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DS. Senado, Pleno, núm. 68, de 03/12/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 1997 VI Legislatura Núm. 68

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 3 de diciembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

-- De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación o trámite en que se encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias para la actualización y unificación de la normativa que regule los expurgos de los archivos de los Juzgados y Tribunales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000392).
-- De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno ha dado instrucciones al Fiscal en orden a su intervención en el caso de la difusión de un vídeo que afecta a la intimidad del director de un periódico de ámbito nacional (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000406).
-- De don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A.
(ACESA), para lograr una reducción en el peaje de las autopistas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000379).
-- De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000390).


Página 2844


-- De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del puente internacional, en la frontera hispano-portuguesa, entre las localidades de Barça D'Alba y La Fregeneda (Salamanca) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000397).
-- De don Josep Ramón Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de incumplimientos por parte de las televisiones públicas y privadas que emiten en España que ha contabilizado el Ministerio de Fomento durante 1997, en relación con la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000402).
-- De don Aurel Sava Garcerán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la rotura del depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000396).
-- De don Luis Sebastián Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la deuda que mantiene con diversos Ayuntamientos en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por presas y saltos de agua del Estado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000401).
-- De doña Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el tipo de medidas que ha adoptado el Gobierno a fin de controlar el gasto farmacéutico hospitalario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000398).
-- De don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno revisar el modelo y contenido curricular de la formación de médicos internos y residentes (MIR) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000399).
-- De don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación que mejore la accesibilidad de los servicios sanitarios de atención especializada en la comarca de Tarazona (Zaragoza) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 34, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000400).
-- De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que está manejando el Ministerio de Sanidad y Consumo para variar las condiciones de ingreso de la población infantil en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000403).
-- De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno necesario un acuerdo del Senado para defender con garantías de éxito las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona como capitales europeas de la cultura para los años 2002, 2003 y 2004 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000404).
-- De don Manuel de la Plata Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha en que estará ultimada la previsión de las necesidades sobre financiación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000405).
-- De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista sobre si sigue siendo opinión del Gobierno que el programa debate de la primera cadena que dirige el señor Herrero cumple los principios establecidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000407).
-- De don Joan María Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán el Senado de Convergència i Unió, sobre la adecuación de las condiciones de uso del gasóleo tipo B, a través de un reglamento claro y concreto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000393).


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-- De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si se ha planteado el Gobierno la no integración plena en la nueva estructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ante la posibilidad de que España no logre los objetivos que se ha fijado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 680/000394).


Segundo

Interpelaciones:

-- De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo modelo de financiación de la sanidad y los efectos de su aplicación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 670/000065).
-- De doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las políticas que impulsará el Gobierno en cumplimiento de su compromiso de eliminar todas las formas y contenidos de educación sexista (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 670/000066).
-- De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan normativas similares, referentes a la información previa a las Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 344, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente 670/000064).


Tercero

Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

-- Proyecto de Ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (procedente del Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 62, de fecha 14 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000062) (Número de expediente C. D. 121/000080).
-- Proposiciones de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 13, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 624/000008) (Número de expediente C. D. 122/000040).
-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Vía Extrecha (FEVE) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 58, de fecha 6 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000058) (Número de expediente C. D. 121/000074).
-- Proyecto de Ley sobre concesión de los créditos extraordinarios, por importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá 20, según Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 59, de fecha 6 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000059) (Número de expediente C. D.
121/000075).
-- Proposición de Ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 15, de fecha 12 de noviembre de 1997) (Número de expediente S.
624/000010) (Número de expediente C. D. 122/000084).


Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

-- De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida (procedente del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 60, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000060) (Número de expediente C. D. 121/000066).


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-- De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo (procedente de Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 61, de fecha 1 de diciembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000061) (Número de expediente C. D. 121/000067).
-- De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el Proyecto de la Ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 54, de fecha 21 de noviembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000054) (Número de expediente C. D. 121/000035).


SUMARIO

PREGUNTAS (Página 2852)

De don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación o trámite en que se encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias para la actualización y unificación de la normativa que regule los expurgos de los archivos de los Juzgados y Tribunales (Página 2852)

El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno ha dado instrucciones al Fiscal en orden a su intervención en el caso de la difusión de un vídeo que afecta a la intimidad del director de un periódico de ámbito nacional (Página 2853)

El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Vicente Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A.
(ACESA), para lograr una reducción en el peaje de las autopistas (Página 2854)

El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres.


De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Página 2855)

El señor Font Barceló formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Font Barceló.


De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del puente internacional, en la frontera hispano-portuguesa, entre las localidades de Barça D'Alba y La Fregeneda (Salamanca) (Página 2856)

El señor Hernández Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hernández Calvo.


De don Josep Ramón Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el

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número de incumplimientos por parte de las televisiones públicas y privadas que emiten en España, que ha contabilizado el Ministerio de Fomento durante 1997, en relación con la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Página 2857)

El señor Mòdol Pifarré formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mòdol Pifarré. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo)

De don Aurel Sava Garcerán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la rotura del depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla (Página 2859)

El señor Sava Garcerán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sava Garcerán.


De don Luis Sebastián Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la deuda que mantiene con diversos Ayuntamientos en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por presas y saltos de agua del Estado (Página 2860)

El señor Estaún García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Estaún García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).


De doña Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el tipo de medidas que ha adoptado el Gobierno a fin de controlar el gasto farmacéutico hospitalario (Página 2862)

La señora de España Moya formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora de España Moya.


De don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno revisar el modelo y contenido curricular de la formación de médicos internos y residentes (MIR) (Página 2863)

El señor Barahona Hortelano formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barahona Hortelano.


De don Manuel Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación que mejore la accesibilidad de los servicios sanitarios de atención especializada en la comarca de Tarazona (Zaragoza) (Página 2865)

El señor Blasco Nogués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Blasco Nogués.


De don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que está manejando el Ministerio de Sanidad y Consumo para variar las condiciones de ingreso de la población infantil en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (Página 2866)

El señor Serrano Alvarez-Giraldo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Serrano Alvarez-Giraldo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera

Página 2848


el Gobierno necesario un acuerdo del Senado para defender con garantías de éxito las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona, como capitales europeas de la cultura para los años 2002, 2003 y 2004 (Página 2868)

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don Manuel De la Plata Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha en que estará ultimada la previsión de las necesidades sobre financiación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (Página 2869)

El señor De la Plata Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor De la Plata Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si sigue siendo opinión del Gobierno que el programa debate de la primera cadena que dirige el Sr. Herrero cumple los principios establecidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión (Página 2871)

El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).


De don Joan María Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la adecuación de las condiciones de uso del gasóleo tipo B, a través de un reglamento claro y concreto Esta pregunta ha sido aplazada.


De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si se ha planteado el Gobierno la no integración plena en la nueva estructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ante la posibilidad de que España no logre los objetivos que se ha fijado Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 2873)

De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo modelo de financiación de la sanidad y los efectos de su aplicación (Página 2873)

El señor Zamorano Vázquez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zamorano Vázquez, por el Grupo Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Cierra el debate el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las políticas que impulsará el Gobierno en cumplimiento de su compromiso de eliminar todas las formas y contenidos de educación sexista (Página 2884)

La señora Martín i Vigil realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra las señoras De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y Rodríguez Saldaña, por el Grupo Popular.
Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los propósitos

Página 2849


del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan normativas similares, referentes a la información previa a las Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos Esta interpelación ha sido aplazada.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2891)

Proyecto de Ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (procedente del Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2892)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Página 2892)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la Proposición de ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (Página 2892)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios, por importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá 20, según Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de 1997 (Página 2892)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.


Proposición de Ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (Página 2892)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el texto por asentimiento de la Cámara. El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la Proposición de ley.


Se suspende la sesión a las catorce horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2892)

De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida (procedente del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2892)

Página 2850


El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Do Campo Piñeiro consume un turno a favor. El señor Román Clemente consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Albístur Marín defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Do Campo Piñeiro consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Albístur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular. Los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán, Albístur Marín y Román Clemente, así como la señora Do Campo Piñeiro intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 209 votos a favor y 1 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 4 y 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 188 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen con la modificación introducida, por 203 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo (procedente de Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2904)

El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Fernández Menéndez consume un turno a favor. El señor Román Clemente consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albístur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, y Fernández Menéndez, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Albístur Marín defiende la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Flores Fernández defiende las enmiendas números 2 a 5, del Grupo Socialista. El señor Fernández Menéndez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto; la señora Flores Fernández, por el Grupo Socialista, y el señor Fernández Menéndez, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 131 votos a favor, 76 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 5, del Grupo Socialista, por 78 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con la modificación introducida, por 128 votos a favor, 3 en contra y 78 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Página 2914)

El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de las propuestas de veto.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista. El señor Ortiz Climent consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Ortiz Climent, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.


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Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 79 votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.
Se inicia el debate del articulado.
Artículo único (apartados 1 a 17 y 34 a 38). Disposición transitoria primera y disposición adicional.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 59 a 67. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 21. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 76 a 80, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y del señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto. El señor Beguer i Oliveres defiende las enmiendas números 81, 82 y 87, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Pérez Schwartz defiende las enmiendas números 22 a 46, 54, 57 y 58, salvo el guión 4 de la enmienda 39, del Grupo Socialista. El señor Ortiz Climent consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Pérez Schwartz, por el Grupo Socialista, y el señor Ortiz Climent, por el Grupo Popular.
Artículo único (apartados 18 a 33). Disposiciones transitorias segunda a cuarta y Exposición de Motivos.
Se dan por defendidas las enmiendas números 68 a 75, de los señores Román Clemente y Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 88. El señor Padrón Rodríguez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 89. El señor Beguer i Oliveres defiende la enmienda número 83 y retira la número 85, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende las enmiendas números 47 a 53, 55 y 56, del Grupo Socialista. El señor Ortiz Climent consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Padrón Rodríguez, por el Grupo Mixto; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Ortiz Climent, por el Grupo Popular. El señor Padrón Rodríguez interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 59 a 62, del Grupo Mixto, por 76 votos a favor, 117 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 116 en contra y 74 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 63, 64, 65 y 67, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 120 en contra y 74 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 186 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 7 y 9 a 19, del Grupo Mixto, por 77 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 76 y 77, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 112 en contra y 73 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 78, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 182 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 87, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 82 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 81 y 82, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 183 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 22 a 46, 54, 57 y 58, salvo el guión 4 de la enmienda 39, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 120 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 68 a 71, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 120 en contra y 72 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 72 a 75, del Grupo Mixto, por 75 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 88, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor y 115 en contra.
Se rechaza la enmienda número 89, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 115 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 187 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Mixto, por 78 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 79, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 111 en contra y 71 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 182 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 47 a 53, 55 y 56, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación, relativa a la enmienda número 80, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 116 votos a favor, 71 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba el artículo único del dictamen por 119 votos a favor, 76 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las disposiciones transitorias una a cuarta, la disposición adicional y la Exposición de Motivos, por 120 votos a favor, 75 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos.


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Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


PREGUNTAS:

-- DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION O TRAMITE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE ELABORACION DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA LA ACTUALIZACION Y UNIFICACION DE LA NORMATIVA QUE REGULE LOS EXPURGOS DE LOS ARCHIVOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES (680/000392.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, de don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación o trámite en que se encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias para la actualización y unificación de la normativa que regule los expurgos de los archivos de los juzgados y tribunales.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en la sesión plenaria de esta Cámara del pasado 4 de noviembre de 1996 fue aprobada la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se instaba al Gobierno a la actualización y unificación de la normativa que regula los expurgos de los archivos de los juzgados y tribunales y para el establecimiento de los criterios y directrices de los mismos, garantizando la más idónea conservación de cuantos documentos pudieran tener algún valor cultural, histórico, jurídico o administrativo.
Ha transcurrido, pues, más de un año desde que se aprobara dicha moción sin que hayan sido elaboradas aquellas directrices reglamentarias, mientras los archivos judiciales siguen acumulando expedientes y todo tipo de objetos, en donde van envejeciendo, con la agravante de que en muchas provincias no hay un archivo común y cada juzgado tiene el suyo propio, generalmente un pequeño espacio repleto de expedientes. En la mayoría de las Audiencias Provinciales se acumulan expedientes y objetos desde hace varios años que por haber perdido utilidad, e incluso valor actual, muchos, por no decir la totalidad, carecen de aliciente para sacarlos en subasta pública.
Hacer limpieza, pues, es una decisión no sólo compleja, sino también costosa, y los juzgados optan por lo fácil, que es ir archivando y acumulando todos estos expedientes, en la mayoría de los casos almacenados en locales húmedos y de forma inapropiada. De ahí la razón de ser de aquella moción y el motivo de la pregunta interesándonos por la situación o trámite en que se encuentra el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias para la actualización y unificación de la normativa que regula los expurgos de los archivos judiciales.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila i Bas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, la moción es consecuencia de la preocupante situación que presenta la regulación de los archivos judiciales. En cumplimiento de la moción aprobada por esta Cámara a finales del año 1996 el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría General Técnica, elaboró los criterios técnicos que en este momento expongo a sus señorías.
Las directrices fundamentales supondrían la clasificación en dos fases del procedimiento. La primera fase, la fase judicial y archivo, que tendría como etapas el archivo de oficina --de consulta inmediata--, el archivo central después del expurgo de documentos sin valor --como son fotocopias, providencias de ordenación, etcétera-- y el archivo general, donde pasarían los documentos de procesos ya fenecidos de carácter probatorio. Después de esta primera fase se produciría el expurgo, pudiéndose mantener el plazo de 30 años actualmente previsto, tras lo cual se contemplaría como última etapa del proceso el archivo documental en los archivos históricos provinciales.
Como su señoría conoce sin duda, no es un tema exclusivo del Ministerio de Justicia y al efecto de poder desarrollar de una forma reglamentariamente correcta el asunto, al ser una cuestión de la Comisión Mixta Ministerio-Consejo, ésta requerirá la elaboración del reglamento y la coordinación junto con el Ministerio de Educación y Cultura.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Me congratulo de que se vayan elaborando las directrices ya apuntadas por la moción y se precise la urgencia de la publicación de ese reglamento, ya que en la prensa del pasado día 22 de noviembre en la provincia de Tarragona salió publicado un artículo acerca del traslado de los archivos judiciales de la Audiencia Provincial de dicha ciudad al Archivo Histórico de Tarragona, propugnado por los Departaments de Justícia i Cultura de la Generalitat de Catalunya pero con la oposición del Presidente de dicho organismo colegial, que consideraba que debían continuar en el archivo del propio Palacio de Justicia ubicado en los sótanos; en dicho archivo hay una gran cantidad

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de documentación --expedientes del siglo pasado y del actual-- que precisa un expurgo adecuado y la conservación de la misma. Por eso se urge la necesaria y pronta publicación de dicho reglamento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señoría. Comparto, como he dicho anteriormente, su preocupación, pero el hecho mismo de lo que ha expuesto en último lugar acerca de la oposición del Presidente de la Audiencia pone de manifiesto cómo es imprescindible que el trabajo se desarrolle de común acuerdo Ministerio y Consejo General del Poder Judicial para conseguir que efectivamente sea una reglamentación adecuada a la pretensión del archivo histórico y cultural, que sin duda radica en muchos de nuestros órganos judiciales.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.


-- DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO HA DADO INSTRUCCIONES AL FISCAL EN ORDEN A SU INTERVENCION EN EL CASO DE LA DIFUSION DE UN VIDEO QUE AFECTA A LA INTIMIDAD DEL DIRECTOR DE UN PERIODICO DE AMBITO NACIONAL (680/000406.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno ha dado instrucciones al Fiscal en orden a su intervención en el caso de la difusión de un vídeo que afecta a la intimidad del director de un periódico de ámbito nacional.
El Senador Arévalo Santiago tiene la palabra.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señora Ministra de Justicia, un vídeo cutre, escatológico, del que, por lo visto, es protagonista don Pedro José Ramírez, se ha puesto arteramente en circulación. Y yo pregunto: ¿ha interesado el Gobierno del Fiscal actuaciones que tengan que ver con este asunto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Señora Ministra de Justicia, tiene su señoría la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no ha interesado actuación alguna del Fiscal General del Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El Senador Arévalo Santiago tiene la palabra.


El señor AREVALO SANTIAGO: El Gobierno ha puesto todos los medios policiales, según ha dicho el Ministro del Interior, aunque no sabemos si el secuestro de vídeos y otras actuaciones se han hecho con orden judicial. Se han puesto todos los medios que el Gobierno no puso cuando el periódico del señor Ramírez desveló vidas privadas o intimidades de otros. El Gobierno no ha interesado del Fiscal ninguna actuación, como tenía que haber hecho, para defender el principio de legalidad, cuando irrumpe el Juez Gómez de Liaño, que es elegido, como ha reconocido el Fiscal General del Estado, por un testigo del cucañero protagonista, después de despreciar el caso el Juez Garzón.
No sé si la señora Ministra de Justicia recibió a don Pedro José Ramírez después de la declaración de este testigo. El Fiscal Fungairiño, el que nombró el Gobierno contra viento y marea, avaló la aparición de Gómez de Liaño por necesidades de actuación urgente, y el Fiscal General no consideró nada descabellada, ni mucho menos, la intervención de Gómez de Liaño. También, la señora Ministra ha dicho que es un hecho que puede ocurrir, y ocurre, en otros tribunales. Los fiscales, y supongo que también la Ministra, se han congratulado después de que se haya abstenido el Juez Gómez de Liaño, quien en este momento responderá ante el Tribunal Supremo, después de cometer en este asunto, como es habitual en él, un montón de tropelías. El ridículo que han hecho ustedes es considerable.
Pero este Gobierno resulta ser parte en todos los pleitos. Alineado con su amigo don Pedro José, el que quita y pone presidentes, el asesor de Aznar, el Gobierno ha colaborado, no sé en qué grado de sumisión, en querer transformar un delito del artículo 197 del Código Penal, vulnerar la intimidad, en una conspiración política.
Señora Ministra, la obligación del Gobierno es defender al Estado, incluso en un caso como éste, que no es de Estado pero termina afectando a su dignidad, deteriora la justicia y aumenta la inseguridad jurídica.
Repugnante es vulnerar la intimidad, ha dicho la señora Ministra, y tiene razón; repugnante es pasar de un hecho privado al bochornoso espectáculo público en que coinciden un juez elegido, unos cuantos fiscales y el Gobierno, todos atados, ustedes sabrán por qué, por don Pedro José, del que seguramente están deseando desprenderse después que su estilo ha impregnado al Gobierno.
Repugnante es también el contenido del vídeo, que ha promocionado su posible protagonista, despreciando su intimidad y consiguiendo mucha curiosidad por verlo. Me permito aconsejar que no lo vean. Por lo que sé, puede herir la sensibilidad del espectador; sólo el esclavón y el lúbrico perverso pueden verlo con complacencia. Los psiquiatras interpretan así personalidades.
Finalmente, quiero lamentar que el publicado protagonista sea colaborador, amigo, compañero de juegos, comidas y balcón del señor Aznar.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, es evidente que la pregunta y la consiguiente respuesta eran simplemente la percha a la que su señoría se acoge para lanzar una serie de invectivas en esta Cámara que no se corresponden en absoluto con la realidad.
Si su señoría quiere que nuevamente entremos en una discusión acerca de cómo puede la Ministra de Justicia acreditar los hechos negativos, creo que es un campo absolutamente perdido. Yo, señoría, respeto todo lo que usted ha dicho, pero permítame que no comparta nada y, sobre todo, que no pueda compartir en absoluto lo que los hechos y la evidencia de los mismos demuestran «a contrario».
Cuando su señoría realiza una pregunta acerca de cuál es la actuación del Gobierno respecto de determinadas actuaciones del Fiscal General, lo que puede hacer la Ministra de Justicia es contestar con la verdad. Su señoría, a partir de ahí, monta una especie de película en la que quiere terminar involucrando a todos y usted ser mero espectador. Creo, señoría, que ese no es el camino por el que, más o menos, podemos ir solucionando los problemas de la Justicia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.


-- DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
(ACESA) PARA LOGRAR UNA REDUCCION EN EL PEAJE DE LAS AUTOPISTAS (680/000379.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A. (ACESA) para lograr una reducción en el peaje de las autopistas.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el Gobierno aprobó hace un mes el Real-decreto 1674, de 31 de octubre, por el que se modifican ciertos términos de la concesión de tres autopistas, todas ellas adjudicadas a Aumar. Ello implica una reducción en los peajes de entre el 30 y el 40 por ciento, que, junto con la anterior en el Impuesto sobre el Valor Añadido, supone una rebaja importante en estas autopistas, con un resultado positivo tanto para los usuarios de vehículos de turismo como para los transportistas y, por tanto, para la economía en general.
El Gobierno anunció que iba a proceder inmediatamente a efectuar gestiones con otras autopistas. Mi pregunta, señor Ministro, se centra concretamente en Acesa: ¿En qué situación se encuentran las conversaciones con Acesa para lograr una reducción en el peaje de las autopistas de esta concesionaria?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, voy a iniciar mi respuesta con una reflexión obvia: la paciencia es la principal virtud del negociador.
El acuerdo con Aumar, que era potencialmente el más fácil, nos ha llevado cerca de ocho meses. La negociación con Acesa es, probablemente, la más difícil de todas las que tiene emprendidas el Gobierno con las distintas concesionarias. Y lo es por dos razones.
En primer lugar, porque tienen un plazo concesional hasta el año 2017 y, por tanto, es una baza de negociación débil otra ampliación adicional de dicho plazo.
En segundo lugar, porque ya tiene los peajes más bajos. Ahora, solamente Aumar los tiene por debajo de Acesa. En realidad, Acesa tiene unos peajes que están en el entorno de la media comunitaria, del orden de 10 pesetas y algo más como media del peaje que cobra.
Por tanto, señoría, la presión a la baja de los peajes no será fácil.
Coincide con la política del Gobierno de rebajar todos los peajes, en la medida de lo posible, hacia la media comunitaria, puesto que en España estaban, también como media, bastante más altos que en la Unión Europea.
Ello nos exige encontrar otras vías de negociación y otros mecanismos de compensación: en obras, en posible ampliación física de la concesión mediante prolongaciones y enlaces que son necesarios para la red de infraestructuras de Cataluña. Y en ese camino estamos, a sabiendas de que la negociación será relativamente larga y no fácil.
En todo caso, lo que sí le transmito a su señoría es que, teniendo Acesa autopistas de titularidad estatal y de titularidad de la Administración autonómica, actuamos en todo momento en permanente acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por su información. Tomo nota de ello.


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Comprendo que las negociaciones no son fáciles, en este caso posiblemente menos, y en cualquier caso una negociación que exige acuerdo por las dos partes requiere, no sólo la disposición previa --que estoy seguro que las dos partes deben tenerla--, sino un resultado final que sea conveniente para unos y para otros, pero confío en que, con el tiempo que sea necesario, se pueda llegar a este acuerdo.
No debemos olvidar que Acesa comunica, a través de la A-2, Barcelona con Lleida con Tarragona con Girona, y que por tanto tiene una gran densidad de tráfico de vehículos que son utilizados cada día, incluso a veces mañana y tarde, y en consecuencia cualquier acuerdo correcto y beneficioso para ambas partes sería asimismo beneficioso para los ciudadanos, y como decía antes respecto a Aumar, beneficioso al final para el conjunto de la economía.
Por tanto, sin apremiar al Gobierno, pero sí incidiendo en este aspecto, por la gran importancia que tiene para el entorno de las provincias catalanas, sí le pido que aunque se tomen el tiempo necesario no se olviden de este tema para poder llegar a un acuerdo que sin duda será beneficioso para todos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
¿Señor Ministro? (Pausa.)

-- DE DON JAUME FONT BARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA FIRMAR UN CONVENIO DE CARRETERAS CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES (680/000390).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Tiene la palabra el señor Font Barceló.


El señor FONT BARCELO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ha salido en la prensa que parece que se va a firmar un convenio con la Comunidad Autónoma de ses Illes Balears en tema de carreteras. ¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno? Gracias.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salado Montalvo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el convenio está en estos momentos en tramitación y concretamente en la fase de intervención por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, y sin poder comprometerme a dar un día exacto, parece normal que como mucho en el plazo de los próximos dos meses se pueda firmar el convenio entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Gobierno central.
¿Por qué esta lenta tramitación? Señoría, nosotros hemos introducido lo que yo llamaría la seriedad en la práctica de los convenios entre distintas Administraciones Públicas. Esa seriedad pasa por algo tan evidente como que, cuando se firma un convenio, vaya acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria. Y, desde esa perspectiva, el convenio que se firma con las Islas Baleares, como el firmado previamente con la Comunidad Autónoma canaria, constituye un hito --por así decirlo en términos un poco grandilocuentes y si quieren históricos, por lo menos en la relación entre ambas Administraciones.
El Gobierno español invertirá en las Islas Baleares, en los próximos ocho años, 57.000 millones de pesetas, mejorando toda la red de carreteras de las Islas Baleares, carreteras que son competencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Para el próximo ejercicio 1998 existe ya en los presupuestos, que pronto deberá aprobar esta Cámara, una inicial dotación de 1.300 millones de pesetas. Pero, una vez firmado y aprobado el convenio, tendrá en cada ejercicio presupuestario la dotación correspondiente para poder ejecutar, dentro de los plazos previstos, todo el programa de actuaciones a que el convenio se refiere.
En todo caso, señoría, yo espero que, o bien en el transcurso de este mes de diciembre o en el transcurso del mes de enero, podamos celebrar la firma de este convenio, que es absolutamente fundamental para la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Senador Font Barceló, tiene usted la palabra.


El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Ministro, por su respuesta, la cual, junto con la firma de este convenio para Baleares, constituye una fantástica noticia. Sin embargo, esta noticia no puede ocultar un sentimiento de frustración, una sensación de rebeldía por parte de toda una Comunidad ante lo que ha supuesto una afrenta histórica hacia nuestra tierra.
Baleares ha visto cómo Gobiernos anteriores han penalizado su progreso y han convertido su prosperidad en una coartada perversa para privar a nuestras Islas de los mismos derechos que se concedían a otras Comunidades Autónomas de características similares.
El día 27 de abril de 1994, cuando el entonces Ministro de Obras Públicas, señor Borrell, presentó el Plan Director de Infraestructuras que iba del año 1993 hasta el 2007, el Gobierno socialista no tenía prevista ni una sola inversión en obras de interés general --era sólo eso, una previsión, y no una dotación de dinero ni unos proyectos concretos como ocurre en el caso de este convenio-- para construir carreteras en Baleares dentro de lo que era el PDI.


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Pues bien, el Senador don José María Bris Gallego le decía textualmente al entonces Ministro lo siguiente: Se nos ha dicho que el plan no es insolidario. Yo estoy viendo los gráficos y así, por ejemplo, puedo decir que para el archipiélago balear no hay previsiones de infraestructuras de carreteras. Aquí hay aunque sea solamente una, una marginación, decía el Senador del Grupo Popular.
Señor Ministro, esta presentación del PDI de Baleares constituyó para nosotros la prueba más evidente de que desde el sectarismo se puede marginar a toda una Comunidad Autónoma por el simple hecho de liderar el «ranking» nacional en lo que a productividad, trabajo y bienestar se refiere.
Señor Ministro, me gustaría utilizar hoy un tono más amable ya que soy consciente de que su Departamento ha deshecho un agravio histórico con el presente convenio, aunque ello no impide que mi actitud, en tanto que representante de los intereses de los ciudadanos de ses Illes Balears, sea necesariamente dura ya que seguimos sin ver en ningún momento un futuro presumiblemente más halagüeño, ese futuro que todos esperamos con la aplicación de este convenio. Lo que sí percibimos es un pasado en el que arbitrariamente se nos privó de lo que en justicia nos correspondía.
Muchas gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Font Barceló.
¿Desea hacer uso de la palabra el señor Ministro? (Pausa.) Muchas gracias.


-- DE DON CASIMIRO HERNANDEZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL, EN LA FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA, ENTRE LAS LOCALIDADES DE BARÇA D'ALBA Y LA FREGENEDA (SALAMANCA) (680/000397).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del puente internacional, en la frontera hispano-portuguesa, entre las localidades Barça D'Alba y La Fregeneda en la provincia de Salamanca.
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.


El señor HERNANDEZ CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, recientemente ha entrado en vigor un Convenio hispano-luso, cuyo principal objetivo es construir un puente internacional en la frontera con Portugal en la provincia de Salamanca, concretamente entre las localidades de La Fregeneda y Barça D'Alba sobre el río Agueda en su confluencia con el río Duero.
Señor Ministro, éste es un proyecto ansiado durante largo tiempo. Tanto es así, que desde el Grupo Parlamentario Popular se vienen presentando desde el año 1986 reiteradas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado solicitando su realización y abundando en los beneficios que su construcción conllevaría. Debe, pues, congratularnos que sea precisamente ahora, con un Gobierno del Partido Popular, cuando tal proyecto se convierta en una auténtica realidad.
Dicho puente, que está previsto sea financiado a partes iguales por ambas naciones, es una necesidad real sentida por los habitantes de esta zona fronteriza, dado que es evidente que se trata de abrir una nueva vía de comunicación con los beneficios de toda índole que ello representa para los habitantes de la zona afectada.
Resulta de todo punto evidente que la ejecución de esta obra de conexión en la zona fronteriza posibilitará el inicio de acciones de carácter económico tendentes al desarrollo de toda la comarca de influencia que, por lo que se refiere a la provincia de Salamanca, presenta en la actualidad unas magnitudes económicas por debajo de la media nacional.
En este sentido, conviene añadir que en el lugar de la construcción del nuevo puente internacional se ubica el muelle fluvial de Vega Terrón, proyectado y actualmente en uso para aprovechar las condiciones de navegabilidad del río Duero.
Dicho esto, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la construcción del puente internacional en la frontera hispano-lusa entre las localidades de Barça D'Alba y la Fregeneda en la provincia de Salamanca? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hernández Calvo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, las conexiones entre España y Portugal constituyen una prioridad para este Gobierno, por muchas razones. Hay una obvia, como es el hecho de que ambos países pertenezcan a la Unión Europea y además hayan suscrito el Convenio de Schengen, en virtud del cual desaparecen las fronteras entre ambos países, e incluso los controles en los pasos fronterizos.
En estos momentos las conexiones con Portugal --que, como digo, son una prioridad de este Gobierno-- siguen una buena marcha. Se encuentra en ejecución la conexión por Fuentes de Oñoro, el tramo Tordesillas-Salamanca está en obras, y el correspondiente a Salamanca-Fuentes de Oñoro podrá estarlo a principios de 1999. La conexión por Badajoz, la autovía, está concluida hasta la frontera portuguesa, y los trabajos desde el lado de Portugal se encuentran muy avanzados. Finalmente, en el ejercicio de 1998 se pondrá en obras el tramo entre Huelva y Ayamonte, que corresponde a la conexión por el sur entre España y Portugal. Al mismo tiempo, tenemos en estudio la realización de una importante inversión para tener un buen ferrocarril entre Vigo y Oporto, lo que es una pretensión, no sólo del

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Gobierno español, sino también del de Galicia y del Gobierno portugués.
En el marco de estas conexiones con Portugal, el pasado 18 de enero de 1996 se suscribió un convenio entre España y la República de Portugal para la construcción del puente internacional sobre el río Agueda. La parte española asumió la obligación de llevar a cabo la ejecución material del puente con cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento, en un 50 por ciento, siendo el órgano de ejecución la Dirección General de Carreteras.
Sobre este puente internacional existía un proyecto. A la vista del mismo, la comisión técnica hispano-portuguesa que se creó en el marco de ese convenio formuló el pasado mes de marzo una serie de sugerencias para que se aportaran unas mejoras estéticas y técnicas al proyecto del que disponía la Dirección General de Carreteras. A tal fin, ésta va a iniciar la redacción del pliego de condiciones, con la intención de que a finales del primer cuatrimestre del próximo año esté publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la licitación de las obras, para que éstas se puedan iniciar antes de que concluya 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra, Senador Hernández Calvo.


El señor HERNANDEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, del contenido de sus palabras deduzco que el puente internacional sobre el río Agueda será una realidad en un período breve de tiempo, lo que redundará en beneficio del desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal.
Considero que el Ministerio de Fomento ha entendido la necesidad de dicha obra y ha sido eficaz a la hora de resolver este problema.
Muchas gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hernández Calvo.
Señor Ministro, ¿desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Gracias.


-- DE DON JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL NUMERO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS TELEVISIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE EMITEN EN ESPAÑA QUE HA CONTABILIZADO EL MINISTERIO DE FOMENTO DURANTE 1997, EN RELACION CON LA LEY 25/1994, DE 12 DE JUNIO, DE TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552/CEE SOBRE LA COORDINACION DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION TELEVISIVA (680/000402).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Josep Ramón Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de incumplimientos por parte de las televisiones públicas y privadas que emiten en España que ha contabilizado el Ministerio de Fomento durante 1997, en relación con la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Tiene la palabra el Senador Mòdol Pifarré.


El señor MODOL PIFARRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Capítulo V de la Ley 25/1994, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y, en concreto, el artículo 18, apartado 2, dice: Las funciones de control o inspección del cumplimiento de las disposiciones en esta Ley se ejercerán por el Ministerio de Fomento.
Por ello, tal y como ya le anticipé el día 17 de septiembre pasado, le formulo esta pregunta en los términos expresados por el señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mòdol Pifarré.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo querría aprovechar su pregunta para hacer un pequeño ejercicio de sinceridad, aunque quizás en política la sinceridad pueda parecer ingenuidad.
Para información de la Cámara, querría poner de relieve lo que son los hechos en esta materia.
Las competencias de la Administración central del Estado sobre los contenidos televisivos no proceden solamente de la Ley del año 1994, sino que tienen su primera formulación explícita y casuística en una Ley del año 1988.
En la primera etapa, entre 1988 y 1994, fueron muchos los expedientes de infracción abiertos sobre los que no recayó ni una sola sanción.
Entre julio de 1994, en que entra en vigor la Ley a que ha hecho referencia su señoría y a la que se refiere la pregunta, y julio de 1996 se abren también muchos expedientes y solamente dos de ellos concluyen en sanción de 10 millones de pesetas a dos cadenas nacionales de televisión por exceso de publicidad.
Entre 1996 y el año en curso, 1997, hay varios expedientes en marcha, concluyendo cuatro de ellos recientemente con propuesta de sanción por publicidad de bebidas alcohólicas a todas las cadenas nacionales de televisión, incluidas las estatales. Además, en estos momentos hay otros 12 expedientes con propuesta de infracción en curso.
Hoy hemos leído en los medios de comunicación la existencia de un cierto desorden en la contratación de publicidad,

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lo que probablemente se traduce en contratación de exceso de la misma por parte de las cadenas nacionales. Con motivo de esa información, he ordenado que se abra un expediente informativo, con objeto de averiguar si efectivamente las cadenas nacionales, que con frecuencia exceden de la publicidad permitida, han contratado más de la que realmente pueden transmitir.
Pero, volviendo al principio, señoría, querría hacer ese ejercicio de sinceridad al que inicialmente me he referido. Se trata de normas legales que tenemos la obligación de cumplir, pero que son extraordinariamente difíciles de aplicar, no solamente por este Gobierno, sino por todas las Administraciones Públicas. Hay que tener en cuenta que las Administraciones autonómicas también tienen competencia para abrir estos expedientes y aplicar estas posibles sanciones, en relación con las cadenas de televisión de ámbito territorial autonómico. Y, sin embargo, se hacen advertencias, se abren expedientes y difícil o escasamente se concluye en sanción.
Quiere decirse que debemos hacer una reflexión sobre la efectividad de estas leyes, la cual, a mi juicio, pasa en primer término por tener una serie de reuniones con los sectores involucrados: sectores de la publicidad y de las televisiones para tratar de actuar --como tuve ya ocasión de decir en esta Cámara, con motivo de una interpelación-- principalmente por la vía de la persuasión. Y, finalmente, decidir conjuntamente cómo y cuándo creamos un comité de lo audiovisual. Ya me he referido recientemente a que el Ministerio y el Gobierno no tienen un criterio apriorístico sobre cómo configurar dicho consejo, si debe estar o no en el ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, si debe tener plena autonomía o más o menos independencia en relación con esta Comisión. Merece la pena que trabajemos --repito-- en ello conjuntamente para lograr un consenso porque creo que este tipo de órganos el que estaría en condiciones de aplicar mejor estas leyes que las Administraciones.
Mientras tanto, señoría, es evidente que todos tenemos la obligación de cumplir la Ley y, por ello, este Gobierno ha iniciado esos expedientes con propuesta de infracción y se propone continuar los ya iniciados en estos momentos para que la Ley, que es igual para todos, sea cumplida por todas las cadenas de nacionales de televisión, que son aquellas sobre las que el Gobierno tiene competencias en relación con los contenidos publicitarios.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Mòdol.


El señor MODOL PIFARRE: Gracias, señor Presidente.
Quiero decirle que, por primera vez, este Senador tiene una cierta esperanza ante sus palabras que hacen referencia a ofrecer por fin el consenso que en la pasada legislatura se había logrado para, quién sabe, si crear el Consejo Superior de lo Audiovisual como hemos pedido repetidamente.
No obstante, quiero informarle de que este Senador no se siente satisfecho de sus respuestas. Cuando le pregunto sobre cuántas infracciones se han impuesto no me contesta. Cuando este mismo Senador le pregunta a la señora Ministra de Cultura, el pasado 8 de octubre, cuál es el grado de cumplimiento del convenio de autorregulación de las cadenas con el Ministerio y las distintas Consejerías de Educación, me dice: Escaso o nulo. Incluso afirma: Vamos a peor. Y en abril la Ministra de Cultura, de su Gabinete, en esta misma Cámara, dice: Tengo que decir a su señoría que el Ministerio de Fomento es el encargado de controlar el cumplimiento de la Ley 25/1994, por la que se incorpora la normativa de la Unión Europea en materia de televisión, etcétera.
Creo que es necesario recalcar que esa Ley 25/1994 es de obligado cumplimiento, cosa que no ocurre, en cambio, con el convenio de autorregulación. Lo dice una Ministra de su Gabinete, no yo.
En este momento, además, señoría, y abundo en el tema, no son ya el Defensor del Pueblo y la propia Ministra de Educación y Cultura quienes también hablan del tema, sino asociaciones de padres, de telespectadores, de consumidores, de particulares, etcétera. Le ahorro a su señoría darle la lista. Existe un manifiesto contra la telebasura sobre el que unánimemente se está expresando la sociedad española.
Mi pregunta de hoy, señor Ministro, venía motivada porque muchas otras, las que le he formulado por escrito, no han sido contestadas.
Ahora, señor Ministro, no se lo digo yo, se lo dice incluso el Presidente del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña: Para el Gobierno Popular, dice, la televisión es negocio, dinero y poder, por ello quiere derivar el control del respeto a los derechos humanos a una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Se quiere marginalizar este asunto porque no interesa que los contenidos televisivos puedan ser analizados por un organismo independiente. Lo dice el señor De Carreras, no yo.
Dejen, señores del Partido Popular, y hoy nos ha dado una esperanza, que el control de los contenidos televisivos sea popular y no del Partido Popular, como incluso algún sector de su propio partido le pide. Dé luz verde a la creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales como existe ya en toda Europa, como reclaman la Unión Europea, la razón y la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mòdol.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado Montalvo): Gracias, señor Presidente.
Señorías, las palabras del Presidente del Consejo de lo Audiovisual de Cataluña representan una opinión legítima. Yo me permito discrepar de esa opinión. Con ocasión de una interpelación, en esta misma Cámara, pude transmitir algo que constituye hoy un hecho en la Unión Europea. Primero, son escasos los países que tienen un Consejo Superior de lo Audiovisual.
Los que lo tienen, están en un proceso de reflexión para ver si unen el Consejo

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Superior de lo Audiovisual con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque hay momentos en que es extraordinariamente difícil decidir qué es lo que debe primar, si la dimensión técnica o la dimensión de los contenidos, porque muchas veces están profundamente involucradas.
De todos modos, le repito, no tengo ni un criterio dogmático ni un criterio apriorístico. En principio, un órgano de lo audiovisual puede funcionar fuera del ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o puede funcionar con autonomía propia en el ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. No es una cuestión de principio. Es una cuestión accidental.
Yo lo que le pido a su señoría, puesto que tiene enorme interés por estos temas, es que haga un ejercicio de sinceridad y piense por qué en los catorce años anteriores, donde había muchas infracciones en materia de publicidad y también telebasura, de los muchos expedientes abiertos solamente dos concluyeron en infracción. Eso refleja un hecho objetivo: la dificultad de aplicar determinado tipo de leyes por las Administraciones Públicas y esa dificultad la tienen en todos los países miembros de la Unión Europea. Ayer, sin ir más lejos, en el diario económico francés «Le Tribunne» venían unas declaraciones del Presidente francés del Consejo Superior de lo Audiovisual quejándose de la inefectividad del órgano porque cuando ese órgano actúa le critican por actuar y cuando no lo hace le critican por no actuar. Y es que, señoría, si alguien ha resuelto este problema en alguna medida son justamente las sociedades que se inspiran en el llamado convencionalmente el modelo anglosajón. Es mucho más eficaz todo lo que deriva de la capacidad de autorregulación de la sociedad civil que todo aquello que se trata de imponer por la vía del control, por la vía de la inspección y por la vía de la sanción administrativa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


-- DE DON AUREL SAVA GARCERAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DE LA ROTURA DEL DEPOSITO DE AGUAS DE CABRERIZAS ALTAS EN MELILLA (680/000396).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Aurel Sava Garcerán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la rotura del depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla.
Tiene la palabra el Senador Sava Garcerán.


El señor SAVA GARCERAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame, señor Presidente, que, en primer lugar, tenga un recuerdo para las once víctimas mortales de la desgraciada catástrofe del reventón del depósito de aguas de Cabrerizas Altas en Melilla.
En segundo lugar, permítame también agradecer a la Ministra la prontitud y la diligencia, tanto política como administrativa, que tuvo con ocasión de este desastre, incluso con las dificultades de transporte desde Madrid hasta Melilla en ese día aciago en el que el aeropuerto de Barajas estaba cerrado.
En todo caso, permítame también, señor Presidente, enunciar simplemente la pregunta para poder hacer comentarios posteriormente y no agotar mi tiempo. Por lo tanto, señora Ministra, me gustaría que explicara a esta Cámara las medidas que ha adoptado y que va a adoptar el Gobierno en relación a la rotura o reventón del depósito de Cabrerizas Altas de Melilla.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sava Garcerán.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo también me sumo a esa solidaridad, incluso, con los familiares de la nueva víctima que se produjo en el día de ayer por lo que son ya once los muertos por causa de esta tremenda catástrofe.
Al día de hoy no tengo nada que añadir a lo que fue motivo de mi comparencia la semana pasada en el Congreso de los Diputados en donde, como se pudo comprobar --ahí quedan las declaraciones en el «Diario de Sesiones» de la Cámara-- el Ministerio ha adoptado ya una serie de medidas para averiguar con todo rigor y con toda profundidad las posibles responsabilidades que de este lamentable suceso pudieran derivarse.
En este sentido, desde el mismo día en que se produce la catástrofe tomé la decisión de iniciar dos procedimientos de investigación que nos pudieran llevar a detectar las posibles causas técnicas del fallo, que se ha comprobado que no ha sido una causa natural o fuerza mayor, sino, lamentablemente, un fallo humano. Esas primeras investigaciones, y a expensas de que nos puedan dar sus informes definitivos, nos hacen excluir algunas de las causas que se pudieron barajar por la opinión pública, como son que la causa fuera un fallo en la cimentación o en la ubicación del depósito. Ninguna de estas dos causas pueden ser consideradas como responsables de la catástrofe, ni tampoco la existencia de filtraciones, que no fisuras, de pérdidas, que no grietas, han sido la causa de la tragedia que, lamentablemente, hoy estamos contemplando.
Por tanto, nos centramos ya en esas investigaciones y en que los posibles fallos, las posibles causas técnicas hayan podido estar, primero, en los problemas derivados del proyecto. Estamos analizando si realmente los cálculos en los que se basó el modificado fueron llevados a cabo correctamente para que no se produjera esta catástrofe. En segundo lugar, una investigación sobre la calidad de los materiales, de los prefabricados. En tercer lugar,

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cuál fue el comportamiento durante la ejecución del proyecto y también el comportamiento durante la explotación de ese depósito. A la vista de todo ello, estamos queriendo investigar todas las posibles responsabilidades, y en este sentido se ha iniciado ya un expediente administrativo a aquellas personas que trabajaban en la Confederación Hidrográfica en los años 1992-1994, en la construcción de estos depósitos, en el bien entendido que no estamos presumiendo en este momento la condena, ni siquiera la presunción de culpabilidad de ningún funcionario, sino que estamos investigando las posibles responsabilidades administrativas que hubieran podido producirse en personas relacionadas con aquella construcción.
Es lo cierto también --esto no se había producido nunca en España-- que en la medida en que la legislación permite adelantarse a asumir la responsabilidad civil por parte del Estado, he incoado ya un procedimiento de oficio para asumir la responsabilidad patrimonial de la Administración Central, para que se determinen las indemnizaciones por daños causados a las víctimas de esta catástrofe, entendiendo que de esta forma queda garantizado el cobro de las mismas por parte de los damnificados, sin excluir que esa responsabilidad pudiera repercutirse sobre quienes tuvieran más directamente la responsabilidad en las consecuencias de tan trágico accidente.
Por último, y para evitar situaciones análogas, he encargado ya un catálogo de posibles obras que hubiera en este momento en una situación administrativa desde luego no muy regularizada, en la medida en que pueden existir obras encargadas por Ayuntamientos o por la Administración Central del Estado que no se encuentran totalmente transferidas en este momento, en cuanto a gestión y mantenimiento, a los ayuntamientos y que pudieran llevar a la conclusión de que en determinadas circunstancias no se supiera muy bien de quién puede ser la responsabilidad en la gestión.
En cualquier caso, en todas estas líneas estamos actuando, incluido el control riguroso de los modificados en los contratos para que salvo causas de fuerza mayor no puedan ser alterados en sus condiciones técnicas iniciales por causas lamentablemente, como nos hemos encontrado, no siempre muy justificadas, por lo que puedo afirmarle, señoría, que he decidido adoptar todas las medidas oportunas para que con total transparencia y dedicación nos pongamos, por una parte, al servicio del juez que tiene que determinar las mayores responsabilidades penales y, por otra parte, asumamos la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas para la fijación de las posibles indemnizaciones y, desde luego, avanzando también en mecanismos de prevención de sucesos de esta naturaleza.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
El Senador Sava tiene la palabra.


El señor SAVA GARCERAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Es cierto, señora Ministra, que su respuesta ante el Congreso de los Diputados la conocíamos y que, debido al escaso tiempo que ha transcurrido, no hay muchas novedades. Pero es importante que en esta Cámara, de representación territorial, por una vez se hable de Melilla, aunque sea por el tema de una catástrofe.
Quiero decirle que debido a la dimensión del territorio de la ciudad autónoma de Melilla, esta catástrofe ha afectado a toda la comunidad: comerciantes, víctimas, habitantes, incluso a los bienes de las Administraciones territoriales de aquella ciudad. Es cierto --le felicito por ello-- que es la primera vez en la historia de España, creo yo, que la Administración reacciona de una manera tan inminente, directa y asume la apertura del procedimiento de investigación y de las responsabilidades patrimoniales de una manera fulminante. Es inusitado y creo que debe ser un precedente para futuros casos que espero que no se repitan por el bien de todos los españoles.
Es cierto que será un juez quien determine las responsabilidades. Lo que sí le ruego, señora Ministra, es que en un momento determinado, desde todos los ámbitos de la Administración, se vigile para que esas responsabilidades se lleven hasta el último extremo, y aquellos que por su incapacidad o por su fallo --hemos hablado de fallos humanos-- han permitido que esta catástrofe ocurra paguen por esas once víctimas mortales y por los destrozos ocasionados a los habitantes de la ciudad y en las administraciones de la ciudad.
Nosotros llevamos 500 años racionando el agua --que se dice pronto--, 500 años de vida de la ciudad autónoma de Melilla racionando el agua. Le pido también, señora Ministra, que en la medida de sus posibilidades vea de qué manera se pueda solucionar la llegada de agua a Melilla porque es una Comunidad Autónoma que sigue racionando el agua desde hace 500 años, año como en el que estamos en que festeja sus 500 años. Los melillenses somos una sociedad multicultural, multirracial y multirreligiosa y creemos en el más allá. Desgraciadamente, el Mediterráneo, que nos separa de la península, ha sido siempre un mar incierto. Gracias a su actuación, señora Ministra, y no sólo en este caso, sino en otros, hemos visto un Mediterráneo menos incierto y empezamos a creer en el más allá de los mares.
No quisiera que entendiera estas palabras como aquella reflexión del clásico político que decía que todos los halagos son como las frutas en dulce, que llevan un hueso dentro. No, para nada; no llevan un hueso dentro. Lo que sí le ruego es que sea vigilante con el desarrollo de este expediente que se ha abierto en su Ministerio.
Muchas gracias, señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sava Garcerán.


-- DE DON LUIS SEBASTIAN ESTAUN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE TIENE EL GOBIERNO DE ABONAR LA DEUDA QUE MANTIENE CON DIVERSOS AYUNTAMIENTOS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) POR PRESAS Y SALTOS DE AGUA DEL ESTADO (680/000401).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Luis Sebastián Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la deuda que mantiene con diversos ayuntamientos en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles por presas y saltos de agua del Estado.
Tiene la palabra el Senador Estaún García.


El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la cuestión que se plantea hoy aquí es un tema ya largamente debatido, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y que ha merecido el consenso de todos los grupos a la hora de instar al Gobierno a resolverlo. Esta cuestión no es otra que la deuda que mantiene el Estado, y más concretamente las Confederaciones hidrográficas, con las haciendas locales en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles devengado por las presas e instalaciones de producción hidroeléctrica que se encuentran en sus términos municipales.
Muchos senadores conocen bien este problema, por lo que no voy a remontarme demasiado a las vicisitudes que ha sufrido la aplicación del artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que contempla las presas y centrales como bienes de naturaleza urbana, con lo que quedan sujetas a la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Resumiendo, el proceso de elaboración de las ponencias por parte de los centros catastrales provocó una demora en el libramiento de los correspondientes recibos hasta el año 1993, con lo que se generó una carencia de tres años en la recaudación de este impuesto puesto que, aun teniendo los ayuntamientos la capacidad legal reconocida desde 1990 para cobrar este impuesto, técnicamente era imposible su recaudación efectiva, dada la inexistencia de las bases que permitían liquidarlo.
De esta manera, el único instrumento existente para intentar compensar a los municipios de los perjuicios y servidumbres provocados por presas y embalses, compensación que se realizaba anteriormente a la implantación del IVA mediante el canon energético, ha generado una deuda con las haciendas locales. Esta deuda histórica, por llamarla de alguna manera, se vino a sumar a la que se ha generado año tras año hasta ahora, puesto que ha sido en los últimos días cuando se ha comenzado a liquidar el impuesto correspondiente a este año 1997 en algunas confederaciones, concretamente en las del Tajo y Guadiana.
Con estos antecedentes, es lógico que todos los grupos de la Cámara el día 30 de noviembre de 1995 aprobaran por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a que antes de finalizar el año 1995 concretase los plazos y términos en que tenía previsto validar la deuda contraída con estos ayuntamientos por impago del IBI correspondiente a los ejercicios de 1993, 1994 y 1995, proposición a la que se adicionó una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, firmada por todos los grupos, en la que se instaba asimismo a evaluar, reconocer y pagar las deudas generadas por este mismo concepto en los años 1990, 1991 y 1992.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la buena disposición del Ministerio de Medio Ambiente para resolver este problema, expresado en múltiples ocasiones, la última de ellas el pasado jueves en la III Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, la pregunta que le hago, señora Ministra, es cuáles son sus previsiones para hacer frente a esta deuda que, ateniéndonos al período impositivo fuera de toda cuestión, el comprendido entre 1993 y 1996, supone 3.744 millones.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, como muy bien sabe su señoría, han sido precisamente los problemas jurídicos que ha planteado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se debía aplicar a los bienes de dominio público hidráulico y concretamente a las presas propiedad del Estado, los que han llevado a que, cuando nosotros llegamos a hacernos cargo de la Administración Central, nos encontráramos con esas deudas que venían arrastrándose desde hace ya cuatro años; es decir, la ley entra en vigor hace cinco años y no se establece la efectividad del gravamen a que dicha ley compromete sobre los citados bienes.
Es lo cierto que se consideraba la oposición a tener en cuenta que esas presas eran bienes de dominio público hidráulico basándose en un decreto del año 1986, que actualmente ha sido derogado, y posteriormente se decía que, efectivamente, los bienes inmuebles no sujetos al Impuesto como tal sobre Bienes Inmuebles eran, precisamente, las presas.
En este sentido, quiero decirle que existían sentencias, tanto de los tribunales económico-administrativos como de los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, en las que sí se las declaraba sujetas a gravamen. Por eso la voluntad política de este Gobierno hizo que, concretamente en el año 1997, se acudiera ya a una consignación presupuestaria, que se ha transferido a las confederaciones hidrográficas, para que asumieran el pago de estas deudas. Por lo tanto, puedo decirle que, solventado inclusive el último problema técnico que se ha planteado --yo diría que de naturaleza también un tanto jurídica-- de distinguir entre el aprovechamiento público y gratuito a efectos de aplicar el citado gravamen, puedo asegurarle que el año 1997 va a terminar con el pago de todo lo que existe pendiente en el año 1997. Se ha empezado a pagar ya, en algunos ayuntamientos, la totalidad; en otros, bien porque todavía no nos ha llegado la reclamación o bien porque no hay un acuerdo sobre la cuantía del gravamen por lo que se refiere a la cuantificación que hace la Federación Española de Municipios y Provincias, que discrepa de la que tienen las confederaciones hidrográficas, debo decirle que, por lo que respecta al año

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1997, que es responsabilidad de esta Administración, estamos en disposición de afirmar que se va a continuar pagando y que se solventarán las deudas del año 1997 a 31 de diciembre.
Respecto a la alusión de su señoría a lo que pudiéramos denominar deuda histórica de los años anteriores, usted sabe perfectamente que los Presupuestos de 1997 no tienen consignación presupuestaria ni hay vía para repercutir en los usuarios de las presas la cantidad correspondiente, por lo que, lamentablemente, no es un problema que pueda resolver el Ministerio de Medio Ambiente, y quizá tengan que recurrir y seguir planteando el problema ante el Ministerio de Economía y Hacienda.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Estaún.


El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra, por su respuesta, que aclara suficientemente el futuro de la recaudación de este Impuesto en lo que se refiere a este año. Pero me preocupan un poco las dudas que ha planteado respecto a esta deuda, que he calificado de histórica, y que yo dividiría en dos tramos.
El primero, la correspondiente a los años 1990, 1991 y 1992, en los que no se pudieron girar los recibos por una dejación de funciones del Estado, deuda que difícilmente se puede atribuir a su Ministerio, pero que creo que es responsabilidad del Gobierno o del Estado, que tendrá que compensar de alguna manera a las haciendas locales, como se expresó en esta misma Cámara en el año 1995, con el consenso de todos los grupos, y, puesto que es un mandato político, debería ser cumplido.
Respecto al segundo tramo de esta deuda, la que corresponde a los años 1993, 1994 y 1995, creo, señora Ministra, que hay que hacerle frente cuanto antes. No sé cuál es el procedimiento administrativo o presupuestario con el que hay que hacerlo, si mediante un crédito extraordinario o no, pero pienso que no es suficiente con ponerse al corriente de los pagos este año, aun reconociendo el esfuerzo de su Ministerio para solventar este problema.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estaún.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor Presidente, intervengo de forma muy breve para decir que yo creo que he sido lo suficientemente clara, y no creo que haya dejado encima de la mesa ningún tipo de dudas.
Lo que he dicho es que el Ministerio de Medio Ambiente asume la responsabilidad que le corresponde desde que se crea como tal Ministerio, que se hace cargo de una deuda que, desde luego, había que haber asumido con anterioridad; que se hace cargo de ella, en la medida de sus competencias y de sus disponibilidades presupuestarias, del año 1997; asume el compromiso de seguir pagando este gravamen a partir de los años sucesivos.
Efectivamente, hemos hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias respecto a la llamada deuda histórica que, lamentablemente --se lo reitero a su señoría-- excede de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, tendrá que ser la Federación Española de Municipios y Provincias la que recurra y la que plantee la recuperación y el cobro de esa deuda histórica ante el Ministerio de Economía y Hacienda, que es el que, en definitiva, puede tener la consignación presupuestaria necesaria para satisfacer esta deuda histórica que, en cualquier caso, no es responsabilidad de la Administración, y que reitero a su señoría que, lamentablemente, no puede ser subsanada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.


-- DE DOÑA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL TIPO DE MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO A FIN DE CONTROLAR EL GASTO FARMACEUTICO HOSPITALARIO (680/000398).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el tipo de medidas que ha adoptado el Gobierno a fin de controlar el gasto farmacéutico hospitalario.
Tiene la palabra la Senadora España Moya.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el consumo farmacéutico es uno de los factores que más preocupación genera en los responsables sanitarios de cualquier país por dos razones fundamentales: una, sanitaria, ya que el uso indiscriminado de medicamentos no resulta beneficioso para la salud de los ciudadanos y puede poner en riesgo la eficacia terapéutica de los mismos y, otra, de índole económico por la incidencia que tiene en los presupuestos sanitarios.
Hasta ahora, cuando se hablaba de medidas de racionalización del gasto sanitario se incidía de forma especial en los objetivos de control del uso de medicamentos en atención primaria, como si únicamente fuera en ese nivel de atención donde se produce el consumo farmacéutico. Sin embargo, yo creo que los hospitales son también una fuente importante de consumo, habida cuenta, además, de que los fármacos que se dispensan en el ámbito hospitalario son totalmente gratuitos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en muchas ocasiones el médico especialista, al establecer la pauta terapéutica, está condicionando la prescripción del médico de atención primaria. No voy a extenderme en cuáles son las razones por las que se hace necesario el control del uso de los medicamentos en los hospitales.


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Simplemente, quiero acabar diciendo que la prestación farmacéutica hospitalaria requiere también de objetivos concretos para mejorar dicha prestación y reducir el gasto. Por ello, pregunto al señor Ministro, ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno para reducir el gasto farmacéutico hospitalario? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De España Moya.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Comparto la opinión de su señoría de que el control del gasto sanitario en farmacia no tiene sólo un interés económico, sino que su interés también es sanitario porque el uso racional del medicamento es muy conveniente para los pacientes. Comparto también la opinión de su señoría de que hasta ahora se ha puesto, quizás, más atención en el control del gasto farmacéutico en atención primaria que en atención especializada. Su pregunta, por lo tanto, es muy pertinente.
Nos estamos preocupando de que a través de los servicios de farmacia hospitalaria, siendo como son los servicios de farmacia hospitalaria un pilar básico para la buena atención en los hospitales, se vayan introduciendo mejoras en la utilización racional del medicamento en los hospitales. Somos conscientes también --como ha señalado su señoría-- del papel de liderazgo que juegan en los hospitales en las pautas de prescripción. Sabemos, por lo tanto, que es muy importante lo que se haga en los hospitales para hacer un uso racional del medicamento en el conjunto del sistema.
Entre las medidas que estamos poniendo en marcha para hacer un uso racional del medicamento en los hospitales está, en primer lugar, la publicación de la guía de gestión de farmacia hospitalaria, que es un documento que incluye la selección, el uso racional, una correcta información y la distribución adecuada de fármacos, en la que han trabajado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefes de servicio de farmacia del Insalud, guía que esperamos que esté disponible ya a corto plazo o de forma inmediata para que pueda ser utilizada de forma generalizada en los hospitales.
En relación con la información del consumo farmacéutico le puedo decir que sistemáticamente los gerentes de los hospitales están enviando a los jefes de unidad asistencial un informe cuantitativo y cualitativo sobre la utilización de medicamentos de su servicio.
Por otra parte, estamos también agilizando la convocatoria de concursos de determinación de tipo para la compra de medicamentos en los hospitales. En este momento, y de forma centralizada, se están realizando concursos para la compra de sueros y contrastes radiológicos no iónicos.
Asimismo y de manera descentralizada, cada hospital está haciendo concursos para la adquisición de los diez primeros medicamentos de mayor coste económico.
Además de estas medidas que acabo de citar y para mejorar la accesibilidad de los usuarios, los médicos de atención especializada facilitarán la primera receta de sus prescripciones en los casos de alta hospitalaria y de consultas externas. Posteriormente, la Dirección Provincial del Insalud, a través de la Inspección Farmacéutica y con periodicidad trimestral, revisará los perfiles de las prescripciones, así como las posibles desviaciones con respecto a la guía farmacoterapéutica.
Por último, le puedo decir que también está prevista la implantación en atención especializada del terminal autónomo de identificación de recetas, es decir, un aparato electrónico, mediante el cual se pueden informatizar todos los datos de la prescripción y consiguientemente tener una información manejable sobre lo que es la prescripción en el ámbito no sólo de la atención primaria, sino de la atención especializada.
Entiendo que con estas medidas damos pasos en la dirección adecuada, o sea, la mejora de la prescripción farmacéutica también en el ámbito hospitalario.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora De España.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente y señor Ministro.
Simplemente quiero darle las gracias al señor Ministro por su respuesta clarificadora y valorar positivamente toda la actuación que se está llevando a cabo para controlar el gasto farmacéutico a nivel hospitalario, que tan criticado estaba siendo últimamente en la prensa, precisamente por su no actuación en el control de gasto sanitario. Vemos que en este nivel ya se están llevando a cabo todas estas medidas para controlar este gasto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De España.


-- DE DON JOSE MARIA BARAHONA HORTELANO, DEL GRUPO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REVISAR EL MODELO Y CONTENIDO CURRICULAR DE LA FORMACION DE MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES (MIR) (680/000399.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Barahona Hortelano, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno revisar el modelo y contenido curricular de la formación de médicos internos y residentes.
Tiene la palabra el Senador Barahona Hortelano.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el sistema de selección y formación de médicos especialistas, el llamado sistema MIR, se ha

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mostrado como un procedimiento eficaz en cuanto a sus objetivos y goza de una probada calidad y prestigio. También es cierto que desde su implantación, y pese al tiempo transcurrido, no ha sido objeto de modificación alguna, en consonancia con las nuevas demandas que se plantean como resultado del desarrollo de la ciencia y de los cambios en el sistema sanitario.
El paso del tiempo y la aparición de nuevas especialidades o áreas de formación específica, así como el carácter estático del modelo formativo establecido quizá no respondan a las nuevas demandas y requerimientos del sistema sanitario y del estado de conocimientos médicos. En este sentido, sería conveniente verificar la progresiva adquisición de conocimientos por parte de los médicos internos y residentes mediante una oportuna evaluación que permita la homologación de su título con el de otros países occidentales.
Y en lo referente a la selección y para evitar disfunciones y frustraciones, también sería oportuno tener en cuenta las aptitudes y el factor vocacional de los aspirantes mediante la instauración de un sistema troncal en las pruebas de ingreso, así como la potenciación del mayor grado de sintonía entre el docente y el alumno.
Dicho esto, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno revisar el modelo y contenido curricular en la formación de médicos internos y residentes?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo comparto con su señoría la excelente valoración que ha hecho del modelo de formación médica especializada que tenemos en nuestro país, conocido como el sistema MIR, que conjuntamente con la excepcional calidad conseguida por la asistencia técnica en nuestros hospitales, nos permite disponer de médicos extraordinariamente bien formados, que se comparan con ventaja con los de cualquier país occidental. Pero siendo esto así no es menos cierto también que, como toda obra humana, el sistema MIR puede tener algunas deficiencias y a todos nos incumbe tratar de corregirlas, y tampoco puede ser ajeno a los cambios en las circunstancias y en la evolución de las ciencias --que, por cierto, en el campo de la medicina se produce con una gran rapidez--. Por lo tanto, es muy oportuno que periódicamente nos planteemos la conveniencia de introducir en este campo las modificaciones que las circunstancias aconsejen.
En ese sentido le puedo decir que se está trabajando, en primer lugar, para consolidar los programas de formación aprobados por las comisiones nacionales de especialidades, cuya última remisión fue aprobada por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, del Ministerio de Educación y Cultura, de 25 de abril de 1996. En este proceso se incluye, a la vez que el mantenimiento de estos contenidos, la asunción de grados de responsabilidad crecientes y tutorizaciones en función del período formativo en el que se encuentra el residente.
Se va a introducir progresivamente también un modelo de formación menos academicista y más próximo a lo que conocemos como especialidades extrahospitalarias, lo que llevará a mejorar la formación de estos especialistas adecuando su perfil profesional y formativo a las necesidades de la población, al tiempo que se cumplirán íntegramente los requisitos que para estas especialidades establece la Unión Europea.
Se van a configurar las áreas de capacitación específica previstas en la normativa vigente. Estas áreas de capacitación específica serían, tal y como las ha definido el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, las correspondientes a un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes añadidos en profundidad o en extensión a los recibidos en el período de formación como especialista y desarrollados sobre una parte del contenido de una o más especialidades en las que ya existe interés asistencial y científico suficiente y con una dedicación significativa de un grupo de especialistas. Para este objetivo se ha constituido en el Consejo Nacional de Especialidades Médicas un Comité de estudio de áreas de capacitación específica. Hasta la fecha se han definido ya como áreas de capacitación específica la de neonatología y la de enfermedades infecciosas, y están en avanzado proceso de estudio la psiquiatría infantil, la foniatría, la hepatología, la genética clínica o la medicina de emergencias, por citar tan sólo algunos ejemplos.
Vamos a mejorar también todas las especialidades, sobre todo algunas no básicamente hospitalarias que han tenido un desarrollo menor, como son la medicina preventiva y salud pública, medicina del trabajo y medicina legal y forense, implantando el modelo de formación en servicio propiciado por la Unesco.
Se van a redefinir las especialidades en el sentido apuntado por su señoría de establecer, en la medida de lo posible, la troncalidad en el proceso formativo, lo que permitirá que varias especialidades que presentan una base de conocimientos comunes tengan un período único de formación inicial a la formación específica de cada especialidad. Esta medida dará una mayor versatilidad y polivalencia a los especialistas y propiciará una asignación más eficaz de recursos en el sistema sanitario, al tiempo que posibilitará a los profesionales el paso a una segunda especialidad, flexibilizando algunas rigideces no deseadas dentro del sistema MIR, a las que también hizo alusión su señoría. Al mismo tiempo, permitiría la fusión de algunas especialidades, lo que es coincidente con las tendencias europeas, que recomiendan la reducción de especialidades médicas y, consiguientemente, desaconsejan la creación de nuevas especialidades a no ser que su contenido formativo no esté contemplado en alguna de las ya existentes y haya suficiente base científica como para justificar su creación.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar mi satisfacción con la contestación del señor Ministro por cuanto supone interés y sensibilidad ante algo que va a significar indudables mejoras en la formación de los médicos especialistas, lo que redundará en una mayor calidad asistencial de nuestro sistema sanitario.
Gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.


-- DE DON MANUEL LORENZO BLASCO NOGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA ACTUACION QUE MEJORE LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ATENCION ESPECIALIZADA EN LA COMARCA DE TARAZONA (ZARAGOZA)(680/000400).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Lorenzo Blasco Nogués, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno alguna actuación que mejore la accesibilidad de los servicios sanitarios de atención especializada en la comarca de Tarazona, en la provincia de Zaragoza.
El Senador Blasco Nogués tiene la palabra.


El señor BLASCO NOGUES: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por la que esperan muchos aragoneses que sea una respuesta definitiva y satisfactoria a una reivindicación ya antigua que demanda la comarca de Tarazona, una comarca que se encuentra situada justo en los límites de la Comunidad Autónoma de Aragón con las vecinas de Castilla y León y de Navarra, al pie del somontano del Moncayo, y que dista en conjunto entre 80 y 100 kilómetros de su centro de asistencia sanitaria, que no es otro que el de Zaragoza.
Frente a esos 100 kilómetros, que a cualquier enfermo ya se le hacen eternos y que, además, incluyen el paso de algún puerto de montaña, tenemos el Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra, ubicado a 14 kilómetros apenas de esta comarca y a tan sólo un kilómetro de algunas de las pequeñas poblaciones aragonesas limítrofes, como son las de Novallas y Malón. Los 14.000 habitantes de esta comarca han demandado tradicionalmente que su asistencia sanitaria sea practicada en el Hospital de Tudela y algunos de ellos incluso han llegado a empadronarse en la Comunidad Autónoma de Navarra para poder acceder a esa asistencia sanitaria con todos los derechos.
Señor Ministro, bastantes problemas de despoblación sufrimos en Aragón como para que se vean incrementados con el empadronamiento de nuestros ya escasos habitantes en Comunidades Autónomas vecinas para poder mejorar sus prestaciones. Así, de los 800 habitantes de Novallas, más de 50 viven oficialmente en Navarra y de toda la comarca lo son más de 300. Estamos hablando de un derecho básico, el de la salud, así como de una reivindicación justa e histórica a la que hasta el momento las sucesivas administraciones estatales no han dado la respuesta adecuada, lo que ha provocado ya distintas manifestaciones sociales, así como la intervención de las Cortes de Aragón y de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno aragonés, Gobierno que en estos momentos todavía tiene sin transferir la competencia del Insalud, a pesar de haberse producido la reforma del Estatuto de Autonomía, que ya contempla la posibilidad de recibir esta competencia, y a pesar también de haberse aprobado mayoritariamente por esta Cámara una moción presentada por los Senadores del Partido Aragonés en el sentido de urgir la reunión de la correspondiente Comisión Mixta de las Transferencias que la hagan posible a la mayor brevedad.
Por todo ello, señor Ministro, con la esperanza de que tras su intervención por fin veamos las luces que resuelvan este antiguo problema, le formulo la pregunta sobre las actuaciones que el Gobierno tiene previstas para mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios de toda la comarca de Tarazona.
Muchas gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blasco Nogués.
El señor Ministro de Sanidad y Consumo tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo comparto, naturalmente, con su señoría la preocupación por la situación que se está viviendo en la comarca de Tarazona y puedo decirle que, fruto de esa preocupación y de los trabajos que hemos realizado conjuntamente con el Gobierno de Aragón, ahora mismo, las actuaciones que están previstas para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos de la comarca de Tarazona a los servicios sanitarios son las siguientes. En primer lugar, la asistencia hospitalaria de carácter urgente en el Hospital Reina Sofía de Tudela, mucho más próximo, como su señoría ha señalado, a esa comarca. La demanda de urgencias de la población de la zona de salud de Tarazona se puede estimar en un rango entre 3.000 y 4.000 urgencias anuales, es decir, que con la frecuentación de urgencias se sitúa alrededor de las 20 urgencias-100 habitantes por año.
Como consecuencia de estos datos, y en función de los principios de colaboración y cooperación que se establecen en las relaciones entre las distintas Administraciones públicas, se ha elaborado un acuerdo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comunidad Foral de Navarra y el Instituto Nacional de la Salud para que el Hospital Reina Sofía de Tudela, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Navarra, dé cobertura a la asistencia

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hospitalaria de carácter urgente a los habitantes de la zona de salud de Tarazona. En este momento, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón ha aprobado la autorización para suscribir el citado convenio, estando pendiente de que la Comunidad Autónoma de Navarra dé su autorización para la posterior firma por las tres Administraciones implicadas, lo que esperamos pueda tener lugar en breve plazo.
La atención ambulatoria especializada puede mejorar su accesibilidad a los habitantes de esta comarca mediante el desplazamiento a la ciudad de Tarazona de especialistas de las patologías más frecuentes, evitando así el desplazamiento de los usuarios en las especialidades de oftalmología, traumatología --esta especialidad ya se atiende-- y Urología. Asimismo, con base en la demanda existente se contemplan especialidades como digestivo, otorrinolaringología, cardiología, cirugía general, rehabilitación y dermatología, que podrían demandar un desplazamiento semanal al Centro de Salud.
En definitiva, y reiterando que la dotación de facultativos especialistas para atender el área de salud a la que pertenece la comarca de Tarazona no es el problema, porque está por encima de la media, el Insalud se ha planteado dos objetivos que mejoren de manera sustancial la accesibilidad de los ciudadanos de dicha comarca a los servicios de atención especializada. Estas actuaciones son: incrementar el número de especialistas que se desplacen a las zonas de salud de Tarazona para consulta ambulatoria, y firmar un acuerdo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Insalud para que el Hospital Reina Sofía de Tudela asuma la asistencia hospitalaria de carácter urgente de la población de la comarca de Tarazona.
En relación con el proceso de transferencias de los servicios sanitarios de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Salud a las Comunidades Autónomas, recuerdo a su señoría que, según las previsiones del Gobierno, este proceso debería contemplarse al final de la presente legislatura y principios de la que viene.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Blasco Nogués.


El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por su explicación. Efectivamente, las medidas que su señoría ha enumerado dan solución a este problema, esperamos que con carácter urgente debido al tema social al que nos estamos refiriendo. Igualmente espero que la buena voluntad de todas las partes implicadas y --estamos hablando de dos Comunidades Autónomas y del Gobierno central-- haga que todo esto pueda llevarse a cabo en la forma más breve posible.
Igualmente, nosotros apostaríamos por que esa colaboración con el Gobierno navarro fuese algo más amplia que el carácter exclusivamente de urgencias. Pero eso se verá, como digo, con la buena voluntad de todos.
Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


-- DE DON NARCISO SERRANO ALVAREZ-GIRALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES QUE ESTA MANEJANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA VARIAR LAS CONDICIONES DE INGRESO DE LA POBLACION INFANTIL EN LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) (680/000403).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que está manejando el Ministerio de Sanidad y Consumo para variar las condiciones de ingreso de la población infantil en los hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Tiene la palabra el Senador Serrano.


El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no cabe duda que la atención a los pacientes hospitalarios en la red pública del Insalud ha sido uno de los parámetros más importantes para valorar las mejoras que se han producido en este sector durante los últimos años. Y más aún la atención a la población infantil por las peculiaridades que entraña su ingreso en un hospital y las especiales condiciones que requiere su tratamiento.
Ante las evidentes muestras de conformidad y el grado de aceptación que las condiciones de ingreso tienen para los pacientes o sus familiares tras su paso por las instalaciones sanitarias públicas, no sería congruente que se produjeran cambios significativos en las admisiones de enfermos sin que hubiera un estudio riguroso y científico de los mismos, con mayor motivo si la población afectada por esos cambios es la de menor edad.
Por ello, señor Ministro, estoy interesado en conocer su posición ante la siguiente cuestión: ¿Qué razones está manejando su Ministerio para variar las condiciones de ingreso de la población infantil en los hospitales del Insalud? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha variado sus criterios para ingresar a la población infantil, cuando así lo necesite, en los hospitales de la red del Insalud, y tampoco está previsto modificarlos.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Senador Serrano Alvarez-Giraldo, tiene la palabra.


El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Avila, sí han variado las condiciones de ingreso de la población infantil, en concreto la población afectada por problemas urológicos. Desde hace unos seis meses ingresan estos pacientes en la unidad de urología, en la que evidentemente no cuentan con las atenciones que tienen en la de pediatría, viéndose privados de un entorno relajado que les permita mantener sus vínculos familiares, afectivos, escolares, obligándoles a convivir con adultos durante su hospitalización, y rompiendo con una línea de actuación que había llevado a invertir numerosos recursos en adecuar las instalaciones sanitarias para la hospitalización de la infancia.
Pero además, señor Ministro, comprenderá que la población atendida en urología en la provincia de Avila es mayor, dado el grado de envejecimiento de su población, y a usted no pueden serle ajenos los problemas infecciosos nosocomiales que se derivan de este tipo de enfermos, uno de cuyos bacilos típicos, la «serratia marcense», es especialmente temido por su resistencia a ser erradicado y por su alta capacidad de producir serias infecciones.
Por esto, sólo por esto, señor Ministro, ¿no sería una buena medida que la población infantil afectada de problemas urológicos fuese trasladada a pediatría? Si la política de su Ministerio no ha variado, como usted dice, respecto a las condiciones de ingreso de los pacientes, si lo que ocurre en Avila es un hecho aislado que no tiene que ver con una política generalizada de desprestigio de la sanidad pública, mediante una degradación progresiva de los servicios que los lleve al colapso --como con toda razón pudiera pensarse--, ni responde lo que está ocurriendo en Avila a criterios económicos derivados del hecho incuestionable de que su Ministerio recibirá 15.000 millones de pesetas menos por la financiación sanitaria planteada por su Gobierno, no tiene sentido lo que está pasando en Avila.
En definitiva, señor Ministro, si no es ésta la política hospitalaria de su Ministerio, será que los responsables de aplicarla en Avila se inhiben o lo hacen mal, y a usted le toca corregirlo, y así se lo pido, señor Ministro, pues esta situación supone una devaluación de los servicios sanitarios, y salen perjudicados, en primer lugar, los derechos de los pacientes que han sido desplazados de pediatría; los de las propias enfermeras de esta planta, cuya profesionalidad ha sido puesta en entredicho por la Gerente del hospital, para justificar el cambio, y la imagen del sistema sanitario, tan poco proclive a asumir estas medidas sin que puedan justificarlas criterios técnicos ni económicos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Serrano Alvarez-Giraldo.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, todos los hospitales de la red del Insalud disponen en su cartera de servicios de hospitalización de pediatría, salvo aquellos hospitales monográficos, como el de parapléjicos de Toledo o aquellos otros que tienen próximo un hospital infantil. En este momento 72 hospitales propios y concertados pertenecientes al Insalud disponen de servicio de pediatría, por tanto, con carácter general, cuando un niño precisa ser hospitalizado para recibir asistencia, dicho ingreso se realiza de manera programada o urgente en los citados servicios.
Estos servicios están adaptados en toda su estructura y dotación a las características de la población infantil, disponiendo de las áreas de juego y ocio para hacer más agradable la estancia de los niños hospitalizados. Asimismo, cuentan con la estructura necesaria para facilitar que el menor esté acompañado por sus padres.
No obstante, pueden darse situaciones especiales que aconsejen el ingreso del niño en los servicios médicos o quirúrgicos por la patología concreta que le afecte. Esta situación también puede producirse, aunque de manera ocasional y extraordinaria, cuando en el servicio de pediatría no haya camas disponibles, aunque es de todos sabido que esta situación suele ser bastante improbable, porque los servicios de pediatría han quedado sobredimensionados como consecuencia del decrecimiento de la población infantil, y todo el mundo conoce este dato. Por tanto, puede haber situaciones en las que debe hospitalizarse al niño en un servicio diferente al de pediatría para el seguimiento más completo del curso posoperatorio de especialidades como oftalmología. En estos casos el Insalud sigue los postulados de los tratados internacionales como la Convención de la ONU sobre derechos del niño, y la resolución del Parlamento Europeo relativa a los derechos del niño hospitalizado.
De esa manera, cuando la hospitalización se realiza fuera del servicio de pediatría, el seguimiento es llevado de manera coordinada por el facultativo responsable de la especialidad y el pediatra. Además, señoría, los servicios de admisión de los hospitales siempre tienen en cuenta la edad del paciente a la hora de compartir habitación para que el ingreso se realice en las mejores condiciones posibles.
Ciertamente, en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de Avila se ha procedido al ingreso de algunos pacientes en edad escolar en unidades de hospitalización de adultos. La hospitalización en unidades diferentes al servicio de pediatría se ha debido a la patología concreta del menor y al acuerdo de los jefes de servicio de las distintas especialidades, que han aconsejado en cada caso concreto el ingreso o la estancia de esos niños en unidades diferentes. Además, esta actuación se ha venido realizando desde hace tiempo, y a modo de ejemplo conviene señalar que en el año 1995 en el citado Hospital 36 pacientes pediátricos fueron ingresados en otros servicios, que en 1996 esa cifra fue de 13, y que en lo que va de año han sido 23 los pacientes pediátricos ingresados en otros servicios.


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Ustedes vienen ahora a denunciar situaciones con las que han convivido pacíficamente a lo largo de estos últimos años, como han convivido pacíficamente también, desgraciadamente para los servicios sanitarios de la Comunidad de Castilla y León, con una situación de bajísima financiación sanitaria para esa Comunidad Autónoma. El Insalud va a recibir ahora con la nueva financiación 127.000 millones de pesetas más (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), y con eso va a empezar a corrregir, como está haciendo ya, la discriminación de que estaba siendo objeto Castilla y León, como alguna otra Comunidad Autónoma más, Comunidad ésta que estaba recibiendo un gasto sanitario superior en muy poco al 80 por ciento de la media del Insalud, cosa que vamos a tener que corregir aplicando en la mejora de las infraestructuras sanitarias de Castilla y León y también en el Hospital de Avila más de 36.000 millones de pesetas en el próximo cuatrienio, incluidas, como digo, inversiones en el Hospital de Avila de más de 2.000 millones de pesetas. Con eso y con la nueva financiación mejoraremos la situación sanitaria de Castilla y León.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.


-- DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO NECESARIO UN ACUERDO DEL SENADO PARA DEFENDER CON GARANTIAS DE EXITO LAS CANDIDATURAS DE SALAMANCA, GRANADA Y BARCELONA COMO CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA PARA LOS AÑOS 2002, 2003 Y 2004 (680/000404).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno necesario un acuerdo del Senado para defender con garantías de éxito las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona como capitales europeas de la cultura para los años 2002, 2003 y 2004.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señora Ministra, formulo la pregunta en los mismos términos realizados por la Presidencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el hecho de que esta Cámara se pronuncie de forma favorable para el buen fin de estas candidaturas me parece algo enormemente positivo, pero creo que al Gobierno no le corresponde imponer deberes al Parlamento.
Lo que sí está claro, señoría, es que el Gobierno apoya de forma incondicional las candidaturas de Salamanca, Granada y Barcelona para ser capitales europeas de la cultura en los años 2002, 2003 y 2004, al igual que está apoyando la candidatura de Valencia para que sea Ciudad Europea de la Cultura en el año 2001.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Cultura.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señora Ministra, no esperaba menos de su respuesta.
Quiero decirle que Salamanca, que tiene un rico legado histórico, cultural y arquitectónico que usted conoce perfectamente, fue reconocida ya en el año 1988 Ciudad Patrimonio de la Humanidad. También quiero decirle que la riqueza de esta ciudad se ha visto protegida durante los años de Gobiernos democráticos por distintos planes de reforma interior y de recintos universitarios, y que se han recuperado una serie de monumentos que usted bien conoce, entre otros, la Casa de las Conchas, la Casa de Lis así como otros muchos para usos culturales.
Asimismo, tanto el Palacio de Congresos como el campus Miguel de Unamuno, de reciente inauguración, son ejemplos del impulso modernizador que está teniendo esta urbe desde el punto de vista universitario, al mismo tiempo que se mantienen relaciones muy fraternales con los países de América Latina.
Historia y proyección hacia el futuro, buscaban un pretexto bajo el título reiteradamente solicitado para conseguir ser capital cultural europea en alguno de los años solicitados. El 29 de marzo de 1994 ya el Ayuntamiento de Salamanca, entonces de mayoría socialista, conseguía la aprobación por parte de todos los grupos políticos de la iniciativa, renovada desde marzo de 1987, optando a la denominación de capital cultural europea.
Como usted ha dicho, el Gobierno de la nación ha designado recientemente a Salamanca como única aspirante española a esta nominación para el 2002, en atención a sus méritos y también como reconocimiento a su insistencia en la presentación de su candidatura; a Granada para el 2003, y Barcelona, para el 2004.
Por tanto, es el momento de hacer todo lo posible para conseguir la definitiva nominación de estas ciudades y de unir los esfuerzos anteriores a los del presente, buscando el apoyo de las iniciativas que contribuyan a lograr la capitalidad cultural, tanto para Salamanca --en un procedimiento en que se tendrá a importantes ciudades europeas como competidoras--, como para el resto de las capitales alternativamente, si fuese el caso.
Si reconocemos que Salamanca hechiza la voluntad de volver a ella a quien ha gozado de la apacibilidad de su morada, que no hay pena mayor en el mundo que ser ciego en Granada, y que Barcelona es la bella y moderna del Mediterráneo, deberemos concretar que es necesario desarrollar con la mayor urgencia posible un proyecto para

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superar ventajosamente al resto de las ciudades candidatas europeas, que aúne el apoyo de las personalidades e instituciones públicas y privadas, con la creación de las infraestructuras precisas para un adecuado desarrollo de la programación cultural de cara a estos años. Un proyecto cultural que contribuya a destacar, a través de asociaciones concretas, los valores culturales de las ciudades, sus manifestaciones y expresiones artísticas, sus personalidades y acontecimientos a lo largo de su historia, su sensibilidad y el tratamiento del patrimonio, sus proyectos culturales para los jóvenes, y sus acciones para la posibilidad de colaboración con otras ciudades europeas, en su caso. Un proyecto de creación de las infraestructuras necesarias para un adecuado desarrollo de la programación.
Por todo ello, desde aquí hay que convocar a todas las fuerzas políticas y sociales a un pacto por la capitalidad cultural, tanto del 2002, como de los años sucesivos, en el que el único empeño sea la consecución de la nominación para beneficio de la Salamanca de hoy y de mañana y, en su caso, para el resto de las ciudades nominadas: Granada y Barcelona.
El esfuerzo presupuestario que es necesario realizar, y que se puede esperar, para la posible nominación es fundamental. Habrá que comenzar inmediatamente, para que presupuestos nacionales, regionales y locales se aúnen y se coordinen en la realización de acciones conjuntas. Se deberían adoptar decisiones inmediatas, para tener tiempo, y así ser competidores claros y definitivos.
Por tanto, señora Ministra, agradeciéndole su contestación, le anuncio la presentación de una moción que inste al Gobierno en este sentido, para garantizar las dotaciones necesarias que exige la nominación de capital cultural europea en los años sucesivos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra, señora Ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría sabe que no tiene que convencerme del carácter emblemático de la ciudad de Salamanca desde el punto de vista del patrimonio cultural, monumental, histórico, científico y humanístico que representa. Asimismo, conoce perfectamente que no sólo esta Ministra, sino todo el Gobierno, está dando su apoyo a la candidatura de la ciudad de Salamanca, como también a las ciudades que usted ha mencionado.
Nos pide que coordinemos el apoyo político de todos los grupos y de todos los intelectuales y las personalidades, y que el mismo se centre en que la candidatura de la ciudad de Salamanca sea percibida como un acuerdo de todos, en lo que coincidimos, señoría.
En este sentido, debe saber que el apoyo del Gobierno a todas esas ciudades candidatas es patente. En estos momentos se está discutiendo cuál será la ciudad europea de la cultura nominada para el 2001. En la última sesión del Consejo de Ministros de la Unión Europea --al que por ahora le corresponde esta nominación--, el pasado 24 de noviembre, el Comisario, señor Oreja, nos expuso la presentación de una propuesta formal para que a partir de la ciudad nominada en el 2002 y años siguientes ya no sea el Consejo de Ministros de Cultura, sino el procedimiento previsto en el artículo 128 del Tratado, la codecisión, el que involucre de esta manera al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros.
Este será el procedimiento que regirá a partir del 2002, y su señoría puede tener la absoluta garantía de que el Gobierno va a emprender cuantas acciones sean necesarias para defender la candidatura de Salamanca, como defiende también las de Barcelona y Granada, y en estos momentos, la de Valencia.
Además, su señoría puede tener la seguridad --lo va a ver en los presupuestos del año 1998-- de que todas estas ciudades van a recibir importantes dotaciones culturales del Ministerio de Educación y Cultura en el Plan de Instituciones Culturales. Ese Plan de Inversiones se va a reflejar especialmente en las ciudades Patrimonio de la Humanidad --de las que forma parte Salamanca-- y en las ciudades de Barcelona, Granada, Valencia y Salamanca.
Por tanto, yo creo, señoría, que el Gobierno lo seguirá apoyando de forma incondicional. Su señoría lo ha reconocido antes. Quizás ese apoyo se echó en falta en anteriores ocasiones, cuando la candidatura de Salamanca se había adoptado por unanimidad en el Ayuntamiento.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.


-- DE DON MANUEL DE LA PLATA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA EN QUE ESTARA ULTIMADA LA PREVISION DE LAS NECESIDADES SOBRE FINANCIACION DE LA LEY ORGANICA DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) (680/000405).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Manuel de la Plata Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha en que estará ultimada la previsión de las necesidades sobre financiación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
Tiene la palabra el Senador De la Plata Rodríguez.


El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en varias ocasiones ha expresado públicamente su compromiso con el desarrollo de la LOGSE en todas las Comunidades Autónomas.
En el caso de las Comunidades Autónomas previstas en el artículo 151 se exigen mayores transferencias en educación y en el de las del 143 suficiencia financiera para aceptar la gestión de las competencias en la materia.


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Por estas razones le formulo a su señoría la siguiente pregunta: ¿Para cuándo estará ultimada la previsión de las necesidades sobre financiación de la LOGSE? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador De la Plata Rodríguez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que su señoría conoce que el anterior Gobierno hizo unas previsiones sobre financiación de la LOGSE, que se fundamentaban en unos estudios demográficos erróneos. Yo creo que las cifras de población de aquellas previsiones se pueden calificar, al menos, como inexactas.
No quiero entrar en otro tipo de valoraciones, sino simplemente dejar claro el contexto en el que el Ministerio de Educación y Cultura inició los trabajos para determinar las necesidades reales de financiación de la LOGSE.
Su señoría conoce que en la actualidad trabajamos en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas que tienen plenas competencias en esta materia para poder definir de una manera rigurosa las necesidades de financiación, conforme a lo que acordó la Conferencia Sectorial de Educación. Y dadas las dificultades intrínsecas del proceso en el que hay que homogeneizar, validar y comparar multitud de magnitudes y pese a que en el ámbito de gestión del Ministerio de las nueve Comunidades Autónomas que ahora forman el territorio MEC están perfectamente homologados los parámetros, la verdad es que en el resto de las Comunidades Autónomas el trabajo que está haciendo la Comisión para comparar multitud de magnitudes, que en este momento no son homogéneas, no está siendo fácil.
Es la razón por la que la respuesta a su pregunta es que el documento estará elaborado en el plazo más breve posible.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador De la Plata Rodríguez.


El señor DE LA PLATA RodrIguez: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Pleno del Senado del día 6 de mayo aprobó por unanimidad, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, una moción que trasladaba al Gobierno la necesidad de culminar el traspaso de medios y servicios educativos a las Comunidades Autónomas que habían accedido a la competencia con la reforma de su Estatuto, mediante un acuerdo que garantizara fondos necesarios, tanto en inversiones como en gasto corriente, para la efectiva puesta en marcha y pleno desarrollo de las medidas contempladas en la LOGSE y asegurando la prestación de los servicios básicos en todo el territorio con niveles análogos de calidad.
Hasta ahora esta Cámara no conoce cómo va el proceso de transferencias, si se han valorado por parte del Ministerio de Educación y Cultura las necesidades sobre financiación de la LOGSE ni el desarrollo del acuerdo que garantice fondos necesarios para su puesta en marcha. A través de esta pregunta, sí me gustaría plantearle a su señoría que en la valoración que se realice se tengan en cuenta factores tan importantes como la población o la dispersión del alumnado, además de lo que es la construcción de centros, mejora o adecuación de los ya existentes, plantillas docentes y no docentes, formación, etcétera.
Con esta pregunta, quiero expresar también nuestra preocupación por los problemas de insuficiencia financiera que tienen las Comunidades que gestionan el servicio educativo, que se encuentran con tremendas dificultades para afrontar con garantía y con éxito la implantación de la LOGSE, sobre todo en cuanto a inversiones se refiere. Asimismo, la negativa en el resto de las Comunidades a aceptar transferencias educativas si no hay dotación suficiente.
Estamos hablando de algo tan importante como que el nivel de calidad de enseñanza no dependa del lugar donde se viva, ni de los recursos de que uno disponga a nivel particular. Me imagino que compartirá estas afirmaciones. Se trata de que la solidaridad permita un reparto en consonancia con las necesidades. Es hora de ponerle cifras a los grandes objetivos que en tantas ocasiones ha enumerado la señora Ministra. El coste económico de las transferencias se debe corresponder con el modelo educativo planteado por la LOGSE. Debe existir conciencia, tanto a nivel autonómico como sobre todo desde el punto de vista del Gobierno de la Nación, para realizar el esfuerzo presupuestario necesario, a fin de cubrir los objetivos en su implantación.
En este marco de referencia y con estos planteamientos trabajaremos el Grupo Socialista para que sea un éxito todo el proceso, ya que repercutirá positivamente en todo el territorio nacional. Ahora bien, si sigue aumentando la percepción en el deterioro de la escuela pública, si se siguen incrementando las dotaciones a conciertos y el número de centros concertados a distinto nivel o escala que a los destinados a los centros públicos, estaremos profundizando en las diferencias entre los ciudadanos y en nada estaremos beneficiando el desarrollo del espíritu que inspira a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador De la Plata.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero contestar al señor Senador sobre algunas afirmaciones que ha hecho, aunque nada tienen que ver con

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el enunciado de la pregunta. El Gobierno ya ha iniciado el proceso de traspasos a las Comunidades Autónomas que no estaban en el artículo 151.
Lo ha iniciado y lo ha culminado ya con éxito en un caso, en el caso de Baleares. Otras dos Comunidades Autónomas están a punto también de firmar los acuerdos del traspaso.
Además, el Ministerio ha evaluado, a pesar de lo que dice su señoría, con toda claridad y nitidez, y lo ha hecho público, el coste que a su juicio entraña la transferencia para los próximos cinco años. El Gobierno ha garantizado la cantidad de 230.000 millones para completar el proceso de transferencias que tiene que financiar la reforma educativa en los próximos años y los criterios que su señoría ha señalado, sobre la población, la dispersión de esa población, de situación de las instalaciones, etcétera, todos ellos serán tenidos en cuenta. Ahora bien, señoría, lo que no es posible es que en las Comunidades Autónomas, a medida --me estoy refiriendo en concreto a una Comunidad Autónoma gobernada por su Partido, la Comunidad Autónoma de Andalucía-- que van recibiendo más fondos en función de la financiación educativa cada año, resulta que va disminuyendo el porcentaje de fondos, porcentual, que le están dedicando a la educación. Así, según un estudio comparativo que se ha realizado sobre los presupuestos de Andalucía, ésta ha pasado de percibir en 1991 357.000 millones de pesetas en los ingresos del Estado a 661.000 millones en 1997. Y, sin embargo, el dinero que la Junta de Andalucía ha destinado a educación del total de su presupuesto se ha reducido de un 25 por ciento que tenía en 1991 en los presupuestos consolidados, a un 21 por ciento en el año 1997. Por tanto, señoría, cuando se hace un proceso de traspasos, cuando las Comunidades Autónomas aceptan esta responsabilidad y cuando la financiación del Estado crece, lo que no puede hacer una Comunidad Autónoma, y menos si está gobernada por un partido que dice ser defensor de una escuela pública de calidad, es dedicar cada vez menos fondos a la financiación educativa.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI SIGUE SIENDO OPINION DEL GOBIERNO QUE EL PROGRAMA DEBATE DE LA PRIMERA CADENA QUE DIRIGE EL SEÑOR HERRERO CUMPLE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO DE LA RADIO Y LA TELEVISION (680/000407).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si sigue siendo opinión del Gobierno que el programa debate de la primera cadena que dirige el señor Herrero cumple los principios establecidos en el Estatuto de la Radio y la Televisión.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.


El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, usted en el anterior Pleno me manifestó que no le había dado ninguna razón que justificara el cumplimiento del acuerdo del Consejo de Radiotelevisión Española de cambiar al director del programa debate de la primera y me preguntó en qué artículo del Estatuto de Radiotelevisión me basaba para hacer dicha petición. Señor Vicepresidente, usted sabe que el capítulo es el primero y el artículo es el 4, donde dice claramente cuáles son los principios por los que se tiene que regir Televisión Española, que son la veracidad, la imparcialidad y la objetividad.
Dicho esto, con lo que estará usted totalmente de acuerdo, ¿usted cree que hoy puede seguir manteniendo lo que manifestó en el Pleno anterior después de ver y oír lo que se ha dicho en alguno de los programas que dirige el señor Herrero? Por ello, le formulo la pregunta que ha leído el señor Presidente de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, usted es muy libre de estar cada vez más confuso cuando profundiza en el debate que quiere plantear; no me pida a mí conformidad en su confusión.
Usted ha citado el artículo 4.a), que habla de la objetividad, la veracidad y la imparcialidad en las informaciones, señor Senador. De lo que estamos hablando es de un programa de debate, usted está hablando de un programa de debate, y yo le contesto sobre un programa de debate. El programa de debate empieza por cumplir con la obligación del apartado b), que usted no se ha leído: la separación entre informaciones y opiniones forma parte del catálogo de obligaciones. Y aquí está claro que estamos hablando no de un programa de información, sino de un programa de opinión y para un programa de opinión lo que se le aplica es el apartado c), que también desconoce su señoría, que se refiere al respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.
Como vamos a hablar de eso y no de lo que su señoría plantea, puesto que no estamos discutiendo sobre informaciones --el programa de Luis Herrero no es un programa informativo--, para evitar confusiones conceptuales me he ido al diccionario general del periodismo, que ya aclara que, efectivamente, en un programa de debate sobre opiniones la objetividad no es un parámetro. Dice el diccionario que objetividad es la cualidad de la información,

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realmente imposible de conseguir, que refleja los hechos tal como son sin aditamentos. Por tanto, la objetividad, señor Senador, no es el parámetro para medir esto. Sí lo es la imparcialidad, que se define como juicio recto que se deriva del hecho de prescindir de prevención en favor o en contra de personas o cosas al tratarlas o estudiarlas. Y con este concepto de la imparcialidad quiero decirle que el programa de debate de don Luis Herrero es plenamente respetuoso con el mandato que establece el Estatuto de Radiotelevisión en relación con el pluralismo político, religioso, social, cultural o lingüístico.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Rojo.


El señor ROJO GarcIa: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene usted por costumbre constestarme siempre a lo que no le pregunto. Lo hace y lo seguirá haciendo porque es lo que ha hecho habitualmente siempre que le he preguntado algo.
En el artículo 4 --tiene usted razón en algunas de las casas que me ha leído, sólo en algunas-- se dice en el preámbulo: La actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspira en los siguientes principios... Por tanto, habla de la actividad, sea informativa o de otro tipo. Pero le diré una cosa: ya que usted me ha dicho lo que no es el programa debate del señor Herrero, le diré que este programa ni es informativo, ni es formativo, ni es de debate, es un bodrio que sirve para aplaudir lo que ustedes hacen. Eso es lo que es ese programa, señor Vicepresidente del Gobierno.
En mi anterior pregunta no quise citar al señor Herrero, porque éste hace lo que puede o lo que le dejan hacer, y responsabilicé al Director General de Radiotelevisión Española --y lo voy a volver a hacer ahora--, y a usted también, que sé que algo manda en esa casa. Responsabilicé al señor Director General de Radiotelevisión Española desde su imparcialidad, desde su objetividad y desde el respeto que tiene a la pluralidad, como independiente y como profesional que es, como todo el mundo sabe, y por eso lo pusieron.
Señor Vicepresidente del Gobierno, algunas cosas han pasado desde que le formulé la anterior pregunta. Se lo digo sinceramente, todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular, sentimos vergüenza el día que vimos el programa del señor Herrero, en el que se hizo una apología, no sé si un aplauso, no sé bien lo que se hizo, con respecto a los valores positivos del franquismo, y lo dijeron todos los portavoces parlamentarios, no yo, señor Alvarez-Cascos. Por tanto, ante una televisión pública, ante una televisión que tiene que respetar la pluralidad, ante una televisión que es de todos --que es lo que ustedes nos decían antes--, cuando menos, usted debía sentir en estas cuestiones lo mismo que sentimos todos, y cuando digo todos no me refiero sólo a los socialistas, sino a todos. Se quedaron solos. Lo que pasa es que se olvidan de estas cosas, fueron todos los grupos parlamentarios quienes criticaron lo que se hizo en ese programa, y es un programa detrás de otro, y no sólo éste que estamos discutiendo. Basta ver lo que se hace en esa televisión para saber qué es lo que se puede criticar y de hecho criticamos todos los días.
Señor Alvarez-Cascos, por sus obras los conoceréis, y lo que ocurre en Televisión Española no es otra cosa --y esto lo han aprendido ustedes bien-- más que un instrumento para estar todo el día, permanentemente, aplaudiendo lo que hace el Gobierno. Hay cosas mejores o peores, yo aplaudo muy pocas cosas de televisión, pero ese programa en concreto fue para sentirse abochornado y avergonzado de que en un país, después de veinte años de democracia, todavía se puedan ver esas cosas en una televisión pública.
Nada más, señor Alvarez-Cascos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, aunque a usted no le guste la argumentación racional sobre lo que usted plantea, voy a continuar desarrollando el análisis sobre el concepto de la imparcialidad y el respeto.
Ya he dicho que imparcialidad, por definición, es la que se deriva del hecho de prescindir de prevención en favor o en contra de personas o cosas al tratarlas o estudiarlas. Ya lo ha dicho, usted tiene prevenciones, no es imparcial; el señor Herrero no tiene prevenciones y puede ser imparcial. (Rumores.) Sí, cuando se habla de conceptos hay que hablar con rigor, y el señor Senador no ha querido el rigor, él sabrá por qué.
Se han celebrado doce programas a los que, como invitados --a los que usted no responsabilizará de ningún tipo de política de adhesión a ninguna línea ideológica--, han asistido siete representantes del Partido Popular o del Gobierno, ocho del Partido Socialista, cinco de Izquierda Unida, tres de Convergència i Unió, dos del Partido Nacionalista Vasco y uno de Eusko Alkartasuna; en total, 26. Supongo que son personas con la suficiente capacidad para expresar libremente sus opiniones en un debate.
¿Le parece que están desproporcionados? ¿Le parece que hay prevención contra el pluralismo político en este reparto? ¿Usted cree que sí? Claro, en otros tiempos iban todos los que tenían que ir del Gobierno y apenas aparecían los demás. No tengo ninguna duda de que ésa es su prevención.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ahora van más de ustedes que del Gobierno, ya no es imparcial el programa.
Entre los periodistas y comentaristas, de «El País» y de la Ser han asistido siete; de la Cope, seis; de «El Mundo»,

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cuatro; Radio Nacional de España, tres; de «ABC», tres; de «La Vanguardia», dos, y de «El Correo», uno. ¿Usted cree que hay prevención contra determinadas personas que expresan sus opiniones libremente en los medios de comunicación, y que van condicionados al programa del señor Herrero? ¿Usted lo cree de verdad? No voy a hacer el análisis, porque es una impertinencia, de la adscripción de las personas que han asistido por razones de su condición profesional o académica, porque no voy a caer en el intento de agruparlas.
Por tanto, no hay ningún tipo de prevención ni contra Grupos políticos ni contra representantes de los grupos de opinión reflejados en los medios.
El problema suyo está en el concepto del debate.
Señor Rojo --no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo muy bien porque estaba invitado a aquel debate y, por lo tanto, conocí desde dentro las vicisitudes--, cuando llegó el Gobierno socialista en el año 1982, había en Televisión Española un programa de debate emblemático, que se llamaba «La Clave», del señor Balbín. En el mes de febrero, al señor Balbín se le ocurrió hacer un programa sobre el balance de los ayuntamientos de izquierdas, y el señor Calviño prohibió ese debate; apenas llevaban seis meses ustedes gobernando y censuraron un debate del señor Balbín, que tampoco es un personaje de gran peligro desde el punto de vista de la adscripción ideológica próxima al Director General de Televisión o del Grupo Parlamentario Popular. Lo censuraron porque no les gustaban algunos de los asistentes, y se montó tal escándalo que hubo que volver a celebrarlo un mes después. Al final, ustedes acabaron con el programa «La Clave», del señor Balbín.
El problema no es el pluralismo, ni la imparcialidad. El problema son los debates. A ustedes no les gustan los debates; no les gusta que se discuta libremente; a ustedes les gusta adoctrinar y a nosotros nos gusta libremente discutir y respetar el pluralismo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


INTERPELACIONES:

-- DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL NUEVO MODELO DE FINANCIACION DE LA SANIDAD Y LOS EFECTOS DE SU APLICACION (670/000065).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. En este caso, de don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo modelo de financiación de la sanidad y los efectos de su aplicación.
El señor Zamorano tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia) El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el pasado jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el denominado Modelo de Financiación de los Servicios de Salud para el período 1998-2001. Este acto supuso la culminación de una estrategia diseñada por el señor Aznar desde el comienzo de la legislatura; una estrategia que pone de manifiesto cuáles son las prioridades de este Gobierno, cuál es el concepto que el señor Aznar tiene del ejercicio del poder y que se incardina dentro de la consideración que la derecha española, la más rancia, tiene de la institución parlamentaria.
Conocía el señor Aznar por sus conversaciones con CiU que esta coalición le iba a exigir una mayor financiación para la sanidad, pero tenía que retrasar esto hasta los Presupuestos de 1998. Mientras tanto, tenía que ocultar la intención de llegar a acuerdos bilaterales y aproximarse al mes de diciembre al objeto de poder presentarle a las demás Comunidades un «lo tomas o lo dejas».
Por el dinero no habría que preocuparse, se podría sacar del Insalud lo que hiciera falta para dárselo a los socios, y por los medios de comunicación tampoco, ya que harían el enfoque de este acuerdo que él les dijera, que para eso mandaba.
Escenificado el guión, lo puso en práctica. Recordaremos que en el Debate de Investidura solicitó un consenso para la reforma de la sanidad pública española, y el Grupo Parlamentario Socialista, lejos de conocer sus reales intenciones, se lo brindó.
En el Congreso de los Diputados se creó una subcomisión para estudiar este tema; la subcomisión realizó sus trabajos durante más de un año, y el tiempo pasaba sin problemas para el señor Aznar.
Al mismo tiempo, piedrecita a piedrecita, pero sin que ninguna tuviese la importancia como para poner en peligro la continuidad de la subcomisión, se iban tomando medidas que atentaban contra nuestro sistema nacional de salud, contra los sistemas públicos.
Si alguna decisión del Ministerio, en algún momento, podía poner en peligro el acuerdo, podría provocar la ruptura de la subcomisión, como fue el caso del Decreto para la habilitación de nuevas formas de gestión en el Insalud, si había ese riesgo, se rectificaba y a seguir, que era lo importante. El Ministro lanzaba constantes globos sondas en una estrategia muy clara que podría consistir en: promete lo que sea que si no es así, en un rato, luego, lo arreglamos.
El Ministro en algún momento, con tantos globos sondas, con tantas promesas, debió de pasarse, porque en los últimos meses ha pasado a ser un Ministro silente; no se le ha visto.
Ya avanzado el año, en concreto el 21 de mayo, en esta misma Cámara, presenté una interpelación para que expusieran cuáles eran los criterios del Gobierno ante el nuevo modelo, y usted nos deparó una pausada lectura del documento que había presentado en la subcomisión, pero sin añadir nada nuevo y sin responder a ninguna de las preguntas que le formulé.
Después, a través de los

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medios de comunicación, nos enteramos de que aquella misma mañana usted y el Ministro de Economía habían estado reunidos con CiU para tratar sobre la financiación de la sanidad, que usted había abandonado aquella reunión, y que había venido a esta Cámara a cumplir lo que parece ser que fue para usted un engorro --la interpelación--, y que había salido de esta Cámara para volver a esa reunión. Nos enteramos por los medios de comunicación, sobre las tres de la tarde, de que ese día, después de desautorizarle el Ministro de Economía en lo previamente hablado, parece ser que fue cuando se sentaron las bases de este acuerdo bilateral.
Inmediatamente, los medios de comunicación del Gobierno lo anunciaron a bombo y platillo, pero fue un gran error. Por primera vez, esta obsesión enfermiza del Gobierno de darse autobombo, autoplatillo a todo, les había jugado una mala pasada, porque dejó su estrategia al descubierto. Y conociendo ya esta realidad, el Grupo Socialista se salió de la subcomisión. Usted intentó arreglarlo como fuera. Negó lo anunciado, pidió el consenso, pero ya no se engañaba a nadie. No obstante, la estrategia seguía funcionando. Había que llegar, como fuera, a diciembre, y no podíamos decir que teníamos acuerdos bilaterales. La subcomisión pide que se le amplíe el plazo, y se le concede hasta septiembre. Acaba septiembre, y alguien tiene la idea: Rebotemos el informe a otro sitio. Y en un acto que no tiene precedentes en la historia parlamentaria de una democracia, la subcomisión solicita que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que elabore el informe. Es decir, que el Legislativo pide al Ejecutivo que le diga cómo tiene que legislar. Señor Ministro, ¿le recuerda esto algo? El tema era tan fuerte, que la propia Mesa del Congreso tuvo que rechazar esa petición, pero se había cometido un error, o tal vez no. La decisión de la Mesa fue el 17 de septiembre. Dos días antes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya había decidido elaborar este informe. Se da un plazo de 45 días, se reúne el grupo de estudio. Ya no lo vuelven a reunir más hasta el jueves, y el plazo se incumple. ¿Por qué? Porque había que presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos de 1998 de forma que éste fuese leonino para las Comunidades Autónomas, y luego, en la discusión del modelo, poner la exigencia de: O firmas lo que hay ahora, o te quedas con el que hemos aprobado en el Congreso, que es el anterior modelo y, además, rebajado.
Esta es la historia de este acuerdo y la farsa con la que nos han brindado durante este año. Pero pasemos a analizar el modelo, porque tiene puntos bastante interesantes.
La primera cuestión que tenemos que aclarar es el importe de la financiación adicional que supone el nuevo modelo. En el modelo que finaliza el 31 de diciembre, como sus señorías conocerán, se contempla un crecimiento acumulativo del PIB nominal sobre los volúmenes de gasto de los años ya aprobados en los Presupuestos anteriores, y es sobre este crecimiento sobre el que habrá que ver cuál es la cantidad adicional, lo que se ha puesto de más en este modelo.
El 21 de mayo, cuando le formulé la interpelación, usted manifestó la necesidad de dotar fondos adicionales. Es más, el 25 de junio, en una pregunta en esta Cámara, usted cifró ese crecimiento adicional al PIB nominal. Dijo que eran necesarios unos 120.000 millones de pesetas.
Además, manifestó textualmente que estos créditos se harían --y se lo leo-- con cargo al sistema fiscal. Veremos ahora qué es lo que no ha aplicado el nuevo modelo. Por un lado, hay un fondo general y un fondo para atenciones específicas. También se incluyen otros fondos, como son unos 65.000 millones de pesetas de posibles ahorros de gasto farmacéutico. En cualquier caso --luego me referiré con más detalle a éste--, no es un fondo adicional, simplemente se trata de un cambio de partida contable: del gasto de farmacia lo pasaríamos a las atenciones correspondientes, e igual sucedería con el otro fondo de 40.000 millones de pesetas de las incapacidades transitorias. También es un fondo condicional, y tampoco significa un ahorro en lo que es el presupuesto consolidado del Estado, porque ya se contempla en los presupuestos de la Seguridad Social, y son fondos condicionados porque requieren del cumplimiento de unos objetivos que se tienen que pactar con las Comunidades Autónomas. Entonces, ¿cuál es la financiación no condicionada que contempla el nuevo modelo? Esta es de tres billones 797.759 millones.
La cantidad percibida, según el Presupuesto de 1997 aprobado por estas Cámaras, por el Insalud y las Comunidades Autónomas es de tres billones 561.864 millones. Si a esto le subimos el PIB nominal que, según la previsión del Gobierno es del 5,7 por ciento, nos encontramos con que la cantidad que habría en ese modelo antiguo para la sanidad en el año 1988 ascendería a tres billones 764.891 millones. Una simple resta, señor Ministro, nos da los fondos adicionales que se aportan en el nuevo modelo, lo que hay de más respecto de lo que correspondería en el anterior modelo: 32.868,5 millones de pesetas. El resto del incremento o son manejos contables o ya estaba comprometido por el anterior modelo. Lo nuevo es exclusivamente eso.
¿Dónde queda la promesa que realizó aquí el Ministro de incrementar 120.000 millones? ¿Dónde queda ese espectacular incremento que nos anuncian a bombo y platillo sus medios de comunicación social? La primera conclusión que podemos sacar, señor Ministro, es que esta financiación es insuficiente.
Pasemos ahora a ver los componentes novedosos. En el fondo general se incluye un fondo --permítame la expresión-- de financiación condicionada, como he dicho, porque se percibirá a condición de que se cumplan algunos objetivos, dotado con los ahorros producidos con las incapacidades transitorias. Esta financiación se percibe por adelantado y después se liquidará en función de que se cumplan o no los objetivos. ¿No cree el señor Ministro que esto puede incrementar el déficit si se ha gastado ese fondo y luego los objetivos no se cumplen? Porque se percibe por adelantado. Pero lo que es más grave, señor Ministro, esto va en contra del Pacto de Toledo. Esto significa un paso atrás en los acuerdos del Pacto de Toledo que establece que la financiación de la sanidad debe correr al cien por cien con cargo a los Presupuestos Generales

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del Estado. Y ustedes financian ahora parte de la sanidad con cargo a los fondos de la Seguridad Social.
Se habla también de otros fondos para el ahorro de medicamentos, lo que excluiría la financiación del medicamento de la Seguridad Social. Esto es lo que el Partido Popular en su día bautizó como el medicamentazo, término que a mí no me gusta, pero no seré yo quien niegue la propiedad intelectual al Partido Popular de tan importante aportación a la lengua española. Fue su decisión y ahí está. Eso tampoco significa más dinero para la sanidad, como le he dicho antes, sino un cambio de partida contable. Que se vaya a aplicar parece una decisión firme porque el señor Aznar lo ha anunciado, aunque de lo que diga luego ya se sabe, pues parece ser que ahora, incluso, se quiere negociar algo.
No puedo repetirle por falta de tiempo, que no de ganas, todos los apelativos, todos los exabruptos, que ustedes dedicaron hace años al Decreto de Financiación Selectiva de Medicamentos. Sólo les voy a recordar una cosa: sus promesas electorales. El señor Fernández-Miranda, dijo el 9 de febrero de 1996: Retiraremos el «medicamentazo». El «medicamentazo» no seguirá. Las 1.658 medicinas del «medicamentazo» --y la cifra la pone él-- volverán a la Seguridad Social si el Partido Popular gana las elecciones. Que los ciudadanos valoren la promesa electoral y los actos que ustedes pretenden realizar ahora.
Hay una diferencia fundamental entre aquella actuación y las que ustedes quieren realizar ahora. El Decreto de Financiación Selectiva fue estudiado por todos los profesionales. De él se retiraron artículos que aludían a productos que no tenían, casi nunca, ninguna utilidad terapéutica: champúes, cosméticos, etcétera. Se trató, entonces, de evaluar aquellos artículos que apenas tenían valor terapéutico y de excluirlos. Sin duda, esto tendría también una repercusión económica.
Pero el tratamiento que se está dando a este asunto por el Ministerio es muy distinto. Aquí se dice que hay que ahorrar 65.000 millones y que hay que ampliar la lista hasta que dé 65.000 millones.
Señor Ministro, ¿hasta qué nivel de valor terapéutico se va a excluir para conseguir esos 65.000 millones de pesetas? ¿Existe, señor Ministro, o no existe la lista? Si existe, ¿por qué no se hace pública? Y si no existe, ¿cómo se sabe que se van a ahorrar 65.000 millones de pesetas? ¿Quién elabora esa lista? ¿El Ministerio de Sanidad que dice que no la tiene o el de Economía que ya sabe que se ahorran 65.000 millones? La verdad es que la descoordinación del Gobierno en esta materia, las constantes contradicciones y la intromisión de unos ministerios en otros, así como el silencio que usted ha mantenido durante todo este proceso, nos hacen pensar que o usted es un Ministro a tiempo parcial o el Ministro de Economía ejerce a ratos de Ministro de Sanidad, pero, desde luego, su silencio ha sido clamoroso.
El otro día leí una entrevista suya en el «ABC» y se planteaba la posibilidad de establecer una inscripción en aquellos medicamentos que tuviesen baja utilidad terapéutica. Quisiera que me dijera cuándo se va a hacer y cómo. También tengo una curiosidad, y es saber cuál va a ser la inscripción, si va a ser algo así como las «autoridades sanitarias advierten que este medicamento no sirve para nada». Mi opinión es que no parece muy seria esta medida. Sería más lógico pensar que si los medicamentos no tienen utilidad terapéutica, quo no se registraran y si por algún error se registraron, sean retirados del registro.
Otro tema de discrepancia --yo creo que aquí ya ha quedado claro que los fondos dan lugar no solamente a una financiación insuficiente, sino también a una financiación no correcta a través de posibles créditos condicionados-- es el de los criterios de reparto, donde se han establecido dos fondos: por un lado, un fondo específico, cuyos criterios de reparto no coinciden en ningún caso con lo que son los criterios de población protegida que se recogen en los fondos generales.
Hay un fondo denominado de modulación, que trata de compensar a las Comunidades Autónomas que pierden población, con un importe de 20.424 millones de pesetas. Cuando analizamos el reparto de este último fondo, la paradoja está en que el 73,37 por ciento se destina a las Comunidades Autónomas con la sanidad transferida y sólo el 26,63 por ciento al Insalud. Y cuando analizamos las Comunidades Autónomas que han perdido población y la población que ha perdido el Insalud, nos damos cuenta de que la relación es exactamente la contraria, con lo cual se reparte el fondo en una proporción de dos a uno contra el Insalud cuando la relación de pérdida de población es exactamente la contraria. Señor Ministro, dígame qué criterios ha utilizado, salvo que el único criterio haya sido la absoluta discrecionalidad.
Existe otro fondo, que es el denominado fondo de gastos extraordinarios originados por la docencia y la asistencia hospitalaria, así como los conocidos desplazados, con un importe total...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Zamorano, vaya terminando.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Voy terminando, señor Presidente.
Con un importe total de 47.918 millones de pesetas. De éstos, el 84 por ciento corresponde a las Comunidades Autónomas con la sanidad transferida y el 11,59 por ciento al Insalud gestión directa, una proporción de 9 a 1 en contra del Insalud. Yo quisiera conocer cuál es la parte que corresponde al fondo de docencia, la parte que corresponde al fondo de desplazados, cuáles son los criterios que se han aplicado, cuál es la docencia contemplada --desde luego la MIR no es-- y el registro de desplazados que debe tener el Ministerio para poder evaluar el volumen de los mismos en las distintas Comunidades Autónomas.
Finalizando con los fondos discrecionales, señor Ministro, diré que el total asciende a 68.363 millones, de los cuales el 83,91 corresponde a Comunidades Autónomas con la sanidad transferida y el 16,09 al Insalud gestión directa. Es decir, de estos fondos discrecionales que adiciona

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el sistema, 2.475 pesetas por habitante van a las Comunidades Autónomas con la sanidad transferida y 768 pesetas al Insalud gestión directa, una desproporción de 3 a 1 en contra del Insalud, algo que, en mi opinión, es absolutamente injusto y discriminatorio.
Señor Ministro, tras el lamentable espectáculo de la farsa que han desarrollado durante este año y medio, tiene usted la obligación de exponernos aquí el modelo y de contestar a las preguntas que le he realizado, hacerlo donde desde un principio debía hacerlo, en el Parlamento, no continuar ignorando a esta Cámara, darnos los criterios y no actuar más de espaldas a la institución parlamentaria.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Comparezco con mucho gusto, señor Presidente, señorías, ante este Pleno del Senado, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para exponer las líneas generales del nuevo modelo de financiación de la sanidad, acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión del pasado 27 de noviembre, acuerdo que contó con el apoyo unánime de los representantes de todos los servicios de salud que gestionan la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Antes de nada me gustaría aclarar que en ningún caso se han sustraído a las Cámaras los criterios del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación de la sanidad, que, como todos ustedes saben, es el que surge de la propuesta que se acuerda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas. No es esto una novedad, así ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero es ahora cuando se quiere crear confusión sobre el papel de los distintos órganos del Estado en estas cuestiones. Se ha respetado escrupulosamente la legislación vigente y los precedentes en estas materias.
En este sentido, en una comparecencia ante el Pleno del Congreso bien reciente ya adelanté que el presupuesto de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud que figura en el Presupuesto debería adecuarse a este acuerdo que adoptara el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las correspondientes repercusiones que del mismo se derivarían, y así aparece recogido en el «Diario de Sesiones». Además, señorías, quiero recordar que uno de los temas que ha centrado el trabajo de la subcomisión parlamentaria para la consolidación del Sistema Nacional de Salud es el relativo a la financiación sanitaria, su suficiencia y su estabilidad, así como la equidad territorial de su distribución, lo que ha dado lugar a que en el acuerdo alcanzado en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, el pasado 21 de octubre, se introduzca como un punto específico el correspondiente a la financiación sanitaria, tal y como he tenido ocasión de exponer tanto ante esta Cámara como en el Congreso de los Diputados,con motivo de diversas interpelaciones parlamentarias. No tiene precedentes la información y el debate sobre estas cuestiones, tanto en las Cámaras como en otros órganos, con lo que ha ocurrido estos últimos meses.
En este mismo sentido, el pasado mes de septiembre la subcomisión --como aquí se ha recordado justamente-- solicitó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera trabajara en el establecimiento de las bases para el nuevo acuerdo de financiación sanitaria. El Consejo inició sus trabajos el 15 de septiembre, acordando como primera medida la constitución de un grupo de trabajo con ese objetivo, tal y como tuve ocasión de informar a sus señorías con motivo de una interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del pasado 17 de septiembre. Por lo tanto, ahora, cuando han transcurrido dos meses y medio desde aquella fecha y encontrándonos plenamente dentro del plazo previsto y en pleno período de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, puedo decirles con satisfacción que el modelo de financiación para el próximo cuatrienio se encuentra ya cerrado gracias a ese acuerdo alcanzado en el Consejo el pasado 27 de noviembre, al que antes hacía referencia, y ya están tramitadas las correspondientes enmiendas en esta Cámara para que se puedan incorporar las nuevas previsiones a los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Como todos ustedes saben, este año finalizaba el modelo de financiación de la sanidad para el período 94-97, articulado en base al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 21 de septiembre de 1994. Aquí ya empiezan algunas diferencias con lo que ocurría en etapas anteriores, señor Senador: el anterior acuerdo de financiación se aprueba en el mes de septiembre de 1994 para entrar en vigor el 1.º de enero de 1994; estamos ahora acordando la financiación sanitaria para el período 1998-2001 y va a entrar en vigor con todas sus consecuencias el 1.º de enero de 1998. Esas son maneras distintas de trabajar.
El nuevo modelo se enfrenta a los siguientes retos. Dotar al sistema de un nivel de recursos suficiente para atender las necesidades reales del gasto sanitario. Distribuir esos recursos homogéneamente entre las distintas Administraciones, garantizándolas un nivel mínimo de financiación. Adecuar el gasto farmacéutico a los niveles medios de los países de nuestro entorno, limitando, consiguientemente, la financiación de medicamentos de escaso valor terapéutico. Luchar contra el fraude en los gastos asociados a prestaciones sanitarias mediante convenios bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de discapacidad temporal. Y destinar recursos específicos para financiar gastos extraordinarios derivados de docencia o asistencia primaria y hospitalaria a no residentes.
La sanidad pública contará en 1998 con 381.000 millones más que en 1997, lo que supone que se destinarán a sanidad 10.000 pesetas más por habitante, y eso se puede

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hacer con distintas fuentes, pero la realidad es que para verdaderas necesidades sanitarias se va a poder disponer de esos recursos adicionales.
Este nuevo modelo de financiación distribuye los recursos del sistema en dos fondos: un fondo general, destinado a la cobertura de prestaciones generales, y otro finalista, para atender necesidades específicas derivadas del gasto de docencia, asistencia primaria y hospitalaria a no residentes y para garantizar una financiación mínima a las Administraciones gestoras. El fondo general estará dotado por el importe total de 3 billones 769.000 millones, integrado, a su vez, por las siguientes partidas: la dotación para el gasto sanitario prevista en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, de 3 billones 719.000 millones, que ya incluye un incremento de recursos estimado en 70.000 millones, derivado de medidas de ahorro adoptadas en el ejercicio 1997, que fueron una mayor disponibilidad para el Sistema Nacional de Salud --si no hubo elevación de salarios en el sistema público, y, sin embargo, la consignación prevista para esa finalidad queda a favor del Sistema Nacional de Salud, son más recursos de los que dispone el sistema--; una dotación adicional de 25.000 millones para mejoras del sistema, a la que se añadirá una partida adicional de 10.000 millones y los recursos derivados del control del gasto en incapacidad temporal, por un importe de 40.000 millones. El fondo específico estará dotado con 68.362 millones, y el presupuesto total del Sistema Nacional de Salud ascenderá a 3 billones 837.759 millones.
A todo esto debemos añadir el ahorro en gasto farmacéutico, que incrementará la capacidad de financiación del sistema en aproximadamente 65.000 millones, y, por último, el Gobierno asume el compromiso de incrementar los recursos del Sistema Nacional de Salud en 25.000 millones a partir del año 2000, incremento que estaría condicionado a la reducción de las listas de espera.
El reparto de los fondos entre las distintas Administraciones que los gestionen, Insalud y Comunidades Autónomas, se realizará sobre la base de los siguientes criterios: para la distribución del fondo de prestaciones generales se utilizará el criterio de población protegida; para la distribución del fondo específico entre las Administraciones gestoras se tiene en cuenta el saldo financiero de cada una de ellas en los gastos para docencia y asistencia primaria y hospitalaria a no residentes y una financiación mínima garantizada a cada una de ellas. En concreto, la pérdida de financiación de cada Administración gestora por aplicación del criterio de población protegida no podrá suponer más del 0,25 por ciento de los recursos que tuvieran asignados en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Por último, el ahorro en gasto farmacéutico se reparte entre las Administraciones gestoras en función del ahorro real que se obtenga. A fin de adaptar el volumen de recursos a las necesidades del gasto sanitario en cada ejercicio, la dotación de recursos para 1998, conforme a los criterios antes expuestos, deberá evolucionar en función del PIB nominal a lo largo de los cuatro años a los que resulta aplicable el modelo.
En 1998 se invertirán en Sanidad 104.060 pesetas por habitante, frente a las 93.900 del año 1997. Estos son los datos fundamentales, señor Senador. Este esfuerzo de financiación sin precedentes se llevará a cabo sin aumentar la presión fiscal, sin subir los impuestos y sin realizar ningún recorte social.
Lo que ustedes no fueron capaces de hacer, lo que no supieron o no quisieron hacer, dotar al Sistema Nacional de Salud de suficiencia financiera, resolver de una vez el problema de financiación de la sanidad, es lo que resulta de este acuerdo de financiación y del nuevo modelo que se incorpora a los presupuestos de este año.
Cuando el año 1994 se plantearon ustedes este problema, tuvieron sobre la mesa las mismas cifras del gasto sanitario real, lo que era necesario para atender las necesidades del servicio. Y sobre esto hicieron ustedes, primero, un recorte de 90.000 millones de pesetas, y después otro de 55.000. Y quedó lastrado el Sistema Nacional de Salud, con insuficiencia para atender sus necesidades. Si no, pregúnteselo a sus compañeros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que han estado gestionando los servicios sanitarios. Entonces no fueron ustedes capaces de resolver este problema, y ahora, cuando nos encontramos en el momento en que el Gobierno da una solución definitiva a la financiación de la sanidad, plantean ustedes esta guerra entre Comunidades y pretenden hacer demagogia con una cuestión tan importante y tan esencial como es el sistema sanitario.
El nuevo modelo de financiación sanitaria representa para el Insalud una mejora considerable en su capacidad financiera por cuanto supone un incremento de 127.000 millones de pesetas sobre el escenario de 1997. Esa cifra representa un aumento porcentual del 9,44 por ciento. De este importe, 24.000 millones corresponden a la disminución prevista del gasto farmacéutico. El incremento de financiación que le hubiera correspondido al Insalud con el anterior modelo hubiera sido del 4,9 por ciento y va a ser del 9,44.
El gasto por habitante en el territorio del Insalud se sitúa en 103.864 pesetas, similar al del resto de las Comunidades Autónomas, sólo por debajo de Cataluña, Andalucía y Galicia, pero por encima de Canarias y de Valencia. Son, como digo, 103.864 pesetas, sin contar la financiación de los centros nacionales.
La mayor capacidad financiera del Insalud va a potenciar aún más su política de inversiones, con la que se ha propuesto corregir los desequilibrios territoriales existentes en materia de infraestructuras sanitarias, que, desgraciadamente, eran muy superiores a lo deseable.
Gracias a este nuevo acuerdo de financiación, el Insalud va a poder incrementar sus inversiones un 39 por ciento en el año 1998 sobre el año 1997. Y ese aumento de las inversiones en el cuatrienio nos va a permitir equilibrar la situación de las infraestructuras sanitarias de las Comunidades Autónomas que gestiona el Insalud, que necesitaban inversiones importantísimas para alcanzar esos niveles de equilibrio.
Vamos a tener que invertir 26.000 millones de pesetas en Castilla-La Mancha en el cuatrienio para dotar a esta

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Comunidad Autónoma de las infraestructuras que necesita. Para hacernos una idea de lo que representa esta cantidad que he mencionado, se puede comparar con lo que prevemos invertir en Madrid, con tres veces más población que Castilla-La Mancha. Para poner la red de Madrid en condiciones necesitaremos invertir 40.000 millones, y para adecuar la red de Castilla-La Mancha vamos a invertir 26.000 millones. Para poner Castilla y León --otra Comunidad realmente infradotada-- en las condiciones en las que tendría que estar, vamos a tener que invertir --y vamos a poder hacerlo gracias a este acuerdo de financiación-- casi 37.000 millones en el cuatrienio.
De la capacidad total de financiación con que contará la sanidad pública en los próximos cuatro años, el 98,8 por ciento se reparte en función del criterio de población protegida según el Padrón de 1996, último en vigor.
Tanto el establecimiento de un marco financiero estable como el criterio de reparto utilizado forman parte de las recomendaciones de la subcomisión parlamentaria que ha estudiado la modernización y consolidación del sistema sanitario.
Como consecuencia del descenso de población que se registra en su territorio, el Insalud dejará de percibir una cifra cercana a los 10.000 millones de pesetas, pérdida que se compensa en parte con 5.444 millones procedentes de un fondo especialmente diseñado para mitigar el impacto negativo de esta caída de población.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, consumió su tiempo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Termino enseguida, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): El Insalud dispondrá de 5.555 millones más para financiar gastos originados por la asistencia a desplazados, otros 11.700 millones para sus centros nacionales, y 5.000 millones más para estas mismas atenciones, con lo cual queda perfectamente equilibrado el trato financiero que recibe el Insalud con el conjunto de las Comunidades Autónomas. Repito, está por detrás de Cataluña, de Galicia y de Andalucía, pero por delante de Valencia y de Canarias.
En definitiva, señor Senador, estamos ante un momento histórico para la financiación de la sanidad pública; por primera vez la sanidad recibe una financiación realista, equitativamente resuelta, apoyada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por todas las Comunidades con servicios transferidos, incluida Andalucía, y en condiciones de poner nuestro Sistema Nacional de Salud, juntamente con las conclusiones de la Comisión parlamentaria del Congreso sobre esas cuestiones, a la altura de las necesidades de este momento para España.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene usted la palabra, Senador Zamorano, por cinco minutos.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Ministro de Economía no le ha debido explicar todavía los acuerdos a que llegó, porque desde luego la cifra que usted ha dado y el desconocimiento que tiene del modelo aprobado para financiar la sanidad es notorio.
Señor Ministro, aquí no hay nuevo modelo; aquí se aplica el modelo anterior, que es el de los gastos sanitarios con el incremento del PIB nominal, y a eso ustedes lo único que le añaden es discriminación; le añaden 32.866 millones que se aplican discriminatoriamente para justificar sus pactos. El resto son juegos contables, poniendo en peligro la Seguridad Social, quitándole los fondos a las IT o pasando dinero de farmacia, que ya está en el sistema, a otras partidas. Pero ustedes no tienen modelo ni imaginación para desarrollarlo. Han cogido el modelo socialista y lo han discriminado con 32.000 millones. Eso es lo único que han hecho.
Yo quiero recordarle el papel que se ha jugado en todo este proceso.
Usted me habla de la subcomisión; bien, la subcomisión aprobó unos criterios para el reparto de los fondos; aprobó el envejecimiento, la dispersión, la insularidad, y no se ha contemplado ni uno sólo de esos criterios; pero, señor Ministro, el papelón suyo en este tema se lo voy a recordar en función de sus propias palabras. El día 21 de mayo, en el «Diario de Sesiones» usted me dice que los criterios de reparto deben considerar adicionalmente las diferencias de los niveles de salud y sociales que motivan las diferencias de gastos entre las Comunidades Autónomas, de manera que puedan ser atendidas esas necesidades y alcanzar la reducción gradual de las mismas. Y atendiendo al criterio de reparto que se ha aplicado, ¿considera usted que los niveles de salud y los niveles sociales son mayores en el Insalud que en las Comunidades Autónomas con la sanidad transferida? ¿Considera usted, de verdad, señor Ministro, que los niveles económicos y de salud en Castilla y León, en Extremadura, son mayores que en Cataluña, que en Valencia o que en Baleares? Porque estas Comunidades se llevan más de los fondos discriminatorios, y el Insalud pierde 15.000 millones.
Usted me habla de la situación del Insalud. Señor Ministro, si comparamos lo que le aporta el nuevo modelo al Insalud con respecto a lo que ya ha aprobado el Congreso, con respecto al Presupuesto para 1998, que va a entrar en esta Cámara, en financiación no condicionada el Insalud baja un 0,62 por ciento. Si tenemos en cuenta la financiación condicionada, es decir, no solamente el dinero contante que le van a dotar, sino los posibles ahorros del «medicamentazo» o los posibles ahorros de las IT, subiría un 0,4 por ciento.
En el conjunto del total, la subida quedaría siempre de 2 a 3 puntos por debajo de lo que se incrementa en las

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Comunidades Autónomas que tienen la sanidad transferida.
Señor Ministro, en su conjunto, ustedes le han quitado 15.000 millones de pesetas al Insalud para dárselas al resto de las Comunidades, simplemente para utilizarlo como un criterio de pago para mantener al señor Aznar en La Moncloa.
Pero, la gravedad de esta situación la pone de manifiesto el propio Partido Popular con las enmiendas que ha presentado a la Ley de Presupuestos a tramitar en el Senado. Que usted ha defendido al Insalud y que la financiación es tan importante, queda de manifiesto con las enmiendas presentadas.
Señor Ministro, como la financiación para el Insalud del nuevo modelo es tan pequeña, como se les crea una discriminación tan fuerte, perdiendo 15.000 millones, se presenta una enmienda en el Senado en la cual se dice que el Ministerio de Economía adiciona 5.000 millones de pesetas más, fuera de modelo, para compensar el disparate del modelo, y eso lo dice una enmienda del Partido Popular. Pero, señor Ministro, es que queda tan mal que ni esto cubre, y han tenido que aplicar el «medicamentazo» haciendo una reducción de 22.900 millones de pesetas en el gasto farmacéutico para cargarlo a gastos en prestaciones sanitarias porque no les cubre ni los créditos que ustedes pusieron.
Es decir, que el Insalud pierde financiación y sale absolutamente discriminado con respecto a las prestaciones sanitarias del resto de las Comunidades Autónomas. Y en eso consisten, señor Ministro, las dos enmiendas que el Grupo Popular ha presentado aquí, aplicando incluso algo que todavía no está acordado, el «medicamentazo».
Señor Ministro, como puede comprender, el Grupo Parlamentario Socialista rechaza lo que el Gobierno ha denominado nuevo modelo de financiación de los servicios de sanidad para el período 1998-2001, y lo rechaza porque consideramos que la financiación es insuficiente, que los fondos que se contemplan no son fondos de financiación correctos y porque es injusto en su aplicación y discriminatorio en su reparto. Es una farsa que ha supuesto un profundo desprecio hacia la institución parlamentaria, un presunto modelo de financiación.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Zamorano, termine rápidamente.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Sí, señor Presidente.
Es una farsa que ha supuesto un presunto modelo de financiación que traerá graves consecuencias para nuestro sistema sanitario, que va contra la Ley General de Sanidad y que tendrá graves consecuencias también en el sistema de Seguridad Social. En definitiva, se trata de una farsa que ustedes han puesto en marcha simplemente para mantener al señor Aznar en La Moncloa, utilizando para ello las prestaciones sanitarias como si fuesen un mero elemento de tráfico mercantil.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
A nuestro Grupo Parlamentario le parece oportuno que se haya presentado esta interpelación, aunque en el fondo materialmente no coincidimos con nada de lo que el interpelante del Grupo Parlamentario Socialista ha valorado respecto del nuevo modelo de financiación sanitaria.
Nosotros no creemos que esto sea un acuerdo para mantener al Gobierno del Partido Popular con el apoyo del señor Pujol. Esa es simplemente una terminología política que a veces puede utilizarse, pero en realidad es mucho más serio que todo eso, es un gran acuerdo que afecta a los ciudadanos españoles. Y es que si leemos las encuestas del CIS o las encuestas que la Lehendacaritza del Gobierno vasco ha realizado a propósito de los aspectos que preocupan primordialmente a los ciudadanos, podremos ver que al 76 por ciento de los ciudadanos del País Vasco, al 75 por ciento de la media española lo que le preocupa es la salud.
Por tanto, en realidad estamos hablando de un tema político que está afectando a los ciudadanos de manera importante. Este es el problema que en mayor medida afecta al ciudadano y el que más le preocupa. Luego viene en menor porcentaje la situación familiar, la estabilidad personal, el trabajo, etcétera, y posteriormente otra serie de asuntos en relación con la vida política que en el día a día no le importan tanto en definitiva.
Lo que si le importa mucho es la salud.
Lo cierto es que en esta legislatura se han abordado políticamente, entre otros, los trabajos del modelo sanitario del sistema público en el Congreso y el sistema de la ordenación farmacéutica en la Comisión especifica del Senado. Es decir, se han abordado temas políticamente muy importantes que nada tienen que ver, a nuestro juicio, con que el señor Aznar reciba el apoyo del señor Pujol. Lo que estamos tratando en estos momentos son los problemas que tiene el ciudadano español, a propósito de los cuales la mayoría de los grupos parlamentarios y la mayoría de los administradores públicos, en definitiva, los responsables políticos, han llegado a un acuerdo.
Eso es lo que hay que resaltar. Cuando la mayoría está de acuerdo, ¿estamos haciendo cosas buenas o estamos haciendo cosas malas? Hay que tener sentido común político de lo que estamos haciendo. Si todas las Comunidades Autónomas menos dos están de acuerdo --una de ellas Navarra, con el caso específico de que tenía un mandato parlamentario de que no podía votar que sí, pero el Gobierno estaba de acuerdo cumpliendo una resolución de una proposición de que no podía votar--, creo que el sentido común jurídico y político nos dicen que estas medidas que se incluyen en la Ley de Presupuestos contienen una gran dosis de sensatez y de bienestar para los ciudadanos españoles.


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Por tanto, nosotros vemos bien que se haya llegado a este acuerdo.
Además, la gran mayoría de administradores públicos de la sanidad española, bien sean los de los poderes centrales del Estado, bien sean los de las Comunidades Autónomas, así lo ven.
Y era absolutamente necesario llegar a un acuerdo porque, como queda constatado a través de todos los debates y trabajos realizados tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados, los problemas que tiene la sanidad española en lo que al crecimiento del gasto se refiere --gastos exógenos como puede ser el avance en las tecnologías, el envejecimiento de la población, el cambio en los patrones de morbilidad y mortalidad-- producen, en definitiva, un incremento del gasto en función del cual el responsable público tiene que preguntarse: ¿A qué voy a dedicar el dinero público? ¿Lo dedico a carreteras o sanidad? ¿Y qué es lo que quieren los ciudadanos? Están presionando a todos los grupos políticos para que gastemos en sanidad. Eso es lo que quieren, y este acuerdo refleja esa voluntad mayoritaria.
Nosotros hemos participado, a través de nuestros representantes, en estas negociaciones políticas para lograr este acuerdo, que apoyamos, que nos parece bueno porque establece la conexión entre la clase política y la realidad social, que es lo que, en definitiva, debemos realizar los parlamentarios: adoptar acuerdos que intenten solucionar los problemas de los ciudadanos; e insisto en que éstos quieren que se gaste en sanidad.
Podrá recortarse el presupuesto en otras materias, se podrá entender que se dilaten los gastos, por ejemplo, para la construcción de una determinada infraestructura, y en ese caso acudiremos a un modelo alemán de financiación, o a entes adicionales, como puede ser la financiación privada. Pero, repito, no quieren que eso ocurra en materia de sanidad.
Los responsables públicos --el Ministerio, las Comunidades Autónomas, los grupos parlamentarios-- hemos recibido claramente ese mandato, y hemos llegado a un acuerdo respecto del cual coincide el 90 por ciento y del que estamos satisfechos, que se tramitará a través de las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado, que van dirigidas a dotar de suficiencia y a garantizar el funcionamiento del sistema público de salud español.
Por otro lado, nos parece importante el incremento que se recoge en los presupuestos para la financiación sanitaria durante el período 1998-2000; primero, con el fondo general que se establece al efecto, con un presupuesto de 3.719 millones de pesetas, y posteriormente, con el fondo especifico. En este sentido, hemos debatido en muchísimas ocasiones la necesidad de que exista un índice corrector para los desplazados...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gatzagaetxebarría, su tiempo ha terminado.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy terminando, señor Presidente.
Obviamente, en aquellos lugares de la geografía donde existen grandes servicios sanitarios hay que establecer un modelo corrector. En eso todos estamos completamente de acuerdo.
Lo mismo ocurre con el modelo de crecimiento que se establece a través del PIB nominal, que se llevará a cabo en 1999; en el 2000, además, con un incremento adicional de 25.000 millones de pesetas, y en el 2001, consolidando lo relativo al 2000, más el incremento del PIB nominal.
Coincidimos con estos acuerdos políticos y, sobre todo, en lo relativo al ahorro farmacéutico. Así, creemos importantes las medidas para la utilización de genéricos, la reducción de los precios del medicamento y la elección selectiva de los medicamentos. Y por nuestra parte, señor Ministro, proponemos que en el Consejo Interterritorial se adopten una serie de medidas, como la diferenciación entre registro y financiación, o que incluso se puedan establecer precios de referencia para algunos medicamentos. Asimismo, planteamos que se adopte un sistema positivo de establecimiento de listas, de manera que aquello que aparezca en las disposiciones que al efecto se establezcan sea lo financiado, y no lo contrario...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que concluya cuanto antes.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente.
Decía que proponemos que se adopte un modelo positivo, en lugar de que todas las medicinas o productos farmacéuticos que vayan saliendo al mercado estén directamente financiados, salvo que se diga lo contrario.
Nosotros invertiríamos la cuestión: que se especifique lo que se incluye, como se ha hecho, tanto en materia de farmacia, como de prestaciones sanitarias. Insisto, es un modelo positivo, en el que se indica lo que se incluye en el sistema público, mientras que el resto queda fuera, como ocurre en el sistema de alemán. Creo que éste debe ser el modelo, y no el cajón de sastre que supone el que se incluya todo aquello que no se especifica que no entra.
Vuelvo a insistir en que nos congratula este acuerdo, con el que creemos que se garantiza el sistema público de salud y que, sobre todo, refleja una conexión entre la clase política y la ciudadanía, que quiere que se gaste en sanidad, lo que se logra con estos acuerdos políticos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don Jaume Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a exponer nuestra posición en relación con la interpelación del Senador Zamorano sobre el nuevo modelo de financiación para los próximos cuatro años.
De entrada, hemos de decir que valoramos positivamente el acuerdo que se alcanzó la semana pasada en el

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seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que conviene recordar que se obtuvo por la amplia mayoría de las Comunidades Autónomas --con sólo dos de ellas, sin el Insalud transferido, en desacuerdo--; sobre todo, por aquéllas que tienen transferido el Insalud.
En primer lugar, esta valoración positiva tiene su fundamento en el incremento de los recursos presupuestarios considerados globalmente para el próximo cuatrienio, porque si el gasto sanitario es de 3.520.000 millones de pesetas, para el próximo año hay un incremento, como se ha dicho, de 380.000 millones de pesetas, lo cual representa cerca de un 10 por ciento. Además, para el año 1999 se prevé un incremento adicional del fondo de 25.000 millones de pesetas, que se sumará a la financiación del crecimiento del producto interior bruto, el cual, además, se aumentará para el año 2001, el cuarto año del cuatrienio.
Por tanto, convendremos todos en que gracias a este acuerdo de los primeros cuatro años habrá una mejora cuantitativa sustancial en los recursos para el conjunto de la sanidad. Ya sé que ha hablado de la insuficiencia financiera, a lo que después me referiré.
Por otra parte, con este acuerdo se ha demostrado lo que veníamos diciendo desde un principio: que es un problema de insuficiencia del conjunto de la financiación de la sanidad en el conjunto del Estado español y, por tanto, no era un problema sólo de algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, sino de alguna otra, precisamente de aquéllas que lo habían tenido transferido en los primeros momentos.
El segundo aspecto es la procedencia de los recursos: los 200.000 millones de pesetas que vienen recogidos en el presupuesto, un fondo adicional, como se ha dicho, de 75.000 millones de pesetas procedentes de impuestos, para lo cual, ya hay un cargo en la ejecución de los presupuestos de 1997 de 40.000 millones de pesetas para evitar el incremento del déficit público, y en el acuerdo también se incluyen los 40.000 millones de pesetas por mejor gestión para la lucha contra el fraude en la incapacidad transitoria.
Finalmente, hay otras vías de financiación, como el ahorro y racionalización del gasto sanitario, previsto en 65.000 millones de pesetas, el ajuste de la lista de medicamentos, los precios de referencia y la utilización de los llamados genéricos.
En este segundo aspecto nuestra posición no es tan confiada, en el sentido de que se puedan conseguir los objetivos que se pretenden. No hay duda de que estaríamos mucho más tranquilos si estas aportaciones --sobre todo la gestión de la incapacidad laboral transitoria, y el ahorro en el gasto farmacéutico-- se equilibraran con aportaciones directas, porque también tenemos que tener presente la necesidad de control del déficit público.
Por tanto, hay que pensar en estas vías alternativas, aunque confiamos en que se cumplan las previsiones, pues de lo contrario se producirá todo lo contrario de lo que se pretende, es decir, un mayor incremento --ya lo hemos dicho otras veces-- del déficit público, porque, indudablemente --hay que volver a decirlo--, las necesidades en sanidad son inexorables y hay que hacerlas frente, naturalmente con mayor rigor en la gestión, pero nunca dejan de pasar su cuenta, como dijimos en su momento con ocasión de la interpelación a la moción subsiguiente en la primavera de este año.
Finalmente, pasamos al tercer aspecto: el reparto de los recursos. Hay una primera distribución del 92,25 por ciento, es decir, tres billones 769.000 millones de pesetas en un fondo general que se reparte por criterio de población protegida, de acuerdo con el último censo de población, como el Grupo Parlamentario Socialista pedía. Con ello se perjudica a unas Comunidades Autónomas: Cataluña, Galicia y territorios del Insalud y, de pasada, se beneficia a Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana.
Hay también un segundo fondo específico, que representa un 1,75 por ciento del total, de un importe de 68.362 millones de pesetas, que se reparte, a su vez en dos fondos: uno, el fondo de compensación, con la financiación mínima para aquellas Comunidades Autónomas en las que la población protegida crece por debajo de la media, con una asignación de 20.444 millones de pesetas que, en cierta forma, tiene un efecto indirecto en el envejecimiento de la población, aunque no sea, repito, directo, y otro, el fondo de desplazados, con un montante de 47.000 millones de pesetas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Cardona, consumió su tiempo.


El señor Cardona I VILA: Termino, señor Presidente, pero quería apelar a la benevolencia de la Presidencia porque en este caso el interpelante ha hecho referencia a que el pacto entre el Gobierno, el Partido Popular, y nuestro Grupo Parlamentario era la historia de una farsa. Nos podemos sentir, sin que sirva de precedente, como interpelados y querría referirme ahora a ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por lo bien que lo pide, puede usted apelar a esta benevolencia, aunque es escasa.


El señor Cardona I VILA: Muchas gracias por su benevolencia.
Esas cantidades se distribuyen en función de las necesidades reales del gasto y los resultados --en ello conviene insistir-- siguen la misma proporción en su distribución que en el vigente sistema autonómico: el 1,75 por ciento, aproximadamente.
No queríamos entrar en esa lucha de unas administraciones contra otras, si unas ganan y otras pierden, y si es mejor para aquellas Comunidades Autónomas con el Insalud transferido o para aquéllas otras que no lo tienen transferido. Pero lo cierto es que, hasta ahora --hay que reconocerlo-- la transferencia del Insalud ha comportado inexorablemente que, desde el punto de vista económico, haya dificultades presupuestarias. No es una transferencia económicamente apetecible o deseable. Las Comunidades Autónomas a las que ahora se les imputa un mayor beneficio son justamente aquéllas más perjudicadas por

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los recursos obtenidos en el momento de asumir dichas transferencias. No se olvide.
También se cuestiona la distribución del fondo, que se reparte en función de desplazados por docencia e investigación, pero tampoco debería olvidarse una realidad contrastada, y es la correlación directa que hay entre nivel de renta y gastos de sanidad.
En definitiva, señor Presidente, Señorías, nuestra posición podría concretarse en la satisfacción obtenida por el incremento global conseguido y en la esperanza en que se cumplan las previsiones de suficiencia financiera del sistema.
El Senador Zamorano hacía referencia a la historia y a la farsa en los acuerdos de Convèrgencia i Unió con el Grupo Parlamentario Popular, con el Gobierno en concreto. Los acuerdos comportan, por un lado, dificultades y, por otro, renuncias de una parte y de otra. Lo cierto es que hacen falta nuestros votos para aprobar los presupuestos de 1998. Es la misma necesidad que tenía el Gobierno Socialista en la pasada legislatura para aprobar sus presupuestos, pero es cierto --y también lo reconocemos-- que entonces fuimos criticados por ello. Este es nuestro sino y nuestra responsabilidad, que ejerceremos --de la mejor forma posible...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha terminado el cupo de benevolencia.


El señor Cardona I VILA: Termino, señor Presidente.
En cuanto a la suficiencia financiera, veremos lo que nos depara el futuro sobre las nuevas necesidades en Sanidad.
Muchas gracias, señor Presidente por su benevolencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cardona.
Tiene la palabra el señor Zamorano.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Me complace en cierta medida oír al portavoz de Convergència i Unió poner en duda la suficiencia financiera global de los acuerdos. Realmente es poco el dinero de fondo que se vuelve a poner.
Me complace igualmente oír sus dudas sobre lo que puede hacer el sistema de financiación acogido a financiaciones condicionadas, porque, efectivamente, si no se cumplen los objetivos, como no es dinero nuevo, sino dinero que ya está contemplado en otros créditos, a lo que va a contribuir es a incrementar el déficit.
Desde luego, no comparto los criterios de distribución utilizados. Tal vez haya tenido que llegarse a ese criterio por la propia insuficiencia del modelo.
Lo que sí quisiera decir al señor Ministro, a raíz de las palabras del portavoz de Convergència i Unió, es que, efectivamente, se reparte el fondo general en función de la población, no así los fondos discrecionales. Pero hay que dejar claro que el Insalud no pierde financiación sólo porque pierda población. Si tomamos el criterio de una subvención proporcional a la población protegida, el Insalud, que perdería financiación por la pérdida de población, pierde aún más, pierde 15.000 millones de pesetas que el Ministerio le quita para dárselo a otras Comunidades Autónomas, 15.000 millones que le corresponden en función de la población protegida.
Quisiera referirme al portavoz de Convegència i Unió diciéndole que creo que han tenido una estrategia equivocada y que no les ha dado los resultados apetecibles. Si en lugar de intentar ahora los acuerdos bilaterales hubiésemos intentando entre todos conseguir una mejora en la financiación, si se hubiese tenido la estrategia de un pacto global con todas las fuerzas, seguramente la solución hubiese sido mejor para todos y, sin duda, para cubrir el déficit de la sanidad catalana.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la verdad es que hay ocasiones en las que un parlamentario se queda sin discurso. Esta es una de ellas, y no porque la oposición haya puesto sobre la mesa argumentos de peso para rebatir los criterios del Gobierno, sino porque entiendo que el Ministro de Sanidad ha dejado muy claro el planteamiento del nuevo modelo y los efectos de su aplicación, que era lo que quería conocer el Grupo Socialista.
Yo había planteado mi intervención desde una crítica al Grupo Parlamentario Socialista y a su portavoz, en este caso, por la repetición de los argumentos sobre el tema de financiación. Entiendo que lo repitan ante el fiasco al que nos llevó el Partido Socialista Obrero Español en el año 1994, pero ha quedado bien claro que el Partido Popular no ha caído en ese mismo error. Y críticas también porque el tiempo en esta Cámara es escaso y habiendo estado en la negociación del nuevo modelo de financiación sanitaria representantes del Partido Socialista, o bien el Senador Zamorano y su grupo desconfían de lo que puedan transmitir sus compañeros de partido, algo que puedo entender también, o falta la lucidez suficiente para comprender lo que ellos le transmitieron, algo en lo que evidentemente yo no voy a entrar.
Lo cierto es que después de escuchar al Ministro de Sanidad, yo tengo que invertir mi sentido de la crítica y voy a aplaudir esta iniciativa parlamentaria, porque yo creo que nos ha dado oportunidad a todos de conocer con claridad absoluta el error en el que un sector del Partido Socialista ha caído a la hora de valorar el nuevo modelo de financiación sanitaria.
Es más, nos ha brindado a todos --fundamentalmente a los Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, porque los de Grupo Parlamentario Popular lo venimos haciendo desde hace días-- la oportunidad de justificar el trabajo que aquí están realizando al transmitir, una vez

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que concluya este Pleno, en sus provincias y en sus Comunidades Autónomas los efectos positivos que de este nuevo modelo de financiación sanitaria se van a derivar. Un modelo que, como aquí se ha demostrado, rompe con los desequilibrios territoriales en materia de sanidad, garantiza la equidad y supervivencia del sistema y se ha logrado sobre la base de la unanimidad. El Ministro de Sanidad creo que ha dejado muy claro que todas las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión de fondos sanitarios han apoyado este modelo. Lo demás, lo del señor Bono, lo del señor Rodríguez Ibarra o, incluso, lo manifestado aquí por el Grupo Parlamentario Socialista y su representante, el Senador Zamorano, son solo fuegos de artificio con pólvora ajena que, además, ya no ilusionan absolutamente a nadie.
En cuanto a los términos de rancio y de farsa que usted ha utilizado en su primera intervención, tengo que decirle que rancio, rancio, es lo del PSOE, tanto que de rancio, en sanidad como en otros aspectos, se ha pasado a podrido y, además, se ha querido vender con la farsa de aquello que se vendía como sano. Fíjese, señor Zamorano, hasta qué punto ha sido positivo el acuerdo sobre financiación sanitaria que el señor Chaves y la señora Magdalena Alvarez, a quienes usted conoce muy bien, han dicho que la posición de la Junta, la posición del PSOE ha sido solidaria en la financiación sanitaria con los intereses de todas las autonomías, y queda por escrito. Y figúrese lo que se aparta el acuerdo del argumento que usted ha utilizado en cuanto a que ha habido Comunidades Autónomas que se han visto discriminadas, fundamentalmente las englobadas dentro del Insalud no transferido, que un periódico nada sospechoso de apoyar incondicionalmente las tesis del Gobierno, como es «El País», dice: Si consideramos el incremento real de fondos en términos per cápita, las grandes ganadoras son Canarias, con 10.500 pesetas de incremento por habitante, y las Comunidades del territorio Insalud, y las perdedoras serían las restantes Comunidades no forales, Andalucía, Cataluña, Valencia, Galicia y las forales, Navarra y el País Vasco.
Lo que no resulta lógico, Senador Zamorano, es venir a esta Cámara a cuestionar la posición del Gobierno desde el cinismo, permítame que se lo diga, de quienes no cumplieron en su momento, no invirtieron lo que debieron, no respetaron las reglas del juego negociador, descapitalizaron el sistema y lo guiaron al mayor déficit de su historia.
Sé que les duele, es más, sé que les escuece que el Gobierno del Partido Popular haya sacado en fecha y forma el nuevo modelo de financiación sanitaria. Sé que les duele y que les escuece, todavía más, porque el socialismo andaluz, el PSOE de Andalucía en el que usted milita, lo haya apoyado y lo aplauda, porque ello --es lógico-- les deja en evidencia de cara a la opinión pública, pero confío en que ese escozor que sienten ahora y que, de alguna manera, se ha evidenciado en el tono de la intervención del Senador Zamorano, no les impida disfrutar de las ventajas que el nuevo modelo aportará a la sanidad pública.
He creído siempre que no es más necio quien se tapa los ojos ante la belleza para no ser cautivado por ella, sino aquel que, además, impide que los demás disfruten de aquélla para que no se la apropien. Confío, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, que si bien son libres de cerrar los ojos ante este nuevo modelo, no caigan en la total necedad de ocultárselo al resto de los españoles.
Y termino, señor Presidente, dando las gracias al Ministro de Sanidad, señor Romay, porque sé lo que ha tenido que trabajar en el diseño, en la elaboración, en la negociación de este nuevo modelo de financiación sanitaria y las presiones internas y externas que ha tenido.
Creo que ese trabajo final prestigia a un Gobierno, prestigia también a un Ministro y a un Partido pero, sobre todo, entiendo que prestigia a una sociedad que con ello se sabe defendida en sus intereses. (Aplausos).
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad y desde el escaño para hacer unas breves puntualizaciones.
En primer lugar, querría aclarar que no hay ninguna vulneración del Pacto de Toledo en lo que se ha acordado. Esos 40.000 millones que se relacionan con la incapacidad temporal no son recursos de la Seguridad Social, son recursos de los Presupuestos Generales del Estado, cuya consecución se condiciona a alcanzar los objetivos en el tema de la incapacidad temporal, asumidos por las Comunidades Autónomas. No son recursos de la Seguridad Social, son recursos presupuestarios los que se destinan a esta finalidad.
En segundo lugar, quería precisar que en el reparto de los fondos para desplazados, que realmente responden a una realidad, hay Comunidades Autónomas que por los movimientos de población en determinadas épocas del año, en períodos vacacionales sobre todo, tienen que atender a muchos ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, que al no tener que atenderlos tienen los ahorros consiguientes, y la que los tiene que atender tiene las mayores cargas. No se quita nada a la Comunidad que deja de atender a sus pacientes pero, naturalmente, hay que compensar a la que asume la carga de atenderlos. Esto es de estricta justicia y esa cantidad no debería computar en el cálculo general.
Dicho esto, quiero decir que el reparto de estos fondos se compara perfectamente con lo que ocurría en el modelo anterior. En el modelo anterior Cataluña percibía el 45 por ciento de estos fondos, ahora el 44,17 por ciento; Andalucía, el 19 por ciento en el modelo anterior, ahora el 23,3 por ciento; el Insalud, el 15,83 por ciento en el modelo anterior y el 19,95 por ciento en el modelo actual.
Reitero, señor Presidente, que el reparto de los recursos es equitativo, supone una mejora importantísima del Sistema Nacional de Salud --381.000 millones más,

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10.000 pesetas por habitante y año-- y supone un paso decisivo para la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, que es uno de los compromisos más serios de este Gobierno y de su Presidente.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.


-- DE DOÑA FRANCESCA MARTIN I VIGIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS POLITICAS QUE IMPULSARA EL GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO DE ELIMINAR TODAS LAS FORMAS Y CONTENIDOS DE EDUCACION SEXISTA (670/000066).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación es la que formula la Senadora doña Francesca Martín i Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las políticas que impulsará el Gobierno en cumplimiento de su compromiso de eliminar todas las formas y contenidos de educación sexista.
Tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil.


La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, lógicamente, la motivación que ha impulsado al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta interpelación ante el Gobierno para conocer con el máximo detalle posible las políticas que piensa concretar con el objetivo de avanzar en la profundización de lo que llamamos coeducación, o dicho de otra manera, como en el enunciado de la interpelación se expresa, para eliminar toda forma y todo fondo de educación sexista en el sistema educativo, es nuestra preocupación doble, preocupación por las cuestiones referidas a la educación y preocupación también por las cuestiones que se refieren a la desigualdad de oportunidades entre las personas o entre los grupos de personas.
Esta sería, por tanto, la razón primera; pero, además, intentaré concretar lo que nos ha parecido una oportunidad, en este momento y en este espacio, para todos y para todas de recordar compromisos que ya están suscritos, de desarrollarlos, de colaborar entre todos y entre todas para que los objetivos sean factibles, sean posibles y se puedan llevar a cabo con el máximo de participación y también con la máxima celeridad.
Señorías, saben todos ustedes que estamos en tiempo de reforma educativa y, por tanto, parece adecuado poder plantear esta cuestión en esta Cámara.
Esta Cámara ha tenido ocasión recientemente de ocuparse de cuestiones vinculadas a la mencionada reforma educativa, desde el punto de vista de esta Senadora, de ocuparse con sentido de la responsabilidad, con actitud constructiva, con trabajo solvente. Por lo tanto, parece un buen momento --si se me permite la expresión-- de clima de la Cámara y un buen momento para el país el que se avance en todos los aspectos posibles en estos tiempos de reforma en lo que se deriva de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, es decir en la adecuación de todos los segmentos del sistema educativo y, muy especialmente, en aquellos que son parte de la educación obligatoria.
Se me ocurre una reflexión que puede que sea útil para entender un poco más, si cabe, la importancia de lo que denominamos la coeducación. A veces, entre leyes, documentos, informes de expertos y expertas, entre todo aquello que se denomina globalmente burocracia, que muchas veces es lo que vertebra la vida escolar, se corre el riesgo de olvidar partir de lo que tenemos delante, partir de la realidad. En nuestra opinión, partir de la realidad conlleva saber percibir cuando entramos, por ejemplo, en las aulas, que hay niños y niñas, que hay chicos y chicas, que hay hombres y mujeres, que no forman un universo homogéneo ni de experiencias ni de relaciones ni de sentimientos ni de conocimientos. Tenemos las aulas repletas de disparidad, donde hay personas de los dos sexos.
Necesitamos, desde nuestro punto de vista, aulas donde tenga significado esa diferencia sexual y donde el proceso educativo contemple las necesidades y la visión de género que comporta la existencia de esos dos sexos.
Estamos en tiempo de reforma educativa, pero tenemos un marco mucho más amplio que la propia reforma educativa; estamos en tiempos importantes de construcción europea, es decir, estamos en un contexto que no podemos perder de vista tampoco cuando hablamos y trabajamos en el campo de la educación; estamos en los tiempos de las llamadas vías rápidas de la información, que tampoco se pueden perder de vista al plantear las adecuaciones del sistema educativo; estamos también en responsabilidades en trabajos compartidos desde el punto de vista de las Administraciones, porque estamos en un momento importante también de consolidación del Estado de las Autonomías, y muy concretamente en lo que compete a la educación es un marco no solamente ineludible, sino importantísimo a tener en cuenta en los planteamientos de forma y también en los planteamientos de fondo; y estamos ante unos compromisos del Gobierno que se concretan muy específicamente en el llamado tercer Plan para la Igualdad de Oportunidades, que se aprobó este año, justamente el día 7 de marzo, y que, después de su aprobación, tuvimos ocasión de conocer, de discutir, también de opinar y de obtener un compromiso por parte del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en este caso, en cuanto a la posibilidad de enriquecer en su desarrollo el mencionado Plan.
De todas formas, si hablamos de coeducación, si hablamos de la necesidad y del deseo de avanzar en este campo, parece también ineludible y necesario tener en cuenta de forma rigurosa el balance que en este sentido se ha producido después de unos cuantos años.
Por poner un punto de partida, parece objetivo situarlo en la Constitución, porque ésta consagra un derecho, y ese es el frontispicio de la actuación del Gobierno y de la sociedad. Un derecho que, según la Constitución y la

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convicción de todos nosotros y de todas nosotras, no debe encontrar trabas discriminatorias por ningún motivo, y tampoco por razón de sexo.
Además, la Constitución consagra también un determinado modelo educativo, con todo lo que eso conlleva en su complejidad y, por descontado, en su riqueza y en sus posibilidades. Y hay que decir, porque creo que nos ayudará a avanzar, lo que muy pocas personas piensan y todavía menos personas discuten: desde el momento en que se sanciona la Carta Magna, se ha avanzado notablemente. Es verdad que todos y cada uno de los gobiernos democráticos, de diferente manera, han ido dotando a la educación de recursos importantes. Partíamos de una escuela que se podría tildar de muchas formas, pero, por encontrar elementos en los que el acuerdo sea el mayor posible, partíamos de una escuela insuficiente en todos los sentidos, no sólo en el cuantitativo, aunque también de una escuela castradora, de una escuela segregadora en el sentido de segregación de las personas por razón de sexo, y, dicho de forma muy sucinta, creo que podemos afirmar todos y todas que hemos recorrido un camino que nos ha conducido a una escuela universalizada, a una escuela cada vez más libre, a una escuela cada vez más compensadora de desigualdades, a una escuela mixta y a una escuela que avanza en lo que llamamos la coeducación, que es mucho más, por descontado, que la escuela mixta, que es su inicio.
Hemos avanzado, como decía antes, en la distribución de competencias, lo cual también facilita la calidad de la enseñanza. Hemos avanzado en el punto de mira hacia el exterior, necesario por nuestra incorporación a Europa, pero también por nuestra vocación de querer romper el cerco de libertades que, sin duda, planteaba en gran medida un tipo de escuela transmisora de unos determinados conocimientos y de unos determinados valores.
Nos encontramos en un contexto apasionante, en un contexto seguramente muy complejo, en un contexto que suscita muchas esperanzas, pero también en un contexto que nos ofrece, como tantas veces, el riesgo de que ciertas cuestiones sufran el equívoco de quedar pospuestas o postergadas como cuestiones menores, siquiera sea porque se piense que las cuestiones referidas al 52 por ciento de la población, también en el aspecto de la educación, son cuestiones que ya van implícitas en ese sujeto universal, único, que, por descontado, casi siempre acaba siendo un sujeto universal que se ciñe a un único modelo, que es un modelo androcéntrico.
Para tratar de disipar o evitar ese riesgo, hay que poner también un énfasis especial en los compromisos, en las políticas que fomenten la educación en toda su profundidad, que eliminen toda forma de sexismo en el fondo y en las formas, en las aulas y fuera de ellas, porque aquí tampoco se nos escapa que la educación tiene un eje vertebrador importantísimo en el sistema educativo, pero es muchísimo más que él mismo.
Llegamos, pues, en tiempo propicio para que se dé un paso más en esta dirección, y podemos partir, con todos sus déficit, de los compromisos que este Gobierno adquiere con sus planes --en este caso el tercero-- para la igualdad de oportunidades.
He dicho antes que el plan se aprobó este mismo año, el día 7 de marzo.
Las Cámaras, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer, lo conocen unos días después y, por medio de la citada Comisión, expresan su opinión sobre el tercer plan, una opinión --como sus señorías conocen-- de insatisfacción. No es la opinión de todos los grupos, aunque si es mayoritaria. Hay que decir, en honor a la verdad, que la mayoría de los grupos han expresado su insatisfacción, pero no así el Grupo Parlamentario Popular representado en la citada Comisión. En fin, la opinión ha sido mayoritariamente de insatisfacción por entender que el tercer plan sufre carencias importantes.
Se ha expresado insatisfacción porque la mayor parte de las personas que formamos esta Comisión hemos entendido que no se han tenido en cuenta dos acontecimientos de carácter supraestatal ni los compromisos que conllevan dichos acontecimientos, suscritos, incluso, por el Estado español y mucho más ambiciosos que los que recoge el propio plan. Me refiero, por un lado, al Cuarto Plan para la Igualdad de la Unión Europea y, por otro, a los compromisos suscritos, entre otros muchos estados y gobiernos, por el Estado español, en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer que se celebró en el año 1995 en Pekín.
La Comisión Mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer puede obtener comparecencias de las personas responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de la Mujer para que las Cámaras conozcan con detalle las posibilidades de desarrollo que los compromisos explicitados en el plan pueden tener en sus cuatro años de vigencia.
Finalmente, hemos obtenido --y esto desde mi punto de vista es satisfactorio-- el compromiso del Ministro Javier Arenas, que ha reconocido implícitamente las carencias o, dicho de una forma más positiva, las posibilidades de mejora del plan, de recoger, porque el plan no es una cuestión cerrada, las propuestas, las sugerencias y todas aquellas cuestiones que se puedan aportar desde las Cortes Generales, porque las Cortes no han podido participar en el proceso de elaboración de este tercer plan.
Este es uno de los motivos que nos ha llevado a presentar esta interpelación. Debemos entender que gracias al compromiso del Ministro podremos colaborar en la mejora de este plan. Esta --como he dicho al principio de mi intervención-- es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Y no hemos de dejarla pasar porque las políticas educativas son un factor indiscutible de justicia, de compensación, de favorecimiento de la igualdad de oportunidades y, sobre todo, de progreso para las personas, para los hombres y para las mujeres, para los pueblos en general.
Querríamos conocer...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Martín, se ha terminado su tiempo.


La señora MARTIN I VIGIL: Concluyo, señor Presidente.


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Sintetizando, quisiéramos conocer --y concluyo-- cómo se van a desarrollar los compromisos que contiene el tercer plan por lo que se refiere a todas aquellas cuestiones que supondrán un paso adelante en la eliminación de todas las formas sexistas en la educación.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quería, en primer lugar, agradecer a la Senadora Francesca Martín i Vigil la oportunidad que me brinda para explicar cuáles son las líneas de actuación del Ministerio de Educación y Cultura en un tema de tanta transcendencia e importancia como el que nos ocupa.
En efecto, es un hecho objetivo que nadie puede negar el que las mujeres han ocupado a lo largo de la Historia un papel en la sociedad subordinado al hombre. No hace tantos años aún las propias leyes españolas colocaban a la mujer en una situación de discriminación frente al varón. Yo tengo que decir a su señoría que cuando era una estudiante de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, tuve que estudiar que la mujer en su capacidad de obrar estaba equiparada al menor y al loco. Eso era una realidad hace ahora menos de 30 años, aproximadamente 20 años.
Todas las democracias occidentales han logrado ya remover todos los obstáculos legales para evitar la discriminación entre los sexos y han avanzado también mucho en hacer realidad la igualdad que ahora proclaman las leyes. Nuestro país emprendió ese camino --su señoría lo ha señalado antes-- un poco más tarde que el resto de los países de nuestro entorno.
La igualdad ante la ley se derivó de la Constitución de 1978 y a partir de ahí toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por llevar a la práctica en todos los ámbitos la igualdad real entre el hombre y la mujer.
Pero el camino aún no está recorrido en su integridad. Queda mucho por hacer y en ello, señoría, estamos trabajando. Para el Gobierno es irrenunciable el principio de igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre en la sociedad española y su participación plena en pie de igualdad en la vida civil, política, económica, social y cultural. Y ahí la educación juega un papel primordial a la hora de conseguir estos objetivos, pues muchos de los estereotipos discriminatorios pueden ser atajados mediante una adecuada formación en la escuela.
Ese papel primordial que desempeña la educación se está llevando a la práctica simultáneamente en dos planos diferentes pero estrechamente relacionados entre sí: en primer lugar, proporcionando a los alumnos y a las alumnas una formación amplia y rigurosa, que les permita desarrollar un espíritu crítico y desechar de forma definitiva cualquier prejuicio que en esta materia pudieran tener. Y, en segundo lugar, porque es indispensable que a lo largo de toda la vida académica las asignaturas que cursen los estudiantes estén inspiradas en el principio de no discriminación.
Para ello se hace necesario que los planes de estudios integren, desde los primeros años de permanencia en las escuelas, todas aquellas ideas que contribuyan a una educación basada en la igualdad entre los sexos.
Este es el caso de los contenidos transversales y de las acciones educativas específicamente dirigidas a combatir el sexismo.
En este campo, el proyecto de mejora de Humanidades, que ayer se discutió en esta Cámara y que el Gobierno ha propuesto, lo que precisamente pretende es que los estudiantes puedan acceder a conocimientos básicos sobre sí mismos, sobre el ser humano y sobre su trayectoria histórica, y esos conocimientos, que no son otra cosa que una cierta cultura general absolutamente indispensable, son básicos también si queremos conseguir que los estudiantes de hoy piensen por sí mismos el día de mañana y que no recurran en ningún caso a los estereotipos ni a los prejuicios sexistas.
Por otra parte, entre los objetivos que el Gobierno ha propuesto, uno de ellos aparece explícitamente como que los estudiantes aprecien los valores inherentes a toda la sociedad democrática, los derechos humanos, la valoración positiva de la diversidad y el rechazo de las desigualdades y de las discriminaciones.
Además, señoría, los contenidos actitudinales que el Gobierno ha presentado, que no se modifican respecto a los que estaban vigentes anteriormente --y no se modifican porque creemos que estaban bien regulados, los asumimos y queremos que sigan presentes en los currículos de los alumnos--, propiciaban y propician actitudes tan deseables como, por ejemplo, la valoración crítica de los principios sexistas presentes en nuestros hábitos y tradiciones; la recuperación e integración de la aportación de las mujeres al patrimonio cultural; el rechazo de todo tipo de discriminación por razones de sexo y también la valoración y el respeto por las funciones de la familia y de las distintas personas que la integran, sin discriminaciones por razón de sexo. Esto es lo que está presente en los contenidos actitudinales del desarrollo de la Logse y esto es lo que el Gobierno entiende que debe seguir presente y, por esta razón, no ha modificado ni un ápice de esos contenidos actitudinales en el proyecto de real decreto de enseñanzas mínimas que, como saben sus señorías, hemos presentado a la opinión pública y actualmente estamos debatiendo.
Hay otro asunto muy importante que tiene que ver con el Ministerio y con la no discriminación, y son los libros de texto. En las materias humanísticas y en todas las demás no cabe negar que los libros de texto constituyen un elemento fundamental para evitar las discriminaciones y para poner en pie de igualdad a los hombres y a las mujeres.
A pesar de la excelente calidad media de los libros de texto españoles, lo cierto es que todos conocemos algunos

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casos desgraciados y condenables en los que se han deslizado valoraciones sexistas. Por tanto, es una cuestión importante la contribución del Ministerio de Educación y Cultura para evitar la pervivencia social de actitudes y contenidos sexistas en los libros de texto y en el material complementario, de tal manera que no promuevan en los alumnos ninguna forma de mentalidad discriminatoria en razón de sexo.
Me referiré, a continuación, a aquello por lo que su señoría ha manifestado mayor interés a lo largo de su interpelación, y es el convenio marco con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta es otra de las grandes líneas de actuación del Ministerio de Educación y Cultura contra el sexismo y que se traduce en medidas específicas dirigidas a los propios alumnos, a los profesores y a los padres.
El Ministerio de Educación y Cultura tiene suscrito este convenio marco con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto con el Instituto de la Mujer, que viene a dar cumplimiento a los aspectos educativos del tercer Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, al que su señoría se ha referido anteriormente. La mayor parte, no la totalidad de los proyectos y actuaciones que realiza el Ministerio para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se apoyan en este Plan de Igualdad y dan cumplimiento al convenio.
El primero, la educación para la igualdad. El Ministerio desarrolla una decidida política activa dirigida a conseguir la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, así como la eliminación de actitudes y prácticas sexistas. Desde su entrada en el mundo educativo hasta que cumplen los 16 años nuestros alumnos son educados en los valores de la igualdad esencial entre hombres y mujeres.
Los contenidos de la materia transversal que se llama «Educación para la igualdad de oportunidades en los sexos» están presentes en todas las áreas curriculares: desde la educación infantil, a la primaria y a la secundaria. Junto a esos contenidos hay otros, como la educación para salud, la educación para la paz, para la preservación del medio ambiente y, en fin, la educación ética y cívica, que deben orientar todas las disciplinas hacia los más altos objetivos de la educación, que no son otros que la plena y libre autorrealización de los seres humanos en un marco solidario constituido sobre valores éticos, cívicos, constitucionales y por los mecanismos de la democracia, la libertad y el pluralismo.
El Ministerio de Educación y Cultura desarrolla en toda la red de centros educativos del MEC esa educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos porque tenemos la convicción, señorías, de que con ello se contribuye a remover uno de los obstáculos fundamentales que la mentalidad sexista ha colocado históricamente en el camino de la plena y libre autorrealización de las mujeres. Con ello, además, atendemos a los numerosos requerimientos que la Constitución hace a los poderes públicos para que remuevan los obstáculos que se oponen al desarrollo de las libertades, y en este caso a la consecución de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.
En ese sentido, debo informar que el Ministerio de Educación y Cultura viene produciendo y distribuyendo estudios monográficos y materiales curriculares para apoyar el desarrollo de los contenidos de educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. Nuestro propósito en continuar y acrecentar este programa de distribución y producción, perfeccionando su estructura metodológica de manera que su utilización sea verdaderamente eficaz. Igualmente facilitaremos la distribución de materiales pertinentes que a este respecto hayan elaborado otras Administraciones Públicas u otras organizaciones sociales que trabajan por la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos.
Otra línea importante de trabajo del Ministerio es la que desarrollan los equipos de orientación en los centros docentes. En la orientación académica y profesional que los profesores ejercen sobre los alumnos y sobre las alumnas, singularmente sobre las alumnas, se procura ejercer una orientación destinada a propiciar la igualdad de oportunidades efectiva y real entre hombres y mujeres, sin que los estereotipos o los roles profesionales o sexistas puedan tener cabida en esta materia. Por entendernos, señorías, lo que se intenta evitar es que necesariamente las alumnas vayan, por ejemplo, a los ciclos formativos de FP, de administrativo o de técnico de laboratorio o enfermería, y bien puedan ir, creemos nosotros, pongamos por caso, a mecánica del automóvil, si es que ésa es verdaderamente su preferencia. Así se combaten también eficazmente, mediante la orientación académica y profesional, mediante esta labor que realizan los equipos de orientación en los centros, los estereotipos académicos y profesionales, tanto entre los alumnos como entre sus familias.
Luego queda una parte muy importante, señoría, que es la formación de los profesores y la formación de los padres, y ésta es otra línea de trabajo que el Ministerio está llevando a cabo de manera muy importante; es la formación y la sensibilización del profesorado, que consideramos decisiva para que los valores de la igualdad esencial entre los sexos impregne, junto a otros valores, toda la acción educativa. Así, durante el curso 1996-1997 se ha desarrollado un programa muy amplio y muy riguroso de cursos y de otras actividades formativas para los profesores, a los cuales se les proporcionan los contenidos y las estrategias pedagógicas de educación por la igualdad de oportunidades entre los sexos. En estos cursos se han formado, durante el pasado curso académico, aproximadamente 2.400 profesores del ámbito de gestión del Ministerio.
Tanto como la formación de profesores, nos parece que también es decisiva en esta materia la formación de los padres para que transmitan y practiquen con sus hijos los principios de igualdad esencial de hombres y mujeres, y por ello estamos diseñando en este momento --todavía no están puestos en marcha-- los cursos de formación de padres al respecto.
Y quiero hacer, señoría, una mención especial, porque creo que la merecen, las acciones en materia de educación de adultos y en materia de educación de inmigrantes.


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El Ministerio está haciendo un amplio esfuerzo para reforzar en los currículos de educación de adultos los contenidos que tratan sobre la igualdad de derechos y sobre la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, porque entre las personas adultas es donde aún permanecen más arraigadas las mentalidades sexistas, que en muchos casos provocan situaciones conflictivas en las familias, que luego las transmiten a sus hijos.
La acción del MEC en la formación de personas adultas se completa con la participación del voluntariado social en programas educativos que contribuyen al desarrollo profesional de estas mujeres y a propiciar la corresponsabilidad en las tareas domésticas, la participación social y política y el rechazo de la violencia. Las convocatorias que anualmente realiza la Subdirección General de Educación Permanente van encaminadas precisamente a seguir esta línea de trabajo. También, por su parte, se han elaborado materiales especiales para la enseñanza del español a las mujeres inmigrantes, en los que se aborda de una manera específica y dándole mucha importancia el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo no creo que sea necesario destacar, porque sin duda su señoría lo sabe ya, que es bien conocido que la procedencia de estas mujeres inmigrantes muchas veces corresponde a culturas en las que pervive no sólo en la realidad, sino también en la ley, la discriminación entre los hombres y las mujeres. Por eso hacemos un especial hincapié en estos programas de atención a la población inmigrante.
Y no quiero dejar de referirme, señoría, a la dolorosísima cuestión de la violencia contra las mujeres, que yo creo que está decisivamente ligada a la pervivencia social de lo que podemos llamar la mentalidad sexista, en sus diversas gradaciones de intensidad. Por lo tanto, al potenciar el desarrollo de la educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, estamos luchando también, en parte muy importante, contra las causas de violencia hacia las mujeres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, vaya terminando, por favor.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Termino ya, señor Presidente.
Sin embargo, el crecimiento que últimamente parecen tener las denuncias contra ese particular modo de violencia aconseja que tratemos explícitamente el tema en todas las actuaciones educativas que he enumerado. Ese es nuestro propósito y esto es lo que estamos haciendo.
También quería referirme a la Conferencia Sectorial de la Mujer, a la creación de una comisión interministerial, a la elaboración de un Plan de acción, a la realización de la campaña de sensibilización; pero, por razones de tiempo, si a su señoría le interesan estos temas, puedo referirme a ellos en la réplica.
No quiero dejar de señalar ante sus señorías las influencias negativas que en esta materia pueden tener los medios de comunicación social; los contenidos que muchas veces se perciben a través de todos los medios, pero, singularmente, de la televisión.
Nos parece que el convenio de autorregulación de las televisiones es un paso importante. Pero, como tuve ocasión de explicar ante sus señorías respondiendo a una pregunta --por lo que no merece la pena que lo repita aquí-- es muy importante el seguimiento que de ese convenio de autorregulación se hace desde el Ministerio de Educación y Cultura transmitiendo todas aquellas quejas que por parte de los telespectadores: padres, hijos, se hacen contra los contenidos sexistas, que también tienen lugar en la televisión.
Termino, señor Presidente, diciéndoles que nuestro compromiso con la eliminación de toda forma teórica o práctica de sexismo, como una injusticia que es en sí misma y como una ofensa a la dignidad de las mujeres, es firme y es explícito, como habrán podido comprobar. Y también lo es propiciar un impulso educativo para conseguir que la igualdad que consagran la Constitución y las declaraciones de derechos humanos no sean sólo declaraciones sino que pasen ya a la realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil por tiempo de cinco minutos.


La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo le agradezco muy sinceramente que haya comparecido hoy en esta Cámara y haya querido dar respuesta a nuestra interpelación concretando las actuaciones que, a su modo de entender, desarrollan el objetivo de la igualdad de oportunidades en el aspecto más concreto de la coeducación.
Señora Ministra, después de escucharla, saco conclusiones muy positivas.
Pero también se me plantean algunas cuestiones que no me parecen tan positivas, quizá porque esta Senadora no ha sido capaz de entenderla en toda su amplitud o porque, en mi opinión, han faltado alusiones y concreciones en algunos puntos, lo cual, en todo caso, es normal.
En el capítulo de las satisfacciones, aparte de su comparecencia, que, repito, ya es un motivo de satisfacción, pues esta Senadora nunca la había escuchado hablar de estas cuestiones --quizá sea una apreciación personal-- y me ha complacido que una de las Ministras del Gobierno haya hablado hoy aquí de la problemática de la mujer --probablemente usted lo habrá hecho en otras ocasiones pero yo nunca había tenido oportunidad de escucharla, aunque he seguido sus intervenciones con bastante interés-- como digo, dentro de las satisfacciones es la primera vez que le escucho una valoración positiva, en parte, de la Logse, y me satisface mucho, señora Ministra.
Yo he querido encontrar algún reconocimiento a esa gran ley en otras ocasiones, en declaraciones, en conferencias, en entrevistas. Sin ir más lejos, el pasado día 24 usted estuvo en un programa de una de las televisiones

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públicas de Cataluña, el «Paral-lel» del Canal 33. Seguí su intervención con muchísimo interés, pero, la verdad, me faltaron dos cosas, principalmente: algún reconocimiento a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo --hoy lo ha hecho aquí en el sentido de los contenidos llamados de materias referidas a actitudes-- y me faltó también alguna referencia a las mujeres, a ese 52 por ciento de la población, tanto en la forma de su lenguaje --disculpe que se lo diga, señora Ministra, pero así lo pienso-- como en el fondo, en los contenidos, porque --y aquí voy a exponer una preocupación mía-- usted ha hablado, entre otras muchas cosas interesantes, de una cuestión muy importante y muy actual como es el Plan de Mejora de la Enseñanza de las Humanidades.
Señora Ministra, a mi me gustaría que usted tomara en consideración una reflexión que me voy a permitir hacerle. Yo he podido tener el borrador de ese proyecto, lo he leído también con sumo interés, y he visto entre otras muchas cosas --porque es un documento extenso y da para mucha reflexión y muchos comentarios-- que hay un listado importante de personas expertas que son las que suscriben y avalan los contenidos de ese proyecto.
Ese listado de expertos y expertas está agrupado, si yo no lo he mirado mal, en cuatro bloques temáticos. En el bloque temático de lengua española y literatura, de cinco personas expertas, hay dos mujeres. En el bloque temático de geografía e historia, de un grupo de 35 personas, hay cero mujeres. En el bloque destinado a la filosofía, de cinco personas expertas, hay cero mujeres. En el apartado llamado de estudios clásicos, de cinco personas expertas, también cero mujeres. Es un elemento más de reflexión que estoy segura, después de haberla escuchado aquí en cuanto a voluntad y compromiso, que tendrá en cuenta.
No creo que necesite en primera instancia nuestra colaboración en ese sentido, pero si la necesitara, sinceramente, señora Ministra, existen mujeres expertas en estudios clásicos y estamos en condiciones de proporcionarle sus nombres y maneras de contactar. Existen mujeres en España que podrían dar reflexiones interesantes en el campo de la filosofía...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Concluya, por favor, señora Senadora.


La señora MARTIN I VIGIL: ... y existen también mujeres, por descontado, en el campo de la historia que amén de aportar --y termino, señor Presidente-- cuestiones interesantes para ese proyecto, le darían la llamada visión de género, señora Ministra, que hoy empiezo a pensar que a usted también le preocupa.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Martín i Vigil.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto tiene la palabra la Senadora doña Inmaculada de Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, difícilmente se puede no coincidir con lo aquí manifestado; quizás las no coincidencias pueden estar en el no suficientemente rápido avance o en el deseo de que a veces las cosas vayan más rápidas, si así se puede decir; y digo que difícilmente se puede expresar la no coincidencia toda vez que realmente la señora Ministra, en respuesta a la Senadora Martín i Vigil, con la cual coincidimos absolutamente y en todos los extremos que ha manifestado, ha sido extensa y coincido con la Senadora en que satisfactoria, sobre todo por algo que ella ha señalado: por su implicación o por su presencia en este tema --y quizás no hayamos tenido oportunidad de contrastar nuestras opiniones--, dada la responsabilidad que a la señora Ministra le compete en materia educativa, y también cultural, lo cual resulta siempre interesante.
Efectivamente, cuando me refería a las, no ya discrepancias, sino no coincidencias totales, quería referirme a la valoración que en su día nos mereció el tercer Plan para la igualdad de oportunidades, aprobado el día 7 de marzo de este mismo año, puesto que mayoritariamente opinábamos que todo lo que allí se decía estaba bien, pero que era insuficiente. Yo resumiría con estas palabras mi criterio sobre el tema. Quizá uno de los problemas sea precisamente la falta de una mayor incidencia en esta cuestión que entiende esta Senadora de Eusko Alkartasuna es, probablemente, la más importante para corregir esos tics de resistencia al cambio que todavía quedan en la sociedad, tics que se podrán corregir si se enfoca la educación de la manera adecuada, es decir, no sexista ya que, al final, los niños y niñas de hoy serán los adultos y adultas del mañana, pero posiblemente habrá terminado para entonces esta generación, la que quizá haya estado más inmersa en el cambio sin que haya podido asumir totalmente la que se ha dado en llamar verdadera revolución del siglo XX: la revolución femenina.
Quizá uno de los mayores cambios sociales del siglo XX haya sido precisamente esa presencia femenina, no suficiente pero ya importante, y sobre todo la relativa asunción de esa presencia en todos los ámbitos de la sociedad. La mujer ha salido del ámbito familiar.
Pero hay una cuestión en relación con la educación que creo hay que prevenir para que no se vuelva a interpretaciones regresivas y machistas.
Hace unos días tuve la oportunidad de leer determinadas tesis con mucha argumentación, aunque no con mucho fundamento desde mi punto de vista, que hacían referencia a la solución de las problemáticas socioeconómicas que se producen derivadas de esa salida de la mujer del ámbito familiar y a las consecuencias socioeconómicas, laborales, etcétera, que ello conlleva. Pues bien, allí se formulaba como una panacea la vuelta al reducto familiar de la mujer y no se planteaban --quizá esto deba formularse en una educación no sexista-- los cambios sociales que eso requiere, desde el ámbito familiar hasta todos los ámbitos sociales y económicos, esos cambios que se deben producir en la

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adaptación de las instituciones, por ejemplo, en las de tipo familiar u otras, tanto públicas como privadas, derivadas precisamente de esta revolución y de esta llegada de la mujer a los distintos ámbitos por medio de su participación activa en todos los roles sociales.
En definitiva, educación no sexista quiere decir algo más que educación en las mismas aulas, quiere decir algo más que recibir enseñanza en las mismas aulas tanto alumnos como alumnas. Quiere decir coeducación. Y cuando hablamos de coeducación estamos hablando ya de otras cuestiones, desde lo que significa asumir esa igualdad de oportunidades, hasta lo que pueden significar las cuestiones más nimias, que son las que, efectivamente, ayudan a hacer desaparecer los estereotipos e incluso las imágenes que llevan grabadas...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Termine, señora Senadora.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Decía que ayudan a hacer desaparecer los estereotipos e incluso las imágenes que a veces llevan grabadas niños y niñas desde su nacimiento quizá a causa de un ambiente familiar no demasiado propicio a borrarlas.
Coincido con la señora Ministra y con la Senadora Martín i Vigil, tanto en la importancia que tiene el reciclaje y formación de los profesores para cumplir con su cometido, como en la formación de los propios padres en la medida de lo posible.
Para terminar, debo decirle a la señora Ministra que no estoy del todo conforme con lo que ha manifestado en relación al ya famoso proyecto de decreto de Humanidades que esperemos se quede por mucho tiempo solamente en proyecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debe terminar ya.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Creo que en la historia de los movimientos sociales ha desaparecido parte de ese movimiento tan importante al que me he referido, el que ha constituido la revolución del siglo XX. Creo que eso se podría corregir entre todos, al igual que todas aquellas cuestiones a que ha hecho referencia la Senadora Martín i Vigil.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no hace uso de la palabra.
¿Quiere intervenir la señora Senadora del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.


La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, quisiera fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta interpelación que presenta la Senadora Martín i Vigil sobre el impulso de políticas que faciliten la eliminación de formas y contenidos sexistas en la educación.
Coincidimos con los representantes de los dos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra y, desde luego, ratificamos las palabras de la señora Ministra sobre la importancia del sistema educativo para corregir desigualdades en general, esas desigualdades que se producen en relación a minorías étnicas, minorías culturales, etcétera.
Apoyamos, pues, todas cuantas medidas puedan suponer un apoyo a la diversidad y, por supuesto, todas aquellas que van encaminadas a dar solución a esas desigualdades que se producen también por razones de sexo.
Además, creemos que el único sistema que puede atajar desde la base los obstáculos, dificultades, e impedimentos es el sistema educativo.
Como ha dicho la señora Ministra, la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido larga; yo diría que data de veinte siglos. Evidentemente, al hombre le correspondía hacer las leyes, la paz y la guerra, mientras que a la mujer le estaba reservado el ámbito doméstico. Es cierto que --sobre todo, durante este siglo-- se ha producido un gran avance en la igualdad de oportunidades de la mujer. Y a pesar de que ha accedido a la universidad --y no sólo a las carreras tradicionalmente femeninas, sino también a las técnicas, a carreras más largas y arriesgadas--, obteniendo mejores calificaciones que los hombres, tiene dificultades para estar en la toma de decisiones y ganar el mismo salario que el hombre cuando realiza el mismo trabajo. Así, hay estudios que indican que, por el mismo trabajo, está cobrando un 20 por ciento menos de salario; y también respecto del hombre el nivel de ocupación es de la mitad.
Por tanto, creo que las medidas de acción positiva con las que la mujer esté mejor representada son interesantes y beneficiosas para incorporarla a la vida social, cultural y laboral, a la vida económica, en general.
Creemos fundamental dotar de servicios complementarios a las mujeres a través de convenios con entidades públicas del tercer nivel, como pueden ser las corporaciones locales o entidades privadas. Asimismo, trabajar en el tema de las escuelas infantiles y de las guarderías laborales para niños de cero a tres años, así como en otros servicios complementarios que faciliten la compatibilidad del trabajo desarrollado fuera del hogar con el trabajo doméstico, es un aspecto que se debe desarrollar desde la colaboración con las entidades públicas con competencias en materia de igualdad de oportunidades, y con otro tipo de entidades que pueden colaborar en este gran objetivo para conseguir la igualdad.
La Ley General de Educación y de financiación de la reforma educativa, la Ley Villar Palasí, de 1970, ya marcaba como un objetivo importante la coeducación, iniciándose ésta como fórmula para eliminar la desigualdad desde el inicio de la escolaridad, aplicando objetivos, técnicas, programas y espacios semejantes; en definitiva, compartiendo

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la educación niños y niñas. En 1990, la Logse establece como principio fundamental el de no discriminación por razón de sexo, para evitar que las desigualdades sean transmitidas a través de la formación académica.
Por tanto, el objetivo de una política educativa que pretenda eliminar todas las formas de discriminación de la educación sexista debe tener un doble aspecto. Por un lado, el de reforzar cambios de actitudes en la práctica escolar, para capacitar que los niños y niñas asuman las mismas responsabilidades, tanto en la vida privada, como en la pública. Y por otro, y a través de contenidos semejantes de destrezas y aptitudes, el de facilitar la inserción en pie de igualdad de niños y niñas en la vida laboral, económica, social y política. Será, pues, prioritario para el sistema educativo tener en cuenta la mejora de la imagen de la mujer en la sociedad.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, también a usted se le ha terminado el tiempo.


La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Voy terminando, señor Presidente.
En segundo lugar, hay que favorecer la inserción en los ámbitos personal, social y laboral. Por tanto, entre los objetivos --ya se ha dicho aquí-- estará eliminar los contenidos sexistas; procurar la formación y el reciclaje del profesorado en esta línea no sexista; fomentar la participación de las APAS y consejos escolares en esta pedagogía; apoyar la educación permanente de alumnos, trabajar con los equipos de apoyo psicopedagógico, tanto de sector como de departamentos de orientación, haciendo una evaluación permanente de esos programas transversales a los que antes se ha hecho referencia y, desde luego, trabajando en la eliminación de estereotipos discriminatorios a través del material docente.
Yo creo que es necesaria la colaboración con instituciones públicas con competencia en igualdad de oportunidades, sobre todo en temas de mujeres inmigrantes, rurales, con necesidades especiales, la participación en esa Comisión Interministerial por parte del Ministerio de Educación y Cultura con seguimiento de políticas horizontales de igualdad; el seguimiento de los contenidos televisivos que puedan afectar al lenguaje sexista, a través del Convenio de Autorregulación para que --es un gran reto que tenemos entre todos-- los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, los hombres y las mujeres puedan construir un espacio social de cooperación, de igualdad y libertad, sin decisiones que estén condicionadas por estereotipos sexistas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Señora Ministra, desea intervenir? (Pausa.)

La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer las palabras de la Senadora Rodríguez Saldaña; para decir a la Senadora De Boneta que --aunque ha tenido que ausentarse me lo ha hecho saber antes-- a mí no me parece mal, sino muy bien el que se incluya entre las propuestas que se hagan a los expertos del Plan de Humanidades, en lo referente a la historia, un ítem que sea la revolución de las mujeres en el siglo XX. Yo creo que ha sido el siglo de la revolución de las mujeres y, por tanto, creo que se puede proponer.
También quiero decir a la Senadora interpelante, Martín i Vigil, que las valoraciones que yo he hecho sobre la Logse han sido siempre en positivo, precisamente ateniéndome a la flexibilidad de la Ley. Mi Grupo no la votó en su día, por entender, entre otras cosas --si usted vio el programa de «El Paralelo» lo podría comprobar-- que el Bachillerato quedaba muy corto. Nosotros no tenemos la mayoría parlamentaria para cambiar esto y --lo he dicho muchas veces-- aunque la tuviéramos veríamos muy difícil que el sistema educativo de un país soportara tres sistemas educativos vigentes a la vez: el antiguo --todavía queda el de la Ley de 1970--, el de la Logse y el nuevo, que fuéramos a imponer.
Por tanto, la Logse es una Ley enormemente flexible, que nos permite lecturas diferentes. Lo dice la propia Ley en su preámbulo, que su voluntad de permanencia la ha hecho ser flexible para que pueda tener distintas lecturas. Lo que sí he criticado, señoría, y lo sigo haciendo, es esa lectura única, fundamentalista o jomeinista, que se ha hecho de la Logse en muchos casos.
La Logse habla de dos principios fundamentales: el primero, el de comprensividad y, el segundo, el de atención a la diversidad. Ambos principios tienen que ponerse en consonancia para evitar que descienda el listón del nivel de conocimientos. Estoy convencida de que su señoría estaría de acuerdo conmigo sobre esto.
En cuanto a las pocas mujeres que ha habido entre los expertos del Plan de Humanidades, tiene razón su señoría. Yo no las había contado hasta ahora y, por tanto, en el espíritu de la proposición que aprobamos ayer yo creo que es imprescindible y necesario incorporar a expertas, que sean mujeres y que puedan traer la visión de las mujeres, con tal de que estén ahí, no por ser mujeres, sino por ser expertas en cada una de esas materias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Les pido unos breves minutos de atención porque antes de suspender la sesión pasaremos al próximo punto del orden del día, y así aligeraremos el de la tarde, lo que sus señorías me van a agradecer.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

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-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AÑADE UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 67.1 DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/1997, DE 1 DE AGOSTO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000062) (C.
D. 121/000080).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el de conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero, es un proyecto de ley por el que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
No se han presentado enmiendas. También ha llegado a esta Presidencia la notificación de que no hay petición de palabra y, por tanto, propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta. Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.


-- PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (S. 624/000008) (C.
D. 122/000040).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente es la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
No tiene enmiendas. Tampoco hay petición de palabra. Propongo que sea aprobada por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.


-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 429.966.757 PESETAS, PARA ATENDER EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE) (S. 621/000058) (C. D.
121/000074).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
No hay enmiendas. Tampoco petición de palabra. Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales el proyecto de ley mencionado.


-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE TOTAL DE 120.277.891 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES NO CONCRETADAS DURANTE LA INSTRUCCION DEL PROCESO POR EL INCENDIO DE LA DISCOTECA DE LA CALLE ALCALA 20, SEGUN AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 3 DE MARZO DE 1997 (S. 621/000059) (C. D. 121/000075).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por un importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, 20, según Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de 1997.
No hay enmiendas. Tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de estos dos créditos mencionados.


-- PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 36/1995, DE 11 DE DICIEMBRE, SOBRE LA CREACION DE UN FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS (S.
624/000010) (C. D. 122/000084).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La última es la proposición de ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
No hay enmiendas. Tampoco petición de palabra. Propongo su aprobación por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta. Por tanto, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley de modificación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000060) (C. D. 121/000066).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El cuarto punto del orden del día es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. El primer debate es el de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida (procedente del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo). Se tramita por el procedimiento de urgencia.
¿Alguna señoría va a hacer la presentación del dictamen? (Pausa.) Don José Manuel Molina, tiene usted la palabra.


El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad para informar que el proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, que procede del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, tuvo su entrada en la Cámara el día 14 de noviembre de 1997. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 18 de noviembre, y se presentaron seis enmiendas, concretamente cinco del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y una del Grupo Popular. No se designó ponencia, y se debatió directamente por la Comisión, que se reunió el día 26 de noviembre, incorporando una enmienda al texto remitido por el Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular, lo cual tengo el honor de informar ante esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Molina.
Para un debate a la totalidad, ¿hay turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, señoras y señores senadores, tan sólo hace unos pocos meses, para ser más exactos a principios de junio del presente año, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas, exponía en el Congreso de los Diputados las razones que han motivado la promulgación del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida. En esta exposición de petición de convalidación del Real Decreto-Ley el señor Ministro agradecía a las organizaciones empresariales y sindicales, a los grupos parlamentarios que públicamente habían mostrado su disposición favorable hacia las medidas contenidas en este Real Decreto-Ley, así como a todos los grupos parlamentarios que estimaron por amplía mayoría que la tramitación del citado Real Decreto-Ley se hiciese como proyecto de ley, agradecimiento sincero por el consenso general.
Parece --y en pocas ocasiones tenemos oportunidad de ver un consenso tan amplio-- que el espíritu de este proyecto de ley, que debatimos hoy en esta Cámara, viene sustentado desde su nacimiento por dos pilares básicos: el pilar del diálogo y el pilar de la confianza entre los agentes sociales y los agentes políticos. Y ni qué decir tiene, señorías, que la conjunción de estos dos pilares, por cierto, conjunción sin precedentes, marca una nueva etapa en que todos los protagonistas del diálogo y de la confianza asumen la responsabilidad social y política de afrontar el desempleo.
Señorías, de todo ello sacamos una enseñanza que debe estar presente siempre en esta Cámara: un acuerdo es posible si existe voluntad política de concordia por encima del deseo de discordia. O, como decía la ilustre escritora gallega Concepción Arenal, cuando se quiere trazar un camino a través de montañas inaccesibles, de precipicios, de abismos, se empieza por abrir una senda, esta senda, que apenas se percibe, que no facilita el movimiento, que abandonada se obstruye y desaparece a los pocos meses, que nada vale, en fin, para el observador superficial, es imprescindible porque marca la dirección que debe seguirse y esta senda ha costado harto cara.
Pues bien, desde el pasado mes de mayo de 1996 las organizaciones empresariales y sindicales y el Gobierno han creado una senda que se configura, primero, en el marco de unos acuerdos, que se profundiza en el Real Decreto-Ley 8/1997 y que culmina con todas las exigencias de la vida parlamentaria en este proyecto de ley. Pero esa senda que se abre en un tema tan importante para nuestro país, como es el desempleo, viene avalada ya no sólo por lo dicho anteriormente, sino por la evolución del empleo en España en los últimos años y con las perspectivas de futuro.
Si las palabras consenso, acuerdo y diálogo son importantes, importante es también el hecho de que la sociedad española se está mostrando especialmente activa y creadora de empleo en este último período, respondiendo así la misma sociedad a la política económica practicada por este Gobierno, y al diálogo y al acuerdo social abierto por las organizaciones empresariales y sindicales en un marco de consenso político.


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Si vemos el segundo trimestre del presente año de la Encuesta de Población Activa, observamos claramente que el número de personas ocupadas se eleva a 12.706.400, el nivel más alto de ocupación desde 1982. En el interanual, comparando el segundo trimestre de la EPA de 1996 con respecto al mismo trimestre de 1997, nos permite ver un crecimiento neto de 364.000 empleos, dato que nos indica un crecimiento importante y que supone una tasa del 3 por ciento de incremento en términos relativos.
Este ritmo de crecimiento que se ha producido en el segundo trimestre de 1996 y el segundo trimestre de 1997, el Secretario General de Empleo, el pasado día 26 en la comparecencia en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, nos decía que va a permanecer constante a lo largo de todo el año 1997, cerrando el año con una estimación de 335.000 nuevos empleos creados a lo largo de 1997.
Estos datos que estoy comentando se confirman de forma notable con los datos relativos que nos aporta también la afiliación de la Seguridad Social, utilizando también palabras propias del señor Pimentel, y entre los meses de septiembre de 1996 y 1997 se ha incrementado el número de afiliaciones prácticamente en 500.000, para ser exactos 489.700 afiliados. Esto significa un aumento de más del doble del mismo período del año anterior.
Este análisis cuantitativo del empleo puede llevar a algunas de sus señorías a pensar que nos estamos olvidando también de su aspecto cualitativo. En ese sentido, tengo que decirles, señorías, y volviendo sobre el argumento central de mi intervención en cuanto al espíritu de este proyecto de ley, que el gran acuerdo social fue seguido del acuerdo político y marcó un hecho diferencial de cambio: por primera vez en este país se solidifica una cultura de estabilidad del empleo frente a la cultura de precariedad que se venía desarrollando en los últimos años. Y esto es respaldado por el balance absolutamente récord de 700.000 nuevos contratos indefinidos realizados a lo largo del presente año, con las características de que la mayor parte de ellos son realizados en empresas de menos de 25 trabajadores, indicador de la buena acogida que está teniendo dentro de las pequeñas y medianas empresas, y que el 60 por ciento de estos nuevos contratos se han realizado con menores de 30 años, siendo una evidencia de que son los jóvenes los que se están beneficiando más de las nuevas normas ligadas a la estabilidad del empleo. O como incluso recordaba el Presidente del Gobierno, señor Aznar, el día 26 en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar acerca del Consejo Europeo Extraordinario sobre el Empleo, celebrado en Luxemburgo, cuando nos decía que la política económica del Gobierno ha permitido reducir el paro juvenil en 6 puntos. A esto hay que unirle la otra cara del empleo: el desempleo. El paro registrado a lo largo del pasado año disminuyó en 160.000 personas, y este año, según las previsiones aportadas a esta Cámara por el Secretario General de Empleo, disminuirá en una horquilla entre 170.000 a 175.000 personas, cantidad importante que nos confirma la senda positiva del empleo de la que estamos hablando.
Todo ello confirma, como señala un informe reciente de la Comisión Europea, que el 60 por ciento de los puestos de trabajo creados en la Unión Europea durante 1996 lo han sido en España, y que en 1997, y según palabras del Presidente del Gobierno, se prevé la creación de 334.000 empleos, lo que supone el 50 por ciento del total de puestos de trabajo creados en la Unión Europea, datos que confirman que en los dos últimos años España se ha convertido en el país con el ritmo más acelerado de creación de puestos de trabajo de la Unión Europea.
Tampoco pretendo con esto ocultarles otros datos, señorías, como el hecho de que todavía tenemos una tasa de paro muy elevada y de que son muchas las personas que se encuentran en situación de desempleo. Pero entiendan también que es justo decir que la situación de mejora en la que nos encontramos algunos pensaron que jamás se pudiese alcanzar.
Como también es justo decir, señorías, que la economía española está viviendo una situación histórica de crecimiento económico sostenido y saneado, por primera vez desde hace años.
Y esto es posible gracias a unos Presupuestos austeros, dentro de un marco de disciplina presupuestaria, de lucha contra el déficit, de contención del gasto público y la inflación que nos permiten generar la confianza por parte de los inversores, de los trabajadores y de los generadores de empleo. Marco presupuestario que, por lo tanto, no se alterará, después de lo dicho por el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, señor Rato, en la presentación del debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. Más aún, las políticas activas de empleo, en palabras del propio Ministro de Economía, para 1998 suman 475.000 millones de pesetas, es decir, aumentan 105.000 millones con respecto a 1997, un 28,4 por ciento.
El futuro presupuestario y el marco legal que se construye en este proyecto de ley nos hace pensar en positivo y nos hace ser optimistas.
Permítanme, señorías, que, por último, esta Senadora tenga un desliz de egoísmo, por su condición de mujer y de joven, al decir que estoy convencida de que este proyecto de ley es el marco adecuado para seguir creando empleo con las características de fijo y estable y, fundamentalmente, para las mujeres y los jóvenes de este país.
En ese ánimo, señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos a todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios de esta Cámara el debate y posicionamiento en el trámite de Comisión, y esperamos convencidos que en este Pleno su posicionamiento será la aprobación clara de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Do Campo Piñeiro.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


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El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, era nuestro deseo haber presentado a este proyecto de ley una propuesta de veto. Diferentes razones técnicas lo impidieron pero con esta intervención Izquierda Unida quiere plantear su oposición al mismo.
Desde Izquierda Unida hubiéramos querido que la reforma del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores hubiera supuesto un desarrollo razonable y equilibrado que, desde luego, hubiera recogido lo mejor de la tradición de todas las reivindicaciones sindicales y de las que ha mantenido Izquierda Unida a lo largo de los últimos 10 años.
Nos encontramos, señorías, con que la oportunidad de las medidas se deriva de la necesidad de reformar toda una serie de instituciones y preceptos que al aplicarse en el mercado de trabajo han traído unas consecuencias, desde nuestro punto de vista, tan graves y disfuncionales que han situado al mercado de trabajo español entre los más injustos y desequilibrados de toda la Unión Europea.
El Secretario general de Empleo en una reciente comparecencia en esta Cámara ha dicho que los datos de desempleo habían bajado. Sería conveniente que corrigieran, por tanto, la exposición de motivos que sitúa la tasa de desempleo en un 22 por ciento de la población activa, la más alta, desde luego, de la Unión Europea, de los países de nuestro entorno, a lo que hay que añadir unos niveles de temporalidad y rotación muy superiores a la media comunitaria.
Las tasas, por otra parte, de precariedad y siniestralidad laboral son realmente escandalosas. Todo ello configura un contexto que exige, desde nuestro punto de vista y también desde el punto de vista normativo, modificaciones legales, modificaciones de la legislación actual vigente, pero en una línea diferente de la que se expone y en buena parte contraria a la que se ha seguido en la última reforma.
La virtualidad de las medidas propuestas en el presente texto, que nosotros queríamos haber presentado como enmienda a la totalidad tiene, lógicamente, relación con las modificaciones que deben producirse en un proceso de desnaturalización del derecho del trabajo. Una involución de su carácter garantista y reequilibrador lo aleja cada vez más de lo que habíamos denominado en el modelo constitucional como Estado social y democrático de Derecho.
El fenómeno de la desregulación en sus diversos planos, el principio de mínima intervención de la Administración laboral, el retroceso de la norma legal y el proceso de sustitución del sujeto titular de la protección en el sistema de relaciones laborales, criterios todos ellos esgrimidos en las últimas reformas laborales, están configurando, desde nuestro punto de vista, un nuevo marco normativo alejado de los principios y mandatos constitucionales y, por otra parte, de las mínimas exigencias de carácter tutelar y garantista que han venido presidiendo el desarrollo del Derecho del Trabajo.
Señorías, la posibilidad de que, por primera vez, en nuestro ordenamiento se contemple la posibilidad de retribuir al trabajador con un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional o de la renta mínima de subsistencia, como quieran sus señorías, la expulsión de colectivos enteros del ámbito de la protección social del sistema, la reducción de las aportaciones empresariales al sistema de protección social, la continuidad y el incremento de las políticas de asistencialismo empresarial vía bonificaciones, subvenciones o reducciones de cotizaciones, el extraordinario reforzamiento de las facultades organizativas del empresario que supone, también por primera vez en nuestro ordenamiento, que toda orden empresarial es ejecutiva, son elementos que, unidos a la ausencia total en la última reforma de avances en los derechos individuales o colectivos de los trabajadores determinan que se puede afirmar el carácter de sujeto central para los reformadores en la empresa y una renuncia explícita de los reformadores de proteger los derechos de los trabajadores.
Señorías, no hay reforma laboral que se haya realizado que no haya significado una pérdida de derechos para los trabajadores. Todas han significado una pérdida de derechos. Esta también.
El proceso de pérdida de contenido garantista de nuestro ordenamiento laboral, con el añadido de un aumento exorbitante de los poderes empresariales, de una parte, y de los también graves fenómenos de paro, temporalidad y siniestralidad que padece nuestro mercado laboral exigen, desde el punto de vista de Izquierda Unida, plantear una clara inflexión en el tipo de criterios y medidas legislativas que en materia laboral y de empleo se han desarrollado en las últimas reformas normativas.
En ese sentido, el planteamiento que queremos hacer aquí va dirigido, de una parte, a recuperar una serie de elementos de carácter tutelar y protector que debe presidir el ordenamiento laboral y que han sido, desde nuestro punto de vista, neutralizados con las últimas reformas laborales y, por otra parte, a restablecer en materia de contratación y extinción de la relación laboral los principios, y tengo que decirlo con claridad, de estabilidad, causalidad, defensa y equilibrio en su contenido material, ya que nosotros entendemos que han sido prácticamente arrogados.
El proyecto de ley para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida se mantiene, en sus aspectos fundamentales, en las líneas legislativas de anteriores reformas. Quiero recordar a sus señorías que la reforma de 1994 contó con una huelga general y también conocerán sus señorías con la oposición de Izquierda Unida.
En ese sentido, el proyecto de ley objeto de la intervención de Izquierda Unida significa una reducción de la indemnización, una reivindicación que es clásica en la patronal, con lo que se inicia, desde nuestro punto de vista, un incierto y peligroso camino para los derechos de los trabajadores, que en nada favorece la creación de empleo, tal y como han mantenido organizaciones sindicales, amplios sectores de la doctrina laboral y la propia experiencia derivada de anteriores reformas.
El proyecto de ley recoge otra medida de flexibilización y de causalización material de la figura del despido

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objetivo, figura contenida en la nueva regulación del artículo 52.C del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, reguladora del denominado despido colectivo. Así se establece una nueva regulación autónoma del despido objetivo y de las causas que posibilitan su utilización, separándolo de la figura del despido colectivo, criterio éste mantenido por la patronal, y desarrollando unos contenidos más flexibilizadores y menos garantistas para los trabajadores.
Junto al mantenimiento de las causas organizativas y productivas introducidas en la reforma laboral de 1994, se incluye en la regulación, y como objetivo, el criterio a alcanzar con la medida empresarial extintiva la posición competitiva o exigencia de la demanda, es decir, objetivos de naturaleza estrictamente empresarial y se abandona lo que ha venido siendo la única finalidad justificadora de la medida empresarial extintiva, cual es la de garantizar la viabilidad de la empresa y el empleo.
Señorías, la correcta relación entre causas, medios y fines como elemento o hilo conductor para el equilibrio de la empresa y la aplicación del criterio de razonabilidad o adecuación quedan rotos con esta nueva redacción, al establecer como objetivo finalista una serie de criterios relacionados con las formas de estrategia puramente empresarial, desconectado de cualquier contenido de carácter social, de preservación de determinados niveles de empleo en la empresa.
Su señoría ha hecho referencia en reiteradas ocasiones a la comparecencia del Secretario General de Empleo en esta Cámara en fechas recientes, pero también su señoría recordará que en esas fechas se producía un estudio, o por lo menos las conclusiones de un estudio que emitían los servicios de estudios del Banco de España...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, termine cuanto antes.


El señor ROMAN CLEMENTE: Voy terminando, señor Presidente.
Con brevedad, conocerá que los beneficios empresariales han crecido en un 35 por ciento y también conocerá que ha caído el empleo, al menos en la empresa objeto de esa encuesta, en un 1,3 por ciento. También conocerá su señoría que la creación de empleo es mayor en las pequeñas y medianas empresas, no así en las grandes empresas, pero que la precariedad crece más en las pequeñas y medianas empresas. Conocerá su señoría también el hecho de que estamos ante un mercado laboral al que no sé si se pueden aplicar calificativos como diferenciado, desequilibrado, insolidario, injusto, porque también, y atendiendo a los requerimientos de la Presidencia, tengo que recordarles que el hecho de residir en algunas Comunidades Autónomas es una penalización para alcanzar empleo. Este Senador, en representación de Andalucía, tiene que recordarle cómo, tristemente, cualquier parado o parada de larga duración en Andalucía sufre la penalización del hecho de residir en Andalucía para obtener un puesto de trabajo. Por tanto, estamos ante un mercado laboral injusto, y no se conocen datos de evaluación de reformas anteriores que hayan significado mejora para los derechos de los trabajadores.
Por ello, señoría, nuestra posición es contraria a este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Pueden intervenir luego, lógicamente.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tampoco utiliza el turno.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla. (El señor Albistur Marín pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Para qué me pide la palabra, Senador Albistur?

El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
Estamos en un turno en contra no sabemos de qué, porque no sé qué ha defendido exactamente la señora representante del Grupo Parlamentario Popular, ya que, según el orden del día que se nos ha dado para la defensa de las enmiendas, la primera intervención tenía que haber sido la nuestra en los votos particulares. No hay enmienda a la totalidad, no hay un voto particular o un veto a la totalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intentaré contestar a su pregunta.
En todo proyecto de ley hay un debate a la totalidad, que se compone de un turno a favor y un turno en contra. Ha habido primeramente una presentación de la ley por parte del Presidente de la Comisión, luego ha habido una intervención de turno a favor y ahora hemos substanciado un turno en contra.


El señor ALBISTUR MARIN: Perdone, señor Presidente, es que simplemente le he oído dar la palabra a la señora Senadora, y yo no sabía exactamente en concepto de qué. Por eso estaba esperando y por eso le he señalado que yo quería utilizar mi turno, pero solamente en la defensa y en el turno de portavoces posterior, no en éste.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, estoy absolutamente de acuerdo. Usted tendría derecho a intervenir en turno de portavoces, pero no hace uso de él.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sí hace uso del derecho al turno, para lo que tiene la palabra el Senador Joaquim Vidal.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como su nombre indica, se trata de aprobar un proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora

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del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley aquí, en esta Cámara, ya que las diferentes enmiendas fueron presentadas en el Congreso y hacían referencia a la integración laboral de las personas con minusvalías. Estas enmiendas fueron admitidas o transaccionadas, aunque seguramente no por las necesidades que piensa cubrir este colectivo de minusválidos.
También anunciamos que, aunque aquí no las haya defendido el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, vamos a votar a favor de estas cinco enmiendas presentadas.
Y anunciamos también, como no podía ser de otra manera, el voto favorable a este proyecto de ley por la importancia que tiene la creación de empleo de forma general, y en particular para aquellos colectivos que hoy están más desfavorecidos, como son los jóvenes, los parados de larga duración, los mayores de 40 años y también los minusválidos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista anuncia el voto a favor de este proyecto de ley por entender que mejora la situación y el funcionamiento del mercado de trabajo de España y porque completa un marco institucional de relaciones laborales que prácticamente estaba ya prefijado.
El paso del tiempo, algo más de seis meses desde la firma del acuerdo entre los sindicatos y la patronal --a estas alturas el tiempo pasa rápidamente, pero, al mismo tiempo, nos ofrece nuevas perspectivas para valorar la situación--, nos permite hoy hacer una valoración algo más aproximada del sentido de la misma.
Señorías, toda ley sirve para hacer política, para buscar soluciones a los problemas de la sociedad; pero toda ley, toda iniciativa, también puede ser utilizada para hacer propaganda.
Y, desde nuestro punto de vista, con esta ley se ha hecho y se está haciendo excesiva propaganda para la política que de ella se deriva.
¿Cuál era la situación anterior a la firma del acuerdo entre los sindicatos y la patronal? Dicho esquemáticamente, por parte de los sindicatos se mantenía en España una posición según la cual ya se había ido demasiado lejos en la reforma de los mercados de trabajo y había que decir, y así lo decían ellos, que «ni hablar de más flexibilidad». Por el contrario, por parte de la patronal todo proceso de reforma del mercado de trabajo, de reordenación de las relaciones laborales, era excesivamente corto y la patronal se pronunciaba en el sentido de «ni hablar de más estabilidad».
Por un lado, unos no querían más flexibilidad y, por otro, otros no querían más estabilidad en el empleo. ¿Cuál fue el punto en el que se produjo el acuerdo? Por una parte, se produjo un acuerdo entre patronal y sindicatos por el que estos últimos, en resumidas cuentas, adquirían un compromiso explícito para la mejora de la competitividad y el empleo a través de la flexibilidad. Y por otra parte, los empleadores aceptaban que la competitividad de la economía española es compatible con un modelo de relaciones laborales en el que hay fuertes elementos de protección social y también de garantías de estabilidad en el empleo. Lo que se ha producido, al final, es una evolución política interna, tanto en el campo de los sindicatos como en el de la patronal que ha hecho posible que un impulso social, político y legislativo que ya estaba en marcha se concretara en un proyecto de ley como el que hoy vamos a aprobar.
Porque, a fin de cuentas, ¿de qué se trata, cuáles son las nuevas soluciones que aporta este proyecto de ley? En primer lugar, por orden de importancia, se precisa el sentido, que ya tenía en la legislación anterior y que habían precisado los jueces, con que deben entenderse las causas tecnológicas, económicas, organizativas y de producción. Sentido que ya estaba en la ley anterior y que ya habían dicho que era el correcto los tribunales de justicia.
En segundo lugar, se precisan los contornos del contrato de formación, que antes se llamaba contrato de aprendizaje. Pero se mantiene la figura existente, tan denostada, del contrato de aprendizaje.
En tercer lugar, se crea una nueva figura para el fomento de la contratación indefinida. Y, por último, se precisan los contornos y se ajustan los costes del llamado despido objetivo, especialmente para ese nuevo tipo de contrato de fomento para la contratación indefinida.
En definitiva, es un proyecto de ley que completa y concreta en determinados aspectos el modelo español de relaciones laborales, que no es producto de un solo impulso, es producto de unos impulsos, consensuados unas veces, otras veces no consensuados, pero que nacen en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que continúan con la reforma de 1994 en la cual se inserta esta reforma de 1997, que se basan en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985, en el Pacto de Toledo, en la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, etcétera.
Tenemos un modelo español de relaciones laborales que es producto de la historia de la democracia y de los encuentros entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales y que esta ley viene a completar en 1997. Viene a completar y a ayudar a definir una situación del mercado de trabajo que es más rica, más compleja y, desde luego, que exige mucha más imaginación de la que eran capaces de aplicar o de la que necesitaban aplicar para dar soluciones a los problemas de su tiempo los teóricos del derecho del trabajo o del sindicalismo de principios de siglo.
Con esta ley, aparte de la política --y creo que he explicado cuál es la política que se hace y cuáles son las soluciones que se dan--, se ha hecho propaganda. Por ejemplo, al presentar esta ley se ha dicho por unos y por

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otros que con ella se conseguía la reducción de los tipos de contrato.
Pues bien, basta con irse a la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 1996 y a la guía oficial de 1997 y ver el epígrafe «tipos de contrato» para comprobar cómo en 1996 existían sólo 18 tipos de contratos y en 1997, después de esta ley, existen 19 tipos de contratos; es decir, se han incrementado las modalidades y los supuestos de contratación.
Se ha dicho que el acuerdo en que la ley se basaba suponía la apertura de una nueva etapa histórica, que se habían corregido los grandes errores del sistema, en definitiva, se ha hecho propaganda. Pero ahora, seis meses después, podemos decir que ha pasado el tiempo de la propaganda y que entramos en el tiempo de las nuevas iniciativas. Entramos en el tiempo de las nuevas iniciativas porque, antes incluso de que pasara el plazo de seis meses desde la firma de este acuerdo, se ha producido el hecho de la Cumbre Europea del Empleo, que ha supuesto una serie de avances importantes a los cuales parece que se va a sumar con retraso el Gobierno de España, pero avances en los que hay una serie de datos ciertos. Se marcan directrices para el empleo, se concretan objetivos, se insiste en la necesidad de coordinación de políticas y en el seguimiento de las políticas para el empleo y se exige la elaboración de nuevos planes y programas para la generación de empleo. Por ejemplo, el programa plurianual para el empleo que el Gobierno de España presentó hace un mes y pico a bombo y platillo ya es un programa muerto. El tiempo rápidamente lo ha dejado a un lado en el camino. Hacen falta nuevas iniciativas en el marco del sistema español de relaciones laborales, pero también en el marco de las nuevas orientaciones emanadas de la Cumbre Europea para el Empleo. Nuevas iniciativas que hay que pensar bien porque ya no van a poder ir dirigidas solamente, como muchos pensaban hasta ahora, a provocar reformas para la menor protección de los trabajadores o a la mayor desregulación en el sistema.
Hay que tener en cuenta que en la Cumbre Europea para el Empleo no se ha producido ni una sola recomendación o directriz instando a los Gobiernos a la reforma de los modelos de relaciones laborales. Todas las iniciativas y directrices han ido dirigidas a hacer que se pongan en marcha políticas económicas orientadas para el empleo; políticas, posiblemente fiscales, dirigidas a reducir los costes laborales directos e indirectos, pero no políticas dirigidas a la reforma del mercado de trabajo. Por tanto, a partir de ahora será difícil defender que la mayor o menor competitividad de una economía deriva de las características específicas del modelo de ordenación del mercado de trabajo. Con este modelo...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez de la Borbolla, le ruego termine.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Me quedan tan sólo dos segundos, señor Presidente.
Con este modelo de relaciones laborales es posible la creación de empleo en España. Con este modelo de relaciones laborales es posible el acuerdo que se necesita. Con este modelo de relaciones laborales es más necesaria que nunca la inventiva, la capacidad de ofrecer nuevas propuestas, propuestas que tendremos ocasión de ver dentro de poco tiempo en el debate de los Presupuestos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
También en turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora doña Belén María do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Esperaba, Senador Román Clemente, la posición de Izquierda Unida respecto de este proyecto de ley que acaba usted de exponer y que, sin lugar a dudas, sigue la misma línea argumental que expuso su Grupo en el Congreso de los Diputados y en esta Cámara ya en diversas ocasiones.
Por lo expuesto por su señoría ante la Comisión de Trabajo el día 26 de noviembre, me sorprendió que su Grupo no presentara un veto ni presentara tampoco esas 51 enmiendas a este proyecto de ley. Y me sorprendió porque, en principio, esta Senadora, novata en estas lides, pensó que la razón y el peso del consenso social y político alcanzado en torno a este proyecto de ley había hecho mella en la línea argumental de su Grupo, con lo cual, por fin entraban ustedes en la gran mayoría social y política que ve en este proyecto de ley una afirmación respecto a que el tema del empleo se puede ver desde el punto de vista del acuerdo y de la concordia y no desde la discordia.
Lamento, pues, la no presentación de ese veto y de esas enmiendas, según lo expuesto, y que se debiese únicamente a que no entraron en Registro en el momento procesal oportuno.
Por lo dicho por usted aquí, y por lo ya expuesto en el Congreso de los Diputados, tengo que decirle, señoría, que ustedes meten en el mismo saco el aumento de los ingresos de los trabajadores, el facilitar actividades extraprofesionales, el conceder horarios obligatorios, y al mismo tiempo ampliar las vacaciones y reducir la jornada laboral a 35 horas, creando, además, nuevos impuestos contra los empresarios. Y entre todo esto, introducen también que se reduzca la edad de los trabajadores para poder concertar este tipo de contratos, así como la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos, con lo negativo que sería el no poder tener hoy, después de los seis meses que han pasado desde la promulgación de este Real Decreto-ley, un 70 por ciento de esos 333.114 contratos indefinidos que se han firmado hasta el momento.
Tengo que decirle de verdad, en definición de un escritor paisano mío, Valle Inclán, que la catalogación literaria sería casi de esperpento. ¿Y por qué, señor Román Clemente? Por la sencilla razón de que ustedes no contemplan la situación de las empresas ni su entorno competitivo, con lo cual, a nuestro juicio única y exclusivamente,

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se produciría una inmediata y elevada destrucción de empleo. Y esto, señoría, dentro de una explicación doctrinal, viene a definirse diciéndole a usted que existe una clara contradicción entre los fines y los medios que ustedes proponen. Porque la realidad es otra --y aquí quiero también aludir al portavoz del Grupo Socialista--, porque la propaganda a la que se está refiriendo está basada en datos reales y positivos, y lo que se refuerza con respecto a la anterior reforma laboral, señor Rodríguez de la Borbolla, son los resultados positivos que tenemos hasta el momento.
La realidad es ese medio millón de contratos indefinidos que se realizaron durante estos seis meses. La realidad es que desde el 17 de mayo hasta el 17 de noviembre se realizaron 480.000 contratos indefinidos, lo que supone un incremento del 200 por cien respecto al año anterior, que del total de esos contratos indefinidos registrados en el INEM, como he dicho antes, 333.114 corresponden a la nueva normativa, y que las empresas de menos de 25 trabajadores, como también he dicho antes, han registrado prácticamente el 70 por ciento de esa contratación indefinida.
Esta es, señor Román Clemente, la senda para conseguir los fines que su Grupo y el mío tienen, pero, evidentemente, los medios son muy diferentes.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Do Campo Piñeiro.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas presentadas a este proyecto por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en su voto particular número 1, correspondiente a las enmiendas números 1 a 5.
Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vengo a defender estas enmiendas con muchísimo entusiasmo --como he hecho también en muchísimas ocasiones--, pero con muy poca confianza en el resultado de mis argumentaciones.
La verdad es que no debería defenderlas ante ustedes, señores Senadores, sino que enfrente tendrían que estar sentados los representantes de los sindicatos y empresarios firmantes del acuerdo que dio motivo a la ley que hoy vamos a intentar que se apruebe en el Senado. Digo esto, porque el causante de nuestras enmiendas no es ningún partido político, sino la política laboral --y, sobre todo, la política de relaciones laborales-- que nos quieren imponer unas centrales sindicales y una organización determinadas.
Como ha dicho el Senador Rodríguez de la Borbolla --con quien coincido en sus planteamientos--, el mejor acuerdo de relaciones laborales que puede existir es aquél que genera empleo y responde claramente a la negociación entre las partes. Pero en la pluralidad de un espacio económico como el del Estado no son sólo unos sindicatos y una patronal los que pueden establecer los acuerdos para la totalidad del territorio.
Por tanto, con las enmiendas que nuestro Grupo ha presentado estamos intentando defender que el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que tanto ha costado conseguir, y en el que se establecen las relaciones laborales fruto de una negociación entre sindicatos mayoritarios y empresarios, no desaparezca o se diluya en toda su validez. Con esto quiero decir que, al no reconocerse los acuerdos que se puedan establecer entre sindicatos y empresarios por los sindicatos firmantes del acuerdo que dio motivo a la reforma laboral que hoy estamos debatiendo, cuando este acuerdo se produjera, estas centrales sindicales y la organización empresarial no acabarían de reconocerlo como válido, extensible a otros ámbitos, y a su reconocimiento legal.
Estamos haciendo un planteamiento para destacar que, allá donde las centrales sindicales --en este caso, Comisiones Obreras y UGT-- y la CEOE no tienen representación suficiente, sino que ésta se establece sobre la base de otros sindicatos y otra representación empresarial, se puede llegar a acuerdos tan válidos por los que se pueden establecer hasta relaciones contractuales diferentes de las que se han pactado en el acuerdo que hoy vamos a convertir definitivamente en ley.
Nuestras enmiendas pretenden, lisa y llanamente, reconocer que no sólo los convenios de ámbito sectorial estatal --que, además, se han pretendido subrayar intencionadamente-- son los únicos válidos para el reconocimiento de las relaciones contractuales que se establecen entre las partes, sino que también hay convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior que podrán llegar a acuerdos con un reconocimiento equivalente desde el punto de vista jurídico al de aquéllos a que han llegado las centrales sindicales citadas y la patronal CEOE.
Este era nuestro objetivo en las enmiendas números 3, 4 y 5, aparte de que en esta última pretendíamos también que determinados colectivos, como son, fundamentalmente, aquellos trabajadores que tienen que realizar labores en la empresa o en los diferentes sectores que se pacte con contratos de vigencia no indefinida, sino temporales o de temporalidad marcada, superior al año o inferior a los tres años, estén también acogidos a condiciones de desempleo similares a los contratos de larga duración.
Nuestra posición iba a ser negativa en la votación de este proyecto de ley, fundamentalmente porque ni siquiera habíamos podido llegar a negociar con la Administración ni llegar a ser atendidos, tanto en el debate que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados como en el que va a haber en el Senado o en el anterior en la Comisión.
Hemos recibido explicaciones desde la Administración, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación al reconocimiento del fondo de la cuestión que estamos planteando con estas enmiendas. Se nos ha asegurado que, desde el punto de vista político, nadie quiere modificar el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, tema que nos proporciona una seguridad y, además, la posibilidad de poder seguir abiertos a buscar soluciones en lo que pueden ser las relaciones laborales del futuro.


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Sin embargo, lo que no admitimos --y nos va a llevar a la abstención en la votación final de esta ley-- es que se produzca una intromisión en el ámbito político de centrales sindicales y de representación patronal para, por la vía de una ley que es absolutamente colateral, pero importante, aunque no modificadora del Estatuto de los Trabajadores, intentar modificar éste y su artículo 84 por una vía absolutamente indirecta. Si para algo existe la representación política es precisamente para modificar aquellas leyes que se puedan considerar injustas, pero la injusticia tiene que afectar al colectivo total de trabajadores y no simplemente a los intereses sindicales o de parte empresarial.
Nuestro planteamiento es el que figura en las enmiendas presentadas.
Reconocemos la sensibilidad mostrada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al entender perfectamente cuál es el contenido de lo que estamos defendiendo. También reconocemos el esfuerzo realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para defender el mantenimiento del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 84, que es una conquista de un colectivo importante de trabajadores, con una representación mayoritaria --también quiero decir que representantes de Comisiones Obreras y de UGT defienden en el País Vasco y en otras Comunidades Autónomas esta misma filosofía que estamos defendiendo aquí-- y asimismo reconocemos que seguiremos trabajando para que los convenios colectivos de ámbito inferior al estatal puedan tener la representación correspondiente en las leyes cuando lleguen a acuerdos válidos entre empresarios y trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Do Campo Piñeiro.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a este proyecto de ley, paso a exponer las razones argumentales de la no aceptación de las enmiendas números 1, 3, 4 y 5.
En lo relativo a la primera, de modificación del párrafo primero de la exposición de motivos y a su justificación, en nombre del Grupo que represento, tengo que decir que debe ser rechazada, ya que resulta errónea en lo referente a su argumentación y contenido, desde el punto de vista técnico y jurídico. Quisiera aclararle a su señoría que las únicas organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal son UGT y Comisiones Obreras, de conformidad con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, las cuales participaron en el acuerdo y, por tanto, el texto de este proyecto de ley es correcto.
Probablemente estemos confundiendo cosas claramente diferentes: El concepto de mayor representatividad a nivel estatal, concepto ya prefijado, como dije anteriormente, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, no es igual a la posición jurídica que a nivel estatal y a determinados efectos confiere la citada Ley a los Sindicatos que ostentan la condición de más representativos a nivel de Comunidades Autónomas, como es el caso de la Confederación Intersindical Galega o el Sindicato Vasco ELA-STV.
En cuanto a la enmienda número 2, he de decirle que la hemos aceptado.
Por lo que respecta a la enmienda número 3, entendemos igualmente que debe ser rechazada. Su señoría pretende con esta enmienda equiparar los convenios colectivos estatales con los de ámbito inferior, de manera que ambos puedan hacer uso, simultáneamente y en concurrencia entre sí, de las posibilidades de modificación y adaptación que nos otorga esta Ley.
Frente a ello, el proyecto de ley otorga prioridad a la regulación de estas modificaciones a nivel estatal, sin perjuicio de que, en defecto de su regulación estatal, autorice también a los ámbitos inferiores.
En la justificación que su señoría presenta con esta enmienda, alega la necesidad de preservar las unidades de negociación y la concurrencia de los convenios. Sin embargo, las unidades de negociación se ven preservadas idénticamente en uno u otro caso, dado que lo que se discute no es la preservación o no de dichas unidades, sino las competencias mayores o menores de cada una de ellas. Y en cuanto a la concurrencia, a nuestro entender, más que preservarla, la enmienda parece pretender promoverla y fomentarla en contra de todo objetivo de articulación de la negociación.
Por otro lado, de ser aceptada la enmienda que nos presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos alteraría en un aspecto básico el acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales más representativos en el ámbito estatal. No sólo en lo que se refiere al acuerdo sobre la estabilidad del empleo, que da origen a este proyecto de ley, sino en cuanto al acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva, cuando el propósito de nuestro país de fomentar una negociación colectiva articulada desde el ámbito estatal a los inferiores ha sido valorado como uno de los aspectos más importantes de los acuerdos en su conjunto.
Entienda como lógico su señoría y su Grupo Parlamentario que la Ley reserve determinadas competencias a los convenios estatales y que sólo en defecto de éstos, admita la entrada a otros convenios de nivel inferior.
Y piense su señoría que las competencias a las que se refiere el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores alcanzan la posibilidad incluso de modificar su propia Ley en aspectos estructuralmente básicos del contrato de trabajo; evidentemente, la posibilidad de reservarse en principio a los convenios de un ámbito idéntico al de la propia ley que se modifica, por tanto, al ámbito estatal, de forma que de existir por vía convencional una regulación distinta a la de esta Ley, ésta sea de aplicación en todo el territorio nacional. Con lo contrario, ¿qué sucedería? Permitiría que el contrato tuviera una regulación estructural diferente, no ya sólo en cada Comunidad Autónoma, sino incluso en cada localidad o en cada comarca.


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En cuanto a la enmienda número 4, en concreto las letras b) y c) he de decirle que es idéntica a la enmienda número 3 de su señoría, y que por los mismos motivos no va a ser aceptada por nuestro grupo. Argumentación que aplico también con idéntico criterio a la enmienda número 5 de su señoría, la cual entiende nuestro Grupo que debe ser rechazada por los mismos motivos expresados anteriormente en relación a la enmienda número 3.
Sí merece una especial mención la letra i) de su enmienda número 4, que pretende incluir la protección por desempleo en la protección social del contrato para la formación. Hay que tener en cuenta que este Real Decreto-Ley 8/1997, que da origen a este proyecto de ley, ha incrementado el régimen de protección social del contrato para la formación, con el consiguiente incremento del coste de las cotizaciones para los empresarios, en los términos que los interlocutores sociales más representativos en el ámbito estatal estimaron adecuados en el acuerdo que dio origen al citado Real Decreto-Ley. Es de imaginar que tales interlocutores sociales han estimado que la solución alcanzada presenta un punto de equilibrio razonable entre la lógica pretensión de mejorar cada vez en mayor medida la protección social de los afectados --cuestión, por cierto, que está en el ánimo de todos-- y la necesidad de lograr que el contrato de formación siga sirviendo con tanto éxito como hasta la fecha a los fines de inserción que le son propios.
Independientemente de la argumentación expuesta, la aceptación de la enmienda en su apartado i) supondría encarecer extraordinariamente el coste del contrato para la formación, por el incremento de las cotizaciones que entrañaría, con lo cual se limitaría en gran medida la eficacia de esta modalidad contractual para mantenerse como instrumento privilegiado de inserción de jóvenes en el mercado de trabajo. Por todo ello, estimamos que no se debe admitir tampoco la enmienda de modificación número 4 en su apartado i).
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene razón: una propuesta de veto y 53 enmiendas que no entraron. Conocerá su señoría, porque ha hecho referencia a los precedentes del Congreso, que tampoco su Grupo ha estado exento en anteriores ocasiones de problemas similares con el registro, pero no se preocupe su señoría, seguimos manteniendo la misma línea argumental que defendimos en el Congreso.
¿Sabe su señoría lo que es esperpéntico? Es esperpéntico que se haga una reforma sobre la reforma de 1994 sin haber hecho evaluación de los resultados obtenidos. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular pronuncia palabras que no se perciben.) Tranquila su señoría, porque yo no tengo ninguna prisa. No me indique, que yo sabré como hacerlo. No se preocupe, señoría.
¿Esperpéntico sabe que es, señoría? Esperpéntico es que no baje la tasa de desempleo del 20 por ciento. En su exposición de motivos no corrigen que reconocen el 22 por ciento de desempleo. Hagan una modificación, aunque sea aquí, verbalmente, y corrijan eso.
¿Sabe que es esperpéntico, señoría? Que no ha dado ningún resultado sobre los jóvenes y sobre las mujeres, la precariedad y la rotación.
¿Sabe que es esperpéntico? Que las Comunidades Autónomas no reciben por igual los beneficios hipotéticos de la reforma del mercado de trabajo.
¿Sabe su señoría que es esperpéntico? Que desde su Gobierno o desde la Administración se sigan manteniendo altísimas tasas de precariedad --interinos, contratados--, pero no se convocan las plazas, no se da estabilidad al personal laboral y funcionario, y se está trabajando en los diferentes organismos bajo mínimos. Eso es esperpéntico, señoría.
¿Y sabe que es esperpéntico también? Que utilizando mal y abusando de la colaboración social, se mantengan encubiertos unos puestos de trabajo que tendrían que ser cubiertos con estabilidad. Todo eso, señoría, es esperpéntico porque terminada toda esta reforma, si los resultados no son los deseados, sus señorías se subirán aquí a la tribuna y dirán que no fueron los resultados que esperaban e iremos a otra reforma laboral que significará más pérdida de los derechos de los trabajadores.
¿Y sabe que es esperpéntico, señoría --por eso su señoría está donde está y yo estoy donde estoy--? Que su señoría defienda a las empresas y yo trate de defender los intereses de los trabajadores. Es normal. Son posiciones diferentes. Eso no es esperpéntico, señoría; eso es cuestión de principios.
Señoría, de lo que se trata es de crear empleo, empleo estable. Su señoría defiende a las empresas, ¡sin duda!, como han crecido un 35 por ciento los beneficios en las grandes empresas, lo repercuten perdiendo un 1,3 por ciento de empleo estable. Eso es esperpéntico, señoría, al menos es lo que dice el Banco de España.
Sigue siendo esperpéntico, señoría, que esta reforma no baje las altas tasas de accidentes laborales. Todo eso es esperpéntico. A lo mejor sus señorías lo hacen con buena intención, ¡sin duda!, pero perdiendo derechos los trabajadores. Eso es lo que se consolida en esta reforma.
Por tanto, señoría, no es un problema de las 53 enmiendas o de la propuesta de veto, es un problema de principios, de filosofía, sus señorías defienden una, este Senador defiende otra.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente.
Nunca Valle Inclán había estado tan cerca del mercado de trabajo.
Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señora Senadora, me va usted a obligar a decir algo que no quería decir.
Se supone que yo le considero a usted inteligente, pero usted me debe considerar a mí también inteligente. Por lo tanto, escúcheme cuando yo hablo, no se agarre a los papeles que usted tiene ahí y trate de responder a las palabras que yo digo, no a lo que a usted le hayan escrito, que es diferente, o a los argumentos que alguien del Ministerio quiera escribir en este caso. Por favor, eso es lo que le pido.
¿Usted se cree que un convenio o un acuerdo que representa el 10 por ciento del producto interior bruto del Estado no es de ámbito estatal, aunque sea de ámbito sectorial inferior al del Estado? ¿Usted se cree que solamente puede haber un sector en el conjunto de la economía española o de la geografía española o el sector puede estar concentrado en una Comunidad Autónoma determinada y ser pactado por las centrales sindicales y la patronal allí presentes y ser referencia para todo el Estado? Usted no cree en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores o, dicho de otra forma, usted está contribuyendo a que un acuerdo que es laboral se convierta en un acuerdo político, y eso es lo que yo no admito.
El Estatuto de los Trabajadores, que introduce, precisamente, la libertad de negociación rompiendo todo el férreo corsé que existía anteriormente y que supone la conquista de los trabajadores conseguida en la calle, en importantes manifestaciones públicas y también acordada por la patronal, ¡cómo no!, querida por todo el mundo, nos lo podemos cargar por acuerdos políticos que convienen a determinados partidos políticos en un momento determinado, y yo no quiero entrar en ese tema, no es mi intención.
Por lo tanto, cuando le digo que usted no me está reconociendo a mí la inteligencia es cuando me dice que nosotros lo que estamos pretendiendo es defender convenios de empresa y darles un valor de carácter estatal, tema absolutamente absurdo, porque precisamente eso es lo contrario de lo que estamos pretendiendo. Asesórese bien, pero déle buenas ideas, por favor. Eso es lo contrario de lo que estamos defendiendo.
Respecto al contrato para la formación, usted me ha dado las razones por las cuales no admite la enmienda; porque hoy se utiliza en el mercado de trabajo simplemente porque es barato, no porque verdaderamente reinserte a los jóvenes en el mercado de trabajo; se utiliza porque es barato y lo que queremos romper precisamente nosotros es el que sea utilizado por su baratura, como un contrato que tiene que llevar a los jóvenes al mercado de trabajo. Por eso queremos que sea un compromiso, para que inserte e, introduzca a los jóvenes en los beneficios de cualquier trabajador, como son el derecho al desempleo y otros beneficios de la Seguridad Social.
Lamentablemente éste es un diálogo de sordos, pero como tengo, como he dicho desde la tribuna, la palabra del Gobierno de que el artículo 84 es algo que va a cuidar este Partido que está en el Gobierno, y el Gobierno lo va a cuidar para que se produzca, para que no se estropee, ni siquiera se ponga en duda, eso es lo que me hace confiar hoy y no los argumentos que aquí se me han dado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovechamos este turno para insistir en nuestro apoyo al proyecto de ley y para ayudar a que quede clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre determinados aspectos.
Primera cuestión. ¿Por qué se crea empleo? ¿Cuáles son las causas? Las leyes no crean empleo. Este proyecto de ley tampoco crea empleo. Las leyes crean el marco propicio en el que la capacidad de asumir riesgo, las políticas económicas, la capacidad de generar riqueza van creando empleo. Las leyes crean el marco, pero luego son las políticas de los Gobiernos y la iniciativa privada las que generan empleo.
Segunda cuestión. ¿Cuál es el dato clave de este proyecto de ley? El dato clave es que, por una parte, abre un poco más el marco del sistema de relaciones laborales en España y, por otra, lo cierra, en el sentido de que deja claro a los interlocutores sociales que éste es el marco en el que ha de jugarse para crear empleo.
A partir de la aprobación de este proyecto de ley, no se puede poner cada día en cuestión el modelo español de relaciones laborales que, insisto, como he dicho antes, es la suma de muchos impulsos. La virtualidad fundamental de este proyecto de ley es que abre --porque se basa en el acuerdo entre los interlocutores sociales-- y, al mismo tiempo, cierra, lo defiende, lo fija y permite estabilizar el sistema español de relaciones laborales.
Por ello, basándome en lo anterior --porque las leyes no crean empleo y porque este marco está ya definido-- con todos los respetos, señora Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cuando he dicho que se hace propaganda no me estaba refiriendo sólo a los datos de creación de empleo. Al hablar de los datos de creación de empleo y de empleo indefinido, por ejemplo, habrá que tener en cuenta cuántos de los nuevos contratos indefinidos que se han creado han sido sólo transposición a indefinidos de un contrato temporal previamente existente. ¿Cuántos contratos realmente indefinidos, «ex novo», se han creado en la realidad española? Pocos, y los datos están ahí.
Pero eso no importa. Lo importante es decir: hay posibilidades. Nosotros no hemos venido a rebatir datos, hemos venido a rebatir la actitud propagandística, porque la actitud propagandística al final se vuelve en contra del propagandista en el momento en que empiecen a dilucidarse los datos reales de la sociedad.
Termino refiriéndome brevísimamente, señor Presidente, a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No las vamos a apoyar, salvo la número 2. No lo vamos a hacer, señor Albistur, con toda sinceridad, por dos razones. Primera, porque este proyecto

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de ley refleja un acuerdo que desde nuestra perspectiva --como hemos venido señalándole-- tiene sentido y es un acuerdo defendible, que no sólo marca un punto de encuentro entre las partes sociales, patronal y sindicatos, sino que marca un punto de inflexión en la consolidación del modelo español de relaciones laborales. Por lo tanto, es un acuerdo que, desde nuestro punto de vista, tiene un valor por sí mismo. Hay que defenderlo; lo defendemos.
En segundo lugar, ¿por qué no vamos a votar a favor de sus enmiendas? Pues porque estimamos que hay que tener --por lo menos nosotros lo hacemos-- confianza en las fuerzas de la sociedad y, en este caso concreto, en las fuerzas de la sociedad vasca. Por un lado, con el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores en la mano pero, además, con la capacidad de encontrar puntos de encuentro --que están demostrando a lo largo de los últimos años los sindicatos y la patronal en el País Vasco--, con la capacidad de generar políticas que den solución a los problemas de los trabajadores y a los problemas del empleo que se están produciendo en el País Vasco, con decretos y leyes dirigidas al fomento de empleo, que están teniendo amplio eco en la sociedad y en la economía, en definitiva, nos parece que el marco legal es suficiente como para estar esperanzado en que, sin aceptar estas enmiendas, sin que éstas se plasmen en ley, la capacidad de actuación de la sociedad vasca va a seguir adelante.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra doña Belén María do Campo Piñeiro.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirle antes de nada al señor Román Clemente que trasladaré gustosamente a los sindicatos lo que usted piensa. A lo mejor usted piensa que es esperpéntico lo que nos dicen los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y nos dicen que los resultados de la reforma laboral no son sólo buenos, sino que son mejores de los previstos. También expresaron su satisfacción por la marcha de la contratación indefinida que está beneficiando, sobre todo, a las mujeres y a los jóvenes. Eso para usted es, a lo mejor, esperpéntico.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no se preocupe. Le he escuchado atentamente, y tengo que decirle que por nuestra parte no hay nada de nada de diálogo de sordos. Y a la muestra me remito. Ahí está el diálogo social del Gobierno con los empresarios y con los sindicatos. Además, quiero decirle que lo siento mucho, que les guste o no les guste, UGT y Comisiones Obreras son los sindicatos más representativos a nivel nacional. Yo siento mucho que no pueda ser lo que usted pretendía. La realidad es esa.
En cuanto al contrato de formación, al que usted también ha hecho referencia, quiero decirle que nuestro Grupo en ningún momento va a encarecer su coste. No vamos a apoyar eso en ningún momento.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero darle las gracias por su apoyo, a pesar de que esa reforma de 1994 nos trajo una huelga general, a la que ha hecho referencia el señor Román Clemente. Tengo que decirle al señor Román Clemente que, a raíz de estos acontecimientos, muchos empresarios, sindicatos y grupos políticos reflexionaron, y, sobre todo, lo hicieron esos partidos políticos que tienen vocación de gobierno, reflexión que ha dado como resultado este Proyecto de Ley.
Ahora bien, lo que nos queda claro, tras lo expuesto por el portavoz de Izquierda Unida que nos ha anunciado su voto en contra a este Proyecto de Ley, es qué partidos políticos tienen vocación de gobierno y cuáles quieren seguir estando en la oposición.
Por último, quiero decirle al señor Rodríguez de la Borbolla que el empleo lo crean los empresarios. El Gobierno crea el marco jurídico para que eso sea posible. Así lo está haciendo, desde luego, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de José María Aznar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán pide la palabra.)

El artículo 87 es refugio de los Senadores que quieren hablar fuera del Reglamento.
Tiene medio minuto, señor Senador, porque han pedido la palabra otros grupos.


El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
No sólo he sido contradicho, sino tergiversado. Yo he dicho que las leyes no crean empleo. El empleo lo crean las políticas de los gobiernos y la capacidad de generación de riqueza de la iniciativa privada. Repito, lo crean las políticas de los gobiernos y de pronto el PP nos ha quitado al Gobierno de en medio, y eso no está bien.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (Los señores Albistur Marín y Román Clemente piden la palabra.) Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
También yo he sido tergiversado. Aquí se pretende sacar la idea de que este Grupo (Rumores.) --si me deja hablar la derecha que está a mi izquierda-- está en contra de la ley, y no es así. Este Grupo ha defendido esta ley y ha defendido el contenido de la reforma laboral por considerarlo absolutamente necesario. No obstante, lo considera insuficiente. En esto queremos insistir y no en que nosotros queramos encarecer un determinado contrato.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.


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Tiene la palabra, Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecerle a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que dé traslado a los sindicatos y a la patronal de algunas reflexiones, pero sería más conveniente que les trasladara lo escrito en el «Diario de Sesiones» porque así les diría exactamente lo que ha dicho este portavoz y no lo que dice su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora do Campo Piñeiro. Tiene un último medio minuto.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: No se preocupe.
Senador Román Clemente, no se preocupe. Sin lugar a dudas, los sindicatos y los empresarios tendrán el acta de esta sesión y tendrán en cuenta qué partidos políticos son los que apoyan este diálogo social, iniciado en el mes de mayo, y qué partidos son los que no lo apoyan.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ya ven, señorías, que con medio minuto se pueden hacer frases lapidarias de todo tipo.
Vamos a someter a votación las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Primeramente vamos a votar la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 209; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, se someten a votación las enmiendas números 1, 3, 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 18; en contra, 188; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación el Capítulo I, artículos 1 a 4; Capítulo II, artículo 5; disposiciones adicionales primera y segunda; disposiciones transitorias primera a cuarta; disposición derogatoria; disposiciones finales primera y segunda y exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 210; a favor, 203; en contra, dos; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (S. 621/000061) (C. D. 121/000067).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente dictamen a debatir es el de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Molina.


El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, presento ante el Pleno de esta Cámara el dictamen que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha realizado al Proyecto de Ley que regula los incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, procedente del Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo.
Tuvo su entrada en la Cámara el día 14 de noviembre de 1997 y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el 18 de noviembre, presentándose cinco enmiendas: una por el Grupo Parlamentario Socialista y cuatro por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No se designó Ponencia y se debatió directamente por la Comisión, que se reunió el día 26 de noviembre, sin incorporar enmiendas al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Molina.
En el debate a la totalidad, para turno a favor, tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.


El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto de ley que me toca defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular está intrínsecamente

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unido al que se termina de debatir, o sea, al proyecto de ley de mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
La necesidad de lograr un mercado laboral con una contratación más estable y la corrección de la precarización y temporalidad de los contratos de trabajo, junto con la disminución de la tasa de desempleo, es una de las principales demandas de nuestra sociedad, que el Gobierno que mi Grupo representa ha considerado como uno de los terrenos en los que debían tomarse iniciativas inmediatas en el marco de un diálogo y adopción de acuerdos con los agentes sociales, y esto en virtud del acuerdo confederal para la estabilidad del empleo.
El proyecto de ley que hoy debatimos, basado en el Real Decreto-Ley 9/1997, del 16 de mayo, de fomento de la contratación indefinida, sin duda ha marcado un antes y un después en la evolución de la contratación.
La implantación de un sistema de incentivos fiscales y bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social a la contratación indefinida responde a la creencia de la necesidad de un sistema que permita una mayor flexibilidad en su aplicación y que evitase un alto grado de trabas burocráticas, haciendo más fácil y atractivo su empleo.
Creo que los datos de los seis primeros meses de vigencia son un argumento irrefutable de la eficacia que ha demostrado el sistema que incorporó en mayo el Real Decreto-Ley 9/1997, que ha servido de base a lo que hoy debatimos como proyecto de ley. Estos datos, escuetamente indicados, son: en los primeros seis meses de su vigencia ha habido un período de mayo a noviembre del presente año en el que se han realizado 480.883 contratos indefinidos, un 200 por ciento más que en el mismo período del año pasado.
La contratación indefinida ha pasado de suponer un 4,2 por ciento en 1996 a más de un 9,5 por ciento en 1997 sobre el total de la contratación. La media diaria de contratos indefinidos de enero a abril de ese año, es decir, el período anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, fue de 1.517 contratos; con la nueva normativa, la media es de 3.443 contratos diarios. Teniendo en cuenta un mantenimiento de la tendencia actual de la contratación, es posible que en el año 1997 pueda terminarse con una cifra muy estimable, quizá aproximada a los 700.000 contratos indefinidos.
Además, si hacemos un estudio más pormenorizado de los datos anteriores, podemos observar que cerca del 70 por ciento corresponde a transformación de contratos temporales preexistentes en indefinidos. El 60 por ciento de la contratación indefinida se ha realizado con jóvenes menores de 30 años, un colectivo marcado por una alta tasa de paro no solamente importante cuantitativamente, sino también en las secuelas vitales que la falta de trabajo presenta en este sector de nuestra sociedad y que está generando pautas de relaciones diferentes entre personas jóvenes y sus familiares. Prácticamente el 70 por ciento de la contratación que se registra se hace por empresas de menos de 25 trabajadores, empresas cuya contratación indefinida era del 44 por ciento en 1996. Estamos hablando de empresas de menos de 25 trabajadores a las que, de alguna forma, se les pretende reducir los incentivos fiscales.
Señorías, los resultados anteriormente expuestos parece que no aconsejan cambios que alteren el texto del proyecto que estamos debatiendo. Además, creo que ir en contra del mismo no supone una posición contraria al propio Gobierno, sino ir en contra de un acuerdo en el que han participado todos los agentes sociales y en contra de una normativa que, como ya he dicho y ahora reitero, ha demostrado su eficacia en la creación y en la mejora de la estabilidad laboral, lo que nadie puede negar que supone una mejora en la calidad de vida del trabajador, en la estima personal de aquel que es capaz de incorporarse al mercado laboral.
Y quiero recalcar especialmente la sensibilidad que el proyecto ha demostrado hacia aquellos colectivos que tienen una mayor dificultad para acceder al contrato de trabajo.
Señorías, señor Presidente, termino felicitando a los agentes sociales, entiéndase sindicatos y patronal, por el interés, el entusiasmo y la responsabilidad de que han hecho gala, en el marco del diálogo social, para ponerse de acuerdo en las medidas necesarias para mejorar el mercado de trabajo. Y felicito también, cómo no, al Gobierno Popular por respaldar esas medidas que, como he puesto de manifiesto, están dando unos resultados positivos, y espero que sigan mejorando pues tampoco ignoran sus señorías que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 tienen una especial prioridad las políticas de promoción del empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no me cabe la menor duda de que a estas alturas se conoce perfectamente cuál es nuestra posición sobre ésta y anteriores reformas.
Socialmente no hace falta que lo recuerde, pero si alguien quiere hacerlo, me parece perfecto.
Señorías, cuando hablamos no es «en contra de», sino desarrollando el ejercicio de un derecho parlamentario, el de plantear iniciativas, y no creo que sus señorías estén precisamente en contra del ejercicio de ese derecho, entre otras cosas, porque por eso a todos y a todas nos pagan en ésta y en otras Cámaras.
El sentido de este turno es explicar algo que no hemos podido hacer en el Registro: la presentación de una propuesta de veto que significaba en la práctica un texto alternativo, igual que en el anterior debate. No quiere decir que no tengamos ideas. Tenemos otras, que son diferentes. Y de lo que se trataba en el texto, en la enmienda de veto y en las 11 enmiendas que lo acompañaban era exponer estas ideas alternativas.
No hace falta referirme de nuevo a algo que, por mucho que salga una y otra vez en el debate, no conseguimos

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aclarar: la rotación en el mercado de trabajo, la precariedad y las altas tasas de accidentes laborales. Y por mucho que digamos, señorías, seguimos sin hacer frente a esas graves responsabilidades.
Lo que planteamos es una redacción alternativa. Efectivamente, señorías, el ámbito de aplicación de la ley que propondríamos desde Izquierda Unida se extiende tanto a la contratación indefinida ordinaria como a la tradicional --sigo los mismos argumentos que se exponían en el Congreso de los Diputados, no podía ser de otra forma-- dirigido a las pequeñas y medianas empresas para aquellas actividades a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para determinados colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo.
Y no voy a necesitar extenderme mucho más porque, como bien conocen sus señorías y tienen después a gala decir --han hecho un seguimiento del debate en el Congreso de los Diputados y en otras instancias públicas donde se ha producido-- estos incentivos consisten en la puesta en marcha de una bonificación en las mismas cuotas y por tiempo determinado para las transformaciones que se realicen de contratos temporales de duración determinada de aprendizaje, prácticas, formación, relevo y sustitución en contratos indefinidos.
Las bonificaciones se financiarán con cargo a las correspondientes partidas presupuestarias del Instituto Nacional de Empleo, con la formación de un fondo que se nutrirá de las cantidades que se deriven del diferencial resultante en la liquidación del rendimiento neto de las actividades a las que sea de aplicación esta ley. Insisto en ese texto alternativo por la aplicación de distinto signo, índice o módulo al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas derivados de la nueva plantilla; la posibilidad de deducción correspondiente en la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dada la nueva situación fiscal de las cantidades aportadas al fondo, porque nosotros decimos que además de la ley se crea la Agencia Pública de Gestión de los Fondos de Inversión Obligatoria cuyo cometido será gestionar las aportaciones realizadas en virtud de lo previsto en esa hipotética alternativa ley. En sus órganos de control y gestión estarán representados trabajadores, empresarios y otros sectores sociales.
Por último, señorías, para que no se diga nada acerca de la falta de iniciativas o alternativas --se podrá o no estar de acuerdo, sin duda, no lo estamos, pero con alternativas, con iniciativas, no contra algo sino planteando desde el derecho parlamentario, desde el derecho que nos asiste, alternativas-- la ley deroga los actuales programas de fomento a la contratación, sin perjuicio de salvaguardar las situaciones o solicitudes de beneficios nacidos a su amparo y de preservar determinadas medidas en favor de trabajadores minusválidos y de mujeres subrepresentadas en determinados sectores.
Señorías, podrá utilizarse como se quiera --la confrontación no es algo que preocupe especialmente a este Senador-- nosotros vamos a comunicar, vamos a decir, vamos a plantear, no los que estamos en contra, sino aquellos que desde el ejercicio de la responsabilidad, desde el ejercicio de la libertad, desde el ejercicio de la tarea parlamentaria estamos en nuestro derecho de plantear alternativas, iniciativas y eso no puede ser entendido o despreciado como contra algo. Señoría, si aquí se considera que aquel que quiera plantear alternativas o iniciativas está contra algo o contra alguien, difícilmente podrá avanzar una sociedad. Hemos tenido un debate donde se dice: no apoyo determinada iniciativa porque es contra algo. Señoría, se trata de un derecho que para este Senador es irrenunciable porque no es bueno tener miedo a nada y por la responsabilidad a la que hicimos frente ya en 1994 oponiéndonos a una reforma, de la que yo le decía al anterior portavoz del Grupo Popular que no se ha presentado evaluación de sus resultados.
Por aquello de lo esperpéntico, le diré que, desgraciadamente, en algunos territorios, especialmente en mi tierra, Andalucía, siguen siendo esperpénticas las tasas de desempleo. Sigue siendo esperpéntico que jóvenes, mujeres, tengan especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Sigue siendo esperpéntico, señorías, que tengamos unas condiciones de precariedad y rotación altas. Sigue siendo esperpéntico que no se reduzcan los accidentes laborales y sigue siendo esperpéntico, señorías, que una tras otra reforma siempre se saldan una y otra vez con pérdida de derechos de los trabajadores que aportan, sin duda, de forma solidaria mucho a la creación de puestos de trabajo, pero no perciben los beneficios.
Yo no quiero entrar en la polémica de propaganda o de un análisis excesivamente condescendiente con los resultados de la aplicación de los principios de los decretos leyes y de sus consecuencias; el tiempo dirá y analizará, pero, señorías, cuando nosotros planteábamos la reducción de la jornada laboral, también era esperpéntico, era una ilusión, una quimera, de irresponsables; hoy, cuando se plantea en Europa nadie se atreve a hablar en esos términos, ni siquiera el Gobierno. Ya en la comparecencia del Presidente Aznar se empieza a ver que eso no era un debate que tenía que estar sistemáticamente cerrado. Hablaba de que tenían que ser los agentes sociales quienes debían ponerse de acuerdo y de que ese acuerdo no debía hacerse mediante leyes. Le explicábamos razonadamente que desde la legislación se ayuda a la creación de empleo y, cómo no, con la reducción de la jornada laboral.
Señoría, no estamos contra nada ni contra nadie. No estamos contra los sindicatos ni contra los empresarios. Estamos en el libre ejercicio de la iniciativa de las propuestas, que si a veces se han hecho desde la soledad, con el tiempo y con la evolución de los acontecimientos estamos en principio menos solos, y ya hay Gobiernos europeos que empiezan a plantearse que la creación de la Unión Europea no se puede hacer desde unas perspectivas carentes de lo social sino que tiene que haber una construcción, y nada mejor para esa construcción que la creación de empleo.
Señoría, no nos sigan llamando insolidarios. Sean ustedes un poquito más reflexivos y dejen que pase el tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En este momento solamente voy a fijar la posición de mi Grupo en relación con este proyecto de ley y asimismo en relación al conjunto de lo que hoy estamos votando entre la ley anterior y este proyecto.
Tengo que reiterar lo que he dicho en mi última intervención cuando usted, señor Presidente, me ha concedido la palabra en función del artículo 87 del Reglamento. Reitero que nuestro Grupo está a favor de la reforma --y lo reitero porque parece que se ha pretendido dejar la opinión contraria, una opinión muy contraria a mi exposición--, pero está a favor de la reforma con la participación de todos los que están en el mercado laboral, es decir, no excluyendo a los agentes que verdaderamente tienen representación --valga la redundancia-- en sectores importantes de la economía española y que tienen una dinámica específica en ella.
En lo relativo a los incentivos, estamos también de acuerdo, y nos parece, además, una medida oportuna y necesaria, no tanto en lo que afecta a la reforma laboral como en lo que puede suponer el incentivo en la creación de empleo, dado que consideramos que cualquier medida es válida --siempre que sea legal y haya acuerdo entre las partes-- precisamente para atacar ese problema del empleo tan grave y mal resuelto fundamentalmente en el Estado español. Me podría alargar en lo de mal resuelto, pero quizá ese sea un debate para otro momento y para otra iniciativa en esta Cámara.
Hoy quiero referirme fundamentalmente a los incentivos que la ley contempla, incentivos estos que de alguna forma ya han sido aplicados pese a la enmienda que nosotros hemos planteado a través de nuestras Diputaciones Forales desde el momento en que entró en vigor el Decreto por el que comienzan a regularse los incentivos que después figuran en este proyecto de ley. Es decir, puesto que esto ya se está aplicando en nuestra Comunidad Autónoma, ese tema puede incluso comprobarse a través del fruto que se está produciendo, sobre todo en la creación de empleo para los desempleados mayores de 45 años, donde creo que el incentivo es suficiente y además importante para incitar a las empresas a la contratación.
Lo mismo ocurriría con los jóvenes desempleados, para quienes la reducción del coste de la contratación es quizá uno de los elementos más atractivos, lo que hace injustificable el que no sean contratados por parte de los empresarios, quienes verdaderamente deberían tener esa proyección social de la creación de empleo.
Así como antes nos hemos abstenido por las razones que he expuesto, por razones de discriminación de determinados colectivos sindicales y patronales de la reforma laboral, en este caso concreto vamos a votar a favor mostrando así nuestro apoyo ya que creemos en el contenido, creemos verdaderamente en la eficacia de estas medidas puesto que las hemos comprobado al haber sido ya puestas en práctica por las Diputaciones Forales, unas medidas que tienen capacidad normativa propia en esta materia, y porque creemos, además, que cualquier medida que responda siempre al acuerdo entre las partes contractuales, entre las partes que negocian las consecuencias y los contenidos del mercado laboral son las que verdaderamente van a crear empleo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don Joaquim Vidal.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo forma parte, al igual que el anterior, del acuerdo al que llegaron los agentes sociales en el mes de mayo pasado. Se trata de un acuerdo para proceder a la reforma laboral, y del que, transcurridos los meses que van desde la promulgación del Real Decreto 9/1997, de 16 de mayo, podríamos hacer un balance yo diría que necesariamente positivo para casi todo el país, y también para Cataluña.
¿La economía funciona bien? si; ¿se está creando empleo? también; pero hemos de pensar que existe una tasa de desempleo superior al 20 por ciento, así como una serie de colectivos con muchas dificultades para entrar en el mercado de trabajo. Por tanto, aunque la economía funcione, aunque se esté creando empleo, y a pesar de la reforma laboral existente --positiva, como ya he dicho--, teniendo en cuenta la tasa de desempleo, quizá sea necesario que los agentes sociales y todos los grupos parlamentarios vuelvan a debatir sobre el mercado de trabajo.
Estamos satisfechos con esta ley, pero también he de decir que en este trámite parlamentario hemos dejado pasar una buena oportunidad al no incluir toda una serie de medidas fiscales y no establecer una mejora en la subvenciones para crear más empleo.
Así, no se han incorporado medidas suficientes o bonificaciones especificas para la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas --que, en definitiva, son las que hoy lo crean--, así como en otros sectores que por razones diversas necesitan de una mayor potenciación. En este sentido, nuestro grupo presentó esas medidas en el Congreso de los Diputados, aunque no fueron incorporadas al proyecto, y con ellas se reforzaba este proyecto de ley para la creación de más empleo, que es lo que todos pretendemos con su aprobación hoy en esta Cámara.
Para finalizar, sólo me queda anunciar nuestro voto favorable a este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.


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El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como se viene diciendo, esta ley es consecuencia del acuerdo interconfederal entre sindicatos y patronal; pero no es el acuerdo, sino, como digo, consecuencia de ese acuerdo.
Mientras que la ley anterior era una plasmación estricta de los términos del acuerdo, en ésta ha habido un mayor margen de maniobra por parte del Gobierno y, por tanto, mayores posibilidades de que éste se equivoque al presentar el proyecto de ley y mayores posibilidades de que el Partido Popular, que sustenta al Gobierno, al apoyarlo tal cual estaba, y no corregirlo, se siga equivocando.
Por tanto --y aunque posteriormente hará uso de la palabra nuestra portavoz, la Senadora Flores--, entendiendo que esta ley tiene la pretensión de desarrollar ese acuerdo y hacer posible en mayor medida la contratación indefinida, la defensa de los derechos de los trabajadores y la estabilidad en el empleo, pensamos que es absolutamente mejorable, por lo que, de no aceptarse nuestras enmiendas, nos abstendríamos en la votación.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.


El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero agradecer a todos los portavoces la posición que han adoptado.
Tengo que decirle al Senador Román Clemente que, efectivamente, las cosas que ha dicho son tan importantes como la vida misma. ¿Quién le va a negar el derecho a discrepar, a tener unas ideas contrarias, en este caso a las del Gobierno y a las de los interlocutores sociales que han llegado a estos acuerdos? A mi me parece que de la discrepancia, de la confrontación de ideas, por supuesto, siempre saldremos ganando todos. Algo habrá de verdad. No todo lo de los demás será malo. Yo estuve muchos años en la oposición, señor Román Clemente, y siempre me gustó ese discurso pausado y razonable; unas veces escuchado y otras ignorado. Eso es así y es lo que suele ocurrir.
Habla usted de accidentes laborales. Nosotros estamos convencidos de que estamos promocionando empleo estable, indefinido, y usted sabe que mucha de la siniestralidad en algunos sectores muy concretos es, precisamente, por la precariedad del empleo, por la eventualidad.
Usted sabe que aquí se creó una Ponencia para estudiar el motivo de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción. Una de las conclusiones era muy sencilla: era la precariedad de la persona que se quedaba sin trabajo y que automáticamente pasaba de ser camarero o de tener cualquier otro oficio al sector de la construcción, que estaba en un momento posiblemente favorable, sin más formación y preparación que la de ir para allá y, a lo mejor, al día siguiente tenía ya un siniestro o cuando ya tenía más confianza dentro de su trabajo.
En cuanto al debate y su continuidad, es un reconocimiento pleno, no sólo por parte de este Senador ni de este Grupo, sino del propio Gobierno. Es de tal importancia --y lo repito-- la vigilancia y la preocupación permanentes por mantener el crecimiento del empleo o, lo que es igual, la disminución de desempleados, que usted sabe que si no fuera así estaríamos también en precario con un Estado de Bienestar dependiente del empleo, de la solidaridad de los pensionistas, de los que tienen que recibir prestaciones, que sabe usted que se están nutriendo de los que están trabajando y están en activo. Por tanto, todo está intrínsecamente unido entre sí. No se puede más que estar en permanente evolución y, sobre todo, en un debate abierto, permanente, como usted dice.
Quería decirle, Senador Albistur, representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que cuando usted habla de la participación de todos, posiblemente se esté refiriendo a representantes sociales de Euskadi. Creo que es lo que he entendido en su intervención.
No creo que nosotros hayamos intervenido para que eso no fuera así. Usted sabe que ha habido unos interlocutores sociales, unos representantes que han iniciado un diálogo, han llegado a unos acuerdos y nosotros, como ustedes y todos los grupos, hemos dicho: bienvenido sea, porque cuanto más amplio sea el consenso social, posiblemente más éxitos tengamos en esa reforma.
Creo que también me hablaba de la potenciación --yo creo que está bien formulado ahora-- de los trabajadores mayores de 45 años. Efectivamente, con la expectativa de vida que hay ahora, esa edad ya ni siquiera es media vida, sino menos y, desde luego, esas personas tienen que tener el incentivo de que su empleo se promocione; además a cualquier sector en el que estén trabajando aportan una experiencia acumulada que también hay que potenciar con incentivos. Yo creo que esto está bien considerado en el proyecto que estamos debatiendo.
Senador Vidal, yo le agradezco mucho el que se haya decantado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a favor del proyecto. Ya lo entendí así al no haber presentado enmiendas al mismo.
Señor Senador representante del Grupo Parlamentario Socialista, Rodríguez de la Borbolla, hay cuestiones que creo que vamos a debatir ahora en la defensa de sus enmiendas. Es a lo único que le voy a contestar, pero después cuando llegue el turno. Si usted y yo entramos en el debate de quién lo hizo mejor antes o quién lo va a hacer mejor ahora, nos estaremos perdiendo en un debate sin resultados positivos para nadie.
Por tanto, he recogido del «Diario de Sesiones» de la Comisión que dictaminó este proyecto de ley el otro día, las manifestaciones de su representante, del representante del Partido Socialista Obrero Español.
Le parecen muy bien los empleos fijos que se han creado con respecto a la Ley de 1992. A mí también me han parecido estupendos, lo que sucede es que aquéllos, y más del 200 por ciento que se están creando ahora, son pocos e insuficientes. Lo que tenemos que hacer es seguir todos en la misma línea.
Creo que tenemos que buscar el mayor consenso posible, reforzar el diálogo que han tenido sindicatos y patronal,

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y que los partidos políticos, todos, los que discrepan, los que lo aceptan y los que lo aceptan con matizaciones, nos unamos en el esfuerzo para que cada vez la situación del paro en España vaya bajando y aumente, por supuesto, la calidad de vida, porque pienso que cuando hablamos de bienestar social, nada como tener un puesto de trabajo.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda que presenta el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
La enmienda es obvia por sí misma y, como también he dicho en el turno de portavoces que he utilizado anteriormente, lo que queremos con ella es que se refrende el reconocimiento que ha sido en otras leyes tomado y tenido en cuenta, sobre todo, fundamentalmente, en la Ley del IRPF y en la reciente reforma del Concierto Económico del Cupo. Por tanto, consideramos importante que se recoja esta cláusula, dado que las Diputaciones Forales tienen --y las están practicando en estos momentos-- competencias normativas en materia de IRPF, no sólo en el País Vasco, sino también en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora doña María Isabel Flores Fernández.


La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna por primera vez para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que mantiene vivas para este proyecto de ley.
Quiero empezar por decir, como ha explicado mi compañero señor Rodríguez de la Borbolla, para que así conste, que nosotros apoyamos esta ley y la reforma que puede suponer en su espíritu; es decir, incentivar la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. Por ello, como apoyamos el espíritu de la ley, hemos presentado, señorías, cuatro enmiendas que venimos defendiendo no solamente en su tramitación en el Senado, sino desde el inicio en el Congreso de los Diputados, porque creemos que los dos fines que se persiguen, uno, que la contratación sea de verdad estable y dos, que se favorezca la de aquéllos que más lo necesitan, no se va a conseguir tal y como está redactado el artículo tres que es, señorías, el eje de nuestras enmiendas.
No nos basamos únicamente en razones de concepto, sino que nos atenemos a los hechos, que nos van dando la razón conforme se van sucediendo con el devenir diario. Está claro, por lo menos a juicio de nuestro Grupo, que debemos procurar que el dinero público se destine a favorecer un mejor reparto de la riqueza. Apostamos porque se les dé más a los más, que son los que tienen menos. Pero, señorías, si dejamos la redacción del artículo tres tal y como está, resulta que establecemos bonificaciones iguales para todos. Así, pensamos, no se puede favorecer en modo alguno la contratación de los colectivos más desfavorecidos, es decir, de aquellos salarios de baja productividad, porque los otros opinamos que no necesitan de tanta incentivación.
Si utilizamos, tal y como viene en el texto, un sistema porcentual para bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social, significa que el ahorro para el empresario será mayor en los salarios altos y, sin embargo, muy pequeño o casi nulo en los salarios de baja productividad. ¿Cómo, nos preguntamos, se va a incentivar entonces la contratación de estos colectivos? Pero, si utilizamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, un sistema de cantidades a tanto alzado, ocurrirá que la bonificación, al ser cantidades fijas, será mucho mayor en los contratos correspondientes a aquellos salarios de baja productividad, que podrán llegar incluso a suponer el cien por cien, mientras que los de alta productividad podrían ser un 40, 50, 60 por ciento o incluso cero si así se considerara necesario.
Conseguimos de esta manera, pensamos nosotros, que se favorezca la contratación de colectivos que tienen especiales dificultades, es decir, jóvenes, mayores, parados de larga duración y mujeres. Aquí sí me gustaría decir algo que ya comenté --y el señor Fernández ha hecho alusión a ello-- en la Comisión: ¿Para cuándo medidas de empleo que den cumplimiento a los objetivos del tercer plan de igualdad que el Gobierno aprobó? En resumen, hay contratos que necesitan muy poca o ninguna incentivación, porque sus márgenes de productividad son altos para las empresas, es decir, consideramos nosotros que se incentivan por sí solos; sin embargo, con el mismo porcentaje de bonificación hay otros salarios que tienen una baja retribución y que se convierten en poco atractivos para favorecer su inserción en el mercado laboral. Esta sería la primera de las razones que a nosotros nos ha animado a mantener nuestras enmiendas en la nueva redacción del artículo 3, es decir, repito, favorezcamos a los más, que son los que tienen menos, porque todavía son los menos los que disponen de más.
La segunda razón es, como apuntaba antes, la creación de empleo estable.
Nosotros pensamos que el empleo tiene que ser estable de verdad. ¿Ustedes se imaginan que nosotros, aprobando las medidas tal y como vienen en el texto del proyecto de ley, a lo que estaríamos contribuyendo sería a la creación de una nueva forma de despido barato y fácil? Nosotros consideramos que puede ser así, porque si el empresario no tiene la obligación de mantener la relación laboral durante dos años más, además de los dos en los que está recibiendo la bonificación, significa que la suspensión del contrato a los 24 meses le puede salir bastante más económica que si

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hubiera hecho un contrato temporal. Por ello, y como yo estoy segura de que eso no era lo que pretendían sindicatos y empresarios en sus acuerdos --por supuesto el Gobierno no creo que fuera lo que pretendiera con el Real Decreto-Ley que ha originado el proyecto de ley que estamos ahora mismo debatiendo-- nosotros invitamos a sus señorías a que nos acompañen a corregir. Aumentemos dos años más la obligatoriedad del contrato, estabilicemos dos años más ese empleo, y si no es así y el despido se declara improcedente, obliguemos al empresario a que devuelva aquellas cantidades indebidamente bonificadas.
Tercera razón. Incremento neto de plantilla. Nosotros pretendemos que estas contrataciones bonificadas supongan un aumento del número de trabajadores fijos que tenía la empresa en el momento en el que se hace la contratación, porque creemos --y esa es nuestra cautela-- que tenemos que evitar que estas ayudas degeneren en peligrosos procesos de sustitución y/o rejuvenecimiento de plantillas, que puede ser, señorías, que sea beneficioso para el empresario pero desde luego de lo que estamos seguros es de que coloca a colectivos, sobre todo de determinada edad, en una situación muy difícil, además de suponer un sobrecoste para la Seguridad Social y para el sistema público de pensiones que nosotros, en el Grupo Socialista, estamos empeñados en mantener.
Estas serían las razones formales que nos han llevado a mantener nuestras enmiendas. Me he referido exclusivamente el artículo tres porque las otras tres lo que hacen es modificar las diversas disposiciones del texto para adecuarlo a la nueva redacción.
A mí me gustaría volver ahora al inicio de mi intervención cuando yo les aludía a que no solamente son estas razones conceptuales las que a nosotros nos han llevado a mantener las enmiendas, sino que también hay unos hechos que nosotros no los inventamos, sino que son datos que están ahí y que pensamos que nos están dando la razón. Vamos a empezar por los datos de la última EPA, la del tercer trimestre.
Estos datos reflejan un freno en el ritmo de creación de empleo; nos dicen que hay 154.000 ocupados más frente a 182.510 en el mismo período de 1996; es decir, si vemos los últimos doce meses, el incremento ha sido de 2,69 por más del 3 por ciento que se dio en el mismo período del año anterior. Si nos referimos a la temporalidad, se mantiene prácticamente igual que en 1996, 33,7 por 34 por ciento. El descenso es tan leve que habría que considerarlo casi inapreciable.
Y no nos digan ahora --espero que no-- que es pronto para evaluar los resultados de la reforma porque no es eso lo que han estado diciendo hasta hace pocos días, y la última prueba la tenemos en la Comisión celebrada el pasado 26 de noviembre, donde de modo unánime, excepto el Grupo Parlamentario Popular, claro está, se consideró que fue más una intervención auto laudatoria del Secretario General de Empleo que una comparecencia.
Señorías, las cifras, por mucho que se disfrace de palabras y de frases altisonantes, son lo suficientemente tozudas para indicarnos que hay que establecer medidas correctoras. Espero que no se conformen ustedes, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, con que el 53,3 por ciento de los contratos que se han presentado en el INEM hasta el mes de septiembre tengan una duración inferior a los seis meses, prácticamente igual que lo que pasó en 1996, es decir, antes de la reforma del mes de mayo.
Nos tenemos que hacer, en ese caso, alguna que otra pregunta más, ¿dónde están esos 100.000 empleos más de los previstos en el Plan plurianual? Si seguimos así, desde luego el año 1997 no va a ser el gran año triunfal del empleo y, por los datos que se tienen, ya se ha aventurado antes que los años 1998 y 1999 iban a ser algo peor.
No me quiero bajar de aquí sin hacer referencia a la Cumbre de Luxemburgo. No voy a entrar muy de lleno en ella por sentido de la responsabilidad, y porque desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que queremos es contribuir a algo que se dice es objetivo común de esta Cámara, que es la creación de empleo estable, y que las medidas que se arbitren desde los poderes públicos se encaminen a este fin.
Me gustaría, y estoy segura de que al resto de los grupos también, poder aplaudir las cifras que ustedes machaconamente nos dieron el otro día y nos siguen dando en el día de hoy, pero he de decir que nos lo ponen, al menos al Grupo Parlamentario Socialista, muy difícil, porque, por referirme a algunos datos concretos, el Presidente del Gobierno, señor Aznar, ha considerado un gran éxito la Cumbre de Luxemburgo y tengo que decirle que, quizá por primera vez y a lo mejor la única, estamos de acuerdo con él.
La Cumbre de Luxemburgo ha sido un éxito a pesar de él, que ha estado los dos días que ha durado la Cumbre con el paso cambiado, hasta que lo han dejado por imposible y ha acabado por acoger a España a la cláusula de exclusión voluntaria, aunque, tanto el otro día en la Comisión como hoy, ustedes nos dicen que eso no es así, que se apoyan las resoluciones, que se está de acuerdo con los objetivos, pero ¡ojo!, sin marcar plazo, es decir, sin compromiso.
Si todo lo que ustedes dicen es cierto y yo no tengo por qué pensar que no sea así, me pregunto, y les traslado la pregunta a ustedes, señores del Partido Popular, ¿por qué no hemos apoyado claramente y sin reticencias los acuerdos de Luxemburgo? ¿Estamos de acuerdo en que hay que coordinar la política europea en materia de empleo? ¿Creemos que hay que fijar objetivos concretos que se deben cumplir? Si es así, y mi Grupo lo cree, ustedes dicen también que sí, el Partido Popular y el Gobierno lo dicen, no alcanzo a comprender qué es lo que pasó en Luxemburgo, como no sea que el señor Aznar tuvo un mal día o dos días malos y el resto del equipo se contagió y no sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo allí.
Ahora nos encontramos la segunda parte del espectáculo, que es el no pero sí que yo les comentaba antes y que no sabemos en qué va a terminar.
A pesar de todo, creo que no es tarde todavía, algunas cosas se pueden hacer, empezando por apoyar las enmiendas que nosotros presentamos, que van justamente

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en la línea del apoyo al empleo estable y para favorecer la contratación de aquellos colectivos que tienen especiales dificultades.
Ustedes han dado una prueba más que ha pasado casi desapercibida --a lo mejor la perciben en el trámite de los Presupuestos Generales--. En el programa 312 A, que es el de las prestaciones a los desempleados, señalan textualmente: A los efectos de la reforma laboral introducida y plasmada en el Real-Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como una de las causas de creación de empleo. Pues bien, estimo que es un avance, algo de la herencia no ha sido malo, algo hemos hecho bien. Podemos seguir avanzando por esa línea. El objetivo de la creación de empleo debe ser un objetivo único, debería unirnos, y no ser una cuestión partidaria.
Nosotros creemos que ésta sí es una cuestión de interés general.
No quisiera terminar sin referirme, telegráficamente, a la fiscalidad de las empresas. Nosotros no creemos que el procedimiento que se está empleando sea el idóneo: unas medidas se introducen en este proyecto de ley, otras en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, otras en un proyecto de ley especial, otras en otro sitio, etcétera.
Es un tema de la suficiente entidad como para que sea un proyecto global que trate íntegramente la fiscalidad de las empresas.
Para terminar, reitero la petición, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a nuestras enmiendas y, repito, el camino es muy largo. Con estas medidas no basta, y ustedes lo saben. Podemos trabajar todos juntos colaborando o ustedes solos si se niegan a ello y si no aceptan la más mínima crítica o la menor rectificación. Entre las poquísimas ventajas que tiene estar en la oposición, si es que tiene alguna, es poder decir aquí hoy que la pelota la tienen ustedes en su tejado; por una vez no la tenemos nosotros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Flores Fernández.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.


El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía antes en mi anterior intervención que lo que no podíamos hacer era entrar en el tira y afloja de aprovechar los turnos para decir lo que queremos decir, lo que nos conviene políticamente, y obviar precisamente el contenido del proyecto.
Aquí estamos hablando de incentivos a las cuotas de la Seguridad Social e incentivos fiscales a las Pymes, de eso estamos hablando. Usted ha mencionado una serie de cuestiones, como lo de Luxemburgo --yo también estuve en la Comisión, señoría-- y ya le quedó suficientemente claro, pero si no lo tiene, también le puedo remitir los 76 puntos que han firmado todos los países componentes de la Unión Europea.
Ya he señalado antes y usted los conoce --si lo desea se lo remito por escrito-- cuáles han sido los movimientos del empleo a través de los organismos oficiales registrados legalmente en España: el INEM, que es quien registra a los parados y los contratos de nuevo empleo. Ahí están.
¿Para qué le voy a volver a repetir cifras si usted me está diciendo de mano que es como si no lo hiciera? No se las voy a decir. Es más, con respecto a los incentivos fiscales y cuotas de la Seguridad Social, debe entender que en el propio proyecto de ley --y no hace falta esmerarse mucho para comprobarlo-- que hoy nos sirve de base como experiencia desde el mes de marzo de lo que ha sido el propio Real Decreto 9/1997 --ya no podemos decir que vamos a experimentar con champán, ya sabemos cuál ha sido el movimiento de estos meses-- tiene salvaguarda suficiente como para tranquilizarle a usted de esa desconfianza de lo que pueda suceder; desconfianza que no quiero poner como prioridad en el debate de este proyecto en tanto en cuanto no tengo por qué desconfiar de los empresarios que se vayan a ver beneficiados por los incentivos que el nuevo proyecto contempla ni tampoco por los trabajadores que puedan abusar en el mismo sentido que se puede decir que abusan los empresarios.
Ni unos ni otros. Tengo la obligación de confiar. El Gobierno tiene la obligación de confiar y el Grupo Parlamentario Popular confía plenamente en la salvaguarda del propio Proyecto de Ley para regular lo que usted ponía de manifiesto: la propia picaresca, aquello de tener a un trabajador 24 meses y al 25 despedirlo.
Yo conozco muy bien el mundo del empleo porque estoy en él.
He tenido muchos trabajos en esta vida, muchísimos, y algunos no han sido muy cualificados. Por eso, le voy a decir una cosa. La empresa que tiene un trabajador que rinde nunca lo despide. Y mucho menos cuando estamos hablando de pequeñas empresas, la mayor parte de ellas personales, con cuatro, cinco o seis trabajadores, donde el trato directo entre el empresario y el trabajador es cotidiano en cada hora y en cada momento.
Es lo que ustedes tratan de suprimir en su enmienda número 2 que yo también tomo como base para realizar el turno en contra.
Tenga en cuenta que quienes van a recibir los incentivos fiscales son, precisamente, esas pequeñas empresas, esos empresarios que están acogidos a signos, módulos o índices y eso está perfectamente controlado. Si alguien puede dudar de que pueda haber una modificación en los signos, índices o módulos --que la puede haber puesto que se está hablando de reformas del IRPF--, piense usted que estamos a la expectativa para que esos incentivos sigan yendo a esas mismas empresas aunque las obligaciones de control fiscal vayan por otra parte.
Señoría, yo le dije a usted en Comisión lo que le voy a decir aquí ahora.
Somos partidarios de que cada mes la Seguridad Social descuente en la liquidación del TC1 y del TC2 la parte que el propio Proyecto contempla como incentivos. Usted me hablaba de los salarios de renta baja. Si la renta es baja primero tendremos que analizar por qué. ¿Es una empresa que no rinde? ¿Es una empresa que no tiene más posibilidades que tener salarios de renta baja?

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¿Es una empresa que no tiene ningún representante sindical, que no tiene interlocutores sociales para que se cumpla la normativa de los convenios colectivos? Usted sabe que prácticamente todos los sectores de producción están sometidos a convenios colectivos. Son convenios que negocian los interlocutores sociales, los empresarios y los sindicatos. Por lo tanto, yo no veo por qué, como dicen ustedes, al que tenga menos sueldo, al que tenga menos renta de trabajo vamos a incentivar más a la empresa. No podemos medir con distinto rasero. Hay una normativa que es para todos.
Además de lo que ya le había manifestado en Comisión, tengo que decirle que no vamos a variar nuestra posición. Seguimos siendo partidarios de las bonificaciones y no lo somos de las subvenciones. Hace un tiempo, cinco o seis años, que en Asturias, donde yo resido, se utilizaron mucho las subvenciones por el Instituto de Fomento Regional. ¿Y sabe usted lo que pasaba? Que cuando se daba una subvención para abrir una pequeña empresa terminaba desapareciendo, la empresa y la subvención. Eso es así y negarlo es negar la evidencia.
Por lo tanto, vamos a ir a esa bonificación. ¿Controlada? Sí ¿Vigilante por parte de los interlocutores sociales, vigilada por parte de las autoridades de trabajo? Sí, pero nada más, señoría.
En este sentido no podemos cambiar y, por consiguiente, nosotros vamos a desestimar la enmienda número 2 que presenta su Grupo y, en consecuencia y coherencia --como decía--, las otras que las acompañan.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve. Señoría, estamos hablando de incentivos y de leyes. Yo espero que no se me diga que se van a remitir más cosas, porque no es necesario, es de sobra conocido. Yo deseo que a su señoría no le produzca especial preocupación.
Hoy hemos tenido conocimiento de una reflexión que hace Amalia Gómez.
Amalia culpa a la Administración del paro entre los discapacitados. Quien conoce a Amalia --y yo tengo un especial cariño y simpatía hacía ella-- sabemos que estamos ante una reflexión: ella hace un análisis de que incluso con una ley con determinada regulación hay aspectos que no se cumplen.
Por tanto, señoría, llegado ese momento ¿qué ocurre cuándo las propias leyes que deberían resolver un problema, y en este caso la alta tasa de desempleo entre sectores desfavorecidos o sectores con minusvalías, no lo resuelven? ¿Qué reflexión hacen sus señorías? ¿También lo pasamos al conjunto de la sociedad y decimos que son aquí determinados sectores o interlocutores los que no quieren resolver determinados problemas y tienen el marco legal establecido para hacerlo? Por consiguiente, yo agradezco que su señoría no haya entrado en esas descalificaciones de decir que confrontamos con y valoro el esfuerzo que ha hecho su señoría por reconocer que tenemos planteamientos políticos e ideológicos distintos, diferentes. Desde ese planteamiento ideológico es desde el que hemos hecho nuestras enmiendas, que no vieron, porque no entraron en el Registro, la posibilidad de ser debatidas. Son planteamientos alternativos que van hacia ese gran problema, primer problema de España, que es el paro, y a intentar resolverlo. No hemos entrado en lo que dicen las enmiendas, tiempo y oportunidad tendremos, porque, como dije al final de mi primera intervención, cuando se analizan los problemas con la perspectiva del tiempo, llegamos a otro tipo de conclusiones.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román Clemente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de la palabra y tampoco el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra la Senadora Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora FLORES FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo tengo una impresión --que al ser subjetiva, como todas las impresiones, a lo mejor no es acertada--, y es que no están ustedes tan seguros como lo estaban hace unos días. Les veo cierta inseguridad, ciertas dudas, y es que ha ocurrido algo en el intermedio. (Un señor Senador hace signos negativos.) Sí, no diga usted que no. Ha ocurrido algo y esto ha sido en Luxemburgo. Y eso les ha colocado a ustedes en una situación --y yo lo entiendo porque hemos gobernado-- un pelín más complicada. Por eso yo le decía antes que la única ventaja que tenemos es que ahora les decimos: gobiernen ustedes, háganlo ustedes, porque nosotros opositaremos.
Con total cariño le quiero corregir un error. Las resoluciones de la Cumbre de Luxemburgo no constan de 76 puntos, sino de 79, divididos en cuatro apartados. No nos da igual, porque da la casualidad de que lo último --fíjese usted por dónde muchas veces nos traiciona el subconsciente-- se refiere a política de mujeres. Ahí está el pequeño lapsus que ha tenido su señoría. Y mezcla los organismos que dan la cifra de movimiento de empleo. Y es lógico. Ustedes utilizan en cada ocasión aquello que les viene mejor. Unas veces nos sueltan la EPA. Hoy parece que no. Debe ser que los datos del INEM son ligeramente mejores. Yo lo entiendo y me parece bien que usted lo use, pero déjeme a mí que yo utilice los que van peor, porque para laudos y para loas ya están ustedes.
Hay algo a lo que yo sí tengo que contestar, ya que usted ha dicho una cosa que me parece especialmente grave. Usted ha dicho algo así --y perdone si no ha sido así exactamente, pero ha sido lo que yo he creído entender--: que los buenos trabajadores se quedan en las empresas y

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son despedidos los malos. Yo no me voy a arrogar aquí la representación de la clase trabajadora, pero me parece que esa aseveración, si ha sido así, ha tenido que ser un lapsus por su parte o un lapsus de comprensión por la mía, porque ya me dirá usted qué hacen los jueces de lo Social dictaminando despidos improcedentes contra esos trabajadores malos que los buenos empresarios despiden.
Usted me dice también que no va a variar su posición. Bueno, nosotros tampoco vamos a variar la nuestra. Y lo que no entendemos es por qué, si ustedes están dispuestos a que se controle el fraude, no están dispuestos a arbitrar aquellas medidas que lo pueden controlar. El Gobierno va a dar un dinero a los empresarios vía bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social. Controlemos que ese dinero sirve para el fin que esta ley parece pretender. Nosotros seguimos diciendo que tal y como está el texto, desde luego, se presta a la picaresca; y yo no digo que todos los empresarios vayan a caer en ella, por supuesto que no, pero se presta a ello.
Por último, confunde, como sus compañeros en el Congreso, subvención con bonificación. Nosotros varíamos la forma de bonificar porque es la única manera de no dar café para todos, porque hay gente a la que no le gusta el café o no le sienta bien, y para procurar que unos tomen café, otros leche y otros tomen tila, arbitramos el sistema de cantidades a tanto alzado.
Señoría, no confunda subvención con bonificación.
Lo último --y acabo, señor Presidente-- que a mí, personalmente, me ha preocupado es que usted dice que si ustedes apoyan las cantidades a tanto alzado que les proponemos, resulta que en caso de fraude, el empresario no va a devolver el dinero.
¿Significa eso que, en caso de fraude en el proyecto de ley que ustedes van a aprobar dentro de unos instantes no figura que el empresario vaya a devolver aquello que le ha sido bonificado indebidamente? Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
También en turno de portavoces, el Senador Fernández Menéndez tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Una cosa es lo que yo haya dicho y otra lo que usted quiera entender. Si usted dice que yo he hablado de trabajadores buenos, lo que tengo que decirle es que la persona que está rindiendo en una empresa normalmente colabora a su crecimiento y, por lo tanto, consolida su puesto de trabajo. No dé usted la vuelta a la tostada cuando le convenga y diga que los hay buenos y que los hay malos y que a los malos se les despide.
No sé si usted sabe mucho o poco de trabajadores, pero me da la impresión de que sabe muy poco de empresarios. Eso ya se lo digo yo de antemano.
Por otra parte, me está usted hablando de que yo pueda confundir subvención con bonificación y no sé qué más, y yo le digo que el que no se confunde es el proyecto de ley que está aquí escrito. Si yo he cometido aquí un error de semántica, perdone usted, pero el proyecto está muy claro, y no le va a negar nadie nada. El proyecto es motivo de un amplio consenso, y usted sabe muy bien que estando yo aquí desde el año 1989, no he tenido la oportunidad de vivirlo en esta Cámara con otras leyes de igual rango.
Por tanto, démonos todos por satisfechos, colaboremos y dejemos esa puerta abierta al diálogo y a la negociación permanente, que de todo va a salir algo bueno, pero si tenemos ahora mismo una muestra evidente, no la niegue usted, señoría.
Es una muestra evidente de que está creciendo el empleo, y el empleo de calidad. No lo vamos a negar. No empecemos ya a bombardearlo; dejémosle a ver si crece, a ver si mejora y a ver si, de alguna forma, como tiene la certeza el Partido Popular, dentro de cuatro o cinco años estamos a la altura de quienes tenemos que estar, que son nuestros socios comunitarios.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación las enmiendas y el texto del dictamen al proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 131; en contra, 76; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 2, 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 78; en contra, 128; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente los artículos 1 a 7, disposiciones transitorias primera y segunda, disposiciones adicionales primera a tercera, disposición derogatoria, disposiciones finales primera a cuarta y exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 128; en contra, tres: abstenciones, 78.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado el texto del dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE (S. 621/000054) (C. D. 121/000035).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, vamos a someter a debate el último punto del orden del día que es el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Para su presentación ha sido designado el Senador Beguer.
Señorías, les pido, por favor, silencio. Les recuerdo que todavía nos queda un largo trecho de debate y, en este sentido, el tiempo es importante. En la medida en que ustedes coadyuven, iremos avanzando más deprisa. Algunos Senadores todavía no nos ayudan lo suficiente. Muchas gracias.
Puede usted empezar, señoría.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su reunión del día 17 de noviembre, tengo el honor de presentar ante el Pleno el dictamen relativo al proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente a dicho proyecto de ley tuvo entrada en el Senado el día 4 de octubre del presente año. La Presidencia de la Cámara ordenó su remisión a la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones. El plazo para la presentación de enmiendas terminó el jueves 16 de octubre. Se presentaron a este proyecto de ley dos propuestas de veto por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de los Senadores don José Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente.
Además, se presentaron 89 enmiendas por parte de todos los grupos de la Cámara y por diversos señores Senadores.
La Comisión, en su reunión del día 20 de octubre, acordó designar una Ponencia que informara el texto del proyecto), que estuvo integrada por los siguientes Senadores: señora Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto; señora Pleguezuelos Aguilar y señora Pérez Schwartz, del Grupo Parlamentario Socialista; señores Chao Gómez y Ortiz Climent, del Grupo Parlamentario Popular; señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,y quien les habla en este momento.
La Ponencia se reunió en dos ocasiones, los días 3 y 12 de noviembre, aceptando las siguientes enmiendas en su informe: una enmienda transaccional, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, a la enmienda número 86, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de modo que se prevé expresamente que el término para la adaptación de los órganos de Gobierno de las autoridades portuarias a lo establecido en la futura ley de tres meses desde la entrada en vigor tiene carácter de plazo máximo. Una enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Popular al cuarto guión de la enmienda número 391 del Grupo Parlamentario Socialista para contemplar el supuesto especial de las autoridades portuarias de los puertos insulares, de modo que se deberá garantizar la representación de los cabildos y consejos insulares en sus consejos de administración dentro del porcentaje que corresponda a las respectivas Comunidades Autónomas. Asimismo se incluyeron algunas de las correcciones formales sugeridas en la nota elaborada por el Letrado de la Comisión.
La Comisión dictaminó el día 17 de noviembre y rechazó las propuestas de veto y las enmiendas, por lo que se aprobó como dictamen el texto propuesto por la Ponencia, aunque con la incorporación de una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Esta enmienda transaccional modifica la prohibición a las autoridades portuarias de participar en la propiedad de las instalaciones hoteleras, señalado en el último inciso del párrafo tercero de la nueva redacción que se propone para el artículo 55.2 de la Ley 27/1992.
Para el debate ante el Pleno, se han formulado seis votos particulares por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del señor Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, de los señores Román Clemente y Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario Mixto, y del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Se han presentado dos propuestas de veto, la que han formulado los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y la formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Habrá dos turnos seguidos a favor de este veto y un único turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, nuestra propuesta de veto a este proyecto de ley tiene varias motivaciones que intentaré exponer con la mayor brevedad posible.


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Quiero manifestar que nuestro veto a este proyecto se debe, en primer lugar, a que no mejora la Ley existente. Es decir, cuando ya existe una ley y ésta se modifica, lo lógico es intentar mejorar la que ya existe, lo cual no quiere decir que la ya existente no necesitara de algunos retoques, cosa que yo sí considero. A nuestro modo de ver, el proyecto que se trae hoy aquí es bastante más regresivo que la Ley existente, de ahí el motivo de nuestro veto. Me explicaré.
Hasta ahora, a través del ente público Puertos del Estado se ha permitido que los puertos pequeños puedan seguir existiendo y que hayan tenido una rentabilidad que les ha permitido incluso no tener que utilizar los fondos de los Presupuestos Generales del Estado para su mantenimiento. Es decir, se había conseguido que hubiera un cierto equilibrio entre los distintos puertos existentes, pero creemos que ahora todo esto va a cambiar. Antes había una horquilla tarifaria, establecida a través del ente público, que permitía que no existiese una competencia brutal, desleal y liberalizadora, como la que ahora se pretende, con lo cual, mucho nos tememos que esa competitividad va a perjudicar a partir de ahora a varios puertos del Estado.
También entendemos que en este proyecto de ley era necesario conseguir una mayor participación de las Comunidades Autónomas --el proyecto, efectivamente, toca esta cuestión y me voy a detener un poco en ello--, puesto que estamos en un proceso en el que cada vez las Comunidades Autónomas van teniendo y deben tener más transferencias y, por tanto, más participación en los intereses generales del Estado y, en este caso, deben tener su propia participación en el ente público Puertos del Estado.
Pero aun diciendo que esto es una necesidad --que lo es--, hay algo que el proyecto no deja suficientemente claro, a nuestro juicio, y es que, siendo necesaria esa parte de federalidad en todas las cuestiones del Estado --también en este caso en que se trata de un tema de interés general como es el tema portuario-- creemos que se entra en un camino peligroso, en nuestra opinión, ya que podríamos decir que cada vez que tratamos estos temas sin hacer un debate a fondo sobre el modelo de Estado --me van a permitir que me vuelva a referir a él-- de alguna manera estamos tirando a jirones de cada uno de los temas para intentar tener competencias en las distintas materias, pero sin definir claramente las materias que son competencia de las Comunidades Autónomas, cuando lo cierto es que en un modelo de Estado federal tendríamos que abordar qué competencias son las que necesita el Estado central a través del ente público Puertos del Estado.
Creemos que todo eso queda enormemente descafeinado y que se abre una horquilla de competencias, sin que quede claro el tema portuario que, siendo de interés para las Comunidades Autónomas, sobre todo es un problema básico de interés general, ya que estamos hablando del transporte de mercancías, de viajeros, etcétera. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por otra parte, es cierto que se avanza en lo que se refiere a la participación de las Comunidades Autónomas. En este sentido, espero que cuando se hable de participación se trate de la de todas las Comunidades Autónomas en un plano de igualdad, y no sólo de aquellas que tienen puertos, porque vuelvo a insistir en que éste es un tema básico de interés general para la economía global del país. Por consiguiente, tanto las Comunidades Autónomas que tienen puerto, como las que no lo tienen, deberán tener su participación en un plano de igualdad en el ente público Puertos del Estado.
Asimismo, pensamos que hay tres o cuatro temas que pueden ser peligrosos.
Por ejemplo, al suprimirse que el ente regulador del Estado establezca la horquilla de tarifas máximas y mínimas, se llega a la plena libertad tarifaria, con lo que podemos llegar a provocar cierres de puertos, o expedientes de crisis, precisamente cuando estamos hablando de creación de empleo. Así, en aras de la competitividad, esa medida beneficiaría a los cuatro o cinco puertos competitivos, en detrimento del resto. Por tanto, si esto no se corrige, a medio plazo puede llevar a la desregulación de los puestos de trabajo y a una competencia innecesaria, al dejarse esta cuestión, como digo, en función sólo de la capacidad del mercado.
Otra tema que no entendemos, y que tiene relación con lo que se ha discutido aquí esta tarde, es la desregulación de la negociación colectiva. En estos momentos existe un mínimo articulado general, que posteriormente se concreta o se mejora en el marco de cada puerto. Pero la introducción de la filosofía de la competitividad y de la gestión por parte de cada puerto también va a afectar a la desregulación del mercado de trabajo para los trabajadores portuarios.
Asimismo, en aras de la competitividad, a medio plazo puede existir la tentación de reconvertir los puertos que no vayan a ser rentables, lo que puede llevar a operaciones especulativas para convertir terrenos portuarios en zonas turísticas, construir hoteles, etcétera. En definitiva, se produciría un cambio de todo el tejido social de muchos de estos puertos y se introducirían elementos desreguladores y especulativos.
En lo que respecta al medio ambiente, si las competencias se desregulan para cada puerto y no existe, como ocurre ahora, un ente público al que se le atribuyen, también puede existir el peligro de que se produzca una mayor degradación del medio ambiente a través de vertidos, cargas y descargas, limpiezas, dragas, etcétera. Estamos hablando del mar, y en el medio ambiente hay una serie de cuestiones que no pueden ser competencia de cada puerto, puesto que lo que ocurre en uno de ellos afecta al mar en su conjunto.
En definitiva, creemos que esta ley no mejora --repito-- nada de la Ley anterior. Lo único que podría entenderse como mejora --y se podría hacer-- es la participación de las Comunidades Autónomas, pero no de la forma en que se especifica en la ley, y queda muy al albur, no queda claro su desarrollo, es decir, la introducción de la filosofía de la privatización, del capital privado, etcétera. Sabemos cómo se empieza lo de romper los monopolios, pero a veces, se rompen aparentemente para crear otros.


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En lugar de en el monopolio de la intervención pública, se deja en manos de futuras privatizaciones, etcétera, que, a la corta y a la larga, no mejoran la situación de lo que debe de ser una política portuaria integrada, competitiva, que pueda competir con los puertos europeos.
Si se aprueba ley tal y como está planteada, será más insolidaria, desreguladora y estará más al libre albedrío y, por tanto, no va a mejorar nada, aunque la exposición de motivos dice que se trata de ser competitivos, de que las mercancías puedan llegar a todas partes con más facilidad y más baratas. Creemos que, a la larga, tampoco se va a conseguir ese objetivo, puesto que no creemos en esas bondades de las privatizaciones que van a favorecer al conjunto de la economía española.
Por todo ello, mantenemos el veto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Pasamos al voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Corresponde a la propuesta de veto número 1.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de modificación de la Ley de Puertos del Estado que hoy estamos debatiendo obedece, sin duda, y es de todos conocido, a los pactos de investidura. Por tanto, estamos debatiendo en orden a compromisos políticos del Gobierno Popular para cambiar el actual modelo portuario.
Es importante recordar esto, señorías, porque el Gobierno ha antepuesto esos compromisos pactados al objetivo fundamental de mantener un modelo coherente, eficaz y competitivo de sistema portuario.
La legislación española se ha caracterizado por su estabilidad, pero también por su eficacia a partir de la Ley de 1992, y cuando alguien pretende modificarla lo primero que se nos ocurre es, sin duda, pensar que quizás el marco normativo no es el adecuado para el mejor desarrollo de ese sistema portuario del que nos hemos dotado. Pero ese argumento es falso y basta comprobarlo con la realidad de las cifras de nuestros puertos en estos años.
Señorías, el tráfico portuario ha crecido desde noviembre de 1992, año en que se aprobó la Ley hoy vigente, en más de 50.000 millones de toneladas, lo que supone, sin duda, la consiguiente correlación en los ingresos de facturación, la disminución efectiva de las tarifas y, por supuesto, una política creciente de inversiones, las cuales, además, se han mantenido por encima de los 40.000 millones de pesetas por año y para todo tipo de nuevas infraestructuras.
Por tanto, si algo ha acreditado a la Ley actual de Puertos es que ha permitido conformar un sistema portuario operativo, eficaz, competitivo y participado. En consecuencia, si el origen de esta modificación no es la eficacia o no de la Ley del año 1992, cabría plantearse una segunda pregunta: ¿Acaso corresponde esta modificación al modelo del programa del Partido Popular? Tampoco. Si leyésemos textualmente el programa del Partido Popular, veríamos que en su página 47 se decía que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, se determinarán los puertos que actualmente, siendo de interés general, pueden ser transferidos. Esto no se recoge en ningún caso en el proyecto que hoy se trae a la Cámara.
Por tanto, no se aborda una ley orgánica que transfiera competencias a las Comunidades Autónomas, ni la ley se modifica por ineficacia ni por el modelo de programa del Grupo que apoya al Gobierno. ¿Qué es lo que ha motivado esta modificación? Nada más que dar satisfacción a los socios parlamentarios que, legítimamente, tienen otro modelo, otra concepción, como ya pudimos ver en el debate de la Ley de 1992.
Pero entremos a analizar el proyecto que hoy nos ocupa. Podríamos decir que la reforma tiene dos grandes núcleos: Uno, el relativo a la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos, y otro, el que afecta a la financiación, a la autofinanciación y tarifas en el sistema portuario.
Respecto al primero, a la participación de las Comunidades Autónomas, lo que ocurre es, señorías, que se juega con la palabra autonomías, porque lo que se busca, según el proyecto de ley, y así se dice, es autónoma de gestión, pero lo que parece pretenderse conseguir es una gestión autonómica, como dicen los socios parlamentarios del Partido Popular.
Nosotros estamos de acuerdo en un modelo participado con las Comunidades Autónomas, con las Entidades Locales y con todos los agentes implicados en la actividad portuaria, porque, sin duda, creemos en un modelo participado.
Pero ese modelo, además, tiene que ser equilibrado y coherente, ha de permitirnos a todos, a los que están presentes en ese modelo, dirimir los conflictos y las diferencias que surjan en los órganos comunes de participación y coordinar el modelo de forma clara y nítido. Es decir, un modelo que deje claras las competencias y titularidades de cada uno, que respete los principios constitucionales, que no despoje, como hace este proyecto de ley, a la Administración General del Estado de competencias que en exclusiva le atribuye la Constitución y le impida ejercer funciones de coordinación y tutela que el propio proyecto reconoce.
Señorías, con este proyecto de ley el titular del bien, la Administración General del Estado, en la realidad está ausente de la gestión. Con este proyecto de ley no se guardan las formas, porque el punto 2 del Pacto de Gobernabilidad decía que se transferirá la gestión de los puertos de interés general a la correspondiente Comunidad Autónoma, y ustedes, el Grupo Popular, ante las dificultades que tenían de abordarlo por la vía del artículo 150.2 --lo afirmó el propio Ministro Arias Salgado en el Congreso-- lo que han hecho es inaugurar una nueva fórmula legislativa que consiste en transferir, a través del nombramiento o designación de los órganos de gestión y de gobierno de los puertos por parte de dichas Comunidades

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Autónoma, y si esa es, al final, la forma de transferir, se está rompiendo el vínculo con la Administración competente, es decir, con la Administración General del Estado.
Se rompe esa cadena y mediante ese mecanismo de nombramiento o de cese, lo que se logra es transferir competencias exclusivas del Estado, algunas transferibles y otras que ni siquiera lo son. Por este procedimiento, además, se ahorran algo engorroso, porque pudiera ocurrir que en el Congreso no dispusieran de los votos necesarios y lo abordan por el procedimiento de ley orgánica.
Por tanto, se trata, sin duda, de una gravísima dejación de responsabilidades políticas del Gobierno Popular, y este proyecto genera dudas y confusiones. Se podría haber planteado que la gestión la realizasen las Comunidades Autónomas pero, al mismo tiempo, habría que haber reforzado las funciones de control y de coordinación de la Administración que sigue siendo competente, que es el ente público Puertos del Estado, y lo que ustedes hacen es en sí mismo contradictorio.
Por una parte, vacían de conteniendo a este Ente en una serie de actuaciones y aspectos concretos y, por otra, con ese batiburrillo que supone este proyecto, lo que eran objetivos del Ente en la ley actualmente vigente, la Ley de 1992, lo convierten en competencias.
Señorías, para el Grupo Socialista es especialmente grave la ruptura del carácter unitario del sistema portuario que supone este proyecto de ley.
España tiene casi 8.000 kilómetros de costas, y las infraestructuras portuarias son muy dispersas. Tenemos muchos puertos pequeños y medianos --más puertos pequeños incluso--, algunos grandes, es decir, tenemos un sistema portuario que requiere una visión integral y solidaria, y romper ese carácter unitario es infringir un grave daño al sistema portuario, porque entendemos que las funciones de coordinación, de reordenación y de racionalización han de hacerse siempre desde un punto de vista global, y esta ley rompe ese punto de vista global e integral.
Hay otro núcleo en la Ley que se refiere a la liberalización de las tarifas. Aquí también la reforma es especialmente grave e insolidaria.
Todos sabemos que liberalizar un servicio público como el portuario, en el que el porcentaje de tráficos cautivos es importante, si no se aborda bien, seguro que va a dar lugar a prácticas abusivas en cuanto a tráficos cautivos o, incluso, la posibilidad de que los puertos que parten en posición de ventaja disminuyan las tarifas por debajo del coste de la prestación del servicio y hagan así competencia desleal captando tráficos a otros puertos españoles y, por tanto, poniendo a éstos en una situación difícil. Pero no es este el único punto que aborda la reforma con este proyecto de ley.
Respecto al fondo de contribución, se crea un nuevo órgano, el comité de distribución, en línea con ese otro comité consultivo que, por cierto, no sabemos si será el mismo o no, porque el nivel de burocratización y de confusión, como pueden ver sus señorías, es considerable en este proyecto de ley. Se trata de un comité, el de distribución, que va a estar integrado por todas las autoridades portuarias, lo que a nadie le debe caber la duda va a suponer que haya una distribución por cuotas, y nunca podremos concentrar los recursos financieros necesarios para abordar un proyecto realmente de interés general para todos. Por tanto, tampoco en esta materia se perfecciona la Ley.
Señorías, sin duda esta es una modificación que corresponde a una coyuntura política y, desde luego, en ningún caso a una mejora de los contenidos de la Ley, como decía el Senador Nieto. Señorías, si ustedes querían perfeccionar la Ley, deberían habernos traído un proyecto que incluyera la participación equilibrada de todas las administraciones y de los agentes que operan en el sistema portuario. En ese momento no tengan la menor duda de que este Grupo Parlamentario hubiera estado del lado de la Administración General que parecen ustedes haber olvidado. Y deberían haber aprovechado este proyecto de ley para incorporar también algunas recomendaciones importantes del Tribunal de Defensa de la Competencia en materia de liberalización del tráfico portuario, de liberalización del practicaje, del amarre o del remolque, que tampoco han hecho. Y si, por el contrario, lo que quería el Gobierno Popular era hacer otra cosa, si lo que quería era transferir competencias a las Comunidades Autónomas --legítimo, por tanto--, lo que tenían que haber hecho es presentar una ley orgánica, pero en ningún caso, señorías, deberían haber traído este proyecto de ley, porque --insisto-- este proyecto de ley es hacer dejación del papel de la Administración General del Estado como garante del interés general de todas las Comunidades Autónomas, de las que tienen puerto y de las que no lo tienen; garante de todos los ciudadanos y ciudadanas, de los que viven en ciudades y municipios con puerto y sin puerto.
En definitiva, señorías, debieran haber respondido a lo que es una mejora de una Ley, lo que significa, sin duda, legítimamente para una fuerza política que gobierna plasmar su proyecto político en una ley, pero la coyuntura de pacto, la coyuntura de acuerdo les a llevado a que hoy, cuando esta Ley se apruebe y finalmente se ponga en marcha, tengamos un caos en el sistema portuario y, desde luego, una Administración General del Estado que, siendo la titular del bien, estará ausente de lo que es la gestión de su propio bien. Un propietario, señorías, que no manda y al que le ordenan y mandan.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
El señor Ortiz tiene la palabra para turno en contra.


El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me cabe el honor de intervenir en el debate de esta importante Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que ha sido objeto del estilo habitual del Gobierno y del Grupo Parlamentario que lo sustenta; es decir, de buscar consenso, buscar diálogo y buscar aproximaciones importantes en aquellos temas que son de verdadera importancia

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nacional, con un alto sentido de responsabilidad en cuanto al Estado y al Gobierno con respecto al resto de Autonomías y territorios que componen el Estado español, ya sean peninsulares o insulares.
Es evidente que en el año 1992 era importante hacer una Ley de Puertos porque había un vacío legal considerable, pero en aquel momento no hubo el consenso que hay ahora. En aquel momento el Grupo Parlamentario Socialista en solitario aprobó la Ley que, evidentemente, Senadora Pleguezuelos, ha sido útil hasta ahora y se va a mejorar. El consenso se demuestra por el hecho de que cuando esta Ley se presentó en el Congreso hubo una aportación de 193 enmiendas, presumiblemente mejoras; al Senado han llegado 89, y hemos seguido reuniéndonos, tanto en Ponencia y en Comisión como en conversaciones privadas y formales, con los grupos y hemos seguido aproximando posiciones, sobre todo en aquellos aspectos en los que el espíritu de la ley que propone el Gobierno tenía que estar presente y tenía que ser intocable como espíritu global, pero abierto en los aspectos que suponían mejoras a las propuestas que el Gobierno en si había hecho en este proyecto de ley.
El Senador Nieto Cicuéndez, como es lógico, ha hecho uso de su derecho de defender su opción de veto, pero yo puedo decirle que en ningún artículo ni en el espíritu de la Ley existe temor alguno a que haya distinción legal entre puertos grandes y puertos pequeños. No tenemos ningún interés ni en el espíritu de la Ley ni en el articulado de que esa autogestión portuaria sea en detrimento de los puertos pequeños. Lo que buscamos es la optimización de los resultados, del funcionamiento y de la gestión de los puertos de una forma equilibrada.
En cuanto a la posibilidad de que el proyecto de ley fuera más incisivo, siempre cabe y es bueno --y escuchamos y atendemos las sugerencias-- buscar proyectos de ley cada vez más incisivos. Yo interpreto la palabra incisivo como más adaptados a la realidad, y eso es lo que buscamos y buscaremos permanentemente desde el Grupo Parlamentario Popular, adaptarnos lo más posible a la situación real de nuestro país, ya sea en los puertos o en cualquier otra materia.
El Senador Nieto Cicuéndez parecía que no consideraba suficiente la participación de las Comunidades Autónomas, que se contemplaba en la Ley.
A nuestro modo de entender, el proyecto contiene suficientes pruebas a través del articulado y en todas sus disposiciones que demuestran que sí se pretende una mayor autonomía de gestión de los puertos de interés general del Estado y que, en consecuencia, funcionen de una forma más racional, más eficaz para ayudar al progreso, a la modernización y a ese incremento que se ha mencionado con antelación del tráfico portuario, para evitar la rémora de determinados tráficos portuarios, con todo lo que eso entraña. Porque estamos hablando de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y lo que ello conlleva, y nos preocupa mucho los colectivos a los que afecta, ya que no solamente son las transacciones comerciales --que son importántisimas como punto de desarrollo económico, de progreso y de desarrollo social--, es que hay muchos colectivos implicados, sean navieros, sean armadores, sean sindicatos, sean cargadores, sean transitarios, como instalaciones hoteleras, pequeños quioscos, trabajadores que tienen una mentalidad diferente sobre el trabajo portuario.
Evidentemente, hay medidas en la Ley que son más útiles o más aprovechables para un determinado colectivo pero, a su vez, también son útiles para otros, sin llegar a ser perjudiciales.
Ese ha sido el espíritu de este proyecto de Ley presentado por el Gobierno y que nuestro Grupo Parlamentario defiende y apoya.
Por supuesto, señor Nieto Cicuéndez, que nos preocupa el medio ambiente.
¡Cuántas cosas hay que hacer todavía en el medio ambiente portuario! Evidentemente, muchas, en unos casos defensa del medio ambiente y en otros casos mejora del entorno urbano, vía puertos en muchos casos, como está sucediendo. En estos momentos hay iniciativas de Comunidades Autónomas y de ayuntamientos que están haciendo que el medio ambiente no sea la no contaminación, sino la optimización, de cara al usuario, a los ciudadanos, para que ese entorno portuario sea cada vez más agradable y más satisfactorio para los que disfrutan o disfrutamos de esos puertos --yo me incluyo, por ser mediterráneo, concretamente de Valencia--. Por supuesto que nos preocupa, y no veo nada en la Ley que excluya la defensa de medio ambiente. Por lo tanto, puede estar tranquilo el colega Nieto Cicuéndez al respecto de la defensa del medio ambiente.
Evidentemente, pretendemos mejorarla y hay que mejorar las leyes. Estoy convencido que se consigue mejorar la Ley anterior, que cumplió su papel, pero en estos momentos, dada la evolución de la política y del desarrollo en nuestro país, si vamos a avanzar --y todos estamos convencidos de que vamos a avanzar más-- en el proceso de desarrollo de las autonomías, es evidente que hemos de ir haciendo una serie de concesiones en cuanto a autoorganización y autogestión de las Comunidades Autónomas para que ese proceso autonómico se vaya desarrollando de una forma apropiada.
Con respecto a la Senadora Pleguezuelos, es cierto que la política --lo sabe tan bien como yo-- está formada por consensos, por discrepancias, vuelta al consenso y vuelta a la discrepancia, pero con un objetivo claro: el de mejorar permanentemente, con la mayor participación posible, y lo que es inevitable es que ante una iniciativa concreta de un gobierno determinado --en este caso del Partido Popular--, el Gobierno asuma que la ley se está mejorando y quiere la coparticipación del mayor número posible de políticos y grupos parlamentarios, tanto de esta Cámara como del Congreso de los Diputados. Eso es lo que estamos intentando hacer en esta Cámara y, objetivamente, lo estamos consiguiendo.
Porque, repito, si en el Congreso se presentaron 193 enmiendas con voluntarismo para mejorar el contenido de la actual Ley, es evidente que aquí, estamos debatiendo sobre un contenido de 89 enmiendas, con más diálogo en Comisión y en Ponencia.


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Por lo tanto, al margen de sus menciones al Pacto de investidura, --lo he dicho antes-- todo en política y todo en la vida son pactos, y eso no es nada malo. Lo que hay que hacer es respetarlos, mejorarlos, implicar al mayor número de personas posible en ellos por el bien común, por el bien de la colectividad. En ese aspecto no me preocupa para nada ese tipo de declaración porque, entenderá conmigo, que estamos en la misma línea en cuanto a que hay que estar siempre abiertos a los pactos, los acuerdos, los convenios, la capacidad de consenso, etcétera, muy particularmente en política.
¿Que el sistema actual le parece poco operativo, poco eficaz y poco participativo? Refiriéndose a la Ley de 1992, ha dicho que el sistema era poco operativo y que había que buscar un sistema más operativo, más eficaz y más participativo. Evidentemente. Por eso, hemos presentado este Proyecto de Ley para que sea más operativo, más eficaz, con mejor gestión y, sobre todo, más participativo, con más autogestión y autoorganización por parte de las administraciones que correspondan de los colectivos reflejados en la ley.
En ningún momento se habla de puertos transferidos. El Gobierno tiene muy claro que el Proyecto de Ley no supone transferencia o delegación alguna a la Comunidad Autónoma de facultades ejecutivas sobre los puertos de interés general, pues éstos siguen bajo la órbita competencial del Estado y, además, son administrados por entes de derecho público plenamente estatales.
No hay ninguna transferencia a ese respecto. En consecuencia, ese problema no existe desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular.
Veamos el matiz entre autonomía de gestión y gestión autonómica. Yo sigo manteniendo que lo que buscamos con esta ley es una gestión cada vez más autónoma de los puertos de interés general del Estado en su totalidad. En ningún artículo de la ley puede aparecer, que el titular del bien, que es el Estado, hace ninguna cesión al respecto; está presente en los organismos en los que tiene que estar y para determinadas decisiones que vienen reflejadas en la ley no solamente se recurre al Ente Puertos del Estado, sino al Ministerio de Fomento, al Consejo de Ministros o, en su caso, a las Cortes Generales.
Precisamente, lo que el Gobierno ha intentado buscar en este Proyecto de Ley que se mantenga el carácter unitario de la gestión de los puertos.
Ese es el espíritu de esta ley: que se mantenga el carácter unitario de la gestión de los puertos del Estado, pero con la autoorganización o con la autogestión de las Comunidades Autónomas y con la participación de aquellos organismos reflejados en la ley, que permiten una mayor participación de instituciones peninsulares e insulares y, a su vez, de asociaciones profesionales vinculadas a la gestión y a la utilización de los puertos del Estado.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero manifestar mi oposición a los dos vetos, que tan respetuosamente se han presentado y defendido, por considerar que su texto no puede ser incorporado a una ley de esta envergadura, a una ley de esta transcendencia, a una ley que busca el consenso y la aproximación máxima a la realidad, que busca la optimización de todos los recursos y servicios que suponen los puertos.
No podemos, en definitiva, dar nuestro sí a unos vetos que no compartimos.
Mantener la coordinación del sistema portuario estatal a través del establecimiento de normativas comunes de funcionamiento y de gestión por parte de las Comunidades Autónomas y de otras instituciones es el objetivo de la presente ley. Por lo tanto, señorías, bien vale la pena avanzar con la ley e ir mejorándola, como se ha demostrado en todos los trámites realizados en este Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz.
Se abre un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias señor Presidente.
Voy a fijar la posición de mi Grupo, que es contraria a la admisión de este veto, porque creemos que la modificación de la Ley 27/1992 es la crónica de unos acontecimientos anunciados porque esta Ley fue aprobada en tiempos en los que el PSOE tenía mayoría absoluta y fue una Ley que tuvo el rechazo de todos los grupos parlamentarios a la sazón en el Congreso de los Diputados. Yo tuve ocasión de participar en aquellos debates. Todos los grupos de la Cámara, desde el Mixto, hasta el CDS.
Izquierda Unida, Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Eskerra, todos menos el Partido Aragonés, porque no le afectaba, presentaron una enmienda a la totalidad a ese Proyecto de Ley.
Por tanto, a nosotros nos da miedo el discurso centralista que seguimos oyendo sobre la integración y el sistema unificado de los puertos.
Servicios más esenciales como la educación y la sanidad se prestan por las Comunidades Autónomas. La gestión de un puerto es muchísimo menos importante que la prestación de la sanidad o de la educación o de la justicia, y en eso hay autonomía de gestión plena por parte de las Comunidades Autónomas. Por consiguiente, yo creo que estamos sacando las cosas de quicio. Esto como primera cuestión.
Segunda cuestión. La Ley 27/1997, ¿qué es lo que realiza respecto a la situación anterior en materia portuaria, respecto de regímenes de autonomía como el de Huelva? En Andalucía el puerto de Huelva era muy querido y tuvimos ocasión de debatirlo con García Arreciado, que conocía muy bien la realidad del puerto de Huelva. ¿Qué es lo que se hacía? Le dotaba de menor autonomía. Crea un sistema unificado, integrado, unitario, globalizado, centralista. ¿Qué tenía antes? Unicamente la Alta Inspección, como la hay en educación o en sanidad. Es decir, pasamos de un régimen de mayor autonomía o otro de menor autonomía.
Segundo. ¿Qué hace la Ley 27/1997? Establecer una mínima representación de las Comunidades Autónomas

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en los organismos de gestión. Dice la Ley uno por lo menos. Anteriormente --y léanse los estatutos de Huelva, Valencia, Barcelona o Bilbao-- las Comunidades Autónomas tenían mayor autonomía. Nada dijeron los servicios jurídicos en aquellos momentos, cuando se restringía la autonomía, a través de la Ley 27/1992, de estos puertos. Por lo tanto, es un elemento distorsionante importante, que hay que tratar de corregir con esta ley.
¿Qué se puede decir de la política de personal y de inversiones? Está absolutamente globalizada y centralizada, cosa que no tenían, por ejemplo, los puertos que he indicado, que tenían una autonomía elevadísima en esa cuestión.
Por consiguiente, hay que tener claro qué regímenes se pueden producir.
Hay cuatro regímenes posibles: el anterior a la Ley; el vigente, el de la Ley 27/1992; el que se va a poner en marcha con la ley que estamos tramitando en este momento y otro posible, que es la subrogación total de las Comunidades Autónomas en la gestión. Ese es el otro régimen, y eso para algunas Comunidades Autónomas, por ejemplo, para Andalucía, no exige ninguna ley de delegación. ¿Por qué? Porque Andalucía tiene competencia política por su Estatuto y es la gestión de los puertos de interés general.
Debemos distinguir la gestión de la titularidad. ¿Por qué? La Cámara ya ha legislado en materias públicas. Por una parte, la titularidad corresponde a los poderes centrales del Estado y la gestión a otros. El agua. ¿Qué pasa con el dominio público hidráulico? ¿De quién es la titularidad? Del Estado y, por lo tanto, las funciones inherentes al dominio, el ejercicio de las funciones posesorias, el deslinde, la inembargabilidad, la imperceptibilidad, las acciones de recuperación de la posesión en el agua son del Estado. ¿La gestión de quién es? De las Comunidades Autónomas.
En el espacio radioeléctrico, en materia de modulación de frecuencias, ¿qué dice la Ley de Telecomunicaciones? El Gobierno asigna un número de frecuencias a las Comunidades Autónomas y la gestión del espacio, del dominio público radioeléctrico en la concepción de ondas con modulación de frecuencia, las FM, las gestiona las Comunidades Autónomas. Ahí lo vemos claramente: titularidad por un lado y gestión autonómica por otro.
Eso es lo que se está planteando, no hay que rasgarse las vestiduras. Y no entramos en otros servicios esenciales totalmente gestionados por las Comunidades Autónomas. Por tanto, no hay ningún miedo de ese tipo, ni ninguna inconstitucionalidad, ni ningún peligro. Se hace con otras materias que esta Cámara ha legislado, como en el dominio público hidráulico y en el dominio público radioeléctrico. Titularidad por un lado y gestión por otro.
Pero, ¿en qué avanza esta ley? Esta ley avanza, en primer lugar, en un área principal: la mayor autonomía portuaria. Y la mayor autonomía portuaria se convierte y se materializa en estas cuestiones, señor Presidente: en el ámbito territorial, donde cada puerto tendrá libertad en tres años. En la existencia de marcos autónomos laborales de cada puerto, suprimiéndose la prevalencia que hasta ahora tenemos de la política de personal establecida desde el ente centralista Puertos del Estado. Se fija por el Proyecto de Ley el criterio de participación y contribución al mantenimiento del ente general en el sistema de señales marítimas y para la cobertura de inversiones. Anteriormente no había una fijación de participación, quedaba a la determinación por parte del Ministerio de Obras Públicas. Mayor competencia, mayor autonomía para aprobar las ordenanzas internas de policía portuaria; para la aprobación de los presupuestos anuales de la autoridad portuaria; para definir necesidades de personal; para participar en sociedades mercantiles relacionadas con el tráfico portuario; para llevar a cabo políticas comerciales, en el ámbito internacional, de promoción del puerto; para mayores funciones sobre la gestión de los servicios de estiba y desestiba; facultades de administración de los puertos, previsión expresa que antes no existía; para el nombramiento de los directores técnicos; para fijar los objetivos de gestión anuales de cada puerto a través de la autoridad portuaria; para aprobar la organización de la entidad y sus modificaciones, que hasta ahora no lo podían hacer, sino que lo hacía el Ente Puertos del Estado, conocido en el ámbito marítimo como Puerto Madrid. Puerto Madrid dirigía absolutamente todo, hasta la organización, la contratación y el convenio colectivo, y el nivel laboral que le correspondía a un funcionario era gestionado por Puerto Madrid. Por tanto, hay un avance fundamental en la autonomía de gestión de los puertos.
Finalmente, se fijan las condiciones de concesión o autorizaciones de los cánones, cuando esta fijación de las concesiones la hacía, por orden ministerial, el Ministerio de Obras Públicas. Este es un cambio sustancial y el fruto de que el Grupo Parlamentario Popular ya tenía un planteamiento. Hay que conocer los antecedentes políticos, y el Grupo Parlamentario Popular planteó una iniciativa del Parlamento de Galicia en la cual los puertos de interés general de Galicia se gestionaban allí.
Pero es que el PP planteó además la legislatura pasada una proposición de ley de modificación en el Congreso que no tuvimos oportunidad de votar porque terminó la legislatura, y nuestro Grupo Parlamentario presentó también otra iniciativa.
Por lo tanto, el avance fundamental es de mayor autonomía portuaria, y otro avance importante es que, dentro de ese concepto de autonomía, participan en mayor medida las Comunidades Autónomas. Pero no porque las Comunidades Autónomas participen el puerto tiene mayor o menor autonomía.
No, eso no tiene nada que ver. Una cosa es la autonomía por el marco legal que la ley le da y otra cosa es que en el ámbito de gestión las Comunidades Autónomas ahora vayan a participar más. Antes era uno, como dice la Ley 27/1992; ahora va a haber una mayor participación de las Comunidades Autónomas, que podrán incluso designar al Presidente, y, sobre todo, el Presidente va a tener también potestades para fijar las directrices generales de gestión de los servicios portuarios. Un avance fundamental, un cambio político acorde con el Estado de las Autonomías, de gestión de los servicios públicos acorde con el sistema de un Estado con poder político

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distribuido que se ha realizado en materias políticas importantísimas y por el que no entendemos por qué en este momento nos llegamos a rasgar las vestiduras. Obviamente, uno tiene que estar con los planteamientos que en su día se mantuvieron y se llegaron a defender legítimamente, pero se les advertió que al perder la mayoría política se iba a cambiar la ley porque solamente se aprobó con el voto del Grupo Parlamentario Socialista.
El tercer ámbito de materias importantes que se regula, señor Presidente, es el de la gestión de los vertidos y dragados por los puertos autonómicos. Dragar un puerto autonómico sigue siendo competencia en este momento del Ministerio de Fomento, una cosa increíble: dragar un puerto.
El puerto de Santoña, por ejemplo, un puerto autonómico, sigue siendo competencia del Ministerio de Fomento, como dragar el puerto de Ayamonte o el de Motrico. Es una cosa increíble, pero es así, y se modifica por esta ley.
También está la cuestión de la gestión del salvamento, que, lógicamente, en sus aguas territoriales deben realizar las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, yo creo que éste es el tercer ámbito en el que se produce un avance político fundamental.
Y, por último, señor Presidente, nada de miedo de inconstitucionalidad por delegación de transferencias o de potestad. Nada de eso. La Cámara tiene mecanismos suficientes para distinguir entre la titularidad, como he dicho anteriormente, en el dominio público hidráulico, en el dominio público radioeléctrico, y la titularidad va por un lado y la gestión por otro. Y no hay transferencia porque es un modelo de gestión distinto, porque la transferencia implica transmisión de medios materiales, de medios económicos, y no hay nada de eso. En definitiva, es un modelo de gestión acorde con el Estado de las Autonomías, y nosotros aplaudimos las consideraciones y las previsiones que se plasman en este proyecto de ley porque creo que va a redundar en beneficio del sistema portuario español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, los acuerdos de investidura y gobernabilidad del Partido Popular y Convergència i Unió preveían una modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y preveían su modificación porque, efectivamente, en su momento todos los grupos parlamentarios se manifestaron en contra. Incluso algunos puntos de esta ley siguen impugnados ante el Tribunal Constitucional esperando una resolución del mismo. Y se manifestaron todos los grupos en contra, tanto por cuanto suponía una gestión no suficientemente eficaz como por el carácter absolutamente centralista de la mencionada Ley, de tal manera que en una época de descentralización, cuando el Estado de las Autonomías lleva años en marcha y desarrollándose, nos encontrábamos con que los cuatro puertos autónomos estatales, Barcelona, Bilbao, Valencia y Huelva perdían su autonomía, y los demás puertos, que gozaban de una cierta descentralización, también veían la misma sensiblemente reducida.
Esta modificación de la ley, con la cual no es necesario decirlo, estamos absolutamente de acuerdo, se basa en tres principios básicos. En primer lugar, regula la participación de las Comunidades Autónomas, que designarán los órganos de gobierno y tienen una importante representación las autoridades portuarias. Es evidente que se incrementa sensiblemente esta participación de las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, se establece un marco de libre competencia. Esta ley estimula la competitividad, dota al sistema portuario y a los puertos que lo integran de una gestión profesionalizada, establece una mayor flexibilidad para mejorar su posición competitiva, garantiza la libertad tarifaria, con un límite, evitar prácticas abusivas en los tráficos cautivos.
En tercer lugar, con algunas modificaciones para reducir la acción intervencionista, mantiene el principio de unidad de gestión de los puertos para la defensa del interés general. El Consejo Rector será más amplio, pasa de cinco a entre 12 y 15 miembros designados por el Ministerio de Fomento, y se crea un Consejo Consultivo de Puertos del Estado integrado por los presidentes de las autoridades portuarias o por aquellas personas elegidas por el consejo de administración de las mismas a propuesta del Presidente de la Autoridad Portuaria.
Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con estos tres ejes centrales de modificación de la ley, y resumiríamos estos cambios señalando un adecuado peso específico de las Comunidades Autónomas, profesionalización de la gestión, responsabilidad mucho mayor de cada autoridad portuaria en su propia gestión, con la colaboración, además, de Cámaras de Comercio, organizaciones sindicales y empresariales del entorno y municipios próximos. Así, las autoridades porturarias podrán ejercer una acción que será, por una parte, más participativa, y por otra, mucho más autónoma, con autonomía financiera, de personal, contractual, organizativa y de funcionamiento. Nuestro Grupo cree que ello es bueno.
Si además resaltamos la existencia a nivel estatal de un fondo de financiación y solidaridad y, asimismo, un fondo de contribución con destino a inversiones en las que se tendrán en cuenta los proyectos con mayor rentabilidad social, hemos de considerar que el resultado de esta modificación no solamente es bueno, sino que es muy bueno. Es por ello que estamos en contra de los dos vetos que se acaban de defender por el Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Pleguezuelos Aguilar. Entendemos que este proyecto de ley respeta totalmente la Constitución, respeta las reglas democráticas y respeta también los procedimientos de cesión de competencias previstos en la misma.
Los puertos, no hay que decirlo, tienen un gran impacto económico en el área en la que están ubicados, y ello

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implica que las ciudades, los entes empresariales y sindicales, las Cámaras de Comercio, las empresas del entorno estén implicados en su gestión. Y aquellos serán, o bien directamente beneficiados, o bien perjudicados, igual que el impacto económico y social, bueno o malo, que produzcan.
Es lógico que los puertos tengan una gestión territorializada, por ejemplo, en el caso que más conozco de mi circunscripción, el de Tarragona, es un puerto que genera un empleo a 5.000 personas de forma prácticamente directa; es decir, los que dependen directamente de la actividad portuaria y de aquellas empresas de servicios que actúan en el puerto, que se estiman, incluso, que de una forma totalmente indirecta llegarían hasta cerca de 20.000 personas. Un puerto que realizará un programa de inversiones a cinco años de 26.000 millones de pesetas. ¿Una empresa de estas características no debe tener una importante autonomía de gestión?; no debe estar participada también por aquellos entes del entorno? Entendemos que sí, que debe ser así y que en un sistema económico libre y abierto en el que se está actuando a nivel europeo e incluso mundial debe tener, por tanto, un marco que le permita este tipo de actuación. Nosotros entendemos que el proyecto de ley mejora la eficacia y, evidentemente, la participación, tal como les decía.
Por último, queremos insistir en que no hay dejación de responsabilidad por parte del Gobierno y, por tanto, de las competencias estatales. No puede decirse de ninguna manera que el Estado haga dejación cuando se reserva y hace referencia al comercio y a la sanidad exterior, a aduanas, a control y seguridad del tráfico marítimo. Además, recordemos que a Puertos del Estado corresponden, entre otras, algunas importantes funciones, como definir los objetivos del conjunto del sistema portuario estatal, así como de las autoridades portuarias a través de los planes de empresa ejercer el control de la eficiencia de gestión y de los objetivos fijados en los planes de empresa; aprobar la programación financiera y de inversiones de las autoridades portuarias derivadas de los planes de empresa; asimismo Puertos del Estado puede establecer directrices económicas, financieras y técnicas para el conjunto del sistema portuario. Por tanto, creemos que existe un perfecto equilibrio dentro del proyecto de ley y en este perfecto equilibrio la presencia de las Comunidades Autónomas, la presencia de los municipios, la competitividad que de la mejor gestión se derivará, harán que este proyecto de ley, sin duda, sea efectivo y los años lo demostrarán. Resumiendo, es por ello, que nuestro voto será negativo a las propuestas de veto presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto defendido por el Senador Nieto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Ortiz, no me cabe la menor duda del esfuerzo que usted ha hecho para acercar posturas entre el resto de los grupos parlamentarios, pero yo no me refería en mi intervención al trámite en la Cámara, del que tengo que dejar constancia del esfuerzo que su grupo ha hecho aquí en el Senado --no tengo la misma constancia en el Congreso, tampoco lo niego-- sino al contenido de la ley. Cuando yo decía que responde a una coyuntura política, por supuesto, que legítima, trataba de argumentarle, y creo que lo he hecho, que eso no se correspondía con el modelo del Partido Popular. Por eso, decía también que en ese modelo el que hoy ejerce la labor de Gobierno y, por tanto, representa a la Administración General del Estado, estaba renunciando a ese papel de garante de todas las Comunidades Autónomas, de las que tienen puerto y de las que no lo tienen.
La primera constancia que he dejado, una vez que me he metido en el análisis del proyecto de ley, es que estamos de acuerdo con la participación de las Comunidades Autónomas, pero tenemos que hacer un modelo en el que la balanza no se desequilibre, en el que el Estado, que es el titular del bien, entendiendo por Estado la Administración General del Estado, tiene que ser, además, el que coordine y responda a esas otras Comunidades.
Decir aquí que en un debate en 1992, al que yo también asistí cuando estaba en el Congreso de los Diputados, al único grupo al que no interesó el asunto y, por tanto, lo apoyó fue Aragón, resulta un poco fuerte. Y es que parece olvidar el Senador Gatzagaetxebarría que el «hinterland» de Barcelona llega hasta Aragón, ¿o por dónde cree usted que salen los coches que se fabrican en Aragón? Pues salen, sencillamente, por el puerto de Tarragona.
Por tanto, en lo que se refiere a los intereses de las Comunidades que no tienen puerto, usted como representante popular, y yo, y el Gobierno, y todos en general, tenemos que estar aquí representándolos sin duda alguna.
No es posible que hayan entendido que yo no quiero mejorar la Ley. Todas las leyes son perfectibles y ésta también lo es. He dicho que la Ley ha sido en esos cinco años un modelo eficaz, y le he dado cifras al respecto en términos económicos, en términos de autofinanciación, en términos de solidaridad interpuertos, en términos de tarifas, de fondos de distribución, etcétera.
Sin duda podremos mejorar esta Ley, pero este proyecto no la he mejorado porque ha generado un caos. Ustedes hubieran podido clarificar de verdad este proyecto de ley haciendo esas transferencias reales que por otro lado les reclaman legítimamente los grupos que tienen una concepción distinta. Además, en efecto, la postura del Partido Nacionalista Vasco en aquel momento y la de hoy es totalmente coherente, es la misma. La que ha cambiado es la de ustedes. (Rumores.) El Senador Gatzagaetxebarría ha defendido aquí lo mismo que defendió en 1992, nosotros también pero ustedes no. Esa es la diferencia que quiero llevar hacia esa sensibilidad que ustedes han mostrado en otros aspectos.


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Claro que podemos mejorar la Ley, claro que queremos una mayor participación, pero siempre y cuando el Estado sea el garante del equilibrio vertebrador de todos los ciudadanos residan donde residan. Y, desde luego, el diseño del sistema portuario responde a un sistema intermodal de comunicación en el que a nuestros viajeros y nuestras mercancías tenemos que integrarlos con el ferrocarril y con las carreteras, ¿o acaso las inversiones que se están haciendo en el puerto de Bilbao no las hace el Estado como una acción intermodal para incluir el ferrocarril y la carretera? ¿O es que la autoridad portuaria en este caso no es de interés global? Creo que en ese sentido al que me he referido es en el que hay que cambiar la concepción, no en el sentido de que no haya participación de las Comunidades Autónomas, no en el de que no se mejore la Ley. Pero ustedes, debido a la coyuntura política, no han mejorado la Ley, antes al contrario, han dejado ustedes lagunas e incertidumbres. El resto de los ciudadanos que residen en Comunidades en las que no hay puerto no saben si el Estado va a responder por ellos ante la gestión de las autoridades portuarias o si al final serán discriminados de un modo insolidario.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.) Señor Gatzagaetxebarría, estamos en el turno de portavoces.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Pido la palabra en función del artículo 87, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Perdone, señoría. Yo no he entendido en absoluto que haya sido aludido por la Senadora Pleguezuelos.
Entiendo, Senador, que no ha habido ninguna alusión. Estamos en turno de portavoces, por tanto, le corresponde intervenir al Senador Ortiz.


El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Para cerrar este turno quisiera decirle simplemente a la Senadora Pleguezuelos que estoy tan convencido de que este proyecto de ley es realmente mejor y que mejora la Ley anterior, que cumplió su papel, que dentro de cuatro años, cuando el Partido Popular siga gobernando España, en el supuesto de que los resultados no sean óptimos, ya intentaremos mejorarlo. Pero repito que este proyecto es francamente mejor que la Ley anterior. Con esa intención se ha hecho.
Repito que le garantizo que en cuatro años se demostrará que esta ley es mucho mejor que la anterior, lo cual es lógico y razonable.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ortiz Climent.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. (Pausa.) Señorías, siguiendo el orden del debate, en primer lugar, sometemos a votación el voto particular número 2, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, correspondiente a la propuesta de veto número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 80; en contra, 127; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, sometemos a votación el voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la propuesta de veto número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a favor, 79; en contra, 127; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, el voto particular número cinco de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, correspondiente a las enmiendas números 59 a 67, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a dividir en tres bloques las enmiendas que presentamos para su argumentación.
En primer lugar, me voy a referir al tema tarifario. En el debate que hemos tenido de los vetos y en las contestaciones dadas a los mismos se pone de manifiesto una cuestión en la que no se ha entrado en dicho debate por parte del Partido Popular ni por el resto de los portavoces que han intervenido.
Ahora mismo está regulado el concepto de solidaridad interportuario, por lo que hay una serie de enmiendas que tratan de mantenerlo. Es decir, que el ente público de Puertos del Estado no renuncie, en cooperación con las Comunidades Autónomas, a fijar una horquilla tarifaria, que no se deje al libre albedrío de la libertad de mercado de la gestión de cada puerto, porque consideramos que esa visión lleva inexorablemente a destrozar tejido productivo portuario.
Por tanto, es un tema que no tiene nada que ver con las competencias, que nosotros también reflejamos en enmiendas, que tienen que tener las Comunidades Autónomas, pero compartidas y, en consecuencia, limitadas bajo el punto de vista de la gestión de las tarifas, que no se puede hacer puerto a puerto. En ese sentido hay presentadas una serie de enmiendas.
También tenemos unas enmiendas sobre cómo, a nuestro juicio, debe de constituirse el órgano participativo, con la participación de las Comunidades Autónomas y de los sindicatos más representativos a nivel del Estado, en el ente público global.
En este sentido --estoy convencido de que no estamos de acuerdo con algunas formaciones políticas-- se

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tiene una visión parcializada de lo que es la negociación colectiva, la participación del mundo sindical y del empresarial en un ente global, que tiene que responder a intereses generales y no solamente a particulares, aunque sean también respetables. En ese marco también tenemos presentadas unas enmiendas.
Paso a referirme al tema de la participación de las Comunidades Autónomas en el ente público regulador de los puertos a nivel general. Hay muchas maneras de entender dicha participación en cualquier ente participativo a nivel general.
Una cosa es la participación de las Comunidades Autónomas, y nosotros planteamos que sean los legislativos, no los ejecutivos, porque es la manera de garantizar que esa participación de los entes públicos generales esté controlada por los distintos parlamentos.
Por tanto, se trata de la colaboración de los entes legislativos. La tendencia lógicamente es que sean siempre los ejecutivos, con lo cual, a nuestro entender, se hurta el conocimiento general en temas de interés, como es éste que nos ocupa para tener un control legislativo a nivel general, lo que le corresponde al Estado, Cortes Generales, y en cuanto a la participación de las Comunidades Autónomas, a sus resceptivos parlamentos.
También nos referimos a un tema que consideramos era una oportunidad para regular en esta ley, que, efectivamente, no estaba en la ley anterior. La experiencia demuestra que el control dentro de los puertos del sistema vial se debería regir por la Ley General de Tráfico, porque, incluso ahora, sus señorías saben que hay sentencias contradictorias referentes a conflictos que se generan dentro de los puertos, sobre quién tiene la competencia, si la Guardia Civil de Tráfico u otras entidades. Pensamos que no habría costado ningún trabajo regularlo, porque están ocurriendo cada vez más infinidad de problemas, en unos puertos más que en otros, en muchos de ellos hay un tráfico intenso y debía regularse, repito, por la Ley General de Tráfico de acuerdo con las competencias correspondientes de las distintas Comunidades Autónomas y no dejar que haya unas autoridades dentro del puerto, lo que ha originado unas sentencias contradictorias en este sentido.
Creemos que se podían haber hecho esfuerzos en algunos sentidos por mejorar el contenido de esta Ley en aspectos como el de la participación y regularlo mejor. No me voy a referir ahora a las enmiendas porque muchas de ellas tienen relación con el veto. El Ente Público General del Estado no puede, independientemente de que ceda gestión a las Comunidades Autónomas, no puede ni debe renunciar a lo que son sus competencias referidas a temas de interés general del Estado como es la Ley que nos trae aquí, la del control portuario.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 1 a 19.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Ha señalado que el voto particular correspondiente a esta Senadora de Eusko Alkartasuna va desde las enmiendas 1 a 19, y es desde la 1 a la 21.
Voy a defenderlas todas a la vez.
En este momento del debate creo que está dicho prácticamente todo. No obstante, por obligación y deferencia a la Cámara, voy a referirme, casi defendiéndolas en sus justos términos, a la naturaleza de estas enmiendas que pueden dividirse claramente en cuatro bloques diferenciados.
En primer lugar, la enmienda número 1, al apartado 1; la número 3, al artículo 25, que habla de competencias y objetivos generales; la número 4, al artículo 26; la número 5, al artículo 26, apartado 1 punto b; la número 6, al artículo 26.1.d; la número 10, al artículo 37, apartado 1; la número 13, al artículo 40.5 f; la número 14, al artículo 40.5.g; la número 20, al artículo 50.1 y la número 21, al artículo 50.4, apartado 3.
Todas ellas --son diez enmiendas-- se corresponden y entienden que se debe de determinar de mejor manera la autonomía funcional del puerto y, por consiguiente, la autonomía de la Autoridad Portuaria. Sabemos que la competencia, naturalmente, reside en el Gobierno del Estado, pero no obstante creemos que el puerto tiene que tener más capacidad de movimiento, precisamente para poder funcionar mejor --nunca mejor dicho--, teniendo en cuenta la complejidad de los negocios, por decirlo de alguna manera, que se mueven --y a los que ha hecho alusión el Portavoz Popular cuando hacía el turno en contra de los vetos-- alrededor del puerto. En ese sentido, con las enmiendas números 1 y 3, a los artículos 1, apartado 1, y 25, pretendemos volver al texto existente en la Ley 27/1992, igual que con la enmienda número 4, al artículo 26, porque creemos que la anterior literalidad de la Ley defiende mejor y clarifica más la autonomía funcionaI del puerto y de las autoridades portuarias respectivas.
Por la misma razón hemos mantenido el resto de las enmiendas, que fijan mejor las competencias del presidente, que pensamos que no debe de ser un elemento decorativo o representativo, sino que tiene que tener unas funciones ejecutivas. Asimismo, fijamos de mejor manera las funciones del director del puerto. Por eso hablamos de que, además de la gestión del puerto con carácter general, se tiene que hablar también de esa gestión comercial a la que el Portavoz del Grupo Popular hacía referencia en su turno. En este sentido, yo creo que es coherente con este pensamiento y espero que esta enmienda al menos pueda ser asumida por el Grupo que apoya al Gobierno. En todo caso, consideramos que la autonomía funcional del puerto contenida en la redacción de las enmiendas que hemos mencionado viene, a nuestro entender, más claramente establecida en la terminología de la Ley que estamos tratando de reformar en este momento.
En cuanto a las enmiendas números 8, 9, 11 y 12, estamos defendiendo --concretamente la número 12 es exactamente igual que la número 66, también del Grupo Mixto, del Senador Nieto Cicuéndez-- la mayor participación de las Comunidades Autónomas, tanto en el nombramiento

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de vocales como en la presencia que deben de mantener en el Consejo Rector.
En cuanto a las enmiendas números 16, 17, 18 y 19, a las que he hecho referencia antes en el primer bloque de enmiendas, pretenden, en relación con los artículos correspondientes, que el presidente, como decía antes, no sea un elemento decorativo y que el director tenga mejor fijadas sus funciones.
La enmienda número 15, al artículo 40.2.3.ª, pretende que el 30 por ciento del total de los miembros del consejo sean designados en representación de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, organizaciones empresariales, sindicales y sectores económicos relevantes en el ámbito portuario, precisamente por esa complejidad a la que antes nos referíamos y porque creemos necesario aumentar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, cámaras de comercio y sectores económicos por la trascendencia de la actividad que se produce en el ámbito portuario, como ya venimos repitiendo varias veces en esta intervención.
Por último nos hemos de referir a las enmiendas números 2 y 7, a los artículos 23 y 27 respectivamente.
En el primer caso pretende sustituir la palabra «eficacia» por el término «eficiencia», porque creemos que el concepto --que, por cierto, la literalidad «eficiencia» figura en este sentido en la Ley de 1992 que intentamos reformar-- es más ajustado a lo que se quiere decir. Además, entendemos que si se mantiene la palabra «eficacia» colisionaría con el artículo 25, tal como viene expresado, que se refiere a competencias.
En cuanto a la enmienda número 7, que es la última de todo el bloque de enmiendas a las que me voy a referir, pedimos la supresión del artículo 27 bis, porque entendemos que es una duplicación con el Consejo Rector de Puertos del Estado. Creemos que el Consejo Consultivo del Puerto duplica en miembros al Consejo Rector, por lo que algunos miembros de éste se sientan en dos Consejos cuyo fin, en el caso del Consejo Consultivo, no se conoce. Por eso creíamos que las funciones atribuidas por esta Ley al Consejo Consultivo quedan residenciadas en el Consejo Rector.
No nos parece una buena política llenar de elementos, de consejos y de organismos que no hacen más que provocar dificultades y discusiones a la hora de la atribución funcional y competencial. En este caso creemos que las funciones atribuidas al Consejo Consultivo pueden ser mejor desarrolladas y de una forma más coordinada por el propio Consejo Rector.
Creo que con esto hemos explicado el sentido complementario de unas y otras enmiendas de los bloques a los que nos hemos referido.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del señor Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto. Corresponde a las enmiendas números 76 a 78.
El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario da por defendidas en sus justos términos las enmiendas números 76 y 77.
La enmienda número 78 hace referencia a la cualificación que debe tener el responsable técnico de las autoridades portuarias, el Director técnico. En la Ley se hace una previsión específica de que sean personas con experiencia en técnicas y gestión portuaria. Nosotros lo que planteamos en la enmienda es que tengan un perfil adecuado a la gestión, porque, en definitiva, gestionar un puerto evidentemente lo puede hacer un profesional con inteligencia, cualificación, preparación y formación adecuada en el ámbito de la economía.
Por tanto, no creemos absolutamente necesario que se ponga como requisito previo que deba ser una persona con experiencia en la gestión portuaria.
Entendemos que, como es obvio, en el ámbito de la gestión de las administraciones públicas para ocupar un cargo público, político, de gestión en el mundo empresarial, lo que hace falta es tener unas cualidades personales que, en este caso, aquellas personas que las tengan, obviamente pueden valer para ello, pero que no se haga una referencia expresa a que deben tener experiencia en la gestión portuaria.
En definitiva, la presión del colectivo que trabaja en este momento como directores técnicos, desde nuestro punto de vista, en el ámbito de la selección del director técnico queda encorsetado en la Ley.
Por último, hay dos enmiendas que se refieren al tema de la consignación como figura jurídica intermedia en el ámbito del tráfico mercantil portuario. Nuestro Grupo Parlamentario plantea, en cuanto al canon de prestación de servicios, que se incluya una adición puntual, que se mencione que la responsabilidad sea a cargo de titulares no censados de la autoridad portuaria. La actividad mercantil de consigna sí se encuentra censada por parte de la autoridad portuaria y, por tanto, creemos que no es necesario, a efectos del pago de las prestaciones y de diferenciar quién es el responsable, que se haga mención expresa de que éste corresponderá a cargo de titulares no censados de la autoridad portuaria. Como los consignatarios sí lo están, creemos que mejoramos el texto legal.
Por último, con la enmienda número 80 al artículo 73 quedarían defendidas también las del bloque segundo, respecto de la cual aceptamos la transacción que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular --transacción que admitimos a trámite-- relativa a los apartados 1 y 2 del artículo 73 y 118.1 primero. Nosotros la hemos suscrito y llamamos la atención de la Mesa en este momento al solicitar votación separada de esta enmienda, respecto de la cual nuestro Grupo Parlamentario sigue manteniendo --a pesar de que la admitimos a trámite y por eso la firmamos-- una serie de objeciones de fondo, por lo que nos vamos a abstener en la misma, votando favorablemente el resto del articulado del proyecto de ley.
Por lo tanto, reitero, señor Presidente, solicitamos votación separada de esta enmienda transaccional al artículo 73.1 y 2 y 118.1 primero, que es objeto de negociación con la número 80 del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 81, 82 y 87.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 87 propone incorporar la inmediata entrada en vigor de la futura ley al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las números 81 y 82 tienen como finalidad incrementar la autonomía portuaria. La número 81 viene derivada de la 82, por lo que iniciaré la defensa de esta última.
Esta pretende dos modificaciones en cuanto a las funciones de las autoridades portuarias. En primer lugar, en el punto q), relativo a las funciones de las autoridades portuarias, respecto a la autorización de la participación de la Entidad en sociedades mercantiles cuando el importe de los compromisos contraídos no supere el 5 por ciento de sus ingresos anuales, pretendemos suprimir el apartado final, donde dice: «El acuerdo del Consejo de Administración debe contar con el voto favorable de los representantes de la Administración General del Estado». Es decir, suprimir la posibilidad de veto de los representantes de la Administración General del Estado.
En este mismo apartado q), en lo que hace referencia al objeto de las sociedades mercantiles, mantenemos que debe estar ligado al desarrollo de las actividades vinculadas a la explotación portuaria o al fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.
Derivado de todo ello, presentamos la enmienda número 81, en la que el apartado g) queda redactado de la siguiente forma: Autorizar la participación de las autoridades portuarias en sociedades mercantiles, cuyo objeto social debe estar ligado al desarrollo de actividades vinculadas a la explotación portuaria o al fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario. Es decir, lo que habíamos propuesto como adición en la enmienda 82, en la 81 constituiría una de las funciones que debería aprobar Puertos del Estado.
Con estas tres enmiendas estimamos que se ampliaría todavía más la autonomía de gestión de las autoridades portuarias.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 22 a 46, ambas inclusive, 54, 57 y 58, salvo el guión de la 39.
Tiene la palabra la Senadora Pérez Schwartz.


La señora PEREZ SCHWARTZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, no voy a hacer la defensa de las enmiendas separadamente una por una, pues considerando que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado de las números 22 a la 58, sería bastante extensa la exposición y defensa de cada una de ellas.
Por consiguiente, voy a dividirlas en dos bloques únicos y compactos. En un primer bloque entendemos que en la modificación de la Ley del año 1992 hay una transferencia a las Comunidades Autónomas en materia de Puertos de interés general pero, por otro lado, no se da esa transferencia real.
Es decir, el artículo 150.2 de la Constitución Española dice que para transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades --no lo estoy citando textualmente, pero estoy convencida, señorías, de que ustedes conocen el artículo tan bien como yo-- del Estado hace falta una ley orgánica; ley orgánica que no ha entrado ni en el Congreso ni en esta Cámara. Este fue en su momento el caballo de batalla del Grupo Parlamentario Socialista al defender las enmiendas que proponíamos.
Nosotros estábamos en contra de esta ley y seguimos estándolo porque vemos visos de inconstitucionalidad que serán, lógicamente, motivo de estudio. Vemos visos de inconstitucionalidad porque no se pueden hacer transferencias de los puertos de interés general, como está recogido en la Constitución Española, a las Comunidades Autónomas mediante una ley normal y sin haber tenido en cuenta la posibilidad de hacer una ley orgánica.
La actual Ley de noviembre de 1992 derogaba --y esto es bueno y conveniente hacerlo notar-- una de 1880 y un Real Decreto de 1928. Se ha tardado más de un siglo en derogar una ley. Lo que sí es preocupante es que en poco más de cuatro años haya habido una modificación de 25 artículos de los 144. En la Ley de 1992 se señalaba que en 1990 el sector del transporte marítimo aportaba anualmente al PIB específico de transportes un 19 por ciento que venía a ser el 1,1 por ciento del producto interior bruto nacional, generando empleo para 35.000 personas.
Yo entiendo, señorías, que la Ley de 1992 tenía que haber estado funcionando durante un cierto tiempo y que en su momento --como decía antes-- se deberían haber introducido las modificaciones necesarias mediante una ley orgánica que diera más competencias a las Comunidades Autónomas. Digo que tendría que dar más competencias a las Comunidades Autónomas porque creemos que, efectivamente, las Comunidades Autónomas deben tener competencias. Pero la transferencia de competencias tiene que ser clara y concisa.
El Estado, para poder transferir o delegar competencias a las Comunidades Autónomas, tiene que dejar claro qué transferencias de medios corrientes o de medios financieros se van a hacer, cuáles van a ser las formas de control y las competencias exclusivas que se reserva el Estado. En fin, tiene que aclarar toda una serie de datos que en esta ley no se recogen porque ha sido elaborada con demasiada premura.
El señor Ministro dijo en su intervención en el Congreso, que la ley era producto de un pacto adquirido en el debate de investidura, pacto al que tienen, evidentemente, derecho. Pero tenían que haber dilatado en el tiempo

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ese compromiso y sacar una ley que contemplara los mecanismos de solidaridad de las distintas Comunidades Autónomas porque, según los artículos que hablan de la solidaridad entre autonomías, las Comunidades Autónomas no tienen participación en los nuevos entes que se crean ni en los que ya estaban.
Si queremos realmente hacer una ley en la que las Comunidades Autónomas tengan competencias, lo que no puede pasar --y se lo recuerdo a los que hayan pactado con el Partido Popular-- es que los representantes de los grupos nacionalistas que han aprobado esto, simplemente porque las Comunidades Autónomas nombren al Presidente de la autoridad portuaria --entraremos después a hablar de eso-- se queden conformes cuando lo realmente importante es que en los órganos rectores de Puertos del Estado estén presentes las Comunidades Autónomas. De nada sirve que la Comunidad Autónoma nombre al Presidente de Puertos del Estado, que tiene que ser publicado, mediante una orden del Ministro, en el «Boletín Oficial», si no están representadas todas las Comunidades Autónomas en los órganos de gestión de Puertos del Estado. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista va en ese sentido.
Nosotros entendemos que esta ley va a contribuir a crear confusión. Hay poca claridad en la gestión, hay poca claridad en la exigencia de responsabilidades en la toma de decisiones. En resumen, va a ser muy difícil que esta ley ayude en la coordinación de los puertos de interés general.
Con nuestras enmiendas hemos intentado aclarar --en ese sentido van nuestras enmiendas y, como decía antes, se han visto en Comisión y en Ponencia-- confusiones que todavía nadie ha aceptado. Por ejemplo, me gustaría poner de manifiesto a quién corresponde la gestión. En la ley que ustedes presentan se dice que las autoridades portuarias y Puertos del Estado. Pero existe una grave contradicción, ya que al ser las Comunidades Autónomas las que realizan los nombramientos de los presidentes y de la mayoría de los vocales, ¿a quién vamos a pedir responsabilidades? ¿A los gobiernos autonómicos a través de los parlamentarios autonómicos o al Gobierno del Estado a través de los Senadores y Diputados, miembros de las Cortes Generales? ¿Qué interés tienen ustedes en hacer tan oscuro, y es un asunto al que le venimos dando vuelta, el control de la gestión? Esta situación la denominé en la Comisión y la denomino ahora la ceremonia de la confusión. Y vuelvo a repetir lo que decía antes, y es que se daba respuesta a unos pactos de gobernabilidad, a unos pactos después de las elecciones y perdónenme que les diga a los señores que han pactado que les han engañado. Y les han engañado por una razón muy sencilla, y se la decía antes, porque donde realmente está la coordinación de los puertos de interés general, donde realmente se debate lo que interesa a todos los puertos de interés general de España --pero no solamente para los puertos de interés general, sino para todas las Comunidades-- es a nivel del Estado. Díganme ustedes a mí si a Extremadura, por ejemplo, aunque no tenga puerto de interés general, no le interesa saber qué va a pasar con los puertos por donde entra la mercancía.
Por eso digo que me da la impresión que con esta ley, que es insuficiente, han pretendido tapar la boca a unas demandas legítimas de mayor participación de las autonomías en los órganos de gestión de los puertos y les han dejado sólo con el caramelo en la boca, el caramelo del nombramiento de los presidentes de la Autoridad Portuaria.
Por último, entendemos que en esta ley se duplican organimos, consejos y comités. El Consejo Consultivo de Puertos del Estado, ¿para qué? El Comité para Distribuir el Fondo de Contribución, ¿para qué? Si ya existe el Consejo Rector del Puerto del Estado, ¿para qué quieren duplicar este tipo de organismos? El Partido Popular dice que quieren mayores competencias, que van a darles mayores competencias. Ustedes dirán que estoy empeñada con lo de las competencias, pero es necesario ahondar en una ley que no da competencias, en una ley que tiene rasgos --vuelvo a repetir-- de inconstitucionalidad. Ya se dirá. Cuando dijimos que era mejor tramitar este proyecto de ley mediante ley orgánica, la ley de puertos, se nos dijo que éramos alarmistas. Los informes de los letrados de las Cortes Generales nos han dado la razón. Para que esta ley sea efectiva hay que tramitarla mediante ley orgánica.
Como decía, hemos presentado una serie de enmiendas, con las que hemos intentado clarificar algunas cuestiones y hacérselas ver al resto de los Senadores y Diputados --en este caso de Senadores-- y a los Senadores de los grupos nacionalistas que demandaban mayores compentencias, las mismas que demanda el Grupo Parlamentario Socialista para las Comunidades Autónomas. Pero como les decía antes, es importante la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos del Estado.
Para acabar, hay un asunto de vital importancia que recoge esta ley que es preocupante, y me refiero --y tenemos una enmienda presentada en ese sentido-- al uso hotelero y a las concesiones. Nos oponemos a los usos hoteleros porque consideramos que es un uso claramente privado de unas instalaciones públicas que impide el libre acceso de los ciudadanos a unos ámbitos que tienen que ser de uso general y abierto.
Por eso, señorías, nuestras enmiendas sólo pretenden --y espero haberlo hecho comprender-- que contemos con un sistema portuario estatal coherente, que defienda los intereses de cada uno de los puertos, pero que no se olvide del papel de ellos en su conjunto, con una participación real y efectiva de las Comunidades Autónomas y, como decía antes, de los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares --si no lo decía antes, lo digo ahora--. Y hay una enmienda que es verdad que el Partido Popular aceptó en la fase de Ponencia con referencia a la representación de los cabildos y los consejos insulares en los Consejos de Administración de los puertos, pero con un objetivo claro: la defensa del interés general como prioridad.


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Nada más, señorías, muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pérez Schwartz.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Ortiz.


El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al dividir el debate de las enmiendas de votos particulares, hemos intentado agrupar en un bloque las enmiendas que afectaban a apartados de contenido organizativo, de responsabilidades, de gestión, y en un segundo bloque la parte de contenido financiero, económico, que permite dar una visión clara de dos aspectos importantes del contenido de la ley. El hecho de dividir el debate en dos bloques supone que existen enmiendas, que existe articulado capaz de generar esa inquietud respecto de los temas organizativos, participativos, de gestión y de funcionamiento y, a su vez, aquellos temas de contenido financiero, económico, que permiten optimizar el resultado económico de la funcionalidad que se le quiere dar, con un espíritu claro de exigencias de unidad de criterio económico y de rentabilidad económica, manteniendo la coordinación portuaria a nivel estatal.
En esa línea es en la que el Grupo Parlamentario Popular valora muy positivamente las enmiendas aportadas por cada uno de los grupos presentes en esta Cámara. No es que no considere oportuno ir dando nuestra opinión enmienda por enmienda con respecto a las aportaciones que se han querido hacer durante el proceso de trámite en esta Cámara, sino que lo voy a hacer con algunas, voy a empezar por aquéllas que hemos ya consensuado, y sobre todo voy a plantear cuál va a ser la posición del Grupo Parlamentario Popular con respecto a aquellas enmiendas que en estos momentos quedan vigentes en esta Cámara.
Es cierto --y quiero anunciarlo, señor Presidente, nada más empezar mi intervención-- que hemos llegado al consenso, en Ponencia y en Comisión, de cuatro enmiendas transaccionales que han mejorado sensiblemente el texto de la ley. La última es la que se presenta en el día de hoy, firmada por cuatro grupos parlamentarios, que hace referencia a la enmienda número 80, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y a la del Senador Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley que nos ocupa.
Ha habido otras aportaciones transaccionales a lo largo del debate en Ponencia y en Comisión. Es evidente, pues, que se ha avanzado pero quedan enmiendas que los portavoces de los distintos grupos han defendido en estos momentos y sobre las que, lógicamente, tenemos que dar nuestra opinión.
Con respecto al voto particular número 5, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, hemos analizado las enmiendas números 59 a 67 y hemos visto que algunas de ellas intentan aportar algo nuevo, y es un criterio distinto en cuanto al léxico utilizado para conceptos bastante similares.
Respecto a la representación sindical, lógicamente, se ha entrado más en detalle y se ha hablado incluso de los de los diferentes sindicatos, de su representación y de lo importantes que son. Nosotros entendemos que en el texto de la ley está el articulado en el que se habla de la representación sindical en paridad con la representación de asociaciones empresariales que están ubicadas con intereses portuarios. No está excluido para nada, el marco legal existe, y viniendo la enmienda del Grupo de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, creo que deben puntualizar más. Nos halaga oírlo, pero pensamos que no es necesario entrar en ese tipo de detalle en el articulado a través de las enmiendas que sugieren sus señorías.
Respecto de la enmienda número 59, que hace referencia a una mayor participación de las Comunidades Autónomas, la designación de los órganos de gobierno de las autonomías portuarias debe entenderse en principio como un marco que permita a la Administración actuar en consecuencia, no más allá. Es decir, habrán de ser las Comunidades Autónomas las que determinen el modo de designar dichos órganos y no hay por qué entrar a definirlos en el articulado de la ley.
En cuanto a la Administración marítima, pasa algo parecido. Son mejoras que no se pueden aceptar en estos momentos,porque, aun considerándolas como tales, también entendemos que no aportan nada distinto o sustancial respecto de lo que ya contempla el articulado. Es cierto que en ningún caso podemos prescindir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en este tipo de representación --concretamente en el artículo 7--, porque este Departamento ostenta la competencia estatal sobre los servicios públicos de estiba y desestiba y no hay manera de intentar eludir que se hable del citado Ministerio. Y así sucede con el resto de las enmiendas abordadas y aportadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, no pudiendo aceptarlas en estos momentos por los motivos expuestos.
Por lo que hace al voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Mixto, he entendido que en la parte correspondiente a las enmiendas números 1 a 19 las aportaciones son significativas en cuanto a interés y análisis del contenido de la ley. No considero relevante entrar en el debate de si se debe utilizar la palabra «eficacia» o «eficiencia».
Nosotros pensamos que son términos prácticamente sinónimos; eso demuestra hasta qué punto se ha querido afinar en el contenido del texto de la ley.
Entendemos que no hay por qué cambiarlo en estos momentos, aunque valoramos que se haya utilizado la lupa a la hora de mirar el contenido de este tipo de léxicos.
Igualmente, en la enmienda número 3, se pretenden sustituir «competencias» por los llamados «objetivos generales». Es un término técnico que creemos que en estos momentos no es necesario introducir y, en consecuencia, nos parece adecuado mantener el texto actual.
Por ejemplo, dentro del bloque que estamos debatiendo, en la enmienda número 7, el concepto que se propone ya fue debatido e introducido en el Congreso de los Diputados y fue objeto de enmienda y modificación pertinentes. Por lo tanto, pensamos que en el contexto del Senado no tiene sentido contemplarla.


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Estas son las enmiendas más significativas de ese Grupo que me permito comentar, en cuanto a su valoración, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario.
La enmienda número 12, al artículo 40.2, dice que los representantes «serán designados en representación de las instituciones competentes...».
La enmienda que se presenta no supone ninguna mejora al texto contenido en la ley y, por lo tanto, creemos que tampoco procede admitirla en esa voluntariosa mejora técnica, que respetamos, pero que en estos momentos no se puede aceptar.
Lo mismo sucede con la enmienda número 13, que, por las mismas razones expuestas para la enmienda número 10, tampoco se puede aceptar, aunque entendemos cuál ha sido la inquietud a la hora de incluirlas en su texto.
Con respecto a las enmiendas del voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y las números 76 a 78 del Senador Ríos Pérez, entendemos que, concretamente, la enmienda número 76 no aporta nada sustantivo en el texto y tampoco supone ninguna mejora técnica. Se refiere el proyecto de ley a las estrategias y criterios que están ya perfectamente debatidos y plasmados en el texto del Congreso y que llevan implícito el carácter general al que se refiere la enmienda.
Por lo tanto, por nuestra parte no procede aceptar dicha enmienda.
En cuanto a la enmienda número 77, que propone la sustitución del vocablo «proponer» por el de «establecer», este cambio de léxico no tiene la mayor importancia, pero para nosotros no es exactamente lo mismo, pues, en este caso concreto de la enmienda número 77, al hablar de la estiba y desestiba de buques, se trata de un servicio público esencial de titularidad estatal, no de las Comunidades Autónomas, y por este motivo no corresponde aceptar dicha enmienda.
Respecto a la enmienda número 78, que hace referencia al perfil del director, creo que queda muy claro en el texto de la ley que cuando se define esta figura se habla de personas con titulación superior y reconocida experiencia en técnicas y gestión portuaria, que es prácticamente lo mismo que decir «con un perfil adecuado a la gestión», que nunca está garantizado si no se constata que previamente tiene la titulación y la especialidad, aunque luego lo tiene que demostrar. En fin, son enmiendas voluntariosas que realmente intentan mejorar el texto, que hemos contemplado, pero no podemos aceptar.
En cuanto al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 81, 82 y 87, sucede algo parecido. Respecto a la enmienda número 81, cualquier actividad comercial o industrial que exista en un puerto relacionadas con un tráfico marítimo o portuario debe estar relacionada a su vez con la actividad vinculada a la explotación portuaria y, por tanto, el inciso propuesto en la enmienda resulta innecesario. El formato de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario está incluido dentro de la práctica de sociedades mercantiles que, en este caso, según nuestra opinión, resulta innecesario mencionar porque, de lo contrario, estaría amparando actividades ajenas a la competencia y funciones de las autoridades portuarias.
En cuanto a la enmienda número 82, es preciso que exista un acuerdo favorable de los representantes de la Administración General del Estado en el Consejo de Administración de las autoridades portuarias para que éstas participen en el capital de sociedades mercantiles. Supone comprometer recursos de organismos estatales en derechos públicos, lo cual pensamos que no procede en el contexto y en el espíritu de esta ley.
Respecto a la enmienda número 87, en la que se propone que la entrada en vigor de esta ley sea al día siguiente al de su publicación, no podemos aceptarla porque en una ley de esta importancia y de este contenido no hemos querido aumentar el plazo, y tampoco queremos aceptar que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Necesitamos un tiempo prudente, que es el que está establecido, porque para una ley tan importante hace falta un período mínimo para su puesta en marcha y su aplicación definitiva.
En cuanto a este primer bloque de debate, respecto al voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 24 a 46, la señora Pérez Schwartz ha insistido en su exposición en aspectos de presunta o más que presunta --según sus palabras-- inconstitucionalidad. Yo le tengo que decir, mi querida colega, que en realidad nosotros tenemos nuestra información, el Gobierno tiene su forma de actuar se ha asesorado adecuadamente, tenemos nuestro criterio, y entendemos que la ley, tal cual está, es perfectamente constitucional y, en definitiva, si alguien piensa que no lo es, que actúe en consecuencia, que los trámites están abiertos y las fuentes a las que hay que acudir también están abiertas. Pero no es un reto, es que entendemos simplemente que es más importante que la ley salga adelante tal cual está planificada, con las observaciones y matizaciones que ya se han incluido, que entrar en debates de otra envergadura, debates que, por otra parte, nosotros no eludimos. En cualquier caso, en nuestra opinión, la ley encaja perfectamente tal y como está planificada en el contexto del articulado por su contenido y, sobre todo, por su propio espíritu.
Hay otros aspectos que ha destacado la Senadora Pérez Schwartz --lógicamente son muchas las enmiendas que han presentado y que han requerido la consideración y el estudio por parte de nuestro Grupo--, aunque la propia Senadora ha evitado entrar a puntualizar cada una de las enmiendas, agrupándolas perfectamente en tres conceptos fundamentales.
Uno de los conceptos que ha mencionado se refería a crear presuntamente confusión con la ley y otro se refería a lo que ocurre con aquellas Comunidades Autónomas que no tienen puerto.
Pues bien, partiendo de ese conjunto de enmiendas que ha presentado su Grupo y sobre las que la señora Senadora ha hecho tres matizaciones que me han parecido importantes, voy a seguir haciendo mención a eso de crear confusión.


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Realmente yo no entiendo cómo se puede sacar la conclusión de que el articulado, la organización, las responsabilidades, las atribuciones y la forma de gestión pueden inducir a confusión. Tal vez sí, pero lo veremos cuando esté en funcionamiento la ley. Con una voluntad de coordinación por parte de todos los órganos pertinentes creados institucionalmente para que esto funcione, si es que todo eso está suficientemente estructurado dentro del contexto de la ley --nosotros así lo creemos--, tanto el Consejo de Administración como la figura del Presidente o la posición del Ente Puertos del Estado, es evidente que aquellas Comunidades Autónomas o aquellas provincias que no tienen puertos por no tener mar querrán saber cómo funcionan los puertos del Estado, y se les podrá informar, de igual modo que en las provincias que no tienen aeropuertos, a través de sus representantes de los distintos grupos políticos querrán tener información en cualquier momento sobre lo que pasa con la política aérea de nuestro país. Es evidente que todos los Senadores y todas las Senadoras estamos a disposición para dar explicaciones allá donde se nos llame sobre aquellos temas que puedan correspondernos. Eso es evidente.
Por tanto, esa confusión no la veo por ningún lado. Hay unos órganos de control, unos órganos de gestión, unos artículos sobre toma de decisiones, una distribución de la responsabilidad y de la representatividad de las distintas instituciones y asociaciones perfectamente delimitadas, y si hay algo que no está suficientemente aclarado, precisamente la autonomía de gestión portuaria, vía las Comunidades Autónomas y la del presente articulado, serán capaces de ir supliendo todas aquellas lagunas que puedan aparecer, pero que en estos momentos yo no veo.
Respecto a que la transparencia no existe, he de decir que la transparencia existe en el contexto de esta ley y existe en la voluntad del Grupo Parlamentario Popular, además de que existe por parte del Gobierno el deseo de clarificar. No dude su señoría que, en cualquier caso, tanto en esta ley que ahora nos afecta como en cualquier otra o en cualquier otro tipo de iniciativa parlamentaria el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta tiene como principios básicos la clarificación, la transparencia y el no crear confusión, sino todo lo contrario.
Como consecuencia de las enmiendas que hemos analizado en este primer bloque, hemos propuesto, señor Presidente, la transaccional a la enmienda número 80) del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, que prácticamente coincide con la enmienda número 85, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Por tanto, la enmienda transaccional podría incluir esas dos enmiendas anteriormente propuestas, las números 80 y 85, Pero procedimentalmente hemos transaccionado la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con la de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, y en esa línea hemos actuado.
Por tanto, vamos a aceptar esa enmienda transaccional, y no así el resto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Pérez Schwartz.


La señora PEREZ SCHWARTZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, o yo no me he explicado, o usted no me ha entendido; una de dos. Cuando digo que puede haber recurso de inconstitucionalidad, no estoy dando por sentado que lo vaya a haber.
Sin embargo, voy a recordar algo que pasó cuando el Grupo Socialista dijo que había que tramitar esta Ley como ley orgánica y el Grupo Popular afirmó --está reflejado en los «Diarios de Sesiones» del Congreso de los Diputados-- que eso no era necesario. Hasta que no se pidieron los informes correspondientes a los servicios jurídicos, tanto del Congreso como del Senado, en los que los técnicos reconocían que el Grupo Socialista tenía razón al plantear la necesidad de tramitarla como ley orgánica, ustedes dijeron que estaban muy bien asesorados. He leído dichos «Diarios de Sesiones» y, al igual que usted ha dicho sobre el tema del recurso de inconstitucionalidad, sus palabras eran, insisto, que estaban muy bien asesorados y que no era necesario que fuera una ley orgánica.
Por tanto, les recomiendo que hagan alguna sugerencia a sus asesores, porque, si nosotros pedimos que se trámite como ley orgánica, posteriormente, los letrados nos dan la razón, y sus equipos técnicos le dicen que no es así, algo está fallando.
En cuanto a las Comunidades Autónomas que no tienen puertos, usted sabe --y no creo que haga falta que se lo explique-- que el «hinterland» de los puertos no es sólo de la Comunidad Autónoma o de la ciudad donde éstos se encuentran ubicados, sino del conjunto de las mercancías que están destinadas a otras Comunidades Autónomas o pueblos. Luego, lógicamente, no sólo hay que informar a las Comunidades Autónomas que tienen puertos, sino también a las que no los tienen, porque el contenido central de la enmienda es que haya una representación, tanto en la Junta Rectora de Puertos del Estado, como en el resto de los organismos de nueva creación, de todas las Comunidades Autónomas. ¿Por qué? Porque no sólo se informa a las Comunidades Autónomas, sino que éstas tienen que participar de la gestión de los puertos.
Por último, usted sabe que cuando no queda perfectamente claro a quién corresponde la gestión real, ante quién se da cuenta de lo que se está haciendo, y quién establece realmente los objetivos, se produce una confusión en la gestión de los puertos de interés general.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pérez Schwartz.


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Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.


El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, no puedo entender cómo del articulado de la ley, de su exposición de motivos, y de lo debatido hasta ahora en este bloque, se pude extraer la conclusión de que no existe transparencia y sí, en cambio, confusión.
Realmente, existe un proceso de designación; un proceso de cuantificación de representantes; un proceso de toma de decisiones; un proceso de responsabilidades, y un proceso de dación de cuentas respecto de las gestiones, inversiones, e incluso de las autorizaciones previas, cuando de eso se trate. Es decir, que existe un procedimiento perfectamente estructurado y coherente para saber a quién se puede hacer sugerencias, a quién pedir explicaciones y quién tiene que dar cuenta de la gestión a todos los niveles: de uso y para inversiones posibles en los distintos puertos.
Como digo, no entiendo cómo no se pueden sacar esas conclusiones, puesto que el texto es lo suficientemente claro respecto de los organismos que se crean, cómo están compuestos, qué responsabilidad tienen, a quién tienen que dar cuentas, y de quién dependen.
Creo que a estas horas todos tenemos un poco de confusión, pero ésta no existe en el articulado y en el texto, que son perfectamente claros.
Cuando esta ley entre en vigor, se darán cuenta de que es totalmente eficaz.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz.
¿Pasamos a votar las enmiendas de este bloque o prefieren al final? (Pausa.) Votamos, por tanto, al final.
En cuanto al siguiente bloque, me consta que están defendidos los votos particulares del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 20 y 21, y las enmiendas números 79 y 80, pero tengo duda sobre las enmiendas números 68 a 75 (Pausa.) Están defendidas por los señores Román Clemente y Nieto Cicuéndez.
También tengo duda sobre el voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 88 y 89. (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 88 pretende modificar la disposición adicional decimotercera de la Ley 27/1992, que actualmente estamos debatiendo.
Esta disposición adicional no se había visto afectada en este proyecto de ley y se refiere concretamente al régimen de estiba y desestiba de buques que, al mismo tiempo, modifica, sustancialmente el Real Decreto-Ley 2/1986, en relación con las misiones de los diferentes tipos de trabajo y sus condiciones laborales.
En su punto 3 dice: El Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias económicas concretas en las que se desarrolla el servicio público de estiba en cada puerto y su repercusión negativa sobre cada uno de los sectores económicos afectados por dicho servicio, podrá suspender temporalmente la aplicación de cualquiera de las previsiones contenidas en el Real Decreto-Ley 2/1986, mientras que se mantengan las circunstancias y condiciones que justificaron dicha suspensión, con objeto de garantizar una adecuada ordenación de la actividad económica en el sector afectado.
Pues bien, la enmienda solamente añade que el Gobierno, para suspender temporalmente, debe haber oído al Consejo Consultivo de Puertos del Estado y las organizaciones empresariales, sindicales y sectores económicos con relevancia en el ámbito portuario.
Creemos que esta audiencia a dicho Consejo aumenta la cobertura democrática de la autoridad portuaria en bien de todos, de las empresas, particulares, trabajadores de estiba y desestiba y de la propia gestión de Puertos del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos Pérez.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Queda por defender la enmienda número 89.


El señor PRESIDENTE: Al no haber sido defendida la enmienda número 89, tiene la palabra el Senador Padrón, por tiempo de dos minutos a su favor, porque entre los dos eran tres.


El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios ha interpuesto una única enmienda a este proyecto de ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Se trata de una enmienda de adición, que afecta al apartado 33 bis) y a través de la cual se intenta crear una nueva disposición adicional duodécima quáter, que garantice la presencia en la autoridad portuaria correspondiente --y lo remarco-- de todos y cada uno de los cabildos que cuenten con puertos de interés general del Estado.
En conjunto, entendemos que la nueva ley de puertos será un buen instrumento que refuerce la autonomía funcional y de gestión de las autoridades portuarias, pero en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria la nueva norma resulta claramente incompleta, ya que no se garantiza la presencia de todos y cada uno de los cabildos en los Consejos de Administración de las dos autoridades portuarias canarias.
El funcionamiento y gestión de un puerto afecta de manera directa e indiscutible al desarrollo del municipio en cuyo término está localizada el área de servicio del

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puerto. En el caso de una isla esta incidencia se amplía, también indiscutiblemente, desde nuestro punto de vista, a la totalidad de su territorio y, consecuentemente, la importancia del puerto se multiplica, influenciada por las peculiaridades que un territorio rodeado por mar ofrece.
Por tanto, se hace imprescindible que los cabildos, órganos de Gobierno, Administración y representación de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma formen parte activa a través de un vocal en la autoridad portuaria correspondiente.
Por otra parte, el hecho de que cada cabildo, dentro de la representación que corresponde a la Comunidad Autónoma, forme parte de los órganos de decisión de la autoridad portuaria, no resta representación a dicha Comunidad Autónoma, ya que los organismos insulares no son otra cosa que una institución autonómica.
En resumen, señor Presidente, lo que se obtendría de la incorporación de esta enmienda al texto definitivo, no sería otra cosa que una información y una opinión más concreta, cercana y global de la realidad puerto-isla, vinculada por la entidad que a nuestro entender, le corresponde, que no es otra que el Cabildo Insular. Como ejemplo ilustrativo, se puede exponer que en este mismo proyecto de ley se citan textualmente el Puerto de La Estaca y el Puerto del Timirijaque como puertos de interés general del Estado ubicados en la Isla de Hierro, con la gran salvedad, desde mi punto de vista, de que el Puerto del Timirijaque no existe, existe sólo un proyecto que fue iniciado hace unos años por el anterior Ente Público Puertos del Estado, y que está siendo seriamente cuestionado por la actual autoridad portuaria provincial, ya que los nuevos servicios técnicos no lo consideran viable en ese lugar.
El proyecto, señor Presidente, fue diseñado con prisas y siempre tuvimos la duda, duda razonable por otra parte, de que no sería el Timirijaque un buen lugar para la construcción del puerto que la isla necesita de manera imperiosa. El deseo del Cabildo Insular de conocer detalles relativos al proyecto, siempre obtuvo la callada por respuesta y, actualmente, hemos conseguido incluir el nombre de un puerto que no existe en la lista de puertos de interés general del Estado en el proyecto de ley que actualmente debatimos.
Señor Presidente, señorías, llegará el año 2000, llegará el siglo XXI y la Isla de El Hierro continuará sufriendo las deficiencias de La Estaca por el simple hecho de no contar la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife con la opinión del Cabildo Insular de la Isla del Meridiano en su Consejo de Administración. Ahora solamente nos queda esperar que sea el capricho y no la ley el que permita que las islas periféricas se comuniquen con el resto del mundo a través del mar y, sobre todo, contando con un puerto, el de Timirijaque que no existe.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE : Gracias, Senador Padrón.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 83 y 85.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
En este acto retiramos la enmienda número 85, toda vez que se refiere a las funciones de los consignatarios y a sus responsabilidades y existe una transaccional, que está relacionada con ésta. Por tanto, solicitamos sea retirada la número 85.
En cuanto a la enmienda número 83, al apartado 22 que se refiere a que la autoridad portuaria podrá acordar, previo informe favorable de Puertos del Estado, la prórroga de aquellas concesiones cuyo plazo inicial sea de 25 a 30 años y cuyo objeto se encuentre directamente vinculado con la explotación portuaria, proponemos la supresión de la palabra favorable.
Es decir, que exista el informe de Puertos del Estado, pero que no sea imprescindible que sea favorable para la concesión de dicha prórroga.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Transcurridas cinco horas desde la iniciación del Pleno y de acuerdo con el artículo 77 del Reglamento, solicito autorización de la Cámara para continuar el Pleno. (Pausa.) Muchas gracias.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 47 a 53, ambas inclusive; 55 y 56.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En este bloque de enmiendas, que van fundamentalmente destinadas a mejorar los aspectos de este proyecto de ley relativos a las tarifas y a la financiación portuaria, vamos a defender fundamentalmente aquellas que considero de mayor relevancia.
En primer lugar, las relativas al artículo 46, en el que el texto del Gobierno pretende que las aportaciones de las autoridades portuarias para cubrir las inversiones que se realizan a través de Puertos del Estado se calculen con un tope máximo del 5 por ciento de los ingresos del conjunto de los puertos de interés general durante el ejercicio anterior. Nosotros entendemos que esa contribución no sería equitativa y para que la distribución lo sea proponemos que, en lugar de hablar de un tope máximo del 5 por ciento, las aportaciones se calculen como la diferencia entre las cantidades que la autoridad portuaria ha aportado al Fondo de Contribución restándole las que recibe del Fondo. Entendemos que así las aportaciones y las cargas serán distribuidas con equidad.
En cuanto a la enmienda relativa al artículo 46, en el que se crea en el texto del Gobierno un nuevo órgano para distribuir el Fondo de Contribución entendemos que este Comité de Distribución es innecesario y que esa distribución del Fondo con destino a las inversiones la debe hacer un órgano ajeno a quien luego va a disfrutarlo y, por tanto, debe hacerlo el Consejo Rector de Puertos del Estado a propuesta de su Presidente y previa comprobación de que la gestión de la política tarifaria que están aplicando las respectivas autoridades portuarias que reciben las aportaciones se adecue a los principios de competencia

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leal y de cumplimiento de objetivos de autofinanciación del sistema portuario.
En la enmienda número 49, del artículo 54, proponemos la supresión del punto que con carácter excepcional prórroga de 25 a 30 años las concesiones, porque entendemos que esta prórroga no asegura con suficiencia esas cautelas de los posibles riesgos que el uso abusivo de esa prórroga pueda suponer a los puertos de interés general.
En el mismo orden va la enmienda número 50 al artículo 55, en la que también, con carácter excepcional, se autorizan instalaciones hoteleras en aquellos espacios destinados a instalaciones portuarias en las que se realicen actividades complementarias. Tampoco entendemos --y por eso pedimos la supresión-- que no existan las cautelas suficientes para evitar el uso abusivo de esas instalaciones.
Tenemos dos enmiendas presentadas al artículo 70, las números 52 y 53. En la primera pretendemos incrementar la garantía de equidad tarifaria, añadiendo para ello, entre las exigencias que las autoridades portuarias hacen por los servicios portuarios que se les prestan en el pago de las tarifas, un añadido más, y es que no puedan hacer rebajas económicamente injustificadas.
En la enmienda número 53, también al artículo 70, para garantizar la inexistencia de lo que podríamos llamar subvenciones encubiertas, además de que el Ministerio de Fomento defina lo que son los supuestos de la estructura tarifaria, entendemos --y así lo recoge nuestra enmienda-- que debemos incluir valores mínimos que garanticen la exigible autofinanciación y, por tanto, la autosuficiencia financiera y también un valor máximo para que se eviten esas prácticas abusivas que se pueden hacer con los tráficos cautivos.
La disposición transitoria tercera, a la que hemos presentado la enmienda número 55, determina los preceptos relativos a la liberalización de tarifas y da un carácter de aplicación de las mismas hasta dentro de tres años para que éstas sean una realidad. Entendemos que con las cautelas que introducimos en nuestras enmiendas al artículo 70, sería oportuno la supresión de esta disposición transitoria por coherencia con las mismas.
La enmienda número 56, a la disposición transitoria cuarta, lo que pretende sustancialmente es algo que hemos de decir que conseguimos en parte en el Congreso, y es bajar las cuantías de los cánones que estaban cifradas en el Proyecto de Ley en 40, 80 y 160 pesetas por tonelada.
Creemos que es excesivo y pedimos un coste menor.
Hay una enmienda que para nosotros es muy importante --y con esto termino, señorías--, la número 57, a la Disposición Final nueva.
Entendemos que ya que el Gobierno no ha abordado la definición de los que son realmente los puertos de interés general del Estado, es decir, no ha modificado el artículo 5 de la Ley de Puertos de 1992, hoy vigente, pedimos que en el plazo de seis meses el Gobierno envíe a las Cortes un Proyecto de Ley que establezca una nueva definición de los puertos de interés general. Porque con este texto, cuando se apruebe, no vamos a conocer la relación de puertos de interés general que deben ser gestionados por la Administración General del Estado, tampoco de aquellos otros que, por carecer de la calificación de puertos de interés general, puedan ser transferidos a las Comunidades Autónomas, y entendemos que con nuestra propuesta seguro que sí mejoraríamos la Ley y tendríamos claro lo que en todas las intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista hemos denominado como confusión en la Ley.
Por tanto, que se envíe en seis meses ese proyecto que establezca una nueva definición de puertos de interés general, la que ustedes estimen, ya que legítimamente su mayoría parlamentaria se lo permite, que relacionen los puertos que por ser de interés general debe gestionar la Administración General del Estado, y que se relacionen también aquellos otros que, por no tener esa calificación, deban transferirse a las Comunidades Autónomas, eso sí, tras el correspondiente acuerdo con la Comisión Mixta de Transferencias.
Señorías, creemos que éste sería, como mínimo, si ustedes la aceptasen, no un gesto de buena voluntad, sino un gesto que pondría realmente de manifiesto a la Cámara que si quieren tener un modelo propio, un modelo que defienda a la Administración General del Estado y un modelo que sea garante de todos los españoles, no un modelo al servicio de las coyunturas políticas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pleguezuelos.
El Senador Ortiz tiene la palabra para turno en contra.


El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este segundo bloque realmente ha sido visto con más rapidez, pero no con menos intensidad o menos claridad.
Con respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, la número 88, Senador Ríos, la hemos tenido en cuenta, pero hemos considerado que no se puede aceptar porque realmente no se pueden limitar las competencias del Gobierno para suspender temporalmente la aplicación de cualquiera de las previsiones previstas en el Real Decreto-Ley 2/1986. En cualquier caso, ello no implica que el Gobierno pueda consultar o pueda, previo oportuno trámite de audiencia, tomar las decisiones pertinentes.
Por lo tanto, como esto está en la Ley de Procedimiento Administrativo, consideramos que es innecesario insistir a través, de su enmienda número 88.
Pero quiero aclarar brevemente, después de la explicación de su colega de Coalición Canaria, referente a la enmienda número 89, lo que pasó en el Congreso y lo que ha pasado aquí. En el Congreso no se planteó por ningún grupo parlamentario, incluido el nuestro, la posibilidad o la necesidad de contemplar la realidad de la insularidad tanto del archipiélago canario como del archipiélago balear.
En esa línea, en Ponencia y en Comisión introdujimos una enmienda transaccional al guión cuarto de la enmienda 39 del Grupo Parlamentario Socialista, que contempla

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la peculiaridad de las islas Canarias y del Archipiélago Balear con representación garantizada respecto a los Cabildos y Consejos Insulares.
Era una preocupación que teníamos y hemos hecho un esfuerzo por introducirla, y hemos matizado en ella nuestra motivación respecto a la sensibilidad de los archipiélagos balear y canario. En consecuencia, en este momento someto a su criterio su retirada o mantenimiento, y vamos a mantener la enmienda transaccional que, en su momento, primero en Ponencia y luego en Comisión, aceptamos.
Con respecto a las enmiendas números 20 y 21 del Grupo Mixto, no las podemos aceptar, a pesar de la defensa que ha sido realizada.
Con respecto a la enmienda número 20, estimamos que la aprobación definitiva de los programas y presupuestos de las autoridades portuarias es a las Cortes Generales, como organismo estatal, a quienes corresponde fijar y aprobar definitivamente esas inversiones.
En relación a la enmienda número 21, la autonomía funcional de gestión de las autoridades portuarias no se ve contradicha por el mantenimiento de las garantías previstas por el proyecto de ley. Por lo tanto, estimamos que el Consejo de Administración de las Autoridades Portuarias es suficiente para garantizar que esa autonomía quede contemplada.
Con respecto a la enmienda 83 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa a la supresión del término «favorable», señor Beguer, me gustaría aceptarla, pero el sentido común nos dice que el informe tiene que ser favorable y no simplemente preceptivo. Por lo tanto, por rigor y para el control de las gestiones, el informe en su momento debe ser favorable y no simplemente preceptivo.
En relación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, voto particular número 6, se ha dado un barrido muy rápido a todas ellas.
Cuando se habla de los aspectos económicos y financieros consideramos que el contenido del texto actual de la Ley es lo más apropiado para el equilibrio del funcionamiento de la misma. Respecto a los aspectos relativos a fondos de inversiones y a cómo se van a controlar esas inversiones, entendemos que en el articulado está lo suficiente claro.
Por otro lado, respecto a la enmienda número 49, relativa a la prórroga de la concesión, tengo que decir que se exige un informe favorable del Ente Puertos del Estado. Hace falta un informe favorable; arbitrariamente no se puede prorrogar. Por lo tanto, el control de la coordinación de las decisiones importantes, como es ésta de la posible prórroga excepcional, está garantizado, como corresponde, mediante informe favorable del Ente Puertos del Estado.
Respecto a la enmienda número 50, la autorización final corresponderá siempre al Consejo de Ministro, por razones obvias, porque siempre será un criterio de utilidad pública. En consecuencia, en el contexto actual de la Ley no vemos necesaria su enmienda.
En cuanto a las números 53, 55 y 57, que aparentemente preocupaban muchísimo a su señoría, puedo señalar que la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en el artículo 5 contempla la definición de puertos de interés general, al igual que en el apartado 1. Además, prevé el cambio de calificación de un puerto por alteraciones de las circunstancias establecidas en el apartado 2. La pérdida de condición de interés general comporta la transferencia a las Comunidades Autónomas, siempre que éstas --y ahí está el matiz que nos lleva a no aceptar su enmienda-- hayan asumido la competencia necesaria, tal como se contempla en el apartado tres. Por este matiz, consideramos improcedente la aceptación de la mencionada enmienda.
Señorías, este es nuestro criterio. Por eso, rechazamos sus propuestas y sus enmiendas. Esta es la aportación final que puedo hacer en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Solamente me resta decirles --aunque, lógicamente, sé que tienen actitudes políticas definidas-- que cuanto más consensuada salga la ley, más útil será para todos y que si en algún momento hay que modificarla, lo haremos con más facilidad.
El Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo importante y esperamos de todos los grupos la misma respuesta para intentar consensuar una ley que nos parece eficaz, real, funcional y buena para todos los ciudadanos españoles, independientemente de que tengan o no puerto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ortiz.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Padrón.


El señor PADRON RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Ortiz ha pedido mi criterio. Por eso, le he solicitado el uso de la palabra.
En primer lugar, Senador Ortiz, le aclararé que no intervengo en nombre de Coalición Canaria, a la que no pertenezco, sino como portavoz del Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios. Esto lo dije al inicio de mi intervención.
En otro orden de cosas, le diré que pertenezco a la Agrupación Herreña Independiente y que junto al Senador del PNC y don Victoriano Ríos formamos el Grupo territorial. A lo mejor si tuviéramos seis Senadores formaríamos el Grupo parlamentario. No es el caso.
En segundo lugar, le diré que no tengo ninguna intención de retirar la enmienda porque, efectivamente, no está introducida. La postura del Partido Popular es clara y respetable. El Partido Popular no quiere que todos y cada uno de los cabildos tengan representación en la autoridad portuaria provincial. Eso se desprende del texto actual de la ley.
La postura del Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas Canarios se centra en que todos y cada uno de los cabildos --se lo propuse antes del debate-- tengan representación. La isla de El Hierro compartía, hace unos años o unas Legislaturas, Senador con la isla de La Gomera. Ahora tiene derecho a un Senador, pero no tiene

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derecho a un vocal en el Consejo de Administración de la autoridad portuaria provincial.
Si la postura del Partido Socialista, que se verá en la votación, es la misma, yo tendré que adelantarme y decir que lo que ocurre es que en los partidos de corte nacional sigue habiendo una distancia absolutamente grande, que supera esos 2.000 kilómetros de mar que nos separan y sigue sin entenderse cuál es la realidad insular.
Por lo tanto, no sólo no retiraré mi enmienda, sino que si tuviera otro turno la defendería con muchas más ganas. Además, dentro de su Grupo --lo que pasa es que el rodillo es el rodillo-- hay Senadores que tienen la misma opinión que la expresada por este Senador en su turno de intervención. De todas formas, sigue siendo respetable su postura. Pero no digan una cosa aquí y otra cosa en Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Padrón.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Ortiz, he visto que intervenía brevemente en aras de que los que pudieran tomaran los aviones y los que no la calle.
Es razonable que usted me diga que los contenidos económicos y financieros que recoge el articulado del texto son los adecuados. De todas formas, no me ha dado ni una sola argumentación a la serie de cautelas que le pedían las enmiendas socialistas para garantizar la autonomía financiera, la autosuficiencia, el principio de solidaridad y, algo muy importante, que las aportaciones que hagan las autoridades portuarias sean, al final, equilibradas y no arbitrarias con ese 5 por ciento.
Respecto a nuestra enmienda número 57, en la que pedíamos que en el plazo de seis meses se trajese un proyecto de ley, he sido yo quien ha dicho que ustedes no se han atrevido a modificar el artículo 5, que es el que define cuáles son los criterios y cuáles son los puertos de interés general. Pero ustedes han modificado esta ley, y la han modificado tanto que ahora no queda claro el papel de la Administración General del Estado en los puertos de interés general, ni cómo se van a transferir los puertos que no son de interés general.
Yo no lo puedo entender y, por tanto, me está usted demostrando --y me lo demuestran también los grupos nacionalistas que le apoyan-- que su proyecto al final es menos autonomista que el mío. Yo le pido que cuando se vayan a transferir a las Comunidades Autónomas esos puertos que no tienen la calificación de interés general, que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias que ustedes no quieren hacer.
Senador Padrón, lo siento mucho. Yo comparto con usted la realidad de la insularidad y fíjese si la compartimos que el Grupo Parlamentario Socialista fue el único que en el Senado recogió rápidamente esta enmienda conjuntamente con ustedes. Yo entiendo que quizás ustedes tengan miedo de que luego la puesta en escena final no responda a que estén todos los cabildos, lo que le aseguro es que el texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista iba en el sentido de que tuvieran representación todos los Cabildos de cada uno de los puertos y los Consejos Insulares. Lo recogimos así. Cuando se habla de transferencias a las Comunidades Autónomas no se dice a todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Por tanto, creo --y me van a permitir, para que vean la buena voluntad que tiene el Grupo Parlamentario Socialista-- que en la aplicación de esto el Gobierno Popular, y Coalición Canaria donde le apoya, van a ser coherentes y van a representar a todos los cabildos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.


El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero decir al señor Padrón que lamento haberle confundido. No obstante, usted forma parte del grupo territorial de Senadores canarios. Lamento haberle confundido y le pido disculpas.
Por otro lado, su matización ha servido para hacer una declaración, a mi modo de ver, fuera de contexto. Usted puede hacer las declaraciones que crea oportunas, pero yo lo he interpretado así. Primero hace esa clarificación y después declara que el Partido Popular tiene la intención de que los cabildos no estén representados. Eso no es verdad. Perdone que le diga que eso no es verdad, porque el texto que en su momento en Ponencia y Comisión consensuamos, señor Padrón, no dice eso.
No es verdad de cara a Canarias que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular o el Gobierno no tenga la intención de que los cabildos y los consejos insulares tengan representación. Queremos que exista una verdadera participación y representación, en particular en las islas Baleares y Canarias, donde existen instituciones de rango autonómico y de rango institucional importantes. El Grupo Parlamentario Popular, no sólo los Senadores canarios, está de acuerdo en tener la participación apropiada, digna, eficaz de aquellas instituciones, porque para eso existen, para eso están, para hacerse escuchar.
En el Congreso de los Diputados no se incluyó en su día la enmienda transaccional número 4 a la 39 del Grupo Parlamentario Socialista, que dice exactamente --y me va a permitir que lo lea-- que en Canarias y Baleares se deberá garantizar la representación de los Cabildos y Consejos Insulares --en plural--, en los consejos de administración de las autoridades portuarias dentro del porcentaje de representación que corresponde a las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 de la ley.


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Existe el marco legal para esa representación, para esa participación. En consecuencia, ustedes democráticamente con arreglo a esta ley pueden conseguir --y estoy convencido de que lo van a hacer-- un acuerdo de cooperación, coherente entre esos 15-22 representantes que puede haber en un consejo, para que con buena armonía ustedes estén perfectamente informados de todo lo que pasa en los entes portuarios autónomos de las islas Canarias y de las islas Baleares.
Con respecto a la intervención de la Senadora Pleguezuelos, para terminar, tengo que decir que la balanza está más equilibrada en estos momentos que cuando empezamos a debatir la ley. Eso en cuanto a la ley, y en cuanto al contexto del equilibrio de solidaridad financiera y de solidaridad territorial, el tiempo dirá si con las propuestas que plantea en esta ley el Grupo Parlamentario Popular el equilibrio que buscamos y deseamos da los resultados previstos, y si no, tenga la seguridad de que entre todos trataríamos de resolverlo. Pero en estos momentos creemos firmemente que el criterio de solidaridad territorial y eficacia de funcionamiento financiero y económico va a ser respetado con arreglo a la ley y va a dar buenos resultados.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortiz. (El señor Padrón Rodríguez pide la palabra.) ¿Sí, Senador Padrón?

El señor PADRON RODRIGUEZ: Señor Presidente, desearía hacer uso de la palabra treinta segundos por el artículo 87.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, tiene treinta segundos.


El señor PADRON RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, vistos los derroteros a los que ha llegado este debate, y poniendo por delante el profundo respeto que esta institución y los partidos aquí representados siempre me han sugerido, desearía decir, para que conste en el «Diario de Sesiones», que es una pena que tenga que desplazarme desde el lugar más alejado de este nuestro país, España, para escuchar no un argumento político, sino una falta de respeto, como es un «no es verdad».
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Padrón.
Terminado el debate, vamos a votar a continuación siguiendo el orden en que éste se ha producido, es decir, primero las enmiendas que se han debatido en el bloque número 1, en primer término, las enmiendas del Grupo Mixto, Izquierda Unida, y en primer lugar las enmiendas números 59, 60, 61 y 62. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 76; en contra 117; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 63, 64, 65, 66 y 67.
Se inicia la votación. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.) Se anula la votación.
Tiene la palabra la señora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, pedimos votación separada para la enmienda número 66.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la enmienda número 66.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, seis; en contra, 116; abstenciones 74.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 63, 64, 65 y 67.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor dos; en contra, 120; abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor siete; en contra, 186; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la 1 a la 19 excepto la número 8, que acabamos de votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 196; a favor, 77; en contra, 115; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, enmiendas números 76 y 77.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 11; en contra, 112; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 78.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 12; en contra, 182; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 81, 82 y 87. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda número 87.


El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar la enmienda número 87.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 82; en contra, 111; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 81 y 82.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 11; en contra, 183; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 22 a 46, ambas inclusives, que corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, salvo el guión cuatro de la enmienda número 39 y las enmiendas número 54, 57 y 58.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 74; en contra, 120; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el bloque segundo; en primer lugar, las enmiendas números 68, 69, 70 y 71 correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, cuatro; en contra, 120; abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 72, 73, 74 y 75.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 75; en contra, 119; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 88.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 80; en contra, 115.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 89.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, diez; en contra, 115; abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de la Senadora De Boneta. Primero votamos la enmienda número 20.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, siete; en contra, 187; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 21.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 78; en contra, 116; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 79 que corresponde al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 12; en contra, 111; abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 83, que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 11; en contra, 182; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista números 47 a 53, ambas inclusive, y las números 55 y 56.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 73; en contra, 119; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Votamos ahora la enmienda transaccional presentada sobre la enmienda número 80 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 116; en contra, 71; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.) Pasamos a votar el texto del dictamen. En primer lugar votamos el artículo único.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 119; en contra, 76; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación las disposiciones transitorias una a cuarta, la disposición adicional y la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 120; en contra, 75; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.


Eran las nueve horas y cincuenta minutos.

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