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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 48, de 22/04/1997
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS

CORTES GENERALES

COMISIONES MIXTAS

Año 1997 VI Legislatura Núm. 48

DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

PRESIDENTA: DOÑA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA

Sesión núm. 10

celebrada el martes, 22 de abril de 1997, en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DIA:

Preguntas:

--De la señora Almeida Castro (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de los Diputados), sobre las medidas en relación con la prohibición a las mujeres para visitar determinadas obras de Goya existentes en la Cartuja Aula-Dei de Zaragoza.
(Número de expediente Congreso 181/000528 y número de expediente Senado 683/000018) (Página 834)

--De la señora Alberdi Alonso (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados), sobre le interés del Gobierno español en la consideración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Conferencia Intergubernamental. (Número de expediente Congreso 181/000587 y número de expediente Senado 683/000023) (Página 835)

--De la señora Almeida Castro (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de los Diputados), sobre las reformas en las leyes electorales para que en el acceso a los organismos y entidades se garantice la necesaria paridad en la representación de hombres y mujeres. (Número de expediente Congreso 181/000519 y número de expediente Senado 683/000009) (Página 837)

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--De la misma señora Diputada, sobre profundización en la aplicación de la Directiva sobre maternidad prohibiendo en todo caso el despido de las mujeres embarazadas durante el embarazo y las excedencias de maternidad.
(Número de expediente Congreso 181/000525 y número de expediente Senado 683/000015) (Página 838)

--De la misma señora Diputada, sobre la medida para el desarrollo, información, prevención y sanción en relación con el código de conducta para combatir el acoso sexual y cumplir la Directiva comunitaria de protección de la dignidad del hombre y de la mujer en el trabajo. (Número de expediente Congreso 181/000531 y número de expediente Senado 683/000021) (Página 840)

Comparecencia de la señora Vicepresidenta de C. F. Agrícolas de Bruselas y Secretaria General de AFAMMER (Pruna Esteve), a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para informar sobre las últimas iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea a favor del colectivo de mujeres del ámbito rural. (Número de expediente Congreso 219/000123 y número de expediente Senado 715/000035) (Página 841)

Proposiciones no de ley:

--Del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, sobre el III Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. (Número de expediente Congreso 161/000292 y número de expediente Senado 663/000014) (Página 851)

--Del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados, relativa a la prohibición de que las mujeres visiten las pinturas murales de Goya en la Cartuja de Aula-Dei de Zaragoza y de mediación del Gobierno ante la Santa Sede. (Número de expediente Congreso 161/000332 y número de expediente Senado 663/000016) (Página 853)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Por parte de la señora letrada se comprobará la asistencia a la Comisión.
(Por la señora letrada se procede a dar lectura de la lista de miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.) Las señoras portavoces tendrán el acta de la sesión anterior, por lo que deseo saber si puede ser aprobada. (Asentimiento.)

PREGUNTAS:

--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LAS MEDIDAS EN RELACION CON LA PROHIBICION A LAS MUJERES PARA VISITAR DETERMINADAS OBRAS DE GOYA EXISTENTES EN LA CARTUJA AULA-DEI, DE ZARAGOZA. (Número de expediente Congreso 181/000528 y número de expediente Senado 683/000018.)

La señora PRESIDENTA: Doña Cristina Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de los Diputados, ha presentado una pregunta sobre las medidas en relación con la prohibición a las mujeres para visitar determinadas obras de Goya existentes en la Cartuja Aula-Dei, de Zaragoza.
La señora Almeida tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Señora Presidenta, cuando está terminando el centenario de Goya, parece que las cosas no han cambiado mucho. Goya pintó a mujeres desnudas, vestidas, etcétera, pero el hecho de pintar a las mujeres no significa que podamos observarnos para ver nuestra belleza y el ánimo que llevaba a Goya a tener tanta fidelidad. La Cartuja Aula-Dei, por una tradición cultural no avalada por el tiempo, prohibió la entrada de mujeres a la visita de este centenario de Goya, lo que causó bastante indignación a grupos de mujeres y a cualquier persona razonable. En el Pleno del Congreso de los Diputados ya se formuló una pregunta sobre este tema, y en la respuesta el Gobierno se comprometió a hablar tanto con la Santa Sede como con el Ministerio de Educación y Cultura e incluso a hacer gestiones para evitar esta discriminación.
En el año 1995, cuando estuvimos en la Conferencia de Pekín había distintas tradiciones culturales de otros países que causaban asombro a todos los asistentes, que decían que ninguna tradición cultural podía ser objeto de discriminación ni de agresión hacia las mujeres. A nosotros nos parece que, por mucha tradición cultural, llega un momento

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en que la Santa Sede y todo el mundo se tiene que adaptar a la Constitución, y que esas tradiciones culturales demuestran la pervivencia de unos signos de discriminación muy evidentes.
Queríamos saber qué gestiones se han hecho a partir de aquel compromiso que se tomó en el mes de diciembre en el Congreso de los Diputados para permitir que las mujeres accedan con normalidad a estas pinturas. También hemos preguntado por otras cuestiones, porque estimamos que es mejor una sociedad más colectiva y tolerante que una sociedad que discrimine por el sexo, incluso para ver obras de arte.


La señora PRESIDENTA: Para contestar a su pregunta nos acompaña hoy el Secretario de Estado de Cultura, don Miguel Angel Cortés, a quien damos la bienvenida. Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señora Presidenta, como bien ha dicho la señora Diputada, el día 9 de octubre la Ministra de Educación y Cultura, a pregunta del señor Bayona Aznar, contestó y se comprometió a hacer las gestiones y a colaborar en todo lo posible para evitar esta discriminación.
Las gestiones se han hecho. Tengo copia de la correspondencia que ha habido con la Santa Sede, con monseñor Vicente Segura, de la Casa Internacional del Clero, a quien se ha dirigido el consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, y la contestación del mismo de que el diálogo debía ser con el prior de la Cartuja y el arzobispo de Zaragoza, los cuales, después de ponderar todas las razones, podrían considerar la conveniencia de presentar la solicitud de dispensa a la Santa Sede por medio de los canales adecuados.
Las gestiones, según nos informan, van bien. Quizás el tiempo de la Iglesia es distinto del de otras personas. En cualquier caso, la proposición no de ley que se va a debatir en esta Comisión después del turno de preguntas perfila bien las cuestiones. Se insta al Gobierno a colaborar con la Consejería de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, que es quien tiene la responsabilidad, y se pide que se dirija directamente a Su Santidad el Papa, Juan Pablo II, con el fin de solicitar la dispensa para que las pinturas murales de Goya puedan ser visitadas por las mujeres.
Sí me atrevo a aportar a la Comisión el dato que ha manifestado la Santa Sede, relativo a que el canal adecuado es que la solicitud de la dispensa al Santo Padre la dirija el prior de la Cartuja y el arzobispo de Zaragoza. Al parecer, ésos son los procedimientos canónicos, y por esta línea se debe proceder.
En cualquier caso, sí hay algo positivo en la celebración del Año Goya, y es que esas pinturas murales de enorme valor se han restaurado; ese patrimonio se ha salvado, y ahora se trata de que sea accesible a todos, puesto que una de las obligaciones que tienen los poderes públicos es facilitar el acceso a la cultura de todos los españoles sin discriminación de ningún tipo.
La señora PRESIDENTA: La señora Almeida tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Secretario de Estado, le agradeceríamos que nos diera esa correspondencia para seguir los pasos a este asunto.
Somos conscientes de que es la comunidad autónoma la que tiene la responsabilidad. Sólo me resta decir que la restauración de los murales se ha hecho con los impuestos de las mujeres y que, además de tener que contribuir a la restauración, no la podemos ver y comprobar cómo se ha empleado nuestro dinero.
A partir de esto, tenemos que tener una mayor sensibilidad porque todavía hay muchos sentimientos culturales que se basan en la discriminación, como si las mujeres tuviéramos menos derecho a la cultura, aunque en este caso se debe a una traba religiosa que demuestra una cierta intransigencia de la propia Iglesia con respecto a las mujeres.
Estamos de acuerdo con la proposición no de ley que se va a discutir y esperamos noticias --no habíamos tenido noticia oficial alguna que nos llegara a todos los grupos de cuáles han sido estas gestiones, que era lo que nos preocupaba-- para evitar que, cuando pase este centenario, venga el próximo y tengamos los mismos problemas. Como decía, vamos a apoyar la proposición no de ley.
Muchas gracias por su presencia y por su contestación.


La señora PRESIDENTA: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señora Presidenta, a través de la Presidencia enviaré a la Comisión Mixta esta correspondencia que me ha hecho llegar la Comunidad Autónoma de Aragón.


La señora PRESIDENTA: Tal vez no sea el momento procesal oportuno, pero quiero decirle al Secretario de Estado que cuando todas estas conversaciones lleguen a buen puerto --como espero suceda--, la Comisión Mixta de la Mujer será la primera que vaya al Aula-Dei de Zaragoza para poder visitar las pinturas murales, si así le parece bien a la Comisión.


La señora ALMEIDA CASTRO: Incluso con el Vicepresidente.


La señora PRESIDENTA: Con el Vicepresidente. Con mucho gusto, el Senador Varela nos acompañará.
Gracias, señor Secretario de Estado.


--DE LA SEÑORA ALBERDI ALONSO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE EL INTERES DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA CONSIDERACION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

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EN LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL. (Número de expediente Congreso 181/000587 y número de expediente Senado 683/000023.)

La señora PRESIDENTA: Invitamos a la Secretaria General de Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez, a que comparta la mesa con nosotros. Como siempre, damos la bienvenida y las gracias por comparecer ante esta Comisión a la señora Secretaria General de Asuntos Sociales.
Doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, tiene una pregunta sobre el interés del Gobierno español en la consideración de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Conferencia Intergubernamental.
La señora Alberdi tiene la palabra.


La señora ALBERDI ALONSO: Este es un tema de enorme interés para todas las mujeres de la Unión Europea y, desde luego, para las españolas que trabajamos activamente en la construcción europea, sobre todo, en la etapa de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 1995.
El grupo de reflexión para la Conferencia Intergubernamental que preparaba la reforma del Tratado, que se reunió en Messina, consideró que era muy necesaria la promoción de los valores europeos como introducción del principio de ciudadanía de la Unión y refuerzo del concepto de servicios públicos de interés general y de no discriminación.
De esta forma, se trabajó en la línea de considerar que debería existir en el Tratado una cláusula general que prohibiera la discriminación, considerando --en el tema de la mujer, que es el que hoy nos ocupa-- que la ampliación debería darse en todas la áreas, no sólo en la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, que deriva del artículo 119 del Tratado de Roma, sino del principio general de igualdad entre hombres y mujeres, que debería formularse de modo positivo en el Tratado y no simplemente como resultado de la prohibición de discriminación, que ha sido la tradición. En este contexto, la mayoría de los miembros estaban a favor de incluir en el Tratado una referencia a la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y programas de la Unión.
Por eso, España, en enero de 1996, todavía en la anterior legislatura, propuso diversas adiciones y modificaciones a introducir en el Tratado.
Una de ellas aludía al artículo 3, en cuanto que contenía una cláusula añadiendo una política de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que implicara su participación equilibrada en todos los ámbitos de la vida pública, económica, social y cultural, incluida la toma de decisiones. También proponíamos un artículo 116.a), que contenía una cláusula relativa a que los Estados miembros reconocerán y firmarán la necesidad de hacer efectivo el principio de igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los órdenes y, especialmente, en el acceso al empleo, la remuneración, las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación y promoción profesionales, así como la toma de decisiones. Por último, el artículo 119, por el que cada Estado miembro garantizaría la aplicación de ese principio de igualdad al que se refiere el tema del empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
Nuestra pregunta al Gobierno viene derivada por haber recibido --esperamos que erróneamente-- la noticia de que el Gobierno actual había reducido ese planteamiento tan sólido y seguro que habíamos tenido con el Gobierno anterior y que se había retirado la prioridad a la igualdad de oportunidades en los trabajos para la reforma del Tratado. Este es el motivo de esta pregunta: recibir de la responsable pública del Gobierno la contestación a una información que esperamos sea errónea.


La señora PRESIDENTA: La señora Secretaria General de Asuntos Sociales tiene la palabra.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Tengo que tranquilizar a S. S. porque los artículos propuestos por el Gobierno para la modificación del Tratado de la Unión Europea responden textualmente a los enunciados que S. S. ha dicho, como no podía ser menos, porque los cambios de Gobierno no deben implicar retrocesos en lo que son políticas seguras y compartidas.
En el artículo 3, la adición de un nuevo apartado se hace en los términos en los que usted ha citado: añadir una política de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que implique su participación equilibrada en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, incluida la toma de decisiones. Igualmente, el nuevo artículo 116.a), en los términos en los que S. S. ha leído y que yo repito para que así conste en el «Diario de Sesiones» de la Cámara, diría: Los Estados miembros reconocerán y afirmarán la necesidad de hacer efectivo el principio de igualdad entre las mujeres y los hombres en todos los órdenes y, especialmente, en el acceso al empleo, la remuneración, las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación y promoción profesionales, así como la toma de decisiones. El Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 1898 y previa consulta al Comité Económico y Social, acciones que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los Estados miembros. Igualmente, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, se adoptarán las recomendaciones. Luego, como decía S. S., irían las modificaciones relativas al artículo 119. Por otro lado, quiero decirle a S. S. que estamos buscando la posibilidad de introducir en el Tratado una cláusula de no discriminación en todas las circunstancias que puedan provocar comportamiento discriminatorio, entre las que incluiría también el sexo.
Con esta respuesta espero haber disipado las dudas de su señoría.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Quiero agradecer a la Secretaria General de Asuntos Sociales que haya contestado

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a la pregunta en estos términos, que implican una continuidad con las políticas que se han seguido en los últimos años en relación con la modificación del Tratado de la Unión y la introducción, como derecho positivo, de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres.


La señora PRESIDENTA: ¿Desea contestar la señora Secretaria General a la señora Diputada?

La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Quiero darle las gracias a la señora Diputada por el beneficio de creer, que yo creo es importante. Quiero manifestarle también que esta Secretaría General no tiene problemas a la hora de asumir propuestas del Gobierno anterior o del que le precedió, como en este caso, que mejoran no sólo la situación y el marco jurídico de la mujer en la Unión Europea, sino que puede servir de impulso a otros Gobiernos.
Nosotros pensamos que se debe seguir avanzando. Quiero decirle que en la próxima conferencia de La Haya sobre el tráfico de mujeres estamos pensando en impulsar iniciativas relativas a que los Estados de la Unión realicen una labor conjunta para acabar con las redes de tráfico de mujeres, tema que no estaba contemplado. No puedo asegurarle nada en este momento hasta ver qué aceptación y apoyo tiene la iniciativa española.
Con mucho gusto, tendré informada a su señoría.


--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LAS REFORMAS EN LAS LEYES ELECTORALES PARA QUE EN EL ACCESO A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES SE GARANTICE LA NECESARIA PARIDAD EN LA REPRESENTACION DE HOMBRES Y MUJERES.
(Número de expediente Congreso 181/000519 y número de expediente Senado 683/000009.)

La señora PRESIDENTA: Doña Cristina Almeida Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del Congreso de los Diputados, tiene una pregunta, sobre las reformas en las leyes electorales para que en el acceso a los organismos y entidades se garantice la necesaria paridad en la representación de hombres y mujeres.
Tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Señora Secretaria General de Asuntos Sociales, esta pregunta tiene que ver con la necesidad de impulsar el plan de igualdad, donde se han tomado principalmente medidas teóricas, y de concretar esas medidas en necesidades prácticas. La paridad no es sólo una estrategia que podamos utilizar unos partidos de una manera y otros de otra, sino que es una aspiración colectiva de mayor presencia en la vida política para enriquecer la democracia y favorecer que esa democracia sea representativa de los hombres y mujeres que viven y han luchado por ella. Sin embargo, esto no se consigue fácilmente, Preguntamos si hay alguna normativa prevista que modifique las normas electorales o, incluso, la designación de determinados altos cargos para que la paridad o mayor representación de hombres y mujeres sea un hecho que no dependa sólo de la voluntad, sino que sea algo más forzado desde al democracia. Usted sabe, que en algunos países, como Bélgica o Argentina ya se han dictado normas positivas para integrar a las mujeres en las listas electorales y para que la representación de los ciudadanos sea más equitativa entre hombres y mujeres. Esta fue una de las pretensiones de la conferencia «Mujeres al Poder», celebrada en Atenas en 1992, con lo cual se pretende fortalecer una democracia más paritaria.
¿Tiene previsto el Ministerio del que depende esta Secretaría general promocionar algún tipo de reforma para hacer más evidente la participación de mujeres?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Secretaria General.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Como S.
S. sabe, la plena participación en política de hombres y mujeres es un objetivo prioritario y un debate de los poderes públicos desde hace mucho tiempo. Es cierto que la Constitución, en sus artículos 14 y 9.2, así lo consagra. También es verdad que la marcha hacia lo que debe ser la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres viene impulsada desde la declaración de la conferencia mundial de derechos humanos, de 1993, a la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Yo creo que S. S. ha citado el documento más importante, que es el aprobado en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres en Beijing, sobre el poder y, la toma de decisiones.
Para mí, señoría, supone una tranquilidad que el actual Gobierno, el 2 de diciembre de 1996, aprobara en el Consejo de Política Social de Europa la recomendación para que exista una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Como usted sabe, España fue uno de los pocos países que recibió -- tengo que decirlo públicamente-- la felicitación del lobby europeo de mujeres.
¿Qué piensa hacer el Gobierno? El tercer plan de igualdad puede estar formado por objetivos teóricos, puestos que no son realidad hasta que no están conseguidos. Sin embargo, difícilmente podemos hacerlo por ley.
Usted se preguntará por qué no se establee que haya tantas mujeres en unos sitios y tantas mujeres en otros. La opinión del Gobierno y la de esta Secretaria General es que lo primero que hay que conseguir y hacer verdad a través de los convenios colectivos, del ejercicio de la ley, es que exista igualdad de oportunidades. No tiene por qué existir, a mi modo de ver, un intervencionismo tan fuerte que tengamos que hacer la paridad por ley, cuando tendría que ser natural puesto que hombres y mujeres somos iguales en dignidad. En esta divergencia nos vamos a encontrar siempre, señoría,

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porque nosotros pensamos que nacemos iguales en dignidad, que tenemos que seguir impulsando medidas para que esa igualdad de verdad se convierta en hechos, pero difícilmente lo podemos hacer por ley, porque eso no sería ni siquiera reconocer la dignidad y capacidad de las mujeres para, en igualdad de condiciones, competir con los hombres.
Puede tener seguridad, señoría, de que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Trabajo, en el área de empleo, para conseguir que no haya cláusula, interpretación o resquicio alguno que impidan a las mujeres, en igualdad de condiciones, competir.
Desde luego, el Gobierno no comparte la visión paritaria que usted tiene por decreto. Consideramos que es una intromisión o ejercicio del poder del Gobierno. Es una aspiración a la que no renunciamos, aunque por otro camino.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Es verdad que podemos decir qué comparte y qué no comparte el Gobierno. No estábamos intentando que el método fuera obligatorio, para todo el mundo, pero sí tiene que serlo la finalidad, y yo no comparto que la finalidad se pueda conseguir con esa abstracción de que la que vale vale, ya vendrá la buena voluntad, todos somos muy buenos, las mujeres tenemos tanta dignidad que vamos a terminar imponiéndola y que nos la reconozcan porque no van a poder eludir ese encanto que tenemos para demostrarlo.
Tenemos todos los obstáculos, no por la falta de igualdad de oportunidades, sino por la falta de cambios y de transformación de un modelo social que nos carga de muchas cosas. Influir en estos temas es muy importante, pero también lo es hacer ver a la ciudadanía que la democracia es algo más que palabras o una mera representación, que es también una identificación de géneros, de hombres y mujeres que la enriquezcan. Es verdad que en países muy democráticos, donde no se establece ningún ataque a la dignidad de las mujeres, hay normas que obligan a que en cargos de designación democrática (en nuestro país por ejemplo, el consejo de Radiotelevisión, el Consejo de Universidades, el Consejo General del Poder Judicial, que son cargos de representación) tenga que haber representación de los hombres y de las mujeres, porque ésa es la forma de integrar la democracia. Yo no quiero que las cosas se hagan por decreto, pero sí que se aplique la ley de la igualdad y hacer de verdad de la igualdad ley, porque es ya ley constitucional, es un derecho y una obligación constitucional. Es cierto que ustedes van a decir que nunca van a obligar a nada porque la buena voluntad va a existir. Las Naciones Unidas dicen que para el año 2400 a lo mejor existe la igualdad, pero como no vamos a vivir para verlo, y yo ya se lo he dicho otras veces, queremos acelerarlo un poco más, y no estaría nada mal que se buscara la norma --no tiene que ser por decreto-- por la que exija que se tenga esta paridad de opción en la representación, que permita a los ciudadanos elegir, porque hoy los ciudadanos no eligen porque sí, ya que a lo mejor las mujeres podríamos suponer otra opción, sino que eligen porque se les convoque a una determinada forma de elegir, y si esa forma de elegir pudiera se paritaria, yo creo que los ciudadanos tendrían ocasión de elegir la paridad. Si no, me parece que vamos a andar mucho más despacio, y todas estas preguntas --el otro día decía con terror la Directora del Instituto de la Mujer que por qué habíamos hecho tantas-- son para intentar provocar precisamente que vayamos ya legislando sobre estos temas, que no nos quedemos en el plano de la buena voluntad, sino en el plano de hacer realidad los derechos, que a mí me parece muy importante y lo va a ver por el resto de las preguntas que tenemos en este día.


La señora PRESIDENTA: La señora Secretaria General tiene la palabra.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Hay una parte de su pregunta en la que sí estoy de acuerdo con usted y sobre la que estoy dispuesta a ayudar. Yo querría ahorrarme mencionar lo que ya les dijo a ustedes la Directora General del Instituto de la Mujer respecto a la medidas que se prevén e el tercer plan para ayudar a que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo con usted. Si hay órganos de representación para los que se supone que existen mujeres cualificadas, y cuando digo cualificadas no me refiero en exclusiva al punto de vista académico, sino también al profesional, yo creo que sería una buena tarea de esta Comisión y de todos los grupos políticos impulsar propuestas, porque entiendo que ya no se trata de forzar mediante ley, sino de que se imponga la realidad. A ese respecto señoría, cuando usted hablaba de órganos de representación se me ha encendido la luz. No es ya lo mismo que decir: en este lugar, tantos hombres y tantas mujeres, sean o no sean, sirvan ellos o sirvan ellas. Lo sensato será siempre lo que nos pueda servir para avanzar y en ese sentido sería bueno, lo mismo que lo sería para avanzar en este tema hacerlo en el ámbito de los partidos políticos, lo que también es importante porque de alguna manera somos vanguardias conscientes de la sociedad y referente. Por eso, desde la Secretaría General, de una forma específica y concreta, no genérica --que es en lo que tengo que decir con todo el cariño que no estoy de acuerdo con usted, en lo genérico, pero sí en los específico--, creo que aquí sí tenemos que avanzar, porque es verdad que el voluntarismo es la coartada de la desilusión y la ineficacia. Yo tengo que decirle que no soy voluntarista. Lo que pasa es que, en lo genérico, a usted no se le ocultará que no puedo estar de acuerdo con usted y en lo específico, sí. (La señora Almeida Castro pronuncia palabras que no se perciben.) No, género, no; genérico, de global; género, total, a tope.


--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LA PROFUNDIZACION EN LA APLICACION

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DE LA DIRECTIVA SOBRE MATERNIDAD PROHIBIENDO EN TODO CASO EL DESPIDO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS DURANTE EL EMBARAZO Y LAS EXCEDENCIAS DE MATERNIDAD. (Número de expediente Congreso 181/000525 y número de expediente Senado 683/000015.)

La señora PRESIDENTA: También la señora Almeida tiene una pregunta sobre la profundización en la aplicación de la directiva sobre maternidad prohibiendo en todo caso el despido de las mujeres embarazadas durante el embarazo y las excedencias de maternidad.
Su señoría tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Sabe que soy muy insistente en este tema, porque aunque es verdad que cuando se hizo la directiva sobre maternidad por parte del anterior Gobierno español ya se habían superado aspectos tales como el permiso de descanso maternal, etcétera, no se ha conseguido la consideración de la maternidad no como incapacidad laboral transitoria sino como una declaración específica, y había otros derechos sujetos a protección que se explicaban en esa directiva y uno de ellos, que a mí me parece fundamental, es la prohibición del despido de la mujer embarazada.
Sabemos que hoy es difícil que te den una carta de despido por estar embarazada, pero es verdad que la precariedad y la temporalidad del empleo de las mujeres, los tiempos parciales y demás permiten unas causas de sustitución de los contratos que, sin ser discriminatorias, obedecen fundamentalmente a la condición de embarazada. Yo en este momento tengo tres recursos en el Tribunal Constitucional y bastantes pleitos precisamente de mujeres despedidas por su situación de embarazo y vamos a llegar a Estrasburgo si es necesario.
En todo este tema de la maternidad no es sólo decir tengan hijos, como decía el señor Fraga, ni todas estas cosas. Me gustaría saber qué política se va a hacer para la protección de un derecho, de una función social que tendremos que cumplir y si el Gobierno piensa profundizar en la adaptación de esa normativa en tres aspectos: uno, en la prohibición del despido de la mujer embarazada; dos, en no considerar la maternidad como incapacidad laboral transitoria, porque no es ninguna enfermedad y se debe catalogar en función de otras consideraciones, y, por último, y ya lo explicaremos más detalladamente porque tengo otra pregunta sobre ello, en lo relativo a los permisos parentales, porque creemos que en este momento hay una nueva directiva en Europa en la que se va a tratar de estos asuntos, fundamentalmente y en lo relativo a la maternidad, el despido, la consideración y la vigilancia del tiempo de excedencia.
Otro tema objeto de trasposición es el cambio de puestos de trabajo y los riesgos que la maternidad pueda tener en determinados trabajos, en lo que tampoco nos hemos equiparado, aunque en la nueva ley de salud laboral se han incluido algunas cosas, pero no están identificados todos estos riesgos, y nos gustaría saber si el Gobierno piensa tomar alguna medida para profundizar en la aplicación de esta directiva.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Secretaria General.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Con muchísimo gusto paso a responderle, puesto que ha habido un acuerdo reciente de la Secretaría General de Empleo sobre el particular y traigo el informe de la Directora General de Trabajo.
Como usted ha dicho muy bien, primero, la maternidad no debe considerarse una enfermedad. Yo creo que es una aportación social más de la mujer a la sociedad. Por tanto, la propuesta incluida va a permitir una mayor cobertura en el empleo de las mujeres embarazadas, ya que la actual normativa española regula, como usted sabe, como despido nulo el de la mujer embarazada cuando se produce por causa de discriminación, pero usted ha dicho muy bien que se disfraza de otras cosas. Ahora lo que pretendemos es que no pueda ser ni siquiera por causas objetivas o por despido colectivo siempre que se encuentre en la situación de embarazada.
Esto ya tiene el visto bueno de la Dirección General de Trabajo y por tanto se incluirá. Asimismo en una de las actuaciones del tercer plan se amplía la prohibición de despido de las mujeres embarazadas en los casos que le he dicho, y de esta forma también se cumplirían el convenio con la OIT, que está ratificado por España y que es vinculante, y la Carta Social Europea, que protegen a las mujeres embarazadas y prohíben su despido aunque no concurran causas de discriminación. Por otra parte, estamos tratando de ampliar la protección a los trabajadores cuando el despido se produce como consecuencia del ejercicio del derecho a disfrutar los permisos parentales, en el marco de la trasposición de la Directiva de la Unión Europea sobre permisos parentales 96/34, consecuencia del acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales en esta materia. Por tanto, con el acuerdo al que hemos llegado en el ámbito de la Secretaría General de Empleo, en los puntos más importantes de su pregunta, queda de alguna manera satisfecha su inquietud, que era compartida.
Tengo que añadir algo más. Estoy de acuerdo con usted, las políticas natalistas puras y duras son propias de regímenes totalitarios y, por tanto, pensamos que la paternidad y la maternidad son ejercicio de la libertad individual. En este caso yo creo que la maternidad tiene una dimensión social, como usted muy bien ha dicho, que tiene que ser tenida en cuenta por los gobiernos, no sólo por el nuestro sino también por los de la Unión Europea.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Cualquier avance en este ámbito va a ser siempre compartido. Aunque nuestra preocupación queda salvada, lo que sí le rogamos es que cuando haya disposiciones de este tipo, que tienen mucho interés para esta Comisión y nos permiten poder trabajar sobre datos, tengamos conocimiento de ellas. Por lo menos,

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de cara a lo que no puede resolver, me parecería estupendo contar con ello, aunque tendremos la obligación de conocer esos acuerdos cuando sean públicos, pero en tanto no se publiquen, estaría bien saber por dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir con esta serie de preguntas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Secretaria General.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Le voy a hacer llegar, señora Almeida, el texto de la Dirección General de Trabajo con muchísimo gusto.


--DE LA SEÑORA ALMEIDA CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA), SOBRE LA MEDIDA PARA EL DESARROLLO, INFORMACION, PREVENCION Y SANCION EN RELACION CON EL CODIGO DE CONDUCTA PARA COMBATIR EL ACOSO SEXUAL Y CUMPLIR LA DIRECTIVA COMUNITARIA DE PROTECCION DE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y DE LA MUJER EN EL TRABAJO. (Número de expediente Congreso 181/000531 y número de expediente Senado 683/000021.)

La señora PRESIDENTA: Señora Almeida, también S. S. tiene una pregunta sobre medidas para el desarrollo, información, prevención y sanción en relación con el código de conducta para combatir el acoso sexual y cumplir la directiva comunitaria de protección de la dignidad del hombre y de la mujer en el trabajo.
Su señoría tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Este es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, incluso en legislaturas pasadas --no en la última--, en que estuvo presente esta Diputada. Trabajamos precisamente para desarrollar lo que era el código de conducta para proteger la dignidad de la mujer en el trabajo. Lo hicimos desde dos frentes, intentando modificar el Estatuto de los Trabajadores --lo que se hizo a través de una reforma de la Ley del procedimiento laboral incorporando la protección contra el acoso sexual en el trabajo dentro de las sanciones-- y formulando una enmienda al proyecto de Código Penal anterior e incluida en el siguiente, incorporando el acoso sexual dentro de dicho Código Penal como una agresión al ambiente de trabajo y como un ataque a la libertad sexual de las mujeres.
Sin embargo, la protección en este tema no está del todo conseguida, desde el punto de vista laboral, no está bien desarrollada. En el acoso sexual muchas veces no entra la inversión de la carga de la prueba, porque ésta, en nuestro procedimiento, se hace a partir de aspectos discriminatorios, y por entender que el acoso es para ambos sexos y no se debe considerar discriminatorio en su formulación, tampoco se debe aplicar la inversión de la carga de la prueba. Por otro lado, la consideración del acoso sexual en el trabajo se hace desde el punto de vista de la dependencia laboral y no desde la igualdad laboral, es decir, está previsto el acoso del jefe a la subordinada, pero no la protección contra el acoso entre compañeros, entre iguales, porque la iniciativa de la protección la tiene siempre el empresario. Ese tipo de situaciones hace que contra la figura del acoso no haya suficiente protección y creemos que debemos profundizar en ese código de conducta que tuvo su reflejo parcial aquí para tomar una mayor conciencia, y no sólo lo pretendemos hacer con la modificación y la adaptación de este código de conducta, sino también con otras preguntas que hemos hecho sobre la posibilidad de que haya inspectores vigilantes de la igualdad en la Inspección de Trabajo, en los comités de empresa, etcétera, que ayuden a crear un clima de comprensión del problema del acoso, que es gravísimo y que no tiene una formulación jurídica suficientemente tipificada.
Nuestro grupo quisiera saber si hay alguna medida para intentar dar un amparo legal mayor y poder traspasar a nuestro ordenamiento jurídico este código de conducta, que tiene mucho de cultural, de educacional, pero también de legal, aspecto este último sobre el que le preguntamos en este momento.


La señora PRESIDENTA: Señora Secretaria General.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Señoría, respecto a esta pregunta tengo que decirle que el otro día la Directora del Instituto de la Mujer ya hablaba sobre lo que en el conjunto de actuaciones se pensaba hacer sobre este asunto, por ejemplo, impulsar la legislación laboral para que recoja lo que es el acoso sexual, es decir, hay una declaración de intenciones que queremos materializar.
Su señoría ha dicho algo que compartimos todas las mujeres que hemos trabajado, aunque no hayamos sido, en el caso de la que le habla, objeto de acoso sexual, imagino que sería porque se podían esperar lo que podía venir y pienso que a S. S. le pasaría igual que a mí. Quiero decir que no íbamos a quedarnos pasivas, salvo que --lo voy a decir aunque quede constancia en el «Diario de Sesiones»-- fuera de nuestro agrado, con lo cual ya no sería acoso.
El quid de la cuestión está en que habría que estudiar una explicación del artículo 96.11 del Estatuto de los Trabajadores. En ese punto se dice: Son infracciones muy graves los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. Ahí habría que aclarar, porque usted ha dicho muy bien que sólo si el acoso es entre un superior y un inferior se entiende como acoso, que el acoso, cuando son hombres los que tienen que interpretarlo, generalmente no lo interpretan. Por tanto, creo que tendríamos que ir a la modificación de ese artículo porque ahí se hace responsable al empresario de cualquier ataque a la dignidad en el ámbito de trabajadores en igualdad de condiciones y tendríamos que tratar de incluir algo referente a lo que es el acoso sexual.


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Esta actuación es muy importante porque se siguen dando muchos acosos sexuales en el ámbito laboral, y más a nivel de igualdad de condiciones que en lo que está mejor tipificado, de superior a inferior. Tenemos que hacer una cultura de la denuncia, pero a todo riesgo. En este sentido estamos trabajando mucho con el movimiento Asociativo para crear un ambiente de rechazo, pero de rechazo activo. Pedimos la colaboración de SS. SS. para poder llevar a cabo la reforma de este artículo del estatuto, donde se explicite. Para empezar habría que involucrar a la persona responsable de la empresa --el empresario-- en situaciones que, como S. S. sabe, son muy conocidas en el ámbito laboral, porque lo acosadores sexuales tienen nombre y apellidos, todo el mundo lo sabe, pero al final muy pocos los denuncian.


La señora PRESIDENTA: Señora Almeida, tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Quiero decirle, señora Secretaria, que ante cualquier mujer yo también me siento acosada. (La señora Secretaria General de Asuntos Sociales --Gómez Gómez--: Yo también.) No necesito tener una vivencia personal porque tengo una vivencia colectiva.
La normativa que se está haciendo sobre el acoso me parece bien. Por eso he dicho que se debe crear un ambiente cultural, que se debe conocer bien y que hay que hacer estudios para saber cuál es la gravedad en cada centro, y tiene que haber un apoyo.
El procedimiento de la denuncia no está bien tipificado, porque legalmente tiene tanto costo que muchas veces, en los delitos de violación, por ejemplo hemos tenido que luchar para que no haya un juicio paralelo de la víctima. Son varias cosas las que hay que modificar. El procedimiento laboral no está bien desarrollado. La inversión de la carga prueba no se debe aplicar por obligación a este tipo de conductas, donde una tiene que demostrar lo que se hace siempre en el ámbito de lo oculto.
La falta de dignidad del empresario hacia sus subordinados está tipificada y, sin embargo, no lo está cuando ocurre entre subordinados, porque la dirección de la empresa la tiene el empresario. Por tanto, hay que incidir en la modificación legal. Además la denuncia activa tiene que contar con mecanismos que amparen esa protección. Eso motiva las preguntas que hemos hecho sobre la necesidad de que existan en la Inspección de Trabajo unas inspectoras que velen por la igualdad, que se preparen y se formen al respecto.
La última vez que estuve en Valencia, invitada por el Instituto de la Mujer de la comunidad autónoma, con motivo de las jornadas sobre violencia, la inspectora de Trabajo responsable de la Delegación de Trabajo habló de lo importante que sería contar con inspectoras o inspectores con esa formación que vigilaran esa cuestión de la igualdad con el fin de que el proceso de la denuncia esté protegido y no desamparado, tanto en lo que afecta a la prueba como a lo que es la imposibilidad legal de estar protegidas frente a un compañero. Por eso hemos incidido más en el aspecto legal que en las buenas intenciones que puedan estar recogidas en el plan de igualdad, en el plan comunitario y en la plataforma de Pekín, pero que nosotros tenemos que llevarlas al Derecho positivo.


La señora PRESIDENTA: La señora Secretaria General tiene la palabra.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Por cada mujer maltratada yo también me siento maltratada, lo comparto con su señoría. Al hablar de mi experiencia personal lo hacía en cuanto a lo que suponía de rebeldía y de impotencia ante esa situación.
Cuando hablaba de estudiar la reforma del artículo 96.11 del Estatuto de los Trabajadores me refería a explicitar en ese artículo la situación de acoso entre iguales en el marco de una empresa. Vamos a trasladar la propuesta que usted hace al área de empleo, porque se puede incluir, ya que no aparece recogida, en los formularios de las inspecciones de Trabajo a los centros. Tan pronto como tengamos algún marco de entendimiento o de acuerdo en ese sentido, prometo trasladárselo. Estamos trabajando sobre el Estatuto de los Trabajadores, pero la vía que usted propone me parece razonable, vamos a profundizar en ella y le diré lo que podamos conseguir.


La señora PRESIDENTA: Señora Secretaria General, sabe que siempre es bienvenida a esta Comisión. Esperamos verla muchas veces, no sólo a petición de cualquier grupo parlamentario, sino también a petición suya.
Esta es su Comisión para cuando quiera venir.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Muchas gracias.


--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE C. F. AGRICOLAS DE BRUSELAS Y SECRETARIA GENERAL DE AFAMMER (PRUNA ESTEVE), A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), PARA INFORMAR SOBRE LAS ULTIMAS INICIATIVAS IMPULSADAS EN EL AMBITO DE LA UNION EUROPEA A FAVOR DEL COLECTIVO DE MUJERES DEL AMBITO RURAL. (Número de expediente Congreso 219/123 y número de expediente Senado 715/000035.)

La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha pedido la comparecencia de doña Rosa María Pruna Esteve, Vicepresidenta de la Comisión Femenina del Comité Profesional Agrario de Bruselas y Secretaria General de Afammer, para informar sobre las últimas iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea a favor del colectivo de mujeres del ámbito rural.
Le invitamos a compartir la mesa con nosotros y le damos la bienvenida.
Señora Pruna, estamos deseando oírle y

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estamos seguros de que nos podrá ofrecer datos importantes. Tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA DE C. F. AGRICOLAS DE BRUSELAS Y SECRETARIA GENERAL DE AFAMMER (Pruna Esteve): Muchas gracias, señora Presidenta, señor Vicepresidente, señoras y señores Diputados, así como al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por citarme hoy aquí.
He escuchado todas las intervenciones que ha habido sobre el tema de los derechos de las mujeres y es para mí un honor poder venir a hablar aquí hoy sobre las mujeres agricultoras, las mujeres que vivimos en el mundo rural. Hay gente que puede confundir qué es mundo rural y qué es agricultura, porque todo es lo mismo, pero el mundo rural en la Unión Europea ocupa el 80 por ciento de su territorio mientras sólo un 20 por ciento es urbano. ¿Qué es la agricultura? La agricultura es la espina dorsal del mundo rural, es decir, sin agricultura no hay mundo rural, y por eso hoy estoy aquí, porque soy agricultora, soy ganadera y en estos momentos ostento la presidencia de la Comisión Femenina del Copa, Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias, en Bruselas, que agrupa las organizaciones de los quince Estados miembros --hay unas 50 organizaciones agrarias--. Allí existe una comisión que es de hombres y mujeres pero luego hay otra específica, que es donde estamos, Afammer, que es una comisión para debatir temas sociales, de formación, jurídicos, que atañen a la mujer y a la familia de los agricultores, y formamos parte de Afammer desde 1986, en que entramos en la Unión Europea, entonces Mercado Común.
Desde que entramos en esta comisión han pasado muchas cosas. Todos sabemos que en 1957 hubo algo muy importante para la agricultura de Europa, que fue el Tratado de Roma, sobre el que hoy he escuchado hablar aquí al tratar el tema de la igualdad de oportunidades. Fue un tratado que entonces hicieron seis países para garantizar la alimentación de los ciudadanos de Europa en caso de otra guerra mundial, pero también para garantizar las rentas de sus agricultores. Creo que hoy, en 1997, este Tratado de Roma se ha ido decantando hacia otros aspectos y no está en la misma línea que cuanto nació, porque pienso que hay veces que ya no se garantiza la renta de los agricultores. El papel y las funciones de la agricultura no son suficientemente conocidos por toda la sociedad, aunque son primordiales e insustituibles para la población humana. La agricultura constituye el equilibrio biológico, ecológico, social y humano de nuestro planeta.
Todos sabemos que para la agricultura española la entrada en el Mercado Común en 1986 no fue lo que se dice una buena negociación, pero fue importante entrar en la Comunidad Europea. Las explotaciones agrarias han tenido un despegue de modernización y de reestructuración, pero también han tenido una pérdida de su actividad agraria y de sus rentas, y cuando más se ha notado ha sido desde el 20 de mayo de 1992, con la reforma de la PAC, política agraria común, que terminó con el libro comercio, el GATT, en 1993, con repercusiones que ya nos estamos encontrando y cuyo alcance es difícil poder llegar a saber, porque pronto, en 1999, tendremos una revisión de este tratado que nos dirá cómo queda la agricultura no ya de España sino de Europa.
Pues bien, la internacionalización de los mercados es un hecho real, con estos cambios ha habido una organización nueva de mercados muy importante y la mujer ha sido la primera en comprender la necesidad de adaptarse a estas nuevas realidades. Creo que en situaciones difíciles las mujeres siempre somos capaces de adaptarnos a lo que sea para seguir adelante, y la mujer ha emprendido nuevas actividades para mantener los ingresos de la explotación; incluso, muchas veces con reticencias de toda la familia, ella ha sido la gran artífice del agroturismo en España y en toda Europa, para llevar rentas complementarias a la explotación. La mujer, que ha asumido sin dificultades este papel y se ha adherido a estos nuevos retos, no tiene el apoyo suficiente en el reconocimiento de su trabajo, hasta hoy invisible; especialmente a las agriculturas españolas les falta mucha formación e información para poder desarrollar adecuadamente estas nuevas aspiraciones.
En las últimas estadísticas de 1993 se nos dice que en España trabajan en la agricultura 1.255.927 mujeres; de éstas, 530.528 son titulares de explotación, y cónyuges colaboradoras, 508.773, pero resulta que las estadísticas comunitarias nos indican que el número de mujeres que son titulares de explotación varían según los Estados miembros y en función del retraso estructural que tienen. Por ejemplo, en Portugal y España --por este orden-- es donde hay más titulares de explotación pero con una salvedad, que son explotaciones casi inviables y que sus titulares son mujeres de edad avanzada que han quedado al frente de la explotación porque han muerto sus maridos. También las hay jóvenes, pero son las menos. ¿Y qué nos dicen los informes comunitarios? Que en los países con más tecnología, con más formación y con más riqueza, como son Alemania, Dinamarca y Holanda, sólo hay un 9, un 15 y un 14 por ciento de titulares, respectivamente. Es decir, por una parte te sientes orgullosa de ver que en España hay tantas titulares de explotación, pero tenemos que saber por qué y cuál es la realidad. Ya me gustaría a mí que fueran de explotaciones competitivas. Según Mazariegos, en 1993, de las mujeres cónyuges colaboradoras, sólo cotizaba al régimen especial agrario un 25,9 por ciento y al de autónomos sólo un 1,8 por ciento, es decir, tenemos un 74,2 por ciento de cónyuges colaboradoras que no cotizan a la Seguridad Social y esto es muy preocupante porque estas mujeres cuando les llega el momento de la jubilación han trabajado toda su vida, han ayudado a formar las rentas de su explotación, pero no tienen nada.
¿Quién sabe realmente cuántas cónyuges colaboradoras hay, quién lo sabe, hay un censo fiable? Hasta el momento, no. En la Comisión Femenina del Copa hemos acogido con satisfacción la modificación de la Directiva 86/613 con respecto al trabajo de los cónyuges colaboradores autónomos.
Las modificaciones de esta directiva implican el registro obligatorio de todos los cónyuges colaboradores. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí porque desde 1986, en que se publicó esta Directiva, la 68/613, el 11 de diciembre, no se ha avanzado lo que se

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debiera. Hay países en que el avance ha sido nulo y hay países que la han adoptado, pero muy pocos. ¿Qué ha pasado? Que Francia sí la adoptó, pero los otros países sólo han cogido lo que más les convenía, porque suponía cambiar la legislación, y en vista de que habíamos llegado a 1996 y no había habido muchos cambios, hemos pedido esta revisión. Además, creo que esta directiva nació un poco con mal pie, aunque con muy buenas intenciones y muy buenas voluntades. ¿Qué pasó? Que ya antes de ser ratificada por el Consejo de Ministros, en el año 1989, tuvimos que encararnos en el Parlamento Europeo con un eurodiputado, el señor Pierce, que no quería que las mujeres cónyuges tuviéramos un estatuto de mujer agricultora. El decía que lo mejor era que recibiéramos un salario por nuestro trabajo. Yo creo que allí la comisión femenina del Copa hizo un gran trabajo; fuimos al Parlamento a debatir y el Parlamento nos dio la razón. Una de las ponentes, que tuve que ser yo, le dijo: ¿Cómo quiere usted que seamos empleadas de nuestro marido si la explotación es de ambos? Si estamos conviviendo, si somos marido y mujer, ¿por qué tengo que ser yo la empleada de mi marido? Hay otra cosa y es que si, al final de la semana, me da un salario, cuando llegue el lunes, mi marido, para comprar la harina y el pienso, me pedirá otra vez ese dinero para sacar la explotación adelante.
Le convencimos. Esta directiva salió adelante, se ratificó en diciembre de 1989, la aprobaron todos los ministros de la Unión Europea, y se dio un plazo máximo hasta junio de 1991. Durante ese tiempo, nosotras, Afammer, vinimos a España a hablar con el Ministro de Trabajo, el señor Chaves, para exponerle la situación. La contestación fue que se cumplía la directiva. Es verdad, en una cosa se cumplía, en la igualdad de oportunidades. España es uno de los países de la Unión Europea que mejor está en el tema de igualdad de oportunidades. Están mucho peor el Reino Unido, Irlanda. En muchos países no está tan bien adecuado el tema de igualdad de oportunidades. Y como esta directiva se refiere a la igualdad de oportunidades para aquellos que ejerzan el trabajo de autónomos, la contestación fue que había que condicionar la legislación, que eso siempre duele y que no es fácil nunca.
Nosotras le pedíamos que fuera como en Alemania, como en Bélgica --hay muchos países--, donde el titular que tiene la Seguridad Social paga un plus cada mes y luego, cuando se jubilan los dos cónyuges, cobran los dos la pensión de jubilación. No hubo unanimidad en la Unión Europea, porque se decía que esto eran derechos derivados y no derechos propios. Es verdad, lo sabemos, pero a veces vale más esto que quedarse absolutamente sin nada, como les está pasando a las cónyuges españolas y de otros países; no de todos, ya que nosotras, en el Copa, lo que sí estudiamos es cómo están los otros países. En Bélgica, por ejemplo, cuando salió esta directiva, las mujeres cónyuges no se podían afiliar a la Seguridad Social, porque estaba prohibido; solamente podía hacerlo el titular. Y en Portugal, tampoco. Por eso salió esta directiva. Hoy día pueden acceder en toda la Unión Europea.
Nos fijamos en unos modelos que creemos que pueden ser viables para todos los Estados miembros. Estos modelos son, por ejemplo, el que rige en Luxemburgo, en Dinamarca o en Holanda. ¿Por qué nos fijamos en estos regímenes? Porque en Francia, que cumple la directiva al cien por cien y que ya en el año 1989 dispuso todas estas medidas, el estatuto de cónyuge colaborador o el de cotitular no ha funcionado, porque tienen que pagar una Seguridad Social completa. Hoy por hoy, las rentas de los agricultores --no sólo en España, sino en toda Europa-- han bajado tanto que no se pueden permitir el lujo de pagar una Seguridad Social completa; en Francia hay buenas retribuciones, pero también es cara la Seguridad Social. Viendo todo esto, fue cuando dijimos que los modelos de Luxemburgo, de Dinamarca y de Holanda están en función de las rentas que tiene la persona. Yo creo que esto es lo mejor, y así quedó ya reflejado en la modificación que la comisión femenina del Copa hicimos en el año 1994, en la que pedíamos cotización única por explotación en función de las rentas de trabajo que haya dentro de la misma.
Llegamos al año 1996 y no había nada. En octubre de 1996, la Comisión de Derechos de la Mujer de la Unión Europea presentó una propuesta de modificación de esta directiva para 1997, modificación que fue aprobada el 3 de diciembre en el Parlamento y que ya está vigente. Se refiere a lo que he dicho antes, al registro obligatorio de todos los cónyuges colaboradores.
En España, después de 1994, entre 1994 y 1995, esta directiva encontró un eco especial en las jornadas que se hicieron sobre las mujeres protagonistas en el desarrollo rural. Se confeccionó la carta de igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito rural, una iniciativa que había pedido Afammer en varias ocasiones, y pudimos participar todas las organizaciones agrarias españolas, con un gran consenso entre todas. Esta carta ya reflejaba lo que estamos pidiendo. Lo que pasa es que siempre hay muy buena voluntad por parte de todo el mundo, pero no avanzamos.
Unánimemente, las mujeres de todas las organizaciones agrarias ya pedíamos, sin saber lo que saldría de esa modificación, primero, una revisión del censo agrario, para obtener unas estadísticas fiables de la participación de la mujer en la agricultura. Segundo, una cotización única proveniente de una cotitularidad con igualdad de prestaciones, calculando el número de unidades de trabajo dentro de la explotación y teniendo en cuenta su renta. Tercero, que era imprescindible contar con la colaboración de las organizaciones y asociaciones agrarias antes de iniciar cualquier proyecto destinado al desarrollo profesional de las agricultoras.
Estamos en 1997 y aún no hemos podido ver una luz que nos diga que esto va muy bien, pero, después de toda esta directiva, que hasta el momento ha sido bastante descafeinada, sí podemos decir que el 15 de julio de 1995 España aprobó una ley sobre explotaciones prioritarias que favorece la transmisión patrimonial. Esto fue una buena noticia, porque esta nueva ley da a la mujer prioridad, cuando muere el marido a la hora de transmitirle la explotación sin fiscalidad; cero pesetas. Cuando es traspasada

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de padres a hijos, es un 10 por ciento. Esto lo habíamos pedido reiteradamente y hoy por hoy España es el único país de la Unión Europea que ha tratado el tema de transmisiones patrimoniales, que la Directiva 86/613 también elude. Algo bueno hemos sacado; de forma descafeinada, pero ha supuesto grandes cambios, especialmente en la mentalidad de las personas del mundo agrícola y rural.
Hoy me gustaría pedir un esfuerzo por parte de todas y de todos para analizar y estudiar cómo afectaría administrativa y legislativamente una Seguridad Social única por explotación y en función de las rentas. La calidad de vida es un objetivo humano, nosotras la queremos, y, para que siga vivo el mundo rural, tiene que haber calidad de vida, pero también tiene que haber rentas. Nuestros hijos no se van a quedar si no hay calidad de vida ni rentas. Por eso, me gustaría hacer unas propuestas, pero con la voluntad de todos. No me gusta exigir, porque sabemos todos que, hoy por hoy, en Europa, en España, estamos en un momento más bien de recesión económica; aunque digan que la economía va mejorando, todos sabemos que la moneda única, Maastricht, nos está recortando presupuestos en todos los países. Nos parece que no es un momento de pedir mucho, pero sí, yo creo, de hacer un esfuerzo, porque en los momentos difíciles es cuando se pueden arreglar las cosas. Nosotras propondríamos que se impulsara, dentro de la agricultura, del mundo rural, la creación de empresas de transformación agraria, dando prioridad al producto, facilitando su comercialización, potenciando los productos autóctonos.
Aquí las mujeres tenemos un gran papel. Las mujeres, que somos grandes trabajadoras en el mundo rural y agrícola, también sabemos ser buenas comerciantes. Sería muy bueno que este trabajo no fuera hecho por terceras personas, sino por las que trabajan y viven en la agricultura.
Nos gustaría que se llevaran a cabo acciones integradas para la puesta en marcha de infraestructuras sociales, en particular en lo que se refiere a la salud, a la cultura y a la educación, y que los hijos de los agricultores pudieran acceder a estudios superiores con las mismas ventajas y costes que los de la ciudad, porque hasta hoy la adjudicación de becas es totalmente discriminatoria. Y aquí no hay cambios. Desde el año 1988 estamos pidiendo que se cambie y cada año nos suben un poquitín el tope de personas que están en la familia para poder acceder a becas, pero, a la hora de la verdad, siempre nos cogen desprevenidos por el patrimonio, un patrimonio que es nuestra herramienta de trabajo, como lo puede ser la máquina de escribir para otra persona. Las vacas, las tierras, los tractores, constituyen un patrimonio que siempre vale millones, pero es un patrimonio que pasa de padres a hijos y es para seguir trabajando. Pues bien, las becas no nos llegan y luego se ve que personas con mucho más poder económico que los agricultores las están obteniendo. Solamente pedimos que los costes sean iguales, porque la gente del campo paga los impuestos exactamente igual. Y, siendo así, ¿por qué al agricultor le tiene que salir no caro sino carísimo ir a la Universidad o acceder a cualquier formación continua o superior? Porque hay que decir dos cosas importantes. No solamente se trata del coste de los estudios, es que además el hijo o la hija se tiene que desplazar a las ciudades más próximas, tiene que dejar a la familia y fijar allí su residencia, por lo que a veces no puede ayudar en la explotación. Un coste muy alto.
Por último, la cotización única, proveniente de una cotitularidad, con igualdad de prestaciones y que las diversas actividades dentro de la explotación familiar se consideren como actividades agrarias. Digo esto ya que el agroturismo, la venta directa, influyen en las rentas de la agricultora, porque es ella quien lo hace. Pero hay un vacío legal, no se ha legislado bien y lo que se vende se considera ingresos industriales; si se quiere hacer una venta directa, no se puede hacer porque la normativa española no lo permite o, si se hace, se está fuera de la ley, por decirlo así. En cambio, en otros países de la Unión Europea, especialmente Francia, Holanda, Alemania, cualquiera, en su casa, puede matar sus patos, puede hacer paté y venderlo directamente en la explotación sin ningún problema; evidentemente siguiendo las correspondientes normas de sanidad. Aquí no se puede hacer; hay que sacar una licencia industrial e ir a los mataderos. Parece que éstas son pequeñas cosas, pero todo esto ayuda a que la mujer y el hombre puedan vivir dignamente en la explotación agraria.
Para terminar, quiero decir que creo que es importantísimo el papel de las mujeres en el desarrollo rural. Los políticos europeos y españoles siempre nos dicen que quieren hacer una política agrícola y rural coherente. Bien. Nosotras, las mujeres, les ayudaremos a hacer esta política rural coherente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Ha sido interesantísimo y creo que para todas nosotras ha sido de gran importancia su aportación.
Por el Grupo de Convergència i Unió, que ha solicitado su comparecencia, tiene la palabra la señora Solsona.


La señora SOLSONA I PIÑOL: En primer lugar, en nombre de mi grupo, quiero dar las gracias a la señora doña Rosa María Pruna, experta europea en temas de agricultura, sobre todo en lo que se refiere a la mujer rural.
Agradecemos mucho su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado respecto a la situación de la mujer en el ámbito rural.
La mayoría de las mujeres que trabajan en el medio rural lo hacen en empleos no regulares, en empresas familiares de las que no son titulares, en empleos temporales o a tiempo parcial. En algunos casos, como nos han dicho, ni siquiera cotizan a la Seguridad Social; en otros, las cotizaciones son insuficientes para garantizar derechos propios a prestaciones por desempleo, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, servicios de sustitución, pensiones por jubilación, etcétera. En función de la edad y de la relación que tengan en el mercado de trabajo, están en una u otra situación.
Las mujeres que trabajan en la economía sumergida son un colectivo muy amplio en el mundo rural. Estas mujeres carecen totalmente de derechos laborales, puesto que las empresas no las dan de alta en la Seguridad Social, por lo que no tienen acceso a las distintas prestaciones. Por otro

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lado, las mujeres que colaboran en la empresa familiar son mujeres que trabajan en el sector agrario, industrial o de servicios. Al no aparecer recogido su trabajo en las estadísticas, como ya nos ha expuesto la compareciente, su aportación no se refleja, queda invisible, tanto para el conjunto de la sociedad como para la regulación laboral.
Para eliminar esta situación, se ha establecido la posibilidad de que tanto el marido como la mujer coticen como titulares de la explotación en los sistemas de la Seguridad Social que regulan a los autónomos. Sin embargo, existen dos problemas, ya expuestos, que dificultan esto en la práctica. Por una parte, los ingresos de estas empresas no siempre permiten el pago de dos cotizaciones a la Seguridad Social, en cuyo caso se paga sólo la del marido. Incluso cuando la renta de la explotación permite asumir el pago de las dos cotizaciones, no se efectúa, ya que se considera más necesario cualquier otro gasto que la cotización de la mujer. Si observamos las características descritas, hay una conclusión evidente: el colectivo de mujeres lo tiene más difícil; son mujeres que están próximas a la edad de jubilación, como se ha dicho, y es complicado que lleguen a cotizar lo suficiente para tener derecho a una pensión propia. Para el colectivo de mujeres que se encuentra en la mitad de su vida laboral, hay que plantear las soluciones para que logren ser titulares de sus propios derechos. Es fundamental reflexionar sobre la posibilidad de arbitrar el pago de las cuotas de la Seguridad Social sin que ello suponga una sobrecarga familiar. No es reconocida la aportación laboral de las esposas de los agricultores a la empresa familiar, lo que les imposibilita acceder a un nivel de prestaciones parecido al de los trabajadores asalariados. Bajo la denominación genérica de mujeres rurales, no se tiene una visión real de la situación; todo lo más figuran en las estadísticas bajo el epígrafe de cónyuge o de ayuda familiar. Por tanto, tienen una muy difícil regulación laboral.
Como se nos ha expuesto, hay una carta de igualdad de oportunidades para las mujeres del ámbito rural. Creo que es necesario aplicar esta carta, pero, para que se puedan aplicar estos medios, es necesario, primero, una revisión del formulario del censo agrario y de la EPA, la encuesta de población activa, para obtener unas estadísticas fiables de la participación de las mujeres en el trabajo agrario. También hay que conseguir esta cotización única, proveniente de una cotitularidad con igualdad de prestaciones, es decir, cotización única por explotación, calculada de acuerdo con el número de unidades de trabajo dentro de la explotación agraria y teniendo en cuenta su renta de ésta. Hay que velar asimismo para que las diversas actividades dentro de la explotación familiar se consideren todas como agrarias, contar con las organizaciones profesionales agrarias, clarificar el estatuto jurídico y las prestaciones sociales, garantizar los derechos de la Seguridad Social para la agricultora colaboradora y ampliar todo lo posible las prestaciones económicas y sociales, como el permiso de maternidad, las bajas por enfermedad y las sustituciones.
Señorías, en España, más de 15 millones de mujeres viven en el mundo rural. Mejorar su calidad de vida sería mejorar la calidad de vida de un gran número de mujeres. Aprobamos y agradecemos las propuestas que nos ha presentado la representante en la Unión Europea, Rosa María Pruna, y trabajaremos desde aquí para poder llevarlas adelante con la colaboración de todos ustedes.


La señora PRESIDENTA: Como la señora Costa, del Grupo Mixto, no está en este momento, la señora Almeida tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias a doña Rosa María Pruna por esa interesante aportación que nos ha hecho desde el punto de vista de las mujeres agricultoras, no mujeres de agricultores, sino mujeres agricultoras; mayoritariamente se tiende a calificarlas como mujeres de agricultores y pocas veces se las da la primera titularidad.
La verdad es que hemos tratado ya estos temas en esta Comisión, han venido representantes de la COAG y de otras organizaciones, pero oír a la parte institucional nos ayuda a saber por dónde van. Yo precisamente tengo la carta para la igualdad de oportunidades. Nosotros entendíamos que en el tercer plan de acción, como tuvimos ocasión de escuchar con motivo de la comparecencia de la directora del Instituto de la Mujer, se tendrían que haber incluido más asuntos, dado el amplio consenso alcanzado.
De todas maneras, nosotros hemos tomado nota de las propuestas, que nos parecen importantísimas. Uno de los temas que ya nos había llegado al grupo es el de las becas. Es verdad que la consideración patrimonial en estos casos se tiene en cuenta, pero también todos sabemos que la consideración de rentas se hace por abajo, por lo que es necesario impulsar una nueva fórmula que no discrimine el acceso a los estudios de la gente rural, estudios que, como usted ha dicho, se encarecen mucho más con los desplazamientos. La previsión de las becas tendría que tener en cuenta la carencia de servicios sociales, culturales, etcétera, carencia que hace más grave todavía la formación profesional. En eso vamos a trabajar en nuestro grupo con más ánimo que el que se ha demostrado hasta ahora, tanto en la trasposición de la directiva, como en iniciativas de este tipo. Ya hemos hecho alguna pregunta sobre la situación de las mujeres en la agricultura.
En cuanto a la necesidad de crear empresas transformadoras, sabemos que, si no creamos industria que acompañe a la agricultura, difícilmente vamos a conseguir que mejore la calidad de vida y de rentas en el medio rural, de forma que sea posible que los jóvenes y las jóvenes se queden allí y que la formación que obtengan, bien en veterinaria, bien en ciencias forestales, redunde en un aumento de su calidad. Todo esto está muy condicionado por nuestra integración en Europa y por la falta de voluntad política de llevar a cabo este tipo de inversiones, aunque creemos que es la única fórmula que podemos utilizar.
Por lo que se refiere a la cotización única, sabe que hay una polémica entre determinadas organizaciones de mujeres sobre cómo podemos hacer que lo que es una apuesta familiar lo sea de todos y no solamente del cabeza de familia, que generalmente es un cabezón, porque no hay dos cabezas de familia, sino una sola gran cabeza de familia. Eso está limitando las posibilidades de reparto de las cotizaciones.


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Algunos están proponiendo una cotización individualizada para las amas de casa, que a lo mejor se puede hacer extensivo a las agricultoras, cosa que a mí me parecería mal, porque no estamos reconociendo el espíritu inversor del ama de casa en la aportación familiar, pero fundamentalmente en la explotación agrícola, que también puede darse. Eso hace que tengamos que estar muy en contacto, porque una de las cosas que quiero destacar en esta Comisión Mixta es que las mujeres que estamos en el Parlamento, en la política en general, estamos para apoyar las propuestas de otras mujeres y para trabajar en conjunto. Ese consenso ha dado lugar a la carta de igualdad de oportunidades y a que las mujeres gocen de la mejor consideración. En ese sentido, le queremos ofrecer, por lo menos desde nuestro grupo, el apoyo para llevar a cabo iniciativas que, mediante un estudio y no solamente por una mera presunción, creen esa deseada calidad de vida de la mujer y de los hombres en el medio rural y que propicie que los jóvenes no tengan que huir y abandonarlo, con una supervaloración de lo urbano frente a la calidad de vida que tiene que tener lo rústico. Me parece tan importante crear estas condiciones que quiero poner de manifiesto nuestro compromiso.
En el problema de la venta directa, todos sabemos que no solamente hay grandes industrias. Las pequeñas explotaciones, hoy en día casi inviables, tiene muchas titulares mujeres. Las grandes explotaciones, negocios abiertos, en general, ya empiezan a entrar en multinacionales, ni siquiera ya en manos nacionales, y, desde luego, no en manos de las mujeres. Por eso sería muy importante que la denominación de origen, los productos autóctonos, todo lo que está generando una calidad de oferta para el turismo, que viene tan bien para la atracción de la gente, pudiera estar mucho más en manos de mujeres. A mí me parece que sería un punto muy interesante para la creación de una industria de nuevo tipo, que yo creo que afecta muy directamente a las mujeres, que están muy metidas en el sector servicios, y que en el campo están muy escondidas en el sector privado; allí es donde podían encontrar una salida. Es una idea que nos ha parecido muy destacable, cómo podemos iniciar algún tipo de leyes, para que esto tenga un control más inmediato en la propia autonomía, en lo más cercano posible, y no unas reglas generales que dispersan su oportunidad. A mí me parece que este asunto habría que llevarlo por ahí y en ese sentido vamos a trabajar.
El importante papel que llevan a cabo las mujeres en el desarrollo rural tiene una evidencia en la vida cotidiana, pero culturalmente esto no se aprecia, ni a nivel rural ni a nivel urbano. Y para eso tenemos que tener capacidad de organización, de fortalecer el asociacionismo de las mujeres en la mayoría de los pueblos, que es de lo poco que se está haciendo hoy.
Sin embargo, no tiene la trascendencia de formación y de apoyo que yo creo que usted ha exigido y que nosotros debíamos considerar. Ahí es donde se está desarrollando la vida de una gran cantidad de mujeres y donde se puede predecir que en un futuro habrá otra forma de crear empleo para las jóvenes y los jóvenes que están en el mundo rural. Nosotros hemos tomado nota de sus pretensiones, aunque ya las conocíamos.
Ayer estuve en Zaragoza para hablar del medio rural y me parece muy importante que sepa que, con su aportación y con nuestra propia investigación, intentaremos que las necesidades que ha detectado y que nosotros compartimos tengan una cobertura legal que mejore la situación de las mujeres, tanto titulares como colaboradoras. Colaboradoras no quiere decir colaboradoras con, sino colaboradoras en la explotación y no colaboradoras con el marido. Parece que los méritos se los lleva él y nosotras nos llevamos nuestra gloriosa colaboración y agradecimiento, pero ninguno de los derechos.
Cuente con nuestro grupo, después de haber escuchado su intervención.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Ballester.


La señora BALLESTER ANGULO: En primer lugar, quiero agradecer a la señora Pruna la exposición que nos ha hecho de la problemática de las mujeres agricultoras en el marco de las propuestas que se están desarrollando en la Unión Europea.
Yo, que pertenezco también al ámbito rural y que comparto la exposición en cuanto a los problemas y las necesidades que viven las mujeres de las zonas rurales, quiero poner de manifiesto el profundo cambio que se ha producido en todos los pueblos. Desde luego, en Andalucía --y vivo en un pueblo con una actividad agricultora prioritaria--, eso se comprueba en el cambio de las infraestructuras, en la mejora de la calidad de vida, de las casas, de la familia y, por lo tanto, en la transformación de los valores. También es verdad que el cambio social, sobre todo el cambio de valores, llega con mucho más retraso, con más resistencia, a todas estas zonas.
A lo largo de estos años, la población que se dedica a la agricultura ha disminuido mucho y ése es un cambio que yo creo que es irresistible. Por lo tanto, cabe, y se está planteando ya, la diversificación en cuanto a la actividad en este ámbito. Yo creo que en Andalucía y en otras zonas de España hay muchas mujeres implicadas en las explotaciones familiares, pero también hay un gran número de mujeres contratadas, mujeres temporeras, que sufren unos niveles de discriminación y de penosidad en el trabajo que cabría considerar. Aunque quizás esta cuestión está fuera de su intervención, habría que abordar ese tipo de problemáticas laborales que afectan primordialmente a estas mujeres. Pienso que es importantísimo para el cambio en los valores, para la penetración de planteamientos mucho más igualitarios, seguir profundizando en ese tejido social de asociaciones, de redes de mujeres, que se apoyen mutuamente, que se produzcan marcos de intercambio de experiencias que puedan acelerar ese cambio en cuanto a las actitudes y a la valoración de la aportación de las mujeres en el ámbito de desarrollo rural.
Existen muchos problemas. Es cierto que el trabajo de las mujeres, como bien ha dicho usted, es muchas veces invisible o, por lo menos, no está valorado ni contabilizado en las grandes estadísticas públicas, por lo que cabría resaltar la necesidad de que se evidencie esa aportación de

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las mujeres a las rentas familiares y a las rentas del ámbito rural.
También es importante la participación de las mujeres en la definición de las políticas de desarrollo rural, así como en la ampliación de esos espacios de realización personal, de libertad, que creo que, a veces, también hace que muchos y muchas jóvenes hayan de los ámbitos rurales.
Desde el Grupo Socialista recogemos las propuestas que nos formula usted hoy. Creo que sería muy importante avanzar en la cotización única por explotación, pero también en la individualización de los derechos que se generen con esas cotizaciones en el marco de la cobertura de la Seguridad Social.
Hay que profundizar en cuanto a dar cobertura en servicios e infraestucturas en el ámbito rural; hay que mejorar los servicios de salud, de educación, así como las becas, porque creo que es importante que nos replanteemos la necesidad de aportar algunas propuestas que puedan mejorar el acceso de los jóvenes de los pueblos a las carreras universitarias o a los estudios superiores y, sobre todo, me parece importantísima la participación de las mujeres en los lugares de toma de decisiones para que se tengan en cuenta sus planteamientos a la hora de diseñar las políticas concretas a desarrollar.
Desde el Grupo Socialista consideramos sus iniciativas, como es natural, e intentamos que se mejoren en cuanto al censo, al conocimiento concreto de qué supone la participación de las mujeres en las explotaciones agrícolas y en otras actividades que se desarrollan en este marco, y trataremos de que se plasmen en propuestas que apoyaremos en su momento.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sánchez García.


La señora SANCHEZ GARCIA: Quiero dar las gracias a la señora Pruna, en nombre de mi grupo, por su presencia en esta Comisión y por la exposición seria y rigurosa que ha hecho sobre las necesidades del medio al que usted está muy ligada y que tan bien conoce.
Usted ha sido pionera, desde hace ya muchísimos años, en la defensa de las necesidades de las mujeres que viven en el ámbito rural. A través de su asociación y de muchas más han conseguido unos objetivos que, nadie pone en duda, a nivel individual hubieran sido mucho más difíciles, por no decir imposibles.
En el año 1989, usted hizo una valoración de la situación y las necesidades de este colectivo y curiosamente, echando un vistazo, hoy siguen todavía vigentes. A nuestro juicio, es fundamental todo lo que exponía para que no desaparezcan nuestros pequeños municipios y pueblos.
En dicha valoración, definía usted a la mujer rural como aquella que depende de su entorno agrícola, pesquero o minero, para vivir ella y su familia. Pero también incluía usted a la que habita fuera de la ciudad, ya que agricultora y mujer rural, aun compartiendo las mismas formas de vida, no plantean los mismos problemas de ámbito laboral, aunque sí en temas genéricos, que aquí se han puesto de manifiesto y en los que no quería extenderme porque, como bien han dicho las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, ha habido varias comparecencias antes que la suya, muy recientes, donde se ha hablado ya sobre todos estos temas. Hay unos temas, concretamente, que todos conocemos y que siempre tenemos que volver a sacar a la palestra, como puede ser la educación, la sanidad, el ocio, la cultura, la formación y la información, porque las cosas que estamos tratando aquí y que afectan al mundo de la mujer rural afectan también a casi todas las mujeres; lo que sucede es que en el tema de la mujer rural se complica por las distancias, por lo diseminado de nuestros pequeños núcleos y dificulta todo lo que en zona urbana podría estar a tiro de piedra.
El sector agrícola, como usted ha dicho y me ha encantado oírselo, es muy importante porque sin él a lo mejor no podría existir el mundo rural, al ser el que lo sostiene. Hace 40 años era muy importante en España porque con cerca de 28 millones de habitantes representaba el 50 por ciento.
Creo que había unos 14 ó 15 millones de personas que vivían en el ámbito rural, mientras que en el año 1991, según el último censo, con cerca de 40 millones de habitantes, pasábamos a un 24 por ciento, de los cuales unos 9 millones y pico de personas, aproximadamente, vivían en esos núcleos considerados como menores de 5.000 habitantes, aunque también en Europa cada país tiene una forma diferente de entender lo que es el núcleo rural. Se apunta un incremento muy tímido, es verdad, del censo en estas pequeñas poblaciones como consecuencia de la crisis laboral que hemos sufrido.
No sé si usted conoce el estudio de Benjamín García Sanz sobre la sociedad rural del siglo XXI --está muy bien--, donde deja perfectamente claras estas problemáticas y por qué estamos asistiendo a este cambio paulatino. Dice que está surgiendo una valoración de la vida rural a tenor de los problemas en el mundo urbano, como son el paro, los bajos salarios, el estrés, un largo etcétera, incluyendo el encarecimiento de la vida y, por tanto, como contrapartida, tendríamos la tranquilidad de los pueblos, la vida sana, la accesibilidad a viviendas en propiedad, pudiendo realizar pequeños trabajos, lo que, según García Sanz, hace mucho más atractivo el mundo rural. Tengo que decirle a usted que, aun compartiendo en parte lo que indica el señor García Sanz, creemos que ello puede ser coyuntural y, por los motivos que él aduce, debemos poner todos los medios a nuestro alcance para que sea estructural, porque es fundamental para la pervivencia de todos los habitantes de esos núcleos.
En el Grupo Popular siempre hemos sido muy sensibles a este mundo cuando hemos sido oposición y, por supuesto, ahora que tenemos la responsabilidad de Gobierno. Por ello, el III Plan para la Igualdad de Oportunidad de las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de marzo de 1997, introduce nueve actuaciones para promover el desarrollo de las mujeres en el ámbito rural. A mí me ha encantado escuchar su exposición, porque estos nueve puntos --me imagino que usted los conoce-- vienen a dar respuesta a ciertos problemas que usted acaba de mencionar y que, en definitiva, desde nuestro punto de vista, es la aplicación de la carta de las mujeres rurales. Estos nueve puntos creo que recogen las iniciativas y lo que las mujeres

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de las asociaciones del mundo rural, después de las reuniones mantenidas con el Ministerio, han tenido a bien exponer para hacer hincapié en las dificultades por las que atraviesan. Dicho de otra forma, me sorprende que en estos momentos, después que han pasado las tres representantes de las asociaciones de mujeres del ámbito rural por la subcomisión de la familia --fue en el mes de diciembre de 1996--, donde se está estudiando la problemática de la familia desde el año 1994 (como es lógico, la familia no sólo engloba a mujer y hombre, sino al grupo en general: mujer, hombre, niño, anciano), todo lo que usted ha puesto de manifiesto han vuelto a recalcarlo. Digo que nos sorprende porque ya son muchos años los que han transcurrido y parece que no hemos avanzado en este tema.
El tercer plan pretende ayudar directamente al colectivo con su inserción laboral como asalariadas o empresarias con formación y ayudas económicas; plan que, además, tengo que decir que ha sido aprobado por todas las comunidades autónomas y, por tanto, creo que en un breve plazo de tiempo empezará a dar frutos. Es cierto que hay que hacer un seguimiento riguroso, porque, si no, todo ello pueden ser declaraciones de buenos principios. Se hacen muchos libros verdes, muchos planes de igualdad, pero se quedan en eso: en declaraciones de buenas intenciones. Le puedo asegurar que el Gobierno del Partido Popular quiere que esto sea una realidad, para lo que va a hacer un seguimiento riguroso de este tercer plan.
Me congratula decir hoy aquí que la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Loyola de Palacio, que usted conoce, es una mujer muy vinculada al sector agrario. El otro día dijo en una comparecencia que los hombres y mujeres del sector agrario son los auténticos centinelas del equilibrio natural, y que en este sentido merecería la pena que dedicásemos a sus tareas una reflexión seria. Quiero decir esto porque no son meras palabras, sino que usted verá que la actuación de casi todos los representantes del Gobierno Popular va en esa línea. Pues bien, a través de su Ministerio, en 1996 ha concedido ayudas a las organizaciones de mujeres rurales por valor de 55,5 millones, frente a los 15 millones en 1995, que fue el primer año de ayudas organizadas por este Ministerio, dando 176 cursos de formación a 5.925 alumnas, con un grado de cumplimiento extraordinario, porque es del 92 por ciento, frente a los 12 cursos y 308 alumnas que tuvieron en el año 1995. Por tanto, yo creo que hemos avanzado y mucho.
Después de dos planes de igualdad de oportunidades, con cuatro años de vigencia cada uno, llegamos a los ocho años, y a finales del año 1995, según datos del Instituto de la Mujer, teníamos el siguiente panorama: había 1.200.000 analfabetas, 2.800.000 mujeres sin ningún tipo de educación, 6 millones con educación primaria, 4 millones con educación media y universitaria, lo que suponía la escalofriante cifra de 14 millones de mujeres sin cualificación profesional, algo que en estos momentos, como usted bien ha dicho, con el tema de una economía globalizada, independientemente del mundo rural o urbano, es fundamental e imprescindible. La tasa de paro femenino también en aquella época estaba en el 31,4, frente al 24 respecto del masculino, y el de larga duración en la mujer, que ha sido denunciado muchísimas veces, era del 59, frente al 46.
Por tanto, en nuestro grupo creemos que el Estado debe dar las herramientas adecuadas, como al educación, la formación, pero deben ir acompañadas de unas políticas económicas y fiscales adecuadas que posibiliten la inversión productiva, ya que todos sabemos que los puestos de trabajo no crecen por generación espontánea, sino gracias al capital riesgo, y ahí también entra un poco lo del mundo rural, que es el autoempleo y las diferentes cooperativas.
En estos momentos se están convocando unas elecciones a cámaras agrarias, que es algo muy importante para este mundo del que usted está hablando, algo que no sabemos por qué estaba durmiendo en el cajón del olvido y que el Gobierno del Partido Popular está impulsando, puesto que consideramos que es la mejor plataforma que han tenido estos hombres y mujeres.
Sabemos también los problemas de la transmisión --usted lo acaba de decir-- de pequeñas explotaciones de padres a hijos. Es cierto que se redujo entonces, pero ahora mismo también, dentro del paquete de medidas fiscales, se han quedado en un 5 por ciento. La transmisión de estas explotaciones de padres a hijos está en un 5 por ciento. Algo también hemos ganado, aunque sea una pequeña parte, pero ahí estamos, porque sabemos perfectamente que lo más importante es tratar de que los hijos se hagan otra vez cargo de las explotaciones de sus padres, ya que lo tienen bastante difícil para poder salir fuera.
Señora Pruna, usted ha demostrado continuamente su interés en que el Gobierno español traspusiera la Directiva 86/613. Acaba de añadir ahora algo en cuanto a la aplicación de igualdad sobre el tema de los cónyuges autónomos, y, sobre todo, respecto a la agricultura. A la vista de la legislación vigente, yo le pregunto cuál es, en su opinión, el grado de cumplimiento de esta Directiva en nuestro país. ¿Se han producido avances al respecto? Al mismo tiempo me gustaría saber su valoración sobre la resolución que acaba usted de citar del Parlamento Europeo, de fecha 12 de febrero de 1997, en la que hace saber que muchísimos Estados miembros no han tenido muy en cuenta esta Directiva. ¿Usted cree que en ese campo también puede estar España? ¿Ha hecho caso omiso, o ha habido avances en este tema? Nos gustaría saber qué grado de participación tienen las mujeres rurales en las acciones y programas europeos. Aunque usted lo ha dicho, nos gustaría saber cuál es su grado de participación y si se tiene en cuenta.
Cuál es también su participación en las políticas económicas y sociales europeas sobre empleo y desarrollo rural, así como el estado actual en lo relativo a la protección a la maternidad, incapacidad temporal, invalidez y jubilación de las mujeres agrarias.
He leído en la prensa de mi región el otro día --lo que me ha dado una gran alegría porque soy de Tierra de Campos y vivo en la zona rural-- que hay una asociación de mujeres rurales que ha presentado su candidatura a las elecciones de las cajas de ahorro, y lo ha hecho como impositora.
Esta es una excepción, aunque tendría que ser la norma. Ahí tiene usted muchísimo que ver, junto con las

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asociaciones. Esto quiere decir que las asociaciones rurales han tenido un trabajo serio y riguroso y está siendo en estos momentos reconocido.
Creo que lo importante es avanzar consiguiendo objetivos. No vale decir si se ha hecho mejor o peor. Estamos aquí. Hay que avanzar. Tenemos que conseguir esa igualdad real en todos los campos entre hombres y mujeres, y en esta Comisión lo estamos intentando. Creo que su presencia hoy aquí ha contribuido a informarnos para que esto sea mucho más fácil de hacer.
No quería terminar sin hacerle también otra pregunta. Sé que el 17 de septiembre en Bruselas se celebró el Día de la Mujer Agricultora. A mí me gustaría saber qué decisiones se tomaron al respecto, si es usted tan amable y las tiene a mano, porque también nos podrían venir bien para nuestro trabajo.
Señora Pruna, le deseo mucha suerte, y desde nuestro grupo le puedo asegurar que vamos a ser sensibles a lo que usted ha pedido aquí. Creo que son unas propuestas lógicas y razonables, que no tienen nada que ver con una ideología u otra, sino que de lo que se trata es de tener sensatez y sentido común. Eso es algo que no da la universidad y que debe tenerse en cuenta con mucha frecuencia, sobre todo en el ámbito político.
Le puedo asegurar que vamos a mirar con muchísimo cariño sus propuestas y quiero decirle que cuenta usted, en nombre de mi grupo, con todo nuestro apoyo para lo que necesite.


La señora PRESIDENTA: Para responder a todos los grupos políticos y a todas las portavoces, tiene la palabra la señora Pruna.


La señora VICEPRESIDENTA DE C. F. AGRICOLAS DE BRUSELAS Y SECRETARIA GENERAL DE AFAMMER (Pruna Esteve): Muchísimas gracias a todas. Podríamos estar aquí todo el día hablando porque se han dicho muchas cosas interesantes a las que habría que contestar.
Quiero dar las gracias a doña Carmen Solsona, del Grupo Convergència i Unió, por el hecho de que yo hoy pueda estar aquí.
Si el tema de los derechos de la mujer en el ámbito agrícola y rural es importante, creo que es muchísimo más lo relativo a transmisiones patrimoniales porque fue una idea que surgió y Convergència i Unió lo llevó al Parlamento, debido a que nuestras organizaciones lo habían pedido reiteradamente. Ya me gustaría que hoy hubiera un consenso para que se haga este estudio a fin de saber realmente qué es lo que puede costar al Estado.
Contestando a doña Cristina Almeida, me encantaría que de verdad se hiciera este estudio por parte de todos. Creo que el primer acto de buena voluntad sería hacer un estudio sobre qué sería lo mejor y luego llegar a un entendimiento, que es lo más razonable.
Respecto a la transformación, que a mí es lo que me gustaría, si lo he dicho es porque he visto con mis propios ojos que los países que hoy han adelantado más en la Unión Europea (antes eran Alemania y Francia los reyes de la agricultura) son Irlanda y Holanda. ¿Por qué? Porque no han hecho muchos alardes de ruidos y manifestaciones, pero sus políticos sí que han dado prioridad a la agricultura, han sabido darle lo que se merecía y en Irlanda han constituido, por ejemplo, cooperativas de transformación en el mismo mundo rural; cooperativas que tanto transforman productos del mar, como de la tierra, como del ganado y, chapeau, han sabido salir. Hoy, en economía, Irlanda y Holanda son los primeros países. Ya sabéis todas vosotras que Holanda, sin tierra, es el país que más produce, porque investigan constantemente, pero investigan porque están apoyados. En caso contrario no sería posible.
Me he referido a la transformación porque he visto que es lo que mejor funciona en otros países. España lo puede hacer porque es uno de los países que tiene mayor riqueza en la tierra. Hoy es el día de la tierra, un buen día para estar aquí. España es un país rico en sol y en climatología. Tiene de todo, tiene zonas húmedas y secas. Podemos tener unos productos que son la envidia de Europa y tenemos que seguir siéndolo, porque estamos perdiendo comba. Tenemos un libre comercio y será muy difícil sobrevivir si no elaboramos productos de calidad, y podemos lograrlo en el mundo agrícola y rural transformando dichos productos.
Respecto al asociacionismo, doy toda la razón a SS. SS. La última interviniente ha hecho referencia a este tema. Yo creo que una de las bazas más importante es asociarse. Mediante el asociacionismo se conocen los problemas y se hace formación, indiscutiblemente es lo mejor. Todo cuanto yo he podido aprender ha sido gracias a una asociación. En nuestra asociación hemos visto cómo las mujeres han prosperado tanto en información como en formación. Creo que he contestado a todas las preguntas que me ha hecho S. S.
La portavoz del Grupo Socialista ha dicho algo muy importante, y es que la entrada en la Unión Europea ha servido para algo. Y tanto que sí. Lo he dicho al empezar mi intervención. Quizá la agricultura no se negoció bien debido a los muchos problemas que había, no solamente por parte de los políticos, sino también por parte de los agricultores. Mea culpa.
Muchos agricultores en algunas regiones no expusieron realmente sus problemas por miedo a pagar, pero cuando después supieron que era para cobrar se arrepintieron, pero ya estaba hecho. Yo siempre soy positiva.
No miro nunca atrás y digo que lo que teníamos antes era mejor. Siempre me gusta mirar hacia adelante.
Hemos ganado muchísimo. Hemos ganado en el cambio de mentalidades a que ante me he referido y lo palpamos diariamente. Las mujeres hace treinta años no podíamos pensar en ir a Bruselas y venir, hacer reuniones, formar parte de las cámaras agrarias; como ahora en Aragón, que después de las elecciones hay tres mujeres que forman parte de las cámaras agrarias.
Esto era impensable. Este cambio ha ocurrido gracias a nuestra entrada en la Unión Europea. Ha hecho S. S. referencia a las asalariadas. No he tocado este tema y le diré por qué. Es cierto que en España hay un 23 por ciento de mujeres agricultoras asalariadas, pero la directiva comunitaria no es para las asalariadas, sino para los trabajadores autónomos de la agricultura. A las mujeres asalariadas se las tiene en cuenta, pero, de momento,

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ellas están acogidas al régimen especial de trabajadores por cuenta ajena, por lo que el tema está resuelto. Sabemos que hay dificultades. Y, ¿por qué? Porque las rentas han descendido y como consecuencia de ello el propietario contrata a menos trabajadores. Ocurre lo mismo que con la falta de renta a que antes me he referido. Las trabajadoras agrarias están incluidas en el régimen especial por cuenta ajena y la Seguridad Social española las ha colocado en el lugar adecuado. En esta directiva no se contemplaba su caso y por ello no las he mencionado.
Tema relativo a las becas. Se ha referido S. S. a las asociaciones. Creo que es un tema importantísimo. Llevamos muchos años hablando de becas y me gustaría que este esfuerzo fuera realidad algún día. Si en lugar de acceder a ellas en base a la declaración del patrimonio lo fuera por la declaración de la renta, ya tendríamos becas. Debería haber un apartado específico en la ley relativo a los trabajadores agropecuarios. De hecho existe este apartado, pero se dice que se concederán considerando el patrimonio. El día que esto cambie y se concedan considerando las rentas, el problema se habrá solucionado.
Contesto a continuación a la portavoz del Grupo Popular. Ha enumerado tantas cosas y ha reflexionado tanto que he tomado muchas notas. Poder de la asociación. Soy la primera agradecida de pertenecer a Afammer. Esta asociación nació en el año 1982 y creo que todas las mujeres que la han conocido y están en ella han visto cómo muchas cosas han cambiado. La asociación me ha dado la oportunidad de conocer cómo está la agricultura en Europa y desde allí he podido trabajar para nuestro país.
Censo agrario. Ha mencionado S. S. también el censo agrario. Hoy todos están de acuerdo en que es realmente importante tener el censo agrario.
Evidentemente, el censo debe ser fiable, pero, como decía antes, los cónyuges no salen en el censo, figuran como titulares en las cuentas.
Queremos tener este censo para saber cuántos cónyuges colaboradores hay.
Hay un problema, no sólo en España, sino en toda Europa, y es que hay algún país en el que la gente es reticente por miedo a que ello suponga pagar obligatoriamente. En la reforma de la directiva aprobada ya se dice que la cotización sea facultativa, porque podría ser un arma de doble filo, ya que muchas personas no podrían apuntarse por miedo a no tener el dinero para pagar.
Carta de igualdad. Esta carta de igualdad fue confeccionada por todas las organizaciones agrarias. Las mujeres siempre estamos de acuerdo en las organizaciones agrarias. Son los hombres los que tienen diferentes puntos de opinión. Me encantó el protagonismo que tuvimos porque por primera vez las agricultoras y mujeres rurales fuimos protagonistas. Europa ha sido el primer continente donde se ha elaborado una carta de igualdad de oportunidades para el mundo agrícola y rural. Estoy muy contenta. Hemos trabajado juntas Cristina Alberdi y yo, que hoy también está aquí, y estoy muy contenta de la existencia de la carta de oportunidades. Esta carta es una declaración de buenas intenciones, pero espero que algún día sean realidad. Ya se han aprobado nueve puntos de esta carta de igualdad de oportunidades y ello es importantísimo para poder seguir trabajando.
Yo creo que esta carta se hizo entre todos, y todas las organizaciones coincidimos en que tenemos los mismos problemas y necesitamos lo mismo.
Ha hecho referencia S. S. a la formación. El año pasado se ha gastado en formación más que nunca. Es verdad. Nos hacía mucha falta, porque la formación agraria para las mujeres en España era lo que peor estaba contemplado en esta directiva en relación con los programas de igualdad vigentes en Bruselas. En el año 1982 se hizo un estudio y los resultados era escalofriantes, porque en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Castilla y León, las mujeres no recibían ningún tipo de formación agraria, y no porque se discriminara a la mujer, sino porque a esa formación asistía el hombre y no la mujer. Actualmente se hacen programas de formación específicos para las mujeres y las asociaciones se han podido beneficiar del dinero para llevar a cabo la formación, porque sin formación no hay futuro.
Me pregunta S. S. si se cumple la directiva. Podemos decir que España cumple en muchas cosas de la directiva, y en otras no. Uno de los puntos que cumple España es que todos los trabajadores agrícolas estén integrados en la Seguridad Social, tema que muchos países no pudieron lograr cuando se hizo la directiva. En nuestro país lo que falta es dinero, porque se puede cotizar, mejor en autónomos que en el régimen especial agrario. El problema está en que cada miembro de la explotación --el padre, la madre y el hijo-- no puede pagar 30.000 pesetas. Esto es imposible. ¿En qué puntos no se cumple la directiva? En temas relativos a sustitución por maternidad, enfermedad, vacaciones, etcétera. Este tema es importante y la directiva lo recoge, pero solamente se cumple en Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca. No lo cumplen ni el Reino Unido, ni Portugal, ni Irlanda, ni Grecia, ni Italia, ni España. Se cumple a medias. Me encantaría poderlo decir muy pronto, porque hay ayudas comunitarias para la sustitución, pero España lo aprovecha para otros temas estructurales que son más importantes. Espero que algún día se pueda encontrar la fórmula para que tengan sustitución las mujeres y hombres en la agricultura. La hay, ya empieza a haber sustitución, pero de cooperativas privadas, pagando bastante dinero. Me gustaría que fuera como en otros países. Esto se estudia país por país.
Es una normativa europea y, luego, cada país tiene que ver la manera de que pueda ser más viable.
Por último, usted me pregunta cómo nos ven desde Europa en formación, en programas comunitarios de mujeres; y cómo estamos implicados en temas comunitarios. Somos uno de los países que más nos hemos implicado, no ya sólo en el programa NOW, porque antes las agricultoras no accedíamos a los NOW, había problemas burocráticos, de instituciones, y en estos momentos las agricultoras también hemos accedido a los NOW. Ahora que han salido programas concretos para mujeres agricultoras --el año pasado Fischler dio órdenes de que hubiera programas específicos para mujeres--, para iniciativas innovadoras, España ha presentado muchos proyectos, y no sólo en éste sino en muchos sobre igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en 1996 se aprobaron 125 programas de igualdad de oportunidades en toda Europa, y me parece que España tiene tres o cuatro aprobados. Yo creo que está bien. Ahora

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hay 404 iniciativas para las mujeres agricultoras presentadas en toda Europa, y España ha llevado más de 20. Yo confío en que alguno pueda ser realidad.
Espero haberles contestado, y estoy encantada de estar aquí con ustedes.


La señora PRESIDENTA: Señora Pruna, espero que el consenso y las aportaciones que han podido hacer los portavoces de todos los grupos parlamentarios le puedan servir tanto como nos ha servido su comparecencia. Puede venir a la Comisión a petición propia, como usted quiera y cuando quiera. Nos gustaría que la próxima vez cualquiera de estos objetivos que usted hoy nos ha propuesto aquí haya salido adelante por todas y todos nosotros. Esta es su casa, muchas gracias.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL III PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES. (Número de expediente Congreso 161/000292 y número de expediente Senado 663/000014.)

La señora PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día son las dos proposiciones no de ley que ha presentado el Grupo Socialista. La Mesa ha recibido distintos mensajes. Por un lado, me dicen los grupos parlamentarios, como es lógico, sobre todo las Diputadas y Diputados, que quieren asistir al acto al que viene el Príncipe de Asturias. Por otro lado, no quieren acortar un debate de una proposición no de ley. Como SS.
SS. pueden comprender, si nunca he puesto el reloj sobre la mesa, en este caso tampoco lo voy a hacer. Yo pediría, si les parece a SS. SS., que, después de esta proposición no de ley, interrumpamos la Comisión, y que después del acto del Príncipe --me gustaría saber en qué consiste-- debatamos la proposición del Aula-Dei. En el caso de que seamos capaces de hacer las cosas en una hora, podemos ver las dos proposiciones no de ley.
En este momento empieza el debate de la proposición no de ley sobre el III Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres, que ha presentado el Grupo Socialista ante esta Comisión. Tiene la palabra la señora Martín i Vigil.


La señora MARTIN I VIGIL: Me facilita usted mucho esta mi primera intervención en la Comisión haciendo esa reflexión respecto del tiempo.
Yo comparto con usted la opinión de que hay que rentabilizar al máximo el tiempo, en esta ocasión también, y yo intentaré contribuir a que se pueda asistir al acto que usted ha mencionado no extendiéndome mucho y sintetizando mis posibilidades.
Al hilo de esa misma reflexión, lo cierto es que el tiempo nos ha jugado una mala pasada en la proposición no de ley que hoy ve esta Comisión. Es una proposición no de ley, como muy bien ha anunciado la señora Presidenta, que fue presentada en el mes de diciembre y que, desgraciadamente, viene aquí con unos meses de retraso. El tiempo es oro y el tiempo de las mujeres, tema interesante que alguna vez hemos comentado en muchos foros de debate y reflexión, tiene un valor añadido especial, aunque hay asuntos en los que parece que el tiempo tiene otro valor y que también afecta a las mujeres, según ha comentado el Secretario de Estado de Cultura refiriéndose a la Cartuja Aula-Dei.
Al margen de esta pequeña licencia, la verdad es que el tiempo transcurrido desde la presentación de esta proposición no de ley referida al debate y aprobación por parte de esta Comisión del III Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres la sitúa en otro planteamiento que intentaremos ajustar. De cualquier manera, la proposición llega cuando llega y mi grupo tiene que hacer las reflexiones pertinentes al hilo de la preocupación que nos llevó a su presentación.
La proposición venía fundamentada, básicamente y por resumir, en dos cuestiones: primera, recoger la aportación que habían hecho organizaciones de mujeres en cuanto a su participación para propiciar el consenso con la Administración pública en el seguimiento del plan; y, segunda, contribuir a la profundización en el trabajo y en la entidad que debe tener --en eso hemos coincidido todos los grupos parlamentarios-- esta Comisión.
No ha podido ser, repito, y llegamos a la aprobación por el Consejo de Ministros del III Plan para la igualdad de oportunidades el día 7 de marzo, y a la presentación de dicho plan en esta Comisión Mixta para los Derechos de la Mujer por parte de la Directora General del Instituto de la Mujer, la señora Dancausa, el día 8 de abril.
El debate que suscitó la presentación del plan dará mucho de sí, y quiero remitirme precisamente a las primeras palabras de presentación del plan por la señora Dancausa, cuando dijo que era un documento inicial, un punto de partida, y expresó el deseo de que en su aplicación el Instituto de la Mujer pudiera contar con la participación de todas. Ya se dio buena muestra de esa voluntad, de esas posibilidades de participación en esta Comisión Mixta en el debate que se produjo, como digo, el propio 8 de abril, donde --por resumir también, intentando cumplir con mi compromiso de sintetizar al máximo-- todos los grupos que formamos parte de esta Comisión estuvimos de acuerdo en que, si bien el plan expresa de una forma profusa una serie extensa de buenas intenciones, la verdad es que adolece de concreción, por cuanto no contiene medidas de acción, no tiene compromiso de temporalidad ni cuantificación económica y no señala qué ministerios o departamentos aparecerán como responsables de las diferentes medidas o actuaciones.
Dicho de una u otra forma y en un grado distinto, la mayoría de los grupos coincidimos en esa observación. Ello quiere decir --y así se ha empezado a demostrar-- que todos los grupos presentes en esta Comisión nos comprometimos a colaborar, a través de la actividad parlamentaria, en esta Comisión o en las Cortes Generales, en la concreción de las medidas, del desarrollo y de la profundización en ese plan. Creo recordar, entre otras cosas, que nuestra

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portavoz en aquel tema en esta Comisión, la señora Díez de Baldeón, observó con preocupación que solamente un 18 por ciento del contenido de dicho plan son medidas concretas, que se pueden cuantificar, que facilitan su ejecución y su evaluación. Expresión de esta preocupación mayoritaria de todos los grupos son las iniciativas parlamentarias de mi grupo y de otros grupos, lo cual favorecerá la concreción y el desarrollo de ese plan.
Creo que era la portavoz en esta Comisión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Solsona, la que entre sus preocupaciones manifestaba hace unos días la distancia que había en algunos aspectos entre lo que refleja el plan y el referente necesario del mismo, como son la plataforma de acción de la cuarta conferencia y el plan comunitario.
Era ella quien se refería a las llamadas cuentas-satélite, a que no aparece el compromiso de contabilización del trabajo no remunerado de las mujeres.
A título de ejemplo, quiero señalar que nuestro grupo ya presentó, hace varios meses en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que espero se vea pronto y que todos los grupos con esa preocupación puedan tomar posición en sentido positivo. Quiero comentar, además, que en el Parlamento de Catalunya hace muy pocos días se aprobó una propuesta en ese sentido de forma unánime.
Hay muchas otras consideraciones y propuestas que tuvieron lugar en el debate que se produjo en la presentación que la señora Dancausa nos hizo del tercer plan. Como decía al inicio de mi intervención, el tiempo ha quitado sentido a la proposición no de ley, que en su momento habría servido no sólo para recoger unas aportaciones interesantes, sino para darle entidad, contenido y más solvencia --algo en lo que hemos coincidido siempre todas-- a esta Comisión.
Quiero anunciar que intentaremos actualizar esa proposición no de ley a partir de las mismas consideraciones y preocupaciones, y que tendrá dos líneas: recoger, en desarrollo y aplicación del plan aprobado, las aportaciones que hicieron más de trescientas organizaciones feministas de mujeres, e implicar a la más alta responsabilidad ministerial en este tema, es decir, al ministro, a que periódicamente asista a esta Comisión para dar cuenta del desarrollo y de las dificultades que dicha aplicación puede tener para la Administración, de manera que podamos ayudar, como es obligación de esta Comisión, a que un plan genérico se convierta en un plan de actuación que sea más fácil de aplicar y de evaluar. (La señora Sainz García pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: ¿En base a qué consideración pide S. S. la palabra?

La señora SAINZ GARCIA: Por una cuestión de orden, señora Presidenta.
De las palabras de la portavoz del Grupo Socialista parece desprenderse que retira la proposición no de ley. Queríamos preguntarle, antes de entrar en el debate, si es así.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTIN I VIGIL: Efectivamente, lo he anunciado de forma implícita. Tiene razón la señora Sainz. Procede la retirada de la proposición no de ley. También he querido decir de forma implícita que resolveremos la situación con la presentación de una nueva proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Querría saber si las portavoces quieren intervenir después de oír a la señora Martín i Vigil, para expresar su criterio.
Tiene la palabra la señora Solsona.


La señora SOLSONA I PIÑOL: Solamente quiero decir que este plan del Gobierno debe ser desarrollado a través de esta Comisión y de cada uno de sus miembros con iniciativas parlamentarias que lo pongan en marcha.


La señora PRESIDENTA: La señora Almeida tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Con la venia, señora Presidenta.
Quiero decir que era una iniciativa del Grupo Socialista que no vamos a asumir puesto que la han retirado, pero estamos de acuerdo en que la discusión de esta proposición no de ley ha llegado con tanto retraso que ya se ha discutido el plan y ahora tendremos que mejorarlo a través de propuestas. En ese sentido, nuestro grupo está dispuesto a concretar el citado plan mediante propuestas legislativas.


La señora PRESIDENTA: La señora Sainz tiene la palabra.


La señora SAINZ GARCIA: Voy a ser muy breve.
Por las consideraciones hechas por la portavoz del Grupo Socialista, que entró en el debate a pesar de haber retirado la iniciativa, he de decir que la aprobación por el Consejo de Ministros fue el camino que siguió el Gobierno actual --el mismo que siguió el Gobierno socialista en los anteriores planes-- porque es una competencia inequívoca del Gobierno.
Así lo reconocía la portavoz socialista en sus manifestaciones; así lo entendió claramente el Gobierno socialista mientras gobernó y así lo entiende en las comunidades autónomas en las que actualmente gobierna.
Por otro lado, el Gobierno ha considerado que el plan de igualdad de oportunidades es un instrumento de acción, que considera al Parlamento centro esencial de la vida política. El Ministro, la Secretaria General de Asuntos Sociales y la Directora del Instituto han expresado ya su voluntad de tener en cuenta aquellas iniciativas positivas que los distintos grupos políticos vayan aportando durante la aplicación de este plan cuatrienal. La posición del Grupo Popular es la de llegar, a través del diálogo, al mayor acuerdo y consenso posibles en ese objetivo de igualdad de oportunidades en el que, con entusiasmo, todos los grupos políticos estamos trabajando en esta importante Comisión.


La señora PRESIDENTA: Consultada la letrada, quiero decir, señora Martín i Vigil, que la propuesta es de

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diciembre, pero que entró en la Comisión el 21 de enero. Cuando la Mesa y la Junta de Portavoces decidió cómo se desarrollaban los debates, se produjo este retraso. No obstante, puedo asegurarle que la Mesa y la Junta de Portavoces de la Comisión procurarán ir atendiendo las iniciativas conforme entendamos que es prioritario.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, RELATIVA A LA PROHIBICION DE QUE LAS MUJERES VISITEN LAS PINTURAS MURALES DE GOYA EN LA CARTUJA DE AULA-DEI DE ZARAGOZA Y DE MEDIACION DEL GOBIERNO ANTE LA SANTA SEDE. (Número de expediente Congreso 161/000332 y número de expediente Senado 663/000016.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto, proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista sobre las pinturas murales de Goya en la Cartuja de Aula-Dei de Zaragoza y de la mediación del Gobierno ante la Santa Sede.
Quiero decir al portavoz del Grupo Socialista, el Diputado Bayona, que hay una enmienda del Grupo Popular.
El Diputado Bayona tiene la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: Ha terminado el Año de Goya y ha pasado ya más de medio año desde que formulé una pregunta en el Pleno del Congreso, que era recordada esta mañana.
Debo decir que me ha sorprendido el tono condescendiente e irónico con el que este tema se ha tratado a primera hora de hoy. A veces la ironía también puede ser una forma inteligente, sin duda, de enmascarar la discriminación. Las mujeres siguen sin poder entrar a la Cartuja de Aula-Dei a ver estas pinturas de Goya. Esa es la cuestión. No era el Año de Goya, el conflicto de fondo es entre dos normas: una norma que es la ley democráticamente aceptada, y otra que son los estatutos de una orden religiosa, en este caso, la regla de la Cartuja que, por muy venerable que sea, pertenece al ámbito privado.
Respecto a la primera, las leyes son muy claras. En la motivación de la proposición no de ley está suficientemente razonada. La catalogación de un bien como BIC (bien de interés cultural) es plenamente aplicable a los bienes de propiedad privada. Cuando esto sucede, esos bienes se encuentran sometidos a una serie de limitaciones legalmente reguladas por estas Cortes Generales cuando se hizo la Ley del Patrimonio en el año 1985 y, por tanto, suponen unas obligaciones para los titulares de esos BIC, aunque sean privados. Esa es la legislación y, por tanto, esta ley plasma inequívocamente cuáles son los derechos y los deberes de los propietarios y cuáles son los derechos y deberes de la Administración competente, de lo cual hablaré después.
Los estatutos de la Cartuja, por su parte, en el punto 1.6.14 dicen que en las casas de la orden, convenientemente constituidas, se guardará estricta clausura. Según la tradición de la orden, no se puede admitir dentro de la clausura a mujeres. Ese es el conflicto entre una ley democráticamente aprobada y una regla venerable, tradicional, pero del ámbito religioso y privado.
Podríamos hablar de cuál es el origen de esta regla de los cartujos. Creo que en el fondo hay una prevención frente a la mujer. La mujer es vista como fuente de pecado; hay una fobia, en el sentido de temor fóbico, a la sexualidad, y a la mujer en particular. Este es el trasfondo cultural.
Esta es nuestra realidad histórica, de la que podemos o no estar orgullosos, pero es nuestra realidad cultural e histórica, es nuestra tradición, es la concepción moral y religiosa de la mujer en otros tiempos. Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta: en otros tiempos.
En segundo lugar, no defendemos esta concepción hoy, no podemos defenderla. ¿Por qué? Porque es vejatorio ver a la mujer como fuente de tentación. Es legítimo respetar la tradición; es legítimo respetar las normas privadas, religiosas, de una colectividad, normas que forman parte de nuestra historia cultural, y más aún cuando forman parte de una tradición cultural tan importante como es la de los cartujos. Pero estas tradiciones y estas normas no pueden --y así se defendió en la conferencia de Pekín-- entrar en conflicto o hacerse a costa de determinados derechos fundamentales. Esta es, me parece, la cuestión.
La ley obliga a los propietarios de los BIC a abrirlos, al menos alguna vez, en determinadas condiciones y fechas, para que haya una visita pública de esos BIC. Pública, evidentemente, porque no podemos aceptar que sea pública a hombres sí y a mujeres no, que es lo que realmente sucede hoy. También existe la posibilidad --y ahí es donde se entra ya en la proposición no de ley-- de la dispensa. Es decir, hay algunas causas que pueden ser motivo de dispensa. Pero, evidentemente, los motivos de dispensa, por mandato constitucional, no pueden crear situaciones de discriminación, no pueden vulnerar derechos fundamentales, como es el caso de no discriminación por razón de sexo, que figura en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Así es como hay que plantear los términos de la proposición. No es que el Gobierno respete o no, que las administraciones quebranten o no las normas de los cartujos, sino que los cartujos de ninguna manera están legitimados a desentenderse de las leyes vigentes en España y, muy especialmente, de la Constitución. Por consiguiente, no es cuestión de respeto de la tradición, la de los cartujos, que es respetable y venerable; tampoco es cuestión de conflicto entre dos derechos, el de cartujos y el de las mujeres --creo que no se puede plantear en esos términos--; ni siquiera se trata de delimitación competencial, puesto que lo que está aquí en cuestión va más allá de quién es la administración competente en la materia cultural. Yo creo que es una cuestión de principio y, como tal, no se trata de que la Cartuja esté abierta permanentemente, se trata de que --como cuestión de principio, repito-- no exista discriminación entre hombres y mujeres. El objetivo de esta proposición no de ley del Grupo Socialista no es buscar el enfrentamiento, no es buscar el conflicto, no es provocar, es resolver el problema. Que se entienda así.
Puesto que la competencia cultural es de la Diputación General de Aragón, primero, hay que decir que la Diputación

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General de Aragón --donde, como es sabido, quien gobierna no es el Partido Socialista-- ha hecho algunos esfuerzos, ha hecho bastantes intentos de resolver la cuestión, pero esos esfuerzos son infructuosos puesto que no han producido todavía resultados. No sé si el tiempo de la Iglesia es lento, como decía el Secretario de Estado, pero el problema es que en los derechos, cuando son derechos inalienables, no cuenta el tiempo; son derechos fundamentales que constitucionalmente se deben defender más allá del tiempo.
El Justicia de Aragón hizo un informe sobre esta cuestión y concluyó que la Diputación de Aragón deberá asegurar la visita pública, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación por razón de sexo para la realización de tales visitas. Es la posición del Justicia de Aragón.
Puesto que las competencias son de la comunidad autónoma que afectan a un derecho fundamental y puesto que, al final, la dispensa es papal, es decir, sólo el Papa puede conceder esa dispensa para que puedan entrar mujeres a contemplar las pinturas de la Cartuja de Aula-Dei, una de las dos peticiones que se hacen en la proposición no de ley es que el Gobierno colabore, apoye, no sólo de palabra (que no diga: sí nos parece muy bien, porque han pasado seis meses desde aquella respuesta de la señora ministra), sino que realmente se vuelque para garantizar que no continúa por más tiempo esta discriminación. Porque entre las competencias del Gobierno está también la de fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes que componen el patrimonio histórico, así como la adopción de medidas necesarias que faciliten la colaboración con los restantes poderes públicos. Parece evidente que la Diputación General de Aragón no puede resolver sola el problema, por más que quiera. Por tanto, el Gobierno debe apoyar de verdad, debe implicarse y comprometerse en resolver esta cuestión.
El segundo punto que se pide, y que la enmienda del Grupo Popular elimina, es que el Gobierno haga también gestiones con la Santa Sede. El Grupo Popular pide que se elimine el punto segundo --y voy terminando--, pero no lo podemos aceptar. Es verdad que la Diputación General de Aragón se ha dirigido a la Santa Sede y que la Santa Sede --como hemos oído esta mañana por boca del Secretario de Estado-- ha dicho: Esto es cuestión del prior, arréglense ustedes con el prior y con el arzobispo de Zaragoza.
Por cierto, arzobispo que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y no sólo un arzobispo del lugar. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y me consta, además, que tiene voluntad de resolverlo. Se encuentra con un problema de hace mil años y tiene que ver cómo se puede resolver hoy.
El Gobierno debe implicarse porque las relaciones internacionales y las relaciones con la Iglesia o con la Santa Sede --con las iglesias, en este caso con el Estado del Vaticano-- pertenecen a las competencias del Gobierno, y aunque ya lo haya hecho la Diputación General de Aragón, parece que no ha sido suficiente. Y no sólo eso sino que hay una respuesta a otro Diputado, en enero, donde el Gobierno dice que colaborará en todo lo posible y que continuará las gestiones con la Santa Sede para ello. Por tanto, el Gobierno acepta, en respuesta escrita, que debe hacer gestiones con la Santa Sede, por lo que la proposición no pide sino lo que el Gobierno reconoce que debe hacer.
Termino. Mientras a las mujeres no les sea permitido, precisamente por ser mujeres, el acceso a la contemplación de un BIC, de un bien de interés cultural, como las pinturas de Goya de Aula-Dei, restauradas --como decía la Diputada Cristina Almeida-- con impuestos que también han pagado las mujeres, se lesionan derechos constitucionales. Creo que es vejatorio para todas las mujeres y para todas las personas que defendemos la igualdad de derechos. Mientras esto ocurra, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales debemos dejar de trabajar para solucionarlo. Ya sé que en otros países ocurre también; ya sé que en otras cartujas también ocurre, pero estamos en las puertas del siglo XXI y son cuestiones que con buena voluntad se pueden resolver. No buscamos el conflicto, buscamos superar una situación histórica de otra cultura, de otra mentalidad, que hoy es inaceptable y que choca frontalmente con la Constitución.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Está claro que la proposición no de ley que hoy estamos tratando no es baladí. Estoy seguro de que interesa no sólo a la Comunidad Autónoma de Aragón sino a todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, y que, de una forma u otra, nos implica a todos. Esta es una ocasión que nos debe llevar a aproximar posturas, a reflexionar, a plantearnos la modernidad de ciertos hechos y la conveniencia de que se acorten diferencias, distancias e, incluso, se rompan tabúes que ya no son seguramente de nuestro tiempo, pero, sobre todo, con respeto a la intimidad y con respeto a los modos de vida de distintos colectivos de vario signo y no forzosamente de la religión católica, sino de cualquier o de cualquier creencia, credo o pensamiento filosófico, siempre y cuando éstos no quebranten la legalidad y no incurran en desorden ni alteren el orden público. Es un problema, está claro, que es en este momento de difícil solución y no porque, como decía el buen Sancho, con la Iglesia hemos topado, sino sencillamente porque son temas que están enquistados en nuestra cultura, en nuestra forma de ver las cosas, son temas que han creado carácter en la cultura occidental. Y suponemos que pasará igual en otras culturas como puede ser el budismo y sobre todo ocurre en otra cultura como es el islamismo, y eso no quita para estar en desacuerdo con determinados planteamientos que aportan.
Las reglas de San Bruno, que son las que en estos momentos rigen la Cartuja de Aula-Dei, son del siglo XI y prohíben tajantemente, es cierto, el acceso de las mujeres. Por ello hay que recordar que son reglas vigentes que entrañan una sustancia, una forma de ver las cosas, una forma de vivir para los monjes que las cumplen, pero, al mismo tiempo, estamos en las postrimerías del siglo XX. Tenemos unos bienes culturales que no deben ser negados a nadie y, mucho menos, por razones de sexo.
Existe un derecho

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a la cultura que tampoco puede ser negado a nadie y, al mismo tiempo, tenemos unas reglas en juego como es la Constitución, que, en su artículo 14, prohíbe cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, religión u opinión y por cualquier otra condición o circunstancia personal o profesional. Por otra parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 12.2., aplicable en este caso por figurar el complejo arquitectónico de la Cartuja como monumento histórico-artístico de carácter nacional, determina que los propietarios y, en su caso, los titulares de los bienes de dominio privado están obligados a permitir y facilitar su visita pública en las condiciones que se determinen y, a su vez, prevé que el cumplimiento de esta obligación puede ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada.
Pues bien, como decía antes, la solución no es fácil porque en democracia las cosas no suelen ser sencillas, puesto que las soluciones tienen que ser respetuosas. Estas cosas en dictadura se resuelven fácilmente, pero en democracia está claro que no. En democracia no hay otro mecanismo que no sea la negociación y la conciliación, y eso es lo que ha estado y está haciendo en estos momentos tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como el Gobierno de Aragón y, más concretamente, el departamento de Educación y Cultura. Por enumerar alguna de las actuaciones desarrolladas hasta el día de hoy por la Administración competente, que no olvidemos que es la Diputación General de Aragón, les diré que se han mantenido numerosos contactos con el prior de la cartuja, ofreciéndole múltiples alternativas para permitir el acceso a las pinturas, bien mediante un paso subterráneo u otros métodos que permitieran conciliar ambos derechos. El consejero de Educación y Cultura igualmente se ha dirigido a la secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano. Ha recibido a los distintos colectivos de mujeres que han surgido en defensa de este problema. El Justicia en Aragón ha elaborado un informe que basándose en las normativas vigentes, marca la dirección que debe seguir y así lo está haciendo el Gobierno de la comunidad autónoma. A su vez, el departamento de Educación y Cultura ha planteado la retirada de la publicidad de las pinturas de la Cartuja, se ha suprimido el guía y el propio consejero de Educación se ha comprometido a no visitar las pinturas mientras no se levante ete veto.
Por otra parte, se siguen manteniendo nuevos contactos con el arzobispo de Zaragoza y con el prior del monasterio tal y como se ha indicado desde la secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano. En eso están, en el convencimiento de acercar posturas, respetando las posiciones de las partes negociantes. Siempre hay factores de contacto que hay que potenciar al máximo, al margen de que haya sido el año de Goya, que eso es completamente accidental. No hay que desesperarse ni sacar, entiendo, las cosas de quicio si no se consigue resolver de un día para otro este tipo de hechos que se arrastran, no olvidemos, desde el siglo XI, porque no sé quién decía hace ya algún tiempo que las cosas de palacio van despacio y las cosas de la iglesia todavía más. Tengan la seguridad de que el problema se resolverá, pero no porque en este caso el Gobierno de Aragón tenga especial bandera o porque haya cogido esta reivindicación como suya o bien porque algún partido político lo reclame, sino sencillamente porque quien lo reclama y lo demanda es la propia sociedad, y como hay pleno convencimiento de que es un legítimo derecho, y esto que quede bien claro, que se acomoda a la Constitución y que no se puede ir contra el signo de los tiempos ni nadar contracorriente, tengan, como decía antes, la seguridad de que se resolverá y tendrá una solución acomodada, armónica y respetuosa para los intereses de todos.
En conclusión, es conveniente matizar que la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura con la Consejería de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón para la adopción de las medias que aseguren el acceso de las mujeres a la Cartuja se está realizando dentro de los límites habituales en la colaboración conjunta, como no podía ser de otra forma, independientemente del resultado final y por los cauces adecuados.
Así lo aseguraba la Ministra de Educación y Cultura manifestando en reiteradas ocasiones, entre otras al portavoz del Grupo Socialista en contestación a una pregunta, que, aunque la competencia de este hecho es de la Diputación General de Aragón, el Gobierno va a seguir colaborando en todo lo posible para evitar esta discriminación.
El consejero de Educación y Cultura, quiero recordar, con fecha 10 de julio de 1996, se dirigió a la secretaría de Estado del Vaticano solicitando la dispensa necesaria para que las mujeres pudieran visitar las pinturas murales de Goya. A finales del mes de agosto se tuvo respuesta, reconociendo nuevamente la competencia para la solicitud del posible permiso al prior de la Cartuja y al arzobispo de Zaragoza, autoridades con las que el consejero de Educación y Cultura está estableciendo nuevos contactos para avanzar en la búsqueda de soluciones.
Por ello, entendiendo que tango el Gobierno como la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre la que recae la competencia en la materia, se están ocupando ya de la realización de las acciones que se consideran acordes con el cumplimiento de los objetivos finales planteados, con las matizaciones aludidas, es por lo que hemos presentado esta enmienda al texto inicial de la proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir un turno de portavoces para conocer lo que opinan todos los grupos parlamentarios.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Amorós.


La señora AMOROS I SANS: Sería deseable que todas las discriminaciones que las mujeres sufrimos aún desgraciadamente en nuestra sociedad fueran erradicadas totalmente y conseguirlo es tarea de todas y todos.
Señorías, es evidente la incongruencia de que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tengamos derecho al acceso a la cultura y que se nos niegue el derecho a poder visitar unas obras catalogadas de bien de interés cultural, aun más teniendo en cuenta que celebramos el año dedicado al insigne pintor Francisco de Goya, autor de los frescos objeto de la proposición no de ley que nos ocupa. También es

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cierto que nos encontramos ante unas competencias distintas; por una parte, y la más evidente, la competencia exclusiva del Gobierno autónomo de Aragón en todo el ámbito cultural de la comunidad autónoma y, por otra, nos encontramos con la competencia del arzobispado de Zaragoza y, al final, con el respeto hacia las reglas de una orden religiosa en las que no tenemos ningún derecho a inmiscuirnos.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pediría la votación separada de los dos puntos por entender que es intención de la Consejería de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón propiciar y alentar el consenso entre todas las partes --el arzobispado, el prior de la Cartuja y el mismo Gobierno de Aragón-- para que así puedan participar todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de un bien cultural de tal relevancia. Por este motivo, como he dicho antes, pedimos la votación separada de los puntos 1 y 2.
Señorías, no quisiera terminar mi intervención sin hacer una reflexión en voz alta. Es necesario defender los derechos de las mujeres ante temas como éste, pero también sería necesario desde esta Comisión mediar ante otras culturas y religiones que conviven en nuestro Estado y que son mucho más discriminatorias con las libertades e igualdades de oportunidades de las mujeres y las niñas en el libre acceso a la cultura y a la educación.


La señora PRESIDENTA: Para centrar el tema a la hora de las votaciones, querría que S. S. me aclarara lo siguiente en relación con la proposición no de ley del Grupo Socialista, que tiene dos puntos.


La señora AMOROS I SANS: Tengo entendido que no han aceptado la enmienda del Grupo Popular de supresión del segundo punto. Entonces, el Grupo de Convergència i Unió pediría la votación separada del punto 1 y del punto 2. En el punto 1 estamos a favor y en el punto 2 estamos en contra.


La señora PRESIDENTA: Muy bien.
Tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: He oído, en palabras del representante del Grupo Popular, que no hay que sacar de quicio este tema. Siempre que se habla de cosas de mujeres se dice que no hay que sacar el tema de quicio.
Quiero aclarar que las mujeres no hemos sacado de quicio nada; nos han sacado de quicio los señores de la Cartuja de Zaragoza, que son los que nos sacan de sus normas o nos meten en ellas. Si tuviéramos que decir algo, ninguna de las mujeres queremos ver a los cartujos. Que se escondan, que hagan lo que quieran. No tenemos ninguna intención de agredir su intimidad. Queremos ver los frescos y las pinturas de Goya. En ese sentido, que a nosotros nos metan en su historia nos impide ejercer nuestro derecho constitucional.
No se trata de un hecho parcial sino de un hecho que está en la cultura de muchas tierras. En China --y él lo ha dicho--, cuando estuvimos en Pekín, oíamos cosas mucho más duras. Dice que las cosas de palacio van despacio, pero es que hay tradiciones culturales religiosas de otros países que suponen la ablación del clítoris de las mujeres; irán muy despacio, pero a la que le vaya a tocar quiere que lo eliminemos totalmente. No estamos intentando dar tiempo al tiempo, sino tratando de ejercer unos derechos constitucionales. Por eso hago la aclaración de que las cuestiones culturales son muchas. Desde luego, ésta no es tan dura como la otra de la que he hablado, pero en la cultura que tenemos está tan sacada de quicio como para pensar que las mujeres no podemos entrar a ver unas pinturas de Goya. Me parece que dar marcha atrás en eso supone supeditar la sociedad civil a unos valores religiosos minoritarios que no tienen que afectar a la igualdad. Es parte de nuestra esencia jurídica cultural hacer de la igualdad una base de comportamiento. Por eso, no nos parece un tema nimio ni que hayamos sacado nada de quicio. Se trata de exigir la aplicación constitucional de nuestros derechos.
En segundo lugar, en cuanto a las competencias, me remito a la presentación que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. La competencia tiene una parte de autonomía en cuanto a lo que es la experiencia cultural y a poder dirigir cómo se va a llevar la fase cultural de la propia autonomía de Aragón --por eso, el primer punto nos parece respetuoso--, pero aquí entra en discusión también un tema con la Santa Sede, y los convenios con la Santa Sede no los hace la Comunidad Autónoma de Aragón ni ninguna autonomía; los hace un Estado que quiere dar una oportunidad de trabajo a una parte de los miembros de una religión y les reconoce una serie de facultades a través de esos convenios. No creo que ninguno de esos convenios permita establecer diferencias ni discriminación. Por tanto, el cumplimiento de esos convenios exige que también nos dirijamos a la Santa Sede. Nos han dicho antes que el Gobierno se tiene que dirigir, en vez de a la Santa Sede, al arzobispo o al obispo; que lo haga a quien quiera. Nosotros no podemos instar al arzobispo o al obispo; instamos al Gobierno para que lo haga a través de los cauces de los convenios con la Santa Sede. Por tanto, la eliminación de la segunda parte conduce a dejar indefenso el aspecto del respeto autonómico y el aspecto de la obligación a un convenio, que no tiene nada que ver, como ha dicho la portavoz de Convergència i Unió, con que haya otras posturas más discriminatorias. Es verdad que la comunidad gitana ha intentado no dar escolaridad a las niñas; igualmente lo hemos denunciado y se ha prohibido. Hay muchos aspectos de la virginidad y de los matrimonios que también hemos denunciado. Por tanto, no estamos hablando de que sea la única discriminación existente, sino que hay muchísimas y tenemos que estar vigilantes sobre todas; vigilantes desde la solidaridad, como lo hemos hecho en la Conferencia de Pekín con otras tradiciones culturales que nos han parecido abominables pidiendo que se eliminen.
Para que vea que no solamente la Iglesia es un poco tarda en enterarse, vamos a presentar una pregunta en esta Comisión sobre las fiestas del Alarde, de Irún. En muchas fiestas culturales se ha considerado que los únicos que se deben divertir son los hombres, porque son estupendos, y las mujeres tenemos que ir a aplaudirlos; cuando algunas

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han intentado el año pasado divertirse con ellos, las han apedreado, las han tirado huevos y las han hecho apartarse. Vamos a dar la batalla y, a lo mejor, una de las batallas sería que nos fuéramos todas las pertenecientes a la Comisión, en un autobús que nos pusieran, a ver el Aula-Dei de Zaragoza y montar un cirio allí (Aplausos.), porque ya está bien que, para aplicar la Constitución, tengamos que esperar a que nos lo diga la Santa Sede.
Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley porque me parece que los dos puntos son necesarios para acabar con situaciones de exclusión en una sociedad igualitaria cuando no se permite la igualdad.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Pido la palabra exclusivamente a efectos de centrarnos ya en la, al parecer, discrepancia que existe sobre el punto segundo.
Creo que esta proposición no de ley debe salir por unanimidad si queremos que tenga eficacia. No se trata tanto de ver quién se lleva el gato al agua ni de qué decimos después fuera de aquí, sino que preferiría que lo que salga fuera por unanimidad. Me consta, además, porque lo he reconocido en mi primera intervención, que la Diputación General de Aragón está a favor de esto, es decir, conocía el texto; yo conocía los pasos que ha dado la Diputación General de Aragón y creo que necesita este apoyo.
El segundo punto es necesario y creo que podríamos llegar, si así lo estima el Grupo Popular, a algún otro tipo de redacción, a alguna transacción, pero es necesario apoyar desde el Gobierno las relaciones con la Iglesia; con la Iglesia en su doble vertiente en este caso, la Santa Sede y el arzobispo de Zaragoza. Por tanto, yo estaría abierto a una redacción transaccional, pero no estoy a favor de eliminar el punto segundo. Si no estamos buscando el conflicto sino que se respeten los derechos constitucionales, sin perjuicio del cumplimiento de las reglas de la Cartuja, la única solución es que haya una dispensa papal.
Volquemos los esfuerzos en conseguir esa dispensa papal. ¿Qué puede hacer el Gobierno? Dirigirse a la Santa Sede, aunque lo haya hecho una vez, que no lo ha hecho, pues lo ha hecho la Diputación General de Aragón, no el Gobierno, que reconoce en una pregunta escrita que está dispuesto a hacerlo. Pues digámosle que lo haga. ¿Qué más puede hacer? Dirigirse al arzobispo de Zaragoza para que éste pida la dispensa. Parece que es la línea de la intervención del Grupo Popular. Yo estaría dispuesto a modificar el texto en esa línea, que el Gobierno se dirija al arzobispo de Zaragoza y al prior de La Cartuja instándoles a que soliciten dispensa papal. Serviría cualquier fórmula, pero creo que no sería bueno votar en contra del punto dos, ni para los que votasen en contra ni para el objetivo, que creo que es común, de resolver esta situación.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCIA: En nombre del Grupo Popular, pediría tres minutos de suspensión para tratar de fijar esa enmienda transaccional, pues nuestro grupo también desea que la votación se produzca con el mayor consenso posible.


La señora PRESIDENTA: Señorías, de las dos primeras proposiciones no de ley que han venido a esta Comisión, una ha sido retirada por estar fuera de tiempo. Respecto de la otra, no desearía que hubiera una votación en la que no pudiéramos estar todos de acuerdo cuando en el fondo lo estamos.
Señor Bayona, usted que ha sido Senador y comprende todas las cuestiones de las comunidades autónomas, vamos a ver cómo podemos buscar ese punto en común y que nadie se sienta mediatizado en sus competencias culturales.
Vamos a dar tres minutos de receso. (Pausa.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, quiero informar a todos los miembros de esta Comisión que el primer punto queda conforme figura en la proposición no de ley y el segundo queda así: Que con el objeto de respetar los derechos constitucionales, sin perjuicio de las obligaciones que las reglas de la Cartuja imponen a sus miembros, se dirija al arzobispo de Zaragoza y al prior de la Cartuja de Aula-Dei con el fin de que soliciten dispensa papal para que las pinturas murales de Goya puedan ser visitadas por las mujeres.
¿Estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.

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