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DS. Senado, Pleno, núm. 32, de 26/02/1997
 


Año 1997 VI Legislatura Núm. 32

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 26 de febrero de 1997

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posibilidad de que las tropas de la Armada o del Ejército del Aire que operan en el archipiélago canario quedasen bajo mando de otro país, en el supuesto de la plena integración de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000189.)

--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000190.)

--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de dar a conocer los acuerdos realizados con el Partido Nacionalista Vasco sobre el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el plazo más breve posible (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000192.)

--De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si conocía el Gobierno con anterioridad al nombramiento de don Fernando López-Amor García como Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) que éste había sido condenado por sentencia firme como autor de una

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falta grave por abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000191.)

--De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha modificado la Ministra de Justicia su opinión sobre don Luis Pascual Estevill, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000195.)

--De don Francisco Javier Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con el cumplimiento del convenio suscrito el 13 de mayo de 1991 con la Diputación Provincial de Burgos para la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal Provincial en Burgos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000201.)

--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de construcción de la línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Córdoba y Málaga, defendida por la Junta de Andalucía (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000194.)

--De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de ejecución de las obras de construcción de la variante de la carretera nacional N-501, a su paso por el municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000200.)

--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la ubicación definitiva de alguna de las obras de Pablo Picasso adquiridas recientemente por el Ministerio de Educación y Cultura, en el museo de Barcelona, que lleva el nombre del artista (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000188.)

--De don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno con la forma con que las autoridades políticas sanitarias han abordado los casos de meningitis (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000193.)

--De don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas de carácter epidemiológico y preventivo que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al incremento del número de casos de meningitis meningocócica C (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000196.)

--De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa normativa tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación de fórmulas magistrales dirigidas a tratamientos peculiares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000197.)

--De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el régimen de la Seguridad Social en el que deben ser incluidos los socios administradores de compañías y, en general, los directivos de empresas o sociedades (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000187.)

--De don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar la situación de los trabajadores españoles del mar en empresas pesqueras mixtas de países extranjeros (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000198.)

--De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que va a instrumentar el Gobierno la puesta en marcha de los pactos territoriales para el empleo de diversas regiones españolas presentados recientemente en la Cumbre Europea de Dublín (Irlanda) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000199.)

Segundo

Interpelaciones:

--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando María Villalonga

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Campos, en relación con el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente Legislatura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente 670/000031.)

--De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general y previsiones del Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo y, más concretamente, con el de la Bárdenas, en Navarra (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 670/000035.)

--De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la ordenación del sistema español de relaciones laborales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 670/000036.)

Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Interior y Función Pública, en relación con el Proyecto de Ley de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 21 de febrero de 1997).
(Número de expediente S. 621/000007.) (Número de expediente C. D.
121/000001.)

--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la Proposición de Ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos (antes Proposición de Ley sobre Recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 3, de fecha 20 de febrero de 1997). (Número de expediente S. 624/000001.) (Número de expediente C. D. 122/000004.)

Cuarto

Solicitud de los señores Portavoces y de la Ponencia sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo de una prórroga de tres meses para la conclusión del trabajo. (Número de expediente 543/000001.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.


PREGUNTAS (Página 1285)

De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posibilidad de que las tropas de la Armada o del Ejército del Aire que operan en el archipiélago canario quedasen bajo mando de otro país, en el supuesto de la plena integración de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Página 1285)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).


De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal (Página 1286)

El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey).


De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de dar a conocer los acuerdos realizados con el Partido Nacionalista Vasco sobre el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el plazo más breve posible (Página 1287)

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El señor Díez González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díez González. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey).


De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si conocía el Gobierno con anterioridad al nombramiento de don Fernando López-Amor García como Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) que éste había sido condenado por sentencia firme como autor de una falta grave por abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo (Página 1289)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha modificado la Ministra de Justicia su opinión sobre don Luis Pascual Estevill, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (Página 1290)

El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Francisco Javier Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con el cumplimiento del convenio suscrito el 13 de mayo de 1991 con la Diputación Provincial de Burgos para la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal Provincial en Burgos (Página 1291)

El señor Ariznavarreta Esteban formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ariznavarreta Esteban. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).


De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de construcción de la línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Córdoba y Málaga, defendida por la Junta de Andalucía (Página 1292)

El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de ejecución de las obras de construcción de la variante de la carretera nacional N-501, a su paso por el municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca) (Página 1294)

El señor Hernández Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).


De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la ubicación definitiva de alguna de las obras de Pablo Picasso adquiridas recientemente por el Ministerio de Educación y Cultura, en el museo de Barcelona que lleva el nombre del artista (Página 1295)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).


De don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno con la forma con que las autoridades políticas sanitarias han abordado los casos de meningitis (Página 1296)

El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arjona Santana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


Página 1281


De don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas de carácter epidemiológico y preventivo que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al incremento del número de casos de meningitis meningocócica C (Página 1298)

El señor Sainz García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa normativa tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación de fórmulas magistrales dirigidas a tratamientos peculiares (Página 1299)

La señora López Garnica formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora López Garnica. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).


De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el régimen de la Seguridad Social en el que deben ser incluidos los socios administradores de compañías y, en general, los directivos de empresas o sociedades (Página 1300)

El señor Vidal i Perpiñá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).


De don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar la situación de los trabajadores españoles del mar en empresas pesqueras mixtas de países extranjeros (Página 1301)

El señor Blancas Llamas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Blancas Llamas.


De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que va a instrumentar el Gobierno la puesta en marcha de los pactos territoriales para el empleo de diversas regiones españolas presentados recientemente en la Cumbre Europea de Dublín (Irlanda) (Página 1300)

El señor Lamalfa Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lamalfa Díaz.


INTERPELACIONES (Página 1304)

De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para iberoamérica, don Fernando María Villalonga Campos, en relación con el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente Legislatura (Página 1304)

La señora De Boneta y Piedra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Bolinaga Benoga, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Castro Rabadán, por el Grupo Socialista, y López Henares, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).


De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general y previsiones del Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo y, más concretamente, con el de Las Bardenas, en Navarra (Página 1311)

El señor Bolinaga Bengoa realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista, e Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular. Interviene nuevamente

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el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). Los señores Bolinaga Bengoa e Iribas Sánchez de Boado intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la ordenación del sistema español de relaciones laborales

Esta interpelación ha sido retirada.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1320)

De la Comisión de Interior y Función Pública, en relación con el Proyecto de Ley de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (Página 1320)

El señor Cañellas Fons, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor García Carnero consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra y el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto, así como los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, y García Carnero, por el Grupo Popular. La señora De Boneta y Piedra interviene de nuevo en virtud del artículo 87, retirando la propuesta de veto.


Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


Comienza el debate del articulado.


Títulos I y II. Artículos 1 a 39.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, da por defendidas todas las enmiendas por ella presentadas a esta parte del proyecto de ley. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 34 a 87 y 89 a 93. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 133 y 137, así como las números 142, 143 y 144, a los artículos 29 y 29 bis, del Grupo Mixto. El señor Caballero Lasquibar defiende las enmiendas números 121 y 122, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i Comes defiende las enmiendas números 212 y 214, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Martínez García defiende las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a 188, así como el voto particular número 7, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de los artículos 11.2, 12.2 a) y 17.1, volviendo al texto remitido por el Congreso de los Diputados, y retira las enmiendas números 149, 189, 190 y 191, así como la parte del voto particular mencionado que se refiere a la vuelta al texto del Congreso de los artículos 22, 31.1 y 36, del Grupo Socialista. El señor Huidobro Díez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto, y Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Martínez García, por el Grupo Socialista, y el señor Huidobro Díez, por el Grupo Popular.


Títulos III y IV. Artículos 40 a 66.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 26. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 94 a 105, proponiendo esta última la creación de un Título V, nuevo. El señor Carrera i Comes defiende la enmienda número 215, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Martínez García defiende las enmiendas números 192 a 199, del Grupo Socialista. El señor Huidobro Díez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Martínez García, por el Grupo Socialista, y el señor Huidobro Díez, por el Grupo Popular.


Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.


Se dan por defendidas las enmiendas números 27 y 28, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da asimismo por defendidas las enmiendas 106 a 119. El señor Ríos Pérez defiende la enmienda número 146, del Grupo Mixto. El señor Caballero Lasquibar defiende las enmiendas números 124 a 127, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i Comes defiende las enmiendas números 216 y 217, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Arévalo Santiago defiende las enmiendas números 200 a 210, así como el voto particular número 7, retirando las relativas a las disposiciones adicionales tercera y decimotercera, de vuelta al texto del Congreso, del Grupo Socialista. El señor Román Clemente da por defendido

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el voto particular número 8, también de vuelta al texto del Congreso. El señor Huidobro Díez defiende el voto particular número 9, asimismo de mantenimiento del texto del Congreso, y consume un turno en contra de las enmiendas anteriormente defendidas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.


Exposición de motivos.


Se dan por defendidas las enmiendas números 1 y 2, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da asimismo por defendidas las enmiendas números 29 a 33. El señor Arévalo Santiago defiende las enmiendas números 147 y 148, del Grupo Socialista.
No se hace uso del turno en contra ni del turno de portavoces.


Se procede a votar.


Títulos I y II.


Se rechazan las enmiendas números 11 y 19, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 101 votos a favor, 125 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 9, de la misma señora Senadora, por 93 votos a favor, 132 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 3 a 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 21 a 25, de la misma señora Senadora, por 10 votos a favor, 215 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 36, 55, 64 y 75, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 34, 35, 37 a 54, 56 a 63, 65 a 74, 76 a 87 y 89 a 93, de los mismos señores Senadores, por 4 votos a favor, 222 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 133, 137, 142, 143 y 144, del Grupo Mixto, por 13 votos a favor y 215 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 121 y 122, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 207 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 212 y 214, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 20 votos a favor, 207 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a 188, del Grupo Socialista, por 84 votos a favor, 142 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza el voto particular número 7, del Grupo Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de los artículos 11.2, 12.2 a) y 17.1, por 86 votos a favor y 143 en contra.


Se aprueban los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29 bis, 35, 37 y 39, según el texto del dictamen, por 219 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueban los restantes artículos integrados en los Títulos I y II, según el texto del dictamen, por 143 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones.


Títulos III y IV.


Se rechaza la enmienda número 26, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 216 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 94 a 105, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 222 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 215 del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 101 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 192 a 199, del Grupo Socialista, por 86 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza el voto particular número 7, del Grupo Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial del artículo 62, por 86 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención.


Se aprueban los artículos 41 y 46, según el texto del dictamen, por 143 votos a favor y 86 en contra.


Se aprueba el Capítulo II del Título III, según el texto del dictamen, salvo el artículo 46, votado con anterioridad, por 225 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban los restantes artículos de los Títulos III y IV, según el texto del dictamen, por 225 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.


Disposiciones.


Se rechazan las enmiendas números 27 y 28, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 214 en contra y 4 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 106 a 119, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 223 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 146, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor y 217 en contra.


Se rechaza la enmienda número 126, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 124, 125 y 127, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 217 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 216 y 217, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones.


El señor Aleu i Jornet retira en este acto las enmiendas números 204, 206 y 207, del Grupo Socialista.


Se rechaza la enmienda número 201, del Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 140 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 200, 202, 203, 205, 208, 209 y 210, del Grupo Socialista, por 84 votos a favor, 141 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza el voto particular número 7, del Grupo Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de las disposiciones adicional undécima y transitoria tercera, por 87 votos a favor, 141 en contra y 1 abstención.


Se rechaza el voto particular número 8, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de la disposición adicional undécima, por 87 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base del voto particular número 9, del Grupo Popular, relativo a la disposición transitoria tercera, apartado 1, firmada por todos los grupos parlamentarios, por 224 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, octava, novena, décima, duodécima, decimocuarta, decimosexta y decimoséptima, así como las disposiciones transitoria primera, derogatoria y final primera, según el texto del dictamen, por 228 votos a favor y 1 abstención.


Se aprueban las restantes disposiciones, con las modificaciones introducidas, por 142 votos a favor, 85 en contra y 1 abstención.
Exposición de Motivos.


Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 213 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 29 a 33, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 223 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 147 y 148, del Grupo Socialista, por 86 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 141 votos a favor, 87 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la Proposición de Ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos (antes Proposición de Ley sobre Recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva) (Página 1360)

El señor Alonso Buitrón presenta el dictamen. No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Navarro Garzón, por el Grupo Socialista, y Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.


Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Solicitud de los señores portavoces y de la Ponencia sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo de una prórroga de tres meses para la conclusión del trabajo (Página 1363)

Se aprueba la prórroga por asentimiento de la Cámara.


Se suspende la sesión a las veinte horas y cinco minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS TROPAS DE LA ARMADA O DEL EJERCITO DEL AIRE QUE OPERAN EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO QUEDASEN BAJO MANDO DE OTRO PAIS, EN EL SUPUESTO DE LA PLENA INTEGRACION DE ESPAÑA EN LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE. (680/000189.)

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posibilidad de que las tropas de la Armada o del Ejército del Aire que operan en el archipiélago canario quedasen bajo mando de otro país en el supuesto de la plena integración de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señor Ministro.
Desmentido en el Congreso de los Diputados por el Gobierno la posibilidad de que en el supuesto de la plena integración de España en la Alianza Atlántica el archipiélago canario quedara fuera del mando español, afloran las noticias de que la intención del Gobierno español es pretender únicamente el mando del Ejército de Tierra en dicha zona.
Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta: ¿podría el Gobierno indicarnos si para el supuesto de la plena integración de España en la Alianza Atlántica se contempla la posibilidad de que la Armada o la aviación, o ambas, que operan en el archipiélago canario pudieran quedar bajo el mando de otro país o en una situación singular y específica? Muchas gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la respuesta es muy clara, no existe ninguna posibilidad de que queden fuera del mando español. El concepto estratégico de 1994, revisado en 1996, establece un mando único sobre todo el territorio nacional, incluido el archipiélago, por tanto, desaparece el mando unificado de Canarias. Esto ha sido posible debido a la reducción de los tiempos y de la distancia, a la rapidez de la respuesta en los medios aeronavales y a la mejora de los sistemas de mando y control. Por ello se ha impulsado un concepto de mando operativo conjunto en las Fuerzas Armadas, cuyo comandante es el Jefe del Estado Mayor de la Armada, y como digo se suprimió el mando unificado de Canarias. Desde esta fecha, Canarias no tiene ningún tratamiento diferencial.
¿Qué pasa con la OTAN? Las Fuerzas de la Armada y del Ejército del Aire que operan en el archipiélago canario tienen una misión concreta y permanente en el marco de la defensa nacional, y sus actuaciones están siempre bajo mando nacional. Otra cosa es que en el mando colectivo, amparado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y lo prescrito en el Tratado de Washington, las tropas españolas de cualquier ejército, como las de cualquier otro país de la Alianza, puedan operar en cualquier sitio bajo mando internacional, bajo un mando de la Alianza.
En el ámbito de la OTAN, los mandos se designan en la confianza de las naciones, pierden su condición nacional y se convierten en mandos internacionales. Nunca puede suceder que fuerzas de una nación queden bajo mando de otra; puede suceder que, de modo momentáneo, queden adscritas a una fuerza de carácter multinacional. Por ejemplo, en el próximo mes de septiembre, un oficial superior de la Armada asumirá el mando de la Fuerza Naval permanente de la Alianza en el Mediterráneo, una fuerza de varios países, entre otros una fragata española, estará bajo el mando de un oficial español, no bajo mando español, bajo mando de la Alianza. Eso puede suceder en cualquier circunstancia, con cualquier ejército y en cualquier territorio, pero en lo que se refiere al archipiélago canario, todos los estudios realizados por el Comité militar establecen que estará como cualquier parte del territorio español, bajo el mando que se establezca en España, un mando subregional. Por tanto, las fuerzas del Ejército de Tierra, exactamente igual que las fuerzas de la Armada y del Ejército del Aire, operarán siempre bajo ese mando subregional español, salvo que cualquier ejército en cualquier lugar sea adscrito momentánea y temporalmente a un mando internacional. De manera que, repito, la respuesta es categórica, no puede suceder esa posibilidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo entonces que la OTAN va a tener un cambio profundo en la estructura estratégica en un inmediato futuro, porque en estos momentos Iberlant, que es la zona controlada desde Lisboa, tiene un efecto de influencia total sobre la zona aérea y marítima de Canarias. Se habla de que será el límite de Ayamonte, en la provincia de Huelva, donde Iberlant termine su mandato de segundo nivel y ahí empezaría el de tercer nivel español hacia el estrecho de Gibraltar. Si efectivamente es como dice el señor Ministro, yo me congratulo de ello, porque el tema del Atlántico plantea problemas muy especiales. Canarias, con las obligaciones

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que tiene, defenderá Europa, y en esa línea de la definición del Tratado de Maastricht --que acuñó el término de identidad europea de seguridad y defensa-- está vinculada a la UEO y ligada con la OTAN, que serían siempre fuerzas separables pero no separadas.
Creo recordar, señor Ministro, que en su momento Canarias votó no a la integración de la OTAN en referéndum; como éste ya no es posible otra vez, sí que hemos insistido en la posibilidad de una mayor información para nuestro pueblo en ese campo, y también en que se hiciera un sondeo para ver cuál es en estos momentos el parecer de nuestro pueblo canario sobre la nueva OTAN.
Por último, en caso de que no fuera posible la neutralidad fáctica, desearíamos que el mando de Iberlant fuera alternativo y que también tuviera España el mando, igual que Portugal, por tiempo más o menos alternativo.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro, con brevedad.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Con mucha brevedad, señor Presidente, gracias.
Efectivamente, tiene razón, señoría, los cambios han sido muy profundos, tanto que al participar España plenamente, el territorio canario, que siempre ha estado bajo dominio español, y jamás fuera de él, ahora pasará a estar, además de bajo dominio español, como territorio nacional que es, incardinado en un mando de la OTAN de nueva creación, que es el mando subregional español.
De manera que le repito y le tranquilizo a su señoría diciéndole que los estudios de la Alianza, todos están hechos sobre la base de que Canarias, como cualquier otra zona del territorio nacional, estará bajo dominio del mando subregional que se establezca en España. Por tanto, habrá que alterar las zonas tradicionales de división de mandos, que ya no serán rígidas porque estarán orientadas a las misiones, pero, en todo caso, habrá que alterarlas porque se ha producido la novedad de la integración de España en la estructura militar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.


--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA SUSPENDIDO LA PUBLICACION DEL BOLETIN ESTADISTICO DEL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL.
(680/000190.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Boletín Estadístico del Registro Central de Personal se inició en 1990 con carácter mensual y dejó de publicarse en noviembre, diciembre y enero. Entre sus objetivos tenía el control del aumento de funcionarios de máximo nivel de la Administración. Pero, señorías, una vez más, ante los indicadores negativos y el incumplimiento de la promesa electoral del Partido Popular, se deja de publicar.
Recordarán sus señorías que uno de los puntos estrella del programa electoral del Partido Popular fue la modernización de la Administración y su transparencia. Nos recordaba el señor Núñez durante años, nos explicaba y --más que explicaba-- gritaba de qué forma lo iban a hacer, incluso de forma contable explicaba los miles de millones de ahorro y la drástica disminución de funcionarios de alto «standing», nada menos que 80.000 millones de ahorro como consecuencia de los 5.000 puestos de altos cargos menos, reduciendo los niveles 28, 29 y 30 de la Administración.
Hoy, apenas diez meses después de la gloria centrista del caiga quien caiga y del ordeno y mando del Partido Popular, el Gobierno no sabe, no contesta (Rumores.), y ¿qué es lo que hace? Lo más democrático, eliminar el Boletín previa fulminación del Subdirector General del Proceso de Datos de las Administraciones Públicas, fulminación y fumigación en la Administración, señor Ministro.
Señores del Gobierno, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Rojo, voy a responder a la pregunta que me ha hecho, y si usted vuelve a hacer alguna otra suerte de consideraciones, le responderé en la ulterior réplica.
Es muy difícil poder explicar cuáles son las razones por las cuales el Gobierno ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, por la sencilla razón de que no ha suspendido la publicación del mencionado Boletín. A partir de ahí todas sus consideraciones son ciertamente muy interesantes, pero se basan y parten de un dato que es absolutamente falso, porque el Gobierno, como acabo de señalar, no ha suspendido la publicación del mencionado Boletín.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.


El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.


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Es verdad lo que nos acaba de decir. (Risas.) Sí, es verdad, no se rían, señorías, yo creo que esto tiene muy poca gracia. Es verdad que vamos a tener nuevamente el Boletín, pero tendrá que decirnos por qué en noviembre, en diciembre y en enero no hubo Boletín, nos lo tendrá que decir. Lo que sí sabemos es que como consecuencia de la denuncia pública que se hizo sobre esta cuestión, ustedes han vuelto a dar la orden que se edite el Boletín.
Sé que usted va a terminar la intervención y podrá decir lo que le dé la gana, porque, al final, sus palabras quedarán en el «Diario de Sesiones» después que las mías. Ustedes aquí nos han contestado permanentemente a preguntas de la oposición mintiendo, señor Ministro, en esta y en otras cuestiones, como lo vamos a ver a lo largo de la mañana. (Rumores.) Sí, señorías, mintiendo; léanse lo que nos han contestado y vean lo que ha ocurrido después.
Por tanto, como usted, señor Ministro, va a terminar y sé que me va a contestar a todas estas cuestiones, quiero dejar claro que es verdad que hay Boletín, pero no había Boletín cuando yo presenté esta pregunta y no lo había hace dos semanas. Ustedes han vuelto al Boletín como consecuencia de la denuncia pública que se ha hecho. Es sabido, señorías, que los funcionarios están encantados; aquí está encantado todo el mundo con ustedes. Ustedes, señorías, se dedican a descodificar el fútbol, como todo el mundo sabe (Rumores.), por ser de interés general. Por cierto, algo nada novedoso que ya otro nos lo hacía para hacernos la terapia de grupo, que es lo que ustedes tratan de hacer con todos los demás.
(Rumores.) Y codifican, señor Ministro, las decisiones a través de decretos-leyes suprimiendo lo que no les gusta.
Me puede contestar el señor Ministro lo que quiera; la realidad es que quisieron suspender el Boletín y lo han tenido que volver a editar como consecuencia de la presión y de la denuncia pública.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo no voy a entrar en una guerra de eslogan sin argumento, creo que no tiene excesivo sentido. Yo le he dicho a usted que no se ha suspendido la publicación del Boletín. Menos mal que usted en la respuesta que me da reconoce que es verdad que no se ha suspendido la publicación del Boletín. Entonces, cabe preguntarse por qué pregunta usted las razones de la suspensión de la publicación del Boletín, si luego reconoce que el Boletín en su publicación no ha sido suspendido. Me parece absolutamente absurdo que haga usted esa pregunta.
Es así, señor Rojo. Aquí está el Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, que es una publicación del Ministerio de Administraciones Públicas, con una periodicidad de seis meses, y que no ha sido suspendida, ni lo va a ser. Y aquí está un Boletín Estadístico que se entrega única y exclusivamente a distintos altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas y que suele tener una periodicidad mensual. Es un Boletín no público, sino para los efectos internos del Ministerio de Administraciones Públicas. En este momento se está procediendo a la elaboración de las RPT de los distintos Ministerios y, por tanto, pareció oportuno a los responsables del Registro el retrasar la publicación de los meses de diciembre, enero y febrero, que ya están publicados.
Todo lo demás son consideraciones, sin duda, muy interesantes, pero que desde luego no responden a la verdad. Y voy a decirle una cosa; no haga usted «seguidismo» de informaciones que se publican en ocasiones y que no responden a la realidad porque, al final, lo que acaba haciendo usted, y se lo digo con absoluta tranquilidad y toda la moderación del mundo, es el ridículo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.


--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE DAR A CONOCER LOS ACUERDOS REALIZADOS CON EL PARTIDO NACIONALISTA VASCO SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, EN LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE. (680/000192.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de dar a conocer los acuerdos realizados con el Partido Nacionalista Vasco sobre el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el plazo más breve posible.
Tiene la palabra el Senador Díez González.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a comenzar preguntando ¿algún Senador o Senadora de los que estamos aquí presentes tendría interés en conocer las negociaciones del concierto económico del País Vasco que en este momento o hace poco, dicen, por lo que hemos leído en los medios de comunicación, que se han cerrado? ¿Creen que sería interesante para ustedes, para sus Comunidades Autónomas de origen, para sus electores, para los ciudadanos en general, conocer el fondo de esa negociación, los contenidos, la trascendencia de dicha negociación? Yo creo que son preguntas interesantes, que como miembros de una Cámara territorial, como es ésta, nos podemos hacer y que, en definitiva, son las que le hago al Gobierno y al señor Ministro.


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¿Es intención del Gobierno dar a conocer los acuerdos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de la nación sobre la Ley del Concierto Económico del País Vasco en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el plazo más breve posible? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Díez, yo supongo que todos los Senadores tendrán interés en conocer las negociaciones que hace el Gobierno con el Gobierno vasco en relación al tema del concierto del cupo o cualesquiera otras negociaciones que haga sobre cualesquiera otros asuntos. Por tanto, espero que la respuesta que yo le dé a su pregunta le satisfaga.
Tengo que decir que el Gobierno sí tiene intención de dar a conocer el acuerdo al que llegue con el Gobierno vasco en materia de concierto cuando ese acuerdo efectivamente se produzca. Hasta que ese acuerdo se produzca es evidente que no podemos dar conocimiento del mismo a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, por una sencilla razón, como no hay acuerdo, no hay nada que dar a conocer. Por tanto, cuando haya acuerdo me preguntará usted y yo le diré que sí estaremos dispuestos a darlo a conocer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.
Tiene la palabra el Senador Díez González.


El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin embargo, hemos leído que al hilo de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno de la nación y el Partido Nacionalista Vasco, hubo un acuerdo de principios con este último que vimos en los medios de comunicación. Yo desde luego creo en el concierto económico del País Vasco, cómo no, así lo establece la Constitución y el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Gernika, pero no olvidemos que es un concierto entre el Estado y una Comunidad Autónoma. La pregunta que nos hacemos muchos es si el Estado es solamente el Gobierno o el Estado somos todos, si lo son el resto de las Comunidades Autónomas, si tienen algo que decir el resto de las Comunidades Autónomas y si tienen algo que decir las Cortes Generales y, en concreto, el Senado sobre esta negociación y los contenidos de ese concierto económico. ¿Los contenidos de ese concierto económico repercuten o no en el resto de las Comunidades Autónomas? ¿Repercuten o no en el resto de España? Son preguntas que nos hacemos muchos Senadores, no sólo del Grupo Parlamentario Socialista, no vamos a ser sectarios en esta cuestión, sino Senadores de todos los grupos que están en esta Cámara.
Señor Ministro, yo soy Senador por la Comunidad Autónoma de La Rioja y recientemente el Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad un acuerdo que iba más lejos de lo que estoy pidiendo en este momento, que es información. Queremos saber cómo van esas negociaciones. El Parlamento de La Rioja pedía más, pide que el concierto vasco no se negocie bilateralmente. Uno de los titulares es: «La Rioja pedirá a Aznar asistir a la negociación del concierto vasco»; «el Gobierno de La Rioja pedirá el concierto vasco en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera».
En definitiva, creemos que es justo, y yo creo que el conjunto de la Cámara así lo estima también porque lo hemos hablado muchas veces, que en esta Cámara se residencie la información y el debate correspondiente a este asunto y a otros de interés general. Por eso, pedimos una información a quien la tiene, que es el Gobierno, con el derecho de pedirla; de lo contrario, tendríamos que pensar que los intereses de partido se han querido imponer a los intereses generales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Díez, ha comenzado usted su intervención diciendo: hemos leído...
Yo les recomendaría a ustedes --ya lo hice con ocasión de la respuesta que le di al señor Rojo-- que no planteasen sus preguntas o interpelaciones al Gobierno sobre la base de lo que lean en algún que otro medio de comunicación. Yo creo que no es la forma más razonable de hacer oposición y, desde luego, dice muy poco de su iniciativa política.
Ha dicho que cree usted en el concierto, lo cual me parece muy razonable y ha pedido alguna otra información que también me lo parece, como que si el Gobierno va a dar información, si el Senado y las Cortes Generales tienen derecho a opinar sobre las negociaciones en materia de concierto y de cupo. Yo le digo que sí, que el Gobierno presentará en su día, como no podía ser menos, un proyecto de ley de concierto y de cupo, que se debatirá en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Usted podrá hacer todas las observaciones que estime oportuno y conveniente, todas las críticas, sugerencias y, en suma, todas las iniciativas parlamentarias que considere necesarias para la mejora del proyecto de ley que presente el Gobierno. Es lo que vamos a hacer y es exactamente lo que se ha hecho desde el año 1980. No recuerdo que usted u otro dirigente del Grupo Parlamentario Socialista, cuando ustedes asumían la responsabilidad de gobernar, planteasen esa original negociación del modelo de concierto o de cupo. ¿Por qué no dijo usted en su día que la negociación sobre el concierto y el cupo había que explicarla previamente en el Senado o que tenían que estar participando en esa negociación

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del concierto y del cupo La Rioja? ¿Por qué sólo La Rioja? Yo creo que también podía estar Extremadura, Baleares, etcétera, todos los Senadores y todos los Diputados. Y, desde luego, cuando el Gobierno tuviese que presentar a las Cortes cualquier proyecto de ley y estuviese negociando, por ejemplo, con una comunidad de regantes, lo lógico es que antes de presentarlo el Gobierno viniera aquí a dar cuenta de con quién está negociando. Por ejemplo, yo en este momento estoy intentando negociar el Estatuto de la Función Pública y debería venir aquí para explicar qué es lo que estoy haciendo con los sindicatos o con las Comunidades Autónomas.
Eso ocurriría con todos los proyectos de ley. Yo creo que el modelo normal, usual, el que siempre se ha utilizado en democracia, el que siempre han utilizado ustedes, es presentar un proyecto de ley al que los grupos parlamentarios hacen las observaciones que estimen oportunas y convenientes. Lo demás me parece que tiene muy poco sentido y que participen todas las Comunidades Autónomas, previamente el Senado y el Congreso de los Diputados, en la negociación sobre el concierto y el cupo, usted sabe que no tiene sentido y que contradice lo dispuesto en la legislación vigente sobre concierto y cupo, que supongo que su partido habrá aprobado en su día.
Preguntas de este tipo, aunque muy gustosamente se las respondo, me parece que tienen muy poco sentido. Hay que echar un poco más de imaginación al asunto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONOCIA EL GOBIERNO CON ANTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO DE DON FERNANDO LOPEZ-AMOR GARCIA COMO DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) QUE ESTE HABIA SIDO CONDENADO POR SENTENCIA FIRME COMO AUTOR DE UNA FALTA GRAVE POR ABUSO DE AUTORIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. (680/000191.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si conocía el Gobierno con anterioridad al nombramiento de don Fernando López-Amor García como Director General del Ente Público de Radiotelevisión Española, que éste había sido condenado por sentencia firme como autor de una falta grave por abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo.
Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: Señor Presidente, señorías, señoras y señores del Gobierno, ¿conocía el Gobierno de la nación con anterioridad al nombramiento de don Fernando López-Amor García como Director General del Ente Público de Radiotelevisión Española que éste había sido condenado por sentencia firme como autor de una falta de abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barranco.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente el Gobierno conocía antes del nombramiento del nuevo Director General de Radiotelevisión Española la sentencia dictada, en vía de recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el señor López-Amor y por la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas de la Administración Financiera y Tributaria del Estado, que estimaban parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, de 30 de enero de 1990.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia, señor Presidente.
Señora Ministra, la verdad es que la respuesta que usted acaba de dar en esta Cámara que, por cierto, es la misma que dio el otro día en el Congreso de los Diputados, me parece que hace aún más incomprensible la actitud del Gobierno y, desde luego, hace mucho más inquietante el nombramiento del señor López-Amor como Director digital del Ente Público de Radiotelevisión Española.
La razón no es sólo el hecho de que exista una sentencia --cosa que ustedes siguen todavía negando, poniendo en entredicho-- firme y una condena firme, sino que más allá incluso de la propia sentencia existe una gran pregunta en torno a esta cuestión. ¿Por qué el señor López-Amor va a investigar las declaraciones de renta de un compañero de su partido? ¿Por qué? ¿Por curiosidad, por interés morboso? ¿Por qué hace eso? Yo creo que la respuesta a esa pregunta añade mucha más gravedad que la propia sentencia.
Si además eso fuera poco, ustedes acaban de aprobar de forma definitiva en el Congreso de los Diputados --además, creo que a iniciativa de su Gobierno--, con fecha 30 de diciembre de 1996, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se ha aprobado por iniciativa de ustedes, con el voto unánime de todos los grupos políticos.
En la disposición adicional octava de esa Ley aprobada hace escasamente dos meses, se dice que el acceso a los datos, informes o antecedentes obtenidos por las Administraciones Tributarias y por parte de un funcionario público para fines distintos de las funciones que les son propias, se considerará siempre disciplinariamente falta grave. Y dos meses escasos después de aprobar ustedes esta Ley, promocionan a un señor que ha incurrido en falta

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grave y que ha infringido esta Ley, que ustedes mismos han propuesto a las Cortes Generales de este país; dos meses después. ¿Acaso van a hacer ustedes una lista de promoción de todos aquellos militantes del Partido Popular que infrinjan las leyes que ustedes mismos aprueban? ¿Va a ser esa la línea de actuación de su Gobierno? Además, como usted muy bien conoce, señora Ministra, existen cosas muy importantes al margen de estos documentos. Existe un compromiso del Presidente del Gobierno, del señor Aznar, de nombrar como Director de Radiotelevisión Española a una persona independiente, elegida entre personas de reconocido prestigio y a propuesta del propio Consejo de Administración. Ninguno de estos compromisos han sido cumplidos por ustedes con el nombramiento del señor López-Amor. Después de estos compromisos, de estas palabras y luego, a la vista de los hechos, ¿cuánto vale la palabra del señor Aznar?

El señor PRESIDENTE: Senador Barranco, termine, por favor.


El señor BARRANCO GALLARDO: Ya termino, señor Presidente.
¿Cuánto valen los compromisos del programa del Partido Popular? La trayectoria y la gestión del señor López-Amor le desacreditan para ocupar un cargo de esta naturaleza y aquí en esta Cámara hay dos personas de su partido que le podían hablar muy bien de esa gestión, de esa trayectoria política del señor López-Amor, un señor que ha sido condenado por abuso de autoridad y que ustedes le promocionan a Director General del Ente Público de Radiotelevisión Española. Además de eso, lo que más nos inquieta es la respuesta que el señor López-Amor, el propio interesado, ha dado en determinadas entrevistas. Ha mentido, ha atacado a otros medios de comunicación.


El señor PRESIDENTE: Senador Barranco, termine.


El señor BARRANCO GALLARDO: Y en esa respuesta --ya termino, señor Presidente--, en esa respuesta...


El señor PRESIDENTE: Senador Barranco, termine. (El señor Barranco Gallardo pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Por tanto, el único que defiende a este señor es el señor Aznar, el único miembro del club de fans del señor López-Amor.


El señor PRESIDENTE: Señor Barranco, le retiro la palabra. (El Senador Barranco pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Barranco, le ruego que cuando el Presidente le retire la palabra después de haber doblado casi el tiempo que le corresponde, haga caso.
(El señor Barranco Gallardo pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Barranco, siéntese, por favor.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a pregunta idéntica, en cuya contestación su señoría estuvo presente, esta Ministra no tiene más remedio que dar respuesta idéntica.
Su señoría ha mantenido la pregunta en atribución de sus facultades y la Ministra mantiene la respuesta porque no hay otra. Señoría, no existe una sentencia de condena. Condena en términos coloquiales equivale casi a sanción penal. Su señoría sabe que esto es un recurso interpuesto por el propio señor López-Amor.
Respecto de la legislación de la que su señoría ha hecho uso en este momento y que fue aprobada hace dos meses, le tengo que decir, señoría, que nosotros no hemos dicho que esta sentencia no se cumpla, nosotros no hemos dicho que esta sentencia no exista. El Gobierno ha reconocido que existe y ha reconocido que existen unos hechos, que son los que establece el tribunal, que es requerir el funcionario de la inspección de tributos determinados datos a un subinspector. Ese es el abuso de autoridad, no el uso de información, que está acreditado que no utiliza y que reconoce el propio subinspector que denuncia al inspector. En estos términos tenemos que movernos sobre la pregunta que su señoría hace.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos y rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.


--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI HA MODIFICADO LA MINISTRA DE JUSTICIA SU OPINION SOBRE DON LUIS PASCUAL ESTEVILL, EX MIEMBRO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
(680/000195.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha modificado la Ministra de Justicia su opinión sobre don Luis Pascual Estevill, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace aproximadamente un año, los días 21 de febrero y 6 y 20 de marzo, se produjeron tres votaciones sobre la remoción de uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, señor Luis Pascual Estevill, propuesto en su día por Convergència i Unió, pero hoy no se debate esto aquí.
En la sesión del día 6 de marzo el Presidente propuso la destitución del citado vocal en aplicación del apartado 2 del artículo 119 de la Ley del Consejo, concretamente por incumplimiento grave de los deberes del cargo.
En la votación

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consiguiente, varios miembros del Consejo, entre ellos usted, el señor Manzanares y el señor De la Oliva, votaron en contra de la remoción, después de defender acérrimamente las actuaciones del denunciado. Hoy el señor Luis Pascual Estevill está en la cárcel. ¿Ha cambiado la opinión de la Ministra respecto de las actuaciones de este señor?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Aleu, creo que lo que me pregunta es si en este momento yo cambiaría mi voto. Señoría, no soy miembro del Consejo ni tengo que votar sobre lo que en aquel momento se debatió. (El señor Arévalo Santiago: Eso no es lo que le ha preguntado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.


El señor ALEU I JORNET: Después de escuchar lo que ha explicado sobre López-Amor, he estado tentado de retirar la pregunta.
Yo le ofrecía la posibilidad de rectificar, pero no la ha aprovechado.
Dice el refrán que no hay mayor ceguera que la del que no quiere ver, y éste es su caso. Usted no quiso ver o peor todavía, no quiso ver porque le mandaron no ver. La propuesta era debida a unos escritos del Juez Decano de Barcelona, consecuencia de un acuerdo de la Junta de Jueces de Instrucción, 16 votos a favor y 2 abstenciones, de una resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del escrito de una Magistrada, en las cuales denunciaban dos hechos: primero, la petición de datos sobre inspección de los juzgados de Barcelona, y repito de Barcelona no de Cataluña, y concretamente de algunos juzgados en los que se tramitaban denuncias contra el vocal. Y segundo, la remisión desde el despacho del vocal en Barcelona a la prensa de un expediente que afectaba a uno de los juzgados que tramitaba la denuncia contra él.
Por lo visto, estos hechos no revistieron ninguna trascendencia para la Ministra, pero para la ciudadanía se realizaban para coaccionar las investigaciones que sobre él se realizaban y para los jueces --para la mayoría de los jueces, incluida la Asociación Profesional de la Magistratura de Cataluña-- era una clara injerencia en su independencia.
Yo puedo pensar que había otras razones, que era el control mayoritario de la derecha española, incluido el representante nombrado por el Partido Nacionalista Vasco, para futuros nombramientos, aunque esto representase un descrédito para el Consejo.
Recordando la dureza con que los mismos defensores del señor Luis Pascual trataron otros casos similares, esto me permite a mí afirmar que usted ha utilizado una doble vara de medir, según de quien se trate. Esto nos parece impresentable y entre otras cosas explica su actuación en el caso del señor López-Amor.
Y quiero hacerle una última consideración: esta imagen de falta de imparcialidad, de falta de equidad y hasta de arbitrariedad no es propia de la persona que obstenta el Ministerio de Justicia, en su caso Notaria Mayor del Reino de España. Y creo que sería conveniente que pensase en poner su cargo a disposición del Presidente del Gobierno.
Muchas gracias. (Rumores y aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la última recomendación que me ha hecho la tendré en cuenta; la pensaré.
Respecto al conocimiento profundo que demuestra su señoría sobre actuaciones internas del Consejo General del Poder Judicial me sorprenden, porque son internas y en su mayoría secretas.
En segundo lugar, señoría, yo no emití ninguna opinión sobre el señor Luis Pascual Estevill. Yo entendí y entiendo que no existía causa legal para remover al vocal Pascual Estevill. Esa opinión mía respecto a la aplicación de un precepto no era solamente defendida, como usted ha dicho, por el actual Magistrado de la Sala Segunda, señor Manzanares, y por el señor De la Oliva, sino que era compartida por mucha más gente, hasta el extremo de que en una votación en la que se preguntó si existía causa para remover al señor Pascual Estevill porque existía causa penal pendiente, solamente dos miembros del Consejo votaron a favor, el resto dijo que no existía esa causa.
Yo no digo que la ley esté bien o mal, sino que es lo que dice la ley, aunque a usted puede no gustarle, pero una de las obligaciones principales de un miembro del Consejo es aplicar estrictamente la ley y no remover a una persona por un juego de mayorías-minorías que ha sido designada, en este caso concretamente, por esta Cámara, por unanimidad de todos los miembros de esta Cámara. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: Está en la cárcel.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.


--DE DON FRANCISCO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO EL 13 DE MAYO DE 1991 CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL PROVINCIAL EN BURGOS. (680/000201.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno

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en relación con el cumplimiento del convenio suscrito el 13 de mayo de 1991 con la Diputación Provincial de Burgos para la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal Provincial en Burgos.
Tiene la palabra el Senador Ariznavarreta Esteban.


El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque no es lo más importante, mi nombre correcto es Ignacio, no Francisco. Hago esta corrección a efectos de que quede constancia.
Señora Ministra, señorías, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 establecía en sus artículos 504 y 506 el objetivo de la creación de los institutos de medicina general provinciales y regionales que sustituían a los anteriores institutos anatómico-forenses y clínicas médico-forenses.
Señora Ministra, no me voy a detener en los motivos que justifican la necesidad de instalar este Instituto de Medicina Legal en la provincia de Burgos, pero prueba evidente de que estos motivos tenían un peso específico es el hecho de que representantes del Ministerio de Justicia y de la Diputación Provincial burgalesa firmaran el 13 de mayo de 1991 un convenio de colaboración entre ambas administraciones para la instalación y funcionamiento de este Instituto Provincial de Medicina Legal de Burgos y en virtud del cual, fundamentalmente, la Diputación Provincial pedía al Ministerio de Justicia de forma gratuita unos locales en el Hospital Divino Vallés de Burgos para instalar en el plazo de cinco años ese Instituto de Medicina Legal.
Transcurrieron con exceso esos cinco años, desde 1991 hasta mayo de 1996, y el Ministerio de Justicia no ejecutó ni una sola actuación al respecto del cumplimiento del convenio al que me he referido.
Nos consta, por otra parte, la voluntad de la Corporación Provincial burgalesa de mantener ese convenio, incluso de prorrogarlo, y también nos constan, señora Ministra, los múltiples requerimientos que por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, se han realizado a su Departamento y a los antecesores de usted, como titulares del Departamento del Ministerio de Justicia, en el sentido de ejecutar y cumplir el convenio a que me he referido.
Por ello, le pregunto, señora Ministra, sobre las medidas que piensa adoptar su Departamento acerca del cumplimiento del citado convenio y de la creación del Instituto de Medicina Legal Provincial en la ciudad de Burgos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, su señoría ha relatado los avatares que han transcurrido desde el mes de mayo del año 1991 hasta finales de 1996, en los cuales no ha sido posible dar cumplimiento al convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Diputación de Burgos respecto al Hospital Provincial Divino Vallés.
A finales de este año, el Ministerio se puso en contacto con la Diputación para conseguir una prórroga respecto al convenio, y, así, se ha aprobado con este fin un proyecto urgente de realización de la instalación eléctrica, paso inicial para acometer el proyecto definitivo, que se encuentra en avanzada fase de redacción. El coste de las obras de adaptación de los locales cedidos se estima en 30 millones de pesetas, y el plazo de ejecución es de seis meses, calculándose su iniciación en el presente año.
Con fecha 24 de enero pasado, la Directora General del Hospital recabó información sobre previsión de plazos para la realización de la obra, y en este supuesto fueron exhaustivamente contestados por el Ministerio de Justicia. Por ello, en estos momentos nos encontramos a la espera del acuerdo de prórroga del convenio suscrito en el año 1991 para poder darle tramitación a lo largo de este año 1997.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
El Senador Ariznavarreta tiene la palabra.


El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra. Intervengo muy brevemente para agradecerle, por una parte, la contestación a la pregunta, como no podía ser de otra manera, y, por otra, la sensibilidad que ha tenido como titular del Departamento de Justicia para con algo más importante que lo que pueda ser en sí misma la creación del Instituto de Medicina Legal, como puede ser, en realidad, el cumplimiento de los convenios que se firman. Conviene recordar en este aspecto que difícilmente puede tener credibilidad quien acusa de mentir o quien acusa de no cumplir lo que dice cuando, reiteradamente, y después de cinco años, los anteriores titulares del Departamento de Justicia han incumplido manifiestamente convenios como el que nos ocupa, pero especialmente, y como ha quedado demostrado, el que hemos mencionado en la mañana de hoy.
Muchas gracias, señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que no se exige ninguna adición a la pregunta formulada por su señoría, y yo me remito a la contestación que le he dado anteriormente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI VA A ACEPTAR EL GOBIERNO

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LA PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE LA LINEA FERREA DE ALTA VELOCIDAD (AVE) ENTRE CORDOBA Y MALAGA, DEFENDIDA POR LA JUNTA DE ANDALUCIA.
(680/000194.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de construcción de la línea férrea de alta velocidad entre Córdoba y Málaga, defendida por la Junta de Andalucía.
El Senador Zamorano tiene la palabra.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado 21 de enero, en la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebró en Cádiz, la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía presentó un plan para la construcción de la línea AVE Córdoba-Málaga. No se le escapa que este plan es de una importancia estratégica para el desarrollo de la Comunidad Autónoma andaluza y que espera el respaldo del Gobierno para que pueda ser financiado con los fondos de cohesión de la Unión Europea. Una pronta aceptación del Gobierno posibilitaría que los trabajos técnicos empezaran cuanto antes, de forma que esta línea estuviese operativa para el año 2000.
Por ello, le pregunto: ¿Va a aceptar el Gobierno la propuesta de construcción de la línea AVE Córdoba-Málaga, defendida por la Junta de Andalucía?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, como usted sabe, la política de infraestructuras, por razones de racionalidad y por razones económicas, ha de tener siempre una continuidad. El cambio de Gobierno no puede suponer un cambio drástico en la política de infraestructuras, porque ello implicaría un auténtico derroche.
Lo que yo puedo anunciarle claramente es que el Gobierno del Partido Popular tiene en el terreno de la alta velocidad las mismas prioridades que fijó el Gobierno del señor González.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.


El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Ministro, yo no voy a entrar ahora en las disquisiciones de si el antes o el después, sino en la importancia de este proyecto para la Comunidad Autónoma andaluza y para Málaga.
Usted muy bien sabe que esto va a afectar de forma directa a una población de 2 millones de habitantes, que representa el 27 por ciento de nuestra Comunidad, en una zona que genera más del 27 por ciento del valor añadido bruto andaluz, y ambas cifras se elevarían por encima del 50 por ciento, si contemplamos también la línea Córdoba-Sevilla.
De la importancia de la Costa del Sol, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional y mundial, en cuanto al turismo, no creo que haya que darle muchos datos --baste recordarle que se reciben 5 millones y medio de turistas internacionales y 2 millones y medio de nacionales anualmente--, y esta línea favorecería bastante el desarrollo sostenido del sector, permitiendo un mayor flujo turístico dentro de la Comunidad Autónoma andaluza y transformando también a Córdoba, como uno de los principales ejes de comunicaciones del país. Desde el punto de vista económico, parece algo claro, y desde el punto de vista del análisis de la eficacia coste-beneficio de la línea, sin duda, ésta es la línea de mayor rentabilidad sobre la que se puede estar hoy discutiendo en cuanto a líneas de alta velocidad, tanto españolas como europeas.
El plan financiero que le ha presentado la Junta, por otro lado, es compatible con los criterios presupuestarios del Gobierno y tiene perfecto encaje en todas las restricciones impuestas por la necesidad de convergencia europea. El plan de financiación contempla la posibilidad de financiación a través de los fondos de cohesión en un 85 por ciento, asumiendo de forma cofinanciada por parte de la Junta de Andalucía y otras entidades la parte restante. El plan está incluido en la red transeuropea de transportes de la Unión Europea, con lo cual no tiene por qué haber problemas para su inclusión en los fondos de cohesión, dependiendo sólo de la voluntad del Gobierno.
No hay, pues, criterios que se basen en la importancia económica del proyecto, en un análisis coste-beneficio, ni en la posibilidad de financiación europea ni en los criterios de convergencia que puedan llevar al Gobierno a no aceptar el plan que le ha presentado la Junta.
Tampoco cabe pensar, como creo que torpemente algún miembro de su gabinete anunció, la prioridad de los pactos con los grupos nacionalistas para las líneas de alta velocidad.
Señor Ministro, aun realizándose la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, y aun destinando a ello 200.000 millones de pesetas, quedan disponibles más de 400.000 millones, de los cuales unos 130 serían los que se necesitarían de los fondos de cohesión para la línea Córdoba-Málaga.
Por eso, señor Ministro, lo único que está pidiendo Andalucía del Gobierno es una decisión justa, porque una decisión justa es la que tiene en cuenta el potencial de desarrollo económico de esta línea para Andalucía; una decisión justa es aquella que tiene en cuenta la mayor rentabilidad, la mayor eficacia del prisma coste-beneficio de todas las líneas de alta velocidad que se están discutiendo en España y en Europa, y una decisión justa es aquella que tiene en cuenta, incluso, los problemas del Gobierno en el escenario de la convergencia europea.
Andalucía no pide más que lo que le pertenece...


El señor PRESIDENTE: Senador Zamorano...


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El señor ZAMORANO VAZQUEZ: ... el 18 por ciento --termino, señor Presidente--, según población y según territorio, y solamente otro tipo de intenciones, solamente el contumaz propósito de castigar a Andalucía puede llevar al Gobierno a no aceptar este plan, que, en definitiva, a él le va a salir gratis. (Rumores.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zamorano.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a ver, señoría, si entendemos bien lo que significa una política de continuidad en el ámbito de las infraestructuras, y concretamente en el terreno de las infraestructuras ferroviarias.
Andalucía tiene ya un tren de alta velocidad que une Madrid-Sevilla, y nada más lógico que tenga ese tren de alta velocidad. Es igualmente lógico que un tren de alta velocidad una la primera ciudad de España, la capital de España, con la segunda ciudad de España, Madrid-Barcelona; es igualmente lógico. Es igualmente lógico que un tren de alta velocidad una Madrid con Valencia, y es igualmente lógico que un tren de alta velocidad una, a través de la llamada «Y» vasca, Madrid con Bilbao y con la frontera francesa. Todo eso está absolutamente dentro de la lógica, y le digo más, está también absolutamente dentro de la lógica que el tren de alta velocidad una la primera ciudad de España, que es Madrid, con la sexta ciudad de España, que es Málaga, y por tanto está en el plan del tren de alta velocidad unir Madrid con Málaga a través de esta infraestructura ferroviaria. Doy la bienvenida a la propuesta de la Junta de Andalucía, que me parece extraordinariamente importante, y el Gobierno la recibe con la mejor voluntad del mundo. Y le digo lo siguiente: yo le pido desde aquí, en nombre del Gobierno, a la Junta de Andalucía que ponga en marcha la adjudicación del estudio informativo, la adjudicación del impacto medioambiental y la adjudicación del proyecto. Y cuando la Junta de Andalucía, a través de ese plan de cofinanciación, haya realizado todos estos trámites, en esta Cámara, dentro de un año, volveremos a hablar, y el Gobierno español firmará un convenio con la Junta de Andalucía para hacer el tren Córdoba-Málaga de alta velocidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DON CASIMIRO HERNANDEZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL GRADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA NACIONAL N-501, A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA). (680/000200.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de ejecución de las obras de construcción de la variante de la carretera nacional N-501, a su paso por el municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.


El señor HERNANDEZ CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en la actualidad, el Ministerio de Fomento acomete las obras de construcción de la variante de Santa Marta de Tormes en dicha localidad salmantina, cuya travesía forma parte de la carretera nacional 501, de Salamanca a Avila. Resulta evidente que la ejecución de esta obra representa una necesidad en una provincia como la salmantina, con importantes carencias en su red viaria, lo que imposibilita el potenciar y diversificar su actividad productiva y apoyar la capacidad competitiva y de innovación de nuestras empresas.
La importancia de la entrada en servicio de los más de seis kilómetros y medio de longitud de esta variante está avalada fundamentalmente por tres razones. La primera, por el hecho de evitar el «cuello de botella» que para el tráfico rodado en dirección a Madrid supone hoy en día el paso por la travesía de Santa Marta de Tormes, municipio situado a tres kilómetros escasos de la capital. En segundo lugar, porque dicha variante enlazará con las redes de circunvalación de la ciudad de Salamanca, lo que posibilitará una derivación del tráfico, especialmente de mercancías, sobre todo el procedente de Portugal. Por último, en razón de que las citadas obras representan una indudable mejora en la nacional 501, que cada día soporta un mayor volumen de tráfico. Esta carretera cobra especial importancia para Salamanca dado que es el enlace con Madrid y, por lo tanto, se define como el cordón umbilical de una fructífera actividad económica.
Dicho esto, formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado de ejecución de las obras de construcción de la variante de la carretera nacional 501, de Salamanca a Avila, a su paso por el municipio de Santa Marta? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Hernández Calvo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sin duda sabe su señoría, las obras de la variante de Santa Marta de Tormes se encuentran en un avanzado estado de ejecución, e incluso con adelanto sobre los plazos previstos. El presupuesto de adjudicación de las obras ha sido de 2.600 millones de pesetas; se adjudicaron en septiembre de 1995 con un plazo de realización de 24 meses, y probablemente podrán concluirse antes de dicho plazo.
La variante tiene seis kilómetros y medio de longitud, en los que se distinguen dos tramos. El primero discurre por la actual comarcal 510, de Salamanca a Alba de Tormes,

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y en él las conexiones se disponen a nivel y sin control de accesos. Y el segundo tramo se separa de la comarcal 510 hasta conectar de nuevo con la nacional 501, presenta todas sus conexiones a distinto nivel y dispone de control de accesos.
En definitiva, esta carretera representa, señoría, la eliminación y supresión del paso obligado por la actual travesía urbana, en la que se registran bajos niveles de servicio. Además, soluciona el único acceso a Salamanca existente desde Madrid. Consta de dos calzadas con dos carriles cada una, arcenes exteriores de dos metros y medio e interiores de un metro, con una mediana de separación entre calzadas que oscila entre los cinco y los 12 metros.
Yo creo que es una obra de extraordinaria importancia para Salamanca, para la ciudad y para su provincia, y creo que todos debemos felicitarnos por ella.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.


El señor HERNANDEZ CALVO: Muchas gracias, señor Ministro, por su información.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias.


--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA UBICACION DEFINITIVA DE ALGUNA DE LAS OBRAS DE PABLO PICASSO ADQUIRIDAS RECIENTEMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, EN EL MUSEO DE BARCELONA QUE LLEVA EL NOMBRE DEL ARTISTA.
(680/000188.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la ubicación definitiva de alguna de las obras de Pablo Picasso adquiridas recientemente por el Ministerio de Educación y Cultura, en el museo de Barcelona que lleva el nombre del artista.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Estado ha adquirido recientemente la propiedad de diversas obras relevantes del magistral artista que fue Pablo Picasso.
Estas obras han sido expuestas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero, sobre su ubicación definitiva, es pertinente formular la siguiente pregunta: como en Barcelona se encuentra el importante Museo Picasso, ¿está previsto que reciba en depósito alguna de las referidas obras a fin de que se incorporen para su exposición en aquel centro? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela i Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la adquisición de estas obras se ha hecho en virtud de la dación en pago de impuestos de algunas empresas, siempre a solicitud del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y está previsto que permanezcan en el citado Museo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no puedo decir que su respuesta sea muy satisfactoria para este Senador y el Grupo que representa; más bien lo contrario.
Hace pocos años, en la época del Ministro Semprún, el Estado adquirió dos «picassos». Uno de ellos está en Barcelona en el Museo Picasso. Sin reivindicar ahora nuestro Grupo tal proporción, nos parece que hacer posible que alguno de ellos se instalase en depósito en el Museo Picasso sería una decisión más acorde con una visión más alta del Estado, menos preocupantemente jacobina. Le ruego, por lo tanto, que reconsidere su decisión.
En relación con este tema, hay encima de la mesa una cuestión que nos provoca aún más inquietud que la que acabo de relatar. Se ha creado una comisión mixta Cultura-Hacienda para estudiar y decidir el futuro de los fondos artísticos de empresas públicas en el proceso de privatización: Argentaria, Telefónica, Tabacalera, ICO, etcétera, en la que, según mis noticias, sólo intervienen conservadores del Museo del Prado y del Reina Sofía. Existe, además, una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para estudiar esta misma cuestión, y su texto, por lo que conocemos, tiene también una música excesivamente centralista.
Evidentemente, seguiremos atentos a la tramitación de esta proposición no de ley, pero ahora me permito preguntar a la señora Ministra si se va a dar entrada en tal comisión mixta a la que antes hacía referencia a representantes culturales de las distintas Comunidades y se pueda seguir un proceso que nos permita llegar a resultados menos injustos, más satisfactorios para todos.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela i Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al Senador que las colecciones del Museo Picasso de Barcelona y la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son muy diferentes en lo que se refiere a la obra de Pablo Picasso. Las del Museo de Barcelona provienen de donaciones del artista, de sus familiares o de sus amigos, mientras que las que ahora se adquieren para el Museo Reina Sofía vienen --como le he dicho antes-- de la dación en pago de algunas empresas y siempre a instancias del Museo, que deseaba tener esas obras.
Mientras que las de Barcelona son de las épocas de juventud del artista y en general eran obras inéditas --de hecho se incorporan al catálogo después de que se hayan incorporado al Museo--, las del Reina Sofía habían sido profusamente estudiadas por especialistas e incluso habíamos tenido oportunidad de contemplarlas en grandes exposiciones anteriormente. Y, finalmente, las del Museo Picasso de Barcelona muestran la relación del artista con la ciudad de Barcelona, mientras que las del Museo Reina Sofía son un complemento del Guernica y, en general, se trata de obras que dan la visión global de la producción de Picasso de la década de los 30.
Su señoría me pregunta por el depósito y yo le digo que no hay problema alguno. La cesión temporal o el depósito está absolutamente abierto, señoría, y de hecho en este momento hay más de 300 obras del Museo del Prado depositadas en museos de Cataluña y más de 30 obras del Museo Reina Sofía depositadas en museos de las cuatro provincias catalanas, y con mucho gusto, si el Museo Picasso o cualquier otro museo catalán lo solicita, tendré el honor de proponerlo al Patronato del Museo Centro de Arte Reina Sofía para que pueda establecerse el depósito y que los visitantes de cualquiera de los museos catalanes tengan oportunidad de contemplar en vivo estas obras.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.


--DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI ESTA SATISFECHO EL GOBIERNO CON LA FORMA CON QUE LAS AUTORIDADES POLITICAS SANITARIAS HAN ABORDADO LOS CASOS DE MENINGITIS. (680/000193.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno con la forma con que las autoridades políticas sanitarias han abordado los casos de meningitis.
Tiene la palabra, Senador Arjona Santana.
El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ante la actual problemática que ha ocasionado la meningitis, ¿no está el Gobierno insatisfecho por la forma con que las autoridades sanitarias han abordado los casos de meningitis aparecidos? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arjona.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sus señorías conocen, la meningitis es una enfermedad que por su carácter infeccioso es de declaración obligatoria y está sometida a un estrecho seguimiento desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Por esta razón contamos con registros razonables desde los años 40, lo cual nos ha permitido registrar ondas epidémicas a principios de los años 70 y a finales de esa década y principios de los 80, momento en el que las tasas de incidencia se acercaron a 20 casos al año por 100.000 habitantes. En los últimos años las tasas de incidencia han sido de 2,33 en 1994 y 1995, y de 3,52 en 1996.
Como consecuencia del incremento del número de casos registrados el año pasado, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas, tomó en consideración el problema en varias ocasiones a lo largo de 1996 y finalmente celebró una conferencia científica en noviembre de ese año a la que asistieron expertos de diversos países del mundo. Las conclusiones alcanzadas fueron recogidas en un protocolo de actuación que mantenía la tesis de proceder a quimioprofilaxis y vacunación de amplios espectros alrededor de los casos que se registrasen y sólo cuando se alcanzasen elevadas tasas de incidencia, que se situaban en el entorno de 10 casos por 100.000 habitantes y siempre que la participación del serogrupo C fuese mayoritaria, se consideraba recomendable la vacunación sistemática de toda la población comprendida entre los 18 meses y 19 años. De acuerdo con ese protocolo las Comunidades Autónomas de Galicia y de La Rioja han procedido a la vacunación sistemática en los meses pasados y últimamente se ha incorporado a ese grupo la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Ministerio de Sanidad y Consumo respeta y apoya todas esas decisiones de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.
Tiene la palabra el Senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gracias por sus explicaciones pero la verdad es que su Gobierno no ha sido capaz de transmitir

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lo que es fundamental en estos casos: tranquilidad, confianza y seguridad a la población. Se ha realizado una ceremonia de la confusión importante que ha llevado a la ciudadanía a un estado de ansiedad provocado por el Gobierno, que ha ofrecido respuestas diferentes a la única pregunta que se hacen los ciudadanos: ¿qué debo hacer? Por otra parte, señor Ministro, no se ha ofrecido información a tiempo a las Comunidades Autónomas. Se han ocultado datos en un primer momento, como el que se había vacunado en Galicia. La versión del Ministerio no ha coincidido con los mensajes médicos transmitidos y ahí está como ejemplo la queja de la Sociedad Española de Medicina General, manifestando la desinformación a que se ven sometidos los médicos generales y sanitarios por parte de su Administración, quejándose de la ambivalencia de los responsables sanitarios, que por un lado no recomiendan la vacuna y por otro la distribuyen indiscriminadamente. Esa descoordinación ha sido la causa fundamental de la alarma ciudadana que se ha generado. Si a todo esto añadimos que, como sabemos, el señor Presidente del Congreso de los Diputados se apresura a enviar a los servicios médicos del Congreso a recoger con urgencia dosis de vacunas contra la meningitis C para inmunizar a sus hijos, se comprende que la población esté preocupada y desorientada, sobre todo pensando que no disponen de la misma información todos los ciudadanos ni de las mismas facilidades y posibilidades para atender sus necesidades sanitarias. Comportamientos de este tipo generan alarma social y crean un clima inadecuado para trabajar adecuadamente contra la enfermedad.
Respecto a la necesidad de la vacunación, se ha trasladado a la población toda la responsabilidad, no ejercitando su Ministerio la labor que le correspondía, que era la de transmitir confianza, información veraz, tranquilidad y seguridad psicológica ante una decisión que afecta tan seriamente a los padres como es la salud de sus hijos.
Señor Ministro, algo muy importante ha fallado para que miles de ciudadanos desconfíen de sus recomendaciones y hagan colas, incluso nocturnas, para conseguir una vacuna contra la meningitis C. Hay que explicar a la población de una forma clara por qué no es recomendable someter a sus hijos a una vacuna innecesaria y hay que hacerlo bien, pues si no se hace se puede conseguir el efecto contrario al deseado. Y eso es lo que ha ocurrido, señor Ministro, que la confusión y la contradicción se han apoderado del Gobierno y han provocado una epidemia de ansiedad entre la población cuando más necesaria es la tranquilidad.
Desde el PSOE sabemos que estamos tratando de un tema delicado y por eso, señor Ministro, le invitamos a tomar decisiones que transmitan seguridad, que hablen con una sola voz, que coordinen las acciones, que expliquen las medidas que han tomado y que tengan una línea de actuación concreta que sirva para que en todo el Estado puedan confiar en que su salud no está en peligro, pues si no lo hacen sólo conseguirán acentuar la falta de credibilidad de su Gobierno y, por ende, provocar la psicosis en la población...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


El señor ARJONA SANTANA: Sí, señor Presidente, termino.
Y, señorías, la psicosis en la población puede perjudicar seriamente a la lucha contra la meningitis.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arjona.
Tiene la palabra, señor Ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, el Ministro de Sanidad y Consumo actuó en este asunto con toda corrección, tratando de trasladar a la opinión pública siempre información veraz y avalada por las sociedades médicas científicas, por la Organización Mundial de la Salud y por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que adoptó por unanimidad los acuerdos consiguientes. Por lo tanto, creo que se ha actuado con toda diligencia en este tipo de casos.
Tan pronto las noticias relativas a los casos de meningitis rebasaron los ámbitos concretos de una sola Comunidad Autónoma, el Ministerio de Sanidad y Consumo emitió ese mismo día una amplia y clarificadora nota informativa. Tanto en ella como en las que le siguieron el Ministerio ha transmitido a la opinión pública los datos rigurosamente científicos y la evaluación de la situación general de la forma más clara posible. Altos cargos y funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo han comparecido ante cualquier medio de comunicación que lo ha solicitado y pueden contabilizarse más de 100 intervenciones en una sola semana. En el mismo sentido lo han hecho muchos representantes de sociedades científicas médicas y todos han transmitido el mismo mensaje que está en el acuerdo unánime del Consejo Interterritorial.
El día 17 el Consejo Interterritorial constató por unanimidad que no se estaba ante una situación grave ni alarmante, que según las pautas y los protocolos a los que antes me he referido, acordados en esa conferencia científicas de diciembre, era aconsejable la vacunación individual y de los entornos juntamente con la quimioprofilaxis en los casos que fueron apareciendo, salvo en aquellas Comunidades Autónomas que sobrepasaran la tasa de 10 casos por 100.000 habitantes. Estas fueron las pautas que acordó el Consejo Interterritorial, que respaldan las sociedades científicas médicas y que se han transmitido con absoluta fidelidad a toda la población. No es necesaria la vacuna más que en aquellos entornos en donde se producen los casos, juntamente con la quimioprofilaxis, y sólo es aconsejable la vacunación sistemática cuando se sobrepasa una tasa en el entorno de 10 casos cada 100.000 habitantes y hay, además, una mayoría de casos producidos por el meningococo C.
Este mismo protocolo, acordado en noviembre, es el que justifica las actuaciones de Galicia y de La Rioja hace unos meses, en donde se daban las circunstancias para que

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fuera aconsejable la vacunación sistemática. Esos mismos criterios son los que se aplican en Cantabria ahora para hacer también la vacunación sistemática, y esos mismos criterios son los que aplican el resto de las Comunidades Autónomas decidiendo que no es necesaria en ellas la vacunación sistemática. Esos son los criterios que apoya el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.


--DE DON JOSE LUIS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DE CARACTER EPIDEMIOLOGICO Y PREVENTIVO QUE HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL NUMERO DE CASOS DE MENINGITIS MENINGOCOCICA C. (680/000196.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas de carácter epidemiológico y preventivo que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al incremento del número de casos de meningitis meningocócica.
El Senador Sainz tiene la palabra.


El señor SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es grande la satisfacción que este Senador tiene por su presencia en esta Cámara, máxime teniendo en cuenta las vertiginosas semanas que lleva informando sobre el propio tema. En el ánimo está el hacer llegar en estos momentos una información actualizada ante algunas actitudes demagógicas, totalmente injustificadas, que al final, si siguen por el mismo camino, la ignorancia, la frivolidad de algunos y la irresponsabilidad de muchos van a potenciarse mutuamente y van a acabar haciendo más daño a la sociedad que la propia meningitis.
Considerando la cuestión desde el punto de vista epidemiológico no hay nada, absolutamente nada, que justifique la alarma social que se ha generado en torno a la meningitis. Entonces, ¿a qué viene esta alarma? ¿Tiene la sociedad una patológica propensión a padecer la histeria? Rotundamente digo que no. Dicen que es desinformación, rotundamente no; tanto el señor Ministro como todos los demás responsables de la sanidad han comparecido y siguen compareciendo en todos los medios por los que han sido llamados. No son justificadas estas apreciaciones de la alarma por desinformación porque creo que la información ha sido veraz y, como usted bien ha dicho en estos momentos, ha sido eficaz, lo que pasa es que hay muchos que no la quieren entender.
Lo que ocurre es que la sociedad desconfía, y no desconfía en estos momentos por ello, sino porque algunos recuerdan --y yo también--, allá por los años 70, cuando aquellas poblaciones de las riberas del Jalón padecieron una enterocolitis; entonces dijeron que era una enterocolitis banal y más tarde resultó ser la mortífera cólera que dio lugar a diferentes actuaciones. Hoy incluso en esta Cámara están presentes personas que en aquellos momentos, por su eficacia y su bienhacer, fueron condecoradas; se trata de mi compañero sentado al lado de mi escaño, el profesor Zapatero, responsable entonces de la sanidad pública de Valladolid, que dijo e hizo lo que tenía que hacer, y hoy todavía se recuerda con gran satisfacción.
La sociedad también desconfía porque se hablaba directamente de un bichito que en un momento apareció y que si se caía de la mesa se mataba, después resultó ser el síndrome tóxico. Asimismo, desconfía por lo que se ha dicho ya en otras ocasiones, como en el caso de la «legionella», etcétera.
Por eso le he pedido al señor Ministro que comparezca y aclare el asunto de vez por todas. Si usted quiere, podemos serles útiles como medio de información para decir la verdad de lo que usted ha hecho y de lo eficaz que usted ha sido. Por lo tanto, le pregunto: ¿Qué medidas de carácter epidemiológico y preventivo ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al incremento en el número de casos que se están presentando en la población por la meningitis meningocócica C? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sainz.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco a esta Cámara, como lo hice la pasada semana en el Congreso, la oportunidad que me da para reiterar este mensaje informativo y tranquilizador a la sociedad y agradezco a los grupos parlamentarios la ayuda que prestan en esta dirección.
En relación con su pregunta, señor Senador, le puedo decir que ante la alerta epidemiológica producida por los casos de meningitis registrados en las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en su ámbito competencial, ha orientado su actuación en una triple dirección: primero, coordinar las actuaciones de las Comunidades Autónomas, competentes, como se sabe, en estas cuestiones, en orden a garantizar la defensa de los intereses comunes; segundo, garantizar el suministro de vacunas de forma que éste no constituyese en ningún caso un factor limitante en la adopción de decisiones; y, tercero, proporcionar el apoyo técnico necesario a fin de ilustrar la elección de las medidas.
Lo primero, la coordinación, haciéndola a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuya Comisión de Salud Pública adoptó los protocolos de actuación que implicaban, en función de la situación epidemiológica, la quimioprofilaxis y vacunación de los entornos en los que se producían los casos o para determinadas tasas de incidencia, éstas a las que antes me refería, de más de 10 casos cada 100.000 habitantes con mayoría de casos ocasionados

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por el meningococo tipo C, la vacunación sistemática de la población entre los 18 meses y los 18 años. Esta segunda alternativa es por la que se ha optado en Galicia, Cantabria, La Rioja y en algunas zonas aisladas de otras Comunidades Autónomas. En el futuro se adoptaría también en cualquier ámbito geográfico en el que pudiera estar aconsejada.
En cuanto al suministro de vacunas, puedo decir que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene en este momento ya más de dos millones y medio de dosis de vacunas a disposición de las Comunidades Autónomas por si en cualquier momento pudieran ser necesarias, y está garantizado el que se pudiese contar con más dosis si ello fuese preciso.
Finalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, ha mantenido un soporte técnico constante para colaborar con las autoridades de todas y cada una de las Comunidades Autónomas a fin de facilitar el análisis de la situación epidemiológica y la adopción de medidas.
No obstante todo lo anterior, también en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 17 pasado a que antes me he referido, se estuvo de acuerdo en mantener una estrecha vigilancia de la evolución de la situación epidemiológica para, en caso necesario, proceder a adoptar medidas adicionales tan pronto resultasen aconsejables. En este sentido la Comisión de Salud Pública, con la asistencia de los directores de todas las Comunidades Autónomas, se viene reuniendo los lunes de cada semana a fin de proceder a una evaluación constante de la evolución del problema.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DE DOÑA ROSA LOPEZ GARNICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA INICIATIVA NORMATIVA TENDENTE A REGULAR LA PREPARACION, ELABORACION Y DISPENSACION DE FORMULAS MAGISTRALES DIRIGIDAS A TRATAMIENTOS PECULIARES.
(680/000197.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa normativa tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación de fórmulas magistrales dirigidas a tratamientos peculiares.
La Senadora López Garnica tiene la palabra.


La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el artículo 18 de la Ley General de Sanidad incluye entre las actuaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud la prestación de los productos terapéuticos precisos. Por otra parte, el Real Decreto 63/1995 que ordena las prestaciones del Sistema Nacional de Salud incluye entre éstas, facilitadas con cargo a fondos adscritos a la Sanidad, las prestaciones farmacéuticas. La Ley del Medicamento incluye entre los medicamentos legalmente reconocidos a las fórmulas magistrales, que en su artículo 8 define como el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al usuario.
Esta misma Ley establece en su artículo 35 los requisitos sanitarios que las fórmulas magistrales deben reunir, haciendo referencia a las normas de correcta fabricación y control de calidad y al formulario nacional.
Con respecto al formulario nacional, el artículo 55 de esta Ley establece que contendrá las fórmulas magistrales tipificadas y que será actualizado periódicamente.
Ya en el año 1990 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaboró unas normas de correcta fabricación de fórmulas magistrales, normas que nunca adquirieron rango normativo ni fueron tenidas en cuenta por el anterior Gobierno, lo que supone, desde luego, una falta de interés y de respeto hacia el Consejo Interterritorial.
Por otro lado, y transcurridos más de seis años desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley del Medicamento, aún no ha sido elaborado el formulario nacional y no existe tampoco ninguna otra norma que regule la elaboración ni en cuanto a materias primas, ni en cuanto a procedimiento se refiere, por lo que creemos necesario que se adopte una normativa al respecto de las fórmulas magistrales.
Por ello este Grupo Parlamentario pregunta al señor Ministro de Sanidad y Consumo si el Gobierno tiene previsto adoptar alguna iniciativa normativa tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación de las fórmulas magistrales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, también le doy las gracias por plantear una cuestión de tanta oportunidad y actualidad.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha tramitado y aprobado ya una Orden Ministerial que si no se ha publicado en el Boletín Oficial del día de hoy, se publicará en los próximos días porque está remitida ya al Boletín Oficial para su publicación, y esta Orden encuentra su base legal en el artículo 31.2 de la Ley del Medicamento que prevé la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad y Consumo establezca requisitos especiales para la prescripción y dispensación de las fórmulas magistrales y preparados oficinales para tratamientos peculiares.
La conveniencia o incluso urgencia, como acertadamente señalaba su señoría, de regular estos medicamentos, para los que no existía una normativa específica, está relacionada con la masiva aparición en el mercado de productos presentados bajo estas fórmulas y destinados a tratamientos

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contra la obesidad, celulitis y otras patologías concomitantes que están generando una gran demanda en los consumidores.
Lo significativo es que bajo esta presentación --fórmulas magistrales y preparados oficinales-- se venía detectando en algunos entornos la prescripción sistemática de productos que incluían laxantes, diuréticos y tranquilizantes, muchas veces junto a anorexígenos y estratos de tiroides o análogos de la tiroxina que, además de suponer una mala utilización de sustancias medicinales, tienen una incidencia negativa sobre la salud de los consumidores y dan lugar a cuadros de hipertensión pulmonar y desequilibrios psicofísicos, entre otros problemas.
Esta Orden viene, por tanto, a regular por primera vez en España y en la misma línea que otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia, estos aspectos, respetando de forma estricta el principio de libertad de prescripción de los facultativos, que son los únicos profesionales titulados y acreditados para el ejercicio de la ciencia médica.
Esta norma, que cuenta con el consenso de la sociedad española de endocrinología y nutrición, la sociedad española para el estudio de la obesidad, y con el apoyo de las Comunidades Autónomas, otorga a estas últimas, competentes en la inspección y control de la prescripción, dispensación y consumo de este tipo de productos, un instrumento jurídico válido para hacer frente a la situación antes descrita y el mejor ejercicio de sus responsabilidades.
Puedo ampliar esta información diciendo que, efectivamente, se ha publicado hoy esta Orden Ministerial que está ya en el «Boletín Oficial del Estado».
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
La Senadora López Garnica tiene la palabra.


La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta que acabamos de conocer de su propia voz es una buena noticia, pero no sólo por lo que al asunto concreto de las fórmulas magistrales se refiere, sino porque yo creo, al igual que este Grupo Parlamentario, que refleja una nueva actitud del Ministerio con respecto a los precedentes en materia de normativa sanitaria tendente a la protección de la salud de todos los españoles. Desde este Grupo Parlamentario animamos al señor Ministro a que continúe con esta actitud y, desde luego, desde aquí enviamos un cariñoso pero firme propósito de seguir todos aquellos asuntos que al final redunden en una mejor protección de la salud de todos los españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, para nosotros es un estímulo esta preocupación del Senado por este tipo de cuestiones. Efectivamente, estamos tratando de cubrir importantes lagunas que existían en estas materias. Es bien conocido que en el mes de agosto dictamos un Decreto para regular la publicidad de los llamados productos milagro, que tantos mensajes engañosos contenían para la población; en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos hay normativa muy interesante para la regulación de los medicamentos genéricos, y con esta otra Orden Ministerial cubrimos también un amplio campo de protección a los usuarios de estos productos que necesitan y merecen que las autoridades vigilen para que no se produzca ningún engaño y para que todas estas actuaciones respondan a exigencias técnicas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.


--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE EL REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL QUE DEBEN SER INCLUIDOS LOS SOCIOS ADMINISTRADORES DE COMPAÑIAS Y, EN GENERAL, LOS DIRECTIVOS DE EMPRESAS O SOCIEDADES. (680/000187.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el régimen de la Seguridad Social en el que deben ser incluidos los socios administradores de compañías y, en general, los directivos de empresas o sociedades.
El Senador Vidal i Perpiñá tiene la palabra.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en los últimos tiempos la situación de los directivos, altos cargos, socios de compañías o, simplemente, gerentes de cualquier sociedad anónima o limitada, entre otros, se ha visto sujeta a una profunda convulsión.
Mientras que al principio de 1992 todos debían estar dados de alta en el régimen general, a partir del mismo año y a través de dos resoluciones administrativas y una circular, emitidas ambas por la Seguridad Social, se les encuadraba en el régimen especial de autónomos, por considerar que la relación que unía a éstos con la Compañía era de carácter mercantil y no laboral.
No obstante, la jurisprudencia continuó ampliando los supuestos de mercantilidad a aquellos consejeros, vocales que, además, dirigían y representaban a la empresa con amplios poderes, lógicamente creando confusión e inseguridad. Si tal panorama ya creaba confusión e inseguridad, se propulsó con la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 1996, dictada por el apreciado y lamentablemente ya difunto don Rafael Martínez Emperador. En la mencionada sentencia, de gran calidad jurídica pero no excesivamente esclarecedora a los efectos que nos ocupan, se viene a reconsiderar,

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o mejor dicho a desconsiderar, el valor normativo de las órdenes y resoluciones del año 1992 y, consiguientemente, desmerece la inclusión en autónomos de aquellas personas próximas al órgano de gobierno de la compañía. En la actualidad, por lo tanto, existe un gran vacío normativo ya que, en puridad, según las resoluciones de 1992, queda fuera del sistema de la Seguridad Social todas aquellas personas encuadrables en autónomos.
Todo lo anterior ha provocado y provoca una diversidad de criterios por parte de la Administración de la Seguridad Social en los diferentes centros territoriales del Estado español. Mientras en algunas administraciones se mantiene su inclusión en el Régimen de Autónomos, para otras, la misma persona y en la misma situación debe permanecer en el Régimen General, por lo que le formulo la siguiente pregunta.
¿En qué Régimen de la Seguridad Social deben ser incluidos los socios administradores de compañías y, en general, los directivos, normalmente de sociedades, ante la situación de inseguridad en que se hallan actualmente? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, en primer lugar deseo agradecerle tanto la pregunta que me ha formulado, porque, realmente, es una cuestión que preocupa mucho al Ministerio, como la exposición previa que ha hecho. Ha efectuado un relato de las circunstancias que se han producido en los últimos tiempos, haciendo referencia a las resoluciones y órdenes de 1992 y a distintas decisiones judiciales que afectan a la inclusión de las personas a las que se ha referido, socios administradores y, en general, directivos de empresa. Me gustaría aclararle parte de la pregunta que me plantea, aunque, por lo que le explicaré, no puedo hacerlo en su totalidad.
Primera cuestión. El sistema de protección social es un sistema que tiene la característica de la universalidad, por lo tanto, el Ministerio está poniendo en marcha las medidas oportunas para que nadie pueda quedar excluido de la protección del sistema de Seguridad Social por esa característica de universalidad.
En segundo lugar --su señoría lo sabe--, es una cuestión francamente compleja. A la hora de interpretar la relación que tienen este tipo de personas con sus empresas, hay quien interpreta esa relación desde el punto de vista laboral, y hay quien la interpreta desde el punto de vista mercantil, por no encontrar las dos circunstancias clave --la ajenidad y la dependencia-- que califican la relación laboral. En ese sentido, tenemos algunas posiciones que sostienen que aprecian la relación laboral y, la mayoría de ellas, que aprecian la relación mercantil. También es cierto, como ha dicho su señoría, que, por decisiones judiciales, se han venido ampliando los supuestos de las relaciones mercantiles a la hora de apreciarse. Por lo tanto, la cuestión no es fácil en absoluto.
Dentro del sistema de Seguridad Social se ha navegado en ocasiones en la dirección del sistema del Régimen General y, en otras ocasiones, se ha hecho en la dirección del Régimen de Autónomos. De lo que sí puedo informar al señor Senador es de lo siguiente. Primero, que va a haber criterios unificadores de inmediato, en un plazo que no irá más allá de quince días, para que el comportamiento de la Seguridad Social sea homogéneo en todos sus centros directivos y en todos sus centros territoriales. Segundo, que tenemos abierta una mesa de diálogo con las organizaciones empresariales, con las confederaciones empresariales, y que en el plazo de quince o veinte días tomaremos una decisión. En el Ministerio hay una gran vocación por la defensa siempre de la inclusión en el Régimen General. Hay otras cuestiones que aconsejan la incorporación al Régimen de Autónomos. Se están contemplando posibles fórmulas de opción, que también estamos estudiando en este momento. Ahora bien, quiero decirle que antes del plazo de un mes habrá decisión con toda seguridad, que esa decisión se convertirá o en un decreto o en un proyecto legislativo, y que he dado ya instrucciones para los criterios unificadores que planteaba su señoría en cuanto a su necesidad.
Lamento no responder completamente a todas las cuestiones, pero sí le tranquilizo en el sentido de que estamos en ello y de que la preocupación es absolutamente compartida.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES DEL MAR EN EMPRESAS PESQUERAS MIXTAS DE PAISES EXTRANJEROS. (680/000198.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar la situación de los trabajadores españoles del mar en empresas pesqueras mixtas de países extranjeros.
Tiene la palabra el Senador Blancas Llamas.


El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la problemática de los trabajadores del mar entraña no sólo riesgos físicos de sus vidas sino, además, los específicos de atenciones, asistencias y prestaciones que esto conlleva, incrementado en aquellos trabajadores que por la lejanía prestan sus servicios en empresas de ultramar y que, lógicamente, el Gobierno debe tutelar.
El Gobierno de la nación tiene el deber de amparar el derecho de estos trabajadores que, por necesidades de la

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precariedad en el trabajo, tienen que emigrar a otros países a prestar estos servicios. Lógicamente, es preocupante la situación de la prestación social que estos trabajadores tienen. Nuestro ordenamiento jurídico recoge en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar toda la problemática de este tipo de trabajos, pero bien es cierto que esta normativa es de régimen interno, y no puede traspasar la frontera de esas millas marinas o de ese espacio de territorio nacional, y habrá conflictos con la normativa extranjera o internacional. De ahí que el Ministerio, a través de ese Instituto Social de la Marina, como organismo que viene encargándose desde principios de siglo de los problemas de los trabajadores del mar y de los pesqueros, también tiene la obligación, como entidad gestora, de tutelar la asistencia, el tratamiento y, lógicamente, la prestación, no sólo a lo largo de la vida, sino también durante la jubilación de estos trabajadores que, según mis datos, superan el millar, que se juegan la vida en esas latitudes y que el Ministerio no puede dejar abandonados.
La pregunta que hace este Senador al señor Ministro va en este sentido: ¿Cómo piensa solucionar los problemas y el porvenir de estos trabajadores del mar que se encuentran alejados en países extranjeros en empresas pesqueras? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blancas Llamas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Senador, en primer lugar, por la pregunta que hace, porque le transmito que tenemos una sensibilidad compartida con su señoría en lo referente a la preocupación por los trabajadores del mar españoles que prestan sus servicios en empresas pesqueras mixtas.
Su señoría sabe que la demanda de nuestros trabajadores en estos supuestos de trabajo en empresas mixtas es que se mantenga la continuidad de la protección de nuestro sistema de Seguridad Social. Y también, como ha dicho su señoría, es una cuestión que no podemos abordar en el marco de nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que tenemos que acudir al ordenamiento jurídico internacional y a las relaciones bilaterales que tiene España.
¿Cómo está abordando el Ministerio esta reivindicación y esta preocupación? Pues en este momento concreto, planteándose la renovación de los convenios internacionales y la aplicación, en su caso, de algunos protocolos adicionales a los citados convenios. Concretamente, en los casos de Argentina y Chile, en los convenios de Seguridad Social que hemos firmado recientemente se recoge en su articulado el encuadramiento de estos trabajadores en el sistema español de Seguridad Social.
En el caso de Uruguay, la Secretaría General Técnica del Ministerio ha redactado las bases para una próxima incorporación, en el convenio que se está negociando, de una normativa muy similar a la que se recoge en los convenios de Argentina y de Chile.
En los casos de Colombia y Paraguay, se está negociando la revisión de los correspondientes convenios para incluir en ellos similar regulación, en cuanto a la aplicación de la protección de la Seguridad Social española, para aquellos que prestan sus servicios en empresas mixtas pesqueras.
En el caso de Marruecos, que es un asunto muy relevante también, en fechas inmediatas, se va a reunir la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio bilateral en vigor, en la que la representación española va a proponer la introducción en el articulado de un precepto similar al que está contenido en el artículo 14 del Reglamento de la Unión Europea 1.408/71, que garantiza asimismo a los trabajadores españoles el encuadramiento en el sistema español de Seguridad Social.
En los convenios de Seguridad Social recientemente firmados y en todos aquellos que estamos negociando tendremos muy en cuenta la cuestión que ha planteado su señoría y preveremos también la aplicación directa de la legislación española a aquellos trabajadores que presten servicios en empresas del tercer país, siempre que sean remunerados por esta actividad por una persona física o jurídica que tenga su domicilio en España. Ahora bien, su señoría conoce que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, pero que la voluntad para finalizar estos acuerdos también depende de otros países, de otros Estados soberanos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El Senador Blancas Llamas tiene la palabra.


El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Por cortesía parlamentaria, quiero agradecer la respuesta detallada del Ministro. Lógicamente, me agrada que el Grupo Parlamentario Popular, en este caso, el Gobierno del Partido Popular, esté interesado en estos trabajadores que han estado un poco abandonados de la mano de Dios porque los últimos convenios que se suscribieron fueron del año 1979. Realmente ha sido nuestro Ministro y su Departamento los que se han preocupado, con esa sensibilidad que les caracteriza, de estos trabajadores, que son minoritarios, pero que no dejan de ser trabajadores. Nos consta, por tanto, su preocupación, no solamente por ellos, sino por todos los trabajadores y todas las relaciones laborales de todos los españoles.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blancas Llamas.
¿Señor Ministro, quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Muchas gracias.


--DE DON ALEJANDRO LAMALFA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FORMA EN QUE VA A INSTRUMENTAR

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EL GOBIERNO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PACTOS TERRITORIALES PARA EL EMPLEO DE DIVERSAS REGIONES ESPAÑOLAS PRESENTADOS RECIENTEMENTE EN LA CUMBRE EUROPEA DE DUBLIN (IRLANDA). (680/000199.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que va a instrumentar el Gobierno la puesta en marcha de los pactos territoriales para el empleo de diversas regiones españolas presentados recientemente en la Cumbre Europea de Dublín (Irlanda).
El Senador Lamalfa tiene la palabra.


El señor LAMALFA DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ya en el Consejo Europeo de Florencia, celebrado los días 21 y 22 de julio del pasado año, se consideró una vez más que el empleo era la prioridad más absoluta, coincidiendo claramente con la postura del Gobierno español y, a su vez, con la del Grupo Parlamentario Popular.
Asumiendo este principio, el Presidente del Gobierno, don José María Aznar, defendió en la Cumbre de Dublín diversos proyectos sobre pactos territoriales para el empleo, seleccionados conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, que fueron los siguientes: Bahía de Cádiz, Comunidad Autónoma de Andalucía, cuencas mineras de Palencia y León, Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuenca minera de Asturias, Principado de Asturias, Vallés occidental, Comunidad Autónoma de Cataluña, Ceuta y Melilla.
A tenor de lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la preocupación de estas zonas deprimidas por los procesos de reestructuración económica, industrial o minera que les afectan, entre los que se incluyen, por ejemplo, el municipio de Barruelo de Santullán, del que tengo el honor de ser Alcalde, y, en su conjunto, las cuencas mineras palentina y leonesa, dado que es muy importante buscar fuentes alternativas y proyectos innovadores con el fin de animar socioeconómicamente estas comarcas, le dirijo a usted la siguiente pregunta: ¿Cómo va a instrumentar el Gobierno la puesta en marcha de los pactos territoriales para el empleo de diversas regiones españolas presentados recientemente en la Cumbre Europea de Dublín?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa Díaz.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.
Como muy bien ha dicho el señor Senador, los pactos territoriales de empleo han sido una preocupación permanente del Gobierno español y, además, los ha impulsado en el ámbito comunitario. También hay que decir que han sido otras de las consecuencias de las propuestas del Presidente Santer que se han conocido como el Pacto Europeo de Confianza. Ese asunto se abordó, efectivamente, en Dublín. También tuvo un exponente anterior en el Consejo Europeo de Florencia y estoy convencido de que en el próximo Consejo de Amsterdam se analizarán, sobre todo, los pactos territoriales que ya han sido formalizados.
El Gobierno español, a través, fundamentalmente, de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, contestó al Comisario Flynn en su requerimiento sobre propuestas para formulación de pactos territoriales de empleo con cargo a los recursos de la indexación y también a algunas holguras que existían en la programación.
Como muy bien ha dicho el señor Senador, los pactos territoriales de empleo propuestos por el Gobierno de España han tenido muy en cuenta la localización de esas iniciativas, las circunstancias socioeconómicas, la evolución del empleo y aquellas zonas o comarcas que tienen una posición en cuanto a tasa de actividad por debajo de la media de sus ámbitos naturales. En este sentido, hemos propuesto --lo ha dicho el señor Senador-- pactos territoriales en Ceuta y Melilla, en la Bahía de Cádiz, en las cuencas mineras de Palencia y de León, en la cuenca minera de Asturias y en el Vallés occidental.
El señor Senador me ha preguntado cómo vamos a instrumentar estos acuerdos. Pues bien, le quiero decir que tienen, fundamentalmente, financiación a través del Fondo Social Europeo. Ya nos hemos dirigido a los presidentes de las Comunidades Autónomas y a los consejeros responsables de los asuntos laborales y de empleo para instrumentarlo.
Además, consideramos imprescindible y básico que haya una participación directa de los agentes sociales en el desarrollo de los pactos territoriales de empleo, que haya una implicación muy importante de los ámbitos locales y también de los ayuntamientos en el trabajo de los mismos. Y finalmente, en la segunda quincena de marzo de 1997, dentro de unos días, se va a celebrar una reunión en el Ministerio para todos aquellos que hayan suscrito o solicitado los pactos territoriales citados. Yo espero que en la Cumbre de Amsterdam, en la que el Presidente Santer tiene que informar sobre los pactos territoriales de empleo, pueda decir de los pactos españoles que son los más avanzados en su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Lamalfa Díaz tiene la palabra.


El señor LAMALFA DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gracias por su información. Los palentinos y leoneses de las cuencas mineras esperamos que todas estas medidas hoy anunciadas sean pronto una realidad por lo que van a suponer de alivio y tranquilidad para un importante número de trabajadores y sus familias, así como para unas comarcas que, como bien sabe el señor Ministro, están atravesando una delicada situación en estos momentos.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lamalfa.


INTERPELACIONES:

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el segundo punto del orden del día: interpelaciones.


--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA, DON FERNANDO MARIA VILLALONGA CAMPOS, EN RELACION CON EL DESTINO DEL 0,7 POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) PARA COOPERACION AL DESARROLLO Y SOBRE LAS PREVISIONES POLITICAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COOPERACION AL DESARROLLO EN LA PRESENTE LEGISLATURA. (670/000031.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la cooperación internacional y para Iberoamérica, don Fernando María Villalonga Campos, en relación con el destino del 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente Legislatura.
La Senadora De Boneta y Piedra tiene la palabra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando María Villalonga Campos, realizaba a finales del mes de diciembre del pasado año unas declaraciones públicas, recogidas en los medios de comunicación y no desmentidas, calificando de utopía la aspiración largamente sostenida por las ONGs de conseguir que un 0,7 por ciento del PIB sea dedicado en los presupuestos públicos, en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las instituciones en general, al desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.) Dichas manifestaciones son en cierto modo peyorativas, puesto que ponen en cuestión la capacidad de las organizaciones de cooperantes para poder asumir los programas o el incremento de actividades que se derivarían del considerable aumento en la financiación de las ayudas de cooperación.
Entiendo que se doblaría con creces el presupuesto si se alcanzase el objetivo del 0,7. Dichas manifestaciones han supuesto --insisto-- una verdadera afrenta para los cooperantes, del mismo modo que producen una grave preocupación para la sociedad, cada vez más solidaria y comprometida, y especialmente para la juventud, preparada intelectualmente y deseosa de aportar a aquellos que carecen de casi todo los instrumentos y conocimientos necesarios para salir de la extrema pobreza, de unas condiciones de vida en las que ni siquiera tienen los alimentos necesarios para subsistir ni medios de lucha contra la enfermedad. La educación más básica es para gran parte de la humanidad una utopía inalcanzable. El rescate de esos seres humanos de esta situación hacia unas condiciones de vida digna de llamarse humana pasa por la concienciación de todos y todas a los que nos ha correspondido el privilegio de nacer en el llamado Primer Mundo.
Es importante asumir el significado de la cooperación. Cierto que es difícil dar respuesta global a las necesidades del conjunto de la población del Tercer Mundo, pero más difícil aún es atajar de raíz las causas del subdesarrollo. No planteo en este sentido objetivos inaccesibles por su ambición, pero es indudable que cada proyecto concreto que sale adelante --y para ello son indispensables las aportaciones públicas-- representa un éxito concreto y cuantificable en la lucha contra la pobreza, la enfermedad o el analfabetismo, proyectos que deben impulsar ese desarrollo sin provocar, desde luego, la pérdida de identidad o aculturación de los pueblos que, en definitiva, son destinatarios de las ayudas de cooperación a la vez que protagonistas principales de la lucha, y son los que deben elegir el camino a recorrer, con ayuda, eso sí, pero en el sentido y dirección que ellos mismos deseen.
La mejora en los cultivos, en la producción agropecuaria, los avances en la atención sanitaria, la mejora de la vivienda, cada uno de los programas dirigidos a proporcionar las herramientasnecesarias puede ser más trabajoso --siempre se ha insistido en el conocido símil de proporcionar la caña y enseñar a pescar-- pero más efectivo que regalar el pez de cara al futuro de estos pueblos y, en general, la infinidad de programas que pueden atajar esos problemas sólo esperan un aumento de la solidaridad de los países ricos traducida en un aumento de la financiación a la cooperación que produzca el efecto multiplicador de las personas deseosas de dedicar parte de su vida o quizá toda su vida a la cooperación y a las organizaciones que carecen de recursos económicos para poner en práctica tales programas. Ello no obsta para que exista, desde luego --es necesario--, un control riguroso de tales recursos.
En este contexto, esta Senadora podría entender cualquier argumento que plantee la dificultad coyuntural de ir más allá de los porcentajes actuales dedicados a la cooperación en los presupuestos generales del Estado, aun entendiendo que la solidaridad que representa la dedicación de cifras que no llegan al 0,3 del PIB a estos programas es más bien raquítica, pero, en todo caso, argumentos como los que sirven de base a esta interpelación --recuérdese la utopía y en cierto modo la falta de confianza en la capacidad de cooperantes y organizaciones para llevar a cabo los programas-- demuestran al menos, si no falta de conocimiento de la situación, sí un gran déficit de sensibilidad.
Es necesario que los programas, aun cuando exijan un efecto multiplicador, mantengan una continuidad; sin ella no puede esperarse un desarrollo sostenido. Y, básicamente,

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las políticas que den soporte a estos programas deben mantener una secuencia sostenida --insisto-- sin perjuicio de las evaluaciones correspondientes si se desea cumplir con los objetivos. Estos objetivos cada vez exigirán, por su propia dinámica, un aumento de recursos humanos dedicados a su consecución y un aumento en los recursos económicos y en el porcentaje que éstos representan sobre el PIB en los Presupuestos Generales del Estado y, naturalmente, en las instituciones públicas en su conjunto.
El Estado español, las naciones y regiones que lo integran, los municipios, pero sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas, han entendido en general que la sociedad es cada vez más solidaria y más sensible a todos estos problemas que se plantean en el campo de la cooperación. Hombres y mujeres han perdido la vida bien recientemente en el intento. Ellos y ellas no necesitan homenajes puntuales, sino que alguien continúe su labor, y para ello es indudable la necesidad de políticas comprometidas y solidarias.
Por ello, he interpelado al Gobierno en relación con las declaraciones a que antes me he referido del señor Villalonga, declaraciones que, desde luego, entiendo no sintonizan con la sociedad. Estas declaraciones en absoluto son comprensibles para esta Senadora. Al mismo tiempo, deseo conocer las previsiones políticas del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente legislatura, y también, naturalmente, cuál es el porcentaje del PIB que el Gobierno tiene como objetivo a alcanzar en relación con los Presupuestos Generales del Estado durante el transcurso de esta legislatura dedicado --insisto-- a los fines que se han explicitado en esta interpelación.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente, señorías, la noble aspiración de dedicar en forma de flujos de ayuda oficial el 0,7 del producto interior bruto de los países industriales a los países en vías de desarrollo se formuló en 1967 en las reuniones preparatorias de la segunda Unctad.
Han transcurrido desde entonces treinta años. En este final de siglo nos enfrentamos a la realidad insoslayable de que muy pocos países han conseguido cumplir esa vieja y noble aspiración. Sólo cuatro Estados, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia, han llegado al objetivo del 0,7. Otros países mucho más desarrollados en la renta per cápita, muy superior a la española, que señalaron fechas exactas para llegar a esa meta, es el caso de Francia, Italia, Finlandia y Canadá, no sólo no la han alcanzado, sino que han entrado en algún caso en una dinámica de claro retroceso en cuanto a los porcentajes del PIB destinados a la ayuda al desarrollo.
Así pues, a corto plazo, hemos de reconocer que el objetivo del 0,7 es difícil de conseguir, que es lo que, en definitiva, el Secretario de Estado quería decir con su afirmación más bien gráfica, máxime si tenemos en cuenta, por un lado, las graves dificultades económicas y presupuestarias que afrontan los países donantes y, por otro, la constatación de que el mejor camino hacia el progreso de las naciones no pasa necesariamente por aumentar sin más las contribuciones a la ayuda al desarrollo.
Obviamente, no debemos renunciar a alcanzarlo en el más corto plazo posible, en el plazo de esta legislatura, si es posible --luego me referiré a ello--, pero es evidente que resulta más prudente y realista no poner fecha concreta para su consecución para no encontrarnos en el caso al que me he referido de otros países más avanzados que España que no han alcanzado este objetivo al que habían puesto fecha.
Este Gobierno ha venido manteniendo reiteradamente la necesidad de incrementar los presupuestos del Estado en lo que concierne a la cooperación al desarrollo, y junto a ello siempre ha insistido en que deben ser también objetivos fundamentales, como muy bien ha destacado la señora Senadora, la mejora en la calidad de la cooperación pública, la transparencia de los instrumentos, la eficacia en la gestión y el rigor de los controles de seguimiento y evaluación.
España, receptora todavía de fondos de asistencia al desarrollo hace catorce o quince años, ha pasado sin solución de continuidad a colocarse en una más que digna undécima posición en la comunidad mundial de donantes, y no hemos retrocedido en esta posición --a diferencia de lo que han hecho otros países a los que me he referido-- pese a la caída, no sólo en términos de porcentaje sino en términos absolutos, registrada por el conjunto de la ayuda mundial al desarrollo en 1995.
El compromiso por la solidaridad, suscrito a finales de 1995 por el Partido hoy en el Gobierno con representantes de la plataforma del 0,7, de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de su coordinadora, incluye la aspiración de alcanzar el 0,7 del producto interior bruto durante esta legislatura, siempre que ello no impida cumplir con la exigencia de reducir el déficit público.
Hacer depender el cumplimiento de esa condición, como se expresó claramente en la firma de este compromiso, no es, en modo alguno, una forma de escamotear el compromiso, sino, como ustedes saben muy bien, un imperativo de responsabilidad que viene impuesto al gobernante, en general, por la necesidad de una gestión pública consciente y rigurosa y, en nuestro caso particular, por unas exigencias que van a determinar si somos o no capaces de cumplir nuestros compromisos en el seno de la Unión Europea y ocupar en la misma el rango y la posición que nos corresponde por importancia y por vocación.
Por tanto, el Gobierno asume un compromiso directo y solidario en su acción pública en favor del desarrollo, y prueba de ello es que ha mantenido, e incluso incrementado, las partidas de cooperación más generosas, más desinteresadas. Es ejemplo de ello el aumento de la cooperación bilateral no reembolsable, concretamente en el presupuesto asignado al órgano básico de gestión de la ayuda al

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desarrollo: la Agencia Española de Cooperación Internacional. El Gobierno ha elevado muy significativamente el monto de las subvenciones financiadas por la Secretaría de Estado para la Cooperación, concedidas a organizaciones privadas de desarrollo a través de una doble convocatoria anual.
Hay que tener en cuenta, y creo que es un dato revelador, que las partidas que integran la ayuda oficial española, que han sufrido una disminución en 1996, son las aportaciones a organismos multilaterales, financieros y no financieros: Fondo Europeo de Desarrollo, Presupuesto comunitario de desarrollo y otros, y los créditos concesionales en la ayuda ligada fundamentalmente a los fondos de ayuda al desarrollo (FAD).
La disminución de las primeras obedece a una reducción en la cuota que le corresponde aportar a España, y la caída en las segundas ha sido una reclamación constante de la mayoría de los críticos de la estructura de la ayuda al desarrollo español, así como del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, según su informe de 1994. Son precisamente estas partidas que disminuyen las que impedirán la elevación global de la ayuda al desarrollo español respecto al año 1995, es decir, las partidas que tenían menos interés, que eran menos concesionales y menos desinteresadas son las que han sido objeto de una disminución mientras que aquellas que eran prioritarias, las ayudas concesionales a fondo perdido, se han incrementado sustancialmente hasta el punto de que el conjunto de la ayuda no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado. Aunque todavía no son definitivos los datos de seguimiento de esta ayuda correspondiente a 1996, el avance provisional de que disponemos indica que la elevación más importante se ha producido precisamente en la ayuda bilateral no reembolsable.
Es probable, sin embargo, que este aumento, que es del orden del 25 por ciento respecto a las previsiones estimadas para 1996, recogidas en el Plan anual de cooperación internacional, no sea por sí solo suficiente para compensar la caída de los componentes señalados.
El compromiso directo y solidario con los ciudadanos, al que se refiere la interpelación de la Senadora, y que el Gobierno comparte, tiene que hacerse compatible con el deber inexcusable de atender adecuadamente por parte de los responsables gubernamentales otras coberturas presupuestarias demandadas por la sociedad española; debe, asimismo, hacerse compatible con la necesidad imperiosa de reducir el grave déficit público que afecta a las cuentas del Estado.
El Gobierno no abandona su intención de incrementar los presupuestos de cooperación, pero no puede hacerlo a cualquier precio y, desde luego, no a través de un camino que nos aleje de la ruta de homologación de los criterios de convergencia monetaria europea. Tampoco podemos caer en la ingenuidad de fijar una fecha exacta --como pedía la señora Senadora-- para el logro del objetivo numérico que, por otra parte, no garantiza por sí mismo, como si fuera una cifra mágica, un mejor desarrollo de las poblaciones potencialmente beneficiadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
(La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.) Senadora, por el artículo 87 dispone de cinco minutos.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Debo decir que el tono de la respuesta del señor Ministro y, sobre todo, la interpretación que ha dado a las palabras que me preocuparon del señor Secretario de Estado, no sólo al calificar de utópicas las organizaciones, sino también al referirse a su incapacidad de gestionar los fondos en el caso de que éstos fueran superiores, o, incluso, a no cumplir los objetivos fundamentales, que también el señor Ministro ha señalado, y con los que esta Senadora está absolutamente de acuerdo, de transparencia, de eficacia, de control y de rigor en la gestión. Esas palabras del señor Ministro que han querido arreglar con una interpretación benigna las consideraciones de las palabras del señor Villalonga dan satisfacción a esta Senadora. Yo le entiendo, porque hay otros aspectos de la intervención del señor Ministro con los que puedo coincidir. Puedo entender el argumento, aun no compartiéndolo, de que la solidaridad hay que ponerla en el balance de objetivos importantes, al menos al lado del cumplimiento de las previsiones de rebaja del déficit público, pero lo que no puedo entender es que existan argumentos como los que anteriormente he señalado.
Esa famosa cifra del 0,7, que lleva tantos años como objetivo inalcanzable, queda cada vez más lejos y, en este sentido, el señor Ministro ha venido a dar la razón a esta Senadora cuando decía que los fondos dedicados a la cooperación bilateral que van a fondo perdido no van a compensar la caída de otras ayudas gestionadas por estas organizaciones que se dedican a la cooperación, las ONG, y aunque suponga incluso un 25 por ciento sobre el presupuesto de 1996 no se va a superar, sino que, en conjunto, va a derivarse una caída de las ayudas de cooperación. Espero que el Gobierno sea sensible a estos aspectos que aquí se plantean y procure corregir este efecto de caída que nos aleja cada vez más de esa meta que, no por ser un número mágico --como ha dicho el señor Ministro--, no por ser un número considerado como meta por muchos países, y, efectivamente, no alcanzado más que por unos pocos, debe de obviarse en la lucha por arrancar de la máxima pobreza a tantas personas dentro del mundo. Hay más países en vías de desarrollo o en subdesarrollo absoluto que países que nos podemos considerar desarrollados o industrializados.
En todo caso, tomo nota del compromiso adquirido por el Gobierno de corregir esta tendencia, incluso tomo nota de ese primer deseo expresado de poder llegar a alcanzar ese 0,7 sobre el PIB, aunque no ha asumido el compromiso, evidentemente, en los Presupuestos Generales del Estado al término de la legislatura y, por último, tomo nota para que, haciendo el seguimiento de las cantidades que se dediquen durante el año 1997, podamos corregir la caída que se prevé en el año 1998, superarla e incrementarla para ponernos en el camino de alcanzar esa cifra...


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora De Boneta, se le terminó el tiempo.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Cifra que no por mágica debe dejar de ser un objetivo a alcanzar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente, cada vez que se tratan los temas sociales de cualquier signo que sean, en este caso son los de solidaridad pero podríamos hablar de otros temas, tienen una excusa perfecta con los planes de convergencia, el déficit, los objetivos de Maastricht. Por tanto, en este sentido, yo no soy tan optimista como la señora De Boneta.
Efectivamente, la tendencia en sus políticas, no solamente ahora sino cara al futuro, va a ser restringir estas partidas y lo van a justificar con su plan de convergencia. Si no tuvieran ese objetivo, esa excusa perfecta, se inventarían otra, porque la política de ustedes no va encaminada a fomentar la solidaridad de las políticas sociales. Por tanto, este Senador está convencido de que todas esas partidas en vez de aumentar van a disminuir.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador don Imanol Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, con respecto al tema que estamos debatiendo, creo que sería bueno tener presente aquel otro debate que sobre estos particulares mantuvimos en esta misma Cámara, en la sesión plenaria del 30 de noviembre de 1994, con motivo de la presentación del informe de la Ponencia de estudios sobre la política española de cooperación para el desarrollo, que terminó por ser aprobado unánimemente.
Estoy convencido de que aquel documento fue y sigue siendo un buen informe elaborado con la participación de todos los grupos políticos de la Cámara y, a mi entender, un documento que conserva vigencia plena en la actualidad, ostentando, puestos a decir todo, un perfecto paralelismo con la política seguida desde entonces, tanto por el anterior como por el actual Gobierno. Su lectura y reflexión, previas a este debate, y la catalogación de sus elementos comparativos con la actitud política del Gobierno de hoy sobre cooperación internacional, hubiera sido recomendable para todos como materia imprescindible en calidad de condicionante común y básico de partida.
Asimismo, por razones similares de mejor conocimiento y objetividad también sería bueno constatar previamente, si es que existe, y en realidad existen, los datos e informaciones que con carácter de compromiso han podido facilitar al respecto en esta misma Cámara los responsables del Gobierno, bien por libre albredío, bien por petición de parte. Hacerlo así, señorías, clarifica ideas, da o quita argumentos y ayuda a situarse en el justo medio. También sirve para ahorro de tiempo y energías.
En todo caso, centrándonos en el tema, ahí tenemos esa especie de guarismo mágico, el 0,7 por ciento del PIB, como meta hacia la que se ha de tender con esfuerzo y generosidad solidarios y en la medida de lo posible. A decir verdad, estoy convencido, plenamente convencido, de que es éste y no otro el desiderátum sincero de cuantos ostentamos alguna responsabilidad pública, y sin excepción alguna, dentro del espectro político que configura esta Cámara, siendo también extensible al actual Gobierno. Desde un sentido de responsabilidad pública conviene recordar que si tan poco recomendable es desentenderse olímpicamente del 0,7, que sinceramente creo, y repito, no es el caso entre nosotros ni entre los objetivos del Gobierno, también lo es la utilización del 0,7 como elemento demagógico de distorsión en discursos, tal vez excesivamente fáciles y alentadores de falsas expectativas que, basadas en supuestos de difícil realización, pueden ofertar perspectivas engañosas que a poco o nada conducen. El paradigmático 0,7 debe tratar de alcanzarse por políticas económicas serias, realistas y responsables, nacidas de un compromiso firme de solidaridad concienciada y de madurez social.
Por aquello de las reflexiones y lecturas previas que he comentado anteriormente, sinceramente digo que la moción de la Senadora De Boneta me ha sorprendido por el total de su concepto escrito y por los términos de su planteamiento, dicho sea con todo respeto a la libertad de iniciativa y al derecho parlamentario que deben darse por supuestos. Y digo esto porque he releído el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, de fecha 27 de noviembre pasado, celebrada con motivo de la comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, con el fin de informar precisamente sobre las líneas políticas generales a desarrollar por su departamento y sobre las previsiones presupuestarias de los distintos programas de cooperación. Si alguien en este foro, señorías, ha sido crítico es este Senador que ha sido uno de los más críticos con alguna actuación del señor Villalonga Campos, sin embargo, he de reconocer, y lo hago con gusto, que, a tenor de su intervención explicativa, es muy difícil, hoy por hoy, no estar de acuerdo con todo cuanto tuvo a bien explicitar sobre la materia en la Comisión citada, con inclusión de la línea a seguir y las cuotas presupuestarias conferidas a la cooperación internacional. Y así quedó esencialmente constatado por todos los grupos, y sin réplicas de mayor importancia, tras una amplia y cumplida información del Secretario de Estado, dentro de un claro compromiso de aceptación de los verdaderos fines y significado de cómo debe entenderse la ayuda a la cooperación internacional y al desarrollo.


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Entre diversos puntos del máximo interés, pero concretamente en relación al 0,7 del PIB que, en definitiva, viene a entrañar la esencia de la interpelación que debatimos, el Secretario General se expresó textualmente en los siguientes términos: Con todo, pese al esfuerzo presupuestario que se va a realizar este año y los siguientes, la perspectiva de alcanzar en un horizonte inmediato el 0,5, y menos aún el 0,7 por ciento, no es tan brillante como todos los que de un modo u otro trabajamos en el campo de la cooperación al desarrollo hubiésemos sinceramente deseado. Horizonte al que, por otra parte, de ningún modo renunciamos y que, como objetivo del Partido del Gobierno, aparece como objetivo en el pacto por la solidaridad, siempre que ello no impida cumplir con la meta de reducir el déficit público.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, vaya terminando.


El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
Estas fueron las palabras del Secretario General que, a mi criterio, no tienen más interpretación que la de su literalidad. Este mismo concepto acaba de ser matizado por el señor Ministro en su intervención. Ambos estaban muy de lejos de declarar como utópico el 0,7, independientemente de que en alguna ocasión haya podido utilizarse tal expresión en un sentido retórico y significándola más bien con las dificultades para su logro.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se atiene a las palabras oficiales del Ministro y del Secretario de Estado, respetándolas, valorándolas en su justo precio e interpretándolas como un verdadero deseo de superación y de compromiso firme. Un deseo que refleja una decisión, que compartimos y estamos dispuestos a apoyar desde la parte alícuota de nuestra responsabilidad política y desde una crítica constructiva si llegara el caso.
Sinceramente, señorías, a nuestro entender aún no ha llegado el momento para la crítica. Hemos de felicitar al señor Ministro por su bien cumplida y amplia respuesta que, a nuestro entender, no tiene réplica alguna.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.


El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, al iniciar este turno de posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, creo que es lógico empezar haciendo referencia y reconociendo que las declaraciones del señor Villalonga seguramente fueron desafortunadas en algún punto. Pero contenían muchos elementos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Quiero citar aquí como persona de autoridad en este asunto al Director General de una de las ONG más importantes, Intermon, el señor Carreras, que aquellos días y después de aquellas declaraciones dijo coincidir con Villalonga en que la calidad de la cooperación sea criterio básico. Y, a continuación, explicó que la experiencia europea muestra que un número muy alto de ONG perjudica la calidad, pero ésta es compatible con la existencia de pequeñas ONG, muchas de las cuales son útiles por su grado de especialización. La cooperación --terminó diciendo el señor Carreras-- tiene que contar las las ONG de todo tamaño y tipo. Continuó deseando que se dialogara sobre todo este tema.
En aquellas declaraciones seguramente había algún punto desafortunado, pero en su conjunto recogían en buena parte lo que es la problemática de fondo, no de las ONG, sino de 0,7.
Yo creo que esta interpelación tiene un elemento muy positivo, que permite --aunque sea con la brevedad de un trámite parlamentario-- referirnos, aunque sea rápidamente, a la situación de este objetivo del 0,7 que, como ha recordado el señor Ministro se fijó hace 30 años. Hemos de reconocer que no solamente no va avanzando en el Estado español y en el conjunto de los países desarrollados, sino que está en un momento incierto, de gran incertidumbre, y que en algunos Estados está iniciando un declive.
¿Por qué se produce este cambio? Hay que recordar que el 0,7 fue un objetivo fijado para luchar contra el subdesarrollo. Nació en una época en que resultaba muy difícil a los Estados desarrollados ayudar a las zonas más subdesarrolladas por los caminos oficiales, debido a la existencia de regímenes totalitarios, de dictaduras. Esta situación atribuía a las ONG la característica de instrumento casi único para ayudar a aquellas regiones del mundo, como la América Latina, etcétera.
Esta situación ha cambiado. La mundialización, la rapidez con que se producen las inversiones, la libertad de comercio, todas estas características que son propias de nuestra etapa histórica han creado un marco nuevo e interpelan al 0,7.
Hay que reconocer que en este momento hay amplios sectores en los países desarrollados que se preguntan si el 0,7 es prioritario, como lo fue hace 20 y 30 años. Se contestan diciendo que lo prioritario es la libertad de comercio y las inversiones, la localización de empresas en estos países.
Este es un debate de fondo que toda la gente que generosamente ayuda a las ONG se está planteando, pero yo creo que es suficientemente amplia e importante como para que sea también un tema de reflexión para todos nosotros.
La respuesta adecuada, señorías, yo creo que es obvia. Las inversiones y la libertad de comercio son claramente beneficiosas e indispensables para impulsar el desarrollo, pero es evidente que las energías que se canalizan a través del 0,7 confluyen en el amplio campo de los servicios sociales. Son multitud las iniciativas que desde Europa y América se dirigen hacia regiones subdesarrolladas, pero no coinciden, no son idénticas a las iniciativas que se producen por el camino de las inversiones y de la libertad de comercio, sino que son complementarias.


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Por consiguiente, señorías --creo que es el beneficio que podemos sacar de esta interpelación que ha traído a esta Cámara la Senadora De Boneta--, hay que comprender que necesitamos los dos elementos: continuar e incrementar las inversiones y la libertad de comercio, como se está produciendo, y, al mismo tiempo, incrementar lo que es complementario a aquel desarrollo, que es lo que se realiza a través de las ONG en el amplio campo de los servicios sociales. Esta es la reflexión que a nosotros nos sugiere esta interpelación y desearíamos que, si se produce la moción, pudiésemos continuar esta reflexión, que creemos coincide con la que en este momento nos hacemos toda la multitud de ciudadanos y ciudadanas que, de una manera u otra, ayudamos a las ONG y que estamos comprometidos en su esfuerzo. Creemos que con la moción posterior a esta interpelación se podría contribuir también a este esfuerzo.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, la ayuda oficial al desarrollo, que es el fondo de la cuestión de esta interpelación, se viene evaluando en España desde distintos puntos de referencia. Hablamos de una ayuda de primera necesidad, de urgencia en casos de guerra y terremotos, de una ayuda social y de una ayuda específica para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico sostenido de los países necesitados.
Yo creo que para hacer las cuentas justas habría que unir las operaciones de paz, así como todas las ayudas que, de forma descentralizada, se vienen haciendo por distintas instituciones.
En el caso de España --habría que tomar la referencia, ya que se habla de si es utópico o no el llegar o no al 0,7 por ciento-- hay que decir que, tan sólo hace 16 años, era un país receptor de ayuda al desarrollo.
Después del año 1982 es cuando comienza a ser un país donante y ha pasado de un 0,13 por ciento de ayuda al desarrollo sobre el producto nacional bruto a un 0,27 en el año 1994 y casi al 0,24 en el año 1995. Hay que tener en cuenta que España, siendo el primer país en velocidad de crecimiento de ayuda desde hace diez años, es el undécimo país donante en términos absolutos del mundo desarrollado, en términos del porcentaje de ayuda al desarrollo en relación con el producto nacional bruto. España se sitúa en un porcentaje de ayuda oficial al desarrollo, en relación al PIB, cercano a la media de los países donantes actualmente, es decir, en poco menos de 16 años, en los últimos 12 ó 14 años, hemos pasado a ser uno de los países punteros en este asunto.
Respecto a lo que se ha planteado aquí de las ONG, hay que aclarar y asentar que es posible que en el cómputo del año 1995 llegue a tener alrededor del 11 por ciento de la totalidad de los fondos públicos que constituyen la ayuda oficial al desarrollo bilateral, cuando en el año 1994 sólo se alcanzaba el 3 por ciento. La media de los países donantes tan sólo canaliza el 2 por ciento a las ONG y España el 11. Con esto quiero decir que ha existido una política en este país, y yo creo que sigue existiendo, en la que ésta es una de las cuestiones prioritarias y fundamentales y que se sigue, con todas las cautelas y con todos los problemas presupuestarios que tenemos, profundizando en esta cuestión de ayuda al desarrollo a los países menos desarrollados.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Aquí se ha apuntado por el representante de Convèrgencia i Unió, señor Ferrer, que hay otros medios de hacer ayuda al desarrollo y que las inversiones extranjeras en el mundo moderno, el mundo de las mercancías y del comercio internacional, están incidiendo en este aspecto y parte de esa ayuda se cubre a través de la inversión extranjera. Eso es cierto, pero no debe olvidarse y hay que saber que la inversión extranjera en los países en desarrollo llegaba en el año 1995 a cien billones cuando la ayuda para el desarrollo es de 59 billones. Es muy importante la inversión extranjera en estos países, pero no debe olvidarse que aun cuando estos nuevos mecanismos modernos que aparecen en la mundialización del mercado y de integración de las economías son importantes y contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de dichos países, su papel debería ser complementario a la ayuda oficial al desarrollo y no sustitutivo, teniendo en cuenta que esos países tienen unas economías poco avanzadas y cuyas posibilidades de acceso al mercado internacional financiero son limitadas.
Para terminar, ¿cómo entiende el Grupo Parlamentario Socialista la cooperación al desarrollo? Pensamos que la cooperación al desarrollo no puede seguir siendo sólo una expresión de solidaridad meramente, sino también un instrumento eficaz para la consecución del desarrollo y la gobernabilidad del mundo. Las relaciones de cooperación no deben estar limitadas a la ayuda oficial al desarrollo, sino que tienen que abrirse a la participación de agentes sociales privados, sobre todo para la gestión de la misma. La cooperación debe ser multidimensional, tratando de conseguir al tiempo la equidad distributiva, el crecimiento económico y el respeto medioambiental. A través de la cooperación se debe alcanzar el objetivo de la creación de economías competitivas, sociedades democráticas y solidarias en los países receptores.
No obstante, entendemos que la cooperación debe dirigirse a la reconstrucción del Estado antes que al desmantelamiento del mismo. Para fortalecer el Estado se necesita la participación de todas las fuerzas sociales a través de los gobiernos elegidos democrática y representativamente. Pensamos que la gestión de la cooperación al desarrollo debe hacerse a través de un instrumento único de la Administración. La participación social y la autonomía en la orientación de la cooperación al desarrollo debe hacerse a través --me refiero en España-- del Consejo de Cooperación, promoviendo la creación de una mesa de cooperación, en la que participen los donantes públicos, privados, estatales, autonómicos y locales.
Para finalizar, quiero decir que la cooperación al desarrollo no sólo es cuestión de aumentar las ayudas económicas directas, sino también es facilitar a los países en desarrollo el acceso al comercio internacional, ya que la entrada

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de sus productos en los mercados internacionales es elemento fundamental para el crecimiento sostenido de sus economías y la modernización de sus aparatos productivos. Esta cuestión a veces genera incomprensiones insolidarias que todos vivimos a través de la prensa.
Esperemos que el Gobierno actual siga el camino marcado en los últimos años para seguir marchando y creciendo en la solidaridad por el desarrollo y la democracia de los países más necesitados del mundo. El pasado inmediato, como he dicho anteriormente, es un ejemplo del futuro esperado por los países en vías de desarrollo y la utopía de ayer, señora De Boneta, es la realidad de hoy. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con que hay que seguir potenciando la ayuda al desarrollo para llegar a alcanzar ese 0,7 por ciento, que es la meta que nos hemos marcado y estamos en el camino de ello.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador López Henares.


El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señorías, la interpelación que estamos debatiendo, además de complacer un justificado deseo de aclaración de la Senadora De Boneta, ha permitido al Gobierno exponer su clara política de cooperación internacional, la coherencia de su actuación y su alto sentido de responsabilidad de la gestión de los intereses públicos y de los recursos económicos en un momento difícil como es el de la actual coyuntura. Pero yo diría, señor Presidente, que ha permitido también, para mí con enorme satisfacción, ver la concordancia de puntos de vista que existen en esta Cámara en una materia que debe ser asunto de Estado.
Yo tengo la seguridad de que el señor Ministro de Asuntos Exteriores habrá oído complacido cómo la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara han coincidido, incluso con intervenciones como las de los Senadores Ferrer, Bolinaga o Castro Rabadán, haciendo reflexiones interesantísimas que todos compartimos sobre la importancia del desarrollo y sobre una cuestión importante, que es la necesidad de tener en cuenta más en sí la calidad que la cantidad sin desdeñar, por supuesto, el objetivo de ese 0,7 por ciento del producto interior bruto.
Este es un asunto de la ayuda al desarrollo que ha sido muy estudiado en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara y en el Pleno con reiterados informes, y debo decir a la Cámara que precisamente la política que está ahora aplicando el Gobierno y los criterios que expuso el Secretario de Estado, tan ponderados por el Senador Bolinaga y que comparto, en sus comparecencias, tanto en el Senado como en el Congreso, se adaptan fielmente a los criterios que adoptó esta Cámara en el dictamen que aprobamos por mayoría, sin una sola abstención ni voto en contra, y también al programa del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que esta comparecencia podía haber servido más bien, como está sirviendo en gran parte, para alabar la política del Gobierno en este sentido.
En relación con la intervención de la Senadora De Boneta, debo decir que, además de hacer un brillante discurso sobre materias de desarrollo que compartimos, a mi juicio ha demostrado una cierta incoherencia cuando ha dicho que aceptaba, pero que por otra parte no comprendía. La cuestión es clarísima, Senadora De Boneta. En primer lugar, el término que ha dado lugar en cierto modo al debate es el de utópico, utilizado por el Secretario de Estado, señor Villalonga. Utópico en el diccionario, pero en el diccionario de los escolares no en el diccionario para los eruditos, es todo plan o proyecto que es irrealizable en el momento de su formulación. Y eso es lo que ha querido decir el Secretario de Estado, como han comprendido otros portavoces. Es decir, conseguir en estos momentos el 0,7 resulta irrealizable y, por lo tanto, más bien habría que alabar la sinceridad y la honestidad del Secretario de Estado del Gobierno actual aludiendo a que esta ambición que todos deseamos conseguir cuanto antes en estos momentos era irrealizable. Eso es precisamente lo que quería decir el Secretario de Estado.
El programa, repito, del Partido Popular y del Gobierno están en esa línea. Y debo decir que en el ejercicio económico actual, como ya se ha señalado, tenemos un reto importante que cumplir, y son los criterios de convergencia de la Unión Monetaria, que dicho sea de paso no son criterios de convergencia impuestos por una razón de incorporación a un mecanismo internacional, sino que son criterios de buena administración, de rigor en la administración de los intereses públicos, como ha señalado el Senador Bolinaga, y de corrección de los múltiples errores cometidos por el Gobierno anterior. Ese es el empeño que actualmente tiene el Gobierno, y ya los mercados y la situación económica están poniendo de manifiesto el acierto de esa política. Y, sin embargo, si a pesar de ese criterio restrictivo del Gobierno, cabía pensar que se reducían los recursos destinados a la cooperación económica internacional, ya el Ministro ha indicado cómo en algunas partidas, concretamente las que se refieren a las ayudas a las ONG, y especialmente aquellas que se refieren a los créditos concesionales, han tenido incluso un modesto incremento, que, lógicamente, deseamos que se aumente en un futuro próximo.
Todos compartimos, señor Presidente, la aspiración de alcanzar una mayor participación de los recursos públicos en la ayuda a la cooperación internacional, y el Partido Popular se solidariza con la encomiable actitud de las Organizaciones no Gubernamentales y con cuantas iniciativas postulan una acción más intensa de ayuda y asistencia a amplias zonas del mundo donde la miseria, la enfermedad, el hambre y la violencia salvaje ofrecen a diario un cuadro de tristeza y desolación respecto al cual la conciencia civilizada de los países desarrollados no debe guardar una actitud pasiva ni conformarse con escasas aportaciones.
La responsable y altruista actitud de quienes demandan un mayor esfuerzo nos dignifica a todos, y, por tanto, hay que aplaudirlos; sin embargo, a la hora de gobernar, es preciso hacer armoniosamente compatible este deseo, este progreso, con los recursos de que se dispone. Y por eso, para que vean la coherencia, tanto en el dictamen del Pleno de esta Cámara aceptando la Ponencia elaborada en

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la Comisión de Asuntos Exteriores como en el programa del Partido Popular, se dijo siempre --lo ha recordado el señor Ministro-- que este camino hacia el 0,7 del producto interior bruto tenía que realizarse progresivamente y en la medida que lo permitiera aceptar reducir el déficit y, lógicamente, conseguir los criterios de convergencia para la Unión Monetaria. Este es el criterio que siguen todos los países. Y quiero recordar, porque las cifras, efectivamente, son elocuentes por sí mismas, que un 0,7 por ciento, en estos momentos, significaría, para un producto interior bruto de 1997 previsible de 78 billones 657.000 millones de pesetas, 525.000 millones de pesetas. A ver en qué sector social o en qué partida podría reducirse una cantidad tan grande. Esa es la razón por la cual en estos momentos se estima que es irrealizable, aunque, repito, es irrenunciable, para tranquilidaddelaSenadora De Boneta y de todos --así lo hemos compartido todos--, tratar de conseguir esto, y dentro del plazo más breve posible.
Incluso --y con esto termino, señor Presidente--, se ha dicho ya, pero hay que insistir en ello, España no está en mala situación, a pesar de que estemos insatisfechos. España hace en estos momentos, según la última estadística que he leído en el «Newsweek», el país número 28 por renta per cápita, que es el indicador relativo de la riqueza de los países.
Pues bien, en la aportación al desarrollo hace el número 11, es decir, está muy por delante de países incluso más ricos y prósperos. No nos debe esto tranquilizar, pero sí lógicamente sosegar nuestras inquietudes.
Por otra parte, en la Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada recientemente en Roma, si bien se aludió al 0,7, todos los políticos responsables que allí había, por ejemplo, el señor Bruton, el Presidente de Irlanda, dijo que habría que ir progresivamente, y solamente señalaba un 0,05 por ciento por año para poder llegar a ese ansiado y deseado 0,7 por ciento. Incluso, diría más, algunos, por ejemplo el Ministerio de Agricultura de Australia, barriendo para casa, como es natural, decía: Es inconcebible que esta ayuda que necesitan los países subdesarrollados se produzca en unos momentos en que todavía hay países que subvencionan la agricultura. Lógicamente, se refería a España y a otros. Pues bien, dígame su señoría si aquí podríamos aceptar de repente no subvencionar a nuestros agricultores para utilizar medios económicos para los fines a los cuales nos referimos.


El señor PRESIDENTE: Senador López Henares...


El señor LOPEZ HENARES: Termino ya, señor Presidente, repitiendo que me ha complacido enormemente ver la coincidencia de puntos de vista, así como la brillante intervención del Senador Castro Rabadán planteando cuestiones esenciales que hacen, hoy día, plantearse la manera de ejercitar esta ayuda al desarrollo para conseguir, efectivamente, no solamente suprimir el hambre, que, por supuesto, debe hacerse, pues ésta es una ayuda humanitaria, sino, sobre todo, mejorar el desarrollo de las instituciones públicas y sociales de los países que se encuentran en esta situación de subdesarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Henares.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, intervengo muy brevemente para dar las gracias a la Senadora De Boneta, así como a los portavoces de los distintos grupos, por sus aportaciones y por el tono altamente constructivo de las mismas.
Constato también que las distintas intervenciones reconocen las poderosas razones que en estos momento nos impiden fijar una fecha para alcanzar el objetivo del 0,7, al que el Gobierno no renuncia, por otro lado, como ya se ha destacado.
Tengan la seguridad sus señorías de que el Gobierno es sensible a los argumentos aquí expuestos y que se esforzará no sólo por incrementar las partidas destinadas a la ayuda, sino también por mejorar su eficacia, corrigiendo errores y abordando nuevos campos de actuación, como se ha sugerido. Y todo ello con la ayuda del Parlamento, que, también en este caso, ha demostrado ser capaz de aportar valiosas sugerencias y contribuciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POLITICA GENERAL Y PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LOS POLIGONOS DE TIRO AEREO, Y MAS CONCRETAMENTE CON EL DE LAS BARDENAS, EN NAVARRA. (670/000035.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general y previsiones del Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo, y más concretamente con el de Las Bardenas, en Navarra.
El señor interpelante tiene la palabra.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, como quiera que la causa principal de la presente interpelación se centra en el destino de 2.200 hectáreas, aproximadamente, de Las Bardenas Reales de Navarra a acciones de entrenamiento militar, como consecuencia del polígono de tiro aéreo utilizado por el Ejército del Aire, previamente quiero dejar constancia clara de que mis palabras no han de interpretarse en supuesta clave antimilitarista, ni siquiera en un tono antisolidario o de simple negativa a la prestación de un servicio concreto en pro de lo que es denominable como defensa nacional.
La razón de fondo de esta intervención se entronca de modo particular y expreso en la preocupación y en los sentimientos

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de la sociedad navarra en toda su plenitud; preocupación y sentimientos, señorías, señor Ministro, que se encuentran en unánime sintonía con la totalidad de los partidos políticos de Navarra y con todas y cada una de sus instituciones representativas, llámense ayuntamientos o Junta Comunidad de Las Bardenas, llámense Gobierno o Parlamento Forales de Navarra, significadas todas ellas por sendos acuerdos al respecto.
Trato, pues, de recoger una larga y legítima aspiración, humanamente racional y lógica, del continente y contenido navarros por la que se demanda el desmantelamiento íntegro del polígono de tiro aéreo de Las Bardenas y su recuperación integral para el dominio útil, sin restricciones, de los navarros, en primer término.
Y llegado a este punto de mi intervención, no me resisto a dedicar un sentido recuerdo a la memoria de los 22 pilotos militares que, desgraciadamente, perdieron sus vidas, más todo un cúmulo de sus ilusiones y realidades, mientras realizaban actividades preparatorias de tiro y bombardeo en el mencionado polígono. Todos ellos fallecieron violentamente durante los ensayos de vuelo y de tiro y en el cumplimiento de órdenes superiores en pro de su mejor preparación para la defensa nacional.
Entiendo, señorías, que con ellos ha de estar el reconocimiento de este Senado, justo en este momento en el que dentro de una posible visión general sobre este tipo de servicios y lugares de ensayo práctico vamos a tener que referirnos con cierta concreción al polígono de tiro aéreo de Las Bardenas.
Asimismo, rememoro la docena larga de pilotos militares que resultaron gravemente lesionados en el mismo lugar y en similares circunstancias. El sacrificio de unos y de otros, sin duda, debe inducirnos a la reflexión sobre la más correcta aplicación de sistemas, medios y lugares a los efectos dichos. Y traigo también a la memoria de sus señorías los aproximadamente 40 aparatos, tal vez más, que se han estrellado contra el suelo mientras sobrevolaban Las Bardenas realizando ensayos de tipo bélico.
Con independencia de que todo este gran número de desgracias en vida, salud y bienes pudiera o no ser evitado, seguramente podrá decírseme que son riesgos del oficio y que los acabados de señalar son su consecuencia más negativa. Y ciertamente es así, señorías. Pero no es menos cierto que el costo resultante de tal oficio ha sido, en verdad y de verdad, excesivamente caro en material y, sobre todo, lo que es peor, un tributo carísimo e irreversible en vidas humanas.
Esta sangrante acumulación de hechos indeseados deben inducirnos, como primera medida, a hacer un análisis exhaustivo de sus causas, tanto por sentido común como por sentido práctico, entre las cuales bien podría caber la circunstancia adversa de que el polígono en cuestión no reunía, o no reunirá, las debidas garantías de seguridad, ni por su ubicación real ni por la superficie a la que se contrae, habida cuenta de que su designación primera quedó datada en el año 1951, y que, posiblemente, encontrándonos ya hoy en 1997, cabe pensar que las actuales características del polígono de tiro aéreo no sean las que correspondan a los innumerables avances técnico-operativos con los que ha venido desarrollándose la aeronáutica en general y la más específica de los aparatos de guerra, en todos sus componentes.
No corresponde a este Senador la verificación de lo expuesto, señor Ministro. Pero a estas alturas, y visto lo visto, considero respetuosamente que sí debe sentirse obligado su Ministerio de Defensa a la elaboración y presentación de un estudio técnico militar que solvente de una vez todas las actuales dudas razonables existentes sobre el particular o bien determine la adopción de otras medidas ajenas a la actual ocupación de Las Bardenas Reales como polígono de tiro aéreo.
Entiendo que ésta es una de sus primeras responsabilidades parlamentarias, señor Ministro. Se lo digo con todo el respeto y con todo el afecto.
Pero señorías, señor Ministro, esto no es todo. También se dan otro tipo de circunstancias que por sí mismas pueden obligarnos a desmantelar de una vez por todas el único polígono de tiro aéreo de todo el Estado español que continúa el operativo bajo tales características y ubicarlo, si preciso fuera, en otra zona alejada de Las Bardenas Reales. Más aún, señor Ministro, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la convicción firme de que se ha de poner fin a la ocupación militar del polígono bardenero con absoluta urgencia y de modo inexcusable, lo más tardar en el próximo año 2001, en el que caduca el actual contrato de arrendamiento. Entendemos ciertamente que esto tiene que hacerse posible --es decir, absolutamente necesario-- desde las máximas instancias del Estado, si es que se sabe adoptar una decisión política equilibrada y justamente distributiva de cuanto no debe dudarse.
Hemos dicho que el polígono de tiro aéreo de Las Bardenas entró en uso el año 1951, concretamente el 9 de junio --en una fecha que lo dice todo a favor de los poderes fácticos de aquel entonces--, por mediación de un contrato que siempre es renovable a voluntad exclusiva del arrendatario, es decir, del Ministerio de Defensa, y sin derecho alguno del arrendador a efectos de rescisión o caducidad del mismo, lo que constituye, a nuestro entender, un claro abuso de poder jurídico. Y desde aquel año de 1951, hace ya la friolera de 46 años, aquel territorio del antiguo patrimonio de la Corona de Navarra viene siendo insistentemente machacado por tiros y bombarderos aéreos sin dar pie a una mínima posibilidad de rehabilitación ecológica ni a su utilización en libertad.
Día tras día, como quien dice, y año tras año, todos los municipios congozantes y el Monasterio de La Oliva tienen que padecer y mal soportar una presión ambiental de índole de guerra tanto psicológica como físicamente a consecuencia de las prácticas de tiro y de vuelos rasantes de entrada y salida de los aviones de guerra de todo tipo, ya que, dado el escaso dimensionado del polígono, sobrevuelan zonas agrícolas y habitadas. La psicosis de riesgo y la alarma de posibles desgracias son una constante irremisible entre todos sus habitantes, que rondan los 100.000.
Todos aquellos municipios y sus 100.000 moradores, pese a ser congozantes de toda la bardena y de todos los disfrutes de su terreno --haciendo historia, según el Real Despacho de 14 de abril de 1705, emitido por el Rey Felipe V, a cambio o previo pago, eso sí, de 12.000 pesos-- no

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pueden hoy hacer uso en dominio útil de la totalidad del terreno y, además, tienen que verse de alguna manera penalizados con todo el común de las molestias descritas. Día tras día, año tras año: ya, 46 años.
Parece ciertamente abusivo, y de hecho lo es, que siempre y únicamente hayan de ser aquellos municipios congozantes y sus habitantes quienes tengan que hacer permanente entrega de su calma y de su bienestar a supuestos intereses, que pueden ser reales, de la defensa nacional.
Sinceramente piensa este Senador, señorías, señor Ministro, que la situación creada durante tantos años en un mismo lugar y en detrimento siempre de unos mismos conciudadanos ha llegado a un estado insostenible y de abuso a todas luces, que requiere, indudablemente, una solución tan digna como inmediata, yo diría hoy mejor que mañana.
Lo cierto es que el actual contrato de arrendamiento se contrae hasta el año 2001. Por tanto, señorías, nos aproximamos al infeliz cumplimiento de unas bodas que no son precisamente de oro, sino bodas de contaminación acústica, bodas de toneladas de metralla y de restos de fuselaje y de artefactos de todo tipo; de oro, nada. Cincuenta años, señor Ministro, de exclusividad bardenera y Navarra a la defensa nacional del Estado en cuanto polígono de tiro aéreo y bombardeo del Ejército del Aire. ¿Hay quien dé o hay quien haya dado más? Es por ello, señorías, señor Ministro, que dado el larguísimo proceso a través del cual se mantiene con toda su crudeza una verdadera situación opresiva de tan hondo calado humano y ecológico, y considerando el sentimiento unánime y acuerdos al respecto de todos los municipios, no sólo los congozantes, sino de prácticamente toda Navarra, recogiendo acuerdos plenarios de su Parlamento Foral, decisiones de su Gobierno Foral y el ánimo de todos los partidos políticos navarros, parece razonable preguntarse, lo hago a usted, señor Ministro, hasta cuándo va a persistir un tratamiento de tan cualificada discriminación perniciosa para Navarra y los navarros y por qué.
En definitiva, desde la perspectiva del Partido Nacionalista Vasco, me he permitido exponer esta primera batería de razones y argumentos fundamentados en la insostenible e inaguantable situación bardenera, sin más ánimo que el de interpelar respetuosamente al Gobierno sobre la política general, si es que existe una, y sobre las previsiones, si es que se dan realmente, en relación con los polígonos de tiro aéreo, y más en concreto con el que hoy me obliga a requerir y ocupar la atención de todas sus señorías, es decir, el polígono de tiro aéreo de Las Bardenas Reales, en Navarra, cuyo actual contrato de uso y utilización ha de prescribir durante el próximo año 2001, o sea, dentro de cuatro años --que con no ser muchos seguirán haciéndose casi eternamente inacabables para quienes han de seguir soportándolos en las mismas condiciones que en los 46 años precedentes. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la presidencia.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Para la contestación del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo he comenzado a escuchar la intervención del Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con alegría porque ha apelado a razones que me parece que son de índole superior --como la solidaridad con todos, como la huida del fácil antimilitarismo-- y ha apelado además, y se lo agradezco en el alma, a los muertos, a los heridos y a los daños materiales que ha ocasionado al Ejército del Aire la actividad imprescindible de entrenamiento a los pilotos.
Yo creo que a sus señorías no se les escapa que si España gasta tanto dinero en mantener las Fuerzas Armadas --y en concreto el Ejército del Aire-- y si se invierte tanto capital humano en tener una oficialidad que está causando asombro fuera de nuestras fronteras en ejercicios y en operaciones conjuntas con otros países, no nos podemos permitir el lujo de que no tengan capacidad de entrenarse, no nos podemos permitir el lujo de que no tengan el tiempo de entrenamiento imprescindible para disminuir al mínimo el riesgo --como ha dicho su señoría un mínimo forma parte del oficio, pero estrictamente ese mínimo-- por una estrechez presupuestaria concreta y coyuntural, de forma que no pudiéramos dar la formación y el entrenamiento a nuestros pilotos que hicieran que esos accidentes, esas muertes, esas lesiones, fueran más allá de ese mínimo imprescindible al que me refiero. Por eso he dicho, señoría, que para mí la primera parte de su intervención ha sido extraordinariamente grata.
No acabo de ver la coherencia entre la primera y la segunda parte, porque si se habla de daños sin cuento, si se habla de discriminación perniciosa, si se habla de insoportable condición, parecería que esto no debería llevarse ni a Navarra, ni a ningún sitio. Pero a mi juicio no es así, señoría.
En la actualidad el campo de tiro de Las Bardenas Reales es el único del que dispone el Ejército del Aire, y es más, como ha dicho su señoría, en junio del año 2001 finalizará la cesión de derechos sobre el campo de tiro otorgada por la comunidad de Bardenas al Ejército del Aire. Como no podía ser de otro modo, no en la actualidad, sino desde hace muchos años se están estudiando emplazamientos alternativos. Se desechó en su momento, hace ya años, el polígono de Cabañeros, se ha desechado por este Gobierno el polígono de Anchuras, se ha descartado también la posibilidad del Teleno, en León, por no reunir las condiciones, pero hay una incesante búsqueda de alternativas, respecto a las cuales yo pediría al Senador que no asuste a sus habitantes con esos males sin cuento --que, como creo que se puede demostrar, no son totalmente ciertos.
Hay que decir --y en esto coincido con su señoría-- que el polígono de Las Bardenas no es el ideal y que tiene ciertas limitaciones. Una podría ser, incluso, su superficie, pero hay otras claras: las condiciones meteorológicas de la zona obligan en determinadas épocas al cierre del campo y

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restringen en todo caso su empleo operativo y la situación geográfica tampoco es la ideal, pues obliga a destacar las unidades en adiestramiento a la Base de Zaragoza. Como sólo hay ese polígono y es temporal, está doblemente justificado que el Ejército del Aire, el Ministerio de Defensa, lleve años en la búsqueda de emplazamientos alternativos, no habiéndose adoptado ninguna decisión formal por el momento.
Respecto a los problemas que generan los polígonos, hay que señalar que tanto en el polígono de Bardenas como en cualquier otro polígono de adiestramiento que se pudiera usar para el entrenamiento de las tripulaciones, el Ejército del Aire mantiene desde hace muchos años unos criterios de utilización en los que la seguridad de las poblaciones y de las propiedades es un objetivo prioritario; tales criterios de utilización persiguen también la evitación de trastornos sociales y el hacer mínimos los posibles daños ecológicos.
La zona de Bardenas es un terreno sin arboleda, con una vegetación compuesta especialmente por esparto y tomillo, tierra de secano de estructura muy fina y permeable, por lo que resulta intransitable y muy erosionable por las lluvias. Su preservación, señoría, está garantizada por la experiencia acumulada en este aspecto por el Ejército del Aire.
Tanto en este polígono como en los de otros países se demuestra que las especies animales existentes se adaptan perfectamente a las condiciones de un campo de entrenamiento, incluso se da la circunstancia de que Las Bardenas Reales ha sido empleado como coto de caza a petición de las localidades próximas y en numerosos países los polígonos de tiro son utilizados como cotos y reservas directamente reguladas por el Gobierno.
Hay que resaltar, señorías, que la zona de blancos del polígono de Bardenas --que tiene una extensión de sólo 2.222 hectáreas-- ocupa 100 hectáreas, luego estamos hablando del 4,5 por ciento de la superficie total del polígono --que, como hemos acordado, no tiene la dimensión óptima, pero a pesar de eso, repito, se hace sobre el 4,5 por ciento de su superficie--. Por tanto, al ser mínima la zona de impactos y al caer material inerte se garantiza la preservación del valor ecológico de la zona y del medio ambiente. El resto, el 95,5 por ciento, señorías, es zona de seguridad.
Respecto a la incidencia sobre la posible actividad agraria, el Convenio sobre pagos complementarios de los de cesión del polígono de Las Bardenas Reales de Navarra entre el Ministerio de Defensa y la comunidad bardenera, suscrito el último el 31 de mayo de 1995, garantiza una cantidad global de 414.777.355 pesetas entre los años 1995 y 2001.
Por tanto, y para terminar, señor Presidente, reitero el agradecimiento por las primeras palabras de comprensión y apoyo a la actividad de entrenamiento del Ejército del Aire por parte del Senador interpelante y transmito la confianza en que la totalidad de la Cámara entenderá que poner un polígono de tiro en cualquier punto --el que resulte más adecuado de acuerdo con esos estudios técnicos que el Senador reclama y que el Ministerio realiza-- no se debe considerar una discriminación perniciosa, origen de males sin cuento, sino tan sólo una contribución a las necesidades comunes de la defensa nacional. De otra manera, podríamos estar sugiriendo casi la existencia de un polígono errante que no parece ser la solución más correcta y, de hecho, no ha sido adoptada por ningún país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Bolinaga tiene la palabra durante cinco minutos por el artículo 84.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en realidad creo que existen muchos puntos de convergencia entre su señoría y este Senador que ha presentado la interpelación.
En efecto, el polígono de tiro actual de Las Bardenas forma uno de los mejores y más singulares ecosistemas esteparios puros que existen en la Península Ibérica. Además, por su flora y su fauna se merece la catalogación de reserva natural cuando menos.
Yo, así como usted no ha visto una gran relación entre la primera parte de mi intervención y la segunda, creo que, efectivamente, existe una interrelación total y plena, porque lo primero no se entiende sin lo segundo. En cuanto hay que entender, como terminaba diciendo su señoría, que la existencia de un polígono de tiro aéreo tiene que interpretarse en sus justos términos, que son el de una contribución a los efectos de la defensa nacional, señor Ministro, estamos totalmente de acuerdo. Ese no es el problema que cuestiona este Senador; el problema que cuestiona este Senador es por qué esa contribución a la defensa nacional, que es justa e, inclusive, necesaria, debe tener una duración hasta hoy de 46 años por parte de los bardeneses y de los navarros, y por qué tiene que seguir «sine die», no sabemos hasta cuándo, haciendo la misma contribución. No parece que se ajusta a una justicia distributiva de responsabilidades que han de ser compartidas en el funcionamiento de un Estado y en la contribución que haya que realizar con la defensa nacional. Ese es el problema.
En cuanto que las molestias o los posibles riesgos que este Senador indicaba y que usted los ha definido un tanto irónicamente, en el buen sentido de la palabra, como «males sin cuento», no es que sean males sin cuento, son males constatados, son males constatables; si fueran por un período más o menos corto, más o menos reducido y tuviesen una terminación, podrían ser tolerables, perfectamente, pero si se han de eternizar en el tiempo, no es que no sean tolerables, señor Ministro, son totalmente inadmisibles.
Por consiguiente, señor Ministro, me deja usted muy pocas opciones, porque si hemos de tener en cuenta, como he repetido ya reiteradas veces, el largo e intenso uso de Las Bardenas como polígono de tiro aéreo, como contribución larga, muy larga, especial y digamos que exclusiva de Navarra para la defensa nacional, teniendo en cuenta las molestias, que podrán ser no molestias sin cuento, pero muchas, muchísimas y graves, gravísimas molestias que se están produciendo en el tiempo, y el indudable riesgo

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--porque un riesgo existe, reconocerá, señor Ministro-- que entraña la actividad tantas veces descrita, es justo y razonable que se dé por definitivamente prescrito el contrato en la fecha citada del próximo año 2001. Sin menoscabo, además, de que pueda serlo con anterioridad.
Y sea así, señor Ministro, debidamente atendida la justificada demanda social de toda Navarra en general y de toda la población bardenera en particular, de manera que ésta pueda gozar del dominio útil de Las Bardenas Reales en toda su integridad tras la adopción de las medidas que sean pertinentes, incluidas las de reparación y limpieza del entorno.
Todo, señor Ministro, menos seguir abusando «sine die» del sacrificio, que indudablemente lo es y me lo tendrá que reconocer, de los navarros y, concretamente, de los bardeneses. Y agravándolos con tan intensas y frecuentes molestias de todo orden con carácter de exclusividad, que es también un punto que le pido a su señoría lo tenga muy presente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, vaya terminando.


El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, solamente quiero decirle que Navarra entera nos está diciendo ¡basta ya! en lo que a la utilización y a la existencia del actual polígono de tiro aéreo de Las Bárdenas se refiere.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir de forma breve para fijar la posición del Grupo Mixto y principalmente la de esta Senadora de Eusko Alkartasuna sobre el tema que, desde mi punto de vista, ha traído a debate y ha interpelado el Senador Bolinaga oportunamente. Hago el inciso aquí de responderle en términos de oportunidad a la respuesta que anteriormente me ha dado el mismo Senador en términos de incomprensión de mis posturas.
Quiero decir en este sentido que no voy a hacer lo que aquí ha planteado el Senador Bolinaga ni voy a coincidir con él en esa huida coyuntural de lo que decía el señor Ministro sobre la manifestación de antimilitarismo o de la defensa de una posición contraria a la colaboración y prestación del servicio militar obligatorio, felizmente en vías de extinción. No puedo renunciar a esos principios, pero quiero decir que mi postura favorable a la interpelación que plantea en este momento el Senador Bolinaga, no lo es sólo por una razón de principios, sino, además, por los graves perjuicios --señalados por el propio Senador-- que vienen sufriendo en solitario y únicamente los ciudadanos y ciudadanas navarras, y quizá algo también los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Aragón, que están sometidos al ámbito de influencia de ese único campo de entrenamiento de tiro aéreo de la Defensa. En este sentido no se comprende muy bien por qué únicamente y sólo ellos tienen que prestar esa colaboración solidaria para que el Ejército del Aire pueda entrenar con el fin de conservar la capacidad operativa que las Fuerzas Armadas --en este caso las Fuerzas Armadas del Aire-- tienen reconocida, como ha dicho el Ministro.
Yo sí encuentro coherencia en los planteamientos y no, en cambio, en la contestación del señor Ministro, puesto que, si no he entendido mal, ha venido a decir que, existiendo estudios alternativos para otra ubicación de un campo de características similares, no hay ninguna solución y, con el poco tiempo que queda, que prácticamente se circunscribe a esta legislatura, no parece que haya apuntado ningún camino en el horizonte que vaya a representar una solución inmediata. En todo caso parece que el señor Ministro ha querido decir que en tanto en cuanto este contrato, quizás aceptado de una forma inconsciente pero ciertamente leonino por sus consecuencias, va a durar y va a seguir hasta el año 2001 por mucho que eso reporte a la comunidad de Las Bárdenas una cierta cantidad económica importante, tal como ha señalado el señor Ministro.
A mí me parece que el Senador Bolinaga no ha asustado a ningún ciudadano afectado, ni tiene que hacerlo, puesto que yo creo que ya lo están bastante ya que conocen de sobra y han soportado el suficiente tiempo, 46 años --como bien se ha indicado reiteradamente--, esta situación, sin perjuicio de que ese ecosistema y esa reserva natural, a la que ha aludido el Senador Bolinaga y también el señor Ministro, pueda, precisamente por tener un alto valor ecológico, ser objeto de un tratamiento distinto, puesto que a pesar de la adaptación de las especies, es posible que ésta no lo sea con un carácter «ad infinitum» y, además, no es...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora, vaya terminando, por favor.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Sí, señor Presidente.
Y como decía, no es una excusa para no dar una solución a algo que tiene que tenerla y un espacio alternativo.
Yo únicamente insistiría aquí en que este trato sí es discriminatorio en cuanto a que solamente los ciudadanos, en este caso navarros y aragoneses, sufren del impacto de este campo y en tanto en cuanto en todo este tiempo no ha habido una solución alternativa para que al menos si este tipo de contribuciones deben de ser prestadas, lo sean de una forma equitativa, o las cargas de estas contribuciones sean repartidas de forma equitativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Salvador Carrera i Comes.


El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, he seguido con interés, sin duda como todo el resto de la Cámara, la interpelación presentada por el Senador Bolinaga. En el fondo es una interpelación que se concreta en el polígono de tiro aéreo de Las Bárdenas pero afecta e implica también a la propia política general y previsiones del Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo.
Concretamente respecto a Las Bárdenas, en Navarra, sí que es necesario remarcar, y así lo hacemos, señor Ministro, el extenso período de utilización del mismo --se está hablando de 46 años--, la importancia que ha tenido y que tiene esta propia utilización --ha sido escenario habitual de prácticas de la fuerza aérea incluso norteamericana y de la OTAN-- y también, por nuestra parte, señalamos la larga, extensa y dilatada contribución del polígono de tiro de referencia a los intereses defensivos del Estado por el tiempo transcurrido, por la intensidad de su uso, por la importancia y la consiguiente, queramos o no, presión ambiental. Por tanto, entendemos también nosotros que es el momento de debatir cuál va a ser el futuro, y estamos hablando del 2001, dentro de esta política general del Gobierno con respecto a los Polígonos de tiro aéreo.
El debate, a mi entender, ha ido transcurriendo de la siguiente manera: por parte del Senador interpelante haciendo referencia e hincapié a razones de fondo, con preocupación y sentimiento de Navarra en su conjunto sociopolítico, a una aspiración de desmantelamiento del polígono de referencia; ha hablado de riesgos y hechos acontecidos en el transcurso de estos años, cuestionando al mismo tiempo la seguridad y ubicación de este polígono, dados los años quizás en que fue diseñado y en que fue, finalmente, adaptado a su ubicación final, y, sin duda, pidiendo también la no renovación del convenio-contrato que prescribe el 2001, con medidas urgentes e inmediatas a tomar.
El señor Ministro, por su parte, entiendo que ha hecho una referencia a las apelaciones iniciales del propio interpelante, al esfuerzo del Ejército del Aire y a la necesidad de poder entrenarse, porque es así; a que el polígono de Las Bárdenas es el único en todo el Estado, y dice el señor Ministro: aunque no es el ideal y hay necesidad de buscar otras alternativas; y ha hecho mención --cosa que también es importante-- a la mínima ocupación actual dentro de lo que es la extensión del polígono.
Termina haciendo --creo que es lógico y nosotros lo aceptamos-- un llamamiento a que sea cual sea su ubicación no entremos en una discusión de que los propios polígonos de tiro representan algún tipo de riesgo.
Sin duda, señorías, señor Presidente, poder compaginar los intereses del entorno del polígono de Las Bárdenas y la petición de un estudio serio o acerca de su continuidad o no, con la necesidad de poder disponer de un polígono de tiro aéreo, sin duda imprescindible, yo diría que es la conclusión a que llega este Senador, es decir, la necesidad de compaginar estos intereses legítimos de ambas partes. Si existe voluntad del Ministerio y se entra en una línea de decidida solución final, creo que, sin duda, éste sería un buen camino.
Será importante conocer, Senador Bolinaga, cuál va a ser el planteamiento de la moción, que estoy convencido que va usted a plantear, con la voluntad de nuestro Grupo de que sea lo más positivo en su totalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Ardaiz.


El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no voy a reiterar antecedentes históricos de mayor o menor antigüedad y de mayor o menor enjundia sobre Las Bardenas Reales de Navarra porque los que me han precedido en la tribuna lo han hecho con bastante acierto, sin perjuicio de algún desliz puramente cacofónico, al menos para los navarros, como el de poner un acento esdrújulo que ha comenzado por el Presidente de la Cámara, que ha continuado la Senadora Boneta y que, al final, el Senador del Grupo de Convergència i Unió ha tenido que seguir por la misma línea, pero que es lógico por cuanto que, como alguna otra asignación que ha hecho de algún gentilicio el Senador Bolinaga inexistente en Navarra, yo lo entiendo porque efectivamente la lejanía del territorio en unos casos, el desconocimiento de los topónimos y de los gentilicios a veces nos produce alguna confusión, pero de todo punto razonable y de todo punto explicable.
Por tanto, como digo, no voy a hacer reiteración de esos antecedentes porque lo han hecho ustedes muy bien, y voy a centrarme en lo que hoy ocupa nuestro tiempo, señor Ministro, que es un problema político en materia de defensa planteado por el Senador interpelante, cual es: qué está haciendo el Gobierno para encontrar un lugar idóneo dentro del territorio español que sirva de entrenamiento a la Fuerza Aérea española.
Y he de decir con cierta pena que de lo escuchado al señor Ministro no parece que tenga el Gobierno una solución para el problema que aquí se le ha planteado en términos genéricos, como cuál es la política del Gobierno en materia de polígonos de tiro, y concretamente en términos específicos, sobre el único de esos polígonos que existe actualmente en España, que es el de Las Bardenas Reales.
Señor Ministro, siento recordarle que, en toda su intervención y como respuesta a esa interpelación, no ha dicho más que dos palabras: estamos intentando una búsqueda incesante. Las dos primeras me las acabo de inventar. Usted se ha referido solamente a búsqueda incesante. Esa ha sido toda su respuesta a la interpelación que, en materia de polígonos de tiro, le ha planteado el Senador interpelante.
Una vez más, señor Ministro, en un asunto importante, como es el de la Defensa nacional --y le aseguro que se lo voy a decir con todo el respeto, pero no encuentro otro calificativo que, sin herir su sensibilidad, dé cuenta de la política que ustedes están haciendo en esta materia--, la política del Gobierno es una política errática, sin rumbo.
Una prueba de lo que acabo de decir --una sola prueba, y no

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voy a hablar de otras cuestiones en materia de defensa-- es que el Gobierno de España no tiene respuesta para la interpelación que se le ha planteado hoy en esta Cámara sobre los polígonos de tiro.
Señor Ministro, el Partido Socialista, en esta materia, como en tantas otras y una vez más, renuncia a hacer objeto de demagogia el asunto tan delicado que tienen ustedes entre manos, porque esta situación podríamos caracterizarla, sin temor a equivocarnos, de la siguiente manera reconocido además por usted: el Ejército del Aire no tiene, por acción del gobierno de España, de éste y de otros --pero estamos hablando de la actualidad--, no tiene, repito, más que un campo de entrenamiento: el de La Bardena navarra, campo sobre el que concurren varias circunstancias.
Una, obedece a un contrato de arrendamiento que, como bien se ha dicho, finaliza en el año 2001. Dos, es un campo inadecuado para las necesidades propias y para las derivadas de los compromisos contraídos por el Gobierno de España en esta materia. Tres, la sociedad navarra, con sus instituciones forales al frente --el Gobierno y el Parlamento-- aspiran al cierre de dicho campo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Ardaiz, se le terminó el tiempo.


El señor ARDAIZ EGÜES: Ahora mismo acabo, señor Presidente. Confío en que me dé el mismo tratamiento que a los Senadores que han intervenido hasta ahora.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intento dar el mismo a todos, señoría.


El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Todas estas posiciones, señor Ministro, confluyen en una misma dirección: la desaparición del polígono de tiro de Las Bardenas a más largo o a más corto plazo. Más diré: el Gobierno de Navarra tiene prevista la declaración de parque natural de Las Bardenas Reales. ¿Qué va a hacer entonces el Gobierno de la nación? ¿Va a tener la misma sensibilidad que ha tenido con Anchuras? ¿Va a decir usted las mismas cosas que ha dicho cuando la Ministra, señora Tocino, dijo que no al campo de Anchuras y lo ratificó el señor Aznar en sus declaraciones? Me gustaría que tuviera la misma sensibilidad y, sobre todo, les gustaría a los navarros y a los socios que tienen ustedes allá en Navarra, al Gobierno de UPN. Entonces, señor Ministro, cuando tengan esa sensibilidad que supongo igual, ¿el Ejército español irá a entrenar al Canadá? Señor Ministro --y con esto termino--, yo le deseo, y lo hago sinceramente, un éxito en la gestión de esta materia que estamos tratando, por dos razones. La primera, porque supondrá que habrá un campo de tiro en buenas condiciones de maniobrabilidad, de seguridad, de menor coste que el que existe ahora, de mejor operatividad respecto a las bases donde están situados los aviones. La segunda, porque supondría la desaparición del polígono de tiro de Las Bardenas, pero mucho me temo, señor Ministro, después de lo que le he oído, que ni nuestro ánimo ni nuestros deseos van a poder hacer nada que ustedes no hagan, que es resolver los problemas gobernando.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ardaiz.
Tiene la palabra el Senador Iribas.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, escuchaba yo la interpelación del representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la que no ha hecho prácticamente alusión a lo que es la política general española en materia de polígonos de tiro, centrándose en la cuestión del polígono de Navarra, de donde no es Senador electo el Senador Bolinaga y donde ninguna representación tiene el Partido Nacionalista Vasco, y recordaba la historia de aquel niño al que alguien se había empeñado en ayudarle a que cruzara la calle, y me daba cuenta de que Navarra no es un niño, y de que, si desea cruzar la calle, la cruza si quiere. Quiero manifestar con esto que, evidentemente, y por mero deber de cortesía parlamentaria, se agradece, pero se señala que cuando los navarros tenemos alguna cuestión en nuestras relaciones con el Gobierno central, nos las arreglamos solos y nos las solemos arreglar bien, así lo dice la Historia.
Quiero comenzar mi intervención sobre la interpelación que se había traído a esta Cámara subrayando cómo el Grupo Parlamentario Popular comparte con la mayoría de ustedes la convicción de que no es sólo necesario sino, aún más, imprescindible para nuestras Fuerzas Armadas, disponer de un polígono de tiro en el que nuestra Fuerza Aérea pueda adiestrarse y entrenarse en condiciones idóneas. Como representantes de nuestro pueblo, simplemente como españoles, deseamos, como es obvio, que nuestro Ejército esté lo mejor dotado y lo mejor preparado que sea posible. A tal fin, coincidiremos todos en que es imprescindible poder contar con un campo seguro, un campo que disponga de una extensión superficial suficiente para facilitar las maniobras de aproximación y salida sin tener que sobrevolar zonas densamente habitadas, ubicado en una situación geográfica que permita el fácil acceso a las diferentes bases aéreas, enclavado, en fin, en un lugar en el que las condiciones climatológicas habituales sean aceptables y, en definitiva, emplazado en una zona en la que sea posible el mayor y mejor respeto al medio ambiente y a lo usos tradicionales de aquélla. Y estamos convencidos de que en nuestro país existen zonas, al menos semidesérticas y prácticamente sin alta densidad de población, que podrían ser útiles a tal fin.
El Gobierno de la nación, valorando los diversos intereses generales en conflicto, ha adoptado, a nuestro entender con un acertado criterio, la decisión de cancelar el proyecto del campo de tiro del Ejército del Aire en Anchuras. Igualmente por razones operativas, se ha descartado, como ha señalado el Ministro, el de Teleno.
Por otra parte, es evidente que el Gobierno conoce cómo el 9 de junio del año 2001 --rectifico aquí la cifra que señalaba por escrito el interpelante-- finaliza el contrato

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de cesión de derechos para arrendamiento del polígono de tiro de Las Bardenas Reales. Debo referirme ahora a esta cuestión, pues, en definitiva, ha centrado la interpelación formulada.
Los navarros tenemos las ideas muy claras sobre esta cuestión. El Vicepresidente de nuestro Gobierno, don Rafael Gurrea Induráin, cuyas palabras quiero trasladar a sus señorías, en la sesión del Parlamento de Navarra del pasado 24 de octubre --a la que, evidentemente, no pudo asistir ningún representante del PNV como parlamentario, pues carecende representación en nuestra Cámara Foral--, decía que el Gobierno Foral, sintiéndose plenamente arropado por la voluntad de aquella Cámara y de otras instituciones --destacaba aquí a la comunidad de Bardenas y a los ayuntamientos congozantes-- mantendrá en todo momento con firmeza la posición de éstas de que el contrato que arrienda el polígono de tiro termina el año 2001. Ni más ni menos. Con esto no manifestaba el Gobierno Foral sino su plena coincidencia con el tenor literal de la resolución que sobre el polígono de tiro referido aprobó por unanimidad nuestro Parlamento Foral en sesión plenaria de cinco de octubre de 1988, en la que se acordó declarar que el cierre del polígono de tiro de Las Bardenas Reales constituye una legítima aspiración de las poblaciones afectadas que el Parlamento de Navarra asume como propia.
En la referida sesión plenaria de octubre pasado --como digo-- nuestro Vicepresidente pudo y dar y dio, a todos los legítimos representantes del pueblo navarro, cumplida cuenta del criterio que el Gobierno de la nación nos había directamente trasladado en relación con la cuestión. Este Senador no duda, en cualquier caso, de que sería interesante, si la interpelación se hubiera enunciado con la amplitud que el «petitum» señalaba, que el Gobierno de España no manifestase su criterio de política general de polígonos de tiro e, incluso, concretase, esta vez a las Cortes Generales y, en concreto, a la Cámara de Representación Territorial, la situación del polígono de tiro de Navarra.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iribas, tiene usted su tiempo agotado.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Concluyo solicitando la prórroga de convenio que se la ha facilitado al Senador Ardaiz.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Exactamente le queda un minuto, haciendo una interpretación benigna.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Continúo porque nuevamente queremos ser claros. El actual polígono de Las Bardenas no reúne, evidentemente, importantes parámetros de idoneidad, como ya se ha señalado aquí. Pero esto, con ser importante, no es lo que motiva nuestra postura. No pretendemos, en efecto, su supresión en estos momentos porque reúna mejores o peores parámetros. Queremos, después de tantas décadas, que el polígono se desmantele cuando finalice el arrendamiento, reúna o no los parámetros, en tanto que asumimos como propia la legítima aspiración de la Comunidad bardenera que no bardenesa --así la llamamos en Navarra y usted ha dicho bardenesa dos veces-- y de los ayuntamientos congozantes. Usted ha hablado de bardeneses, pero no vamos a hacer aquí un debate semántico. El Senador Ardaiz también lo ha oído.
Nosotros, así como la referida Comunidad de Bardenas Reales, que abarca 41.844 hectáreas --vuelvo a rectificar el texto de la interpelación-- y los propios ayuntamientos congozantes, entendemos que ha llegado el momento de recuperar la calidad de vida y la tranquilidad en aquella zona.
Si Navarra ha sido solidaria con el resto del Estado, ahora pide en reciprocidad la solidaridad del Gobierno de la nación para no buscar incesantemente, para cesar en la búsqueda, precisamente, porque se haya encontrado una alternativa adecuada que debe cubrir, como aspiramos, las legítimas necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Gobierno y, en definitiva, de nuestra patria.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Si el señor Ministro desea intervenir, puede hacerlo.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor Presidente.
Si me lo permiten, señorías, yo quería comenzar, tomándome esa libertad por el tono extraordinariamente amable que han tenido todas las intervenciones, la mía con un chiste. Con ello pretendo, con todo cariño, poner de manifiesto las contradicciones que puede haber entre las partes en algunas intervenciones. El chiste trata de uno que todo quería repartirlo y que cuando llegó a las bicicletas dijo: no, bicicletas no que yo tengo.
Todos estamos de acuerdo --lo ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular-- en que es imprescindible un campo de entrenamiento, en que es no sólo necesario --repito-- sino imprescindible, no sólo para el Ejército del Aire, puesto que la Armada también necesita polígonos y el Ejército de Tierra campos de tiro y de maniobras y entrenamiento. El problema es dónde se ubica.
Al respecto, quisiera hacer una referencia a la Senadora de Eusko Alkartasuna que ha dicho que esto lo ha sufrido Navarra en solitario.
Navarra en solitario ha tenido Las Bardenas Reales, pero decenas de ciudades, centenares de municipios de toda España han contribuido y van a tener que seguir contribuyendo a la defensa nacional. La existencia de una instalación aérea, naval o terrestre afecta siempre al entorno donde se encuentra. Por tanto, no se puede decir que sólo ellos lo han sufrido.
No, señorías, no lo ha sufrido sólo Navarra. Todas las regiones españolas tienen instalaciones militares y en mayor o en menor medida --lo repito-- afectan al entorno.
Otro argumento es la duración. Habitualmente los polígonos de tiro se obtienen por un título de propiedad de carácter

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permanente y definitivo, o bien por compra o bien por expropiación. Los polígonos de tiro, como las demás instalaciones militares, como las centrales eléctricas o como el trazado de las carreteras se tienen en sitios permanentes. No tendría sentido, y no es la política del Gobierno, hacer polígonos de tiro rotatorios y que cada equis años los tenga una Comunidad. No es ésa la política. Antes usé la palabra «errante», pero bien puedo decir itinerante o rotatorio. La política es buscar el mejor emplazamiento con carácter definitivo. Y ese emplazamiento se está buscando por razones técnicas. Se están haciendo unos descartes, algunos de los cuales ya he explicado. En definitiva, se va a propiciar que el que se encuentre y sea técnicamente más adecuado sea también políticamente aceptable.
Hay otro punto al que me gustaría hacer referencia. Yo entendí cuando estudié la carrera que los contratos eran materia de ley entre las partes contratantes. Aquí se ha dicho que el contrato, no el de 1951, señorías, sino el del año 1995, se hizo inconscientemente y que era leonino. Yo creo que si fuera así habría que mirarlo en la sede correspondiente que sería la sede judicial. Ese contrato es válido. El criterio del Gobierno, como se ha expresado muy bien, es respetar los términos del contrato. Y como es un contrato habría que contar con la voluntad de la otra parte para hacer cualquier novación del mismo. Y si no hay voluntad por la otra parte, habrá que buscar emplazamientos alternativos, que es lo que está haciendo desde ya el Gobierno.
Le voy a decir algo con todo afecto. Sé que desea que el Ministro acierte en la gestión de los polígonos de tiro, pero no diga que no va a hacer demagogia haciendo demagogia, por favor. El Ministro que le habla compró el polígono de Cabañeros, que era el que técnicamente estaba entonces aconsejado por el Ejército del Aire y conoció todas las vicisitudes para dejar Cabañeros. Por tanto, no empleemos la demagogia y no la empleemos nadie. Hay que buscar --todos tenemos que ser conscientes de ello--, porque es imprescindible, un polígono de tiro para el Ejército del Aire.
Busquémoslo e intentemos entre todos hacerlo comprensible, hacerlo aceptable porque en eso no hay «males sin cuento», sino males exagerados es lo que en las poblaciones circundantes produce más temor que realidad.
No hay, señoría, una búsqueda errática. La búsqueda la está realizando desde hace muchos años el Ejército del Aire. El problema para todos los que tenemos responsabilidades políticas es ver que hay determinadas iniciativas, determinadas inversiones que podrían ser muy favorables y que, sin embargo, por un miedo más o menos cultivado no pueden ser llevadas a la práctica.
En la Cámara se ha citado la posibilidad de ir a entrenar a países tan lejanos como Canadá. Nuestra economía, nuestra situación, el estado de las relaciones internacionales, no nos permitiría hacer eso. España, y ésta es una de sus ventajas, por razones climatológicas, por razones de extensión y por razones de escasez demográfica, es un país privilegiado para la existencia de esos polígonos. Sería bueno para España que vinieran militares de otros países de la Alianza a entrenar aquí. Sería bueno para la economía, sería bueno para la interpretación internacional, pero, a veces, hay miedos cervales que no son reales. Podría darse el caso de que perdiéramos beneficios por miedos infundados.
Si todos aceptamos con realismo que las Fuerzas Armadas y, en concreto, el Ejército del Aire tienen que tener unos polígonos de tiro, si todos respetamos la voluntad de las partes, y en este caso de la Comunidad de Las Bardenas Reales, encontraremos un emplazamiento alternativo para que no haya una respuesta negativa antes de que se diga el nombre propio por parte de los representantes afectados. Creo que está expuesta la política de polígonos de tiro. Se quieren tener en España y se quieren poner en el sitio que reúna las condiciones de ser técnicamente más adecuado y políticamente aceptable.
En segundo lugar, en cuanto a lo de Las Bardenas, hay un período hasta el 2001. El Ejército del Aire, el Ministerio de Defensa, ante la eventualidad de que eso pudiera no ser renovado, está buscando un emplazamiento alternativo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
(El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.) Senador Bolinaga, ¿en función de qué artículo solicita la palabra?

El señor BOLINAGA BENGOA: En función del artículo 87, o si el señor Presidente lo prefiere, en función del artículo 88 del Reglamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Puede hacer uso de la palabra en función de cualquiera de esos dos artículos por tiempo de un minuto.


El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Senador Iribas, no quiero dar mayor importancia a sus referencias negativas al PNV en Navarra ni tampoco a su alusión concreta en el sentido de que este Senador no es electo por Navarra --cosa que ya sabemos--, como tratando de poner cortapisas a la libertad parlamentaria de este Senador, que está dispuesto, a tenor de sus criterios, a defender Navarra, a defender Euskadi, a defender la Comunidad Autónoma de Murcia o a defender cualquier otra. Por tanto, tengo que decir que su referencia no ha sido demasiado elegante, y es que tal vez haya una diferencia de talante entre su señoría y este Senador.
Dado el tenor de esta interpelación, yo seguía aún manteniendo mis dudas para, como consecuencia de ellas, presentar una moción. El caso es que la intervención de su señoría me ha animado, me ha convencido plenamente --y le agradezco el ánimo que me ha dado-- con lo cual, pese a que su señoría decía que Navarra y los navarros se bastan por sí solos para defender sus intereses, repito que su señoría me ha animado efectivamente para que presente una moción como consecuencia de esta interpelación.
Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Iribas Sánchez de Boado pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Iribas también por un minuto.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirle simplemente a mi apreciado compañero de Cámara, el Senador Bolinaga, que en modo alguno ha habido una referencia negativa al PNV. Yo he relatado estrictamente datos objetivos y constatables en la estadística parlamentaria de Navarra desde hace muchísimos años al decir que ustedes carecen de representación en la Cámara Foral y que no la han tenido ni en esta legislatura, ni en la anterior ni tampoco en la otra, etcétera, pero no era una referencia negativa; negativa será para ustedes que no han conseguido esa representación a pesar de haber puesto todo su empeño en ello.
En cuanto a que quiere usted presentar mociones, efectivamente, puede usted hacerlo. Su señoría tendrá que valorar los criterios de oportunidad que en la anterior interpelación valoraba a la contra precisamente para una compañera. Y también le digo otra cosa: si tanto le animan mis palabras, pronto le transmitiré algunas otras porque quizá sea bueno para convencerles de que cesen en algunas actitudes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. (S. 621/000007.) (C. D. 121/000001.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir el tercer punto del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Anuncio a esta Cámara que la intención es debatir el veto y proceder a su votación antes de suspender la sesión.
Vamos a debatir en primer lugar el dictamen de la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador Cañellas.


El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, señorías, cumpliendo el mandato que me confió la Comisión de Interior y Función Pública comparezco ante la Cámara para presentar el dictamen de la misma acerca del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Este es un proyecto que tuvo su entrada en la Cámara el día 4 de diciembre del pasado año que contenía y contiene una exposición de motivos, 66 artículos, 21 disposiciones adicionales que a través de la tramitación han quedado reducidas a 17, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.
La Ponencia se reunió el día 16 de febrero de 1997 para estudiar las enmiendas presentadas al proyecto que eran las siguientes: una de veto y 259 al articulado y a las diversas disposiciones que lo componen. Emitido el informe por la Ponencia, la Comisión se reunió el día 18 de este mismo mes y elaboró el dictamen que hoy presento a sus señorías. Al dictamen siguen subsistiendo una propuesta de veto y ocho votos particulares en relación con el texto de la misma, votos particulares que son los que a continuación vamos a debatir. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cañellas.
Para defender su propuesta de veto tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente una propuesta de veto conlleva una actitud de rechazo a la globalidad de un proyecto de ley. Se puede considerar, como manifestaba en Comisión el representante del Grupo Popular, que al presentar una enmienda de esta naturaleza se plantea una duda con respecto a la oportunidad del proyecto. En este caso, la propuesta de veto que presento en nombre de Eusko Alkartasuna no representa un juicio negativo con respecto a la oportunidad del proyecto. Desde nuestro punto de vista es no sólo oportuno, sino absolutamente necesario proceder a la reforma de una Administración obsoleta en su estructura, que responda a un modelo de Estado que contemple no sólo la descentralización o la desconcentración del ejercicio y la ejecución de diversas competencias, sino que va más allá si al hablar de autonomía hablamos de lo que doctrinal y políticamente representa la autonomía: el ejercicio de un poder político propio, la capacidad de legislar y, en definitiva, el autogobierno.
No es coherente con el modelo el mantenimiento de una estructura orgánica en el Gobierno del Estado, en los departamentos ministeriales, que mantenga intacta la estructura preexistente: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores, subdirectores generales por mucho que se establezca la distinción entre órganos superiores y órganos directivos. Y no es coherente, desde el punto de vista de esta Senadora de Eusko Alkartasuna, porque el mantenimiento de toda esta estructura parece olvidar o intentar dejar en letra muerta todas las disposiciones a que he hecho referencia.
Los Estatutos de autonomía, aun incumplidos en muchas de sus disposiciones e incompletos en su letra y en sus potencialidades, como es el caso del Estatuto de Gernika,

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han producido ya el traspaso de muchas competencias sobre las que se legisla. Se ejerce el desarrollo legislativo o la ejecución a través de unos órganos, de unos poderes de una Administración propia, en este caso, naturalmente, de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, de la Administración del Gobierno central no puede permanecer intacta o prácticamente intacta y mastodóntica, desde mi punto de vista, como si no existieran Administraciones en las naciones y regiones.
Por eso, reconociendo oportuna y necesaria la reforma, consideramos que este proyecto de ley sólo maquilla, sólo cambia algún nombre en los órganos periféricos de la Administración central, conservando prácticamente intactas las funciones. Me estoy refiriendo, obviamente, a los Subdelegados del Gobierno que sustituyesen a los Gobernadores Civiles, que aun debiendo ser nombrados entre funcionarios, lo son de acuerdo con criterios que responden a nombramientos políticos y no a criterios habituales aun en puestos de confianza política en la función pública. No los nombran los delegados según su criterio, como siempre, como en el caso de los gobernadores civiles, intervienen los Ministerios de Interior y de Administraciones Públicas. Conservan además funciones esencialmente políticas, más allá de la simple dirección y coordinación de los servicios que aún presta la Administración central en las provincias o territorios históricos de las distintas comunidades.
Reforma, señorías, sí, pero no esta reforma, en mi opinión tibio retoque.
¿Para qué son necesarios en el actual sistema de distribución de poder político más órganos superiores que Ministros, Secretarios de Estado, con su correspondiente «staff» y grupos de funcionarios al servicio de cada uno de los Ministerios u órganos directivos más allá de los Directores Generales, y además, con los servicios de los funcionarios correspondientes? ¿En qué título, capítulo, artículo se refleja la Administración única, término exitosamente acuñado por el Partido Popular y que, en mi opinión se introduce retóricamente en la exposición de motivos del proyecto sin reflejo alguno en el articulado? ¿Por qué se reiteran los principios que se contienen en el artículo 103 de la Constitución en cuanto a la actividad en la Administración que debe de responder a criterios de servicio, objetividad, generalidad, jerarquía, descentralización, coordinación, y se obvia el principio de la competencia, puesto que no se admite corrección o enmienda en este sentido cuando el principio de competencia está en el ordenamiento jurídico vigente y es fundamento jurídico y político que debe sustentar cualquier intento de Administración única, si es que de verdad, como antes indicaba, la Administración única no es una fase hueca, un mero recurso retórico? ¿Por qué de forma machacona se habla de Administración del Estado confundiendo Estado y Gobierno del Estado, Gobierno central, en un intento omnicomprensivo, o puede extenderse excluyente de otros órganos de administración y gobierno, también dentro del Estado, desde el punto de vista del actual ordenamiento constitucional? ¿Por qué no se acepta el imperio de la ley, el reconocimiento explícito de esa ley cuando es la Administración central en sus órganos periféricos y su administración la que queda obligada y debe garantizar el cumplimiento de las leyes de las comunidades con lengua propia y oficial distinta del castellano en los servicios que la Administración periférica presta aún en las comunidades históricas y debe preservar y responder a los derechos lingüísticos de los ciudadanos con sometimiento a la ley? Pretendo dejar claramente establecido que las diferencias, la argumentación que soporta esta propuesta de veto, no son cuantitativas, no es un problema de número de enmiendas, es un problema cualitativo, un problema de concepto, de modelo de Estado y de Administración adaptada, no ya al modelo que Eusko Alkartasuna mantiene desde su ideología nacionalista, sino que en mi opinión la reforma que la Lofage pretende no se adapta, no concuerda, ni constituye una reforma en profundidad que responda al modelo de Estado autonómico que el ordenamiento jurídico vigente consagra.
Tras esta exposición, quedan, en la práctica, explicadas las enmiendas parciales, que no son más que el reflejo puntual de la filosofía que soporta esta propuesta de veto. No intervendré, pues, en la defensa puntual de las mismas, y sólo en el turno que corresponda me detendré en alguna enmienda muy específica.
Terminaré, señorías, con una aportación positiva, puesto que, a pesar de esta propuesta de veto, mi oposición al proyecto quiere plantearse, en todo caso desde una actitud constructiva, aun siendo evidentemente crítica.
Señor Presidente, señorías, debo reconocer que aun débil, tímida, insuficiente, y no respondiendo en mi opinión a las expectativas creadas, el proyecto de reforma de la Administración ha sido, al menos, afrontado y presentando antes de cumplir el primer año de gobierno del Partido Popular, y al menos ha hecho desaparecer el nombre --sólo el nombre, desgraciadamente--, y espero que al final también lo haga en la práctica, de la figura anacrónica de los gobernadores civiles. Si esto fuera así, y quedara garantizado en el «Diario de Sesiones» de la Cámara, si se asumieran algunos de los planteamientos absolutamente respetuosos con el ordenamiento jurídico, como por ejemplo la introducción del principio de la competencia junto con los invocados en relación al artículo 103 de la Constitución, y si en la Administración periférica quedara plasmada la asunción explícita del cumplimiento de la leyes que garantizan el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua propia y oficial ante la misma y se procediera a cumplir las previsiones establecidas en la materia por las Comunidades Autónomas con lengua propia sin reservas mentales ni reticencias, señorías, señor Presidente, esta Senadora que cumple este difícil deber y ejercicio de coherencia política en solitario, si estas premisas se cumplieran en este trámite, obviamente retiraría esta propuesta de veto.
Quiero insistir, señor Presidente, señorías, que aun anunciando que mantengo todas y cada una de las enmiendas que constituyen el voto particular de esta Senadora con respecto al proyecto de ley, como creo que han sido defendidas con carácter general con los planteamientos que soportan esta enmienda que representa una filosofía distinta en cuanto a la ley que esperábamos en la reforma de la Administración, únicamente, insisto, me referiré de forma

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puntual a alguna de las enmiendas por razones de su especificidad.
Gracias, señorías; gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador don Dionisio García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ahora en el trámite del veto presentado por la Senadora De Boneta a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y me gustaría recordar algo que es obvio, y es que cuando se plantea un veto a una ley es porque subsisten una de estas dos circunstancias: o que la ley se considera extemporánea, innecesaria, o porque hay diferencias sustanciales de fondo, de calado, en el contenido de la Ley. Ambos argumentos, a mi juicio, no concurren en esta propuesta y, por tanto, intentaré trasladar a sus señorías, de manera especial a la proponente de este veto, las razones que nuestro grupo tiene para oponerse a ello.
La primera de las razones es la razón de oportunidad de si es o no necesaria y conveniente en este momento la Ley, usted misma la ha esgrimido, incluso con palabras de elogio hacia el Grupo Parlamentario Popular, que yo, ciertamente, le agradezco. Pero no estaría mal, señoría, recordar que todos los grupos políticos, desde hace muchos años, han convenido reiteradamente en la prioridad de ordenar este campo legislativo. Aquí y en la otra Cámara hemos tenido comparecencias de sucesivos ministros del ramo, desde Eguiagaray a Saavedra y Lerma, reconociendo tal necesidad, pero no sólo porque haya sido voluntad explícita de los grupos políticos, y voluntad reiteradamente manifestada, aunque incumplida, de los gobiernos anteriores, sino porque hay mandatos parlamentarios que urgen a ello. Le recordaré a su señoría, por ejemplo, el debate del Estado de la nación de febrero del año 1995, en el que todos los grupos urgían, señalaban plazos, antes de finalizar aquel período de sesiones, por tanto antes de junio de 1995, la necesidad de presentar esta ley junto a otra, que era la ley del Gobierno. También hay normas legislativas, como la Ley 10/1983, de 16 de agosto, promovida por el Gobierno socialista, que establecía en su disposición adicional la necesidad de remitir cuanto antes este proyecto. Hasta la propia Constitución, señoría, en su artículo 103 proclama la necesidad de ordenar este campo. Es por esa razón, por la imperiosa necesidad, que el Gobierno del Partido Popular, la primera ley que presentó ante las Cámaras, poco más de un mes después de constituir Gobierno, fue ésta; por el convencimiento íntimo del propio Partido Popular y porque así se había preconizado, como una prioridad imperiosa. Era un compromiso del Partido Popular presentarlo de manera inmediata. En nuestro programa electoral así está recogido.
Por tanto, señorías, este proyecto de ley es de absoluta y prioritaria necesidad, y ello, ¿por qué? Porque la normativa con la que se está rigiendo ahora mismo la organización de la Administración General del Estado es preconstitucional. Aunque es verdad que se ha retocado en algunas cosas de forma parcial, el conjunto de la normativa que regula la Administración del Estado data de los años 1957 y 1958 y, bien comprenderán sus señorías, que con los avances importantes que se han producido en la organización territorial de nuestro Estado, no sólo por lo que la Constitución en sí marca, sino por el devenir y el desarrollo de los hechos posteriores, es absolutamente inoperante mantenernos hoy con una normativa de hace tantos años.
En segundo lugar, señorías, esta ley nos parecía también absolutamente necesaria porque el modelo de Estado autonómico ha sufrido, afortunadamente para bien, cambios progresivos en los últimos años muy importantes. El Estado actual se parece en bien poco al Estado de hace dos décadas. Por lo tanto, es necesario que el instrumento de que se sirve el Estado para prestar los servicios a los ciudadanos se adecue a esa nueva exigencia.
Esta ley, y ya lo decíamos antes, debe ir unida a otra, que es la ley del Gobierno, que ya está en el Parlamento, y sobre la cual hemos tenido polémicas y debates en esta misma Cámara en muchas ocasiones sobre si convenía que fuese articulada en un sólo texto o en dos. En cualquier caso, es necesaria la unión de ambas leyes y hoy estamos en esta Cámara debatiendo la Lofage y ya está también en trámite parlamentario la ley del Gobierno.
De manera, señoría, que quedando absolutamente clara la necesidad imperiosa, la oportunidad de esta ley, sólo nos queda referirnos al segundo de los argumentos, que es el contenido de la propia ley y en el que su señoría ha manifestado discrepancias de fondo. Yo creo ciertamente que no son tales discrepancias de fondo, y lo deduciré de sus propias palabras. Si usted hace unos minutos ha dicho aquí que el reflejo de esas discrepancias estaban sustentadas en las enmiendas que su señoría tiene planteadas e, incluso, ha dicho que en este mismo turno iba a hacer la defensa de esas enmiendas con independencia de que estemos de acuerdo, o no, en el contenido, convendrá con nosotros que esas discrepancias tienen forma suficiente de plantearse a través de enmiendas parciales, como su señoría lo ha hecho y que, por lo tanto, se desmorona en sí mismo el argumento de la petición de devolución que, en definitiva, es un veto.
Por todo ello, señorías, para hacer la defensa de los elementos esenciales que contiene esta ley utilizando la prescripción reglamentaria que nos dice que cuando hay debate de veto, queda suprimido el debate de totalidad, quedando subsumido en aquél, me permitirán que señale cuáles son, a nuestro juicio, los aspectos más importantes, más esenciales de esta ley cuya necesidad tan reiteradamente hemos solicitado.
En primer lugar, señoría, en esta ley se recoge una regulación de forma completa y global de toda la Administración del Estado. Se pretende dar en ella una visión de conjunto y homogénea, porque la normativa con la que nos estamos rigiendo hasta ahora, además de ser preconstitucional, está enormemente dispersa. Las modificaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo se encuentran dispersas en distintas leyes y reglamentos. De manera

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que una estructura tan importante como la Administración del Estado requiere una homogeneidad normativa que se recoge en esta ley.
El segundo de los aspectos que nos gustaría destacar son los tres principios en los que el Gobierno se ha inspirado para plantear este proyecto de ley, que son los principios de racionalización, de eficacia y de simplificación. Tres principios, señorías, que convendrán todos con nosotros que son sustanciales en la articulación del organigrama administrativo. De esa forma, en base a esos tres principios en los que esta ley se inspira, se produce por primera vez una separación completa dentro de la Administración, una división, por decirlo de alguna manera, entre los que pueden considerarse como órganos de carácter político, que quedan exclusivamente reducidos a los Ministros y a los Secretarios de Estado, figura esta última que queda de alguna manera consolidada en un texto legal, porque hasta ahora lo que teníamos de ella era simplemente un Real Decreto del año 1977; y los órganos directivos de la Administración, que tienen un carácter profesional. En este caso, estaríamos hablando de Subsecretarios, Secretarios Generales, en algunos casos, cuando de forma excepcional es así, directores generales y subdirectores generales. Por lo tanto, me parece que esta primera separación que se produce de una manera clara en un texto normativo entre órganos puramente políticos y órganos profesionales, nacida de un deseo de profesionalización de la Función Pública, para que en estos puestos quede reservada su ocupación para el personal funcionario, es positiva y refleja lo que siempre ha sido un principio del Partido Popular, que es profesionalizar al máximo el funcionamiento de la Administración del Estado.
Me parece tambien, señoría, que hay una figura que nosotros pretendemos reforzar que es la del Subsecretario y ello bajo el firme convencimiento interno de la potenciación que queremos hacer del papel horizontal de este elemento en la Administración en lo que pueden ser los servicios comunes de todo el Ministerio, tales como servicios jurídicos, servicios de organización de recursos, de control de la gestión, que afectan a los distintos estamentos de un Ministerio y que, a nuestro juicio, deben estar coordinados o regulados en esa función, que decía horizontal, y que corresponde al Subsecretario. No es necesario, señorías, insistir mucho más en esa apuesta decidida por la profesionalización de la Función Pública que siempre ha mantenido el Partido Popular y que queda reflejado en el hecho de que puestos de tanta responsabilidad en la Administración, como es desde el Subsecretario, de ahí para abajo, todos quedan reservados a funcionarios profesionales.
El tercero de los aspectos que me parece importante señalar es que con este proyecto de ley se da un nuevo diseño a la organización territorial de la Administración del Estado. Un nuevo diseño que aparece inspirado con ese principio de la Administración única, sobre el cual ya hemos debatido en ocasiones y que ciertamente busca evitar duplicidades como las que en este momento se producen, a consecuencia de una falta de adaptación de la Administración a los procesos de delegación y transferencia de competencias, que se vienen produciendo hacia las Comunidades Autónomas y hacia la Administración local. Para que ese principio de Administración única sea realmente efectivo, en un proceso en el que estamos todavía avanzando en transferencias de competencias a otros entes territoriales, Comunidades Autónomas o corporaciones locales, se potencia la figura del Subdelegado del Gobierno, atribuyéndole competencias específicas, justamente para que traslade, planifique ese principio de racionalización en la Comunidad Autónoma donde él representa al Gobierno.
La figura del Delegado del gobierno, señorías, no se puede minimizar como se ha hecho aquí. Sale muy potenciada en esta Ley. Es el único representante que va a haber del Gobierno en el territorio y, como tal, va a ser el jefe de las fuerzas de orden público y tendrá que asumir una serie de competencias, que antes eran de los gobernadores civiles, figura que, como su señoría sabe, desaparece a partir de la entrada en vigor de la Ley, sin que lo haga de un modo testimonial, sino práctico y funcional, dejando muchas competencias que en su momento tenía y, desde luego, eliminando --creemos nosotros-- todas las connotaciones negativas que se han ido adscribiendo a esa figura a lo largo del tiempo.
Tengo que decir, señorías, que esta supresión de los gobernadores civiles no sólo es necesaria políticamente, como muchos defendemos, sino que su normativa regulatoria estaba anquilosada en los años 1958, con algunas modificaciones hechas en 1980, y nada tiene que ver aquella representación del Gobierno de entonces en las provincias con la que existe actualmente. Por tanto, señorías, no sólo hay un cambio de nombre, sino una profunda transformación de fondo.
También me parece importante señalar que la figura del subdelegado territorial no es una sustitución de nombre, sino que es una figura propiamente profesionalizada que asume las funciones de coordinación de la Administración del Estado en la periferia, y no es otra cosa, porque hasta su propio nombramiento obedece a normas estrictamente funcionariales; su función es la de la coordinación porque, como decía antes, todas las competencias que podrían ser específicas de los gobernadores civiles ahora se trasladan a la figura del Delegado del Gobierno.
Sería bueno señalar como una novedad importante de esta Ley que se regula la Administración General del Estado en el exterior, que se establece un marco competencial de forma general y que, además, se señalan competencias especiales para los embajadores y los representantes permanentes de España en otros países.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador García Carnero, ha agotado su tiempo.


El señor GARCIA CARNERO: Concluyo, señor Presidente, diciendo que me parece que la representación española ante la Unión Europea, dentro de la cual --hay hechos bien recientes-- se está potenciando la participación de las Comunidades Autónomas, también tiene su reflejo en esa Ley.
Termino, señor Presidente, señalando que un cambio de normativa tan importante exige un proceso de adaptación

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progresivo y gradual y que, por tanto, en esta Ley cobran importancia notoria las disposiciones transitorias, porque queremos, señoría, que la transición de una normativa a otra se haga de una forma rápida, pero sin que se produzcan vacíos normativos. Así, por señalarle sólo dos de los plazos más significativos, diríamos que se marca uno de seis meses para fijar la nueva estructura de la delegación de Gobierno, que sólo los delegados de la defensa son en este momento excluidos de esa integración exterior, al menos a priori, y que esa integración se irá produciendo en la medida en que se vayan realizando las transferencias pendientes y en proceso de negociación con las Comunidades Autónomas. También se marca un plazo de dos años para la adaptación de otros mecanismos más complejos, como los organismos autónomos que, por cierto, sus señorías también saben que ahora quedan reducidos sólo a dos categorías: organismos públicos autónomos y entes públicos, que tienen un carácter más empresarial.
Con todo ello, señorías, Senadora Boneta, hemos querido transmitir dos cosas: primero, que esta Ley es necesaria, que hay que debatirla, que no puede devolverse al Gobierno --trámite en el que estamos-- y, segundo, trasladar a sus señorías que con esta Ley estamos seguros de que adaptaremos un marco mucho más acorde a la situación de la España actual, de los mecanismos que precisa la administración actual y de los años venideros para dotar del servicio que los ciudadanos demandan de la Administración del Estado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Muchas gracias, señoría.
La Senadora De Boneta y Piedra me pide la palabra para torno de portavoces.
Tiene usted derecho a utilizarlo como representante del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, en atención a que mis compañeros de Grupo quieren intervenir, partiremos este turno. Unicamente necesito de unos minutos para responder y manifestar mi posición definitiva.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Se hará, si está de acuerdo, señora Senadora, de forma excepcional, porque usted sabe que partir el turno precisa de que previamente sea avisada esta Presidencia. Lo hacemos sobre la marcha --ya le digo que de un modo especial-- sin que siente precedente.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En todo caso, teníamos entendido que se había producido tal aviso, pero le agradezco su interpretación.
Señorías, señor representante del Grupo Parlamentario Popular, yo agradezco, desde luego, su tono y la parte de su intervención que ha sido esencialmente dirigida a ratificar mis propios planteamientos. Ha utilizado gran parte de su tiempo diciendo que esta Ley era oportuna, necesaria, que salvo algunos pequeños retoques la legislación que teníamos sobre la Administración del Estado era preconstitucional. Ha dado toda una serie de datos con los que yo, naturalmente, no puedo estar en desacuerdo.
Ha hablado de contenidos y ha argumentado con mis propias palabra que, puesto que yo misma he dicho que las enmiendas al articulado soportan mi propuesta de veto, mi rechazo global a este proyecto obviamente podía plantearse mi oposición de una forma parcial y no total.
Señor García Carnero, debe de entender que a veces hay cuestiones muy puntuales que representan una filosofía y un modelo distintos, lo que yo me he empeñado en explicar desde esta tribuna. Incluso le he dicho que ni siquiera es el modelo que se corresponde con la ideología nacionalista --creo que he dicho-- de esta Senadora de Eusko Alkartasuna. Le he dicho que este modelo, desde nuestro punto de vista, no se corresponde con lo que es el ordenamiento jurídico vigente, con el modelo de Estado de las Autonomías, por las razones que ya le he dicho y, además, por el contenido, por los retoques que se ejercen, porque se mantiene una administración dividida en órganos superiores --ya lo he dicho antes-- y en órganos directivos, pero que mantiene el número de cargos, la misma inflación de cargos, que no se corresponda con las competencias reales que quedan residenciadas en la Administración General del Estado o, por lo menos, desde el punto de vista de esta Senadora.
No se ha referido su señoría en absoluto a una cuestión perfectamente identificada con el ordenamiento jurídico vigente, perfectamente ortodoxa y que, no sé por qué razón, se empeñan ustedes en no introducir: el principio de la competencia, puesto que el modelo del actual ordenamiento jurídico debe de responder, evidentemente, al principio de la competencia, es decir, este principio tiene que estar introducido en esta Ley, al menos, como --valga la redundancia-- cuestión de principio porque las competencias --como antes le decía-- van más allá de la descentralización, de la desconcentración y responden a un auténtico poder político, a un autogobierno autonómico.
Sigo pensando que la administración única no queda reflejada por el simple cambio de nombre.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Señoría, termine, por favor.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Señoría, le advierto que solamente les queda un minuto a sus compañeros.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
En definitiva, no me voy a referir a la Administración única ni a los subdelegados de Gobierno. Conoce perfectamente cuál es mi planteamiento por el debate en Comisión.


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Finalizo diciendo que lamentablemente no me ha dado ninguna respuesta satisfactoria que me permita recoger el puente que les he planteado en orden a retirar la propuesta de veto.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a agotar el minuto que restaba. Simplemente quiero exponer, como ya hicimos en el trámite de Ponencia y de Comisión, que consideramos que es una ley necesaria, que es una ley que por su contenido debe salir cuanto antes. Por tanto, no vamos a votar favorablemente esta propuesta de veto y nos vamos a remitir a las enmiendas parciales que hemos presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Muchas gracias, Senador Román Clemente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera i Comes.


El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, mi Grupo Parlamentario no va a apoyar la propuesta de veto defendida por la señora De Boneta y nos da la impresión, si se sigue un poco la tónica de las posiciones mantenidas en el debate en Comisión, que tampoco va a tener en este caso ningún voto favorable, ni siquiera de su propio Grupo.
Nosotros basamos nuestra posición en dos puntos: primero, en coherencia con la posición que mi Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, ha mantenido tanto en la tramitación global del proyecto, como en las enmiendas presentadas al respecto. Y segundo, porque creemos que sí se consiguen cambios importantes y significativos. Sin duda, Senadora De Boneta, continúa siendo un proyecto mejorable, pero de ninguna manera entendemos justificada una propuesta de veto.
Estamos ante una ley --y lo remarco-- muy necesaria. La dispersión normativa que hoy caracteriza el régimen jurídico de la Administración General del Estado hacía imprescindible una nueva regulación. Es además, sin duda, un proyecto extenso y complejo porque abarca desde el principio de legalidad al principio de eficacia, porque la dimensión de las estructuras administrativas debe reordenarse atendiendo a la racionalidad y a evitar duplicidades, y porque la necesidad de acometer procesos de supresión y simplificación administrativa viene impuesta por la realidad del Estado autonómico.
El proyecto de ley de la Lofage que se nos presenta es, a nuestro entender, una propuesta política que intenta convertir la Administración General proveniente de un Estado uniformador y centralista en una Administración adecuada a esta nueva estructura del Estado compuesto autonómico. Creemos que la Lofage es una consecuencia y, a su vez, un ejemplo de la crisis que sufre la Administración.
La realidad de un Estado compuesto y plurinacional ha puesto en situación de cambio el cometido de la Administración General del Estado como imagen y representación única de este mismo Estado. Por eso pensamos que debe articularse administrativamente la coexistencia de las dos esferas: la Administración General y la de las Comunidades Autónomas, dando preeminencia a éstas en su territorio. Esta sería la Administración única, que además sería la única garante para suprimir duplicidades y estructuras y reducir el gasto público, siendo este el espíritu y la letra del acuerdo de investidura y gobernabilidad entre el Partido Popular y Convergència i Unió, que en este punto hacía referencia a eliminar posibles duplicidades y a alcanzar una mayor calidad de los servicios prestados por la Administración a los ciudadanos.
Mi Grupo parlamentario --y lo saben sus señorías-- sin duda ha tenido una fuerte participación durante toda la tramitación. Estábamos y estamos ante un proyecto de ley reclamado absolutamente por todos, y yo diría más, en algún momento, meses atrás, daba la sensación de estar ya en curso, por declaraciones de algún Ministro en aquel momento; casi conocíamos todos cuál era su contenido y al final, no acierto a encontrar justificación, me da la impresión de que el propio Grupo Parlamentario Socialista se echó atrás. No sé por qué, quizá por miedo a reacciones y posiciones encontradas dentro del propio Grupo. No lo sé, pero es cierto que daba toda la sensación de que estábamos en un punto final de presentación del proyecto y este final no se produjo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Nuestra primera valoración de este proyecto de ley es la siguiente: es un proyecto que se está debatiendo con toda normalidad, y lo remarco, con disparidad de criterios --sin duda--, también de conceptos --de acuerdo-- y en algunos puntos también va a tener una cierta dureza. Pero creo que un proyecto de ley de estas características debe reunir todo esto: disparidad de criterios, de conceptos y de dureza, porque es un proyecto lo suficientemente importante para que exista esta disparidad. Pero repito, se está tramitando con toda normalidad, y lo remarco porque en algún momento, tiempo atrás, había dado la sensación de que al tramitarse este proyecto se nos iba a derrumbar todo. Nada de nada.
Nuestras enmiendas han estado repartidas básicamente en cuatro bloques: funciones de la nueva figura de los subdelegados; atribuciones en materia de seguridad pública; mejora de los mecanismos de relación entre la Administración General del Estado y las Corporaciones Locales y reconocimiento de la existencia de oficinas de las Comunidades Autónomas en el exterior.
Y seguimos con valoración positiva: los subdelegados han de ser funcionarios sin consideración de alto cargo y no serán nombrados por los Ministros correspondientes, punto uno; en Comunidades Autónomas con cuerpos de policía propios, los subdelegados no ejercitarán directamente competencias en materia de seguridad pública, punto dos; reconocimiento de la posible existencia de las oficinas propias de las Comunidades en el exterior, punto

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tercero; y reforzar el protagonismo de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de cooperación local, punto cuarto.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Medio minuto, señor Presidente.
Y todo ello añadiendo, además, que es de esperar y exigir que la aplicación de la nueva Lofage contribuya de forma real y efectiva a la eliminación de duplicidades administrativas y a la supresión de los gobernadores civiles, Senadora De Boneta, no sólo de nombre, sino también de otros organismos administrativos de la Administración Periférica del Estado que resulten innecesarios.
Llevamos más de 17 años de andadura constitucional y todavía nos encontramos con que no se ha ajustado la estructura administrativa de la Administración Periférica del Estado al modelo autonómico. Por tanto, resulta imprescindible introducir este objetivo de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la Administración autonómica. Pues bien, en este punto estamos. Vamos a seguir el desarrollo y aplicación de este proyecto de ley. Va a requerir buena disposición, pero también más cosas: un estricto cumplimiento, y en esta línea de aportación, pero también de exigencia y vigilancia, va a estar el Grupo de Convergència i Unió.
Nada más y gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no va a votar a favor del veto, y no lo va a hacer porque considera que es necesario que este proyecto de ley se tramite y se organice la Administración General del Estado, pero en lo que no estamos de acuerdo es en cómo está en este momento el proyecto de ley.
El paso por el Congreso de los Diputados y el paso por el Senado han supuesto un empeoramiento de este proyecto de ley que en muchas de sus partes será discutido con motivo del debate de las enmiendas, pero sobre el que me permito dejar solamente dos pinceladas. Modifican el sistema de correos, pero es que se han atrevido incluso a decir en un artículo que una ley puede ser modificada por decreto, algo de lo que yo no he encontrado precedentes, pero, por lo visto, ustedes sí: una ley puede ser modificada por decreto.
El debate sobre la Administración General del Estado, que es en el que estamos, tiene que producirse después de los debates sobre la Administración autonómica. Por eso, en el mes de octubre del año 1995, se presentó en las Cortes un proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que es de la que trae precedente el presente proyecto de ley, si bien con las modificaciones que la estructuran de una forma distinta y suponen, al final, un modelo que coincide muy poco con el de 1995, pero que no coincide tampoco con el veto de la señora De Boneta ni, prácticamente, con lo que debe ser la futura estructura de la Administración General del Estado.
No coincidimos con el veto ni de él deducimos un modelo definitivo, aunque sí encontramos una idea que puede ser compartida por todos y que no se aprecia en el proyecto de ley: las Administraciones, las tres Administraciones públicas españolas, la local, la autonómica y la general del Estado --son tres las Administraciones públicas españolas-- conviven en paz, colaboran entre sí, y no compiten porque la identidad de cada una las protege. Esto hace, naturalmente, imposible la idea de la Administración única, que, ciertamente, no está en el proyecto, si exceptuamos la curiosa mención que de ella hace la exposición de motivos.
Organos superiores, órganos directivos. Ir por ahí quiere encubrir de profesionalización lo que no es más que una incierta condición de los cargos directivos, que demuestra, como en otras cosas, los dubitativos estadios por los que se balancea este proyecto. Los subsecretarios, los secretarios generales técnicos, los directores generales y los subdirectores generales tienen que ser funcionarios a los que se les haya exigido el título superior, es decir, el grupo A. Fíjense que esto no se exige para los ministros, para los secretarios de Estado y los secretarios generales, pero, señorías, ¿es ésa la profesionalización, o no es otra cosa que una aportación a la confusión? Porque resulta que todos son nombrados por el Consejo de Ministros, salvo el subdirector, que lo es por el ministro o por el secretario de Estado. Otra cosa es que procedieran de concursos que harían llegar la carrera administrativa hasta el subsecretario, si eso fuera razonable, que, a mi juicio, no lo es, pero cuando se habla de profesionalización y quieren que sean funcionarios hasta los subsecretarios, que sea su acceso por concurso; les quitamos, por tanto, la naturaleza política, y así acceden por concurso a todos esos puestos y llega la carrera administrativa hasta el subsecretario. Supondría también que cuando hay cambios de Gobierno, no tendrían que cambiarse más que los ministros y los secretarios de Estado, nada más, y al resto se les mantendría. Pero este modelo que ustedes proponen lo único que produce es confusión, porque no son ni una cosa ni otra, son políticos; indudablemente, son cargos políticos, y hablar de profesionalización es querer equivocar, aunque nadie se equivoca. Si son cargos políticos, pues son cargos políticos, y no tienen por qué avergonzarse. Y si son puestos funcionariales, pues hagan puestos funcionariales. Me da la impresión de que ustedes estaban en la duda, y en la duda, ustedes han optado por la duda, aunque nadie, a estas alturas, se equivoque de nada.
Administración periférica. Esto es fruto de otro desasosiego galopante.
Actualmente está bastante simplificada. Se puede simplificar más, se va a simplificar más; ¿de qué forma? De la forma natural: las competencias que se transfieren a las Comunidades Autónomas dan como consecuencia

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que se reduce la Administración General del Estado. Pero si esto es de cajón, es la simplificación; si es que no hay otra.
Simplificada está y más simplificada puede estar en el futuro. ¿Pero qué pasa con la representación política de la periferia? Pues que tiene que existir y la gestión administrativa de los funcionarios tiene que cumplirse. De nuevo, ¿por qué les da vergüenza? Si están de acuerdo en la desconcentración y en la descentralización, si están de acuerdo en eso porque lo dice el artículo 103 de la Constitución, no tienen por qué avergonzarse porque la estructura de la Administración General del Estado llegue a la periferia. Y no nos digan que son más autonomistas que nadie, que buen trabajo nos costó convencerles a lo largo de los años para que desde el día en que votamos los Estatutos de Autonomía cambiaran de opinión y se situaran donde se tenían que situar. No nos den ahora la lección del autonomismo. Pero es que ser autonomista es ser defensor de toda la estructura del Estado. Pretender defender, aunque sea de boquilla, las Comunidades Autónomas contraponiéndolas a la Administración General del Estado es menospreciar a las Comunidades Autónomas. La convivencia, que no la subordinación, es el modelo de la Constitución de 1978.


El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo, vaya terminando, por favor.


El señor AREVALO SANTIAGO: Sí, señor Presidente.
El problema tampoco es el Gobernador Civil --que, en su proposición de ley del año 1994, artículo 49, bien le defendieron--; el problema es que no han sabido qué hacer con el Gobernador Civil. Ahora, según el texto, ni es político ni es funcionario. Ya nos explicarán qué es; los administrativistas tienen, sin duda, un buen campo, curioso, para discutir sobre ello. Resulta que el subdelegado del Gobierno en las provincias será nombrado por el delegado del Gobierno entre funcionarios --recuerdo, igual que el subsecretario, el director general, etcétera--.
¿Qué funciones tiene? Pues, fíjense: protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, seguridad ciudadana, dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etcétera, y, por lo visto, no se descarta que se les aumenten las delegaciones. Pues éste es el subdelegado, que tiene que ejercer, además, funciones de colaboración con los órganos territoriales de la Comunidad Autónoma, que son órganos políticos. ¿Es político? ¿Es funcionario? ¿Es autoridad, no es autoridad? ¿Qué es? Supongo que muchos de los que hoy son gobernadores civiles serán nombrados dentro de pocas semanas subdelegados del Gobierno y supongo que les explicará en qué condición están, si en la de funcionarios o en la de políticos.
Este proyecto de ley, señorías, esconde una injustificada desconfianza hacia el sector público. No garantiza ninguna de las mejoras de atención a los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. No aporta nada a la profesionalización e independencia de la carrera administrativa ni a los derechos de los funcionarios. Y, finalmente, pierde el sentido de Estado, que debería ser el que inspirara todo el proyecto de ley. Y lo pierde por la confusión que en él han introducido.


El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo, se le está acabando el tiempo.


El señor AREVALO SANTIAGO: En un minuto concluyo, señor Presidente.
Y ahora, señorías, permítanme que apele a los partidos nacionalistas.
Porque en ellos confío, en su responsabilidad y en su sentido político.
El Partido Popular está en una desenfrenada carrera: todo lo ofrece o todo lo niega. Sabido es que cuando se participa cegado en una marcha es difícil controlar los tiempos, los métodos y las formas. Se puede terminar agotado de cansancio o estrellado, pero el peligro final no es que se «destrocen» los airados corredores. El peligro es que en esta desigual carrera quede maltrecha la permanencia de las instituciones, la garantía de su continuidad. El nuestro es el Estado de las autonomías, y no admite jugar con las instituciones de competencia en todo el Estado, porque en ellas reside la virtualidad y el principio de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con toda brevedad vamos a intentar contraargumentar algunas de las exposiciones que se han hecho desde esta tribuna en un turno que a mí me parece que no es el que procedía, porque al final estábamos debatiendo si debería prosperar el veto o no.
A la Senadora De Boneta, que es la ponente del veto, tengo que decirle que estoy convencido de que, cuando esta ley se aplique y entre en funcionamiento, podrá convencerse de que efectivamente contempla una reforma administrativa sustancial y no una mera reforma de puras formas o de maquillaje, como en algún momento he creído entender. Junto a eso, señoría, le pido una reflexión. Nosotros somos especialmente respetuosos con las minorías y creemos que las voces, aunque sean únicas, no sólo tienen todo el derecho a expresarse, sino que tienen todo el derecho a tratar de exponer los argumentos que convenzan a la mayoría. Pero debería su señoría darse cuenta también de que ningún grupo político, ni siquiera su propio grupo político, sustenta este veto. Y cuando en una Cámara tan amplia como ésta, con tantas formas de pensar y planteamientos diferentes sólo uno mantiene esta aptitud, no sería malo hacer una reflexión sobre los propios planteamientos y pensar que quizá el que yerra en los mismos es el que los propone. Pero en fin, su señoría tiene el derecho, que yo le reconozco y al que le animo, de mantener esta acción. Simplemente

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quería introducir en su pensamiento esa posible reflexión.
Agradezco las exposiciones que ha hecho el Senador Carrera, que, a mi juicio, apoyan y enriquecen la argumentación que por parte de nuestro Grupo se había hecho en la intervención anterior y que coinciden sustancialmente en que esta ley, señorías, como todos los actos humanos, es perfectible, es mejorable. Sin duda. Para eso, después, abriremos un amplio turno con un numeroso paquete de enmiendas que los distintos grupos han ido presentando con el ánimo de enriquecerla. Pero coincida conmigo su señoría en que la base, lo que este proyecto de ley supone para la Administración del Estado, es un paso de gigante, y es un paso necesario.
Al último de los intervinientes, el Senador Arévalo, a quien agradezco expresamente su tono de hoy, tan conciliador, tengo que decirle que, como su señoría sabe, porque se lo he dicho muchas veces en esta tribuna y otras, para mí es un permanente referente de aprendizaje y, por lo tanto, yo nunca osaré darle ninguna lección de nada, y mucho menos de autonomista, porque sé que la trayectoria de su señoría le avala como un profundo conocedor y, además, un profundo convencido de ese sistema. Por lo tanto, señoría, yo, de ahí, sólo aprender.
Trataré de contestar a algunas de sus preguntas, señoría. Ha dicho usted: ¿Qué es el Gobernador Civil después de esta ley, un político o un funcionario? Pues no es nada, señoría. Desaparece. No haga usted ese planteamiento. Después de la entrada en vigor de esta ley ya no hay gobernadores civiles. Por lo tanto, ni políticos ni funcionarios. Hay otras figuras en representación de la Administración del Estado con otras competencias absolutamente diferentes.
Por lo que ha dicho su señoría, le parece un elemento poco profesionalizador que nada menos que del cargo de Secretario de Estado para abajo, es decir, toda la escala del organigrama administrativo a excepción del Ministro y del Secretario de Estado, sean ocupados por funcionarios. ¿Eso le parece poco? Al menos, señoría, reconozca un avance sustancial importante. Porque hemos tenido muchas personas durante muchos años que, sin ser funcionarios, han contribuido poco a profesionalizar ese hecho. Ellos son funcionarios, señoría.
Me ha parecido pintoresca la justificación que hace su señoría --que no le habíamos pedido-- de por qué presentaron ustedes ese proyecto de ley a finales de 1995, por cierto, cuando estaban anunciadas las elecciones generales y cuando nuestro hoy compañero, entonces compañero y Ministro, señor Lerma, pasó por ese trámite de ciertos apuros al tener que presentar un proyecto de ley que sabía que matemáticamente era imposible que prosperase y que pudiese ser debatido. Y yo no le he hecho referencia de antecedentes, señoría, pero podría hacerlo, porque desde el año 1991, el entonces Ministro, y los sucesivos, han batido todos los récords de incumplimientos en cuanto a autoemplazarse para sacar esta ley. De manera, señoría, que no se justifique de esa manera.
Y concluyo, señor Presidente, Senador Arévalo, poniéndole de manifiesto algo con lo que estamos en un profundo desacuerdo. He tomado nota de la literalidad de sus palabras, y ha dicho que este proyecto de ley, a su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado, ha empeorado, lo que se ha producido es un empeoramiento.
Sería fácil para mí deducir de sus palabras que valora usted más el texto que presentó el Gobierno que el que han ido modificando las Cámaras. Y eso, que podría fácilmente trasladarse en un mérito para el Gobierno, me parece inaceptable, señoría, por lo que supone de menosprecio, en el mejor sentido de la palabra, a la tarea parlamentaria. Nosotros, señoría, estamos firmemente convencidos de que esta ley, y todas las leyes, a su paso por las Cámaras mejoran o, al menos, recogen en ellas el espíritu y la letra que expresan los legítimos representantes de la voluntad popular que ellas representan.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero. (La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.) Dígame, Senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, pido la palabra un minuto por el artículo 87.


El señor PRESIDENTE: Está bien, señoría, pero que sea un minuto de verdad.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Será un minuto de verdad, señor Presidente, solamente voy a hacer dos precisiones.
En primer lugar, quiero aclarar al Senador García Carnero que esta Senadora representa en solitario, como dije antes, a un grupo político y el Grupo Parlamentario Mixto, por definición, tiene a menudo actitudes, planteamientos y respuestas distintas, como es normal en un Grupo Parlamentario de las características del mismo.
En segundo lugar, señor Presidente, en cuanto a la apelación del Senador García Carnero a entender como una supuesta equivocación o error de concepto la actitud general de la Cámara en contra del veto que se plantea, debo decirle que ha habido muchos planteamientos que no coinciden con el de esta Senadora pero que difieren también del planteamiento efectuado por el resto de los Senadores que apoyan el Proyecto.
En todo caso, habida cuenta de que al parecer un veto es una mancha en la tramitación de la ley y conocido ya el resultado que este veto va a tener en la votación --si bien ha sido muy interesante el debate que ha propiciado--, por mi parte, si el señor Presidente lo entiende reglamentario, retiro la propuesta de veto.


El señor PRESIDENTE: Su señoría está en su derecho a retirar la propuesta y esta Presidencia en el de aceptar la retirada.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y quince minutos.


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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
Empezamos, pues, el debate de las enmiendas a los Títulos I y II.
En primer lugar, para la defensa del voto particular número 4, de la Senadora Boneta y Piedra, que corresponde a las enmiendas 3 a 13, 15, 16, 18, 19 y 21 a 25, tiene la palabra su señoría.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
He manifestado en la intervención anterior, en el debate del veto, que pensaba dar por defendidas las enmiendas que corresponden especialmente a este bloque, habida cuenta de que las argumentaciones que sirven de base, las diferencias expresadas en cuanto al modelo elegido para la reforma de la Administración del Estado quedaban perfectamente explicitadas en la posición manifestada en la defensa del veto.
Por tanto, señorías, quiero compensarle del rato que les he entretenido esta mañana y doy por defendidas todas estas enmiendas a los Títulos I y II.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El siguiente es el voto particular número 3, del Senador Román Clemente, referente a las enmiendas 34 a 87 y 89 a 93. Tiene la palabra su señoría.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En el proceso de discusión, tanto en Ponencia como en Comisión, no hemos insistido especialmente en ninguna modificación con respecto a lo que ha sido la motivación en la defensa de estas enmiendas.
Sus señorías saben perfectamente que el contenido de algunas de estas enmiendas es de carácter técnico, porque se ha querido tener en cuenta el informe de los letrados. El contenido de otras muestra la posición de nuestro Grupo con respecto a la creación de la figura de los subdelegados del Gobierno, y van en el sentido de la supresión de esta figura pues creemos que no es necesaria. Lo que en principio proponía la propia ley era una supresión de los gobernadores civiles y no la creación de una figura que pudiera tener algún tipo de parecido o similitud con la existente y que, desde nuestro punto de vista, es una duplicidad innecesaria.
Hemos formulado también enmiendas de carácter general dirigidas a una mejor organización de la Función Pública. En este caso, no consideramos necesaria la figura de los subsecretarios, y hay un número importante de enmiendas dedicadas a corregir en el texto dicha figura, proponiendo su supresión.
Otras enmiendas van dirigidas --sus señorías tuvieron la oportunidad de discutirlas en Ponencia y en Comisión y de no aceptar-- a fomentar la participación de los ciudadanos. Consideramos que es un derecho constitucional que debe quedar recogido en esta ley como copartícipes en la gestión pública.
Alguna enmienda es de carácter específico, como la número 63, que propone la creación de una oficina de ética, con los fines que ya exponemos en dicha enmienda; y hay enmiendas dirigidas a crear una mayor y mejor coordinación en el funcionamiento de la Administración General del Estado, a evitar duplicidades, a descentralizar el funcionamiento de la Administración, y, en general, señorías, y no quiero extenderme más porque cada una de estas enmiendas en su exposición de motivos está suficientemente argumentada, a hacer que esta ley que, como decía esta mañana, es necesaria y urgente, tenga la claridad y la concisión para que no permita después interpretaciones ambiguas o malas.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Román.
Senador Román Clemente, quería preguntarle si la enmienda número 106, que hace referencia a la disposición adicional cuarta, la da por defendida en este momento o la quiere situar en el lugar que le corresponde.


El señor ROMAN CLEMENTE: En su momento, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto.
El Senador Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Dentro de este voto particular número 5, respecto a los Títulos I y II, formalmente sólo figuran las enmiendas números 133 y 137. Si el señor Presidente me lo permite, defenderé también las números 142, 143 y 144, que por motivo de las modificaciones introducidas por la Ponencia y aceptadas por la Comisión, en lugar de a la disposición adicional cuarta corresponden a los artículos 29 y 29 bis. Por lo tanto, ruego al señor Presidente que tenga en cuenta esto en relación con el tiempo.
En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular que de una forma excepcional me hayan aceptado ocho enmiendas, la verdad es que han sido todas técnicas, pero no dejo de hacer constar mi agradecimiento, y si defiendo las otras siete que tengo pendientes es porque pienso que voy a conseguir que alguna otra técnica me sea admitida.
Respecto a la enmienda número 133, que es un complemento a la aceptación de las enmiendas números 233 y 255 del Grupo Parlamentario Popular, la única diferencia con el texto de la Comisión es incluir en este artículo sobre las competencias de los delegados del Gobierno la referencia a la competencia que tiene para nombrar a los directores insulares recogida de forma específica en el nuevo artículo 29 bis, antes disposición adicional cuarta. La competencia

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de nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias se recoge en el artículo 29 y también se hace referencia en este artículo 23.1.
Sin con respecto a los subdelegados provinciales se recoge en un artículo específico y se relaciona con el general, no entendemos bien por qué con respecto a los delegados insulares sólo se recoge en el artículo específico.
La enmienda número 137 es también técnica, pero de gran importancia. Las mejoras realizadas con la enmienda número 235 del Grupo Parlamentario Popular siguen siendo insuficientes para que el artículo 28 sea coherente. La redacción del artículo 28.1 habla sólo de que se crearán las comisiones territoriales en cada una de las comunidades Autónomas pluriprovinciales, y punto, aunque después se hace mención a las Islas Baleares a los meros efectos de indicar quiénes integran la comisión territorial.
Las Islas Baleares no forman una Comunidad autónoma pluriprovincial, sino uniprovincial, con lo cual en rigor, según el texto de la Comunidad de las Islas Baleares, no podría existir dicha comisión que, por otro lado, es obvio que necesita.
La salvedad que propone nuestra enmienda es especificar que dicha comisión existirá en las Comunidades pluriprovinciales y en la de las Islas Baleares hay que hacerla. El texto sigue diciendo, tras indicar que en la comisión se integran los subdelegados del gobierno de las provincias del territorio de la Comunidad, que en la de las Islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los directores insulares. Ese también es otro error; las Islas Baleares como Comunidad Autónoma uniprovincial, según lo que indica el artículo 29.1, párrafo segundo del texto de la Ponencia, antes disposición adicional cuarta, no cuentan con subdelegado provincial, asumiendo sus competencias el delegado del Gobierno. En todo caso, en las Islas Baleares la Comisión Interterritorial estaría presidida entonces por el delegado del Gobierno, integrada únicamente por los directores insulares nombrados.
Con la redacción de esta enmienda se salvan todos estos inconvenientes y no es necesario hacer complejas especificaciones respecto a Baleares y a Canarias y a la figura de los directores insulares, pues basta con decir --abro comillas--: «... integrada por los subdelegados del gobierno y directores insulares existentes en la respectiva Comunidad Autónoma».
Lo que no puede salir de estas Cortes Generales, concretamente de este Senado, es un texto incoherente e incorrecto, sobre todo cuando dichas deficiencias son denunciadas y no afecta a lo esencial de la norma.
Por último, voy a realizar la defensa conjunta, como había indicado, de las enmiendas 142, 143 y 144, que tratan de la problemática de los subdelegados provinciales en los archipiélagos y de los directores insulares. Hay tres puntos esenciales en estas enmiendas. En primer lugar, se pretende, respecto de los juzgados provinciales, que Canarias tenga un régimen parecido al de Baleares, de tal forma que en la isla donde resida el Delegado del Gobierno no exista el subdelegado provincial. Canarias tiene una posición mixta respecto del resto de las Comunidades pluriprovinciales, todas continentales, y el archipiélago balear. A la hora de articular la representación del gobierno, nos debemos asemejar más a la realidad archipielágica balear que a la pluriprovincial continental, porque en Canarias no existen ya muchos órganos efectivos provinciales.
No sería muy lógico que en la isla de Mallorca, en Palma, no existiera un subdelegado provincial, por ser sede del Delegado del Gobierno en la comunidad de las Islas Baleares y, en cambio, sí existiera en la isla de Gran Canaria, coexistiendo con el Delegado del Gobierno en Canarias. Ello sólo supone una mayor burocracia.
En segundo lugar, pedimos que la propia existencia de cada director insular no se determine reglamentariamente por el Gobierno, pues esta potestad puede ejercerse de modo arbitrario. En la Comunidad archipielágica hay una realidad distinta, incluso desde el punto de vista de la Constitución, debido a la existencia de consejos o cabildos. Las islas cuentan, incluso, con estas instituciones con representación territorial en el poder legislativo en esta propia Cámara del Senado.
Sería una situación muy curiosa que existiendo en las islas consejos y cabildos, hubiera un Senador y no hubiera un director insular en la estructura de mandos de las fuerzas de seguridad.
La propia ley debe contener un precepto que indique claramente que los directores insulares existirán en las islas no capitalinas que cuenten con cabildo o con consejo. Sería un problema muy grande que en unas se crearan y en otras no o que se nombrara un director insular para varias islas, pues tal como está en el proyecto esto puede suceder. Puede ocurrir que se nombre un director insular que abarque las islas Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, o las islas de Lanzarote y La Palma, para ejercer el control en las fuerzas de seguridad de las islas.
En tercer lugar, al tener atribuidas las competencias del subdelegado provincial en el ámbito, el director insular debe tener la máxima cualificación, tal como contemplaba inicialmente el proyecto. Parece un poco absurdo que el subdelegado en Tenerife, que va a tener competencias de mando en las fuerzas de seguridad, tenga una categoría y en la isla de La Palma, el que se va a ocupar de las mismas cuestiones tenga otra categoría funcionarial.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Victoriano Ríos, termine.


El señor RIOS PEREZ: Termino, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.


El señor RIOS PEREZ: Los directores insulares, aunque en un ámbito territorial más reducido, tienen las mismas competencias que los subdelegados provinciales por lo que deben tener la misma cualificación.
De lo contrario, estaríamos ante un caso de discriminación injustificada.
Para ampliar un poco el concepto, hemos de pensar en lo problemático que es el ejercicio de las competencias de dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, puertos y aeropuertos, y, por tanto, no se entiende que el que tenga esta responsabilidad en las islas, por ejemplo, de

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Ibiza o de Lanzarote, tenga una categoría y el subdelegado de una provincia con pocos habitantes y sin estas responsabilidades tengan la obligación de tener otra categoría superior.
Quiero acabar expresando el deseo de que se vean con buenos ojos estas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El voto particular número uno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos corresponde a las enmiendas números 121 y 122.
El Senador Caballero Lasquibar tiene la palabra.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En la enmienda número 121 defendemos la necesidad de introducir, en el artículo tercero al que hace referencia esta enmienda, un principio constitucional como es el previsto en el artículo 150.2 de la Constitución. Este artículo constitucional prevé la delegación o transferencia a las Comunidades Autónomas de aquellas funciones ejecutivas que, en materia de titularidad estatal, sean por su propia naturaleza susceptibles de ser transferidas.
Entendemos sustancial el contenido de nuestra enmienda para alcanzar uno de los objetivos que prevé el proyecto de ley que nos ocupa y que explícitamente está identificado en su exposición de motivos. Como digo, el desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 150 de la Constitución, al que he hecho referencia, no solamente coadyuva, sino que su cumplimiento condiciona, desde nuestro punto de vista, el logro de la denominada Administración única.
Respecto a la enmienda número 122, íntimamente relacionada con la número 126 que veremos con posterioridad, pretendemos adecuar la organización exterior de España a la realidad y estructura territorial del Estado de forma que aquélla permita la presencia de las Comunidades Autónomas en los términos que expresa la propia enmienda, intención que por otra parte viene avalada pro el propio Tribunal Constitucional, que admite que junto a esta acción exterior de España coexistan aquellas otras actuaciones que con relevancia exterior puedan efectuar las Comunidades Autónomas que, en palabras del propio Tribunal, deben tener la posibilidad de articularse.
Señor Presidente, éste es nuestro objetivo y ésta es la razón y causa de esta última enmienda.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo de Convergència i Unión tiene la palabra el Senador Carrera.


Es señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Mantenemos dos enmiendas a los Títulos I y II, la número 212 y la número 214.
La primera de ellas hace referencia a la relación con otras Administraciones territoriales. Se trata de que se pueda promover la celebración de convenios de colaboración. El texto del proyecto dice: En relación con los programas de financiación estatal. Por nuestra parte intentaríamos añadir a través de la enmienda lo siguiente: ... en materia de competencia del Estado. Entendemos que con esta apreciación se da un mayor respeto al ámbito competencial de aquellas Comunidades Autónomas que tienen asumida la cooperación municipal como una competencia exclusiva, dando también cumplimiento a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando hace referencia a materia de subvenciones.
La enmienda número 214 está prácticamente en línea con la defendida por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Hace referencia a la organización de la Administración General del Estado en el exterior. En este caso solicitamos la adición de un nuevo apartado al artículo 35, al que se refiere esta enmienda, en el sentido de establecer, a los efectos de la colaboración con las Comunidades Autónomas, los mecanismos adecuados para posibilitar su participación en aquellos casos en que dicha acción exterior incida en su ámbito de autonomía.
No nos parece lógico que se diga que esto no es posible. Al contrario, hay multitud de organismos en los que la voz de las Comunidades Autónomas debería poder ser oída y, por tanto, articularse su transmisión.
Entendemos que a través de la Lofage debería preverse esta posible actuación de la Administración general del Estado en el exterior.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera i Comes.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la Senadora Martínez García.
Creo que su señoría va a defender las enmiendas que mantiene su Grupo a los Títulos I y II, tanto las relativas al voto particular número 6 como las contenidas en el voto particular número 7.


La señora MARTINEZ GARCIA: Sí, señor Presidente, es así. En cuanto a las enmiendas relativas al voto particular número 6, anuncio de entrada que retiramos en este momento las enmiendas números 149, 189, 190 y 191, pasando a defender las restantes. Pero para mayor concreción las voy a enumerar. Son las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a 188.
El mantenimiento de las 34 enmiendas a ambos capítulos creo que evidencia el distanciamiento que se ha ido produciendo a lo largo del debate parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, en Ponencia y en Comisión, entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo si tenemos en cuenta de que partíamos de un texto heredado del anterior Gobierno socialista.
Señorías, hacemos esta constatación con pesar, porque desde el Grupo Parlamentario Socialista estimamos que habría sido deseable un mayor diálogo y una mayor capacidad para consensuar una materia tan importante.
Creo que el desarrollo de este Pleno demuestra que,

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efectivamente, ha habido esa falta de diálogo y de consenso.
Entendemos que esto ha sido así porque este proyecto de ley ha venido constreñido por el cumplimiento de los pactos de investidura, unos pactos coyunturales frente a la inequívoca vocación de permanencia con que debe tratarse un proyecto de ley de esta importancia.
Aunque presumo --y creo que acertadamente-- que la suerte de estas enmiendas va a ser la misma que ha corrido en Ponencia y Comisión, quiero hacer un esfuerzo para dejar clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a todas ellas y, fundamentalmente --creo que es lo más importante--, el espíritu que ha animado a cada una de estas enmiendas, que no es otro que el de mejorar técnica y conceptualmente el proyecto de ley, así como adecuarlo al momento presente, a los principios constitucionales a los que debe someterse esta legislación, fundamentalmente el de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Para simplificar su defensa, voy a proceder a su agrupamiento comenzando por aquellas a través de las cuales pretendemos una mejora técnica y conceptual de la ley; éstas son concretamente las enmiendas números 156, 160 y 170.
Por la número 156 pretendemos la creación de un nuevo artículo, que sería el 8 bis, trayendo a él el contenido de la disposición adicional decimosexta --antes decimoquinta-- que regula los conflictos de atribuciones interministeriales.
Entendemos, señorías, que esta regulación es más propia de que su contenido sea contemplado en el articulado y no en una disposición adicional, no sólo porque es coherente con las directrices aprobadas en el año 1991 para la elaboración de los proyectos de ley, sino fundamentalmente porque entendemos que esta materia propiamente debe regularse en esta ley y no en la Ley 30/1992, como parece que de la exposición y la discusión en Comisión percibía el Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que esto es así porque la Ley 30/1992 lo que regula son los conflictos de competencias entre aquellos órganos que no están relacionados jerárquicamente. Este viene a regular precisamente los conflictos que se producen dentro de unos órganos debidamente jerarquizados dentro de un mismo Ministerio.
Por la enmienda número 160 pretendemos una mejora técnica consistente en sustituir en el artículo 10.2 el término «nivel» por el de «rango».
Entendemos que tiene su trascendencia administrativa, ya que «nivel» es un elemento de ordenación de puestos de trabajo mientras que el elemento «rango» sirve para ordenar precisamente los órganos administrativos.
En la enmienda número 170 pretendemos sustituir en el artículo 22.1 la referencia que se hace a la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a través de su Presidente.
Entendemos, señorías, que en este proyecto de ley no estamos en un debate competencial; esa referencia viene hecha no sólo constitucionalmente, sino también a través de las leyes orgánicas que regulan los distintos Estatutos de Autonomía. Con esta enmienda también pedimos la supresión de la adscripción que se hace de la figura del Delegado del Gobierno a la Presidencia del Gobierno.
¿Por qué hacemos esta supresión? Entendemos, señorías, que el propio proyecto de ley hace depender funcionalmente al Delegado del Gobierno del Ministro de Administraciones Públicas, del de Interior y del resto de Ministerios a través del artículo 82 de la Ley, mientras que la propia ley, en su artículo 31.1 hace la adscripción orgánica de la Delegación del Gobierno a través del Ministerio de Administraciones Públicas.
Nos parece, por tanto, que no queda ningún tipo de adscripción, porque entender que sería la política no sería correcto ya que la política está contenida dentro de la dependencia funcional que tiene esta figura.
Es sin duda en las enmiendas siguientes, señorías, en las que se contienen y se ponen de manifiesto los elementos diferenciadores de las posiciones que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista frente al Grupo Parlamentario Popular en el debate parlamentario.
Con objeto de concretar la defensa por bloques, haciendo coincidir la enumeración de las enmiendas precisamente con esos criterios diferenciadores de ambos proyectos de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, he agrupado las enmiendas en cuatro apartados distintos, de tal modo que vamos a defender, en primer lugar, aquellas que tienen que ver con el modelo organizativo y funcional que defendemos en el Grupo Parlamentario Socialista. Son concretamente las enmiendas números 151, 152, 153, 157, 158, 159, 162, 165, 168, 171 y 176.
En un segundo bloque vamos a defender las enmiendas que hacen relación a la delimitación conceptual de los altos cargos. Vienen contenidos concretamente en las enmiendas números 154 y 155, puesta ésta en relación con una enmienda que mantenemos, que es la 202, a las disposiciones adicionales.
Otro tercer bloque de enmiendas vienen a marcar las posiciones políticas en relación con el concepto de profesionalización que, en el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que debe imperar en la regulación de la Administración General del Estado, contenido en las enmiendas números 163 y 166.
Finalmente, un último bloque de enmiendas que vienen a marcar la posición que mantenemos en mi Grupo con relación a la configuración territorial que esta ley da a la Administración General del Estado, enmiendas números 172, 174, 179, 180, 182, 185 y 186.
El resto de las enmiendas que mantenemos a ambos títulos no son sino adaptaciones y correspondencia entre las posiciones que marcamos y definimos en las enmiendas anteriores y que, por tanto, señorías, doy por defendidas en sus propios términos a estos efectos.
Voy a empezar, señorías, por marcar cuáles son esas posiciones dentro de este primer bloque de enmiendas, en el que hacemos referencia a cómo nosotros vemos que debía acometerse y perfilarse el modelo organizativo y funcional, tanto en los órganos centrales como periféricos.
Pensamos que, tal y como ha quedado esta ordenación central y territorial en el proyecto de ley, podía ser calificada

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de cualquier modo excepto de moderna y de simplificada, como reza el programa del Partido Popular. ¿Por qué decimos esto? Decimos que no es moderna porque lo que se hace, especialmente cuando se enumeran y delimitan los órganos directivos, es mantener el esquema, ya totalmente obsoleto, que venía contenido en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, del año 1957. Este es un proyecto en el que no había una definición funcional de determinados órganos directivos y que, por tanto, como he dicho, está obsoleto y encaja mal dentro de este proyecto de ley, que sí contempla una delimitación funcional muy específica de cada uno de los órganos, fundamentalmente en todo lo que son competencias horizontales.
Frente a ese modelo, al organizativo que en estos momentos consta en el proyecto de ley --esto es, como órganos superiores, los ministros y los secretarios de Estado, y como órganos directivos, los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos, los directores generales y los subdirectores y, en el ámbito territorial, el Delegado del Gobierno y el Subdelegado--, nosotros defendemos un modelo que, como ya he dicho, es más moderno y bastante más simplificado. También nos parece que es más acorde con el rango constitucional que se da a la figura del Delegado del Gobierno.
El modelo que nosotros defendemos a través de estas enmiendas suprime de los órganos directivos centrales tanto la figura del Secretario General como la figura del Secretario General Técnico, quedando reducido a la figura de los subsecretarios, y no con carácter obligatorio, y a la de los directores generales y subdirectores generales. Sin embargo, a nivel territorial, nosotros colocamos la figura del Delegado del Gobierno entre los órganos superiores, porque entendemos que es más acorde con las propias competencias que ya el propio articulado de la Constitución le da, pues dice que dirige y coordina la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas, que viene a ser el mismo contenido que esta ley da a los secretarios de Estado. Al mismo tiempo, elevamos el nivel --como órgano superior-- al Subdelegado del Gobierno o Delegado Provincial del Gobierno, como nosotros lo llamamos, equiparándolo a un órgano directivo con categoría de Director General.
Señorías, así defendemos un modelo claro y nítido, donde potenciamos los servicios comunes en la Subsecretaría, las direcciones generales y nos oponemos a la singularización de las secretarías generales técnicas, que vienen a ser directores generales especializados, singularizados, porque entendemos que esta figura, como es concebida en la ley, contiene y duplica funciones, tanto a nivel de servicios jurídicos como en ese carácter ambivalente que se da al servicio de publicaciones y de asesoría.
Entendemos, señorías, que en este momento no existen motivos técnicos ni administrativos para mantener esta diferencia y singularizar la figura del Secretario General Técnico. La diferencia histórica de la secretaría general técnica, que no supremacía orgánica --que nunca ha tenido--, sólo era justificable en una estructura donde, como antes decía, las subsecretarías carecían de una naturaleza definida en la que había un área de servicios comunes, que era una especie de cajón de sastre y residual, en el que no tenía vigor ni implantación el sistema de dirección --que esta ley sí que contiene-- en relación a los distintos órganos directivos de la Administración General del Estado.
Por contra --y lo afirmo--, este proyecto sí que contiene esa delimitación funcional, dando un perfil nítido a las subsecretarías, ordenando claramente las materias que se encomiendan a ellas en materias de servicios comunes, apareciendo, por tanto --como antes decía--, como una dirección general singularizada que no encaja en el proyecto de ley que el Grupo Parlamentario Popular apoya y que ha sido remitido por el Gobierno.
En relación al Delegado del Gobierno --antes también lo apuntaba--, lo elevamos a la categoría de órgano superior, mereciendo tal carácter por el sólo hecho de que el artículo 154 de la Constitución le otorga las funciones de dirigir y coordinar la Administración del Estado. Además, el que se exija que el nombramiento del Delegado del Gobierno se realice mediante Real-decreto por el Presidente del Gobierno y la función jerarquizada que se le da dentro de la Administración, entendemos que hacen defendible su ubicación dentro de los órganos superiores y no directivos en esta organización.
Igualmente reivindicamos un mayor nivel para el Subdelegado del Gobierno --denominado por nosotros Delegado provincial--, ya que entendemos que debe de tener un rango de Director General porque va a tener bajo su cargo y dirección a funcionarios, sin duda, con mayor nivel que él mismo y porque, además, según el contenido de la ley, sus funciones son importantes, a pesar de esa afirmación que hemos oído aquí esta mañana de que los subdelegados del Gobierno no son nada. A pesar de no ser nada, la ley les atribuye funciones importantísimas, como es la garantía de los derechos y libertades públicas, el dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, además, ser mediadores en multiplicidad de conflictos sociales de diversa índole: aguas, pastos, etcétera.
A través de las enmiendas números 161 y 167, materializamos el principio de desconcentración y coordinación que inspira la ley, regulando la desconcentración o delegación de funciones en los apartados 4 y 6 del artículo 14.8 y estableciendo una Comisión Interministerial para la coordinación de los servicios comunes de toda la Administración General del Estado.
A continuación paso a defender ese bloque de enmiendas que hace referencia a la delimitación conceptual de alto cargo. Señoría, nosotros sí entendemos que es necesario --ésta es una buena ocasión-- para definir quiénes son altos cargos. Yo creo que con ello evitaríamos falsos debates, como los que recientemente hemos tenido, donde parece que se iban a suprimir cuatro o cinco mil.
Nosotros consideramos alto cargo a todo aquel que es nombrado con un rango superior a Subdirección General y, de forma expresa, las figuras de ministros, subsecretarios, directores generales y presidentes y directores de organismos públicos ministeriales. Entendemos que no procede pasar de puntillas en esta ley sobre un asunto tan importante y que con tanta sensibilidad está siendo seguido por la ciudadanía en múltiples ocasiones. Pensamos que es insuficiente

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la mera declaración de principios que se contiene en esta ley en el artículo 10, apartado 6.
Si esta enmienda, como preveo, no sale adelante, yo creo que perdemos una ocasión preciosa para trasladar de verdad a los ciudadanos esa garantía que supone la objetividad en la actuación de la Administración Pública.
Pero además de esta enumeración y conceptuación de quiénes son altos cargos, nosotros entendemos que es necesario que se dote su regulación a través de una norma específica, reglamentaria, por supuesto, que nosotros denominamos estatuto del personal directivo. En ese estatuto debe contenerse todo lo relativo a su nombramiento, a su evaluación y responsabilidad en la gestión pública, los derechos y obligaciones de los directivos y los restantes aspectos relativos al propio ejercicio de la función directiva. Para ello mantenemos en las disposiciones adicionales una enmienda, poniendo un plazo de seis meses para que ese estatuto se elabore.
Discutimos claramente la concepción que el Grupo Parlamentario Popular ha expresado sobre la necesidad de que todo el personal directivo sea funcionario. Es más, incluso en el debate de Comisión se ha llegado a afirmar que ser directivo es un derecho de todo funcionario. Pensamos, señorías, que esto nos va a traer, como decía mi compañero esta mañana, más confusión que claridad y, como digo, hemos tardado mucho en que esta ley vea la luz y hemos perdido una ocasión decisiva para trasladar más claridad a un asunto tan sensible.
Con esto paso al tercer bloque de enmiendas, donde nosotros trasladamos lo que consideramos que puede ayudar a clarificar qué se entiende por profesionalización de la Administración. Yo creo que es errónea, así lo hemos considerado desde mi Grupo, la regulación y la identificación que el Grupo Parlamentario Popular hace entre profesionalización y funcionarización.
Además de esta regulación errónea, yo creo que en la propia regulación que nos presenta este proyecto de ley aparecen grandes contradicciones.
Así nos encontramos con que deben ser funcionarios hasta la categoría de Subsecretario. Sin embargo, para ser Secretario General se atiende a criterios de competencia profesional, se dice adquirida, dentro o fuera de la Administración, sea ésta pública o privada. Para los delegados de Gobierno no se exige nada cuando, sin embargo, se les equipara a la categoría de Subsecretario, para la cual sí se requiere ser funcionario de carrera. Y a los subdelegados y directores insulares se les exige también ser funcionario de un grupo de la categoría A.
Nosotros, señorías, no entendemos que elevar los escalones de la carrera administrativa ayude a conseguir una Administración profesionalizada con funcionarios despolitizados. Yo pregunto, ¿pueden estar despolitizados los subsecretarios, los directores generales, los delegados provinciales, los subdelegados? ¿Lo van a estar los secretarios generales situados en el mismo nivel orgánico que los subsecretarios? ¿Cómo es posible mantener estas tesis en teoría, cuando acabamos de asistir en fecha todavía reciente a un cese de todos los funcionarios que eran delegados de los Ministerios en todas las provincias? Yo pienso, señorías, que no se puede llegar a ese nivel de despolitización porque es imposible, porque las propias funciones, algunas inherentes a la función directiva, conllevan tener algo de política en la cabeza y en la actuación diaria. No parece, por tanto, como decía, señorías, que los principios de profesionalización, entendidos como ser funcionario, ayuden a conseguir esa separación entre cargos políticos y funcionarios públicos. Yo creo que es al revés, lo que hacemos con esta ley es hacer a los funcionarios políticos y a los políticos funcionarios.
Frente a dicho esquema, ¿cuál es la posición que mantenemos a través de estas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista? Nosotros apostamos por una clara distinción entre lo que son altos cargos y funcionarios y entre los altos cargos, aquellos que lo son estrictamente políticos, como son los ministros, los secretarios de Estado, los delegados de Gobierno y también los delegados provinciales o subdelegados, como ustedes les llaman, y aquellos directivos profesionales que no necesariamente tienen que ser funcionarios, que pueden y deben exigírseles unas condiciones, unos conocimientos técnicos, pero que esos conocimientos técnicos, esa experiencia la pueden haber adquirido tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado. Por tanto, como digo, insistimos en la necesidad de que primero se defina y después se regule un estatuto para todos estos cargos públicos, entendiendo que es insuficiente que éstos se rijan por el Estatuto de la Función Pública, como también ha mantenido en la discusión en Comisión el Grupo Parlamentario Popular.
Y paso al cuarto bloque, donde hemos agrupado las enmiendas que vienen a configurar el modelo de Administración General del Estado que nosotros entendemos debe haber a nivel territorial. Señorías, creo que en el corto debate que hemos tenido hoy se ha puesto de manifiesto que en lo que afecta a esta materia nos hemos perdido en una discusión puramente nominalista. Creo que nos hemos dedicado más a discutir si subdelegados del Gobierno, que si delegado provincial, con el ánimo del que yo creo que todos estamos impregnados de acabar con la figura del Gobernador Civil, que nos recuerda otra época y otra Administración, centralizada y autoritaria, y que hemos perdido, de verdad, la oportunidad de centrar el debate, porque no se trata del nombre, sino de las funciones y de la necesidad de articular en todo el territorio de la nación la presencia de la Administración pública del Estado. Y eso significa presencia administrativa, pero también, y en gran medida, presencia política; presencia política que, por cierto, las Comunidades Autónomas han articulado muy bien a lo largo de estos años, de tal modo que en las provincias existen unas delegaciones de las consejerías de los gobiernos autonómicos que representan administrativa y políticamente a la Administración.
Y yo creo que no han sido medidas las argumentaciones que el Grupo Parlamentario Popular ha dado para defender el modelo que nos presenta esta ley. Quiero recordar que la denominación que nos presenta, junto con las competencias que se dan al subdelegado del Gobierno, nos vienen envueltas en la excusa de que el mantenimiento de la figura del delegado provincial, o subdelegado, como le llaman

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ustedes, choca con el Estado de las Autonomías y, además, con las previsiones constitucionales, que sólo contemplan la figura del Delegado del Gobierno. Yo creo que estas argumentaciones ponen de manifiesto lo erróneo de esta discusión y que, de verdad, no hemos sabido en esta Cámara hacer algo que hubiera sido importante: centrar el quid de la cuestión. No voy a entrar en una glosa de la configuración que la Constitución hace de la provincia, aunque yo creo que todos tenemos claro que la delimita como división territorial del Estado y, además, dice que se organiza para el cumplimiento de las actividades del Estado, o sea, que también el Estado debe decir algo en las provincias.
Por encima de esas previsiones que, a nivel territorial, prevé la Constitución, creo que este proyecto de ley pasa por alto otros principios constitucionales que también son de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado a nivel territorial. Me estoy refiriendo a los principios de descentralización y desconcentración y a algo que todavía es más importante para que haya una articulación de verdad entre Comunidades Autónomas y Administración General del Estado, que son los principios de colaboración y coordinación, que están en la base de la concepción de un Estado cooperativo, de un Estado descentralizado, como es el que está contenido en el Título VIII de la Constitución. Como he dicho al principio, creo que éstas son razones que se han dado como excusa y que la única razón verdadera --y creo que lo podían decir con toda tranquilidad porque está en el ánimo no de mi Grupo Parlamentario, sino de todos los ciudadanos-- es que lo que han plasmado aquí es un quiero y no puedo, con tal de conseguir cumplir unos acuerdos a los que habían llegado para la investidura del Presidente de todos los españoles, señor Aznar.
Frente a esta posición, nosotros afirmamos la necesidad de que el Gobierno de la nación tenga representación política en todo el territorio español, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un gran número de provincias.
Y lo afirmamos, como digo, en razón del rango político de las funciones que la Lofage reconoce y atribuye a los subdelegados del Gobierno, junto con los delegados en las Comunidades Autónomas, y que antes he enumerado.
Yo creo que mantienen un bloque de competencias importante, y ese núcleo debería ser acompañado por la necesaria representación política en cada una de las provincias y en las Comunidades Autónomas.
También pensamos que es conveniente que el ciudadano sienta de cerca la presencia de una Administración del Estado que le explique las distintas políticas que el Gobierno de España hace en su territorio. Eso nos parece importante. Además, como decía antes, esta concepción es absolutamente respetuosa y comprensiva con las disposiciones contenidas en la Constitución Española. El hecho de que la figura del Delegado Provincial o Subdelegado no esté contemplada en la Constitución no es una razón suficiente para negar su necesidad y su creación. Si así fuera, tampoco lo estarían los secretarios de Estado ni muchos de los órganos de que en este momento se han dotado las Comunidades Autónomas, que tampoco están regulados en el Título VIII de la Constitución.
Las enmiendas números 172 y 174, señorías, vienen a reforzar algunas de las reflexiones que he compartido con ustedes, atribuyendo mayor funcionalidad, simplificación y racionalización de la Administración del Estado tanto en la provincia como en la Comunidad Autónoma. Y, concretamente en la número 176, dando relevancia al órgano de representación del Estado en las Comunidades Autónomas haciendo posible que pueda pedir, porque así se lo reconozca una ley, su comparecencia ante el Senado.
Las enmiendas números 182, 185 y 186, en coherencia con las anteriores, adaptan la denominación y funciones de la Administración territorial del Estado, completando además la regulación del personal integrado en las delegaciones territoriales del Gobierno. Me van a permitir sus señorías que haga aquí una reflexión, porque me ha parecido que a lo largo del debate se denotaba cierto antagonismo entre las posiciones mantenidas por el Grupo Parlamentario Socialista y las que mantienen el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos. Me estoy refiriendo a la contraposición entre simplificación de la Administración y Administración única.
Quiero afirmar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros apostamos fuertemente por la simplificación de la Administración. De hecho, algunas de las enmiendas que en ese sentido presentamos en el Congreso de los Diputados han sido recogidas y figuran en el texto de la ley que hoy debatimos, concretamente, en una disposición adicional dando un plazo de seis meses para que sean suprimidas todas las direcciones provinciales. Pero una cosa es simplificar la Administración haciendo de verdad efectivo el principio de descentralización y desconcentración y otra cosa es que se envuelva esta argumentación bajo el eslogan de la Administración única. Esta no deja de ser un eslogan publicitario, político para emplearlo en campaña electoral. La Administración única no es el modelo de organización de la Administración que contempla nuestra Constitución, que habla claramente de Administraciones Públicas en plural, en el artículo 149.18. Y éste, además, regula los distintos ámbitos: estatal, Comunidades Autónomas, Diputaciones, entes locales y ayuntamientos. Por lo tanto, quiero dejar sentado que nosotros sí apoyamos y apostamos por todas las medidas tendentes a la simplificación de la Administración. Cuando esta ley entre en vigor, sin duda, tendrá una repercusión inmediata; pero no es un proceso acabado, tendrá que seguir en la medida en que se vayan completando los procesos de transferencia a las distintas Comunidades Autónomas si sale adelante, por fin, ese pacto de desarrollo autonómico para las Comunidades que se rigen por el artículo 143 de la Constitución.
Termino la exposición de estos dos títulos, señorías, repitiendo lo que he dicho al principio: creo que hemos perdido una ocasión magnífica en el Senado; creo que ha faltado diálogo y espíritu de consenso en un tema importante, y que habría sido aquí donde podríamos haber hecho un debate que fuera más allá de intentar preservar las competencias de las Comunidades Autónomas cuando lo que estamos

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haciendo no es tratar de las competencias de unos y otros entes del Estado, sino haciendo efectivo el derecho de autoorganización que tiene la Administración del Estado para organizar su administración, el funcionamiento de la misma, en todo el territorio español.
El modelo final que vamos a aprobar esta tarde si no cambia --como seguramente no cambiará-- la posición del Grupo mayoritario contraviene claramente los principios constitucionales de desconcentración y descentralización --me refiero a nivel territorial, por supuesto--. Es un proyecto que con su entrada en vigor devalúa la representación política y no va a mejorar la presencia ni la representación de la Administración del Estado en todo el territorio español. Pensamos, además, que no contribuye a una verdadera separación entre el ámbito político y el ámbito administrativo de la Administración General del Estado, ni a nivel central ni a nivel territorial. Entendemos que sería necesario delimitar claramente quiénes son altos cargos y qué es el estatuto que regula su condición. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un esfuerzo a través de estas enmiendas para superar las limitaciones que vemos en el proyecto de ley.
Atendiendo la sugerencia del señor Presidente, voy a pasar muy brevemente a defender las enmiendas que mantenemos en el voto particular número 7, a través de las cuales queremos recuperar el texto remitido por el Congreso ya que entendemos que las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular lo empeoran bastante y contravienen principios que para nosotros son esenciales. Concretamente me estoy refiriendo a la recuperación del artículo 11, en su apartado 2, del artículo 12.2 y del artículo 17.1, que han sido modificados por las enmiendas números 224, 225 y 228, del Grupo Parlamentario Popular.
En este sentido, pedimos que se vuelva al texto original en el apartado 2 del artículo 11, que atribuye la categoría de Subsecretario a los secretarios generales y la de director general a los secretarios generales técnicos. Entendemos que el texto original contiene una ordenación jerárquica mucho más precisa y acorde con el modelo de organización administrativa que hemos defendido; en concreto, la enumeración que hacía era la de Subsecretario, Director general y Subdirector General.
En segundo lugar, a través de otra enmienda pedimos la supresión de la letra a) del artículo 12.2, que introduce una referencia expresa a la capacidad reguladora, a la capacidad normativa del Gobierno en relación con el desarrollo de la potestad reglamentaria. Ahora que ya conocemos el proyecto de ley del Gobierno puesto que ha tenido entrada en el Congreso, hemos comprobado que ésa es una potestad que viene debidamente recogida en la ley del Gobierno y que no venía en el texto originario procedente del Congreso, mucho más acorde con el ámbito competencial de esta ley.
También pedimos la supresión del inciso final del apartado 1 del artículo 17, que regula la asunción de funciones comunes en las secretarías generales técnicas. El párrafo que queremos suprimir dice: y, en todo caso, la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
Evidentemente, esta enumeración no tiene por objeto poner coto a las funciones comunes que puedan desarrollar dichas secretarías, ya que, como dice el propio texto de la ley, serán los reales decretos de estructura de los departamentos los que lo hagan, quedando consagradas en ese género de «primus inter pares» en relación con las direcciones generales.
Señor Presidente, también dentro de este voto particular número 7, anuncio que retiramos las enmiendas relativas a los artículos 22, 31.1 y 36, que habían sido modificados respectivamente por las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 230, 239 y 240.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig). Muchas gracias, señoría. Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Huidobro.


El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con el fin de consumir un turno en contra de las enmiendas debatidas por los distintos grupos parlamentarios, voy a hacer esta intervención refiriéndome por separado a los Títulos I y II y a cada uno de los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas, con el propósito de que ninguno de ellos se quede sin contestación a las mismas y aunque ya en Comisión fueron consideradas.
La Senadora De Boneta presenta al Título I «principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos», las enmiendas 3, 4 y 5.
La primera de ellas hace referencia a que se suprima en el artículo 1 el que esa regulación se hace en el marco jurídico común a todas las Administraciones Públicas. Y, como se ha dicho ya esta mañana, esta ley regula una sola de las tres Administraciones que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común --que es básica-- reconoce en todo el territorio nacional. Por tanto, esa referencia viene a reforzar la existencia de otras Administraciones Públicas y, posiblemente, a dar contestación a lo contrario de lo que la Senadora quería defender. Lo que se afirma es que la Administración General del Estado es una Administración Pública más.
En la enmienda número 4 pide que dentro del órgano del Gobierno Central deben mantenerse sólo los ministros, secretarios de Estado y directores generales, suprimiendo las figuras de todos los demás organismos, tanto superiores, como directivos. Lógicamente, tenemos que rechazar esta enmienda porque la simplificación que ha hecho es de tal naturaleza que no daría lugar ni siquiera para llevar la más simple de las administraciones existentes. Y con una sencilla ojeada a lo que hoy supone el funcionamiento de un Ministerio, aun a pesar de las competencias que se han transferido a las Comunidades Autónomas e, incluso, a las entidades locales, sería suficiente para saber que no se puede llevar a cabo y mucho menos con las relaciones que debe tener con las Comunidades Europeas.
Y en la enmienda número 5 se pretende suprimir los directores generales, como es lógico.


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Al Título II de esta Ley, la señora De Boneta presenta las números 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21, 22, 23, 24 y 25, 11 y 19 y 3 y 15. Hago esta relación porque se refieren a temas distintos.
La primera de ellas trata de que los ministerios sólo tengan relación en las Comunidades Autónomas con los consejeros correspondiente por razón de la materia. Pensamos que un Ministro sí debe tener capacidad suficiente para relacionarse con la Comunidad Autónoma en relación con la materia de que es competente, pero no con el Consejero sólo del ramo, sino con toda la Comunidad Autónoma, que es la que tiene la personalidad jurídica suficiente y competente.
En las enmiendas a las que luego he hecho referencia, lógicamente, trata de suprimir todas aquellas figuras de órganos superiores o directivos que no cuentan en su organización central ni en su organización territorial, como son los subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, subdirectores y subdelegados.
En las números 11 y 19 se pide que los delegados y subdelegados tengan como competencia expresamente determinada en la ley la defensa de las lenguas oficiales en aquellas Comunidades Autónomas en las que son cooficiales. En Comisión se le dijo que los delegados y subdelegados del Gobierno tienen la obligación de la defensa de todo el cuerpo constitucional, de todas las leyes, de toda la legislación vigente, y, lógicamente, ahí entra la defensa de las lenguas oficiales allí donde haya más de una, no solamente del castellano, sino también de la lengua propia de cada Comunidad Autónoma, por lo que consideramos que no es necesario hacerlo constar.
Por último, en las números 13 y 16 pide algo que consideramos que es una simple confusión: que se haga referencia a las competencias del Gobierno del Estado, y no a las competencias del Estado. Pensamos que la expresión «competencias de Estado» es la referencia que se hace a la Constitución, la cual trata de las competencias del Estado, y no de las competencias del Gobierno del Estado. Por otra parte, hablar de competencias de los gobiernos sería introducir una confusión innecesaria e incorrecta. No son los gobiernos los que tienen las competencias, sino el propio Estado, las propias Comunidades Autónomas, o las entidades locales, en los casos en que les corresponde. Por eso pienso que es una pequeña equivocación en cuanto a quién corresponden las competencias y una falta de coincidencia con la terminología constitucional.
Los Senadores Nieto y Román presentan una serie de enmiendas, muy numerosas en algunos casos pero que tienen un denominador común en lo que diré en la segunda parte.
En el Título I reflejan la diferente concepción que tienen de la estructura de los órganos centrales de la Administración General del Estado y de los órganos periféricos. Se refieren también en la misma enmienda a la regulación de la participación de los ciudadanos en la gestión y decisión de las políticas públicas, de forma completamente distinta a como se hace en el proyecto.
En otra enmienda, como principio de organización, piden que además de la división funcional, se tenga en cuenta la división por sectores funcionalmente homogéneos. Esta última enmienda creo que ha sido recogida en otra semejante a ésta que ha sido aceptada. Por tanto, creo que no tiene razón de ser.
En cuanto al modelo de participación ciudadana que pretenden, tenemos que decir que nos oponemos al mismo, puesto que dentro del texto del proyecto de ley se ha recogido un sistema, no vamos a llamar de participación para no herir la sensibilidad de los senadores que han presentado la enmienda, pero sí un sistema de presencia de los intereses sociales en aquellas comisiones en las que puede tener algún interés. Se hace en el propio articulado de la ley. Pero si lleváramos a los extremos lo que se pide en esas enmiendas, entenderíamos que casi estamos rompiendo el sistema de organización democrática de los Estados modernos, porque este sistema de organización parlamentaria otorga la confianza a un determinado grupo político, mayoritariamente o en coalición con otros grupos, para que establezca cuál es la política que debe de cumplir, que debe de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y para que gestione la política que este grupo político, a través del Gobierno, dirige y gestiona. Por tanto, introducir en esa gestión la representación directa de los ciudadanos rompe con lo que en una democracia parlamentaria está normalmente reconocido. Es una cuestión doctrinal tratada y discutida en la que hay posturas para todos los gustos, más bien en contra de la opinión mantenida por los Senadores Nieto y Román, pero nosotros preferimos optar por la postura que mantiene que la participación ciudadana en la gestión debe de ser la que se da en el texto y no otra distinta.
Hay unas enmiendas que hacen referencia a la distinción entre órganos, para llamar a los órganos directivos, órganos administrativos.
Pensamos que es una confusión por entender que los órganos directivos no tienen nada que ver con la administración. Precisamente los órganos directivos son los que culminan la organización administrativa. La organización ejecutiva en sus niveles superiores no tiene demasiada importancia, sí lo tiene el contenido que a los mismos se da en lo que debe de comprenderse dentro de los órganos administrativos y dentro de los órganos directivos. Dentro de los órganos superiores se pretende incluir, además del Ministro y del Secretario de Estado, al Presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas y a los delegados del Gobierno. Pensamos que con esta modificación que se pretende se confunde qué es la Administración Pública General del Estado con lo que es el Gobierno; sería confundir algo que se nos está echando en cara desde el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que hemos introducido en este proyecto de ley: el Gobierno con la Administración, o llevar la Administración pública hasta límites que suponen que más que Administración es la política lo que estamos introduciendo dentro de esta Administración.
En el Título II hay numerosísimas enmiendas que guardan relación con lo que hemos estado exponiendo hasta este momento. Piden en cada uno de los artículos a los que se presentan, en los que se hace referencia, o bien a los secretarios

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generales técnicos, o bien a los secretarios, o bien a todos aquellos órganos superiores o directivos, que se supriman. Hacen referencia igualmente a la posibilidad de que siempre que se hable de la participación ciudadana en la gestión de la política, no se haga como se regula en el texto, a través de su presencia en algunas comisiones determinadas, sino con una especial regulación de unos artículos, a los que ha dedicado una especial atención y que exponen cómo tiene que hacerse esa participación ciudadana en la dirección y gestión de las políticas públicas, con una regulación distinta, opinión de la que, como ya le he dicho, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no participan y, por tanto, no vamos a aceptar.
Cuando se habla del nombramiento de los órganos superiores, de los órganos directivos, sigue también un criterio distinto al que sigue el proyecto de ley, porque éste dice que el nombramiento debe de darse entre personal que reúne la condición de funcionario, en atención a las normas de mérito y capacidad, de acuerdo con el nombramiento por Real-Decreto.
Los Senadores Nieto y Román piden que se haga de forma distinta, que no sean funcionarios los altos directivos y, por lo tanto, que el nombramiento se haga de forma distinta, coincidiendo en parte con lo que el Grupo Parlamentario Socialista viene a pedir para los altos cargos, es decir que la exigencia de ser funcionarios dentro de los órganos de la Administración General del Estado termine en los subdirectores generales y no lleguen más adelante. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Hay unas referencias concretas en las enmiendas números 54, 55, 56 y 57, que pretenden incluir algunos incisos al apartado 2 del artículo 12, para añadir que a los Ministros les corresponde mantener relaciones con los municipios y las federaciones que los agrupan. Estamos de acuerdo en que los Ministros tiene estas competencias, pero es cierto que tanto en este proyecto de ley como en la Ley de Bases de Régimen Local se regula esta materia, y que en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se hace una referencia especialísima a que toda la regulación que haga esta Ley de Bases de Régimen Local no se regirá por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, es decir, hace una reserva de que aquella ley que ya estaba dictada no se recoja de nuevo en ésta. Por lo tanto, pensamos que no debe añadirse a la regulación que ahora tiene esta propia ley.
Por último, la enmienda número 58, pretende que el otorgamiento o proposición de recompensas y ejercer la potestad disciplinaria se haga con audiencia de las centrales sindicales y de la junta de personal del departamento. Consideramos que no es éste el lugar oportuno para hacer referencia a estas materias, que hay un Estatuto de Función Pública, al que el señor Ministro de Administraciones Públicas ha hecho referencia esta mañana, que está en avanzado estado de redacción y que es ahí donde debe regularse, sin entrar a discutir si eso debe ser así o no.
La enmienda número 59 pretende suprimir, como competencia de los secretarios de Estado la de mantener relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas, que es una referencia que hemos hecho ya con anterioridad.
Son numerosas, como he dicho, las enmiendas que ha presentado este Grupo.
Las números 61 a 63, al artículo 15, hacen referencia a un tema que todavía no hemos tocado: la creación de una oficina de ética dentro de los departamentos. Pensamos que precisamente ésa es la labor que tiene que hacer la Inspección dentro del departamento y es una de las labores fundamentales que corresponde al titular del mismo dentro de sus competencias, que es la de hacer que funcione su departamento de acuerdo con la normas que establece la Constitución, de eficacia, de celeridad, de jerarquía y de atención a los ciudadanos, y que no es necesario crear una oficina distinta para que esto sea así. Fuera de esta materia hay órganos suficientes para poder exigir a la Administración que cumpla con estas obligaciones si, por casualidad, se las pasara por alto.
La enmienda número 67 no entendemos qué es lo que se quiere pedir.
La enmienda número 68, al apartado 1 al artículo 15, pretende añadir que el subsecretario, además de ejercer la jefatura de personal, tenga la potestad sancionadora en materia de personal, cosa que nos parece que ya está implícito.
Las enmiendas números 72 y 81, a los artículos 22 y 26, pretenden suprimir la facultad de los demás ministros de Presidencia y de Administraciones Públicas para dictar instrucciones al Delegado del Gobierno. Nosotros pensamos que el Delegado del Gobierno depende de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente de todos los ministerios, porque de todos los ministerios es el jefe de la Administración dentro de la Comunidad Autónoma y todos los ministros tienen capacidad para darle instrucciones sobre aquellas materias que son propias de su competencia.
Las enmiendas 73 y 82 coinciden en parte con otra presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y es que el Delegado del Gobierno pueda comparecer ante la Comisión General de Comunidades Autónomas para dar cuenta de su gestión y del informe anual del funcionamiento de la Administración dentro del territorio sobre el que tiene competencia.
Nosotros entendemos que es el Ministro, puesto que el Delegado del Gobierno no es un órgano independiente y, lógicamente, pensamos que el Delegado del Gobierno no es un órgano superior es de ahí de donde no cabe que comparezca ante la Comisión General; es el Ministro, en su nombre y en el de todo el departamento, el que debe comparecer a dar cuenta de las actuaciones de todos los órganos que dependen del él, especialmente cuando son simples representantes.
En la enmienda 77 se pretende añadir un nuevo apartado ocho al artículo 23 para atribuir una competencia a los delegados del Gobierno, que es la negociación e inscripción de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas. Los delegados del Gobierno tienen la posibilidad de proponer estos convenios, pero de ninguna manera tienen la de celebrarlos por sí mismos porque nosotros no consideramos como órganos superiores a los delegados del Gobierno. No son órganos superiores y, por lo tanto, al ser simples órganos directivos, la capacidad de dirigir

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y de decidir en el Departamento, salvo que tuviera delegada esa competencia, le corresponde al Ministro que es el titular del Departamento y quien puede hacerlo.
En este punto, es probable, tanto por lo que se refiere a los Senadores Nieto y Román como a otros Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, que partamos de concepciones distintas al hablar de órganos superiores y de órganos directivos. Para el Grupo Parlamentario Popular los órganos superiores coinciden, en parte, con lo que en muchos Estados europeos conocen con el nombre de Gabinete. No son miembros del Gobierno, pero el concepto es algo más amplio. Se concibe como algo muy semejante al gobierno. Existe en el Reino Unido. Existe en Alemania. Existe en Italia.
Los secretario de Estado no son ministros, no son miembros del Consejo de Ministros, pero sí son algo muy cercano que les separa del resto de la Administración Pública del Estado. Esto es lo que yo creo que nos diferencia. Nosotros pensamos que los ministros y los secretario de Estado están en ese grupo, mientras que el resto de los titulares de órganos de la Administración General del Estado está en otro grupo completamente distinto.
Los Senadores Nieto y Román han presentado a este Título II numerosísimas enmiendas, y además muy variadas, a las que ya he hecho referencia. Me queda, simplemente, contestar a una cuestión. Pretenden que las delegaciones del Gobierno se adscriban al Ministerio de la Presidencia.
Yo quiero distinguir que en el proyecto de ley se hace una clara distinción entre el Delegado del Gobierno y las delegaciones del Gobierno. El Delegado del Gobierno, como representante del Gobierno en la Comunidad Autónoma, depende del órgano que engloba todo el Gobierno, del Presidente del Gobierno. Nosotros pensamos que debe ser así. La Delegación del Gobierno, como un largo brazo de la Administración General del Estado central, representa al Gobierno, es una delegación y no el propio Gobierno. Por eso, el Delegado del Gobierno depende del Presidente, de Presidencia, mientras que la Delegación del Gobierno, aunque el titular sea el Delegado del Gobierno, depende de los Ministerios de Administraciones Públicas y del Interior. El Ministerio de Administraciones Públicas tiene la competencia horizontal sobre todos los servicios cuando el territorio sobre el que tiene que actuar es el territorio nacional y no simplemente los órganos centrales.
Esa es, fundamentalmente, la razón por la que nosotros pensamos que no se puede hacer depender al Delegado del Gobierno del Ministro de Administraciones Públicas porque el Delegado no encarna a una Administración pública en sí, sino que representa al Gobierno, mientras que la delegación del Gobierno sí que es representación de la Administración pública en la periferia y, por eso, depende del Ministerio de Administraciones Públicas.
Por último, y con esto termino de responder a los Senadores Nieto y Román, la enmienda 89 pretende que en el artículo 32.1 no se tenga en cuenta el número de gestión para excluir de su integración en la delegación del Gobierno algún servicio territorial. Nosotros queremos que se tenga en cuenta, además de las funciones o actividades específicas, el volumen de la gestión para hacer un órgano distinto. Lógicamente, como regla general, se tendrán en cuenta las dos cosas: lo especial de la actividad y volumen de la gestión. Si esto último se añade estaremos completando algo que consideramos que es necesario realizar.
Con esto creo haber dado contestación, puesto que los Senadores Nieto y Román no han defendido una por una sus enmiendas, a todas las presentadas por este Grupo. Paso, por tanto, a otras.
El Senador Ríos ha presentado, fundamentalmente, enmiendas al Título II.
Son las enmienda 131, 132, 133 y 143.
En la enmienda 131 pretende que no exista excepción alguna a la regla de que los directores generales deban ser funcionarios. Parece que está retirada.
La enmienda número 132, que hace referencia al artículo 19, apartado 2, pretende que el nombramiento de Subdirector general se haga conforme al sistema previsto en la legislación específica, es decir, la propia de los funcionarios. Esta enmienda ha sido también retirada.
La número 133 pretende que en el artículo 31 se diga que a las Delegaciones del Gobierno corresponde nombrar a los subdelegados y a los directores insulares en las islas.
La número 143, al artículo 29 bis nuevo, que guarda relación con la anterior y con alguna otra que se ha defendido aquí aunque pertenecen a otro grupo, pretende también que se exija la misma titulación a los directores insulares que a los subdelegados, es decir, que pertenezcan al grupo A, y que no puedan serlo aquellos que reúnan las condiciones del grupo B. Si a esto añadimos que piden que se haga una circunscripción semejante para los directores insulares a la que existe para el nombramiento de Senadores, creo que habremos terminado con casi todo el grupo de enmiendas que presenta al Senador Ríos referentes a esta materia. Pero voy a contestar una por una.
La permisión de que los directores insulares puedan ser tanto del grupo A como del grupo B responde a una experiencia del Ministerio del Interior durante muchos años basada en las dificultades que ha encontrado para poder nombrar un director insular que pertenezca al grupo A en alguna de las islas. Es más, en el repaso que he dado a algunas de las intervenciones de su Grupo, creo haber visto que en algún momento ustedes han pedido que se llegue más abajo, es decir, que incluso pudieran ser del grupo C aunque no se lo puedo asegurar del todo. Lo que sí es cierto es que no hay ninguna razón especial para que sean del grupo A o del grupo B. Se trata de una razón práctica. Posiblemente usted, que vive en las islas y que lo conoce muy bien, sepa mejor que yo que a veces resulta muy difícil encontrar un funcionario del grupo A que quiera trasladarse a alguna de las islas como director insular.
Por lo que se refiere a la circunscripción, no se dice exactamente que no lo sea. Lo que sí se dice es que «reglamentariamente se determinará». Si se dice que «reglamentariamente se determinará», lo que quiere decirse es que en cada caso se verá qué es lo necesario, pero lo cierto es que en este momento la circunscripción precisa para prestar los servicios que la Administración general presta en todo el territorio nacional no coincide en términos generales con la circunscripción para la elección de Senadores. Esa es la razón por la que, sin cerrar el tema, se diga que reglamentariamente

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se fijará en cada caso cuál es el ámbito en el que se ha de nombrar un director insular.
La enmienda número 135 al artículo 27.2 pretende suprimir la expresión «particular» del último párrafo del artículo, pero ya ha sido retirada.
Por último, la enmienda número 140 al artículo 30, que habla de la simplificación de los servicios periféricos también ha sido retirada.
Señor Presidente, creo que con esto he contestado a todas las enmiendas que había presentado el Senador Ríos a estos Títulos I y II.
Me quedan por contestar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Este Grupo mantiene al Título I las enmiendas números 151, 153, 154 y 155.
La enmienda número 151, al artículo 6.2.b), pretende suprimir como órganos directivos a los secretarios generales y a los secretarios generales técnicos. Respecto a los primeros, quiero decir que el Gobierno participa en parte de que éstos tienen que ser una excepción y así se hace constar expresamente. El proceso tiene que ser lento puesto que estamos en una situación de tránsito. Una Administración pública no surge de hoy para mañana. No se puede borrar de un plumazo una Administración pública y hacer una nueva como a uno le gustaría puesto que hay que contar con lo que hay con anterioridad. Eso es lo que viene a referir el artículo.
En cuanto a los secretarios generales técnicos, tenemos una concepción distinta de cómo deben prestarse los servicios comunes dentro de un departamento. Luego se lo comentaré ya que en el Título II aparece algo mucho más amplio sobre esa materia.
La enmienda número 153 pretende que el Delegado del Gobierno se incluya entre los órganos superiores. Ya le he explicado que nosotros partimos de otra base. Como órganos superiores entendemos lo que en algunos Gobiernos europeos se entiende por el Gabinete y algo más, es decir, lo que se discute en la doctrina si es Gobierno o no es Gobierno. Lo que nosotros estamos discutiendo es si los secretarios de Estado son Gobierno o no son Gobierno. Nosotros hemos preferido decir: no son Gobierno pero son un órgano distinto de los que enumeramos a continuación que son los órganos directivos.
La enmienda número 154, al artículo 6, que regula el acceso, nombramiento, evaluación y responsabilidad por la gestión, así como los derechos y obligaciones de los órganos directivos, la trasladan a lo largo del articulado al Título II, a las disposiciones adicionales y a la Exposición de Motivos, porque piensan que debe haber un estatuto especial de los órganos directivos de la Administración General del Estado.
Nosotros pensamos que la parte que les afecta como órganos superiores viene regulada fundamentalmente en este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, cómo se les nombra, cuáles son sus responsabilidades, cuál es su competencia, y en la parte en que no son órganos directivos --puesto que exige que sean funcionarios--, su carrera va a seguir siendo la de funcionarios. En el tiempo que sean órganos directivos van a ocupar una situación especial, que son los servicios especiales, pero ellos no dejan de pertenecer al cuerpo de funcionarios y deberá aplicárseles --y con esto creo que explico lo que decía la Senadora Martínez-- como tales lo que corresponde a funcionarios, y como órganos directivos viene regulado en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, por lo que no consideramos necesario que se cree un estatuto del órgano directivo, porque eso vendría a introducir confusión y crearía problemas allí donde en este momento todavía no los hay.
Por la enmienda número 155, al Título I, se solicita que sea la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año la que fije el número máximo de altos cargos para categoría y el número de unidades administrativas inferiores. Creo que, en este caso, se han pasado ustedes. Pasar de hacerlo de una manera normal, por Real-Decreto e incluso por medio de la relación de puestos de trabajo, y llegar a exigir que se haga por ley me parece que es introducir rigideces que imposibilitaría en la mayoría de las ocasiones crear, cuando fuera necesario, órganos superiores.
Al Título II presentan una serie de enmiendas, y me van a permitir que siga un sistema distinto del que han seguido ustedes en su intervención.
En las números 157, 158, 159, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187 y 188 recogen fundamentalmente la estructura que ustedes quieren para la Administración General del Estado en los órganos centrales y en la periferia. Esta concepción del Grupo Parlamentario Socialista es distinta que la que presenta el proyecto y defiende el Grupo Parlamentario Popular. Entienden como órganos superiores: los ministros, secretarios de estado y delegados de gobierno; y entienden que los órganos directivos deben ser: subsecretarios, directores generales, subdirectores generales y delegados provinciales del gobierno. Esta es la estructura que ustedes defienden.
Lógicamente, como se ha hablado aquí a lo largo de la tarde de cuál es la concepción que defiende el Grupo Parlamentario Popular y se contiene en el proyecto no voy a analizar la diferencia. Se pretende por ello la supresión de los secretarios generales, secretarios generales técnicos --a la que ya he hecho referencia--, atribuyendo la dirección y gestión de los servicios comunes --aquí sí quiero detenerme brevemente-- a los subsecretarios. Con esto podríamos decir: ya está resuelto, porque son las subsecretarías las que dirigen todos los servicios comunes de un Ministerio. Pero, a continuación, dicen: se admite la posibilidad de que no existe subsecretaría, en cuyo caso ocurriría que en esos servicios comunes podrían existir órganos directivos del Ministerio --por ejemplo, una dirección general--, que tenga una unidad que se encargue de los servicios comunes. Con esto habríamos conseguido algo que ustedes han estado aplicando durante todo el debate: hay que simplificar, hay que unificar, hay que conseguir que se racionalice la función pública. Si cada dirección general o muchas de ellas --yo sé cómo luchan las direcciones generales para conseguir tener sus propios servicios comunes, especialmente la intervención y la asesoría jurídica-- tuviera su propia intervención y su propia asesoría jurídica sería prácticamente imposible para el titular del ministerio controlar el funcionamiento de los gastos comunes, que son los que normalmente se disparan en cualquier Gobierno.


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Por lo tanto, eso sólo vendría a introducir confusión, porque creemos que sería imposible que el titular del departamento, a través de la subsecretaría, controlara --digo controlara-- cuáles son los gastos comunes y pudiera gestionar de manera uniforme todo el departamento.
Respecto al Delegado del Gobierno, pretenden ustedes que no dependa de la Presidencia del Gobierno y que no nombre a los subdelegados, que no tenga la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto lo uno a lo que pretenden del Delegado provincial del Gobierno, que es lo que vendría a ocupar parte de las funciones del actual gobernador civil.
Pretenden que sea el representante del Gobierno en la provincia, no en la Comunidad Autónoma, que tenga rango de director general, que sea nombrado por real decreto, por lo tanto, por el Consejo de Ministros, oídos los delegados, y que dirija las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, pero no bajo la dirección y la supervisión de los delegados del Gobierno.
Nosotros entendemos que la organización que hace el proyecto de ley en las Comunidades Autónomas es mucho más sencilla. Sí que hace referencia a que el delegado del Gobierno es el representante de la Administración General en la Comunidad y, además, lógicamente, como lo es un ministro, también es representante del Gobierno, pero estamos hablando de una ley de la Administración, de una Administración pública. El Gobierno no se regula aquí, sino en la ley que éste ha presentado en el Ministerio un poco más tarde, la que ahora está en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, la condición que tiene de representante del Gobierno la tiene en la Comunidad Autónoma. Si a los delegados provinciales, como ustedes los llaman, los subdelegados del proyecto, se les diera también la posibilidad de ser los representantes del Gobierno en la provincia, tendríamos la paradoja de que, dentro de un mismo territorio, que es la provincia, habría dos representantes del Gobierno permanentemente: el director provincial --el subdelegado actual-- y el delegado del Gobierno, porque ustedes dicen que los dos tienen la representación del Gobierno.
Yo creo, sin embargo, que es lógico, siguiendo la norma constitucional, que el delegado del Gobierno sea el representante del Gobierno, que nos olvidemos de esta faceta y que vayamos a la Administración pública, que es la Administración General del Estado en el territorio de las provincias. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo quieren ustedes organizar que haya una administración de carácter autonómico y una administración periférica también, de carácter provincial? Superponiendo las dos, que sigan existiendo dos administraciones periféricas: la de la región y la de la provincia, de tal manera que ¿con qué se encuentran ustedes cuando intentan organizar la dirección provincial? Se encuentran con que, necesariamente, tienen que adscribir en su modelo al delegado provincial del Gobierno como una unidad de la delegación del Gobierno. Eso es contradictorio. O es de la provincia, o es de la Comunidad Autónoma. Si es de la Comunidad Autónoma, está adscrita, como es lógico, al vértice, que es la delegación del Gobierno, y si no es de la provincia, estaríamos superponiendo de nuevo sobre un mismo territorio la representación doble de la Administración General del Estado: la delegación del Gobierno y la delegación provincial, que ustedes llaman en su organización delegación territorial. Porque ustedes tienen en su organización delegación del Gobierno regional y delegación territorial, dos delegaciones sobre un mismo territorio, ya que supongo que cuando hablan de delegación territorial ésta se extenderá a todas las provincias que constituyen el territorio de una Comunidad Autónoma, si no, no sería posible.
Esa es la gran diferencia que tenemos y por la que rechazamos las enmiendas a las que he hecho referencia.
Antes ya he mencionado algo que supongo que es una confusión: delegación del Gobierno y delegado del Gobierno. Acabo de hacer referencia a que ustedes pretenden que haya una delegación regional y una provincial, y nosotros pensamos que eso sería una incoherencia. El modelo que establece el proyecto de ley es el lógico. Hay una Administración General, que tiene unos órganos centrales, hay una Administración general que tiene unos órganos que son periféricos, los órganos periféricos son los de la Comunidad Autónoma, que es el territorio que se establece, y como unidades de esa delegación del Gobierno, de la Administración dentro de la Comunidad Autónoma, hay unas unidades cuya sede está en cada una de las provincias. Ese es el esquema que plantea el proyecto de ley, el cual nos parece lógico y mucho más claro que el que, desde su punto de vista, intentan introducir.
¿Por qué confunden ustedes el problema? Porque yo creo que no han terminado de deslindar algo que nos están echando en cara. No están deslindando lo que es Gobierno de lo que es Administración Pública. El gran paso, el gran avance que se ha dado en materia de Gobierno y Administraciones públicas, es la separación del Gobierno y de la Administración pública. Ustedes dicen: Si el delegado provincial es también un representante del Gobierno en la provincia, y hablan de Administración pública, es que están confundiendo Gobierno con Administración, y sólo con que se repasen la intervención que han hecho aquí verán cómo dicen con reiteración que el Gobierno no tiene representación en la provincia. Señoría, la organización de la Administración General del Estado no está hecha para representar al Gobierno, está hecha para gestionar las políticas que éste establezca para que las leyes puedan dar satisfacción a los ciudadanos, pero no para representar al Gobierno. La Administración no representa al Gobierno. El Gobierno tiene otra función, que es la de dirigir las políticas interiores y exteriores y ejercer la función ejecutiva, pero no es el Gobierno el que está en las provincias.


El señor PRESIDENTE. Senador Huidobro, vaya terminando, por favor.


El señor HUIDOBRO DIEZ: Sí, señor Presidente. Ya termino.
Las enmiendas números 163 y 166 pretenden que se suprima el requisito de ser funcionario para ser nombrado subsecretario y director general.
Nosotros queremos profesionalizar --es un tema que ustedes han debatido mucho-- la Administración Pública --no la Función Pública-- lo

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que supone que en ella sólo haya funcionarios, aunque sean designados por real decreto, así de sencillo. Es decir, que siempre estén nombrados los funcionarios. Eso es profesionar la Administración Pública, no la Función Pública.
La enmienda número 160 es puramente terminológica. Que en lugar de hablar de órganos de nivel inferior se hable de rango inferior, es algo que ya hemos hecho constar en el debate de Comisión. Creemos que es mucho más apropiado el término «nivel» que «rango».
La enmienda número 161 hace referencia a que los secretarios de estado puedan desconcentrar o delegar competencias en los órganos directivos. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas no otorga esta atribución sólo a los secretarios de estado, sino a todos los órganos.
Por tanto, no hace falta hacerlo constar aquí específicamente.
La enmienda número 167 habla de la posibilidad de crear comisiones interministeriales con los organismos públicos dependientes del Ministerio. Quien tiene la dependencia de un organismo público a sus órdenes no necesita crear una comisión interministerial. Se dirigirá y se relacionará directamente con el organismo público porque éste depende del Ministerio.
La enmienda número 172 hace referencia a que el Delegado del Gobierno pueda suspender provisionalmente cualquier actuación de interés general, aunque no sea de servicios integrados en la Delegación del Gobierno.
Nosotros pensamos que eso no es necesario; que posiblemente lo fuera hace un siglo porque las comunicaciones no eran constantes, pero hoy cualquier servicio no integrado se puede poner en contacto con la dirección general o el ministerio de que dependa y darle la solución o la respuesta en el momento, con pocos minutos, a través de un fax o de un correo electrónico. No hay problema para que se pueda suspender.
La enmienda número 174 hace referencia a las competencias de los delegados en cuanto a la utilización racional de los edificios. Creo que está incluido dentro de las competencias generales.
La enmienda número 176 hace referencia a que el Delegado del Gobierno pueda solicitar comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a lo que ya he hecho referencia con anterioridad. Creemos que debe de ser el Ministerio el que comparezca.
El voto particular número siete pretende que los artículos números 2, 12.1, 12.2, a) y 17.1 vuelvan a su redacción inicial. Se han retirado las relativas a los artículos números 31.1, 32 y 36 porque al pretender volver a la redacción inicial se había introducido en uno de los artículos como reforma una coma; otra de las modificaciones suponía que se había suprimido la palabra «asimismo». Querían volver al texto original sólo por haber puesto una coma, la palabra «asimismo» o sustituir Corporaciones locales por Entidades Locales. Esas son las que han retirado, pero mantener una enmienda en base a lo que acabo de explicar creo que no es muy coherente.
De todas formas, en la enmienda número 224 al artículo 11.2 viene perfectamente estudiado. ¿Por qué se hace referencia a que los secretarios generales tienen la categoría de subsecretarios? Para precisarlo en ese artículo, porque había quedado pendiente y no se decía en ningún lugar.
¿Por qué en el artículo 12.2, a) --enmienda número 225-- se ha añadido «ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Legislación reguladora del Gobierno». Antes decía «legislación específica». Lo único que hemos hecho es decir que la legislación específica es la ley del Gobierno. Nada más. Es lo único que hemos modificado. Eso es lo que ustedes intentan suprimir, es decir, que en lugar de ley del Gobierno pongamos su ley específica.


El señor PRESIDENTE: Senador Huidobro, termine por favor.


El señor HUIDOBRO DIEZ: La enmienda número 228, al artículo 17.1 --con esto termino, señor Presidente--, lo único que dice es que se suprima asistencia jurídica y publicaciones de las competencias de los secretarios generales técnicos. Yo creo que es algo que les corresponde, que lo tienen reconocido en los artículos y que no tiene razón de ser.
Gracias, señor Presidente por su amabilidad, pero comprenda que no resulta fácil contestar en poco tiempo a las numerosísimas enmiendas que han presentado los grupos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Huidobro Díez.
Pasamos al turno de portavoces, por tiempo de cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Intervengo por una cuestión de orden porque he visto que ha habido una confusión reiterada en el número de las enmiendas, como ocurrió en la Ponencia y en Comisión. La disposición adicional cuarta se convirtió en los artículos 29 y 29 bis. Por parte de Coalición Canaria, están vivas las enmiendas 133, 137, 142, 143 y 144, que lo son al artículo 29 bis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que al portavoz del Grupo Parlamentario Popular no le ha dado tiempo de rebatir las enmiendas que ha presentado mi Grupo. Espero que en otro turno de defensa de las enmiendas tengan a bien rebatir las nuestras.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.


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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar y con toda cordialidad, quiero decir al Senador Huidobro que legítimamente puede rechazar las enmiendas, pero no despreciar las mejores técnicas que se propongan a la ley. Yo creo que estamos legislando y lo estamos haciendo para unas leyes muy específicas, para profesionales. Incluso él es consciente, como yo lo soy, de que han quedado bastantes incorrecciones desde el punto de vista administrativo en la ley. No las desprecie. Nosotros hemos hecho las que hemos entendido que eran convenientes para mejorar el texto de la ley. Desde luego, no hemos presentado ninguna que suponga una coma, pero hemos aceptado todas las comas que ellos han querido poner, porque nos parecía que debían estar puestas y las hemos aceptado.
Pero permítame que haga algunas reflexiones en relación con algunas de las afirmaciones que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, en lo relativo a la organización tanto de órganos superiores como directivos. En cuanto a la discusión doctrinal que hay en torno a la figura del Secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Popular, al igual que antes hizo el Gobierno socialista, ha querido concentrar solamente en la figura del Consejo de Ministros lo que se entiende por Gobierno. Todos sabemos que la Constitución es mucho más comprensiva y posibilita que además de los miembros del Consejo de Ministros otros órganos puedan ser considerados miembros del Gobierno.
Pero dicho eso, y ésa es la opción que ya conocemos en el texto publicado de la ley del Gobierno, no se puede afirmar que el Secretario de Estado no es Gobierno, pero sí es un poco Gobierno, o es algo distinto. No, el Secretario de Estado es un órgano superior, como dice la ley, pero no forma parte del Gobierno ni tiene competencias de Gobierno. Yo he hecho una referencia en el sentido de que la Lofage atribuye al Secretario de Estado la función de dirigir y coordinar la Administración General del Estado en el ámbito de su Ministerio. Y decía que ésa es la misma función que la Constitución da al Delegado de Gobierno, pero no sobre un Ministerio sino sobre un territorio y en relación a todos los Ministerios. Por eso le decía que el rango que debe tener el Delegado de Gobierno es el de órgano superior y no órgano directivo, porque es el que representa, dirige y coordina toda la actuación de la Administración General del Estado, y se llama Delegado de Gobierno porque también el Gobierno está en la Administración, el Gobierno es el órgano superior de la Administración que estamos regulando con esta ley.
Ha hecho algunas afirmaciones y o yo me he explicado mal o no las reconozco como mías, me estoy refiriendo al hecho de que hayamos afirmado que las direcciones generales tengan servicios jurídicos. No, el modelo organizativo que mantenemos es un modelo de servicios comunes, ubicados en la Subsecretaría. ¿Por qué decimos que puede haber una estructura que no contempla la Subsecretaría? Señor Huidobro lo hemos hecho pensando y teniendo delante la ley de Gobierno, donde entendemos que se da la posibilidad de regular y crear Ministerios que no tienen por qué atenerse de una forma tan puntual al esquema que estamos organizando aquí para todos los Ministerios en su conjunto.
En cuanto a los órganos directivos, por las razones que antes hemos expuesto y que ratificamos, entendemos que son muchos, que es obsoleto el esquema que traduce esta ley, que repite y recoge todas las figuras contenidas en el año 1957. Pero la Ley de 1957 no tenía una definición ni de competencias ni de funciones en relación a estos órganos comunes.
Ahora sí las tienen. La Secretaría de Estado las tiene y, por tanto, pensamos que es superflua la existencia de esa figura del Secretario General y también del Secretario General Técnico.
Dicen que tienen que hacer la administración poco a poco. Yo creo que la están haciendo con mucha confusión, porque el ardor con el que aquí defiende a la figura del Secretario General Técnico no se corresponde con la regulación que de las secretarías generales técnicas se ha hecho en todos los reales decretos del pasado mes de agosto que organizan todos los Ministerios del nuevo Gobierno.
Se dan competencias absolutamente distintas y dispares a cada una de las Secretarías Generales Técnicas, con lo cual lo que se pone de manifiesto es que ustedes no tienen un modelo definitivo, ni definido tan siquiera, de qué funciones deben desempeñarse por estas Secretarías Generales Técnicas. Lo que yo creo es que cogieron la ley del Gobierno anterior y han intentado trasladar a ella --muy legítimamente, por cierto-- compromisos electorales que ustedes tenían, como era que fueran funcionarios todos los órganos directivos, incluido el Subsecretario.
Como estaban cogidos por ese compromiso, han tenido que introducir un órgano político, no funcionarial, y por eso introducen la figura del Secretario General, pero entendemos que no es acorde y que casa mal con el contenido de este proyecto de ley y con las funciones que están previstas para cada uno de los órganos que regula.
En cuanto a los Delegados del Gobierno, no vamos a hacer «casus belli» de su ubicación funcional orgánica. Hemos hecho una precisión con una enmienda que nos parecía que ubicaba técnicamente mejor esa dependencia, porque el artículo 22, en su apartado 1, hace depender funcionalmente al Delegado del Gobierno, no a la Delegación --tiene razón, la Delegación se adscribe orgánicamente al Ministerio de la Presidencia en otro artículo distinto--, no sólo del Ministerio para las Administraciones Públicas, sino también del de Interior y de todos los demás ministerios, porque es a esos ministerios a los que representa en su territorio y en la dirección y coordinación que hace de las materias que regula.
Ha hecho un símil muy original en torno a la duplicidad de representación del Estado a nivel de Comunidades Autónomas, diciendo que había una doble representación, una por parte del Delegado del Gobierno y otra por parte del Delegado Provincial o Subdelegado. Pues, puestos a imaginar, imaginémonos que son tres, porque cuando el señor Presidente del Gobierno está en una Comunidad Autónoma,

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¿quién representa al Gobierno, el Delegado o el Presidente del Gobierno? Yo creo que eso es hacer malabarismos e intentar justificar un esquema que realmente no tiene mucha justificación.
Delegar lo que se tiene delegado es una mala técnica, desde el punto de vista administrativo, desde siempre. Entendemos que el Subdelegado del Gobierno, o Delegado Provincial, como nosotros le llamamos, tiene una función política que es también la de representar en la provincia a ese Gobierno y que, por tanto, esa delegación no le viene del Delegado del Gobierno, sino que tiene una representación propia en función de la competencia que se le asigna, que es la de dirigir no sólo la Administración General del Estado, sino también a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y, como decía antes, mediar en conflictos importantes. Yo creo que no es baladí el ámbito de competencias que le quedan; lo que no nos parece a nosotros aceptable es que se le prive, precisamente, de esa representación política que debía tener y que es el último eslabón para articular territorialmente los principios constitucionales de descentralización y desconcentración del poder político.
En cuanto al tema de la funcionalización, que es como ustedes entienden el principio de profesionalización en la Administración, yo creo que de la exposición que he hecho en la defensa de las enmiendas ha quedado manifiesta la oposición frontal que en nuestro Grupo Parlamentario tenemos ante esa traducción de esos principios. Y ahora aporta usted más confusión en su intervención, porque al final ha terminado diciendo que en los órganos directivos, tanto el Subsecretario como el Secretario General Técnico son funcionarios pero no son funcionarios porque siguen en excedencia en sus respectivos cuerpos. ¿Son funcionarios o no son funcionarios? ¿Qué es lo que son? Precisamente, ésa es la apuesta que el Grupo Parlamentario Socialista quería llevar a su ánimo: es preciso separar los altos cargos de los funcionarios y aplicar a los funcionarios el Estatuto de la Función Pública y a los altos cargos su propio Estatuto. ¿Quiere eso decir que los órganos directivos y las funciones políticas estén vedados a los funcionarios? No, el funcionario que quiera meterse en política que se meta en política y que sea político, pero que los políticos no sean funcionarios. Y yo creo que, en vez de clarificar esta materia --y ésta era una ocasión magnífica para ello--, se ha aportado más confusión a esta disquisición.
Voy a hacer una última referencia a algo que me parece residual, pero no falto de importancia: la enmienda referida a la atribución que dábamos al Delegado del Gobierno para poder suspender cualquier tipo de acto administrativo dando cuenta el Gobierno de la nación.
Efectivamente, señorías, los medios de comunicación hacen que estén muy próximas las distancias; también los de telecomunicación, para enviar instrucciones y órdenes. Pero bajo el ámbito de responsabilidades y competencias del Delegado del Gobierno puede haber momentos y hechos en los que ésta tenga que intervenir. Y para prevenir y dejar a salvo lesiones al interés general, sería conveniente que esta competencia la tuviera el Delegado del Gobierno, dando así traducción práctica al principio de eficacia, que, como sus señorías saben, también es uno de los que constitucionalmente amparan y deben regir en toda la regulación de la Administración Pública.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Huidobro.


El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en mi intervención anterior, posiblemente por el gran número de enmiendas que había, he dejado de contestar a las presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convegència i Unió.
Al Título I, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tenía presentada la enmienda número 121, al artículo 3, apartado 1, que pretende añadir como principio de organización la «Delegación o Transferencia» --de las competencias-- «a las Comunidades Autónomas, al menos, sus funciones ejecutivas en aquellas materias que por su naturaleza puedan serlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Constitución Española».
Pensamos que éste no es un principio que debiera de constar en una ley que regule la Administración, sino que es un principio que está recogido clarísimamente en la Constitución Española. El proceso de transferencia de competencias se va a hacer conste o no conste aquí. No es que se vaya a hacer, se está haciendo. Uno de los grandes problemas, una de las grandes bazas en las que se ha apoyado la reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, ha sido el artículo 150.2 de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que no debemos tener temor alguno de que este artículo se vea mermado porque no conste en esta ley. Es más, creo que incluirlo en la misma vendría a disminuir la importancia de dicho artículo. Está mucho mejor en la Constitución, sin recogerlo aquí --además, no añadiría nada--, porque puede servir para dar respuesta incluso a lo que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos pretende. Además, no añadiría nada. Esta es la opinión del Grupo Parlamentario Popular.
Este Grupo tiene presentada también otra enmienda, la número 122 al artículo 34, que pretende añadir un nuevo apartado «8», en el que se diga que «la Administración General del Estado facilitará... la presencia de las Comunidades Autónomas» --en la organización exterior de la Administración General-- «para el adecuado ejercicio de sus competencias». Hay un artículo dentro del texto del proyecto de ley que dice que impone la obligación de colaborar con las oficinas de las Comunidades Autónomas a la Administración del Estado en el exterior. Y, asimismo, está prevista en el número 7 del artículo 35. La reciente regulación de una ley de la Conferencia General para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas también da respuesta en parte a esta petición.
Sé que esto no cubre todas las aspiraciones de todas las Comunidades Autónomas en esta materia, pero tampoco

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cierra el camino para que en el futuro se pueda seguir ahondando en el mismo. Pensamos que en este momento, con el artículo 35 y con la Ley de la Conferencia Sectorial, es suficiente --de momento, como digo-- para satisfacer estas necesidades.
Esa misma petición figura en la enmienda número 214, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al que damos igual respuesta. Y tiene dicho grupo una enmienda más, la número 212, al artículo 27, apartado 2, que hace alusión a la posibilidad de realizar convenios referidos a programas de financiación estatal, y pretende que se añada «en materias de competencias del Estado». Pensamos que eso serviría únicamente para que en algunas ocasiones el Gobierno de la nación no pudiera colaborar con alguna entidad local en programas que no afectaran a su competencia. Pero lo que sí es cierto es que esto de ninguna manera supone un conflicto de competencias con aquellas que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas en relación con los entes locales. Es decir, que entendiendo cuál es el espíritu de la enmienda, coincidiendo con que estos convenios nunca deben interferir en aquellas competencias que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas sobre los entes locales, pensamos que no debe estar incluido dentro de este proyecto de ley. Con esto, más que dar respuesta por primera vez, expreso cuáles son las razones para oponernos a sus enmiendas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una intervención sustanciosa aunque breve, y, en primer lugar, quiero decirle a la Senadora Martínez que de ninguna manera ha sido mi intención menospreciar las aportaciones que el citado Grupo ha hecho a este proyecto de ley a lo largo de la Ponencia y de la Comisión.
Si así fuera le pido perdón, pero en modo alguno ha sido mi intención, y tampoco la del Grupo Parlamentario Popular, molestar a los ponentes, que realizan un esfuerzo extraordinario para que la ley se mejore --lo que, desde nuestro punto de vista, se ha conseguido.
Ustedes dicen que el proyecto es obsoleto y yo digo: el proyecto responde a lo que hoy exige una Administración en un Estado de las Autonomías. Hay que llegar hasta el fondo del Estado de las Autonomías porque se nos está pidiendo desde todos los extremos, porque los ciudadanos están pidiendo que nos definamos. Y nos definimos por una razón muy sencilla: si hay un Estado autonómico y hay una distribución territorial del poder político --que no tiene que ver con la desconcentración y con la descentralización, la distribución territorial del poder político es otra cosa--, debemos responder a ello para hacer la distribución entre órganos centrales y territoriales de la Administración General del Estado, y a eso responde mejor el proyecto que la pretensión que tienen ustedes.
Olvídense de la representación del Gobierno en las provincias, hablen de la representación de la Administración General del Estado, de cómo está presente la Administración General del Estado en las provincias. Ustedes dicen que a través de la provincia, directamente relacionada con el Ministerio, tenga una representación la Administración y que a través de las Comunidades Autónomas, mediante la delegación del Gobierno, tenga otra representación. Nosotros les decimos que esa representación sea en cascada: que sea la Comunidad Autónoma la que tenga la representación de la Administración y que se incorporen las provincias como unidades de esa delegación territorial, que ustedes llaman regional, con lo que queda mucho más claro.
Nuestro modelo responde mucho mejor al espíritu constitucional y, repito, es mucho más claro que el que ustedes utilizan. Y vuelvo a decir: siguen confundiendo Gobierno y Administración.
Su señoría ha hecho referencia a los altos cargos, a lo que antes no he contestado. En el artículo 6, número 5, se hace una enumeración de lo que son altos cargos. Ustedes dicen: como estos altos cargos tienen que ser funcionarios, no mezclen ustedes, hagan un estatuto especial para ellos.
Y yo les digo: ¿qué se va a poner en este estatuto: cómo se nombran, cuáles son sus competencias, cuál es su responsabilidad? Pues a lo largo del Proyecto de ley se dice cómo se hace su nombramiento, por qué tipo de normas se les nombra, qué características tienen que reunir, cuáles son sus competencias y de quién dependen. Luego aquí tienen un estatuto de los órganos directivos. El resto de sus derechos y deberes los tienen como funcionarios. Usted dice: No los pueden tener como funcionarios y como altos cargos. Y yo digo: sí señora, precisamente la figura de los servicios especiales es la que reserva su condición de funcionarios a los que están ocupando un puesto de esta naturaleza --o a cualquier otro que señale la ley, y luego haremos referencia a ello--, es decir, hace referencia a la posibilidad de que un funcionario esté ocupando un puesto distinto y, sin embargo, siga en la situación de funcionario.
Creo que con esto he dado respuesta, en términos generales, a esta cuestión, pero como nos quedan tres bloques todavía, podremos hablar algo más de estas materias. Este tema es reincidente y se va a repetir a lo largo de todos los bloques que vamos a discutir, por lo que podremos aclarar los extremos a que nos hemos referido durante este tiempo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Huidobro.
Pasamos al debate de las enmiendas que corresponden a los Títulos III y IV, artículos 40 a 66.
En primer término, voto particular número 4 de la Senadora De Boneta y Piedra, que corresponde a la enmienda número 26.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero decir que se trata de una mejora técnica y que lo único que pretende esta enmienda es que en el epígrafe referido a los organismos públicos se detalle que son los organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado. Esta enmienda no introduce ningún tipo de terminología nueva, puesto que en la Exposición de motivos de la propia ley se alude a organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, y evitaría confusiones con otros organismos públicos dependientes de otras Administraciones. Es una pura enmienda técnica.
Nada más, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta y piedra.
Voto particular número 3, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que corresponde a las enmiendas números 94 a 105. La enmienda número 105 propone la creación de un Título V nuevo.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a la enmienda número 215. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Es una enmienda que hace referencia a organismos autónomos y entidades públicas empresariales, en la cual decimos: «La designación, de acuerdo con lo que establezcan al respecto los Estatutos de Autonomía y las Leyes del Estado, de representantes de las Comunidades Autónomas en los Organos de Administración de las Entidades Públicas Empresariales que ejerzan su actividad principal en el territorio de aquéllas.» Todo ello --repito-- en concordancia con los distintos Estatutos y también en cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 5 de julio de 1995. Y una razón más todavía: que el pasado día 11 de febrero --hace muy pocos días, por tanto-- en el Propio Congreso de los Diputados y en sesión plenaria se debatió la toma en consideración de una proposición de Ley del Parlamento canario exactamente en el mismo sentido que tiene nuestra enmienda y que fue aprobada por unanimidad, incluido, por tanto, el voto del Grupo Parlamentario Popular. Es difícil, pues, entender un cambio de actitud de un mismo Grupo Parlamentario sobre un mismo tema, que no creo que tenga nada que ver con que se dabata en una Cámara u otra, por lo que también resultará difícil de justificar.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas 192 a 199, ambas inclusive, para cuya defensa tiene la palabra la Senadora Martínez, por tiempo de ocho minutos.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
A los Títulos III y IV de la Lofage mantenemos ocho enmiendas y ninguna al Título V.
En relación a los organismos públicos, que son los regulados en el Título III, mantenemos las enmiendas 192, 193 y 194.
A través de la enmienda 192 proponemos que, junto a la potestad expropiatoria, se exceptúe también la potestad disciplinaria de aquellas facultades que deben o pueden ejercer los organismos públicos en los términos que prevean sus Estatutos. Entendemos que, de acuerdo con los principios constitucionales que exigen reserva de Ley para regular lo que supone la potestad sancionadora, no es posible que el ejercicio o no de dicha potestad sancionadora quede al arbitrio de lo que determinen los Estatutos de los organismos públicos, ya que, como sus señorías saben, dichos Estatutos de deben aprobar por Real Decreto, de acuerdo con las propias prescripciones de la Lofage.
La número 193, cuya posible transacción anunció el señor Huidobro, es una de esas enmiendas técnicas a las que antes hacía referencia. Y tenga la seguridad, señor Senador, de que no me he dado, ni muchísimo menos, por ofendida. Simplemente, he querido puntualizar que hemos apoyado con entusiasmo todas aquellas correcciones técnicas que desde su Grupo se han hecho, que han sido bastantes. Así, ésta es una de las que proponía nuestro Grupo y que dijo su señoría que tal vez en el Pleno se pudiera aceptar. Se trata, sencillamente, de concluir el término de una comparación que aparece en el artículo y que no tiene fin, aunque bien es cierto, como decía el señor Huidobro en Comisión, que no estamos regulando ni pesca, ni caza y que el término de la comparación es la Administración General del Estado. No obstante, entendemos que es conveniente que conste así.
A través de la enmienda 194 introducimos una adición al artículo 46.3, donde queremos que se haga constar que en todo caso se asegurará la homogeneidad imprescindible del régimen del personal al servicio de la Administración General del Estado y se respetarán los principios de mérito y capacidad. Creo recordar que en el debate en Comisión decía el Senador Huidobro, quien intervenía como portavoz de su Grupo, que esta enmienda era innecesaria puesto que a todo el personal funcionario se le aplica la normativa que con carácter general está contenida en el Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, llamo la atención de sus señorías en el sentido de que precisamente introducimos esta enmienda al final de este párrafo tercero porque éste lo que regula es una norma excepcional, a través de la cual se podrán establecer requisitos distintos tanto de acceso como de movilidad.
Pensamos que aun admitiendo esa excepción, que es buena y que debe hacer que el organismo público tenga más flexibilidad a la hora de organizar su propia estructura de personal, en todo caso debía garantizarse una normativa mínima que afecta a la función pública, y sobre todo el respeto a que se tengan en cuenta los principios de mérito y capacidad para su ingreso.
Después de la última intervención del señor Huidobro pongo más énfasis en mantener esta enmienda, puesto que si todos los altos cargos, y el personal directivo deben regirse por las normas de la función pública, habrá que regular mejor las normas de la función pública, para que no haya excepciones y que, como mínimo, se respeten los derechos constitucionales de mérito y capacidad.


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Las enmiendas números 196, 197, 198 y 199 se han presentado al Título IV, denominado De las competencias y procedimientos en materia de organización. Todas estas enmiendas tienen por objeto la creación de nuevos artículos, concretamente los números 67, 68, 69 y 70, que vengan a recoger el contenido íntegro de determinadas disposiciones adicionales, puesto que entendemos que es el articulado el sitio idóneo donde deben estar contenidas las prescripciones de esas disposiciones. Concretamente no referimos a la disposición adicional decimotercera (antes decimoquinta), sobre la delegación y avocación de competencias y delegación de firma; a la disposición adicional decimoquinta (antes decimoséptima), sobre el fin de la vía administrativa, con la salvedad que añadimos en la enmienda de que se haga una llamada a que por ley pueda preverse un recurso ordinario ante un órgano superior del Ministerio al que estén adscritos los organismos públicos; a la disposición adicional decimosexta (antes decimoctava), relativa a la revisión de oficio, y a la decimoséptima (antes decimonovena), relativa al recurso extraordinario de revisión.
Entendemos que el contenido de tales disposiciones, como decía en algunas enmiendas que he defendido en relación al Título II, se adecua mejor a la propia metodología de elaboración de los proyectos de ley, que creo que es algo que en el trámite legislativo debemos hacer un esfuerzo por respetar. El contenido de estas disposiciones no encaja con ninguna de las características que definen las disposiciones adicionales en esta directiva, no se ajusta a un régimen jurídico especial que no pueda situarse en el texto del articulado, tampoco contiene mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas, y tampoco entendemos que sean preceptos residuales que no quepan en otro lugar de la Ley.
¿Por qué digo esto? Porque creo, señorías, que precisamente en este Capítulo, en el que se habla de competencias de los órganos, es donde realmente debe contenerse la atribución de competencias que a determinados órganos superiores y directivos debe hacer la ley para agotar la vía administrativa, para tomar determinadas resoluciones en relación a determinados recursos, y también para la delegación y avocación. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Entendemos que ésta no es materia propia de ser regulada, y de hecho no se ha regulado ni se contempla en las disposiciones adicionales de la Ley 30/92, que establece el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento común, y lo que hace es regular el procedimiento, pero no atribuye --creo que no podía hacerlo, ya que es esta ley la que lo debe hacer-- a los órganos la competencia para resolver y tomar determinadas actuaciones administrativas.
Señor Presidente, voy a defender también, en relación al voto particular número 7, la enmienda que mantenemos al artículo 62, que forma parte de este Capítulo IV, pidiendo que se recupere el texto de dicho artículo de acuerdo con el texto del Congreso. El artículo 62 procedente del texto del Congreso ha sido modificado en el trámite parlamentario por la enmienda número 245, del Grupo Parlamentario Popular, a través de la cual se han adicionado tres nuevos apartados, en cuyos números dos y tres entendemos que está contenida una vulneración al principio de jerarquía normativa y a los principios de derogación entre normas contenidas, tanto en la Constitución como en el propio Código Civil. Dichos apartados prevén que unas normas con rango de ley puedan ser derogadas mediante reales decretos. El texto original del Congreso respeta de una forma escrupulosa dichos principios, y ésta es la razón por la cual pedimos que se recupere el texto de ese artículo.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Huidobro.


El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, los Títulos que en este momento estamos tratando se refieren a los organismos públicos, con todo lo que a ello se refiere, y en el Capítulo IV a las normas de procedimiento sobre organización.
La Senadora Boneta ha presentado la enmienda número 26 para que se añadiera al epígrafe del Título III «organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado»: Pensamos que los organismos públicos que se regulan en esta ley no pueden ser otros, por lo tanto, consideramos innecesario añadir este artículo.
Los Senadores Nieto y Román presentan las enmiendas números 94 y 95 al Título III para cambiar el epígrafe, pretenden que se llame «agencias estatales y empresas públicas estatales». Hacer una regulación completa de qué deben ser las agencias estatales y las empresas públicas estatales, cómo se deben crear, cómo se deben organizar, cuál es el personal que deben tener, supone una concepción completamente distinta de los organismos públicos que tiene el proyecto de ley. Debatir en este momento uno u otro sistema supongo que nos llevaría toda la tarde, cosa a la que no estamos dispuestos. Lo cierto es que la concepción es tan frontalmente contraria a la que mantiene el texto, que nos oponemos a ella. Son las razones fundamentales por las que estamos en contra.
Hay algunas enmiendas especiales de los Senadores Nieto y Román que hacen referencia a la participación de los ciudadanos en estas empresas en cuanto recogen algún tipo de política de gestión o decisión sobre políticas públicas. Pienso que con la creación de un Título V sobre la participación ciudadana en el diseño y control de las políticas públicas a que he hecho referencia al oponerme a las enmiendas al Título I, quedarían contestadas todas las enmiendas que los Senadores Nieto y Román mantienen sobre este Título.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene la enmienda número 215 --espero no confundirme en esta ocasión--, al artículo 61, para añadir que los Estatutos de los organismos públicos regularán también la participación en las Comunidades Autónomas

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cuando así lo prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía y en los organismos administrativos de gestión de las entidades integradas del sector público estatal que tengan su ámbito de aplicación dentro del territorio de la Comunidad. Es una enmienda que coincidía con otra presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la número 123, a la que nos opusimos en Comisión, y seguimos oponiéndonos, por entender que no es una materia que deba regularse en esta ley. Tenemos conocimiento de cuál es la postura que se mantenía, tenemos conocimiento de esa resolución que se aprobó en el Congreso de los Diputados precisamente a propuesta del Grupo de Coalición Canaria de esta Cámara y que viene recogido en algunos Estatutos. No entramos a debatir cuál puede ser la participación que las Comunidades Autónomas deban tener en los órganos de Administración de estos entes públicos empresariales, pero lo que sí decimos es --y por eso rechazamos la enmienda-- que la ley de la Administración General del Estado no es el lugar adecuado para incluir esta enmienda.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta a los Títulos III y IV la enmienda número 192, al artículo 41, que intenta excluir la potestad sancionadora, así como la expropiatoria de los organismos públicos.
Nosotros pensamos que dentro de la capacidad que tienen los organismos públicos para llevar a cabo su actividad, y con una naturaleza jurídica distinta de la expropiatoria, está la sancionadora, y digo con una naturaleza jurídica distinta de la expropiatoria porque, si bien es cierto que la potestad sancionadora exige unos requisitos especiales, cuales son que estén tipificados los hechos como faltas y que esté tipificado qué sanciones corresponden a estos hechos calificados como falta, para que pueda aplicarse la potestad sancionadora, los hechos no tienen que estar definidos en la ley de creación, sino que están definidos en las normas generales. Si un organismo público sancionara algún hecho que no estuviera tipificado como falta en alguna ley o no tuviera prevista en esa falta la sanción correspondiente, no podría hacerlo. La garantía de los ciudadanos con la tipificación del hecho y con la sanción impuesta, está suficientemente garantizada y por eso pensamos que no debe excluirse la potestad sancionadora de los organismos públicos como una de las potestades que tiene para poder cumplir con los fines que se les encomiende precisamente a través de una ley, porque los fines generales de un organismo público sí deben decidirse por ley.
La enmienda 193, al artículo 41, se pretende añadir que los organismos públicos tienen personalidad jurídica diferenciada de la Administración General del Estado. Lo cierto es que en una primera lectura a mí me pareció lógico que se dijera que la personalidad jurídica fuera diferenciada de la Administración General del Estado, pero tengo que volver a decir lo mismo que le dije a la Senadora De Boneta, si hablamos de la Administración General del Estado tendremos que hacerlo también de la Administración de las Comunidades Autónomas y de la de las entidades locales, ¿o sólo tiene personalidad jurídica diferenciada la Administración General del Estado? ¿Los demás entes o personas jurídicas no la tienen? Tiene personalidad diferenciada de todos, es decir, tiene su propia personalidad jurídica. Por eso, creo ahora, aunque en el calor del debate dije otra cosa, que está bien como está en el texto.
En la enmienda 194, al artículo 46, se pretende asegurar la homogeneidad del régimen del personal de los organismos públicos. Al final del artículo 46 hay un párrafo que pudiera hacer necesario que se introdujera este requisito. Sin embargo, yo les digo que en el número uno de ese artículo se dice que el personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral en los mismos términos que los establecidos por la Administración General del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas que se apliquen a los trabajadores de la Administración General del Estado, sean funcionarios o sean laborales, se les aplicará a los de los organismos públicos. Más amplio y más claro no se puede decir.
En el número cuatro de ese artículo se dice que el organismo autónomo está obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos establecidas por el Ministerio de Administraciones Públicas y a comunicarles cuantos acuerdo o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico del personal establecido en su Ley de creación.
Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos para los que se exige ley es para establecer el régimen del personal de los organismos. No sucede así en la enmienda, que luego veremos, referida a la creación del Estatuto. En la ley que establezca el régimen del personal, que tendrá que ajustarse lógicamente al que se aplica a los funcionarios y laborales de la Administración General del Estado, deberá sujetarse el organismo a las instrucciones que sobre recursos humanos haga el Ministerio. ¿Por qué? Porque es un precepto básico de la Ley 30 de 1984 sobre la Función Pública. No sería necesario recogerla. Está aquí. Y no sería necesario porque le es de aplicación en todos los casos por esa norma básica contenido en la Ley 30 de 1984 de la Función Pública.
La enmienda 195, al Título IV, pretende que además de lo que regula dicho Título, competencias y procedimientos en materia de organización, se añada: «... y del procedimiento administrativo común». Esto guarda relación con las enmiendas 197, 198, 199 y 196. Ustedes pretenden que artículos que hacen referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que en el proyecto de ley se contiene como disposiciones adicionales, pasen a formar parte de este Título como articulado. Eso responde a la diferente concepción que tenemos. Nosotros pensamos que estas normas, que no tienen el contenido propio de la Administración General del Estado, sino de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley General de las Administraciones Públicas, no deben formar parte del texto del cuerpo de esta ley. Se incluyen en las disposiciones adicionales porque, siendo normas de contenido material, hacen referencia a contenidos regulados en una ley distinta. De ahí, nuestra distinta concepción. Nosotros pensamos que el contenido de las disposiciones adicionales está bien, que debe mantenerse en las adicionales y ustedes piensan que debe pasarse al articulado. Y como piensan que debe pasarse al articulado consideran que tendrían que buscarle un título

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y el título que buscan es «... y del procedimiento administrativo común».
Nos oponemos, por tanto, a la enmienda 195 y también a las enmiendas 197, 198, 199 y 196 por las razones que le acabo de exponer. Espero no haberme olvidado de contestar a ningún Grupo Parlamentario y con esto doy por terminada mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente. Intervendré muy brevemente.
Realmente, continúo sin entender demasiado la posición del Grupo Popular ya que es difícil de aceptar.
Repito que el día 11 del corriente hubo una votación favorable en este sentido, pero hoy, en este trámite, la cosa está totalmente al revés. Se me acude que quizás la única argumentación posible sea que el trámite actual --estamos hablando de la Lofage--no sea el más idóneo. He entendido que éste era el sentido de la explicación dada por el Senador Huidobro. Por tanto, retengo esta posibilidad por si es necesaria u oportuna una nueva iniciativa.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Al Senador Carrera y a mí se nos «acude» lo que nos ocurre. (Risas.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora Martínez García.


La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer alguna breve precisión en relación con las posiciones mantenidas por el Grupo Parlamentario Popular.
Yo creo que la exposición que ha hecho el señor Huidobro viene a dar la razón a la primera de las enmiendas que nosotros proponemos en cuanto a la necesidad de excepcionar la potestad sancionadora de las previstas para que puedan ser ejercidas por los organismos autónomos. Y lo digo por lo siguiente. Dice el Senador Huidobro, y dice bien, que los organismos públicos podrán ejercer --y de hecho la ejercen-- la potestad sancionadora cuando así lo disponga una norma con rango de ley. Eso es correcto y estamos de acuerdo en ello. Lo que no es correcto --por eso hemos introducido esta enmienda-- es decir que no pueden ejercerlo porque así lo digan sus Estatutos, y es que los Estatutos son Reales Decretos pero no son ley. Esa es la distinción.
Repito que estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho el Senador Huidobro, pero quiero llamar la atención sobre que esa exposición lleva a apoyar la enmienda mantenida por el Grupo Socialista.
En cuanto a la otra enmienda que mantenemos relativa a las normas de personal de los organismos públicos, también quiero llamar la atención de su señoría en el sentido de que su contenido no lo garantiza la aplicación de la Ley 30/1984, de la Función Pública. ¿Y por qué? Pues porque precisamente lo que ustedes establecen como excepción en la ley es que, mediante una ley, podrá modificarse con carácter excepcional el régimen del personal de los organismos públicos. Nosotros decimos que eso nos parece bien, pero también queremos que, a pesar de eso, se garantice que se van a cumplir unos requisitos mínimos, que son homogéneos para todo el personal al servicio de la Administración, cuales son los requisitos de ingreso de mérito y capacidad.
Para terminar diré que nada puedo alegar cuando afirma su señoría que tenemos diferente concepto en relación con dónde debe ubicarse el contenido de las distintas disposiciones adicionales. Efectivamente, como tenemos diferente concepto de cómo debe ubicarse el contenido, nada puedo decir para contraargumentarle. Usted constata que hay una diferencia de opinión entre lo que mantiene su Grupo y lo que mantiene el mío.
Pero creo que la enmienda que nosotros presentamos va más allá de una mejora técnica. Lo decimos con sinceridad y acatando, cómo no, la opinión mayoritaria de la Cámara. Y es que, como he dicho antes, consideramos que la ubicación de estas normas en el articulado no se debe sólo a que sea recomendable que se hagan las leyes de acuerdo con las instrucciones que existen, sino que se debe también a que cuando los funcionarios que manejan estas leyes de forma específica, los particulares o los profesionales tengan que estudiar el procedimiento administrativo, es evidente que se van a ir a la Ley 30/1992, pero cuando tengan que saber a qué órgano corresponde resolver todos esos procedimientos administrativos, a lo que tienen que acudir es a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que es la Ley que atribuye competencias y funciones a cada uno de los órganos de la Administración. Yo estoy segura de que no van a ir a buscarlo a las disposiciones adicionales; lo normal es que vayan al articulado ya que es una norma positiva la que debe atribuirles esa competencia.
No obstante, y puesto que son distintas concepciones, podríamos decir que nos quedamos en tablas, aunque la votación, sin duda, la ganará usted.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Huidobro.


El señor HUIDOBRO DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera aclarar un extremo al Senador de Convergència i Unió.
Señoría, no he querido decir que éste no era el momento sino que no era el lugar oportuno. La Lofage no es el lugar en que debe regularse esta participación.
Por lo que se refiere a la intervención de la Senadora socialista, tengo que decirle que creo no haber dicho que

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los organismos públicos tendrán la potestad sancionadora cuando se les atribuya en una ley, sino que sólo podrán sancionar cuando el hecho esté tipificado como falta en una ley y la sanción que se le atribuya esté tipificada como falta en una ley, lo que quiere decir que la relación de hechos que son falta y la sanción que les corresponde nada tiene que ver con la creación del organismo público. En la ley que se confeccione, lo que se atribuye al organismo no es dónde se van a tipificar las faltas, sino en aquellas que regule la actividad sobre la que se le ha atribuido la competencia al organismo, por eso podrá ejercer la potestad sancionadora, porque tiene que actuar sobre una actividad determinada que es una parte de la materia de la que tiene competencia algún ministerio o algún departamento determinado.
Respecto al problema de la aplicación del régimen general de los funcionarios al personal de los organismos autónomos, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero resulta que en el artículo 62, cuando se habla de la modificación y refundición de organismos públicos, se admite en el número 2 la posibilidad de que las modificaciones o refundiciones de organismos autónomos o entidades públicas empresariales se lleven a cabo aunque supongan una modificación de la ley de creación. Ruego que lean lo que yo me acabo de saltar en este momento: «no comprendidas en el apartado anterior». Y en el apartado anterior dice que no se pueden modificar por Real-decreto aquellas materias que hagan referencia al tipo de organismo o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen de personal, al de contratación, al patrimonial y fiscal, lo que quiere decir que nada que se refiera al régimen de personal puede modificarse de ningún organismo público por medio de real-decreto, tiene que hacerse por ley. Por lo tanto, creo que con eso queda suficientemente garantizado lo que ustedes pretendían respecto a los funcionarios. Usted me dice que no y yo pienso que sí; puede no quedar garantizada a su gusto, pero, lógicamente, tendrá que pasar por el debate de una Cámara, y será el régimen de mayorías el que diga cuál es el régimen del personal, del funcionario que, siendo el estatuto de la función pública una ley básica en algunas materias, no podrá salirse de las mismas, especialmente si en el artículo 1, de los funcionarios, del que estamos hablando se dice que se regirán por el mismo régimen todo el personal funcionario o laboral de los organismos públicos. Creo que está suficientemente garantizada y no es necesario añadir nada más para que el régimen del personal en los organismos públicos quede garantizado totalmente.
Respecto a las Adicionales, consideran que ustedes tienen razón en cuanto a su ubicación. Dicen que va a resultar difícil para los funcionarios y para los ciudadanos buscar la existencia de una norma que modifique una ley que ya está en vigor, pero tiempo han tenido durante muchos años para haber puesto en marcha este tipo de refundiciones --aunque luego lo solicitan--, donde los funcionarios o ciudadanos pudieran encontrar todas las normas sobre una materia dentro de un solo texto refundido. Resulta que durante catorce o dieciséis años no se ha podido hacer pero ahora dicen que habría que hacerse. Creo que es más difícil encontrar dentro de la Lofage una norma que se refiera al procedimiento común que buscarlo en una norma adicional; es una opinión personal. De todas las maneras, nuestro Grupo mantiene que la regulación de los aspectos materiales que no se refieren a la Administración, sino al procedimiento, deberían estar fuera del texto, en las Adicionales, y lo que se refiere al texto dentro del mismo. Esta es la razón por la que pensamos que el texto está bien como está y por lo que no aceptamos las enmiendas que ustedes presentan.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas a las Disposiciones Adicionales Primera a Decimoséptima, Disposiciones Transitorias Primera a Tercera, Disposición Derogatoria y Disposiciones Finales Primera y Segunda.
La Senadora De Boneta y Piedra ha dado por defendida todas sus enmiendas.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente para defender las enmiendas números 106 a 119.


El señor ROMAN CLEMENTE: Igualmente, señor Presidente, las doy por defendidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El voto particular número 5 corresponde al Senador don Victoriano Ríos.
Tiene la palabra para la defensa de su enmienda número 146.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Sólo nos resta la enmienda número 146, por lo que a partir de ahora a los directores insulares los vamos a llamar los patitos feos de esta ley, porque no se sabe cuántos van a ser, no se sabe si van a estar en una isla o en varias. Es una gran incógnita. Por lo visto, el Gobierno mantiene este «suspense» respecto a saber cómo va ser reglamentariamente esta situación.
La enmienda número 146 es muy simple. La disposición adicional vigésima, que pasa a ser la tercera, intenta determinar cuál es la situación administrativa de los subdelegados del Gobierno en las provincias. Trata simplemente de que en el punto n) se diga: Cuando sean nombrados subdelegados del Gobierno en las provincias éstos tendrán la posibilidad de acogerse a la situación de servicios especiales de los funcionarios.
Nosotros decimos: los subdelegados del Gobierno en la provincia y los directores insulares. Espero que no sigan siendo permanentemente los patitos feos de la ley, señor Huidobro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, referente a las enmiendas números 124 a 127.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquíbar.


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El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Respecto a la enmienda número 124, deseo decir que me parece que es necesario hacer unas breves precisiones para poder justificar la misma enmienda y una vieja pretensión de nuestro Grupo en relación a los servicios de información.
En primer lugar, en mi Grupo diferenciamos la seguridad de la información exterior de la interior. En segundo lugar, ese doble ámbito de actuación en materia de información implica una dualidad del servicio y, en consecuencia, una diferenciada dependencia.
No negamos, por obvio, que la defensa tenga su propio servicio de información. Ahora bien, lo que negamos es que su actividad incluya la seguridad interior del Estado, que, desde nuestro punto de vista, compete a otras instancias. En consecuencia, mientras esta actividad resida en el Centro Superior de Información de la Defensa, insistiremos, aunque sea sin éxito, sobre su integración en la Administración civil del Estado.
La enmienda número 125 también reincide en una permanente pretensión de mi Grupo. Pretende adecuar la Administración del Estado a la nueva situación que deriva de un modelo de defensa cuya realidad va a ser inminente. Si bien es discutible la intervención de nuestros ayuntamientos en las funciones de reclutamiento en un modelo como el actual, lo que no admite discusión, desde nuestro punto de vista, es su falta de competencia cuando de un modelo de Ejército profesional se trata.
Respecto a la enmienda número 126, íntimamente relacionada con la 122, que ya ha sido defendida con anterioridad, la doy por defendida en sus justos términos, así como la número 127.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 2, de Convergència i Unió, relativo a las enmiendas números 216 y 217. Para su defensa, tiene la palabra su señoría.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
En la primera de ellas se trata de prever que tanto Puertos del Estado como Autoridades Portuarias continúen rigiéndose por su legislación específica, con el objetivo de mantener la exigencia de autonomía de dichas entidades de Derecho Público.
La última enmienda, la número 217, da un plazo máximo de un año al Gobierno para que regule la designación de representantes de las Comunidades Autónomas en las empresas públicas del Estado, organismos económicos, etcétera, y hace referencia a la enmienda número 215, defendida con anterioridad. Quizá no habiendo prosperado la enmienda 215 no habría lugar al mantenimiento de ésta, pero por coherencia con el sentido y el fondo de la enmienda 215, a la que hacía referencia, continuamos manteniendo la número 217.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera i Comes.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene un voto particular, el número 6, que se refiere a las enmiendas números 200 a 210.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, nuestra enmienda número 200, que lo es a la disposición adicional segunda, es de supresión. Pretendemos con ella que la referencia que se hace al Consejo de Estado o se suprima del todo o se lleve a la ley del Gobierno. No parece que éste sea el sitio adecuado en el que ubicar esta disposición.
Las enmiendas van en desorden --lo digo entre paréntesis-- porque al haber cambiado el orden de las disposiciones adicionales, las enmiendas no mantienen el orden correlativo que tenían en un principio.
La enmienda número 201, a la disposición adicional cuarta, es de supresión, y está en coherencia con otras enmiendas presentadas.
En la enmienda número 202, a la disposición adicional cuarta, volvemos al tema de los gobernadores civiles. Lo meten de nuevo un poco de tapadillo, pero se habla de una nueva competencia de los subdelegados del Gobierno.
En las provincias éstos tinen competencia de carácter sanciondor.
Volvemos al debate que ya hemos mantenido antes. Si tienen competencia de carácter sancionador, ¿qué son los subdelegados del Gobierno? Esta mañana nos han contestado que no son nada de nada. Algo serán. Si tienen competencias de carácter sancionador, además de ser los garantes de los derechos y libertades, de ser los jefes de los miembros de la seguridad del Estado en las provincias, dígannos de una vez qué son los subdelegados del Gobierno. Aclárennoslo. ¿Son funcionarios sencillamente o son políticos? Aclárennos esa confusión que continuamente se está introduciendo en el debate sobre que una cosa es el Gobierno y otra la Administración. Sí señor, pero ¿quién es el jefe de la Administración? ¿Dónde está el orden jerárquico? Si está dispuesto en la propia Ley.
Naturalmente, cuando hablamos de los subdelegados como de cualquier otro miembro de los órganos superiores directivos o que no están incluidos en ninguno de estos dos, entran dentro de la organización administrativa: Capítulo II del Título I. Por tanto, aclaren todo públicamente, no porque yo no esté convencido de por dónde van los tiros.
Las enmiendas números 203 a 208 son de supresión. No repito el debate porque tendría que reincidir en los argumentos que ya hemos estado esbozando durante todo el día.
La enmienda número 209, a la disposición transitoria primera, se refiere al estatuto del personal directivo. Sí quiero insistir en este tema, sobre todo tal y como llevamos en este momento el debate de la ley. Si los subsecretarios, directores generales, secretarios generales técnicos, tienen que ser funcionarios y, además, entrar dentro del capítulo de órganos directivos, necesitarán un estatuto de personal directivo, lo mismo que los subdirectores generales, porque en el estatuto de los funcionarios públicos --que creo que

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está en elaboración en el Ministerio correspondiente-- se referirán a los verdaderos fundionarios. Esa es la diferencia. Por eso, pedimos el estatuto del personal directivo, porque con esta ley no lo hay ni lo habrá, aunque tengamos el estatuto de los funcionarios públicos, que supongo que próximamente conoceremos.
Menciono exclusivamente la enmienda número 210, a la disposición transitoria segunda.
En nuestro voto particular número 7 pedimos el retorno al texto del Congreso de los Diputados respecto a la enmienda número 248, del Grupo Parlamentario Popular, incorporada en Ponencia. Es una enmienda de las que tienen miga. En el procedimiento legislativo ha tenido que llegar este proyecto de ley hasta el Senado para que, por medio de una disposición adicional, el actual organismo autónomo, Correos y Telefónica, pase a la condición de entidad pública empresarial. Ha tenido que llegar hasta aquí y, por tanto, debatimos aquí sobre este asunto.
Lo grave no es que el organismo autónomo Correos y Telefónica pase a ser entidad pública empresarial Eso no es lo grave, lo grave es de lo que viene rodeado al incorporarle ahora en una disposición adicional. Ahí está lo grave, porque no se recoge ninguno de los requisitos previstos en esta misma ley para la creación de entes públicos empresariales, haciendo de antemano alguna advertencia sobre lo que son las entidades públicas empresariales, según esta ley. Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el derecho laboral. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que en los estatutos se les asigne expresamente la facultad. La creación de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por ley. Aquí se efectúa por ley, pero fíjese que a continuación esta propia ley dice que el anteproyecto de ley de creación del organismo público que se presente al Gobierno deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan inicial de actuación del organismo a los que se refiere el artículo siguiente, y esto metiéndolo aquí no se cumple. Va directamente en esta ley y en la ley de creación del organismo --porque esto es una ley de creación--, pasar de organismo autónomo a ente público empresarial no es una cosa baladí. Ciertamente, tienen derechos y deberes distintos y tienen una consideración administrativa distinta, aunque encajen después en otras comunes, pero son distintas.
Aquí está lo que se relaciona con lo que ya se ha discutido hace muy pocos minutos respecto a la posibilidad de que una ley sea modificada por un decreto. Señor Huidobro, ninguna ley, diga lo que diga, tenga la importancia que tenga, se puede modificar por un decreto. Si la ley dice que estos bancos tienen que ser azules, tendrá que ser otra ley la que diga que estos bancos tienen que ser verdes, aunque no tenga ninguna importancia, pero tiene que ser por ley, no por decreto, como aquí se dice. Aquí se dice nada menos que se llevarán a cabo, aunque supongan modificación de la ley de creación, por real decreto. ¿Esto con qué se come? Sea de lo que sea, tenga la importancia que tenga. Por tanto, podrían ustedes evitarse pasar a mayores; quítenlo hoy, lo pueden evitar y así no pasaría nada.
También entra en relación con esta modificación de la disposición adicional ahora undécima la transitoria tercera, que también la han cambiado. Han incorporado una enmienda a la disposición adicional tercera de adaptación de los organismos autónomos y las demás entidades de derecho público a las previsiones de esta ley. Y cuando lo modifican, hablan del tiempo de adecuación, y el tiempo de adecuación máximo es de dos años. Sí, ya sé que a los funcionarios de Correos y Telégrafos se les mantienen sus derechos conforme a la Ley de Presupuestos de 1991. Sí, ya lo sé.
Pero qué es lo que pasa cuando se produce la adecuación, teniendo en cuenta que han evitado situar en la disposición transitoria tercera la referencia a los artículos 60, 62 y 63. Lo han evitado sabiendo lo que evitaban. Ponen esta disposición con el fin de dejar el plazo de adecuación en los dos años y que entonces puedan dictarse las correspondientes normas. ¿Qué va a pasar entonces con lo que es hoy organismo autónomo de Correos y Telégrafos? ¿Van a dar un siguiente paso y lo van a privatizar? Seguramente hoy no tienen pensado si lo van a privatizar o no, porque tendrán que ver cuáles son los resultados. Quiero que conste una cosa, y es que este organismo, Correos y Telégrafos, está necesitado de muchas reformas y necesita adquirir la capacidad competitiva con otras empresas que hoy se manifiestan en el sector. Es necesario, pero para eso, aunque pasara a ente público empresarial, no aprovechen esta circunstancia, para casi de tapadillo meterlo aquí, modificar una serie de artículos o de disposiciones y, al final, no sabemos qué es lo que va a pasar con Correos y Telégrafos. Sí que se van a preservar los derechos adquiridos de los actuales funcionarios, pero lo que no sabemos es lo que va a pasar después. No sé si su señoría tendrá la capacidad o si tendrá los datos para podérnoslo aclarar; si así fuera, le quedaríamos muy agradecidos.
Retiramos, señor Presidente, las enmiendas que habíamos presentado, de recuperación del texto anterior, a la disposición adicional tercera y a la disposición adicional decimotercera --me refiero a las que corresponden a las que fueron enmiendas del Partido Popular números 249 y 250-- y mantenemos la enmienda de vuelta al texto del Congreso, que ha sido modificado con la 252, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Para defender el voto particular número 8, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, señor Presidente, lo doy por defendido.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Senador Huidobro. Acumulará,

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seguramente, el turno en contra con la defensa de esta enmienda.


El señor HUIDOBRO DIEZ: Gracias, señor Presidente.
El voto particular del Grupo Parlamentario Popular tiene como motivo --y en este momento haré referencia a otra modificación de tipo parecido-- la existencia en el número 1 de la disposición transitoria tercera de un error en la propuesta que en su momento hicimos. Se dice en el texto actual, que responde a una enmienda del Partido Popular: Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en la misma Ley y de las competencias de control atribuidas en la misma..., y lo que queremos que diga el texto es lo que decía el proyecto inicial: Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Título I de esta ley...
Esa es la pretensión de nuestro voto particular.
Al mismo tiempo, y después de haber presentado ese voto particular, hemos advertido, como ya se puso de manifiesto en el debate de Comisión, que había una disposición adicional, la tercera, en la que se habla de situación administrativa de los subdelegados del Gobierno en las provincias, dentro de la cual se hace referencia no solamente a los subdelegados del Gobierno, sino también a los subsecretarios, secretarios generales técnicos y directores generales.
Nuestro Grupo propondría corregirlo en ambos casos, puesto que, aunque la primera tiene un calado mayor, la segunda tiene la simple voluntad de adecuar el epígrafe al contenido de la disposición adicional. Por eso, propondríamos una transaccional en la que se dijera que en la disposición adicional tercera se propone sustituir el epígrafe «Situación administrativa de los Subdelegados del Gobierno» por «Situaciones administrativas», y en la disposición transitoria tercera, apartado I, se propone sustituir la expresión «disposición contenida en la misma Ley» por «disposiciones contenidas en el Título I de esta ley».
Quiero llamar la atención de los grupos parlamentarios por si creen que esta enmienda transaccional que proponemos en este momento es aceptable, para no tener que someter a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Popular y corregir, al mismo tiempo, esa descoordinación que existe en el epígrafe de la disposición adicional tercera y el contenido de dicha disposición adicional.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, me van a permitir sus señorías que cambie algo el tipo de intervención. Voy a hacer referencia a las disposiciones que han sufrido enmiendas y a cada uno de los grupos que las han presentado, con el fin de facilitar este trabajo. La primera de las disposiciones adicionales se refiere a la organización militar, a la que se ha incorporado la disposición adicional sexta, con lo cual ahora se añade: «y las Delegaciones de Defensa». Existen dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos: la 124, para que el Centro Superior de Información y la Defensa se regule por esta ley, y no por su legislación específica, y la 125, para que el único centro de reclutamiento en cada una de las provincias sean las Delegaciones de Defensa, y no los ayuntamientos. Ya hicimos una referencia a ambas en la Comisión diciendo que creemos que el Cesid tiene entidad suficiente para que se siga rigiendo por la norma de creación y regulación, y no creemos que sea éste el lugar en el que deba establecerse si los centros de reclutamiento son los ayuntamientos o las delegaciones de Defensa, razón por la cual rechazamos ambas enmiendas.
En la disposición transitoria segunda, respecto del régimen jurídico del Consejo de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista cree que estaría mejor en la ley del Gobierno. Yo pienso que no. En la citada ley no se hace referencia al Consejo de Estado, no se regula allí. Es un órgano que puede regularse perfectamente aquí, puede decirse en esta ley que debe regirse por su normativa. De todas maneras, no creo que tenga importancia suficiente como para dedicarle más tiempo. Sí es cierto que ambos grupos creemos que debe mantenerse una regulación específica.
La disposición adicional cuarta, que habla de los subdelegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, ha pasado a ser los artículos 29 y 29 bis. Y hay una enmienda, la número 106, de los Senadores Nieto y Román, que solicita la supresión de las referencias a los subdelegados del Gobierno, planteamiento lógico con la postura que mantienen en cuanto a la supresión de los citados subdelegados a lo largo de todo el articulado.
Hay unas enmiendas del Senador Ríos, las números 142, 143, 144 y 146, que hacen referencia a lo que venimos hablando durante todo el debate de este proyecto de ley. Insisten especialmente en que los directores insulares van a ser los «patitos feos», pero nosotros pensamos que éstos ni siquiera llegan a tener el «rango», como dice el Grupo Parlamentario Socialista, o el nivel de subdelegados, de ahí que su condición de funcionarios sea muy clara y no deba aplicárseles la norma de otorgarles los servicios especiales. Respecto del resto de las enmiendas, ya lo hemos debatido en los Títulos I y II.
Respecto a la disposición adicional quinta, actualmente la cuarta, la enmienda número 107, de los Senadores Nieto y Román y 202, del Grupo Parlamentario Socialista, piden suprimirla por no estar de acuerdo con la figura del subdelegado del Gobierno. Ya hemos debatido suficientemente, a lo largo de la tarde de hoy, esta materia, por lo que no voy a hacer referencia a ella.
A la disposición adicional séptima, que habla de los representantes de las Comunidades Autónomas ante la Unión Europea, que ahora se ha trasladado al articulado, la enmienda número 126, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pretendía añadir que las delegaciones y oficinas de representación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea tendrán, aunque sin carácter diplomático, un estatuto equivalente al de la organización de la Administración General del Estado en el exterior. Yo creo que lo que se pide es que sean diplomáticos sin serlo, porque si tienen su estatuto pero no son Administración General en el exterior, lo que se pretende es algo inconciliable. Nosotros pensamos que el avance que se ha dado en los últimos meses respecto del problema de la participación de las Comunidades Autónomas en la formulación de la voluntad del Estado y la obligación que se impone en esta ley de colaborar con las oficinas de las Comunidades

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Autónomas en Bruselas, es un paso adelante y que por ese camino se debe seguir avanzando, sin que podamos admitir esa enmienda en este momento.
La que sigue siendo disposición adicional duodécima se refiere al régimen jurídico de determinados organismos públicos. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene la enmienda número 216, para que los Organismos Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias no queden sujetos a la normativa de esta ley que estamos debatiendo, sino a su propia legislación. No existe dentro de la regulación ni del régimen aplicable a estas dos entidades ninguna circunstancia o característica especial que haga que deban estar excluidos de la regulación general para otros organismos. Esa es la postura que mantiene en este momento el Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, vamos a rechazar dichas enmiendas.
La disposición adicional decimotercera se refiere al régimen específico del personal de los organismos autónomos de Correos y Telégrafos. Es cierto que a lo largo del debate en el Senado esta disposición adicional ha sufrido una transformación bastante importante, y habría que relacionarla con la disposición transitoria tercera, como ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, que ha hablado de ella suficientemente diciendo que se están vulnerando las normas que se contienen en el texto de la ley que estamos debatiendo.
Lo que se dice en esta disposición adicional undécima, antes decimotercera, que trata de Correos, es que el actual Organismo tendrá la condición de entidad pública empresarial --de momento no se hace más que esa adecuación de nombre que se está pidiendo para todos los organismos públicos, que debe estar concluida dentro de dos años-- y que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley --aquí ya hay una modificación fundamental--. Pero no dice sólo eso, sino que dice que le será de aplicación la legislación contenida en la Ley de Presupuestos de 1990 en lo relativo a sus funciones --con lo cual sigue manteniendo las funciones que tenía--, así como a su régimen patrimonial --con lo cual no ha habido variación--. Asimismo, de acuerdo con las previsiones de la Ley 13/1995, de contratos administrativos, también estará sujeto al régimen de contratación --seguimos sin tener modificación--. Continúa diciendo que los recursos económicos podrán provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del artículo 64 de la presente ley --luego no hay nada especial--. Sigue a continuación: Al personal de la entidad pública empresarial «Correos y Telégrafos» le seguirá siendo de aplicación el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y sus disposiciones de desarrollo --es decir, le serán de aplicación las normas que en este momento le son de aplicación--. Y termina diciendo: En el plazo de seis meses --en vez de dos años-- contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá aprobarse por el Gobierno el Estatuto de la entidad pública empresarial conforme a las previsiones establecidas en la misma y en la presente disposición.
Todo ello quiere decir que los cambios en cuanto al tipo de organismo, al régimen de personal, al régimen de contratación y al régimen de funcionamiento, tienen que hacerse por ley --por ley está regulado y por ley se mantiene--, y los estatutos no podrán tocar ninguna de esas condiciones a las que acabo de hacer referencia. Es decir, el real decreto que apruebe el estatuto no podrá hacer referencia a ninguno de los conceptos que en esta ley exigen una norma legal para su aprobación, y esto guarda relación con lo que se dice en la disposición transitoria tercera.
Ustedes dicen: se necesita una norma con rango de ley para modificar un organismo autónomo y, sin embargo, ustedes están violándolo, porque añaden a la disposición transitoria tercera un número 2 diciendo que la adecuación de los organismos públicos se llevará a efecto por real decreto a propuesta conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Hacienda en los siguientes casos. ¿Cuáles son los casos? a) Adecuación de los actuales organismos autónomos al tipo de organismo autónomo previsto en esta Ley, otras entidades previstas en el número 1 de la Ley General Presupuestaria al tipo de entidad pública empresarial. Y ahora dice --y ahí está la garantía, por lo cual no hay ningún problema--: Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades respecto del régimen general de cada tipo de organismo en materia de personal, contratación y régimen fiscal deberá hacerse mediante una norma con rango de ley. Es decir, no se está eludiendo la norma legal para ningún tipo de adecuación cuando afecte al personal, cuando afecte a la contratación o cuando afecte a su régimen fiscal. Pero si la adecuación no exige ninguno de esos requisitos, se podrá hacer por real decreto, porque están suficientemente garantizados todos los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores de esos organismos públicos o de esas entidades empresariales.
Alegan sus señorías: ustedes dicen que se hará dentro de dos años. No dice eso la disposición transitoria, sino que dice que dentro de dos años tendrá que estar terminada esta adecuación. Pero como «Correos y Telégrafos» está en período de transformación --se está trabajando en ello y es del dominio público--, lo que se hace en la disposición adicional undécima es adelantar todo lo posible para que dentro de seis meses pueda estar hecha esa adecuación, sin violar ninguna de las normas que para la adecuación se exigen tanto en el texto de la ley como en la disposición transitoria tercera, en este último caso únicamente respecto al plazo.
Por lo que se refiere a la disposición adicional decimoquinta, delegación y avocación de competencias, la enmienda número 110, de los Senadores Nieto y Román, pide suprimir la exigencia de la aprobación del Ministerio para llevar a cabo la delegación y avocación de competencias. No parece lógico que si en un departamento alguno de los organismos dependientes del mismo está delegando o está avocando competencias, el ministerio no tenga conocimiento de ello y se haga sin su aprobación. Creemos que debe mantenerse ese requisito.
El Grupo Parlamentario Socialista, tanto en esta enmienda a esta disposición adicional, como a las 16, 17, 18, 19 y 20, pretende convertir estas adicionales en articulado en ese Título IV que se pretendía incorporar. Hemos hecho

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referencia a ello ya y, por lo tanto, no vamos a insistir en esa materia.
Los Senadores Nieto y Román pedían que aquí se incluyera una nueva disposición en referencia al tiempo para regular las oficinas éticas.
Como hemos rechazado las oficinas éticas, no ha lugar a introducir modificaciones en la misma.
Como le decía al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, si se ha rechazado la posibilidad de que se regule la participación de los miembros de las Comunidades Autónomas en esta Ley, tampoco podremos aceptar que se fije un plazo para que, mediante Ley, se determine cuál debe ser esa representación y cómo debe hacerse.
Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias, voy a seguir el mismo sistema.
La Senadora De Boneta presenta la enmienda número 28, para crear una nueva transitoria en la que se disponga que las delegaciones de defensa son órganos competentes en exclusiva para los servicios de reclutamiento del servicio militar. Ya me he referido a ella al contestar a otra enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por lo cual no voy a insistir en lo mismo.
Los Senadores Nieto y Román han presentado la enmienda 116, a la disposición transitoria tercera, párrafo tercero, al final, para incluir la remisión al Congreso de los Diputados, para su debate de las normas de adecuación de los organismos autónomos. Efectivamente, cuando afecte a normas de carácter personal, de contratación y fiscales habrá que hacerlo, pero en los demás casos se mantiene que no sea a través de una ley, sino mediante real decreto, es decir, cuando afecte a la modificación de la esencia de los organismos públicos, deberán ser las Cámaras las que lo debatan y sometan a votación, pero en los demás casos supondría introducir una rigidez excesiva para que respecto de los numerosos organismos públicos que hoy día existen pueda producirse la adecuación en el plazo de dos años, como señala la disposición transitoria.
La enmienda 209, del Grupo Parlamentario Socialista, propone crear una disposición transitoria bis referente al estatuto del personal directivo.
Si hemos dicho que no estábamos de acuerdo con la creación de un estatuto de personal directivo, mal podíamos estar de acuerdo en que se regulara un plazo para la creación del mismo.
La enmienda 210, a la disposición transitoria segunda, pretende sustituir «Subdelegados del Gobierno» por «Delegados Provinciales del Gobierno», que afecta fundamentalmente a toda la materia a que estamos haciendo referencia.
El Grupo Socialista mantiene una enmienda a la disposición adicional undécima, antes decimotercera, que se refiere al Organismo de Correos y a la que ya se ha hecho referencia con anterioridad. En cuanto a la enmienda 248, a la misma disposición, del Grupo Parlamentario Popular, también hay otra similar del Grupo Parlamentario Mixto, para la que doy la misma contestación.
Con esto creo haber dado explicación a todos los votos particulares y enmiendas presentadas.
Al principio de mi intervención he hecho referencia --y lo repito en este momento-- al voto particular del Grupo Parlamentario Popular que pretendía en la disposición transitoria tercera, apartado 1, volver al texto que venía del Congreso de los Diputados. En este sentido, había redactado una proposición nueva, de forma que en la disposición adicional tercera, en vez de que se dijese «situación administrativa de los subdelegados del Gobierno», como el contenido es distinto, se hablase únicamente de situaciones administrativas, o, en todo caso, de situaciones administrativas de algunos o determinados órganos directivos.
Doy lectura a la enmienda que propongo, por si mereciera la aprobación de la Cámara. En la disposición adicional tercera se propone sustituir el epígrafe «situación administrativa de los Subdelegados del Gobierno» por «situaciones administrativas» y en la disposición transitoria tercera, apartado 1, se propone sustituir la expresión «disposiciones contenidas en la misma Ley» por «disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley».
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
Tampoco el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Con extrema brevedad. En cuanto a nuestra enmienda número 216, no encontramos ninguna justificación para que sea la Lofage la que modifique una situación ya existente y, por tanto, continuamos manteniendo que Puertos del Estado, así como las Autoridades Portuarias deben seguir rigiéndose por su legislación específica. Sólo quiero dejar constancia de que, si acaso, quedamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla la nueva ley de puertos, actualmente en trámite, para ver si hay posibilidad de que se contemple el mantenimiento del «status quo».
Me queda una duda, señor Presidente: en qué trámite debemos manifestarnos sobre la proposición última del Grupo Parlamentario Popular, sobre la modificación de un texto, si es ahora o cuando la Presidencia lo crea oportuno.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Creo que debemos de hacerlo una vez se proponga esta propuesta a la consideración de los grupos.
Tiene la palabra el señor Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Primero, lamento que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no me haya aclarado ninguna de las interrogantes, importantes preguntas, que le he formulado. Segundo, me congratulo de que, por lo que ha dicho y por lo que no ha dicho, coincida

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conmigo en los razonamientos que he expuesto en defensa de nuestras enmiendas. Tercero, lamento que, según deduzco, en lo único en lo que no estamos de acuerdo es en lo que más podríamos estar, en que una ley, sea como sea, y diga lo que diga, no se puede modificar por decreto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Pasamos a continuación al debate de las enmiendas referentes a la exposición de motivos.
El voto particular número 4, de la Senadora De Boneta y Piedra, se da por defendido.
Para la defensa del voto particular número 3, tiene la palabra el Senador Román Clemente.


El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas de este voto particular.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Para la defensa del voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a las enmiendas números 147 y 148, tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, defiendo las enmiendas números 147 y 148, a la exposición de motivos. La 147 pretende suprimir el epígrafe III, porque las referencias que se hacen en él no tienen nada que ver con el contenido de la ley.
Me detengo en la enmienda número 148, que pretende la supresión del epígrafe VI. Esta parte de la exposición de motivos incide en algunos aspectos del contenido de la ley o del no contenido, por ejemplo en lo que se refiere a la Administración única o común.
En este epígrafe VI de la exposición de motivos se dice: Por ello resulta inconveniente introducir en esta ley el objetivo de la Administración única o común, y a continuación cita el artículo 150.2 de la Constitución, ya que en el cuerpo de la ley no se habla de la Administración única, entre otras cosas porque no se puede hablar, porque no tiene encaje alguno, porque siguen existiendo las administraciones que están previstas en la Constitución y, por tanto, no es posible. Por el artículo 150.2, tampoco, porque lo que éste dice es que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que, por su naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. Vean ustedes como esto tampoco tiene nada que ver. Es decir, han hecho una mención a la Administración única, no sé si para conformar a alguien, para dejar tranquilos a otros o para engañar a algún tercero. No lo entiendo, lo mejor es que no digan nada.
En este mismo epígrafe hablan de que no se considera adecuada la actual existencia de la figura de los gobernadores civiles. Como han hablado antes de la Administración única, a continuación hablan de los gobernadores civiles y, de acuerdo con este perfil, los nuevos subdelegados del Gobierno no tienen en la ley la condición de alto cargo.
Es de lo único de lo que no tienen condición, de alto cargo. Los subdelegados del Gobierno ni tienen nada que ver con la Administración única, ni tienen nada que ver con el resto de las cosas, porque lo único que no son es alto cargo.
Lo que nos queda por definir es qué es lo que son; no son alto cargo, de acuerdo, esto ya está claro; lo que no está claro es lo que son, si son un órgano político, si son un órgano administrativo-funcional o dígame, cómo les van a tratar, dónde les van a poner en el protocolo, van a tener tratamiento, no lo van a tener, van a situarse en un sitio o en otro... A ver si lo aclaran de una vez para no engañar a nadie.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación (El señor Presidente ocupa la presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la votación del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Títulos I y II. En primer término, votamos el voto particular número 4, de la Senadora De Boneta y Piedra, que corresponde a las enmiendas 3 a 13, 15, 16, 18, 19 y 21 a 25. En primer lugar, vamos a votar conjuntamente las enmiendas 11 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 101; en contra, 125; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: ¿Y el resto de las enmiendas de la Senadora De Boneta? Aprovecho también para pedir votación separada de la número 9.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 93; en contra, 132; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas, 3 a 13, 15, 16, 18, 19, 21 a 25, excepto la que hemos votado ya.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 10; en contra, 215; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que corresponde a las enmiendas números 38 a 87 y 89 a 93. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Senador Aleu, tiene la palabra.


El señor ALEU I JORNET: Quiero pedir votación separada de las enmiendas 36, 55, 64 y 75.


El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a votar las enmiendas 36, 55, 64 y 75 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 87; en contra, 140; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas que antes he enunciado, las números 34 a 87 y 89 a 93, menos las que hemos votado separadamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, cuatro; en contra, 222; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 133 y 137, y además las números 142, 143 y 144 que se pidió se votaran en este momento.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 13; en contra, 215.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación del voto particular número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 121 y 122.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 18; en contra, 207; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 212 y 214.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 20; en contra, 207; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a 188. Están retiradas las números 149, 189, 190 y 191.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 142; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de los artículo 11.2, 12.2.a) y 17.1. Están retiradas las enmiendas que piden la vuelta al texto del Congreso de los artículos números 22, 31.1 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 86; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación de los Títulos I y II según el texto del dictamen.
(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, pedimos votación separada de los artículos números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29 bis, 35, 37 y 39.


El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29 bis, 35, 37 y 39 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 219; en contra, cinco; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar el resto de los artículos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 143; en contra, 82; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar los Títulos III y IV, artículos 40 a 66.
En primer término, el voto particular número 4, de la Senadora De Boneta y Piedra, correspondiente a la enmienda número 26. (El señor Román Clemente pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, solicito votación separada del Capítulo II del Título III.


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El señor PRESIDENTE: Señoría, no hemos llegado todavía ahí; estamos votando sólo las enmiendas.
Votamos la enmienda número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, diez; en contra, 216; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, correspondiente a las enmiendas números 94 a 105. La número 105 les recuerdo que propone la creación de un Título V nuevo.
Procedemos a su votación.
Se inicia la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, tres; en contra, 222; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda número 215.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 101; en contra, 126; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 192 a 199.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 86; en contra, 141; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial del artículo 62, volviendo así al texto remitido por el Congreso de los Diputados Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 86; en contra, 142; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación de los Títulos III y IV, según el dictamen.
Senador Román, entendí que lo que se quiere votar separadamente es el Capítulo II, Título III.


El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, entendió bien, señor Presidente: Capítulo II, Título III.
Gracias. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Deseo pedir votación separada y conjunta de los artículos 41 y 46.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
En primer lugar, pasamos a votar los artículos 41 y 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 143; en contra, 86.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el Capítulo II, Título III, salvo, lógicamente, lo que ya hemos votado.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 225; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de los Títulos III y IV, excepto lo que ya se ha votado.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 225; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las disposiciones adicionales primera y decimoséptima, disposiciones transitorias primera a tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y segunda.
En primer término, voto particular número 4, de la señora Boneta y Piedra, que corresponde a las enmiendas números 27 y 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 11; en contra, 214; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que corresponde a las enmiendas números 106 a 119.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, tres; en contra, 223; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a la enmienda número 146, puesto que las demás ya han sido votadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 12; en contra, 217.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número uno, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 124 a 127.
En primer lugar, vamos a votar de forma separada la enmienda número 126.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 19; en contra, 208; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a la votación de las enmiendas números 124 a 127, excepto la anteriormente votada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 11; en contra, 217; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al voto particular número dos, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 216 y 217.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 18; en contra, 208; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el voto particular número seis, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 200 a 210.
En primer lugar, vamos a votar de forma separada la enmienda número 201.
(El Senador Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.


El señor ALEU I JORNET: Como consecuencia del rechazo de las enmiendas números 156, 198 y 199, procedemos a retirar las enmiendas números 204, 206 y 207.


El señor PRESIDENTE: En todo caso, sí votamos separadamente la enmienda número 201.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 87; en contra, 140; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 200, 202, 203, 205, 208, 209 y 210.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 84; en contra, 141; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del voto particular número siete, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de las que en el dictamen de la Comisión figuran como disposición adicional undécima --se han retirado las enmiendas relativas a la tercera y a la decimotercera--, así como la disposición transitoria tercera, volviendo al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 87; en contra, 141; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Procedemos a efectuar la votación del voto particular número ocho, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que propone el mantenimiento de la redacción inicial de la disposición adicional undécima, volviendo así al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 87; en contra, 140; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Popular, que propone el mantenimiento de la acción inicial del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, volviendo así al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Hay una enmienda transaccional, sobre la base del voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Popular. En la disposición adicional tercera se propone sustituir el epígrafe situación administrativa de los subdelegados del Gobierno por situaciones administrativas. En la disposición transitoria tercera, apartado 1, se propone sustituir la expresión disposiciones contenidas en la misma ley por disposiciones contenidas en el Título I de esa ley.
Está firmada por todos los Grupos parlamentarios. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Es para aclarar si votamos solamente eso o la vuelta al texto del Congreso de los Diputados.


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El señor PRESIDENTE: Solamente esto. Lo otro queda eliminado.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 224; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las disposiciones adicionales primera a decimoséptima, disposiciones transitorias primera a tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y segunda. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Pido la votación en un grupo de las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, octava, novena, décima, duodécima, decimocuarta, decimosexta, decimoséptima, la disposición transitoria primera, la disposición derogatoria y la disposición final primera y el resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente todo ese bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 228; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 142; en contra, 85; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Exposición de motivos. Voto particular número 4, de la Senadora De Boneta y Piedra, que corresponde a las enmiendas números 1 y 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 11; en contra, 213; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que corresponde a las enmiendas números 29 a 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, tres; en contra, 223; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 147 y 148.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 86; en contra, 142; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación de la exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 141; en contra, 87; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DEL SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS (ANTES PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA). (S. 624/000001) (C. D. 122/000004.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir debatiendo el proyecto siguiente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la proposición de ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos (antes proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva). (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Para la presentación del dictamen ha sido nombrado algún Senador? (Pausa.) (Fuertes rumores.) Silencio, por favor.
Señorías, pido mayor agilidad a los que piensan abandonar el hemiciclo.
El Senador Alonso Buitrón tiene la palabra.


El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad para presentar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con la proposición de ley de recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos.


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Esta proposición de ley consta de un título, como no podía ser de otra forma, de la exposición de motivos y de un artículo único. Se tomó en consideración por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de julio por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
En el trámite de enmiendas se presentó una por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que sirvió de base para una enmienda transaccional en la Comisión de Política Social y Empleo del Grupo Parlamentario Popular, que dio origen a un nuevo artículo de esta proposición de ley.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó dos enmiendas que fueron aceptadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, tanto en la Comisión como en la Ponencia, y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social dictaminó por unanimidad de todos los grupos presentes este proyecto de ley.
Advierto a sus señorías que en el trámite de Ponencia se hizo constar que parte de esta proposición de ley había sido ya recogida en la Ley de medidas de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, se retiró el artículo que hacía referencia a esta materia, quedando solamente lo relativo al subsidio de garantía de ingresos mínimos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.


El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, para no utilizar más tiempo de intervención, manifestamos nuestro apoyo tanto a la proposición de ley como a las enmiendas presentadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo únicamente para manifestar nuestra posición favorable a la aprobación del informe de la proposición de ley y al presentado por la Ponencia, al que no se han presentado votos particulares y que esperamos salga adelante.
Creemos que ésta es una iniciativa loable. Ha sido el culmen de un importante trabajo desarrollado desde que en su día se presentó la proposición de ley y esperamos que tenga también el refrendo definitivo en el Congreso de los Diputados para una aplicación que yo creo que es de justicia y de equidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Vidal.


El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para dejar constancia de la posición de nuestro Grupo.
Esta proposición de ley que debatimos hoy, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, daba cumplimiento a la moción del mismo Grupo Parlamentario aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Senado, en la cual se instaba a que se regulara la recuperación de manera automática de la prestación económica no contributiva cuando a los beneficiarios se les extinguiera el contrato o dejaran de desarrollar una actividad por cuenta propia.
Nuestro Grupo Parlamentario, en vista de la unanimidad producida, aceptó el texto de la proposición en el sentido mencionado anteriormente, pero se consideró la conveniencia de plantear adicionalmente una enmienda que tuviera presente la problemática que sufren ciertos colectivos de minusválidos en relación a su plena integración en el mercado laboral.
En este sentido se planteó una enmienda mediante la cual se pedía que los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, previsto en la Lismi, pudiesen compatibilizar el cobro del subsidio con la realización de un trabajo siempre que la suma de los dos conceptos no superara el salario mínimo interprofesional, y en aquello que sobrepasara el SMI, se descontaría del citado subsidio. Asimismo, se planteaba la recuperación automática de la percepción total o parcial, según el caso, del subsidio cuando cesara en la realización del trabajo.
Esta enmienda no se aprobó en el sentido anteriormente dicho. No obstante, y en base a ella, se aprobó una enmienda transaccional en la cual se reconocía para los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos la recuperación automática de su subsidio cuando el contrato finalizara o dejara de desarrollar su actividad laboral, quedando equiparados pensiones no contributivas.
Para terminar, con la aprobación de esta ley estamos dando un paso importante a favor del colectivo de los minusválidos, eliminando uno de los obstáculos que impedía su plena integración al mundo laboral.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Micaela Navarro.


La señora NAVARRO GARZON: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Subo a esta tribuna para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista al dictamen de la Comisión.


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Si bien la Proposición de ley de recuperación automática de las pensiones no contributivas de invalidez fue presentada como moción en la anterior legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, fue apoyada por todos los grupos parlamentarios y fue incluida en el Proyecto de ley de acompañamiento del Presupuesto del año 1996, como recordarán sus señorías, fue rechazada en el Congreso. Al inicio de esta nueva legislatura se presenta por parte del Grupo Parlamentario Socialista como Proposición de ley, fue aprobada en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso del día 13 de noviembre de 1996 y el Gobierno del Partido Popular la ha incorporado en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos para el año 1997 con un contenido que recoge literalmente la propuesta socialista del año 1995. El texto que viene recogido en la Ley de acompañamiento y que ya está en vigor puede ser mejorable, de ahí nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del día 17 de febrero, que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
En este dictamen se recoge lo que en realidad vamos a aprobar hoy, que es la Proposición de ley de recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos. Si bien es una prestación que en la actualidad ya no se tramita, hay todavía un gran número de personas que siguen acogidas a esta modalidad, que tiene la misma finalidad que la pensión no contributiva por invalidez.
El objetivo social de esta Proposición de ley no es otro que el de facilitar y estimular la incorporación al mundo laboral de un colectivo de personas que si bien no es muy numeroso, es bastante significativo.
Con esta ley se elimina la incertidumbre que se provocaba en las personas acogidas a esta prestación y los trámites burocráticos posteriores a la terminación de un contrato laboral, quedando en muchos casos desprotegidos hasta tanto se tramitaba de nuevo el derecho a la prestación. Finalmente, señorías --y probablemente es lo más importante--, se favorece la integración social de esos discapacitados, quienes por miedo a perder su pensión a veces rechazaban un puesto de trabajo, que en la mayoría de las ocasiones era precario y temporal.
Por este motivo yo pido el voto favorable a este dictamen de la Comisión y quiero agradecer a los grupos políticos de la Cámara que con sus propuestas y sus enmiendas han hecho que mejore el texto inicial.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Campo Piñeiro.


La señora CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para manifestar la opinión del Grupo Parlamentario Popular, que en esta Proposición de ley coincide con la de los grupos que me precedieron en el uso de la palabra y que, como ya se dijo anteriormente, viene a ser consecuencia de una moción, la número 42, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura y que había sido aprobada por asentimiento. Ya en aquel momento, su objetivo era favorecer el empleo en el colectivo de los minusválidos y así lo expresaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Lobo Asenjo, diciendo que no existe mejor integración laboral de los minusválidos que la integración en el mercado ordinario de trabajo.
Pasados ya casi dos años desde la anterior aprobación, nos encontramos ahora con una proposición de ley que tiene el mismo espíritu y cuenta con el mismo consenso por parte de los diferentes grupos parlamentarios que conforman las Cámaras, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado. Asimismo y debido a la gran sensibilidad del actual Gobierno de la nación por resolver este problema que afecta directamente al colectivo de minusválidos, hay que destacar la puesta en práctica del artículo primero de esta proposición de Ley, recogido en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Por esta razón, nuestro Grupo, al igual que el Grupo Socialista y de Convergència i Unió hemos aprobado por unanimidad en la Ponencia y la Comisión la modificación del título y de la exposición de motivos, así como el mantener un artículo único referido a los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, artículo cuya tramitación ya ha sido incluida en el debate en la Ponencia y la Comisión en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda transaccional del Grupo Popular.
Desde el Grupo Popular creemos importante y necesaria la inclusión de los perfectores del subsidio de garantía de ingresos mínimos, que son, en datos relativos a septiembre de 1996, 132.581 ciudadanos, de los cuales 90.493 tienen una minusvalía física, 32.413 una minusvalía psíquica y 13.411 una minusvalía sensorial, ya que si no se incluyesen en este apartado podría haber un agravio comparativo, atentatorio sobre todo al principio de igualdad constitucional correctamente entendido, puesto que en ambos supuestos, pensiones no contributivas y subsidio de garantía de ingresos mínimos, nos encontramos ante un hecho, que es la realización de trabajos remunerados de efectos extintivos respecto a los derechos reconocidos en las respectivas leyes, y no ante supuestos de reducción de las prestaciones.
Esta es la razón de esta proposición de ley, convertir la extinción en suspensión y, por tanto, una vez desaparecido el impedimento o el hecho «obstativo», volver a recuperar automáticamente el derecho, sin considerar el concepto de suficiencia de ingresos los devengados por tales trabajos. El problema que se podían encontrar los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos sería, en primer lugar, la imposibilidad jurídica, a priori, de generar un nuevo derecho, ya que la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos, está derogada, y, en segundo lugar, por la posible dificultad de volver a causar derecho de una pensión no contributiva de invalidez por no reunir todos los requisitos exigibles

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para poder acceder a ella. La solución, por tanto, precisa estimar los supuestos de realización de trabajos remunerados como supuestos suspensivos que permitan entonces, una vez finalizados, la restauración del derecho, sin modificación de su contenido, que seguirá rigiéndose por la actual y por su legislación específica, en ese caso ya derogada.
Por ello, esta proposición de Ley, con su modificación aprobada ya en Comisión, beneficia a este colectivo de ciudadanos, no olvidándonos así de que las personas con minusvalía son nuestra primera obligación. Una sociedad justa y desarrollada se mide por cómo atiende a sus miembros más indefensos. Por eso, señorías, debemos ser siempre defensores --y desde mi Grupo así lo entendemos-- de una política en la que la libertad y la igualdad de los minusválidos sean reales y efectivas y en donde no se levanten obstáculos, ni físicos, ni legales, que impidan su participación en los diferentes ámbitos de la vida real. Y en este caso, señorías, la integración laboral, el empleo es la mejor protección que les podemos dar. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
He entendido que podría proponerse que esta proposición de ley se aprobase por asentimiento general de la Cámara. (Asentimiento.) Así es y así consta. Y tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--SOLICITUD DE LOS SEÑORES PORTAVOCES Y DE LA PONENCIA SOBRE LA ADAPTACION DE LAS NORMAS DE CIRCULACION A LA PRACTICA DEL CICLISMO DE UNA PRORROGA DE TRES MESES PARA LA CONCLUSION DEL TRABAJO (543/000001.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quiero señalar a la Cámara que en su sesión plenaria celebrada el 12 de junio de 1996 aprobó una moción por la que se creaba una ponencia dentro de la Comisión de Interior y Función Pública sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo. El plazo establecido para sus trabajos era de seis meses.
Los portavoces y la ponencia solicitan que se apruebe una prórroga de tres meses en el plazo establecido para poder concluir sus trabajos.
En consecuecia, someto al pleno de la Cámara la solicitud de los señores portavoces y de la Ponencia sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo de prórroga de tres meses para la conclusión del trabajo.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Pausa.) Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran la veinte horas y cinco minutos.

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