de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo que, cuando trata del informe anual, le atribuye como objetivo el de dar cuenta a las Cortes Generales de la gestión realizada en cada ejercicio y fija como contenido específico la determinación del número y tipo de quejas presentadas, de las que hayan sido rechazadas y de sus causas, así como de aquéllas que fueron objeto de investigación y del resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas.
Cumpliendo con estas determinaciones, este apartado informa del conjunto de la actividad desplegada por la Institución del Defensor del Pueblo durante el año 2000, a través de numerosos cuadros resumen y del correspondiente texto explicativo en el que se detalla pormenorizadamente el número y tipología de las quejas recibidas, su origen geográfico, los sectores materiales a los que afectan, el estado de tramitación, el resultado obtenido, y muchos otros datos e informaciones que se consideran de interés y permiten alcanzar una visión global de las tareas a las que ha debido hacerse frente en el ejercicio al que se refiere el informe.
En relación con años anteriores, se ha procurado avanzar en la claridad expositiva de los datos que se ofrecen, incrementando el volumen de texto incorporado, para colaborar con el lector a la mejor comprensión de la información suministrada. Este objetivo, siempre deseable, tiene en la presente ocasión un mayor interés, por cuanto se otorga a este apartado la mayor importancia, al ser el que describe en su totalidad el conjunto de la labor llevada a cabo, en el ejercicio, por la Institución del Defensor del Pueblo. Y también, como ya se ha dicho, por ser el que de modo más directo cumple las previsiones contenidas en los artículo 31 y 32 de la Ley Orgánica 3/ 1981, de 6 de abril. Por ambas razones, este apartado se sitúa ahora en el primer lugar del informe, desplazando al que venía ocupando este puesto que, con algunas variaciones, se incorpora al nuevo apartado de «conclusiones», y varía su denominación anterior a la actual de «datos principales de la gestión del Defensor del Pueblo», cuyo contenido pretende ser más ambicioso.
El tercer apartado del informe se destina a dar cuenta de aquellas administraciones públicas que han incumplido el deber de colaboración con el Defensor del Pueblo. En términos generales, las administraciones públicas y sus agentes auxilian al Defensor del Pueblo adecuadamente y sólo sería deseable una mayor agilidad en la remisión de los informes que posibilitase, a su vez, una más pronta respuesta de la Institución a los ciudadanos. Sin embargo, hay supuestos concretos en los que se percibe una resistencia notable o, cuando menos, un rechazable desinterés en prestar la debida colaboración y el auxilio requerido al Defensor del Pueblo, particularmente a la hora de responder a los requerimientos de información que se formulan para resolver los problemas planteados por los ciudadanos.
En otras ocasiones, esa falta de colaboración se limita a la ausencia del exigible rigor en los informes que se remiten a esta Institución que, con cierta frecuencia, debe insistir en sus demandas para completar los datos imprescindibles para el ejercicio de su misión.
Asimismo, con más frecuencia de la debida, se incumplen los plazos que la ley establece para elaborar y remitir los informes y este Comisionado Parlamentario se ve en la necesidad de requerir formalmente su envío, con las advertencias legales procedentes.
Pues bien, pese a dichas admoniciones y a la claridad con que la ley enuncia el deber de todas las autoridades públicas y de los funcionarios a su servicio de prestar un auxilio preferente y urgente al Defensor del Pueblo, existen supuestos en los que tal colaboración no se presta ni aún después de advertir que tal conducta pudiera considerarse constitutiva del delito de desobediencia tipificado en el artículo 502 del vigente Código Penal.
Hasta el presente, el espíritu conciliador y cooperador que anima a esta Institución, así como el ejercicio continuado de la virtud de la paciencia, han dado lugar a que no se persiguiesen penalmente estas conductas dilatorias y entorpecedoras. Pero el ejercicio responsable de las funciones que corresponden al Defensor del Pueblo parece exigir, de aquí en adelante, una actitud más severa en su reprensión, evitando la generalización de algunas conductas, hasta ahora más o menos esporádicas, que suponen un grave perjuicio para los ciudadanos y para la credibilidad de esta Institución.
El apartado IV del informe describe la supervisión realizada sobre la actividad de las Administraciones Públicas. Para sistematizar la información que se proporciona en este apartado se agrupa toda ella en diecisiete sectores diferentes que, en su conjunto, engloban la práctica totalidad de la acción administrativa. Ahora bien, conviene precisar -y retener- que en este apartado no se recoge toda la actividad de supervisión llevada a cabo, ni tampoco todos los ámbitos administrativos en los que ésta ha tenido lugar. Sólo se pretende reflejar una serie de cuestiones que, por diversas circunstancias (su interés concreto, su reiteración, su relevancia, la atención prestada por las autoridades competentes, la solución positiva o negativa, ...
etc.), resultan particularmente significativas y, al propio tiempo, permiten conocer el amplio campo en el que desarrolla su actividad supervisora esta Institución constitucional.
La atenta lectura de este apartado permite, aún con las limitaciones expresadas, obtener un diagnóstico de la situación a la que se enfrentan los ciudadanos en sus relaciones con las distintas administraciones públicas. No es un catálogo exhaustivo de las disfunciones, irregularidades o ineficiencias que con indeseable frecuencia se producen en la relación Administración-ciudadano. Pero permite identificar aspectos de la vida administrativa

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del Estado que requieren la atención de quienes disponen de la responsabilidad y la competencia de urgir y adoptar las soluciones precisas.
El quinto de los apartados de este informe recoge las resoluciones que el Defensor del Pueblo ha adoptado a lo largo del año 2000.
Variando prácticas anteriores, se hace mención ahora de la totalidad de las resoluciones adoptadas y no sólo de las más habituales entre ellas, que son las sugerencias y las recomendaciones. Se aproxima así al informe a la literalidad del artículo 30 de la Ley Orgánica 3/ 1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que, además de los dos tipos de resoluciones mencionadas, incluye los recordatorios de deberes legales y las advertencias que cabe formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas.
Este apartado V incluye asimismo la reseña de las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad recibidas a lo largo del año 2000, así como las resoluciones dictadas al respecto. La legitimación que la Constitución reconoce al Defensor del Pueblo, debe ser ejercida con una prudencia y rigor técnico-jurídico extremos, en razón del carácter extraordinario de la acción, de la contundencia de sus efectos sobre el ordenamiento jurídico y de la neutralidad institucional del Defensor del Pueblo.
No puede, quien es llamado a contribuir activamente en la defensa del orden constitucional, ejercitar su legitimación para cuestionar los productos normativos emanados de los representantes de la soberanía popular -de quienes, además, es comisionado este Defensor del Pueblo- si no es en virtud de la indubitada convicción de las posibilidades de éxito procesal de la acción. No ya el actuar con liberalidad excesiva, sino la menor liberalidad en este campo sería completamente irresponsable y contrario a la contribución que cabe esperar del Defensor del Pueblo a la estabilidad jurídica e institucional de nuestro sistema político.
Tomando en consideración estas premisas es como debe examinarse este apartado del informe, del que claramente se desprende que las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad no son examinadas y resueltas por un criterio restrictivo, sino con la prudencia, el rigor y la severidad que exige el ejercicio responsable de esta competencia.
En el apartado VI se recogen sucintamente las comparecencias del Defensor ante el Parlamento así como las actividades institucionales de relación con los comisionados autonómicos, entidades y organismos diversos, junto con las actuaciones desarrolladas en el ámbito de las relaciones internacionales.
El informe anual se cierra en este ejercicio con un nuevo apartado de «conclusiones», en el que se pretende no sólo recapitular lo incluido hasta ahí, sino también resaltar lo que, a juicio de la Institución, resulte más significativo de todo lo que ha tenido lugar a lo largo del año, incorporando una sucinta valoración sobre cada una de las cuestiones destacadas.
En cierto modo este nuevo apartado viene a recoger contenidos que, en informes anuales anteriores, se hallaban incorporados de forma más extensa a los restantes capítulos, y en particular al que venía incluyendo en los últimos años el denominado «tratamiento monográfico de determinados temas». Se pretende con esta novedad facilitar al lector el conocimiento inmediato y abreviado de lo que incluye la memoria anual y la valoración que, de todo ello, lleve a cabo el Defensor del Pueblo.
De este modo se posibilita una lectura rápida del informe anual que oriente al lector permitiéndole, cuando éste lleve a cabo un repaso más sosegado de su contenido, interesarse por cada una de las cuestiones tratadas en la información más amplia que se suministra sobre todas ellas en los restantes apartados de la memoria. Como además se conocerá ya el criterio valorativo del Defensor del Pueblo en relación a cada uno de estos asuntos, cabe esperar que este nuevo apartado facilite la comprensión de un documento, difícilmente liviano, que pretende contribuir a la garantía del pleno disfrute por los ciudadanos de sus derechos y libertades.


II. DATOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Este capítulo que se inicia va dirigido a plasmar los datos más relevantes de la actuación y gestión del Defensor del Pueblo.
El primer apartado está dedicado al análisis estadístico de las quejas recibidas, reflejando los aspectos más significativos de las mismas. Se detallan las quejas colectivas, una a una, por considerarse socialmente más notorias.
El apartado siguiente, el 2, se refiere a la tramitación de las quejas, a examinar sus fases y estado, y la relación con las diversas administraciones.
El 3 enumera la relación de quejas de oficio promovidas por el Defensor del Pueblo. Y en el apartado 4 se examinan las quejas no admitidas y las distintas motivaciones que han llevado al Defensor del Pueblo a adoptar tal decisión.
En el 5 se contemplan las que se habían presentado en años anteriores y que fueron iniciadas o reanudadas, en su tramitación, en este ejercicio.
Y finalmente en el apartado 6 se recogen las recomendaciones y sugerencias formuladas a las distintas administraciones públicas y se concluye con una breve referencia a la información y atención al público llevadas a cabo en la Institución.


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[Página con imagen] 1. QUEJAS RECIBIDAS

1.1. Total de quejas recibidas

El total de quejas recibidas, durante el año 2000, ascendió a 26.874, de las que 16.662 fueron de tipo colectivo1 y 10.212 de carácter individual. Además se promovieron de oficio 121 quejas.
Los datos comparados con el ejercicio 1999 arrojan el siguiente balance:

Como puede observarse, el incremento en el número de quejas ha sido particularmente significativo en las colectivas, que crecieron en número de 13.010, siendo el aumento total, de 13.295 quejas en relación con el año anterior.


1.2. Distribución de las quejas según el sexo del compareciente

Las 26.874 quejas personales presentadas tuvieron la siguiente distribución originaria:

Durante los últimos cinco años se observan estos datos:

1 Quejas de tipo colectivo son aquellas que se han presentado agrupadas o se han agrupado por su naturaleza común y por abordar igual asunto o cuestión.


De lo anterior cabe deducir que mientras que hasta 1998 creció la participación de los hombres en la presentación de las quejas, desde ese año está aumentando la de las mujeres, si bien aún algo más de la mitad de las quejas sigue siendo formulada por hombres.


1.3. Procedencia geográfica de las quejas

La remisión de las quejas se analiza, también, por su origen geográfico, distinguiéndose la procedencia nacional de la extranjera, que además se detalla por provincias y comunidades autónomas.


1.3.1. Quejas de procedencia nacional

Quejas nacionales son aquéllas que tuvieron su lugar de presentación dentro de la geografía española. Su número fue mayoritario, 26.625, lo que representa el 99% del total remitido.
Si se pormenoriza examinando la procedencia a nivel de provincias y comunidades autónomas, los datos son los siguientes:

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[Página con imagen] Distribución por comunidades autónomas de las quejas recibidas en el año 2000

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[Página con imagen] Si comparamos, a nivel de comunidad autónoma, el peso relativo en el ejercicio 2000 respecto al precedente se observa la siguiente evolución:

Las variaciones interanuales más relevantes han sido los incrementos en términos absolutos y relativos en Cataluña y Principado de Asturias y los descensos en País Vasco y Madrid.
Ello se ha debido, en el caso de Cataluña, a la presentación en 2000 de 3.673 quejas, de tipo colectivo, como se detallará en 1.6. de este capítulo. En el caso del Principado de Asturias se registra un incremento, respecto a 1999, de 7.342 quejas o, lo que es lo mismo, del 1.474,3%, motivado por tres grupos de quejas colectivas: una presentada por 1.506 personas, sobre la carencia de abono de parte de su nómina; otra, elaborada por 65 promoventes, sobre la adjudicación de becas en zonas mineras del carbón y una tercera, de 5.702, sobre los conciertos suscritos con los centros educativos privados.
Los descensos en el País Vasco y Madrid han sido causados en gran parte, porque, en 1999, en el País Vasco, se produjeron 98 quejas de tipo colectivo más que en el año siguiente. En Madrid, durante el año 2000, se iniciaron 318 quejas colectivas menos que en el año precedente.
Si se analizan únicamente las quejas individuales, las variaciones en estas comunidades autónomas han sido:

1.3.2. Quejas de procedencia extranjera

El número de quejas procedentes del extranjero ascendió a 249, en el año 2000, frente a 173, en el año precedente.
El detalle por países de origen se recoge a continuación:

Como puede observarse, el número de estas quejas es muy reducido en relación con el total de las recibidas en la Institución.


1.4. Origen de las quejas recibidas

Las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo lo fueron por las vías que se señalan a continuación:

Las tramitadas por los Comisionados autonómicos se repartieron así:

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[Página con imagen] Las gestionadas a través de diferentes organismos cabe especificarlas con esta distribución:

1.5. Quejas por sectores

Las quejas recibidas pueden clasificarse según el ámbito sectorial al que afectan. Con este fin se han concretado 17 sectores, en alguno de los cuales cabe encuadrar la materia a que se refiere la queja. No obstante, el carácter o finalidad de un cierto número de ellas no permite su inclusión en uno sólo, por lo que se establece el sector «Varios» para recoger aquéllas cuyo contenido tiene que ver con más de un sector o, en algún caso, en ninguno de ellos, lo que totaliza 18 divisiones.


En este cuadro se ofrece el resumen estadístico, dedicándose el capítulo II al análisis e información de cadauno de los sectores con mayor detalle y concreción.
Ha de señalarse que de las 7.656 quejas del sector Varios, 6.812 pertenecen a un colectivo, citado en 1.6, cuyo objeto era la protección, defensa y bienestar de los animales y que dada la diversidad de administraciones públicas implicadas en una materia que comprende aspectos tan variados como el censo, cuidados sanitarios, comercio, transporte, intervención en espectáculos públicos, etc.
cuya competencia está atribuida a muy diversos departamentos de las administraciones autonómicas, así como a las propias administraciones locales, dificulta su inclusión en un único sector.


1.6. Detalle de las quejas colectivas recibidas

Veintiséis grupos de ciudadanos presentaron quejas que estuvieron motivadas por fines y causas variadas.
- Cuarenta y cinco personas, por causa del supuesto incumplimiento del Ayuntamiento de Madrid del Convenio, firmado en fecha 27 de noviembre de 1996, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 14 de mayo de 1997, e incorporado al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), por el que la Parcela A del Plan Parcial «Cuña- Latina-Sepúlveda» debía ser cedida en calidad de Permuta a la Sociedad NURIN, S.A.
El correspondiente expediente está cerrado por no haberse dado contestación, por los interesados, a la ampliación de datos que se les solicitó.
- Seis mil ochocientas doce personas solicitaban que, por el Defensor del Pueblo, se diese traslado al

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Presidente del Congreso de los Diputados de «la petición de la elaboración de una ley marco a nivel estatal de protección, defensa y bienestar de los animales, reiteradamente expresada por el gobierno pero pendiente, ya que cuatro autonomías carecían de ella: Andalucía, Extremadura, Cantabria y Aragón», y también solicitaban que se instase la reforma del Código Penal para que se tipificase como delito la crueldad con los animales.
La tramitación se ha concluido con la admisión de la propuesta de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y el Departamento de Agricultura de la Diputación General de Aragón.
En cuanto a Cantabria ya existía la Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de los Animales, desarrollada por Decreto 46/1992 que aprobó el Reglamento de la Ley.
- Mil quinientos seis funcionarios transferidos a la Administración autónoma de Asturias en virtud del Real Decreto 2081/199, de 30 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria manifiestan que aún no les había sido abonada en nómina la cantidad que les correspondería con cargo al fondo para la mejora de la prestación de los servicios públicos constituido en virtud del Acuerdo firmado el 24 de septiembre de 1999 entre la Administración General del Estado y las Organizaciones Sindicales CC.OO. y CSI-CSIF, según el cual se establecía que para tener derecho a participar en el mismo había que tener acreditado un periodo mínimo de 6 meses en activo durante el año 1999.
Al respecto exponen que, habiendo sido transferidos con efecto de 1 de enero de 2000, se les comunicó por su Administración de origen que habría de ser la Administración de destino la que les abonara tal cantidad, mientras que en esta última se les ha dicho que ello corresponde a la Administración central firmante del Acuerdo.
El Defensor del Pueblo formula una recomendación al Secretario de Estado de Organización Territorial (Ministerio de Administraciones Públicas) que no es aceptada.
- Treinta y dos ciudadanos de Bangladesh que se encontraban en el Centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla (CETI) iniciaron la queja solicitando información sobre si se les iba a documentar, como se estaba haciendo con otros ciudadanos extranjeros que habían ingresado en el mencionado centro con posterioridad.


El Delegado del Gobierno informó que se había ido documentando paulatinamente a este colectivo, trasladándoles a la Península con los correspondientes permisos y tutelados por distintas ONG?S.
En el caso concreto del compareciente se le había documentado y enviado a Barcelona el día 13 de mayo de 2000.
La queja, por tanto, se dio por concluida.
- Sesenta y cinco personas, a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Langreo, presentan queja contra el procedimiento seguido para la adjudicación de becas derivadas de la convocatoria del Programa de Ayudas y Becas en Zonas Mineras del Carbón.
La queja se basa en que la selección de becarios no ha facilitado su obtención a los solicitantes con menos capacidad económica; en el incumplimiento del plazo en el procedimiento para su resolución; en no haberse desarrollado el trámite de audiencia al interesado y en no haberse observado los principios de publicidad y de transparencia en las actuaciones administrativas para la concesión.
Se reiteró por tres veces petición de informe a la Dirección General de Política Energética y Minas recibiéndose oficio, por fin, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
La Institución del Defensor del Pueblo da conformidad al contenido del informe recibido dando traslado a los formulantes de la queja y acordando su conclusión.
En el capítulo II.5.3. se expone con mayor amplitud este tema.
- Trece trabajadores de buques españoles que faenan en los distintos caladeros repartidos por todo el mundo formulan una queja sobre el tratamiento fiscal que reciben sobre todo a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Manifiestan que no se tiene en cuenta por Hacienda pública la situación laboral de este colectivo que se encuentra embarcado como regla general 10 meses al año, sin poder disfrutar, durante este periodo en alta mar, de los servicios públicos de que disfrutan otros ciudadanos y que constituyen la base del Estado de bienestar.


Aspiran en consecuencia a que el tratamiento fiscal de las rentas de su trabajo sea homologable al de otros países de la Unión Europea (citan como ejemplos Francia y Alemania) y que se tenga en cuenta las peculiaridades de su actividad laboral.
El Secretario de Estado de Economía y Hacienda informó que:

«El establecimiento de un distinto tratamiento fiscal fundamentado en una menor utilización de servicios públicos no cabría sino calificarla como inconstitucional y daría lugar a distintas categorías de ciudadanos en función de su contribución al gasto público.
Una vez analizada la solicitud de estos trabajadores pesqueros, no puede dejar de mencionarse la mejora genérica que la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta

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de las Personas Físicas incorpora para todos los perceptores de rendimientos de trabajo, mejora que se traduce en la creación de una reducción específica para estos rendimientos que hace perder peso a la aportación de los asalariados respecto a las demás fuentes de renta».


Los interesados discrepan de los argumentos de la Secretaría de Estado y reiteran la argumentación inicial.


El Defensor del Pueblo cierra las actuaciones por no haber nuevas alegaciones y entender que la respuesta más adecuada debe estar en el terreno de la acción social de los poderes públicos.
- Dos personas, en línea con 1.565 más, que en años precedentes pidieron al Defensor del Pueblo que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/1998, de Política Lingüística de Cataluña, promueven, en 2000, una queja en la que cuestionan la intervención que tuvo no planteando el recurso ante el Tribunal Constitucional.
La mencionada queja conllevó una amplia respuesta del Defensor del Pueblo a los interesados, en la que se detallan las razones y convicción jurídica que fundamentan la no presentación a la vista del ámbito propio de la posible intervención, como son los derechos y libertades fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución.
- Treinta y cinco personas participantes en pruebas selectivas para las categorías de celador, pinches y auxiliar administrativo, convocadas por el Instituto Nacional de la Salud en 1997, expresan su disconformidad con el retraso en la resolución del proceso de selección.
El Instituto Nacional de la Salud contesta que el procedimiento selectivo se encuentra suspendido en su ejecución con motivo del auto de suspensión dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo suspende sus actuaciones a causa del procedimiento judicial pendiente.


- Cien personas presentan solicitud al Defensor del Pueblo de recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre la adaptación de circulación a la práctica del ciclismo.
El Defensor del Pueblo, al no encontrar razones suficientes, resuelve no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley.
- Cien personas ponen en conocimiento del Defensor del Pueblo la situación en que se encuentran como consecuencia del denominado Síndrome tóxico (colza). Solicitan que se dote de más medios a la Audiencia Nacional y que se impongan intereses a la Administración ante la demora con la que se están recibiendo las indemnizaciones.
La queja se hallaba en trámite con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, a fines del año 2000.
- Treinta y cinco firmantes manifiestan su disconformidad con el servicio que presta Correos y Telégrafos en su oficina de Tabernes Blanques (Valencia), municipio de más de ocho mil habitantes, que se ven obligados a desplazarse a Valencia-capital para imponer y recoger giros postales y telegramas, y para acceder a los servicios postal exprés nacional e internacional, con los consiguientes perjuicios económicos y pérdida de tiempo.
El Defensor del Pueblo se dirige a Correos y Telégrafos solicitando información que ha respondido:

«Le informo que realizadas las gestiones oportunas por los Servicios de Correos en Valencia para la adquisición de un local en el que se ubique la Oficina postal de Tabernes Blanques, se ha procedido a la firma del contrato de arrendamiento de un local en la citada localidad.
Hay que señalar que la prestación de los servicios postales en el nuevo local únicamente está pendiente de la realización de determinadas obras de adaptación, motivo por el cual se ha solicitado del servicio correspondiente la autorización oportuna para la ejecución de la obra, de cuya finalización se informará a esa Institución».


Se ha pedido a Correos y Telégrafos que confirme a la Institución del Defensor del Pueblo la puesta en funcionamiento de la nueva oficina y así se ha comunicado a las personas de la queja.
- Dieciocho profesores de autoescuelas manifiestan su disconformidad con los procesos selectivos para obtener el título de director de autoescuela.
Previo informe de la Dirección General de Tráfico al Defensor del Pueblo, éste concluye en que se ajustaron en su totalidad a las normas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial del Estado, sin que se produjese impugnación alguna de las mismas.
- Treinta y dos personas de diversas asociaciones se dirigen al Defensor del Pueblo solicitando que se apliquen medidas alternativas a la prisión y se excarcele a los enfermos.
Se informa a los firmantes de la queja de las diversas recomendaciones que se vienen realizando por el Defensor del Pueblo sobre estas cuestiones, que están llevando a una progresiva mejora de las cárceles para que respondan, cada vez en mayor medida, a los principios consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Se les señala que si tuvieran conocimiento de algún caso concreto, que precise de la intervención de la Institución del Defensor del Pueblo, lo transmitan al objeto de tomar conocimiento y valorar la posible actuación dentro del marco normativo que define la ley orgánica reguladora.


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- Ciento cuarenta y tres personas se quejan de la subida de los precios de los carburantes, de manera simultánea, por las grandes compañías de distribución y suministro, y prácticamente en la misma cuantía. Consideran, a su vez, excesivo el impuesto especial sobre carburantes y piden investigación al respecto.
El Defensor del Pueblo tiene conocimiento de que el Tribunal de Defensa de la Competencia inició varios procedimientos para determinar si se ha producido en las subidas de precios infracciones sancionables conforme a la Ley de Defensa de la Competencia.
De modo paralelo, la Fiscalía contra la Corrupción ha iniciado diligencias tendentes a la averiguación de si los mismos hechos constituyen un delito o falta sancionable.
Sólo en el caso de que no se hubieran iniciado las actuaciones administrativas tendentes a depurar las eventuales responsabilidades en que se hubiera podido incurrir, o las resoluciones adoptadas no se ajustasen a la legalidad vigente, podría esta Institución intervenir para que tales actuaciones se practicaran o para expresar su criterio en caso de discrepancia con aquellas resoluciones. En ningún caso debe intervenir cuando tales órganos ejercen sus potestades conforme a las normas que les habilitan para ello.
Sobre el gravamen del impuesto especial sobre carburantes debe entenderse que corresponde al legislador establecer la carga tributaria que generan los hechos imponibles -en este caso el consumo de carburantes- que el mismo define conforme al principio de capacidad económica.
De nuevo sólo en el caso de que pudiera comprobarse que los principios de legalidad o capacidad económica han sido conculcados en relación con el gravamen sobre carburantes, sería lícita la intervención.
Como consecuencia de todo lo citado se acuerda la no admisión de la queja y se informa a los interesados.
- Catorce personas dirigen queja en la que se protesta por el exceso de horas que tienen que realizar los guardias civiles.
Se solicitó informe a la Dirección General de la Guardia Civil.
Del mismo cabe destacar:

«Tras la conclusión del estudio que, sobre el particular, ha realizado la Subdirección General de Operaciones, esta Dirección General ha acordado fijar los coeficientes correctores para las horas nocturnas y festivas y su transformación en ordinarias para su abono, si procede, dentro del complemento de productividad como "horas de exceso".
Ello, no obstante, habrá de llevarse a efecto atendiendo a lo explicitado en la mencionada Circular núm. 1, de 11 de marzo de 1988, en su disposición transitoria -punto 4-, donde se especifica que:

"Hasta que se pueda disponer de una aplicación informática que recoja de forma global para cada persona los datos necesarios para efectuar el debido control sobre las horas de servicio y aplicación de los correspondientes coeficientes correctores a efectos de su posible compensación económica como ?exceso de horas?, las horas nocturnas y festivas se abonarán, con independencia de la existencia o no de exceso de horas, al personal que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en esta circular, y en la cuantía que se estipule." La referida aplicación informática mencionada se encuentra en fase de implantación en las unidades a nivel de puesto, esperándose que en breve plazo de tiempo su implantación sea totalmente operativa a todos los niveles.
Con independencia de lo expuesto, desde esta Dirección General se ha realizado las oportunas gestiones para la solicitud de autorización de incremento en la asignación anual de productividad, así como su reflejo en los próximos presupuestos, para poder atender el incremento del gasto que supondría la aplicación de los mencionados índices correctores, y sin cuyo requisito de autorización es imposible su puesta en marcha.
Por tanto deberá procederse a su aplicación a partir del momento en que el Ministerio de Hacienda autorice el incremento del gasto que supone la misma y teniendo en cuenta que lo será a los solos efectos económicos previstos, pero nunca a efectos laborales.
Por último, es de reseñar que hasta la fecha se han tenido en cuenta todas las horas nocturnas y festivas de servicio prestadas, con independencia de si hubiese realizado exceso o no, para su abono en concepto de productividad».


En relación con el contenido del informe remitido y para una correcta ponderación de la cuestión objeto de la queja, esta Institución consideró conveniente volver a dirigirse a la Administración para que nos señale si la aplicación informática mencionada se ha puesto ya en funcionamiento con carácter general y si la Dirección General de la Guardia Civil tiene conocimiento de que, finalmente, se haya autorizado por parte del Ministerio de Hacienda, el incremento del gasto solicitado.
A 31 de diciembre de 2000 se estaba pendiente de la respuesta.
- Ciento veintiocho personas durante el año 2000 expusieron su queja sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. En años anteriores se habían recibido novecientas sesenta y cuatro semejantes.
En concreto, formulaban «los sistemáticos abusos cometidos en aplicación de la Ley...».
El Defensor del Pueblo no admitió la queja, pidiendo a los interesados que los hechos de los que tuvieran conocimiento y que pudieran suponer una aplicación arbitraria o abusiva de la Ley le fueran trasladados con el fin de proceder a su investigación y extraer las consecuenciasque le competen.


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- Trescientos cuarenta y tres interesados realizan queja en relación con la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.


El Defensor del Pueblo informa a los interesados que ya había remitido al Ministerio de Justicia una recomendación en la que se contienen, en resumen, los siguientes tres puntos:

«1.o Que se proceda a la aprobación de un reglamento que desarrolle y complete todos aquellos aspectos en los que la ley precisa de desarrollo reglamentario.
2.o Que se proceda a una moratoria en la entrada en vigor de la ley orgánica 5/200, hasta que los recursos humanos y los medios materiales necesarios se encuentren plenamente disponibles. Para el supuesto de que no se acceda a la moratoria que se solicita, que se deje de forma temporal sin efecto el apartado 2.º del artículo 1 y el artículo 4 de la citada ley, para que la misma no se aplique a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21 años, hasta que se completen los medios humanos y materiales que son necesarios.
3.o Que se estudie la conveniencia de introducir las modificaciones oportunas, en relación con la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado, para los supuestos más graves, así como para que se revise el tiempo mínimo que los menores tienen que permanecer internados, antes de modificar o sustituir dicho internamiento».


En el capítulo II.1.8. del presente Informe 2000 se hace una extensa referencia a este tema.


- Ciento cuatro funcionarios docentes del Ministerio de Educación y Cultura manifiestan, a través de quejas, su disconformidad con las diferencias retributivas existentes entre funcionarios del mismo nivel según que permanezcan destinados en el Ministerio citado o hayan sido transferidos a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las quejas no fueron admitidas, si bien en el capítulo II.16.3. de este Informe aborda esta cuestión ampliamente.


- Una persona a la que con posterioridad se añaden quince más, plantean queja que fundan en la disconformidad con la retención de haberes, efectuada sin previo aviso en la nómina del mes de octubre, correspondiente al complemento de destino propio del desempeño de un cargo, de los meses de julio, agosto y septiembre, por parte de un instituto de enseñanza secundaria del Principado de Asturias.
Sobre la cuestión promovida por la persona iniciadora, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias, con informe del Servicio de Gestión de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación, comunica que la disconformidad de haberes ha sido debida a un error informático en la elaboración de la nómina y que, por tanto, se reintegrarán los haberes correspondientes.
Este mismo caso en el resto de personas que presentaron queja, estaba pendiente de resolución al 31 de diciembre de 2000.
- Mil trescientas treinta y siete personas emiten queja en la que se realiza un análisis de las sanciones y penas de privación de libertad que de conformidad con la normativa vigente puede imponerse a miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, en aplicación de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, y del Código Penal Militar.


La estructura del escrito distingue entre privaciones de libertad impuestas a los autores de infracciones tipificadas como leves en la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, infracciones graves tipificadas en la misma ley, y privaciones de libertad impuestas por decisión judicial.
En los tres casos, son fundamentalmente dos las cuestiones planteadas, que sirven de base a la argumentación contenida en el escrito: de un lado, la incompetencia de los órganos sancionadores y el Tribunal Militar para imponer sanciones y penas a guardias civiles por actuaciones en las que éstos actúan en funciones civiles y bajo la dependencia del Ministerio del Interior, esto es, la delimitación de la naturaleza militar de la Guardia Civil y, de otro, la a su juicio falta de garantías constitucionales de la privación de libertad impuesta como sanción disciplinaria.
La queja motiva un amplio escrito del Defensor del Pueblo a los interesados, informándoles de los antecedentes y constitucionalidad de la Ley orgánica de referencia.


El capítulo II.16.7.2. trata complementariamente esta clase de tema.
- En el año 2000 dos personas, además de seiscientas siete en años anteriores, plantearon queja en la que se solicita de esta Institución que se efectúen las gestiones necesarias para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 91 y 95 de la Ley 42/99, de 25 de noviembre, del Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como el resto de disposiciones que impiden a los miembros de la misma ejercer el derecho a la libre elección de residencia y a la libre circulación por el territorio nacional, contenido en el artículo 19 de la Constitución española (CE).
Asimismo, invocan con carácter genérico la vulneración, junto con el artículo 19, de los artículos 14, 25 y 28 CE, afirmando que se discrimina a los miembros de la Guardia Civil en cuanto a la igualdad, libertad ambulatoria, seguridad jurídica y derecho a la enseñanza.


El Defensor del Pueblo resuelve que no se aprecia vulneración de preceptos constitucionales en los artículos 91 y 95 de la Ley 42/ 1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia

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Civil, y, en consecuencia, no se estima procedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad solicitado.


Como se señalaba con anterioridad, en el capítulo II.16.7.2. también se aborda esta cuestión.
- En el año 2000 dos personas, además de tres mil cuarenta y uno en años anteriores, plantean queja en la que, en su condición de empleados de banca, denuncian una supuesta discriminación que afecta a los trabajadores de banca, cajas de ahorros, compañías de seguros y sociedades o agencias de valores, con motivo de la excepción contenida en el apartado 2 de la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
El apartado 1 de la expresada disposición transitoria obliga a las empresas, con carácter general, a adaptar los compromisos por pensiones con trabajadores y empleados a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, según la redacción dada a la misma por la propia Ley 30/1995, que ordena la instrumentación de tales compromisos mediante contratos de seguro, a través de la formalización de un plan de pensiones o de ambos.
La queja está pendiente de resolución judicial, si bien se solicitó del Ministerio de Economía y Hacienda el envío de la documentación en la que sustentan las consideraciones realizadas en un informe que había elaborado.
- Doce personas presentaron queja ante el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana quien la envió al Defensor del Pueblo. En ella exponen que, en 1996, solicitaron ante la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Valenciana una subvención para la adquisición de vivienda de protección oficial.
Por escrito de 11 de junio de 1996, la Dirección General de Arquitectura de la citada Consejería notificó a los interesados, tras el examen de la documentación requerida, la resolución para la concesión de la citada ayuda. No obstante, se indicaba que se procedería al reconocimiento personal y posterior pago de dichas ayudas en el momento en que existiera crédito presupuestario para poder dar cobertura a las mismas.
Los interesados no recibieron ninguna comunicación posterior y, en enero de 1999, recibieron la transferencia bancaria de las citadas ayudas.
En consecuencia, los interesados no incluyeron las cantidades mencionadas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ejercicio 1998. En algunos casos, dicha subvención ni siquiera figuraba en los datos fiscales del ejercicio 1998 enviados por la Agencia Tributaria a los contribuyentes que lo solicitaron. Sin embargo, la Agencia Tributaria les ha notificado propuestas de liquidaciones paralelas de dicho ejercicio en las que se incluyen las citadas ayudas.
Después de informes de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Alicante y de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Valenciana se está pendiente de la respuesta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Treinta y dos personas exponen que las comunidades de propietarios donde residen no han tenido conocimiento previo del proyecto de instalación de una estación base de telefonía móvil, cercana a sus viviendas, por lo que se inició un procedimiento judicial, que ha finalizado con estimación del recurso presentado por los vecinos.
El Ayuntamiento de Manzanares el Real, ha adoptado la resolución de no permitir la instalación de antenas de telefonía móvil en el casco urbano de la localidad, resolución que ha sido recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 15 de Madrid.
En consecuencia, se procede a la suspensión de las actuaciones, de conformidad con el art. 17 de la Ley Orgánica 3/1981, lo que se comunica a los interesados y se agradece el informe a la citada corporación municipal.
- Los cinco mil setecientos dos promoventes de la queja, cuestionan todos ellos con idéntica formulación, la decisión que al parecer ha adoptado la Consejería de Educación y Cultura, del Principado de Asturias, de modificar los términos de los conciertos suscritos por la Administración educativa estatal, competente antes del reciente traspaso de competencias educativas, con los centros privados ubicados en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
La queja se halla concluida al considerar el Defensor del Pueblo la corrección de la actuación que provocaba la misma.
En el capítulo II.5.1.4. se explicita esta queja.
- Treinta y dos interesados, médicos y asistentes técnicos sanitarios de los Servicios Normales y Especiales de Urgencias en el ámbito de la Atención Primaria, se dirigieron al Defensor del Pueblo manifestando su disconformidad con la exclusión de este colectivo del proyecto regulador de la Especialidad de Urgencias que, según exponen, afectaría, únicamente, al personal de urgencia hospitalaria.
A fines de 2000, la queja se hallaba admitida y pendiente de conclusión.


2. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS

Las quejas que al finalizar 2000 estaban en alguna situación distinta a su inadmisión fueron 19.641, cuyo detalle es el que se recoge seguidamente:

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[Página con imagen] Las quejas no tramitadas por su no admisión fueron 7.354, de las que 5.152 eran de carácter individual y 2.202 colectivas.
En términos relativos ello supone que el 27,2% del total de quejas recibidas no fueron admitidas, cifra bastante inferior a la del 43,9% que se obtuvo en 1999.


2.1. Quejas tramitadas y concluidas ante las administraciones

En el cuadro precedente se reflejan los correspondientes datos referidos a estos dos aspectos.
El número total de quejas tramitadas ante las administraciones en 2000, fue de 18.436, lo que supone un gran incremento frente a las del año anterior que fueron 6.760.
Las concluidas en el año 2000 fueron 15.813, lo que también denota un significativo aumento respecto a las 3.610 del año 1999.
En gran parte tal evolución se debe al crecimiento que se experimentó en las quejas colectivas pero, sin duda, también al hecho de haber sido acortados los plazos de tramitación de las quejas.
2.2. Quejas en trámite y en suspenso

Como también puede observarse en el cuadro anterior, las quejas en trámite, al finalizar el año de referencia, fueron 2.552, en tanto que, en 1999, habían sido 3.140, lo que implica una reducción del 18,7%, no obstante haberse registrado el importante aumento en las quejas recibidas y concluidas señalado líneas atrás.
En cuanto a las quejas en suspenso, quedaron 71 frente a las 10 que existían a 31 de diciembre de 1999. Esta variación, en lógica, respondía al crecimiento habido en el número de quejas recibidas y tramitadas.


2.3. Quejas pendientes de información y quejas pendientes de trámite o estudio

Al acabar el año 2000 quedaron 297 quejas pendientes de recibir la información solicitada al interesado. El número de las que estaban pendientes de tramitación o estudio ascendía a 908. De ellas, el 72,1% se habían recibido en el mes de diciembre, el 24,4% en noviembre y el resto, un 3,5% entre julio y octubre.
Asimismo cabe señalar que el 1 de enero de 2001 había, en total, 3.828 quejas procedentes del año anterior, de las que 3.453 eran individuales y 375 colectivas.


2.4. Detalle de las quejas tramitadas ante las administraciones

Según se ha expuesto, se concluyeron 15.813; en trámite con las administraciones se hallaban 2.552 y en suspenso 71 quejas.
La distribución por tipos fue la siguiente:

2.4.1. Quejas individuales tramitadas en relación con las administraciones

El detalle de las 4.008 quejas individuales señaladas, se distribuyó de la siguiente forma en cuanto al organismo o administración afectados.


Como puede observarse, son las quejas dirigidas a varios organismos y a la Administración local las que registran un mayor porcentaje en trámite, el 70,4 y 68,3% respectivamente.


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[Página con imagen] En cuanto a las individuales destinadas a la Administración General del Estado, el reparto por departamentos ministeriales fue el siguiente:

Estos datos ponen de manifiesto que los ministerios sobre los que se presenta un mayor número de quejas individuales son, por este orden, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Ministerio de Hacienda.
Como se ha expuesto, se da también el hecho de que 494 quejas se formularon en relación con la Administración autonómica, con la distribución que se detalla:

En cuanto a las presentadas frente a la Administración local se detalla el siguiente resumen:

De las 215 quejas relacionadas con ayuntamientos de capitales de provincia, 133 se dirigieron contra el Ayuntamiento de Madrid. De estas 133, se hallaban 95 en trámite a 31 de diciembre de 2000.
Respecto a aquellos ayuntamientos que no son capital de provincia, las quejas tramitadas en relación con los mismos fueron 317, de las que 64 corresponden a la provincia de Madrid, 25 a la de Murcia y 21 a la de Alicante, como más numerosas.
Por otro lado, las diputaciones provinciales fueron objeto de un escaso número de quejas. En total 23, durante todo el año, de las que 4 recayeron sobre la de Córdoba.


2.4.2. Quejas colectivas tramitadas en relación con las administraciones

Las 14.428 quejas colectivas formuladas en relación con alguna de las administraciones han tenido el siguiente desglose:

Las referidas a la Administración General del Estado se concretaron, por ministerios, de esta manera:

Por lo que se refiere a la Administración autonómica, las quejas colectivas fueron:

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3. QUEJAS DE OFICIO

Estas quejas, que son las que promueve o inicia el propio Defensor del Pueblo de acuerdo con lo que dispone el artículo 9.º de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, alcanzaron la cifra de 121.
Su relación individualizada se expone a continuación, con la correspondiente notación interna de control para su localización.


F0000001 Citación para declarar sin motivo aparente. F0000002 Denegación entrada a ciudadana de nacionalidad brasileña. F0000003 Archivos policiales existentes por motivos político-sindicales.
F0000004 Encierro de un grupo de subsaharianos. F0000006 Mujer fallecida a manos de su marido. F0000007 Jóvenes cubanas apaleadas.
F0000008 Negativa a prestar asistencia a menor sin tarjeta sanitaria.
F0000010 Denegación de solicitud de asilo a familia colombiana.
F0000012 Interrupción de actividades docentes por problemas de obras en colegio público. F0000013 Retención de ciudadanos colombianos para ser devueltos a su país. F0000014 Malos tratos a detenidos marroquíes en operación antidroga. F0000015 Muerte de ciudadano como consecuencia de un disparo de un policía nacional. F0000017 Manifestación xenófoba convocada por familia de joven presuntamente agredido por un magrebí. F0000018 Detención de dos empresarios bajo acusación de explotar y estafar a inmigrantes ecuatorianos.
Iniciación de expedientes de expulsión de los inmigrantes. F0000019 Expulsión ciudadano checo. F0000020 Disconformidad con el acceso al Banco de Datos del Catastro. F0000024 Disconformidad con la liquidación provisional de errores en declaraciones realizadas en Hacienda por funcionarios y con el programa PADRE. F0000025 No asistencia letrada a inmigrantes interceptados en aguas del Estrecho y devolución a Marruecos. F0000026 Insuficiente seguridad de algunos pasos a nivel de la red ferroviaria. F0000027 Saturación de enfermos en hospital de la seguridad social. F0000028 Reclamaciones en materia de facturación telefónica.
F0000029 Muerte de una mujer ocasionada por un ciudadano de origen magrebí que, al parecer, sufre trastornos mentales. F0000030 Solicitud de aprobación y entrada en vigor de la regulación reglamentaria de transporte escolar y de menores. F0000031 Investigación de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo sobre aumento de siniestralidad laboral. F0000032 Denegación de entrada a ciudadano colombiano. F0000034 Arresto de camareros que se negaron a servir a policías nacionales. F0000036 Manifestación contra la selectividad. F0000037 Denegación de visado a un menor de 12 años en el Consulado General en Dakar (Senegal), para ser operado en Girona. F0000038 Fallecimiento de una persona a consecuencia de un disparo efectuado por un funcionario del cuerpo nacional de policía.
F0000039 Situación sanitaria de polizones, a quienes no les fue permitido que bajaran del barco. F0000040 Posible extorsión a inmigrantes que trabajan en explotaciones agrícolas. F0000041 Retención de ciudadanos ecuatorianos. F0000042 Apaleamiento de magrebíes por encapuchados.


F0000043 Enfermos mentales sin declaración de incapacidad. F0000045 Situación de centro penitenciario. F0000046 Intoxicación de pacientes en un hospital psiquiátrico. F0000047 Reclamaciones por envíos de notificaciones.


F0000048 Retención de ciudadanos colombianos y devolución a su país.
F0000049 Fallecimiento interno. F0000050 Actualización del inventario nacional de balsas de estériles mineros (no escombreras).


F0000052 Concesión de una vivienda por el cupo de especial necesidad.
F0000054 Reclamaciones por demora en instalaciones de servicio telefónico. F0000055 Denegación entrada a ciudadana checa y devolución a su país. F0000056 Conculcación del derecho a la intimidad de contribuyentes. F0000057 Incomunicación judicial.
F0000059 Falta de atención a incapacitados tutelados.


F0000060 Expulsión de ciudadano colombiano. F0000061 Infraestructura para atención de salud mental de menores. F0000062 Muerte de un joven cuando se encontraba detenido en las dependencias de la policía municipal.


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F0000063 Paliza a un estudiante ecuatoriano. F0000064 Sobre huelga de funcionarios de Justicia. F0000065 Vídeo juego en Internet que fomenta la xenofobia contra la raza gitana. F0000066 Atención a menores extranjeros que se encuentran sin acompañar por adultos en las ciudades de Ceuta y Melilla. F0000067 Fallecimiento de un interno. F0000068 Fallecimiento de un ciudadano italiano. F0000070 Expulsión de una ciudadana nigeriana que ha tenido un bebé. F0000071 Presuntos malos tratos inferidos por agentes de la Policía Nacional y Guardias Urbanos. F0000072 Ciudadanos detenidos (toxicómano y con crisis respiratoria). F0000073 Error en el segundo apellido. F0000074 Deficiencias en casco de barco de bandera panameña. F0000075 Presuntos malos tratos inferidos por un comisario y una inspectora de policía a concejala de ayuntamiento. F0000076 Fallecimiento de interno marroquí. F0000077 Abusos contra menores alojados en un centro de acogida. F0000078 Ciudadano en un centro de internamiento necesita urgentemente un medicamento y no se lo facilitan. F0000079 Ciudadanos marroquíes piden seguridad en una manifestación. F0000080 Situación de centro de internamiento de menores. F0000081 Fallecimiento de un joven detenido en comisaría. F0000082 Cese de un teniente de la Guardia Civil por disminución del número de denuncias y aumento del absentismo laboral. F0000084 Ciudadano de nacionalidad marroquí detenido cuando intentaba entrar en España en una patera, objeto de malos tratos. F0000085 Fallecimiento de una mujer por disparo. F0000086 Detención de un ciudadano de Guinea Bissau y posterior muerte por parada cardiorrespiratoria.


F0000087 Entierro inmigrantes indocumentados que mueren al intentar entrar en España. F0000088 Lista de espera para cirugía cardíaca.
F0000089 Situación centro de reforma. F0000091 Retención de ciudadanos colombianos. F0000092 Denegación de asilo a familiar colombiana.


F0000093 Incidentes en barriada de gitanos. F0000094 Retención de ciudadano filipino con el permiso de residencia caducado con su hija menor de edad. F0000095 Errores en liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles.
F0000096 Presuntos malos tratos a dos personas de etnia gitana.
F0000097 Presuntos malos tratos de tres policías locales. F0000098 Carencias sanitarias. F0000099 Ciudadano colombiano, al parecer objeto de malos tratos al negarse a su expulsión. F0000100 Situación de un preso en Guinea. F0000101 Protesta protagonizada por temporeros magrebíes motivada por una redada de los Mossos d?Esquadra. F0000102 Detención de más de trescientos inmigrantes. Por colapso en la comisaría se pone en libertad a 96 personas en situación de ilegalidad. Posteriormente, se siguen produciendo detenciones en número variable. F0000103 Situación de ciudadanos tanzanos, polizones en un barco. F0000104 Detención y muerte de ciudadano guineano, al parecer a causa de un golpe seco en el cuello. F0000105 Fallecimiento de una niña en hospital. F0000106 Permanencia y reparación del submarino nuclear Tireless. F0000107 Intento de suicidio de argelinos en protesta por órdenes de expulsión. F0000108 Sobre segunda instancia en proceso penal. F0000109 Discrepancia en Extremadura por la fórmula de escolarización en Educación Secundaria Obligatoria.
F0000110 Apoyo a una agente por un sindicato policial que denuncia estar siendo sometida a acoso sexual. F0000111 Sobre presos españoles en el extranjero. F0000112 Ciudadano libanés al que le deniegan la entrada porque, al parecer, el interesado, es de nacionalidad egipcia. F0000113 Detención de españoles en Praga durante la reunión del Fondo Monetario Internacional.


F0000114 Denuncia de un ciudadano marroquí por apaleamiento policías municipales. F0000115 Inmigrantes repatriados encerrados como carga en las bodegas de los transbordadores. F0000116 Personal laboral que presta servicios en la Administración, plantean la imposibilidad de trasladarse a otros empleos públicos ubicados fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma en la que prestan los servicios.
F0000117 Disconformidad con el nuevo Reglamento de Viajeros de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. F0000118 Disconformidad con la liquidación del interés de demora en los procedimientos de apremio.


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[Página con imagen] F0000119 Disconformidad con el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a edificios catalogados. F0000120 Situación del departamento de oncología de un hospital público. F0000121 Realización de autopsias. F0000122 Visita a Algeciras. F0000123 Visita a Ceuta. F0000124 Visita a Málaga. F0000125 Sobre zonas inundables. F0000126 Menores de nacionalidad marroquí ven impedida su escolarización en un centro de la ciudad de Ceuta. F0000127 Insuficiente publicidad de la Resolución 4/1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con los criterios de distribución del complemento de productividad de los funcionarios del grupo A. F0000128 Distintos accidentes de trabajo ocurridos en la Comunidad de Madrid. F0000129 Fallecimiento de un interno en un centro penitenciario, a manos de otro interno. F0000130 Presuntos malos tratos inferidos por parte de Policía Local. F0000131 Graves deficiencias afectan a controles policiales aeropuerto. F0000132 Abogada a la que se impide entrevistarse con su cliente, de nacionalidad marroquí, internado en un centro de internamiento y pendiente de expulsión. F0000133 Encefalopatía espongiforme bovina.
F0000134 Magrebí muerto por disparo de un guardia civil, al intentar entrar ilegalmente en territorio nacional. F0000135 Colectivo integrado por miembros de la Guardia Civil excluido del reparto de fondos adicionales acordados entre el Gobierno de la nación y los sindicatos para corregir la pérdida de poder adquisitivo. F0000136 Fallecimiento de un interno por sobredosis en un centro penitenciario. F0000138 Situación de la Audiencia Provincial de Madrid.


4. QUEJAS NO ADMITIDAS

El número de quejas no admitidas y, por tanto, no tramitadas ascendió, como ya se ha expuesto, a 7.354, por motivos que se especifican seguidamente, distinguiendo las individuales y las colectivas.
Las quejas no admitidas, 7.354, lo fueron por las causas siguientes:

2 La denominación «Otros motivos» se utiliza en los casos en los que son varios los motivos de la no tramitación.


Como también se ha dicho, estos datos suponen una fuerte reducción en comparación con los de igual naturaleza registrados en 1999.
Conviene en este sentido repetir lo ya señalado en el Informe 1999: que siempre se comunica al promovente de la queja no admitida las causas o razones de la no admisión y se le informa sobre las alternativas que, según la Institución, se consideran más idóneas y factibles para la defensa de sus intereses, si bien debe ser él quien decida el camino a seguir.


5. QUEJAS RECIBIDAS EN AÑOS ANTERIORES Y TRAMITADAS EN 2000

5.1. Quejas procedentes de años anteriores a 2000 que se iniciaron o reanudaron en este año

Las quejas procedentes de años anteriores a 2000 cabe diferenciarlas en tres tipos. Por un lado están aquellas que recibidas en 1999 o en años precedentes fueron admitidas en 2000. En segundo lugar, las que habían sido cerradas, también con anterioridad, pero se reabrieron en el año de referencia y, por último, las que se hallaban en suspenso y se repusieron en 2000.
El número de las incluidas en cada una de las situaciones expuestas ha sido:

5.1.1. Quejas individuales procedentes de años anteriores a 2000

Esta clase de quejas registró los datos siguientes:

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[Página con imagen] que, a 31 de diciembre de 2000, se encontraban en una de las fases que se exponen a continuación.


Estas quejas, desde la óptica de la Administración o entidad a la que afectaban, registraron la distribución que se recoge en el siguiente cuadro:

5.1.2. Quejas colectivas procedentes de años anteriores a 2000

Las quejas colectivas correspondientes a años anteriores tuvieron esta cuantificación:

Al igual que en el caso anterior pueden desglosarse de esta manera:

Si se analizan teniendo en cuenta la Administración o entidad afectada, los datos son:

5.2. Quejas procedentes de años anteriores a 2000, concluidas en éste

Con independencia de las quejas analizadas en 5.1., una serie de ellas iniciadas antes de 2000, tuvieron su conclusión en ese año.
En total se concluyeron 4.483, de las que 4.020 eran quejas individuales y 463 colectivas.
Al final de 2000 continuaban concluidas 4.392 (3.934 individuales y 458 colectivas), si bien se habían reabierto 91, de las que 86 eran individuales y 5 de colectivos.


En lo relativo a los resultados de las investigaciones y actuaciones del conjunto de las quejas, individuales y colectivas, cabe ofrecer los siguientes datos:

La columna «Otros» contempla aquellas quejas no recogidas en las tres columnas anteriores por haber sido resueltas al margen de la intervención del Defensor del Pueblo, por estar sometida la cuestión a un procedimiento judicial pendiente o haber tenido una subsanación únicamente parcial.


6. DATOS SOBRE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Según se exponía en el Informe 1999, las recomendaciones son resoluciones fundamentadas en los principios constitucionales, mediante las que el Defensor del Pueblo se dirige a las administraciones públicas o a los órganos legislativos para exponerles la conveniencia de dictar una determinada norma o modificar alguna de las existentes, bien por razones de adecuación constitucional bien por sometimiento a los tratados internacionales que se hayan ratificado, con el fin de evitar contradicciones normativas o para llenar un determinado vacío legal.
Las sugerencias, por otro lado, son resoluciones del Defensor del Pueblo que instan a las administraciones a que modifique un acto concreto, cambie de criterio en su aplicación, acuerde un determinado acto o se abstenga

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[Página con imagen] de resolver aunque no venga existiendo actuación administrativa irregular.
En cuanto a las recomendaciones, las formuladas en 2000 y su comparación con el año precedente han sido:

Como puede observarse, las formuladas descendieron un 31,3% respecto a 1999, habiendo, sin embargo, crecido un 35,9% las aceptadas ya que las pendientes disminuyeron un 61,2%.
Las sugerencias, promovidas en 2000 fueron las siguientes:

De estos datos cabe deducir que también ha existido una leve reducción en las formuladas, concretamente un 8,7%, mientras que en las aceptadas la disminución ha sido mayor, un 26,1%. Las pendientes han crecido un 38,5%, en comparación con 1999.


7. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

La atención al público es un objetivo al que se concede una prioridad básica con el fin de acercar la Institución a la ciudadanía y facilitar el acceso y cercanía a quienes soliciten la información correspondiente de la Oficina del Defensor del Pueblo.
Como dato representativo, en alguna medida, cabe reseñar el número de visitas recibidas que tuvieron lugar relacionadas con la actividad y funciones de la Institución.
En el mismo orden puede valorarse la atención telefónica que, a través de la línea gratuita 900, alcanzó el volumen siguiente:

Junto a estas llamadas se recibieron otras 8.957 más por la vía telefónica ordinaria.


III. ADMINISTRACIONES QUE HAN INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

1. DEBER DE CONTESTAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO

La negativa por parte de un funcionario , o de sus superiores responsables, el envío del informe inicial solicitado, puede ser considerada por el Defensor del Pueblo como actitud hostil o entorpecedora de sus funciones y destacada en el informe anual, al amparo de lo establecido en el artículo 18.2 y siguientes de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de la Institución.
Conforme a este criterio se relacionan a continuación las administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del Pueblo, al no haber remitido el informe que les ha sido solicitado a pesar de haberles sido requerido en tres ocasiones. El criterio utilizado para la inclusión en esta relación ha sido la falta de contestación a 31 de diciembre de 2000.


COLEGIO DE ABOGADOS DE ALBACETE

Queja ... Q9903229 Inicio de investigación ... 29-04-99 Requerimiento primero ... 13-10-99 Requerimiento segundo ... 01-03-00 Requerimiento tercero ... 01-08-00 Asunto ... Honorarios abogado de oficio

SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE LÉRIDA

Queja ... Q9820391 Inicio de investigación ... 18-03-99 Requerimiento primero ... 02-08-99

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Requerimiento segundo ... 05-01-00 Requerimiento tercero ... 01-08-00 Asunto ... Incumplimiento sentencia

COLEGIO DE ABOGADOS DE CÁCERES

Queja ... Q9811404 Inicio de investigación ... 12-11-98 Requerimiento primero ... 09-04-99 Requerimiento segundo ... 13-10-99 Requerimiento tercero ... 17-10-00 Asunto ... Expediente abogado de oficio

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (MADRID)

Queja ... Q9906198 Ampliación de investigación 26-10-99 Requerimiento primero ... 23-02-00 Requerimiento segundo ... 14-09-00 Requerimiento tercero ... 15-12-00 Asunto ... Devolución impuesto

AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (MADRID)

Queja ... Q9910869 Inicio de investigación ... 02-11-99 Requerimiento primero ... 23-02-00 Requerimiento segundo ... 14-09-00 Requerimiento tercero . ... 15-12-00 Asunto ... Devolución impuesto

AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)

Queja ... Q9817328 Ampliación de investigación 17-11-99 Requerimiento primero ... 10-02-00 Requerimiento segundo ... 12-09-00 Requerimiento tercero ... 19-12-00 Asunto ... Acceso complejo urbanístico

AYUNTAMIENTO ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID)

Queja ... Q9901448 Inicio de investigación ... 01-07-99 Requerimiento primero ... 29-12-99 Requerimiento segundo ... 23-02-00 Requerimiento tercero ... 25-09-00 Asunto ... No devolución de costas

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Queja ... Q9822939 Sugerencia ... 29-11-99

Requerimiento primero ... 24-02-00 Requerimiento segundo ... 28-09-00 Requerimiento tercero ... 19-12-00 Asunto ... Pago intereses expropiación

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Queja ... Q9909009 Inicio de investigación ... 18-11-99 Requerimiento primero ... 16-02-00 Requerimiento segundo ... 20-07-00 Requerimiento tercero ... 30-10-00 Asunto ... Pago intereses expropiación

COMUNIDAD DE REGANTES DE ALCUBILLAS ALTAS (ALMERÍA)

Queja ... Q9900579 Sugerencia ... 18-11-99 Requerimiento primero ... 27-01-00 Requerimiento segundo ... 30-03-00 Requerimiento tercero ... 19-07-00 Asunto ... Vertidos RENFE

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES)

Queja ... Q9620861 Sugerencia ... 10-06-99 Requerimiento primero ... 17-09-99 Requerimiento segundo ... 03-04-00 Requerimiento tercero ... 08-11-00 Asunto ... Contaminación acústica bar

AYUNTAMIENTO DE ADANERO (ÁVILA)

Queja ... Q9901155 Inicio de investigación ... 06-05-99 Requerimiento primero ... 08-09-99 Requerimiento segundo ... 01-02-00 Requerimiento tercero ... 18-10-00 Asunto ... Obras ilegales

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Queja ... Q9705455 Ampliación de investigación 18-10-99 Requerimiento primero ... 14-02-00 Requerimiento segundo ... 26-09-00 Requerimiento tercero ... 13-12-00 Asunto ... Conservación de edificios

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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Queja ... Q9817894 Ampliación de investigación. 14-07-99 Requerimiento primero ... 20-10-99 Requerimiento segundo ... 14-02-00 Requerimiento tercero ... 18-10-00 Asunto ... Acceso a viviendas

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA DE MENORCA (BALEARES)

Queja ... Q9621799 Ampliación de investigación. 04-11-99 Requerimiento primero ... 18-01-00 Requerimiento segundo ... 27-04-00 Requerimiento tercero ... 16-10-00 Asunto ... Acceso a playas

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Queja ... Q9705659 Ampliación de investigación. 25-11-00 Requerimiento primero ... 10-02-00 Requerimiento segundo ... 20-07-00 Requerimiento tercero ... 21-12-00 Asunto ... Responsabilidad patrimonial

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (MADRID)

Queja ... Q9712354 Sugerencia ... 24-11-99 Requerimiento primero ... 08-03-00 Requerimiento segundo ... 19-09-00 Requerimiento tercero ... 14-12-00 Asunto ... Planeamiento urbanización

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (I.V.I.M.A.)

Queja ... Q9701213 Sugerencia ... 30-11-99 Requerimiento primero ... 22-02-00 Requerimiento segundo ... 25-05-00 Requerimiento tercero ... 17-10-00 Asunto ... Amortización de vivienda

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA (MURCIA)

Queja ... Q9909408 Inicio de investigación ... 07-10-99 Requerimiento primero ... 23-12-99 Requerimiento segundo ... 15-03-00 Requerimiento tercero ... 07-08-00 Asunto ... Desalojo Monte Casillas

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

Queja ... Q9818526 Ampliación de investigación. 01-12-99 Requerimiento primero ... 22-02-00 Requerimiento segundo ... 09-05-00 Requerimiento tercero ... 02-08-00 Asunto ... Suministro de agua

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Queja ... Q9625597 Ampliación de investigación . 28-12-99 Requerimiento primero ... 25-02-00 Requerimiento segundo ... 24-05-00 Requerimiento tercero ... 14-09-00 Asunto ... Repetición pruebas presenciales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Queja ... Q9821192 Ampliación de investigación . 28-12-99 Requerimiento primero ... 25-02-00 Requerimiento segundo ... 24-05-00 Requerimiento tercero ... 14-09-00 Asunto ... Prueba presencial extraviada

AYUNTAMIENTO DE FONFRÍA (ZAMORA)

Queja ... Q9704325 Ampliación de investigación . 29-12-98 Requerimiento primero ... 15-03-99 Requerimiento segundo ... 04-06-99 Requerimiento tercero ... 26-01-00 Asunto ... Construcción valla en camino público

AYUNTAMIENTO DE AZOFRA (LA RIOJA)

Queja ... Q9704656 Ampliación de investigación . 01-12-98 Requerimiento primero ... 15-03-99 Requerimiento segundo ... 04-06-99 Requerimiento tercero ... 11-01-00 Asunto ... Acceso a registros y expedientes

AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID)

Queja ... Q9710767 Ampliación de investigación . 13-10-99 Requerimiento primero ... 07-02-00 Requerimiento segundo ... 13-07-00

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Requerimiento tercero ... 25-10-00 Asunto ... Solicitud compra franja terreno

AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN (MADRID)

Queja ... Q9808222 Ampliación de investigación . 06-07-99 Requerimiento primero ... 16-11-99 Requerimiento segundo ... 10-02-00 Requerimiento tercero ... 19-07-00 Asunto ... Intereses retraso pago factura

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (GRANADA)

Queja ... Q9905886 Inicio de investigación ... 06-07-99 Requerimiento primero ... 10-11-99 Requerimiento segundo ... 27-01-00 Requerimiento tercero ... 30-03-00 Asunto ... Nombre calle

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA (LEÓN)

Queja ... Q9906220 Inicio de investigación ... 19-07-99 Requerimiento primero ... 17-11-99 Requerimiento segundo ... 24-02-00 Requerimiento tercero ... 25-10-00 Asunto ... Ocupación solar

AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA (MURCIA)

Queja ... Q9908266 Inicio de investigación ... 13-10-99 Requerimiento primero ... 23-12-99 Requerimiento segundo ... 24-02-00 Requerimiento tercero ... 22-05-00 Asunto ... Cobro tasas cementerio

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO (MADRID)

Queja ... Q9910901 Inicio de investigación ... 10-11-99 Requerimiento primero ... 27-01-00 Requerimiento segundo ... 30-03-00 Requerimiento tercero ... 19-07-00 Asunto ... Devolución pago nichos

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Queja ... Q9911326 Inicio de investigación ... 27-10-99 Requerimiento primero ... 24-02-00 Requerimiento segundo ... 12-07-00 Requerimiento tercero ... 25-10-00 Asunto ... Caída debido a desnivel

2. FALTA DE COLABORACIÓN CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

La negligencia de un funcionario, o de sus superiores responsables, en el envío del informe inicial solicitado, puede ser considerada asimismo por el Defensor del Pueblo como actitud hostil o entorpecedora de sus funciones, y destacada en el informe anual tal como afirma la propia Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de la Institución. De igual manera, conforme a dicha norma, la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo, por parte de cualquier organismo, funcionario, directivo o persona al servicio de la Administración Pública, ha de ser destacada en la sección correspondiente del informe anual que podrá incluir, también, a las administraciones que no adopten, en un plazo razonable, medidas adecuadas al contenido de las recomendaciones que les hayan sido formuladas por el Defensor del Pueblo.
De acuerdo con estos criterios, en el presente epígrafe se relacionan las administraciones que no han prestado la debida colaboración a la Institución en las investigaciones que realiza, incumpliendo de este modo la obligación establecida en la referida Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
Cabe matizar que, en la relación, están incluidas numerosas administraciones municipales lo cual, en algunos casos, puede tener cierta explicación al tratarse de ayuntamientos pequeños, con escaso personal, si bien en otros supuestos, carece totalmente de justificación, cuando se trata de grandes municipios dotados con personal muy cualificado. En algunas ocasiones, se ha observado incluso que estos ayuntamientos sistemáticamente acusan recibo de los escritos remitidos por el Defensor del Pueblo, pero evitan entrar en el fondo del asunto o bien dilatan enormemente la contestación en el tiempo.
Por último, cabe señalar que, hasta el momento presente, no se ha utilizado la potestad que confiere el artículo 502.2 del Código Penal que tipifica como reo del delito de desobediencia a la autoridad o funcionario que obstaculice la labor del Defensor del Pueblo, aunque no se descarta la utilización de dicha vía ante posibles comportamientos reiteradamente hostiles a la labor del Defensor del Pueblo.
Así pues las administraciones en las que se ha observado la falta de colaboración referida son las siguientes:

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

De las doce peticiones de informe que le han sido efectuadas no ha contestado a once (9600201,

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9710783, 9819838, 9820273, 9821004, 9906807, 9907212, 9912626, F0000028, 0001879, 0022430).


SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Se le han formulado contínuos requerimientos con el fin de que cumplimente las peticiones de informe que le han sido cursadas (9802700, 9810372, 9823185, 9909009 y otras).


DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Omite contestar al fondo del problema, no solventándolo a pesar de tener capacidad para ello (9900893 y 9906820)

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS

Generalmente contesta tras sucesivos requerimientos por parte del Defensor del Pueblo (0000513, 9505689, 9712818, 9800739, 9816361, 9900601, 9900732 y 9904518).


CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Debe modificar su plan de residuos urbanos para adaptarlo a la Ley 10/1998.


CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

Debe responder a las recomendaciones generales sobre residuos que se derivan del estudio monográfico sobre gestión de residuos urbanos en España.


CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE DEL PAÍS VASCO

Debe modificar su plan de residuos para adaptarlo a la Ley 10/1998.


AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Debe responder a las recomendaciones generales sobre residuos que se derivan del estudio monográfico sobre la gestión de residuos urbanos en España.


AYUNTAMIENTO DE ADANERO (ÁVILA)

No ha respondido a la recomendación sobre vigilancia de los vertidos incontrolados en el antiguo vertedero.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA (MURCIA)

No ha respondido a la recomendación sobre mejora en la limpieza de los contenedores.


AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (CÁDIZ)

No ha respondido a la recomendación sobre mejora de la limpieza de los contenedores.


AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MÁLAGA)

No ha respondido a la recomendación sobre limpieza de los contenedores.


AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)

No ha respondido a la recomendación sobre medidas para la recogida de residuos en horas más adecuadas.


AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (LA PALMA)

Debe acelerar la aprobación del plan de residuos que se halla en fase de elaboración.


AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS (VALLADOLID)

Debe adoptar, si no lo hubiera hecho, medidas para mejorar la limpieza de los contenedores.


AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

Debe finalizar la construcción del nuevo vertedero y sellar el antiguo. Además debe valorar la dotación de contenedores en la ciudad para evitar la acumulación de basuras fuera de ellos.


INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)

No ha informado correctamente sobre la oferta de compraventa del grupo de viviendas de San Fermín (9711686 y otras).


CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Ha remitido datos insuficientes, que no corresponden a la información solicitada en relación con las deficiencias en la adjudicación de viviendas sociales en el Valle del Zabalí (Granada) (9706561).


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IV. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1.1. Dilaciones indebidas en juzgados y tribunales

En todos los informes anuales presentados por el Defensor del Pueblo ante las Cortes Generales, desde su puesta en funcionamiento, se ha dedicado una parte muy importante en los mismos a recoger las quejas de los ciudadanos con relación al funcionamiento de la Administración de justicia, que es, tal y como queda puesto de relieve en las distintas encuestas elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas y otros organismos similares, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de este país.
Han sido muchas las investigaciones, recomendaciones y sugerencias que se han elaborado en estos años, con el fin de conseguir una mayor sensibilización por parte de las autoridades responsables de la Administración de justicia. No obstante, a pesar de los avances, los ciudadanos continúan poniéndose en contacto con esta institución, mostrando su malestar por el funcionamiento de la Administración de justicia, fundamentalmente por el retraso en la resolución de los procedimientos que les afectan. Ello evidencia que siguen existiendo deficiencias en nuestra Administración de justicia, lo que hace que el Defensor del Pueblo considere prioritario la adopción de medidas tanto legislativas como presupuestarias, dotando a los juzgados y tribunales de los medios humanos y materiales necesarios para hacer real la tutela judicial efectiva consagrada por nuestra Constitución.
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva incluye, entre sus contenidos esenciales, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Doctrinalmente se ha definido como el derecho fundamental de la persona a que su causa se resuelva dentro de un tiempo razonable. Este concepto indeterminado ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Entre dichos criterios, que han de ser apreciados desde la realidad de la materia litigiosa en cada caso, hay que destacar, de acuerdo con la doctrina constitucional, la complejidad del litigio, la duración normal de procesos similares, la actuación judicial en el supuesto concreto y la conducta del recurrente a la que es exigible una actitud diligente.
El Defensor del Pueblo, en el desarrollo de sumisión constitucional, ha observado cómo en determinados supuestos se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, no sólo en la resolución de un procedimiento concreto, sino en la tramitación de todos o de una buena parte de los procesos que se hallan pendientes ante un determinado órgano jurisdiccional. Entre todos los casos investigados durante el año 2000, sobresale el que se refiere a la Audiencia Provincial de Madrid, de cuya difícil situación se tuvo conocimiento, por una parte, como consecuencia de las numerosas quejas planteadas por ciudadanos particulares y, por otra, como reflejo de diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación.
Debido a ello, se realizó una visita a las dos sedes que, en estos momentos, tiene el mencionado órgano judicial, durante el curso de la cual se mantuvieron entrevistas con buena parte de los magistrados destinados en las secciones civiles y penales. El Presidente de la Audiencia Provincial facilitó además una serie de informes que con anterioridad a la visita habían sido remitidos al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Las entrevistas mantenidas con los magistrados, especialmente los destinados en las secciones civiles, pusieron de manifiesto el importante número de procedimientos que recibe este órgano judicial, 15.646 durante 1999.
Al finalizar dicho año tenía 25.514 asuntos pendientes de ser resueltos, todo ello a pesar del esfuerzo que vienen realizando durante los últimos años los magistrados allí destinados, al conseguir resolver en cada anualidad más procedimientos que los que ingresan nuevos. Ese retraso estaba generando que los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia de la Comunidad de Madrid en los últimos meses de 1997 no fueran a ser definitivamente resueltos hasta los primeros meses del año 2002.
A la vista de todo lo anterior se consideró oportuno remitir sendas recomendaciones al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, para que cada uno dentro de sus competencias adoptaran las medidas adecuadas con objeto de incrementar el número de secciones civiles, así como para que se dotase de una plaza más de magistrado a las secciones penales. También se hicieron otra serie se propuestas en relación con las infraestructuras y los medios materiales. Dado que la citada recomendación se cursó a finales del año 2000, la misma todavía no había sido contestada en el momento de realizarse este informe (F0000138).
Sin embargo, éste no es el único órgano jurisdiccional respecto del cual se ha iniciado una investigación de carácter general. Además de la Audiencia Provincial de Madrid, fue necesario solicitar la colaboración del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado para conocer la situación en la que se encontraban las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia que a continuación se relacionan: Aragón, Asturias, Canarias, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Islas Baleares y Valencia. El inicio de todas esas investigaciones con carácter general se debe a la reiteración con la que se reciben quejas en las que se expresan situaciones de retraso en la resolución de los recursos contencioso-administrativos que se tramitan ante los citados órganos jurisdiccionales.


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La información que se ha ido recibiendo, pone de manifiesto cómo la jurisdicción contenciosa-administrativa es al finalizar el año 2000 la que presenta en términos generales las mayores cifras de pendencia.
En segundo lugar se situaría la jurisdicción civil, si bien el retraso de la misma no afecta a todos los órganos judiciales sino que se concentra fundamentalmente en la Sala Primera del Tribunal Supremo y en algunas audiencias provinciales, como es el caso ya citado de Madrid y el de Alicante, si bien en esta última se ha creado la sección séptima y se ha adoptado una serie de medidas de refuerzo que están progresivamente normalizando dicha audiencia.
En relación a la jurisdicción contencioso-administrativa, los datos que se han hecho llegar a esta institución indican claramente el colapso que padece la misma. Así, en el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias los procedimientos pendientes al finalizar 1999 ascendían a 12.140. En el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se estaban resolviendo en el mes de diciembre de 1999 los recursos contencioso-administrativos que habían entrado en el año 1995, encontrándose pendientes de resolución 11.000 procedimientos.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el número de recursos pendientes ascendía al finalizar 1999 a 9.376. En el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares la dilación de los procedimientos era atribuida a las deficiencias en el sistema informático y a la insuficiencia de plantilla. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón venía tardando una media de cuatro años en resolver los recursos que le llegaban; y en el caso del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, un recurso, que desde febrero de 1999 está concluido, se encuentra desde esa fecha pendiente de señalamiento para votación y fallo, lo cual no se producirá hasta el mes de marzo del año 2004 (9619255, 9822844, 9812961, 9714886, 9901031y 9804624).
En todos estos casos el Consejo General del Poder Judicial, ha informado de las medidas de refuerzo que se han adoptado, así como de la confianza de dicho órgano en la progresiva normalización de esos órganos judiciales, debido fundamentalmente a las competencias que han asumido los juzgados unipersonales de lo contencioso- administrativo.
Además de las actuaciones efectuadas con los tribunales colegiados, algunas de las cuales han quedado reseñadas anteriormente, también ha sido necesario iniciar investigaciones respecto a procedimientos tramitados ante órganos unipersonales. Hay que tener en cuenta que un 16 por ciento de las quejas relativas a la Administración de justicia se refieren a situaciones de retraso o dilaciones indebidas y que tales situaciones afectan indistintamente a tribunales colegiados y a unipersonales.


Un caso claro de dilación que afectó a un órgano judicial unipersonal se produjo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Dos Hermanas. El hecho concreto se refería a un exhorto judicial que debía ser cumplimentado por ese juzgado. La diligencia a practicar consistía en un embargo que tardó en ser realizado más de dos años. Al tener conocimiento de ello se solicitó la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, el cual reconoció que el referido juzgado se encontraba colapsado, motivo por el que se habían puesto en funcionamiento sucesivamente hasta tres juzgados en el partido judicial de Dos Hermanas. El citado Consejo confía en que los cuatro juzgados ahora existentes podrán asumir el número de procedimientos que se generan (9806558).
En términos generales, cada año van disminuyendo las investigaciones que con carácter general se inician para conocer situaciones de retraso generalizado en órganos unipersonales, pues aunque se mantienen el número de quejas por retrasos, las mismas se refieren a diferentes juzgados. En concreto durante el año 2000, además de la actuación efectuada con el juzgado de Dos Hermanas, solamente fue necesario abrir investigaciones para conocer el estado general que presentaban los juzgados en cinco ocasiones más. Los datos obrantes en esta Institución indican que en estos momentos los juzgados unipersonales que presentan una mayor pendencia de procedimientos para ser resueltos son los pertenecientes a la jurisdicción civil, incluyendo en ellos no sólo a los que se dedican exclusivamente a procesos civiles, sino también los de primera instancia e instrucción, en la medida que buena parte de su actividad afecta a procedimientos civiles. Son poco frecuentes las quejas que se reciben indicando retrasos o dilaciones en el resto de los órganos jurisdiccionales (9823155, 9810032, 9910313, 9806010 y 9702588).


1.2. Servicio público judicial

En otro orden de cosas, cada año se recibe un número de quejas cuyo contenido no se refiere a la estricta función jurisdiccional que tienen encomendada los juzgados y tribunales. Son escritos en los que los ciudadanos ponen de manifiesto deficiencias o actuaciones irregulares respecto al trato que han recibido dentro de esa Administración o, en otras ocasiones, las carencias o deficiencias de las instalaciones judiciales. Ha sido una constante en todos los informes del Defensor del Pueblo el hacer referencia a las actuaciones efectuadas en relación con lo que se conoce como servicio público judicial. Dentro de ese apartado se han abordado cuestiones tan diversas como el cumplimiento y falta de control de las oficinas judiciales, la pérdida de piezas de convicción, las deficiencias en las instalaciones judiciales, la carencia de equipamientos informáticos, la

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inasistencia del juez a los actos probatorios en los que por ley tiene que estar presente, etc.
Durante el año 2000, las actuaciones relativas al servicio público judicial se han centrado precisamente en el trato recibido por los ciudadanos al acudir a la Administración de justicia y en los medios materiales y humanos con los que cuenta dicha Administración para desarrollar su función. Un ejemplo claro de la deficiente atención que se presta a los ciudadanos cuando acuden a algún órgano judicial fue la situación que denunciaba en su escrito de queja una señora que, en compañía de sus tres hijas, fue citada para ser reconocida por el médico forense, en los juzgados sitos en la Plaza de Castilla de Madrid. Antes de ser atendida permaneció en un pasillo sin ventilación durante casi tres horas, sin poder sentarse debido al gran número de personas que habían sido citadas para el mismo día y a la misma hora.
Cuanto se acaba de relatar fue admitido en términos generales por la Administración a la que se solicitó información. Además se añadía por parte de la misma que la mayoría de los médicos forenses de los juzgados sitos en la Plaza de Castilla de Madrid, realizan los reconocimientos en las dependencias de los juzgados en los que están destinados. La clínica médico-forense ubicada en los citados órganos judiciales cuenta en la actualidad con ocho despachos, que son utilizados por el director de la misma, dos psicólogos, una trabajadora social y veintisiete especialistas. Esas dependencias tienen que prestar también servicio a cuarenta y seis juzgados de instrucción y veintisiete juzgados de lo penal.
A la vista de lo anterior se solicitó del Ministerio de Justicia una información complementaria, que todavía no se ha recibido en el momento de elaborar este informe, para conocer si los juzgados de instrucción y de lo penal de Madrid disponen de dependencias habilitadas para llevar a cabo los reconocimientos médico-forenses, indicando en su caso si las mismas reúnen las condiciones higiénicas y sanitarias apropiadas para garantizar el derecho a la intimidad de los lesionados. Igualmente se espera conocer si existe algún proyecto para ampliar la citada clínica médico-forense (9908058).
Una situación parecida a la que se acaba de relatar, se ha puesto en conocimiento de esta Institución a finales del año 2000 por parte de una federación sindical de la Administración pública de Madrid, en relación con el servicio de atención para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que contempla la Ley 35/1995, de 11 de diciembre. Según esa entidad sindical, el servicio indicado carece de los medios más indispensables para desarrollar su función y su ubicación en un sótano lo hace poco accesible; además, no se encuentra señalizado y por falta de espacio no existen despachos para garantizar la privacidad de las entrevistas. Por último se indica que es inexistente la coordinación e información entre esa oficina y los órganos judiciales, servicios sociales y el departamento de fiscalía. Tales hechos están siendo actualmente investigados (0024437).
Dejando al margen quejas puntuales, como la que envió un ciudadano minusválido que fue citado por un juzgado de Lorca y que no pudo acceder al mismo por ir en silla de ruedas, motivo por el cual permaneció en la puerta del edificio durante cuatro horas hasta que un funcionario se desplazó para recibirle declaración (0008140), lo cierto y verdad es que la Administración de justicia presenta serias carencias en cuanto a infraestructuras y medios materiales. Así ha podido ser comprobado de forma directa con ocasión de la visita que se efectuó a las instalaciones en las que se encuentra la Audiencia Provincial de Madrid. Especialmente las secciones civiles disponen de unas dependencias tan reducidas que tanto los funcionarios como los magistrados carecen de unas condiciones idóneas para desarrollar su cometido. Las siete salas de audiencia son insuficientes para dar servicio a las doce secciones civiles; además, su capacidad es muy reducida y carecen de los medios de grabación y reproducción que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 187. La falta de espacio es tan evidente que hasta algunos aseos han sido acondicionados como archivos, apareciendo repletos de legajos.
Sorprende también que todavía hoy existan determinados servicios, como la oficina de personaciones, que todavía no han sido informatizadas, motivo por el cual el control de esas personaciones se lleva manualmente, existiendo en el momento de la visita más de 200.000 fichas que son consultadas cada vez que llega algún procedimiento.
Respecto a las secciones penales, éstas presentan en términos generales mejores condiciones que las secciones civiles, no obstante haberse detectado algunas carencias importantes; concretamente, las reducidas dimensiones de las puertas de acceso al edificio para los vehículos que trasladan a los presos y detenidos, obligan a que éstos tengan que andar algunos metros esposados hasta que llegan a los calabozos, los cuales a su vez, presentan filtraciones y humedades.
También se recibieron quejas del sistema de ventilación del edificio, ya que la mala circulación del aire estaba provocando, con mucha frecuencia, en las personas que allí trabajan, alergias y problemas de piel y garganta. Las dos únicas salas acondicionadas para celebrar juicios con jurado son insuficientes, existiendo a finales del año 2000 un retraso de seis meses en los señalamientos de los juicios con jurado. De todas estas deficiencias se ha dado traslado al Ministerio de Justicia para que proceda a su subsanación (F0000138).


1.3. Incidencias detectadas en la ejecución de la sentencia del síndrome tóxico

La ejecución de la sentencia del síndrome tóxico continúa provocando que numerosos ciudadanos acudan

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a esta Institución mostrando su disconformidad con la forma en la que se está produciendo dicha ejecución. Dos han sido a lo largo del año 2000 los aspectos que han concentrado la mayoría de las quejas recibidas, de una parte la lentitud con la que se lleva a cabo tal ejecución y de otra la omisión de afectados que se ha producido en las listas oficiales que utiliza la Audiencia Nacional, a pesar de tratarse de personas que en su día si fueron reconocidas por la Administración sanitaria como enfermos del síndrome tóxico.
En cuanto a la lentitud en la ejecución de la sentencia, el Defensor del Pueblo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación detectada en un buen número de quejas. Habían transcurrido diecinueve años desde que se produjeron los hechos y muchos ciudadanos todavía no percibían las indemnizaciones que judicialmente les habían sido reconocidas. Además según indicaban los perjudicados eran constantes los recursos del Abogado del Estado lo que estaba provocando que la ejecución sufriera continuas dilaciones. Esta circunstancia estaba generando gran inquietud entre los afectados, los cuales expresaban su temor a que fuesen recurridas por el Abogado del Estado todas y cada una de las resoluciones que la Audiencia Nacional dictara en relación con las veinticinco ayudas o prestaciones que por distintos conceptos habían ido recibiendo.
La Fiscalía General del Estado, informó que desde el 26 de septiembre de 1997, fecha en la que se declaró la firmeza de la sentencia, se habían registrado 17.673 solicitudes de indemnización, sobre un total de 19.293 afectados. Hasta el 14 de febrero de 2000, se habían dictado 2.766 autos en los que se fijaron indemnizaciones cuyo montante total ascendió a 56.550.657.538 pesetas. A juicio de la citada fiscalía existía una imposibilidad física y orgánica para incrementar el ritmo de trabajo, toda vez que el número de magistrados era inamovible.


Al mismo tiempo que se recibía el anterior informe, comenzaban a llegar quejas de personas que, en calidad de herederos de los perjudicados, se dirigían al Defensor del Pueblo reclamando las indemnizaciones que les correspondían a sus causantes, los cuales habían fallecido sin llegar a percibir tales indemnizaciones, dada la lentitud con la que se ejecutaba la sentencia. Este fue el motivo por el que se solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia, con objeto de conocer si existía la posibilidad de ampliar el número de magistrados y del personal auxiliar, así como de dotarles de la infraestructura necesaria para que no se produjeran más dilaciones.
La Secretaría de Estado de Justicia consideró, en el informe remitido, que el número de funcionarios que apoya a los magistrados era el adecuado, correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial la decisión de incrementar el número de magistrados que deben llevar a cabo la referida ejecución. En el momento de elaborar el presente informe se está a la espera de recibir la contestación solicitada al Consejo General del Poder Judicial (0016811).
El segundo grupo de quejas se refiere a aquellos ciudadanos que en su día fueron reconocidos por la Administración sanitaria como enfermos del síndrome tóxico aunque en la ejecución de la sentencia la Audiencia Nacional no se les considera como perjudicados, toda vez que sus nombres no aparecen en las «listas o anexos» que obran en el procedimiento judicial.
Según los datos que se disponen, en esta situación se encuentran cincuenta y siete personas, aunque diferentes noticias aparecidas en medios de comunicación indican que el número puede superar la centena. La mayoría de los afectados cuentan con la cartilla sanitaria que en su momento expidió el Plan Nacional para el síndrome tóxico, disponiendo en numerosos casos de certificaciones expedidas por la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, en las que aparece que han «percibido o causado el derecho a percibir» determinadas prestaciones en su condición de afectados. Finalmente y en algunos casos se da la paradoja de que a determinados miembros de una misma familia se les reconoce judicialmente como perjudicados puesto que aparecen en la lista oficial, y a otros no, cuando la misma familia en su conjunto fue atendida médicamente y todos sus miembros están percibiendo las ayudas que la Administración ha establecido para cada caso. Llama especialmente la atención alguna situación, en la que tras haber sido reconocidos por el médico forense del órgano judicial que en su día instruyó el proceso, su nombre no consta en las listas oficiales.
Por ello, en su momento se dio traslado de esta situación a la Comisión Interministerial de seguimiento de las medidas en favor de las personas afectadas por el síndrome tóxico, participándose desde la misma que carecía de competencias para hacer frente a los casos antes citados, ya que dada la transcendencia económica y social de la situación descrita su resolución debería efectuarse en el más alto nivel de la Administración general del Estado; se informó también que las personas no incluidas en las listas podrían instar las correspondientes actuaciones tendentes a la exigencia de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de la Administración, conforme a lo establecido en los artículos 145 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Ante tal contestación, se estimó oportuno dirigirse al entonces Ministerio de Economía y Hacienda, exponiendo la situación descrita, así como las medidas que dentro de la normativa vigente y a juicio de esta institución se podrían llevar a cabo para resarcir a este grupo de afectados. Dicho ministerio informó pormenorizadamente acerca de los distintos trámites procesales que se habían producido en los procedimientos judiciales

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abiertos, señalándose que cada afectado debería plantear dentro de la ejecución de sentencia un incidente de ejecución, entendiendo que la Administración en estos supuestos concretos sólo podría pagar a aquellas personas a las que la Audiencia Nacional hubiera reconocido alguna indemnización, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ser invocadas por eventuales afectados cuyo nombre no figurase en las listas oficiales utilizadas por el órgano ejecutor de la sentencia.
A juicio del Defensor del Pueblo el problema descrito transciende de los estrictamente judicial, debiendo ser resuelto en la medida de lo posible por el órgano competente dentro de la Administración, evitando así en lo posible que las personas afectadas tengan que iniciar de nuevo procedimientos administrativos o judiciales para ser satisfechos sus derechos. No hay que olvidar que el concepto de Administración pública que proclama nuestra Constitución, y que ha desarrollado la ley que regula su régimen jurídico, se basa en una Administración como instrumento para promover que los derechos de los administrados sean reales y efectivos. Basándose en esto el artículo 88 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, estableció fórmulas convencionales que en este caso servirían de base para lograr acuerdos con cada uno de los afectados, estudiando las especiales circunstancias que concurran en cada persona, máxime teniendo en cuenta que los criterios indemnizatorios se encuentran ya marcados por una resolución judicial, faltando en su caso únicamente por concretar en qué medida cada una de esas personas han sido o no afectadas, atendiendo a la documentación que poseen, que, en la mayoría de los casos, ha sido facilitada por la propia Administración sanitaria.
Conviene resaltar que la solución expuesta ni dificulta ni entorpece en modo alguno la actividad jurisdiccional en tramitación, por ello se formuló una recomendación al Ministerio de Economía para que, haciendo uso del artículo 88 de la Ley 30/1992, se ofreciera a las personas que en su día resultaron afectadas por el consumo de aceite de colza tóxico y que no aparecen como perjudicados en las listas oficiales que dispone la Audiencia Nacional la posibilidad de llegar a acuerdos indemnizatorios, sirviendo de base para fijar las cantidades los criterios que se encuentran delimitados en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997. Esta recomendación todavía no ha sido contestada (0024820).


1.4. Actuaciones realizadas en relación con la violencia doméstica contra las mujeres

Durante el año 2000 ha continuado el seguimiento del estudio monográfico realizado desde esta Institución en relación con la violencia doméstica contra las mujeres. Igualmente, se han realizado diversas investigaciones referentes a supuestos concretos de agresiones, iniciados bien de oficio, como consecuencia de noticias publicadas en los medios de comunicación, bien a instancia de la parte interesada que, ante una situación personal de violencia, ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo.
Con independencia de estas investigaciones puntuales, se ha podido constatar un supuesto concreto en el que casi siempre es la mujer quien resulta perjudicada. Se trata de aquellas situaciones de ruptura familiar en las que tras señalarse judicialmente la obligación de pago de pensión alimenticia con cargo a uno de los cónyuges, éste se niega sistemáticamente a hacerla efectiva, problema que se agrava cuando se ven afectados menores de edad.
El actual marco jurídico español establece ciertos mecanismos con el fin de que las personas acreedoras de esas pensiones puedan percibirlas. Así, el artículo 608 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los criterios para limitar el embargo de sueldos y pensiones, que se recogen en el artículo 607 del citado cuerpo legal, no se aplican cuando se trata de sentencias que condenan al pago de alimentos debidos al cónyuge o a los hijos en procedimientos de nulidad, separación o divorcio. En iguales términos se pronunciaban los artículos 1449 y 1551 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil. Igualmente, el artículo 227 del Código Penal sanciona con pena de arresto de ocho a veinte fines de semana a quien dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica fijada en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos.
Sin embargo, la realidad diaria demuestra que existe un número considerable de personas que actualmente no perciben las pensiones que les han sido reconocidas por los tribunales de justicia. Dichos incumplimientos obedecen, básicamente, a dos causas: a la negativa voluntaria de la persona obligada al pago y/o a la imposibilidad real de hacerlo efectivo dada una situación de insolvencia. En ambos casos se producen situaciones de auténtica necesidad, especialmente en los supuestos en los que no existen otros recursos económicos y la pensión judicialmente fijada constituye el único medio de subsistencia de la familia. La constatación de estas situaciones, observada diariamente por esta institución, determinó que el Defensor del Pueblo, ya en su informe anual a las Cortes Generales del año 1995, expusiera la necesidad de que se arbitraran fórmulas que permitieran crear un fondo de garantía de pensiones y alimentos para que, una vez acreditado el impago, el Estado asumiera una cobertura mínima, en aquellos supuestos en que se apreciaran situaciones de auténtica necesidad, especialmente cuando se vieran afectados menores de edad, con independencia de la situación legal en que se encontraran sus progenitores.
Como consecuencia de una concreta investigación realizada el año 1999, esta Institución se puso en contacto

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con el Ministerio de Justicia, dándole traslado, por una parte, de un caso planteado por una ciudadana que denunciaba el impago de la pensión alimenticia fijada a su favor en resolución judicial y que no percibía desde el año 1993 y, por otra, expresando la preocupación del Defensor del Pueblo por la falta de mecanismos legales que permitieran solucionar, con carácter general, supuestos como el mencionado. Conviene recordar que el artículo 39 de la Constitución española dispone que los poderes públicos aseguran la protección social y jurídica de la familia. En el mismo sentido, la recomendación 869 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa invita a los estados miembros del consejo a realizar las reformas legislativas necesarias para la creación de un fondo de anticipo de pensiones a favor de los hijos en supuestos de ruptura matrimonial.
Desde al menos el año 1993, en el Parlamento se han venido presentando diversas iniciativas en las que, de una u otra forma, se ha solicitado la creación de un Fondo de Garantía de Pensiones, el cual fue uno de los objetivos propuestos en el Primer Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades de la Mujer y que todavía no se ha constituido. En la pasada legislatura dos grupos políticos diferentes presentaron proposiciones de ley para abordar este problema, sin que las mismas fueran aprobadas. En la presente legislatura de nuevo tres grupos parlamentarios distintos han vuelto a presentar iniciativas para que legalmente se regule este problema. Todo ello, pone de manifiesto el indudable interés que para los representantes del pueblo tiene la creación de un Fondo de Garantía de Pensiones.
Por otra parte, es preciso señalar que en numerosos casos es la propia lentitud de la Administración de Justicia, tanto en los trámites declarativos como en la ejecución de sus resoluciones, la que impide dar respuesta con la urgencia precisa a las necesidades de los progenitores con hijos dependientes económicamente, que sufren el impago de las pensiones y carecen de otros medios de subsistencia.
Entiende esta Institución, por tanto, que el Estado no puede mantenerse ajeno a este grave problema, especialmente cuando afecta a menores de edad o cónyuges desamparados. En estos supuestos los poderes públicos deberían asumir y dar cobertura, mediante el correspondiente sistema de garantías, al pago de alimentos reconocidos a favor del cónyuge más desprotegido económicamente o de los hijos menores de edad en aquellos supuestos en que la obligación alimenticia tenga su origen en pronunciamientos judiciales dimanantes de procedimientos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio y procesos de filiación o de alimentos.
A la vista de lo expuesto, el Defensor del Pueblo remitió una recomendación al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales interesando la creación de un Fondo de Garantía de Pensiones que evite las dificultades prácticas generadas para el cobro de alimentos aprobados en resoluciones judiciales, en supuestos de separación legal, divorcio, nulidad matrimonial y procesos de filiación, cuando el impago de las mismas suponga problemas de subsistencia para el cónyuge económicamente más desprotegido o para los hijos; todo ello sin perjuicio de repercutir posteriormente contra la persona obligada al pago, cuando ello sea posible (9819971).
Las quejas recibidas y el seguimiento que se viene realizando de las recomendaciones que se hicieron con ocasión del informe sobre la violencia doméstica contra las mujeres que se presentó en 1998 ponen de manifiesto cómo, a pesar de existir un mayor grado de sensibilidad y compromiso por parte de toda la sociedad sobre este problema, continúan todavía produciéndose disfunciones que en modo alguno contribuyen a garantizar los derechos de las mujeres cuando sufren esta clase de violencia. Así se ha podido constatar cómo una orden judicial de prohibición para acercarse a un domicilio, dictada en un proceso penal por una denuncia de amenazas, tardó 42 días en comunicarse a la autoridad policial que debía garantizar el cumplimiento de la misma. Fue necesario la comparecencia de la mujer afectada por esas amenazas anteel Ministerio Fiscal en Toledo, para que se pusieran en marcha los mecanismos oportunos que permitieron que la orden emitida por un juzgado de instrucción de esta ciudad llegara, tras esos 42 días, a la Jefatura Superior de Policía de Toledo. El hecho relatado pone claramente de manifiesto una falta de coordinación entre el órgano judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; así se le hizo saber a la Fiscalía General del Estado, con objeto de que la misma pudiera esclarecer a quién o quiénes sería atribuible tal descoordinación, sin embargo desde la citada fiscalía se informó que no había sido posible determinar si la dilación era imputable al juzgado, al servicio de correos o a la policía. Tal conclusión motivó que se hiciera llegar al máximo órgano de decisión del ministerio público la preocupación por ese tipo de hechos, al tiempo que se expresaba el deseo de que en el futuro cualquier actuación encaminada a salvaguardar los derechos de una mujer víctima de malos tratos fuese tramitada con la rapidez y diligencia debida (0002067).
Otro hecho con el que se ha podido comprobar cómo a pesar de existir previsiones legales, éstas en la práctica no sirven o no se utilizan de forma adecuada para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia, ha sido el de la concesión de una libertad condicional a una persona condenada a más de doce años de prisión en 1995 por un delito de asesinato frustrado de su compañera sentimental. En el mes de marzo de 1999, se le concedieron los beneficios de la libertad condicional imponiéndole «la regla de conducta de seguimiento por los servicios sociales penitenciarios correspondientes».
Esa persona, el 13 de octubre de 1999, se confesó autor de la muerte de una mujer mediante dos puñaladas.Teóricamente un centro de inserción social tenía

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encomendado el seguimiento de la libertad condicional que disfrutaba el condenado. Durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de marzo de 1999 y el mes de octubre de 1999 se formuló una denuncia por la joven que luego resultó muerta, en la que relataba una serie de amenazas de la persona que posteriormente acabaría con su vida.
Hasta en tres ocasiones más la persona que recibía las amenazas denunció a quien se encontraba en libertad condicional. A la vista de todo lo anterior se solicitó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que remitiera el soporte documental en el que quedaron reflejadas las actuaciones que se realizaron por los servicios sociales penitenciarios, en relación con el seguimiento que debía de efectuarse al liberado condicional. La documentación recibida pone de manifiesto cómo, a partir del mes de marzo de 1999, las únicas actuaciones efectuadas con la persona objeto del seguimiento se refieren a dos peticiones del interesado en el que solicita sendos permisos para desplazarse a dos ciudades fuera de Madrid; igualmente, aparece una hoja en la que existen ocho cuadrantes, en los que, al parecer, en ocho fechas distintas firmó el libertado condicional indicando el día en el que se presentaba y la hora en la que lo hacía. No aparecía en esa documentación ningún informe o documento en el que se pusiera de manifiesto que la Administración penitenciaria había desplegado alguna actuación en orden a conocer el comportamiento y las actividades que realizaba la persona sobre la que tenía la obligación legal de hacer un seguimiento.
A la vista de lo expuesto, desde el Defensor del Pueblo, se ha pedido a la Dirección General antes mencionada el programa individual de libertad condicional y el plan de seguimiento, al que hace referencia la letra e) del artículo 195 del Reglamento Penitenciario, con objeto de poder conocer cuales fueron las directrices marcadas por la junta de tratamiento y valorar así si el seguimiento y control a ese libertado condicional se efectuó con arreglo a lo que dispone el artículo 200 del Reglamento Penitenciario (F9900116).
Las situaciones descritas ponen en evidencia que todavía falta mucho camino por recorrer para lograr el pleno respeto de los derechos de las mujeres. A pesar de ello se empiezan a producir actuaciones positivas para lograr esa meta, como es el hecho de que cada vez es más frecuente que los órganos judiciales de la jurisdicción civil deduzcan testimonio de hechos que han conocido dentro del proceso civil de separación o divorcio, que pudieran ser constitutivos de infracción penal. Este fue uno de los puntos que se contenían en la recomendación que en 1998 se envió a la Fiscalía General del Estado (9911346).
Mientras sigan existiendo muertes de mujeres, - cuarenta y cuatro fallecieron por este tipo de violencia en el año 2000, un 25,7 por ciento más que en 1998- el Defensor del Pueblo realizará cuantas actuaciones estén en su mano para instar las medidas que sean necesarias con el fin último de salvaguardar los derechos de las mujeres que sufren episodios de violencia de género. Por todo ello el pasado mes de octubre del año 2000, cuando ingresó en prisión una mujer acusada de haber causado la muerte del hombre con el que convivía, se solicitó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que se le aplicara el régimen penitenciario más beneficioso, ya que, según los datos que posteriormente se conocieron, dicha mujer durante muchos años había recibido malos tratos y amenazas por parte del compañero con el que convivía (0020772).


1.5. Actuaciones realizadas en relación con los abogados

El mayor número de quejas en esta materia se refieren, tal y como se ha hecho constar en informes de años anteriores, a la lentitud con la que los colegios de abogados contestan a las reclamaciones que los ciudadanos presentan contra sus colegiados, así como a la asistencia y asesoramiento jurídico que prestan algunos letrados del turno de oficio.
Precisamente en cuanto a la lentitud con la que los colegios resuelven las reclamaciones de los ciudadanos, ha sido necesario instar al Colegio de Abogados de Valladolid para que depurara la eventual responsabilidad de dos abogados nombrados instructor y secretario en el expediente iniciado contra un letrado del turno de oficio. La información facilitada desde el citado colegio indicaba que en el mes de marzo de 1997, una persona había puesto en conocimiento del colegio de abogados su falta de conformidad con la actuación profesional de un abogado del turno de oficio; hasta el mes de junio de 1999, la interesada no recibió notificación de la resolución dictada. En esa resolución se acordaba el archivo del expediente disciplinario ante la falta absoluta de tramitación por parte del instructor. Ante esta situación se hizo llegar al colegio de abogados la necesidad de depurar la actuación del instructor y el secretario del expediente disciplinario. La propuesta enviada desde esta Institución ha dado lugar al inicio de diligencias informativas respecto a los letrados intervinientes (9909094).
A lo largo del año 2000, se ha tenido conocimiento de una serie de actuaciones llevadas a cabo por diferentes colegios de abogados que, a juicio del Defensor del Pueblo, no se ajustaban a lo que dispone el Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía. Se trata de situaciones similares que han afectado a diversos colegios, las cuales fueron resueltas de forma parecida por todos ellos. El problema se refería a la disconformidad expresada por los ciudadanos respecto de las minutas giradas por los profesionales que asumieron la defensa de sus intereses en distintos procedimientos. Ante estas reclamaciones las corporaciones se habían limitado a dar trasladode las mismas a los letrados para que pudieran alegar

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lo que consideraran oportuno. Los letrados afectados no realizaron alegaciones y tampoco indicaron que aceptaban el arbitraje del órgano colegial, posibilidad que regula el artículo 4, letra l, del real decreto citado. Ante la falta de respuesta de los abogados, los distintos colegios procedieron al archivo de la reclamación presentada, remitiendo al ciudadano a la vía judicial oportuna.
Esta forma de actuar no satisface los derechos de los ciudadanos, ya que el órgano encargado de facilitar un posible arbitraje, como fórmula para dirimir una controversia, se desentiende del problema sin ofrecer ninguna alternativa. Debido a ello se consideró oportuno dirigirse al Consejo General de la Abogacía Española dándole traslado de la situación descrita, todo ello al amparo de la normativa reguladora de la profesión de abogado, y más en concreto conforme a las previsiones contenidas en el artículo 4, letra g), del vigente Estatuto General de la Abogacía Española, en consonancia con los artículos 8 y 39 del mismo texto legal, en los que se establecen las funciones de los colegios de abogados, determinando las funciones, derechos y deberes de los abogados, para conocer si dicho Consejo tenía conocimiento de este tipo de actuaciones, así como si, ante la falta de colaboración de los profesionales, los colegios de abogados iniciaban algún tipo de actuación disciplinaria.
En el informe enviado por el Consejo General de la Abogacía Española, entre otras cuestiones, se entendía que es competencia exclusiva de cada colegio la valoración de este tipo de conductas, haciéndose constar que la falta de respuesta por parte de los colegiados a los requerimientos debería considerarse cuanto menos como constitutiva de una falta leve o incluso grave, según las especiales circunstancias que concurriesen, las cuales serían sancionables, con o sin la incoación del expediente, conforme a las previsiones contenidas en el vigente Estatuto General de la Abogacía Española y en el Reglamento del Procedimiento Disciplinario.
Basándose en esta circunstancia se efectuó un recordatorio de deberes legales al citado consejo en el sentido de que se dirigiera a todos los colegios de abogados de España indicándoles que en los expedientes iniciados por honorarios profesionales, deben recordar a sus colegiados la obligación que éstos tienen de contestar a los requerimientos efectuados desde los órganos colegiales, advirtiéndoles que la no contestación conlleva el inicio del oportuno expediente disciplinario. En consonancia con esto se interesó que por las juntas de gobierno de los distintos colegios de abogados se iniciaron los oportunos expedientes sancionadores contra los letrados que no contestaran a dichos escritos. En el momento de elaborar este informe se está a la espera de recibir la correspondiente información (9905000).


1.6. Actuaciones relativas al registro civil

En los últimos años se ha producido un considerable incremento de las quejas referidas al funcionamiento de los registros civiles. Hay que destacar la importancia capital del registro civil como instrumento para la constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas. En consecuencia, el correcto funcionamiento de este servicio público constituye uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho y, por el contrario, un funcionamiento inadecuado de la oficina registral provoca inseguridad jurídica en la medida en que, según dispone el artículo 2 de la Ley del Registro Civil, el registro constituye la prueba de los hechos inscritos.
Por ello, y sobre la base de las quejas recibidas en las que se pone de manifiesto un funcionamiento irregular de determinados órganos del registro civil, esta Institución ha considerado conveniente realizar una análisis pormenorizado de la situación. De esta manera, sin perjuicio de que prosigan las investigaciones particulares iniciadas en cada uno de los casos, conviene enumerar aquellas deficiencias o actuaciones irregulares detectadas a lo largo del periodo de tiempo al que se refiere este informe.
Uno de los motivos de queja más frecuente se refiere al trato que reciben los ciudadanos cuando acuden a las oficinas de los registros civiles. En el Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid) un ciudadano se vio obligado a volver el día siguiente, después de haber esperado una hora, ya que el funcionario encargado de esa oficina se encontraba disfrutando de un permiso reglamentario y no existía ningún otro funcionario sustituyéndole. Cabe esperar que esta situación no vuelva a repetirse, ya que con fecha 7 de julio de 2000 se ha ampliado en un funcionario más la plantilla; de esta manera se podrán evitar las largas esperas en la escalera que se producían todas las mañanas (0008127).
Una situación parecida a la anterior es la que afecta al Registro Civil de Majadahonda, ya que el mismo da servicio a otras dos localidades con un número importante de habitantes, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, habiendo llegado a registrar en un solo año novecientos quince expedientes, los cuales eran tramitados por un sólo funcionario. A pesar de las peticiones de ampliación de plantilla realizadas desde el propio Juzgado de Majadahonda y desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ésta no ha sido acordada, lo que conlleva importantes deficiencias en el servicio público que ofrece dicha oficina registral (9901745).
Directamente relacionado con el trato que reciben los ciudadanos, se encuentra el horario de atención al público que actualmente rige en las oficinas de los registros civiles. La mayoría de ellas prestan su servicio de lunes a viernes y en horario de mañana. Ante esta situación se planteó al Ministerio de Justicia la posibilidad de ampliar ese horario a alguna tarde a la semana y a algún sábado, habiendo contestado la Dirección General de los Registros y del Notariado que no existenmotivos suficientes para ampliar el horario de atención

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al público, criterio que no comparte esta Institución (0009239).
El mayor número de quejas se refiere a las demoras en la resolución de los expedientes iniciados para la adquisición de la nacionalidad española. En los mismos se puede apreciar que no se cumplen los plazos fijados en la Ley y en el Reglamento del Registro Civil para su resolución, ya que, como se deduce de las diferentes quejas tramitadas ante la Secretaría de Estado de Justicia los tiempos medios de tramitación de los expedientes relativos a las solicitudes de nacionalidad oscila entre dos años y medio y tres años. A título de ejemplo, puede citarse el caso de un ciudadano que inició el expediente ante el Registro Civil de Ceuta en el año 1997, no siendo resuelto hasta febrero de 2000, o el de una ciudadana que inició el expediente en octubre de 1997, siéndole concedida la nacionalidad española por resolución de marzo de 2000.
A la vista de lo anterior, se estimó oportuno iniciar una investigación general ante la Secretaría de Estado de Justicia a fin de conocer cuales eran los plazos medios que se estaban empleando para resolver las solicitudes de nacionalidad, habiendo participado que el tiempo medio de resolución se puede fijar en torno a los seis meses desde que se encuentra el expediente completo. No obstante, se indica en el informe remitido por la Dirección General de los Registros y del Notariado que puede ocurrir que en determinados casos el expediente se retrase considerablemente por tener que pedir informes complementarios o aclaraciones o debido a notificaciones infructuosas por cambio de domicilio no comunicado al órgano competente, pero en cualquier caso son circunstancias anómalas y que revisten carácter excepcional (0000630, 9707273, 9912878 y 9908220).
Además de la lentitud apreciada en la tramitación de los expedientes relativos a la adquisición de nacionalidad, también se ha admitido por la Administración que, debido al número tan excesivo de duplicados de inscripciones que recibe el Registro Civil Central procedentes de los registros civiles consulares, las inscripciones de éstas se producen con una demora que en algún caso ha superado el año, lo cual genera perjuicios a los ciudadanos que precisan de certificaciones expedidas por el Registro Civil Central para acreditar hechos inscritos en el mismo (0024483 y 0024019).
En otras ocasiones, las quejas recibidas no se refieren a dilaciones en la tramitación de los expedientes, ni a carencias de medios materiales o humanos, sino que tienen que ver con los criterios interpretativos que mantiene la Dirección General de los Registros y del Notariado respecto de los hechos que, afectando al estado civil de las personas, tienen acceso al registro. Un ejemplo de ello fue el caso que afectaba a una mujer que tuvo una hija tras someterse a una técnica de reproducción asistida - inseminación artificial por donante-; cuando acudió al registro civil a solicitar el libro de familia, la funcionaria que le atendió le indicó que, por aplicación del artículo 191 del Reglamento del Registro Civil, debía señalar un nombre de varón en el apartado o casilla correspondiente al padre. La interesada expresó su desacuerdo con tal práctica y su deseo de que tal apartado quedara vacío o, como mucho, que constaran en el mismo las siglas IAD (inseminación artificial con donante); finalmente, ante la imposibilidad de obtener el libro de familia, inventó un nombre figurado y se lo facilitó a la persona que le atendía.
Solicitada información al respecto a la Dirección General de los Registros y del Notariado se recibió la correspondiente comunicación, en la que se exponía que el artículo 191 del Reglamento del Registro Civil, incluso después de su última redacción dada por el Real Decreto de 21 de mayo de 1993, establece que en la inscripción de nacimiento de un menor, cuando sólo esté determinada la filiación materna, ha de consignarse de oficio un nombre propio de padre a los efectos de identificar a la persona, el cual será una de las menciones de identidad de ésta. Este nombre propio puede ser suprimido por solicitud del interesado, pero sólo cuando éste llegue a la mayoría de edad. Continuaba exponiendo la citada dirección general que, a la vista de este precepto y a fin de evitar un trato desigual para las personas sin filiación paterna y materna determinada, no se atienden pretensiones como la formulada en este caso habiéndose pronunciado ya sobre el tema la Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 24 de abril de 1997.
A la vista del contenido de dicho informe, toda vez que esta Institución discrepaba del criterio mantenido por la citada dirección general, se estimó conveniente dirigirse a la Secretaría de Estado de Justicia y efectuar una recomendación a fin de que se valorara la conveniencia de realizar las modificaciones normativas precisas para que las mujeres que hubieran sido madres mediante técnicas de reproducción asistida con donante anónimo pudieran optar entre señalar o no al encargado del registro un nombre del padre cuando realicen el trámite obligatorio de inscripción y, por lo tanto, que no se vieran obligadas a inventarse esta identidad. Asimismo, se consideraba oportuno que se valorara la conveniencia de que esta medida se hiciera extensiva a todos aquellos casos en los que, por la razón que fuere, la madre desconoce la identidad del padre del hijo cuya inscripción solicita.
Recientemente se ha recibido la información solicitada al Ministerio de Justicia, ell cual ha aceptado plenamente la anterior recomendación de modo que se va a proceder a la modificación del artículo 191 del Reglamento del Registro Civil, estando previsto, según se indica en el informe remitido, elevar próximamente a dictamen del Consejo de Estado la propuesta de modificación legal (9904321).


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1.7. Situaciones que colocan a los menores como víctimas al verse afectados sus derechos

1.7.1. El menor como víctima en los procesos judiciales

En informes anteriores ya fue abordado este problema, concretamente en el correspondiente al año 1998. En aquel momento el Defensor del Pueblo ponía de manifiesto la situación de vulnerabilidad que afectaba a los menores cuando se veían obligados a intervenir en los procesos judiciales penales en su doble condición de víctima y de testigo. La dinámica de las actuaciones judiciales requiere que para la averiguación de los hechos el menor tenga que manifestar su testimonio en diversas ocasiones, siempre en relación con unos hechos que le son especialmente traumáticos y bajo unas condiciones no habituales ni favorables hacia el mismo.
La referencia que de esta cuestión se hizo en el informe mencionado vino motivada por un supuesto concreto. Se trataba de dos niñas de seis y diez años de edad que habiendo sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre y un amigo de éste, se vieron obligadas a estar y declarar por dos veces en las sesiones de un juicio oral, ya que el Tribunal Supremo declaró la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y fue necesario por ello celebrar un nuevo juicio oral. Además de las declaraciones efectuadas en las sesiones del juicio oral, las menores tuvieron también que declarar inicialmente ante la policía, posteriormente en la fase de averiguación de los hechos ante el juzgado de instrucción y en cinco ocasiones más una de ellas ante el servicio de asesoramiento técnico y atención a la víctima y en dos ocasiones, la otra, ante ese mismo servicio.
En aquel momento, año 1998, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en sus artículos 9.1 y 11.2 d), ya establecía que en los procedimientos judiciales las comparecencias de los menores debían realizarse de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo cuidando de preservar su intimidad. A pesar de tal previsión legal la realidad ponía de manifiesto que esa norma no era suficiente para garantizar plenamente los derechos de los menores, por ello se planteó al Ministerio de Justicia la conveniencia de promover alguna iniciativa legal mediante la cual se evitara que el menor y su agresor coincidieran en el periodo de instrucción o en la fase de juicio oral; se trataba de recibir el testimonio de la víctima sin que ésta tuviera necesariamente que ver a su agresor, utilizando para ello los modernos sistemas de comunicación que permiten tal cosa (9821509).
La Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de protección a las víctimas de malos tratos, acogió el planteamiento que desde el Defensor del Pueblo se hizo llegar al Ministerio de Justicia, introduciendo en la ley procesal una nueva redacción de los artículos 448, 455, 707 y 713. Con esa reforma el juez puede acordar que se evite la confrontación visual del testigo menor de edad con el inculpado, utilizando cualquier medio técnico o audiovisual que permitiera la práctica de las pruebas que fueran precisas.
En estos momentos el marco jurídico existente, respecto de la materia que estamos examinando, es completo y no precisa de grandes reformas.
Además de los artículos citados, existen otros que también pueden ser utilizados para proteger al menor en su condición de víctima; así pueden mencionarse los artículos 109, 110, 680 y 781.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales, y la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
A pesar de todas esas previsiones legales, al Defensor del Pueblo siguen llegando quejas en las que se pone de manifiesto cómo la aplicación práctica de esas normas no siempre consiguen proteger en su integridad los derechos de los menores. Tal ha sucedido en el caso de una niña de nueve años que después de haber comparecido ante un juzgado de menores y recibir una sentencia en la que se le reconocía víctima de tres delitos de agresión sexual, todavía tiene pendiente la celebración de un juicio oral ante la Audiencia Provincial de Alicante, en el que de nuevo será interrogada por los mismos hechos que se juzgaron en el juzgado de menores. Esta vez el citado juicio oral servirá para depurar la responsabilidad de dos adultos que también están acusados de haber participado en esos hechos.
En definitiva, los mismos hechos han dado lugar, debido a la edad de los acusados, a dos procedimientos en los que una niña de nueve años deberá relatar qué fue lo que sucedió. Las consecuencias no pueden ser más perjudiciales para la menor, ya que durante dos años tuvo que recibir tratamiento psicológico; además, durante un año y medio la familia de la joven se vio obligada por prescripción médica a abandonar la ciudad en la que residían para evitar que el contacto con los agresores afectara negativamente en la formación y desarrollo de la víctima del delito (0017165).
En todos los casos de esta naturaleza el Defensor del Pueblo solicita de la Fiscalía General del Estado que por la misma se inste de los órganos judiciales la adopción de todas aquellas medidas que puedan aminorar las consecuencias perjudiciales que para el desarrollo y la integridad de los menores provoca el hecho de tener que comparecer de forma sucesiva ante los tribunales. Dentro de esas medidas, para garantizar los derechos de los menores, debe mencionarse la iniciativa que de forma unánime fue adoptada por la junta de jueces de Valencia a finales de 1996 y que consistió en

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la elaboración de un protocolo que afectaba a los menores víctimas de doce años. En ese protocolo se abordaban las condiciones mínimas que debían reunir las salas de evaluación psicológica de los menores, se fijaban los aspectos básicos sobre los que informarían los médicos en las agresiones sexuales y se determinaban el número de evaluaciones psicológicas que debía soportar el menor en un proceso por abuso sexual, limitando su número a dos, las cuales serían grabadas en videocámaras, para que sobre esas grabaciones los peritos pudieran valorar la credibilidad del testimonio.


1.7.2. La sustracción de menores por alguno de sus progenitores y su traslado a otro país

Existen otro tipo de situaciones que también afectan a los derechos de los menores. Se trata de aquellos casos en los que alguno de los progenitores, sin el consentimiento del otro, traslada al hijo de ambos a otro país. Este problema fue abordado de forma monográfica en el informe del pasado año, en el cual se mencionaba cómo en este tipo de sustracciones los niños eran víctimas de una tensión emocional y de un daño psicológico por el hecho de negarles la posibilidad de relacionarse con alguno de sus progenitores. Se trata de actos de violencia que afectan de forma especial al niño, el cual es utilizado como objeto de presión entre sus padres y es sometido además a cambios bruscos en sus condiciones de convivencia.
Esta fue una de las razones por las que se efectuaron cuatro recomendaciones diferentes a los ministerios con competencias en la materia (Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
Se pretendía con ello abordar los diferentes aspectos que afectan a esta situación y, en especial, evitar que los derechos de los menores se vieran perjudicados por la actuación de sus progenitores. A lo largo del año 2000 se han ido recibiendo las contestaciones a las citadas recomendaciones, habiendo obtenido en la mayoría de los casos respuestas satisfactorias a las propuestas planteadas por el Defensor del Pueblo.
En el caso concreto del Ministerio de Justicia, la reforma solicitada del Código Penal, para que éste castigara de forma autónoma este tipo de conductas, se encuentra en este momento en el Parlamento. Respecto a las modificaciones pedidas en relación con el derecho civil, es decir, el introducir que ambos progenitores presten su consentimiento cuando un hijo menor tenga que desplazarse fuera del territorio nacional y la creación de un registro de guarda y custodia de menores para los supuestos de parejas con crisis de convivencia, ambas propuestas han sido acogidas favorablemente habiéndose iniciado los estudios correspondientes para valorar su puesta en marcha.
Uno de los mecanismos que, en la práctica, parece más eficaz para lograr que el menor pueda regresar a su ámbito de convivencia, es el que se refiere a la existencia de convenios de devolución de menores. Este fue el motivo por el que al Ministerio de Asuntos Exteriores se le recomendó que llevara a cabo la firma de nuevos tratados bilaterales, especialmente con los países islámicos. Desde ese ministerio se informó de la firma de un convenio con Marruecos así como de las gestiones que se han iniciado con otros países del ámbito islámico. No obstante se puso en conocimiento de esta Institución la dificultad que entraña la firma de tales convenios, dada la diferente concepción que informa el sistema jurídico de esos países en relación con el nuestro.
Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se dio traslado de la recomendación del Defensor del Pueblo a la Dirección General de Acción Social del Menor y de la Familia, para que por la misma se pusieran en marcha los mecanismos necesarios con objeto de constituir un fondo de costes o gastos» con el que ayudar a los ciudadanos que, afectados por un problema de esta naturaleza, acrediten carecer de bienes propios. Incluso se señaló la conveniencia de hacer llegar esa propuesta al Observatorio de la Infancia, órgano creado en marzo de 1999 y en el que están representados, además de las comunidades autónomas, la mayoría de los ministerios.
Por último el Ministerio del Interior, en relación con la coordinación que en esta materia deben mantener los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, participó que los controles de los pasos fronterizos se vienen realizando conforme a las previsiones que ha dispuesto la normativa comunitaria, en especial el artículo 6 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y el artículo 1.3 del Manual Común de Fronteras.
De todas las propuestas efectuadas, la única que no ha sido impulsada ni asumida por ninguno de los ministerios es la relativa a la creación de un Centro Nacional de Desaparecidos, similar al que existe en otros países, con objeto de coordinar y simplificar desde el mismo los complejos trámites de gestión que actualmente se ven obligados a hacer los ciudadanos que quieren recuperar a su hijo.
Este centro facilitaría conocer de forma exhaustiva la realidad de un problema cuya magnitud e importancia se desconoce.
La creación de ese Centro Nacional de Desaparecidos, sigue siendo prioritaria para esta Institución, ya que las implicaciones personales, afectivas, familiares, internacionales, penales, procesales y asistenciales que confluyen en cada uno de estos casos hacen que un ciudadano en solitario se vea desbordado para poder solucionarlo a título individual. Solamente con la ayuda coordinada de las instituciones y organismos públicos podrá evitarse que se produzcan las sustracciones de menores o, cuando inevitablemente ya se hayan producido, conseguir la reintegración de los mismos a sus ámbitos habituales de convivencia (F9900079).


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1.7.3. Las relaciones de los menores con sus abuelos según el Código Civil

Durante el año 2000 han sido numerosas las ocasiones en las que personas mayores pusieron en conocimiento de esta Institución las dificultades que estaban sufriendo para mantener una relación fluida con sus nietos. En la mayoría de los casos los interesados indicaban que había sido necesario acudir a los tribunales para que éstos reconocieran y garantizaran el régimen de visitas al que los abuelos tienen derecho respecto de sus nietos conforme al artículo 160 del Código Civil. La actuación de esta Institución ha estado por ello muy limitada, ya que la intervención de los órganos jurisdiccionales impide que el Defensor del Pueblo pueda efectuar ningún tipo de investigación.
El problema expuesto trasciende las quejas concretas recibidas y requiere que a nivel normativo se efectúe la oportuna reforma, de tal forma que se preste una mayor atención a las relaciones de los nietos con sus abuelos. Se trataría de excluir a éstos del ámbito genérico que establece el artículo 160 del Código Civil cuando menciona «...
los allegados y demás parientes...» y crear un sistema singular mas explícito y reforzado que supere la posición meramente adhesiva y secundaria que la actual regulación contiene, todo ello con pleno respeto a la potestad de valoración que tienen los tribunales, a los cuales seguiría correspondiendo la importante labor de decidir el régimen de visitas concreto de cada caso. Con ello se facilitaría a los órganos jurisdiccionales un marco normativo más seguro, evitando a la vez que sean ellos los que haciendo interpretaciones extensivas tengan que ir reconociendo sucesivamente los derechos de los nietos y de los abuelos. Así ha sucedido en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1998 y de 23 de noviembre de 1999. En dichas resoluciones se admite que el régimen de medidas del artículo 158 del Código Civil se amplíe a los abuelos respecto de sus nietos, con la posibilidad además de que puedan adoptarse al inicio, en el curso o después de cualquier procedimiento, conforme las circunstancias cambien, oyendo al menor según dispone la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
La reforma legal que desde esta Institución se defiende supondría introducir un marco jurídico más seguro en la materia, especialmente cuando existen crisis matrimoniales, al tiempo que permitiría erradicar en muchos casos la inevitable judicialización que ahora mismo se produce. Esta judicialización, propiciada en parte por la falta de previsiones legales claras y concretas, produce situaciones tan perjudiciales para los menores y los abuelos como la que puso de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996, un litigio que se había iniciado cuando el menor tenía siete años que concluyó cuando ya había cumplido los catorce.


De producirse la reforma que se solicita los poderes públicos estarían llenando de contenido el artículo 39 de la Constitución, en la medida en que se aseguraría la protección jurídica de la familia, al garantizar una serie de derechos a niños y abuelos que en estos momentos se reconocen gracias a las interpretaciones favorables que efectúan los tribunales. Además en sede parlamentaria ya ha sido debatida la propuesta que aquí se menciona, mediante una proposición no de ley que fue presentada en el Congreso de los Diputados el 14 de diciembre de 1999, y que obtuvo el respaldo de la mayoría de los grupos políticos, si bien no pudo ser finalmente aprobada al disolverse las Cortes. Igualmente en el Senado, el 30 de mayo de 2000, fue aprobada por asentimiento una moción en la que se instaba al Gobierno para que en el plazo de seis meses elaborara un proyecto de ley de reforma del Código Civil en el que se regulara que los hijos mantuvieran las relaciones personales, singularmente y de forma especial con sus abuelos. Hasta el momento el único texto que dentro de la legislación civil recoge de forma expresa ese tipo de relaciones es el código de familia catalán aprobado por la Ley de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, cuyo artículo 135-2.º literalmente establece: «El padre y la madre deben facilitar la relación del hijo o hija con los parientes, especialmente con el abuelo y la abuela, y demás personas y sólo la pueden impedir cuando exista causa justa» (0012371, 0018016 y 0019513).


1.8. Incidencia de la nueva ley de responsabilidad penal de los menores, especialmente en la medida de internamiento en régimen cerrado

Como consecuencia de la aprobación el 12 de enero del presente año de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, esta Institución ha venido realizando una serie de actuaciones para conocer en qué medida el citado texto legal va a incidir en la sociedad, continuando con la atención especial que siempre se ha dedicado a ese colectivo.
Dentro de las actuaciones realizadas se han visitado ocho centros de internamiento de menores de régimen cerrado, se han mantenido entrevistas con abogados especialistas en menores, con familiares de víctimas de hechos delictivos cometidos por menores, con algunos responsables de las comunidades autónomas en materia de menores y se han recibido además hasta un total de 347 quejas en las que distintos ciudadanos a título particular o asociaciones, han participado a esta Institución su punto de vista en relación con la Ley Orgánica 5/2000.
Todo ello se ha completado con la información que se ha solicitado tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General de la Abogacía.
La información recabada durante el presente año ha dado lugar a que desde esta Institución se efectuasen una serie de consideraciones, especialmente en todos aquellos aspectos que afectan a derechos fundamentales,

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que dieron lugar a una recomendación al Ministerio de Justicia.
La primera cuestión que plantea dicha recomendación viene referida a la falta de homogeneidad en el cumplimiento de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta a los menores infractores.
Cada comunidad autónoma, en el ejercicio legítimo de sus competencias, diseña, organiza y gestiona sus centros, unas veces de forma directa y otras mediante concesión a entidades privadas sin ánimo de lucro.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, supone un avance considerable respecto al régimen establecido por la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio. No obstante, precisa necesariamente de la publicación de un Reglamento en el que, para todo el Estado, se regulen aquellos aspectos que afectan a los derechos fundamentales de los jóvenes. Un reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, y por tanto de aplicación generalizada a todo el Estado, que sería compatible con la existencia de normas dictadas por las distintas comunidades autónomas en aquellas materias que tienen transferidas.
Entre las cuestiones afectantes a derechos fundamentales, se encontrarían las siguientes:

- Delimitar los motivos y circunstancias en las que pueden efectuarse inspecciones registros en las habitaciones de los jóvenes, así como cacheos a los mismos (artículo 59-1.º de la Ley Orgánica 5/2000), incluyéndose además la obligación de comunicar al juez de menores cada cacheo que se realice, especialmente cuando conlleve un desnudo integral.
- Concretar la forma en la que deben aplicarse y el tiempo que deben durar los medios de contención ante situaciones de violencia generadas por los jóvenes. En este punto, al igual que en el caso anterior, debe establecerse la obligación de notificar al juez de menores cada situación en la que haya sido necesaria su utilización.


- Completar el marco de garantías que el artículo 60 de la ley describe respecto del régimen disciplinario que afecta a los jóvenes internados.


Una de las deficiencias más evidentes que, de forma reiterada, ha puesto de manifiesto esta Institución se refiere a la distinta forma en que en cada centro se aplicaba el régimen disciplinario, sobre todo cuando se trataba de hacer cumplir la sanción de aislamiento. En estos momentos, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas, la situación ha mejorado considerablemente. No obstante todavía sigue existiendo la citada disparidad de procedimientos, no ajustándose en algunos casos a lo que dispone la regla 67 de las aprobadas por Naciones Unidas con fecha 14 de diciembre de 1990, para la protección de los menores privados de libertad.
Así, el futuro reglamento debería establecer el tipo de asistencia médica que los menores deben recibir en esta situación de sanción de aislamiento, estableciendo la aprobación judicial de la misma, especialmente en aquellos casos en los que la duración sea mayor.
- Por último, de acuerdo con el artículo 56-2 h de la ley, la norma tendría que determinar el régimen de visitas a los menores; en este sentido, muy especialmente habrá que regular si resulta conveniente o no la presencia de algún educador durante las visitas que realizan los familiares a los menores, ya que, en la actualidad, también en este aspecto, la normativa interna de los centros es diferente.
En segundo lugar, se planteó que resultaba muy aconsejable una moratoria, en todo o en parte, de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000. Tal pretensión ha sido en parte recogida por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, ya que en los delitos más graves los mayores de 18 años no podrán acogerse a las medidas previstas en la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores -disposición adicional cuarta, apartado primero, de la Ley Orgánica 7/2000-.
El solicitar una moratoria en la aplicación de la ley se debió a las importantes consecuencias que se derivan de la misma, tanto para la sociedad en su conjunto como para los menores en particular.
Cualquier actuación educativa o sancionadora que se realice sobre ese colectivo debe realizarse contando con los recursos humanos y con los medios materiales adecuados. Los destinatarios directos de esta ley se encuentran en un franja de edad -14 a 18 años, con la posibilidad de llegar a 21 años-, en la que para su desarrollo personal es decisivo que los poderes públicos intervengan, con objeto de modificar aquellos comportamientos y actitudes que les llevaron a la comisión de infracciones con repercusión penal. El número de plazas existentes en los centros de internamiento es insuficiente y además su distribución geográfica resulta claramente inadecuada para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46-3.º, 55-2.º y 56-2.º e) de la ley antes citada.
Además de las infraestructuras correspondientes a los centros de internamiento, se hizo referencia a las que afectan a la Administración de justicia. No puede dejarse de constatar cómo, en los últimos tres años, no se ha puesto en funcionamiento ningún juzgado de menores en régimen de exclusividad, a pesar de que la situación fue puesta de manifiesto en el informe del Defensor del Pueblo de 1997. La creación de 31 nuevos juzgados supone que buena parte de ellos no puedan ser cubiertos por magistrados especialistas en la jurisdicción de menores, contraviniendo así la regla 22 de las adaptadas el 28 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de Naciones Unidas para la Administración de justicia de menores.
Respecto a los medios técnicos y a las instalaciones con las que contarán los juzgados de menores, en el mes de diciembre del año 2000 se estaban efectuando obras en la mayoría de los edificios para tratar de conseguir que el 13 de enero de 2001 estuvieran en condiciones de poder iniciar

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su funcionamiento los nuevos 31 juzgados de menores creados. En cuanto a los equipos informáticos que tienen que dar apoyo a esos juzgados, el esfuerzo presupuestario de las administraciones con competencia en esa materia deberá ser similar al que se ha realizado respecto a la habilitación de edificios, ya que, según la información recibida desde la Secretaría de Estado de Justicia, en el mes de diciembre de 2000 no existía ningún juzgado de menores informatizado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Asimismo, hay que señalar que desde el Consejo General de la Abogacía, para cumplir lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición final cuarta de la ley, se ha solicitado en tres ocasiones al Ministerio de Justicia la dotación de medios económicos para impartir cursos de especialización a los abogados aunque tal dotación todavía no ha sido recibida. A su vez, en el momento de entrada en vigor de la ley, de los 52 colegios de abogados de los que se recabó información, sólo 5 contaban con un servicio de orientación jurídica de menores y 18 con un turno de oficio especial para menores.
En tercer lugar, además de las visitas efectuadas, esta institución ha mantenido también entrevistas con familiares de víctimas de hechos delictivos cometidos por menores. También se han recibido escritos de ciudadanos y de asociaciones en los que expresan su opinión, así como sus inquietudes y preocupaciones en relación con la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Los escritos recibidos expresan inquietud por estimar que el artículo 25 de la Ley Orgánica 5/2000, regula la participación del perjudicado de forma muy restrictiva, otorgándose unas facultades al Ministerio Fiscal que consideran excesivas, ya que algunas de sus decisiones no admiten recurso. Consideran estos ciudadanos que con esa regulación se está impidiendo el derecho que tienen a recibir una tutela judicial efectiva.
Otro de los aspectos que mayor número de críticas recibió se refiere a la duración de la medida de internamiento cuando la misma se aplica a hechos de extrema gravedad -artículo 9-5ª-. Los cinco años de internamiento en régimen cerrado, en opinión de muchos ciudadanos, es un tiempo insuficiente para hacer eficaz el principio de resocialización del que habla la ley en su artículo 55. Tal situación, de la que se dio traslado al Ministerio de Justicia, ha sido en parte solucionada con la modificación introducida a través de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, al establecer en la disposición adicional cuarta, apartado 2, letra c, que en los hechos graves la medida de internamiento en régimen cerrado para los mayores de 16 años será de uno a ocho años.
Alguno de los escritos recibidos se refieren al tiempo mínimo que un menor tiene que estar internado en régimen cerrado hasta poder ver esa medida modificada o sustituida. Es necesario que el internamiento dure como mínimo un año para acceder a las posibilidades que brindan los artículos 14 y 51.1 de la Ley Orgánica 5/2000. Cualquiera que sea la duración de la medida de internamiento, debería permitirse que el juez de menores, previos los estudios correspondientes, tuviera la posibilidad de modificar ese internamiento siempre que el interés del menor así lo demandase. El interés del menor está presente en buena parte del articulado de la ley -artículos 7, 14, 23.1, 27, 28.2, 46 y 51- y sin embargo a la hora de determinar el tiempo mínimo de estancia de un menor en un centro de internamiento se ha optado por un criterio puramente cuantitativo, sin tener en cuenta que puede haber casos en los que ese plazo mínimo de un año resulte perjudicial para el menor. Se da así un peor trato a los menores respecto de los adultos, ya que éstos últimos no precisan de ningún plazo para acceder a un tercer grado penitenciario. La situación descrita se acentúa todavía más en los casos en los que el joven mayor de 16 años resulte sancionado con una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años -disposición adicional cuarta apartado segundo, letra c. En estos casos, para modificar, suspender o sustituir esa medida será necesario que transcurra, al menos, la mitad del tiempo de la medida que le fue impuesta.
Las anteriores consideraciones fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Justicia mediante la oportuna recomendación, sin que en el momento de elaborarse este informe se hubiera recibido contestación (0012459).


2. ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

2.1. Infraestructuras y condiciones de vida en los centros penitenciarios

Los centros penitenciarios visitados durante el año 2000 han sido los siguientes: Albacete, Badajoz, Brieva (Ávila), El Acebuche (Almería), Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, Logroño, Madrid IV, Mujeres de Barcelona, Murcia, Nanclares de la Oca (Álava), Pereiro de Aguiar (Orense), Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, Puerto I (Cádiz), Puerto II (Cádiz), Segovia, Soria, Topas (Salamanca), Villanubla (Valladolid), Zaragoza y centro de Jóvenes La Trinitat (Barcelona).


Según la información recibida, en el presente año se ha continuado con la ejecución de las obras de reparación precisas para subsanar los desperfectos que ha sufrido el centro penitenciario de Zuera, cuyas obras concluyeron en el año 1996 y todavía no ha entrado en funcionamiento; también se han realizado las actuaciones relativas a suministros de agua, electricidad y gas. Las previsiones existentes indican que este centro podría entrar en funcionamiento en el curso del primer semestre del año 2001. La referida inauguración resulta especialmente urgente por cuanto que su retraso

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repercute negativamente en la calidad de vida de los reclusos de los centros penitenciarios de Zaragoza y Huesca, cuyas instalaciones, como se ha señalado con insistencia en informes anteriores, son inadecuadas para el cumplimiento de los fines legalmente atribuidos a las penas privativas de libertad (F9600064).
En el año 2000 se han inaugurado las nuevas prisiones de Córdoba, Algeciras y Segovia y han sido clausurados los antiguos centros de las tres localidades mencionadas. En la actualidad continúa en construcción el centro penitenciario de Villena, en la Comunidad Valenciana y se están realizando obras de acondicionamiento en la referida prisión de Zuera en la Comunidad de Aragón. La entrada en funcionamiento de los centros de Córdoba y Algeciras ha supuesto una mejora sustancial en la calidad de vida de los reclusos alojados en las prisiones clausuradas. Además al contar esos dos centros con un número de plazas superior, al que disponían las prisiones clausuradas, han mejorado también las condiciones de vida de otros centros penitenciarios, los cuales han visto cómo se reducía el número de internos que custodiaban.
El artículo 19 de la Ley Orgánica General Penitenciaria consagra el principio de alojamiento en celda individual, aunque, en caso de necesidad y de forma temporal, se admite la posibilidad de que sea alojado más de un preso por celda. Esta previsión legal, a criterio de esta Institución, obliga a la Administración a que cuando computa las necesidades de plazas penitenciarias de una determinada zona o del sistema en su conjunto, así como a la hora de valorar el nivel de ocupación de un centro concreto, se ha de tener en cuenta el mandato legal y procurar que los internos sean alojados conforme a estas previsiones. Previsiones que, por otra parte, no son exclusivas del ordenamiento penitenciario español, sino que son reflejo de las disposiciones contenidas en las Reglas Mínimas del Consejo de Europa, sobre el tratamiento de reclusos.
Se ha de señalar un año más que todavía en muchos centros persiste la convivencia de forma obligada de dos presos por celda, aunque cada vez con mayor frecuencia se aprecia que hay algunos centros en los que la disponibilidad de celdas evita que esta práctica sea generalizada. Por otra parte, en algunas de las prisiones visitadas se ha podido apreciar que celdas diseñadas para una persona albergaban a más de dos internos, tal es el caso de los centros penitenciarios de Almería y Murcia. En otros centros, celdas que antes alojaban a un mayor número de reclusos, han sido reformadas para dar cabida a un menor número de ellos aunque, pese a las obras ejecutadas, sigue sin cumplirse el principio de alojamiento celular.
De ello nos dan muestra las prisiones de mujeres de Barcelona y el Centro de Inserción Social Victoria Kent en Madrid; en el primer caso cada celda estaba ocupada hasta por cuatro internas y, en el segundo, las celdas se compartían por dos internos, cuando fueron visitadas.
Las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra y Canarias presentan un déficit de infraestructuras penitenciarias. Esta situación era conocida por la Administración y por esta razón, con motivo del diseño del plan de renovación de infraestructuras penitenciarias efectuado en la década de los noventa, se contempló la construcción de un nuevo centro penitenciario en el archipiélago canario. La construcción de este centro se encontraba incluida en un programa de cofinanciación con fondos europeos.
Desde el año 1993 la Administración penitenciaria ha venido realizando gestiones para la localización de un emplazamiento donde construirlo. Tras unas gestiones infructuosas con dos municipios de la isla de Gran Canaria, durante el año 1995 se realizaron gestiones para la ubicación del centro nuevo en el penal militar de la isleta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que finalmente no se llevó a efecto por cuestiones de usos urbanísticos. Al descartarse esa opción se adquirió un terreno para la ubicación del centro penitenciario en la finca denominada «El Gamonal» y se iniciaron los expedientes de contratación de los estudios geotécnicos y geológicos del terreno. Transcurrido el tiempo, el Ayuntamiento de Telde no concedió la autorización necesaria para poder completar los estudios geotécnicos y topográficos del emplazamiento preseleccionado. No obstante, ante las incidencias urbanísticas que este emplazamiento planteaba, la Administración inició nuevas gestiones para la localización de otros terrenos. Esta situación se ha mantenido bloqueada durante todo el año 2000, persistiendo cada vez más la acuciante necesidad de acometer la construcción de un nuevo centro en la Comunidad Canaria, que venga a paliar las deficiencias de los actualmente existentes (9503603).
En relación con la determinación de las plazas penitenciarias cuya construcción es necesaria para satisfacer las necesidades presentes y futuras, debe dejarse constancia en este informe de las deficiencias que presentan los nuevos centros de inserción social en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en la provincia de Málaga. Por lo que respecta al primero, está previsto construir un centro de inserción social en la comunidad balear que se radicará en la isla de Menorca. De este modo la capital de las Islas Baleares, una vez sea cerrado el antiguo centro penitenciario, no dispondrá de instalaciones adecuadas para el cumplimiento de penas de arresto de fin de semana ni para albergar a los presos en régimen abierto, toda vez que el nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca no dispone de instalaciones propias para estos fines.
En cuanto al segundo de los centros de inserción social, las previsiones de la Administración penitenciaria son que el futuro centro de Málaga tendrá capacidad para cien plazas, dotación de todo punto insuficiente siquiera para cubrir las actuales necesidades de los presos que actualmente disfrutan de régimen abierto o

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cumplen penas de arresto de fin de semana. Al momento de cerrar el presente informe, hay unos ciento cincuenta presos clasificados en tercer grado y en régimen abierto, y unas treinta y cinco personas cumpliendo arresto de fin de semana. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de actualizar los proyectos de construcción de centros de inserción social a fin de evitar que se produzcan situaciones como las descritas, que ya de entrada hacen inviable el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria por lo que a condiciones de alojamiento se refiere.
En relación con la situación general de los locutorios de los centros penitenciarios, esta Institución inició una investigación exhaustiva que tenía por objeto conocer el estado de conservación y adecuación de estas instalaciones. Dicha investigación fue iniciada debido al importante número de quejas en las que se ponía de manifiesto el mal estado que presentaban los mencionados locutorios, extremo que fue comprobado en las visitas realizadas por los asesores de esta Institución. De los primeros datos recibidos se desprende que prácticamente la mitad de los centros penitenciarios cuya gestión corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, ofrecen unas condiciones acústicas que pueden calificarse de malas.
El seguimiento de la investigación en curso ha permitido conocer que, pese a los datos que fueron facilitados que preveían que en el año 2000 se acometerían las reformas de los veintiún centros penitenciarios cuyas instalaciones se estimaba que eran inadecuadas en el año 1998, únicamente se ha actuado en la mejora de tres de ellas, en concreto, en las correspondientes a las cárceles de Bilbao, Burgos y Puerto de Santa María. En consecuencia, continúan pendientes de reforma las instalaciones de un considerable número de establecimientos penitenciarios, por lo que continúa la presente investigación.
Otro de los aspectos abordados en el presente año, ha sido el de la ubicación de los teléfonos públicos en el interior de las prisiones, ello se ha debido a que en algunas quejas de reclusos y también de funcionarios, indicaban que tales teléfonos se encontraban situados en lugares inadecuados y con ello se entorpecía el derecho de los internos a realizar las llamadas previstas en el artículo 47 del Reglamento Penitenciario. Las mencionadas quejas ponían de manifiesto la existencia de teléfonos para uso de reclusos situados en el interior de las oficinas de los funcionarios dentro de cada módulo o departamento, lo que originaba que los funcionarios presentes escucharan las conversaciones que los presos mantenían con sus comunicantes.
Respecto a este tema, es necesario recordar que la tramitación de esta investigación se enmarca en una recomendación cuyo seguimiento se ha prolongado a lo largo del presente año. En dicha investigación se señaló a la Administración penitenciaria que cuando con motivo de una comunicación telefónica el Reglamento Penitenciario prevé la presencia de un funcionario, no se está facultando con ello una especial forma de intervención de las comunicaciones telefónicas. La comunicación telefónica comprende dos momentos: el de la llamada o puesta en comunicación, y el de la conversación o comunicación propiamente dicha. El vigente reglamento contempla la presencia del funcionario en el entendimiento de que esta presencia se reduce al momento del establecimiento de la comunicación -tiene como finalidad la verificación de que el teléfono marcado se corresponde con el autorizado y no con otro distinto- y al final de la misma -para indicar que ha llegado el momento de su finalización-. Una vez establecida la comunicación, el funcionario debería alejarse, de forma tal que la conversación no pudiera ser escuchada.
En aquellos casos en los que el teléfono a utilizar por los internos se encuentre dentro de la oficina de los funcionarios de galería, resulta muy difícil conjugar el deber del funcionario a permanecer en su puesto de trabajo, con el derecho del interno a comunicar telefónicamente, sin que su conversación pueda ser escuchada. Por todo ello, se dirigió una recomendación a la Administración para que revisara la situación de los teléfonos que utilizan los internos en los centros penitenciarios con el objetivo de asegurar que sus comunicaciones telefónicas se realizarán con pleno respeto a los derechos constitucionales. Esa recomendación fue aceptada, reconociéndose que en torno al diecinueve por ciento de los centros cuya gestión tiene atribuida la Administración central carecen de instalaciones que garanticen de forma adecuada la confidencialidad en las comunicaciones telefónicas de los internos. Por ello, se solicitó informe sobre las medidas concretas que iban a adoptarse para la solución del problema. De la última información recibida se desprende que ya se han subsanado las deficiencias que impedían garantizar adecuadamente la confidencialidad de las comunicaciones telefónicas, a excepción del centro penitenciario de Bilbao, en el que la particular distribución del centro impide colocar el teléfono en un lugar diferente del que se encuentra.


2.2. Condiciones de vida: aspectos higiénicos, alimentarios y sanitarios

2.2.1. Aspectos higiénicos

Con carácter general se pudo comprobar en las visitas realizadas que los responsables de todos los centros visitados expresaron su interés por que éstos presenten un buen estado higiénico. Tal interés es particularmente constatable en las zonas exteriores, en los pasillos y espacios que dan acceso a las zonas modulares, en los que es frecuente observar el efecto de las máquinas abrillantadoras utilizadas para su limpieza. Ilustrativo

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de ello son los centros penitenciarios de Navalcarnero, en Madrid, y el de Topas, en Salamanca, donde se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar los jardines de las zonas de acceso que son cuidados por internos del centro, presentando un aspecto muy cuidado.
También se aprecia en algunos centros un encomiable interés por decorar los muros con pinturas de grandes dimensiones para atenuar el impacto visual que produce el hormigón.
En otras ocasiones, como se pudo apreciar en el centro penitenciario de Murcia, el grado de limpieza de las zonas extramodulares era deficiente, pudiendo apreciarse cómo en los patios existía una cantidad considerable de restos de alimentos, que habían sido allí lanzados por los internos desde la ventana de sus celdas.
También con carácter general se ha podido constatar que en las zonas correspondientes al interior de los módulos, el nivel de limpieza disminuye. Como ejemplos de ello se puede citar el centro penitenciario de Almería o el de jóvenes de la Trinitat, en Barcelona. Si bien, en este último caso, la antigüedad de la edificación no facilita las labores de limpieza; especialmente descuidado se encontraba el patio del módulo de aislamiento y los baños de la enfermería.
En numerosos centros, con buen criterio, se está procediendo a alicatar las paredes de las zonas que soportan mayor presión de uso hasta media altura, como medio de mejorar las condiciones higiénicas.
No obstante, es frecuente que estas actuaciones se acometan con medios propios por lo que es habitual que el ritmo de los trabajos resulte muy lento, como pudo apreciarse en las prisiones de Almería, Albacete y Murcia. El uso de los comedores como sala de día es un problema que también se da en algunos centros. La utilización intensiva de estas instalaciones dificulta que se encuentren en un adecuado estado de limpieza al momento de ser utilizadas como comedor.
Las duchas, en términos generales, suelen presentar un estado aceptable; no obstante, hay excepciones, en la mayor parte derivadas de su falta de mantenimiento. Así, las duchas correspondientes al módulo 6 del centro penitenciario de Almería presentaban en el momento de la visita un estado deplorable, debiendo abordarse con urgencia su adecentamiento. Las reiteradas quejas de los internos de ese módulo sobre tal cuestión, parecen justificadas. Las duchas del centro penitenciario de Zaragoza se encuentran al final de una de las galerías, su existencia es fruto de una obra de remodelación y por la situación en que se encuentran carecen de ventanas, acumulándose por esta razón la humedad que su utilización genera. En el centro penitenciario de Nanclares, a excepción del módulo 1, el resto de los módulos del establecimiento tienen situado el acceso a las duchas en los patios, motivo por el cual no se considera la ubicación más adecuada para fomentar el mantenimiento de los hábitos higiénicos de los reclusos, sobre todo si se tiene en cuenta el clima existente en la zona.
En el centro penitenciario de Murcia, las únicas duchas existentes en el módulo 1 están fuera del mismo y para acceder a ellas hay que salir al patio de distribución de los módulos. Las del módulo 2 no presentan un buen aspecto, en especial el pavimento, deteriorado en muchos puntos.
Las lavanderías de los centros suelen ser gestionadas por la propia administración a través de un taller productivo en el que se encuentran contratados reclusos del establecimiento. Las instalaciones y maquinaria, en términos generales, es suficiente y su estado de conservación permite cumplir con su destino.
Por lo que respecta a las celdas, las del centro penitenciario de Zaragoza no reúnen las adecuadas condiciones de habitabilidad por lo que a espacio disponible se refiere. El mobiliario es viejo y está mal conservado, a modo de armario los reclusos disponen de taquillas metálicas, con signos evidentes de óxido y otros desperfectos. En el módulo 4 del centro penitenciario de Murcia se informó que las puertas de los armarios de las celdas se habían cambiado hacía unos cuatro meses, sin embargo, las que allí existían estaban totalmente destrozadas. Además del evidente mal uso de las mismas, otra circunstancia que ha podido influir en tan rápido deterioro ha sido su escasa consistencia. También se apreció que, ante temporadas de calor, los internos recurren a quitar las ventanas para permitir un mayor paso del aire. Algunos cristales aparecían rotos y con filos cortantes. En el módulo 4 de este centro la sala de día presentaba un aspecto de dejadez; la mayoría de las celdas visitadas estaban muy deterioradas apreciándose un considerable número de interruptores de luz que estaban rotos y con los cables sacados. En el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, en general, se apreció que el mobiliario de las celdas es muy deficiente y en algunas de ellas, faltaban mesas, baldas o perchas. No obstante, se estaban realizando obras para colocar baldas de obra en las celdas, aunque el ritmo de estas obras es lento, fundamentalmente por dificultades presupuestarias.
Por lo que se refiere al estado de conservación y mantenimiento de los centros, se ha de señalar la diferencia que presentan aquellos que, habiendo sido construidos recientemente, parecen recibir unas partidas económicas mayores para su mantenimiento, de aquellos otros que dado su carácter de centros a amortizar o simplemente siendo más antiguos, reciben unas partidas económicas menores para estos fines.
De ello nos da ejemplo el centro penitenciario de Nanclares de Oca construido en 1981, cuyas cubiertas están en mal estado. El estado de mantenimiento del centro penitenciario de Orense es deficiente, especialmente en lo relativo a los suelos, las azoteas y los cristales de los muros exteriores.
El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante está sometido a diversas obras, cuya necesidad resulta evidente a juzgar por el notable deterioro de muchas de

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sus instalaciones. En especial se están acometiendo obras en la zona de ingresos y se prevé proseguir con las del departamento de comunicaciones para mejorar su habitabilidad y racionalizar el espacio existente.


2.2.2. Aspectos alimentarios

El incremento de la asignación presupuestaria destinada a alimentación de internos, ha permitido la mayor disponibilidad de recursos económicos que a su vez se ha traducido en términos generales en una mejora en la cantidad y en la calidad de comida que reciben los internos. A esta circunstancia se ha de unir la rebaja de precio de materias primas derivada del sistema de compras centralizado que ha sido recibido positivamente en los centros penitenciarios visitados. Excepcionalmente en algunos casos se han expresado críticas por la calidad de algunos de los productos recibidos, que al parecer habría disminuido con respecto a los que se venían adquiriendo con anterioridad, cuando cada centro adquiría de forma individual sus materias primas.
En el curso de la visita efectuada al centro penitenciario de Almería se constató que la comida era transportada a los módulos por medio de carros isotérmicos y se presenció su reparto en uno de los departamentos del centro, pudiéndose comprobar que no se ha corregido totalmente la práctica de servir ciertos platos con las manos. En varios módulos se nos puso de manifiesto el número relativamente escaso de bandejas existentes, por lo que, dada la alta ocupación de los departamentos, es necesario que éstas sean utilizadas hasta en tres ocasiones en cada comida. Ello unido a las necesarias limpiezas tras cada uso ralentiza de una manera excesiva la comida y favorece un clima de mayor agitación entre los internos que se encuentran esperando a la puerta del comedor.
En el centro penitenciario de Mujeres de Barcelona el suministro de la comida se realiza a través de una empresa privada a la que se le ha concesionado este servicio mediante su participación en un concurso público. Destaca el hecho de que están constituidas comisiones de alimentación compuestas por un número de internas que oscila entre las diez y las veinte, uno o varios representantes de la empresa concesionaria, un médico (o pediatra en el caso de los menús infantiles), algún miembro de la dirección y el biólogo del centro, que tienen por objeto hacer un seguimiento de la comida y su nivel de aceptación. Las instalaciones destinadas a la cocina, eran, en nuestra anterior visita, pequeñas al igual que los almacenes y cámaras frigoríficas. En la actualidad han sido reformadas habilitándose nuevas zonas para almacenes. La comida es servida en platos de cristal y se utilizan cubiertos de metal, hecho que tiene que ser positivamente valorado si se tiene en cuenta que en el resto de centros penitenciarios no se utilizan este tipo de materiales.
2.2.3. Aspectos sanitarios

Dentro de este apartado debe destacarse el incremento de programas libres de droga. A las experiencias iniciales en los centros penitenciarios de Villabona en Asturias y Soto del Real en Madrid, hay que unir la experiencia que se está desarrollando en el centro penitenciario de Orense. Allí se ha puesto en funcionamiento un departamento denominado unidad libre de drogas que pretende cumplir la función de preparar a aquellos internos que aquejados de problemas de toxicomanías desean abandonar su adicción. La estancia en este departamento no tiene una duración predeterminada, ésta dependerá de la superación de los objetivos propuestos y eventualmente del traslado o puesta en libertad del interno, contando en este supuesto con apoyo en el exterior. En el momento de la visita había doce internos en dicho módulo, que funciona como un módulo independiente del resto del centro con actividades de todo tipo a lo largo del día.
Esta actividad cuenta con el apoyo profesional y financiero de una asociación de ayuda al toxicómano.
Como complemento a las actuaciones ya descritas y desde la perspectiva de la reducción del daño que el consumo de drogas por vía parenteral lleva asociado, se viene desarrollando desde hace aproximadamente un año un programa de intercambio de jeringuillas. El centro penitenciario de Orense es uno de los escasos establecimientos penitenciarios que junto con los existentes en Martutene, Tenerife, Bilbao y Pamplona llevan actuaciones de este tipo tras haber superado las dificultades de toda índole que conlleva este tipo de programas.
Su puesta en marcha ha sido posible con los propios profesionales del centro, quienes se muestran satisfechos con los resultados obtenidos, señalando que el porcentaje de retorno de las jeringuillas entregadas es del 99,2 por ciento. Por lo que respecta al número de usuarios de este servicio, se ha de señalar que en una primera fase se produjo una fuerte demanda, en parte debida a la curiosidad que generó, de modo que el material de intercambio fue solicitado por reclusos que finalmente no hicieron uso del mismo. Posteriormente la demanda se estabilizó y así continúa en la actualidad. El material de intercambio es suministrado por los servicios sanitarios de la comunidad autónoma. Al parecer la Junta de Galicia estaría dispuesta a facilitar el material necesario para su implantación en el resto de los centros penitenciarios de la comunidad. No obstante, no se ha producido ninguna nueva incorporación a este programa, cuyos resultados durante el periodo al que se contrae el presente informe nos muestran que en todo el territorio gestionado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se han efectuado 5.552 intercambios de jeringuillas, habiéndose entregado previamente 1.711 equipos de material de intercambio.


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Por lo que respecta al adelantamiento de la libertad condicional por motivos de salud, según las conclusiones de una investigación efectuada por esta institución, se desprende que un alto porcentaje de las propuestas de libertad condicional efectuadas a la Administración penitenciaria fueron aprobadas por los jueces de vigilancia penitenciaria.
En el inicio de la referida investigación se apreció que, de todos los centros gestionados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sólo cuatro de ellos concentraban más del 25 por ciento de los expedientes tramitados de libertad condicional adelantada por motivos de salud. Esta circunstancia debe complementarse con el hecho de que estos centros sólo albergaban en torno al 15 por ciento de la población penada y por tanto, susceptible de ser puestos en libertad condicional por este motivo.
Este dato hizo que se planteara a la citada dirección general la hipótesis de que en el conjunto de las prisiones que gestionaba se carecieran de criterios uniformes en la aplicación de las normas básicas reguladoras de la libertad condicional adelantada por motivos de salud (artículo 92 del Código Penal y 196 del Reglamento Penitenciario).
En el curso de la investigación ahora referida, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias señaló reiteradamente que no estimaba necesario dictar una norma que articulara de modo uniforme en todos los centros penitenciarios la aplicación de los criterios de inicio de expedientes de libertad condicional y que las normas que regulaban la libertad condicional adelantada por motivos de salud eran suficientemente claras.
No obstante, de la información que se fue recibiendo, se deducía que la ausencia de criterios uniformes en la aplicación de las normas básicas que regulaban la aplicación de este beneficio penitenciario podrían estar redundando negativamente en aquellos internos que se encontraban en centros en los que prevalecían criterios más restrictivos, siendo necesario por ello proceder a la unificación de criterios a la hora de conceder la libertad condicional adelantada por motivos de salud. Con motivo de la publicación de un programa de tratamiento de enfermos de sida en prisión se vino a cubrir la laguna puesta de manifiesto por esta institución a través de un detallado protocolo que teniendo en cuenta la aparición de nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamientos antirretrovirales más recientes, contenía determinados parámetros que debían informar el inicio de un expediente de adelantamiento de libertad condicional. Con ello se ha conseguido dar una cierta homogeneidad a las actuaciones en relación con este problema, teniendo siempre en cuenta que la individualidad de cada paciente impide emitir criterios de aplicación automática.
Dentro de este apartado debe dejarse constancia de una actuación realizada en relación con los enfermos mentales que por tener alguna responsabilidad penal se encuentran internados en los hospitales siquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla. A raíz de las visitas efectuadas a dichos hospitales, se pudo conocer que de los doscientos setenta y dos internos que había el 21 de julio de 2000 en Alicante, solamente veinticinco contaban con una declaración judicial de incapacidad; de esos veinticinco, había veintidós que tenían designados tutor y tres se encontraban a la espera de tal designación.


En el caso de Sevilla, de los ciento cuarenta y dos internos existentes el 21 de julio de 2000, solamente cinco contaban con una declaración judicial de incapacidad y con tutor designado. La situación expuesta daba lugar a que, al carecer la gran mayoría de los internos de una declaración formal de incapacidad y no contar por tanto con un tutor judicialmente designado, una vez que salían del hospital psiquiátrico penitenciario, se encontraban desprotegidos social y jurídicamente, era también muy frecuente que con cierta frecuencia al poco tiempo de salir en libertad, de nuevo volvían a ser ingresados por haber cometido algún hecho delictivo.
Además del problema apuntado, las enfermedades que padecen estos internos y la imposibilidad de gobernarse por sí mismos, podían generar otro tipo de problemas para el hospital psiquiátrico penitenciario que les custodiaba, especialmente en aquellos casos en los que es necesario contar con su consentimiento, bien para someterse a tratamientos médicos agresivos o arriesgados para su salud o bien para realizar actos de gestión o de administración de su patrimonio.
A la vista de todo lo anterior, podría afirmarse que no se estaba cumpliendo la previsión legal que se contemplaba en el artículo 203 del Código Civil, actualmente artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que ni el Ministerio Fiscal promovía la declaración de incapacidad de los internos en los centros antes indicados, ni las autoridades y funcionarios públicos que están al frente de dichos centros ponían en conocimiento de aquél las causas de incapacitación de las personas que estaban custodiando. Esta inactividad generaba en la práctica a los internos una situación de abandono y desamparo.
Como consecuencia de cuanto se ha expuesto, se consideró necesario, mediante las oportunas recomendaciones, poner esa situación en conocimiento del Ministerio Fiscal, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de las consejerías correspondientes de la Generalidad Valenciana y de la Junta de Andalucía, para que cada uno de los departamentos mencionados dentro de sus competencias adoptara las medidas oportunas con objeto de proteger los derechos de los enfermos mentales internados en los hospitales siquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla o en cualquier otro centro penitenciario. En el momento de elaborar este informe todavía no se habían recibido las respuestas correspondientes a las recomendaciones que se cursaron (F0000043).


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2.3. Tratamiento penitenciario

Se denomina como tratamiento, el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y la reinserción social, que tienen como finalidad última que el interno pueda vivir en libertad respetando la ley penal. Resulta por ello esencial que todas esas actividades se lleven a la práctica cada día tal y como están previstas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el reglamento que la desarrolla.
Dentro del tratamiento tiene una importancia relevante, el personal encargado de ponerlo en práctica, en estos momentos existe una clara tendencia que pone de manifiesto la carencia de personal adecuado y suficiente. En este sentido, continúa detectándose una insuficiente dotación de personal de tratamiento, particularmente en los equipos técnicos, así como de monitores deportivos y ocupacionales. Estos últimos, así como los terapeutas de drogodependencias, continúan siendo contratados de forma temporal lo cual repercute negativamente en los reclusos debido a los continuos cambios que se producen en este tipo de personal. Esta institución ya ha indicado en más de una ocasión que sería más adecuado que la prestación de estos servicios fuera realizada por personal que tuviera carácter fijo, dada la necesidad de que estas actuaciones tengan una mayor continuidad en el tiempo y en las personas.
A lo largo del año 2000 se inició una investigación de carácter general destinada a conocer las condiciones en que se desenvuelve la relación laboral Administración- interno de centros penitenciarios.
El motivo principal por el que se inició tal investigación se debió a las quejas recibidas de diversos reclusos, que fueron posteriormente confirmadas durante el curso de las visitas efectuadas a talleres penitenciarios en las que se ponía de manifiesto la inquietud e inseguridad jurídica en la que se desarrollaba su actividad laboral.
En esencia, venían a expresar que sufrían dificultades para expresar sus quejas de contenido laboral, pues, en ocasiones, se resolvían con su separación del puesto de trabajo, con el argumento de supuestas disminuciones de rendimiento. También se pudo comprobar que los reclusos no tenían copia de su contrato de trabajo, ni se les hacía entrega del soporte documental de sus nóminas, de modo que en la práctica ignoraban qué conceptos componían su retribución; tampoco tenían constancia de las cantidades que les eran detraídas a efectos de satisfacer las oportunas cotizaciones a la Seguridad Social.
La Administración reconocía que no existía contrato escrito en la relación laboral penitenciaria con carácter general. El artículo 144.4 del Reglamento Penitenciario especifica que la relación laboral se formalizará con la inscripción del interno en el correspondiente libro de matrícula e indica que son las especificidades de esta relación laboral las que justifican ésta y otras particularidades de la misma.


No obstante lo anterior, la Administración penitenciaria admitió que la normativa reguladora de esta relación laboral debía ser modificada. En este sentido, la Ley 55/1999 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social para el año 2000, en su artículo 21 especifica que «el Gobierno regulará la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividad laboral en talleres penitenciarios. En la referida regulación se establecerá un marco de protección de Seguridad Social de este colectivo, acorde con sus especiales características. Asimismo a las cotizaciones a la Seguridad Social que hayan de efectuarse por las contingencias cuya cobertura se establezca, se les aplicará las bonificaciones generales que se otorguen a favor de los trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral o las que específicamente se fijen para este colectivo.» En cuanto a las nóminas, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias adujo determinadas limitaciones organizativas y de tecnificación de la gestión que han hecho que tradicionalmente se haya utilizado un sistema de liquidación de haberes por listado y no a través de nóminas normalizadas e individualizadas; no obstante el citado departamento ha participado que tiene previsto hacer entrega de nómina individual a cada interno. Al momento de finalizar el presente informe, la citada investigación continúa en trámite.


2.4. Derecho a la vida e integridad física

2.4.1. Fallecimientos en prisión

Durante el año 2000 se iniciaron cinco investigaciones en relación con fallecimientos de reclusos en prisión, todas ellas de oficio, de las cuales, cuatro permanecían en tramitación en la fecha en que se cierra este informe, habiendo concluido una relativa a un fallecimiento de un recluso atribuible a causas naturales. De las cuatro restantes, por los datos conocidos hasta el momento, una de las investigaciones pone de manifiesto que pudiera tratarse de un homicidio, dos se refieren a un posible suicidio y la última a una muerte por sobredosis. No obstante, todos estos casos están siendo objeto de investigación judicial, por lo que la atribución correcta de las causas de tales hechos no podrá realizarse hasta tanto no concluyan las referidas diligencias judiciales.
Con independencia del seguimiento de los concretos casos de fallecimientos acaecidos en el presente año o anteriores, durante el periodo al que se contrae el presente informe se ha solicitado nueva información a la Administración acerca de las actuaciones relativas a la prevención de suicidios en los centros penitenciarios. Según la información disponible en el año 1999 se produjeron 26 suicidios consumados, en el año 2000 a fecha de 4 de agosto, la cifra era de 11 suicidios, lo que lleva a la administración a albergar esperanzas de que

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ese año pudiera obtenerse un resultado más próximo a los 10 casos de 1998 que a los 30 de 1997. En todo caso, se aprecia como aspecto positivo que la administración ha introducido elementos de análisis periódicos de la eficacia de los instrumentos de detección y evitación del fenómeno del suicidio en prisión, que con anterioridad no existían.
Entre las causas de fallecimiento en prisión, merece especial atención el consumo de drogas. Esta Institución mantiene abierta una investigación en relación con esta materia. De la misma se desprende que la incorporación a programas de mantenimiento con metadona supone un riesgo ante la posible ingestión de otras sustancias que interactúen fatalmente con ésta. También se ha apreciado que los mecanismos de control de que dispone la Administración no resultan totalmente eficaces, como prueba el hecho de que continúen produciéndose fallecimientos por esta causa. En este sentido, se ha señalado a la Administración la conveniencia de que a los mecanismos habituales de detección de consumo simultáneo de metadona con otras sustancias, es decir, entrevistas, actividades y realización de análisis ordinarios o extraordinarios, se incorpore de forma regular y normada la información que disponen los funcionarios que prestan sus servicios en el área de vigilancia.
Asimismo se sugirió la conveniencia de que la Administración dispusiera, dado que carecía de datos al respecto, de un estudio acerca de la casuística de las sobredosis en prisión, y, en especial, sobre las muertes por sobredosis. Tal sugerencia dio lugar a que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias organizara un seminario acerca del tratamiento de metadona en prisión, con objeto de obtener información sobre los problemas relacionados con la sobredosis en el medio penitenciario. Asimismo la propuesta que se hizo desde esta Institución relativa a la incorporación de los funcionarios de vigilancia interior en tareas de detección de riesgos de sobredosis, supuso la creación de un grupo de trabajo con el fin de arbitrar los procedimientos idóneos para que tal participación pudiera hacerse efectiva. Al momento del cierre del presente informe no se encontraban disponibles las conclusiones de ambas actuaciones.
En consecuencia, continúa abierta esta investigación.


2.4.2. Malos tratos en prisión

Durante el curso del año 2000 se han iniciado dieciséis nuevas investigaciones por presuntos malos tratos en centros penitenciarios y se ha seguido con la tramitación de otras recibidas en años anteriores. Desde hace años los malos tratos en las prisiones españolas han dejado de ser noticia prioritaria y cuestión pendiente de resolver en el régimen penitenciario español, no obstante, continúan recibiéndose quejas en las que los reclusos, sus familiares o asociaciones de apoyo a los reclusos nos comunican la existencia de incidentes que son calificados por los comparecientes como episodios de malos tratos en la medida que tiene lugar el empleo de la fuerza física por parte de funcionarios penitenciarios.
En la mayoría de esas quejas, al iniciar las investigaciones pertinentes se llega a la conclusión de que no se trata de malos tratos, sino de la aplicación legítima de medidas coercitivas por parte de los funcionarios de prisiones, tendentes a corregir comportamientos violentos o de resistencia por parte de los internos.
En el empleo de tales medidas es frecuente que intervenga la fuerza física y en ocasiones se producen lesiones tanto por parte de los reclusos como de los funcionarios intervinientes. El empleo de la fuerza física es para los comparecientes el elemento que permite calificar como malos tratos la actuación del funcionario o funcionarios intervinientes. Tales actuaciones son justificadas desde la Administración penitenciaria alegando que el artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria permite el uso de la fuerza física por parte de los funcionarios, cuando concurren determinadas circunstancias.
Así pues, la legislación penitenciaria prevé el uso legítimo de la fuerza física en relación con los internos en los términos expuestos, estableciendo como garantía básica la intervención del juez de vigilancia. Ahora bien, el adecuado funcionamiento y eficacia de la garantía judicial legalmente prevista para estos supuestos, requiere de un lado, que la comunicación que el centro efectúe al juez, tal y como reclama el precepto antes mencionado, sea motivada y, de otro, que los órganos judiciales adopten una postura activa de cara a comprobar cuál es la realidad de los hechos de los que conocen.
Llegados a este punto interesa destacar que la legislación penitenciaria establece que el uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario. En relación con esta cuestión conviene dejar constancia de que los mecanismos con los que actualmente cuenta la Administración penitenciaria para detectar situaciones de malos tratos son completamente inoperantes. Resulta sorprendente que esa Administración no haya recibido en los últimos tiempos por vía de la denuncia al funcionario, ninguna queja por los hechos a los que nos venimos refiriendo. Este dato pone de manifiesto que tal canal de recepción de información, que se basa en la supuesta confianza del recluso en la propia Administración penitenciaria, resulta ineficaz. Por ello se planteó a la Administración al finalizar el año 2000 que estudiara la posibilidad de implantar mecanismos eficaces para detectar los posibles malos tratos que se produzcan en prisión, dando cuenta a esta Institución de las conclusiones que se obtengan de dicho estudio.
Antes de concluir este apartado, es preciso señalar que cualquier actuación tendente al control de situaciones de conflicto, que implique la existencia de agresividad en estado patente o latente, hace necesario que los

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funcionarios que han de intervenir estén adecuadamente formados. En este sentido, resultan especialmente útiles aquellas experiencias que han permitido formar a funcionarios en el manejo de conflictos a través de la reducción de la agresividad y que suponen un muy adecuado complemento a la formación para la defensa personal que en los últimos años han recibido los funcionarios de vigilancia. Por ello, se ha hecho saber a la Administración que, en la selección de los funcionarios destinados en los departamentos de régimen especial, se debería valorar, además de la capacidad de los mismos para el empleo de medios coercitivos, las habilidades personales de cada funcionario a la hora de resolver conflictos sin utilizar medios coactivos.
Como se indicaba anteriormente, para conocer si en el interior de las prisiones se producen o no situaciones de malos tratos resulta imprescindible que los órganos judiciales adopten una postura activa, con objeto de comprobar si son ciertas o no las denuncias que presentan los internos. En relación con esta cuestión, se pudo conocer en una visita realizada al centro penitenciario de Dueñas, cómo muchos de los presos que allí se encontraban, expresaban su sensación de desprotección, pues todas las denuncias que presentaban ante el juez de vigilancia penitenciaria o el de guardia por presuntas extralimitaciones en el empleo de medios coercitivos por los funcionarios de la prisión eran archivadas de forma sistemática sin practicar diligencias de investigación. Sólo ocasionalmente se había pedido un informe a la Administración penitenciaria. Según indicaban, nunca recibían la visita de un médico forense para ser reconocidos de las lesiones denunciadas, circunstancia que desde su punto de vista les generaba indefensión, toda vez que los facultativos penitenciarios que les atendían, no siempre recogían en sus informes todas las marcas o lesiones que presentaban. Junto a estos hechos, señalaban los entrevistados, se producía la circunstancia de que un gran número de presos de este centro, de origen magrebí, consideraban que la violencia física era consustancial a su estancia en prisión, no solicitando por ello la intervención del juez de vigilancia penitenciaria, de cuya existencia, en ocasiones, no tenían siquiera noticia.
Con objeto de contrastar las manifestaciones de los comparecientes y conocer la extensión del problema manifestado, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado para obtener información sobre el número de denuncias presentadas en el curso del año 1999 por los reclusos del centro penitenciario de Dueñas, en relación con posibles casos de malos tratos y el curso dado a las mismas. En el informe recibido de esa fiscalía se detallaba el número de procedimientos abiertos durante 1999 por los distintos juzgados de Palencia, con indicación de las distintas actuaciones procesales que en cada procedimiento se habían realizado por los órganos jurisdiccionales. Así, se incoaron setenta y siete procedimientos por denuncias de internos. Del referido número, seis de ellos se encontraban en trámite. Del resto, en uno de ellos se recibió declaración a los internos así como a los funcionarios, existiendo también un reconocimiento del médico forense. En otro de ellos se celebró un juicio de faltas que concluyó con la sentencia correspondiente. En los sesenta y nueve restantes, el órgano judicial acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, en unas ocasiones de forma directa sin llegar a practicar ninguna otra actuación previa y en otras ocasiones el archivo vino precedido de una solicitud de informe al centro penitenciario. Tras la recepción de tal informe se procedió al archivo de la causa.
A la vista de estos datos, en la medida en que el Defensor del Pueblo tiene asignada la defensa de los derechos fundamentales comprendidos en el Título I de la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a recibir una tutela judicial efectiva, se hicieron llegar a la Fiscalía General del Estado una serie de consideraciones en las que se transmitía la preocupación de esta institución por la tutela judicial que estaban recibiendo los presos en el centro penitenciario de Dueñas. Resultaba sorprendente que denuncias por agresiones, trato vejatorio, rigor innecesario en la adopción de medidas de contención o sustracción de objetos personales de los internos, fueran archivadas de forma directa en unas ocasiones y en otras ese archivo se produjera tras recibir el informe de la prisión. Igualmente era chocante que, existiendo en las setenta y siete denuncias un número importante de ellas por malos tratos y agresiones, el médico forense sólo hubiera ido a la prisión en una ocasión.
También se resaltó el hecho de que, a pesar de existir un acuerdo en el que al parecer se decidió por los distintos órganos jurisdiccionales afectados que se desplazarían los jueces de dichos órganos a las dependencias de la prisión para recibir declaración a los internos, solamente había constancia de un caso en el que se recibió declaración por un juez a un grupo de internos.
Además fue necesario también trasladar a dicha fiscalía una serie de datos que afectaban al derecho de los internos a ser defendidos por un abogado. Según aparecía en un informe elaborado por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Palencia, las personas ingresadas en el centro penitenciario de Dueñas habían estado en todo momento asistidas de abogado ya que «...se les ha permitido el acceso al recurso, de reforma y de apelación, mediante escritos elaborados por los propios internos a los que después se añadía la firma de abogado y procurador». En otra parte del informe al mencionar un procedimiento de un juzgado de primera instancia e instrucción de Palencia, se hacía constar «...El interno interpone recurso personalmente, consintiendo después el juzgado que se firme por letrado».
En opinión de esta Institución, la asistencia letrada que recibieron los internos, en los supuestos que se acaban de exponer, no se correspondía con lo dispuesto en la

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normativa vigente en estos momentos ni con los criterios que utiliza el Tribunal Constitucional. El artículo 24.2 de la Constitución establece que todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. El ordenamiento garantiza constitucionalmente el derecho a la defensa técnica de la parte en el proceso, a través de un profesional de la abogacía. Ese derecho fundamental exige que la asistencia técnica prestada por los letrados, en todos los casos, sea efectiva. No es suficiente con que se designe a un abogado para que formalmente ponga su firma en un escrito previamente elaborado sin la debida asistencia técnica. El artículo 6.3. c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como subraya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no habla de «nombramiento», sino de «asistencia...». El Tribunal Constitucional (sentencia 42/1982, de 5 de julio de 1982) tiene declarado sobre esta cuestión: «... En ningún caso cabe transformar un derecho fundamental que es simultáneamente un elemento decisivo del proceso penal en un mero requisito formal ...». Las anteriores consideraciones fueron remitidas, como se ha indicado a la Fiscalía General del Estado para que en su condición de garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos -artículo 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre- adoptara, si lo estimaba oportuno, las medidas que estimara convenientes en orden a la mejor protección de los derechos de los internos del centro penitenciario de La Moraleja, sito en Dueñas (Palencia).
Desde la fiscalía se contestó que no estimaba necesarias la adopción de medidas para garantizar los derechos de los internos. A la vista de tal contestación se dieron por finalizadas las actuaciones, no sin antes señalar que se dejaría constancia de estos hechos en el informe anual que cada año se presenta al Parlamento (9901662).


2.5. Mujeres con hijos en prisión

En el año 2000 fueron visitadas las prisiones de mujeres de Brieva y de Barcelona, así como los departamentos y módulos de mujeres de las prisiones de Nanclares de Oca, Logroño, Valladolid, Albacete, Murcia, Orense, Topas, Almería, Zaragoza y del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.
Como en años anteriores es necesario señalar la persistencia de departamentos de mujeres en cárceles de hombres. Estas unidades disponen de menos espacio lo que conlleva peores instalaciones. Las reclusas de estos departamentos no pueden ser separadas conforme a los criterios legales y su estancia en prisión se caracteriza por una menor disponibilidad de actividades y mayores limitaciones en el acceso a puestos de trabajo retribuido. En el departamento de mujeres de la prisión de Nanclares de la Oca, si bien está siendo objeto de obras, en el momento de la visita su sala de día estaba muy sucia y su mobiliario muy deteriorado.
El módulo de mujeres del centro penitenciario de Logroño presentaba numerosos grietas y humedades. Cuando fue visitado alojaba quince internas, por lo que las condiciones de vida en el departamento habían mejorado considerablemente, ya que en algún momento anterior había acogido hasta treinta internas; no obstante, no existe separación alguna entre penadas y preventivas. Los espacios comunes y patio son bastante amplios y la dotación de aseos y duchas es suficiente. El trabajo productivo es muy escaso, agravado por el hecho de que las mujeres no participan en ninguna de las actividades comunes de mantenimiento de dependencias comunes extramodulares, cocina, etc.
El centro penitenciario de Albacete cuenta con un departamento de mujeres en el que se encontraban diez internas, ocho en situación de penadas, -dos de ellas en tercer grado- y dos preventivas. Tampoco aquí se separa a preventivas de penadas. Las mujeres que deben cumplir una condena de arresto de fin de semana también la realizan en este departamento.
El departamento de mujeres del centro penitenciario de Murcia alojaba en el momento de la visita a sesenta y dos internas, de las cuales seis estaban en régimen abierto, no obstante lo cual debían pasar al interior de la prisión durante las horas en las que permanecen en la misma. No existía separación alguna entre preventivas y penadas. En cada celda se alojan dos internas; existe además una brigada con siete camas. El comedor sirve también como sala de día.
Por lo que respecta a los menores de edad que acompañan a sus madres en prisión, ha de señalarse que durante el presente año ha continuado tramitándose una investigación que tenía por objeto el análisis del problema que supone la presencia de estos menores en el interior de la prisión. De las visitas efectuadas a los diversos centros penitenciarios se desprende que no todos los menores de tres años que conviven con sus madres en prisión son alojados en unidades de madres. Los datos de partida apuntaban a que cerca de un cinco por ciento de esos menores continúan siendo alojados en departamentos de mujeres que, normalmente, no reúnen condiciones adecuadas, y en los que conviven madres penadas o preventivas con otras internas que ni están embarazadas ni tienen a sus hijos con ellas.
De la información recibida de la Administración destaca el reducido porcentaje de menores de tres años que se encuentran destinados en unidades dependientes, pisos integrados en las ciudades. A este respecto, resulta significativo que no se haya superado el porcentaje del 15 por ciento en el número de menores de tres años que permanecían con sus madres en unidades dependientes, es decir, que un 85 por ciento de los niños se encontraban dentro de prisiones, bien en módulos de madres o bien en departamentos de mujeres. Por este motivo se interesó de la Administración la realización de un especial y renovado esfuerzo a fin de incrementar el número de menores alojados en unidades

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dependientes. Por otra parte, se ha constatado que es muy reducido el número de unidades dependientes existentes en el territorio nacional, reduciéndose su ubicación a cuatro ciudades.
En relación con esta cuestión se hace necesario llamar la atención de la Administración, a fin de que, al tiempo que incrementa este tipo de instalaciones, se diversifique su presencia territorial. El reducido número de unidades dependientes origina que en unas once prisiones, entre ellas Murcia, Alicante o Melilla, los menores conviven con sus madres en módulos o departamentos destinados al alojamiento de reclusas de régimen ordinario y en situación de prisión preventiva, con los riesgos de toda índole que ello conlleva.
Los datos aportados reflejan que estos menores han permanecido y permanecen durante varios meses alojados en estos departamentos que, por regla general, no disponen de condiciones adecuadas para dispensarles las atenciones y cuidados que precisan, ni mucho menos facilitarles el ambiente protector tan necesario para su correcto desarrollo. Junto a este hecho se aprecia que en ninguno de los departamentos en los que los menores que acompañan a su madre han de convivir con otras reclusas se dispone de personas con formación especializada para su atención. Esta situación no puede encontrar justificación en aspectos puramente cuantitativos, tal y como pretende la Administración penitenciaria.
En relación con este problema, se está a la espera de que la Administración realice un estudio comparativo sobre el estado general de salud y situación anímica de estos menores. Sería de gran interés conocer cómo afecta al desarrollo del menor su estancia en prisión, todo ello con objeto de constatar de forma objetiva una apreciación que, si bien no pasa de apoyarse en el sentido común, sería conveniente reforzar con algún estudio científico.


2.6. Presos extranjeros en España

En las visitas a centros penitenciarios se aprecia cada vez con mayor frecuencia la existencia de reclusos, normalmente extranjeros, que por intentar introducir en nuestro país una cantidad de sustancias estupefacientes superior al límite que la jurisprudencia ha fijado para calificarla jurídicamente como de notoria importancia, han sido condenados a penas de nueve o más años de prisión y la correspondiente multa.
Por otra parte, se han recibido numerosos escritos que ponen de relieve el problema que con carácter general representa la aplicación de los artículos 368 y 369-3.º del Código Penal. En relación con esta cuestión, la Audiencia Provincial de Madrid en más de una ocasión ha considerado que, en los casos en los que deben aplicarse los referidos artículos, podría estar afectándose el principio de proporcionalidad penal.
La casuística conocida por esta Institución muestra a personas que han ingresado en prisión por primera vez y que dada su condición de extranjeros cumplirán la pena impuesta casi en su integridad, ya que al no tener un arraigo en nuestro país y carecer de familiares suelen encontrar dificultades para acceder al disfrute de permisos de salida, tercer grado o libertad condicional.


Esta problemática también se aborda en un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación del nuevo Código Penal. En el apartado relativo al principio de proporcionalidad penal respecto de los delitos de tráfico de drogas se señala que se ha incrementado la extensión nominal de las penas, lo que unido a la supresión de la redención de condena por el trabajo, ha llegado a multiplicar a más del doble el límite mínimo real de cumplimiento. En otro punto de ese informe se señala que, en algún caso, como en el de los «correos de la droga», que transportan cantidades no muy elevadas, a veces en su propio organismo, las penas establecidas pueden ir de nueve a trece años y seis meses de prisión, entendiendo ese Consejo que pueden resultar excesivas. Finaliza ese informe poniendo de manifiesto la desproporción existente entre la penalidad mencionada y la que se produce en supuestos notoriamente más graves. En este sentido se indica que «la aprehensión de un barco cargado con miles de kilogramos de hachís daría lugar a la imposición de penas de 3 años a 4 años y 6 meses de prisión, o, en el peor de los casos, de 4 años y 6 meses a 6 años y 9 meses de prisión (que con reincidencia sube de 5 años, 7 meses y 15 días a 6 años y 9 meses), es decir, bastante menos que por la tenencia de una pastilla de M.D.
A.».
A la vista de la situación expuesta en el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, parece conveniente estudiar la posibilidad de graduar debidamente de forma expresa la duración de las penas que deben de imponerse a los autores de delitos contra la salud pública, teniendo en cuenta la cantidad de droga que se les interviene. Por todo lo anterior, esta Institución haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo, solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia en orden a conocer su opinión técnica sobre este tema y si se habían realizado estudios para proponer una futura modificación legal desde la perspectiva del principio de proporcionalidad penal.
Al momento de cerrar el presente informe no se había recibido respuesta de la Administración (9911473 y 0021538).


2.7. Presos españoles en el extranjero

Durante los últimos meses del año 2000, se produjo un incremento en el número de quejas recibidas de españoles presos en países extranjeros. Como consecuencia de este hecho, se quiere dejar constancia en este informe de los problemas con los que se enfrenta dicho colectivo. Asimismo, esta Institución decidió, a finales del citado año, ponerse en contacto con este

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grupo de personas que en los últimos meses ha venido oscilando entre las 1.250 a 1.400 personas.
Las quejas de los ciudadanos o sus familiares sobre esta materia provienen, en su gran mayoría, de españoles presos en cárceles marroquíes o en diferentes países iberoamericanos, y se refieren, fundamentalmente, a las condiciones de vida en el interior de las prisiones, a la escasa atención que reciben por parte de las autoridades consulares españolas en el exterior, a la falta de asistencia jurídica y a su deseo de cumplir sus condenas en España.
Uno de los grupos más numerosos de presos españoles en el extranjero es el que se encuentra en Marruecos. Tras la publicación el 25 de junio de 1999 en el Boletín Oficial del Estado del convenio suscrito con el citado país ha finalizado la aplicación provisional del mismo.
Durante los últimos tres años el número total de expedientes de traslado abiertos ha ascendido a ciento cuarenta y cinco. En la práctica, el mayor obstáculo para llevar a efecto el traslado de internos desde las cárceles marroquíes a las españolas se encuentra en el pago de las multas a las que son condenados los penados. Este motivo ha dado lugar a que desde el Defensor del Pueblo se haya planteado al Ministerio de Justicia la necesidad de estudiar la posibilidad de buscar alguna solución para paliar las situaciones de aquellos ciudadanos que no pueden acogerse al convenio por estar pendientes del pago de las multas impuestas. La carencia de recursos económicos para hacer frente a las multas no debería agravar el cumplimiento de la condena (F9800040).
En los últimos años se han realizado investigaciones de carácter general en relación con las prisiones de Tánger, Tetuán y Salé-Rabat.
En todas estas investigaciones los presos hacían referencia a las malas condiciones higiénicas y de habitabilidad, a la escasa comida que recibían y a la inexistente atención médica. Todos estos extremos fueron confirmados por las autoridades consulares, que además, en el caso de la prisión de Salé-Rabat, informaron que se trataba del centro penitenciario que mejores condiciones reunía en Marruecos, y ello pese a que albergaba a 3.600 internos cuando su capacidad era para 2.400. En relación con este país, se ha llegado a instar a la Administración a que refuerce el número de personal diplomático que se encuentra destinado en aquel país, para poder prestar asistencia al importante número de españoles que allí cumplen condena.
Junto con Marruecos, también se han realizado actuaciones respecto a prisiones ubicadas en los países iberoamericanos, en concreto la cárcel de Najayo en la República Dominicana, el penal de García Moreno en Ecuador y las prisiones colombianas de La Modelo de Bogotá y de Ternera en Cartagena de Indias. En todos los casos los españoles allí ingresados han comunicado el mal estado que presentan las infraestructuras de esos centros y la mala calidad y a veces la inexistencia de comida.
La experiencia acumulada a lo largo de los años en los que viene desarrollando su actividad el Defensor del Pueblo pone de manifiesto cómo a la hora de abordar este problema la medida más eficaz debe de encaminarse hacia la firma de convenios de traslado para el cumplimiento de la pena en las prisiones españolas. Las características que presentan la mayoría de las prisiones en las que se encuentran los ciudadanos españoles no reúnen las condiciones de habitabilidad e higiénicas que tienen los centros penitenciarios españoles. Esta es la razón por la que en más de una ocasión durante los últimos años se ha instado a la Administración para que firmara el mayor número posible de acuerdos de esta naturaleza.
Los dos convenios multilaterales firmados y ratificados por España en esta materia, es decir, el Convenio 112 de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas y el Acuerdo relativo a la aplicación entre los estados miembros de las Comunidades Europeas del Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, cubren todas aquellas situaciones en las que los ciudadanos españoles presos se encuentran en algún país europeo, ya que la mayoría de los países que han ratificado esos convenios pertenecen al continente europeo, salvo Canadá, Estados Unidos, Chile y Costa Rica.
Quedan por tanto fuera de la órbita de esos convenios los países iberoamericanos, los situados en el norte de África y los situados en el continente asiático. Con todos estos países la única alternativa posible es la celebración de convenios bilaterales. En este punto, aunque en los últimos trece años ha existido un avance significativo, es necesario seguir avanzando para ampliar el número de países con los que existen acuerdos. Al iniciarse el año 2000 se encontraban en vigor diecisiete convenios bilaterales, de los cuales dos de ellos estaban siendo ejecutados provisionalmente, cuatro se encontraban en trámite de ratificación y existían catorce procesos de negociación para tratar de conseguir nuevos convenios. Siendo importante la vigencia de esos convenios, aún más importante es la gestión y la actividad diplomática que se realiza en torno a la aplicación de los mismos. Según los datos existentes en los últimos cinco años, han sido trasladados a España, gracias a los convenios, algo más de cuatrocientos internos, motivo por el cual no puede afirmarse que los convenios actuales estén ofreciendo un resultado óptimo, teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a un colectivo de entre 1.250 y 1.400 personas.
Otro de los aspectos que es motivo de un buen número de quejas se refiere a la asistencia jurídica que reciben estos presos en los países en los que se encuentran. El artículo 119 de la Constitución reconoce el derecho a acceder a la justicia gratuita en las condiciones que la ley determine, siempre que se acredite insuficiencia

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de recursos para litigar; se trata por tanto de un derecho prestacional de configuración legal. Es este un derecho del que son beneficiarios todos los españoles. Así ha quedado articulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, con respecto a los españoles que litigan dentro de nuestro país, pero no está asegurado para aquellos que se enfrentan a los mismos problemas fuera de nuestro país.
Tanto en el Senado, la legislatura anterior, como en el Congreso de los Diputados, en el mes de septiembre de 1999, han sido rechazadas sendas proposiciones de ley que pretendían dar una respuesta normativa a un vacío legal evidente. La cobertura de ese derecho estaría condicionada, en primer lugar, por los medios económicos que pertenecieran al interno, en los mismos términos y con los mismos requisitos que señala el artículo 3 de la Ley 1/1996; en este sentido se pronunció también la orden circular número 3.065 de la Dirección General de Asuntos Consulares de 31 de mayo de 1985, sobre defensa jurídica de españoles en el extranjero. En segundo lugar, los beneficios a litigar gratuitamente quedarían supeditados a que el país en el que se encuentre el preso no ofreciera una defensa con unas garantías mínimas. En definitiva, los poderes públicos españoles vendrían obligados a ofrecer a este colectivo las mismas garantías de defensa jurídica que reciben los ciudadanos en nuestro país. A la vista de ese planteamiento debería procurarse el introducir dentro de los convenios que se están firmando la obligación de facilitar a los ciudadanos extranjeros presos una asistencia jurídica mínima, por parte de los países que suscriben dichos convenios.
Continuando con la asistencia que precisa este colectivo, debe hacerse referencia en términos generales a todas aquellas prestaciones de tipo económico, sanitario o de otra índole que demandan estas personas. Al igual que en el caso anterior, existe un vacío legal importante, que se ha tratado de paliar con una serie de órdenes circulares, hasta un total de seis, que comenzaron a dictarse en 1982, siendo la última de 1988. Con estas órdenes se regulan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores cuestiones tales como el ejercicio del derecho de visita a nacionales españoles en prisión, la defensa jurídica, las comunicaciones de detenidos españoles en el extranjero, el libro de visitas a detenidos españoles y la asistencia y repatriación de los nacionales en el extranjero. Todas estas disposiciones establecen las normas mínimas que deben observar los funcionarios españoles que tienen encomendada esta labor. Del contenido de las órdenes circulares antes referidas se deduce que las oficinas consulares en cuya jurisdicción se encuentren españoles detenidos deberán poner especial empeño en visitarlos regularmente, atendiendo a las necesidades que se deriven de su defensa jurídica, salud y reinserción social.
A juicio de esta Institución, sería deseable que, dado el tiempo transcurrido desde que estas disposiciones fueron dictadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores se planteara su actualización, habida cuenta del incremento del número de ciudadanos españoles encarcelados en prisiones extranjeras y, además, sería conveniente, y en ello debe insistir esta institución una vez más, que se procediera a estudiar el oportuno sistema para que estas órdenes internas, que en muchos supuestos afectan a derechos de los ciudadanos, tuvieran la debida publicidad y un rango normativo más adecuado acorde con las materias que regulan.
En definitiva la asistencia que deben recibir los españoles presos en el extranjero no puede quedar supeditada al contenido de estas órdenes circulares, ni a la obligación genérica que se deduce del artículo 5, número 7, del Convenio de Viena de 1961, en el que se establece que las representaciones consulares tienen encomendada la defensa jurídica de sus nacionales. Esa defensa jurídica debe de incluir el derecho a ser informados al menos mínimamente de la normativa penitenciaria existente en nuestro ordenamiento, para que puedan así formar su propia opinión fundada acerca de si les interesa o no su regreso. Tal afirmación se realiza sobre la base de una queja en la que el ciudadano español, al regresar a nuestro país y conocer el sistema de aplicación de penas, ha llegado a manifestar su falta de conformidad con el traslado obtenido.
Dentro de las posibles reformas normativas quedaría por tratar un último aspecto del que se ha tenido noticia durante el año 2000. Se trata del reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de los beneficios penitenciarios que los ciudadanos españoles han obtenido durante el tiempo que permanecieron presos fuera de España.
La práctica judicial no se muestra coincidente a la hora de abordar este problema y los pronunciamientos de los tribunales admiten en unos casos que sean los jueces de vigilancia penitenciaria quienes directamente se pronuncien y aprueben los beneficios penitenciarios obtenidos en el extranjero, aunque hay decisiones de jueces de vigilancia penitenciaria declarándose incompetentes. Algunas audiencias provinciales han asumido para sí esa competencia y han aprobado liquidaciones en las que se han reconocido beneficios penitenciarios obtenidos en el extranjero. Finalmente, hay resoluciones de la Audiencia Nacional que aplicando lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consideran que corresponde a dicha Audiencia adoptar ese tipo de decisiones.
La reforma normativa que se solicita podría quedar encuadrada dentro de la ley que regule el procedimiento de todas las actuaciones que afectan a los jueces de vigilancia penitenciaria. Dicho texto ya fue presentado para su aprobación en la anterior legislatura, pero fue la iniciativa legislativa que más tiempo permaneció en espera para su debate de todas las que finalmente decayeron al finalizar la legislatura (0007431, 0001344, 0002435 y 9911304).


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3. CIUDADANÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA

3.1. Inmigración y actividad administrativa

El año 2000 ha sido especialmente complejo en lo que se refiere a las normas reguladoras de los derechos y libertades de los extranjeros en España. En el mes de enero del año 2000 entró en vigor la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que derogó la Ley Orgánica 7/1985, introduciendo una nueva regulación de la materia más precisa y adecuada a la nueva realidad de la inmigración en nuestro país.
La aplicación de esta ley se vio en gran medida mediatizada por el anuncio de su modificación, realizado al tiempo de su entrada en vigor, posteriormente materializado en la Ley Orgánica 8/2000, cuya publicación tuvo lugar en el Boletín Oficial del Estado en fecha 23 de diciembre del citado año.
La actuación de control de la Administración ejercida por el Defensor del Pueblo en el curso de este año sólo puede, en consecuencia, entenderse desde el análisis de las tres normativas anteriormente citadas, por lo que habrá de hacerse constante mención a estos distintos textos legales en el curso de la siguiente exposición.


3.1.1. Régimen de entradas

La derogada Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, de derechos y libertades de los extranjeros en España, hacía referencia a los requisitos exigibles para la entrada de los extranjeros en territorio español en los artículos 11 y 12, exigiendo visado, salvo que las leyes internas o los tratados internacionales suscritos por España dispusieran la no exigencia de este documento, pasaporte o documento que acreditara la identidad y medios económicos suficientes para la estancia en España.
Dicha ley no regulaba el procedimiento a seguir en los casos de denegación de entrada, limitándose a señalar que la entrada debería realizarse por los puestos habilitados a tal fin, y bajo control de los servicios policiales correspondientes que «podrán rechazar» a quien no reúna los requisitos exigidos. La falta de regulación de los procedimientos de denegación de entrada ha motivado constantes e importantes intervenciones del Defensor del Pueblo, con la finalidad de dotar de las debidas garantías a dicho proceso.
En lo que se refiere a las resoluciones de rechazo, esta Institución ha venido señalando la necesidad de que se cumplimentaran por escrito las declaraciones de extranjeros objeto de rechazo, y que las mismas fueran firmadas por los interesados, motivándose debidamente las propuestas de inadmisión y procediéndose a su notificación escrita a los afectados.
En cuanto a la asistencia letrada, garante del derecho a la tutela judicial efectiva, esta Institución había venido observando ciertas reticencias de las autoridades encargadas del control de fronteras a permitir que una persona sobre la que se hubiera dictado resolución de inadmisión pudiera entrevistarse con el abogado contratado para su defensa, y sólo tras la intervención del Defensor del Pueblo podía realizarse dicha entrevista.
Por último, y en lo que se refiere a la permanencia de los extranjeros en dependencias policiales de los puestos fronterizos tras la resolución de rechazo, debe hacerse constar que se ha defendido en todo momento que la situación de estas personas, bien como solicitantes de asilo o como sujetos sometidos al régimen general de extranjería, a las que no se permite la entrada en España, se encuentran en situación de privación de libertad y en territorio nacional a los efectos de aplicación del régimen de garantías que establece la Constitución, una de las cuales es la puesta a disposición judicial transcurridas setenta y dos horas desde la detención.
Esta tesis fue en su día mantenida en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en el año 1994 contra el artículo 5 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
La Ley Orgánica 4/2000, de 12 de enero, estableció por vez primera las tres fundamentales garantías tantas veces reclamadas por esta Institución en lo relativo al régimen de entrada en territorio nacional, garantías que han sido igualmente mantenidas en la Ley Orgánica 8/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Estas garantías se refieren en concreto a los siguientes aspectos:

- Formalización del procedimiento, al establecer en su articulado que las denegaciones de entrada a los extranjeros que no cumplan los requisitos legales deben realizarse en resolución motivada, con indicación de los recursos, plazos para su interposición y autoridad ante quien deben formalizarse.
- Derecho a la asistencia jurídica gratuita, al establecer que se tiene ese derecho en los procedimientos administrativos que puedan llevar a la denegación de entrada.
- Garantía judicial, en aquellos casos en que el retorno no se realice en el plazo de setenta y dos horas. En el curso del año 2000, asesores de esta Institución se han desplazado a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote, al objeto de supervisar el efectivo cumplimiento de la nueva normativa, así como la situación de las instalaciones destinadas a albergar a los extranjeros objeto de rechazo en frontera.


Durante las distintas visitas realizadas se ha constatado que las autoridades policiales encargadas del control de frontera notifican las resoluciones del rechazocon una sucinta motivación, si bien ésta en muchos

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casos sigue resultando insuficientemente expresiva de las causas del rechazo.
En relación con la asistencia letrada, se ha de señalar que tanto en Madrid como en Barcelona se ha implantado un turno de oficio de asistencia a los extranjeros objeto de retorno o peticionarios de asilo.
Se ha comprobado que no existe un criterio uniforme sobre el modo en que deba prestarse dicho servicio. En este sentido, las autoridades de control de fronteras del aeropuerto de Madrid mantienen una posición de máximas garantías, consistente en la presencia del letrado de oficio en la primera toma de declaración al extranjero realizada ante los funcionarios policiales, y no sólo en la notificación de la resolución de retorno. Por el contrario, en el aeropuerto de Barcelona el extranjero realiza una primera declaración sin asistencia letrada, realizándose nuevamente esta misma declaración ya en presencia letrada.
En los aeropuertos de Las Palmas y de Lanzarote, el letrado sólo se encuentra presente en la notificación de la resolución de retorno e, incluso, se admite la renuncia a la asistencia letrada por escrito y ante el representante de la compañía aérea correspondiente, práctica que no se ha observado ni en Madrid ni en Barcelona.
La especial situación en la que se encuentran las personas objeto de retorno, privadas de libertad, sin contacto con sus familiares y sujetos a una medida inmediatamente ejecutiva, hace que la interpretación que deba darse a los preceptos que regulan el procedimiento tenga que ser extremadamente garantista, por lo que se hace ineludible la presencia letrada durante la primera toma de declaración del extranjero, sin que esta Institución considere que este derecho pueda ser susceptible de renuncia.
Por otra parte, en el curso de las visitas realizadas se ha apreciado que en todos los casos en los que el retorno no puede realizarse en el plazo de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa se dirige al juez de instrucción para que determine el lugar en que han de permanecer hasta que pueda materializarse dicho retorno.
Con carácter general, las autoridades judiciales autorizan la permanencia de los extranjeros en las dependencias de los aeropuertos, salvo en el caso del aeropuerto de Barcelona, en el que es frecuente que los extranjeros sean enviados al centro de internamiento por decisión judicial.
Por lo que se refiere a las instalaciones de los distintos aeropuertos visitados, deben considerarse adecuadas las salas de rechazados y de peticionarios de asilo del aeropuerto de Madrid, tanto en lo que se refiere a su estructura como a su dotación de mobiliario.
Es también correcta la estructura y el estado de conservación de las dependencias de la comisaría del aeropuerto de Las Palmas, si bien hay que señalar que el mobiliario es notoriamente deficiente.
Asimismo, durante la visita realizada se observó que el teléfono público del que disponen las personas pendientes de retorno no permite la recepción de llamadas del exterior, lo que dificulta la comunicación con los familiares y abogados particulares.
Las dos salas existentes en el aeropuerto de Lanzarote se encuentran en óptimas condiciones, si bien su uso es poco frecuente debido a la escasez de expedientes de retorno realizados, ya que los vuelos que llegan a este aeropuerto proceden de países del espacio Schengen.
De las dos salas visitadas en el aeropuerto de Barcelona hay que significar que la sala de rechazados resulta absolutamente impropia para albergar a los extranjeros objeto de retorno, no reuniendo en absoluto las condiciones precisas para la estancia de los mismos, ni para su higiene ni descanso. Por el contrario, la sala destinada a asilos ofrece un aspecto impecable, encontrándose en perfecto uso con instalaciones nuevas y mobiliario óptimo.
Esta última sala se encuentra por completo infrautilizada, por cuanto las peticiones de asilo son mínimas, ocupándose tan sólo en aquellas ocasiones en las que se rechaza a familias integradas por varios miembros, especialmente si hay niños, mientras que según la información obtenida el número de retornos oscila en torno a una cifra de sesenta extranjeros por mes.
Por todo ello, debe procederse a una urgente reforma de la sala destinada a los retornados del aeropuerto de Barcelona, y en tanto se lleve a efecto, debería utilizarse la sala de asilos para dichos retornos.
En el servicio permanente de guardia de la Institución han continuado recibiéndose en este año llamadas telefónicas poniendo de manifiesto la disconformidad con decisiones por las que las autoridades encargadas del control de fronteras deniegan la entrada de ciudadanos extranjeros a España.
Se ha detectado una práctica consistente en el rechazo en frontera de aquellas personas cuyos permisos se encontraban en trámite de renovación y pretendían la entrada en el país sin autorización de regreso, o con la autorización de regreso caducada. A la vista de ello, se recomendó a la Comisaría General de Extranjería y Documentación que se dictaran instrucciones a los puestos fronterizos para que se permitiera la entrada en España a las personas cuyos permisos estuvieran en trámite de renovación, siempre que no se tuviera constancia de que la solicitud de renovación hubiera sido denegada y fuera firme en vía administrativa.
Esta recomendación fue aceptada, impartiéndose las instrucciones precisas a las brigadas provinciales de extranjería y documentación, a las comisarías provinciales y locales y a los distintos puestos fronterizos en los precisos términos recomendados por esta Institución (0001378).
Por otra parte, ha podido apreciarse que en la mayoría de los casos las personas que pretenden la entrada en el país cumplen con los requisitos formales exigidos, y el rechazo se realiza en aplicación del Convenio de Schengen y del artículo 36 del Reglamento de Extranjería,

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esto es, porque las autoridades policiales no consideran que la documentación presentada por los interesados justifica la verosimilitud de los motivos del viaje.
Es preciso reconocer que es ya una práctica generalizada la realización por parte de los funcionarios policiales de comprobaciones acerca de los motivos de viaje alegados por los extranjeros; no obstante siguen produciéndose concretas situaciones en las que el Defensor del Pueblo considera insuficientes las gestiones policiales realizadas e insta a la autoridad gubernativa a la realización de gestiones complementarias.
A título de ejemplo, cabe señalar el caso de un ciudadano gambiano que había sido rechazado en el aeropuerto de Las Palmas pese a contar con una oferta de trabajo autorizada por las autoridades laborales españolas y del correspondiente visado expedido por la Embajada de España en Dakar. Las autoridades de frontera consideraban la existencia de indicios de manipulación del pasaporte, siendo ésta la única causa del rechazo. Esta Institución sugirió que se realizaran las averiguaciones oportunas ante la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y ante las autoridades consulares al objeto de constatar la realidad de la oferta laboral, así como la validez del visado. Estas gestiones dieron resultado positivo, permitiéndose por ello la entrada del interesado (0026047).
En otras ocasiones, se ha constatado que la actuación de la autoridad gubernativa cumple de modo estricto con la legalidad vigente, si bien no toma en consideración razones de índole humanitaria que pueden aconsejar la autorización de entrada del extranjero afectado.
En este sentido, cabe señalar la situación en que se encontraba un nacional filipino llegado al aeropuerto de Madrid con una hija menor de edad, que no poseía el preceptivo visado de entrada. De la información facilitada se desprendía que el interesado había residido en España junto con su mujer por un período ininterrumpido de veintidós años, contando ambos con permiso de residencia permanente.
El afectado se había visto obligado a abandonar España en el año 1999 por motivos familiares graves, regresando de modo urgente a nuestro país para atender a su mujer gravemente enferma. Esta Institución puso de manifiesto a las autoridades administrativas las especiales circunstancias de índole familiar y humanitarias concurrentes en este caso, así como la especial situación jurídica del interesado, quien podría obtener una exención de visado si se encontrase en territorio español y tendría derecho a la reagrupación familiar. Estas consideraciones fueron valoradas por las autoridades policiales, autorizándose la entrada del interesado y de su hija en el país (F0000094).


3.1.2. Entrada de extranjeros indocumentados por puestos no habilitados

Durante el año 2000 se ha continuado incrementando la llegada a España de extranjeros indocumentados, fundamentalmente procedentes de países africanos, tanto a las ciudades de Ceuta y Melilla como a las costas españolas más cercanas al continente africano, concretamente las del sur de Andalucía y las costas canarias.
El Defensor del Pueblo ha seguido con gran preocupación el crecimiento de este fenómeno migratorio, de claras dimensiones humanitarias, realizando constantes visitas a los lugares de llegada de estos extranjeros, a fin de comprobar la correcta aplicación de las normas reguladoras de los procedimientos de retorno y expulsión, así como la adecuación de las instalaciones en las que se alberga a estos ciudadanos, instando a la Administración a la mejora de las condiciones para su debida acogida.
En el curso del presente año, siguiendo el criterio mantenido con anterioridad, se han visitado las ciudades de Ceuta y Melilla, Algeciras y la provincia de Gran Canaria, recabándose la información precisa de las distintas administraciones implicadas en esta problemática y procediéndose a visitar las instalaciones actualmente existentes.
Con carácter general, puede afirmarse que por parte de las distintas administraciones se ha realizado un elogiable esfuerzo para la correcta acogida de estos inmigrantes, que se traduce en la reciente creación de centros de acogida temporal, en los que permanecen con carácter voluntario a la espera de la decisión que se adopte sobre su situación en España, estando igualmente prevista la apertura de otro nuevo centro en Tenerife.
En concreto, se han visitado en el año 2000 los tres centros de estancia temporal de inmigrantes actualmente existentes en las localidades de Melilla, Ceuta y Las Palmas.


3.1.2.1. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla

Este centro fue inaugurado en el año 1999 como respuesta a la gran afluencia de personas de origen subsahariano a la ciudad. En ese mismo año se realizó una primera visita al centro, en la que pudo apreciarse que las instalaciones, consistentes en tiendas de campaña, eran correctas y se encontraban en buen estado.
En la visita girada durante el año 2000 no se apreció ningún deterioro relevante de las instalaciones, si bien las autoridades competentes informaron de que se había solicitado el cambio de las citadas tiendas de campaña por barracones prefabricados aportados por protección civil, diseñados para el alojamiento en situaciones de catástrofe.
El mayor problema apreciado en esta última visita ha sido la alta ocupación del centro, con capacidad para 340 personas. En el momento de la vista lo ocupaban 400 extranjeros, existiendo una lista de espera para el ingreso de al menos otros 50.
Conviven en el centro extranjeros en diferentessituaciones, por cuanto unos se encuentran a la espera

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de su posible devolución a sus países de origen, mientras que otro amplio grupo no puede ser objeto de retorno, bien por desconocerse los países de los que son originarios, o bien por no ser reconocidos como nacionales por sus países de origen. La dificultad de los trámites de retorno en el primero de los casos, y la reticencia de la Administración a documentar con celeridad a aquellos extranjeros de los que cabe presumir la imposibilidad de retorno, ocasiona que el tiempo de permanencia en el centro de estancia temporal de inmigrantes se alargue incluso durante meses, produciendo la saturación de sus instalaciones y la existencia de tensiones entre su población, que en ocasiones ha utilizado la huelga de hambre como medida de presión.
Analizada esta compleja situación, se ha instado a los organismos competentes a la agilización de los trámites de documentación de estos extranjeros, incluidos los que pudieran ser objeto de un expediente de retorno si transcurrido un tiempo prudencial de permanencia en el centro de estancia temporal de inmigrantes no hubieran sido objeto de tal medida (F0000107).


3.1.2.2. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta

Los problemas de inmigración africana en Ceuta son similares a los planteados en Melilla, lo que justificó la apertura de este centro de estancia temporal en el mes de marzo del año 2000.
Este centro presenta unas excelentes condiciones de habitabilidad y de higiene, con dormitorios para ocho personas y un cuarto de baño por cada dos dormitorios, todo ello en buen estado y correctamente gestionado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales, contando igualmente con campo de deportes e instalaciones de recreo para los menores.
Al igual que ocurre en el centro de Melilla, al ingreso en el centro los inmigrantes son objeto de un amplio control sanitario, previa autorización de los interesados.


Resulta preciso señalar que este centro se encuentra igualmente al límite de su capacidad, por idénticas razones que las expuestas para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla.
Por otra parte, se ha de hacer constar que en el curso de esta misma visita se procedió a la supervisión de la actividad realizada por la autoridad gubernativa en relación a la tramitación de los expedientes de retorno y expulsión incoados a estas personas. Así, en lo que respecta a la tramitación de dichos expedientes se observó que en la diligencia de información de derechos no consta de forma fehaciente la intervención de letrado. En unos casos figura la firma de una tercera persona distinta del funcionario y del interesado que se puede suponer que es la del letrado, si bien no está identificada ni con el nombre ni con el número de colegiado, y en algunos otros casos, incluso no aparece firma alguna.
Las autoridades policiales informaron de que, con independencia de la constancia escrita de esta asistencia letrada, la diligencia de información a derechos al detenido siempre se realizaba en presencia de abogado e intérprete en los casos en que era necesario. Esta Institución considera que la asistencia letrada exigida en la ley es una garantía esencial vinculada al derecho a la defensa, por lo que en ningún caso puede obviarse ni presuponerse, siendo exigible en cada uno de los procedimientos tramitados la constancia de la intervención e identificación del letrado que intervenga en el mismo.
Por último, y en lo que se refiere a las notificaciones del retorno, en la documentación examinada no quedaba acreditado que dicha notificación se realizara en presencia de letrado e intérprete, lo que tampoco resulta garantía del derecho de defensa que asiste a los inmigrantes.


3.1.2.3. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Las Palmas

Como ya se ha indicado en anteriores informes, el fenómeno de la inmigración a las costas canarias se generalizó en el año 1999, habiéndose intensificado durante el año 2000, muy probablemente a consecuencia del mayor control policial ejercido en el Estrecho de Gibraltar.
En el informe del pasado año ya quedó señalado que la llegada de estos ciudadanos tiene una especial incidencia en la isla de Fuerteventura, por ser la más cercana a la costa africana.
En ese mismo año 1999 se habilitó una terminal en desuso del aeropuerto de Fuerteventura para dar cobijo a las personas arribadas en pateras y otras embarcaciones. Tras la visita realizada se constató la deficiencia de estas instalaciones y se formuló una recomendación instando la adopción de las medidas oportunas al objeto de subsanar las carencias observadas, que no ha sido todavía contestada al cierre de este informe (9912449).
No obstante, en el año 2000 se ha creado en Las Palmas de Gran Canaria un centro de estancia temporal de inmigrantes, de tal modo que las personas que llegan en patera a Fuerteventura permanecen durante algunos días en la citada terminal del aeropuerto, trasladándose posteriormente a estos extranjeros al nuevo centro de Las Palmas, tras una breve estancia en el centro de internamiento de esa misma ciudad.
Durante su estancia en la isla se instruyen los expedientes de retorno, sin que se haya apreciado ninguna irregularidad en las tramitaciones, contando los extranjeros con la debida asistencia letrada y de intérprete.
Para la creación de este centro, de cuya gestión se encarga la Cruz Roja, se habilitó una nave industrial que consta de tres plantas con brigadas, en las que se separan los hombres de las mujeres. Las brigadas destinadas

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a los hombres están provistas de veinticinco literas, sin separación entre ellas, y en el momento de la visita se encontraban por completo ocupadas por cincuenta inmigrantes en condiciones de hacinamiento y falta completa de ventilación. Las dependencias de mujeres no se encontraban tan sobrecargadas, pese a que su número era también muy elevado.
Los espacios comunes con que cuenta el centro son escasos y en ellos se realizan todas las actividades que llevan a cabo los extranjeros, comida, clases de español, ocio, etc.
La Administración ha realizado un esfuerzo mediante la creación de este centro que debe valorarse como positivo. Sin embargo, el centro, que puede ser válido provisionalmente, no cumple con los requisitos de infraestructura para desarrollar correctamente su función, por lo que sería deseable la creación de un centro nuevo que cumpliese con las necesarias condiciones de habitabilidad, en caso de que persista la situación que motivó su creación.
La práctica totalidad de las personas acogidas en este centro de estancia temporal de inmigrantes son de origen subsahariano, fundamentalmente nigerianos, por lo que al no ser reconocidos por sus respectivos consulados no resulta posible el retorno a sus países de origen. En teoría, tras el ingreso en el centro y una vez constatada la imposibilidad de los retornos de los extranjeros, deberían iniciarse las gestiones referentes a su documentación, a fin de dotarles del oportuno permiso de residencia excepcional, así como de permiso de trabajo, bien para permanecer en las islas o para poder pasar a la Península.
También en el plano teórico, el mecanismo previsto una vez iniciadas las gestiones de documentación, consiste en trasladar a los afectados a un centro de segunda acogida, gestionado por Las Palmas Acoge y con capacidad para veinticinco hombres, donde se realizan otras actividades más específicas encaminadas a su inserción laboral. No obstante lo anterior, la realidad no ha seguido la pauta teórica, siendo escaso el número de inmigrantes documentados y lento el proceso de documentación.


Con ello, el centro de estancia temporal de inmigrantes está pasando a convertirse en un centro meramente asistencial, sin infraestructura suficiente para ello, alejándose del concepto de provisionalidad con que se creó.
Todo ello origina graves tensiones internas, acumulación de listas de espera de personas que duermen en la calle, cerca de 130 en la fecha de la visita, y prolongación del tiempo de estancia en la isla de Fuerteventura al no producirse ninguna vacante en el centro, que se encuentra saturado.
Cruz Roja afirma que su propia organización cuenta con un plan de empleo que permitiría ocupar a estos extranjeros en trabajos que no son deseados por los españoles. Dicho plan de empleo sería extensible al resto de la Península por las propias conexiones de Cruz Roja con el exterior de la isla. De igual modo, se hizo referencia a diversas ofertas de empresarios de Las Palmas -alrededor de cincuenta puestos de trabajo- que no pudieron ser cubiertos por los inmigrantes debido a su falta de documentación.
Por todo lo anterior, resulta necesaria una política encaminada a la ágil documentación de estas personas, evitando con ello la aglomeración de las dependencias y la aparición de tensiones y futuros conflictos.
Otro problema detectado durante la visita fue la existencia de un nuevo fenómeno consistente en la inmigración de mujeres, para las que no existen planes específicos de la Administración. Se constató que no existen dependencias concretas para atender a las mujeres que llegan embarazadas a la isla y tiene allí a sus hijos, las cuales por el momento están siendo acogidas desinteresadamente por familias que les prestan su ayuda. Asimismo, se observó la inexistencia de planes de trabajo para las mujeres llegadas a la isla, que terminan abocadas a la prostitución una vez que abandonan el centro.


3.1.2.4. Entrada de personas indocumentadas por las costas de Andalucía

Durante el año 2000 ha continuado la afluencia de extranjeros llegados a las costas de Cádiz en pateras. Estas personas son en su inmensa mayoría de origen marroquí, casi un ochenta por ciento, frente al veinte por ciento de origen subsahariano.
Tal circunstancia hace que la actuación de la Administración en relación con estas personas presente unos rasgos diferentes respecto de la situación señalada en las ciudades de Ceuta y Melilla y en la provincia de Gran Canaria, ya que los ciudadanos marroquíes pueden ser objeto de retorno de modo inmediato tras detectarse su entrada, en virtud del Convenio de Repatriación firmado entre España y Marruecos.
En la visita realizada a la Comisaría de Policía de Algeciras y otras dependencias policiales, pudo apreciarse que los expedientes de retorno se realizan correctamente y con respeto a todas las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, lectura de derechos, asistencia letrada y de intérprete, así como notificación del acuerdo de retorno.
En lo que afecta a la situación de las personas de origen subsahariano se detectó una práctica no observada en el resto de las localidades ya citadas, consistente en que, tras la notificación de la orden de retorno y comprobada la imposibilidad de su ejecución, se procede a la puesta en libertad de estos extranjeros, notificándoseles en ese momento, junto a la diligencia de su puesta en libertad, la incoación de un expediente de expulsión de España.
Según establece el artículo 58 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica

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4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, no será preciso expediente de expulsión para la devolución de los que pretendan entrar ilegalmente en el país.
A la vista de ello, se ha de señalar que el Defensor del Pueblo considera que la incoación del citado expediente de expulsión no se ajusta a la normativa vigente, por cuanto la detención de estos extranjeros ha tenido lugar en el momento en el que los mismos intentaban entrar en el país, y no una vez que se encontraban en territorio nacional, tratándose evidentemente de dos infracciones de imposible comisión conjunta, por lo que en ningún caso podrían ser objeto de una duplicidad en su sanción.
Por otra parte, la incoación de un expediente de expulsión para estos ciudadanos no puede culminar en una orden de expulsión ejecutable, ya que, como se ha señalado, se trata de personas procedentes de países con los que no existe convenio de repatriación, o se desconocen sus nacionalidades. Por ello, la única eficacia práctica de tal incoación es la de dificultar la posible regularización de estas personas mediante la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas, abocándolas a situaciones de marginalidad. En consecuencia, esta Institución no puede compartir el criterio mantenido en estos casos por la autoridad gubernativa.
En lo que se refiere a las instalaciones existentes para albergar a estas personas a su llegada a España, se ha de indicar que en la provincia de Cádiz no existe ningún centro específico destinado a tal fin, por lo que tras la llegada de estos extranjeros son trasladados a los calabozos de la Comisaría de Algeciras y, en las épocas de mayor afluencia, se habilitan otros calabozos policiales e, incluso, los calabozos de la guardia civil y el polideportivo de Tarifa.
Respecto a los calabozos de la Comisaría de Algeciras, asesores de esta Institución comprobaron que, pese a la mejora de las instalaciones en relación a lo observado en años anteriores, las mismas continúan sin reunir las condiciones mínimas exigibles para la estancia de estas personas, ya que se encuentran en un sótano, con ventilación e iluminación deficiente.
El segundo de los centros policiales visitado en la ciudad de Algeciras es de reciente construcción, por lo que su estado general es correcto. Consta de cuatro celdas grandes y en el momento de la vista se encontraban en construcción otras tres nuevas celdas.
A título orientativo se puede señalar que en el año 2000 se efectuaron desde Algeciras más de ocho mil retornos, y dado que el flujo de inmigrantes que ha llegado a estas costas parece ser un fenómeno que continuará en un futuro, la provisionalidad con que los mismos son albergados en las distintas dependencias policiales no resulta adecuada. Por ello, resultaría conveniente la creación de un centro idóneo a tal fin, en el que junto a la necesaria atención asistencial se les dispensara la debida asistencia médica, que actualmente está siendo prestada por voluntarios de la Cruz Roja y de Médicos sin Fronteras.
Debe por último dejarse constancia de una investigación iniciada de oficio al tenerse conocimiento por los medios de comunicación de que el retorno de inmigrantes a Marruecos se realizaba dentro de los furgones policiales en las bodegas de los transbordadores, incumpliendo lo establecido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que prohíbe el transporte de viajeros en estas condiciones por el grave peligro que correrían en caso de incendio, naufragio o desplazamiento de carga.
La Delegación del Gobierno para la Inmigración confirmó la noticia publicada en la prensa, si bien justificó este proceder por la carencia en estos buques de camarotes u otras instalaciones donde realizar el traslado de los extranjeros con las adecuadas medidas de seguridad, tanto para extranjeros y policías como para el resto del pasaje, indicando asimismo que la normativa contenida en el citado convenio puede excepcionarse ante determinadas circunstancias mediante autorización de la autoridad marítima.
Finalmente, tras una nueva intervención, la autoridad gubernativa suscribió un acuerdo con las compañías operadoras en el Estrecho para la acomodación de los repatriados en salones independientes o en la cubierta de pasajeros (F000115).


3.1.3. Menores extranjeros en situación de desamparo en Ceuta y Melilla

Como ya se planteó en el informe correspondiente al año 1998, la peculiar situación de Ceuta y Melilla originó la aparición de un fenómeno específico de estas ciudades, consistente en la existencia de niños procedentes de Marruecos que deambulaban por estas ciudades en presunta situación de desamparo.
La Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, entonces vigente, no hacía referencia a la situación de estos menores ni a las actuaciones que la Administración debía realizar en garantía de sus derechos. La única regulación de la materia era la contenida en el reglamento de desarrollo de dicha ley, aprobado en el año 1996, cuyo artículo 13 dispone que los menores en situación de desamparo serán encomendados a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente, con conocimiento del Ministerio Fiscal.
Estos servicios deberán procurar la reagrupación familiar del menor en su país de origen, con totales garantías para su seguridad. En caso de que no resulte posible la reagrupación, estos servicios de protección continuarán ejerciendo la tutela del menor, instando su documentación.
La falta de regulación específica de esta materiamotivó que, tras la intervención de esta Institución, se

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dictara la resolución conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, de 11 de noviembre de 1998, por la que se imparten instrucciones generales sobre la repatriación de menores extranjeros en situación de desamparo en España. La aplicación de esta instrucción puso fin a las incorrectas prácticas observadas hasta entonces en los procesos de repatriación, fundamentalmente en Ceuta, que en ocasiones eran instados por la policía local, pese a carecer ésta de competencias en la materia, y sin que existieran suficientes garantías en relación con la situación en que quedaba el menor repatriado a Marruecos.
Durante el presente año han proseguido las actuaciones en su día iniciadas ante la Fiscalía General del Estado, las delegaciones del Gobierno de Ceuta y Melilla y las consejerías de estas comunidades autónomas que ejercen la tutela de los citados menores, al objeto de conocer los posibles problemas que pudieran haberse planteado en lo relativo a su reagrupación familiar, así como la situación de los centros de acogida y su documentación.
Asimismo, la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo y un asesor se desplazaron a Melilla a fin de conocer in situ la real situación de estos menores, manteniéndose reuniones con todas las administraciones y organismos implicados, así como con la Fiscalía de Menores. Esta Fiscalía informó en esa ocasión de que no existían en Melilla menores en situación de desamparo, ejerciéndose la tutela por los organismos competentes. No obstante, la afluencia de menores hace que en cualquier momento puedan varias las circunstancias, por lo que es necesario continuar con la supervisión de la actuación administrativa.
Por su parte, la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla remitió un extenso informe, en el que, tras hacer mención a las gestiones realizadas en cumplimiento de la resolución conjunta antes citada, indicaba que, en lo relativo a la reagrupación familiar, las averiguaciones para la reintegración de los menores a sus familias se dilatan bastante en el tiempo, así que con carácter general las reintegraciones no resultan efectivas, permaneciendo por tanto los menores bajo la tutela de la consejería.
Según se reflejaba en este mismo informe, tras el acogimiento de estos menores se les gestiona de modo inmediato la cobertura sanitaria a través de la seguridad social y, en el caso de estar en edad escolar, su escolarización.


Respecto a esto último, durante la visita realizada se informó de que los menores de edad mayores de doce años que no pueden ser integrados dentro del sistema educativo de forma normal por carecer de conocimientos elementales, son objeto de unos planes específicos integrados en tres aulas de los centros de secundaria. De igual modo, se puso de manifiesto la existencia de un sistema de control diario de asistencia de los alumnos a través de las autoridades administrativas, si bien dicho sistema no consigue reducir el alto grado de absentismo escolar.
En lo relativo a los centros de acogimiento hay que señalar que existen cuatro en la ciudad, todos ellos centros privados colaboradores, encontrándose al límite de su capacidad. En este sentido, la consejería indicó que la entrada de menores va en aumento y la situación es extremadamente difícil e imprevisible.
Durante la visita se pudo constatar la saturación de los centros de menores, así como la inexistencia de un centro de reforma. De los cuatro centros visitados, tres de ellos se encuentran en condiciones que pueden considerarse adecuadas, mientras que el restante, llamado «Avicena», presenta instalaciones precarias, sólo compensadas por el alto de grado de motivación de los trabajadores.


A la vista de la situación observada, resulta urgente la ampliación y mejora de los centros de acogimiento existentes en Melilla y, dada la especial conflictividad de algunos de estos menores, resultaría igualmente precisa la creación de un centro de reforma en el que se pudieran atender de manera adecuada sus especiales necesidades.
En relación a la documentación de menores tutelados, durante la visita realizada se apreció un incumplimiento de lo preceptuado reglamentariamente, ya que los efectos de la residencia no se retrotraían a la fecha del inicio del acogimiento.
Una vez constatada esta irregular práctica se ha procedido a su subsanación, haciéndose constar en los permisos de residencia de estos menores como fecha de inicio de su residencia legal en España la fecha en que comenzó dicho acogimiento.
Por último, se ha de señalar que la Fiscalía de Menores expresó su criterio respecto a la necesidad de que la repatriación de estos menores se regule en una norma del rango adecuado, dada la importancia de los derechos afectados, criterio con el que se coincide plenamente.


Por lo que se refiere a la situación de los menores marroquíes tutelados por la Consejería de Salud Pública, Bienestar Social y Mercados de Ceuta, del informe remitido por dicho organismo se desprendía que la situación de los centros de protección existentes era de total saturación, siendo las perspectivas de entrada de menores de aumento a ritmo creciente.
Tras declarar la situación legal de desamparo y asumir la tutela de estos menores, se procede a solicitar la cédula de inscripción y tarjeta de residencia ante la autoridad gubernativa, sin que se hayan detectado demoras u otras irregularidades en relación con esta documentación.
Según la información facilitada por este organismo la mayoría de estos menores no pueden ser tratados en los centros de protección, tal y como están concebidos, por lo que aconseja un tratamiento diferenciado. La consejería señala que algunos de estos menores, procedentes

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de familias rotas, e incluso consumidores de drogas, carecen de hábitos o habilidades sociales, con graves problemas de conducta e integración. Estas circunstancias hacen que difícilmente permanezcan en los centros de protección, y la falta de medios educativos, infraestructuras y materiales de estos centros para tratar sus problemáticas los convierten, a juicio de esa Administración, en un peligro para ellos mismos, el resto de menores que están ingresados y los propios adultos.
Dado que tras la exposición del problema planteado la consejería no explica qué tipo de centro y de tratamiento requieren estos menores, se ha solicitado un nuevo informe a fin de conocer las medidas que requieren estos menores y las actuaciones que desde los organismos competentes se están realizando para conseguir su integración.
Por las razones antes expuestas, la mayoría de los niños acogidos en los centros de protección no han sido escolarizados de modo inmediato, ya que previamente han necesitado la realización de actividades de alfabetización y apoyo escolar impartidas por el equipo educativo especialmente contratado para el centro.
Tras la realización de estos iniciales estudios, los menores fueron escolarizados en un colegio público de Ceuta, recibiendo una educación todavía no integrada en el sistema educativo normalizado.
Esta decisión ocasionó la oposición de un numeroso grupo de padres y madres de los otros alumnos, iniciando esta Institución una intervención de oficio ante la Dirección Provincial de Educación. La Administración ha mantenido su criterio de escolarizar a estos menores en un solo centro público, sin que hasta la fecha se hayan producido nuevos incidentes, prosiguiendo la actuación de esta institución hasta su integración el próximo curso en condiciones de escolarización ordinaria.
Por otra parte, la consejería señaló en su informe que el traspaso de competencias en la materia se produjo en el mes de febrero de 1999, sin que en dicho traspaso estuviese prevista una situación como la actual, en la que cualquier previsión de recursos se ve rápidamente desbordada, estimando por ello urgente un replanteamiento del apoyo recibido por parte de la Administración central en esta materia.
Ante estas afirmaciones, y con carácter previo a la realización de nuevas actuaciones ante la Administración estatal, se ha solicitado un informe ampliatorio a fin de conocer las gestiones realizadas por la consejería ante la Administración central, las ayudas que entienden necesarias y la respuesta recibida, estándose a la espera de recibir la correspondiente contestación.
Por último, en lo que se refiere a la intervención de la autoridad gubernativa, en el citado informe se afirma que el Grupo de Menores de la Policía Nacional de Ceuta presta poca atención a los menores que transitan por las calles, al parecer por no contar con los efectivos necesarios, lo que ocasiona que sea la policía local la que traslade a los menores no acompañados a los centros de protección.
Además, en lo que se refiere a las gestiones que realiza la Delegación del Gobierno en Ceuta para la repatriación o la reintegración de los menores a sus familias de origen, se señala en dicho informe que no se ha obtenido la adecuada respuesta de dicha autoridad, no siendo habitual el retorno de estos menores a su lugar de procedencia.
De los dos aspectos señalados se ha dado traslado a la Delegación del Gobierno en Ceuta, solicitando conocer las medidas que pudieran adoptarse para la mejora de esta situación (F9800140, 9904608, F0000066 y F0000126).


3.1.4. Tratamiento a polizones

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, reconoce el derecho a esta asistencia a los extranjeros en situación irregular en España sólo en el orden jurisdiccional penal y en los procesos relativos a su solicitud de asilo.
Esta ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de esta Institución, por entender que la asistencia jurídica gratuita es un derecho vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva, derecho inherente a la persona humana, y que como tal no podía regularse atendiendo a la situación administrativa en que se encontraran los extranjeros en España. El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del precepto impugnado.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reconoce por primera vez, en su artículo 20.1, el derecho a la asistencia jurídica gratuita de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de la entrada del extranjero o a su expulsión o salida obligatoria del territorio español.
La aplicación de este precepto no plantea problemas en los casos en los que es evidente la intención del extranjero de entrar en España, ya sea por puesto habilitado o por otros lugares. No obstante, se ha observado una falta de unidad de criterio en lo relativo a la exigencia de intervención letrada en los casos de pasajeros clandestinos a bordo de buques de pabellón extranjero llegados a puertos españoles, esto es, en relación a los polizones.
La asistencia letrada la reconoce la ley en los procedimientos que puedan llevar aparejada la denegación de entrada. El presupuesto obvio de tal denegación es una solicitud o el intento de entrada en territorio español de un extranjero. En el caso de los polizones, no necesariamente se realiza esa solicitud o ese intento de entrada, por lo que difícilmente puede rechazarse una solicitud no formulada.
En base a esta interpretación literal del precepto, algunas subdelegaciones del Gobierno, tales como la de Vizcaya, han entendido que no es precisa asistencia

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letrada durante la entrevista que las autoridades policiales mantienen con los polizones en el buque para comprobar cuál es su situación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 3/1998, de 17 de noviembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre tratamiento a polizones. Por el contrario, en otras subdelegaciones del gobierno, tan pronto se tiene conocimiento de la existencia de polizones, se libra comunicación al correspondiente colegio de abogados para la personación de un letrado que asista al polizón durante las gestiones administrativas realizadas por la policía.
A la vista de tal disparidad de criterio se ha dado traslado de la situación expuesta a la Dirección General de Extranjería e Inmigración, encontrándonos a la espera de recibir contestación. El Defensor del Pueblo entiende que las especialísimas circunstancias en que se encuentra un polizón, sin posibilidad de abandonar el buque ni mantener más contacto con el exterior que el de las autoridades policiales y, generalmente, procedente de un país en vías de desarrollo políticamente inestable y con graves conflictos internos, obliga a que en un Estado de Derecho como es España se interpreten del modo más garantista los preceptos que regulan los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce, como es el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
A este respecto, hay que señalar que el polizón puede en cualquier momento formular su deseo de entrar en España o solicitar asilo, por lo que la presencia letrada constituye una importante ayuda para que pueda presentar las correspondientes solicitudes en caso de ser ésta su intención.
En virtud de las anteriores consideraciones, deben impartirse las instrucciones oportunas a fin de que el mencionado artículo 20.1 sea interpretado del modo más favorable a los afectados, procediéndose a la asistencia letrada de los polizones tan pronto se tenga conocimiento de su existencia, con independencia de que haya manifestado su intención de entrar en España o solicitar asilo.
Asimismo, sería necesaria la modificación de la vigente instrucción sobre tratamiento a polizones para adecuarla al contenido de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (0024941).


3.1.5. Centros de internamiento de extranjeros

El Defensor del Pueblo ha venido recogiendo en sus sucesivos informes su preocupación por la situación de los centros de internamiento de extranjeros, reclamando en todos ellos la adecuación de sus instalaciones y la regulación de sus normas internas de funcionamiento. Fruto de esta insistencia fue la aprobación de la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, hasta ese momento carentes de una normativa específica que desarrollara las previsiones legales.
La citada orden establece en su disposición transitoria única que «los centros de internamiento de extranjeros actualmente existentes deberán adecuar su funcionamiento a los requisitos de organización, régimen interno y demás disposiciones previstas en la presente orden en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor, teniendo en cuenta las previsiones de índole presupuestaria».
Dado que la citada orden entró en vigor el 16 de marzo de 1999, el plazo de adecuación de los diversos centros a esta normativa finalizará el 16 de marzo de 2001. Por ello, se realizaron distintas visitas al finalizar el año 2000, al objeto de comprobar las actuaciones realizadas por la Administración para el cumplimiento de la citada orden.
Se visitaron a los centros de internamiento de Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga, estando prevista la visita de los dos centros restantes, Murcia y Valencia, antes de que finalice el citado plazo.
En lo que se refiere a la estructura de los centros actualmente existentes, esta Institución sigue manteniendo el criterio, ya reflejado constantemente en anteriores informes, de que los mismos no reúnen las condiciones exigibles de habitabilidad, observándose graves deficiencias que sólo pueden subsanarse mediante la construcción de nuevos centros. Estas carencias son especialmente relevantes en los centros de Madrid y Barcelona, que se encuentran ubicados en unos sótanos sin luz natural ni suficiente ventilación, con escasez de duchas y de espacios comunes.
Es cierto que la Administración ha realizado determinadas obras de mejora en alguno de dichos centros. No obstante, es la propia concepción de los centros de internamiento la que no se adapta al espíritu que preside la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, ni a su reglamento de desarrollo, así como tampoco a la orden ministerial antes citada, ya que su estructura, configurada como calabozos policiales, hace especialmente aflictiva la privación de libertad que el internamiento supone.
A este respecto, es importante señalar que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, permite por primera vez en nuestro ordenamiento el ingreso en centros de internamiento de personas que vayan a ser objeto de retorno cuando éste haya de efectuarse en un plazo superior a 72 horas. Son personas que ni tan siquiera han cometido una infracción administrativa, por lo que su privación de libertad debería hacerse en las condiciones menos gravosas posibles.
Con carácter general, la conclusión a la que se ha llegado tras la realización de las visitas es que se ha dado un cumplimiento parcial a lo exigido en la ordenministerial, fundamentalmente en todas aquellas materias

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que exigen una dotación presupuestaria para su funcionamiento.
La orden ministerial citada exige que en cada centro se constituya un servicio sanitario bajo la responsabilidad de un médico general auxiliado por un diplomado universitario en enfermería, así como los correspondientes servicios de asistencia social, atendidos por trabajadores sociales. En todos los centros visitados la asistencia médica la presta el mismo facultativo que atiende a los funcionarios policiales, y en el momento de las visitas no existían servicios de asistencia social, realizándose éstos en unos casos por voluntarios, y en otros, como en Barcelona, se observó que no había ninguna persona que desarrollara estas labores, lo que fue reclamado insistentemente por los internos.
Asimismo, la orden prevé la posibilidad de realizar actividades recreativas fuera de los horarios específicamente establecidos para la realización de otras necesarias ocupaciones (aseo personal, comida, visitas de familiares y letrados, etc.), para lo que prevé que la sala de ocio esté equipada con el mobiliario necesario para el descanso, así como un receptor de televisión, prensa diaria, juegos de mesa, biblioteca y otros elementos recreativos. Durante las visitas realizadas se comprobó que, pese a existir una sala en la que se reúnen los internos y pueden ver la televisión, la misma carece de mobiliario suficiente, al estar tan sólo equipada con sillas, y no disponer de ningún otro elemento de ocio, salvo algún escaso y deteriorado juego de mesa.
La Orden Ministerial de 24 de febrero de 1999 establece en su disposición adicional primera que la aplicación de su contenido debe realizarse con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Policía, sin que en ningún caso se produzca incremento de gasto público. Esta disposición puede explicar la falta de adecuación de los centros a las exigencias de la citada orden.
En lo que se refiere al régimen de funcionamiento interno, hay que señalar que el artículo 27 de esta disposición establece que «las actividades realizadas en los centros se desarrollarán salvaguardando los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad deambulatoria, conforme al contenido y la finalidad de la medida judicial de ingreso acordada».
La necesidad de organizar la realización de las distintas actividades en los centros exige el establecimiento de unos horarios de obligado cumplimiento para los internos, único modo en el que puede ordenarse de modo pacífico la convivencia de cualquier colectivo. No obstante, la actuación de la Administración debe estar presidida por el principio de la mínima restricción de la libertad deambulatoria, de modo que la privación de libertad resulte lo menos aflictiva posible.
En este sentido, es de resaltar la correcta gestión del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas, en el que se permite a los internos circular libremente por el centro y utilizar los espacios comunes y dormitorios a su voluntad, lo que repercute en una ausencia de conflictos.
Por contra, en los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona y Madrid los internos se ven sometidos a unas estrictas normas de régimen interno, teniendo claramente limitada su libertad deambulatoria dentro del centro, lo que en el momento de la visita motivó que se plantearan numerosas quejas por parte de los internos, reflejo de las grandes tensiones que este régimen origina.
En resumen, esta Institución considera que deben continuar los esfuerzos de la Administración orientados a un cambio conceptual, tanto en la estructura como en la gestión de los centros de internamiento, con respeto a los derechos que a estas personas reconoce el ordenamiento jurídico, realizando los esfuerzos presupuestarios que sean necesarios a tal fin.


3.1.6. Expulsiones

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, estableció como principal novedad en el régimen de infracciones la desaparición de la estancia irregular como causa determinante de la expulsión. Esto ha motivado un notable descenso en el número de quejas recibidas en relación con procedimientos de expulsión.
Como ya se ha reflejado en anteriores informes, el mayor número de quejas recibidas sobre esta materia hacía referencia a expedientes de expulsión incoados contra extranjeros presuntamente implicados en hechos de naturaleza penal.
Durante la vigencia de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, la autoridad gubernativa incardinaba estos hechos en el apartado c) del artículo 26.1, esto es, considerándolos actividades contrarias al orden público. El orden público es un concepto jurídico indeterminado, por lo que era deseable una modificación del precepto que precisase la concreta infracción que se pretendía sancionar, a fin de conseguir una mayor seguridad jurídica.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, mejora claramente la tipificación de las infracciones, señalando que son actividades contrarias al orden público «las previstas como muy graves en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana». Sin embargo, esta misma ley recoge como infracción grave la participación del extranjero en actividades ilegales, siendo la realización de estas actividades causa de expulsión.
La legislación anterior ya incorporaba como infracción que posibilitaba la expulsión de un extranjero la realización de actividades ilegales, pero la jurisprudencia había perfilado los criterios de aplicación de este tipo infractor, de modo que en ningún caso podían considerarse realización de las mismas la presunta comisión de hechos delictivos. Esta modificación legislativa no ha ocasionado, como en un principio podía razonablemente suponerse, el cese de las expulsiones de los

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extranjeros presuntamente implicados en hechos delictivos. Durante el año 2000 la práctica observada ha sido la continuidad de las expulsiones, incardinando los hechos en el tipo consistente en la realización de actividades ilegales, en contra de la práctica anterior y de la jurisprudencia hasta entonces existente.
A juicio de esta Institución, como ha quedado expuesto en los sucesivos informes, en estos casos es la autoridad judicial la que en el curso del procedimiento penal y tras la realización de las pruebas que considere oportunas debe determinar la posible existencia de una conducta sancionable, así como la culpabilidad del imputado y, en tal caso, la naturaleza y tipificación de la infracción cometida.
Todo ciudadano encartado en un procedimiento judicial goza de presunción de inocencia, por lo que en aquellos supuestos en los que la autoridad gubernativa solicita autorización judicial para el internamiento y expulsión de un extranjero sin que haya recaído todavía sentencia condenatoria, deben haber concluido al menos las diligencias de investigación, resultando precisa la existencia de escrito de acusación del Ministerio Fiscal en relación a los hechos objeto de enjuiciamiento y su imputación al detenido; sólo tras la emisión de dicho dictamen fiscal puede contarse con elementos de juicio suficientes para motivar de modo adecuado la aplicación de tal medida.
En todos los casos estudiados se ha dado traslado de estas consideraciones a las correspondientes delegaciones y subdelegaciones del gobierno, sugiriendo que se dejaran sin efecto los expedientes de expulsión.
A título de ejemplo, cabe señalar el caso de un ciudadano colombiano al que le fue incoado un expediente de expulsión por la existencia de unas diligencias judiciales por un presunto delito de amenazas, basadas en un atestado policial consistente únicamente en la declaración de la presunta víctima amenazada. En el procedimiento judicial se tomó declaración al detenido y se autorizó su internamiento, sin que se hubiera practicado prueba alguna en relación con los hechos objeto de la denuncia. Concurrían además unas especiales circunstancias de arraigo, ya que el afectado residía en España desde el año 1992, estaba casado con una ciudadana con permiso de residencia y trabajo permanente, y tenía un hijo menor de edad de nacionalidad española.


En otro de los casos, una ciudadana residente legal en España solicitó la presencia policial en su domicilio para que impidieran que su hijo, también residente legal, la agrediese. Una vez constatados los hechos por la autoridad policial, se procedió a la incoación de expediente de expulsión por la realización de actividades ilegales, autorizándose su internamiento. La persona ofendida no presentó denuncia de los hechos. En este sentido, acreditó que su hijo padecía una enfermedad cerebral que le provocaba comportamientos violentos.
En los dos casos referidos la autoridad gubernativa aceptó las sugerencias de esta Institución, dejando sin efecto las órdenes de expulsión, prosiguiendo la tramitación de los correspondientes procesos penales (0026677 y 0025653).
Por último, hay que señalar que la reforma operada en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, modifica de modo sustancial el régimen de infracciones y sanciones.
Esta ley tipifica como causa de expulsión nuevamente la estancia irregular en territorio español. En lo que respecta a la realización de actividades ilegales o delictivas, mantiene como infracción muy grave la realización de actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y desaparece del régimen de infracciones la realización de actividades ilegales, incluyendo como infracción que lleva aparejada la expulsión el haber sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año Con independencia de la valoración que pueda realizarse de la inclusión de la estancia irregular como causa de expulsión, ha de señalarse que la nueva ley regula con mejor técnica jurídica el régimen sancionador, al diferenciar con mayor claridad lo que son conductas contrarias al orden público, sólo las previstas como tales en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de las conductas delictivas, que exigen la existencia de una sentencia condenatoria superior a un año.
Se continuará ejerciendo una constante supervisión de la actuación de la autoridad gubernativa, a fin de que la aplicación de estos preceptos se ajuste al principio de tipicidad mediante la incardinación de las conductas en el tipo infractor previsto en la norma.


3.1.7. Oficinas consulares

3.1.7.1. Tramitación de los procedimientos

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone en su disposición adicional undécima que «los procedimientos instados ante las misiones diplomáticas y oficinas consulares por ciudadanos extranjeros no comunitarios se regirán por su normativa específica, que se adecuará a los compromisos internacionales asumidos por España, y, en materia de visados, a los convenios de Schengen y disposiciones que los desarrollen, aplicándose supletoriamente la presente ley».
Por tanto, a falta de normativa específica, el régimen de presentación de solicitudes ante las misiones diplomáticas y oficinas consulares es el establecido en la Ley 30/1992, y el establecido en su reglamento de desarrollo -Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración general del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución

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de originales y el régimen de las oficinas de registro-.
Como ya se señaló en el informe correspondiente al año anterior, se ha constatado la existencia, al menos en los consulados de España en Nador y Casablanca (Marruecos), de un sistema de presentación de solicitudes de visado a través de buzones que no se ajustaba a lo preceptuado en las normas antes citadas, por lo que se inició la correspondiente investigación ante la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero.
En un primer momento, la citada dirección general indicó que el sistema establecido para la recepción de solicitudes en dichos consulados funcionaba correctamente y era un modo apropiado de racionalizar el trabajo en los mismos, si bien, ante la insistencia de esta Institución, reconoció finalmente que el procedimiento seguido no era el más acorde con la legislación de procedimiento administrativo, señalando que en los consulados afectados se estaban estudiando otras fórmulas.
La Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 8/2000, dispone en su artículo 27.2, que reglamentariamente se establecerá la normativa específica del procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima antes citada.
Ante la previsión de desarrollo reglamentario de la materia, se ha considerado necesario realizar un análisis de determinados preceptos contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, preceptos todos de obligado cumplimiento en tanto no se proceda al desarrollo reglamentario específico, y cuyo contenido debe ser respetado en la regulación específica que se realice, por constituir unas esenciales garantías del procedimiento administrativo.
En primer lugar, en lo que se refiere a la presentación de solicitudes, parece ineludible el funcionamiento de un registro de entrada, la posibilidad de que el solicitante exija recibo que acredite la fecha de su solicitud y el reconocimiento del derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento -artículos 38.1, 70.3 y 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-.
En segundo lugar, en lo que se refiere a la tramitación de las solicitudes, resulta necesario mantener el trámite de subsanación de las solicitudes carentes de alguno de los requisitos exigidos, tal y como dispone el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, sin que resulte aceptable la práctica observada en algunos consulados, consistente en la inadmisión a trámite de las solicitudes defectuosas.
En tercer lugar, por lo que se refiere a la motivación de las resoluciones, se ha de señalar que la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, recoge en su artículo 27.5 por primera vez en el ordenamiento, la obligación de motivar aquéllas que denieguen los visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena.
Con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, esta Institución había mantenido ya que la Administración estaba obligada a motivar las denegaciones de visados en aquellos casos en los que existiera un especial vínculo del solicitante con nuestro país. Atendiendo a este criterio, la Administración motivaba estas resoluciones, si bien de modo excesivamente sucinto y genérico, limitándose en ocasiones a realizar una mera referencia al contenido de preceptos legales, lo que impedía que los solicitantes pudieran rebatir las causas reales de la negativa. La motivación de las denegaciones es una contenido esencial del derecho de defensa, siendo por ello necesario el esfuerzo de la Administración en este sentido para que el interesado tenga un claro conocimiento del fundamento, circunstancias o causa real del acto administrativo que le afecta.
Por último, y en lo que respecta a la notificación de las resoluciones sobre visado, se ha de señalar que, con carácter general, en los consulados de España situados en países en desarrollo no se procede a la notificación por un medio fehaciente, tal y como exige el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sino que se notifica por la publicación en el tablón de anuncios de los consulados, de modo que se utiliza como modo único y primero de notificación una medida prevista como supletoria en nuestro ordenamiento jurídico. Esta práctica se ha observado concretamente en el Consulado de España en Quito (Ecuador), país de procedencia de un gran número de inmigrantes.
Se elaboró una recomendación en el curso del año 2000 instando la adopción de las medidas oportunas para que las notificaciones de los visados se realicen cumpliendo los trámites exigidos en el artículo 58 de la Ley 30/1992. La Dirección General de Asuntos Consulares y de Protección de los Españoles en el Extranjero indicó en un primer momento que coincidía con el criterio de esta Institución, pero señalaba determinadas circunstancias que dificultaban su puesta en práctica, tales como la insuficiencia de personal en los consulados y el deficiente servicio de correos de algunos países.
La existencia de estas dificultades no puede impedir que se intente la notificación personal, de acuerdo con la vigente legislación, debiendo tener en consideración la Administración el carácter subsidiario de la publicación de las resoluciones en los tablones de anuncios.
De todas estas consideraciones se ha dado traslado a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Protección

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de los Españoles en el Extranjero, estándose a la espera de recibir la preceptiva contestación (9622838 y 9905694).


3.1.7.2. Reagrupación familiar

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, introduce por primera vez en nuestro ordenamiento el derecho a la reagrupación familiar con el rango propio de esa norma, encontrándose anteriormente regulada la materia con rango reglamentario.
Esta ley, en su redacción original, exigía únicamente como requisitos para poder ejercer el derecho a la reagrupación familiar que el reagrupante fuera residente legal en España y que se acreditase el parentesco. Anteriormente, la posibilidad de reagrupación familiar se vinculaba en todo caso al cumplimiento de una serie de requisitos que acreditaran el arraigo del reagrupante y garantizara que éste contaba con medios económicos para mantener a los familiares reagrupados.
Dado el gran cambio operado en la regulación de esta materia, se recomendó a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Protección de los Españoles en el Extranjero que se impartieran las instrucciones necesarias para que de oficio se inaplicaran los preceptos reglamentarios que entraran en contradicción con lo dispuesto en la ley. La citada dirección general informó de la correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 en el ámbito de la reagrupación familiar, y de la no exigencia de requisitos no previstos en dicho texto legal.
La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, modificó una vez más la regulación de la reagrupación familiar, fijando como requisitos para su concesión los ya establecidos en la Ley 7/1985, de 1 de julio, fundamentalmente la acreditación de los medios económicos del reagrupante, y la situación de residencia legal por un año con autorización para residir al menos otro más.
La celeridad con la que se han sucedido ambas reformas legales ha determinado que el Defensor del Pueblo no continúe insistiendo en la necesidad de impartir instrucciones aclaratorias para la concesión de estos visados.
No obstante, se ha constatado que para la presentación de solicitudes de visado de residencia por reagrupación familiar de los ascendientes del reagrupante, se venía exigiendo en las oficinas consulares que éstos tuvieran una edad superior a sesenta y cinco años, sin que dicho requisito figure expresamente recogido en la normativa aplicable. En muchos de los casos examinados, la falta de este requisito determinaba no ya la denegación del visado, sino incluso la inadmisión de la solicitud. Esto ha motivado una concreta recomendación, en la que se señalaba que en ningún caso el límite mínimo de la edad del ascendiente debía operar de forma automática ni absoluta, resultando preciso ponderar todas y cada una de las circunstancias concurrentes en cada caso.
La Administración en su respuesta ha manifestado su coincidencia con el criterio expresado. Dado que la práctica observada no responde al contenido de este escrito, se ha vuelto a insistir en la necesidad de impartir unas instrucciones para que, en todo caso, se proceda a la admisión de las solicitudes, así como a la modificación de los impresos actualmente existentes, en los que consta la edad mínima del ascendiente que se pretende reagrupar como un requisito obligatorio para la obtención del visado (9902093).
Por otra parte, en el curso de diversas investigaciones se detectó la existencia de disfunciones en la emisión de los preceptivos informes gubernativos para la tramitación de visados de reagrupación familiar por parte de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, que en ocasiones se han demorado más de un año. En la generalidad de los casos investigados, la Dirección General de Asuntos Consulares y de Protección de los Españoles en el Extranjero afirmaba haber solicitado la emisión de dichos informes gubernativos en sucesivas ocasiones, sin haberlos recibido. Por su parte, la citada subdelegación afirmaba no haber recibido nunca tales peticiones de informe.
El gran número de casos conocidos por la Institución reflejan la existencia de una grave descoordinación entre ambos organismos, por lo que se recomendó el análisis de las causas de esta anómala situación y la adopción de las medidas necesarias para su solución.
Esta intervención dio lugar a una reunión entre las administraciones implicadas. No obstante, persisten las anomalías detectadas, las cuales son objeto de investigación al igual que la investigación general sobre la situación expuesta (9913366).


3.1.7.3. Trato discriminatorio

Con ocasión de la tramitación de una queja se observó que en el Consulado General de España en Tánger (Marruecos) se exigía la autorización del esposo para que las mujeres casadas pudieran obtener un visado.
Las autoridades consulares justificaban esta exigencia en la aplicación de la legislación marroquí, conforme a la cual la desobediencia de la mujer en situaciones como la planteada puede ser castigada incluso con su ingreso en prisión. Esta Institución considera que el Estado español no puede avalar ni propiciar tratos discriminatorios de este tipo, con independencia de que la legislación interna de un tercer país lo permita.
Dar cobertura a este trato discriminatorio sería contrario a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución española y en los convenios internacionales suscritos por España, entre otros la Convención de 18 de diciembre de 1979, sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

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Fundamentales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966.
En este sentido, se ha indicado a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Protección de los Españoles en el Extranjero que el espíritu de estos convenios se quebraría si un Estado parte, aun respetando y garantizando en su territorio el disfrute de los derechos proclamados en aquellos convenios, amparara que ciudadanos de otros países no pudieran alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos.
En contestación a dicha recomendación, dicha dirección general ha informado de que comparte plenamente dicho criterio. No obstante, señala la necesidad de dilucidar si puede existir conflicto con el principio básico en las relaciones internacionales de no injerencia en los asuntos internos por actuaciones que pudieran provocar reclamaciones de las autoridades del Estado receptor. Por ello, ha sometido a las instancias competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores el examen de la cuestión planteada, sin que se haya tenido conocimiento de la decisión adoptada (0002316).


3.1.8. Exenciones de visado

La Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, no mencionaba en su articulado la posibilidad de eximir de la obligación de proveerse de visado en casos excepcionales. Hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/ 2000 esta posibilidad ha estado prevista en nuestro ordenamiento en norma de rango reglamentario, y aun ésta se limitaba a enunciar la posibilidad de la exención, sin establecer en qué casos concretos resultaba procedente, por lo que era una orden ministerial la que fijaba los supuestos en los que podía concederse exención de visado.
En lo que se refiere a la exención de visado del cónyuge de un extranjero no comunitario residente legal en España, la Orden Ministerial de 11 de abril de 1996, actualmente en vigor, exigía la acreditación de tres años de matrimonio con carácter previo a formular la solicitud. Mediante esta exigencia se pretendía evitar que a través de la celebración de matrimonios fraudulentos, esto es, contraídos sin verdadero consentimiento matrimonial, se accediera a la situación de residente legal.
Ya en el informe de 1996 esta Institución hizo constar su total disconformidad con la precitada orden ministerial, tanto por razones formales como materiales. En cuanto al rango normativo con el que se había regulado la materia, se estimaba que no podía considerarse una correcta técnica jurídica la regulación en una orden ministerial de las condiciones esenciales para el ejercicio de un derecho, considerando que las causas de concesión de la exención de visado debían regularse al menos en norma de carácter reglamentario.
De otro lado, se consideraba que la exigencia de los tres años de matrimonio con anterioridad a la solicitud de visado presentada por el cónyuge de un residente legal, suponía olvidar la presunción de validez y buena fe de todo negocio jurídico, resultando por ello contrario a los principios generales del Derecho.
Asimismo, este requisito parecía contrario a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Administración a adoptar la solución justa en cada caso concreto.
Por último, se señalaba la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de otros mecanismos para evitar la celebración de matrimonios fraudulentos, mediante posteriores investigaciones, procediéndose, tanto a la denegación de las solicitudes hechas en fraude de ley, como a instar la acción de nulidad prevista en el artículo 74 del Código Civil.
La recomendación formulada no fue aceptada. No obstante, la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, recoge por primera vez en el ordenamiento la posibilidad de eximir de la obligación de obtener visado, y menciona específicamente las condiciones en las que procede eximir de este requisito al cónyuge del residente legal, exigiendo, entre otras, la acreditación de la situación de convivencia durante al menos un año antes de la solicitud.
Esta Institución no puede menos que celebrar la nueva regulación contenida en la ley orgánica citada. En este sentido, sería deseable, en buena técnica jurídica, que se acometa el desarrollo de esta materia en el reglamento de ejecución de la ley, y no en normas de rango inferior, como hasta el momento ha venido sucediendo.


Por último, hay que señalar que el proceso de regularización establecido en la Ley Orgánica 4/2000 no ha conseguido acabar con la bolsa de inmigrantes en situación irregular en nuestro país, ya que un gran número de éstos no cumplían los requisitos exigidos para ello, fundamentalmente en lo que se refiere al periodo previo de estancia en España.
La Ley Orgánica 8/2000 dispone en su disposición transitoria cuarta la revisión de los expedientes de regularización denegados en los que la causa de la denegación sea la no acreditación de los tiempos de estancia. La citada disposición transitoria puede generar un agravio comparativo hacia los inmigrantes irregulares que, conscientes de no reunir los requisitos previstos en el anterior proceso de regularización no hubieran presentado solicitud. Por ello, es urgente arbitrar las medidas que la propia Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, establece para propiciar la normalización de su situación por las vías ordinarias.
El artículo 31 de la ley citada regula la obtención de permisos de residencia temporal por arraigo y razones humanitarias y las exenciones de visado. Este precepto, interpretado con criterio generoso, puede ofrecer instrumentos suficientes y eficaces para el fin que se pretende.


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Para la apreciación del arraigo debe atenderse a un conjunto de circunstancias, teniendo en cuenta la existencia de familiares en España y muy especialmente de hijos menores de edad.
De estas consideraciones se ha dado traslado a la Dirección General de Extranjería e Inmigración, formulándose una recomendación a fin de que se desarrollen de forma inmediata las previsiones del artículo 31 ya citado en lo relativo a las exenciones de visado y a la obtención de permisos de residencia temporal por arraigo y razones humanitarias. Dada la necesidad de arbitrar medidas de carácter urgente, se ha solicitado que todo ello se realice con carácter previo a la aprobación del reglamento de ejecución de la ley, y, en todo caso, que no se proceda a la expulsión de los extranjeros en situación irregular que puedan acreditar su voluntad de obtener los correspondientes permisos y la no comisión de actividades ilegales.
Estos mismos motivos humanitarios han sido alegados por esta Institución ante la Administración en relación con la tramitación de determinados expedientes de asilo, en los cuales, si bien no se apreciaban razones para la admisión a trámite de las solicitudes, sí concurrían especiales circunstancias que aconsejaban permitir la entrada o la permanencia de los solicitantes en España.


3.1.9. Oficinas de extranjeros

El Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, competencias y funcionamiento de las oficinas de extranjeros, modificado por Real Decreto 766/1992, regula las competencias de las oficinas de extranjeros como órganos de gestión de carácter interministerial, que integra servicios, funciones y personal para la gestión de los permisos y autorizaciones que son exigidos a los extranjeros en España.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, recoge en su artículo 67 la obligación del Gobierno de crear estas oficinas en todas las provincias, para conseguir una adecuada coordinación de la tarea administrativa.


Como ya se señaló en el informe correspondiente al año 1999, se ha venido realizando un seguimiento de las oficinas de extranjeros creadas al amparo del citado real decreto, instando la creación de estas oficinas en las provincias en las que todavía no existen, y la dotación de estas oficinas con los medios personales y materiales necesarios para la prestación de los servicios en condiciones idóneas.
Durante el año 2000 han continuado creándose nuevas oficinas de extranjeros. Sin embargo, han persistido las deficiencias generales ya observadas, esencialmente en lo que respecta a las demoras en la expedición de los permisos de residencia y trabajo y a las largas colas que se ven obligados a realizar los extranjeros para la realización de estas gestiones.
Entre otras, se han recibido quejas durante el año 2000 relativas al deficiente funcionamiento de las oficinas de extranjeros de Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Madrid, Alicante y Valencia. Se debe insistir en la necesidad de continuar con los esfuerzos de la Administración en la creación y dotación de estas oficinas de extranjeros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/ 2000, y con el fin de prestar un eficaz servicio público a estos ciudadanos.


3.2. Intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Dentro de este apartado se pretende analizar las actuaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en relación a los ciudadanos y que, de una u otra manera, pueden afectar a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española.
En primer lugar, se recogen las denuncias presentadas ante esta Institución y que pueden afectar al contenido del artículo 15 de la Constitución española, en relación a la integridad física y la interdicción de tratos inhumanos o degradantes, reflejando en el apartado segundo, la insistencia del Defensor del Pueblo ante los distintos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que inicien la vía disciplinaria al objeto de que las actuaciones cuya ilegalidad quede demostrada, no queden sin la correspondiente sanción.
En apartados posteriores, se reflejan las actuaciones de esta Institución tendentes a que las intervenciones de los funcionarios policiales o, incluso, la propia «costumbre» administrativa, no supongan una vulneración de derechos fundamentales, solicitando que dichas intervenciones se adecuen a los criterios mantenidos por el Tribunal Constitucional o recomendando la adopción de nuevos criterios para que no se vean afectados derechos reconocidos en la Constitución española, como el de seguridad jurídica, el de presunción de inocencia, el de intimidad o el derecho a la vida.
Finalmente, se refleja la actividad administrativa en el ámbito del derecho administrativo sancionador y que, por su peculiaridad, se ha valorado la oportunidad de incluir en este informe anual.


3.2.1. Presuntos malos tratos

Durante el presente año se han venido investigando todos aquellos casos en los que los ciudadanos denuncian presuntos malos tratos por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En relación a la referencia que se hacía en el informe correspondiente a la gestión del año 1998, en el que se resaltaba el aumento del número de quejas recibidas por presuntos malos tratos inferidos por vigilantes de seguridad, debe señalarse que durante el presente año han sido escasas las quejas recibidas en este sentido.


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Por el contrario, se han seguido recibiendo aquéllas otras referidas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiéndose reiterar, una vez más, la reticencia por parte de los distintos responsables de las corporaciones locales de iniciar la vía disciplinaria contra sus agentes, al considerar que mientras se tramita el procedimiento judicial por los mismos hechos se debe esperar a la resolución firme que se adopte en su día para, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes.


Como se reflejará más pormenorizadamente en el apartado siguiente, referente al régimen disciplinario, en aquellos supuestos en los que los distintos agentes de la autoridad han sido denunciados y se encuentran en calidad de imputados en un procedimiento judicial, se debe proceder a la apertura del correspondiente expediente disciplinario para evitar la prescripción de la infracción que se haya podido cometer, a la espera de la resolución firme que se adopte en vía judicial, tal como establece a estos efectos el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 26 de noviembre, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
A diferencia de la actitud de los ayuntamientos, hay que significar que por parte de la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil se procede, cada vez con más frecuencia, a la adopción del criterio mantenido por esta Institución sin que ello en ningún momento suponga una vulneración del principio de presunción de inocencia que también se predica de los funcionarios denunciados.
En algunos supuestos investigados se observa que las lesiones que, en su caso, se hayan podido producir a los interesados, han tenido su origen en el uso proporcional de la fuerza por parte de los funcionarios policiales en el momento de la detención o para repeler las agresiones de que estaban siendo objeto. En otros casos, los ciudadanos, más que denunciar unos malos tratos físicos, lo que denuncian es un trato incorrecto o desconsiderado por parte de la policía, o bien el uso de un tono agresivo, amenazante o de abuso de autoridad hacia ellos.
La correspondiente actuación da lugar normalmente a que, por parte de los superiores de los funcionarios implicados, se inicie una investigación de carácter interno o reservada para el esclarecimiento de los hechos (F0000096, 9911577, 0004424, 0024610, 0025638).
En ocasiones, el Defensor del Pueblo inicia investigaciones a raíz de las llamadas telefónicas que se reciben, por hechos o situaciones que se están produciendo en ese preciso momento, dando lugar a que se solicite, en su caso, información telefónica urgente a los centros o dependencias implicadas, sin perjuicio de la posterior comunicación por escrito. (F0000084).
La celeridad en la intervención conlleva, en ocasiones, la posibilidad de sugerir la adopción de medidas concretas. Este fue el caso de una actuación relativa a unos presuntos malos tratos denunciados por un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros de Moratalaz (Madrid), inferidos, al parecer, a otro interno que se resistió cuando iba a ser expulsado a su país de origen.
Tras una primera solicitud de información vía telefónica, asesores de esta Institución se trasladaron al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde había sido conducido el interesado, manteniéndose una entrevista con esta persona. Por el reconocimiento visual que se realizó se pudo observar que tenía marcas en la espalda, el pecho y el cuello, además de la erosión en la frente, reflejada en el parte médico, por lo que se solicitó de los funcionarios policiales la conveniencia de que se le practicara un nuevo examen médico en el servicio que a estos efectos existe en el propio aeropuerto, así como que los hechos acaecidos se pusieran en conocimiento de la autoridad judicial dado que hasta ese momento no se había cumplido dicho trámite. Por otra parte, se observó que esta persona tenía inmovilizadas las manos así como la parte superior de las piernas con cinta adhesiva.


Ya se ha manifestado en otros casos puntuales que cualquier incidencia ocurrida con un interno se debe poner en conocimiento inmediato del juzgado que autorizó el internamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 108.6 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Por ello se efectuó una recomendación a la Dirección General de la Policía al objeto de que se dictaran las instrucciones oportunas para que cualquier circunstancia relativa a la situación de los ciudadanos extranjeros internados, máxime cuando han existido incidentes violentos, se comunique de forma inmediata a la autoridad judicial que autorizó su internamiento y a cuya disposición se encuentran estas personas.
La Dirección General de la Policía ha informado que se está procediendo a la elaboración de las instrucciones correspondientes para su difusión a todas las plantillas policiales.
Finalmente se reiteró a la citada dirección general que las medidas de inmovilización aplicadas en este caso se dejen de practicar, al considerar que las mismas suponen una vulneración de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución española.


3.2.2. Régimen disciplinario

Durante el período correspondiente a este informe se ha seguido insistiendo ante los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre la necesidad de que se proceda a una investigación en profundidad de las actuaciones de sus funcionarios, en relación con las denuncias formuladas en su contra por los ciudadanos.


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Sin perjuicio de la investigación que, en su caso, se haya de realizar en sede judicial, la Administración puede y debe practicar todas las actuaciones precisas para comprobar los hechos ocurridos y las circunstancias que los han rodeado, al objeto de evitar que las conductas sancionables de sus funcionarios queden sin el correspondiente castigo en el ámbito disciplinario. No obstante, sigue observándose cierta reticencia, principalmente por parte de los ayuntamientos, a iniciar la vía disciplinaria, lo que ocasiona, en algunos casos, la prescripción de las infracciones que podían haber sido objeto de sanción.
Se debe señalar el ejemplo del Ayuntamiento de Oviedo, ya reflejado en el informe del año pasado, el cual, aun habiendo sido condenado un agente de su policía local por una falta de lesiones ocasionadas a un ciudadano, no consideró oportuna la apertura de expediente disciplinario. Tal decisión se fundamentaba en un informe del superior jerárquico del agente, inspector jefe de la policía local, y en que en los expedientes personales de los agentes no existía anotación alguna de haber sido sancionados, con anterioridad, por falta grave o muy grave.
En relación al informe emitido por el inspector jefe de la policía local, se ha de significar que, tras hacer diversas consideraciones personales sobre los hechos y tachar de injusta la condena del agente, condena impuesta por un juzgado de instrucción y ratificada por la audiencia provincial, finaliza manifestando: «Que el juez que conoció la causa, valore, ejerciendo la facultad de libre arbitrio, que le reconoce la legislación vigente, el testimonio del testigo, sin más pruebas de cargo, desoyendo las manifestaciones del otro agente componente de la dotación policial, es algo que no vincula a esta jefatura, puesto que considero tener los elementos de prueba suficientes para entender que de la actuación del cabo número 34, no se desprende ningún comportamiento que pueda tipificarse como infracción al régimen disciplinario». A este respecto, se ha de dejar constancia de que el juzgado de instrucción que condenó al agente de la policía local ordenó deducir testimonio contra su compañero por si hubiera podido incurrir en un delito de falso testimonio.
Por otra parte, la apreciación del inspector jefe, respecto a que los hechos declarados probados en una sentencia no vinculan a la Administración, apreciación que parece que asume el propio ayuntamiento, contradice lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


Por ello, esta Institución no puede aceptar la negativa del Ayuntamiento de Oviedo a instruir expediente disciplinario a un agente que ha sido condenado por lesionar a un ciudadano, lesiones que según la sentencia de la audiencia provincial «...carecen de toda justificación a tenor del incidente inicialmente suscitado, totalmente desproporcionado con la violenta reacción del agente...», por lo que se ha vuelto a dirigir un escrito al citado ayuntamiento para que tome en consideración la sugerencia que se le efectuó en su día (9807966).
En un supuesto de presuntos malos tratos por parte de la policía municipal de Torremolinos (Málaga), el ayuntamiento de esta localidad no consideró oportuna la apertura de expediente disciplinario, a pesar de que, tras la intervención de esta Institución, el fiscal entendió que existían indicios de que el interesado podía haber sido objeto de malos tratos durante su detención, por lo que solicitó la incoación de diligencias previas para la investigación de los hechos, diligencias que, en la actualidad, siguen en trámite. Por ello, se reiteró al citado ayuntamiento la necesidad de que se procediera a la apertura de un expediente disciplinario, al objeto de evitar la prescripción de la presunta infracción, por unos hechos que la Fiscalía General ha considerado indiciariamente constitutivos de delito, aunque el ayuntamiento considerara que no tenían entidad suficiente ni tan siquiera para iniciar una información reservada.
El ayuntamiento ha informado que se va a esperar a que concluya la instrucción de las diligencias previas, pues es improbable que la prescripción pueda beneficiar al presunto responsable, habida cuenta el carácter grave de la actuación denunciada.
Se le ha puesto de manifiesto a esa corporación que las faltas graves prescriben a los dos años, por lo que, si los hechos tuvieron lugar el día 16 de julio de 1999, se debe iniciar el expediente disciplinario con anterioridad al 16 de julio de 2001, esté o no concluida la instrucción de las diligencias previas (F9900092).
De igual manera, en una investigación iniciada por presuntos malos tratos inferidos a un ciudadano por parte de la policía municipal de Fuenlabrada (Madrid), se solicitó la apertura de expediente disciplinario contra los agentes actuantes, sugerencia ésta que no ha sido aceptada por el citado ayuntamiento, quien consideraba que de la información reservada iniciada para el esclarecimiento de los hechos no se desprendía una actuación irregular de los agentes intervinientes y que se iba a esperar a la resolución que se adoptara en sede judicial.
En la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, además de tomar en consideración la información reservada abierta en su día, se ha valorado el informe emitido por el servicio jurídico del propio ayuntamiento en el que se cuestiona la actuación de esta Institución, considerando que el Defensor del Pueblo actúa extra legem, por cuanto al estar pendiente un procedimiento judicial se debería haber suspendido la investigación iniciada.
Por otra parte, el informe del citado letrado, en contra de reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, considera que si a los agentes se les condena en el procedimiento judicial iniciado en su contra, no se les podría sancionar en el ámbito administrativo disciplinario, en aplicación

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del principio non bis in idem. Finalmente, el informe manifiesta, respecto de la sugerencia formulada para que no prescribiera la infracción, que esta Institución debería dirigir sus sugerencias a los tribunales de justicia al objeto de que los mismos cumplimentaran los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a los juicios de faltas, y no sugerir que se abra un expediente disciplinario hasta que dichos tribunales dicten o no la correspondiente sentencia.
Por su parte, esta Institución, recientemente, ha remitido un nuevo escrito al Ayuntamiento de Fuenlabrada expresando su disconformidad, tanto con la decisión de no adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la prescripción de una presunta infracción, como con el informe del servicio jurídico del ayuntamiento, que desconoce, no sólo la misión que constitucionalmente tiene atribuido el Defensor del Pueblo, en virtud del artículo 54 de la Constitución española, sino también la aplicación del régimen disciplinario a los funcionarios del Estado (0002009).
También se ha efectuado recientemente una sugerencia a los Ayuntamientos del Puerto de la Cruz, de Santa Úrsula y de la Villa de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), para que procedan a la apertura de expedientes disciplinarios contra funcionarios adscritos a sus policías locales, que fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, por los presuntos delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones contra un ciudadano, ante la decisión inicial de dichos ayuntamientos de esperar a que recaiga sentencia firme en el procedimiento judicial que se sigue por estos hechos (F0000097).
En el mismo sentido, la sugerencia efectuada al Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), por unos presuntos malos tratos inferidos a un ciudadano de dicha localidad (F0000130).
La insistencia expresada para que se proceda a la apertura de expedientes disciplinarios para evitar la prescripción de las infracciones que puedan cometerse, se ve avalada en el siguiente supuesto, en el que la falta de actividad administrativa, ha ocasionado la prescripción de la presunta infracción cometida por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Se trataba del caso de dos hermanas que fueron conducidas a una comisaría para su identificación, donde se procedió a un cacheo personal consistente en desnudar a una de ellas y quitarle la blusa a la otra.
En el curso de la investigación se solicitaron dos sucesivos informes a la Dirección General de la Policía y, pese a que en ellos se consideraba la actuación policial ajustada a derecho, se estimó que existían indicios de infracción penal, por lo que se remitieron las actuaciones a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruyó diligencias en las que tomó declaración a todos los implicados, tras lo cual presentó denuncia en el juzgado de guardia.
El procedimiento fue finalmente archivado por considerar prescrita la falta. No obstante, se ha de señalar que el fiscal, en el trámite de oposición a los recursos de reforma interpuestos por los policías implicados, señaló que «los hechos revisten un claro reproche penal, aunque sea a título de falta». Asimismo, el auto por el que decretó el archivo de actuaciones indicaba en su fundamento de derecho que «los hechos arriba descritos y que resultan de las actuaciones practicadas presentan características que hacen presumir la existencia de una infracción penal».
Esta Institución ha dado por concluidas las actuaciones seguidas ante la Fiscalía General del Estado y se ha dirigido a la Dirección General de la Policía a fin de poner de manifiesto la absoluta disconformidad con la actuación seguida en este caso en el que no se han encontrado indicios, ni tan siquiera de infracción disciplinaria, en unos hechos que presentan caracteres de infracción penal, y ello pese a que se puso en cuestión, en dos ocasiones, la actuación policial.
En el caso que nos ocupa, se ha producido una invasión de la libertad personal de las personas afectadas y una vulneración de su derecho a la intimidad que debió ser objeto de sanción, por lo que resulta censurable que ante tales hechos no se instara la apertura de una investigación para la depuración de las responsabilidades existentes, con ignorancia de las competencias cuyo ejercicio exige la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Esta falta de diligencia en la investigación de los hechos ha ocasionado, probablemente, la prescripción de la infracción cometida (9712779).
De igual manera, en el caso de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que fue condenado por una falta de malos tratos y amenazas no pudo incoarse expediente disciplinario al haber prescrito la responsabilidad disciplinaria, ya que la Comisaría de Málaga no elevó a la Dirección General de la Policía la propuesta de incoación de expediente hasta que no existió sentencia en vía judicial.
Para evitar situaciones similares a las descritas, la Dirección General de la Policía ha impartido instrucciones, sobre las medidas a adoptar con el fin de conseguir la interrupción del plazo de prescripción de las infracciones disciplinarias. En estas instrucciones se refleja que la prescripción no queda interrumpida por la incoación de una información reservada ni tampoco por la incoación de un procedimiento penal, sino sólo por la incoación de un expediente disciplinario, que debe iniciarse cuando se tenga conocimiento de que un funcionario es autor de una conducta supuestamente constitutiva de infracción disciplinaria derivada de hechos que no son objeto de causa penal o, en los casos en que se siguen actuaciones penales, cuando el funcionario esté

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incurso en las mismas, por hechos de los que pudiera derivarse responsabilidad en su contra (9717679).
Esta Institución, como no puede ser de otra manera, considera muy acertadas estas instrucciones, cuyo contenido debería ser asumido por los distintos responsables de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y así lo está comunicando a dichos responsables. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que considera que la apertura de una información reservada o expediente informativo, interrumpe la prescripción o que el instituto de la prescripción opera de igual manera sobre los hechos que sobre los expedientes disciplinarios (( F9900098 y 9912103).
A pesar de la difusión de esta instrucciones, se ha tenido que efectuar una sugerencia a la Dirección General de la Policía en el sentido de que se proceda a la apertura de un expediente disciplinario, de acuerdo con lo establecido en las mismas, contra una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que, al parecer, agredió a una persona en un establecimiento público cuando se encontraba fuera de servicio (F0000075).
Finalmente, dejar constancia de la tardanza, por parte de la Dirección General de la Policía, en concluir los expedientes disciplinarios, como es el caso de uno que fue incoado en el año 1996, que se dejó en suspenso por la tramitación de un procedimiento penal y que fue reabierto en el mes de mayo del año 1999, sin que a pesar del tiempo transcurrido haya concluido el mismo (F9900069).
En el mismo sentido, se encuentran pendientes del informe del Consejo de la Policía y del dictamen de la Abogacía del Estado otros dos expedientes disciplinarios que se paralizaron por existir un procedimiento penal en curso, y que fueron reabiertos, uno el 11 de enero de 1999 y el otro remitido también a informe del Consejo de la Policía el 27 de julio de 2000, aunque había recaído sentencia el día 22 de noviembre de 1999 (9311363 y F9500079).


3.2.3. Citaciones policiales

Como ya se ponía de relieve en el informe del año pasado, se puso de manifiesto a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad de que las citaciones que se efectúen a los ciudadanos, para su comparecencia en dependencias oficiales, no supusieran una vulneración de sus derechos constitucionales, ni provocaran inseguridad jurídica a los destinatarios.


La Dirección General de la Policía informó que había dictado instrucciones precisas a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, por ser ésta la competente respecto de los casos que habían sido planteados, al objeto de que las citaciones contuvieran datos suficientes para que los interesados comparecieran con plenas garantías. Esta Institución solicitó que dichas instrucciones se hicieran extensivas a todo el territorio nacional, lo que se efectuó en el mes de noviembre de 2000 a través de la Subdirección General Operativa de la Dirección General de la Policía.
Por otra parte, la Dirección General de la Guardia Civil también ha dictado instrucciones al respecto, si bien, a diferencia de las elaboradas por la Dirección General de la Policía, van dirigidas a las comparecencias voluntarias y no se refieren a aquellos casos en los que la citación está enmarcada en el ámbito de una investigación o atestado. Se ha solicitado a esa dirección general que se dicten nuevas instrucciones, en términos similares a las elaboradas por la Dirección General de la Policía (9910842).


3.2.4. Identificaciones y cacheos

Sigue preocupando la interpretación que, en ocasiones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan del contenido del artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, respecto del límite establecido en ese artículo sobre las identificaciones que pueden practicar.
En este sentido se viene insistiendo ante los responsables de dichos cuerpos que las identificaciones deben ajustarse al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993, de 18 de noviembre, no pudiendo practicarse ninguna otra diligencia distinta de la identificación.
Así, se tuvo conocimiento de que, en una diligencia de identificación practicada por miembros de la Guardia Civil, se practicó además un registro de las pertenencias del interesado.
En el libro-registro que, a efectos de identificaciones, obraba en las dependencias de la Guardia Civil, se reflejaba por otro lado que se había procedido al cacheo de varias personas que se habían personado en dichas dependencias a efectos de identificación.
Por ello, se efectuó una recomendación a la Dirección General de la Guardia Civil para que se dictaran instrucciones al respecto, en el sentido de que no se practicaran registros personales o de pertenencias a las personas que, voluntariamente, acudan a las dependencias de la Guardia Civil para proceder a su identificación, debiéndose suprimir la anotación de cualquier diligencia distinta de la identificación del libro-registro que existe a estos efectos.
La citada recomendación ha sido aceptada por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, estando pendiente la remisión de las instrucciones que se van a elaborar a este respecto (9908682).
En el informe correspondiente al año 1999 se hacía constar que la Secretaría de Estado de Interior no había aceptado la recomendación formulada, en el sentido de que cesaran los registros personales y de pertenencias practicados por vigilantes de seguridad a los ciudadanos extranjeros que, al no serles permitida la entrada en

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territorio nacional, se encontraban en la sala de rechazados del aeropuerto de Madrid-Barajas. Finalmente, la Dirección General de la Policía ha variado su criterio inicial, dictando instrucciones a la comisaría del citado aeropuerto para que acomode sus criterios al contenido de dicha recomendación (9900232).
Respecto a las identificaciones practicadas por vigilantes de seguridad, se tramitan dos investigaciones sobre la legalidad de que estos vigilantes soliciten la identificación de los ciudadanos en instalaciones de Renfe y del Metro de Madrid, al objeto de proceder a denunciar a los mismos, tanto por presuntos delitos como por presuntas infracciones administrativas (9909383, 9906361).


3.2.5. Condiciones de la detención

Sigue siendo una preocupación para esta Institución las circunstancias que rodean a toda detención, tanto respecto de las actuaciones policiales durante la investigación, como en los momentos posteriores a ésta.
En relación a las investigaciones, se considera que las mismas no deben, en ningún momento, suponer un detrimento de la presunción de inocencia y deben practicarse con el mayor rigor posible.
En una investigación practicada por miembros de la Guardia Civil, reflejada en el informe del año pasado, se cuestionaba la detención y puesta a disposición judicial de un ciudadano, porque su filiación constaba en un archivo por una detención acaecida en el año 1996 y coincidía su nombre de pila con el de otra persona que aparecía en una declaración judicial como participante en una reyerta.
El poner a disposición judicial a una persona que puede resultar imputada en los hechos, como ocurrió en el caso que nos ocupa, aunque posteriormente se constatara que no tuvo relación con los mismos, no sería objetable si, previamente, se practicaran las correspondientes investigaciones, entrevistas, diligencias, etc., que puedan llegar a determinar su presunta participación en la reyerta, pero lo que en ningún caso es admisible es su detención y puesta a disposición judicial, sólo por el hecho de constar en unas diligencias instruidas años antes y coincidir su nombre de pila con el de una persona que había sido denunciada como participante en una reyerta.
La Dirección General de la Guardia Civil ha informado, respecto de la sugerencia acerca de que se abriese un expediente disciplinario, que, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, no era posible la apertura de dicho expediente porque cualquier falta grave que pudiera haberse cometido por personal del cuerpo, habría prescrito (9910528).
En relación a la custodia de detenidos en dependencias policiales, hay que insistir, una vez más, en que se deben extremar las medidas de vigilancia y preventivas, al objeto de evitar hechos luctuosos, como el acaecido en los calabozos de la policía municipal de El Ferrol (A Coruña).
En este caso, a la persona detenida se le facilitó a su ingreso en los calabozos una prenda de vestir, utilizando el detenido el elástico del pantalón para su ahorcamiento, que le provocó la muerte.
En la información reservada practicada por el ayuntamiento para el esclarecimiento de los hechos, se constata que la cámara de vídeo instalada para la vigilancia del detenido no podía recoger su imagen al existir ángulos muertos.
Por ello, se ha sugerido al Ayuntamiento de El Ferrol que se dejen de facilitar a los detenidos prendas de vestir como las entregadas al fallecido o cualquier otra que pueda ser utilizada para causarse lesiones, que se acometan las obras necesarias en los calabozos que permitan una adecuada vigilancia de los detenidos, así como que se proceda a la apertura de un expediente disciplinario para el esclarecimiento de los hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los funcionarios bajo cuya custodia se encontraba el detenido (F0000062).
De igual manera están siendo investigados los fallecimientos de dos ciudadanos. El primer caso se refiere a la muerte por ahorcamiento de un ciudadano marroquí en los calabozos de un puesto de la guardia civil, donde fue conducido tras su detención; en segundo lugar, un ciudadano guineano fallecía en una comisaría de Lanzarote, detenido tras una larga persecución (F0000104, 0025669).
También están siendo objeto de investigación las muertes de ciudadanos por disparos de arma de fuego ocurridas cuando iban a ser detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (F9900154, F0000015, F0000038 y F0000134).
Por último, se tuvo conocimiento de que personal masculino del Cuerpo Nacional de Policía ejercía labores de vigilancia y custodia a dos mujeres detenidas por un presunto delito de tráfico de estupefacientes, las cuales portaban en el interior de sus cuerpos bolas de droga. Los citados funcionarios entraban en la celdahabitación existente en el hospital donde estaban las detenidas, al objeto de vigilar sus actos más íntimos para ver si expulsaban la droga.
La Dirección General de la Policía informó que la labor de vigilancia no se puede efectuar siempre por personal femenino, al no disponerse de un número suficiente para todos los servicios que requieren su presencia, destacando, por otra parte, la profesionalidad de los funcionarios que efectúan dicha vigilancia y cuya actuación nunca ha sido motivo de queja, ni por parte de los detenidos o de sus letrados, ni por parte de la autoridad judicial.
Sin poner en duda la destacada profesionalidad e integridad de los funcionarios que realizan estas labores de vigilancia, se dirigió una recomendación a la Dirección General de la Policía, considerando necesarioque todas aquellas diligencias que se deban realizar

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con mujeres detenidas y que puedan afectar a su intimidad, tales como registros personales, cacheos o, en este caso, vigilancia continua para observar si expulsan o no bolas de droga ocultas en el interior de su cuerpo, se realicen por personal femenino, solicitando, y si fuera necesario, la colaboración de personal femenino de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Dirección General de la Policía ha aceptado esta recomendación, impartiendo instrucciones para que, en la medida que lo permita la disponibilidad de personal femenino, se arbitren los sistemas oportunos para cumplimentar la misma (0002325).
Especial atención merecen los casos en los que se practican detenciones a menores de edad, por las garantías adicionales que deben concurrir en estos casos.
En estos momentos, está en curso una investigación por la actuación de la policía local de Cáceres que detuvo a cinco jóvenes, entre los que se encontraban tres menores de edad, que fueron sorprendidos en un depósito de coches de la policía local. Según se había denunciado, no se informó a los padres de los menores hasta transcurridas más de dos horas desde que se practicó la detención y se pudo proceder a un primer interrogatorio de los mismos sin contar con asistencia letrada ni estar presentes sus padres (0015934).


3.2.6. Cancelación de antecedentes policiales

En relación a la cancelación efectiva de los antecedentes policiales de aquellas personas que habían sido detenidas por la presunta comisión de algún delito, se ha continuado con el seguimiento de la investigación iniciada en el año 1998.
Para hacer efectiva la cancelación de oficio de dichos antecedentes, se entendía que era necesario que los distintos órganos judiciales comunicaran sus resoluciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que se pudiera proceder, en su caso, a dicha cancelación.
Por ello se dirigieron sendos escritos a la Secretaría de Estado de Interior y al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, al objeto de que se adoptaran las medidas oportunas para hacer efectiva la cancelación de antecedentes y cumplimentar así el contenido del artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que establece que los datos registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento, debiendo tomarse en consideración, a estos efectos y entre otros supuestos, las resoluciones judiciales, en especial las absolutorias.
El Consejo General del Poder Judicial ha informado que, con fecha 13 de septiembre de 2000, en sesión plenaria adoptó el siguiente acuerdo:

«Encomendar a la comisión de estudios la realización de un informe sobre las posibles medidas a adoptar para resolver la problemática planteada por el Defensor del Pueblo, en relación con la mayor eficacia posible en la cancelación de órdenes de busca y captura, detención o presentación de inculpados en causas penales, mediante la modificación de alguno de los reglamentos vigentes, o mediante una instrucción reglamentaria, bien mediante el establecimiento de un catálogo de recomendaciones o buenas prácticas judiciales, o, por fin, estableciendo de forma consensuada unos modelos obligatorios de comunicación con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal».


Por su parte, la Secretaría de Estado de Interior, tras conocer el citado acuerdo, ha informado que se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial al objeto de formalizar un grupo de trabajo que pueda abordar de forma conjunta la problemática planteada.
Esta Institución continúa con el seguimiento de los avances que se realizan al respecto (9813133).


3.2.7. Sanciones administrativas

Sigue observándose una errónea aplicación de los preceptos sancionadores incluidos en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que dan origen a sanciones por hechos distintos de los tipificados en dicha norma.
A este respecto, se siguen incoando expedientes, que finalizan con la imposición de la correspondiente sanción, por dirigirse los ciudadanos a los agentes denunciantes de forma descortés o insultante, incluyendo estas conductas en las tipificadas en el artículo 26.i) de la citada norma, que considera infracción leve alterar la seguridad colectiva u organizar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
En estos casos, esta Institución ha sugerido que se dejaran sin efecto las sanciones impuestas, al considerar que se había infringido el principio de tipicidad y, por tanto, no resultar ajustadas a derecho las sanciones impuestas, sugerencias que han sido atendidas en todo momento.
En efecto, la alteración del orden que se denuncia por parte de los agentes, por dirigirse a ellos de forma despectiva y/o amenazante, sin aludir en la denuncia qué alteración del orden o la seguridad colectiva concreta se ha producido, es ciertamente reprensible, pero no se ajusta a lo tipificado en el citado artículo. Alterar la seguridad colectiva, por el propio sentido de sus términos, exige turbar una situación de paz, creando una situación de peligro contraria a esa seguridad, que afecte a la pacífica convivencia ciudadana. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional 33/1982, de 8 de junio, declara que la seguridad pública «se centra en la actividad dirigida a la protección de personas y bienes (seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadano».


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Partiendo de este concepto de seguridad colectiva o pública, difícilmente puede razonarse cómo unas frases, si bien insultantes o amenazantes, pueden poner en peligro la protección de personas o bienes, o provocar una alteración de la tranquilidad con incidencia en el orden ciudadano. Asimismo, tampoco se denuncia que se hubieran originado desórdenes en la vía pública, ni se desprende de los expedientes que se ocasionaran alteraciones del orden normal de la convivencia, con incidencia en el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana. Por tanto, los hechos denunciados en estos expedientes no pueden subsumirse en el tipo descrito en el artículo 26.i) de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Por último, se ha de indicar que el artículo 634 del Código Penal declara culpables de falta a «los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieran levemente, cuando ejerzan sus funciones». El artículo 620 declara también como culpables de falta «los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve».
Por tanto, en el ordenamiento jurídico está tipificada esta conducta, lo que hace exigible, no la tramitación de un expediente sancionador sancionando una conducta que no está tipificada como infracción administrativa, sino la remisión de la denuncia a la autoridad judicial, a fin de que se tramite el correspondiente procedimiento penal (0002558 y 0009430).


3.2.8. Derecho a la intimidad

En el año 1999 se inició una investigación de oficio ante los Ayuntamientos de Alcobendas y Arganda del Rey (Madrid), por los ficheros elaborados por sus respectivas policías, en cuanto los mismos contenían datos que no tenían interés para la identificación de personas sospechosas de haber cometido un ilícito penal, sino que contenían datos relativos al círculo íntimo personal, como los relativos a la orientación sexual, enfermedades, raza, etc., por lo que se veía afectado el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución española.
En la investigación abierta a estos efectos, la Agencia de Protección de Datos informó que se había procedido al archivo del expediente iniciado contra el Ayuntamiento de Arganda del Rey, al no haberse utilizado las hojas de filiación por parte de su policía local, si bien el expediente incoado al Ayuntamiento de Alcobendas ha finalizado con la correspondiente resolución de dicha agencia, declarando que el citado ayuntamiento había cometido la infracción descrita en el artículo 7.3, en relación con el artículo 20, de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, elevando a definitiva la medida cautelar que había adoptado en su día, referida al cese del tratamiento automatizado de los datos antropomórficos que contuvieran referencias al origen racial o la salud incluidos en el fichero denominado intervenciones de la policía local, personas de interés policial, y ordenar la destrucción de los mencionados datos especialmente protegidos incluidos en el citado fichero.
Esta resolución ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Alcobendas ante la Audiencia Nacional, estando en trámite dicho recurso (F9900066 y F9900067).


3.3. Armas

Durante el presente año se han tenido que reabrir las investigaciones que ya desde el año 1994 se iniciaron ante el Ministerio del Interior, respecto a la venta de armas blancas prohibidas y a la de aquellas otras simuladas que se venden a través de catálogos o por correo.
Las sanciones que se imponen a los ciudadanos por la tenencia de estas armas, sin perjuicio de tener cobertura legal, bien sea por infracciones tipificadas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o el propio Reglamento de Armas, provoca cierta confusión e inseguridad jurídica en los interesados, al haber adquirido dichas armas en establecimientos públicos debidamente autorizados.


Por ello, se ha reiterado al Ministerio del Interior que se adopten las medidas adecuadas para que los fabricantes de armas blancas especifiquen en sus productos las limitaciones respecto a su tenencia y uso, de acuerdo con lo que, al respecto, establece el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas (0024272).
Por lo que se refiere a la venta de armas simuladas, se ha efectuado una recomendación en el mismo sentido, respecto a que se dicten instrucciones para que en los establecimientos donde se vendan imitaciones de armas de fuego a la vista del público o en los envoltorios, se hagan las advertencias necesarias sobre el régimen de tenencia y las limitaciones de uso de estos productos, con expresa referencia al carácter sancionable de las conductas infractoras de dichas condiciones (0021958).


3.4. Procedimiento sancionador en materia de tráfico

Las características propias del procedimiento sancionador en materia de tráfico, tendentes a garantizar la celeridad y sumariedad del mismo, están en buena parte condicionadas por el gran numero de infracciones relacionadas con la circulación de vehículos.
No obstante, sin perjuicio de que se comparta la necesidad de agilizar y simplificar los procedimientos para la adecuada defensa de los intereses individuales y colectivos afectados, el referente básico de la supervisión que esta Institución ha realizado del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico es el respeto a las garantías que posibilitan de forma efectiva el derecho de defensa de los ciudadanos.


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Por ello, se incluyen a continuación algunas de las actuaciones realizadas por esta institución en defensa de dichas garantías.


3.4.1. Denuncia de la infracción

El Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, establece en su artículo 10.2 que las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad sin parar a los denunciados no serán válidas a menos que consten en las mismas las causas concretas y específicas por las que no fue posible detener el vehículo.
En los supuestos en los que la causa por la que no ha sido posible detener un vehículo sea que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico estaban procediendo a denunciar a otro vehículo distinto, se puede hacer constar en la notificación de la denuncia al propietario del primer vehículo esta circunstancia y, en su caso, reseñar el número del boletín de la otra denuncia que se estaba cumplimentando en ese momento.
Este dato sería suficiente para justificar la imposibilidad de detener el vehículo denunciado, dando así por cumplida la obligación establecida en el artículo 10.2 antes citado, sin que de esa forma, sea necesario hacer constar la matrícula del otro vehículo denunciado.
El reflejar en un boletín de denuncia el número de matrícula del otro vehículo que se estaba denunciando podría suponer una intromisión en el derecho a la intimidad del propietario del mismo. En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de Tráfico que dictara las instrucciones oportunas para que, en aquellos casos en que no sea posible notificar in situ las infracciones a las normas de seguridad vial, no se reflejen, con posterioridad, en las notificaciones que sean remitidas a los presuntos infractores, datos identificativos de ningún vehículo en aras a una debida protección del derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 de la Constitución española (0000536).


3.4.2. Trámite de alegaciones

En el apartado 2 del artículo 79 del Real Decreto Legislativo 339/ 1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se establece que de las alegaciones del denunciado se dará traslado al denunciante para que informe en el plazo de quince días; y en el artículo 12.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se dispone que de las alegaciones del denunciado, salvo que no aporten datos nuevos o distintos de los inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, para que informe en el plazo máximo de quince días.


No obstante, el Departamento de Gestión Integrada de Multas de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid considera que es irrelevante que el agente que firma la denuncia sea distinto del que firma el informe en el que se ratifica la misma y al que se acompaña la fotografía obtenida por el cinemómetro y el certificado de verificación de éste, ya que ambos agentes pertenecen al servicio de radar y se limitan a constatar los datos facilitados por el cinemómetro.
Cuando la diligencia de ratificación o aclaración del boletín de denuncia no ha sido suscrita por el mismo funcionario que redactó aquél, sino por otro diferente, sin que conste, en la propia diligencia, que el segundo intervino o estuvo presente en el momento de levantarse la denuncia, la falta de observación personal y directa de los hechos denunciados por parte de quien ulteriormente los ratifica es suficiente para considerar que, en estos casos, la presunción de veracidad que la ley atribuye a las denuncias efectuadas por agentes de la autoridad no puede hacer decaer el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que debe prevalecer.
En consecuencia, se recomendó al Ayuntamiento de Madrid que cumpliera fielmente lo dispuesto en los artículos 79.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y 12.2 del Real Decreto 320/ 1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y que cuando el denunciado presente alegaciones o pliego de descargos se dé traslado de su contenido al mismo agente de la Policía local que formuló la denuncia (9906366).


3.4.3. Período de prueba y propuesta de resolución

El artículo 164 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dispone que los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.
Según dicha norma, constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Como el expediente es el único medio que permite a los interesados y a los tribunales de justicia conocer el contenido de los distintos actos que integran el procedimiento, es necesario observar aquellas formalidades externas que incrementan las garantías de su autenticidad.
De la misma forma que cuando un tribunal de justicia lo solicita se le remite el expediente con todos los documentos que deben figurar en el mismo, debidamente foliados y rubricados, cuando un interesado solicita

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ver su expediente, en el ejercicio del derecho que le está reconocido, también deberían ponerse a su disposición todos los documentos que lo integran, ya que si falta alguno de los que pudieran resultar perjudiciales para sus intereses, como por ejemplo las pruebas aportadas por la Administración, se le estaría ocasionando indefensión, al no poder argumentar en relación con aquéllo que no ha visto o examinado.
Aunque esta Institución es consciente del elevado número de expedientes sancionadores por infracciones de tráfico que el Ayuntamiento de Madrid debe incoar diariamente y de los medios personales y materiales limitados con que cuenta para la tramitación de tales expedientes, los administrados no tienen que sufrir las consecuencias de los problemas internos de organización de los servicios que intervienen en la gestión de las denuncias o de la mayor o menor asignación de recursos humanos, técnicos o materiales que la citada corporación haya decidido en virtud de su potestad de autoorganización.
El Ayuntamiento de Madrid, para dar cumplimiento a la obligación legal de mostrar al interesado en un expediente todos los documentos que lo integran, debería adoptar las adecuadas medidas de coordinación de los servicios que intervienen en las denuncias de tráfico para que, al menos en los casos en los que un denunciado ejerza su derecho de vista del expediente, se le puedan mostrar el boletín de la denuncia, el documento donde figure el resultado de la práctica de la notificación de la denuncia, el informe del agente denunciante para el supuesto de que se hayan formulado alegaciones, las pruebas obtenidas para sancionar la infracción, como las fotografías del radar o del estacionamiento indebido, los informes de verificación y revisión de los cinemómetros o de los etilómetros, la propuesta de resolución y todos aquellos documentos anteriores a la propia resolución sancionadora.
En consecuencia, se sugirió a esa corporación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, cuando un denunciado haga uso de su derecho de vista del expediente se le muestren todos los documentos que hasta ese momento deban integrarlo, ya que si falta alguno, como los resultados de las notificaciones, las fotografías tomadas como pruebas, los informes sobre los instrumentos utilizados, etc., se le estará entorpeciendo su derecho a ser informado de la acusación y de las pruebas de cargo que hay contra él, lo cual también implicará una obstaculización de su derecho a defenderse (9823578).
La propuesta de resolución, documento elaborado por el instructor a la vista de la denuncia y de las alegaciones que el inculpado haya formulado contra la misma, es el acto por medio del cual se perfecciona y culmina la fase de instrucción del procedimiento sancionador, concretando los términos de la acusación y las consecuencias jurídicas que a juicio del instructor corresponde imponer al inculpado por la infracción de tráfico que haya cometido.
Constituye, por tanto, una garantía para éste, que posibilita de forma efectiva el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
Es constante la jurisprudencia que anula las sanciones si no consta en el expediente la propuesta de resolución, o si dicha propuesta no se ha comunicado al interesado y éste no ha tenido la oportunidad de conocerla por medio de un trámite de audiencia y vista del expediente con carácter previo a la resolución.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo es muy clara en cuanto a la función de la propuesta de resolución sancionadora y las consecuencias de su omisión o falta de notificación. En este sentido, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional 29/1989, de 6 de febrero, «sin ningún género de dudas, el derecho a conocer la propuesta de resolución de un expediente sancionador forma parte de las garantías que establece el artículo 24.2 de la Constitución, pues sin él no hay posibilidades de defensa en el ámbito del procedimiento». Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1999 resume así una doctrina jurisprudencial consolidada: «cabe afirmar que el derecho a ser informado de la acusación se satisface normalmente en el procedimiento sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa».
Notificar la propuesta de resolución al interesado no es un trámite innecesario que pueda suprimirse o incluirse en otro anterior sin las debidas cautelas. Se trata, por el contrario, de la única forma de cumplir una garantía constitucional y legal que viene establecida en los artículos 134 y 135 de la Ley 30/1992, desarrollando lo previsto en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
El artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su redacción original, es decir, anterior a la modificación operada por el Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, establecía que, una vez concluida la instrucción del expediente y formulada su propuesta de resolución, se dará traslado de la misma a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince y con vista del expediente, puedan alegar lo que estimen pertinente y presentar los documentos que tengan por oportuno.
Por lo expuesto, y en relación con un expediente sancionador tramitado por el Ayuntamiento de Alcobendas, al que era de aplicación la citada redacción del artículo 13 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se sugirió a dicha corporación que aprovechara

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la resolución del recurso de revisión que había presentado el interesado para estimar sus pretensiones y, en consecuencia, revocar la sanción que se le había impuesto ya que en la tramitación del expediente no se había notificado la propuesta de resolución tras la presentación del pliego de alegaciones (9910770).


3.4.4. Resolución sancionadora

La motivación de una resolución, para cumplir las exigencias constitucionales o legales, no precisa ser extensa, bastando con que sea racional y suficiente con referencia a hechos y fundamentos de derecho. No obstante, no puede olvidarse que la motivación del acto permite al interesado conocer los elementos fácticos y jurídicos necesarios para articular su defensa, constituyendo una garantía para el administrado que así podrá impugnar el acto administrativo con posibilidad de criticar las bases en que éste se funda.
En un expediente sancionador tramitado por el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto la propuesta de sanción como la resolución sancionadora señalaban como precepto infringido el artículo 39.2 del Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 13/ 1992, de 17 de enero. Mientras que en el texto de los citados actos administrativos se identificaban otras normas con precisión, haciendo incluso referencia al boletín oficial donde habían sido publicadas, la única mención que se hacía al precepto infringido era «Real Decreto 13-92», lo que, evidentemente, dificulta la identificación de la norma infringida.
Por otra parte, hay que considerar que el citado artículo 39.2 del Reglamento General de Circulación no establece ninguna prohibición efectiva, limitándose a disponer que en determinados itinerarios, partes o tramos de ellos, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de determinados vehículos, por lo que difícilmente puede considerarse dicho artículo el precepto infringido.
La norma municipal que establece la limitación de peso que presuntamente se infringió es el artículo 26 de la Ordenanza General de Tráfico de la citada corporación, a la que no se hacía referencia alguna ni en la propuesta de sanción ni en la resolución sancionadora.
En consecuencia, se recomendó al Ayuntamiento de Zaragoza que en la tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico se identifique con exactitud el precepto infringido y se tengan en cuenta las alegaciones de los interesados al elaborar la propuesta de sanción y la resolución sancionadora, motivando de una forma más precisa la resolución adoptada (9913649).


3.4.5. Desarrollo normativo

Esta Institución se ha dirigido en distintas ocasiones a la Dirección General de Tráfico para interesarse por el desarrollo, todavía pendiente, del régimen de infracciones y sanciones contenido en el Título V de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El desarrollo reglamentario de la graduación de las multas en materia de circulación fue aplazado cuando se iniciaron en el año 1998 los trabajos dirigidos a la elaboración del Proyecto de Ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 28 de junio de 1999.
Aunque el citado proyecto de ley caducó con el agotamiento de la VI Legislatura, no se consideró que fuese el momento oportuno para proceder al desarrollo reglamentario del régimen de infracciones y sanciones al estar prevista la inmediata reforma de la citada ley.
En el último informe, de fecha 19 de diciembre de 2000, que sobre esta cuestión ha remitido la Dirección General de Tráfico, se señala que se ha elaborado un nuevo anteproyecto que en estos momentos se encuentra pendiente del dictamen de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios para su posterior elevación y, en su caso, aprobación por el Consejo de Ministros (9802704).


3.5. Tratamiento automatizado de datos e intimidad personal

Ya en 1995, el Defensor del Pueblo mostró su preocupación frente a una práctica que parecía generalizarse y que, a su juicio, resultaba potencialmente atentatoria contra la intimidad de los ciudadanos en la vertiente que hace referencia a la protección de sus datos personales frente al tratamiento automatizado de los mismos.
Se hacía referencia entonces a la fórmula utilizada por numerosos titulares de ficheros automatizados de carácter privado, fundamentalmente entidades crediticias y financieras, para obtener el consentimiento de los titulares de los datos personales obrantes en dicho ficheros a fin de efectuar cesiones de esos mismos a otras empresas o entidades. La práctica consistía en la remisión a los titulares de los datos de una comunicación simple, sin formalidad alguna que garantizase y acreditase su recepción, así como su contenido y la fecha correspondiente, en la que se les comunicaba la intención de efectuar cesiones de los datos personales obrantes en los respectivos ficheros, entendiendo otorgado implícitamente el consentimiento en caso de no recibir notificación expresa en contrario en un plazo determinado que no solía exceder de treinta días.
Planteada la cuestión ante la Agencia de Protección de Datos, ésta mostró su acuerdo con la práctica cuestionada por el Defensor del Pueblo aduciendo un razonamiento jurídico que se basaba, por un lado, en diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, entonces vigente, y enlas nuevas orientaciones dadas por la Unión Europea

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en la regulación de esta materia a través de la Directiva 95/46/CE, que en un futuro próximo habría de trasponerse a la legislación interna española (para conocer en detalle esta argumentación jurídica se sugiere consultar el punto 3.4 de la primera parte del informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 1995).
A juicio de esta Institución -y ello se expresaba en el informe anual citado-, resulta difícilmente soslayable la exigencia de determinados requisitos formales a los que debieran ajustarse las comunicaciones tendentes a obtener el consentimiento tácito de los titulares de los datos personales, si se quiere garantizar, al menos, la recepción de la comunicación a cuya falta de contestación se vincula el efecto jurídico del consentimiento para la cesión.
De hecho, lo deseable es que no se produzca en ningún caso una cesión de datos personales sin que de manera expresa el titular de los mismos haya otorgado su consentimiento y en tales términos lo pudiera acreditar el titular del fichero donde éstos estén almacenados. No debe olvidarse que como ha establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, en la que resuelve el recurso interpuesto por esta institución contra la vigente Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, el derecho fundamental a la protección de datos «consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso» (fundamento jurídico.7.º).
Ahora bien, admitiendo que este nivel de exigencia pudiera ser excesivo y dificultara el ejercicio de actividades económicas y comerciales propias de la economía moderna, al requerir esfuerzos desproporcionados a los responsables de los ficheros o generar costes excesivamente altos, lo cierto es que, como mínimo, debiera resultar inexcusable poder acreditar que el titular de los datos ha recibido efectivamente una comunicación específica en la que se le informase de la decisión de ceder sus datos personales, del carácter facultativo y no obligatorio de esta cesión, de la finalidad de la misma, de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y del lugar y responsable del fichero ante el que pueda ejercerlos, y, especialmente, del efecto que se otorga a su inactividad en un determinado plazo, ya que de ella se derivará la autorización para la cesión o comunicación de sus datos.
A lo largo de estos años se han seguido recibiendo quejas en relación con este asunto, en el que no ha habido variaciones sustanciales pese a la advertencia al respecto formulada por esta Institución en el informe anual citado y a la ocasión que supuso la sustitución de la anterior ley por la actual norma de protección de datos. Además, la práctica cuestionada, que inicialmente era empleada por entidades crediticias y financieras y por algunas otras grandes empresas en relación con sus clientes casi exclusivamente, se ha extendido ahora a muchos otros ámbitos, y particularmente al de las telecomunicaciones con la finalidad de promoción comercial de servicios de este carácter.
En este último ámbito, donde por obvias razones de relación y comunicación social todos los ciudadanos son clientes de una o de varias compañías operadoras, la inquietante manera de obtener el consentimiento de los titulares de los datos no se emplea ya solamente para legitimar su cesión sino también para proceder a su tratamiento mediante el cruce de los datos personales que obran en los archivos informatizados de las compañías operadoras, en razón de la relación contractual que las vincula con sus clientes, con los relativos a facturación y tráfico de cada uno de ellos.
Para llevar a cabo el tratamiento cruzado de los datos, las compañías operadoras utilizan como fórmula de obtención del consentimiento que exige el artículo 6.1 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 una simple comunicación postal de características similares a aquélla que antes se ha mencionado al hablar de las entidades financieras y de crédito y de la práctica en su momento cuestionada por el Defensor del Pueblo.
Se remite así a los clientes una comunicación simple, adjunta normalmente al detalle de facturación de un determinado período, sin formalidad alguna que acredite su recepción por parte de los interesados, su contenido y la fecha en que la misma llega a poder de sus destinatarios, en la que se les comunica la intención de proceder al referido tratamiento conjunto de sus datos personales y de facturación, y de considerar otorgado su consentimiento a dicha actuación de no manifestar expresamente su oposición en el plazo de un mes.
Trasladado nuevamente este asunto a la Agencia de Protección de Datos, ésta informó en síntesis al Defensor del Pueblo que una actuación de este tipo venía amparada por el artículo 65.3 del Real Decreto 1736/1998, por el que se aprobó el reglamento del servicio universal de telecomunicaciones, el cual autoriza en su apartado 3 a los operadores a tratar automatizadamente los datos personales a los que se viene haciendo mención, siempre y cuando el abonado hubiera otorgado su consentimiento previo. Y para obtenerlo dicha norma reglamentaria sólo exige que los operadores se dirijan a los abonados, al menos con un mes de antelación al inicio de la promoción, requiriendo su consentimiento, el cual se entiende otorgado si en el plazo de un mes desde que el abonado reciba la solicitud éste no se hubiese pronunciado en contra.
Esta Institución entiende, en relación con el asunto planteado, que la citada regulación administrativa podría adecuarse en mayor medida a los principios que, en garantía de los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, presiden la normativa vigente en materia de protección de datos, y muy específicamente a la necesidad de que el tratamiento automatizado de los datos personales cuente con el consentimiento inequívoco de los afectados.


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La normativa actual, aún cuando formalmente respetuosa con el principio legal expresado, en la medida en que se impone a los operadores la necesidad de recabar el consentimiento de sus abonados, puede de hecho generar supuestos en los que las compañías realizan el tratamiento cruzado de los datos informatizados a que se refiere el artículo 65 del repetido reglamento, en relación con abonados a cuyo poder no ha llegado la solicitud de consentimiento formulada por dichas compañías, que desconocen la intención de las operadoras de proceder a dicho tratamiento y cuya falta de respuesta al requerimiento de autorización formulado no puede obviamente interpretarse como anuencia tácita al mismo.
De otra parte, entre los datos de tráfico y facturación susceptibles de ser tratados conjuntamente con los datos personales de los abonados se encuentran los relativos a los números de los abonados a los que se realizan llamadas que pueden, en determinados casos, revelar la ideología, afiliación religiosa, sindical o política de los abonados para cuyo tratamiento la legislación sobre protección de datos exige el consentimiento expreso y por escrito de los afectados.
Partiendo de la anterior consideración, podría resultar conveniente la modificación del precepto del Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones que ha servido de base a las actuaciones cuestionadas, en una línea tendente a exigir de los operadores de telecomunicaciones la utilización de procedimientos que aseguren, en mayor medida que los que actualmente utilizan, la recepción por el abonado de la solicitud de consentimiento. Sería conveniente también excluir de los datos de facturación susceptibles de ser tratados junto con los datos personales de los abonados, a los efectos de promoción que se propone el apartado tercero del artículo 65 del reglamento varias veces mencionado, los relativos a los números de los abonados que reciben llamadas de aquél; o, alternativamente, a imponer la necesidad del consentimiento expreso de los afectados para el tratamiento cruzado de estos últimos datos con sus datos personales.
Esta Institución, en consecuencia, ha trasladado las consideraciones anteriores al Ministerio de Ciencia y Tecnología, interesando el estudio de las mismas y la emisión de un informe en relación con la posible realización de la modificación del precepto reglamentario mencionado, en la línea precisa para obtener su mejor adecuación a los principios que rigen la normativa sobre protección de datos vigente.


4. ADMINISTRACIÓN MILITAR

4.1. Servicio militar y régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas

El proceso de implantación del nuevo modelo de las Fuerzas Armadas que se inicia con la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 28 de mayo de 1998, y por el Pleno del Senado, el 9 de junio del mismo año, del Dictamen de la Comisión Mixta, no permanente, Congreso de los Diputados-Senado, para establecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, ha supuesto importantes modificaciones normativas e innovaciones en el plano organizativo, pero no afecta a los principios rectores fundamentales que continúan siendo los de pleno sometimiento a la Constitución y a los poderes por ella instituidos.
En este sentido, constituye una preocupación constante de esta Institución que en las Fuerzas Armadas el ejercicio de la potestad disciplinaria se desarrolle sin menoscabo de las garantías y derechos que la Constitución y la normativa reguladora del régimen disciplinario reconocen a todos los militares, sean profesionales o de reemplazo.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas supone la próxima desaparición del servicio militar obligatorio, esta Institución ha tenido especial interés en investigar las disfunciones que pudieran producirse en las condiciones de cumplimiento del servicio militar durante el periodo transitorio que requiere la adopción definitiva del nuevo modelo de ejército profesional.
En consecuencia se ha considerado conveniente incluir en este informe algunas de las actuaciones realizadas en relación con el ejercicio de la potestad disciplinaria y las condiciones de cumplimiento del servicio militar en esta fase final del proceso de profesionalización.


4.1.1. Procedimiento disciplinario

La sanción disciplinaria de arresto en establecimiento disciplinario militar, prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Reglamento Disciplinario de las Fuerzas Armadas, puede imponerse tanto a los oficiales generales, oficiales, suboficiales y tropa y marinería profesionales, como a los alumnos de los centros docentes militares y a los militares de reemplazo.
Los servicios de guardia y seguridad externos de los establecimientos disciplinarios militares son los comunes del acuartelamiento donde se ubican, mientras que los servicios de vigilancia y seguridad internos, de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de régimen interior, recogidas en el anexo de la Orden 97/1993, de 30 de septiembre, los presta el personal destinado en el propio establecimiento, fijándose, por turno, un oficial o suboficial que realizará guardia interior durante veinticuatro horas, asistido por el número de militares de clase de tropa y marinería que, en cada caso, sean necesarios.
Por la función propia de los establecimientos disciplinarios militares no es extraño que en los mismos se produzcan situaciones o conflictos que por su potencial

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peligrosidad exijan un especial celo y cuidado del personal encargado de la vigilancia y custodia de los arrestados. En este sentido, los jefes de los establecimientos disciplinarios militares no sólo deben adoptar cuantas medidas consideren necesarias, en función de las circunstancias de cada caso, para garantizar los derechos de los arrestados, sino que, además, deben actuar con especial diligencia en el caso de que dichas medidas estén dirigidas a garantizar la vida y la integridad física de los mismos.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, al informar sobre el fallecimiento de un soldado de reemplazo que cumplía arresto en el establecimiento disciplinario Alfonso XIII de Melilla, señalaba que el soldado fallecido se encontraba cumpliendo un mes de arresto preventivo por amenazar a un compañero con un cuchillo en la garganta y que, debido a su actitud habitualmente agresiva, había sido ingresado, de forma excepcional, en una celda individual para evitar cualquier altercado con otros arrestados.
El soldado había sido dado de alta en el Hospital Militar de Melilla el día anterior a su fallecimiento, sin que al parecer se hubiese recomendado la adopción de medidas extraordinarias para su custodia.
Sin embargo, al ingresar en el establecimiento disciplinario, pocas horas antes de ahorcarse con su propio ceñidor, dejó constancia de su conducta agresiva al insultar a los componentes de la guardia, destrozar parte del mobiliario y, posteriormente, prender fuego a su colchón.
No se adoptó ninguna medida excepcional de vigilancia, ya que se consideró que estos hechos, aun sin ser rutinarios, podían incluirse dentro de los parámetros de conducta del personal arrestado en estos establecimientos. La realización de controles frecuentes a los arrestados, unida al hecho de que el establecimiento disciplinario esté anexo al cuerpo de guardia, donde existe personal en alerta permanente, se consideró, en este caso, una medida de seguridad suficiente.
Esta Institución no comparte dicha valoración, especialmente cuando se considera la secuencia fáctica que se desarrolla el mismo día del fallecimiento, la personalidad conflictiva del soldado fallecido, el hecho de que fuese consumidor habitual de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, así como sus antecedentes disciplinarios, lo que en su conjunto constituía una razón suficiente para justificar la adopción de medidas excepcionales con respecto al mencionado soldado.
En consecuencia, se recomendó a la Subsecretaría de Defensa que impartiese las instrucciones oportunas para que los mandos militares responsables de los establecimientos disciplinarios militares adoptaran, en coordinación con los servicios médicos y psiquiátricos correspondientes, las medidas extraordinarias de vigilancia y atención que exija el comportamiento de los arrestados, cuando éste sea presumiblemente peligroso para su integridad física o la de sus compañeros (F9800118).
4.1.2. Condiciones de la prestación

El servicio de vigilancia realizado por militares de reemplazo en el perímetro fronterizo de Ceuta consiste en una colaboración con la Guardia Civil mediante acciones de vigilancia, alerta e información, siendo el cometido fundamental de los puestos de vigilancia alertar a los agentes de la Guardia Civil sobre la presencia de personas que pretender entrar de forma ilegal en España, darles el alto y esperar la llegada de dichos agentes, con orden expresa de no proceder a su detención ni persecución, no estando autorizado el empleo de la fuerza.
En relación con el fallecimiento, mientras estaba realizando un servicio de vigilancia en el perímetro fronterizo de Ceuta, de un militar de reemplazo que había sido clasificado como apto con limitaciones, con recomendación de no realizar esfuerzos físicos durante el servicio militar, los informes emitidos por el Coronel Jefe del Regimiento de Artillería número 30 y por el Coronel Director del Hospital Militar O?Donnell de Ceuta, consideraban que la ejecución de la actividad propia de dicho servicio de vigilancia no requería la realización de esfuerzos físicos.
Hay que considerar que el centinela, según lo dispuesto en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, dará la alerta cuando la situación lo requiera, haciendo respetar su autoridad y el puesto que guarda, y si alguien le desobedeciera, le advertirá primero, pero si tiene fundada sospecha de que resulta amenazada su persona o la seguridad de su puesto, usará el arma. Por ello, las mismas ordenanzas disponen que, al entrar de guardia, el centinela deberá estar capacitado para reaccionar con prontitud en las situaciones de peligro.
Un servicio de vigilancia en la frontera de Ceuta difícilmente puede considerarse como una actividad que no exige esfuerzo físico, especialmente si se considera el déficit y el carácter discontinuo de las horas de sueño que caracteriza a estos servicios, así como el desgaste producido por la tensión psíquica de un servicio de armas que se realiza en una frontera especialmente conflictiva, en la que no es improbable una intervención efectiva. En este sentido, no puede ignorarse que un servicio de vigilancia en la frontera, sin perjuicio de las instrucciones que se impartan sobre el empleo de la fuerza, no deja de ser un servicio de armas.
El argumento de que el cometido fundamental de los puestos de vigilancia era alertar a los agentes de la Guardia Civil sobre la presencia de ilegales, y de que había orden expresa de no proceder a su persecución, ni detención, no estando autorizado recurrir al empleo de la fuerza, no justifica, a juicio de esta Institución, la afirmación de que dicho servicio de vigilancia en la frontera no exigía esfuerzo físico.
En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar que adoptara las medidas oportunas para garantizar que los

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militares de reemplazo que hayan sido clasificados como aptos con limitaciones, con recomendación de no realizar esfuerzos físicos durante el servicio militar, no puedan ser destinados a realizar aquellos servicios que, bien impliquen un desgaste físico o psíquico de cierta intensidad, bien supongan la necesidad o la posibilidad eventual de realizar esfuerzos físicos para el efectivo cumplimiento de las ordenes recibidas o de las obligaciones que, con carácter general, están previstas para los militares en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas (9812863).
La Administración militar considera que los vehículos ligeros tácticos militares, adquiridos con anterioridad al 1 de julio de 1994, no precisan incorporar cinturones de seguridad, por lo previsto en el anexo 1 de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 15 de octubre de 1993.
Aun considerando lo previsto en dicha orden ministerial, así como en la Orden del Ministerio del Interior de 8 de febrero de 1993, los conductores y los pasajeros de los asientos delanteros de dichos vehículos están obligados a utilizar cinturones de seguridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.
Valorando lo previsto en este reglamento, en relación con las resoluciones del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1984 y 18 de febrero de 1986, y la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 1991, resulta evidente que la utilización de los cinturones de seguridad es un elemento de protección de los pasajeros de los vehículos fundamental para mejorar su seguridad y aminorar el riesgo derivado de los accidentes de circulación.
En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar que adoptara las medidas necesarias para que todos los vehículos militares en circulación dispongan de las medidas de seguridad básicas, como la instalación de cinturones de seguridad, aminorando así el riesgo para sus ocupantes derivado de los posibles accidentes que sufran dichos vehículos (9818986).
La posible implicación de algunos mandos de la Base Militar «Conde de Gazola» en una práctica irregular, dio lugar a la apertura de una investigación por parte de esta Institución. Según se denunciaba, existía una presión indirecta sobre el personal de tropa que prestaba servicios en los distintos locales con bar o cafetería en dicha base para que, bajo la amenaza velada de ser arrestados, repusiese con dinero propio el déficit que, debido al impago de las consumiciones por parte de algunos mandos, pudiera generarse en la recaudación.
En el informe que sobre dicha cuestión remitió el General Jefe de Estado Mayor de la Región Militar Noroeste se señalaba que no se actuó disciplinariamente porque no se apreció indicio racional suficiente a efectos de imputar a algún mando o mandos responsabilidad de tipo disciplinario, ya que de las declaraciones emitidas por seis soldados, un cabo y un cabo primero, se desprendía que a ninguno de ellos les constó en ningún momento que algún mando exigiese dinero para reintegrar el déficit que en su caso pudiese haber existido, y nunca fueron arrestados por dicho motivo.
En el mismo informe se manifestaba que debe entenderse que los arrestos por «inexactitud en el cumplimiento de destino» que pudieron imponerse al personal de tropa que prestaba servicios en dicha base fueron sanciones por hechos concretos y que, en todo caso, los interesados habrían tenido derecho al recurso correspondiente.
En relación con lo anterior, esta Institución consideró que, aunque no se hubiese apreciado suficiente fundamento a efectos de imputar a algún mando o mandos una responsabilidad de tipo disciplinario, sí había quedado acreditada una práctica irregular que debía ser erradicada de forma inmediata.
En consecuencia, se sugirió a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar la adopción de las medidas oportunas para erradicar la práctica por la que el personal de tropa que presta servicios en los distintos locales con bar o cafetería en la Base Militar «Conde de Gazola» repone con dinero propio las cantidades que puedan faltar de la recaudación (9808601).


5. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

5.1. Educación no universitaria

5.1.1. Centros docentes. instalaciones y ubicación

Como en ejercicios anteriores, en el año 2000 han sido escasas las quejas relativas a deficiencias, problemas en la conservación y mantenimiento de las instalaciones de los centros docentes o falta de adaptación de sus espacios a las condiciones establecidas en la normativa reglamentaria que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece los requisitos que deben reunir los centros en los que se imparten las distintas enseñanzas de régimen general no universitarias.
El examen de los supuestos que plantean estas quejas, así como la evolución que en cuanto a su número y tipología viene experimentando este sector de asuntos a lo largo de los últimos ejercicios permite extraer la consecuencia de que, sobre la base de una red de centros, en líneas generales suficiente y adecuada para atender las necesidades de escolarización existentes, y para hacerlo en condiciones acordes con los requerimientos de calidad establecidos en la referida ley orgánica, en determinados supuestos y localidades surgen desajustes de carácter concreto. Estos problemas puntuales son consecuencia, en ocasiones, del aumento de población que experimentan determinadas zonas -en

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la mayoría de los casos ubicadas en la periferia o en localidades próximas a las grandes ciudades o, en otras ocasiones, en zonas turísticas-, cuya repercusión en el incremento de la demanda de plazas escolares no siempre es cuantificada debidamente con la suficiente antelación por las administraciones educativas.
En otros casos es la necesidad, no satisfecha con prontitud por las administraciones educativas responsables, de adaptar los espacios de los centros a lo establecido en la normativa sobre requisitos mínimos de los centros ya mencionada, la que suscita el malestar de las comunidades educativas afectadas y la formulación ante el Defensor del Pueblo de las correspondientes quejas. Teniendo en cuenta que la normativa que determina los requisitos que deben reunir los centros educativos se aprobó hace ya diez años, parece que cualquier inadecuación a sus prescripciones es en la actualidad totalmente injustificable.
Tales son los supuestos que plantean muy específicamente las quejas relacionadas con las instalaciones de los colegios públicos, en los que se imparten enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil y de educación primaria, a través de cuya tramitación, no obstante, esta Institución ha tenido constancia en varios supuestos de la iniciación de actuaciones o de los proyectos elaborados por las administraciones competentes para hacer frente a corto plazo a las necesidades existentes.
Así ha sido en el caso de dos quejas procedentes de la Comunidad de Madrid, cuyos promoventes ponían de manifiesto, respectivamente, la insuficiente capacidad de las instalaciones del colegio público de la localidad de Soto del Real que, además, según señalaban, carecían de muchos de los espacios de que deben estar dotados los centros que imparten educación primaria y, de otro lado, las deficiencias que afectaban al patio de recreo, instalaciones deportivas, zonas ajardinadas y accesos de determinado colegio público de Madrid capital.
En ambos casos la administración educativa de Madrid ha comunicado al Defensor del Pueblo la iniciación de actuaciones tendentes a dar solución a las situaciones mencionadas, a través de la construcción de unas nuevas instalaciones destinadas al colegio público de la localidad de Soto del Real, cuya ejecución está previsto que se realice en el año 2001, o mediante la realización de las obras de reparación y adaptación necesarias en el colegio público de la capital a que aludía la segunda de las quejas mencionadas, cuya ejecución se programó en los meses de julio y agosto pasados para que no interfieran en el desarrollo de las actividades educativas del centro (0000496 y 0014680).
También la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado al Defensor del Pueblo de la inclusión en el Plan de Mejora de la Red de Centros Educativos, elaborado a raíz del todavía reciente traspaso de competencias en materia de enseñanzas no universitarias a dicha comunidad autónoma, de una inversión de trescientos millones de pesetas para la construcción de un nuevo edificio escolar destinado a albergar el colegio público de la localidad de Altagracia (Ciudad Real), cuyas actuales instalaciones sufren un grave deterioro y no se adaptan a los requisitos mínimos derivados del nuevo sistema educativo. Se ha manifestado por la consejería que la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones, cuya construcción debe realizarse en los años 2000 y 2001, está previsto que se produzca con el inicio del curso escolar 2001-2002 (9901199).
En otros supuestos, la solución de las deficiencias, insuficiente capacidad o inadecuación a la normativa vigente de las instalaciones de los centros, depende no tanto, o al menos no sólo, de la adopción de medidas en relación con el centro de que se trate, como de la realización de ampliaciones necesarias en la correspondiente red de centros docentes a través de la creación o incremento de la capacidad de otros centros de la zona. También sucede en ocasiones que, aún admitiendo las administraciones educativas competentes los problemas existentes en centros concretos, deciden posponer su solución en atención al carácter prioritario con que se ha decidido atender otras necesidades.
En la primera de las líneas citadas, cabe citar el supuesto planteado por la masificación apreciable en el colegio público de la localidad de Pájara (Fuerteventura) que ha dado lugar a la puesta en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de varios proyectos, en distintas fases de planificación o ejecución, tendentes a la construcción de nuevos centros docentes de diferentes niveles educativos en localidades próximas a la del citado colegio, sin que los datos aportados permitan conocer los plazos en que estarán disponibles las instalaciones de los nuevos centros, en los que se escolarizará una parte del actual alumnado del colegio público mencionado y obtendrá solución el acuciante problema de espacios que padece.
Sobre este particular, y sobre la situación existente en el colegio público a que hace referencia la queja, en el curso 2000-2001, en el que al parecer ha sido necesario ampliar el número de unidades escolares, se ha interesado de la consejería la aportación de datos complementarios que permitan valorar con certeza la procedencia de instar de la misma la adopción de soluciones provisionales dirigidas a paliar de manera inmediata la situación del centro (0000671).
En otro supuesto, ejemplo de la segunda de las líneas de actuación citadas, la Administración educativa de Extremadura, ante la que se ha planteado la necesidad de adoptar soluciones en relación con el deficiente estado de las instalaciones del colegio público de la localidad de Llerena (Badajoz), ha corroborado los problemas de capacidad y la inadecuación de las instalacionesde dicho centro a los requerimientos derivados de la

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Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Pese a esta constatación se ha pospuesto la adopción de las soluciones necesarias hasta la definición de un marco organizativo y presupuestario adecuado para dar respuesta, de manera conjunta y en el más breve plazo posible, a los problemas que, según señala, se advierten en las instalaciones de un número significativo de centros de la comunidad autónoma, entre los que se incluye, obviamente, el antes citado.
Esta Institución se encuentra en estos momentos a la espera de la aportación por la citada consejería de datos complementarios respecto de las actuaciones necesarias en el centro de la localidad de Llerena a que ha hecho referencia la queja formulada y plazo dentro del cual vayan a abordarse las mismas y sobre los centros concretos a los que afectan las deficiencias puestas de manifiesto en su respuesta al Defensor del Pueblo, carácter de las mismas y plazos previstos para su subsanación (9802140).
En relación ya con las instalaciones de los centros en que se imparte educación secundaria, cabe hacer referencia a la tramitación efectuada ante la Consejería de Cultura y Educación de la Generalidad Valenciana sobre las condiciones existentes en la Comarca de Hoya de Buñol-Chiva (Valencia). Aunque la consejería no ha desmentido la descripción hecha por los reclamantes respecto de las muy inadecuadas condiciones de las instalaciones en las que actualmente se desarrollan las enseñanzas de educación secundaria en la referida comarca, de la tramitación efectuada no se desprende que tenga intención de adoptar medidas provisionales que mejoren la situación existente entretanto están disponibles los nuevos edificios escolares programados. Y ello es así aún cuando, a juzgar por los datos aportados, no parecía haberse determinado con certeza la fecha de iniciación de las obras correspondientes, en principio prevista para alguno de los ejercicios2001 ó 2002, o el período previsto para su ejecución ni, obviamente, el plazo en que las mismas estarían disponibles para su uso educativo.
El aumento de la demanda de plazas de educación secundaria en localidades concretas ha suscitado algunas quejas cuyos promoventes interesaban la creación de nuevos centros para el referido nivel educativo. Así, en las localidades de Móstoles y Moralzarzal, ambas situadas en el ámbito territorial de gestión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en las que, de acuerdo con los informes de la citada consejería, se han adoptado ya iniciativas que deben dar lugar a la disponibilidad a corto plazo de las instalaciones de dos nuevos centros, tanto en una como en otra localidad. En la primera, según se manifiesta, está prevista la terminación de las obras de construcción de una nueva sección de educación secundaria para septiembre de 2001, mientras que en Moralzarzal se contempla la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria, cuyo expediente se tramita en la actualidad, encontrándose en la fase de adjudicación de las obras (9902624 y 9905790).
Según ha manifestado, de otra parte, la Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación a la localidad de Monreal del Campo (Teruel), pese a la larga interrupción de las obras de construcción de nuevas instalaciones para el instituto de esa localidad denunciada ante esta Institución en otra queja, cuyos promoventes se referían a las inadecuadas condiciones de escolarización de los alumnos del centro, albergados entretanto en módulos prefabricados, el nuevo edificio escolar se encuentra ya concluido y en él se han iniciado las actividades lectivas a comienzos del curso 2000-2001 (9707355).
En otros casos, los reclamantes cuestionan la ubicación decidida por las administraciones educativas para los nuevos centros de secundaria que deben crearse y construirse para completar la nueva red de centros que demanda la aplicación del sistema educativo regulado en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
El cambio de criterio que se ha producido una vez asumidas competencias plenas en materia educativa por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en cuanto a la ubicación de un instituto de educación secundaria en la localidad de Villafranca de los Caballeros (Toledo), ha dado lugar así a la formulación de una queja, cuyos promoventes demandaban la intervención del Defensor del Pueblo ante la Consejería de Educación de esa comunidad autónoma para que se procediera a la iniciación de las obras de construcción del instituto que el entonces Ministerio de Educación y Cultura había previsto en su momento para la citada localidad.
El trámite informativo practicado ante la consejería ha permitido conocer el cambio de criterio apuntado, ya que, según ha manifestado la consejería, en la Red de Centros de Enseñanza Secundaria definida para Castilla- La Mancha, aprobada mediante resolución de las Cortes de dicha comunidad para responder a las necesidades de implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, no se contempla por el momento la creación de un instituto en la referida localidad, lo que impide, sin perjuicio de la eventual modificación de dicha red, la construcción del centro pretendido (0006101).
Por el contrario, en otros supuestos lo que los promoventes de las quejas han pretendido es que, a raíz de la asunción de competencias educativas, la nueva Administración competente reconsidere decisiones adoptadas en su día por el Ministerio de Educación y Cultura y ubiquen en su localidad el centro de secundaria programado en la respectiva comarca.
Así, la asociación de padres de alumnos constituida en el colegio público de la localidad de Miranda del Castañar (Salamanca) manifestaba la pretensión de que la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León ubicara en esta localidad, en lugar de

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en la de La Alberca, el nuevo instituto previsto para la Comarca de la Sierra de Francia.
En este caso, la consejería ha manifestado que por el momento no se ha adoptado una decisión definitiva en relación con la futura configuración de la red de centros de la provincia de Salamanca, ni hay, por consiguiente, una decisión tomada respecto de la localidad en que se producirá la escolarización de los alumnos de educación secundaria obligatoria de Miranda del Castañar, cuestiones sobre las que no se decidirá, según también se ha asegurado, sin antes conocer la opinión de todos los sectores afectados, incluida la de los padres de alumnos (0024955).


5.1.2. Escolarización

En el primer tramo del curso 2000-2001 hicieron amplia referencia todos los medios de comunicación a la situación suscitada por la negativa de los padres de alumnos de una serie de localidades de Extremadura a que sus hijos se desplazasen hasta centros de secundaria ubicados en otras localidades próximas para cursar el primer ciclo de estas enseñanzas.
La escolarización de alumnos en localidades distintas de la de su residencia sólo se justifica, de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, cuando resulta imprescindible para alcanzar la necesaria calidad de la enseñanza que reciban los alumnos de zonas rurales. Esta Institución decidió iniciar una intervención de oficio ante la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura con la finalidad de recabar de la misma datos que permitieran determinar la adecuación de las decisiones sobre escolarización adoptadas desde el punto de vista de la consecución del objetivo legal mencionado y conocer si las mencionadas decisiones se habían acompañado de otras correlativas, previstas igualmente en la citada ley, dirigidas a proporcionar a los alumnos los servicios complementarios necesarios para hacer posible dicha fórmula de escolarización.
La Administración educativa de Extremadura ha proporcionado un detallado informe en el que se exponen los criterios que han presidido la planificación de su actual red de centros. Según dicho informe se ha optado por la creación de institutos de secundaria completos, es decir, que impartan todas las enseñanzas propias de este tipo de centros -de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional-, y de volumen medio, que permitan ofertar a los alumnos unas posibilidades de opción y una dotación de medios imposible en centros más reducidos. Asimismo, la Administración extremeña ha optado por la escolarización de todos los alumnos de educación secundaria obligatoria, incluidos los de primer ciclo, en centros específicamente concebidos para la impartición de esta segunda etapa educativa.
En relación con las características de los centros designados para la escolarización de los alumnos del referido primer ciclo de educación secundaria obligatoria, la consejería ha asegurado que aquéllos reúnen todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 1004/ 1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros de enseñanzas no universitarias. Por lo que se refiere al servicio complementario de transporte que se proporciona a los alumnos, se señala que el diseño de las rutas se ha realizado para reducir al máximo las distancias y duración de los desplazamientos, inferiores en todos los casos al máximo establecido en la normativa vigente.
Según también se ha manifestado a esta Institución, la Administración educativa de Extremadura se ha comprometido a renovar el mapa escolar vigente y a estudiar posibles reformas que satisfagan las demandas de los padres de los alumnos de primer ciclo de educación secundaria obligatoria, en el sentido de que éstos puedan escolarizarse en sus localidades de origen mientras se cumplan los requisitos mínimos que para la consecución de la calidad de la enseñanza establece la normativa vigente.
Asimismo, se ha tenido conocimiento de que la coordinadora que agrupa a buena parte de los padres de alumnos aconsejó a aquéllos que procediesen a la inmediata escolarización de sus hijos en las condiciones decididas por la Administración, sin perjuicio de continuar su reivindicación a través de otras vías.
El Defensor del Pueblo manifestó públicamente la opinión positiva que le merecían ambas iniciativas y expresó, igualmente, el punto de vista de que los eventuales desacuerdos entre los padres de los alumnos y las autoridades educativas, a todos los cuales se instaba a flexibilizar al máximo sus posturas con vistas a la solución del conflicto planteado, no debían, en ningún caso, mermar ni impedir la atención prioritaria del derecho a la educación de los alumnos.
Posteriormente, se ha tenido conocimiento de la paulatina normalización de la situación escolar de los citados alumnos que iniciaron su reincorporación a clase mediado el mes de octubre de 2000 (F0000100).
En otro orden de cosas, y también en materia de escolarización, se han incrementado las quejas y con ellas la preocupación del Defensor del Pueblo respecto a la concentración de alumnos con dificultades para su integración escolar y académica en determinados centros educativos. Situación que se agrava si además estos centros no disponen de los medios, especialmente personales, precisos para poner en marcha, de manera eficaz, las actuaciones necesarias para la superación de las desfavorables situaciones que afecten a dichos alumnos.
La escolarización en determinados centros de los distritos de Chamberí y Tetuán, de la ciudad de Madrid, de un elevado porcentaje de alumnos, en su mayor parte inmigrantes, con necesidades educativas especiales asociadas

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a condiciones sociales o culturales desfavorecidas, ha motivado la formulación de quejas en las que padres de alumnos de los centros afectados describían las dificultades que dicha situación determinaba en cuanto a la integración de los alumnos y el desarrollo eficaz de la actividad educativa en dichos centros. Al propio tiempo en estas quejas se hacía notar que en la mayoría de los centros privados concertados de los mismos distritos, a pesar de estar sostenidos igualmente con fondos públicos, no se escolarizaba a este tipo de alumnado, o se hacía en una proporción muy inferior.
El ejercicio y consecuencias que se derivan del derecho de libre elección de centro no son compatibles con decisiones administrativas directamente dirigidas a modificar la escolarización de estos alumnos en el centro solicitado y regularmente asignado en los procesos de admisión. No obstante, sí parece exigible que por la Administración educativa competente se dote a los centros afectados de todos los medios definidos como necesarios en la normativa vigente, y en la proporción que contemplan dichas normas, para hacer posible la integración escolar y la progresión académica de los alumnos con necesidades de compensación, así como el desarrollo adecuado de la actividad educativa en los centros.
En consecuencia, la intervención del Defensor del Pueblo en relación con estas quejas se ha dirigido a comprobar la suficiencia de los medios adicionales -personales, económicos, etc.- de que disponen los referidos centros para atender al alumnado de educación compensatoria, así como a determinar si en los mismos se han puesto en marcha las actuaciones que prevé la normativa vigente, dirigidas a lograr la integración y progreso educativo de estos alumnos.
De otro lado, esta Institución se interesó por los resultados derivados de la aplicación al proceso de admisión de alumnos para el curso 2000-2001 de los mecanismos previstos en instrucciones dictadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para ordenar el citado proceso de admisión. En particular interesaba conocer el efecto de la medida de reserva de dos plazas por unidad escolar para el referido alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos y su efecto real sobre la distribución de alumnos.
Hasta el momento los informes aportados por la consejería no han proporcionado datos que avalen las apreciaciones genéricas realizadas por ésta respecto del mayor equilibrio en la distribución de los citados alumnos entre los centros sostenidos con fondos públicos conseguido a raíz del último proceso de admisión de alumnos en el que se han aplicado las instrucciones mencionadas, sin que, de otra parte, los datos remitidos permitan tampoco cuantificar el porcentaje sobre el alumnado de cada centro que representan los alumnos con necesidades compensatorias, ni conocer su distribución actual, entre los distintos centros de los referidos distritos.
No obstante, los datos recibidos confirman la importante presencia en determinados centros de alumnos procedentes de familias inmigrantes, sin que, de otra parte, dada la insuficiencia de los datos aportados, resulte posible determinar la adecuación del personal específico de que disponen los centros a lo previsto en la normativa reguladora de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación.
Sin perjuicio de las conclusiones definitivas a que pueda llegarse sobre los extremos mencionados cuando se disponga de información más completa, cuya remisión se ha vuelto a interesar recientemente, la investigación efectuada ha puesto de manifiesto la significativa presencia de alumnos inmigrantes en determinados centros. Asimismo, ha dejado abiertos los interrogantes ya mencionados, específicamente en cuanto a la adecuada dotación de personal específico, y ha hecho patentes, por último, las dificultades a que se enfrentan las administraciones educativas para obtener la distribución equilibrada de alumnos con necesidades educativas especiales como pretende la ley. En particular, parece imprescindible proceder a la definición de unos procedimientos de detección y diagnóstico de las necesidades de compensación educativa, previos a la escolarización de los alumnos, que faciliten tanto dicha distribución como la dotación a los centros de los medios en cada caso precisos para la mejor atención a los alumnos (0011902, 0015485 y 0020624).
También en materia de escolarización de alumnos afectados por desventajas educativas de toda índole, cabe hacer referencia a las quejas relativas al colegio público La Paz, de la ciudad de Murcia, situado en un entorno social, al parecer, muy desfavorable que afecta sin duda alguna a su alumnado.
El informe remitido por la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia hace referencia a la adopción en el centro de determinadas medidas -consistentes en la dotación de un profesor de apoyo, el refuerzo de la plantilla del centro y la disminución del número de alumnos por aula; la concesión de ayudas para libros y comedor y el control del absentismo escolar- de entre las previstas en la normativa sobre acciones compensatorias, sobre cuya incidencia positiva en los procesos de integración escolar y progresión académica de los alumnos no se han aportado datos concretos.
No obstante, sin poner en duda la eficacia de tales medidas esta Institución se pregunta, y ha trasladado esta cuestión a la Administración educativa de Murcia, si dadas las condiciones especialmente desfavorecidas del entorno social y del alumnado del centro no sería especialmente indicado que por dicha Administración, en colaboración, de ser necesario, con otras instancias públicas y privadas, se abordasen los problemas del centro y de su entorno a través de un plan de actuación integrado que contemplase otras posibles formas de intervención -que se apuntaban previstas también en

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la normativa sobre compensación de desigualdades en la educación- y cuya aplicación parece especialmente indicada en el supuesto planteado.
En estos momentos se espera la respuesta de la Consejería de Educación de la Región de Murcia al anterior planteamiento, así como información respecto de las actuaciones previstas para corregir las numerosas deficiencias apreciables, a juicio de los reclamantes, en las instalaciones del centro docente (0008303 y 0008819).
Aunque obviamente los datos y las posibles conclusiones provisionales que se derivan de la tramitación de las dos quejas mencionadas no pueden extrapolarse al conjunto del sistema educativo, lo cierto es que la primera impresión que se obtiene como resultado de dicha tramitación coincide muy de cerca con los datos publicados por distintas fuentes. Así, por ejemplo, el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (GRECO), y del Observatorio Permanente de la Inmigración, y muy específicamente las conclusiones que se han derivado de un estudio sobre «La escolarización de los hijos de inmigrantes en España», elaborado por la «Fundación 1.º de Mayo» de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, con financiación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en el que se analizan datos de escolarización de niños extranjeros relativos a todo el territorio nacional, obtenidos de estadísticas oficiales del entonces Ministerio de Educación y Cultura, cerrados en el curso 1996-97.
En efecto, de acuerdo con dicho estudio la concentración en zonas determinadas de los alumnos inmigrantes y, posiblemente, en centros concretos dentro de las mismas; la posible inadecuación e insuficiencia de los medios personales de que están dotados los centros para remover las dificultades específicas y necesidades de compensación que puedan afectar a dicho alumnado; la ineficacia de los procedimientos que se aplican para obtener la distribución equilibrada del alumnado de integración y la falta de aplicación de todos los mecanismos y medidas previstas en la normativa vigente en materia compensatoria, a que apuntan las tramitaciones efectuadas por esta Institución, constituyen problemas cuya incidencia real se deriva de los datos más amplios manejados en el referido informe.
Las conclusiones derivadas del mismo estudio apuntan a un aumento progresivo y continuado de los alumnos hijos de inmigrantes en nuestro sistema educativo que, por lo demás, parece evidente dado el incremento constante de la presencia social de la población inmigrante en nuestro país. A ello debe unirse también una progresiva tendencia a la concentración de la presencia de población inmigrante y, por consiguiente, de alumnado de esta procedencia en poblaciones, zonas y centros determinados, así como un claro desequilibrio entre la red pública y privada en cuanto a la escolarización de estos niños, mayoritariamente escolarizados en la primera. Por último, el estudio alude a la falta de modelos o proyectos de integración de la población inmigrante, no sólo escolar sino globales o generalizados, que definan qué se debe entender por integración, los objetivos a que ésta debe tender, así como los aspectos de la misma que deban obtenerse en el marco educativo, y los procedimientos y medios necesarios para hacerla posible.
Esta Institución, a la vista del panorama y perspectivas existentes en relación con el fenómeno de la inmigración, se plantea en estos momentos la posibilidad de realizar una investigación sobre las condiciones en que se produce la inserción escolar de los alumnos inmigrantes en nuestro país.


5.1.3. Admisión de alumnos

Comenzando por lo particular para ir luego avanzando hacia la problemática más general, cabe destacar en materia de admisión de alumnos, por su peculiaridad, la formulación en este ejercicio de una queja en la que se cuestionaban los resultados derivados de determinado proceso de admisión de alumnos celebrado en el colegio «Reyes Católicos», de Bogotá, de titularidad del Estado español, cuya tramitación ha permitido constatar la aplicación en dicho centro, a los referidos efectos de admisión, de unos criterios contemplados en un documento de régimen interior del centro, tales como «el grado de identificación de la familia del alumno con los objetivos del centro» o «la adecuación de los niveles del aspirante a las características del centro», que entran en contradicción con la filosofía que preside las bases del régimen de admisión de alumnos definidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE).
En la citada ley orgánica se regulan criterios que significan la valoración de determinadas condiciones socioeconómicas y familiares, de orden objetivo, a las que resultan ajenas valoraciones, de orden discrecional como las enunciadas, que sirven de base al régimen de admisión de alumnos que se aplica en el citado centro.
El establecimiento de criterios tan radicalmente ajenos a la filosofía que preside la Ley Orgánica del Derecho a la Educación no puede entenderse amparado en la singularización de la estructura y el régimen de estos centros con la finalidad de adaptarlos a las características de su entorno, posibilidad que deja abierta la normativa reglamentaria sobre acción educativa en el exterior -Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio-, mientras que, de otra parte, la misma normativa encomienda al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la aprobación de una norma reglamentaria en la que se establezca el régimen específico de admisión de alumnos en los centros docentes españoles en el extranjero, aprobación que hasta el momento no se ha producido.
En consecuencia, se ha formulado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una recomendación en el

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sentido de que, de forma paralela al desenvolvimiento de los estudios que al parecer se realizan actualmente para determinar la procedencia de modificar el vigente real decreto sobre acción educativa en el exterior, se elabore la normativa de desarrollo que se juzgue necesaria y entre ella la destinada a establecer los criterios específicos de admisión de alumnos en los centros docentes españoles en el extranjero (0012402).
La tramitación de otra queja, cuyo promovente exponía dificultades en el acceso a una de las plazas que habían quedado vacantes en la Escuela de Arte número 12 de Madrid, una vez cerrado el proceso de admisión para el curso 2000-2001, ha puesto de manifiesto la aplicación, excesivamente rígida que se realiza por la Administración educativa competente de las prescripciones relativas a plazos de preinscripción de los alumnos en las pruebas de acceso a dichas escuelas.
De acuerdo con la mencionada interpretación -que esta Institución no ha considerado razonable, ni desde el punto de vista de la mejor atención de las demandas educativas existentes, ni desde la perspectiva de una utilización óptima de los recursos materiales y personales adscritos a los centros docentes-, una vez cerrados los plazos mencionados, no se admiten nuevas solicitudes, aunque existan plazas vacantes en los centros y haya alumnos que manifiesten su deseo de cursar las enseñanzas correspondientes, que por distintas razones no hubiesen formulado oportunamente su solicitud de preinscripción.
Se le ha manifestado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, cuya inspección sostiene la referida interpretación, que aunque obviamente no pueden mantenerse indefinidamente abiertos los citados plazos de inscripción, nada parece oponerse a una aplicación más flexible de los mismos que permita la articulación de nuevos plazos y pruebas de acceso, siempre que, existiendo vacantes en los centros, resulte compatible con la organización de las escuelas y con el regular comienzo de las actividades lectivas por los alumnos afectados en las fechas que estén establecidas (0023497).
En relación asimismo con el actual régimen de admisión de alumnos, se ha continuado en este ejercicio la tramitación de quejas formuladas en ejercicios anteriores y a las que, en la mayoría de los casos, se ha hecho referencia en anteriores informes.
Una queja formulada en el año 1999 cuestionaba ante el Defensor del Pueblo el hecho de que la normativa sobre admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de formación profesional de grado superior, que viene aplicándose en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no contemplase ningún género de preferencia ni estableciese la reserva de un determinado porcentaje de plazas para los solicitantes que acreditaran estar afectados por discapacidades.
La intervención practicada ante la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía ha permitido constatar que la citada consejería tiene ya elaborado un borrador de decreto, cuya tramitación y aprobación está previsto que tenga lugar en este año, el cual, en desarrollo de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación, contemplará, entre otras medidas de apoyo a la escolarización en etapas no obligatorias del alumnado con necesidades educativas especiales, la reserva de hasta un tres por ciento de las plazas de bachillerato y formación profesional de grados medio y superior, entre otros, para estudiantes que acrediten determinados grados de minusvalía (9912984).
El vigente régimen sobre admisión de alumnos contempla, entre otras circunstancias, la consideración de la proximidad del domicilio del alumno al centro, otorgándose una puntuación máxima cuando éste se encuentre en la denominada «área de influencia» del mismo, o bien otra puntuación menor si el domicilio familiar se ubica en zonas limítrofes a dicha área de influencia.
El establecimiento de un «área de influencia» única para todos los institutos de educación secundaria de la localidad de Almansa (Albacete), al dar lugar a la atribución a todos los alumnos de la citada localidad de una misma puntuación por el criterio de proximidad domiciliaria, venía a neutralizar cualquier incidencia del criterio legal de proximidad domiciliaria. La irregularidad de esta situación se planteó por el Defensor del Pueblo inicialmente ante el Ministerio de Educación y Cultura, que todavía ostentaba facultades de gestión del sistema educativo en ese ámbito territorial, a cuyo juicio la decisión cuestionada respondía al objetivo, marcado por la reciente modificación de la normativa reglamentaria sobre admisión (Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, sobre elección de centro educativo), de ampliar las zonas de influencia de los centros para incrementar las posibilidades de elección de las familias.
Una vez realizado el traspaso de competencias educativas a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la tramitación se ha continuado ante la Consejería de Educación de esa comunidad. Después de una prolongada tramitación, la Administración educativa ha admitido finalmente la inadecuación de la actual definición de un área de influencia única para todos los centros de la referida localidad, y ha comunicado al Defensor del Pueblo que se han impartido instrucciones para su delimitación sucesiva en términos acordes con la regulación legal y reglamentaria vigentes (9907562).
La aportación por los solicitantes de plazas escolares y la valoración en los procesos de admisión de datos sobre domiciliación y rentas familiares que no responden a la realidad, induciendo resultados sobre admisión que no se ajustan a los pretendidos por las normas, tienen causas diversas ya tratadas en otros informes anteriores a éste. Entre ellas puede hacerse referencia a los propios términos en que la normativa contempla la acreditaciónde esos aspectos. También debe mencionarse la falta de comprobación por la Administraciónlocal de los cambios de domicilio, en ocasiones supuestos,

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que declaran los interesados para obtener certificados de empadronamiento en los que constan viviendas ubicadas en el ámbito de influencia del centro solicitado. Y, por último, hay que tener en cuenta lo perentorio de los plazos dentro de los que se desarrollan los procesos de admisión y la falta de cualificación específica de los consejos escolares competentes para la adopción de decisiones sobre admisión de alumnos.
En relación con la situación descrita se ha venido interesando de las administraciones educativas hasta ahora competentes la adopción de iniciativas, ya sean de carácter normativo, o bien dirigidas a obtener una aplicación más efectiva de las disposiciones vigentes por los órganos de admisión de los centros que contribuya a obviar las disfunciones indicadas, o bien a lograr la colaboración de otras administraciones, locales y fiscal, para obstaculizar determinadas prácticas de los solicitantes.
Esta Institución, como quiera que en este ejercicio han seguido reiterándose quejas en esta materia, ha debido reproducir en el año 2000 el sentido de las intervenciones en su momento realizadas ante el Ministerio de Educación y Cultura, que ahora han tenido como destinatarias las administraciones educativas de Baleares, Castilla- La Mancha y Región de Murcia, que en todos los casos han manifestado su preocupación ante el problema planteado y comunicado la adopción de distintas iniciativas tendentes a lograr el mayor grado de adecuación de las situaciones alegadas a efectos de admisión a las circunstancias reales de las familias.
La eficacia de las distintas medidas en marcha y la procedencia, en su caso, de instrumentar nuevas intervenciones con el objetivo indicado serán valoradas a la vista de los resultados que se deriven de su aplicación (9907906, 9910774, 0014905, 0018265 y 0019493).
Por último, en materia de admisión de alumnos en centros privados concertados y, en cuanto tales, sostenidos con fondos públicos, se ha formulado una recomendación a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, cuya Dirección de Area Territorial Madrid- Capital ha mantenido la tesis, absolutamente contraria a la normativa vigente, de que resulta admisible la práctica en que incurren muchos centros concertados de asignar plaza de forma automática y sin la realización de previo proceso de admisión abierto a cualquier solicitante, escolarizado o no previamente en el centro, a los alumnos que hubiesen cursado en el mismo el nivel no concertado de educación infantil.
Esta Institución ha manifestado su total discrepancia ante esa citada práctica y con el punto de vista expresado por la Administración educativa, que se encuentran en abierta contradicción con las prescripciones legales, de acuerdo con las cuales el acceso a sucesivos niveles dentro de un mismo centro, sin necesidad de nuevo proceso de admisión, únicamente resulta posible cuando ambos niveles se encuentren acogidos al mismo régimen económico. Con esta prescripción se trata de evitar que la selección de los alumnos por razón de la capacidad económica de sus familias que se produce en la admisión de alumnos al nivel de educación infantil de los centros privados se traslade al acceso de los alumnos a niveles concertados dentro de los mismos centros ya que, por imperativo de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la admisión a estos niveles debe ser resultado exclusivamente de los criterios definidos en la propia ley.
En consecuencia, se ha formulado una recomendación, que todavía no ha obtenido respuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el sentido de que, conforme a la normativa sobre admisión de alumnos vigente, se exija a todos los centros privados ubicados en su ámbito de gestión la celebración, a efectos de admisión de alumnos en los niveles de enseñanza concertados, del proceso de admisión abierto a todos los solicitantes, como exige la citada normativa (9910913).


5.1.4. Centros concertados

Por distintas razones hay un par de asuntos que parece necesario reseñar en este apartado. El primero está relacionado con la modificación decidida por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, a raíz de la asunción de competencias plenas en materia educativa por dicha comunidad autónoma, de los términos de los conciertos educativos que tenían suscritos una serie de centros privados del Principado. La conveniencia de hacer referencia al mismo viene determinada por razón del considerable número de quejas a que ha dado lugar.
El segundo asunto alude a una situación cuya existencia parece generalmente admitida, en relación con la cual, no obstante, esta Institución no ha dispuesto hasta el momento de una base objetiva suficiente para iniciar su intervención ante las administraciones educativas competentes, se refiere nos referimos al percibo por los centros privados concertados de cantidades en conceptos distintos de los que autoriza la normativa vigente como contraprestación de determinadas actividades y servicios, bien sea directamente de los padres de los alumnos, en concepto de donaciones supuestamente voluntarias o, indirectamente, a través de organizaciones o asociaciones interpuestas.
En relación con la primera de las cuestiones mencionadas se han planteado ante el Defensor del Pueblo más de cinco mil quinientas quejas, suscritas por asociaciones de padres de alumnos constituidas en una serie de centros privados concertados de distintas localidades de Asturias, y por padres de alumnos escolarizados en esos mismos centros, que cuestionaban la decisión adoptada por la consejería de modificar el contenido del concierto que tenían suscritos dichos centros por entender que no concurrían ninguna de las causas que, en base a la normativa reguladora de las

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bases del régimen jurídico de conciertos educativos, hubieran podido justificar la variación de los términos de dichos conciertos antes de la terminación del período para el que fueron concluidos, período éste que, en los supuestos planteados, no debía producirse hasta el año 2001.
La tramitación informativa practicada con la finalidad de conocer el carácter de las modificaciones decididas y determinar la base jurídica sobre la que se hubiesen adoptado las decisiones cuestionadas ha permitido conocer que dichas modificaciones, según ha manifestado la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, han afectado al número de unidades concertadas con cada centro y han venido motivadas por variaciones previas en el número de unidades en funcionamiento en los centros respectivos, derivadas de la reducción o ampliación de su matrícula o de reajustes determinados por la nueva ponderación de las necesidades de escolarización existentes en cada zona que se realiza antes de cada curso.
Dichas variaciones, en los términos del vigente reglamento sobre bases de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos -aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre- y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, asimismo alegada por la consejería, autorizan, según ésta entiende, a modificar sucesivamente los conciertos para cambiar el número de unidades concertadas con la finalidad de ajustarlos a las necesidades reales de escolarización existentes.
Dado que de la información recibida de la consejería se desprendía, de otra parte, que en el curso de los procedimientos correspondientes se había observado el trámite de audiencia a los interesados que está establecido en la misma normativa, esta Institución decidió dar por cerrada su intervención en relación con las quejas planteadas, una vez trasladada a los reclamantes la información aportada por la Administración educativa competente y la valoración positiva que merecía al Defensor del Pueblo la actuación administrativa cuestionada, en el aspecto referido en las quejas formuladas (0014485 y otras).
Por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones antes apuntadas, esto es, la percepción por los centros concertados de cantidades no compatibles con el régimen de conciertos, es de reseñar que en algún informe emitido por las autoridades educativas competentes que tenía como objeto otras cuestiones relacionadas con el régimen de admisión de alumnos, se hacía alusión a esta práctica calificándola como habitual y susceptible por tanto de ser investigada a fondo.
Según se apuntaba en esos informes, con la finalidad de obviar, al menos formalmente, el incumplimiento que dichos percibos significan de la prescripción legal que impone a los titulares de los centros que tengan suscritos conciertos educativos la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos, dichas cantidades se presentan como donaciones supuestamente voluntarias o se obtienen a través de organizaciones o asociaciones -fundaciones o asociaciones de padres de alumnos- interpuestas.
Los mismos informes administrativos que hacían referencia a esta práctica contemplaban la hipótesis inicial de que la misma podría estar vinculada a una eventual insuficiencia de los módulos económicos de acuerdo con los cuales se produce la financiación de las unidades concertadas, cuya cuantía no respondería al coste real de cada puesto escolar, circunstancia que, según se apunta en los mismos, justificaría de alguna manera que los titulares de los centros concertados recurran para la obtención de recursos económicos complementarios a estrategias que, como mínimo, según se apunta informes administrativos, bordearía la legalidad.
Partiendo de la base expuesta y con la finalidad de ampliar los datos de que dispone sobre la citada cuestión, se ha solicitado de todas las administraciones educativas la aportación de la información de que ya dispongan, así como la realización en sus respectivos ámbitos territoriales de actuaciones de inspección generalizada en los centros privados concertados que permitan contrastar la adecuación a la normativa vigente de las cantidades que, por todos los conceptos, reciban de los padres de sus alumnos y la remisión al Defensor del Pueblo de las conclusiones que permitan obtener dichas actuaciones.
Igualmente se ha interesado de cada una de las administraciones educativas la realización de los estudios técnicos precisos para determinar el coste efectivo de cada puesto escolar en cada una de las etapas o enseñanzas objeto de concierto, así como la suficiencia o insuficiencia de los módulos establecidos por unidad escolar para atender dicho coste.
Dado que las actuaciones que se han solicitado de las referidas administraciones son extensas y complejas y su realización exige plazos amplios, esta Institución que, por otra parte, ha iniciado la citada tramitación en el último tramo del ejercicio, no dispone todavía de datos que permitan calibrar la incidencia del problema y que eventualmente confirmen las causas a que apuntaban los informes administrativos que están en el origen de la intervención iniciada.
Algunas administraciones educativas sí han comunicado su intención de acometer las actuaciones de inspección y técnicas interesadas por el Defensor del Pueblo, y la forma y tiempo en que van a llevarlas a cabo, en términos que, en cualquier caso, han llamado la atención, ya que de los mismos no se desprende la adopción de iniciativas previas tendentes a determinar con certeza la pulcritud de la actuación de los centros concertados en el aspecto mencionado; todo parece apuntar que se trata de un problema real y generalizado, que si permanece de alguna manera soterrado y no se ha hecho más explícito es muy posiblemente porquelos padres de los alumnos son conscientes de que el

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desembolso que realizan es, en todo caso, muy inferior al que se derivaría del abono de las enseñanzas en un centro privado no concertado y, adicionalmente, de que dicho abono viene a constituir un mecanismo de selección indirecta de su alumnado por los centros concertados, que contribuye a alejar de los mismos a niños procedentes de entornos sociales desfavorecidos, de familias inmigrantes o de minorías étnicas.
En otros casos, algunas de las administraciones consultadas han querido entender que la intervención del Defensor del Pueblo se dirigía a determinar la regularidad, en cuanto al procedimiento de su determinación y a su cuantía, de las cantidades que perciben los centros como contraprestación de actividades y servicios complementarios.


En estos supuestos se ha puntualizado el sentido y objetivos de la intervención iniciada por el Defensor del Pueblo, y se ha requerido de nuevo la realización de las actuaciones interesadas y establecido los supuestos a que debían hacer referencia las mismas, ya que esta Institución considera del mayor interés conocer la situación existente, tanto para determinar la procedencia de sugerir la adopción de medidas que restablezcan en todo su contenido el derecho de libre elección de centro, que podría estar siendo condicionado por los requerimientos económicos que eventualmente estén realizando centros sostenidos con fondos públicos, como para establecer la necesidad de modificar la cuantía de los módulos económicos por unidad escolar de manera que, tal y como se establece en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la misma asegure que la enseñanza se imparte en condiciones de gratuidad.


5.1.5. Transporte escolar

En materia de transporte escolar, si bien las quejas planteadas no ponen de manifiesto en la mayoría de los casos que las actuaciones administrativas cuestionadas impliquen vulneración de preceptos legales o reglamentarios concretos, evidencian notables lagunas en la prestación gratuita por las administraciones educativas de dicho servicio complementario. En la actualidad el servicio de transporte gratuito está previsto sólo para alumnos que cursen enseñanzas obligatorias (educación primaria y secundaria obligatoria), y exclusivamente en los supuestos en que, al no existir la necesaria oferta educativa en sus localidades, deban ser escolarizados en centros situados en otras próximas distintas de las de su residencia.
Además, el servicio se presta sólo para el transporte de los alumnos hasta el centro público designado por la correspondiente Administración educativa y no hasta cualquier otro libremente elegido por ellos.
Este ámbito de prestación del servicio es el que, con algunas excepciones relativas a ámbitos territoriales concretos -como por ejemplo Cataluña, que contempla el establecimiento de rutas escolares hasta centros docentes concertados-, y sobre la base legal definida en el artículo 65 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, se aplica por la mayor parte de las administraciones educativas sin que, en efecto, sobre la base legal mencionada y atendiendo igualmente a la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, quepa advertir incumplimiento normativo imputable a las respectivas administraciones cuando deniegan en otros supuestos el servicio de transporte escolar.
Sin embargo, lo cierto es que con tal delimitación se excluye en principio la prestación del citado servicio a distintos sectores de alumnos, en algunas ocasiones precisamente a aquellos que por su situación deberían ver facilitada su escolarización a través de todos los medios a disposición de las administraciones educativas y que, en todo caso, están afectados por circunstancias que determinan que su asistencia a los centros en que están escolarizados exige objetivamente la utilización de un medio de transporte.
Ante esta Institución, desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, se han planteado quejas sobre la falta de atención por diferentes administraciones educativas de las peticiones de prestación del citado servicio a alumnos del nivel de educación infantil residentes en pequeños núcleos de población rurales o procedentes de poblados marginales de grandes ciudades, en los que no existe oferta de dichas enseñanzas, para los que la normativa sobre transporte escolar no contempla este servicio.
Por ser especialmente significativa, parece oportuno mencionar la prolongada tramitación efectuada por el Defensor del Pueblo, de diversas quejas encaminadas a obtener la prestación de servicio de transporte a dichos alumnos.. La prestación de este servicio viene exigida, si no por el precepto de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo arriba mencionado, por los preceptos de la misma ley en materia de compensación de desigualdades ante la educación, que imponen a las autoridades educativas el deber de asegurar las condiciones más favorables para la escolarización durante la educación infantil de todos los niños que, por su origen geográfico, se encuentren en situaciones que puedan incidir de manera negativa en su posterior progreso académico en niveles obligatorios (9303520, 9800610 y otras).
Tampoco alcanza la prestación gratuita del referido servicio a los alumnos que, escolarizados en localidades distintas de las de su residencia por no estar implantadas enseñanzas obligatorias en su localidad, asisten por decisión de sus padres a centros públicos o privados concertados que no son los designados por la Administración educativa (9911595 y 9905064).
Alegan las administraciones educativas en estos últimos supuestos, además de la base legal que proporciona el precepto de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo ya mencionado, lo inasumible del coste económico que se derivaría del establecimiento

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de rutas escolares gratuitas hasta todos y cada uno de los centros que pudieran elegir los padres. Sin embargo, según ha podido comprobar esta Institución, en ocasiones se deniega este servicio a los alumnos en supuestos en que los centros elegidos por los padres y los designados por las autoridades educativas radican en una misma localidad, hasta la que existen rutas escolares ya organizadas con plazas libres, que aquéllos podrían utilizar sin coste adicional alguno (0023627, 9911545, 9905064 y otras).
Los alumnos residentes en urbanizaciones ubicadas dentro del término de municipios cuyos centros docentes se encuentran en el casco urbano, situado en ocasiones a considerable distancia de aquéllas, o los procedentes de fincas agrícolas o entidades locales menores dentro de un mismo municipio tampoco resultan, en principio, comprendidos dentro del ámbito de beneficiarios del servicio de transporte definido en las normas, a pesar de que por razones objetivas derivadas de la configuración de la red de centros y de las distancias existentes precisan la utilización de un medio de transporte para su asistencia a los centros (9910954 y otras).
Sobre la anterior situación inciden adicionalmente condicionantes de carácter organizativo y económico que juegan en dos direcciones distintas. En algunas ocasiones, los alumnos son autorizados para utilizar las rutas ya existentes, cuyo recorrido se modifica incluso en algunos casos, siempre que existan plazas vacantes en los autobuses escolares, las modificaciones no rebasen las condiciones técnicas, tanto de duración como demás establecidas para los desplazamientos, y resulten asumibles dentro del presupuesto destinado a dicha finalidad.
En otras ocasiones, con base en el establecimiento de criterios mínimos de rentabilidad de las rutas escolares, se deniega el servicio a alumnos que, en los términos de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, resultan acreedores a su prestación, cuando el coste de una ruta no guarda proporción con el número de alumnos que la utilizarían, sustituyendo dicha prestación por la concesión de una ayuda económica, en cuantía proporcional a la distancia existente hasta el centro, que, en muchos casos, no cubre el coste real del transporte ni suple las dificultades de otro carácter que en ocasiones encuentran los alumnos para sus desplazamientos hasta los centros.
De la anterior descripción se deduce que existe un notable desajuste entre las necesidades reales de los alumnos y sus familias en materia de transporte escolar y los términos en que está configurado normativamente el ámbito de prestación del referido servicio.
La ampliación paulatina de este último parece, pues, aconsejable de forma que vaya progresivamente coincidiendo con las necesidades que ponen de manifiesto las situaciones antes descritas, al igual que parece conveniente que tal ampliación se produzca no por la vía de hecho a través de la cual se viene operando en ocasiones, sino a través de la redefinición reglamentaria del alumnado potencialmente usuario de dicho servicio, como parece exigir el principio de seguridad jurídica.


Entiende igualmente esta Institución que muchos de los condicionamientos organizativos y económicos que parecen dificultar actualmente dicha ampliación, e incluso impedir la prestación del servicio en supuestos en que resulta ya legalmente exigible, podrían obviarse acudiendo de forma más sistemática a la celebración con los municipios de convenios de colaboración para la financiación y organización de las rutas escolares.
Esta fórmula, cuya necesidad viene abonada adicionalmente por la disminución apreciable de la población escolar, que sin duda aumentará el número de ocasiones en que no resulte rentable el establecimiento de rutas con los actuales criterios organizativos, permitiría, que su definición se realizara en términos que atendieran más de cerca las necesidades de todos los alumnos de distintos niveles, incluso no obligatorios de enseñanza, de una o varias localidades próximas.


5.1.6. Otras cuestiones relacionadas con la educación en niveles no universitarios

Se viene haciendo referencia en sucesivos informes a las actuaciones de esta Institución tendentes a que se adopten las iniciativas precisas para lograr la gratuidad de los libros y material escolar que deben usar los alumnos para cursar enseñanzas definidas legalmente como obligatorias.
Se inició en diciembre de 1995, ante el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, una intervención en la que se recogía la pretensión de gratuidad que, cada vez con mayor frecuencia, exponían los padres de los alumnos que aludían ya entonces y siguen refiriéndose a las dificultades económicas que les supone la adquisición de los libros de texto. Se señalaba entonces que el carácter obligatorio de los estudios hacía exigible, no sólo la gratuidad de las prestaciones educativas correspondientes, sino también la de los medios materiales y, particularmente, de los libros de texto, imprescindibles para cursarlos.
Desde el comienzo de la intervención mencionada esta Institución sugirió, en concreto y como medida paliativa inicial, la articulación de convocatorias de ayudas para adquisición de libros de texto y apuntó, asimismo, la valoración positiva que le merecería la adopción de iniciativas en la citada línea o en cualquier otra que pudiera conducir a aligerar el esfuerzo que para las familias suponía la compra de los mismos. A partir de ahí, el Defensor del Pueblo ha seguido de cerca la articulación desde la Administración educativa del Estado de convocatorias de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto por las familias que acrediten determinados niveles de renta, pudiendo contrastarsela progresiva mejora de estas ayudas al preverse

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en sucesivas convocatorias anuales tanto incrementos del montante económico a percibir por cada solicitante, como aumentos de la consignación económica global destinada a la indicada finalidad y también del número total de ayudas.
De la última información proporcionada por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se desprende que el objetivo último a que tiende el sistema de ayudas económicas mencionado, que pretende alcanzarse transcurridos los próximos cuatro cursos académicos, es el de que las ayudas beneficien a todos los alumnos que cursen enseñanzas obligatorias y pertenezcan a unidades familiares con rentas inferiores al umbral a partir del cual se establece la obligación de presentar declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Al propio tiempo, se ha tenido conocimiento de que en el ámbito del citado departamento se estudia la posible aplicación de otras medidas, también dirigidas al objetivo de evitar a las familias los gastos derivados de la adquisición de libros de texto destinados a cursar enseñanzas obligatorias, a través de la aplicación de un sistema de compra de los mismos con cargo a los presupuestos públicos y de préstamo a los alumnos, asícomo también de la adopción por algunas administraciones educativas autonómicas de iniciativas en la línea de disminución, para determinadas familias o para los alumnos que cursan ciertas enseñanzas obligatorias, de la carga económica que implica su compra.
A la vista del panorama descrito, se ha considerado oportuno conocer con más detalle tanto la postura de estas últimas administraciones educativas sobre la cuestión planteada, como las iniciativas que ya se hayan adoptado o que se encuentren en estudio en los respectivos ámbitos territoriales de cara a su posible aplicación con la finalidad de obviar o disminuir los costes que supone la adquisición, por las familias de los alumnos, de libros de texto destinados a las enseñanzas ya mencionadas.
Las solicitudes de información que sobre las citadas cuestiones se han realizado a cada una de las referidas administraciones no han obtenido respuesta en todos los casos, lo que por el momento no permite describir el panorama general de las actuaciones que se encuentran en marcha para contribuir a la progresión del objetivo de gratuidad que pretenden los padres de los alumnos.
Sin embargo, las respuestas de que se dispone hasta ahora reflejan puntos de vista, condicionamientos y actuaciones muy diversas que en la mayoría de los casos se traducen en la adopción de iniciativas que complementan las del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consistentes en la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto dirigidas a colectivos especialmente desfavorecidos, y en la creación de bibliotecas escolares o dotación de libros de texto y material escolar a los centros educativos, cuya población escolar procede de entornos socioeconómicos desfavorecidos.


Las administraciones que adoptan esta línea de actuación no suelen pronunciarse expresamente sobre la vinculación lógica que, a juicio de esta Institución, cabe establecer entre el carácter obligatorio y gratuito de determinadas enseñanzas y la pretendida gratuidad de los libros de texto, si bien en alguna ocasión entienden, como la Administración educativa de Navarra, que dicha conexión no es tan evidente como se pretende y consideran que el objetivo a conseguir no es tanto el de la gratuidad de los libros para todos los alumnos que cursan dichas enseñanzas, como el establecimiento de mecanismos que gradúen el coste que suponen para las familias atendiendo a sus niveles de renta.
En otros casos estas mismas administraciones admiten dicha vinculación y consideran, en consecuencia, que el objetivo al que debe tenderse es la gratuidad de los libros de texto para todos los alumnos de enseñanzas obligatorias, si bien alegan limitaciones económicas y lo inaplazable de atender necesidades educativas que juzgan más perentorias para justificar el carácter limitado de las medidas que tienen en marcha.
Sólo tres administraciones educativas, de las que hasta ahora han dado respuesta -las de Aragón, Castilla- La Mancha y La Rioja- tienen elaboradas, e incluso han iniciado, la aplicación de iniciativas tendentes a lograr a corto plazo, en el término de dos o, a lo más, tres cursos, la total gratuidad de los libros de texto de enseñanzas obligatorias en sus respectivos ámbitos de gestión.
Esta Institución entiende que cualesquiera que sean los medios o los sistemas concretos -de entrega gratuita o préstamo directo a los alumnos, o de dotación a los centros para su distribución a los alumnos- que se arbitren para lograrlo, y con independencia de las fórmulas que procedan para su financiación, y de la Administración que deban cooperar a la misma, este último debe ser el objetivo a conseguir por todas y cada una de las administraciones educativas (9511129 y otras).
En otro orden de cuestiones, parece necesario reseñar la recomendación que se ha dirigido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con la finalidad de obtener la modificación de determinados contenidos de su Resolución de 20 de enero de 2000, sobre plazos de presentación y resolución de los expedientes de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación.
Las previsiones cuya modificación se ha pretendido, implican la devolución a los centros de las solicitudes de flexibilización del período de escolarización obligatoria que no estuvieran documentadas en la forma prevista en la propia resolución. De este modo, y al poderse realizar estas solicitudes únicamente en un plazo limitado y no ampliable, la resolución queda en general pospuesta para el curso siguiente, surtiendoefectos en el inmediato posterior.


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Dado que de las citadas previsiones se traducen en retrasos injustificados en la aplicación de las medidas de flexibilización propuestas por los equipos docentes de los alumnos, y son además en parte contrarias a las prescripciones que en materia de subsanación de solicitudes se contienen en la ley procedimental vigente, se ha recomendado a la Consejería de Educación que proceda a su modificación en los términos necesarios para que estén permanentemente abiertos los plazos de formulación de solicitudes y resolución de los expedientes de flexibilización y para que pueda procederse a la subsanación de los defectos eventualmente existentes en las primeras, en la forma que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La recomendación ha sido admitida sólo en parte por la consejería, que ha aceptado la necesidad de conceder a los interesados los plazos de subsanación interesados por esta institución y no ha considerado posible atenderla, sin embargo, en lo que se refiere a la configuración de los plazos de presentación y resolución de solicitudes de flexibilización alegándose, para fundar su decisión, las dificultades que ocasionaría al alumnado la eventual adopción de medidas de flexibilización una vez iniciado el curso.
Considera esta Institución que la decisión respecto del momento adecuado para la aplicación de las medidas de flexibilización que correspondan no debiera, en ningún caso, venir predeterminada, y sustituido de hecho el punto de vista de los expertos, pedagogos y educadores que las proponen, por el establecimiento de unos plazos que de hecho vienen a impedir que la aplicación de las medidas educativas específicas se produzca de la manera más próxima a la detección de las necesidades que se trata de suplir, tal y como pretende la normativa vigente sobre ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales (9823618).
Como último asunto, parece oportuno hacer referencia a la polémica suscitada a comienzos del curso 2000-2001, a raíz de la remisión de un escrito por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a los institutos de educación secundaria, en el que recordaba la necesidad de que los alumnos permaneciesen en el recinto de los centros a lo largo de la jornada escolar sin abandonarlo en los períodos de recreo, decisión que diversas informaciones de prensa vincularon inicialmente a la intervención del Defensor del Pueblo.
Se había dado traslado en su momento a la citada Administración educativa la queja formulada por diversos padres de alumnos según los cuales en algunos centros de secundaria de Madrid se permitía, sin control alguno, la salida del centro a lo largo de la jornada escolar a los alumnos allí escolarizados. La preocupación se incrementaba dado que en la actualidad en los institutos de educación secundaria se escolarizan alumnos a partir de los doce años, y a estas edades los padres confían en que sus hijos están sometidos a la vigilancia y supervisión de los centros educativos a los que acuden.
A la solicitud de información requerida por el Defensor del Pueblo en relación con la citada queja la Consejería de Educación de Madrid respondió manifestando que, en su opinión, de la normativa vigente se desprendía la obligación de que los alumnos permaneciesen en el recinto escolar a lo largo de toda la jornada lectiva y que ésta, además, incluía los denominados períodos de recreo, en relación con los cuales, por cierto, esta Institución no había planteado expresamente cuestión alguna. Sin embargo, la consejería admitía que la normativa vigente posibilitaba interpretaciones contradictorias y que sería conveniente elaborar una nueva.
En este estado de cosas el Defensor del Pueblo consideró oportuno que por parte de la Comunidad de Madrid se introdujera un mayor nivel de concreción en el tratamiento normativo de la cuestión mencionada, estableciéndose de manera taxativa la necesidad de que los alumnos permanezcan en los centros de educación secundaria a lo largo de toda la jornada lectiva para que los centros docentes, partiendo de esta base inequívoca, pudieran realizar las concreciones que considerasen oportunas en sus respectivos reglamentos de régimen interno.
El Defensor del Pueblo entiende, en efecto, que sin perjuicio de los matices que quepa establecer en cada caso en consideración a la edad de los alumnos, y a las características del entorno social, y de la dotación de espacios e instalaciones de cada centro, y respetando, en cualquier caso, las facultades de sus órganos de gobierno para establecer en los instrumentos organizativos correspondientes las precisiones oportunas que tengan en cuenta todas las citadas peculiaridades, la salida de los recintos escolares de los alumnos menores de edad en el tiempo que se considera parte de la jornada escolar debería contar en todo caso con la anuencia de los padres o tutores de los alumnos previamente recabada por el centro.
La Consejería de Educación no ha informado de las consideraciones jurídicas o de oportunidad que le hayan llevado a aprobar posteriormente una norma -Orden 5559/2000, de 17 de octubre-, en la que se establecen determinadas precisiones en relación con el horario de los alumnos, en términos que no guardan relación ni con la postura inicialmente manifestada a esta Institución en el curso de la tramitación de la queja mencionada, ni con la expresada, al parecer, en la comunicación dirigida a los centros al inicio del curso (9910569).


5.1.7. Educación especial

La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales ha de regirse por los principios de normalización e integración. La aplicación de estos dos principios supone, de un lado, que la respuesta educativa debe darse siempre que sea posible en el seno de

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la escuela ordinaria, bien que con respeto de las diferencias individuales de estos alumnos y, de otro lado, que sólo cuando las necesidades de los alumnos no puedan ser atendidas en un centro ordinario, ni siquiera con los apoyos específicos precisos, resulta procedente su escolarización en centros de educación especial.
La implantación práctica de los principios de normalización e integración, recogidos a partir de la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 en las sucesivas normas reguladoras del derecho a la educación, siguen planteando dificultades como se desprende de las quejas que se siguen recibiendo.
Sirva como ejemplo la tramitada ante la Consejería de Educación y Juventud de Cantabria por la disconformidad de los padres de un alumno a quien, tras cursar la educación primaria en un centro de integración, se pretendía escolarizar para cursar la educación secundaria en un centro específico para trastornos de personalidad.


Dicha propuesta, basada en el dictamen realizado por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, era objetada por los padres por entender que no se respetaba el principio general de que las decisiones relativas tanto a la escolarización inicial como a su revisión han de perseguir la situación de mayor normalización o integración escolar. Al respecto se alegaba que no se habían tenido en cuenta los informes emitidos por los profesionales que habían participado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y en concreto se aludía a sendos informes emitidos por el profesor de apoyo y el tutor del curso, y a otro del psiquiatra infantil con el que estaba en tratamiento, todos ellos contrarios a dicha decisión.
En base a las alegaciones de los padres se revisó la decisión adoptada inicialmente y el alumno fue finalmente escolarizado en un centro concertado de integración dotado con unidades de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje adecuado a sus necesidades educativas (0023623).
Por lo demás, una gran parte de las quejas se derivan de la carencia del profesorado específico o de los profesionales de apoyo precisos en los centros de integración, lo que, aparte de la desatención que supone para los alumnos con necesidades específicas, genera a su vez un efecto negativo para los profesores ordinarios que ven recargado su trabajo incluso a costa de desatender al resto de la clase, y produce asimismo el rechazo por parte de los padres de los otros alumnos por la merma de atención a sus hijos que implica el exceso de dedicación requerida por los alumnos con necesidades especiales (9907085, 9908334, 9908736, 9910224, 9910955, 0000038, 0024052, 0024558).
Y todas estas circunstancias dan lugar a un proceso regresivo por el que muchos alumnos, en principio sujetos de una educación integrada, terminan finalmente escolarizados en centros de educación especial en contra de uno de los principios rectores de la integración, situación pormenorizadamente reflejada en la queja presentada por una asociación de afectados por el síndrome de Down denunciando con carácter general los diversos factores que impiden una auténtica implantación del modelo de integración (9902558).
También son dignas de destacar las quejas que se plantean en el mundo rural cuando los proyectos de integración se tropiezan con la inexistencia de centros, dándose la paradoja de que los intentos de integrar a estos alumnos pasan por la segregación respecto del núcleo familiar, cuando hay que recurrir al internado, o por la necesidad de obligar al alumno a recorrer grandes distancias con los lógicos perjuicios para su desarrollo académico.
También es muy ilustrativo el supuesto planteado por los padres de un niño de seis años, afectado de parálisis cerebral, disconformes con la decisión de escolarizar a su hijo en un centro de educación especial radicado a 60 kilómetros de su lugar de residencia, por entender que dicha decisión no se hubiese adoptado si el colegio en el que había cursado los dos años anteriores hubiese contado con un cuidador especializado.
Esta queja planteaba asimismo el problema adicional de que el alumno debería quedar internado al no poderse hacer cargo los padres del transporte diario de su hijo al colegio y no tener derecho al transporte escolar precisamente por la excesiva distancia existente entre el domicilio y el centro. Sobre todas estas cuestiones se está llevando a cabo la investigación pertinente a fin de solventar las deficiencias que se constaten. (0023615) Año tras año en los sucesivos informes se relatan en este apartado, y a título de ejemplo, algunos supuestos concretos en los que el elemento común es siempre la carencia de medios personales o materiales o la insuficiencia de plazas adecuadas para atender debidamente a quienes precisan educación especial. El progreso económico del que se viene disfrutando desde hace años, y el progreso social que le acompaña, imponen inexcusablemente una atención prioritaria a favor de quienes por razones personales, sociales o económicas padecen unas condiciones vitales en las que su integración y formación educativa exige medios excepcionales y personalizados que no debieran en ningún caso escatimarse. Debe por tanto realizarse un esfuerzo mayor en la atención de la educación especial propiamente dicha y de la integración de ésta en la educación ordinaria, y en favor de todo ello hace un llamamiento expreso el Defensor del Pueblo.


5.2. Educación universitaria

5.2.1. Acceso a la Universidad

El Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantesque reúnan los requisitos legales necesarios para el

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acceso a la universidad, establece que las universidades, de acuerdo con las respectivas comunidades autónomas, determinarán la capacidad de los centros y el número de plazas para cada una de las titulaciones que impartan teniendo en cuenta su capacidad, y que la oferta de plazas que resulte se comunicará al Consejo de Universidades para su aprobación.
En virtud de lo anterior, por Acuerdo de 16 de mayo de 2000 del Consejo de Universidades, se resolvieron las solicitudes de establecimiento de límites de admisión de alumnos de nuevo ingreso presentadas por las universidades para el curso 2000-2001, recogiendo en su anexo el número máximo de plazas que podía ofertar cada centro universitario, entendiéndose incluidas las plazas correspondientes al procedimiento de acceso por distrito compartido, para el que también fija un número mínimo de plazas.
Al margen de esta previsión, el citado Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, señala otros colectivos de estudiantes para los que las universidades deben también reservar un porcentaje de plazas, cuya determinación exacta corresponde a cada comunidad autónoma a propuesta de las universidades situadas en su territorio, debiendo acumularse las que queden finalmente sin cubrir a las plazas ofertadas por el sistema general de acceso.
Partiendo de esta configuración normativa, durante los últimos meses del año 2000, coincidentes con el comienzo del curso académico 2000- 01, se analizaron algunas cuestiones suscitadas con motivo del establecimiento de los citados cupos de reserva de plazas por parte de las universidades.
En primer lugar, puede hacerse mención a la singular distribución de plazas para el acceso a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid para el curso 2000-01, particularmente en lo que se refiere a la reserva para estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
La Comunidad de Madrid, con la aprobación del Consejo de Universidades, fijó un cupo de 400 plazas en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica para acceso de alumnos a primer curso, del cual 360 plazas se asignaban al distrito único de Madrid y 40 al distrito compartido. La Universidad Politécnica de Madrid, en una interpretación que no parece ajustarse al sentido de las normas vigentes, consideró ese límite no como máximo sino como mínimo y admitió a un número de alumnos de primer curso considerablemente superior al fijado por el Consejo de Universidades.
Además, siguiendo con un criterio interpretativo más que dudoso elevó a casi el diez por ciento de las plazas ofertadas el porcentaje de las reservadas a los alumnos titulados, justificando esta última decisión en el deseo de «intentar facilitar el acceso de los arquitectos técnicos a los estudios de arquitectura por la vía de titulados (han de competir con otros graduados) ya que no se ha regulado todavía su acceso directo como arquitectos técnicos a estudios de segundo ciclo en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura».


Esta Institución considera en principio improcedente la actuación descrita por varios motivos: primero, porque el Acuerdo del Consejo de Universidades expresamente en su apartado primero habla de «límites máximos de admisión de alumnos» en términos que no permiten duda alguna al respecto; segundo, porque el porcentaje de reserva para alumnos titulados que establece el Real Decreto 69/2000 puede oscilar entre un mínimo de un uno por ciento y un máximo de un tres por ciento, sin que se prevean en ningún caso porcentajes superiores; tercero, porque el límite de admisión fijado por el Consejo de Universidades proviene del propuesto por la universidad de acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente y no se comprende el motivo por el que la universidad proponga inicialmente un límite menor del que realmente cree disponer.
Claro que actuando de este modo se dispone de un margen amplio de discrecionalidad para asignar esas plazas adicionales a los distintos cupos entre los que se distribuye la oferta global, logrando, como ha ocurrido en el presente caso, que los alumnos ya titulados dispongan de 40 plazas, cuando no hubieran debido disponer de más de 12, aplicando el máximo del 3 por 100, y que los alumnos procedentes de selectividad hayan dispuesto de 382 plazas cuando el límite máximo aprobado hubiera supuesto 352.
En definitiva, proponer límites de admisión, si finalmente se contrasta que así ha sido, inferiores a los que realmente van a aplicarse perjudica a la transparencia del proceso, resta operatividad a la distribución en cupos prevista por las normas y convierte en discrecional lo reglado, posibilitando asignaciones de plazas más o menos arbitrarias sin la objetividad que exige la distribución de un bien escaso -las plazas para cursar ciertos estudios- sufragado con fondos públicos (0021187).
También puede hacerse mención a la problemática que plantea el acceso al segundo ciclo de estudios universitarios que no constituyan continuación directa de un primer ciclo cursado que, según el Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, se realiza de conformidad con las prioridades y criterios de valoración que establezca cada comunidad autónoma. Así, mediante Orden de la Consejería de Cultura y Educación de la Generalidad Valenciana de 29 de mayo de 2000 quedó prevista una reserva del quince por ciento del total de las plazas para estudiantes procedentes de universidades del distrito universitario valenciano que no tuvieran implantado el segundo ciclo en centros públicos de las mismas, y una reserva del cinco por ciento para estudiantes procedentes de otras universidades.
Sin embargo, la reserva del quince por ciento prevista carece de operatividad alguna para el acceso de titulados en arquitectura técnica en los centros del ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, toda

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vez que en las dos universidades en las que se imparten las enseñanzas para la obtención del título de arquitecto técnico, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Alicante, se imparten también las correspondientes a arquitectura superior.
Todo parece indicar que ante esta situación la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia acumuló en el último proceso selectivo las plazas correspondientes a este quince por ciento de reserva al ochenta por ciento restante destinado a estudiantes de la propia universidad, de modo tal que tan sólo se reservaron para estudiantes procedentes de cualesquiera otras universidades el cinco por ciento de las plazas existentes, supuestos éstos que permanecen pendientes de plena comprobación y que, de confirmarse, como todo parece indicar, deberían corregirse de inmediato (0023911).
En lo que afecta a la adjudicación de las plazas reservadas a estudiantes de formación profesional, cuyo porcentaje de reserva se sitúa entre el quince y el treinta por ciento si se trata del acceso a estudios de sólo primer ciclo, o del siete al quince por ciento si se trata de estudios de primero y segundo ciclo, su distribución entre los alumnos se ordena de acuerdo a la nota media del expediente académico de formación profesional, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 25 de abril de 1996.
Esta resolución, dictada por el entonces Ministerio de Educación y Cultura precisamente para evitar las desigualdades que se producían al calcular la nota media para el acceso a la universidad basada en la calificación global del área o áreas específicas establecida por la anterior normativa, señaló las fórmulas para transformar en expresión numérica las calificaciones globales cualitativas que figuran en los expedientes académicos de los alumnos que hubieran cursado formación profesional de segundo grado, así como enseñanzas experimentales de módulos profesionales de nivel tres, a efectos del cálculo de la nota media para priorizar las solicitudes de acceso a la universidad.
Actualmente, sin embargo, estas fórmulas colocan en una situación claramente ventajosa a los alumnos que provienen de los ciclos formativos de grado superior implantados por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, teniendo en cuenta que de conformidad con el apartado séptimo a) de la citada resolución, su calificación final se formula en cifras de 1 a 10, con una cifra decimal, mientras que la escala numérica que el apartado quinto de la misma establece para los estudios del segundo grado de formación profesional convierte la calificación cualitativa de sobresaliente en una calificación cuantitativa máxima de 9.
Tal situación, que está siendo ya analizada por la Secretaría de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha sido puesta de manifiesto por alumnos de formación profesional, con calificación global de sobresaliente -máxima alcanzable y a la que corresponde la calificación numérica de 9- que no han podido acceder a los estudios de la diplomatura de fisioterapia, en la que la nota mínima quedó establecida en el curso 2000-2001 en un 9,3 (0026961, 0023973, etc.).
La importancia de una configuración, lo más exacta posible, de las fórmulas para el cálculo de la nota media del expediente académico de los alumnos que compiten por una plaza en la universidad se destacaba en el pasado informe como uno de los aspectos más frecuentemente planteados. Esta situación se ha repetido durante el año 2000, poniéndose nuevamente de manifiesto la discrepancia que ha venido manteniéndose entre los sistemas de evaluación de las enseñanzas de BUP y COU previstas en la Ley 14/1970, General de Educación, y las de bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como la incidencia que tal discrepancia tiene a la hora de establecer la calificación definitiva para el acceso a estudios universitarios.
Sin embargo esta situación, que ha venido dando lugar a numerosas quejas de alumnos perjudicados por la misma, debe considerarse ya concluida con el curso académico 2000-01, en el que finaliza el proceso de implantación generalizada de las nuevas enseñanzas, quedando extinguidas las previstas en la Ley 14/1970, General de Educación (0008881, 0009629, 0011599, 0012358, 0015004, 0024205, etc.).
Para finalizar la mención de los aspectos que más quejas han suscitado en relación con los sistemas de distribución de plazas universitarias se señala un asunto que se planteó por alumnos que accedieron a través de la reserva de plazas que el Real Decreto 69/ 2000, de 21 de enero, dispone para el acceso de los estudiantes que padezcan cualquier tipo de discapacidad.
De acuerdo con el artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la admisión a las instituciones de enseñanza superior debe basarse en el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación mostradas por quienes quieran acceder a ellas y debe situarse en el cuadro de un sistema de educación a lo largo de toda la vida, en cualquier período de ella, con el debido reconocimiento a las destrezas previamente adquiridas. Por tanto, no cabe discriminación alguna en este acceso, ya sea por razón de raza, género, lengua, religión, diferencias sociales, económicas o culturales o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
Sobre este último aspecto se planteaba en el pasado informe la problemática que afecta a todos los alumnos con necesidades educativas especiales que, tras finalizar con éxito las enseñanzas postobligatorias, aspiran a continuarlas en la universidad, haciendo uso del porcentaje de reserva para alumnos discapacitados.
Como ya se señalaba entonces, el acceso a las universidadesespañolas requiere en los supuestos reglamentariamente

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previstos la preceptiva y previa superación de unas pruebas de acceso que son exigibles con idéntico contenido para todos los aspirantes con independencia de que padezcan o no alguna minusvalía, si bien en este último supuesto la normativa vigente autoriza adaptaciones de tiempo y de medios cuyo alcance queda al arbitrio de las respectivas comisiones organizadoras de las pruebas.
Efectuadas diversas gestiones sobre las dificultades que tal superación implica para estos alumnos, desde la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se manifestó la inoportunidad de realizar adaptaciones curriculares de contenido en las pruebas de acceso, teniendo en cuenta que tal posibilidad no se prevé en la normativa que las regula, y además que, si bien las normas por las que se establecieron las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria prevén la necesidad de realizar tales adaptaciones para los alumnos con necesidades educativas especiales, sin embargo las correspondientes a los estudios de bachillerato no contienen tal previsión de forma expresa, salvo la contenida únicamente en la regulación del entonces Ministerio de Educación y Cultura, sobre las posibles adaptaciones curriculares para los alumnos con problemas graves de audición, visión y motricidad.
Es evidente que resultaría indeseable rebajar el nivel de conocimientos exigibles a los estudiantes que desean ocupar una plaza en la universidad posibilitando el acceso a los estudios superiores a quienes no disponen de las aptitudes y la formación imprescindible para cursarlos con suficiencia. Sin embargo, entendemos que debe tenderse a facilitar al alumno con necesidades educativas especiales todos los mecanismos que le permitan participar en el proceso de selección con igualdad de oportunidades al resto de alumnos, para lo cual, a juicio de esta Institución, podría valorarse en cada caso la situación académica del estudiante discapacitado, a través de los informes que los equipos de orientación específicos aporten sobre las adaptaciones realizadas al alumno en los estudios previos para, en función de las necesidades de cada uno, elaborar por cada comisión organizadora de las pruebas los especiales repertorios y las modalidades de examen para la prueba de acceso a superar.
Este es el procedimiento hacia el que, según se ha podido conocer, apunta la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura que ha aprobado la Orden de 27 de septiembre de 2000, para su aplicación por la Universidad de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de Octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, que señala expresamente la posibilidad de que la comisión organizadora de la prueba de acceso tome las medidas oportunas para que los alumnos discapacitados puedan realizarla en las condiciones más favorables (9913130 y 0024377).
Similar problemática se plantea a la hora de atender las pretensiones de alumnos minusválidos que por su específica discapacidad se ven impedidos para superar algunas disciplinas concretas de los estudios universitarios a los que han logrado acceder. Tales pretensiones se apoyan también en la existencia de adaptaciones curriculares y exenciones contempladas para el alumnado de secundaria con necesidades educativas especiales, al entender que la adopción de estas medidas para unos niveles educativos más elementales, incluidos en algunos supuestos los postobligatorios, se encaminan especialmente a posibilitar a todas las personas el acceso a un nivel superior, como es el universitario.
Sin embargo al no existir en el nivel de enseñanza universitaria una cobertura jurídica que lo permita, las exenciones que se solicitan en tal sentido vienen siendo reiteradamente rechazadas, dado el carácter obligatorio de las asignaturas cuya exención se pretende, a efectos de la obtención del correspondiente título universitario oficial, de todo lo cual se ha dado traslado para su valoración al Consejo de Universidades por si pudiera ser adoptada algún tipo de medida (0017157).
Para finalizar este apartado, debe precisarse que su contenido se limita a reflejar en alguna medida las quejas más reiteradas durante el año 2000 en materia de acceso a la universidad sobre diversos aspectos de la normativa reguladora de los procedimientos de acceso vigente en este período, quedando al margen aquellas cuestiones y discrepancias que continúa originando esta regulación, en las que subyace la inquietud que produce que los actuales procedimientos de acceso, incluida la más reciente normativa reguladora de las pruebas de acceso a la universidad, no se conciban como un método para valorar la capacidad individual para iniciar los estudios elegidos, sino una selección restrictiva del alumnado, al que por otra parte no le preocupa tanto el resultar apto en la prueba, cuanto alcanzar la calificación mínima que se precise para iniciar estudios de su elección en un centro determinado (0000199, 0000719, 0001167, 0001619, 0001621, 0001622, 0001623, 0002113, etc.).
En este sentido el Defensor del Pueblo valora positivamente las innovaciones que se vienen practicando en la materia, y que buscan superar el desajuste territorial en la oferta universitaria mediante la progresiva introducción del sistema de acceso del distrito abierto, consagrándose así el principio de capacidad general de solicitar plaza en la universidad pública elegida. Sin embargo, en el momento universitario y social actual en el que ya no existe desequilibrio entre oferta y demanda de plazas en términos globales, debe continuarse la búsqueda de fórmulas que permitan garantizar la admisión de los alumnos en las universidades teniendo en cuenta la aptitud específica para cada unode los estudios por parte del estudiante, haciendo así

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plenamente efectivos los principios de capacidad y mérito reconocidos por la Constitución.
Lo anterior debería complementarse, facilitando una correcta y persistente información a los alumnos de secundaria con el objeto de impedir la demanda excesiva de unos títulos que posteriormente el mercado de trabajo es incapaz de absorber, y realizando, al mismo tiempo, eficaces campañas orientativas para ayudar a los estudiantes a que configuren sus propias expectativas atendiendo a sus capacidades.


5.2.2. Precios públicos por servicios académicos universitarios

En el apartado correspondiente del informe de 1999 se hacía referencia a las actuaciones realizadas ante la Consejería de Educación y Juventud de la Diputación Regional de Cantabria con motivo de las insuficientes fórmulas establecidas en la Orden de 5 de agosto de 1997 -por la que se fijaron los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos en la Universidad de Cantabria para el año académico 1997-1998-, para calcular el precio de la matrícula de materias sin docencia, al que debe corresponder el abono de sólo un mínimo porcentaje de los precios de la tarifa ordinaria.
En virtud de las competencias que al citado órgano autonómico le corresponden para la fijación de los precios académicos por estudios en la Universidad de Cantabria, se le recomendó que estableciera una tarifa especial para las materias sin docencia que no constituyan un curso completo.
Esta recomendación fue expresamente aceptada por la Consejería de Educación y Juventud de la Diputación Regional de Cantabria y recogida en la Orden de 29 de junio de 2000, por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios en el año 2000-2001 (9809533).
Efectuado un estudio comparativo acerca de las tarifas que se aplican por las universidades españolas sobre las materias sin docencia, se comprobó que las disposiciones normativas por las que las distintas comunidades autónomas establecen los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios en las universidades dependientes de ellas, prevén de forma prácticamente unánime, y en consonancia con el criterio de esta institución, la aplicación del veinticinco por cien de los precios de tarifa ordinaria, a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, que por Decreto 164/2000, de 24 de julio, dispone el abono de un porcentaje mínimo del setenta por cien para las materias sin docencia, que llega al cien por mil cuando se trata de la cuarta convocatoria, por lo que se ha abierto una investigación ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de dicha comunidad autónoma (0024894).
En materia de exención de los precios públicos por servicios académicos universitarios se mencionaba también en el informe de 1999 las actuaciones iniciadas ante la Secretaría de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la ausencia de reconocimiento para los alumnos de formación profesional con calificaciones sobresalientes, del derecho de exención total del pago de los precios del primer curso de los estudios superiores, del mismo modo que tal exención se prevé en la Orden de 17 de agosto de 1982 para los alumnos con matrícula de honor en la evaluación global del COU o con premio extraordinario en el bachillerato.


Esta situación había permanecido justificada mientras los estudios de segundo grado de formación profesional se concebían como la culminación del nivel secundario de estudios. No obstante, el carácter terminal de estos estudios se modificó con la publicación del Real Decreto 995/1974, de 14 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional, que abría para los estudiantes de este nivel la posibilidad de promocionar al nivel educativo superior y acceder a los centros universitarios que impartieran enseñanzas análogas a las cursadas. Sin embargo, no se contempló entonces el otorgamiento de la matrícula de honor a los alumnos de formación profesional de segundo grado.
Desde la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica se comunicó que, teniendo en cuenta que tanto en los estudios del COU, como ya en los nuevos estudios de bachillerato de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo se contempla la posibilidad de otorgar matrícula de honor a un número de alumnos no superior al cinco por cien del curso que hubieran obtenido en el último curso una nota media igual o superior a nueve puntos, se estaban iniciando en dicho departamento los trabajos para desarrollar una norma básica que permita la mención de matrícula de honor en formación profesional.
Cuando finalice por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la elaboración de la norma a la que se ha aludido, corresponderá a cada una de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias para fijar los precios académicos universitarios, la inclusión de la exención del pago de éstos a los alumnos que hayan obtenido matrícula de honor en formación profesional de segundo grado o en ciclos formativos de grado superior, así como también corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la inclusión de la misma exención de los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, única universidad dependiente de dicho ministerio (9820110, 9904231).


5.2.3. Obtención y homologación de títulos académicos universitarios

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 deagosto, de Reforma Universitaria, dispone que el

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Gobierno, a propuesta del Consejo de Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, se establecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas en el propio real decreto como aquellas que son de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de carácter oficial.
En los últimos años han sido varias las ocasiones en las que se ha reformado la última de las normas citadas, en un permanente proceso de adecuación y perfeccionamiento de los planes de estudios y de las titulaciones a que éstos conducen y al establecimiento de lazos y conexiones entre unos y otros que permita superar definitivamente la rigidez y el carácter estanco del que durante mucho tiempo han adolecido nuestras carreras universitarias.
En este proceso parece haber hoy una opinión dominante que reseña los riesgos que entraña la excesiva especialización y multiplicación de las titulaciones que se ha derivado de la reforma de los planes de estudio, entre los que no es el menos importante la excesiva fragmentación de las enseñanzas universitarias y la distribución de alumnos. Alguno de los informes especializados -el denominado Informe Bricall- apunta hacia la conveniencia de «una organización más concentrada y generalista de los estudios universitarios en sus primeros años» que, en su opinión, «redundaría en un menor desajuste y en una concreción más tardía y más fundamentada del deseo de especialización de los estudiantes».
Precisamente en relación con la necesidad de mantener permanentemente abierto el proceso de adecuación de las titulaciones y los planes de estudios a la realidad actual, puede reseñarse el supuesto planteado por diversas quejas que reclaman la ampliación de las enseñanzas y títulos desde los que se puede acceder a la licenciatura de Antropología Social y Cultural. Llevada a cabo la investigación oportuna, esta Institución conoció a través del Consejo de Universidades que la Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas había acordado valorar esta solicitud, junto a otras que pretendían acceder a la licenciatura desde distintas enseñanzas de primer ciclo, así como iniciar un estudio conjunto de las vías de comunicación entre los estudios universitarios de distintos ciclos, encargándose a la subcomisión permanente el primer informe técnico (0023116).
En otras ocasiones los desajustes en materia de títulos universitarios provienen del retraso con el que se ha producido la reforma de los planes de estudio a los criterios impuestos por el Real Decreto 1497/1987, ya citado. Sirva como ejemplo lo acontecido en la Universidad Politécnica de Madrid, en los términos que a continuación se reseñan.
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 del señalado Real Decreto 1497/1987, fueron establecidas las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos oficiales de ingeniería técnica industrial en las especialidades de electricidad, electrónica industrial, mecánica y química industrial por Reales Decretos 1402, 1403, 1404 y 1405 de 20 de noviembre de 1992 respectivamente, disponiéndose que la carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilaría entre veinte y treinta horas, incluidas las enseñanzas prácticas, a la vez que en ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superaría las quince horas semanales.
Por su parte, el repetido Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, disponía que, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado las directrices generales propias de un título, las universidades que vinieran impartiendo enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirían para su homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de estudio conducentes al título oficial de que se trate, señalando para tal formalidad un plazo máximo que fue ampliamente rebasado por la Universidad Politécnica de Madrid sin que se hubiera procedido a su observancia en lo que respecta a tales enseñanzas.
Por el contrario, el plan de estudios que venía impartiéndose en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la citada universidad era uno de los denominados experimentales, cuyas enseñanzas de primer curso comenzaron a impartirse en el curso académico 1971-72, conforme dispuso el artículo primero del Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, sobre calendario para la aplicación de la reforma educativa establecida por la Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, y cuyos planes quedaron refrendados definitivamente por lo establecido en el número cuarto de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 16 de diciembre de 1976.
El referido plan de estudios excedía en varias horas semanales la carga lectiva de los tres cursos de que constaba, y sin embargo no se reformó su plan experimental de 1971, convertido a definitivo, por lo que su mantenimiento constituía la infracción de lo dispuesto en el señalado Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.
En consecuencia se recomendó a la Universidad Politécnica de Madrid que con la máxima celeridad procediera a la elaboración y aprobación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de ingeniería técnica industrial en las especialidades de electricidad, electrónica industrial, mecánica y química industrial, con sujeción a las directrices generales comunes que establece el citado real decreto, y las directrices generales propias correspondientes.
Esta recomendación fue aceptada expresamente por el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid,

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si bien en el momento en el que se redactaba este informe estaba pendiente de confirmarse su efectiva homologación por el Consejo de Universidades (9810150).
En otro orden de cosas, el artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1981, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, atribuye al Gobierno la competencia para establecer los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y autoriza a las universidades a impartir, en uso de su autonomía, enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, en los que no concurren los efectos específicos de los títulos oficiales.
Con el fin de eliminar posibles confusiones sobre el carácter y efectos de unos y otros títulos, el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de títulos universitarios, señala expresamente en su artículo 7.2 que estos diplomas y títulos propios deben confeccionarse incorporando en todo caso la mención de que no tienen el carácter oficial establecido en el artículo 28.1 de la Ley de Reforma Universitaria, extremos que no venían siendo uniformemente respetados por todas las universidades, según se ha podido comprobar en años anteriores.
De nuevo durante el año 2000 se ha detectado la inobservancia de tal precepto, en esta ocasión por parte de la Universidad de las Islas Baleares, que venía expidiendo el título propio «Título Superior de Turismo», omitiendo la mención de que carecía del carácter oficial establecido en el citado artículo 28.1 de la Ley de Reforma Universitaria, e indicando únicamente que se otorgaba «sin perjuicio de los títulos que, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se expiden por el Rector en nombre del Rey».
Es indudable que tal expresión no daba el adecuado cumplimiento al mandato que contiene el citado Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y no sólo porque no cabe identificarla con la obligada mención de que dichos títulos no tienen carácter oficial, sino también porque se recogía en un documento cuyo texto resultaba similar al utilizado para la expedición de títulos universitarios oficiales de conformidad con lo dispuesto en el anexo I del repetido Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, lo que venía provocando la reiterada confusión de estos titulados sobre el carácter de sus títulos.
Por tal consideración se formuló una recomendación al Rector de la Universidad de las Islas Baleares, que ya ha sido aceptada, en orden a que en lo sucesivo el texto y formato de los títulos propios expedidos por dicha universidad sean confeccionados incorporando expresamente la mención de que no tienen carácter oficial (0000239).
Similar acogida favorable recibió la actuación practicada ante la Universidad Politécnica de Madrid, tras haberse detectado que en el Instituto Nacional de Educación Física se estaban impartiendo estudios de postgrado dirigidos a la obtención del título propio European Master?s Degree in Phisical Activity for the Elderly, sin la autorización de la universidad a la que está adscrito dicho instituto, autorización preceptiva, tanto para su impartición, como a los efectos del reconocimiento académico del correspondiente título por parte de la universidad.
Esta situación, que suponía la infracción de lo establecido en el artículo 131 del Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprobaron los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, y que obligó a los afectados a iniciar la vía de la convalidación posterior como única solución válida para obtener el reconocimiento académico de los estudios realizados, motivó la formulación al rector de la universidad de un recordatorio de su deber legal de velar por el estricto cumplimiento, por los centros adscritos a la misma, de las normas estatutarias que resultan de aplicación, a fin de que en lo sucesivo no se repitan hechos como el analizado (9820510).
En materia de expedición de títulos universitarios, donde hasta el presente no han sido infrecuentes las dilaciones excesivas, casi nunca justificadas, destaca la extraordinaria demora en la tramitación de un expediente, iniciado en 1995 para la obtención del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria a través de la vía prevista por el Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, en virtud de la cual un grupo de médicos habían realizado en octubre de 1995 el cursillo de perfeccionamiento previsto en esta norma para la obtención del referido título.
Efectuadas numerosas actuaciones ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de la Comunidad de Andalucía sobre los motivos de la demora en la expedición del correspondiente título, se conoció que, siguiendo el procedimiento señalado en el Real Decreto 264/1989, de 10 de febrero, la comisión correspondiente de ámbito autonómico encargada de organizar, supervisar y evaluar dicho cursillo en la Junta de Andalucía resolvió en su día valorar negativamente el programa práctico seguido por uno de los solicitantes, lo que motivó que no se propusiera su declaración de aptitud, excluyendo así su nombre de la documentación tramitada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a efectos de la expedición del título.
Lo anterior debiera haber concluido mediante resolución denegatoria de la solicitud de expedición del título, debidamente notificada al solicitante, en base a la no superación del programa práctico. Sin embargo, el órgano correspondiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte había decidido en su día suspender la tramitación de la solicitud hasta tanto se incorporara al expediente la preceptiva declaración de aptitud, hecho que al parecer no había llegado a producirse tras varios años de suspensión.
El inaceptable mantenimiento de la suspensión delcitado expediente finalizó en octubre de 2000, fecha en

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la que, a instancias del Defensor del Pueblo, se resolvió mediante resolución del Secretario de Estado de Educación y Universidades (9801218).
Parecida irregularidad procedimental se ha detectado a raíz de las investigaciones aún abiertas e iniciadas años atrás, cuyos resultados demuestran la incapacidad de algunas comisiones nacionales de las distintas especialidades médicas para asumir las funciones que les otorga la Orden de 14 de diciembre de 1994, en la tramitación de expedientes al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1776/1994, de 5 de agosto, por el que se regula la obtención de la titulación de médico especialista para los licenciados en medicina y cirugía que accedieron con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, a una plaza remunerada de especialista en formación, convocada por alguna de las administraciones públicas o instituciones sanitarias concertadas con éstas y que acreditaron haber realizado ininterrumpidamente los años de formación establecidos para la correspondiente especialidad.


Los datos obtenidos durante el año 2000 sobre esta cuestión permiten afirmar que la Comisión Nacional de Cirugía General y del Aparato Digestivo llega a precisar más de cuatro años para examinar un expediente a fin de emitir el preceptivo informe-propuesta de la resolución que corresponde adoptar finalmente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este dato, ya por sí mismo expresivo de la inobservancia del principio de eficacia que legal y constitucionalmente debe presidir los actos de la Administración pública en la tramitación de expedientes administrativos, resulta aún más alarmante al considerar que, según información facilitada por la Dirección General de Universidades, la citada comisión nacional a comienzo del año 2000 tenía pendiente de evaluar 49 expedientes, y la media del número de expedientes que evaluó en los años 1998 y 1999 había sido de cuatro expedientes y medio por año.
Esta inadmisible situación ha sido ya asumida por la Dirección General de Universidades, desde donde se ha asegurado que se procurará la máxima diligencia para la tramitación de estos expedientes, si bien esta investigación permanece aún abierta hasta que sean adoptadas las medidas que precise la definitiva correcciónde las deficiencias denunciadas (9625398).
Por otra parte, la Orden de 14 de octubre de 1999, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de homologación de los títulos extranjeros de farmacéuticos y médicos especialistas por los correspondientes títulos oficiales españoles, también atribuye funciones evaluadoras a las comisiones nacionales de cada especialidad, señalando que, formulada por el interesado la solicitud de homologación del título de que se trate, la correspondiente comisión debe emitir en el plazo máximo de tres meses un informe debidamente motivado sobre la formación científica, teórica y práctica acreditada -apartado 12-.
Esta disposición establece asimismo el procedimiento para subsanar las deficiencias encontradas en la solicitud y documentación reglamentaria -apartado 10- y prevé que la homologación exigirá la realización de una prueba teórico-práctica en aquellos supuestos en que la formación acreditada no guarde equivalencia con la que conduce al título español correspondiente - apartado 2.1-.
Partiendo de los términos en los que se determinan tales extremos se comprobó, con motivo de una investigación iniciada años atrás, que en la tramitación del expediente de homologación de un título extranjero de médico especialista en anestesiología y reanimación se habían vulnerado todos los preceptos señalados.
En el supuesto analizado la comisión nacional de dicha especialidad había emitido dos dictámenes consecutivos y contradictorios entre sí sobre la formación acreditada por el solicitante, reconociendo en el primer dictamen la equivalencia de los contenidos de los programas formativos, pero no en la duración de los mismos, para señalar a continuación en el segundo que sí se apreciaba equivalencia en la duración pero no así en los contenidos, y ello sin motivar en forma alguna el cambio de criterio operado.
Solicitada una aclaración al respecto, desde el entonces Ministerio de Educación y Cultura se dio traslado de un tercer dictamen de la citada comisión, en el que en esta ocasión se negaba la existencia de discrepancias entre la duración y contenido de la formación realizada, pero se apreciaban deficiencias en la documentación presentada y se comunicaba que el solicitante había concurrido a la prueba teórico-práctica de su especialidad y no la había superado.
Esta Institución consideró que lo anterior implicaba la ausencia del más mínimo sentido del rigor al que la comisión correspondiente debe ajustarse, como órgano administrativo al servicio del ciudadano, así como el reiterado desconocimiento de la Orden de 14 de octubre de 1991, en la que, como se ha señalado, se indica con claridad el plazo en el que debe emitirse el dictamen por la comisión, el procedimiento para la subsanación de las deficiencias de la solicitud y los supuestos en los que cabe exigir la superación de la prueba teórico- práctica, todo lo cual justificó que se formulara una sugerencia a la Dirección General de Universidades para que se dispusiera la inmediata y urgente revisión del expediente de homologación analizado, con el objeto de que con la máxima celeridad se dictara una resolución debidamente motivada sobre la duración y los contenidos del programa formativo acreditado por el solicitante.
Esta sugerencia y los argumentos en los que se apoyó quedaron plenamente asumidos por la dirección general mencionada y, tras revisar el expediente, fueron revocadas las actuaciones, quedando pendiente la homologación solicitada al mismo acto en el que el

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interesado acreditara la superación de la prueba teórico-práctica (9623265).
En lo que afecta a los criterios generales para la realización en las universidades públicas de las pruebas de conjunto previas a la homologación de títulos extranjeros de educación superior, establecidos en la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 21 de julio de 1995, se comprobó que la Universidad de Barcelona había incumplido la obligación de convocar la segunda prueba de carácter específico de forma coincidente con las fechas de la convocatoria extraordinaria de la universidad, causando con ello un perjuicio para los aspirantes.


Por todo argumento justificativo de tal inobservancia se comunicó por el rectorado de la citada universidad que se había decidido no convocar la prueba por el escaso número de candidatos y para facilitarles un mayor espacio de tiempo para su preparación, todo lo cual, evidentemente, no alcanzó a disculpar la infracción detectada por lo que se procedió a recordar al rector de la citada universidad, en su calidad de máxima autoridad académica de la misma, su deber legal de velar por el estricto cumplimiento de los preceptos normativos que en cada caso resultan de aplicación (0007693).
En esta materia continúa siendo especialmente elevado el número de quejas originadas por las demoras en la tramitación de los expedientes de homologación de títulos de educación superior por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Probablemente esta situación ha quedado agravada por la situación de precariedad de personal adscrito a la Secretaría General Técnica del citado departamento una vez producida la transferencia de un significativo número de funcionarios a la Comunidad de Madrid, lo que ha provocado durante el año 2000 el reiterado incumplimiento de los plazos legales para la tramitación de los asuntos que dicha unidad tiene encomendados, al haberse visto sensiblemente reducida su capacidad.
Desde la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se señaló que tales disfunciones serían pronto compensadas por una previsible disminución de los recursos presentados ante el citado departamento, lo que habría de permitir un mejor cumplimiento de los plazos de tramitación legalmente establecidos.
Pese a este favorable pronóstico, tal situación precisaría la inmediata adopción de las fórmulas de organización y gestión necesarias para dotar de efectividad al servicio encargado de la tramitación y propuesta de resolución de recursos administrativos, y de los expedientes de homologación de títulos y estudios extranjeros de enseñanza superior, ya que, al ser competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la resolución sobre la concesión o denegación de la homologación de tales títulos en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior, no cabe por el momento esperar una disminución en el número de estos expedientes (9908923).
Incluso la propia Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con motivo de las investigaciones abiertas por demoras en la tramitación de los expedientes de homologación, ha señalado como principal causa de tal irregularidad el gran incremento experimentado en el número de solicitudes de homologación que se presentan, así como también la creciente complejidad que entraña el análisis y comparación de la formación cursada conforme a sistemas educativos extranjeros y la requerida para la obtención del título español cuya homologación se pretende.
Esta última circunstancia empeora aún más el prácticamente habitual incumplimiento por el Consejo de Universidades del plazo de tres meses que el citado Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, establece preceptivamente para la emisión de los dictámenes sobre cada expediente de homologación iniciado, llegando en ocasiones a demorarse la elaboración de estos informes hasta tres años desde que fueran solicitados al órgano consultivo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (0009632, 9911095, 9810000, 0001974, 0016089, 0001528, etc.).
Esta situación impide valorar favorablemente el resultado alcanzado por el momento con las medidas que al parecer fueron ya adoptadas por el Consejo de Universidades, aumentando el número de expertos evaluadores con el fin de incrementar la frecuencia de las convocatorias para las reuniones de la subcomisión permanente, por lo que quizá sea preciso un nuevo estudio de las soluciones más eficaces a corto plazo (9904310, 9900989).


5.3. Becas y ayudas al estudio

El artículo 27 de la Constitución española reconoce a todos el derecho a la educación, y señala además que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, afirmación ésta que igualmente recogen la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo y amplía, en lo que hace a la gratuidad de los estudios de bachillerato cursadas en centros públicos, la Ley 12/1987, de 2 de julio.
La educación universitaria, así como el resto de enseñanzas posteriores a las señaladas, carece del carácter obligatorio y gratuito. Sin embargo, la Constitución encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que el derecho a la educación sea disfrutado en condiciones de igualdad.
Con el fin de hacer efectivo este principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo dispuso la obligación de los poderes públicos de compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos a través de becas y ayudas al estudio para la enseñanza posterior a la obligatoria, que se otorgarían

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en función de la capacidad económica y el rendimiento escolar.
Una de las medidas públicas de mayor importancia y significación en este ámbito la constituyó el establecimiento del sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter personalizado, que quedó regulado por el Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, y que contempla prioritariamente la concesión de ayudas para estudios de enseñanzas medias y superior, dedicando a ello la mayor parte de los recursos disponibles en materia de becas y ayudas al estudio. Esta circunstancia origina que las quejas recibidas en la materia se refieran en un alto porcentaje a las convocatorias de becas de estos niveles.
Antes de entrar a analizar los aspectos que más frecuentemente han motivado quejas sobre el procedimiento de selección de solicitudes de beca en virtud de las distintas convocatorias publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se menciona un asunto cuyo planteamiento inicial se reflejó en el informe correspondiente al año 1999, relativo al reconocimiento del derecho de los extranjeros a acceder al sistema público de becas y ayudas al estudios en las mismas condiciones que los españoles.
Este reconocimiento, que quedó recogido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/ 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, supone la derogación del artículo 2.1.a) del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio -por el que se regula el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter personalizado- en el que se contempla el requisito de la nacionalidad española como la primera condición general para ser beneficiario de una beca o ayuda al estudio otorgada por el Estado.
Sin embargo, a través de una queja planteada por una alumna de la Universidad Complutense de Madrid se comprobó que el órgano gestor de becas de dicha universidad continuaba exigiendo a los solicitantes el cumplimiento del requisito de la nacionalidad recogido en el citado artículo 2.1.a), pese a estar ya derogado por la mencionada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
En el curso de las actuaciones promovidas con motivo de esta cuestión, la entonces Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa revisó la denegación de la beca, concediéndola finalmente, e instruyó debidamente a la unidad de becas de la Universidad Complutense de Madrid respecto a la inaplicabilidad del requisito de la nacionalidad.
Asimismo, la Orden de 15 de junio de 2000 -por la que se convocaron becas y ayudas al estudio de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su comunidad autónoma-, así como la Orden Ministerial de 21 de junio de 2000 -por la que se convocaron becas de movilidad para los alumnos universitarios que cursan estudios fuera de su comunidad autónoma- incluyeron en su articulado una mención expresa acerca de que para obtener el beneficio de la beca sería preciso cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, «teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».
Esta Institución entendió que, al margen de la imprecisión de los términos en que tales convocatorias recogían el cambio normativo, se apreciaba la existencia de una discrepancia entre el requisito de nacionalidad que establece el artículo 2.1.a) del Real Decreto 2298/ 1983, de 28 de julio, y las órdenes ministeriales por las que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y becas de movilidad para el curso académico 2000-2001, cuyo articulado remite escuetamente a una norma que modifica el referido real decreto impidiendo la aplicación del requisito de la nacionalidad.
Tal discrepancia podría provocar problemas de carácter interpretativo sobre la aplicabilidad o no de este requisito por parte de los distintos órganos de gestión, selección y adjudicación provisional de las becas, a quienes corresponde evaluar el cumplimiento de las condiciones exigidas para obtenerlas, y esto al margen de las dudas de carácter legal que puede suscitar el mantenimiento de un real decreto, aún vigente, pero inaplicable en uno de sus preceptos y que pese a ello no ha sido modificado expresamente por otro cuyas previsiones resulten plenamente acordes con la ley.
En consecuencia se ha solicitado a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional información acerca de si se han remitido ya a las correspondientes unidades de gestión, selección, adjudicación provisional y resolución de reclamaciones en materia de becas las oportunas instrucciones con el fin de que acomoden a la legalidad vigente los impresos y criterios que venían utilizándose para las solicitudes de alumnos extranjeros, y que se basaban en el artículo 9 de la Ley Orgánica 7/1985, de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, en virtud del cual los extranjeros de países extracomunitarios residentes legalmente en España únicamente podían percibir las becas reguladas en el Real Decreto 2298/1983 si en su país de origen los estudiantes españoles recibían un trato equivalente.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que según los datos llegados a esta Institución se encontraría en trámite en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la elaboración de la nueva norma reguladora del sistema de becas y ayudas al estudio del Estado, se consideró que las actuaciones que se abordaran a tal fin deberían incluir las fórmulas que acomoden las actuales condiciones generales para obtener beca, a las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 4/ 2000, que confiere a todos los extranjeros, sin exclusión, el derecho a

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acceder al sistema público de becas y ayudas al estudio en las mismas condiciones que los españoles, por lo que ha recomendado al citado órgano la modificación del artículo 2.1 del repetido Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, de forma que de conformidad con la ley no se limite tal derecho (0001331).
Ya en lo que afecta a los procedimientos de selección de becarios, resulta significativo el descenso respecto a pasados cursos académicos en el número de quejas relativas a las incorrecciones de carácter procedimental en la tramitación de las solicitudes de becas de carácter general, así como también la eficaz actuación correctora de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección en todos los supuestos en los que se comprobó la irregularidad concreta denunciada (0023514, 0004785, 0006906, 0013706, 0020212, 9908731, etc.).
Como en anteriores ejercicios, han sido numerosas las quejas suscitadas por la aplicación de los requisitos recogidos en las últimas convocatorias de estas becas de carácter general, para los cursos académicos 1999-2000 y 2000-2001, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su comunidad autónoma, publicadas por Ordenes Ministeriales de 17 de junio de 1999 y 15 de junio de 2000, respectivamente.
En lo que afecta a las quejas planteadas contra la aplicación de los criterios de carácter económico, han recibido un mayor porcentaje de críticas los preceptos recogidos en similares términos en ambas convocatorias, y relativos a las fórmulas utilizadas para evaluar el nivel patrimonial de la familia del alumno solicitante a efectos de la concesión de la denominada ayuda compensatoria, dotada con la mayor cuantía respecto al resto de componentes de la beca, llegándose a comprobar, en el curso de diversas investigaciones iniciadas, que la situación del patrimonio familiar de los solicitantes no había sido correctamente valorado por los correspondientes órganos de gestión, procediéndose tras la actuación del Defensor del Pueblo a su revisión y posterior concesión (0008775, 0009979, 0016710, 0023514, 9907531, etc.).
Han sido también frecuentes las quejas que incidían en la aplicación de las reglas para evaluar el rendimiento académico mínimo de los beneficiarios de estas becas, reglas que permanecen recogidas de forma prácticamente idéntica en las dos convocatorias sometidas a análisis para cada curso académico (0000413, 0001168, 0008028, 0009444, 0019546, 0023977, 9908236, etc.).
En relación con este aspecto preocupa a esta Institución que el mantenimiento de los requisitos académicos pueda llevar a perder la beca a los estudiantes de rentas más bajas que no logran el nivel exigido, y con ello al abandono de los estudios, mientras los alumnos algo más beneficiados económicamente puedan continuarlos a pesar de no rendir académicamente lo mínimo exigible.
De esta forma, si bien se consigue estimular el esfuerzo académico de los estudiantes, exigiéndoles cierto nivel de aprovechamiento académico, sin embargo la importancia de los criterios académicos puede suponer un perjuicio para los estudiantes de nivel socioeconómico inferior, situación ésta que podría resultar agravada a partir de la última convocatoria por la reincorporación del sistema de renovación de becas por ciclos académicos, a través del que se pretende asegurar al estudiante la condición de becario durante todo el ciclo académico, independientemente de los cambios de nivel económico que sufra su familia, siempre que cumpla los requisitos de carácter académico recogidos en la convocatoria, todo lo cual significa cierta primacía de la capacidad académica del solicitante sobre la económica.
Debe en cualquier caso reconocerse que este sistema de renovación de becas por ciclos académicos, que vino incluyéndose anualmente en las convocatorias de becas de carácter general desde el curso 1990-91 hasta el curso 1997-98, además de asegurar la renovación de la beca dentro del mismo ciclo educativo, consiguió el deseable objetivo de agilizar la tramitación de las solicitudes de beca acogidas a la renovación, dado que no precisa la comprobación de la situación económico-familiar del solicitante, con lo que se simplificaban los trámites burocráticos facilitando una más rápida percepción de la ayuda.
Sin embargo, con motivo de las quejas analizadas durante el período de vigencia de este sistema de renovación, se comprobó que en ocasiones origina cierta dificultad para que las nuevas circunstancias personales o económicas del becario que solicita la renovación -que pueden hacerlo merecedor de una cuantía superior a la obtenida en el curso inicial del ciclo en el que tales circunstancias no se daban-, sean oportunamente valoradas por los órganos administrativos de gestión de becas, obligándole a iniciar repetidamente durante todos los años académicos del ciclo la vía de recurso para el reconocimiento de las nuevas circunstancias, o para el reconocimiento de la cuantía obtenida en vía de recurso, si la inicial del ciclo había sido menor o de menos componentes.
Ha de confiarse en que la implantación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el curso 2000-2001 de este tradicional sistema haya sido precedida del establecimiento de las fórmulas que permitan evitar las disfunciones señaladas.
Estas mismas dificultades se venían produciendo con motivo de la adjudicación de ayudas de comedor escolar para alumnos de centros de enseñanza infantil, primaria, secundaria y educación especial, convocadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid hasta el curso escolar 1999-2000, dados los términosen que las sucesivas órdenes de convocatoria

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recogían los supuestos en los que correspondía efectuar la solicitud de ayuda mediante el sistema de nueva adjudicación, así como los requisitos específicos para hacerlo a través del sistema de renovación de ayudas. Estas previsiones de las convocatorias venían propiciando que los aspirantes que obtuvieron la ayuda de comedor en el curso anterior la solicitaran en el siguiente a través del sistema de renovación, aunque su nueva situación económico-familiar pudiera hacerlos merecedores de una mayor puntuación que la obtenida en dicho curso, al haber disminuido sus ingresos familiares.


Resulta evidente que no procedía cuestionar la conveniencia de mantener un sistema, en principio más ágil que el tradicional, para la concesión sucesiva de ayudas a quienes la hubieran obtenido el año anterior, mientras su situación económica no haya variado sustancialmente respecto de la que sirvió de base para la concesión de la ayuda cuya renovación se solicita.
Sin embargo, con el fin de evitar que volvieran a producirse los supuestos analizados, se recomendó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que en las disposiciones por las que dicha consejería convoque ayudas de comedor escolar, se delimite con mayor claridad que los alumnos que hubieran disfrutado de esta ayuda el curso anterior, deben presentar solicitud de nueva adjudicación cuando su nivel económico- familiar haya disminuido respecto al que sirvió de base para la concesión de aquélla y deseen que esta situación sobrevenida sea valorada de nuevo por los órganos correspondientes.
Sorprendentemente la respuesta a dicha recomendación se limitó a dar traslado de la Orden 1509/2000, de 16 de mayo, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se convocaron ayudas de comedor escolar para el curso 2000-2001, en la que quedó suprimido el sistema de renovación de ayudas, vigente en las convocatorias de las mismas desde el curso 1994-1995 (9901326).
Por otra parte la incorporación en esta convocatoria, por primera vez, del requisito de no haber superado el umbral de renta anual por unidad familiar previamente establecido, dejó sin ayuda de comedor a numerosos alumnos que venían obteniéndola en virtud de las convocatorias publicadas hasta el pasado curso, en las que la situación económico-familiar se consideraba únicamente para la adjudicación de una mayor o menor puntuación en función del nivel de renta y de acuerdo a un baremo ya determinado (0024539, 0024550, 0024540, etc.).
En relación con la aplicación de los requisitos para obtener ayudas públicas se planteaba en el informe correspondiente al año 1999 la problemática derivada de la exigencia de estar matriculado en un centro docente público o concertado para poder ser beneficiario de beca.
Se señalaban entonces las actuaciones generadas con motivo de las quejas planteadas por los participantes de dos distintas convocatorias públicas de becas de estudio, en cuyas bases se habían excluido expresamente a los alumnos de centros docentes privados no concertados, siendo una de ellas convocada por la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, y dirigida a la adjudicación de becas de estudio de formación reglada, y la segunda convocada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), para la concesión de becas de estudio de los idiomas inglés y francés.
Se consideró que tal exclusión resultaba discriminatoria para los alumnos que, en el ejercicio del derecho constitucional de elegir libremente el centro educativo donde realizar sus estudios, habían optado por matricularse en centros privados, por lo que se formuló una recomendación al segundo de los organismos citados, para que en lo sucesivo el carácter privado del centro docente donde esté matriculado un alumno no resulte causa excluyente para poder optar a las becas de estudio que se convoquen.
Esta recomendación ha sido expresamente aceptada por el Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, así como introducida en la última convocatoria de becas de estudio efectuada por dicha corporación (9817143).
En el momento en el que este informe se elabora, enlas investigaciones efectuadas sobre este mismo asunto ante la Dirección General de Política Energética y Minas, se continúa aún a la espera de los informes reiteradamente solicitados acerca de diversos aspectos derivados de la convocatoria en Zonas Mineras del Carbón, tras haber recibido más de quinientas quejas contra los criterios de selección que al margen del carácter discriminatorio aludido, se apartaron de la finalidad compensadora de toda ayuda pública al estudio, así como contra el procedimiento selectivo seguido, en el que al parecer se incumplieron sistemáticamente diversos preceptos contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento para concesión de subvenciones públicas (9912303, 9910422, 0005033, 0008670, 0001605, 0025439, 0025459, 0026195, etc.).
Igual que en el supuesto anterior, han continuado durante el año 2000 las investigaciones iniciadas el pasado año ante el Rectorado de la Universidad del País Vasco con motivo de la infracción detectada en el proceso selectivo para la adjudicación de «becas colaboración del Programa Cicerone curso 1997-98», cuyas actuaciones iniciales se recogieron en el informe de 1999, y que finalizaron con la formulación de una recomendación para que no volviera a producirse.
Aceptada finalmente de forma expresa la mencionada recomendación, hubo que recordar al rectorado dela mencionada universidad su deber legal de someterse

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a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre la forma en que debe atenderse el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, y ello con motivo de la solicitud de acceso que había sido debidamente formulada por el ciudadano denunciante de la incorrecta consideración del conocimiento del euskera como mérito para obtener una beca del Programa Cicerone (9812798).
Se incluyen en este apartado las actuaciones practicadas ante la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Hacienda, con motivo del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a la convocatoria de las becas «turismo de España» 1999, hecha pública por Resolución de 4 de junio de 1999, para realizar estudios de postgrado en universidades o centros de reconocido prestigio españoles y extranjeros, y dirigida a posibilitar la realización de estudios de postgrado en el curso 1999-2000 a titulados superiores universitarios y técnicos de empresas y actividades turísticas.
Pese al deseable carácter de continuidad e inmediatez que deben tener los estudios de postgrado respecto a los de primer y segundo ciclo universitario que los preceden, la convocatoria impedía acceder a los alumnos que habían finalizado estudios en el curso académico 1998- 1999, dado que se les exigía la aportación de documentos que de acuerdo al habitual calendario académico, difícilmente estarían disponibles en la fecha señalada en las bases de la convocatoria.
Esta consideración se recogió en la recomendación formulada a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa en orden a que en sucesivas convocatorias el plazo de admisión de solicitudes posibilite la participación de los alumnos que finalicen los estudios en el curso académico inmediatamente anterior a aquel para el que se convocan estas becas.
La Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa manifestó la imposibilidad de considerar el extremo propuesto, teniendo en cuenta que agravaría las dificultades que al parecer vienen presentando los habituales plazos de admisión de solicitudes, recepción, evaluación y propuesta de adjudicación, al provocar que muchos becarios se matriculen en los estudios de postgrado en los que han sido admitidos sin saber si son o no beneficiarios de la beca, con los perjuicios de carácter económico que ello supone. Al parecer, esta situación provoca habitualmente protestas de los participantes cuando la adjudicación de las becas se efectúa más allá del mes de julio, situación ésta que probablemente no será infrecuente, teniendo en cuenta los plazos que las convocatorias señalan para las adjudicaciones provisionales y las definitivas, y que a juicio de esta Institución resta operatividad a la intención perseguida con este tipo de convocatorias.
De manera que las razones aducidas para no asumir el criterio expuesto, en orden a posibilitar la participación en las convocatorias a los alumnos recientemente titulados, al margen de no suponer una justificación aceptable de tal negativa, se apoyan en la existencia de dificultades preexistentes que por sí mismas requerirían un nuevo planteamiento de los procedimientos de selección de becarios para realizar estudios de postgrado en España y en el extranjero, de forma que se permita a los aspirantes conocer si han sido o no beneficiarios de la beca en fecha anterior a la de su matriculación en los centros españoles o extranjeros donde desearían realizar sus estudios de postgrado.
Respecto a las ayudas convocadas en materia educativa se mencionan también las investigaciones practicadas a raíz de dos quejas presentadas por beneficiarios de las becas del Programa Sócrates de la Unión Europea para la cooperación transnacional en el ámbito de la educación, específicamente destinado a contribuir al desarrollo de una enseñanza y una formación de calidad y de un espacio europeo abierto a la cooperación en materia educativa.
En los dos supuestos denunciados por sendos concursantes del Programa Sócrates, Lingua, Acción B, de participación en actividades de formación continua, se comprobó el incumplimiento del mismo apartado de los convenios financieros firmados por el Director de la Agencia Nacional Sócrates con cada uno de los beneficiarios, relativo a que la liquidación de la ayuda financiera se realizaría una vez firmado el oportuno convenio. Al parecer, comenzada la actividad de formación se les comunicó que debido a diversos problemas administrativos sufridos en la agencia debían iniciar la actividad adelantando personalmente los costes de la participación correspondiente.
Finalmente la ayuda concedida les fue liquidada con una demora de hasta un año desde que finalizaron la actividad.
Teniendo en cuenta que la cuantía de la ayuda - 1.100 euros en ambos casos- se dirigía a contribuir a los gastos de enseñanza, viaje y estancia ocasionados por la asistencia a la actividad de formación, parece necesario instar a la Agencia Nacional Sócrates, responsable de la gestión financiera del programa en España, para la adopción de las medidas que resulten precisas en orden a evitar en lo sucesivo tales demoras (0017768 y 9911220).


5.4. Becas de formación del personal investigador

Por último se hace referencia a la problemática que afecta a los beneficiarios de las Becas de Formación del Personal Investigador.
Desde hace varios años esta Institución es receptora de la preocupación que de forma reiterada y progresiva vienen manifestando los beneficiarios de las becas de formación del personal investigador, sobre diversos aspectos derivados de su disfrute, y especialmente

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sobre la ausencia de derechos laborales de los beneficiarios de las becas, al no ser consideradas retribuciones por trabajo prestado consecuencia de una relación laboral, sino unas ayudas cuya concesión no establece relación contractual o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario.
En su día esta cuestión fue trasladada al Ministerio de Educación y Cultura, desde donde se indicó que las pretensiones de los reclamantes habían sido recogidas en el subprograma «Incorporación de doctores y tecnólogos a grupos de investigación en España», en el que los solicitantes son las entidades en donde se realiza la investigación, y lo que se solicita son subvenciones para poder contratar (y no becar) a doctores que hayan realizado una estancia en el extranjero.
Ciertamente estos contratos suponen en el ámbito de la investigación el reconocimiento de la actividad laboral de las personas que se hallan en posesión del grado de doctor. Sin embargo, también lo es que un gran porcentaje de la investigación que se realiza en España se lleva a cabo por el denominado «personal en formación», en el que se incluyen de manera indiscriminada estudiantes de doctorado, becarios de investigación y otras figuras no muy bien delimitadas.
Durante el año que se analiza en este informe se atendió la queja presentada por un colectivo formado por asociaciones de becarios de España, en la que se incidía fundamentalmente en la situación de inseguridad que supone para este colectivo que los becarios carezcan de la acción protectora de la Seguridad Social, lo que implica no tener cubierta la asistencia sanitaria, y la imposibilidad de percibir las prestaciones económicas y otros derechos laborales habituales en la relación laboral, a pesar de estar obligados a desarrollar una actividad laboral equivalente a la de cualquier empleo asalariado, y de que los importes de sus becas estén sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas en el capítulo de rendimientos netos de trabajo.
Se señalaba asimismo en esta queja otra serie de inconvenientes, como son la inexistencia de una regulación específica de la actividad desarrollada por los becarios, o sus escasas perspectivas laborales, que colocan a este colectivo en una situación de indefinición jurídica, cuyo marco normativo se reduce a las escasas previsiones que los estatutos de algunas universidades hacen de esta figura académica, delimitándola conceptualmente o remitiendo su configuración jurídica a las bases de las convocatorias de cada una de las becas.
Es indudable que el avance científico y cultural indica el nivel de bienestar de una sociedad desarrollada, por lo que todos los agentes que permiten este crecimiento deberían recibir beneficios de forma proporcional a su cooperación.
En este sentido, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, destacó la importancia que debe concederse a la formación del personal de investigación. Es cierto que desde la creación, en 1988, de un Programa Nacional de Formación de Personal Investigador, vienen emprendiéndose por los órganos correspondientes acciones de formación siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, órgano que tiene entre sus funciones la de orientar la política de formación de investigadores en todos sus niveles, proponer medidas para el fomento del empleo de los mismos y facilitar su movilidad en los ámbitos investigador y productivo.
Sin embargo, de entre todas las acciones emprendidas desde entonces ninguna ha sido destinada a regular la figura del becario de investigación, dotándola de un contenido jurídico que defina la relación estatutaria del beneficiario y la naturaleza jurídica de las becas, permitiendo diferenciarlas de otras figuras previstas por la legislación universitaria y concediendo a los becarios la debida protección social y laboral.
Los reclamantes vienen defendiendo que el actual sistema de concesión de becas de investigación podría asimilarse a la figura de los contratos para la formación, ya que éstos se ajustarían mejor a la verdadera finalidad formativa que se persigue con las becas, con lo cual, además de conseguir un aumento de la protección social y de la valoración laboral, se permitiría la adscripción de los diversos investigadores a un tipo de trabajo profesional que vincule las obligaciones a los términos contractuales.
Sobre tales pretensiones el Director General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tras comunicar su disposición a analizar esta situación y a estudiar otras posibles fórmulas que den satisfacción a la preocupación puesta de manifiesto, señaló que el carácter formativo de la actividad del becario justifica que carezca de la consideración de actividad laboral, toda vez que al no darse los requisitos exigidos por el artículo 97 de la Ley General de la Seguridad Social sobre laboralidad, dependencia y ajenidad de la relación contractual, no resulta posible por el momento la integración del personal becario en el Régimen General de la Seguridad Social (0005052, 0008868, etc.).
En este punto resulta imprescindible reconocer que la formación de los recursos humanos y las actividades de investigación son piezas básica de la sociedad del conocimiento y constituyen elementos necesarios para garantizar su competitividad y para acceder al progreso económico y social y mantenerlo en el tiempo.
Por tanto deberían corregirse cuanto antes las deficiencias que hoy se detectan en diversos aspectos de la dinámica para la formación en el campo de la investigación mediante la convocatoria de becas por parte de las distintas administraciones públicas y especialmente en lo que hace a la precaria protección social y laboral que les afecta, dificultad que en no pocas ocasiones se agrava, como se ha comprobado a través de quejas presentadas individualmente, cuando se producen demoras

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en la percepción de la dotación económica que les corresponde (0026490).
Finalmente, debe hacerse expresa mención de que la falta de regulación explícita del trabajo que el becario puede desarrollar puede conducir eventualmente a obligarle a asumir labores docentes o investigadoras que, o bien exceden la responsabilidad de un licenciado que continúa en formación, o bien se desarrollan de modo ilegal y sin reconocimiento al ser labores que corresponden a otro trabajador.
Con el fin de controlar esta situación, y hasta tanto se proceda a regular explícitamente el trabajo que el becario puede desarrollar, parecería oportuno que cada convocatoria universitaria de becas de formación de personal investigador contemplara el procedimiento para efectuar el control efectivo en los departamentos universitarios de los trabajos de investigación realizados por los becarios y las funciones de colaboración docente con fines formativos que estén autorizados a desarrollar.
Asimismo, debe hacerse un llamamiento a la coordinación de todas las actuaciones encaminadas a la formación de investigadores y al fomento de la investigación a fin de evitar que la dispersión de competencias, la pluralidad de organismos gestores, la diversidad de fondos presupuestarios a aplicar, o incluso, como parece haber ocurrido en este último ejercicio, la simple reestructuración de departamentos ministeriales, provoquen retrasos en las convocatorias, incertidumbres sobre la continuidad de los proyectos o programas, deficiencias en la financiación o cualesquiera otras anomalías susceptibles de perjudicar seriamente la necesaria continuidad de la formación y de la investigación.


6. ADMINISTRACIÓN SANITARIA

6.1. Información y documentación clínica

La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, que supuso en su momento un notable avance en materia de información y documentación clínica, recoge los derechos y las obligaciones de los usuarios del sistema nacional de salud, entre otros, en los artículos 9, 10, 11 y 61. En los últimos años, este marco normativo ha sido objeto de diversas ampliaciones a través de leyes y otras disposiciones, y de múltiples interpretaciones por la doctrina jurisprudencial.
Por su especial relevancia en esta materia, merece una mención singular el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, que entró en vigor el 1 de enero de 2000 y que fue firmado en Oviedo en abril de 1997 y posteriormente ratificado por España.
Este convenio, que regula con gran extensión los derechos de los pacientes, introduce importantes innovaciones en materia de información y documentación clínica, tales como la consagración del derecho a no ser informado, la conceptualización de que la información debe ser adecuada y referirse a los riesgos y consecuencias de la intervención, la revocación del consentimiento, la emergencia de la necesidad o privilegio terapéutico y la obligación de consultar al menor. Estas innovaciones obligan a reinterpretar la ley general de sanidad y el resto de nuestras leyes en la materia.
La inexistencia de una norma básica que unifique e integre los derechos y obligaciones que han de regir en materia de información y documentación clínica y la insuficiente precisión y concreción, en determinados aspectos, de la ley general de sanidad, plantea, tal y como se ha puesto de relieve en quejas formuladas ante esta Institución, no pocas cuestiones referentes a los elementos, cantidades y formas de información, así como respecto al contenido y al acceso a la historia clínica. En conexión con lo anterior, es obligado hacer mención a que alguna comunidad autónoma ha optado por profundizar en la concreción práctica de los derechos a la información, al consentimiento informado y al acceso a la documentación clínica, tal y como ha acaecido en Cataluña, donde se ha publicado la Ley 2/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica.
Los ciudadanos que acuden al Defensor del Pueblo ponen de manifiesto que, en ocasiones, el alcance y la extensión de la información clínica que se les facilita no permiten garantizar suficientemente los derechos de los usuarios en este ámbito. En este sentido, la madre de una menor, de ocho años de edad, sobre la que ejercía la patria potestad y el derecho de guarda y custodia desde la separación de su marido, manifestaba que había prestado el consentimiento para que su hija recibiera tratamiento psicoterapéutico que se suspendió, a los cuatro meses de instaurarse, debido a la petición del padre, titular también de la patria potestad. La Diputación Provincial de Zaragoza expuso que, ante la negativa del padre a que se continuase la terapia a la que estaba siendo sometida su hija, se optó por interrumpir el tratamiento. Concluía el informe afirmando que, si se solucionaban las discrepancias surgidas entre los padres de la niña, o se recibía requerimiento judicial al efecto, no existía inconveniente en que la menor fuera tratada en el centro hospitalario.
Frente a ello, esta Institución puntualizó que, antes de tomar la decisión relativa a la suspensión del tratamiento, debería haber sido consultada la niña, en virtud del derecho a ser oído que tiene el menor en aquellas decisiones que afecten a su esfera personal, familiar o social, según se establece en el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, añadiéndose que, en el supuesto de que no hubiera sido posible el conocimiento de la opinión de la niña, debería haberse consultado a sus representantes legales, es decir, a ambos progenitores. En este sentido, se destacó que, de manifestarse

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la discrepancia entre ambos progenitores, la dirección del hospital debería haber informado a ambos, antes de inhibirse en la dispensación de la terapia que venía realizándose, sobre la necesidad de llegar a un acuerdo por el bien superior de la niña y, en caso contrario, acerca de la posibilidad que les concede el artículo 156 del Código civil de acudir al juez para que atribuya la facultad de decisión al padre o a la madre. Finalmente, fue necesario recordar a la mencionada diputación el deber de oír a la menor sobre la conveniencia de continuar o interrumpir los tratamientos sanitarios que reciba, de conocer su opinión a través de sus representantes legales cuando no sea posible oírla o no convenga a su interés o, en supuestos de desacuerdos reiterados al respecto de quienes ejerzan la patria potestad y ante la ausencia de iniciativa de cualquiera de ellos para poner el asunto en consideración del juez, de trasladarlo al ministerio fiscal, antes de proceder a la suspensión de los tratamientos iniciados (9907291).
Por otra parte, los testigos de Jehová cuestionaban la idoneidad del modelo de consentimiento informado para la transfusión de sangre y hemoderivados que se utilizaba en el hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria, con fundamento en que a través de este modelo se prestaba un consentimiento genérico, no figurando en el documento referencia alguna a la edad del paciente ni a los riesgos concretos que pudieran derivarse de la intervención. Sobre ello, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias manifestó que el modelo que se venía utilizando contenía todos los extremos establecidos en el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en materia de consentimiento informado, a excepción de la expresión de la edad del paciente y de los riesgos personalizados, si bien a los usuarios se les explicaba verbalmente tales riesgos. Concluía el informe emitido resaltando que se modificaría el modelo de consentimiento informado, en orden a incluir en el mismo un apartado donde constaran expresamente los riesgos personalizados y el dato relativo a la edad del paciente (9803083).
En otra de las quejas, también relativa al consentimiento informado, un ciudadano expresaba que había sido sometido a un experimento clínico en el hospital San Pablo, de Barcelona, sin su previo consentimiento por escrito. La Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña expuso que, aunque en el expediente no quedó constancia escrita del consentimiento del paciente para participar en el ensayo clínico, fue informado, no obstante, del mismo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 944/1978, de 14 de abril, regulador de los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales, vigente en la fecha en que se realizó tal ensayo. A este respecto, esta Institución puntualizó que la Orden de 3 de agosto de 1982, de desarrollo del citado real decreto, establecía explícitamente la necesidad del consentimiento del paciente, voluntaria y libremente otorgado en presencia de un testigo, así como la necesidad de consentimiento escrito cuando se tratara de estudios de fase I, que debían constar por escrito según modelos oficiales incorporados como anexos a la citada orden. Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 60.4 de la Ley 25/1990, de 29 de diciembre, del medicamento, se vio necesario recordar a la referida consejería el deber de recabar en los ensayos clínicos de medicamentos el consentimiento libremente expresado, preferiblemente por escrito o, en su defecto, ante testigos, de la persona en la que haya de realizarse el ensayo clínico (9814306).
Las actuaciones desarrolladas por esta Institución ponen de manifiesto la existencia de cierta controversia e inseguridad en cuanto al alcance y extensión del derecho de acceso a la documentación clínica. Así, una ciudadana aludía a que, como consecuencia de haber sufrido una agresión, fue atendida en el centro de salud de la localidad de Adra (Almería), cuyos profesionales no le facilitaron, a pesar de haberlo solicitado, copia del parte de lesiones formalizado y remitido al juzgado, con fundamento en que tales partes se confeccionaban exclusivamente para su remisión a la autoridad judicial. En su informe, la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud indicó que el desconocimiento de los responsables del centro de salud en torno al derecho de los usuarios a disponer de una copia del parte de lesiones dirigido al juzgado dio lugar a que la dirección del distrito recordara al director del centro de salud el derecho que tiene el usuario a obtener una copia de dichos partes (0001934).
También se han constatado las dudas suscitadas en la Fundación Hospital Alcorcón acerca de la forma en que se debía actuar ante la petición de la historia clínica por familiares de personas fallecidas. En concreto, el hijo de un paciente fallecido en la mencionada fundación exponía que, en diversas ocasiones, había solicitado una copia de la historia clínica de su padre sin que le hubiera sido facilitada, a pesar de que, en un primer momento, el hospital le comunicó que la podía recabar en la unidad de atención al usuario. Finalmente, y tras la intervención de esta Institución, se entregó al interesado una copia de la historia clínica, si bien después de haber transcurrido un elevado número de meses desde su petición inicial (9910828).
En otro orden de cosas debe dejarse constancia también de aquellas quejas que propugnan la inclusión, en las cartas de derechos y deberes de los pacientes, del derecho a una segunda opinión clínica en casos de duda y antes de acceder a tratamientos, intervenciones quirúrgicas o procedimientos terapeúticos que puedan generar riesgos para su salud o su vida. Sobre este asunto hay que señalar que en el Servicio Vasco de Salud ya se ha incluido en la correspondiente carta de derechos el relativo a solicitar, en caso de duda, una segunda opinión clínica y que este derecho refuerza las

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garantías necesarias para el efectivo ejercicio individual de los derechos de los usuarios (0019584).


6.2. Ordenación de prestaciones sanitarias

En el marco definido por la Constitución y por la Ley General de Sanidad, el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones del sistema nacional de salud, ordena y sistematiza las atenciones y prestaciones sanitarias directas y personales de dicho sistema, optando por realizar un listado amplio, genérico y no suficientemente detallado. Es por ello que queda pendiente una mayor definición de las prestaciones incluidas en el sistema público sanitario y de los criterios en los que basar su actualización, así como progresar en la especificación de las condiciones en las que se han de prestar los servicios.
Lo anterior está en línea con las conclusiones contenidas en el acuerdo parlamentario para la consolidación y modernización del sistema nacional de salud, de 18 de diciembre de 1997, que subraya la necesidad de profundizar en la estrategia de ordenación normativa de las prestaciones, a través de la cual se definan los contenidos y las garantías de la asistencia sanitaria, e insta a que, en el nivel central y previo acuerdo del Consejo Interterritorial, se fije el catálogo de prestaciones comunes en el conjunto del sistema nacional de salud. Sobre ello, hay que destacar que el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, establece en su disposición final que el Ministerio de Sanidad y Consumo dictará cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo establecido en el mismo, desarrollo normativo que, en gran medida, continúa pendiente.
En términos generales, las quejas formuladas por los ciudadanos en este capítulo versan en torno al contenido, alcance y extensión de las prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas con cargo a fondos estatales adscritos a la sanidad. Las cuestiones básicas que se plantean en las mismas son la falta de suficiente información acerca de cuales son las prestaciones concretas a las que tienen derecho los usuarios, así como respecto a las condiciones en las que se han de prestar los servicios, y la indefinición de alguna de estas prestaciones.
Entre otras actuaciones llevadas a cabo en materia de ordenación de prestaciones, cabe aludir, en primer término, a la inclusión de audífonos en el catálogo de prestaciones ortoprotésicas del sistema nacional de salud. Sobre este asunto, el Ministerio de Sanidad y Consumo informó, inicialmente, que los audífonos no estaban incluidos en la prestación ortoprotésica, así como que durante un cierto tiempo el Instituto Nacional de la Salud facilitó ayudas económicas para su adquisición, no siendo así en la práctica totalidad de los servicios de salud de las comunidades autónomas que habían asumido la gestión de la asistencia sanitaria. Posteriormente, la Orden de 30 de marzo de 2000, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1996, de desarrollo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, incluye ayudas para la financiación de audífonos para pacientes que padecen hipoacusia hasta finalizar la edad de escolarización obligatoria. De este modo se resuelve la cuestión planteada, unificándose su tratamiento en el conjunto del sistema nacional de salud (9714796).
Las dudas suscitadas en torno a si las intervenciones de corrección de la miopía eran facilitadas directamente por el sistema nacional de salud es otro de los aspectos planteados en materia de ordenación de prestaciones. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha puntualizado que a la vista de las controversias científicas existentes sobre la efectividad y seguridad de este tipo de intervención, la comisión de ordenación de prestaciones dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estudiará la posible inclusión de la cirugía de la miopía como una prestación a financiar por el sistema público sanitario, si bien para ello es preciso analizar la información científica disponible, comprobar que realmente se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, y constatar que no se trata de una de las exclusiones recogidas en el anexo III de dicho reglamento (9911965 y 0001448).
En cuanto a las condiciones en las que se han de prestar los servicios puede destacarse, entre otras cuestiones, la relativa a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida y al diferente grado de implantación en el conjunto del sistema nacional de salud. El Ministerio de Sanidad y Consumo ha comunicado que se podían estar generando ciertas dificultades para el acceso a algunas prestaciones, entre las que se incluyen los tratamientos de infertilidad, al existir listas de espera o un número no suficientemente amplio de centros en los que se materializan tales técnicas, resaltando, por otra parte, que la comisión de ordenación de prestaciones, a propuesta de las diferentes administraciones sanitarias representadas en el Consejo Interterritorial, realizaría un informe de la situación de esta prestación en el sistema nacional de salud, en el que se analizaría especialmente la efectividad, eficiencia y las mejores condiciones de utilización de las diferentes técnicas de reproducción humana asistida (9911972).


6.3. Listas de espera

A tenor de lo reflejado en el barómetro sanitario elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de abril de 2000, la sanidad representa, con diferencia sobre el resto de áreas, la de mayor interés para los ciudadanos. En el marco de este interés, los ciudadanos se pronuncian destacando que el principal problema del sistema público sanitario es la existencia de tiempos de demora o listas de espera para recibir la asistencia sanitaria no urgente que precisan.


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Ello está en consonancia con las quejas formuladas ante esta Institución en materia de sanidad, que inciden, especialmente, en la existencia de listas de espera significativas para consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas de diagnóstico. En estas quejas subyace, efectivamente, que la demora en obtener la asistencia debida es la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública.
Aún cuando los diferentes servicios que integran el sistema nacional de salud han diseñado planes específicos destinados a reducir las listas de espera, que se han reforzado con medidas complementarias, tales como la potenciación de las alternativas a la hospitalización tradicional, entre las que se cuentan el incremento de la cirugía mayor ambulatoria y la configuración de hospitales de día, el incremento de la actividad asistencial y la incorporación de la cirugía menor en atención primaria, lo cierto es que todavía persisten demoras, en algunos casos excesivas, en la prestación de la asistencia sanitaria.
Así se desprende de los datos obtenidos con ocasión de la tramitación de quejas sobre esta materia, pudiéndose citar a título meramente de ejemplo la existencia de demoras de aproximadamente dos años para la realización de estudios polisomnográficos en los centros del Instituto Nacional de la Salud en la Comunidad de Castilla y León; superior a dos años para intervenciones quirúrgicas de procesos relativos a obesidad mórbida en el hospital Gregorio Marañón, de Madrid; de seis meses para la materialización de artroscopias en el hospital San Juan de Dios, dependiente del hospital de Cruces, de Vizcaya; y de tres meses para ecografías abdominales en el centro de especialidades Hermanos García Noblejas, de Madrid. En todos estos casos las administraciones sanitarias competentes han informado acerca de la adopción de las medidas pertinentes para reducir las reseñadas demoras (9910900, 9912605, 0019487 y 0000148).
En conexión con lo anterior, es importante tener presente que algunas de las patologías más frecuentes y que figuran en las listas de espera presentan notables componentes sociolaborales, en la medida en que tales procesos dificultan y, a veces impiden, que los ciudadanos puedan participar en la vida política, social, laboral y cultural, sin olvidar que en función de la naturaleza de los procesos, la demora en obtener la asistencia sanitaria debida puede poner en serio riesgo la integridad física o, incluso, la vida de los pacientes.
Por ello, se inició una investigación de oficio sobre listas de espera quirúrgica en cirugía cardiaca. Sobre este asunto los diferentes organismos con competencia en la gestión de los servicios sanitarios, excepción hecha del Servicio Canario de Salud que todavía no ha emitido el informe solicitado, pese a su requerimiento, han informado sobre la elaboración y puesta en marcha de planes específicos para reducir los tiempos de espera, planes que, en términos generales, han reducido la extensión de tales listas. Así, cabe citar que el Instituto Nacional de la Salud puso en marcha el 13 de junio de 2000 un plan de choque de cirugía cardiaca con el objetivo de que a 30 de septiembre del mismo año la demora máxima para estas intervenciones se situara en sesenta días. La situación de partida en el momento de iniciarse el plan se concretaba en mil ciento cuarenta y siete pacientes en lista de espera, de los cuales seiscientos dos se encontraban en la misma por un período superior a dos meses. Al finalizar el plan, el total de pacientes pendientes de ser intervenidos ascendía a quinientos diecinueve, de los cuales setenta y tres se encontraban en espera por un período superior a dos meses, si bien a estos últimos se les había ofrecido la intervención en otros centros, optando, sin embargo, por permanecer en su centro de referencia. En cualquier caso, estos setenta y tres pacientes fueron intervenidos a lo largo del mes siguiente a la finalización del plan en el centro por ellos seleccionado.
Con independencia de los planes específicos desarrollados por cada servicio de salud, en sesión celebrada el 6 de junio de 2000, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó un acuerdo sobre listas de espera que puede representar un avance para potenciar e impulsar todas aquellas actuaciones tendentes a reducir los tiempos de demora y situarlos en límites razonables y asumibles.
Este acuerdo propició la reunión de un grupo de trabajo formado por expertos, a los que se atribuyó la función de elaborar las propuestas técnicas para la implantación, consolidación y seguimiento de los criterios y actuaciones consensuados en materia de listas de espera.
Es por ello que esta Institución prosigue las actuaciones iniciadas ante el Ministerio de Sanidad y Consumo, a fin de conocer y valorar las acciones que se adopten en este marco para avanzar en la resolución del problema que representa la existencia de listas de espera en el conjunto del sistema nacional de salud (F0000088).
Teniendo presente que la reducción de la demora en recibir la asistencia sanitaria constituye un elemento de garantía de la equidad y un indicador de la calidad asistencial de las prestaciones sanitarias, es fundamental que el Consejo Interterritorial valore la oportunidad de establecer, para el conjunto del sistema nacional de salud, tiempos máximos de espera, superados los cuales el paciente tendrá derecho a ser inmediatamente asistido en el centro donde determine el correspondiente servicio de salud.


6.4. Salud mental

Ya en el año 1985 la Comisión ministerial para la reforma psiquiátrica emitió un informe en el que se reflejaban los criterios que debían presidir el nuevo modelo de asistencia, pronunciándose a favor de un modelo comunitario de atención a la salud mental. Un año después, la Ley General de Sanidad establece en su

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artículo 20 la integración de las atenciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general. Transcurridos quince años desde que se publicó este texto legal es obligado reconocer que, si bien se han producido algunos avances, persisten graves carencias e inadecuaciones en este tipo de atención, especialmente en la provisión de recursos comunitarios de rehabilitación, sin olvidar los recursos de carácter social y sociosanitario, notoriamente insuficientes. A esto hay que añadir los acusados desequilibrios territoriales en cuanto a la dotación de recursos en salud mental, según se trate de una u otra comunidad autónoma.
Así se desprende de las quejas que se siguen recibiendo en materia de salud mental, que inciden sobre la insuficiencia de estructuras intermedias tales como hospitales de día, comunidades terapéuticas, pisos protegidos y centros ocupacionales. El denominador común de estas quejas versa sobre los periódicos internamientos de estos enfermos en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales, subrayándose el hecho de que en el marco comunitario no existen o bien son insuficientes las estructuras de rehabilitación con programas definidos de actuación (0006205 y 0024329).
En segundo lugar, muchas de las quejas que se reciben coinciden en la necesidad de estructurar una red de centros y servicios para la asistencia a pacientes psiquiátricos de larga duración, complementaria de la asistencia sanitaria pública, así como de reconocer de forma efectiva el papel asistencial de las familias en la dedicación personal que prestan sus miembros a los enfermos crónicos (0000067, 0017242 y 0022525).
En tercer lugar, las quejas que se siguen planteando ponen de relieve la necesidad de impulsar una coordinación efectiva de las diferentes redes y servicios de atención, entre los servicios de atención primaria y los de salud mental y entre los servicios intra y extrahospitalarios. Ello da lugar a que los ciudadanos tengan una visión fragmentada del sistema, a problemas en la accesibilidad a los servicios y, en no pocos casos, a una percepción de ineficiencia de rentabilidad de los recursos. Por su conexión con lo anterior, debe concederse una relevancia especial a la formación, información y actualización de los médicos de atención primaria en materia de salud mental, aspecto esencial para facilitar una mejor conexión con la atención especializada, máxime si se tienen presentes dos aspectos de alcance, como son, tal y como ha expresado la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud, que las enfermedades prevalentes en la sociedad del siglo XXI serán las relacionadas con las diversas patologías mentales y que su abordaje precoz es de suma importancia para lograr mejores resultados (9900015 y 0017826).
En cuarto lugar, las quejas formuladas se centran en la situación de las familias de los enfermos mentales, sobre las que recae gran parte de la carga asistencial de estos enfermos. En este apartado, las quejas están motivadas, por lo general, por las dificultades que encuentran los familiares de estos enfermos en su convivencia diaria con los mismos y para prestar la atención que aquéllos requieren (0021436 y 0026951).
En el ámbito de la protección de las personas sometidas a internamiento, las actuaciones que se efectúan desde el Defensor del Pueblo se refieren especialmente a las condiciones en las que transcurre la estancia de los enfermos en los centros hospitalarios.
Ya en el año 1996 esta Institución publicó una investigación que había realizado con carácter general sobre la atención residencial a personas con discapacidad, destacándose, entre otras consideraciones, que los centros de internamiento de naturaleza sanitaria y social carecían de una regulación que garantizara suficientemente los derechos fundamentales de los usuarios y las eventuales restricciones de los mismos que fueran necesarias para la protección de su vida, salud e integridad física.
A fin de completar la mencionada investigación se solicitó a las comunidades autónomas cuyos centros no habían sido visitados, información sobre diversos aspectos relativos a la atención residencial a minusválidos psíquicos. A la vista de la información facilitada se efectuaron diversas recomendaciones a diferentes administraciones. Así, se recomendó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia y a la Diputación Foral de Guipúzcoa que se dictaran las instrucciones oportunas para realizar los ingresos en régimen de internado conforme a lo establecido en los artículos 211 y 171.1 del Código civil, suprimiendo la práctica que pudiera existir en los centros, consistente en admitir que los padres o tutores puedan prohibir las salidas de los residentes, así como, en su caso, impedir o restringir las visitas que puedan recibir, dado que las referidas limitaciones requieren, conforme se señala en la Instrucción 3/1990, de 7 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, la intervención judicial. A la mencionada consejería se le indicó también que recordara a estos centros que toda restricción o intervención en las comunicaciones telefónicas y postales de los residentes deberá ser autorizada por el juez competente. Igualmente se recomendó a la Diputación General de Aragón que se procediera a la mayor brevedad posible a la aprobación de la normativa unificada que contemple las normas de ingreso y régimen en los centros de minusválidos psíquicos, en cuanto a las salidas y visitas y comunicaciones telefónicas y postales de los residentes. Todas estas recomendaciones han sido aceptadas por las administraciones afectadas en el año 2000 (9600012).
En anteriores informes anuales se hizo constar la preocupación por la carencia de recursos específicos para dar respuesta a las necesidades de atención psiquiátrica de los pacientes menores de edad. La persistencia de quejas sobre este asunto ha dado lugar al inicio de una investigación, todavía no concluida, para lo cual se ha procedido a solicitar a los diversos organismos que gestionan los servicios de asistencia sanitariala información necesaria sobre la situación de los recursos

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para la atención sanitaria por problemas de salud mental específicamente destinados o de los que hacen uso los menores de edad.
Aún cuando todas las administraciones se han pronunciado a favor de potenciar la asistencia psiquiátrica en la infancia y en la adolescencia a través de la configuración de nuevas unidades ambulatorias y de la creación de unidades de hospitalización específicas para los menores, lo cierto es que en el momento de emitirse los informes el panorama en cuanto a la dotación de este tipo de recursos en cada una de las comunidades autónomas es muy variable. Con carácter general, una parte significativa de los menores con trastornos psiquiátricos ingresaban en las unidades de pediatría, en los supuestos de menores de catorce años, o en las unidades de salud mental de adultos, cuando superaban la citada edad.
A tenor de la información facilitada, la única comunidad autónoma dotada con una red psiquiátrica infantil y juvenil diferenciada, tanto a nivel de atención primaria como de especializada, de la red de centros y dispositivos para la población adulta era Cataluña, con treinta y dos centros de salud mental infantil y juvenil y veintiocho consultorios periféricos; cinco unidades de referencia psiquiátrica infantil y juvenil en hospitales generales, con un total de cuarenta y tres camas; una unidad de cuidados para adolescentes, con veinticinco camas; cinco hospitales de día para población infantil y juvenil, con noventa y cuatro plazas; y ocho centros de día para población infantil y juvenil, con un total de doscientas veintitrés plazas. El resto de las comunidades autónomas con competencia en la gestión de los servicios de asistencia sanitaria carecían de unidades específicas de hospitalización, excepción hecha de la Comunidad Valenciana, dotada con una unidad con cuatro camas, y del País Vasco, con una unidad psiquiátrica infantil en un hospital concertado. Entre las comunidades autónomas que todavía no han asumido la gestión de los servicios sanitarios, la Comunidad de Madrid cuenta con una unidad específica de hospitalización en el hospital Gregorio Marañón.
El Instituto Nacional de la Salud, entidad responsable de la asistencia sanitaria de los ciudadanos residentes en diez comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, ha informado que no tiene dotación de unidades específicas de hospitalización psiquiátrica infantil y juvenil, pero existe la previsión de configurar estas unidades en las diferentes comunidades autónomas de su ámbito territorial. En los ámbitos territoriales del Servicio Canario de Salud y del Instituto Nacional de la Salud no existían centros de salud mental infantil y juvenil, si bien ambos organismos comunicaron que se estaban elaborando planes que contemplaban la configuración de estas unidades específicas.


Aunque todavía no se han finalizado la investigación iniciada y, por tanto, no se han obtenido conclusiones definitivas, ello no empece para poder adelantar que la insuficiencia y la disparidad en la dotación de recursos para la atención psiquiátrica infantil y juvenil, según se trate de una u otra comunidad autónoma, requiere, ineludiblemente, fijar unas directrices comunes en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a fin de ordenar esta acusada diversidad asistencial y sentar las bases para una adecuada política sanitaria en este tipo de atención (F000061).


6.5. Farmacia y medicamentos

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento, atribuye a las administraciones sanitarias competencias para el ejercicio de la potestad sancionadora. Con motivo de la denuncia formulada por una ciudadana ante el Ayuntamiento de Plasencia, por dispensarle en una oficina de farmacia un medicamento distinto del prescrito en la receta, la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura afirmaba que dicho supuesto podría tipificarse como una infracción leve, al amparo de lo dispuesto en la ley antes citada y en el Decreto 82/2000, de 4 de abril, de la Junta de Extremadura, que atribuye competencias sancionadoras en materia de ordenación farmacéutica, pero que había prescrito la infracción, al haber transcurrido más de un año desde que se cometió la misma, y la caducidad de la acción para perseguirla. Del informe remitido se desprendía que la Inspección Provincial de Farmacia comunicó los hechos al órgano obligado de valorar el asunto denunciado antes de concluir el plazo de prescripción de las infracciones leves, con el objeto de iniciar la apertura de expediente sancionador persistiendo, sin embargo, la inactividad administrativa de dicho órgano y transcurriendo así el plazo de caducidad de la acción para perseguir la infracción.
En consecuencia, esta Institución se vio en la necesidad de recordar a la Administración sanitaria autonómica su obligación de dar contestación a la reclamación presentada por la compareciente así como la obligación del órgano competente en la iniciación del procedimiento sancionador de comunicar al órgano administrativo que formula una petición razonada de inicio de expediente sancionador los motivos por los que no procede la iniciación del procedimiento, según lo establecido en el apartado segundo del artículo 11 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de aplicación supletoria al Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Teniendo en cuenta que la infracción denunciada pudiera no haber prescrito si la presunta infracción tuviera el carácter de grave, en cuyo caso y de acuerdocon la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento

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y con la Ley de la Asamblea de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, prescribiría a los dos años, se sugirió que se valorara nuevamente por el órgano administrativo competente la posibilidad de tipificar los hechos como graves pues, aun habiéndose producido la caducidad de la acción para perseguir la infracción leve, la caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración y los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción, de acuerdo con el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Por tanto, no existiría obstáculo para que, en el presente supuesto, pudiera iniciarse un nuevo procedimiento destinado a los mismos fines que el ya caducado, siempre que no hubiese transcurrido el período de prescripción de la presunta infracción.
La Administración pública, atendiendo a los recordatorios y sugerencias formulados, puso de manifiesto que tras valorar nuevamente los hechos y considerar que en su ponderación entraban en juego elementos subjetivos en orden a la determinación de su calificación jurídica, era más precisa la calificación de los mismos como una infracción grave, con lo cual desaparecían los impedimentos relativos al plazo de prescripción, por lo que se procedería a la apertura del correspondiente expediente sancionador (9911402).
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara presentó sucesivas denuncias ante diversas administraciones públicas contra una licenciada en farmacia que tenía un establecimiento comercial en el que, a juicio de la corporación, se comercializaban determinados productos que sólo debían adquirirse en farmacias y, además, se ofrecía publicidad sobre realización de prácticas analíticas.
Iniciado el oportuno expediente administrativo sancionador por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, durante el transcurso de la instrucción tuvo lugar la publicación del Real Decreto 46/1996, de 19 de enero, el cual permite la venta de preparados de alimentos infantiles en comercios minoristas de alimentación y hace desaparecer el monopolio exclusivo de las oficinas de farmacia. Por ello, aplicándose el beneficio del artículo 128.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que contempla el efecto retroactivo de las disposiciones sancionadoras si favorecen al presunto infractor, el expediente administrativo fue objeto de sobreseimiento, no sólo en este aspecto, sino también en lo atinente al segundo de los denunciados por la corporación, referente a la realización de análisis.
Además, la referida corporación se dirigió a la delegación provincial de la Agencia Tributaria en Guadalajara solicitando los epígrafes del impuesto de actividades económicas en que se encontraba dada de alta la promotora de la queja. Desde la delegación provincial se pidió al citado colegio que indicase la finalidad concreta para la que solicitaba dicha información, a lo que respondió que se necesitaba a fin de tramitar el alta de la colegiada en las modalidades profesionales correspondientes. La delegación provincial de la Agencia Tributaria informó de los epígrafes del impuesto de actividades económicas en los que la interesada se encontraba matriculada, haciendo constar expresamente que dicha información no podía ser utilizada para fines distintos para los que fue solicitada, y mencionando asimismo que el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, prevé la exposición al público de la matrícula del impuesto y de las sucesivas modificaciones censales en las dependencias del ayuntamiento respectivo en determinadas fechas.
No obstante, el colegio oficial de farmacéuticos no realizó los trámites que mencionó en su solicitud de datos tributarios, sino que utilizó la información recibida de la delegación provincial de la Agencia Tributaria para solicitar de ésta que adoptase las medidas oportunas porque en el establecimiento no sólo se realizaban las actividades encuadradas en los epígrafes que ya conocía, sino otras añadidas que debían figurar de alta en otros epígrafes distintos del impuesto de actividades económicas. Esta última denuncia motivó que la delegación provincial de la Agencia Tributaria iniciara un expediente de liquidación de cuotas, seguido de expediente sancionador por infracción tributaria simple.
A la vista de los hechos anteriormente descritos, esta Institución consideró, por una parte, que efectivamente asistía al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara el derecho para instar de la Administración sanitaria competente la apertura de la correspondiente investigación sobre las actividades realizadas por un establecimiento que, al no estar autorizado como oficina de farmacia, no podía vender, a juicio de la corporación denunciante, productos alimenticios para lactantes, ni tampoco realizar determinadas prácticas analíticas. Por tanto, la actuación del colegio oficial no infringió el ordenamiento jurídico, pues tenía legitimación para instar de la Administración sanitaria con la que debe relacionarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, según redacción dada al mismo por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, el correspondiente procedimiento sancionador, con independencia de que la resolución administrativa final de sobreseimiento de actuaciones desestimara motivadamente su pretensión inicial.
Sin embargo, no ocurría lo mismo en el segundo de los supuestos, pues el procedimiento iniciado por la corporación ante la Administración tributaria se inició solicitando datos fiscales de una colegiada no ejerciente, aduciendo como razón para ello la necesidad de tramitar su alta en la modalidad correspondiente de ejercicio profesional, sin tener en cuenta que no se puede cambiar de oficio la modalidad de colegiación y que, atendiendo a lo dispuesto en los estatutos colegiales, nose puede dar de alta como ejerciente en modalidad profesional

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a una persona ya colegiada como no ejerciente, porque no desempeñaba actividad farmacéutica en farmacia ni en laboratorio destinado a la preparación de medicamentos, sino en un establecimiento mercantil excluido de la esfera competencial del colegio oficial de farmacéuticos.
Además, de hecho, no realizó actuación alguna, ni de oficio ni ante la interesada, tendente al cambio en el modo de colegiación, con anterioridad o simultáneamente a la solicitud de datos a la citada delegación provincial. La comunicación que envió a la farmacéutica meses después para que regularizase su modalidad de ejercicio profesional difícilmente puede conseguir el objetivo notificado, porque los estatutos obligan a la colegiación obligatoria sólo cuando la profesión se ejerce en farmacias y laboratorios de preparación de medicamentos.
Por ello, se recordó al referido colegio que debía ajustar sus actuaciones, en sus relaciones con las administraciones públicas, en el caso presente con la delegación provincial de la Agencia Tributaria en Guadalajara, a la transparencia que se deriva de los principios generales de colaboración interadministrativa contemplados en el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por la repercusión directa o indirecta que puede tener sobre los administrados.
Además, a la Administración tributaria hubo que recordarle que le incumbía el deber legal de no facilitar el acceso a documentos de carácter nominativo a terceros que no acrediten un interés legítimo y directo, según establece el artículo 37.2 de la ley antes citada pues, de la literalidad del escrito de solicitud se desprendía que, si la interesada estaba ya colegiada, la Administración cesionaria de los datos ha de discernir que el colegio oficial no posee atribuciones para tramitar alta de oficio en modalidad de colegiación diferente sin su previo consentimiento. Por ello, la finalidad de su petición, de objeto inalcanzable porque la interesada no era titular de farmacia, ni de laboratorio de preparación de medicamentos, sino de un establecimiento comercial excluido de las competencias objetivas del colegio oficial de farmacéuticos, excedía las competencias que éste tiene atribuidas por la Ley de Colegios Profesionales y por sus estatutos colegiales (9908021).
De otra parte, y respecto a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, se siguen recibiendo quejas en relación con la financiación por el sistema público de salud de determinados medicamentos imprescindibles para el tratamiento de procesos de enfermedad. Entre estas quejas puede traerse a colación la formulada por un profesional del sistema nacional de salud, mediante la cual se ponía de relieve el grave problema que representa para enfermos con patologías cancerosas y con ingresos familiares escasos el tener que abonar el cuarenta por ciento del precio de los medicamentos que precisan periódicamente y durante toda su vida. Sobre ello se puntualizaba que estos pacientes precisan, ineludiblemente, medicamentos sintomáticos o paliativos, imprescindibles para obtener una mínima calidad de vida, que no estaban incluidos entre los de aportación reducida, citándose a título de ejemplo una especialidad farmacéutica. En su informe, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo manifestó la contradicción que representaba que esta especialidad que tiene indicaciones similares y pertenece al mismo subgrupo que otros medicamentos con aportación reducida tuviera una aportación normal, es decir, el cuarenta por ciento de su precio, concluyendo que tal contradicción estaba en vía de solución (9909155)

6.6. Estructuras y carencias en centros sanitarios

Las carencias o inadecuaciones de determinadas estructuras hospitalarias influyen en los servicios que se prestan a los pacientes y, en ocasiones, pueden suponer una merma del derecho a la salud, pues aunque los facultativos de la sanidad pública extremen su profesionalidad, las condiciones en las que deben desarrollar su actividad no son las más adecuadas. Por ello, el Defensor del Pueblo ha debido examinar, también en este año, las quejas de las que ha tenido conocimiento, teniendo en cuenta obviamente que los recursos con los que cuentan los poderes públicos no son ilimitados, pero también que deben aplicarse para ofrecer una atención sanitaria de calidad.
Al tener conocimiento de las carencias que en materia de asistencia pública sanitaria afectaban a la isla de Formentera, se inició una investigación de oficio solicitando a la Consejería de Sanidad y Consumo de las Islas Baleares, a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo y al Ayuntamiento de Formentera que remitieran un informe sobre sus previsiones en orden a subsanar dichas deficiencias.
Tras el detenido examen de los informes remitidos hemos podido comprobar que en la actualidad la cobertura sanitaria de la isla parece no resultar suficiente para atender con garantías las necesidades sanitarias de la población, tanto a la que vive durante todo el año como a la que se desplaza en la temporada turística o en los fines de semana. Según se desprende de los datos remitidos por las administraciones implicadas, por el momento la atención sanitaria es prestada por el Instituto Nacional de la Salud, del que depende el centro de salud, y por la Consejería de Sanidad del Gobierno Balear que, a través del Servicio Balear de Salud, cofinancia el servicio de un helicóptero para realizar el transporte urgente de las emergencias entre Formentera e Ibiza.
Estos mismos datos refieren que el centro de salud,que se inauguró en 1994, se encuentra ubicado en un

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edificio que, a pesar de haber sido reformado en tres ocasiones, no reúne las condiciones estructurales necesarias para prestar el servicio que se demanda, ni cuenta con la suficiente dotación de personal en plantilla. Cabe añadir, además, que cuando la situación del paciente lo aconseja debe ser trasladado al hospital de Can Misses, en Ibiza, lo que ocasiona trastornos familiares con repercusiones físicas, psíquicas y económicas que en algunos supuestos podrían evitarse.
Existe una comisión interinstitucional para el estudio de la asistencia sanitaria en esta isla, que responde a los mandatos emanados del Senado y del Parlamento de las Islas Baleares, y tiene como misión analizar la situación sanitaria de la isla y efectuar las propuestas de mejora que permitan minimizar los problemas existentes para garantizar una atención sanitaria satisfactoria a los residentes. Sin embargo, se desconocen los resultados a los que ha llegado la citada comisión, que en todo caso no se han puesto en práctica. Por todo cuanto antecede, se debe continuar la investigación, con objeto de conocer las previsiones existentes a corto, medio y largo plazo, para paliar las carencias sanitarias que soporta la isla de Formentera (F0000098).
A través de los medios de comunicación se tuvo conocimiento del fallecimiento de una niña que acudió al servicio de urgencias del hospital de Melilla, en el que permaneció sin atención médica durante más de una hora. La familia denunció negligencia en la atención y diversos testigos pusieron de manifiesto la larga demora que se produjo hasta que fue atendida, falleciendo poco después.
La Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, en un informe elaborado por la Subdirección General de Inspección Sanitaria de ese instituto, indicaba que, tras la aparición de la noticia en los medios de comunicación, se envió a un médico inspector al hospital comarcal de Melilla, que procedió a entrevistar, realizando actas de comparecencia, a todo el personal del centro que tuvo relación con los hechos, así como a los familiares de la paciente y a otros testigos presenciales. Se analizó también la documentación clínica y administrativa del caso y las estadísticas asistenciales del servicio de urgencias.
La conclusión del informe es que existió una demora de ochenta minutos hasta que la niña recibió asistencia sanitaria, tiempo excesivo para un paciente con patología urgente. El error en la valoración de la gravedad del caso se debió, fundamentalmente, a que no existía ningún sistema de priorización en la admisión de urgencias, siendo atendidos los pacientes por turno de llegada, lo que en momentos de gran demanda supone importantes retrasos, convergiendo además en este caso el hecho de que la madre de la niña no hablara castellano, lo que pudo contribuir a la deficiente comprensión del motivo de consulta. No se objetivó en la investigación de los hechos una actuación negligente por parte de los profesionales implicados, y habida cuenta de la existencia de una demanda en vía penal en curso, la valoración de los hechos por parte del Instituto Nacional de la Salud quedaba subordinada a la decisión judicial.
El mencionado organismo indicaba también que para evitar situaciones similares, se había recomendado al hospital que estableciera de forma inmediata un sistema de clasificación de pacientes en la admisión de urgencias, organizando su atención en función de criterios clínicos, valorando la gravedad de la patología, así como reforzando los recursos humanos disponibles en el área cuando la demanda existente condicione retrasos importantes. Posteriormente indicó que se habían finalizado las obras correspondientes a la ampliación y renovación del servicio de urgencias del hospital comarcal de Melilla, y que el centro hospitalario ha incrementado la presencia de personal sanitario facultativo y no facultativo, lo que supone un mayor número de efectivos en cada turno con la finalidad de mejorar la atención sanitaria y el tiempo de espera media de los pacientes en la unidad de urgencias. Además, se ha implantado en dicho centro hospitalario la realización de valoración previa y clasificación de enfermos, que se lleva a cabo con el respaldo médico adecuado para la resolución de los distintos niveles de clasificación (F0000105).
Un sindicato manifestó su preocupación porque el área de atención pediátrica del hospital de Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona, llevaba un año cerrada, por lo que los pacientes menores tenían que ser atendidos de forma dispersa en los diferentes servicios del centro. El Servicio Catalán de Salud remitió un informe en el que se ponía de manifiesto que el mantenimiento y mejoras de las instalaciones internas de los pabellones ha permitido, a pesar de tratarse de un conjunto arquitectónico modernista, que el hospital se convirtiera en un centro del máximo nivel tecnológico, con docencia e investigación. Entre los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999 se evidenció la formación de algunas grietas en las paredes del pabellón donde se ubicaba el servicio de pediatría del hospital.
Desde ese momento se ha trabajado intensamente, desde la dirección del hospital y con los servicios afectados, buscando una ubicación definitiva para esta actividad, cosa que no ha sido fácil si se tiene en cuenta que parte del hospital se verá afectado en breve por la construcción de un nuevo edificio. La Administración autonómica entiende que es evidente que los cambios de emplazamiento de una actividad asistencial tan crítica como de la que se trata puede haber generado molestias a los trabajadores y especialmente a los familiares de los niños, pero las condiciones de las áreas donde se ha estado realizando la asistencia, y evidentemente la calidad de la misma, han sido las máximas en todo momento (0017706).
Una asociación de enfermos exponía que la unidad de diálisis del hospital Virgen de Monte Toro, de Mahón, presentaba acusadas deficiencias en sus instalaciones,

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así como falta de personal médico, motivos por los que no resultaba adecuada la atención sanitaria que recibían los pacientes de la zona con necesidad de hemodiálisis. Adjuntaban incluso un informe de un especialista nefrólogo en el cual se reflejaba la necesidad de proceder a una mayor dotación en personal, estructura y medios materiales para la referida unidad de diálisis.
La Administración sanitaria ha comunicado que, a pesar de los problemas derivados de la estructura hospitalaria, se han adoptado las medidas de pintar la superficie interior de la unidad, renovar el aire acondicionado, con la incorporación de un nuevo aparato, se han adquirido nuevas butacas y tres nuevas máquinas de diálisis, se han cambiado dos descalcificadores generales del hospital, se ha procedido a la renovación de la planta de aguas de la unidad y a la contratación externa para el mantenimiento del aparataje de diálisis y puesta en marcha de protocolos, adaptación, conservación y mantenimiento.
Continuaba la Administración sanitaria indicando que en la actualidad se dispone de cinco ambulancias para el transporte colectivo de los enfermos distribuidos en el área de salud, y que se encontraban a la espera de que en breve tiempo se instalen estabilizadores individuales para cambios de tensión y cambios de corriente. Además, indicaba la Administración que parte de los enfermos iban a ser atendidos en otro centro en Ciudadela, tras la concertación del servicio, aunque la responsabilidad clínica seguiría dependiendo del referido hospital (9906360).
La falta de coordinación entre las distintas administraciones con competencias territoriales en materia de sanidad produce, a veces, disfunciones que afectan a la asistencia sanitaria pública que se ofrece a los ciudadanos. Los vecinos del pueblo de Novallas, en Zaragoza, tenían asignado un hospital de referencia situado en esta ciudad, distante cien kilómetros, mientras que tan solo a diez kilómetros, en Tudela, se encontraba otro hospital al que no podían acudir por tratarse de un centro dependiente del servicio de salud de otra comunidad autónoma distinta de la suya. Se trataba, por tanto, de un problema de organización territorial de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, con implicaciones de la Comunidad Foral de Navarra, con competencias en materia de asistencia sanitaria y titular del hospital de Tudela, la Diputación General de Aragón, con competencias en materia de planificación sanitaria en el ámbito territorial de Aragón y del Instituto Nacional de la Salud, entidad gestora de las prestaciones en ese ámbito, y que afectaba no sólo a la población de ese municipio, sino a toda la residente en la zona básica de salud de Tarazona. El Gobierno de Navarra, previas la oportunas negociaciones con el Gobierno de Aragón y con el Instituto Nacional de la Salud, adoptó el acuerdo de formalizar un convenio de colaboración, en orden a que la población residente en esta zona básica de salud pueda optar por recibir la asistencia hospitalaria de carácter urgente bien en el hospital de referencia de la ciudad de Zaragoza, o bien en el hospital de Tudela (9913412).
Por último, hay que hacer referencia a que las disfunciones y falta de coordinación se producen también en el territorio de una única comunidad autónoma, con sólo una Administración pública responsable.
La localidad de Hormigos, en Toledo, pertenecía hasta 1994 al área de salud de Talavera de la Reina y al producirse en esta fecha un cambio en el mapa sanitario fue adscrita al área de salud de Toledo, a donde debían acudir los ciudadanos para poder recibir asistencia de urgencia y de atención especializada y hospitalaria, con las consiguientes dificultades, pues el municipio carecía de comunicación fluida con la capital de la provincia. El Instituto Nacional de la Salud tuvo que autorizar que se prestara la asistencia en el hospital de Talavera de la Reina, pero al constatarse que se rechazaban determinadas citaciones para recibir atención especializada en este hospital, se comprobó que se había producido una disfunción en el sistema informático que gestionaba las agendas de consultas externas del hospital de Talavera de la Reina, por lo que hubo que cursar las órdenes oportunas para restablecer la situación anterior, es decir, que los vecinos de la localidad de Hormigos sigan siendo atendidos en el hospital de la mencionada localidad (0002395).


6.7. Sanidad en la Administración militar

El apartado segundo del artículo 66 del Real Decreto 2330/1978, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, establece que la asistencia sanitaria se dispensará a las viudas y huérfanos de toda clase de asegurados, así como a las viudas y huérfanos que estuvieran percibiendo pensiones de clases pasivas del Estado a la entrada en vigor de la Ley 28/1975, de 27 de junio, de régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, siempre que no tengan derecho a recibir asistencia sanitaria a través de alguno de los regímenes de la Seguridad Social.
En el mismo sentido se manifiesta el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el régimen general de la Seguridad Social, que en su artículo 2.3 c) exige para ser beneficiario de la acción protectora de asistencia sanitaria no tener derecho por título distinto a recibir dicha asistencia por cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.6 de la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, es de aplicación al régimen especial de la SeguridadSocial de las Fuerzas Armadas.


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Sin embargo, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas denegó para el año 1998 el derecho a percibir una ayuda económica por asistencia a domicilio que una afiliada venía percibiendo. Paralelamente, la compareciente exponía que el citado instituto le notificó un acuerdo por el que se le otorgaba la posibilidad de optar entre continuar afiliada al mismo a los solos efectos de la prestación de asistencia sanitaria o permanecer en el régimen general de la Seguridad Social.
Al insistir la interesada en su derecho a permanecer afiliada a todos los efectos, no únicamente a la prestación de asistencia sanitaria, la Subdirección de Prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas acordó dar de baja a la misma en la acción protectora que otorga.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas señaló que el derecho a percibir ayuda económica por asistencia a domicilio depende del grado de cobertura a que se tenga derecho dentro de la acción protectora que dispensa ese organismo, es decir, según que la afiliación alcance a las prestaciones sociales o únicamente a la asistencia sanitaria.
En relación con lo anterior, se aludía a los artículos 66.2 del Real Decreto 2330/1978, de 29 de septiembre, y 2.3 c) del Decreto 2766/ 1967, de 16 de noviembre, antes citados, y al apartado 2.2 de la Instrucción 28/1997, de 21 de febrero, según el cual el beneficiario de las prestaciones de asistencia a la tercera edad podrá ser el propio titular o un beneficiario de él dependiente, siempre que, en uno u otro caso, esté incluido en la asistencia social del régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, no alcanzando la protección a quienes estén dados de alta en dicho régimen a los solos efectos de la prestación de asistencia sanitaria.
Asimismo, el organismo afirmaba que para ser beneficiario de su acción protectora se requiere no tener derecho a recibir asistencia a través de alguno de los otros regímenes de la Seguridad Social, pero que, no obstante, la Junta de Gobierno había acordado admitir la renuncia a la asistencia sanitaria prestada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como causa justificativa del alta en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas a los solos efectos de asistencia sanitaria, para quienes, reuniendo la condición de doble pensionista de viudedad u orfandad en el régimen general de la Seguridad Social y en el de clases pasivas, opten por la prestación sanitaria que concede el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
En el caso concreto planteado se manifestaba que figuraba inicialmente afiliada a ese instituto como beneficiaria de su cónyuge con cobertura total, es decir, asistencia sanitaria y social, pero que tras el fallecimiento del titular no reunía los requisitos exigidos en el artículo 66.2 del reglamento general de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para acceder a la condición de beneficiario de la acción protectora del régimen especial, ya que tenía derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria del régimen general de la Seguridad Social en su condición de pensionista de dicho régimen. No obstante, al acreditar la interesada su baja en el régimen general, se permitió, en virtud de lo previsto en el acuerdo antes citado, su continuidad en el régimen especial a los solos efectos de asistencia sanitaria, con exclusión, por tanto, de la asistencia social.
Esta Institución consideró que los preceptos citados hacían referencia exclusivamente a la asistencia sanitaria, no pudiéndose concluir que para ser beneficiario de la acción protectora de ese instituto, que incluye la asistencia sanitaria y la social, se requiera no tener derecho a recibir asistencia sanitaria a través de alguno de los otros regímenes de la Seguridad Social. En consecuencia, ateniéndose a lo previsto expresamente en dichos preceptos habría que limitarse a considerar que para ser beneficiario de la asistencia sanitaria, que no incluye la asistencia social, se requiere no tener derecho a recibir asistencia sanitaria a través de algún otro régimen de la Seguridad Social. Lo previsto en el citado artículo 66.2, en tanto que hace referencia exclusivamente a la asistencia sanitaria y no a las prestaciones sociales, no puede fundamentar, a juicio de esta institución, el criterio de que los pensionistas de viudedad u orfandad que lo sean de forma indistinta en el régimen general de la Seguridad Social y en el de clases pasivas, no tengan derecho a ninguna de las prestaciones sociales previstas en el reglamento general de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Por todo cuanto antecede se consideró conveniente recomendar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas la modificación del criterio según el cual para ser beneficiario de las prestaciones sociales del régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se requiere no tener derecho a recibir asistencia sanitaria a través de alguno de los otros regímenes de la Seguridad Social y la adopción, en consecuencia, de las medidas oportunas para permitir que los ciudadanos que reúnan la condición de doble pensionista en el régimen general de la Seguridad Social y en el de clases pasivas, accedan no sólo a la prestación de asistencia sanitaria, previa renuncia del derecho a recibirla a través de otros regímenes de la Seguridad Social, sino también a las prestaciones sociales.
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas comunicó que se aceptaba el criterio recomendado por esta Institución concluyendo que, en efecto, parece procedente igualar los derechos de los viudos y huérfanos que renuncien a la asistencia sanitaria que les pueda corresponder por otro régimen de la Seguridad Social con los de los viudos y huérfanos que no disponen de este derecho. En estos casos, el derecho a la asistencia sanitaria es en ambos regímenes un derecho derivado, de la misma intensidad y, por ello, renunciable en uno u otro régimen. Una vez que se efectúa la renuncia, la situación del renunciante pasa a ser en ese momento idéntica a la de quienes no poseían tal derecho y, por tanto, debe tener igual tratamiento (9905667, 9912641).


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El Patronato Militar de la Seguridad Social fue creado por Orden del Ministerio del Ejército de 10 de mayo de 1946, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de abril de 1946, en la que se fijaban las normas a las que había de ajustarse la implantación en los ministerios castrenses de la Ley de 14 de diciembre de 1942, que creaba el seguro obligatorio de enfermedad. Su finalidad era colaborar con el seguro obligatorio de enfermedad, hoy Seguridad Social, en los fines que le son propios, aportando la infraestructura material y humana de la sanidad militar, tanto en el ámbito sanitario como farmacéutico, si bien limitado a los trabajadores del Ejército de Tierra.
La normativa básica en cuanto a su organización y funcionamiento está constituida por el Reglamento del Patronato Militar de la Seguridad Social, aprobado por Orden de 8 de julio de 1957, modificado por diversas normas y esencialmente por la propia de la Seguridad Social, así como por el concierto de 16 de junio de 1982, suscrito entre el Patronato Militar de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Salud, que establece el procedimiento para la aplicación del régimen general de la Seguridad Social respecto de la afiliación, cotización y prestaciones de asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común o accidente no laboral, al personal civil no funcionario que trabaja en establecimientos militares del Ejército de Tierra.
La condición sexta del citado concierto establece que el Patronato Militar de la Seguridad Social continuará prestando, al amparo de lo previsto en la Orden de 29 de abril de 1946, la asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente no laboral o maternidad, y asumirá el pago a su cargo de la prestación económica por la incapacidad laboral transitoria derivada de tales contingencias, en la misma forma y con la misma extensión que las establecidas para el régimen general. La asistencia sanitaria del personal afectado por este concierto será prestada en las instalaciones sanitarias del ejército o en las propias del patronato, sin perjuicio de poder utilizar, previo acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, los medios asistenciales de la Seguridad Social en aquellos procesos clínicos en que se considere conveniente o necesario. En aquellas localidades o provincias en las que el Patronato Militar de la Seguridad Social no disponga de servicios o instalaciones adecuadas para prestar la asistencia sanitaria, ésta será facilitada íntegramente por el Instituto Nacional de la Salud.
Varios ciudadanos que recibían la asistencia sanitaria a través del patronato exponían que habían solicitado que se les permitiera recibir dicha asistencia directamente del Instituto Nacional de la Salud, considerando las deficiencias en la asistencia sanitaria que el citado patronato prestaba en comparación con el mencionado instituto y, más en concreto, la distancia entre sus domicilios, en la localidad de Alcorcón, y la consulta del médico de asistencia primaria que les correspondía, en la localidad de Móstoles, el reducido horario de atención al público en las consultas, así como no poder optar en la elección de facultativo. Dicha solicitud les fue denegada al amparo de lo dispuesto en los artículos 10 y 19 del Reglamento de 8 de julio de 1957, que establecen la afiliación obligatoria a ese patronato para el personal civil no funcionario destinado en establecimientos militares dependientes del Ejército de Tierra, y con base en la condición sexta del concierto de 16 de junio de 1982, que requiere que la asistencia sanitaria sea prestada en instalaciones del Ejército de Tierra o en las propias del patronato.
No obstante, los comparecientes señalaban que en su mismo centro de trabajo existían trabajadores que estaban afiliados directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La Subsecretaría del Ministerio de Defensa señaló que de los trescientos doce trabajadores de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11, doscientos noventa y nueve cotizaban a través del Patronato Militar de la Seguridad Social y, por tanto, recibían a través de los facultativos de dicho patronato la asistencia sanitaria primaria. Los otros trece trabajadores de la citada agrupación residían en localidades de Madrid o de provincias limítrofes donde dicho patronato no cuenta con medios propios de asistencia sanitaria primaria, por lo que dicha asistencia está concertada con el Instituto Nacional de la Salud, de acuerdo con la condición sexta del concierto antes citado. Asimismo, se manifestaba que en la localidad de Alcorcón, donde residían los interesados, el referido patronato prestaba asistencia sanitaria con sus propios medios, por lo que no procedía la aplicación de dicha condición.
Al valorar la cuestión planteada por los comparecientes, esta Institución consideró, por una parte, que la condición sexta del concierto suscrito entre el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Patronato Militar de la Seguridad Social, establece que cuando este patronato no disponga de servicios e instalaciones adecuadas para prestar la asistencia sanitaria ésta será facilitada íntegramente por el Instituto Nacional de la Salud y, por otra parte, que la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1966, que regula la colaboración de las empresas en la gestión del régimen general de la Seguridad Social, establece que las entidades colaboradoras estarán obligadas a facilitar las prestaciones correspondientes al menos con la extensión o la cuantía establecidas reglamentariamente con carácter general. En consecuencia, al no disponer el citado patronato en la localidad de Alcorcón de instalaciones sanitarias suficientes para garantizar que la asistencia se preste en la forma y con la extensión adecuadas, lo procedente sería acceder a que los afiliados al Patronato Militar de la Seguridad Social que lo solicitaran y tuvieran su domicilio en

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dicha localidad recibieran la asistencia sanitaria a través del Instituto Nacional de la Salud.
Por todo cuanto antecede, se consideró conveniente recomendar a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa la adopción de las medidas oportunas para garantizar que el Patronato Militar de la Seguridad Social preste la asistencia sanitaria a sus afiliados en la misma forma y con la misma extensión que la prestada por el Instituto Nacional de la Salud, y que en aquellas poblaciones en las que no disponga de medios suficientes para prestar la asistencia sanitaria con la extensión y calidad suficientes se proceda a concertar dicha asistencia con el mencionado instituto.
El citado departamento comunicó que se habían comenzado a establecer contactos con los Ministerios de Trabajo y Sanidad al objeto de que, en el plazo más breve posible, se pueda producir la efectiva integración de todo el personal actualmente afiliado al Patronato Militar de la Seguridad Social en el Instituto Nacional de la Salud o en la entidad del régimen general de la Seguridad Social que, en cada caso, corresponda, y concluía que se había accedido a autorizar la baja como asegurados en el citado patronato a los comparecientes, de modo que pudieran recibir la asistencia sanitaria que les corresponda como beneficiarios del régimen general de la Seguridad Social a través del Instituto Nacional de la Salud (9904535, 9904537).
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ha llevado consigo numerosas modificaciones, tanto de manera directa a través de la nueva redacción de alguno de sus preceptos, como de forma indirecta mediante disposiciones legales que han venido a variar o complementar su contenido, resultando en estos últimos aspectos de especial relevancia la renovación llevada a cabo en la legislación reguladora del personal de las Fuerzas Armadas y del cuerpo de la Guardia Civil.
El Boletín Oficial del Estado de 14 de junio de 2000 publicó el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que deroga expresamente la Ley 28/1975, de 27 de junio, y parcialmente el Real Decreto 2330/1978, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento general de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de manera que se regulariza, aclara y armoniza esta materia con las incidencias que se han ido produciendo en el ámbito del mutualismo administrativo.


6.8. Consumo

La Constitución española, entre los principios rectores de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y dispone, en su artículo 51, que garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Asimismo, prescribe que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios y fomentarán sus organizaciones, que serán oídas en las cuestiones que les puedan afectar, en los términos que la ley establezca. Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato constitucional se aprobó la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, que estableció el marco legal general de actuación estatal en materia de consumo.
La cada vez más creciente, amplía y compleja oferta de productos, bienes y servicios en el mercado, junto con la dificultad para asimilar la información sobre las condiciones y características de los mismos, constituye un elemento determinante de la desequilibrada e inferior posición en la que pueden encontrarse los consumidores, como destinatarios finales de los bienes y servicios, frente a los productores de los mismos, lo que paralelamente aumenta los riesgos a los que deben enfrentarse los consumidores en su adquisición y que pueden vulnerar los derechos que legalmente tienen reconocidos.
A través de las quejas recibidas durante el año 2000, en las que la mayor parte de los comparecientes expresaban su disconformidad con los defectos que presentaban los productos adquiridos y con la baja calidad de los mismos, esta Institución ha constatado el desconocimiento que tienen los consumidores y usuarios de los medios a través de los cuales pueden defender sus derechos, por lo que, al no ser posible intervenir por no haber existido actuación administrativa previa, se ha puesto en su conocimiento los diversos procedimientos que el ordenamiento jurídico ofrece para su protección.
En este sentido, el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, del sistema arbitral de consumo, regula la protección extrajudicial, que tiene como finalidad atender y resolver con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores, sometiéndose las partes voluntariamente a un acto de arbitraje, cuya resolución produce efectos idénticos a la de cosa juzgada. Por otra parte, la protección administrativa se traduce en la posibilidad de denunciar los hechos ante el órgano administrativo competente con el fin de que éste investigue la existencia o no de una infracción administrativa y, en su caso, la iniciación de un procedimiento sancionador al amparo del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si bien el inicio de un procedimiento sancionador no supone el resarcimiento de los perjuicios sufridos.
Por último, dado que las relaciones entre las partes en materia de consumo tienen carácter jurídico-privado, cualquier discrepancia debe sustanciarse por la vía de los tribunales ordinarios

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de justicia, limitando en gran parte la posibilidad de intervención del Defensor del Pueblo.
Dentro del marco jurídico-administrativo diseñado para la consecución de la defensa de los consumidores y usuarios, las administraciones públicas con competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de consumo deben desarrollar actuaciones de inspección y control de calidad sobre los bienes, productos y servicios puestos a disposición de los consumidores, para comprobar que se adecuan a la legalidad en cuanto a sus características técnicas, higiénico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y que se ajustan razonablemente a las expectativas que pueden motivar su adquisición, derivadas de la descripción realizada en su presentación, publicidad, precio y otras circunstancias.
De acuerdo con el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, entendiéndose por denuncia el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa. Cuando se haya presentado una denuncia acompañada de una solicitud de iniciación se deberá comunicar al denunciante y a los interesados, entendiendo por tal a todo inculpado, la iniciación o no del procedimiento sancionador.
De las quejas recibidas durante el pasado año se desprende que cuando los consumidores se dirigen a los órganos administrativos competentes para que investiguen si en los hechos que denuncian existe o no una infracción administrativa en materia de consumo, dichos órganos no atienden las obligaciones antes citadas e incumplen los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, a los que debe ajustarse el ejercicio de la potestad sancionadora al objeto de disciplinar las consecuencias jurídicas que se deriven del incumplimiento de la normativa correspondiente.
A fin de garantizar la eficacia del marco jurídico establecido para la defensa y protección de los consumidores y usuarios, y como quiera que las administraciones públicas tienen la obligación de velar y dar seguridad a las relaciones en materia de consumo, esta Institución considera que, en el actual contexto económico y social, es necesario que aúnen esfuerzos para evitar la indefensión de los consumidores y lograr la protección de sus intereses, propiciando y posibilitando la coordinación entre ellas y, de este modo, configurar los instrumentos y medios precisos que garanticen la tutela de sus derechos.
7. ACCIÓN SOCIAL

7.1. Menores

El artículo 39 de la Constitución dispone que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, reiterando el contenido del artículo 10 del texto constitucional, lo que parece que pretende reforzar la intención de reafirmar la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad. En este ámbito, la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, resulta especialmente significativa por su carácter vinculante para los estados que, como España, la han ratificado y por el contenido de sus disposiciones de aplicación directa en nuestro país.
El interés superior de los menores como principio general que inspira tanto la citada convención como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe estar presente en todas las medidas concernientes a los niños que adopten las entidades públicas o privadas de protección, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Por ello, las administraciones públicas deben tener como prioridad fundamental en su actuación garantizar a todo niño su derecho a crecer en una familia que le proporcione el cuidado y la protección que requiere.
Para convertir esto en realidad resulta necesario, en primer lugar, apoyar a la propia familia del niño para que asuma adecuadamente sus responsabilidades. No obstante, en algunos casos particulares la separación de aquéllos puede ser necesaria para el interés superior del menor. En estos supuestos nuestro ordenamiento prevé la posibilidad de constituir un acogimiento con el fin de integrar al niño en un familia que sustituya o complemente temporalmente a la suya natural. Cuando la sustitución adquiere carácter de permanencia, ya sea por inexistencia de los padres o por imposibilidad de aquéllos para ejercer sus responsabilidades, puede constituirse una adopción que, previa resolución judicial, produce entre adoptantes y adoptado un vínculo de filiación, al tiempo que extingue, salvo excepciones, los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.
En todo caso, la adopción entendida como un recurso de protección para aquellos menores que no pueden permanecer en su propia familia es un asunto de constante preocupación del Defensor del Pueblo. Por ello, se inició una investigación de oficio ante las distintas entidades públicas de protección de menores, solicitando información sobre la adopción y acogimiento familiar de los menores que se encuentran en nuestro país, así como sobre las actuaciones que dichas entidades realizan en la adopción de niños procedentes de otros

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países, incidiendo en aquellos aspectos planteados por los ciudadanos ante esta institución. La extensión y profusión de datos de los informes remitidos a lo largo de los dos últimos años no es uniforme.
No obstante, de los mismos se desprenden unas conclusiones que consideramos de interés para seguir avanzando en la mejor protección de los derechos de los menores.
Entre las preocupaciones planteadas por los ciudadanos destaca el largo periodo de tiempo que transcurre desde que se presenta una solicitud de adopción hasta el momento en que dicha pretensión se ve satisfecha. A este respecto cabe diferenciar los supuestos en que la solicitud se refiere a un menor residente en nuestro país, de aquéllos que hacen referencia a menores extranjeros y, a su vez, en cada uno de ellos los trámites previos a la asignación de un menor determinado y los de constitución formal de la adopción.
La desproporción existente entre el número de solicitudes presentadas para adoptar niños de corta edad en nuestro país y la positiva disminución de niños susceptibles de ser adoptados, conlleva que las solicitudes no puedan ser atendidas en los plazos deseados. Esta situación ha llevado a algunas entidades responsables a congelar la admisión de solicitudes, a fin de evitar que los solicitantes se mantengan en listas de espera durante varios años y de hacer valoraciones de una situación que existe en el momento de la solicitud y puede variar sustancialmente a lo largo de los años de espera. En este sentido, de los datos que nos han sido facilitados se desprende que, a finales del pasado año, en algunas comunidades autónomas estaban atendiendo solicitudes presentadas durante 1991 y 1992, figurando en las listas de solicitantes de adopción nacional, ya valorados como idóneos, un número de personas superior al total de adopciones constituidas en los últimos cinco años.
Esta situación ha conducido a un considerable número de ciudadanos a dirigir sus expectativas hacía la adopción internacional y ha originado, en algunos casos, prácticas contrarias a los derechos fundamentales del niño, que han sido denunciadas por organismos internacionales. A fin de luchar contra estas prácticas, España ratificó el Convenio de La Haya de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, e introdujo en el Código civil la exigencia del requisito de idoneidad de los adoptantes, que habrá de ser apreciada por la entidad pública competente para el reconocimiento en nuestro país de la adopción constituida en el extranjero. La tramitación de toda adopción de niños extranjeros se inicia con la solicitud de los interesados a la entidad pública competente de su domicilio, que tiene que pronunciarse sobre su idoneidad para garantizar el respeto de los derechos del futuro hijo adoptivo, en los mismos términos que se haría para un niño español.
De los datos recabados por el Defensor del Pueblo se desprende que el tiempo medio de tramitación de la valoración de idoneidad se encuentra en torno a los seis meses, excediendo dicho periodo en algunas comunidades autónomas como La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha, o los Consejos Insulares de Mallorca, Ibiza y Formentera. De estos datos, junto con el progresivo incremento que se observa en el número de solicitudes presentadas cada año, se infiere la necesidad de que las administraciones competentes en la materia adopten las previsiones necesarias para lograr, en lo posible, acortar los referidos periodos que generan inseguridad en los ciudadanos. Otro aspecto que se ha resaltado de forma especial, hace referencia a la necesidad de que las administraciones públicas adopten criterios comunes en relación con los factores a tener en cuenta en las citadas valoraciones de idoneidad.
En lo que afecta al tiempo que transcurre desde la incorporación del menor a la familia adoptante hasta la resolución firme de adopción, en el caso de los menores que se encuentran en nuestro país, los datos facilitados por las distintas entidades públicas ponen de manifiesto la imposibilidad de establecer unos tiempos medios, al ser muy diversas las situaciones que pueden plantearse.
En el supuesto de menores recién nacidos, cuando no existe oposición de los padres biológicos a la adopción, toda la tramitación puede estar resuelta en un plazo que oscila entre los seis meses y un año.
Sin embargo, en aquellos casos en los que existe oposición por parte de los padres biológicos a la medida de protección adoptada por la Administración, ya sea en fase de acogida preadoptiva o de propuesta de adopción, el proceso judicial puede durar hasta cuatro o cinco años, provocando incertidumbre en las familias y desorientación en el propio menor que, en función de su edad, no ve plasmada su necesidad de identificación y pertenencia a la unidad familiar a la que se ha vinculado afectivamente.


La complejidad para hacer una valoración de las posibles demoras en la tramitación de las adopciones de niños de otros países es aún mayor, al confluir distintos ordenamientos jurídicos y formas de funcionamiento administrativas y judiciales de los países de origen.
Así, las preasignaciones que las autoridades competentes hacen, una vez valorada toda la documentación relativa a una familia, pueden producirse, según los países, desde los seis meses hasta los tres años, siendo susceptible además de notables variaciones en un mismo Estado en función de las ofertas remitidas por los solicitantes de distintos países, los cambios legislativos e, incluso, las modificaciones en sus estructuras administrativas internas.
En la adopción internacional, los adoptantes se someten voluntariamente a la intervención administrativa y jurisdiccional extranjeras, sobre las que las entidades públicas de nuestro país no tienen competencia alguna; sin embargo, cuentan con un importante instrumento de control a través de la acreditación de las entidades

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colaboradoras de adopción internacional que asumen la delicada función de actuar de vínculo entre los solicitantes y las autoridades del país de origen de los menores.
Las quejas planteadas sobre la actuación de las entidades mediadoras hacen referencia a la falta de información sobre el menor y sobre la tramitación en el país de origen, a la escasa experiencia de los profesionales de la entidad y la falta de rigor de sus representantes en el extranjero, así como a la formulación poco clara de sus tarifas económicas. En la experiencia de los cinco últimos años, desde que se inició la habilitación de estas entidades colaboradoras, algunas disposiciones dictadas por las comunidades autónomas para su regulación y control se han mostrado insuficientes a fin de garantizar la calidad de los servicios que aquéllas ofrecen, habiéndose producido un considerable número de acreditaciones de entidades con muy diversos medios y experiencia para el desempeño de sus funciones.
Por otra parte, la disminución de niños de corta edad susceptibles de ser adoptados en nuestro país contrasta con la existencia de un número considerable de menores con grandes dificultades para encontrar una familia, debido a distintos factores como la edad, las discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o el formar parte de un grupo de hermanos. Las entidades públicas de protección de menores han emprendido distintas campañas y programas dirigidos a proporcionar una familia, ya sea de adopción o mediante el acogimiento para estos menores.
De los datos facilitados en torno al acogimiento, como institución que proporciona a los menores su integración en una familia, se infiere un incremento en la utilización de esta medida de protección, pues las administraciones públicas la valoran como muy favorable para el desarrollo de los menores. No obstante, se aprecian diferencias sustanciales en el seguimiento que llevan a cabo las distintas entidades públicas. En algunas comunidades el seguimiento se realiza por los propios técnicos de la comunidad autónoma, teniendo fijada una periodicidad semestral. En otros casos el seguimiento queda encomendado a los servicios sociales generales, que remiten informes de carácter periódico sobre la evolución escolar del menor y otros aspectos.
En general, se destaca la escasez de recursos para llevar a cabo un seguimiento en profundidad y, sobre todo, un trabajo con la familia de origen que pudiera permitir el retorno del menor. Para paliar esta insuficiencia algunas comunidades autónomas han habilitado instituciones colaboradoras de integración familiar o han celebrado convenios con entidades colaboradoras para la realización, entre otras, de las funciones de captación, selección, preparación, formación de las familias acogedoras, así como la intervención en el proceso de integración del menor en la familia de acogida y el seguimiento posterior.
De todo cuanto antecede, en relación con la adopción de niños españoles, ha de insistirse un año más en la necesidad de que por parte de las administraciones públicas se extremen las cautelas en las actuaciones previas para descartar las posibilidades de un retorno del menor a la familia de origen. Al mismo tiempo, resultaría imprescindible agilizar al máximo las tramitaciones judiciales para dotar al menor de mayor estabilidad y seguridad jurídica, sin que ello suponga un obstáculo para el respeto de los derechos de las distintas partes implicadas.
Por lo que respecta a las adopciones internacionales las entidades públicas competentes en protección de menores deben esforzarse en agilizar las tramitaciones iniciales de valoración de idoneidad, con independencia de la imposibilidad de garantizar a priori el tiempo que pueda transcurrir hasta que, efectivamente, se constituya la adopción de algún menor, al depender éste en gran parte de la tramitación en el otro país.
Asimismo, sería necesario que algunas administraciones procedieran a revisar la normativa de acreditación de las entidades colaboradoras previstas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, dando una importancia relevante a cuestiones como la composición de los equipos profesionales que actúan en las mismas, la información que, en todo caso, deben facilitar a los interesados sobre las gestiones y trámites realizados en los países de origen de los menores, los medios de control e inspección capaces de detectar posibles enriquecimientos injustos, así como actuaciones de presión sobre los adoptantes, teniendo en consideración la especial inseguridad y dependencia que se puede generar sobre los mismos, al percibirlo como su única forma de llegar a convertirse en padres.
De igual forma, deberían contemplarse, cuando no estén previstas, las causas de revocación de las habilitaciones, los medios para garantizar el derecho a la intimidad de los solicitantes y de los menores, la posible existencia de contratos tipo con estimación del pago de tarifas por las distintas fases de la tramitación, así como la previsión de fusiones entre diversas entidades colaboradoras y las relaciones entre comunidades autónomas para la transmisión de posible información relativa a las actuaciones de una misma entidad habilitada en distintos territorios. También redundaria en un mejor control de las actuaciones de dichas entidades, además de ser una obligación, contemplada en el apartado 4 del referido artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la creación del registro de reclamaciones formuladas por personas que acuden a las entidades acreditadas, difundiendo su existencia y forma de utilización.
Por otra parte, entre las acciones prioritarias de las entidades públicas de protección de menores debe contemplarse el intercambio de las experiencias iniciadas en las distintas comunidades autónomas y la búsqueda

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de posibles alternativas para la atención menores con necesidades especiales.
Por último, en relación con el acogimiento familiar, de la información remitida a esta Institución se desprende la necesidad de incrementar los recursos destinados al seguimiento de los menores tutelados por la Administración, con independencia de quien ejerza la guarda de los mismos, así como a la detección temprana de las situaciones de riesgo que permita el trabajo con las familias de origen para facilitar el mantenimiento y, en su caso, el retorno de los menores, evitando la desestructuración familiar (F9900094).
La importancia de un adecuado seguimiento de los menores que se encuentran en acogimiento, ya sea con personas de su familia o con una familia ajena, y el trabajo social con los padres del menor queda especialmente patente en aquellos casos en los que gracias al trabajo de los profesionales implicados se hace posible el retorno de aquél con su familia. En este sentido, pueden traerse a colación los casos en los que se ha constatado que el trabajo de mediación de los técnicos ha permitido el restablecimiento del régimen de visitas periódicas entre menores en acogimiento familiar permanente y sus padres, después de una prolongada interrupción de las mismas (9911083 y 9912713).
El principio de prevalencia del interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, al que antes se ha hecho referencia, no siempre permite a los agentes relacionados con aquél conocer cuál debe ser su actuación frente a un caso concreto. Así, en el informe correspondiente al pasado año, se dejaba constancia de la recomendación dirigida a la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, en orden a que se facilitara una mayor información al personal de los centros sanitarios sobre las implicaciones que tiene una medida legal de declaración de desamparo y de asunción de la tutela de un menor por parte de la entidad pública competente de protección de menores, y, en consecuencia, se elaborasen las oportunas directrices sobre la forma de proceder en el momento del alta hospitalaria del mismo.
La referida información ha sido trasladada, durante el año 2000, a los servicios clínicos de pediatría, servicios de urgencia hospitalaria, trabajadores sociales, servicios de atención al paciente y a los centros de referencia de la Comunidad Valenciana, con el fin de darle la máxima difusión entre todo el personal implicado. La trascendencia que los servicios sanitarios tienen para la atención y detección precoz de situaciones que pudieran generar riesgos o posible desamparo de un menor justifica todos los esfuerzos que, en el sentido apuntado de intensificar las relaciones y el conocimiento del trabajo que realizan las entidades responsables de la protección del menor, se puedan llevar a cabo y que redundarán sin duda en beneficio de este grupo de población especialmente vulnerable por sus dificultades para defender por sí mismos sus derechos (F9800163).
En los informes del Defensor del Pueblo correspondientes a los años 1996 y 1997 se recogía el tratamiento monográfico sobre la protección de la juventud y de la infancia y los medios de comunicación social, dejando constancia del criterio de esta Institución, que en definitiva entiende que la protección integral de los menores en este ámbito debe provenir de una combinación de actuaciones de los poderes públicos y de actuaciones privadas, deseablemente organizadas a través de las distintas asociaciones, educadores y consumidores en general, y de la autorregulación que se establezca por los propios integrantes de los sectores implicados.
En este sentido, se ha hecho notar a la Secretaría General de Asuntos Sociales con competencias en materia de infancia, juventud e igualdad social de ambos sexos, la disconformidad de los ciudadanos con los juegos de ordenador y videojuegos de carácter violento, en los que se da una imagen inadecuada de la mujer y cuyo contenido, en ocasiones, no queda patente hasta que se procede a su utilización.
En respuesta a estas demandas, se ha puesto en marcha un código de autorregulación suscrito por un gran número de empresas dedicadas a la producción de estos juegos, cuyo objetivo consiste en facilitar una información clara que sirva de referencia a los padres y educadores sobre la aptitud del producto respecto a la edad del niño.
Esta información será preceptiva en la promoción y publicidad de estos productos, cuestión que parece destacable dado el efecto confuso que en diversas ocasiones genera entre los niños la publicidad.
La continua innovación tecnológica a la que asistimos en nuestros días, y la extensión de la misma a una gran parte de la población conduce al planteamiento de nuevos retos a los que resulta necesario hacer frente. A este fin, la Administración pública debe profundizar en los instrumentos necesarios para realizar un seguimiento que permita establecer enfoques rigurosos sobre este y otros problemas colaterales que, sin duda, surgirán en el futuro, y adoptar medidas concretas y adecuadas para garantizar el derecho a la protección de la juventud y de la infancia, recogido en el artículo 20 de la Constitución, en cuanto límite al derecho fundamental de libertad de expresión (9907126).
Otra cuestión de indudable importancia es la recomendación dirigida el pasado año al Ministerio de Justicia, a fin de que se promovieran las iniciativas legales oportunas para la modificación del artículo 47 de la Ley del Registro Civil, y los concordantes de su reglamento, en cuanto permiten la inexistencia de constancia registral de la identidad de la madre por la simple voluntad de ésta.
La Constitución, en sus artículos 14 y 39, rechaza toda discriminación que pudiera afectar a los hijos en función del nacimiento dentro o fuera del matrimonio, al tiempo que reconoce el derecho a la investigación de la paternidad y maternidad. Por ello, con el debido control judicial, deben quedar tutelados tanto el derecho de

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los progenitores a su intimidad, en el supuesto de que quisieran desconocer a su hijo, como la legítima pretensión del hijo mayor de edad a conocer sus orígenes, todo ello sin perjuicio de mantener y reforzar las garantías para la limitación del acceso a los datos que pudieran afectar al derecho a la intimidad personal.
En el año al que se refiere este informe el Ministerio de Justicia ha manifestado que el problema más urgente de inconstitucionalidad sobrevenida quedó resuelto con la aprobación de la Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1999, estando en estudio la reforma del referido artículo 47 de la Ley de Registro Civil, si bien se considera preferible incluir la misma en una reforma en profundidad de la referida ley, que data de 1957, y que se ha visto profundamente afectada por la Constitución y las sucesivas reformas del Código civil desde 1981 (9618245).
Por último, se debe dejar constancia de la aceptación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la recomendación formulada el pasado año en relación con la conveniencia de desarrollar la reglamentación de las condiciones que deben reunir los equipamientos y áreas exteriores de juegos infantiles, y en cuya elaboración deberán participar otras administraciones competentes como los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad y Consumo y de Administraciones Públicas, las comunidades autónomas, las administraciones locales, además de fabricantes y usuarios, todo ello con el fin de garantizar una adecuada seguridad a los niños que hagan uso de aquéllas (F9900108).


7.2. Personas con discapacidad

El ordenamiento jurídico contempla una serie de beneficios, derechos económicos y servicios a aquellos ciudadanos que acrediten una cierta discapacidad. La regulación del reconocimiento del grado de minusvalía, el establecimiento de nuevos baremos aplicables, la determinación de los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir han sido regulados por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
A los efectos previstos en dicho real decreto, la calificación del grado de minusvalía que realicen los órganos técnicos, a los que el mismo se refiere, será independiente de las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus competencias públicas. Ello supone que las incapacidades reconocidas por el Instituto Nacional de Seguridad Social, que hasta el pasado año se homologaban directamente, deben ser revisadas procediendo a un nuevo reconocimiento del interesado.
Lo anterior, junto con los nuevos beneficios de carácter fiscal o social que contemplan como requisito la acreditación de determinado grado de minusvalía, ha hecho que se incremente de manera significativa el número de solicitudes de dichas valoraciones, lo que ha venido a repercutir, aún más, en las demoras en la tramitación de las mismas.
En este sentido, durante el año 2000 se ha podido constatar la existencia de notables retrasos en la tramitación de los reconocimientos de la condición de minusválido, habiendo realizado actuaciones sobre este asunto ante la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Consejería de Asuntos Sociales de Andalucía, Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad de Valencia, como órganos competentes en la materia.
Por ello, resulta necesario hacer hincapié en la necesidad de que se adopten medidas tendentes a la disminución de las listas de espera, incrementando los recursos tanto materiales como personales destinados a este fin, dada la trascendencia que, en algunos supuestos, puede tener el referido reconocimiento para el interesado.
Así, el reconocimiento del grado de minusvalía es un requisito previo para obtener la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva.
Teniendo en consideración el carácter de dicha prestación, dirigida a atender la situación de necesidad de aquellas personas que carezcan de recursos económicos suficientes para su subsistencia, no resulta admisible que deban esperar más de nueve meses para alcanzar una prestación que les permita sobrevivir (9908000, 9912382, 0002369, 0002451, 0022542 y 0024953).
El artículo 49 de la Constitución insta a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. Para la plena efectividad de este derecho resulta necesario no solo la elaboración de disposiciones y previsión de recursos materiales y personales, sino también un incremento en la sensibilidad de los responsables de todos los poderes públicos.
En este sentido, resultan ilustrativas las actuaciones seguidas con el Ayuntamiento de Albacete, al tener conocimiento de que en los programas de ocio y en concreto en el proyecto de dinamización social con niños de cuatro a catorce años, llevado a cabo durante los meses de verano, no se había tenido en cuenta la posible participación de niños con dificultades o características especiales. La citada corporación local, tras tener conocimiento de que una niña de cinco años había tenido que abandonar el proyecto por falta de personal adecuado para atenderla, lo ha hecho constar en la memoria y evaluación para próximos ejercicios, incluyendo la necesidad de contar con profesionales especializados

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para poder facilitar una correcta atención a menores que presenten dificultades (0024529).
Como en años anteriores, ha sido considerable el número de ciudadanos que se han dirigido a esta Institución poniendo de manifiesto la escasez de recursos existentes para la atención de los discapacitados y, en concreto, de algunos grupos que debido a las características de su minusvalía encuentran aún mayores dificultades para acceder a los recursos existentes.
Así, las personas que presentan problemas de conducta, asociados o no a su minusvalía, quedan excluidas del acceso a la mayor parte de los centros destinados a discapacitados. La complejidad de situaciones que pueden plantearse requiere una mayor diversificación de los recursos que las administraciones públicas puedan poner al servicio de los ciudadanos para facilitarles la atención especializada que demanda el artículo 49 de la Constitución.
Como dato favorable hay que mencionar que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales informaba de la apertura de un centro estatal de rehabilitación sociosanitaria de personas con daño cerebral para el año 2001. Esta iniciativa pretende dar respuesta a las necesidades específicas que plantean este tipo de lesiones cerebrales sobrevenidas, en continuo aumento, que tienen su origen más común en los traumatismos craneo- encefálicos, anoxias cerebrales por parada cardiaca, accidentes cerebro-vasculares, secuelas de tumores cerebrales y otros.
El centro facilitará una atención directa de carácter especializado con servicios de asistencia en régimen de internado o de atención diurna, con un enfoque sociosanitario de rehabilitación intensiva y duración determinada. Además, aspira a ser un centro de referencia dedicado a promocionar recursos que pondrá a disposición de las instituciones y profesionales que trabajen en este ámbito, entre los que tiene previstos un servicio de información y documentación, un servicio de teleconsulta y de asistencia técnica a centros y profesionales conectados en red, y un servicio de formación especializada (9911252).
Sin perjuicio de lo anterior, de las diversas actuaciones llevadas a cabo por esta Institución se desprende, una vez más, la insuficiente oferta de recursos, siendo los más demandados aquellos que cuentan con atención residencial ante la inexistencia de familiares o las graves dificultades de éstos para hacerse cargo de la atención que los discapacitados requieren. Los centros de rehabilitación y de atención a minusválidos físicos son escasos tanto en el sector público como en el privado, produciéndose además un bajo índice de vacantes debido a que se trata, en gran parte, de personas jóvenes.
Así, sólo para los centros de Madrid, el citado instituto contabiliza unas doscientas solicitudes en lista de espera. De ellos, un ciudadano, a pesar de habérsele atribuido la máxima puntuación del baremo aplicable por sus dramáticas circunstancias, permanece en la referida lista desde hace más de un año, desconociendo las posibilidades reales que existen de acceso a la plaza solicitada (0019545).


7.3. Tercera edad

Entre los principios rectores de la política social y económica que contempla la Constitución, el artículo 50 insta a los poderes públicos a promover el bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En concreto, corresponde a las comunidades autónomas que, en virtud de lo previsto en el artículo 148.1.20, han asumido las competencias en materia de asistencia social, adoptar las medidas necesarias para la efectividad de dicho mandato.
Como en años anteriores, resulta inexcusable hacer referencia al considerable número de ciudadanos que se dirigen a esta Institución solicitando que se intervenga ante la falta de respuesta favorable a su solicitud de ingreso en una residencia pública de la tercera edad.
Las difíciles circunstancias por las que atraviesan algunas personas mayores, en razón a su situación económica, social y familiar a las que, cada vez con más frecuencia,se añaden circunstancias de absoluta dependencia que requieren una atención constante, evidencian la necesidad de incrementar los recursos que den respuesta a estas situaciones.
Las comunidades autónomas contemplan en sus respectivas normativas los requisitos que deben reunir los interesados para obtener una plaza, así como los baremos en función de los cuales se atribuyen prioridades en atención a la mayor necesidad que los mismos puedan presentar. Al ser superior el número de peticiones a la cantidad de plazas disponibles, la actuación del Defensor del Pueblo en esta materia se dirige, fundamentalmente, a constatar que se respeta el derecho de los interesados a obtener una respuesta expresa en la que figure la puntuación otorgada, así como información suficiente que permita conocer las posibles expectativas de ingreso.
Sin perjuicio de ello y con pleno respeto a las competencias que ostentan las comunidades autónomas para regular esta materia y hacer frente a las necesidades sociales de los ciudadanos que en ella residen, resulta necesario poner de manifiesto los problemas añadidos que se generan cuando los ciudadanos afectados desean acceder a un centro situado en una comunidad autónoma diferente a la de su residencia, ya sea por razones familiares o de otra índole. En las disposiciones sobre esta materia de gran parte de las comunidades autónomas se contempla, como requisito para poder acceder a estos servicios, el acreditar una residencia en el respectivo territorio de diversa duración según los casos.


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En la actualidad resulta frecuente que los padres, al llegar a cierta edad, cambien su residencia para ir a vivir con sus hijos, e incluso que repartan su tiempo residiendo con cada uno de ellos en distintos periodos del año. En estos casos, las dificultades para acceder a una residencia de titularidad pública se verían incrementadas, ya que podrían carecer de la antigüedad necesaria en su nuevo domicilio y no cumplir el requisito de residencia actual en su localidad de origen.
Este asunto, de acuerdo con la información facilitada por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se ha intentado abordar a través de la comisión de prioridades del plan gerontológico, sin que haya recibido una respuesta favorable por parte de las comunidades autónomas, que intentan resolver cada caso de forma individual, contemplando la posibilidad de exención del requisito en supuestos concretos como el de retorno de emigrantes, o el reagrupamiento familiar de personas mayores que pierden la autonomía personal por su edad o enfermedad, y se trasladan a la comunidad en la que residen todos sus hijos.
En atención a la diversidad de supuestos que pueden plantearse, debería profundizarse en la búsqueda de soluciones de carácter general entre todas las comunidades autónomas, que permitieran la supresión del citado requisito de residencia. Todo ello sin dejar de tener en cuenta que existen administraciones que, por sus características, se ven en mayor medida afectadas al recibir un elevado número de solicitudes de personas procedentes de otros territorios (9905558).
Este mismo problema fue planteado en relación con el acceso a los centros de día en la Comunidad de Madrid, que exigía como requisito acreditar la residencia en esta comunidad durante los dos años anteriores a la solicitud. El asunto parece haber quedado resuelto tras la publicación de la Orden 597/1999, de 23 de diciembre, que recoge la posibilidad de suprimir dicho requisito en aquellos casos en que los mayores rotan por los domicilios de los hijos, residentes en varias comunidades autónomas (9911783).
Otra cuestión de carácter colateral que se ha planteado, en torno al acceso a las plazas en residencias de la tercera edad, es la relativa a la puntuación que se atribuye a cada uno de los conceptos valorados en los baremos que asignan prioridades, al objeto de que los mismos permitan medir realmente el grado de necesidad de cada una de las situaciones.
En este asunto se ha hecho notar a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que el factor de la edad del solicitante no siempre conlleva una situación de mayor necesidad, puesto que asistimos, cada vez con mayor frecuencia, a situaciones de gran dependencia en edades relativamente jóvenes, por la incidencia de enfermedades de carácter degenerativo como el Alzheimer o el Parkinson. Aún cuando la variable edad en los baremos actuales de dicha comunidad representaría sólo un 12 por ciento en el conjunto de los factores valorados, se está estudiando la posibilidad de modificar el baremo, en el sentido de utilizarla no para medir el grado de necesidad, sino únicamente para asignar prioridad en el caso de que aplicados los demás factores varias solicitudes obtuvieran la misma puntuación. Todo ello al comprobar, efectivamente, que en situaciones sociales deficientes y con grados elevados de dependencia, la edad puede ser un factor irrelevante a la hora de considerar la necesidad de acceder a una residencia de mayores (0000008).
Asimismo, en la Comunidad de Madrid será objeto de estudio la situación especial que se plantea cuando es un único hijo el que ha de responsabilizarse de sus padres dependientes, por la gran dedicación que éste debe otorgar a los mismos para atender adecuadamente sus necesidades. En la actualidad esta circunstancia no queda reflejada a la hora de asignar prioridades, dado que se promedia la situación social de todos los hijos, lo que supone que, en aquel caso, se asigna directamente la puntuación que le corresponda en función de su situación, sin tener en cuenta la dificultad añadida de no poder compartir dichas responsabilidades con otros familiares (0001892).
Durante el pasado año, ante el número significativo de quejas de ciudadanos en las que se ponía de manifiesto su disconformidad con las modificaciones introducidas en el programa de vacaciones para mayores, gestionado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se llevaron a cabo diversas actuaciones en torno a este asunto.
Los problemas expuestos derivaban, como se indicaba en el informe del pasado año, de la mayor concreción introducida en los requisitos contemplados para posibilitar un control directo previo en la adjudicación de las plazas por parte de la Administración, limitando el acceso a las personas con sesenta y cinco años, pensionistas de jubilación del sistema de Seguridad Social española, y otros pensionistas del citado sistema con sesenta años cumplidos, con lo que quedaban excluidos los pensionistas de invalidez menores de sesenta años, así como los perceptores de prestaciones no incluidas en el referido sistema de Seguridad Social, que no hubieran alcanzado la edad de sesenta y cinco años.
En cuanto a la posibilidad de participación de personas con discapacidad menores de sesenta años, el citado instituto se propuso resolverlo creando para ello un programa específico de vacaciones dirigido a dicho colectivo, en el que tienen cabida, además, los padres de los beneficiarios en calidad de acompañantes, a fin de lograr la máxima integración personal y social de las personas con minusvalía.
Por otra parte, al haberse producido un cambio en la fuente de financiación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales para el programa de la temporada2000-2001, no son únicamente beneficiarios los pertenecientes

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al sistema de la Seguridad Social, sino los perceptores de pensiones del sistema público de pensiones, si bien manteniendo la limitación de edad.
Como conclusión de las actuaciones realizadas, esta Institución vio la necesidad de indicar que aún cuando la Administración tiene capacidad para dictar las normas y disposiciones necesarias para la aplicación de las políticas propias, y en este marco puede contemplar de diversa forma los requisitos para acceso a los distintos programas sociales, la inexistencia de un marco normativo adecuado que permita conocer a los ciudadanos con la antelación suficiente cuáles son los requisitos para acceder a un programa de la importancia del programa de vacaciones para mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, no parece quedar justificada. Transmitidas estas consideraciones al citado instituto, el mismo ha informado de que entre sus objetivos para el año 2001 se encuentra la aprobación de la normativa indicada (9903937, 9906582, 9906639, 9907058, 9910399, 9911168, 9911171, 9911484, 9911789, 9911897, 9912051, entre otras).


8. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Campo de aplicación, afiliación altas y bajas

Han proseguido las investigaciones sobre la integración del personal de la Administración Foral y de las Entidades Locales de Navarra en el Régimen General de la Seguridad Social, en virtud de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de cuyas actuaciones se ha venido dejando constancia en los informes de años anteriores. Por parte de la entonces Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se ha emitido un último informe, dando cuenta de las gestiones que se han venido efectuando con la Comunidad Foral de Navarra y exponiendo las dificultades surgidas para que la citada integración se produzca (9408618 y 9913545).
Se han recibido algunas quejas planteando la disconformidad de los interesados con los procedimientos recaudatorios seguidos por la Tesorería General de la Seguridad Social por descubiertos en la cotización de determinados periodos, como consecuencia de las incidencias en la presentación de las bajas de los trabajadores en distintos regímenes de la Seguridad Social. Efectuadas las correspondientes investigaciones ante el mencionado servicio común se ha procedido a regularizar los efectos dados a dichas bajas, anulándose en consecuencia las reclamaciones de deuda efectuadas (9907132, 9912786, 0000309 y 0004274).
En otras quejas los interesados han planteado los perjuicios ocasionados por la defectuosa actuación de algunos órganos administrativos al formular sus altas en el régimen general de la Seguridad Social fuera del plazo establecido, con posterioridad al comienzo de la prestación de servicios, por lo que en los informes de vida laboral expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social aparecen menos días que los realmente trabajados. Efectuadas las correspondientes investigaciones ante la ya desaparecida dirección provincial del Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, se ha comprobado el incumplimiento por parte de las mismas de la normativa reguladora de esta materia, por lo que se ha formulado a esta última el correspondiente recordatorio para que las repetidas altas se presenten en el plazo y con las formalidades establecidas al efecto (9821474 y 0012467).
Igualmente se han admitido a trámite otras quejas en las que sus promotores ponían de manifiesto los errores detectados en los informes de vida laboral emitidos por las distintas direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social. A la vista de las alegaciones formuladas y pruebas aportadas dichos informes han sido objeto de la correspondiente rectificación (9911689, 9912155, y 0001077).


8.2. Cotización y recaudación

Dentro de este apartado, la mayor parte de las quejas recibidas se refieren a la disconformidad de personas cotizantes a la Seguridad Social con los distintos procedimientos recaudatorios en vía ejecutiva, algunos ya en fase de embargo de bienes, seguidos por las distintas direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia de descubiertos en la cotización, fundamentalmente en el régimen especial de los trabajadores autónomos y, en menor medida, en otros regímenes de la Seguridad Social.
Los motivos en que se basan dichas quejas se refieren a diversas causas, entre las que cabe destacar las relativas a la determinación de los efectos que han de darse a las bajas en los regímenes correspondientes; al hecho de que las cuotas reclamadas ya habían sido ingresadas en tiempo; a errores en las personas que han de considerarse interesadas en el procedimiento recaudatorio; notificaciones defectuosas; prescripción de la deuda, etc.
Teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, las referidas quejas han sido admitidas a trámite, efectuándose las correspondientes investigaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social, en cuyos informes, además de especificar las circunstancias concurrentes en cada caso, se señalan las resoluciones adoptadas en relación con la procedencia o no de la anulación total o parcial de las reclamaciones de deuda seguidas al efecto (9822283, 9906610, 9907748, 9908932, 0000210, 0006773, 0010371, 0014308 y 0020366).
En materia de recaudación hay que hacer mención a una queja en la que la interesada planteaba el embargo que se había practicado de un inmueble de su propiedad por parte de la dirección provincial de la Tesorería

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General de la Seguridad Social de Jaén, como consecuencia de los errores padecidos tanto por el Registro de la Propiedad como por la unidad de recaudación ejecutiva en la que se seguía dicho procedimiento en relación con los datos identificativos de la persona que realmente había contraído deudas con la Seguridad Social por descubiertos en la cotización. En el informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre dicha cuestión se señalaba que, efectivamente, se había producido error en la persona afectada, al ser coincidentes el nombre y apellidos, aunque a través de las investigaciones llevadas a cabo para el esclarecimiento de los hechos se había comprobado que el número de documento nacional de identidad y el domicilio eran distintos, lo cual había supuesto la subsanación de dicho error, dictándose nueva resolución para la cancelación del embargo que se le había practicado (0016271).
También se han tramitado algunas quejas en las que las personas interesadas mostraban su disconformidad con las resoluciones denegatorias dictadas por algunas direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de las solicitudes de devolución de cuotas de la Seguridad Social erróneamente ingresadas. Efectuadas las correspondientes actuaciones ante el mencionado servicio común se han resuelto favorablemente estas reclamaciones (9908076 y 9911791).
Sobre la misma cuestión se ha planteado en otra queja la posibilidad de abono por la repetida Tesorería General de la Seguridad Social de los intereses devengados por las cantidades que se habían retenido improcedentemente al interesado, pues como consecuencia de la reclamación formulada en tal sentido se le había contestado que no procedía dicho abono en las cuotas objeto de devolución, al no estar prevista tal situación en la normativa de la Seguridad Social, ni resultar de aplicación, supletoriamente, lo establecido en la Ley General Tributaria.
A la vista del criterio mantenido sobre el citado asunto, y teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria y 44.3 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, la citada queja fue admitida a trámite a efectos de aclarar si procede la exigencia del pago de intereses por parte de la Seguridad Social en las deudas contraidas por la misma. En los informes emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre dicha materia se han aclarado los supuestos en los que procede la exigencia de dicho pago, aunque en el caso concreto planteado no fuera procedente el abono de intereses al haber sido liquidada la deuda al solicitante en el plazo de tres meses (9714710).


8.3. Pensiones de jubilación

Como se ha puesto de manifiesto en algunos informes de años anteriores, en lo que se refiere a esta prestación hay que mencionar un número considerable de quejas, en las que los interesados, y en algunos casos asociaciones de pensionistas, exponen su disconformidad con la cuantía de la pensión que vienen percibiendo, como consecuencia de haber tenido que acceder a la misma, cumplida la edad de 60 años, por haber cesado en la prestación de servicios, habiéndose extinguido el contrato de trabajo por causa no imputable al propio trabajador. En dichas quejas se significa que los coeficientes reductores aplicados al porcentaje que les corresponde, en virtud de la totalidad de cotizaciones acreditadas, son excesivos, teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos dichas cotizaciones superan los 35 años, situación que se considera injusta, por lo que se debería modificar la normativa reguladora de esta materia en la línea ya marcada en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del Sistema de la Seguridad Social, en el sentido de que, en estos supuestos, la reducción del porcentaje sea menor, cuestión que esta Institución considera que debiera ser objeto del correspondiente estudio y tratamiento.


En relación con esta misma prestación también se han recibido numerosas quejas referidas a la disconformidad con las resoluciones denegatorias dictadas por las distintas direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en su mayoría por no tener cubierto el periodo mínimo de cotización exigido, o bien por desacuerdo con la determinación de sus importes, tanto en lo que se refiere al cálculo de la base reguladora como del porcentaje aplicable a la misma, posibilidad de acceder a jubilación anticipada, etc.
En este sentido, cabe resaltar la cuestión suscitada en dos quejas en las que los promotores exponían su desacuerdo con las resoluciones adoptadas por la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Córdoba, por las que se les denegaba la posibilidad de acceder a pensión de jubilación una vez cumplida la edad de 60 años, lo que resultaba contradictorio con las certificaciones que les habían sido expedidas con anterioridad en las que se hacía constar que reunían los requisitos para alcanzar derecho a la indicada pensión con dicha edad. Efectuadas las correspondientes actuaciones ante la entidad gestora, las citadas quejas se han resuelto favorablemente, al haberse procedido a dictar nuevas resoluciones con el reconocimiento del derecho a la pensión (9907725 y 0009788).
También han sido admitidas a trámite algunas quejas relacionadas con los efectos económicos dados a la pensión de jubilación, y otras en las que se solicitaba la revisión del expediente al no haber sido tenidas en cuenta determinadas cotizaciones efectuadas por la persona afectada. Una vez realizadas las investigaciones pertinentes dichas quejas se han resuelto favorablemente(9909603 y 9909916).


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8.4. Pensiones de incapacidad permanente

La mayor parte de las quejas formuladas en relación con esta prestación se refieren a las resoluciones denegatorias dictadas por las distintas direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando estiman que las lesiones padecidas por las personas interesadas no son constitutivas de incapacidad permanente en ninguno de sus grados, o no se ha producido agravación de las dolencias en los casos en que se solicita la revisión del grado anteriormente reconocido.
A este respecto, se pone de manifiesto en dichas quejas que los informes médicos de síntesis que sirven de base para la emisión del dictamen propuesto por el Equipo de Valoración de Incapacidades, junto con el informe de antecedentes profesionales, no son lo suficientemente completos al no efectuarse pruebas o exploraciones médicas al trabajador, recogiéndose solamente el historial aportado por el mismo, que en muchos casos no es suficiente para determinar la existencia o no de incapacidad permanente, todo lo cual supone que se produzca un número considerable de denegaciones de esta prestación.
En relación con esta prestación, cabe mencionar la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 7 de febrero de 2000, en virtud de recurso de casación para unificación de doctrina, en la que se estableció un nuevo criterio para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente, en el sentido de que si en el periodo tomado para dicho cálculo ha habido algún tiempo en el que no ha existido obligación de cotizar, como sucedía en el caso de la ya desaparecida prestación de invalidez provisional, las lagunas existentes no han de integrarse con bases mínimas, pues, a efectos de no perjudicar al trabajador, han de tomarse las bases de cotización anteriores al comienzo de la citada situación de invalidez provisional.


Con motivo de dicha sentencia, y en lo que se refiere a la posible revisión de oficio de los expedientes de incapacidad permanente que pudieran encontrase afectados por la mencionada resolución judicial, se formuló queja ante esta Institución, por lo que se solicitó el correspondiente informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En la contestación facilitada al respecto se daba cuenta de las distintas actuaciones que se habían efectuado con motivo de la sentencia, especificando las distintas medidas adoptadas en función de las variadas situaciones producidas.
Respecto a la revisión de oficio de las prestaciones ya reconocidas, el criterio era opuesto a la adopción de tal medida, teniendo en cuenta que no en todos los casos a los que pudiera afectar la repetida sentencia los interesados podrían resultar más beneficiados con la aplicación de la misma que con el criterio administrativo inicialmente adoptado, por lo que resultaba más conveniente que cada uno de los pensionistas formulara la pertinente solicitud para el estudio pormenorizado de cada caso (0013677).
También cabe señalar las investigaciones seguidas ante el ya repetido Instituto Nacional de la Seguridad Social como consecuencia de dos quejas, en las que sus promotoras exponían su desacuerdo con las resoluciones adoptadas por las direcciones provinciales de Madrid y Avila en los expedientes de revisión de la pensión de incapacidad permanente, que inicialmente les había sido denegada por no tener cubierto el periodo mínimo de cotización exigido en el momento de causar derecho a la misma al haber podido acreditar, transcurridos más de cinco años, otras cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social, con las que sí reunía dicho requisito.
Respecto de la resolución dictada por la primera de las direcciones provinciales señaladas, la disconformidad se basaba en los efectos económicos dados a la revisión del expediente, reconocidos con una anterioridad de tres meses previos a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. En el informe emitido al respecto por el Instituto se significaba que, de acuerdo con el criterio sentado para estos supuestos, los mencionados efectos deberían ser de cinco años, por lo que se habían dado las correspondientes instrucciones a la repetida dirección provincial para que dictara una nueva resolución en tal sentido.
Por su parte, la dirección provincial de Avila había dictado resolución denegatoria de la solicitud de revisión del expediente inicial, aunque la interesada había acreditado otras cotizaciones con las que sí reunía el periodo de carencia exigido. Dicha resolución consideraba que el derecho a solicitar la repetida revisión había prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde la primera petición. Admitida la queja a trámite, la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el informe emitido al respecto, especificaba las distintas actuaciones administrativas practicadas en el expediente y afirmaba que, en base a las facultades de revisión otorgadas a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en materia de prestaciones, cuando la resolución sea favorable al beneficiario, y los acuerdos anteriores no sean conformes a derecho, procedía dictar una nueva resolución, sin que existiera límite temporal para ello, reconociendo efectos económicos por el plazo de cinco años. En tal sentido, se habían dado las correspondientes instrucciones a la dirección provincial afectada al objeto de proceder a la revisión de la primera resolución adoptada (0007470 y 0013719).


8.4.1. Pensiones de supervivencia

De acuerdo con la legislación vigente, la pensión de orfandad absoluta se encuentra vinculada al derecho a percibir pensión de viudedad por el cónyuge supérstite.No obstante tal regulación debería ser objeto de cambio

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normativo, y en su caso remisión del mismo al Pacto de Toledo, toda vez que quedan fuera de la protección de estas contingencias ciertas familias, entre ellas las monoparentales.
Tal criterio no es compartido por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, como se indicó en el informe del año 1999, motivo por el cual se elevó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales esta cuestión.
Ese ministerio ha indicado que la complejidad específica que plantea el tema supone que su estudio no pueda realizarse de manera parcial y separada del conjunto de la regulación de la protección por muerte y supervivencia, en la que se halla integrada, y que por lo tanto únicamente cabría el tratamiento de la cuestión en la futura modificación del citado Pacto de Toledo.
Como se señalaba en el informe del pasado año, esta Institución no comparte el criterio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, considerando que debería plantearse el cambio normativo en el marco del Pacto, máxime cuando en este momento existe una pluralidad de tipos de familia que no se compadece con la familia tradicional existente en el momento de la regulación de la pensión de orfandad absoluta (9821507 y 9900716).
En otro orden de cosas, el artículo 21.1.c) de la vigente Orden de 13 de febrero de 1967, reguladora de las prestaciones de muerte y supervivencia del régimen general de la Seguridad Social, establece de manera expresa que la pensión de orfandad se extinguirá, entre otras causas, por adquirir el beneficiario estado matrimonial, pero contempla la posibilidad de que se mantenga dicha pensión cuando el perceptor de la misma contraiga matrimonio con una persona incapacitada.
Ello supone una discriminación, por cuanto no parece justificada dicha aplicación diferenciada, motivo por el cual se instó informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social; ese órgano no comparte el criterio del Defensor por estimar que factores reversibles, como la carencia de trabajo o medios de fortuna, no son equiparables a la concurrencia de una circunstancia presumiblemente insuperable, como es una discapacidad o minusvalía absoluta para todo trabajo de igual identidad que la padecida por el huérfano, por parte de su cónyuge y que le impida de manera previsiblemente definitiva atender la obligación de alimentos.
A la vista del informe recibido se dieron por finalizadas las actuaciones sin perjuicio de indicar que se dejaría constancia del criterio de esta Institución en el informe que se remitiese a las Cortes Generales (9910470, 0001210 y 0020992).


8.4.2. Prestaciones familiares

La situación en que pueden quedar los menores huérfanos de padre y madre a quienes no les queda derecho a pensión por no reunir los requisitos exigidos en la vigente Ley General de la Seguridad Social, motivó que esta Institución plantease la posibilidad de que se incrementase la cuantía de las prestaciones familiares por hijo a cargo, en caso de orfandad absoluta de los beneficiarios de la misma, tal como se especificó en el informe de 1999.
En el informe remitido por la Administración se expresa que, dentro del ámbito de las prestaciones familiares, el plan integral de apoyo a la familia, aún en fase de elaboración, tiene previsto abordar una mejora adicional de las asignaciones por hijo a cargo, previsiblemente en el sentido de incrementar el límite de ingresos de los progenitores para tener derecho a las mismas en los supuestos de hijos a cargo menores de 18 años no minusválidos, o de los propios hijos cuando éstos sean huérfanos absolutos, siendo necesario esperar a que concluya la redacción del citado documento para conocer el alcance y contenido de las propuestas específicas que se realicen en el área de las prestaciones familiares.
A la vista del informe recibido se dieron por concluidas las actuaciones, sin perjuicio de indicar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, habida cuenta de la diferencia de criterios entre dicho ministerio y esta Institución, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, se procedería a incluir en el informe anual la cuestión objeto de la queja (9823354, 9907563 y 9910891).
El artículo 183 de la vigente Ley General de la Seguridad Social establece que, a la prestación económica por hijo a cargo en su modalidad no contributiva, tendrán derecho quienes reúnan, entre otros requisitos, el de residir legalmente en territorio español.
Ello supone que en la tramitación del reconocimiento del derecho y, tal como exige el artículo 4 del Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, se determine el sujeto beneficiario. De acuerdo con tal precepto, en los casos de matrimonios entre español y extranjero no cabe duda de que únicamente ostenta el título de beneficiario el nacional español, pues tan sólo en él concurren las circunstancias precisadas en el citado artículo 183 de la Ley General de la Seguridad Social, sin que se pueda supeditar el derecho individual a la concurrencia de requisitos en el cónyuge extranjero.
En este sentido, se estimó caducada la solicitud de una prestación por hijo a cargo formulada por una española, al no acreditar que su marido, de nacionalidad extranjera, tenía permiso de residencia en vigor, concluyéndose las actuaciones una vez que se reconoció que es al español, con domicilio habitual en España, a quien corresponde el derecho, sin que pueda dar lugar a la caducidad de su prestación la falta de requisitos de su cónyuge, aunque conviva y comparta con él la patria potestad (9913025).


8.4.3. Prestaciones por desempleo

Por parte del Instituto Nacional de Empleo y a efectos de incumplimiento de la renovación de la demanda

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de empleo se viene exigiendo a los demandantes de empleo perceptores de prestación por desempleo la acreditación de la situación de incapacidad temporal mediante la aportación del parte de baja previsto en la normativa de la Seguridad Social, sin que sirva como justificante otro tipo de documento como puede ser el parte de consulta y hospitalización.
Considerando esta Institución, respecto a la necesidad de justificar la situación de enfermedad mediante el parte de baja previsto en la normativa de la Seguridad Social, que el mismo se expide a partir del cuarto día de enfermedad del trabajador y que entre los obligaciones de los desempleados no se indica la necesidad de aportar el parte de baja, toda vez que no existe ninguna normativa que lo apoye, y con fundamento además en la vigente Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regula la información administrativa y atención al ciudadano, se dirigió una recomendación al mencionado Instituto Nacional de Empleo.
En dicha recomendación se indicaba que, a efectos de acreditar la enfermedad, cuando la misma determine la imposibilidad de sellar la demanda de empleo en fecha, y siempre que dicha enfermedad sea inferior a cuatro días, se admita por ese Instituto la aportación del correspondiente parte de consulta u hospitalización, expedido por un facultativo del sistema nacional de salud, considerando dicho parte como justificante de la situación de enfermedad, según lo previsto en el artículo 30.1 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de infracciones y sanciones en el orden social.
Se añadía que, en todo caso, debe informarse a los desempleados de la obligación que les incumbe de aportar el parte de baja para justificar la enfermedad cuando ésta sea de duración igual o superior a cuatro días, incluyéndose tal información en la notificación del reconocimiento de las prestaciones o subsidios de desempleo o, alternativamente, por otro medio que permita el conocimiento de tal deber.
Al mismo tiempo que se formulaba dicha recomendación se dirigió sugerencia para que se valorase la conveniencia y oportunidad de revocar la suspensión de la prestación por desempleo durante un mes a la interesada por no renovar su demanda de empleo, admitiéndose como causa justificativa para la incomparecencia el parte de consulta u hospitalización expedido por el facultativo del Instituto Nacional de la Salud.
A tal respecto, por el instituto de empleo se señala que, en lo que respecta a la aportación del parte de consulta y hospitalización expedidos por facultativos del sistema nacional de la salud que acredita situaciones de enfermedad e imposibilitantes de la comparencia ante la entidad gestora, fechados con carácter previo al tiempo de incomparecencia, se admite como causa justificativa de la no renovación de la demanda de empleo, motivo por el cual se ha dado traslado de dicho criterio a todas las direcciones provinciales del INEM, aceptándose por tanto, la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo.
No obstante lo anterior, no se acepta el segundo punto de la recomendación en lo que se refiere a la necesidad de incluir entre las obligaciones de los desempleados la aportación del parte de baja, toda vez que consideran que la misma se recuerda a todos los trabajadores en el documento denominado comunicación sobre prestaciones por desempleo, en el que se especifica que cualquier situación que suponga variación de las prestaciones por desempleo como consecuencia de enfermedad, deberá comunicarse en su oficina de empleo.
Por último, y en cuanto a la sugerencia sobre la revocación de la resolución de suspensión de la prestación durante un mes impuesta a la interesada se manifestaba la procedencia de la actuación, no aceptándose la sugerencia formulada (9819723).
El Real Decreto 625/1995, de 2 de abril, de desarrollo de la Ley General de la Seguridad Social, prevé que serán beneficiarios del subsidio por desempleo las personas que hayan sido liberadas de prisión y que tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses.
El Instituto Nacional de Empleo aplica una interpretación restrictiva del concepto de excarcelado a los liberados de prisión por causas distintas al cumplimiento de condena o libertad provisional, lo que viene motivando la denegación de dicho subsidio.
Así, se realizaron actuaciones que finalizaron una vez revisado el criterio aplicado, a la luz del artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procediéndose a la revisión de oficio de la resolución denegatoria (9910171).
La legislación vigente reconoce la posibilidad de reducción de jornada por cuidado de hijo minusválido, aplicándose los correspondientes porcentajes de parcialidad a los salarios percibidos por los trabajadores que se acogen a tal derecho.
El Instituto Nacional de Empleo ha venido manteniendo que a la prestación por desempleo derivada de formalización de un contrato sujeto a reducción de jornada, le son aplicables las mismas normas que las establecidas para los contratos a tiempo parcial, con el reconocimiento de la prestación con idénticos porcentajes de parcialidad que los establecidos para el salario.
No conforme con tal interpretación, al estimar necesario el favorecimiento del cuidado de hijos minusválidos, esta Institución recabó el correspondiente informe de dicho instituto, el cual ha señalado que se reconocerán las prestaciones sin porcentaje de parcialidad alguno, en lo que respecta a fijar los topes de la cuantía de la prestación (9911967).


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8.4.4. Prestaciones no contributivas

La falta de notificación a los interesados de las resoluciones por las que se les da de baja en las pensiones no contributivas ha dado lugar a que los mismos no puedan formular las alegaciones que a su derecho pudieran corresponder, evitando, en su caso, los perjuicios que dicha baja pudiera causar.
El hecho de informar verbalmente a los interesados, cuando éstos se personan ante las dependencias administrativas correspondientes, no justifica la falta de comunicación de dichas resoluciones (9903961).
El artículo 102 de la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, establece, en el caso de prestación indebida de prestaciones, la concesión de un plazo de amortización no superior a veinticuatro meses.
A juicio de esta Institución, en los casos de cobros indebidos de prestaciones no contributivas, debería aplicarse un plazo superior, de forma similar al establecido en el Real Decreto 1506/2000, de 1 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 148/ 1996, de 5 de febrero.
En efecto, en tales supuestos de reintegro de prestaciones indebidas deberían comprobarse los ingresos que perciben los interesados, tal como ocurrió en un caso concreto en el que se autorizó el reintegro en treinta y siete plazos mensuales, una vez comprobados los ingresos de la interesada (9912464).


8.4.5. Prestaciones por maternidad

El Real Decreto-Ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social, no prevé una prestación específica para los casos de la adopción múltiple, sino tan sólo para los partos biológicos.
Esta Institución considera que el motivo de las prestaciones citadas es ayudar económicamente a las familias que ven incrementados sus gastos por el aumento del número de hijos.
Por tal motivo se solicitó informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el cual indicó que en el marco del desarrollo reglamentario del citado Real Decreto Ley se habían intentado incorporar las prestaciones correspondientes a la adopción, no siendo posible tal interpretación en virtud del preceptivo dictamen emitido por el Consejo de Estado, al estimar que el nacimiento del tercer hijo o parto múltiple no podía equipararse con la adopción.
En base a cuanto antecede, se ha considerado conveniente remitir una recomendación al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que se valore la conveniencia y necesidad de modificar la legalidad vigente, a través de norma con rango de ley, permitiéndose la concesión de las prestaciones por parto múltiple o tercer hijo en caso de adopción. En la fecha a que se contrae la redacción del presente informe no se había recibido contestación a esa recomendación (0006934).


8.4.6. Convenios bilaterales de Seguridad Social

En los sucesivos informes remitidos a las Cortes Generales se han puesto de manifiesto las dificultades observadas, tanto para la aprobación como para la puesta en práctica del convenio hispano-ruso de Seguridad Social.
Tales dificultades parece que han sido solventadas tras una reunión entre técnicos de España y la Federación de Rusia, en la que se han adoptado medidas tendentes a la aplicación del convenio, entre ellas, la aprobación de los correspondientes formularios de enlace, habiéndose remitido a todas las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, instrucciones a seguir como consecuencia de los citados acuerdos (9709376, 9710064, 9715299 y 9908368).


8.5. Revalorización de pensiones

Se formulan numerosas quejas sobre la insuficiencia de las pensiones percibidas, especialmente de aquéllas a las que corresponden las cuantías mínimas más reducidas, por lo que en muchas de ellas se hace hincapié en la necesidad de que los complementos por mínimos se establezcan con mayores incrementos, todo ello con la finalidad de atender las necesidades más esenciales de los pensionistas afectados, y mantener su poder adquisitivo.
En otras quejas, la cuestión suscitada por los pensionistas se refiere a las resoluciones por las que se les suprime o reduce el complemento por mínimos por estimar que superan los límites máximos de rentas establecidos al efecto, considerando los interesados que el cómputo de dichas rentas se ha efectuado erróneamente. Admitidas a trámite las citadas quejas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en las contestaciones facilitadas, además de detallar las distintas circunstancias concurrentes en cada caso y una vez hechas las comprobaciones de las deficiencias denunciadas ante las direcciones provinciales correspondientes, se ha procedido a subsanar los errores padecidos, fijando correctamente los importes de pensión, y practicando las liquidaciones correspondientes (9906588, 9910949, 9913118, 0005943, 00012424 y 0020731).
En esta misma línea cabe hacer referencia a la queja formulada por una persona minusválida a la que la Seguridad Social no le aplicaba la revalorización de la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (S.O.V.I.) de la que era beneficiario, al tener reconocido asimismo un subsidio por ayuda a tercera persona.
Recabado el correspondiente informe de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, este organismo manifestó que una vez realizadas las valoraciones y estudios técnicos oportunos habían estimado la conveniencia de

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propiciar la modificación del régimen de concurrencia entre las pensiones del S.O.V.I. y el subsidio por ayuda de tercera persona, en el sentido manifestado por esta Institución, es decir, en el de considerar que partiendo de la distinta finalidad de ambas prestaciones la concurrencia entre ambas pensiones tenga un tratamiento similar al dado al incremento del 50 por ciento de la prestación de invalidez, el cual no se computa a efectos del límite máximo de pensiones (9802753).


8.6. Aspectos procedimentales

Dentro de este apartado se reciben numerosas quejas en las que las personas interesadas plantean determinadas disfunciones y deficiencias en relación con los procedimientos seguidos ante distintos órganos de la Administración de la Seguridad Social. Entre ellas, las relativas a la falta de contestación de los escritos en los que se solicita información, bien relacionados con aspectos sobre inclusión en el campo de aplicación de la Seguridad Social, cotización y recaudación, reconocimiento del derecho a prestaciones, etc., o bien sobre errores en las informaciones verbales facilitadas.
Considerando que las citadas quejas reunían los requisitos para su admisión a trámite, se solicitaron los correspondientes informes de las entidades afectadas y, en la mayor parte de los casos, se ha procedido por parte de las mismas a subsanar las anomalías o deficienciaspadecidas (9902100, 9910242, 9911866, 0001363, 0002056, 0002093, 002268, 0004822 y 0005719).
En otra queja se exponía el retraso que se venía produciendo en las actuaciones llevadas a cabo por parte de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Pontevedra para hacer efectiva la capitalización del recargo del 30 por ciento sobre la pensión de incapacidad permanente total reconocida al trabajador, por falta de medidas de seguridad en la empresa donde venía prestando servicios. En la información facilitada se señalaba que el interesado ya venía percibiendo la pensión incrementada con el citado porcentaje y se hacían constar las cantidades que se le habían abonado en concepto de atrasos (0000146).
También se han formulado algunas quejas en relación con las actuaciones efectuadas por las distintas inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, en las que fundamentalmente se plantea su falta de intervención ante determinados hechos denunciados, carencia de información sobre el resultado de las denuncias o disconformidad con las actas levantadas. Teniendo en cuenta el fundamento en que se basan algunas de dichas quejas, se ha procedido a su admisión a trámite ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, a la vista de los informes emitidos, se han dado por finalizadas las investigaciones seguidas al efecto al haberse adoptado las medidas pertinentes para subsanar las deficiencias padecidas o por entender procedentes dichas actuaciones (0004598 y 0008447).
Otros ciudadanos han planteado en sus quejas su desacuerdo con la decisión adoptada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de no resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos ante esa dirección general en relación con las resoluciones adoptadas, en materia de cotización, por el Fondo Especial constituido en la citada Entidad.
En relación con la cuestión objeto de las quejas, se solicitaron los preceptivos informes del citado instituto, en cuya contestación, tras exponer los hechos y actuaciones administrativas practicadas al efecto, se concluía que los recursos extraordinarios de revisión interpuestos no podían considerarse como tales por no darse los presupuestos de hecho necesarios, y por no estar comprendidos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Como consecuencia de nuevos escritos de alegaciones de los promotores de las quejas se solicitó otro informe a la citada dirección general, al no haberse dictado resolución expresa en los recursos planteados, exigencia establecida en el artículo 42 de la indicada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello con la finalidad de dejar abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso- administrativa y de dar cumplimiento al principio constitucional de tutela efectiva, al imponerse tal obligación tanto cuando se entra a conocer el fondo del asunto como cuando, no entrando en él, se resuelve declararlo inadmisible, criterio que finalmente ha sido adoptado, procediéndose a dictar las resoluciones correspondientes (9907503, 9907504, 9908021 y 9908223).
Al igual que en años anteriores, siguen formulándose quejas sobre retrasos excesivos en los trámites y resoluciones de expedientes de pensiones al amparo de convenios internacionales en materia de seguridad social. Aunque las citadas quejas son admitidas a trámite ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por si la tardanza pudiera afectar a las direcciones provinciales del mismo, se ha comprobado, en función de las contestaciones facilitadas, que dichas demoras se deben básicamente a que en los organismos de enlace extranjeros se demora mucho tiempo la cumplimentación de los formularios de enlace establecidos al efecto y, en algunos casos, no se diligencian, todo lo cual imposibilita a la entidad española para que pueda dictar resolución definitiva en los expedientes incoados al efecto (9908458, 9908975, 9911453, 9912088, 9912533, 9913322 y 0004269).
De conformidad con el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones, sin

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que se le pueda negar el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionado con la finalidad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de la reserva a la que alude el artículo 22.
Hasta tal punto la legislación ordinaria concede singular relieve a la facultad investigadora del Defensor del Pueblo, que la citada Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, establece un régimen de responsabilidades de las autoridades y funcionarios en relación con las actuaciones investigadoras del Defensor del Pueblo, entre las que se encuentra la elaboración de un informe especial y su inclusión destacada en la correspondiente sección del informe anual a las Cortes Generales, cuando exista persistencia en una actitud entorpecedora de la labor investigadora de aquel.
Igualmente, el propio Código Penal, en su artículo 502.2, tipifica como delitos contra las instituciones del Estado los de obstaculización por autoridad o funcionario de la investigación del Defensor del Pueblo.
En base a cuanto antecede se consideró oportuno remitir a la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales de la Junta de Galicia recordatorio del deber de auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones, y de facilitar a esta Institución la documentación que se solicite, sin restricciones o limitaciones que puedan obstaculizar un mejor esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.
Tal recordatorio tiene su fundamento en el informe emitido por dicha consejería en el que se indica que no es competencia del Defensor del Pueblo entrar en la valoración que la Administración haga de las pruebas practicadas en los expedientes, toda vez que para ello están previstos los recursos oportunos (9910337).
Se ha podido constatar que por parte de la Administración se aplica una rigurosidad excesiva en la petición de documentación a los interesados, y más concretamente a aquéllos que solicitan la documentación obrante en su expediente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En efecto, por parte de la Dirección Provincial del Instituto Provincial de la Seguridad Social en Granada se exigía a los interesados fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, a pesar de que este documento fuera presentado en el momento de la solicitud de los datos obrantes en su expediente, finalizándose las actuaciones una vez que por parte de la citada dirección provincial se remitió la copia de la documentación solicitada, una vez cotejada la firma de los interesados con la obrante en el referido expediente (0001820, 0019483).
La autorización de modelos por parte de la Administración que no se ajustan a la legalidad vigente puede dar lugar a que la información facilitada induzca a confusión a los interesados, por lo que por parte de las administraciones públicas debería extremarse el cuidado en la utilización de dichos modelos.
Así pudo comprobarse que el Instituto Nacional de Empleo, a efectos de solicitud del subsidio para emigrantes retornados, exigía certificación del Instituto Español de Inmigración, aún cuando este organismo había desaparecido y sus funciones son realizadas en la actualidad por las direcciones de áreas de trabajo y asuntos sociales de las delegaciones del gobierno.
Una vez detectado el error se puso en conocimiento del citado instituto, el cual indicó que los impresos mencionados habían sido actualizados y se habían dado instrucciones a las oficinas de empleo para que se utilizasen exclusivamente los citados impresos en vigor (0000066).
En igual sentido se pudo comprobar que el modelo de notificación de revalorización anual referido a los pensionistas de accidente de trabajo y enfermedad profesional no recogía el importe de las pagas extras, toda vez que tan sólo se abonan doce mensualidades. Una vez solicitado el informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se indica que en la notificación de revalorización para el año 2000 se había incorporado una mención expresa a las peculiaridades de dichas pensiones, especificando que las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional se abonan sólo en doce pagas (9909020).
El Defensor del Pueblo se encuentra especialmente vinculado a la figura del silencio administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 17.2, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, cuando afirma que en cualquier caso velará porque la Administración resuelva expresamente en tiempo y forma las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
En este sentido sigue siendo frecuente que por parte de las distintas administraciones públicas no se dé contestación a los escritos, remitidos por los ciudadanos, relativos a prestaciones de la Seguridad Social, lo que ha motivado distintas actuaciones, que han finalizado con la contestación a los referidos escritos (9823698, 9903664, 9905740, 9910726, 9912995, 9913023, 0008012, 0014936, 0020214, 0022630).


8.7. Abono de prestaciones

Son escasas las quejas que se reciben en esta materia, aunque se han realizado actuaciones ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con el retraso en el abono de alguna mensualidad de pensión, y también para subrayar la necesidad de que las prestaciones por maternidad se abonen con una mayor celeridad. En los informes emitidos al respecto por la citada entidad se aclaran las dificultades que han surgido en cada caso, así como las medidas adoptadas para paliar dichos retrasos (0000899 y 0004510).
Mención especial hay que hacer de una queja, en la que la interesada exponía su disconformidad con las

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contestaciones dadas por las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid en relación con la exigencia del reintegro de cantidades abonadas en cuenta por la entidad financiera a través de la cual se abonaba la pensión a su fallecido esposo, al haber sido ingresadas varias mensualidades de pensión con posterioridad a su fallecimiento, acaecido hace bastantes años.
Tras diversas actuaciones ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, la cuestión objeto de la queja finalmente ha quedado resuelta favorablemente, al haberse modificado el criterio administrativo mantenido al respecto en base a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en la sentencia de 3 de marzo de 2000, por considerarse prescrita la retrocesión de la cantidad reclamada por la entidad pagadora (9912210).
Igualmente se han seguido investigaciones ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con el reintegro de gastos solicitado por el titular del derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social española, como consecuencia de la necesidad de atención sanitaria urgente en su desplazamiento a Francia, estando provisto de los formularios establecidos para esta prestación en los reglamentos de la Unión Europea en materia de Seguridad Social. En el informe emitido por el citado instituto se señalaba que no existía constancia de solicitud alguna de reintegro de gastos de la asistencia sanitaria por parte del interesado, por lo que una vez recibida la misma, acompañada de los documentos justificativos de los gastos ocasionados, se realizarían las gestiones procedentes ante el organismo de la Seguridad Social francesa competente, al objeto de determinar la procedencia o no del reembolso de la cantidad correspondiente (0006649).
Se han planteado otras quejas de pensionistas españoles de la Seguridad Social en el extranjero, en las que se reclamaba la falta de abono de alguna mensualidad de pensión. Solicitados los preceptivos informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social han quedado resueltas las deficiencias denunciadas por los interesados con el abono de las prestaciones dejadas de percibir (9509167, 9904393 y 9910832).


9. ADMINISTRACIÓN LABORAL

9.1. Formación profesional

El Real Decreto 797/1995, de 19 de marzo, determinó la necesidad de coordinar los dos sistemas de formación profesionales existentes en nuestro país, el de la formación profesional reglada y el de formación profesional ocupacional, mediante las oportunas correspondencias y convalidaciones. Ello, no obstante, se ha podido comprobar que existe una descoordinación en cuanto a la convalidación del certificado de profesionalidad de «prevencionista de riesgos laborales».
En efecto, la Orden de 27 de junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establece un procedimiento específico para que las entidades, públicas o privadas, puedan impartir y certificar la formación en materia preventiva, especificada en los anexos V y VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, incluyendo dicho procedimiento una solicitud por parte de los centros de formación que deberá presentarse y autorizarse por la autoridad laboral competente del lugar donde se pretende desarrollar la actividad formativa.
El problema surge al no haber previsto la citada Orden Ministerial que los centros homologados por el Instituto Nacional de Empleo recibiesen de forma automática la autorización que regula dicha orden, dado que cumplen por entero los requisitos exigidos. Ello supone que los alumnos de ese instituto que terminan con aprovechamiento los cursos no puedan incorporarse al mercado de trabajo, al no inscribirse en el registro de profesionales certificados.
Por tal motivo esta Institución solicitó el preceptivo informe de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, contestando el citado organismo que existe un proyecto de nuevo Real Decreto que sustituirá al citado Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, así como una orden de desarrollo que tratará de solucionar los problemas anteriormente descritos. Dicho proyecto ha sido sometido a consulta por parte de las comunidades autónomas y está siendo estudiado por los interlocutores sociales y el Ministerio de Educación, encontrándose a expensas de su aprobación por el Consejo General de Formación Profesional.
Dado que parece haber entrado en vía de solución el problema de la falta de homologación de los certificados de profesionalidad de los citados cursos de prevencionistas de riesgos laborales, se han suspendido las actuaciones sin perjuicio del seguimiento que se realice para dar solución a la problemática planteada (9912154 y 0008573).
En otro orden de cosas se ha podido detectar que el traspaso de competencias de la Administración central a la Administración autonómica ha originado problemas a los desempleados que venían realizando cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional.
Así, con motivo de las transferencias de la formación ocupacional a la Comunidad de Madrid se planteó la falta de abono de las ayudas de transporte y manutención a los alumnos no residentes en esta comunidad, finalizando las actuaciones una vez que, por parte de la Dirección General de Empleo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo de dicha Comunidad, se informa que se ha tramitado el pago de las ayudas a la totalidad de los alumnos que han presentado documentación acreditativa del derecho (9909286).
Aún cuando se suprimió en su día el pago de becas a los participantes en cursos de formación e inserción

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profesional, en la actualidad existen planes específicos en los que se mantiene el abono de dichas becas, habiéndose observado que, en ocasiones, se producen retrasos en ese abono, lo que origina perjuicios a los participantes en dichos cursos.
En este sentido, se constató el retraso en pagar dos mensualidades a los becarios del Plan Finnova, indicando la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid que se debía a la fiscalización previa que ha de ejercer la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a que los pagos se efectúan por la Tesorería Central de dicha comunidad, añadiendo que se había contabilizado una cuenta extrapresupuestaria de la agencia para el empleo, a fin de que se realizasen los citados pagos (0014383).
Por último puede destacarse que sigue siendo habitual la falta de contestación a los escritos dirigidos por los participantes en cursos de formación a las distintas administraciones públicas, debiendo reseñarse que tras la tramitación de una queja por esta Institución se ha dado contestación a todos los escritos presentados (9908440, 9910264 y 0009832).


9.2. Colocación y empleo

9.2.1. Oficinas de empleo

Según se viene señalando en los distintos informes remitidos a las Cortes Generales, la información facilitada a los ciudadanos por las oficinas de empleo puede ocasionar perjuicios a los interesados cuando se producen deficiencias en dicha información.
En efecto, ha podido constatarse que una ciudadana se inscribió en una provincia concreta ante la creencia equivocada de que para encontrar trabajo en dicha ciudad solamente podía hacerlo si su oficina de registro se encontraba en la misma localidad.
En la información recibida del Instituto Nacional de Empleo se especifica que, en la actualidad, el sistema informático común permite que los demandantes soliciten empleo en localidad distinta a la de su inscripción, así como renovar la demanda de empleo en una oficina distinta a la de su inscripción. Ello supone que la red de oficinas públicas de empleo ofrece la posibilidad de que el demandante se inscriba en una ciudad y solicite trabajo o mejora de empleo en otra distinta y se le pueda atender sin necesidad de desplazamiento, brindándose tal posibilidad también en otros ámbitos como el de la Unión Europea (0022434).
Como es bien conocido el artículo 14 de la Constitución española prohibe la discriminación por las circunstancias personales o sociales de los ciudadanos, regulándose en el marco laboral, y más concretamente en el artículo 17 del vigente Estatuto de los Trabajadores, la discriminación por razón de edad.
En este sentido, se ha podido comprobar que siguen existiendo ofertas de empleo entre cuyos requisitos se exige que el trabajador tenga una edad comprendida entre distintos tramos, lo que puede suponer una discriminación para los trabajadores que no acrediten tal edad.
Tramitadas varias quejas en las que se mencionaba la existencia de ofertas de trabajo discriminatorias por razón de edad, el Instituto Nacional de Empleo ha indicado que las oficinas de empleo han recibido las oportunas instrucciones para no dar publicidad a aquellas ofertas que, por su contenido, puedan contener un trato discriminatorio por razón de la edad (9801443, 9819354 y 9904101).


9.2.2. Permiso de trabajo a extranjeros

Como se hizo constar en el informe remitido a las Cortes Generales en el año 1999, se ha podido constatar que persiste la tardanza en la resolución de los permisos de trabajo a extranjeros y más concretamente en la Dirección de Área de Trabajo y Asuntos Sociales, dependiente de la Delegación del Gobierno en Madrid. Por tal motivo se solicitaron informes de la misma, así como de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, informando los citados organismos que se habían adoptado una serie de medidas para agilizar la resolución de los expedientes y, en concreto, para evitar las aglomeraciones que se registraban en las dependencias administrativas correspondientes de Madrid.
No obstante el informe recibido, esta Institución señaló la necesidad de dotar de personal permanente a la citada Área de Trabajo y Asuntos Sociales, recabando además un informe complementario en el que se hiciese constar en qué momento se iban a habilitar los nuevos locales a los que se refería el primer informe remitido.
Por parte de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas se indicó que el número de dotaciones de personal ha pasado de 36 puestos, en el momento de la integración del Área en la Delegación del Gobierno en Madrid, a los 78 actualmente existentes, añadiéndose, en lo que se refiere a los locales que se van a habilitar, que se encuentran en fase de reforma tanto los situados en el centro de la capital como los de Alcobendas y Leganés.
Por lo que afecta a las medidas adoptadas para paliar la situación de espera por parte de los extranjeros que acuden a tramitar sus solicitudes, se ha establecido un sistema de cita telefónica previa para la tramitación de las solicitudes de permiso de trabajo y residencia ordinarios, que funciona desde el 10 de abril de 2000 con un rendimiento satisfactorio, como lo demuestra el hecho de que desde su puesta en funcionamiento hasta el 31 de agosto de 2000 se han contestado 45.866 llamadas telefónicas, habiéndose suministrado 11.105 informaciones de carácter general y 30.914 citas para

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la tramitación de solicitudes de permiso de trabajo y residencia.
A juicio de dicha subsecretaría, esas cifras evitan las habituales y multitudinarias aglomeraciones en Madrid, a la vez que se ha podido programar con mayor eficiencia la actividad diaria del personal del área (F9900008, 9900801, 9901062, 9911255 y 0019830).
Así, y en relación con la demora en resolver los permisos de trabajo, han sido numerosas las quejas en las que se demuestra la disconformidad de los ciudadanos extranjeros con dicha tardanza, motivo por el cual se ha solicitado informe de la Delegación del Gobierno correspondiente, habiéndose concluido favorablemente las actuaciones al resolverse las solicitudes presentadas (9823266, 9905075, 9905910, 9911032, 9912891, 0000532, 0000603, 0000609, 0000755, 0002173, 0002214, 0005044, 0012486, 0016293 y 0017249).
La tardanza en resolver las solicitudes de permisos de trabajo ha dado lugar a que por parte de los ciudadanos extranjeros, o de sus representantes legales, se recabe reiteradamente información ante los órganos administrativos competentes sobre el estado de tramitación de las referidas solicitudes. En este sentido, ha podido comprobarse que, en ocasiones, la información proporcionada así como la atención dispensada no se compadecen con el principio de eficacia consagrado en la Constitución española en su artículo 103.1.
Así, la disconformidad manifestada por los letrados que tienen conferida la representación de los inmigrantes, en relación con la atención e información proporcionada a los propios inmigrantes y a dichos letrados por parte de la Dirección del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de Huelva, motivó que se iniciaran actuaciones ante dicho organismo, que dieron lugar a que se mantuviese una entrevista entre la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y representantes de la citada dirección de área, en la que se expusieron los hechos y las medidas tendentes a solucionar el problema detectado (9913243).
En el mismo orden de cosas, y en lo que afecta a la repetida demora en resolver las solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros, en aquellos casos en que las empresas necesitan los servicios inmediatos de los trabajadores, la misma puede causar perjuicios no sólo a los solicitantes sino también a las empresas que instan dichos permisos.
Por tal motivo se dirigió escrito a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, manifestando dicho organismo que en aquellos casos en que los trabajos tienen una duración limitada la tramitación es más ágil, ya que se habían dictado por la citada Dirección General de Ordenación de las Migraciones, en fecha 15 de diciembre de 1999, instrucciones dirigidas a facilitar la tramitación de los permisos de temporada para trabajadores extranjeros residentes en el exterior (9901377).
Los permisos de trabajo pueden ser solicitados, bien ante el registro general de la correspondiente dirección provincial de trabajo, seguridad social y asuntos sociales, o bien por el sistema de citas al que se ha hecho referencia anteriormente.
En este sentido, compareció un colectivo de abogados especializados en derecho de extranjería manifestando su desacuerdo con la actuación de la Subdirección General de Inmigración y Migraciones Interiores, dado que no se respetaban las fechas de entrada de los expedientes correspondientes al contingente de 1999, presentados en el registro general de la correspondiente dirección provincial de trabajo, seguridad social y asuntos sociales, concediéndose prioridad a los expedientes tramitados por el sistema de citas, aún cuando dichas solicitudes fuesen posteriores a las presentadas en el registro general.
Recibido el informe solicitado de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones se dieron por concluidas las actuaciones, dado que, según se desprende de dicho informe, están llevándose a cabo reuniones con el aula de inmigración del colegio de abogados a fin de buscar soluciones a la tramitación de las solicitudes de permiso, dándose un tratamiento igual a todas las presentadas con independencia de la forma en que se entreguen, buscándose igualmente un sistema en el que la fecha de presentación sea menos relevante (9903811).


9.3. Seguridad y salud en el trabajo

En lo que se refiere a las deficiencias que pueden producirse en las condiciones de protección contra incendios, evacuación y seguridad en edificios públicos, en anteriores informes se ha venido dando cuenta de la recomendación efectuada por esta Institución para la adopción de medidas de mejoras de dichas deficiencias en los edificios judiciales de Sevilla.
Dicha recomendación ha sido finalmente aceptada indicándose cuáles son las medidas adoptadas tanto en los edificios de los juzgados como en el edificio de la Audiencia Provincial (9312328).
Esta Institución se muestra especialmente sensible en lo que respecta al aumento del número de accidentes laborales, tal como puso de manifiesto en su informe remitido a las Cortes Generales en 1997, lo que dio lugar a distintas actuaciones ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las que se dejó constancia en el citado informe.
En el año a que se contrae el presente informe han sido numerosas las noticias aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre el aumento de la siniestralidad laboral, por lo que se consideró oportuno iniciar expediente de oficio, solicitándose informe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la materia, así como sobre las medidas de aplicación de la normativa de la Ley de

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Prevención de Riesgos Laborales y normas dictadas en su desarrollo.
Del informe emitido se deduce, con carácter general, que la ejecución de la legislación laboral está conferida a las comunidades autónomas, a las que corresponde la esfera de la acción pública. Por otra parte, se añade que los destinatarios de la normativa de aplicación y los más significativos agentes preventivos son los empleadores y los trabajadores en el seno de la empresa, advirtiéndose notables insuficiencias en esta cuestión.
No obstante lo anterior, las medidas acordadas por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales han conseguido mejorar sensiblemente los niveles de seguridad laboral, aún cuando no reducir las tasas de siniestralidad.
En lo que respecta a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se aprecia un notable avance de los resultados inspectores, de los que se extraen entre otras las siguientes conclusiones:

- Aumenta la calidad de la acción inspectora en la materia preventiva con aumento del número de trabajadores afectados por las actas en un 250,9 por ciento y el número de paralización de labores y trabajos en un 246,2 por ciento.
- Crecen los demás indicadores, produciéndose una elevación en las infracciones recogidas en actas, número de actas de infracción, informes y recargos en prestaciones por falta de medidas de seguridad.
- Incremento de 15,1 por ciento del número de siniestros laborales investigados.
- Aumento de las acciones inspectoras de información y de advertencia ante empresas y trabajadores, con potenciación de la información para impulsar el cumplimiento preventivo en el ámbito de las empresas y trabajadores.
- Los incrementos en los resultados de la acción inspectora son superiores a los de la tasa de siniestralidad laboral.
- El número de accidentes de trabajo ha crecido en términos absolutos, con tasa de accidentalidad del 74,1 accidentes por 1000 trabajadores en 1999.
- Se ha centrado la prioridad en atención inspectora en la materia en el sector de la construcción.


En el informe se indica que se ha producido un aumento de la siniestralidad con respecto a 1998, aún cuando dicho incremento se refiere a los accidentes leves, descendiendo los accidentes mortales, según los datos estadísticos sobre la siniestralidad en los distintos sectores laborales.
En cuanto a las medidas acordadas destinadas a la prevención de los accidentes laborales, son las adoptadas fundamentalmente por la citada Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, potenciándose la acción coordinadora entre instituciones y organismos, así como las distintas campañas de sensibilización llevadas a cabo.
Por otra parte, se informa que en términos generales se evidencia, entre 1993 y 1999, una mejoría en las condiciones de trabajo y un incremento en la actividad preventiva, por lo que se estima que está resultando favorable la implantación de la ley de prevención de riesgos laborales.
Por último, en cuanto a los motivos que producen la siniestralidad, se aduce que la misma viene motivada por el incremento de la población afiliada, el aumento de la carga de trabajo por crecimiento económico y el aumento de la contratación temporal y rotación en el trabajo, señalándose finalmente que las medidas preventivas adoptadas para reducir los índices de siniestralidad consisten fundamentalmente en la modernización del marco legislativo, el desarrollo de un tejido preventivo en el Estado y la empresa y el desarrollo de una conciencia y cultura preventiva en la sociedad española.
Por todo lo expuesto se consideró procedente el cierre de las actuaciones, sin perjuicio del seguimiento que seguirá efectuándose sobre esta cuestión. (F0000031 y F0000128).


9.4. Otros aspectos relativos a la Administración laboral

Los artículos 35, 41 y 43 de la Constitución española establecen respectivamente el derecho al trabajo y a la promoción a través del mismo, el derecho a la Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y el derecho a la protección de la salud a través de medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios para ello.
Dichos artículos han de ponerse en relación con el vigente artículo 54.2.f) del Estatuto de los Trabajadores, según su redacción actual por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en el que se establecen como causas de despido disciplinario la embriaguez habitual y la toxicomanía.
En efecto, tales causas deben tener la consideración de enfermedad y, en todo caso, pueden tener acogida como causas justificativas de despido los contenidos en las letras a) y e) del citado artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se establece como incumplimiento contractual las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o impuntualidad al trabajo y la indisciplina o desobediencia en el trabajo.
Por tal motivo, y al poderse considerar discriminatorio para los trabajadores afectados por dichas enfermedades el citado artículo 54, se instó de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informe sobre la conveniencia de derogar el citado artículo del Estatuto de los Trabajadores.
Esa secretaría general ha manifestado que, en fecha 2 de octubre, el Grupo Parlamentario Popular en el

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Congreso ha presentado una proposición de ley de derogación del citado artículo, la cual ha sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Se añade que la proposición de ley se encuentra actualmente en tramitación, habiéndose emitido por parte de la Secretaría General de Empleo un criterio favorable a su aprobación, por lo que se concluyeron las actuaciones al hallarse en vías de solución el asunto sometido a consideración (0014937).
En aquellas ocasiones en que las administraciones públicas actúan con sujeción al derecho privado y no al derecho administrativo, se ha podido comprobar que existe falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos suscritos con particulares.
En lo que respecta a la falta de pago a particulares por parte de distintos órganos administrativos pudo constatarse la falta de abono de las cuotas en concepto de mantenimiento y derrama extraordinaria para acondicionamiento de una urbanización alquilada a la entonces Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Tarragona, por lo que se instó informe de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales finalizándose al iniciarse la correspondiente orden de pago (9600917).
En igual sentido se tramitó una queja al Instituto Social de la Marina por falta de pago de la factura de la instalación del gas butano en la Casa del mar de Santa Cruz de Tenerife, culminándose con el abono de la factura en cuestión (0001596).
Como se puso de manifiesto en el informe del pasado año 1999, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantenía el criterio de no dar contestación a las denuncias presentadas por los ciudadanos, al considerar que los mismos no tienen la consideración de interesados.
Planteada la citada cuestión con carácter general, la dirección general de la inspección admitió el criterio mantenido por esta Institución en cuanto a la necesidad de dar contestación a las citadas denuncias, informando del inicio o no de actuación inspectora.
No obstante lo anterior, se ha podido comprobar que sigue siendo habitual la falta de contestación a las denuncias planteadas, por lo que se ha instando el preceptivo informe, finalizándose las actuaciones una vez que por parte de las correspondientes inspecciones de trabajo y seguridad social se ha informado a los ciudadanos del inicio, o no, de la actuación inspectora (9823211 y 9913281).


10. HACIENDA PÚBLICA

10.1. Tributos estatales

10.1.1. Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 79.3 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece un límite distinto al general y fija la obligación de presentar declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas en 1.250.000 pesetas brutas anuales, en los casos en que se perciban rendimientos del trabajo de más de un pagador, lo que ha dado lugar a que muchos ciudadanos considerasen este hecho discriminatorio, estimando además que la campaña de difusión del nuevo impuesto no aclaró este extremo.
En estos casos se informa que la causa del mencionado límite obedece al hecho de no soportar retenciones, o a que éstas sean relativamente reducidas, por lo que si no se minora el límite general de 3.500.000 pesetas podrían producirse significativas desigualdades, a lo que hay que añadir la pérdida de información que supondría para la Hacienda pública la falta de declaración de estas cuantías que, además, podrían resultar exentas de pago a cuenta.
No obstante, cuando las retribuciones proceden del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Empleo, organismos dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se podría considerar que provienen del mismo pagador. Sin embargo, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria interpreta, por una parte, que se trata de organismos públicos distintos con personalidad jurídica pública diferenciada y autonomía de gestión, por lo que calculan las retenciones de forma separada y, por otra, que el fundamento del artículo 79.3 radica en que cuando se perciben rendimientos de dos o más pagadores, cada uno aplica el régimen de retención independientemente, por lo que el perceptor soportará respecto de cada retribución una retención inferior a la que le correspondería si fueran satisfechas por un único pagador que calculase la retención sobre el total acumulado de las mismas. En consecuencia, si un perceptor de rentas superiores a 1.250.000 pesetas quedase exonerado de la obligación de declarar, se le estaría proporcionando un trato más favorable que a aquellos perceptores de idéntico nivel de renta que hubieran percibido rendimientos de un único pagador (0020684, 0005927 y otras).
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social suaviza la cuestión al modificar el artículo 79 de forma que, aunque el límite fijado para la obligación de declarar de los contribuyentes que perciban rendimientos del trabajo de más de un pagador se establece en 1.300.000 pesetas, si la suma de cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superan en su conjunto la cantidad de 100.000 pesetas brutas anuales, el límite será de 3.500.000 pesetas brutas anuales.
Una vez más, la necesidad de introducir un mecanismo de control que permita conocer si el error en la confección de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas proviene del ciudadano odel personal del Servicio de Asistencia de la Agencia

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Tributaria, denominado PADRE, ha vuelto a centrar los esfuerzos de esta Institución para garantizar la seguridad jurídica que debe presidir las relaciones con la Administración tributaria.
En este sentido, se considera básico que se atiendan las recomendaciones realizadas sobre la mejora del Servicio Asistencia Tributaria, y que, a través de un impreso que refleje los datos y documentos aportados por los ciudadanos para la confección de la liquidación que se les entrega, sellado una vez concluida, se solvente el problema planteado enlazando la documentación con la liquidación obtenida. La Secretaría de Estado de Hacienda no acepta este tipo de medidas alegando que afectarían a la agilidad en la prestación del servicio y, además, implicarían un cierto traslado de la responsabilidad tributaria del contribuyente, consistente en declarar, hacia la Administración tributaria (F0000024).
El mencionado servicio resulta aún insuficiente pues no se realizan declaraciones ordinarias cuando generan una ganancia o una pérdida patrimonial. La Agencia Tributaria estima, que dentro de las limitaciones existentes, este servicio se ha ido ampliando a lo largo del tiempo pasando de un servicio restringido a las declaraciones simplificadas a dar cobertura a determinados supuestos de ordinaria, de forma que se trata de atender los casos que se presentan con mayor frecuencia, lográndose de este modo prestar servicio a un colectivo de contribuyentes que representa el ochenta por ciento del total de declarantes. No obstante, hay que insistir en la necesidad de que se mejore el servicio de ayuda PADRE para que a través del mismo se puedan confeccionar las declaraciones al cien por cien de los contribuyentes que acudan a él, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que reconoce el derecho de los ciudadanos a ser asistidos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (0010547).
El nuevo cálculo del sistema de retenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a contribuyentes separados, solteros, viudos o con cónyuge que no obtenga rentas, ha dado lugar a la disconformidad de los ciudadanos que no entienden por qué únicamente pueden aplicar el cincuenta por cien del mínimo familiar por descendientes, cuando para la práctica de la declaración se tiene en cuenta el cien por cien desvirtuándose así la finalidad que preside este nuevo sistema de acercar lo más posible las retenciones al resultado de la liquidación.
Si bien el propio Consejo para la Defensa del Contribuyente elevó una propuesta a la Secretaría de Estado de Hacienda, en orden a la conveniencia de modificar el sistema de determinación de la base sobre la que se calcula el tipo de retención, a fin de que se tuvieran en cuenta los mínimos exentos del cónyuge y de la totalidad de los descendientes, ha sido el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2000, el que ha anulado diversos aspectos del procedimiento de cálculo de las retenciones, entre los que se encuentra el debatido.
El Real Decreto 1732/2000, de 20 de octubre, que modifica el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas en materia de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo permite que el contribuyente aplique la totalidad del mínimo familiar por descendientes cuando tenga derecho a ello de forma exclusiva (0014371).
Por otra parte, la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Jerez de la Frontera se negó a anular una liquidación paralela del ejercicio 1995 por encontrase recurrida ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía a pesar de que el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permite la revocación administrativa de los actos no declarativos de derecho o de gravamen. Esta liquidación se basaba en un supuesto de hecho erróneo, que el interesado se encontraba en situación de invalidez permanente total declarada en virtud de sentencia del Juzgado de lo Social número dos de Cádiz (9911097).
Igualmente, la negativa de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Reus a dictar resolución expresa en el recurso de reposición formulado por un ciudadano contra la liquidación paralela girada por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que traía causa en la anulación por parte del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de otra liquidación paralela girada por el mismo impuesto y ejercicio, ha dado lugar a que se le sugiriera que diera respuesta expresa a dicho recurso. La Administración se basaba en que la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña estaba recurrida en vía contencioso-administrativa. El propio Servicio Jurídico del Estado entendía que al estar recurrida la cuestión central referente al tipo de tributación de los miembros de la unidad familiar, origen de los actos administrativos de ejecución y liquidación provisional, no procedía que se dictara resolución expresa.
Con esa posición la Administración obviaba lo dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, que reglamenta el recurso de reposición y que obliga a resolver expresamente, y la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 1989, que declara que no cabe argüir la denegación presunta, pues el silencio administrativo faculta al recurrente para poder interpretar ese silencio como desestimación a efectos de interponer el recurso procedente, pero sin que ello implique la exoneración de la obligación de dictar resolución expresa. La sugerencia fue aceptada y se dictó el oportuno acuerdo (9910972).
No se comparte el criterio que mantiene la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributariade Barcelona respecto a la fecha en que debe presentarse

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declaración complementaria para imputar unos atrasos. El artículo 14.7 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, que aprueba el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, dispone que dicha declaración deberá presentarse en el plazo que media entre la fecha en que se perciban los atrasos y el final del siguiente plazo de presentación de declaraciones por el impuesto.
Dado que la interesada percibió dichos rendimientos, que correspondían al ejercicio 1998, el 9 de marzo de 1999, se entendió que podía presentar la declaración complementaria hasta el final del plazo de declaración del ejercicio 1999, es decir, con carácter general, hasta el 20 de junio de 2000.
Sin embargo, la delegación entiende, de acuerdo con la interpretación dada al mencionado artículo por la Dirección General de Tributos, que la declaración complementaria debía presentarse hasta el final del plazo de presentación de declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ejercicio 1998, es decir, junio de 1999.
Esta interpretación lleva al absurdo de que los ingresos percibidos en marzo de 1999 e imputados al ejercicio 1998, en que se devengaron, se deban incluir en una declaración complementaria siendo que está en plazo voluntario para hacerlo en la declaración ordinaria del ejercicio de imputación, tal y como sostiene la Dirección General de Tributos en consulta de fecha 28 de septiembre de 1999, olvidando que la finalidad de la declaración complementaria es modificar otras anteriores para incorporar nuevos hechos o, en su caso, integrar la parte no imputada al periodo de su obtención (0001057).


10.1.2. Impuestos transmisorios

Si bien el Tribunal Constitucional, en su sentencia 194/2000, de 19 de julio de 2000, ha declarado inconstitucional y nula la disposición adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y el artículo 14.7 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/ 1993, de 24 de septiembre, la disconformidad de los ciudadanos con el sistema de valoración en los impuestos transmisorios sigue siendo recurrente.
Así, el Tribunal declara: «De lo anterior cabe deducir que, de establecer medidas punitivas, la disposición adicional cuarta de la Ley de Tasas y Precios Públicos vulneraría el artículo. 24.2 de la Constitución española, porque, aunque ni ésta ni cualquier otra norma impiden en principio la aplicación a los sujetos afectados por la disposición recurrida de las garantías propias del ámbito administrativo sancionador, lo cierto es que, no sólo no prevé expresamente su aplicación sino que, además, su literalidad conduce justamente a lo contrario: la aplicación de plano de una sanción administrativa. Y es que, basta con acudir a la norma impugnada para comprobar que, no sólo no califica a las medidas de naturaleza punitiva que prevé como sanción ni, por ende, se remite al Capítulo VI, sobre «Infracciones y sanciones», de la Ley General Tributaria, ni a la norma que regula el procedimiento tributario sancionador -Reales Decretos 2631/1985 y 1930/1998- sino que, al referirse a las mismas como «repercusiones tributarias», dirige derechamente a los ciudadanos afectados, a la Administración actuante y a los órganos judiciales hacia las normas que regulan la liquidación de los distintos tributos, en lugar de, como resultaría constitucionalmente preceptivo, a la aplicación de los principios y garantías que para el ámbito sancionador -también, insistimos, para el administrativo sancionador- derivan de los artículos. 24.2 y 25.1 de la Constitución española».
La Secretaría de Estado de Hacienda entiende que la mencionada declaración de inconstitucionalidad contribuye a pacificar los problemas de la valoración de bienes y derechos, al igual que el sistema de valoración previa del artículo 25 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente, por lo que considera que no es perentorio que se dicte una norma que objetive los valores vinculando a la Administración, pudiendo ser suficiente un precepto que fije dichos valores de forma parecida a como hace la orden de vehículos. En consecuencia, considera que debe abrirse un periodo de reflexión y estudio que consiga una solución, que bien puede ser la modificación de la normativa legal incluyendo una valoración objetiva de los inmuebles, bien la elaboración de un real decreto que contenga las normas y principios generales que sirva como método de comprobación de valores basado en los valores catastrales y que permita su concreción por las comunidades autónomas, logrando así varios objetivos como son el mantenimiento del principio de capacidad contributiva y la recaudación actual de estos impuestos, la potenciación del valor catastral como único valor administrativo y el dotar de cobertura legal a los sistemas de fijación de valores empleados en la práctica por las comunidades autónomas y, por último, explorar nuevas soluciones no tenidas en cuenta hasta ahora.
Sin embargo, olvida que, en lo que se refiere estrictamente al valor real, el Tribunal Constitucional, en la sentencia anteriormente comentada, ha declarado que «el valor real es una magnitud indeterminada, en tanto que ni determina qué debe entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para determinarlo, razón por la cual las discrepancias en relación con la valoración de los bienes y derechos no sólo son lógicas y razonables, sino incluso frecuentes. Esta dificultad de determinar el valor real viene a reconocerse por el propio legislador en el artículo 25 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, deDerechos y Garantías del Contribuyente, precepto que

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aunque autoriza a los contribuyentes a consultar a la Administración sobre el valor de los bienes o derechos que vayan a ser objeto de transmisión o adquisición, establece que dicha consulta no es vinculante para la Administración, pudiendo ésta posteriormente rectificar el valor fijado en un principio». Continúa la sentencia « ... y también es cierto que tanto la referencia al valor real -por muy indeterminados que resulten los vocablos valor y real- cuanto la existencia de estos medios tasados de comprobación para determinarlo, permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda...».
A la vista de estas consideraciones, esta Institución, que ha suspendido actuaciones con la Secretaría de Estado de Hacienda, entiende que la solución que adopte la misma no debería demorarse, y así se le ha trasladado.


10.1.3. Derechos y garantías de los contribuyentes

El derecho al reembolso del coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias previsto en la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente, dio lugar a la intervención ante las consejerías de economía y hacienda de la Generalidad de Valencia y de la Junta de Andalucía.


En el primer caso, una ciudadana aportó garantía ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia en 1995, a fin de acceder a la suspensión de la ejecución de una liquidación complementaria por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia estimó la reclamación formulada por resolución de julio de 1997, pero no fue notificada a la interesada hasta el 5 de julio de 1998. La interesada, el 12 de junio de 1999, solicitó a la Generalidad Valenciana el abono de los gastos ocasionados por el aval durante el periodo comprendido entre el año 1995, en que formuló la reclamación económico-administrativa, y el año 1998, acreditando su importe.
Dicha solicitud se desestimó basándose en que se había producido la prescripción, ya que el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que el derecho al reembolso del coste de las garantías aportadas para acceder a la suspensión prescribe al año de haber adquirido firmeza la resolución, contándose el plazo desde el día siguiente del hecho o acto que motivó la indemnización.
Sin embargo, en este caso, la Administración olvidaba que el Tribunal Supremo ha declarado que el principio general de la actio nata significa que el cómputo del plazo para ejercerla sólo puede comenzar cuando ello es posible, y ese momento no es otro que aquel en el que haya ganado firmeza la sentencia donde se declare la nulidad del acto administrativo, firmeza que se produce una vez que transcurra el plazo fijado para recurrir sin que el acto administrativo lo haya sido, y cuyo dies a quo debe fijarse en el de la notificación del fallo al interesado, por lo que había adquirido firmeza, el 6 de agosto de 1998. La Generalitat ha concluido que la solicitud de reembolso del coste de las garantías fue formulada dentro del plazo de un año que la ley contempla para el ejercicio de este derecho, deviniendo necesaria la revocación de la resolución denegatoria inicialmente adoptada (0005034).
El otro problema se planteó por un ciudadano que presentó, en noviembre de 1997, un escrito a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, solicitando que se le abonara el coste de un aval aportado para acceder a la suspensión de la ejecución de un acto impugnado por el que se inició procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. La Administración desestimó la solicitud por resolución de 6 de julio de 1998, con base en que la simple anulación en vía administrativa o por los tribunales contenciosos no presupone el derecho a indemnización, concluyendo que la constitución de aval bancario es una obligación legal que recae exclusivamente en la persona del recurrente.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que «toda liquidación reglamentaria notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda tributaria. Surge de esta forma una obligación ex lege cuyo normal cumplimiento es el pago. Supuesto que tal pago fuere indebido por causa de que la liquidación estuviera mal practicada, la Administración estaría obligada a devolver el ingreso improcedente y el interés legal, que no es otra cosa sino una indemnización de daños y perjuicios en las liquidaciones ingresadas cuyo importe hubiere de ser devuelto al sujeto pasivo por resultar indebido. De esta forma, si en lugar de prestarse un aval bancario para conseguir la suspensión, se hubiera optado por hacer el ingreso de la deuda tributaria, la Hacienda habría tenido que proceder a su devolución y al pago de la indemnización, consistente en el interés legal del dinero desde la fecha de su ingreso a la de la propuesta de pago. El nexo causal indemnizatorio está aquí representado por la relación entre el funcionamiento anormal de los servicios públicos y el daño causado al ciudadano, y no puede decirse que el daño surge de un acto voluntario porque se halla constreñido a la prestación de la garantía bajo apercibimiento de que, en otro caso, se ejecutará forzosamente la deuda».
La mencionada consejería ha indicado que adaptará su criterio a la citada jurisprudencia para el futuro, a pesar de la incongruencia que supone en el caso concreto del interesado le obligue a acudir a la vía jurisdiccional para ver satisfecho su derecho (9507750).


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En cuanto al tiempo en los procedimientos se suscita un problema, pues de una parte el artículo 23.1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, establece un plazo general de seis meses para resolver los procedimientos tributarios, aplicable en defecto del que pueda señalar la norma específica del procedimiento de que se trate. La norma recoge el mismo plazo para algún procedimiento específico, como son las consultas vinculantes o el procedimiento sancionador, y otros plazos distintos para otros procedimientos como, por ejemplo, para las actuaciones de comprobación, investigación y liquidación, llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos. De otra parte, el Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios para adaptarlos a la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge distintos plazos para la resolución de algún procedimiento tributario, plazos que han de considerarse vigentes a la vista de lo dispuesto en el citado artículo 23.
Sin embargo, hay que entender que la entrada en vigor de la Ley 1/ 1998 supone la derogación tácita de lo dispuesto en el real decreto antes citado respecto a los procedimientos administrativos tributarios que no tienen plazo fijado para su terminación, debiendo concluir que a éstos se les aplica el plazo general previsto en el artículo 23, que supone el reconocimiento de que todo procedimiento administrativo tributario -excepto el de apremio- tiene un plazo prefijado para su terminación.


No obstante, la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid entiende que, a pesar del plazo previsto en el artículo 23 de la Ley 1/1998, el Real Decreto 803/1993 enumera otros procedimientos que no tienen plazo, resultando que esta última norma excepciona a estos procedimientos de un plazo para su ultimación, y así sucedía con el de comprobación tributaria. Esa Delegación continúa manteniendo su criterio (0007981).
La entrada en funcionamiento de un nuevo centro de impresión y ensobrado, que va a centralizar los actos administrativos de la Agencia Tributaria que vayan a ser notificados por Correos, va a solventar el problema detectado que afectaba a varios ciudadanos que fueron notificados por edictos y a los que el Servicio de Correos no les dejó aviso de recibo en el buzón.
Todos los envíos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realizarán a través de cartas certificadas con aviso de recibo incorporado, procedimiento denominado del convenio especial con Correos que únicamente se ha venido utilizando para la notificación de las providencias de apremio, debido a la exigencia de Correos de presentar los envíos clasificados por códigos postales. En este procedimiento se realizan dos intentos de notificación y, en caso de resultar infructuosos, se deja aviso de llegada y nota informativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el buzón del destinatario comunicando que el envío permanece en la oficina de Correos a disposición del destinatario durante siete días.
Con ello desaparecerá el procedimiento denominado general utilizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para todas las notificaciones excepto las providencias de apremio, en el que Correos sólo realizaba un único intento de entrega, hasta el 1 de enero de 2000, fecha de entrada en vigor del artículo 42 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales (F0000047).
La presunción de buena fe de los contribuyentes, recogida en el artículo 33 de la Ley 1/1998 bajo el título derechos y garantías en el procedimiento sancionador, y la necesidad de que la Administración pruebe que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de las sanciones tributarias habrá de ser apreciado por los tribunales económico- administrativos o de justicia ya que la Administración tributaria considera como regla general que existe culpabilidad del infractor en todos aquellos supuestos en que se incoan actas de inspección, a pesar, en ocasiones, de la oposición del propio inspectoractuario o, en otros casos, obviando el efecto retroactivo que tienen las disposiciones sancionadoras en cuanto benefician al presunto infractor, según prevé el artículo 128.2 de la Ley 30/1992.
Así, los socios de una comunidad de bienes que desarrollaba la actividad de enseñanza procedieron a la disolución de la comunidad y a la aportación de capital a una nueva entidad con personalidad jurídica. Dicha aportación constituía, en virtud de la normativa aplicable, una operación no sujeta al impuesto sobre sociedades y, además, no existía incremento de patrimonio por tratarse de un supuesto de disolución de una comunidad de bienes.
La Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de A Coruña incoó acta de disconformidad y, a pesar de que en el informe ampliatorio a la misma el actuario indicaba que «respecto a la posible imposición de sanciones, en la medida en que la interpretación realizada por el sujeto pasivo se considera razonable, la Inspección entiende que no procedería la imposición de sanciones en la parte que corresponde a la revalorización contable», se incoó expediente sancionador por infracción tributaria grave.
A este respecto, hay que recordar que el artículo 77.4 de la Ley General Tributaria establece que constituye causa de exclusión de sanciones haber actuado con la diligencia debida sobre la base de la interpretación razonable de la norma. A pesar de la opinión del actuario, la Administración ha apreciado la concurrencia de responsabilidad en la conducta de los sujetos infractores.


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Por otra parte, el artículo 49.2.j) del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, prevé que cuando el acta sea de disconformidad el inspector jefe habrá de dictar la orden de iniciación del procedimiento sancionador en el plazo de un mes, una vez transcurrido el cual no resulta posible su inicio con posterioridad. La Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en A Coruña considera que la orden interna de iniciación, dictada dentro de dicho plazo, permite entender cumplido este requisito, a pesar de que la notificación al interesado se produzca con posterioridad. Esta consideración no tiene en cuenta que la propia regulación del régimen sancionador tributario exige que su iniciación sea notificada a los interesados como requisito de su eficacia. Se está a la espera de recibir el punto de vista de la Administración al respecto (0023234).
En otro supuesto, el contribuyente había considerado exenta de tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas la transmisión, debido a su antigüedad, de unas acciones procedentes de una ampliación de capital con cargo a la cuenta de regularización, asignadas gratuitamente.
La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas omitía cualquier referencia a la fecha de adquisición de las acciones liberadas, cómputo esencial a efectos de sujeción de la transmisión posterior de las mismas. La Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de A Coruña consideró que la fecha de adquisición se correspondía con la de entrega gratuita al accionista.
Esta interpretación no estaba recogida expresamente en la ley, y procede de una interpretación de la Dirección General de Tributos de mayo de 1993 que consideraba que la fecha de adquisición de las acciones liberadas es la que corresponde a su ingreso en el patrimonio del sujeto pasivo.
Sin embargo, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, introdujo en el artículo 45 in fine un apartado que preveía que, en las acciones totalmente liberadas, se considerara como antigüedad la que corresponda a las acciones de las cuales proceda. A pesar de ello, el propio Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia confirmó la procedencia del expediente sancionador, lo que ha sido recurrido ante el Tribunal Económico- Administrativo Central.
Si bien se puede llegar a compartir el criterio de la Administración respecto a la antigüedad que se ha de asignar a las acciones liberadas, no se puede apreciar la culpabilidad respecto a la infracción administrativa, ya que olvida que el artículo 77 de la Ley General Tributaria excluye la responsabilidad objetiva, habiendo declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la ambigüedad de las normas, o incluso que generen una discrepancia razonable del sujeto pasivo, permiten excluir la sanción.
Así, la sentencia de 24 de abril de 1997, del Tribunal Supremo, número 10528/1991, cuyos fundamentos jurídicos son plenamente aplicables a este caso, declara que «es antigua y constante la doctrina de esta Sala respecto a que la comisión de errores de derecho en las liquidaciones tributarias no debe ser materia sancionable, en la medida en que el error sea razonable y la norma ofrezca dificultades de interpretación, siempre claro está que el sujeto pasivo hubiere declarado o manifestado la totalidad de las bases o elementos integrantes del hecho imponible, criterio admitido y recogido incluso por la circular de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria de febrero de 1988.
No obstante, tratándose del ejercicio de la potestad sancionadora cuyos fundamentos últimos se encuentran en el derecho penal no debe olvidarse el grado de culpabilidad del agente, y en este aspecto resulta que el obligado tributario no eludió o hurtó las bases que se han discutido en este pleito, sino que las integró en su declaración liquidación, lo que, cuando menos, elimina la existencia de cualquier ánimo de evasión fiscal.
Aún cuando por razón del tiempo no sea aplicable la citada circular, no deja de ser significativo que el centro directivo en su instrucción primera diga que cuando la conducta de una persona ...
se halle comprendida en alguno de los supuestos de infracción tributaria ...
la sanción correspondiente exigirá el carácter doloso o culposo de aquella conducta, debiendo la Inspección de Tributos apreciar la necesaria concurrencia de esa culpabilidad, lo que presupone un elemento intencional que no aparece en el caso que se enjuicia.» En consecuencia, dado que la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Galicia no es firme, lo que impediría su revocabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico- administrativas, se ha sugerido a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que revoque de oficio la resolución dictada en el expediente sancionador incoado, al no existir culpabilidad del sujeto infractor (0022867).
La Inspección de Tributos de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Huesca inició actuaciones de comprobación e investigación a diversas cooperativas de trabajo asociado que nopracticaron retenciones a sus socios trabajadores en los ejercicios 1996 a 1998, debido a la imprevisión de los trabajos a realizar y no poder prever la cuantía de las retribuciones, incoando actas de disconformidad en base a lo previsto en el artículo 46.Dos.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 1841/1991, que prevé que el volumen de retribuciones a tener en cuenta para la aplicación de la tabla, se determinará en función de la percepción íntegra que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a percibir el sujeto pasivo en el año natural. Del mismo modo, la percepción íntegra anual incluirá tanto las retribuciones

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fijas como las variables previsibles cuyo importe no podrá ser inferior al de las obtenidas durante el año anterior, siempre que no concurran circunstancias que hagan presumir una notoria reducción de las mismas. Igualmente incoó expedientes sancionadores por infracción tributaria grave.
El nuevo Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, que se pronuncia en idéntico sentido en el artículo 78.2.1.º, segundo párrafo, ha sido declarado nulo por sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2000 en lo que se refiere al último inciso.
El Tribunal considera que dicha previsión es una presunción legal iuris tantum y que, si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley General Tributaria contiene diversas materias que deben regularse por ley, no incluye las presunciones legales. Sin embargo, el artículo 118 de la misma ley dispone, de manera especial, que las presunciones deberán ser establecidas por ley, sin que, en este caso, la amplia habilitación concedida por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, para regular reglamentariamente el sistema de retenciones, alcance a establecer presunciones legales como la contemplada.
Dado que esta declaración de nulidad podría afectar a los expedientes sancionadores incoados, se ha solicitado informe a la Administración que está pendiente de recibirse (0012983).
Por último, en cuanto al tiempo en los procedimientos, hay que destacar que, a pesar de que el plazo máximo de resolución de un expediente sancionador es, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1/1998, de seis meses, la Administración lo incumple sistemáticamente dejando transcurrir más tiempo entre la notificación del inicio del procedimiento sancionador y el acuerdo adoptado (9913094).


10.2. Tributos locales

10.2.1. Impuestos

Las haciendas de las entidades locales se ven especialmente afectadas por la atribución de competencias a administraciones diferentes y por la escasa coordinación que existe entre ellas. La complejidad de este sistema ha dado lugar a la confusión de los ciudadanos que se pone de manifiesto en el momento de presentar sus reclamaciones y recursos contra las liquidaciones de algunos tributos o contra determinados datos administrativos de relevancia fiscal con los que están en desacuerdo.
Así, se han presentado quejas en las que la Administración del Estado tenía la competencia de elaborar el censo o padrón de un impuesto local -sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas o sobre vehículos de tracción mecánica-, el municipio la tenía sobre la gestión correspondiente y, por delegación de éste, la diputación provincial realizaba la recaudación de las cantidades adeudadas al ayuntamiento por los contribuyentes (9911098, 9911748, 9913381, 0000990 y 0020203) En algunos supuestos se ha detectado que la Administración local al considerarse incompetente remitía sistemáticamente a los órganos estatales los recursos que habían presentado los interesados. En relación con esta práctica administrativa se presentó una queja por quince comunidades de usuarios de aparcamientos para residentes de Madrid que habían interpuesto ante la corporación local diversos recursos de reposición contra las liquidaciones del impuesto de bienes inmuebles giradas precisamente por la Administración local, autora de los actos administrativos recurridos, al considerar que el Ayuntamiento de Madrid era competente para resolver los recursos que se formularan contra tales liquidaciones según lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Los formulantes de la queja mostraron su disconformidad con esta declaración fáctica de incompetencia al estimar que suponía una dilación para la obtención en vía administrativa del reconocimiento de los derechos que pudieran corresponderles y, en caso de desestimación de sus pretensiones, un retraso en poder acudir a la vía contencioso-administrativa en la cual se producirían nuevas dilaciones porque no se podrían aportar pronto los expedientes que el órgano jurisdiccional solicitase al ayuntamiento, si éstos se enviaron a la gerencia territorial del catastro.
A la vista del contenido de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 25 de septiembre de 2000, en un recurso de casación en interés de la Ley, no se ha compartido el criterio del Ayuntamiento de Madrid en base al cual no resolvió directamente los recursos presentados contra las liquidaciones del impuesto de bienes inmuebles en los que se atacaban actos de gestión tributaria strictu sensu y no de gestión catastral (0023969).
Precisamente, en la citada sentencia también se ha establecido que ni la comunidad de usuarios de un aparcamiento situado en el subsuelo de un bien de dominio público ni sus integrantes son concesionarios de su explotación, así como que los bienes afectos a ese aprovechamiento están exentos del impuesto sobre bienes inmuebles y no están gravados, todo lo cual coincide con la postura que se había sostenido en otra queja que fue expresamente citada en el informe de gestión del año 1999 (9512512).
Como en otros años, el mayor número de quejas sobre las haciendas locales recae sobre el impuesto de bienes inmuebles, afectando tanto a la gestión catastral, que comprende la valoración del suelo y construcciones, elaboración de ponencia de valores, asignación y notificación individual de los valores catastrales o la revisión, modificación y actualización de los mismos, que corresponde a órganos estatales, como a la gestión

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tributaria, que abarca la liquidación, inspección y recaudación, atribuida a los ayuntamientos.
En algunas de esas quejas se mostraba la disconformidad de los interesados con actuaciones administrativas que no suponen irregularidad alguna; en concreto, se ha manifestado oposición con la aplicación por las diferentes gerencias territoriales del catastro de las normas técnicas para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles o con el tipo acordado por los ayuntamientos.
Algunos ciudadanos consideraban que se han producido grandes incrementos en el valor catastral de sus viviendas y en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles debido a las revisiones llevadas a cabo en sus respectivos municipios de Totana y Cartagena (Murcia), O Pino (A Coruña), etc.
En estos casos se informa de la legislación reguladora de esta materia que prevé que los valores catastrales se puedan modificar por la correspondiente gerencia territorial de la Dirección General del Catastro o a instancia del respectivo ayuntamiento, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes inmuebles situados en el término municipal. Igualmente se indica a los interesados que aunque el artículo 73 de la Ley de Haciendas Locales establezca con carácter general un tipo de gravamen del 0,4 por ciento para los bienes de naturaleza urbana, se permite a los ayuntamientos incrementar ese tipo hasta unos límites que están en función de la población de derecho que tengan y otras circunstancias, por lo que no constituía una irregularidad administrativa la decisión adoptada por sus respectivos ayuntamientos de incrementar el porcentaje del tipo de gravamen que venía aplicando (0020846, 0024332 y 0025572).
Por el contrario en el municipio de Fuenlabrada (Madrid) se detectaron errores en un 25 por ciento de las liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles perjudiciales para los contribuyentes, por lo que se inició una investigación de oficio.
La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda indicó que la Gerencia Territorial del Catastro de Madrid-provincia había procedido en el año 1999 a la revisión de los valores catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio y que el resultado individual de la revisión se notificó a cada contribuyente, incluyéndose, con carácter informativo, su repercusión en el impuesto sobre bienes inmuebles, y que solamente el 1,42 por ciento de los vecinos advirtieron, a su juicio, posibles errores de hecho o de derecho en los datos contenidos en dichas notificaciones. No obstante, al reconocerse la existencia de numerosos errores debido a la concurrencia de diversos factores se dio orden de corrección de los mismos en el menor tiempo posible, de común acuerdo con el ayuntamiento (F0000095).
Otras investigaciones desarrolladas se debían al desacuerdo con el valor catastral o superficie asignados a las viviendas o porque había personas que figuraban en el catastro como propietarios cuando no lo eran. En estas quejas las gerencias territoriales del catastro corrigieron los errores detectados o anularon las inscripciones catastrales erróneamente imputadas a los interesados, dando cumplido traslado de sus resoluciones a los respectivos ayuntamientos para que éstos, a su vez, anularan las correspondientes liquidaciones y, en su caso, procedieran a la devolución de los recibos indebidamente ingresados (0000929, 0001874, 0010247 y 0025422).
El incumplimiento por algunos propietarios de bienes inmuebles de su deber de comunicar a las gerencias territoriales las alteraciones de orden físico, económico o jurídico concernientes a dichos bienes con transcendencia tributaria, así como los errores en el alta por la pluralidad de epígrafes del impreso, ha dado lugar a que los catastros no actualicen sus datos y, en algunos casos, a que continuasen considerando como propietarios a los anteriores titulares (0007747, 0020625, 9907116, 9907543, 0021020, 0023177 y 0023756).
La información facilitada por los catastros es un elemento esencial para que los ciudadanos puedan defender sus intereses, por lo que la Administración ha de actuar con la mayor diligencia. Sin embargo, la publicación de los padrones catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana de Madrid para el ejercicio 1999 se realizó en el mes de agosto, mes en el que un gran número de ciudadanos disfrutaba de las vacaciones o se encontraba ausente, por lo que los efectos de su exposición pública se vieron mermados.
En este sentido, la falta de conocimiento del padrón por los ciudadanos ausentes ha generado un riesgo, pues no han podido rectificar los defectos, errores u omisiones que pudiesen haberse producido, por lo que los datos o situaciones inexactos adquirieron firmeza y fueron recogidos en las liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles.
Aunque, desde el punto de vista del acto administrativo a que se alude, dicha publicación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se consideró que con la realización en el mes de agosto, cuando la población de la ciudad disminuye considerablemente más que cualquier otro mes del año, muchos ciudadanos no pudieron acceder a la información contenida en los padrones, sin tener en cuenta que estos documentos públicos tienen un carácter garantista por medio de los cuales se efectúa el traslado de los datos catastrales a soporte jurídico fiscal.
También se inició la correspondiente investigación ante la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en Madrid porque ésta tenía que haber remitido el padrón anual al Ayuntamiento de Madrid para su exposición antes del 1 de

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marzo, según establece el artículo 6 del Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre.
El Ayuntamiento de Madrid expresó, en primer término, que compartía plenamente la preocupación del Defensor del Pueblo en el sentido de que aquellas actuaciones administrativas cuyo conocimiento resulte de interés para los ciudadanos, se debían realizar en el tiempo y condiciones más idóneas para que los interesados que lo deseasen pudiesen tomar noticia de las mismas. No obstante, dadas las circunstancias que concurrieron en el presente caso, se había pretendido obrar con celeridad y diligencia en orden a la exposición pública de dicho padrón catastral, dando al mismo la máxima publicidad con anuncios en la prensa tan pronto como le fue trasladado.
Por su parte, la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en MadridCapital justificó el retraso en la remisión del padrón al ayuntamiento en el gran número de declaraciones presentadas y los procesos de intercambio de información, comprometiéndose a adoptar las medidas oportunas en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para agilizar los trámites de intercambio y finalizar los procesos en los plazos establecidos (9910285).
Respecto a las actuaciones seguidas por el catastro, algunos ciudadanos expresaron su malestar porque en el mismo sobre que se contenía la notificación del valor catastral de inmuebles de su propiedad se reflejaban datos que consideraban afectaban a su intimidad. La Gerencia Regional del Catastro en Cantabria, autora de dichas notificaciones, indicó que fueron efectuadas en el modelo oficial elaborado por la Dirección General del Catastro para la práctica en todo el territorio nacional de todas las notificaciones relativas al proceso de asignación individual de valores, previsto en los artículos 70 y 71 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Por lo que se formuló una sugerencia para que, en adelante, se practicasen las notificaciones individuales de los valores catastrales de los bienes inmuebles en impresos oficiales sin datos que afecten a la intimidad de las personas y que no fuesen los mínimos e imprescindibles para hacer llegar el acto administrativo concreto de que se trata al sujeto pasivo. Por tal razón, únicamente debería figurar en el sobre el nombre, apellidos y dirección postal de su domicilio sin que otros terceros puedan conocer su documento nacional de identidad o número de identificación fiscal, la dirección, características físicas, jurídicas y económicas del bien inmueble del que es titular, ya que tales datos gozan de especial protección cuando figuran junto a los de carácter personal.
La Dirección General del Catastro, ha informado que ya había tomado la decisión de realizar la notificación de todos los actos administrativos en impresos ensobrados con lo que se llevará a la práctica de forma inmediata la sugerencia (9913185 y 0001185).
Esta forma de actuar de la Dirección General del Catastro se compagina mal con el criterio establecido por la misma de protección del valor catastral individualizado de las fincas al considerar que dicha información afectaba a la privacidad de las personas, por lo que es aplicable la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, dictándose con ese criterio el Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, por el que se aprueban las normas que han de regir para el acceso y la distribución pública de información catastral cartográfica y alfanumérica.
De acuerdo con dicha normativa, para acceder al valor catastral de un inmueble hay que ostentar la condición de titular de la finca o acreditar su consentimiento o, en su defecto, tener un interés legítimo y directo o tener la condición de investigador que demuestre el interés histórico, científico o cultural de ese dato.
Efectivamente, la Administración debe velar para proteger la intimidad personal o familiar de los titulares de bienes inmuebles de las posibles injerencias de terceros, pero no ha de ir más allá de lo legalmente previsto para que no se vulnere el derecho a recibir información veraz del artículo 20.1.d) de la Constitución española, y el del acceso a los archivos y registros públicos de los ciudadanos establecido en el artículo 105.
El valor catastral de las fincas individualizadas supone un dato objetivo y ajeno al titular de la finca, que únicamente afecta a la intimidad de las personas en su relación con el titular no en sí mismo, pues aisladamente supone un dato única y exclusivamente de carácter económico. La intimidad o privacidad hace referencia a las personas y en este caso a la relación que las mismas tienen con los inmuebles, pero no se refiere al inmueble en sí mismo.
En esta línea, se estimó que el valor catastral de una finca individualizada tiene que ser considerado como un dato público al que los terceros puedan acceder libremente pues ello supondría una mayor transparencia informativa en una materia en la que el elemento comparativo resulta relevante.
Aunque el artículo 3 del Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, permite acceder al valor catastral a quienes, sin contar con la autorización del titular, acrediten un interés legítimo y directo, al ser este un concepto jurídico indeterminado, la Administración estaba dando al mismo una interpretación restrictiva, en lugar de hacerlo de forma flexible. Del mismo modo que el arrendatario, acreedor hipotecario, etc... pueden precisar conocer el valor catastral de una finca, otro ciudadano también puede solicitar ese dato para aportar un elemento de prueba que apoye su disconformidad con el valor catastral dado a otra finca que sí sea de su propiedad.


Estos razonamientos llevaron a formular una recomendación sobre la modificación del Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, por el que se aprueban las

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normas de acceso y distribución pública de información catastral, cartográfica y alfanumérica.
Mientras tanto, los requisitos del artículo 3 deberían aplicarse únicamente a las solicitudes de información catastral referidas a los sujetos aunque estén unidos a otros datos de carácter físico, económico o jurídico de las fincas. En el supuesto de que la petición de información contenida en el Banco de Datos Catastral se refiriese solamente a las descripciones de los bienes inmuebles debería facilitarse la misma pues son datos objetivos que no afectan a la intimidad de las personas.
Respecto al impuesto sobre actividades económicas los problemas surgidos hacen fundamentalmente referencia a errores cometidos por los sujetos pasivos, quienes al no cumplir el trámite de solicitar la baja de su negocio en el censo correspondiente en el plazo de un mes desde la fecha de cese de la actividad, mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, han seguido figurando en dicho censo como sujetos pasivos y, por consiguiente, se les ha continuado exigiendo el pago del impuesto a pesar de no realizar el hecho imponible motivador del nacimiento de la obligación (9907444, 0001921 y 0008721).
En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, uno de los problemas que se ha detectado es la falta de coordinación entre las jefaturas provinciales de tráfico con competencia en la elaboración de las listas cobratorias y los ayuntamientos competentes para la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria, ya que aquéllas no comunican diligentemente a dichas entidades locales los datos necesarios para que tengan debidamente actualizadas las liquidaciones correspondientes (9822136 y 0014341).
Ello ha dado lugar a que algunos titulares de vehículos hubiesen recibido notificaciones en la vía de apremio remitidas por municipios en los que dejaron de residir o relativas a vehículos que habían sido dados de baja en los registros públicos o que los habían transferido a otras personas (0023408, 0024502, 0024863 y 0026705).
No obstante, en determinadas ocasiones esta falta de actualización de las bases de datos del citado impuesto es debida a que los titulares de los vehículos no comunican a las jefaturas provinciales de tráfico sus cambios de domicilio a otro municipio, las bajas o las transferencias de sus vehículos (0000732, 0001069, 00004587 y 0024187).


10.2.2. Tasas y contribuciones especiales

El desacuerdo con los ayuntamientos sobre la exigencia del pago de tasas municipales cuando los ciudadanos no habían usado el correspondiente servicio ha dado lugar a varias quejas. En estos casos se informa a los interesados que la obligación de contribuir nace desde el momento en que el ayuntamiento correspondiente presta el servicio, por lo que, en el caso de la recogida de basuras que tiene la naturaleza de recepción obligatoria, se considera que la prestación tiene efecto cuando se recogen en las calles de los contribuyentes sujetos a la tasa, y ello con independencia de que el servicio no sea utilizado por alguno de ellos voluntariamente.
Cuestión distinta es que los ayuntamientos cobren alguna tasa sin prestar de forma efectiva el correspondiente servicio municipal al sujeto pasivo. Así, el Ayuntamiento de Madrid reconoció que no procedía el cobro de la tasa por colocación de unas vallas en la entrada de una iglesia, ya que no pudieron ser instaladas el día para el que se solicitaron al haberse recibido la notificación de la concesión de la licencia con posterioridad a dicha fecha, mientras que el Ayuntamiento de Algaida (Islas Baleares) exige el pago de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos al formulante de otra queja por una edificación enclavada en una finca rústica, siendo que no se presta ese servicio por no existir contenedores en sus proximidades (9912118, 9913381 y 0024621).
Un vecino de Palma de Mallorca formuló una queja porque, con independencia de su publicación por anuncios en los boletines oficiales y en los tablones de anuncios, en los recibos por los que se notificó de forma individual a los sujetos pasivos la tasa de incineración de residuos urbanos correspondientes al año 2000 no se contenía información directa y expresa sobre los recursos que procedían contra las respectivas liquidaciones, sus plazos y los órganos ante los que debían interponerse (0024470).
El importe de las tasas por prestación de un servicio o por la realización de una actividad según dispone el artículo 24 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida y para la determinación de su importe se tienen que tomar en consideración los costes directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad. Para la determinación de su cuantía deben tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerla.
El principio de capacidad económica se encuentra directamente acogido en la regulación de la tasa y constituye un principio inspirador del ordenamiento tributario recogido en el artículo 31 de la Constitución española y se proyecta sobre los demás que dicho precepto contiene, esto es, justicia, igualdad y progresividad.
Sin embargo, la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio del cementerio municipal del Ayuntamiento de El Escorial otorga una diferenciación en la cuota según la persona solicitante del servicio esté empadronada o no en dicho municipio, lo que constituye una discriminación contraria al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de laConstitución española, en relación con la igualdad tributaria

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del citado artículo 31. Además produce una desconexión entre la tasa y el servicio prestado.
En esta línea se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en sentencia de 10 de abril de 1991, para quien, en el caso de autos, consideró que debía prosperar la impugnación de la Ordenanza de la tasa por el servicio de cementerio municipal, por señalar distintas cantidades a los nichos y sepulturas, según las personas que en el momento del óbito sean o no vecinos del municipio, residentes, empadronados o descendientes del municipio. En este sentido, el citado tribunal indicó que la diferencia de la cuantía de la tasa y de igualdad de trato entre ciudadanos «no puede considerarse objetiva ni razonable, pues no puede olvidarse que nos encontramos ante una tasa y que el importe estimado de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad, según el artículo 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, que para la determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios jurídicos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas».
Por su parte, la necesidad de que exista una conexión entre la tasa establecida y el servicio público prestado ha sido proclamada también por los tribunales de justicia. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 16 de octubre de 1996, estimó un recurso interpuesto por un ciudadano al considerar que existía una desconexión entre la tasa y el servicio público por estimar la cuantía de la tasa en función de la suntuosidad del enterramiento y no en función de los servicios municipales que se pudieran prestar.
El citado tribunal vino a establecer la estimación del recurso «derivado de la desconexión existente entre la tasa establecida y el servicio público prestado, elemento legitimador de las tasas y contributivo de su hecho imponible, puesto que la tasa debatida se estableció en la Ordenanza Fiscal en atención exclusiva a las concretas pompas fúnebres, o a la suntuosidad o boato de los acompañamientos de los enterramientos, y ello sin referencia alguna a los servicios públicos de titularidad municipal que se pudieran llegar a prestar».
Dejando completamente a salvo la habilitación legal que tiene cualquier municipio para favorecer a sus vecinos en la prestación de los servicios de su competencia, incluido el de cementerio, por cualesquiera otros medios que ofrezca el ordenamiento jurídico, como por ejemplo, el establecimiento de ayudas económicas directas o subvenciones, debe convenirse que el establecimiento de una cuantía diferente en la tasa por la prestación de este servicio según un criterio de vecindad no se ajusta a los límites de tal habilitación.
Esta situación llevó a recomendar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios del cementerio municipal por ser contraria al principio de igualdad consagrado en los artículos 14 y 31.1 de la Carta Magna y por vulnerar el principio de capacidad contributiva recogido en el artículo 24 de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales (9912541).
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial no ha sido el único que ha utilizado el criterio de vecindad para dar un tratamiento diferenciado a empadronados en su municipio, pues el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) utiliza un criterio similar para distintas actividades de carácter cultural y deportivo organizadas por el mismo con unos precios públicos y tasas con distintas tarifas en función de que el usuario tenga la condición de empadronado, contribuyente o no residente. En igual sentido que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y con similares argumentos se recomendó la modificación de las ordenanzas fiscales que contemplasen la citada diferencia que ha sido rechazada por el Ayuntamiento de Torrelodones (9903380).
En cuanto a las contribuciones especiales, tributo basado en el principio de beneficio o aumento de valor de los bienes del sujeto pasivo como consecuencia de la realización de obras públicas o establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local, los ciudadanos unas veces no han estado de acuerdo con el criterio adoptado por el ayuntamiento que consideraba únicamente para el cálculo de la cuota la superficie de las fincas afectadas sin tener en cuenta el número de metros lineales de fachada. Otras veces, se ha alegado discriminación con el establecimiento de las contribuciones especiales para costear la urbanización de una calle porque otras del municipio habían sido asfaltadas sin que sus vecinos hubiesen tenido que pagar ese tributo (0026879 y 0026389).


10.3. Hacienda de las comunidades autónomas

La denuncia formulada respecto a la utilización por parte de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, de un número de teléfono 906 para los servicios de información a los ciudadanos, dio lugar al inicio de actuaciones ante la Consejería de Presidencia y Hacienda.
A este respecto, hay que precisar que los números 906 tienen un coste superior al que supone una línea normal, dándose, además, la circunstancia de que quien suscribe una línea de estas características percibe una muy significativa parte de la facturación.
Ello supone que, con la utilización de la mencionada línea, el titular del derecho a la información se ve abocado a satisfacer una prestación patrimonial, que se convierte para la Administración en un ingreso por el desempeño de una actividad de derecho público, lo que exige, conforme al artículo 31.3 de la Constitución española, su establecimiento conforme a la ley.
Por otra parte, desde otro punto de vista, cabe preguntarse si la Administración puede percibir un rédito por el desempeño de una actividad servicial a la que

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está obligada. Ello coloca la cuestión en el ámbito propio de las tasas, puesto que el derecho a la información sólo puede satisfacerse por la Administración que lo proporciona y resulta imprescindible para el correcto desempeño de las obligaciones de cada contribuyente.
Podría entonces considerarse que la cantidad que la consejería percibe por la información telefónica prestada tiene por objeto cubrir el coste del servicio, pero, de aceptarse, chocaría con la existencia de otros medios de información, incluidos los telefónicos, que suponen menor gasto para el ciudadano y una correlativa ausencia de ingreso para la Administración.
Por todo ello, se ha recomendado a la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad de Madrid que preste el servicio de información a los contribuyentes sin que su satisfacción dé lugar a una contraprestación económica no autorizada por la ley y, en particular, que de la prestación de dicho servicio se suprima la línea 906, en la medida en que con ello se impone una carga económica a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no autorizada por la ley. Se está a la espera de que dicha consejería conteste tras haberle requerido dos veces la solicitud de informe (9908705, 0002038 y 0002440).


11. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

11.1. Seguros

Las quejas que se reciben en materia de seguros privados hacen referencia la mayoría de ellas a supuestos incumplimientos contractuales o a diferencias de interpretación de las cláusulas, cuestiones que por su naturaleza jurídico-privada limitan la intervención del Defensor del Pueblo. En estos casos, la actuación consiste, de una parte, en orientar a los formulantes hacia los organismos donde pueden formular consultas y reclamaciones y, de otra, en procurar que se conteste a los ciudadanos en plazos razonables.
En orden a la protección del asegurado, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados introduce, bien que con carácter potestativo, la figura del defensor del asegurado que conforma uno de los sistemas de resolución extrajudicial de los conflictos que pueden surgir entre los asegurados y las entidades aseguradoras. Así, en la iniciación del procedimiento administrativo de reclamación previsto en el artículo 62.2. de la citada ley, el reclamante deberá acreditar, conforme dispone el artículo 108.1. del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que ha transcurrido el plazo establecido para la resolución de la reclamación por el defensor del asegurado, o que ha sido desestimada su petición por éste, en el supuesto de haberse dirigido previamente al mismo.
Cuando en la entidad aseguradora frente a la que se formula reclamación existe esta figura y los interesados no han formulado reclamación previa ante ella, el criterio que mantiene la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ante las denuncias presentadas contra las citadas entidades es informar que se dirijan al defensor del asegurado conforme establece la normativa. Tal decisión, sin embargo, no suele ser aceptada por los reclamantes quienes manifiestan su discrepancia con la misma. En estos supuestos se informa a los comparecientes sobre la legalidad de dicha actuación administrativa a los efectos de que realicen las acciones pertinentes para poder acreditar ante el citado centro directivo el cumplimiento de los requisitos que permitan la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo regulado en el artículo 62 de la Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre.
Tales requisitos que únicamente eran exigibles, como anteriormente se ha indicado, cuando en las entidades aseguradoras existía el defensor del asegurado son de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2001, fecha de la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que ha modificado el artículo 62 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, exigiendo para la admisión y tramitación de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acreditar haberlas formulado previamente por escrito dirigido al defensor del asegurado o, en caso de no existir esta figura, al departamento o servicio de atención al asegurado; en el supuesto de que no existan ambas figuras o no tengan competencias asignadas para pronunciarse sobre la reclamación formulada, ante los departamentos centrales de la entidad aseguradora, quienes deberán resolver o denegar las reclamaciones que se les presenten igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo, para la admisión y tramitación de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de la presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta por el departamento o servicio de atención del asegurado, o que haya sido denegada la admisión de la reclamación, o desestimada su petición.
Este mecanismo de control y supervisión de las entidades aseguradoras se considera que incide favorablemente en los asegurados, toda vez que la creación de las figuras contempladas en el nuevo contenido de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, descentraliza las competencias hasta ahora atribuidas exclusivamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
En otro orden de cuestiones, se está realizando un seguimiento del problema planteado por la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, a los trabajadores de entidades financieras,

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debido a que dicha disposición transitoria establece, con carácter general, la obligación de las empresas de exteriorizar los compromisos por pensiones que tengan con sus trabajadores constituyendo a tal efecto fondos de pensiones externos con el fin de garantizar la percepción efectiva de las prestaciones y desvincularlas del riesgo propio de la actividad empresarial, quedando excluidos de esta obligación los bancos que podrán mantener los compromisos por pensiones en la forma en que lo venían haciendo hasta ahora, esto es, mediante planes internos.
Ante esta excepción, los trabajadores del sector se sienten perjudicados ya que se ven privados de la posibilidad de transferir o movilizar las cantidades dotadas para el pago de sus pensiones si cambian de trabajo, posibilidad que sí tendrían si se constituyeran fondos externos, de conformidad con la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones, considerando, además, que esta excepción supone una vulneración del derecho a la libre circulación de trabajadores en el ámbito nacional y comunitario.
Sobre este asunto, del que se ha hecho referencia en los informes de 1998 y de 1999, el Ministerio de Economía y Hacienda, y su Dirección General de Seguros, ha defendido la corrección del modo en que se ha articulado la excepción y ha negado que la misma produzca un efecto discriminatorio para los trabajadores de entidades financieras. No obstante, en el dictamen emitido por el Consejo de Estado el 23 de septiembre de 1999, con motivo de la tramitación del proyecto del reglamento regulador de esta materia se declara, con respecto a esta excepción, la existencia de diferencia de trato entre los trabajadores de entidades financieras y los de las demás empresas, si bien en el texto definitivo del Reglamento sobre instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, no se han recogido las sugerencias del Consejo de Estado en este punto, manteniéndose la pérdida del derecho a pensión complementaria de los trabajadores del sector financiero en los casos de cesación anticipada de la relación laboral.
Preguntado sobre ello dicho departamento e interesando, asimismo, que se pronuncie sobre la posible incidencia del derecho a la libre circulación de los trabajadores reconocido por la Unión Europea, el Ministerio de Economía ha informado, en relación con esta segunda cuestión, que con el desarrollo reglamentario de las normas legales se completaba lo previsto en el artículo 8 de la Directiva 80/987/ CEE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en el caso de insolvencia del empresario, directiva que es compatible con el mantenimiento de fondos internos. Se añade que también se ha tenido en cuenta en la elaboración del marco normativo citado las disposiciones establecidas en la Directiva 98/49/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad, que prevé que los trabajadores de un país que sean desplazados por la empresa a otro Estado miembro de la Unión Europea tengan el mismo régimen, en relación con sus derechos a pensión complementaria, que tendrían si se desplazasen dentro de su país. Por ello, la empresa que mantenga sus compromisos por pensiones con trabajadores desplazados cuya situación no sólo sea de excedencia, o suspensión de contrato, sino incluso cuando el desplazamiento suponga el cese o extinción de la relación laboral con la empresa, ésta podría hacer las aportaciones o contribuciones en favor del referido trabajador. En este sentido la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha elaborado un informe y cuadro de equivalencias sobre la adecuación del ordenamiento jurídico español a los preceptos incorporados en la directiva.
En referencia al dictamen del Consejo de Estado, el mencionado departamento ha manifestado, entre otros extremos, que las observaciones relevantes del organismo consultivo se centraron fundamentalmente en el régimen de instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, y que en la tramitación de la norma reglamentaria en su fase final se tuvieron en cuenta las consideraciones indicadas como preceptivas y aquellas otras que no requerían cambios en el marco y ordenación jurídico relevantes en materia de previsión social complementaria.


Sostiene el Ministerio de Economía que los comparecientes hacen una interpretación errónea de la norma al considerar que discrimina a los trabajadores del sector financiero al no reconocerles el derecho de rescate, pues creen que la norma ha impuesto el reconocimiento del derecho de rescate al resto de los sectores obligados a la adaptación cuando, por el contrario, dado su carácter instrumental, la norma tampoco reconoce per se este derecho a los trabajadores de otros sectores, obligados a exteriorizar cuando los compromisos se han configurado entre las partes como meras expectativas de derecho.
Realizadas éstas y otras consideraciones sobre la naturaleza del régimen de instrumentación y exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, que tiene carácter funcional e instrumental ya se materialice en planes de pensiones, contratos de seguro o fondos internos, se concluye que este régimen no obliga a las empresas a reconocer el derecho de rescate o disposición de las provisiones correspondientes a compromisos acordados con los trabajadores en convenio como meras expectativas de derecho, ni tampoco modifica las condiciones o naturaleza de los referidos compromisos acordados entre las partes, indicando que nada hubiese impedido a las empresas y trabajadores del sectorfinanciero acordar en el convenio correspondiente el

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reconocimiento del derecho a la provisión devengada en fondos internos en caso de cese de la relación laboral con antelación a la jubilación.
Finalmente, el citado departamento ha informado que se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el Capítulo IV del Real Decreto 1588/1999, por varias asociaciones de trabajadores, en cuyo procedimiento probablemente se hayan personado otras partes interesadas en representación de las entidades de crédito. No obstante encontrarse el asunto sub iudice, se ha solicitado del Ministerio de Economía el envío de la documentacion en la que sustenta las consideraciones realizadas en su informe (9713815 y otras).


11.2. Entidades financieras

En el pasado informe se hacía referencia a la solicitud cursada al Servicio de Reclamaciones del Banco de España sobre la eficacia de sus resoluciones y las consecuencias que el incumplimiento de las mismas pudieran acarrear para las entidades financieras, así como sobre las medidas o modificaciones normativas que pudieran adoptarse para mejorar su efectividad.
Dicho servicio ha indicado que, en la memoria que elabora cada año, se da publicidad a los criterios mantenidos por el mismo, mencionando expresamente los informes desfavorables para las entidades, lo que, según indica, contribuye a la rectificación de las prácticas incorrectas y a crear un cuerpo de buenas prácticas bancarias al que se van acomodando las entidades.
De lo anterior, parece deducirse que, emitido su informe, el Servicio de Reclamaciones no realiza un seguimiento de los casos concretos en los que ha observado vulneración de las buenas prácticas bancarias con objeto de determinar si la entidad bancaria ha asumido el dictamen desfavorable y, en consecuencia, rectificado su forma de actuar, mecanismo que, al menos, permitiría incluir en su memoria anual los datos de aceptación efectiva de sus resoluciones.
Asimismo, ese servicio indica que en caso de contemplarse no ya actuaciones contrarias a las buenas prácticas y usos bancarios, sino quebrantamiento de normativa disciplinaria o indicios de conductas delictivas, se da cuenta a los órganos competentes que, en su caso, pueden tramitar las correspondientes actuaciones de tipo sancionador.
Por lo que se refiere a las modificaciones normativas concretas para mejorar la efectividad o cumplimiento de los informes del Servicio de Reclamaciones, no existe proyecto alguno que aborde esta cuestión, recordando que la Secretaría de Estado de Economía descartó en su momento la posibilidad apuntada de que el servicio se orientase hacia un modelo de mediación o arbitraje en el que sus resoluciones fueran vinculantes para las partes (9901622 y 9913588).
Se ha solicitado información al Ministerio de Economía en relación con varias quejas en las que se planteaba que la mayoría de los depósitos bancarios en cuentas corrientes y cartillas de ahorro de los ciudadanos españoles son remunerados con tipos de interés muy reducidos, lo que supone, restadas las comisiones que dichas entidades aplican, que los titulares, en especial los de menores rentas, obtengan sistemáticamente rendimientos económicos negativos, pérdidas que se ven agravadas si la consideración se realiza en términos reales. A estas circunstancias habría que añadir que, en casos de eventuales descubiertos, dichas entidades vienen autorizadas a cobrar intereses superiores al veinte por ciento.
En la actualidad los servicios bancarios se constituyen, prácticamente, en irrenunciables, las entidades financieras disfrutan de excesiva autonomía para incrementar sus comisiones al ser suficiente con su comunicación al Banco de España y publicación en los tablones de anuncios, facilidad que no se ofrece a las compañías prestadoras de servicios públicos como el telefónico o el suministro de electricidad, sometidas a mayor control administrativo, por lo que los interesados consideran necesario una regulación más estricta de las comisiones e intereses de descubierto aplicables por la banca a los depósitos de los pequeños ahorradores. (9913509, 0001579, 0004259)

11.3. Suministro de energía eléctrica

Se ha efectuado el seguimiento del cumplimiento de la recomendación, formulada en 1998 al Ministerio de Industria y Energía, para que se procediera a la mayor urgencia a la tramitación del correspondiente proyecto de reglamento que, de conformidad con las previsiones contenidas al efecto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico, permita determinar los correspondientes índices de calidad del servicio eléctrico por zonas geográficas, así como regular las reducciones de facturación en el caso de detectarse deficiencias en el suministro.
A pesar de que no se ha recibido contestación a estas peticiones, se ha producido la publicación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que, en sus artículos 99 y siguientes, establece las condiciones de calidad del servicio y las responsabilidades de incumplimiento de las mismas (9501769).
Se prosigue con la tramitación de varias quejas relativas a la falta de suministro en determinadas zonas del territorio nacional, problemas que, pese a la insistencia de esta Institución ante las administraciones implicadas, suelen prolongarse mucho en el tiempo.
Ejemplo de lo anterior lo constituye el proyecto de electrificación de Lidor-Fontoira-Franqueán, cuya paralización ha dado lugar, desde 1995, a quince investigacionescon la Junta de Galicia, que recientemente

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ha comunicado la finalización de los procedimientos de imposición de servidumbres para el paso de los tendidos eléctricos, sin que se conozca todavía cuándo comenzarán las obras. Sí se ha podido atender la solicitud de servicio formulada por unos vecinos de Cohicillos, Cartes (Cantabria), y que ha dado lugar, desde 1996, a numerosas actuaciones con el Gobierno de Cantabria. Las demoras en la atención de solicitudes de suministro, algunas realizadas hace más de tres años, en Mazarrón (Murcia), San Vitores-Medio Cudeyo (Cantabria), Abarán (Murcia), Priedrabuena (Ciudad Real), Abadín (Lugo), etc., también dieron lugar a varias quejas (9501769, 9623058, 9903257, 9913515, 9900394, 0022539, 0000304).


11.4. Agricultura y ganadería

La Consejería de Agricultura del Principado de Asturias impuso a un ganadero una sanción de 40.000 pesetas por transportar una oveja careciendo de documentación sanitaria, importe que resultaba desproporcionado a la vista de la tabla de sanciones aplicable y teniendo en cuenta que la infracción era calificada en todo el procedimiento sancionador como menos grave en su grado mínimo.
Dicha consejería informó que se había producido un error en la resolución sancionadora, indicando textualmente que «donde se dice que la infracción se califica de menos grave, debería decir grave, de ahí que la cuantía de la sanción sea de 40.000 pesetas, error que se considera subsanable de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre», artículo que establece que las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Sin embargo la calificación de la sanción constituye un contenido mínimo y un requisito material imprescindible del procedimiento sancionador, en sus fases de iniciación, propuesta y resolución, como se deduce de los artículos 13, 18 y 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.


En este sentido, un error en la calificación de la infracción -máxime cuando como en este caso se reproduce en las distintas fases del procedimiento sancionador- difícilmente puede ser considerado como material o de hecho, puesto que del mismo derivan importantes consecuencias, tales como la cuantificación de la sanción y los plazos de prescripción de la misma, constituyendo un requisito formal indispensable para alcanzar la finalidad de dicho procedimiento, cuya ausencia o error daría lugar a la indefensión del interesado.
De hecho, la errónea calificación de la infracción en el inicio y sustanciación del procedimiento vulnera los derechos del presunto responsable, establecidos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, a ser informado de los hechos que se le imputan y de las infracciones que los mismos constituyan, así como a la capacidad de formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, por lo que se acordó sugerir a dicha consejería que anulara la referida resolución sancionadora, sugerencia que no fue aceptada (9913513).


11.5. Comercio

Con motivo de la investigación realizada a raíz de la queja presentada por una asociación de artesanos ambulantes de Navarra, disconforme con las normas que regulaban la venta ambulante en las fiestas patronales de San Fermín, porque adjudicaban los puestos de venta atendiendo a la residencia de los solicitantes lo cual perjudicaba a los vendedores ambulantes que vivían en otros lugares, se sugirió al Ayuntamiento de Pamplona que se procediese a la modificación de tales normas por las que se regula el otorgamiento de la licencia municipal para el uso común especial de bienes de dominio público por los vendedores ambulantes o artesanos, con el fin de que tuvieran en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución y en los artículos 75.1 y 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y, en consecuencia, establecieran un sistema de licitación entre todos los solicitantes de puestos y, en el caso, de que no se considerase conveniente ese método, se optase por el sorteo entre todos aquellos que reuniesen los requisitos establecidos entre los que no debería haber referencia alguna al lugar de residencia o de ubicación del taller. Hasta la fecha del cierre del presente informe no se ha respondido a dicha sugerencia (0015305 y 0020705).


12. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

12.1. Servicio telefónico

Los principales problemas planteados en materia de telefonía son: demoras en la atención de solicitudes de nuevas líneas o de traslado de otras existentes, atención al usuario y resolución de sus reclamaciones y, finalmente, los derivados de dificultades en el proceso de extensión de las nuevas tecnologías.
Por lo que se refiere al primero de los problemas apuntados, los retrasos en la atención de solicitudes de servicio, se ha apreciado en el presente ejercicio un incremento cuantitativo de este tipo de quejas, rompiendo la tendencia a su reducción consolidada en años anteriores, lo que acaso pueda deberse a un aumento coyuntural de las solicitudes de nuevas líneas.
En todo caso, conviene indicar que las demoras denunciadas en estas quejas son de naturaleza muy distinta dependiendo del lugar de ubicación de la línea solicitada; mientras que los residentes en las ciudades

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se quejan, normalmente, de retrasos inferiores a los treinta días, es frecuente detectar demoras superiores a los seis meses en los casos denunciados por ciudadanos procedentes del medio rural y urbanizaciones. (0002487, 0011174, 0012375, 0012990, 00013714, 0018086, 0021203, 0021970, 0023442, 0023582, 0023940, 002430, 0024160, 0024572, etc.) También se realizó una investigación de oficio sobre el retraso de más de ocho meses en la atención de las solicitudes de servicio de dieciséis familias residentes en el barrio El Ensanche de Alcalá de Henares (Madrid), confirmando Telefónica la puesta en servicio de las líneas (F0000054) Con independencia de este primer grupo de quejas, la cuestión más relevante es la derivada del progresivo deterioro de la atención que prestan al usuario las compañías operadoras y las dificultades que tiene éste para obtener una respuesta ágil y adecuada a las reclamaciones o discrepancias que puedan plantearse como consecuencia de la prestación del servicio, entre las que suelen destacar las motivadas por los consumos facturados.
Como es bien sabido, el procedimiento de reclamación en materia de telefonía, tanto fija como móvil en sus modalidades analógica y digital, implica acudir en primer término a la empresa operadora.
Posteriormente, y en caso de persistir la discrepancia, el usuario puede elegir entre dos posibles vías de recurso, excluyentes entre sí: el sistema arbitral de consumo, del que el ciudadano puede obtener un laudo vinculante para ambas partes y con fuerza de cosa juzgada, o la reclamación ante el órgano administrativo competente en materia de telecomunicaciones que, hasta la última remodelación ministerial, era la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento y en la actualidad es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El primer intento de plantear una reclamación o de buscar solución a un problema pasa, como se ha dicho, por dirigirse a la empresa operadora que, en muchos casos, ha optado estratégicamente por la sustitución de las vías tradicionales de comunicación con el usuario, como las oficinas abiertas al público, por líneas telefónicas de atención al cliente, 1002, 1004, 1565, etc., altamente tecnificadas, en las que los problemas concretos son codificados y estandarizados para su introducción en los sistemas informáticos, proceso en el que se diluyen las responsabilidades, debido, además, al anonimato de los teleoperadores, que frecuentemente carecen de las atribuciones necesarias para ofrecer soluciones, y a la dificultad para acceder a personal de mayor responsabilidad.
A este proceso, en el que se fomenta la presentación de reclamaciones telefónicas frente a las escritas, se une la facilidad de acceder a los servicios, tarifas y descuentos especiales, mediante su simple solicitud telefónica o incluso electrónica, lo que genera situaciones de inseguridad jurídica al no quedar constancia escrita de los términos contractuales pactados, con las consiguientes dificultades de reclamación en el caso de incumplimiento de los mismos.
Se han planteado, en este sentido, nuevas quejas de ciudadanos a los que Telefónica reclamaba cantidades en concepto de uso de líneas que afirmaban no haber contratado, y que, al parecer, habían sido solicitadas utilizando sus datos fraudulentamente por terceras personas, mediante una simple llamada a los servicios comerciales de Telefónica y sin la firma de contrato alguno (0023586, 0023105).
Asimismo, se ha hecho alusión a diversos problemas derivados de la contratación telefónica, sin confirmación escrita, del denominado Plan Europa 15, que permite la obtención de importantes descuentos en las llamadas internacionales mediante el abono de una cuota mensual, debido a la inseguridad que genera para los usuarios, que en algunos casos realizan importantes consumos amparados en esta fórmula, debido a la imposibilidad de probar su contratación ante una eventual aplicación errónea de las tarifas ordinarias (0013022, 0013669, 0019713).
Por lo que se refiere a la resolución, por parte de la Administración competente en materia de telecomunicaciones, de las reclamaciones en vía de recurso de los abonados al servicio telefónico -concretamente, y por ser las más numerosas, las referentes a disconformidad con las cantidades facturadas- se acordó iniciar una investigación de oficio ante la ya extinta Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento relativa a los procedimientos de resolución de las reclamaciones, en materia de facturación telefónica, solicitando de la misma determinados datos relativos a los expedientes tramitados durante los últimos ejercicios y los porcentajes de estimación.
Dicha Secretaría General informó que, en 1998, tramitó un total de 1.538 reclamaciones por disconformidad con el servicio medido, de las que únicamente estimó 142 que representan un nueve por ciento.
Asimismo, en 1999, tramitó un total de 1.118 reclamaciones, de las que estimó 194, o sea el diecisiete por ciento.
De los datos facilitados se observa que, aun cuando se produjo, en el ejercicio 1999, un importante incremento de los porcentajes de estimación, los mismos resultan, en apariencia, extraordinariamente bajos, sin que facilite información alguna sobre las razones que expliquen esta circunstancia.
Con posterioridad a esta remisión de informe, las competencias de la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento fueron asumidas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología a la que se solicitó información complementaria en relación con el número de reclamaciones recibidas y resueltas por dicho organismo, porcentajes de estimación y procedimiento utilizado

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para su tramitación, con indicación de las comprobaciones técnicas que se realicen, en estos casos, para constatar el correcto funcionamiento de los equipos de medida, distinguiendo las que se encomiendan al operador telefónico y las que se realizan por sus propios servicios de inspección (F0000028).
Esta petición de informe, que ha sido reiterada, no ha sido respondida hasta la fecha.
El tercer apartado citado al inicio de este capítulo lo constituyen quejas que plantean asuntos de carácter novedoso, derivados de los avances en el campo de las telecomunicaciones; se refieren a demoras en la atención de solicitudes de instalación de líneas ADSL o RDSI, utilizadas principalmente para la conexión con internet y el acceso a servicios avanzados de telefonía, o problemas técnicos en su instalación y funcionamiento (0011912, 0024660, 0024963, 0026184, 0026802, 0026982).
En otros casos, se pone de manifiesto la imposibilidad de acceder a internet desde determinadas líneas telefónicas, especialmente las denominadas TRAC, tecnología inalámbrica utilizada hace escasos años para hacer posible la universalización del servicio telefónico básico en España y la atención de solicitudes en núcleos rurales aislados o lugares de difícil acceso a los que resultaba antieconómico llevar la red convencional (0007707, 0023693, 0024119, 0026010).
Para finalizar el apartado dedicado al servicio telefónico, hay que mencionar un viejo problema que ha dado lugar, desde 1992, a numerosas actuaciones: el posible acceso de los menores a las líneas eróticas y de contactos, encuadradas en los denominados servicios de valor añadido con tarifación adicional.
Pese a las medidas inicialmente adoptadas por la Administración para limitar el acceso a las líneas 903, Resoluciones de 29 de enero y 30 de septiembre de 1993, de la Secretaría General de Comunicaciones, la prestación de estos servicios se ha seguido realizando, primero a través de líneas internacionales y, en los últimos meses, a través del prefijo 906, inicialmente contemplado, en las resoluciones citadas, para servicios no susceptibles de generar efectos indeseados.
Las últimas actuaciones se dirigieron a intentar que la Administración obligara a las empresas operadoras a facilitar la desconexión de la red internacional a los abonados que lo solicitaran, recomendación que fue aceptada en su día por el Ministerio de Fomento pero que nunca fue llevada a la práctica.
También se ha reiterado esta recomendación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, planteando, asimismo, el irregular funcionamiento de las líneas 906, sin haber recibido respuesta alguna (9911576, 9913141, 0026636).


12.2. Correos y Telégrafos

Se ha insistido en los últimos informes anuales sobre los dos problemas fundamentales que afectan actualmente al servicio público de Correos: las demoras en la recepción de la correspondencia y la ausencia de servicio de reparto a domicilio en numerosas zonas del ámbito rural y urbanizaciones.
Del contenido y volumen de las quejas se deduce que estos problemas, que se repiten año tras año, se encuentran lejos de entrar en vías de solución, reiterándose las denuncias sobre retrasos en la entrega de las cartas y objetos postales, en distintos puntos repartidos por toda la geografía española. Asimismo, del elevado número de quejas, parece deducirse que se está consolidando la tendencia, en zonas rurales y urbanizaciones, a sustituir el reparto a domicilio por la atención del servicio mediante casetas o buzones concentrados en zonas estratégicas.
En relación con los dos problemas apuntados, el Real Decreto 1829/ 1999, de 3 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales establece, en su artículo 28, que Correos y Telégrafos está obligado a realizar, salvo circunstancias o condiciones geográficas excepcionales, todos los días laborables y por lo menos cinco días por semana, una distribución y entrega al domicilio de cada persona física o jurídica.
No obstante, el artículo 37 de la citada norma prevé, en los supuestos de fincas o casas aisladas, ámbitos de gran desarrollo de construcción y mínima densidad de población, así como cuando concurren circunstancias geográficas excepcionales, que el Ministerio de Fomento pueda establecer condiciones específicas, tales como la entrega en casilleros concentrados pluridomiciliarios u otros de análoga naturaleza, que faciliten la prestación del servicio.
A pesar de que la norma citada resulta muy clara al definir las condiciones normales en las que debería realizarse el reparto, en circunstancias excepcionales que no quedan suficientemente definidas posibilita un considerable grado de discrecionalidad, por lo que puede reducirse drásticamente el reparto domiciliario y éste se efectúa fuera del domicilio de los ciudadanos.
En concreto, y por lo que se refiere al problema de las demoras en la recepción de la correspondencia, se han tramitado quejas procedentes de numerosas localidades, entre las que cabe citar Gelves y el barrio Los Carteros (Sevilla), Masquera, Les Franqueses del Vallés y Terrasa (Barcelona), Otura (Granada), Canet de Berenguer y Tabernes Blanques (Valencia), Torrevieja, Moraira y Muchamiel (Alicante), Cartagena (Murcia), Valladares (Pontevedra), Valladolid, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria (0000996, 0004797, 0021638, 0019405, 0002129, 0019476, 0002444, 0000419, 0013004, 0010826, 0004435, 0001841, 0001348, 0001435, 0023018, 0021643).
En algunos de estos casos, Correos y Telégrafos reconoce la existencia de una carencia de medios materiales y humanos en la prestación del servicio y anuncia

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la adopción de medidas para su normalización, tales como la apertura de oficinas para la clasificación y reparto o el establecimiento de nuevos puestos de trabajo. En otras ocasiones, sin embargo, se limita a atribuir las demoras a situaciones puntuales derivadas de bajas laborales y de su sustitución por personal sin la necesaria experiencia.
No obstante, intentar explicar las demoras en la recepción de la correspondencia como un problema puntual derivado del excesivo recurso a la contratación de trabajadores eventuales para las labores de reparto, lejos de constituir una justificación válida para las insuficiencias del servicio, no hace sino poner en cuestión la eficacia de esta política, en la que no resulta oportuno escudarse puesto que corresponde a Correos su posible modificación y, en todo caso, la adopción de las medidas necesarias, entre ellas la adecuada formación de su personal, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio público.
Por lo que se refiere a la falta de servicio de reparto a domicilio en determinadas zonas rurales y urbanizaciones, en la mayoría de los casos Correos insiste en la necesidad, para comenzar a prestar el servicio, de que los vecinos instalen buzones rurales concentrados, requisito con el que los afectados se muestran en desacuerdo al considerar que existe una diferencia de trato no justificada con los residentes en núcleos urbanos y temer por la seguridad y privacidad de su correspondencia, además de que, en algunos casos, los buzones pueden estar alejados varios kilómetros de su vivienda (0010544, 0001576, 0024748, 0024451, 0004800, etc.).
La ambigüedad de la normativa y la falta de coordinación entre Correos y los ayuntamientos hacen posible la construcción de urbanizaciones nuevas, con sus proyectos debidamente aprobados, dotadas de sus correspondientes buzones individuales y, sin embargo, Correos exige que los buzones estén concentrados en un lugar estratégico, obras que ya no resultan posibles puesto que no se ha reservado en el proyecto un espacio para tal fin. (0021423) Aun cuando se pueden comprender las dificultades existentes para facilitar a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de domicilio, idéntico servicio, no parece razonable que las medidas excepcionales se conviertan en modelo habitual de servicio en las zonas rurales y las urbanizaciones, hasta el punto de que, en algunos casos denunciados por los ciudadanos, se ha procedido a suspender el reparto a domicilio en zonas donde se venía atendiendo con normalidad, para presionar la instalación de buzones agrupados.
(0002290, 0008568)

12.3. Renfe

La insuficiente seguridad de una parte de los pasos a nivel repartidos por la red ferroviaria dio lugar, en 1994, a una investigación de oficio ante Renfe y el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que facilitaron datos de pasos existentes, clasificación de los mismos y proyectos de supresión, cifras y previsiones que quedaron reflejadas en el informe del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales de dicho ejercicio.
No obstante, con objeto de conocer la situación actual de este problema, se ha realizado una nueva investigación de oficio ante el Ministerio de Fomento, en relación con la seguridad y niveles de protección de los pasos a nivel de la red ferroviaria dependiente de Renfe y las actuaciones realizadas o en proyecto para su supresión o mejora.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes ha remitido un amplio informe especificando el número de pasos a nivel existentes en la red, que ascienden a un total de 3.956, de los cuales 305 se encuentran en suelo urbano. Estos mismos datos se ofrecen, asimismo, desglosados por comunidades autónomas, siendo Andalucía, con 875, y Castilla y León, con 647, las más afectadas por el problema.
Además, el dosier remitido contiene la estadística de accidentes registrados en los pasos a nivel existentes en el territorio nacional, para finalizar facilitando amplia información sobre las actuaciones de supresión de pasos a nivel finalizadas entre 1995 y 2000, un total de 713, así como de las actuaciones de supresión actualmente en curso y que comprenden 150 proyectos en fase de ejecución, 80 en fase de contratación y 613 en fase de estudio. De estos últimos, 113 localizados en Andalucía y un total de 94 en Castilla y León.
Con independencia de esta investigación de carácter general se ha continuado denunciando situaciones de inseguridad en determinados pasos a nivel, informando las administraciones implicadas sobre la elaboración de proyectos para la supresión de pasos en Cabrerizos (Salamanca), Crespos (Avila) y Barra de Miño (Orense) (9900282, 9912651, 0023287).
Asimismo, la Administración comunicó la realización de varios estudios para la integración del ferrocarril en núcleos urbanos, tales como León y Mérida, que permitirán en su momento la eliminación de pasos peligrosos, así como la reforma de la estación de Renfe de El Puerto de Santa María (Cádiz) en la que los viajeros se ven obligados a cruzar la vía férrea para acceder a algunos andenes (9804883, 0005583, 0022472).
Las dificultades de accesibilidad de las personas discapacitadas a las estaciones y trenes de Renfe han sido objeto de varias actuaciones. Para solucionar este problema se están adoptando determinadas medidas que comprenden, en el caso de nuevas estaciones, la total eliminación de barreras arquitectónicas, mediante la dotación a las mismas de rampas, ascensores y plazas de aparcamiento reservadas. En las estaciones antiguas se realizan obras de recrecido de andenes, mejora de los accesos y construcción de aseos adaptados para personas discapacitadas.


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Renfe ha desarrollado varios prototipos de plataformas para el acceso a los trenes desde la estación, indicando, sin embargo, que el sistema de plataformas integradas en el tren, que parecía el más idóneo, no consiguió superar las pruebas en condiciones reales de explotación, por lo que se están utilizando plataformas móviles.
También se ha puesto en marcha un procedimiento, a través de los jefes de estación, que permite que las personas con movilidad reducida obtengan ayuda del personal de dicha empresa para subir y bajar de los trenes (0015560, 0019478, 0005578).
La huelga de maquinistas de Renfe en los meses de febrero y marzo de 2000 y el incumplimiento de los servicios mínimos ocasionó problemas en los servicios de cercanías de Madrid y Sevilla, provocando descontento entre los usuarios quienes plantearon diversas quejas al respecto (0004500, 0004594, 0005204, 0008569).
Para finalizar este apartado, hay que indicar que se ha solicitado informe sobre la eliminación, sin previo aviso ni ofrecimiento de alternativas, del producto de Renfe denominado «Bono 200», que permitía, a los viajeros habituales, la obtención de descuentos en determinados viajes ferroviarios entre ciudades limítrofes, problema denunciado por dos grupos de aproximadamente 150 usuarios que utilizan diariamente las líneas Zaragoza- Barcelona y Palencia- Valladolid-Avila para desplazarse a sus lugares de trabajo, y que han visto incrementado el precio de sus billetes en un cien por cien.
Entre otros argumentos, como la ausencia de trenes regionales alternativos que cubran sus horarios, los interesados recuerdan la existencia, en el trayecto del tren de alta velocidad Madrid-Ciudad Real-Madrid, de un bono nominativo que permite, a quienes utilizan el servicio todos los días laborables, pagar el kilómetro a menos de la mitad que los viajeros habituales de la línea ZaragozaMonzón- Zaragoza. (0020388, 0021018, 0004256)

12.4. Transporte aéreo

Continúan planteándose problemas sobre la forma de prestación del servicio de transporte aéreo de viajeros sobre todo en cuanto al resultado infructuoso de las reclamaciones por retrasos y cancelaciones de vuelos, así como pérdida, deterioro y dilación en la entrega de equipajes, situaciones que varían según la época del año lo que da lugar a concluir que se da una cierta imprevisión en la organización del tráfico aeroportuario (0001195, 0022653, 0011907, 0021159).
La recomendación efectuada sobre modificaciones normativas para facilitar el pago de indemnizaciones a los viajeros afectados por demoras y para situaciones de pérdida, deterioro o retrasos en la entrega de equipajes ha sido objeto de respuesta durante el presente ejercicio. El Ministerio de Fomento concluye que los asuntos planteados deben ser tratados en el seno de la Unión Europea de forma coherente con el concepto de mercado único, correspondiendo este tipo de iniciativas a la Comisión. Se participa, también, la próxima entrada en vigor del Convenio de Montreal de 1999, suscrito por España, que recoge el incremento de indemnizaciones por pérdidas, deterioro y tardanza en la entrega de equipajes.


Se cuestiona por el Ministerio de Fomento la posibilidad de establecer un régimen de indemnización automática e incluso una compensación económica para el caso de demoras y cancelaciones de vuelos. No obstante, tanto en el proyecto del nuevo reglamento CE 2027/1997 como en el Convenio de Montreal de 1999 se recoge la responsabilidad del transportista por el daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga, exonerándole de tal responsabilidad si prueba que él, sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas razonablemente necesarias para evitar el daño, por lo que es conveniente conocer las medidas adoptadas por España para la aplicación de las citadas normas; por este motivo se ha ampliado la investigación, aún en curso, para conocer las medidas previstas para el cumplimiento de dicha normativa (F9800093).
La actual regulación de las condiciones de comercialización de los títulos de transporte de las compañíasaéreas, y la pervivencia como práctica legal de la sobreventa de billetes u overbooking, ha sido motivo de queja debido a los perjuicios que se ocasiona a viajeros que, teniendo sus billetes confirmados ven impedida, en el último momento, su capacidad de viajar. La solución a este problema ha de ser abordada por la Unión Europea, que está, al parecer, trabajando en este asunto, aunque de momento no existe un acuerdo (0006637).


12.5. Ordenación del transporte por carretera

Las notificaciones de los actos administrativos han generado diferentes problemas, pues en ocasiones no logran cumplir su finalidad básica, que no es otra que lograr que el contenido del acto llegue realmente al conocimiento de su natural destinatario, para que el interesado pueda actuar válidamente en defensa de su derecho. La notificación constituye una garantía de los ciudadanos regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para cuya validez la Administración debe proceder diligentemente y cumplir obviamente los trámites exigidos en la norma.
Los servicios de inspección de transporte requirieron a un profesional del sector la aportación de determinada documentación mediante correo certificado con acuse de recibo a un domicilio donde ya no residía, dando la notificación por practicada una vez que el envío fue devuelto por la Administración postal con la indicación de que había caducado en la lista de Correos. A continuación, iniciaron sin más trámites el correspondiente expediente sancionador por infracción muy grave de la normativa de ordenación de los transportes

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terrestres, consistente en la obstrucción de su labor inspectora.


Tal actuación implicaba el incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para la práctica de la notificación, que exige que sea efectuada por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado o su representante; en concreto, el apartado cuatro de dicho artículo dispone que si la notificación intentada no se hubiera podido practicar, se realizará por medio de anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, el de la comunidad autónoma o el de la provincia.
En este sentido, al no existir constancia de la recepción por el interesado del requerimiento por el que se le exigía determinada documentación con la consiguiente indefensión, se consideró que tal actuación administrativa desvirtuaba el posterior procedimiento sancionador, por lo que se acordó sugerir al Ministerio de Fomento la revocación de la resolución sancionadora y la anulación de la sanción impuesta, sugerencia que fue aceptada, si bien no se ha confirmado hasta la fecha su efectivo cumplimiento (9816602).


13. MEDIO AMBIENTE

La necesidad de que se refuercen los mecanismos de coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones públicas que tienen atribuidas competencias en materia medioambiental es una idea presente en los sucesivos informes de esta Institución. La tramitación de las cada vez más numerosas quejas ha evidenciado la urgencia de introducir de manera efectiva este principio básico en la actuación de los organismos públicos.
El diagnóstico que ofrece el análisis de la legislación medioambiental en España es el de tres administraciones implicadas en la preservación y defensa de los valores ambientales: la Administración estatal, la autonómica y la local.
Como ya se puso de manifiesto en la investigación realizada con motivo de la rotura de la presa de Aznalcóllar, cada Administración pública, en las cuestiones medioambientales en las que existe un reparto competencial entre diferentes entes territoriales, defiende con mayor interés la preservación de los valores ambientales que corresponden a su parcela de competencia, sin tener en cuenta que, en la gran mayoría de los supuestos, con una adecuada y eficaz colaboración con las otras administraciones públicas implicadas se podrían conseguir los objetivos realmente pretendidos por las normas.
En este contexto, queda claro que la coordinación en la actuación de las administraciones públicas es un elemento decisivo en la gestión pública y esencial para conseguir una correcta gestión medioambiental. No solamente está proclamado a nivel constitucional - artículo 103.1. CE, sino recogido en las leyes que han de regir la actuación de todas las Administraciones públicas -Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-.
En el ámbito comunitario, la búsqueda constante de los mecanismos que garanticen la debida coordinación está motivando la previsión expresa, en las más recientes directivas aprobadas en la Unión Europea, de la colaboración y cooperación que deben presidir las relaciones interadministrativas.
Muestra de ello es la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, aún no traspuesta al ordenamiento interno español, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, aprobada una vez que se ha constatado que cuando concurren una pluralidad de autorizaciones administrativas sobre una misma actividad, se genera una complejidad burocrática que, inevitablemente, obstaculiza la necesaria coordinación entre las distintas administraciones con competencias concurrentes.
A lo largo de los epígrafes que se exponen a continuación, se pone de relieve cómo muchas quejas se producen por la ausencia de los necesarios mecanismos de coordinación.
En este sentido, y como más adelante se expresa, la gestión medioambiental está estrecha e íntimamente relacionada con el planeamiento urbanístico y con la ordenación territorial, en cuyo desempeño han de ponderarse los efectos que, de su ejercicio, se derivan para el medio ambiente.


13.1. Espacios naturales y diversidad biológica

De acuerdo con los postulados establecidos en la convención de diversidad biológica, suscrita tras la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Río de Janeiro y ratificada por España el 21 de diciembre de 1993, es necesario coordinar la planificación territorial y la ordenación de los recursos naturales.
Ambas materias, pues, están interrelacionadas, y como concreción de la citada obligación, ya la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, contempló en su momento la figura de las directrices para la ordenación de los recursos naturales, que debe aprobar reglamentariamente el Gobierno y a las que tienen que ajustarse los planes de ordenación de los recursos naturales que aprueben las comunidades autónomas.
Estas previsiones normativas, obligan a la Administración a planificar los recursos naturales, previamente a la aplicación del régimen de protección que proceda. Sin embargo, se elude sistemáticamente el espíritu de la citada ley, al no elaborarse y aprobarse con carácter previo a la declaración de un Parque o una Reserva natural como espacio natural protegido el plan de ordenación

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de recursos naturales de la zona, privándose a estos espacios, en consecuencia, de la principal herramienta de desarrollo y conservación que poseen.
Una muestra significativa de la importancia que tiene la imbricación entre la ordenación del territorio y las normas ambientales de carácter tuitivo de diferentes entes territoriales con competencia en la materia es la queja formulada con motivo de la aprobación por el Gobierno de la Región de Murcia del Decreto 46/1995, de 26 de mayo, en el que se contienen las directrices de ordenación territorial de la Bahía de Portman y de la Sierra Minera, con el objetivo de dar una solución integrada a los problemas de desarrollo económico y social, proteger el medio ambiente y lograr la ordenación territorial y urbanística de la zona.
Las actuaciones concretas que se prevén en dichas directrices de ordenación urbana, de dragado de la Bahía de Portmán y de regeneración de la Sierra Minera, afectan a las competencias de la Administración del Estado, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos de La Unión y de Cartagena.
Por ello, para poder llevarlas a efecto, se contempla la celebración de convenios de colaboración entre las administraciones citadas, a formalizar conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la constitución de un consorcio de ordenación territorial y urbanística, formado por las tres administraciones en cuestión para la gestión de estos convenios.
Transcurridos más de cinco años desde la aprobación de las directrices no se ha constituido el consorcio antes descrito, pese a que por el pleno de la corporación de La Unión se ha instado a la Región de Murcia a formalizar el mismo y los interesados estiman que la recuperación ambiental y el despegue económico y social de la comarca dependen del desarrollo de dichas directrices (0024842).
La tensión existente entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico ha motivado, igualmente, la recepción de diversas quejas.
Entre ellas la planteada con motivo de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias del acuerdo de fecha 28 de octubre de 1999, por el que se autorizó la ocupación de cuarenta hectáreas de terreno en el monte de utilidad pública Navariegos, Bustatán y Los Collados, propiedad de la parroquia de Cerredo, en el concejo de Degaña, para la actividad de explotación minera a cielo abierto, en una zona considerada de especial protección para las aves (ZEPA), por aplicación de la Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de aves, y en la que abunda el oso pardo, especie declarada prioritaria por la normativa comunitaria.
Por estas circunstancias los comparecientes consideraban que el acuerdo adoptado por el consejo de gobierno -en el que se alegaban razones de utilidad pública sin concretar las mismas- infringía claramente las obligaciones que tanto la legislación comunitaria como la española imponen a las administraciones públicas.
El Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, sobre Biodiversidad y Conservación de Hábitats Naturales, en relación con la Red Europea Natura 2000, en su artículo 3, establece que se designarán zonas especiales de conservación con hábitats de especies del anexo II, que incluye el oso como especie prioritaria, y que las zonas de especial conservación, ZEC, incluirán las ZEPA. Y Degaña-Ermo, zona en la que ha sido autorizada la explotación minera, es una de las ZEPA asturianas.
Igualmente la normativa de referencia dispone que las comunidades autónomas establecerán los lugares de interés comunitario y que el ministerio debe proponerlos a la Comisión Europea. Los interesados consideraban que la autorización de la referida mina a cielo abierto podía causar sensibles perjuicios a las especies protegidas por la normativa comunitaria, por lo que estimaban que el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 28 de octubre de 1999 conculcaba la legalidad vigente.
Sobre el problema planteado en la presente queja, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido ofreciendo una doctrina que aporta criterios para discernir el objetivo de las directivas y, en especial, de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves silvestres.
En relación con este extremo, el tribunal vino a señalar que «si bien es cierto que los Estados miembros disponen de un cierto margen de apreciación al escoger los territorios más apropiados para clasificarlos como ZEPA, por el contrario no pueden disponer del mismo margen de apreciación para modificar o reducir la superficie de dichas zonas».
Igualmente, estima que las posibles actuaciones de tipo económico o que excedan de los motivos que puedan justificar la modificación o reducción de una zona han de acarrear necesariamente compensaciones que superen los posibles efectos negativos que de ellas se deriven.
En cualquier caso, las exigencias económicas no pueden corresponder de todas formas a un interés general superior a aquél al que corresponde el objetivo ecologico previsto por la directiva.
En definitiva, como se puede comprobar, y así se ha manifestado a la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, este difícil equilibrio entre desarrollo económico y protección del medio ambiente no está resuelto por las normas vigentes, que tampoco aportan criterios claros y definidos sobre las prioridades a las que las autoridades deben atender, debiendo acudirse en la mayoría de los supuestos a los pronunciamientos judiciales y , en este caso en concreto, a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (0002046 y 0002607).


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Un caso similar es el que planteaba el proyecto de mejora y ampliación de la carretera entre el Tojo y Espinilla, en Cantabria, promovido por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, que transcurre en algunos de sus kilómetros por el interior del Parque Natural Saja-Besaya, afectando, a juicio de los comparecientes, a una ZEPA en la carretera del río Saja.
Dicho proyecto, según afirmaban, no había ido precedido de ningún estudio de impacto ambiental, ni había tenido en cuenta el contenido de la Directiva Hábitats 92/43/CEE para las ZEPA, como espacios de alta fragilidad ambiental y paisajística. Igualmente, el proyecto en cuestión se pretendía aprobar y adjudicar sin que el parque natural antes citado dispusiera todavía de un plan de ordenación de los recursos naturales, ni de un plan rector de uso y gestión.
Por otro lado, los promoventes estimaban que no se habían cumplido las disposiciones de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, que establece que, en cualquier caso, deberán ser declaradas como carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística, aquéllas que atraviesan espacios naturales protegidos, afecten a bienes de interés cultural, puedan alterar las condiciones de los paisajes naturales o culturales preexistentes o pongan en peligro los testimonios etnográficos de la cultura material popular (0023054).


13.2. Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente

El derecho de acceso a la información medioambiental, regulado por la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, ha dado lugar a numerosas quejas de ciudadanos que consideran que sus solicitudes no son debidamente contestadas, persistiendo la práctica del silencio administrativo, que precisamente es uno de los aspectos recientemente reformados por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al haberse constatado su uso abusivo por parte de muchas administraciones públicas.
En otras ocasiones se ha denunciado la falta de motivación de la denegación de información, supuesto éste bastante frecuente.
La Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza de Cantabria denegó la información solicitada sobre los lugares de interés comunitario de la citada comunidad autónoma (LIC), por entender que se trataba de un expediente inconcluso, incluido, en consecuencia, entre las excepciones previstas por el artículo 3.3 de la Ley 38/1995 para denegar la información.
La denegación referida ha sido objeto de investigación, toda vez que, al haberse justificado la misma en la complejidad del proceso último de declaración de las zonas de especial conservación, en el que existen diferentes y sucesivas fases, los comparecientes estimaban que no podía admitirse el criterio de la Administración y ponían de manifiesto que el procedimiento previsto en la Directiva 92/43/CEE, si bien es complejo, no podía admitir la calificación otorgada por la Administración. El citado procedimiento, en esencia, consta de tres fases, siendo la primera de ellas la propuesta de las comunidades autónomas que se eleva a la Comisión Europea a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.
La segunda fase consiste en el examen de dicha propuesta por la Comisión Europea y las posibles ampliaciones o correcciones de la misma. La última fase es la aprobación de los LIC.
Teniendo en cuenta que la documentación a la que se solicitaba acceder era la perteneciente a la primera fase, esto es, el acuerdo del Consejo de Gobierno, que estaba ultimada y finalizada e, incluso, difundida tanto por el Ministerio de Medio Ambiente, como por la propia Comisión Europea a las personas y organizaciones que en su momento lo solicitaron, se consideró contradictorio que su contenido hubiera sido denegado a la asociación compareciente (0019345, 0008205, 0017192 y 0000687).
En otro supuesto, una organización ecologista había solicitado a diferentes comunidades autónomas la dirección completa de todos los zoológicos, delfinarios, aviarios, acuarios y demás establecimientos similares, así como la dirección completa de todas las granjas peleteras existentes legalmente en las mismas.
Mientras que gran parte de las comunidades autónomas habían considerado que dicha petición entraba dentro de los supuestos contemplados normativamente y, en consecuencia, habían facilitado la información sin dilación alguna, no ha sido ésta la interpretación de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León que resolvió desestimar la solicitud, al considerar que la asociación compareciente no gozaba de la condición de interesado al amparo de lo preceptuado en el artículo 31.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no acreditar la existencia de un interés colectivo legítimo y directo que justificara el envío de dicho catálogo.
Dicha denegación se consideró contraria a los principios que inspiran la citada Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, así como la Directiva 1999/22/CE, de 29 de marzo, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, máxime cuando la misma información, solicitada a otras comunidades autónomas, le había sido oportunamente facilitada. (0025755 y 0025760).


13.3. Declaraciones de impacto ambiental

El Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, modifica la legislación vigente hasta esa fecha en materia de evaluación de impacto ambiental, constituida, por lo que afecta a la legislación estatal por el Real Decreto

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legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.
La citada modificación normativa da cumplimiento a la obligación de trasposición de la Directiva 97/11/CE, que amplía a veintiuna categorías de proyectos, respecto de las nueve enumeradas por la anterior Directiva 85/337/CEE, las necesitadas de esta técnica preventiva de afecciones ambientales. Su objetivo primordial, como ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es eliminar las incertidumbres existentes sobre el alcance de la trasposición del denominado Anexo II, toda vez que los estados no pueden eximir por anticipado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a bloques o grupos enteros de proyectos.


En consecuencia, la modificación llevada a cabo , junto a la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos del Anexo I, cita otros en el Anexo II que podrán someterse o no a esta técnica tras un estudio detallado caso por caso, para lo cual la misma norma aporta los criterios de selección en función de tres variables: características de los proyectos, ubicación de los mismos y características del potencial impacto.
La nueva normativa prevé, asimismo, un interesante mecanismo de coordinación entre distintas administraciones públicas al establecer que, cuando corresponda a la Administración general del Estado formular la declaración de impacto ambiental, ha de ser consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.


Esta modificación normativa corrobora los déficits de la técnica de evaluación de impacto ambiental puestos de manifiesto por esta Institución en el anterior informe parlamentario, en el que se trataron monográficamente las declaraciones de impacto ambiental.
Así, se ponía de relieve la existencia de una fase de participación pública e institucional de diez días, en la que se preveía la consulta a personas, instituciones y administraciones públicas previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto o se requería de ellas la aportación de las indicaciones que estimasen beneficiosas, de carácter potestativo, mientras que con la nueva regulación se garantiza el carácter, si no vinculante como es lógico, sí preceptivo de la consulta a la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique el proyecto.
Se sigue echando en falta, sin embargo, en la nueva regulación, un mayor protagonismo de la Administración local, cuyos intereses pueden quedar afectados de forma bastante directa con la realización de un gran proyecto o infraestructura.
Prueba de ello es la queja formulada por determinado ayuntamiento del sur de Madrid por el proyecto de by-pass de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y la autopista de circunvalación de Madrid M-50 a su paso por esta localidad.
En relación con ambas infraestructuras el compareciente planteaba que sobre una extensión pequeña de terreno en la que están ubicadas varias urbanizaciones confluyen diversas instalaciones contaminantes.
Además, los proyectos de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y de trazado de la carretera M-50 atravesaban dos núcleos residenciales.
Según manifestaba el alcalde de la localidad afectada, los organismos competentes en materia de evaluación de impacto ambiental únicamente habían tenido en cuenta el impacto concreto del trazado de cada una de estas grandes infraestructuras, pero sin considerar el impacto medioambiental en su conjunto de todas las instalaciones ubicadas en la zona.
Como establece el artículo 6 del reglamento de la ley de impacto, el contenido de la evaluación debe comprender la estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad tiene sobre los elementos que componen el patrimonio histórico español, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público. Por otro lado, el artículo 10 indica que el estudio ha de indicar los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa social de la actividad.
En esencia, pues, en la queja subyacían tanto la afectación a las condiciones del sosiego público del barrio afectado, como un nulo grado de aceptación social de las infraestructuras proyectadas.
En todo momento, el ayuntamiento compareciente ha hecho saber al Ministerio de Fomento su oposición en relación con dicho trazado, dada la proximidad que tenía esta infraestructura al núcleo urbano, por lo que se aconsejaba su alejamiento por el trazado previsto en el plan general de ordenación urbana hacia el sur, tal y como propone la Comunidad de Madrid en el plan estratégico director regional de ordenación reticulada del territorio.
El cambio discutido sobre el trazado propuesto anteriormente por el Ministerio de Fomento estaba motivado por la necesidad de plantear alternativas que no afectasen a la zona de especial protección de aves, número 142, con objeto de minimizar la afectación al área de alimentación del cernícalo primilla, ya que la alternativa inicial cruzaba la zona protegida.
Por lo que afectaba a las obras de la línea de alta velocidad Madrid- Barcelona en el tramo Madrid-Zaragoza, la otra infraestructura prevista en la zona, la comisión de gobierno del ayuntamiento promovente adoptó el acuerdo de solicitar, al ente gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Fomento y a la constructora adjudicataria de las obras la paralización cautelar de éstas en la parte que afectaba a su término municipal, hasta tanto se acreditara la existencia de un título jurídico que habilitara para su realización.


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Como consecuencia de la paralización de las obras de construcción, así como del criterio adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente en el sentido de considerar que el citado by-pass sí se encontraba contemplado en la legislación comunitaria y nacional entre aquellos proyectos que deben someterse al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, el Ministerio de Fomento adoptó las siguientes medidas:

- Solicitar informe a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento sobre las afecciones que pudiera producir el bypass.


- Redactar un estudio informativo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, tramo Madrid-Zaragoza, conexión con la línea de alta velocidad Madrid Sevilla, aprobado técnicamente con fecha 14 de abril de 2000.


Este estudio informativo, que contempla el nuevo trazado del by-pass y que analiza los impactos ambientales acumulados de las diferentes obras de infraestructuras en la zona, se sometió al trámite de información pública y oficial en los términos que establece el artículo 228.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Real Decreto legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental (0002204, 0004994).
Otra queja relacionada con las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de obras e instalaciones ha sido formulada por los vecinos residentes en las inmediaciones de la futura autovía de Levante y Cuenca por Toledo, en el tramo Maqueda-Toledo (0008004).
La realización de la circunvalación de Zaragoza, en el tramo conocido como Ronda de la Hispanidad, motivó la presentación de otra queja, por entender los comparecientes que las medidas de protección frente al ruido contempladas en la declaración de impacto ambiental dictada en su día no podían ser respetadas, al no existir apenas distancia entre la citada infraestructura y sus viviendas (0009782).
La instalación de un parque eólico en la Sierra Oliva y la modificación de la normativa urbanística vigente en los municipios de Caudete y Almansa (Albacete), aun cuando este proyecto no había sido sometido a la evaluación de impacto ambiental por ser anterior a la normativa autonómica vigente en esta materia, ha dado lugar, asimismo, a la intervención de esta Institución (9909210, 0026476, 0001001 y 0008005.


13.4. Aguas continentales

El agua, recurso natural escaso, está sufriendo de forma permanente las alteraciones y agresiones externas por efecto de los vertidos que se realizan a los cauces públicos y de las obras hidráulicas y construcciones de diversa índole que se efectúan en las distintas zonas integrantes del dominio público hidráulico.
La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/ 1985, de 2 de agosto, de Aguas, profundiza en la dimensión ecológica de las aguas continentales, otorgando una mayor importancia a sus valores medioambientales. De esta forma se ha pretendido incorporar una nueva visión de «economía del agua» y fomentar una política de ahorro en los consumos, otorgando una especial atención a las exigencias ambientales de protección del recurso.
No se puede ofrecer todavía un diagnóstico completo de la incidencia y efectos de las novedades incluidas en el marco jurídico de las aguas en nuestro país después de las recientes modificaciones llevadas a cabo, pero el reforzamiento del nuevo régimen de los vertidos, para que las autorizaciones concedidas en esta materia puedan servir de manera eficaz en la lucha contra la contaminación de las aguas continentales, o la idea central de mantenimiento del «buen estado ecológico de las aguas» van poniéndose en práctica lentamente.
El debate social más relevante ha girado hasta la fecha de cierre del presente informe sobre el proyecto de lege ferenda, del plan hidrológico nacional, cuya aprobación viene exigida por la ley de aguas de 1985.
En este sentido se han recibido quejas de ciudadanos manifestando sus argumentos en contra del contenido de dicho proyecto de ley por entender que algunas de las medidas en él contempladas -fundamentalmente el trasvase de agua del Ebro hacia otras cuencas- pueden provocar graves alteraciones en el entorno donde se practican, toda vez que se detraen recursos hidráulicos de zonas en las que son necesarios hacia otras también consideradas tradicionalmente como necesitadas de los mismos.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la transferencia de recursos hídricos entre cuencas es, y ha sido siempre, fuente de polémica social debido a los diferentes y contrapuestos intereses implicados.
Al margen de lo expuesto y en el contexto de la nueva regulación jurídica en materia de aguas continentales, el tenor de la mayor parte de las quejas recibidas en esta materia sigue siendo la contaminación del dominio público producida por los vertidos, con o sin autorización, a los cauces de los ríos y la inacabada puesta en práctica de las previsiones contenidas en el plan nacional de depuración de aguas residuales. Son todavía numerosos los municipios que vierten, sin ningún previo proceso de depuración, sus aguas residuales a los ríos y cauces, provocando una degradación de la calidad de las aguas, una alta mortandad de la fauna de los ríos y graves afecciones a la salud de las personas que residen en localidades próximas a los mismos.
Como se ha expresado, la nueva ley de aguas realiza una regulación mucho más estricta de las autorizaciones de vertido, simplificando el concepto legal del mismo, y considerando aquéllos que se realizan directa

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o indirectamente en las aguas continentales y en el resto del dominio público hidráulico.
Sobre estos extremos ha girado la investigación iniciada en la queja formulada por determinado ayuntamiento de la provincia de Sevilla, que viene padeciendo, desde hace varios años, la degradación y contaminación del río Guadaira como consecuencia de los vertidos de alpechín y otros varios. Dicha contaminación es continua, pero se intensifica durante las campañas de aderezo de aceituna y provoca en las aguas un intenso color negruzco, acompañado de espuma blanca, con malos olores y mortandad de peces.
El ayuntamiento compareciente ha venido formulando continuas denuncias ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a fin de que adoptara las medidas oportunas, no sólo por los vertidos periódicos de alpechín, sino también por el hecho de que diversos municipios ribereños vierten sus aguas residuales al río sin depurarlas previamente.
Ante la intensa degradación ambiental y la ineficacia que, hasta la fecha, han tenido las escasas actuaciones de policía administrativa ejercidas al respecto, el ayuntamiento estimó oportuno formular una reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración pública de carácter solidario contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y los municipios ribereños del río Guadaira, solicitando indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al municipio y a sus vecinos (0008566).
Sigue en tramitación asimismo la compleja cuestión de los vertidos incontrolados al río Segura. Se ha solicitado un nuevo informe a la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, que no había respondido a una recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, a fin de que impartiera las instrucciones oportunas a la Confederación Hidrográfica del Segura para que aplicara, de manera rigurosa, la ley de aguas y su normativa de desarrollo, controlando y regularizando la situación de degradación del dominio público hidráulico en el río Segura.
En relación con una de las empresas causantes de los vertidos, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia remitió un completo y elaborado informe sobre las actuaciones realizadas tras la auditoría ambiental efectuada.
Como consecuencia de dicha auditoría ambiental, la citada consejería dictó resolución, en la que se consideraba regularizada la situación de la empresa respecto a emisiones y residuos, pero no respecto a vertidos, por lo que se le instaba a que en un plazo máximo de dos años pusiera en funcionamiento las instalaciones de depuración necesarias para rectificar los parámetros contaminantes y reconducirlos a los valores considerados aceptables.
Además, se están llevando a cabo diligencias judiciales por la comisión de un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal. Asimismo está en trámite un expediente en la Comisión Europea contra el Gobierno español por la contaminación del río Segura.
De los informes aportados por los comparecientes se extrae la conclusión de que el río Segura se comporta más como un gran colector de aguas residuales que como un cauce natural, generando la calidad de sus aguas un grave desequilibrio del ecosistema acuático y comprometiendo los usos a los que pueda ser destinada, tales como el riego de cultivos, el consumo animal o humano. La causa de su contaminación procede principalmente del origen y composición de las aguas residuales que recibe procedentes de vertidos sin depur