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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 201, de 09/12/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 201

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 195

celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas . . . (Página 10801)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de la red de alta velocidad ferroviaria en España (número de expediente 172/ 000125) . . . (Página 10823)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con las causas por delito fiscal (número de expediente 172/000126) . . .
(Página 10835)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud, calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho Sistema (número de expediente 172/000128) . . . (Página 10844)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector naval público (AESA y BAZAN), en el marco actual de la Unión Europea (número de expediente 173/ 000111) . . . (Página 10852)

Página 10796


- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en materia de política agraria (número de expediente 173/ 000112) . . . (Página 10858)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno con respecto a la recientemente finalizada cumbre de Buenos Aires sobre cambio climático (número de expediente 173/000113) . . . (Página 10866)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas . . . (Página 10801)

Del Diputado D. MARIANO CÉSAR SANTISO DEL VALLE, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Piensa variar los criterios que hacen posible conceder subvenciones a empresas de un condenado a ocho años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito continuado de prevaricación precisamente por desviación de subvenciones en su etapa como Vicepresidente de la Junta de Castilla y León? (Número expediente 180/0001502) . . . (Página 10801)

Del Diputado D. DEMETRIO MADRID LÓPEZ, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué opina el Sr.
Presidente del Gobierno de la concesión de una subvención del MINER a la Empresa Uría Motor S.A., propiedad de su ex Vicepresidente cuando Vd. presidía la Junta de Castilla y León? (Número expediente 180/ 001505) . . . (Página 10802)

Del Diputado D. GUILLERMO MARTÍNEZ CASAÑ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la postura del Gobierno en las negociaciones que se están desarrollando en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de la Agenda 2000, especialmente en relación con los Fondos de Cohesión? (Número expediente 180/001515) . . .
(Página 10803)

Del Diputado D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que en el cómputo de la indemnización compensatoria a los ex-Secretarios de Estado debe incluirse el complemento de productividad? (Número expediente 180/001511) . . . (Página 10804)

De la Diputada D.a CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué respuesta piensa dar el Gobierno a las reivindicaciones de los estudiantes de Enseñanza de Secundaria y de Universidad? (Número expediente 180/ 001509) . . . (Página 10805)

De la Diputada D. a MARÍA DEL CARMEN MATADOR DE MATOS, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Ministerio de Educación y Cultura para que en los centros de enseñanza se celebre el XX aniversario de la Constitución? (Número expediente 180/001516) . . . (Página 10806)

Del Diputado D. FERNANDO COQUILLAT DURÁN, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué mejoras en la calidad de las enseñanzas artísticas va a suponer la aprobación de los Reales Decretospor los que se van a crear los títulos

Página 10797


superiores de Danza, Diseño y Cerámica, y se desarrolla el currículo superior de Música para el territorio MEC? (Número expediente 180/ 001517) . . . (Página 10807)

De la Diputada D.a BEATRIZ RODRÍGUEZSALMONES CABEZA, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de Educación y Cultura para apoyar las investigaciones en el yacimiento de Atapuerca? (Número expediente 180/001518) . . . (Página 10808)

Del Diputado D. ALEJANDRO CERCAS ALONSO, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué se opone a la propuesta socialista de que, en 1999, los pensionistas que perciben las cuantías mínimas, tengan una subida extraordinaria y adicional de 2000 pesetas mensuales, con cargo a los costes fiscales de la reforma del Impuesto de la Renta, y con el objeto de que se beneficien en algo, con tal motivo, las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad? (Número expediente 180/001508) . . . (Página 10809)

De la Diputada D.a MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno como consecuencia de los acuerdos de la reunión del Consejo General de la Emigración celebrado en Madrid recientemente? (Número expediente 180/001522) . . .
(Página 10810)

De la Diputada D.a MARÍA DOLORES CALDERÓN PÉREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué balance hace el Gobierno de los primeros meses de aplicación del plan contra la violencia doméstica? (Número expediente 180/001520) . . .
(Página 10811)

Del Diputado D. JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede confirmar el Gobierno que durante el año 1999 entrará en funcionamiento, con toda la dotación personal y material necesaria, el Juzgado de vigilancia penitenciaria con sede en la ciudad de Burgos? (Número expediente 180/001524) . . . (Página 10812)

Del Diputado D. JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Sr. Ministro, considera usted justo que pueda ser desalojado un pasajero de un medio de transporte, para que su plaza sea ocupada por usted o personas de su séquito? (Número expediente 180/001503) . . . (Página 10813)

Del Diputado D. RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué justificación da el Gobierno a la subvención económica concedida a quien fue colaborador de D. José María Aznar en el Gobierno autonómico de Castilla y León y condenado por prevaricación a raíz de actuaciones llevadas a cabo con motivo de esa colaboración? (Número expediente 180/001504) . . . (Página 10814)

Del Diputado D. LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa solucionar el Gobierno la grave situación financiera de RTVE? (Número expediente 180/001506) . . . (Página 10815)

Del Diputado D. JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración tiene el Gobierno sobre las actuaciones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional? (Número expediente 180/001507) . . . (Página 10816)

Página 10798


Del Diputado D. JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera acorde con el espíritu constitucional que desde las instituciones públicas se convoquen actos en memoria del anterior Jefe del Estado? (Número expediente 180/001512) . . . (Página 10817)

Del Diputado D. TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está desarrollando el Gobierno a efectos de garantizar la conveniente población del lince ibérico en nuestro país? (Número expediente 180/ 001521) . . . (Página 10818)

Del Diputado D. ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se ha decidido por fin el Gobierno a tomar alguna iniciativa para dar cumplimiento a la Moción aprobada el 28 de septiembre por el Pleno del Congreso de los Diputados para la ampliación de la Tarifa Plana a los usuarios de Internet? (Número expediente 180/001513) . . . (Página 10819)

Del Diputado D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Socialista del Congreso,que formula al Gobierno: ¿Apoya el Ministerio de Fomento la construcción de un aeropuerto en la provincia de Castellón? (Número expediente 180/001514) . . . (Página 10820)

Del Diputado D. LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el Plan de Vivienda 1998-2000? (Número expediente 180/001519) . . . (Página 10821)

Del Diputado D. JOSÉ ENRIQUE MORATALLA MOLINA, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué instrucciones ha impartido el INSALUD para la confección de la listade espera quirúrgica? (Número expediente 180/001510) . . . (Página 10822)

Interpelaciones urgentes 10823

Página.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el futuro de la red de alta velocidad ferroviaria en España . . . (Página 10823)

El señor Caldera Sánchez-Capitán presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Tiene la seguridad de que el señor ministro compartirá con él que la accesibilidad del territorio constituye una condición básica para alcanzar un desarrollo económico equilibrado que fomente la cohesión y mejore la calidad y el nivel de vida de la población. En base a ello, el Grupo Socialista considera que no existe posibilidad alguna de alcanzar esos objetivos si en materia de infraestructuras no se dotan de una estrategia debidamente planificada, algo de lo que carece el Gobierno. Aparentemente se identifican con el Plan director de infraestructuras, aprobado por esta Cámara, pero después lo incumplen, sin proceder a la redacción de un plan alternativo, lo que les permite improvisar de manera continua y prometer todo a todos, aunque se sepa que no se van a cumplir esas promesas. Alude a continuación a los proyectos del Gobierno en relación con el ferrocarril, y más concretamente con el programa de alta velocidad, por un importe total de más de tres billones de pesetas, preguntando al señor ministro cómo se van a financiar tan fantásticos compromisos, en qué plazos y qué prioridades existen. Piensa que se trata de sembrar un conjunto de expectativas que no van a poderse cumplir, salvo quizás en el caso de la línea Madrid-Barcelona- frontera francesa, con un coste de 1?2 billones de pesetas, línea a la que han mostrado su prioridad, aunque sin precisar la fecha de su terminación, o mejor, hablando de una fecha distinta en cada momento y lugar. Concluye afirmando que se hallan frente a demasiadas contradicciones, por la falta de rigor de un Gobierno en permanente improvisación, por lo que estiman necesario realizar un debate en profundidad en la Cámara para que los grupos parlamentarios puedan expresar su opinión sobre el particular.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Fomento (Arias- Salgado y Montalvo) Señala que el interpelante hacía una constante apelación al rigor, cuando éste brillaba por su ausencia en la intervención del señor Caldera. Menciona el Plan director de infraestructuras y los incumplimientos del mismo por parte del Gobierno socialista, destacando a continuación que en este momento el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona- frontera francesa está totalmente en marcha en distintas fases, invirtiéndose anualmente una media

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de 173.000 millones de pesetas. Asimismo anuncia para los próximos meses la publicación de un documento en el que se fijará la prioridad de las inversiones en el ámbito ferroviario, teniendo en cuenta la demanda-rentabilidad de cada corredor. Termina mencionando algunas inversiones actualmente en ejecución, afirmando que por parte del Gobierno se están impulsando razonablemente los proyectos de alta velocidad que son de mayor urgencia para la estructura ferroviaria del país.


Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando el señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber, y Rodríguez Sánchez del Grupo Parlamentario Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con las causas por delito fiscal . . . (Página 10835)

Presenta la interpelación el señor Saura Laporta, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, manifestando que se encuentran ante la prolongación de un debate intenso mantenido esta mañana en la Comisión de Economía, en el que se ha puesto de manifiesto el grado de acuerdo de muchos grupos parlamentarios en que la lucha fiscal que realiza el Gobierno no es la adecuada y que su actitud pidiendo el archivo de las cesiones de crédito del Banco de Santander es una actitud absolutamente inconcebible. Reconoce que una parte importante de la Agencia funciona bien, pero no así en el área de inspección, y basta acudir al resumen de prensa de los últimos cuatro meses para comprobar la existencia de la crisis. También la ponen de manifiesto las dimisiones o ceses de varios directores generales en tan solo dos años y medio. En relación con el Banco de Santander, destaca el hecho de que el abogado del Estado y el fiscal hayan pedido el archivo de las cesiones de crédito cuando se trata de la captación de 400.000 millones de dinero opaco y se han dado identidades falsas sobre otros cien mil millones. Ello le lleva a afirmar que el Gobierno no ha defendido los intereses públicos de la Hacienda y sí los intereses del Banco de Santander.
En nombre del Gobierno contesta el señor Vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo.) En relación con la crisis de la Agencia Tributaria, que justifica el interpelante en base a seis editoriales de prensa y el hecho de que un director general después de un mandato decida que no quiere continuar en el puesto, contesta que ya querrían crisis como esta todos los gobiernos. Agrega que una verdadera crisis consistiría en que los ciudadanos tuvieran una opinión negativa de la Agencia, que ésta no fuese capaz de resolver los problemas de recaudación y que las cifras de lucha contra el fraude no fuesen superiores a las de años anteriores, pero nada de esto sucede y, antes al contrario, las encuestas demuestran que el grado de satisfacción de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Agencia es bastante mejor que en relación con otros servicios públicos. Tampoco cabe hablar de caos por el hecho de que en un colectivo de 27.000 funcionarios un número reducido, de unos 300, se encuentren en conflicto corporativo, que el Gobierno reconoce y es consciente de que debe resolver los problemas existentes. Reitera por otra parte el compromiso adquirido esta misma mañana de aprobar un estatuto interno de la Agencia durante esta legislatura. Respecto a las cesiones de crédito, reitera también lo manifestado esta mañana de que la posición del Estado en cuanto a valoración procesal la fijan los servicios jurídicos del Estado en función de todas las pruebas que tienen que contemplar. El interpelante quiere un debate político sobre un juicio de un determinado contribuyente y ahí no le puede seguir. Termina señalando que se está acusando de cometer delitos a un montón de personas de la Administración pública española, lo cual no es cierto, y sólo puede hacerlo el señor Saura por su condición de diputado.


Replica el señor Saura Laporta, duplicando el señor Vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo.)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso, y señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud, calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho Sistema ... (Página 10844)

Página 10800


La señora Maestro Martín presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comienza señalando que cuando esta interpelación fue elaborada aún no se había producido la desagradable noticia con la que el Grupo Popular les sorprendió en el último momento del plazo de presentación de enmiendas en el Senado a la ley de medidas fiscales, administrativa y del orden social, metiendo por la puerta trasera y de una manera vergonzante medidas de desmantelamiento, fragmentación y degradación de la sanidad pública, que es lo que supone la medida de creación de las fundaciones sanitarias, incurriendo de paso en un elemento de inseguridad jurídica de la mayor importancia. Han utilizado una ley escoba para atentar gravemente contra la calidad de la atención sanitaria.
Concluye señalando que la interpelación que ahora defiende tiene que ver precisamente con la irresponsabilidad de este Gobierno a la hora de introducir mecanismos de inseguridad, de deterioro de la calidad de la atención sanitaria y especialmente con una medida con la que pretender devolver la sanidad pública al siglo XIX.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría) señalando que si fuera verdad que con la medida propuesta se trataba de desmantelar y degradar el Sistema Nacional de Salud entendería que se trata de una desagradable noticia, pero ocurre exactamente lo contrario, que se hallan ante una medida tendente a hacer más eficiente el Sistema Nacional de Salud, de donde derive una mejor atención a los ciudadanos en todos los órdenes y consideraciones. Consiguientemente es, a su juicio, una medida positiva encaminada exactamente a lo contrario de lo que decía la interpelante.


Recuerda seguidamente las recomendaciones recogidas en el acuerdo parlamentario para la modernización del Sistema Nacional de Salud y en el marco establecido por la ley 15/l997 sobre nuevas formas de gestión, aprobada por la mayoría de los partidos políticos representados en esta Cámara, ley que autoriza la constitución de entidades de titularidad pública dotadas de personalidad jurídica para la gestión de los centros y servicios sanitarios, no excluyendo ninguna forma jurídica concreta, siempre que la misma tenga naturaleza y titularidad pública. Se trata en definitiva de posibilitar mejoras en la gestión y, por tanto, de conseguir una mayor eficiencia en el sistema sanitario público a través de un mayor grado de autonomía de los centros sanitarios, preservando en todo caso el carácter de servicio público de la sanidad y manteniendo los principios básicos de universalidad, equidad y solidaridad.


Replica la señora Maestro Martín, duplicando el señor ministro de Sanidad y Consumo (/Romay Beccaría) Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 10852)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector naval público (AESA y BAZAN), en el marco actual de la Unión Europea . . . (Página 10852)

El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la moción formulada, manifestando que en relación con la problemática de las factorías de Bazán intentan convencer al Gobierno de que debe optar por la diversificación integral de las distintas áreas, mantener la capacidad productiva, tecnológica y humana, es decir, las plantillas que hoy tienen, y asimismo que se estudie la posibilidad de establecer conglomerados industriales con otros astilleros públicos en casos en que sean coincidentes, por ejemplo en la ría de Ferrol o en la bahía de Cádiz. Piensa que aunque la empresa Bazán se mantenga de forma prioritaria en la industria militar, debería posibilitarse el libre acceso a todo tipo de construcción naval.


Los señores Cuevas Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defienden las enmiendas presentadas.


Para fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) y Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en materia de política agraria . . . (Página 10858)

El señor Amarillo Doblado defiende la moción del Grupo Socialista del Congreso manifestando que la misma se ha estructurado en cuatro puntos y obedece a que la situación actual de los mercados de las producciones agrarias no admite dilaciones en la toma de medidas, ya que empieza a ser gravemente preocupante, dando lugar a algunos graves problemas. Añade que para hacer rentables a las empresas agrarias deben actuar en diversos frentes y además pueden hacerlo, dada la situación favorable del cuadro

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macroeconómico, que permite adoptar las medidas que proponen en la moción, cuyo contenido expone finalmente.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)

En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Jarabo Madero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno con respecto a la recientemente finalizada cumbre de Buenos Aires sobre cambio climático . . . (Página 10866)

La señora Urán González defiende la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Recuerda que hace dos semanas, con ocasión del debate de la interpelación correspondiente, la conclusión que sacaban es que no se estaban adoptando las medidas necesarias para combatir un problema que a todas luces cada día se está en peores condiciones para poderlo abordar si no se actúa de manera drástica. Se trata de un problema que afecta de manera individual a la salud y la vida de las personas y de manera colectiva a todos los pueblos del mundo, poniendo en riesgo la vida misma del planeta, colocándola al borde de un punto sin retorno. Termina la señora Urán exponiendo el contenido de los cinco puntos que integran la moción.


Las señoras Marón Beltrán, del Grupo Socialista del Congreso, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como el señor Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) defienden las enmiendas presentadas a la moción.


Para fijación de posiciones interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto.


Se procede a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector naval, en los términos del texto transaccional consensuado por los Grupos Mixto, Socialista y Popular, siendo aprobada por 276 votos a favor.
Asimismo se procede a la votación de la moción del Grupo Socialista del Congreso sobre política general del Gobierno en materia de política agraria, siendo rechazada por 125 votos a favor, 145 en contra y cinco abstenciones.


Finalmente se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación con la cumbre de Buenos Aires sobre cambio climático, aprobándose el primer punto de la moción con 276 votos a favor y rechazándose los restantes puntos de la misma.


Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON MARIANO CÉSAR SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA VARIAR LOS CRITERIOS QUE HACEN POSIBLE CONCEDER SUBVENCIONES A EMPRESAS DE UN CONDENADO A OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN POR EL TRIBUNAL SUPREMO POR UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN PRECISAMENTE POR DESVIACIÓN DE SUBVENCIONES EN SU ETAPA COMO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN? (Número de expediente 180/0001502)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, preguntas orales al Gobierno, comenzando por aquellas que responderá el presidente del Gobierno.
Pregunta número 2, que formula el diputado don Mariano César Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente del Gobierno, ¿considera usted válidos los criterios utilizados para conceder una subvención de 48 millones de pesetas, procedentes de los fondos mineros, a una empresa, al señor Pérez Villar?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, considero válidos los criterios que determinan el establecimiento de las subvenciones

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ajustadas al principio de legalidad, a las reglas del Estado de derecho, que es lo que ha ocurrido en este caso.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Aznar, el señor Pérez Villar fue -no sé si lo sigue siendo- una persona de su directa confianza, puesto que usted le designó vicepresidente de su Gobierno y consejero de Economía y Hacienda en la Junta de Castilla y León. El señor Pérez Villar fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentencia 1/1995, a ocho años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, es decir, porque en el año 1988 concedió subvenciones destinadas a la minería de Castilla y León -cito la sentencia-, resoluciones dictadas a sabiendas y con claro conocimiento de la injusticia de la resolución y con la voluntad de dictarla. Traducido exactamente en que también se utilizaron entonces fondos mineros, que es el origen que tiene la subvención que ahora se le concede, entonces se utilizaron los fondos mineros para destinar 136 millones a la empresa Recursos Naturales, Sociedad Anónima, con sede en Madrid -y hablamos de fondos en aquel momento de Castilla y León, que ni siquiera se dedicaba a la minería-, y otros 13 millones a Minas de Ventana, para pagar 40 despidos.
Señor Aznar, ahora el Ministerio de Industria vuelve a conceder al señor Pérez Villar una ayuda contra toda lógica y sobre todo contra toda ética. ACOM, la organización que agrupa a los municipios mineros, incluidos los del Partido Popular, se ha reunido recientemente con todos los grupos políticos para quejarse, lamentando que se estén utilizando los fondos mineros con una cierta discrecionalidad. Se citaba este caso y también el del polígono industrial de Olloniego. Se niegan ayudas a las comarcas que todavía hoy tienen minas en explotación, no se admiten ayudas para proyectos turísticos, ni agrícolas, ni de servicios, y sin embargo se concede una ayuda, no para crear una nueva empresa, sino para poner en marcha de nuevo una quiebra, en la cual se perdieron 90 puestos de trabajo.
Ahora se recuperan exactamente la mitad.
Creemos que incumple los criterios fijados en el propio Ministerio de Industria. Por consiguiente, si ustedes sostienen que cumple las normas, ¿no le parece que sería el momento para aplicar el sentido común y determinar que nadie condenado por prevaricación pueda beneficiarse de ayudas públicas? Señor Aznar, esta subvención es ilegal y éticamente inmoral.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señoría, todas las informaciones que ha dado el ministro de Industria ante esta Cámara o ante el Senado, todas las informaciones que han sido puestas a disposición ante los medios de comunicación, que ha sido el expediente completo sobre esta cuestión, han acreditado que la concesión de esta subvención se ha realizado ateniéndose exactamente a los principios establecidos y respetando los criterios que puede haber para tener derecho a recibir estas subvenciones. Los servicios del Ministerio de Industria han actuado correctamente y, cuando han tenido dudas sobre la compatibilidad o no por la situación del peticionario, los servicios jurídicos han resuelto en favor de esa compatibilidad.
A partir de ese momento, señoría, es muy claro que estar condenado por inhabilitación no supone no tener derecho a percibir una subvención. Otra cosa distinta es que S.S. pueda entender que legalmente la pena de inhabilitación debe llevar aparejada la imposibilidad de percibir una subvención. Si S.S. tiene que hacer alguna propuesta al respecto, háganosla, porque la estudiaremos con mucho gusto, e incluso hasta la podemos apoyar, pero mientras tanto S.S. tendrá que reconocer que la ley es igual para todos y seguirá siendo igual para todos (Rumores.) al menos mientras este Gobierno esté aquí.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno. ¡Señora Valcarce!

- DEL DIPUTADO DON DEMETRIO MADRID LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DEL MINER A LA EMPRESA URÍA MOTOR, S.A., PROPIEDAD DE SU EX VICEPRESIDENTE CUANDO USTED PRESIDÍA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN? (Número de expediente 180/001505.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5, que formula al Gobierno el diputado don Demetrio Madrid López, del Grupo Socialista.
Señor Madrid.


El señor MADRID LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué opina el señor presidente del Gobierno de la concesión de una subvención del Miner a la empresa Uría Motor, propiedad de su ex vicepresidente cuando usted era presidente de la Junta de Castilla y León?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madrid.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señoría, para su información le diré que hace 11 años, cuando yo era presidente de la Junta de Castilla y León, tuve dos vicepresidentes; uno era don Juan José Lucas, actual presidente de la Junta de Castilla y León, y el otro don Juan Carlos Aparicio, secretario de Estado para la Seguridad Social. En

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ningún caso, al parecer, la persona a la que usted se refiere y a la que me he referido yo en la contestación a la pregunta anterior, que entiendo que recibió una subvención porque se ajustaba a los criterios establecidos en los procedimientos legales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. (Rumores.) ¡Señorías! Señor Madrid.


El señor MADRID LÓPEZ: Usted, señor Aznar, interviene personalmente en la concesión de la subvención. Para conocimiento público de semejante comportamiento es preciso hacer el siguiente recordatorio: tanto la Ley electoral como el Estatuto de Castilla y León exigen de los candidatos que estén avecindados en la comunidad. Usted, señor Aznar, no reunía este requisito y, para subsanarlo, se empadronó en la sede de Alianza Popular de Ávila. (Rumores.) Con una mano delante y otra detrás recibe los primeros auxilios del que después sería su asesor y su consejero de Economía. Todo esto no es sino el inicio de un sistema de compromisos y socorros mutuos que se materializó simultáneamente, entre otros, con los llamados casos Naseiro de la construcción, de la minería y el mal nombrado caso Zamora. (Rumores.- Aplausos.- La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Como declararon los testigos, cuando el señor Aznar recibe los talones en el Hotel Meliá de Valladolid les reconforta y agradece con la promesa evangélica de que recibirán el ciento por uno. No es de extrañar que usted se considere el milagro, naturalmente con pólvora del rey. Tiene usted razones que la razón no entiende para ordenar la subvención de su consejero. Teniendo en cuenta su doctrina, hay que dar por hecho que conoce las andanzas de sus vicepresidentes. La minería, las subvenciones y Pérez Villar son nombres directamente relacionados con el principio de la irresistible ascensión del señor Aznar. La historia se repite, aunque quienes fueron sus benefactores ahora son mero lastre. Cuando se escupe hacia arriba, señor Aznar, terminas mojándote.
Señor presidente, estamos hablando de cuestiones de fondo, razones morales, éticas y hasta estéticas. Y esto no ha hecho nada más que empezar. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madrid.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, este es un caso bastante curioso en el cual al Gobierno se le acusa no por incumplir la ley, sino por cumplirla. (Rumores.) Y, además, quien pregunta se refiere a todo lo habido y por haber en el mundo desde hace no sé cuántos años, excepto a aquello sobre lo que pregunta, salvo que se prefiera o se haga una invitación desde los bancos de la oposición al Gobierno a ser arbitrario o ilegal, cosa que viniendo de quienes viene a lo mejor tampoco nos extrañaba mucho o tampoco nos extrañaba tanto. (Aplausos.-Protestas.) Pero quiero decir que en eso no caerá el Gobierno. Vuelvo a repetir que el Gobierno ha respetado los procedimientos legales, que se ha dado toda la información parlamentaria y que se han puesto a disposición pública todos los expedientes. Esto les podrá sonar a algunos de ustedes un poco extraño, porque es exactamente lo contrario de lo que hacían ustedes cuando tenían que dar una información a la sociedad española. (Rumores.) Otra cosa distinta, señorías, es que aquí no importa la legalidad o no, lo que importa es que se intente manchar la reputación bien del Gobierno, bien del presidente del Gobierno, presentando ante la opinión que somos capaces de torcer voluntades administrativas para favorecer injustamente. (Varios señores diputados: ¡Sí!) Probablemente dicen que sí porque lo sepan por experiencia, pero en este caso no es verdad. (Aplausos.) Probablemente dicen que sí porque lo sepan por experiencia. Y para mí, como comprenderán, señorías, señoría, señor Madrid, sería extraordinariamente fácil en este momento sacar una gran lista, un gran temario, si quiere S.S. un gran libro. (Rumores.- Una señora diputada: Sácala.) Les tengo que decir que es así porque son ustedes un manantial inagotable. Y me parece desde la oposición bastante temerario, y lo tengo que decir, lo que han hecho.
Yo le sugiero, señor Madrid, que hagan ustedes oposición, pero que no nos inviten a acordarnos de su pasado inmediato (Rumores.), que sin duda es muy poco reconfortante y nadie puede sentirse muy orgulloso de él. (Un señor diputado: Nos vamos a acordar del tuyo.)

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Protestas.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.


- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARTÍNEZ CASAÑ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSTURA DEL GOBIERNO EN LAS NEGOCIACIONES QUE SE ESTÁN DESARROLLLANDO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL FUTURO DE LA AGENDA 2000, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN CON LOS FONDOS DE COHESIÓN? (Número de expediente 180/001515)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pregunta... (Rumores.) ¡Señorías! ¡Señora Balletbó! (El señor Cisneros Laborda: Se parece a Sarasola.) Pregunta número 15, que formula al Gobierno el diputado don Guillermo Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular.


Señor Martínez Casañ. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señora Chamosa, por favor! Adelante.


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El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, España siempre ha defendido con lealtad el proceso de construcción europea desde el más absoluto respeto a los tratados y al derecho comunitario y por ello, en este momento, no escatimamos esfuerzos ni ideas que hagan posible acometer la próxima ampliación desde el mantenimiento de los principios básicos de la cohesión y la solidaridad y una necesaria estabilización del gasto. Nuestra posición en el grupo de salida del euro de la Unión Monetaria a partir del 1 de enero próximo es buena prueba de esto y de nuestro deseo de ser el motor de Europa. Pero en nuestro país se dan condiciones objetivas distintas de las de otros países del centro y del norte de Europa. Continuamos siendo, aunque cada vez menos, un país más pobre que los otros y seguimos teniendo una renta media inferior a la media europea, si bien esperamos dejar pronto de ser más pobres que otros y de tener esa renta inferior a la de los demás.
El Gobierno debe pues hacer compatible la defensa del legítimo interés nacional con la lealtad del proyecto europeo. ¿Cuál es la postura del Gobierno en las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno de la Unión Europea sobre el futuro de la Agenda 2000 y especialmente en relación con los fondos de cohesión? Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Casañ.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor diputado, el Gobierno entiende que las políticas de cohesión forman parte de uno de los objetivos fundamentales del Tratado de la Unión como las políticas de disciplina presupuestaria contenidas en el Pacto de Estabilidad o las políticas mantenidas de competencia y de liberalización. La política de solidaridad forma parte de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Y la política de solidaridad y de cohesión informa todas las políticas. Es, por decirlo de alguna manera, una política horizontal.
Si es difícil o inimaginable entender o comprender la Unión Europea a quince en los momentos actuales sin tener en cuenta ese factor de la solidaridad, es absolutamente imposible pretender hacer la ampliación europea si se quiebra o se rompe el factor de la solidaridad o el factor de la cohesión. Por tanto, los llamados países de la cohesión, señoría, debe quedar muy claro que no están en una situación de deber nada a nadie. Están, estamos cumpliendo los objetivos de un tratado y, del mismo modo que hemos cumplido los objetivos quenos han permitido llegar a la convergencia nominal, a formar parte del núcleo de países que ha hecho el euro, la moneda única, en este momento deseamos plantear nuestros objetivos políticos para eliminar las diferencias de renta real y producir la convergencia real. Para ello, junto con esas políticas que he citado, las políticas de cohesión y de solidaridad son absolutamente fundamentales.
Acabo de decir hace unos días, señoría, que a mí me parece que el único documento políticamente aceptado por todos, puesto encima de la mesa y con validez jurídica, es el documento de la Comisión, la llamada Agenda 2000, donde establece un tratamiento, no tanto de los fondos de cohesión, sino de todos los fondos y la política de solidaridad en su conjunto, fondos estructurales y de cohesión que nos parecen una base razonable sobre la cual se tiene que trabajar.
Todo lo que no sea, en principio, discutir sobre esos elementos de la Comisión a España le parece, sin duda, rechazable. Por tanto, hemos rechazado aquellas propuestas o documentos que suponían una rebaja drástica e injustificada de los fondos estructurales o los fondos de cohesión. España tomará como base razonable el documento de la Comisión y sobre ese documento hay objetivos que atienden, en mi opinión, de una manera suficiente y positiva las demandas y el interés de España. Interés, señoría, que responde política y jurídicamente a los objetivos del Tratado y que seguirá defendiendo España.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EN EL CÓMPUTO DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A LOS EX SECRETARIOS DE ESTADO DEBE INCLUIRSE EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD? (Número de expediente 180/001511)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: ¿Considera el Gobierno que en el cómputo de la indemnización compensatoria a los ex secretarios de Estado debe incluirse el complemento de productividad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, el Gobierno considera que debe cumplirse la ley en éste como en los demás casos. Ley que fue aprobada por un Parlamento con mayoría socialista, en la que se dice, desde el año 1992, que los secretarios de Estado tienen derecho a percibir una pensión indemnizatoria mensual

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igual a la doceava parte del 80 por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor vicepresidente, imagino que, a tenor de la respuesta que usted ha dado aquí y que inequívocamente apunta a que el Gobierno considera que deben cobrar ese plus de productividad en la pensión indemnizatoria, el señor Rajoy se irá para su casa en los próximos días o en las próximas horas. Ya lo siento. Porque el señor Rajoy dijo la semana pasada que no deberían, con un argumento bastante elocuente y evidente. Y es que el plus de productividad es una parte de la retribución absolutamente aleatoria.
No se meta a leguleyo, porque usted tiene que venir aquí a dar una respuesta política, que es lo que se le pregunta desde el grupo.
¿Considera el Gobierno que debe o no cobrarlo? Han tenido la oportunidad, tienen todavía la oportunidad esta tarde de impedirlo, porque en el Senado hay una enmienda a tal fin.
Lo cierto es que si ustedes, como parece, van a pagar ese 30 por ciento, que es lo que supone de su sueldo el plus de productividad, estarán convirtiendo la situación en una auténtica desfachatez, una burla a lo que dijeron de los blindajes, de la situación de los ex altos cargos. Porque fíjese que van a cobrar tres millones más que los secretarios de Estado del anterior Gobierno cuando salgan de su puesto. Fíjese usted que, desde ese mismo banco, a su lado, el señor Rato dijo que no había subida en la nueva configuración del régimen retributivo de la productividad. Y ahora resulta que no sólo les suben el sueldo un 30 por ciento, sino que también quieren subirles la indemnización hasta cobrar 870.000 pesetas brutas al mes. Eso sí, ex secretarios de Estado que, por cierto, se van a empresas cuya situación de compatibilidad discutiremos. Desde luego, es de una falta de ética notoria y evidente.
Su posición en este tema es absolutamente insostenible ética y legalmente. Ya me puede invocar cualquier argumento jurídico. Le recuerdo simplemente que ese complemento de productividad no se asigna al cargo, que los secretarios de Estado no tienen asignado por ley complemento de productividad, que es algo potestativo del Gobierno, que es un complemento aleatorio... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Sí, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, para demostrar que la información del día 2 de diciembre de El País, que decía: La indemnización a Rodríguez y otros cuatro ex secretarios bloqueada por la Intervención, y su intervención de hoy son los mejores candidatos a la mentira mejor contada (Protestas.), para demostrarlo, me basta un solo dato, el señor Rodríguez cobró su pensión por primera vez el día 25 de noviembre y en ella no se incluye el complemento de productividad. A partir de aquí, todo su discurso se desvanece, señor Rodríquez Zapatero. Repito, cuando se hizo la información de El País y usted formuló la pregunta ya estaba pagada la pensión sin productividad.
Todo lo que ha hecho usted es un discurso falso, desde el momento en que la pregunta ya no obedece a la realidad.
La realidad es que el día 16 de julio, señor presidente, el subdirector general de Gestión Económica inicia un expediente para pagar las pensiones. Este señor está en el cargo desde noviembre de 1977. El día 7 de octubre, el abogado del Estado, en el cargo desde marzo de 1996, es partidario de que se incluya la productividad; el 8 de octubre, la Intervención delegada considera que no se debe pagar la productividad; y el 17 de noviembre el señor subsecretario de Presidencia firma la orden autorizando el pago sin productividad. Y no se ha pagado la productividad.
Por tanto, su historia es falsa de la cruz a la raya. Yo no le invito a que se vaya, como ha hecho usted con el señor Rajoy. Siga usted contando mentiras en esta Cámara, que ayuda mucho al Gobierno a defender su gestión. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ RESPUESTA PIENSA DAR EL GOBIERNO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE UNIVERSIDAD? (Número de expediente 180/ 001509)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno doña Clementina Díez de Baldeón García, diputada del Grupo Socialista.
Señora Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué respuesta piensa dar el Gobierno a las reivindicaciones de los estudiantes de enseñanza secundaria y de universidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.


Señora ministra de Educación y Cultura.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


La respuesta que el Gobierno da a los problemas que se le plantean, señoría: diálogo y soluciones. Eso es lo que hemos hecho, dialogar con los estudiantes, señoría, y dar soluciones a sus problemas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (Rumores.) Señorías. ¡Señor Ortiz! ¡Señor Lapuerta! Por favor, guarden silencio.
Señora De Lara y compañía, silencio, por favor.
Adelante, señora Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, si ustedes hubieran ofertado únicamente diálogo y soluciones no se comprende que los estudiantes salieran de aquella reunión diciendo que había sido un paripé. La realidad, señora ministra, es que el día 26 secundaron la huelga más de dos millones de estudiantes, que pedían cosas tan frívolas como una escuela pública de calidad y más financiación para la escuela pública, más profesores, más centros, mejores bibliotecas, más becas. Esa es la frivolidad de lo que pedían los estudiantes. Pero a usted, señora ministra, esto le parece algo sin sentido. Califica a los estudiantes de irresponsables y les acusa de ser marionetas en manos de los partidos políticos y de los sindicatos con la frase tan poco afortunada de que es más divertida la huelga que la clase de matemáticas.
No sabe usted el favor que nos hace al PSOE, señora ministra, cuando dice que somos capaces de movilizar al 70 por ciento de los estudiantes de media en este país. No sabe usted qué favor nos hace.
Pero, si usted prestara oídos a sus reivindicaciones, descubriría que son también las que le formulan los padres y las madres de alumnos, los profesores, los rectores, los sindicatos. Todo el mundo, señora ministra. Todo el mundo está pidiendo más financiación que la que ustedes están dando, porque es ahora cuando la Logse necesita más dinero que nunca y cuando hay que hacer mayor esfuerzo, dedicar más financiación, más profesores, y atender más a una escuela pública que ustedes están relegando peligrosamente.
Todavía están a tiempo, señora ministra, y este puede ser el sentido de mi pregunta. Yo le rogaría que, en vez de utilizar la ley de acompañamiento para deslizar cuestiones tales como transformar los hospitales públicos en fundaciones, atendieran ustedes las reivindicaciones de toda la comunidad educativa y dieran prioridad a la educación. Sólo así evitará, señora ministra, que volvamos a leer en una pancarta algo que yo supongo que usted habrá leído y que es que en la enseñanza no cabe esperanza.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Señoría, en primer lugar, creo que no debe confundir a los estudiantes que decidieron quedarse en sus casas con los que acudieron a las movilizaciones. Como sabe S.S., incluso en las cifras más elevadas de las que se han dado eran pocas decenas de miles frente a los millones de estudiantes convocados.
Yo quiero decir a S.S. una vez más que la financiación de la enseñanza no ha hecho más que crecer desde que este Gobierno llegó, en mayo de 1996. Otra cosa es que usted no quiera enterarse. Este año la sociedad española pone a disposición de la enseñanza por vez primera cinco billones de pesetas, lo que representa ya el 6,2 por ciento del producto interior bruto. Quiero recordar a S.S. que la reivindicación de llegar al 6 por ciento del PIB en enseñanza parecía hasta ahora inalcanzable, pero a los estudiantes universitarios, señoría, ustedes les dejaron un sistema que les obligaba a cursar de media 18 asignaturas por curso, y nosotros hemos suprimido eso, garantizando que tendrán un máximo de seis asignaturas por curso. Las becas, señoría, en cuya partida ustedes dejaron un importante agujero, han crecido desde que nosotros estamos en el Gobierno nada menos que en un 24 por ciento. Además, hemos resuelto el problema de la financiación del tercer hijo, que SS.SS. dejaron en aquel momento sin resolver. Hemos creado las ayudas para los libros de texto y no hemos hecho otra cosa que hacer que la financiación pública de la educación crezca, señoría, y ello pese a la disminución enorme que se ha producido en el número de estudiantes, que sin duda S.S. conoce perfectamente.
En cuanto al diálogo con ellos, quiero decir a S.S. que hemos tenido reuniones antes y después de las movilizaciones y que estamos convencidos de que el diálogo será enriquecedor con los sindicatos que convocaron las movilizaciones y con aquellos otros que decidieron no apoyarlas, porque, a diferencia de S.S., prefirieron las soluciones a los problemas antes que las movilizaciones demagógicas que muchas veces ha apoyado su señoría.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN MATADOR DE MATOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA LLEVADO A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA QUE EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SE CELEBRE EL XX ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/001516)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, que formula doña María del Carmen Matador

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de Matos, diputada del Grupo Parlamentario Popular.


Señora Matador de Matos.


La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, estos días celebramos los veinte años de nuestra Constitución y desde todos los ámbitos se han acometido distintas actuaciones que han tenido una respuesta muy satisfactoria de la sociedad en su conjunto. Ejemplo claro de ello han sido los actos conmemorativos que se han celebrado en esta casa. Pero lo que queremos que explique la señora ministra es si el Ministerio de Educación y Cultura ha sido sensible a este evento, que consideramos un hecho de especial importancia para el mundo educativo.
Por todo ello, le pregunto qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Cultura para que en los centros de enseñanza se celebre el XX aniversario de la Constitución.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Matador.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el 20º aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución española tiene sin duda un especial significado para el mundo educativo. La entrada en vigor del texto constitucional supuso un hito histórico que ha permitido en 20 años situar a España en el grupo de cabeza de las naciones libres desarrolladas y socialmente equilibradas. Ello, señoría, concierne sin duda muy especialmente a la educación, que tiene entre sus principales objetivos educar cívica y moralmente a los futuros ciudadanos para que ejerzan en plenitud sus derechos con espíritu de tolerancia, de solidaridad y de pluralismo. Por eso, el Ministerio haimpulsado con motivo del 20º aniversario varias iniciativas: en primer lugar, emitimos el 6 de noviembre una resolución indicando a todos los centros que deberían celebrar durante la primera semana de diciembre, con solemnidad académica y proyección educativa, el 20º aniversario. Además publicamos una orden ministerial el día 20 de noviembre convocando un concurso escolar de redacción. Este concurso se dirige a los alumnos entre 10 y 18 años en todo el territorio nacional, está dotado con 30 premios y 90 menciones honoríficas y los trabajos pueden ser redactados en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. Lo que pretendemos con ello, señoría, es incentivar a los alumnos a documentarse sobre la Constitución y su contexto histórico y brindar a los profesores una ocasión de suscitar entre los alumnos cuestiones de historia, de teoría y de ética relativas al contenido del texto constitucional para apoyar el trabajo de los concursantes.
Finalmente, con el fin de que todos los alumnos puedan tener acceso a la información sobre las actuaciones educativas que impulsa el Ministerio, pueden consultar en Internet, en las páginas web del programa nuevas tecnologías del Ministerio, toda la documentación que se ha preparado al efecto. Por tanto, señoría, lo que pretende el Ministerio es celebrar este aniversario potenciando la educación de los alumnos en los valores democráticos de tolerancia, solidaridad y pluralismo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON FERNANDO COQUILLAT DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEJORAS EN LA CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS VA A SUPONER LA APROBACIÓN DE LOS REALES DECRETOS POR LOS QUE SE VAN A CREAR LOS TÍTULOS SUPERIORES DE DANZA, DISEÑO Y CERÁMICA, Y SE DESARROLLA EL CURRÍCULO SUPERIOR DE MÚSICA PARA EL TERRITORIO MEC? (Número de expediente 180/001517)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el restablecido don Fernando Coquillat Durán, diputado del Grupo Popular.


El señor COQUILLAT DURÁN: Señor presidente, el presupuesto de educación y cultura para el año 1999 ha tenido en las enseñanzas artísticas un crecimiento del 6,1 por ciento sobre el año anterior.
Se incorpora el bachillerato de artes en las provincias de Cáceres, Cuenca, Guadalajara y Albacete, con lo que en todas las provincias del territorio gestionado por el MEC existe esta oferta. Todo esto, en este breve balance, unido a las mejoras en las enseñanzas artísticas iniciadas para el curso 1997-1998 y continuadas en este curso 1998- 1999, tales como la implantación de los cursos de segundo ciclo de grado medio de música, Logse, en los conservatorios profesionales estatales; la ampliación a 20 conservatorios elementales estatales de la autorización para impartir el tercer curso de grado medio de música y el cuarto en 1998-1999, garantizando así la continuidad de los alumnos de estas enseñanzas cerca de su lugar de residencia; la implantación del grado medio de danza, Logse, y la ampliación a 13 escuelas de arte de la oferta educativa de ciclos formativos de grado superior. Y así muchas más cosas.
En el acto académico que se realizó en el nuevo conservatorio de Salamanca, en el que se han creado 500 plazas con las dotaciones necesarias para el aprendizaje de la música, se anunció por S.S. que a lo largo de este curso escolar se elaborarán los reales decretos por los que se van a crear los títulos superiores de danza, diseño, cerámica y se desarrollará el currículo superior

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de música para el territorio MEC. Ante una sensibilidad creciente por parte de la población estudiantil y sus padres por las enseñanzas artísticas, también por artistas y profesionales por la mejora y ampliación de las mismas y un desarrollo cada vez más integral en esta línea educativa, se hace la pregunta: ¿qué mejoras en la calidad de las enseñanzas artísticas va a suponer la aprobación de los reales decretos anteriormente mencionados, así como el desarrollo del currículo superior de música para el territorio MEC? Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coquillat.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, por primera vez la ley establece que las enseñanzas artísticas puedan tener un nivel superior y que sus estudios permitan la obtención de títulos equivalentes a los títulos universitarios.
Quiero decir a S.S. que, una vez que se ha completado el desarrollo normativo de la Logse en los niveles de edad inferiores, es preciso dar continuidad al proceso en el tramo superior en música, danza, artes plásticas y diseño. Tengo que decir a S.S. que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el título superior de cerámica y que su primera plasmación real se pondrá en marcha en la Escuela Superior de Cerámica de Manises, en Valencia. Actualmente está en tramitación el título superior de diseño, que va a dar una respuesta largamente demandada por artistas y profesionales en la formación superior de las cuatro especialidades clásicas del diseño: productos, gráfico, interiores y moda. En la misma situación se encuentra el título superior de danza cuya equivalencia a la licenciatura universitaria va a permitir a los bailarines formados en el grado medio, que tienen una vida artística necesariamente corta, continuar su vida profesional a través de la docencia y la creación coreográfica.
Asímismo está próxima la aprobación del currículum superior de música, que va a suponer el desarrollo de aspectos básicos ya publicados para todo el territorio nacional, y en el territorio de gestión del Ministerio de Educación y Cultura está prevista su implantación para el próximo curso. La carrera de música en el apartado superior, que tenía dos años de duración en el plan antiguo, pasa a tener cuatro o cinco, dependiendo de las especialidades. Por tanto, señorías, estamos ante un avance histórico en lo que se refiere a las enseñanzas artísticas y con ello damos cumplimiento a las legítimas aspiraciones de todos los artistas y profesionales que venían reclamando desde hace muchos años.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZSALMONES CABEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA APOYAR LAS INVESTIGACIONES EN EL YACIMIENTO DE ATAPUERCA? (Número de expediente 180/001518)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 18, que formula al Gobierno la diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, con la pregunta que le formulamos queremos interesarnos por los trabajos que se están llevando a cabo en Atapuerca. En esa sierra se han encontrado los restos humanos más antiguos de Europa y creo, incluso, que la muestra de fósiles humanos más antigua del mundo. La importancia del yacimiento es tal que ha dado definición a nueva especie humana al homo antecessor. Querríamos añadiera información sobre si se está preparando o haciendo algún esfuerzo divulgativo sobre los trabajos de este yacimiento y sobre el apoyo que están recibiendo los científicos y trabajadores que están haciendo esa labor paleontológica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que las investigaciones en el yacimiento de Atapuerca constituyen uno de los proyectos de investigación más valorados por el Ministerio de Educación y Cultura. En la actualidad, los trabajos en la sierra de Atapuerca se desarrollan desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y también el Departamento de Paleontología de la Complutense de Madrid, pero intervienen en el mismo científicos de toda la geografía nacional.
Los resultados que se han obtenido a lo largo de los últimos 20 años permiten afirmar, sin duda, que estamos ante uno de los lugares más importantes del mundo para recuperar datos que permitan descifrar las claves de la evolución humana. De todas maneras, las investigaciones en Atapuerca, aunque lleven 20 años, no han hecho más que empezar.
Los yacimientos pleistocenos han estado apoyados de manera continuada por el Ministerio desde 1978, pero se han financiado principalmente a través de los proyectos de investigación de la Comisión Asesora de Investigación Científica

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y Técnica y de la Dirección General de Investigación Científica y Desarrollo.
Sin embargo, pregunta S.S. si tenemos previsto llevar a cabo alguna labor en cuanto a la difusión. Así es, tenemos decidido celebrar una gran exposición divulgativa sobre los hallazgos de Atapuerca a comienzos de este año, de 1999, con el fin de interesar no solamente a los científicos y a quienes están comprometidos en este tipo de estudios, sino a toda la sociedad, y en especial a los estudiantes de secundaria y de universidad.


La decidida voluntad de apoyar las investigaciones relacionadas con los orígenes del hombre es una de las prioridades que tiene el Ministerio y vamos a apoyar también, como no puede ser de otro modo, la propuesta que nos hace la Junta de Castilla y León para que Atapuerca sea inscrita como patrimonio mundial de la Unesco en la próxima sesión que se celebre.
Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SE OPONE A LA PROPUESTA SOCIALISTA DE QUE, EN 1999, LOS PENSIONISTAS QUE PERCIBEN LAS CUANTÍAS MÍNIMAS, TENGAN UNA SUBIDA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DE 2000 PESETAS MENSUALES, CON CARGO A LOS COSTES FISCALES DE LA REFORMA DEL IMPUESTO DE LA RENTA, Y CON EL OBJETO DE QUE SE BENEFICIEN EN ALGO, CON TAL MOTIVO, LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS DE NUESTRA SOCIEDAD? (Número de expediente 180/001508)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, de don Alejandro Cercas Alonso, diputado del Grupo Socialista, que formula al Gobierno, y que será respondida, al igual que la siguiente, por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Señor ministro de Trabajo, sin duda coincidirá conmigo en que los pensionistas que están en los niveles mínimos o los que perciben prestaciones no contributivas asumen la doble cualidad de tener unas pensiones muy bajas y de carecer de todo tipo de rentas. Por tanto, una coyuntura como la que abre la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que, según la propaganda del Gobierno, va a significar unas transferencias a las familias del orden de 700.000 millones de pesetas, parece a todas luces inconveniente, ya que tres millones de españoles, que son los que están en estos niveles mínimos de pensión, no se benefician para nada de la reforma fiscal. Estará usted de acuerdo conmigo, señor ministro, en que si se pudiera buscar una solución que no agraviara las cuentas de la Seguridad Social y consiguiéramos superar los niveles de prestaciones que perciben estos ciudadanos, sería altamente deseable.
El señor ministro conoce la iniciativa del presidente de la Junta de Andalucía y conoce las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, de forma que los pensionistas que están en esos niveles mínimos tengan una subida de 3.000 pesetas al mes, y no de 1.000 pesetas al mes, que es lo que pretende el Gobierno. Curiosamente, pese a que ello se financiaría desde los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, las cuentas de la Seguridad Social no se verían afectadas, el señor ministro de Trabajo ha sido uno de los miembros del Gabinete más beligerantes contra una iniciativa en positivo de la oposición. Me gustaría saber, señor ministro, por qué se opone usted a esta medida del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.


Voy a contestar a S.S., aunque me ha extrañado que en su intervención haya hablado de subir 3.000 pesetas, cuando en la pregunta escrita habla de subir 2.000 pesetas. Esa es una duda que me plantea la pregunta. En cualquier caso, nunca las pensiones han subido tanto como en los últimos tres años, que han crecido más de 250.000 millones de pesetas por encima del IPC.
Los pensionistas pueden estar muy tranquilos y vivir con mucha libertad porque nunca desde este Gobierno se les va a pedir un voto a cambio de una pensión, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Señor ministro, todavía no hemos llegado a la campaña electoral. Ya veremos qué ocurre en la campaña electoral.
Por lo pronto, S.S. gasta cientos de millones de pesetas en enviar cartas personalizadas en las que se atribuye subidas y beneficios que vienen del Pacto de Toledo y no de la acción de su Gobierno.
Por cierto, mi pregunta, señor ministro, está perfectamente formulada, puesto que el Grupo Socialista pretende 3.000 pesetas de subida al mes para estos tres millones de pensionistas, 2.000 adicionales a las que dice el Gobierno, como dice el texto de mi pregunta.
Por tanto, señor ministro, usted debería hoy contestarnos por qué se opone. No le cuesta ningún dinero a la Seguridad Social. Se trata simplemente de hacer realidad la propaganda del Gobierno; propaganda falsa, puesto que la reforma fiscal va a favorecer a los que tienen rentas medias y elevadas en nuestro país y en nada a los tres millones de pensionistas españoles que están en los niveles mínimos.
Por tanto, dedicando una

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parte mínima, que es lo que pretende el Grupo Socialista, de esa reforma fiscal, podríamos conseguir que esas pensiones que ustedes tanto han subido, subieran 3.000 pesetas al mes. ¡Qué menos, señor ministro de Trabajo!

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.


Señor presidente, no puedo contestar a la pregunta por la falta de rigor. Se habla de 2.000 en la pregunta y aquí se dice que son 3.000.
Lo que podría preguntar el Gobierno es: ¿Por qué no 5.000? ¿Por qué no 6.000? ¿Por qué no 8.000? ¿Por qué no 10.000? Además, se me pregunta mi opinión respecto a que una comunidad autónoma intervenga en lo que es la política de pensiones.
Sencillamente, opino que eso significa la ruptura de la caja única del sistema de Seguridad Social, se haga desde cualquier comunidad autónoma y tenga la ideología que tenga el presidente de la comunidad autónoma.
En cualquier caso, señor presidente, vuelvo a repetir que los pensionistas han ganado 0,3 décimas, en 1996, por encima del incremento de los precios; que han ganado 0,6 en 1997; que han ganado 0,4, como mínimo, todavía no sabemos la evolución definitiva de precios, en 1998; y que esto significa 250.000 millones de pesetas por encima de su capacidad adquisitiva.
Señor presidente, si el diputado señor Cercas, al que tengo afecto desde hace mucho tiempo, me permite una sugerencia, le diría que me parece que no es bueno estar en plena campaña electoral con los pensionistas, sobre todo, señor presidente, porque, frente a las palabras, están las realidades y, frente a aquellas palabras que indicaban que un cambio de Gobierno supondría la desaparición de las pensiones, hay una realidad: mayor crecimiento que nunca en materia de pensiones.
Segunda sugerencia. Nunca he entendido ni podré entender cómo alguien se puede oponer a que se rebajen los impuestos. Se está diciendo que la rebaja de impuestos favorece a unos pocos. La rebaja de impuestos y la reforma fiscal favorece sobre todo a aquellos que tienen menos ingresos, a los pensionistas, a los desempleados, y esa realidad se va a ver a partir del primero de enero.
Por favor, dejen ustedes a los pensionistas fuera de la campaña electoral permanente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA EMIGRACIÓN CELEBRADO EN MADRID RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/001522)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula doña María José Camilleri Hernández, diputada del Grupo Popular.
Señora Camilleri.


La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Ministro, recientemente, concretamente en los pasados días 16, 17 y 18 de noviembre, se ha celebrado en Madrid el X Pleno del Consejo General de la Emigración en su segunda reunión anual. Este organismo representa a casi dos millones de españoles, cifra que apenas ha descendido y que tiende a mantenerse. Estos emigrantes españoles, distribuidos por todo el mundo, forman una realidad a la que llamamos la España exterior, que es tan española, lógicamente, como la del territorio nacional.
El Consejo General de la Emigración es el seno donde nuestros compatriotas pueden exponer sus problemas, deseos y necesidades ante las autoridades que también están integradas en este organismo y debatirlos conjuntamente, tanto en las comisiones como en el pleno.
Los representantes de los emigrantes vienen a cada reunión con la ilusión de poder llevarles y transmitirles respuestas positivas concretas que les ayuden a solucionar sus inquietudes. Además, el artículo 42 de nuestra Constitución, de la que recientemente hemos celebrado su 20 aniversario, dice: El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Por todo ello, señor ministro, quiero preguntarle: ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno como consecuencia de los acuerdos de la reunión del Consejo General de la Emigración? Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camilleri.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer la sensibilidad de S.S. hacia los emigrantes españoles, porque, si bien es cierto que hoy España es un país, sobre todo, de inmigración, afortunadamente ha cambiado la tendencia y hoy emigran las empresas españolas y no los trabajadores españoles, no podemos olvidar que todavía hay más de dos millones de españoles que están viviendo fuera de nuestras fronteras y que son sujetos de pleno derecho al amparo de nuestra Constitución. Como sabe S.S., se ha modificado la composición del Consejo General de la Emigración y en este momento tienen más peso

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que las administraciones, las organizaciones no gubernamentales, sindicales y los propios emigrantes, que son el órgano consultivo de la política de Estado que pretendemos llevar a cabo en materia de emigración, y en ese contexto hemos atendido a las reivindicaciones que se nos han planteado. La primera de ellas es que el crecimiento de las pensiones asistenciales de los emigrantes esté muy por encima del previsto para los residentes en España. En este sentido, puedo decir con satisfacción que en los años 1996, 1997 y 1998 esas pensiones han tenido un crecimiento del 8 por ciento y la previsión de crecimiento para 1999, si las Cortes Generales aprueban los presupuestos, está situada en el 10 por ciento.
En segundo lugar, tenemos que decir que hay también una gran reivindicación en torno a los planes integrales de salud en determinados países donde están los emigrantes españoles, reivindicación muy vinculada a Hispanoamérica, no tanto en lo que son ámbitos europeos. Por eso, me satisface decirle que, con respecto al Plan integral de salud, en 1998 se ha puesto en marcha ya en Perú, Uruguay, Chile y Méjico y que está previsto para finales de este mismo año en Brasil, Costa Rica y Honduras, y hemos empezado las gestiones en Argentina y en Venezuela. También los emigrantes españoles nos solicitan una política con respecto a los centros de día de atención a las personas mayores, y me satisface decirle que ya en este momento están en funcionamiento en Buenos Aires, en Rosario y en Montevideo, estando pendientes la apertura de esos centros de día en Méjico D.F. y en Sao Paulo. Finalmente, habrá un bloque de medidas de apoyo a las familias monoparentales, teniendo muy en cuenta los deseos de retorno de muchas de ellas, y todo ello, señoría, como he dicho, en el marco de una política de Estado que el Gobierno quiere compartir con las comunidades autónomas, con las fuerzas políticas, con las organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, con los emigrantes españoles.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES CALDERÓN PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN DEL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA? (Número de expediente 180/001520)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá, en nombre del Gobierno, la ministra de Justicia, que comienzan con la número 20, que formula doña María Dolores Calderón Pérez, diputada del Grupo Popular.
Señora Calderón.
La señora CALDERÓN PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, las continuas agresiones, tanto físicas como psíquicas, que sufren muchas mujeres en España dentro del ámbito doméstico, muchas de las cuales, por desgracia, terminan con víctimas mortales, han despertado en los últimos tiempos una especial sensibilidad en nuestra sociedad, de la cual no ha sido ajena la gran participación que en este debate han tenido las asociaciones, los organismos de igualdad, los partidos políticos y muy especialmente el propio Gobierno al asumir este problema como prioritario, poniendo en marcha un plan de acción para erradicar la violencia doméstica.
Señora ministra, como usted bien sabe, este problema no es nuevo en este país. Ya en 1986, la Comisión de Derechos Humanos del Senado creó la ponencia de investigación de malos tratos a mujeres, que concluyó con un exhaustivo informe sobre el tema en 1989, informe que por cierto durmió el sueño de los justos, puesto que no se tuvo en cuenta para nada por el Gobierno de entonces, ya que no se adoptaron medidas que atajaran la ya creciente violencia doméstica en aquellos años.
Hemos perdido, pues, siete años, en los que no se tuvo en cuenta la opinión de los colectivos ni de los expertos para intentar dar solución a este grave problema; tuvimos que esperar la llegada al Gobierno del Partido Popular para que, por primera vez, se asumiera la gravedad de este tipo de violencia y se buscasen soluciones. Dos años de intenso trabajo, que empezó con la visualización del problema a través del tercer Plan de igualdad de oportunidades, con un área específica de violencia, hasta llegar a la aprobación de un plan de acción sobre violencia contra las mujeres en abril de este año.
Sabemos que aún ha transcurrido poco tiempo, ya que todavía se están concretando algunas de las medidas del plan, como son las reformas legislativas, pero al finalizar el año, señora ministra, nos gustaría saber qué balance hace el Gobierno de los primeros meses de aplicación del Plan contra la violencia doméstica.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calderón.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, como S.S. ha recordado, el 30 de abril de este año el Consejo de Ministros aprobó el Plan de acción contra la violencia doméstica con una vigencia hasta el año 2000, y en el que participan los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, Sanidad, Educación y Cultura y Justicia.
El plan recoge en su totalidad 57 medidas para el período 1998-2000, de las cuales al día de hoy se han puesto en marcha 43, lo que significa el 77,4 por ciento

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del total de las medidas previstas. Me gustaría destacar ante SS.SS.
el número de medidas realizadas, así como la calidad de las mismas.
Dentro del área de sensibilización y prevención, del total de las actuaciones previstas están iniciadas o acabadas cinco de ellas, destacando la campaña contra la violencia realizada en medios de comunicación, la comunicación conjunta sobre violencia suscrita en Madrid por los Estados miembros de la Unión Europea, así como el convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación y Cultura para la elaboración de materiales didácticos.
En el área de educación y formación, quiero destacar que se han impartido 108 cursos a 5.000 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los órganos judiciales.
En el área de recursos sociales: incremento del número de unidades de atención a las víctimas; potenciación del servicio telefónico de emergencia las 24 horas; puesta en funcionamiento de las oficinas a las víctimas en órganos judiciales; edición de la guía de recursos y centros de mujeres.
La evaluación que hace el Gobierno, señorías, es que efectivamente se han puesto en marcha estas medidas, pero que aún es pronto y hay que seguir trabajando para que sean efectivas para luchar contra la lacra social que sigue suponiendo, aún al día de hoy, la violencia doméstica, en especial contra las mujeres.
Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE CONFIRMAR EL GOBIERNO QUE DURANTE EL AÑO 1999 ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO, CON TODA LA DOTACIÓN PERSONAL Y MATERIAL NECESARIA, EL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE BURGOS? (Número de expediente 180/001524)

El señor PRESIDENTE: La número 24 corresponde a don José Ignacio Marín Izquierdo, del Grupo Popular, que también será contestada por la ministra de Justicia.
Señor Marín.


El señor MARÍN IZQUIERDO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como usted bien conoce, la Ley de Demarcación y Planta de 1988 establecía la creación de dos juzgados de vigilancia penitenciaria en Castilla y León, uno con sede en Valladolid, actualmente en funcionamiento, y otro en la ciudad de Burgos, sede el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, a pesar de los años transcurridos, no ha sido puesto en funcionamiento por Gobierno alguno desde 1988.
Hace ahora un año aproximadamente anunció la señora ministra en el Senado no sólo la voluntad de poner en funcionamiento el juzgado de vigilancia penitenciaria de Burgos, sino de aumentar con un juzgado de vigilancia más la dotación que en este sentido tenía Castilla y León establecida en la ley antes citada, siendo ya una realidad este nuevo juzgado, atendiendo todo ello a la puesta en marcha de la nueva Ley orgánica reguladora del procedimiento ante los juzgados de vigilancia penitenciaria y a la entrada en funcionamiento de los nuevos centros penitenciarios de Salamanca, Palencia y León.
Nos consta que éste es uno de los temas que preocupa a su departamento, toda vez que los juzgados de vigilancia penitenciaria son los encargados de dotar de protección a las personas reclusas cuyos derechos no pueden ser conculcados. Incluso recientemente, los medios de comunicación social se han hecho eco de la reclamación que el Consejo General del Poder Judicial ha formulado al Ministerio de Justicia sobre la puesta en funcionamiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla y León, con sede en Burgos, con motivo de la emisión del informe al proyecto de real decreto de dotación y constitución de plazas de magistrados y juzgados, correspondiente a la programación de 1999.
Por todo ello, me gustaría conocer, señora ministra, si puede confirmar su departamento que durante el año 1999 será puesto en funcionamiento, con toda su dotación material y personal, el juzgado de vigilancia penitenciaria con sede en la ciudad de Burgos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, desde el 21 de mayo del año 1993 está pendiente la puesta en funcionamiento efectiva del juzgado de vigilancia penitenciaria de Burgos. Puedo asegurar a S.S. ante esta Cámara que a lo largo de la programación correspondiente al año próximo entrará en funcionamiento este juzgado reclamado en las instancias judiciales, así como desde el Consejo General del Poder Judicial, como S.S. ha puesto de manifiesto.
Según las previsiones del Ministerio, el juzgado se ubicará en los locales de la Plaza Rey San Fernando, 5, junto al juzgado unipersonal de lo contencioso-administrativo, contando con una plantilla de dos oficiales, cuatro auxiliares y dos agentes. Extenderá su jurisdicción a las provincias de Burgos, Soria y Palencia, comprendiendo los centros penitenciarios de estas provincias, siendo el mayor de ellos el de Dueñas, en Palencia, con más de 1.000 reclusos.
Entendemos que el retraso en la puesta en funcionamiento de este juzgado ha sido debido tanto a informes anteriores del Consejo General del Poder Judicial como

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a su creación y no puesta en funcionamiento en el año 1993, práctica con la que el Ministerio de Justicia ha querido desterrar de la política del departamento y por fin este juzgado entrará en funcionamiento en las fechas que he dicho a S.S.
Muchas gracias, señoría; gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Justicia.


- DEL DIPUTADO DON JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿SEÑOR MINISTRO, CONSIDERA USTED JUSTO QUE PUEDA SER DESALOJADO UN PASAJERO DE UN MEDIO DE TRANSPORTE, PARA QUE SU PLAZA SEA OCUPADA POR USTED O PERSONAS DE SU SÉQUITO? (Número de expediente 180/001503)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá, en nombre del Gobierno, su portavoz y ministro de Industria y Energía, comenzando por la número 3, que formula don Julián Fernández Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor Piqué, viajar en avión se ha convertido en una aventura incómoda y desagradable por el mal funcionamiento que ustedes han impuesto en el tráfico aéreo y en las instalaciones aeroportuarias, y también por el mal uso que los cargos públicos del Partido Popular hacen de este medio.
Señor ministro, ¿considera usted justo que pueda ser desalojado un pasajero de un medio de transporte para que su plaza sea ocupada por un ministro o persona de su séquito?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Coincido con usted en que no sería justo, pero no ha sucedido.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor ministro, lo primero que me sorprende es que el causante de este hecho, que es el señor Romay Beccaría, no esté compareciendo hoy aquí para responder sobre sus actos y se escude en otro ministro para no dar él la cara. No obstante, tengo que decirle que para que el señor Romay Beccaría pudiera irse el día 6 de noviembre a pasar el fin de semana a su casa, en el vuelo de A Coruña de las 16,15, Iberia echó a una pasajera y cambió a otros dos pasajeros de su plaza, situándolos en los transportines de las azafatas; dos irregularidades cometidas en el mismo vuelo por la dirección de Iberia para acomodar al ministro del Partido Popular y a sus acompañantes.
El señor Romay Beccaría ante los medios de comunicación ha mentido a los ciudadanos y mentirá hoy usted en este Parlamento si trata de justificarse diciendo que no tiene nada que ver con este asunto y que las cosas han sucedido de otra manera. Se sabe que sin la llamada de protocolo para acomodar al ministro y su séquito jamás se hubiesen desplazado estos tres pasajeros del vuelo 5.126 de Iberia. Nos tememos que esta sea una práctica habitual del gabinete Aznar en un claro abuso de poder, allanando los derechos de los ciudadanos que están totalmente indefensos ante los continuos abusos a que son sometidos en los aeropuertos españoles.
El señor Romay Beccaría ha afirmado en los medios de comunicación que a las 15,15 se encontraba en Barajas ese día para coger el vuelo a A Coruña, cuya hora de embarque estaba prevista a las 15,40. ¿Cómo es posible que estuviera en Barajas si a las 15,15 todavía continuaba el Consejo de Ministros? Da la impresión de que, o el ministro miente o hizo novillos en este Consejo de Ministros.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro portavoz.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Del planteamiento de su pregunta tengo una cierta sensación de inutilidad de mi respuesta, porque, antes de escucharme, usted ya presupone que voy a mentir. Ésa no es una buena manera de aproximarse a lo que significa la sesión de control al Gobierno, que sirve para que el Gobierno se explique y dé las razones. Por favor, diga usted, después de mi respuesta, si estoy mintiendo o no, pero no lo diga antes, porque usted mismo se desacredita. (Rumores y protestas.) De la misma manera que se desacredita cuando dice que el Consejo de Ministros duró hasta las tres y cuarto. Le aseguro que no, porque yo estaba. Por lo tanto, lo que sí puedo decirle, y que conste en el "Diario de Sesiones", es que usted acaba de mentir en la formulación de su pregunta. Pero voy a explicarme. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

Lo que sucedió, y se lo acepto, porque usted se equivoca... No se ría, no se ría y escuche, por favor. (Rumores y protestas) No se ría.
Escuche, porque, si no, la sesión de control... (Protestas. El señor Castellano Cardalliaguet: ¡El respeto a los diputados!) Señor presidente...


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, silencio, por favor. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i Camps): Si no, la sesión de control no sirve para nada.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor ministro. Entiendo que el señor ministro utilizaba el: escúcheme en sentido retórico, no intentando suplantar al presidente, que es quien debe poner orden. ( (Rumores.- El señor Castellano Cardalliaguet: ¿Dónde está el respeto a los diputados?) Señor Castellano, guarde silencio. Continúe, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i Camps): La democracia consiste en escuchar y respetar la opinión de todo el mundo (Rumores.) y consiste en aceptar que se pueden producir errores. Yo le iba a decir, con toda tranquilidad, que en este caso se ha producido un error de coordinación. Usted comete errores, estoy seguro; yo cometo errores todos los días, estoy convencido, pero lo que procuro siempre es intentar hacer las cosas bien y, cuando me equivoco, rectificar. En este caso, le pido a usted que rectifique porque no se puede equiparar un error de coordinación con una actitud arbitraria o discriminatoria, porque lo que sucedió fue exactamente lo que voy a decir.
Había seis personas en la sala de autoridades, cuatro correspondientes al séquito del ministro y dos más que estaban desde mucho tiempo antes en la sala de autoridades, y estaban reservadas las plazas de acuerdo con el procedimiento habitual. Había una serie de personas en lista de espera, entre ellas aquellas a las que usted hace referencia; se produjo ese error de comunicación. Desde la puerta de embarque se hizo la llamada por su apellido a las seis personas que estaban en la sala de autoridades. Y el apellido de una de ellas coincidía con el de otra que estaba en lista de espera. Se presenta, la hacen pasar y cuando llegan las seis personas desde la sala de autoridades, hay un sitio que está ocupado; muy bien. Se repara el error, que es lamentable. Esa persona voló en un avión que salía al cabo de 30 minutos. Fue un error, lo lamento muchísimo; pido disculpas a todos los afectados, pero no hagamos más historias de algo que es absolutamente normal en la vida cotidiana.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ JUSTIFICACIÓN DA EL GOBIERNO A LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA CONCEDIDA A QUIEN FUE COLABORADOR DE DON JOSÉ MARÍA AZAR EN EL GOBIERNO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN Y CONDENADO POR PREVARICACIÓN A RAÍZ DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO CON MOTIVO DE ESA COLABORACIÓN? (Número de expediente 180/001504).


El señor VICEPRESIDENTE (Marte i Morara): Pregunta de don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿qué justificación da el Gobierno a la subvención económica concedida a quien fue colaborador de don José María Aznar en el Gobierno autonómico de Castilla y León y condenado por prevaricación a raíz de actuaciones llevadas a cabo con motivo de esa colaboración?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i Camps): Estoy dispuesto a escuchar la misma pregunta cuantas veces sea necesarioi y contestaré de la misma forma. Se le ha concedido una subvención porque cumplía con los requisitos legales.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias señor ministro.
Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, me gustaría que usted también escuchara a la oposición. El señor Pérez Villar hace la solicitud de subvención.
Durante meses esa solicitud permanece archivada porque, tal como afirma la directora general, corresponde a un proyecto que no se puede subvencionar. Criterio que, por cierto, se ha aplicado a todos los demás proyectos similares, con la excepción del del señor Pérez Villar. ¿Cómo se explica esto? Dice usted reiteradamente, señor ministro, que la justificación es el cumplimiento de la ley. Eso no es verdad, señor ministro, ni en el fondo ni en la forma; en la forma porque la resolución de 25 de mayo de 1998, que concede la subvención, hace referencia a una orden de 16 de febrero de 1996 ya derogada. Pero lo más grave es que en el fondo tampoco es verdad. No se ha respetado la norma por parte del Ministerio de Industria y Energía porque, si no, ¿cómo se explica que a todos los demás proyectos no se les haya concedido la subvención? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué justificación

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hay? La única justificación, señor Piqué, nos la ha dado en una entrevista, este pasado fin de semana, el señor Aznar cuando ha dicho: nunca dejaré en la cuneta a nadie que haya trabajado conmigo.
Nos parece un criterio razonable, pero lo que no nos lo parece tanto es que para no dejarle en la cuneta se le construya una pista o, mejor, una autopista, a tenor de lo rápido que va el señor Pérez Villar, y además que el peaje lo paguemos todos los ciudadanos de este país. Eso no sólo no es razonable sino que es inaceptable en un Estado de derecho.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
En febrero de 1996 se publicó una orden de concesión de subvenciones a proyectos relacionados con la reactivación de las comarcas mineras.
Era una orden que contenía unos criterios yo diría que muy amplios -es verdad que la problemática del empleo en las comarcas mineras es muy seria- y que permitió en su momento que se dieran concesiones a proyectos que no tenían ningún tipo de contenido industrial. Cuando entra el nuevo Gobierno empieza a corregir esos criterios y los hace mucho más restrictivos, y entre ellos se elimina lo que se hacía anteriormente, que era dar subvenciones a piscinas cubiertas o, por ejemplo, a bares y restaurantes y también a concesionarios de automóviles. Eso es lo que dejamos de hacer, y, por eso, la directora general de Minas dice lo que dice. Lo que se hace es, como sucede en el procedimiento habitual, y con una nueva orden que es verdad que derogó ésa, porque era excesivamente laxa, fijar exactamente los criterios estrictamente industriales y pedirle a una consultora que diga qué parte de la inversión es subvencionable o no. Y esa consultora -por cierto, nombrada desde hace muchos años- (La señora López i Chamosa: También es culpa nuestra.) dijo que la inversión subvencionable ascendía a casi 300 millones de pesetas y que, por tanto, la subvención que le correspondía al proyecto detrás del cual está el señor Pérez Villar era de casi 100 millones de pesetas. Pues bien, aplicamos criterios todavía más restrictivos y no se subvencionó a un concesionario de automóviles, sino a un taller dotado de un proyecto industrial, que emplea a más de 30 personas y que tiene una inversión subvencionable mucho menor, que asciende a cuarenta y pico millones de pesetas. Todo cumple con todos los requisitos y además se es mucho más restrictivo que anteriormente.
Y yo le quiero preguntar, porque además se pidió un informe a la asesoría jurídica: cuando se cumplen todos los requisitos para dar una subvención, ¿no se debe dar en función de la personalidad que la pide, cuando no hay ningún obstáculo legal para que la pueda recibir? ¿Es eso lo que ustedes quieren? Porque exactamente hacer eso sería precisamente prevaricar, y desde luego este Gobierno no lo va a hacer nunca.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIÉS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA SOLUCIONAR EL GOBIERNO LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA DE RTVE? (Número de expediente 180/001506)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 6, que formula don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.


El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Gracias, señor presidente.


Cuando la época de Jordi García-Candau, cuando la deuda de Televisión Española apenas llegaba a los 200.000 millones, el actual ministro de Trabajo anunció en los medios de comunicación que Televisión Española estaba en quiebra. Yo comprendo que el ministro de Trabajo, como venía de letras y en esto de los números siempre se equivoca, hablase de 500.000 millones cuando todavía no llegaba a 200.000. Ustedes tienen el dudoso mérito de haber conseguido multiplicar por tres aquel agujero en apenas dos años. ¿Tienen alguna solución para la crisis financiera de Radiotelevisión Española que no sea la privatización?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro portavoz.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.
El Gobierno ha reiterado en muchas ocasiones, y yo lo acabo de decir muy recientemente, que la solución del problema financiero de Radiotelevisión Española tiene que ser, si es posible, consensuada y, por tanto, negociada previamente con todas las partes interesadas y, en particular, con el conjunto de las fuerzas políticas; hago este llamamiento, por tanto, al principal partido de la oposición. Lo he hecho yo, lo ha hecho el nuevo director general de Radiotelevisión Española, lo ha hecho el propio presidente del Gobierno. Es en ese contexto en el que se debe solucionar el tema de la financiación, pero no centremos su solución en la deuda. Ella es la consecuencia de un modelo de explotación, de un modelo de funcionamiento que se debe corregir, pero no es la causa.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Aguiriano.


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El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Gracias, señor ministro. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes no tienen credibilidad. Usted hasta ahora no me ha hablado de privatización y cuando hablan de privatización siempre lo niegan. Yo estoy seguro de que ya saben a quien van a regalar Radiotelevisión Española como hicieron con Antena 3, exactamente igual. Usted, el presidente del Gobierno y todo el Gobierno tienen un mérito, por decirlo de alguna manera, y es que dicen una cosa y hacen exactamente todo lo contrario. Se le llena la boca de hablar de una televisión objetiva, imparcial y al servicio de todos los ciudadanos, y luego resulta que Televisión Española es el reino de la manipulación. Si usted ve los telediarios, son lo más parecido al No- Do, exactamente lo más parecido al No-Do. Usted comprenderá que aguantar más de tres No-Do al día es demasiado para los ciudadanos españoles. Comprendo que al presidente del Gobierno le encante porque, seguramente, le trae viejos recuerdos familiares, pero al resto de los españoles no.
Usted habla de consenso y de acuerdo con las fuerzas políticas, pero da la casualidad de que el problema de la manipulación no es un problema de director general; no es un problema de Mónica Ridruejo ni era un problema de López-Amor ni seguramente será un problema de Pío Cabanillas; el problema es del presidente del Gobierno y de usted que son los que les dan las órdenes. Resulta que el presidente del Gobierno le ha dicho al señor Cabanillas: todo el consenso que haga falta, todo el acuerdo que haga falta, menos los telediarios que son intocables. Seguiremos recibiendo el No-Do. Si ustedes creen que vamos a hacer consenso con el No-Do, están absolutamente equivocados.
Hacen falta hechos y no palabras. Ustedes ofrecen palabras magníficas; hechos, ninguno. Control y manipulación de los informativos y, encima, quieren No-Do. Mientras no haya hechos, no creeremos absolutamente nada. Sus palabras las lleva el viento, no tienen el más mínimo valor. Siguen manipulando Televisión Española como en los mejores tiempos del régimen anterior.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Yo pensaba que iba a contestar algo sobre la financiación de Radiotelevisión Española. Veo que usted quiere hablar de otra cosa y estoy también dispuesto a hablar de eso, de la manipulación.
(Rumores.- El señor Aguiriano Forniés: Menos palabras y más hechos.) Sí, sí, de la manipulación que ha habido; estoy dispuesto a hablar también de eso.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Aguiriano.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Insisto, yo creía que venía aquí a hablar de la financiación, de los problemas de explotación de Radiotelevisión Española, de un nuevo modelo que tenemos que construir entre todos, que seguramente deberíamos haber construido hace muchísimos años, incluso en años en los que el Grupo Socialista tenía mayoría absoluta. El origen del problema actual de Televisión Española -se lo recuerdo- es que, a partir de 1989, existen televisiones privadas y no se tocó para nada la estructura de Radiotelevisión Española cuando había sido un monopolio hasta aquel momento No nos vamos a repartir responsabilidades. De verdad, yo no quiero seguir por ese camino. Hablemos e intentemos encontrar soluciones entre todos.
Muchísimas gracias. (Rumores.- Varios señores diputados: ¡Hechos!)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO D. JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN TIENE EL GOBIERNO SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL? (Número de expediente 180/001507)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 7, que formula don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.


El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, esta pregunta es para el señor Piqué en su condición de ministro de Industria, no de lo otro.
¿Qué valoración tiene el Gobierno sobre las actuaciones de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Hernández Moltó.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): En general y con las normales discrepancias, correcta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Hernández Moltó.


El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Es una curiosa interpretación o manera de ver las cosas de lo que le voy a contar ahora, señor Piqué. Espero que sea más sincero contestando a partir de ahora, y no como lo ha hecho.
El día 11 de noviembre en el Senado el señor Piqué hablaba de la siguiente manera de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. En relación con un tipo de

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comportamiento venía a manifestar la buena independencia que demuestra la mencionada Comisión. Esta buena independencia coincidía con los criterios que el señor Piqué mantenía en ese momento relativa a la liberalización. A partir de ese momento, la Comisión, creyendo que de verdad el Gobierno consiente que alguien pueda ser independiente y autónomo, ejerció esa condición haciendo un informe -que, por otro lado, en cualquier otro país del mundo, hubiera llevado a la dimisión del ministro de Industria de turno- en el que manifestaba las casi ilegalidades que el ministro había llevado al Consejo de Ministros y éste pretende introducir en el Senado con las llamadas titulizaciones, es decir, las subvenciones de un billón de pesetas que el Gobierno concede a las compañías eléctricas. Esa manera del señor ministro de interpretar la independencia, calificándola de política, con ese sentido rancio y casi insultante con el que el señor tecnócrata ministro suele denominar las acciones políticas, le llevó a arremeter contra la Comisión en titulares dignos de mejor causa y que merecen un portavoz con un temple distinto del que demostró entonces y ha mostrado hoy. Calificó a la Comisión de demagógica, poca rigurosa y política, como si el concepto de político para un ministro fuera insultante.
Señor ministro, permítame que, después de todas estas cuestiones, no coincida con su manera de entender la independencia y le haga una seria crítica a esas reacciones de soberbia del ministro -a las que, por otra parte, nos tiene acostumbrados- que entiende la independencia y la autonomía de los órganos en el sentido absoluto del embudo: con quién no coincide con él tiene ese comportamiento autoritario.(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Su tiempo ha concluido, señor Hernández Moltó.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señor presidente.
Me voy a reiterar en lo que he dicho, la Comisión del Sistema Eléctrico tiene encomendadas muchas funciones, muchas y desde luego algunas de ellas las realiza con especial diligencia, por ejemplo me refiero al nuevo sistema de liquidación -es muy complejo para las sociedades de transporte y distribución de la energía eléctrica-, las funciones de propuestas, las funciones de informes.
Hay que decir que en el mal llamado caso de la titulización, porque de lo que deberíamos hablar todos es de lo que se está haciendo para acelerar la liberalización del sector eléctrico, el informe de la Comisión del Sistema Eléctrico no era preceptivo; a pesar de eso lo hemos pedido, como es natural. Después de su lectura tengo que reiterarlo aquí, a lo mejor porque la propia Comisión titula su informe explícitamente (sic), literalmente, de informe precipitado sobre la liberalización. Es un informe precipitado habida cuenta de que disponía de la información desde el mes de septiembre; en cualquier caso ella misma autocalifica el informe de precipitado y utiliza determinadas terminologías que yo también puedo pensar que ponen en cuestión no ya la independencia, que la doy por garantizada, sino la neutralidad de la Comisión y de algunos de sus miembros frente al sector que tiene que regular; cuando se utilizan expresiones del tipo de trucos contables, trampas, todos podemos poner en duda también la necesaria transparencia y neutralidad de esa Comisión. A partir de ahí, cuando se utilizan erróneamente conceptos tales como confundir la afectación de un porcentaje de la tarifa por un impuesto, por un recargo, tengo también el derecho de poder decir que eso no me parece suficientemente riguroso. De la misma manera que yo estoy absolutamente dispuesto a defender la independencia de la Comisión, le ruego que también usted acepte la libertad de expresión del ministro cuando opina sobre un tema que es de su competencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA ACORDE CON EL ESPÍRITU CONSTITUCIONAL QUE DESDE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SE CONVOQUEN ACTOS EN MEMORIA DEL ANTERIOR JEFE DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001512.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 12 que formula don Julio Álvarez Gómez del Grupo Socialista.
Señor Álvarez.


El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


¿Considera acorde con el espíritu constitucional que desde las instituciones públicas se convoquen actos en memoria del anterior jefe del Estado?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Álvarez.
Señor ministro para las Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Sigue el misterio, no sé a qué responde esta pregunta, pero lo único que se me ocurre decirle es que yo no lo haría, pero no se me ocurre otra cosa.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Álvarez.


El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Señor ministro, déjeme que se lo diga de otra forma expresando con una valoración

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más profunda las razones que avalan esta pregunta.


El Gobierno, señor ministro, con su acción política crea un clima en el que es fácil entender que se sigan realizando actos de corte totalitario, promovidos desde instituciones gobernadas por el Partido Popular; se lo voy a argumentar. En una esquela publicada en diversos medios de comunicación el pasado 20 de noviembre, el alcalde de Beade, de la provincia de Ourense, expresando su condición institucional, invitó a la asistencia a un funeral por Francisco Franco y por todos los caídos. La violencia, señor ministro, o actos que recuerdan o simbolizan sus manifestaciones es preciso aislarla, condenarla y disolverla aplicando prácticas y principios constitucionales. En demasiadas ocasiones se nos presentan brotes, como el ocurrido ayer en las inmediaciones de un campo de fútbol madrileño, que están presentes en la vida cotidiana y a ello es preciso oponerse radicalmente.Contra lo que pudiera parecer inicialmente ambos actos de naturaleza diferente tienen algunos elementos comunes que explican, por ejemplo, que se mantenga esa nostalgia de la dictadura 23 años más tarde de la muerte del general.
Señor ministro, si el Gobierno del Estado y todas las instituciones hacen una defensa firme de la Constitución y de los principios constitucionales, hechos de esta naturaleza tenderían a desaparecer, pero en muchas partes del territorio nacional queda mucho camino por recorrer. En Galicia es la expresión más patente de un importante déficit democrático que alcanza incluso al reglamento de la propia institución parlamentaria y tiene su continuidad en actos emanados del Gobierno del Estado.
Señor ministro, ¿que autoridad política puede tener el Gobierno en relación con el citado funeral, si es el presidente del Partido Popular en Ourense y senador, señor Baltar, quien exige públicamente al subdelegado del Gobierno, a través de los medios de comunicación, un informe sobre una manifestación celebrada en Ourense? ¿Qué lección democrática puede dar el Gobierno a dicho alcalde si el mismo senador, también presidente de la diputación provincial...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Álvarez, ha terminado su tiempo.


El señor ALVAREZ GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro. (Pausa.) Dele al botoncito, señor ministro. (Risas.)

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Le estoy dando, señor presidente, pero tampoco tengo grandes cosas que decir, porque, el diputado habla de lo del Atlético de Madrid, ahora me he enterado de las esquelas que publican los alcaldes... Yo no soy responsable. Sólo puedo decir una cosa y se la voy a decir en serio: yo intento ser demócrata y ajustar mi actuación a los mandatos constitucionales. Pero discursos de la entidad del que usted ha pronunciado aquí quizá o es razonable hacerlos en un mitin, en una campaña electoral o en otro sitio, pero me parece absolutamente fuera de lugar que haga usted este discurso acusando al Gobierno de no se sabe qué y utilizando una serie de argumentos que no se sabe bien a qué vienen.
Mire usted, sintiéndolo mucho, no puedo responderle, no tengo nada que decirle. Pero, en fin, por lo menos intento ser tan demócrata como usted. No se me ocurre decirle otra cosa, lo siento mucho.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ DESARROLLANDO EL GOBIERNO A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CONVENIENTE POBLACIÓN DEL LINCE IBÉRICO EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/001521)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 21, que formula don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, en las últimas fechas hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la muerte de algún ejemplar de lince ibérico en el entorno de Doñana, según parece por contagio de tuberculosis. Naturalmente, esta situación aumenta la preocupación que tenemos mi grupo y yo en relación con la especie del lince ibérico por cuanto que en los últimos años ha disminuido muy notablemente en España. Parece ser que hay determinados factores que influyen negativamente en el desarrollo de la especie, como son modificaciones en torno a su hábitat -la agricultura le perjudica-; también incide negativamente en el desarrollo de este animal su dieta alimenticia y, por otra parte, parece que un factor determinante es el aislamiento de las poblaciones que da lugar a especímenes más débiles de lo conveniente y que resisten mal determinadas contingencias.
Señora ministra, somos conscientes del esfuerzo que usted desarrolla para preservar el medio natural y transmitirlo en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras. Creo que como muestra podríamos señalar la importante labor legislativa que usted ha impulsado en esta Cámara, naturalmente el incremento

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de créditos que en 1999 tendrá el Ministerio de Medio Ambiente para obras de infraestructura hidráulica y para calidad de aguas y, por supuesto, también el llamamiento que usted hace de forma continuada a la sociedad civil para que colabore para conseguir los objetivos que el departamento tiene establecidos, ya que si la sociedad no colabora difícilmente se podrán lograr. Sin embargo, estoy seguro de que usted está de acuerdo conmigo en que la noticia a la que he hecho referencia al inicio de mi intervención eleva la preocupación de cualquier ciudadano interesado por estos asuntos. Por ello, espero con muchísimo interés la respuesta que va a dar a la pregunta que figura en el orden del día del Pleno y que pretende conocer las medidas que el Gobierno ha adoptado para garantizar la conveniente población de lince ibérico en nuestro país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor de Luis.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor presidente, señoría, en efecto comparto que el lince ibérico es una de las especies carnívoras más amenazadas del mundo y que por eso ha pasado ya, desde el año 1990, a formar parte del catálogo nacional de especies amenazadas, concretamente con la categoría: en peligro de extinción. Tiene razón S.S. en que no son muchos, lamentablemente, los ejemplares que quedan de esta especie, no llegan a 600 en este momento en España, y con algunos problemas graves, como son, por ejemplo, algunos que mencionaba su señoría: la fragmentación de sus áreas de distribución, lo que hace que sea difícil el acercamiento; el progresivo aislamiento hace, como apuntaba S.S., que el intercambio de ejemplares sea cada vez más difícil, lo que conlleva una pérdida en la variabilidad genética.Por otra parte, existen menos presas básicas, como el conejo, del que se alimentan los linces, e incluso se han dado varios casos de mortalidad directa debido a atropellos, en alguna ocasión a disparos, a la existencia de cepos y de lazos, lo que es un panorama poco halagüeño para la conservación de esta especie. Por esa razón, y apoyando los planes de recuperación que tienen que poner en marcha las diferentes comunidades autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente ha promovido una serie de actuaciones concretas, como es, por ejemplo, la elaboración del proyecto Life, que obtuvo financiación de la Unión Europea y en el que participan no solamente el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, sino también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por otra parte, el Comité de Flora y Fauna Silvestres y la Comisión Nacional de la Protección de la Naturaleza crearon un grupo de trabajo específico que atiende las actividades a realizar para la conservación del lince; se desarrolló un taller de análisis de la viabilidad de la población y del hábitat para el lince ibérico en el parque nacional de Cabañeros, con participación de dos grupos internacionales muy importantes de investigación en áreas de recuperación y conservación del lince; hemos elaborado un vídeo titulado El lince ibérico en 1997, donde no solamente se habla de algunos secretos de la vida y del comportamiento de esta especie única, sino también se reflexiona sobre problemas y se apuntan posibles soluciones. Tenemos en el parque nacional de Doñana unas instalaciones calificadas como modélicas, donde se intenta poner en marcha la cría en cautividad del lince ibérico. Y, como conclusiones del seminario al que he aludido, en el parque nacional de Cabañeros se ha elaborado un borrador de criterios orientadores para que todos los programas de recuperación tengan esta coordinación de los criterios generales.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora ministra.


- DE DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE HA DECIDIDO POR FIN EL GOBIERNO A TOMAR ALGUNA INICIATIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN APROBADA EL 28 DE SEPTIEMBRE POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA A LOS USUARIOS DE INTERNET? (Número de expediente 180/001513.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 13, que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿se ha decido por el fin Gobierno a tomar alguna iniciativa para dar cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno del Congreso para la ampliación de la tarifa plana a los usuarios de Internet?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Su señoría sabe muy bien que se está negociando con Telefónica y con las asociaciones de usuarios de Internet para encontrar el mejor camino para el cumplimiento de ese objetivo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Alfredo Pérez Rubalcaba.


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El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde la última vez que le pregunté por este tema aquí el Parlamento ha vuelto a aprobar una moción de Convergència i Unió, con el apoyo de su grupo parlamentario. Por tanto, ya son dos las resoluciones que está usted incumpliendo. Usted me contestó aquí hace tres semanas en relación con este tema y me dijo una parte de la verdad, que usted sabe, señor ministro, que suele ser la peor de las mentiras. Me habló de tarifa plana para pymes, y me ocultó que son 16.000 pesetas al mes, fuera del alcance de muchas pequeñas y medianas empresas en España; me habló de tarifa plana en las escuelas, sin aclararnosque era hasta dentro de unos pocos meses, y no se sabe qué va a pasar después; me dijo, en fin, que era imposible poner la tarifa plana para los usuarios residenciales y me argumentó con un informe que recoge punto por punto los motivos de Telefónica, que contradicen informes de entidades tan serias como la FCC americana, que sistemáticamente les dice a las operadoras americanas que sí se puede aplicar la tarifa plana. Ha bastado un anuncio de huelga para que usted reconozca que no todo era tan bonito como nos lo dijo aquí hace 15 días, que había muchas cosas por hacer y usted se sienta a negociar con los usuarios de Internet. Bienvenida la negociación, ojalá tengan más éxito que este Parlamento al exigirle las resoluciones que aquí hemos aprobado por unanimidad. Pero nosotros, señor ministro, no nos damos por satisfechos. Dado que usted arrastra sistemáticamente los pies, voy a dar un paso más respecto a hace tres semanas y le voy a poner un plazo, que me parece que es razonable: si el 31 de enero usted no ha resuelto el problema, señor ministro, aquí traeremos una moción para pedir su reprobación.
Muchas gracias, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, usted es el autor de la moción aprobada por este Parlamento, y en esa moción S.S. no puso ningún plazo. Por una vez en la vida actuó S.S.
con sentido común, porque se trata, como sabe S.S., de hacer una negociación con Telefónica y con los usuarios de Internet. Sabiendo que una negociación, señoría -usted y yo durante muchísimos años hemos negociado mucho-, lleva mucho tiempo -ahí está, sin ir más lejos, la del Tribunal Constitucional-, usted no puede venir aquí a las seis semanas de aprobarse la moción para exigir su cumplimiento y dos semanas más tarde, a las ocho semanas, para volver a exigirlo, porque eso, señoría, es simplemente rayar en el ridículo. Usted comprenderá que no vivimos en un país como para andar autoritariamente imponiendo tarifas a nadie. Este es un problema técnicamente complejo, lo sabe S.S. y no es conveniente que continúe usted haciendo demagogia porque no podemos imponer unas tarifas planas de Internet en favor de los usuarios residenciales poniendo en riesgo el colapso de la red de telefonía local de Telefónica. Usted sabe que eso es cierto y la prueba es que ningún país de la Unión Europea tiene la tarifa plana.
Señoría, yo no he dicho aquí medias verdades. Lo que pasa es que en el tiempo limitado en la contestación da tiempo a decir lo que da tiempo. Hay tarifa plana. El que sea alta, señoría, no desvirtúa el concepto. Hay tarifa plana a través de la red digital de servicios integrales. Porque usted no quiere sólo tarifa plana, quiere que además sea muy baja. Depende, porque estamos hablando de una empresa privada. De momento hay tarifa plana en la red digital de servicios integrales para las pymes -16.000 pesetas mensuales- y eso, señorías, es una tarifa plana. Hay gratuidad a través de la red Iris que gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas para las universidades y para los centros sanitarios de asistencia primaria, y hay un convenio que gestiona el Ministerio de Educación para dar acceso gratuito a Internet a los centros educativos no solamente hasta el año que viene, sino después también, señoría. Por tanto, en los tres ámbitos a que se refiere la moción se ha introducido mecanismo de gratuidad de tarifa plana de manera, si quiere usted, todavía incompleta e imperfecta porque estamos en un proceso.


Queda el tema de los usuarios residenciales. Yo le pido a S.S. que no haga demagogia.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, su tiempo ha concluido.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿APOYA EL MINISTERIO DE FOMENTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN? (Número de expediente 180/001514)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 14, que formula don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista.
Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Fomento, nos consta que usted conoce, como es lógico, el proyecto del aeropuerto de Castellón, sometido actualmente a información pública. El aeropuerto, ideado por el presidente de la Diputación Provincial, tiene incluso ya un nombre, Castellón-

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Costa del Azahar. Le anticipo que la idea nos parece magnífica y la apoyaremos siempre que la financie usted, que la financie el Ministerio de Fomento o Aena o que usted promueva la financiación a través de la Unión Europea como vendría exigido por un aeropuerto de interés general. Sin embargo, señor ministro, usted permanece callado. Señor ministro, sáquenos de dudas. ¿Apoya usted la construcción de un aeropuerto de interés general en Castellón? ¿Está usted dispuesto a financiarlo? Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Arnau.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio apoya la construcción de un aeropuerto en la provincia de Castellón en el marco de un cierto planteamiento estratégico, financiero y temporal.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: La gallina, señor ministro de Fomento: Este aeropuerto va a costar 12.993 millones de pesetas, va a ocupar cinco millones y medio de metros cuadrados, dispondrá de una terminal de pasajeros de 12.375 metros cuadrados, va a tener una torre de control de seis plantas y un radio de acción de sus aviones de 4.000 kilómetros, y el señor responsable de la navegación aérea en este país nos dice que no sabe y no contesta, tal y como hizo hace unos días en el periódico de Las provincias de Valencia cuando fue a inaugurar 44 kilómetros de la autovía Valencia-Madrid, que ustedes hicieron pasar por 350 kilómetros. Una de dos, señor ministro: o lo que usted está planeando es un aeroclub costosísimo, financiado, además, por descontado, con fondos públicos, o todo esto es una idea personalísima del señor presidente de la Diputación de Castellón, egregio anfitrión del señor Aznar durante sus vacaciones veraniegas y además tambiénun egregio señor feudal de la provincia.
Señor ministro de Fomento, no se ría usted porque esto es una manifestación más del caos que reina en la navegación aérea de este país desde que usted la dirige.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Arnau.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo no sé cuál es su profesión, pero el parlamentarismo debería haberle acostumbrado a que las cosas tienen un tiempo y un tiempo razonable. (Varios señores diputados: ¡Ah!) Porque usted puede exigir una respuesta, o sí o no, y yo no le voy a contestar con una afirmación rotunda, porque las cosas tienen un tiempo y tienen un determinado planteamiento estratégico y financiero. Yo le digo lo siguiente, señoría, y esto obedece a un planteamiento riguroso del Ministerio de Fomento y de Aeropuertos Nacionales:España está necesitada de muchas pistas de aterrizaje.
Dado su extensión y su tamaño, la aviación privada en España está apenas desarrollada. La proporción de pistas de aterrizaje que existe en España en relación con otros países de la Unión Europea es ridícula. Por tanto, todo lo que sea poner en marcha infraestructuras e inversiones aeroportuarias -que, desde el momento en que existen, facilitan el tráfico aéreo, cualquiera que sea el tipo de aviación al que sirvan-, poner en marcha una iniciativa que suponga la construcción de unas primeras instalaciones no solamente en Castellón, sino en otras muchas provincias españolas, es un proyecto positivo y el Ministerio de Fomento lo entiende como proyecto positivo, porque hay que plagar este país de pistas de aterrizaje, con todos sus complementos para que sean útiles y, más adelante, según el tráfico, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con del crecimiento del transporte aéreo, de acuerdo con las exigencias turísticas, se tomará una decisión sobre si esas instalaciones deben o no convertirse en un aeropuerto de interés general. Pero ustedes quieren si o no y todo desde el principio. No se hace oposición de esa manera; por el camino que van, lo único que aquí se pone de relieve es que ustedes se oponen a un proyecto de construcción de un aeropuerto, sea del tipo que sea, en Castellón, y los castellonenses se van a acordar de ustedes en el momento de votar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA 1998- 2000? (Número de expediente 180/001519)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 19, de don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Marquínez.


El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la pregunta es en relación con la vivienda, que, como sabemos todos, es un tema importantísimo, incluso con rango constitucional. Las preocupaciones del Gobierno en cuanto a la vivienda son evidentes.


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La primera actuación es la creación de riqueza y con ello la bajada de los intereses, etcétera, lo cual empieza a resolver el problema de la vivienda. Todas esas actuaciones del Gobierno van destinadas a solucionar el problema de la vivienda. Además de esto, el Gobierno hace un Plan de vivienda con unos datos que no admiten confusión ninguna; estos son datos objetivos, tomados de lo que está publicado.
Para este Plan 1998-2001 se prevé una inversión de 2,7 billones de pesetas. Para el año 1998 están previstas unas 134.000 actuaciones en vivienda, para las cuales ya se han aprobado 236.000 millones y faltan por aprobar 500.000 millones. Para el resto de este Plan de vivienda, que comprende las actuaciones que he dicho anteriormente, se prevé un nivel de 120.000 actuaciones por año. Todo esto, repito, son datos, pero ahora aparece la confusión, y digo esto porque un partido político comienza a criticar ese Plan de vivienda diciendo que no hay convenios, que no hay financiación etcétera. Sin embargo, nos sorprendemos al comprobar datos y ver que, al decir que no hay convenios, curiosamente es que no hay convenios con las comunidades donde gobierna ese partido político, que curiosamente también -seguimos avanzando en la comprobación de datos- en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde gobierna ese partido político, las actuaciones en vivienda sólo crecen un 35 por ciento cuando en el resto de España han crecido un 130 por ciento. Es curioso que se cree confusión en ese sentido. Y si seguimos avanzando y comprobando datos, vemos que en Andalucía, en el año 1996, hubo un déficit en la previsión del Gobierno en el tema de vivienda de 9.000 millones de pesetas -el 32 por ciento de lo previsto- ; en el año 1997 hubo un déficit de diez mil y pico millones -el 42 por ciento de lo previsto-, y así sucesivamente. Entonces, llegamos a la conclusión de que si ese grupo político quiere crear confusión, será para ocultar las malas realizaciones que lleva a cabo en su comunidad autónoma.
Por tanto, señor ministro, en este sentido le pedimos una aclaración, le pedimos que valore el Plan de vivienda 1998-2000 que el Gobierno ha aprobado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Marquínez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la oposición pretende ocultar la realidad de un Plan nacional de vivienda que es extremadamente positivo, Plan nacional de vivienda que responde a la firme voluntad de este Gobierno de facilitar el acceso a la vivienda de las rentas más modestas del país. Yo querría darle los datos que ya están en marcha y que, por consiguiente, forman parte de nuestra realidad. El plan prevé una financiación total de 505.000 actuaciones protegidas, que, sumadas a las 51.582 que ya se han realizado con cargo al plan, implican la concesión de créditos por valor de 556.000 millones de pesetas. Esta cifra de posibles realizaciones en el cuatrienio 1998-2001 representa un 8 por ciento más de los objetivos considerados a principios de 1996 para el anterior plan 1996-1999.
Paso a exponerle muy brevemente cuatro rasgos principales del Plan de vivienda. A partir de ahora, la subsidiación de los intereses de los préstamos hipotecarios pasa a ser un porcentaje de la cuota que pagan los prestatarios, con lo que se mantiene en el tiempo la cuota de ayuda estatal a este crédito. En determinados casos, este subsidio se refuerza en los primeros años de amortización del préstamo con el fin de atenuar el esfuerzo inicial de compra, algo que favorece extraordinariamente a los jóvenes. En segundo lugar, la modalidad de primer acceso a la vivienda está también diseñada especialmente para los jóvenes y concentra las mayores ayudas del Plan. En tercer lugar, las familias con rentas inferiores a 2,5 millones de pesetas anuales pueden optar, en la modalidad de primer acceso, a una subvención a fondo perdido del 5 por ciento del precio total de la vivienda, siempre que se trate, como es lógico, de viviendas de protección oficial calificadas de régimen especial. Por último, señoría, el Plan fomenta las operaciones de rehabilitación, que son extremadamente importantes en los cascos antiguos de las grandes ciudades, con especial acento en aquellas que tratan de recuperar los centros históricos de nuestras ciudades, y también potencia el Plan de forma notable la promoción de viviendas destinadas a arrendamiento.
Estas son las novedades del Plan nacional de vivienda que está actualmente en marcha y que, junto con una política económica que ha determinado una radical bajada de los tipos de interés y vivir un momento en que se dan las máximas facilidades de nuestra historia para comprar una vivienda, caracterizan la política de vivienda de este Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO: ¿QUÉ INSTRUCCIONES HA IMPARTIDO EL INSALUD PARA LA CONFECCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA? (Número de expediente 180/001510)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 10, que formula don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.


El señor MORATALLA MOLINA: Señor Romay, en su largo viaje político al centro, sólo ha conseguido llegar de Galicia a Madrid -algo es algo- y ser centro de miradas y de críticas por sus continuos incumplimientos. No ha centrado el gasto farmacéutico en las cifras que prometió -ahora tiene una desviación del 13 por ciento-, no se centra ni en el espíritu ni en la letra de la ponencia, fundando fundaciones sin fundamentoclaro de gestión pública, y cree haber centrado la idea

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de mejora de la lista de espera.
Por eso, le pregunto: ¿Qué instrucciones ha impartido el Insalud para la confección de las listas de espera? Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Moratalla.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla, yo creo que a usted lo de la lista de espera le importa relativamente. (Rumores.) Tengo que decirle que el gasto farmacéutico, afortunadamente, el año pasado creció un 5 y pico por ciento y este año va a crecer por debajo del 11, frente a crecimientos del 14 por ciento acumulativo, que eran los que tenían ustedes cuando gobernaban.
Le puedo decir que el tema de las fundaciones fue debatido extensamente en este Congreso de los Diputados y mereció el apoyo de su grupo parlamentario.
En relación con la lista de espera, le quiero decir que el Insalud ha dado unas instrucciones para su elaboración, según las cuales todos los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica no urgente deben estar incluidos en esa lista de espera.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Moratalla.


El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, presidente.
Sigue sin centrarse, ministro. Le hablo de lista de espera en anorexia, en Alicante; le hablo de desviación de enfermos de Zamora para ser operados en el gabinete médico Paracelso, de Valladolid, denunciado ante la Inspección de Zamora por no cumplir requisitos mínimos; le hablo de 900 quejas al teléfono 900210647, de las que el 70 por ciento es sobre listas de espera; le hablo de 65.000 extremeños en listas de espera para el diagnóstico de especialistas, que es paso previo a evaluar una posible intervención quirúrgica; le hablo de la visita que he recibido esta mañana, una representación de enfermos reumatológicos de Asturias que precisan prótesis y que han presentado en el registro de esta Cámara 1.104 firmas denunciando su estado de abandono y desesperación.
Se lo dijimos y se lo reitero, las listas de espera son grave problema. Ustedes no lo están gestionando, pretenden disfrazarlo con ingeniería estadística. En un comunicado del 28 de septiembre del hospital de San Pedro de Alcántara, de Cáceres, como en otros lados, para lograr el objetivo institucional de que a 31 de diciembre de 1998 no figuren enfermos con más de seis meses en listas de espera, se dan instrucciones de no incluir en las mismas más enfermos que los que el servicio pueda atender en los próximos seis meses y de excluir a los que no tengan diagnóstico claro. Así sí, señor ministro, confeccionando el traje a medida y teniendo el resultado prefijado, se obtienen buenos resultados y se pueden llamar históricos, pero lo histórico, señor ministro, es que el deterioro de la atención al paciente es creciente y también el deterioro permanente de su credibilidad.
Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla, la lista de espera la integraban 190.000 personas cuando nosotros llegamos a la responsabilidad de Gobierno. Al 31 de octubre, esa cifra se había reducido a 137.000. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, más de 54.000 personas tenían una demora superior a seis meses; de ésas, más de 20.000 tenían una demora superior a un año, y había personas con demoras de dos y tres años para ser intervenidas en algunos casos de cuestiones tan importantes como podía ser una prótesis de cadera. La cifra de 54.000 personas de junio de 1996 se ha reducido a menos de 11.000 a 31 de octubre de 1998. Ustedes tenían una demora media de 210 días para intervenciones quirúrgicas; esa demora media está ya a finales de noviembre de este año en 74,7 días, y vamos a terminar con una demora inferior a los 75 días.
Señor Moratalla, si ahora hay las quejas que usted dice en relación con las listas de espera, ¿qué pasaría si la situación fuera como la que le acabo de describir, cuando tenían ustedes más de 20.000 personas con esperas superiores a un año? Nosotros vamos a terminar este año consiguiendo que nadie espere más de seis meses, y todavía intentamos rebajar más esas cifras. La lista de espera para consultas externas y pruebas diagnósticas se está reduciendo también; este año se va a reducir un 30 por ciento la espera media para consultas externas. Sé que tenemos que mejorar eso, pero ustedes lo tenían desde luego mucho peor y las quejas tenían que ser muchas más entonces.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL FUTURO DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/ 000125)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Terminado el punto I del orden del día, pasamos al punto II: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el futuro de la red de alta velocidad ferroviaria en España.


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Para la presentación de la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Fomento, creo que usted compartirá conmigo -no lo dudo- que la accesibilidad del territorio constituye una condición básica para alcanzar un desarrollo económico equilibrado que fomente la cohesión y mejore la calidad y el nivel de vida de la población. De acuerdo con ello, mi grupo parlamentario considera, señoría, que no existe posibilidad alguna de alcanzar esos objetivos si en materia de infraestructuras no nos dotamos de una estrategia que venga presidida por el criterio de la planificación, y ustedes carecen de ella, señor ministro. Aparentemente, se identifican con el Plan director de infraestructuras que aprobó esta Cámara, como declaró en su primera comparecencia en el Congreso, pero después lo incumplen. Entretanto, además, no redactan ningún plan alternativo. Es como si a ustedes les resultara más cómodo no sujetar su acción política a la disciplina de un plan y así poder improvisar de forma continua, es decir, prometer todo a todos, aunque se sepa que no se van a poder cumplir esas promesas. Un ejemplo sirve mejor que mil palabras: el PDI era un plan ambicioso, y ustedes lo están incumpliendo, entre otras cosas, señoría, por la falta de adscripción de recursos públicos necesarios para ello.
Pues bien, en relación con el ferrocarril, el plan preveía un gasto en los próximos 15 años de 2,9 billones de pesetas de 1992. El programa de alta velocidad, dentro de él, ascendía a 1,5 billones, de los cuales sólo 600.000 procedían de recursos presupuestarios y 900.000 de recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, los actuales compromisos entre las líneas en ejecución y esos estudios y proyectos a los que ustedes son tan aficionados comprometen recursos futuros por valor de 3,1 billones de pesetas, de acuerdo, señor ministro, con las siguientes actuaciones: Madrid-Barcelona-frontera francesa, 1 billón 200.000 millones; la variante norte de Guadarrama, 250.000 millones; la Y vasca, 400.000 millones; variante de Pajares, 200.000; Córdoba-Málaga, 250.000; Madrid-Valencia-Alicante, 450.000; AlicanteMurcia, 100.000 y el corredor navarro, 250.000. Es decir, más de 3 billones de pesetas sin aportación extrapresupuestaria alguna, que sepamos, que conozca esta Cámara. ¿Cómo se van a financiar, señor ministro, estos fantásticos compromisos? ¿En qué plazos? ¿Qué prioridades existen? Se siembra un conjunto de expectativas que a nuestro juicio son imposibles de cumplir. Decir que sí a cualquier iniciativa es como decir no a todas, decir que todo es prioritario es decir que nada es prioritario, y nos encontramos, en consecuencia, con un rasgo común, el desconcierto, en aspectos tan relevantes, señor Arias, como el diseño de la red, las características técnicas, la prioridad, el calendario de realizaciones, la financiación. De todo ello tenemos que hablar en este Parlamento, ustedes lo han impedido hasta ahora, nos lo niegan, van -permítanme la expresión coloquial- como charlatanes de feria prometiendo crecepelos milagrosos a todo el mundo, pero sin rigor ni respaldo presupuestario alguno, y se lo demostraré en esta intervención. Han mostrado una sola prioridad, la línea Madrid- Barcelona-frontera francesa, con un coste de 1,2 billones de pesetas, necesaria sin duda. Aquí no han regateado esfuerzo alguno, pero sabemos por el señor Vilalta, su secretario de Estado, que en esta línea no habrá inversión privada, es decir que toda se financiará íntegramente con cargo a presupuestos del Estado, presupuestos públicos que vienen de la Unión Europea o captación de recursos en el mercado de capitales con respaldo del GIF, que es un ente público.
Si esto es así, es decir que en el corredor más atractivo de la red para buscar compromisos de financiación privada, no se ha hecho, en los demás tampoco habrá de hacerlo, deducimos nosotros. ¿Qué razones habría para pedir, señor ministro, a las comunidades autónomas o a la iniciativa privada que aporten recursos si no se hace en el Madrid- Barcelona-frontera francesa? Ninguna, luego hemos de deducir que los estudios y proyectos que ustedes plantean por valor de 3 billones de pesetas van a ser sostenidos íntegramente con recursos de carácter presupuestario. Dicho de forma más simple, para cumplir sus compromisos, que aparecen en los anexos de inversiones de los presupuestos, se precisan 500.000 millones de pesetas adicionales en los presupuestos durante los 15 próximos años ¿Es así? Contéstenos, y si es así, ¿de dónde saldrán? Porque, entre tanto, a cada uno ustedes le largan una receta, señor ministro. El AVE a Barcelona, a través del GIF, con fondos públicos; a Valencia, parece que están buscando los compromisos de las comunidades autónomas y de empresarios privados; la variante de Guadarrama no sabemos cómo se va a financiar, callada por respuesta, porque se la han encomendado al GIF, pero según el señor Vilalta, el GIF tiene que financiar prioritariamente el Madrid-Barcelona-frontera francesa acudiendo incluso al mercado de capitales. En cuanto al resto de proyectos, figúrese, ciencia-ficción pura y dura. Pero en el territorio no se recatan en prometerlo todo, y así por ejemplo lo hace el señor Zaplana en la Comunidad Autónoma Valenciana, prometiendo un tren de alta velocidad, del que después ignoramos qué respaldo presupuestario tiene.
Hasta ahora, por tanto, todo son promesas que no se cumplen, pero al mismo tiempo ustedes están tomando algunas decisiones erróneas, señor ministro. Me explico: en la línea Madrid-frontera francesa decidieron su ejecución directamente en ancho europeo en una sola fase, rompiendo el esquema de construcción en dos fases que promovió el Gobierno anterior, lo que obliga a retrasar la puesta en servicio de los dos tramos que ya se habían iniciado Zaragoza-Lleida y Ricla- Calatayud, prevista entonces para el año 2000, ahora lo serádos años después. No está suficientemente desarrollada

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la tramitación de los proyectos en el resto de la línea, lo que provoca un riesgo de incumplimiento del calendario, pues no se dispone siquiera de las soluciones definitivas de acceso a las grandes ciudades Madrid, Zaragoza y Barcelona. ¿Para cuándo, señor ministro, y sobre todo cuándo llegaremos a la frontera francesa? ¿En el año 2004, en el 2006, en el 2007? A ver qué humor tiene usted hoy, a ver qué fecha nos da, porque en cada sitio cuenta una. Diga aquí, que es donde tiene que hacerlo, en qué fecha alcanzará el tren de alta velocidad la frontera francesa.
En 1997 crearon el GIF, Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, como instrumento de financiación en el mercado de capitales con el aval del Estado y así, como le dije antes y ratifica el señor Vilalta, han perdido la oportunidad de incorporar capital privado como preveía el PDI en el único proyecto que por sus características técnicas, económicas y financieras estaba maduro para ello. Por tanto, el GIF es un mecanismo de endeudamiento que escapa, lo saben muy bien y por eso lo utilizan, al control del déficit público y no significa un instrumento de financiación extrapresupuestaria, señor ministro, sino presupuestaria diferida. Es decir, tendremos que pagar esos compromisos y lo haremos en su momento con cargo, si no hay recursos, al déficit del Estado.
El GIF ha absorbido los recursos públicos generados con presupuestos de ingresos muy superiores además a los de gastos, obteniendo, por ejemplo, más de 5.000 millones de rendimientos financieros sólo entre los años 1998 y 1999. Esta escandalosa situación, señor ministro, se produce a costa del resto del ferrocarril y en unos años en los que según ustedes la política de contención del déficit público es prioritaria. Lo más grave es que a pesar de todo el calendario actual está en el aire, ni siquiera pueden garantizar eso.
Usted se ha contradicho sobre las fechas y los accesos a Barcelona, Sants, Sagrera, El Vallés. ¿Cuál será, señor ministro? ¿Nos lo puede aclarar? Porque en esta Cámara es donde hay que establecer esa discusión.
Respecto a la variante norte, usted sabe que la supervivencia del ferrocarril en el cuadrante noroeste de la red, es decir, desde Castilla y León, el norte de la Península y Galicia depende, señor ministro, de su construcción, de ahí que me permita calificar la situación como dramática.
El 25 de octubre el BOE publicó el concurso de proyecto y obra del tramo Soto del Real-Segovia de la variante norte. Tras sus desencuentros con la Comunidad de Madrid, suyos, de su Gobierno, hemos perdido dos años, señor ministro, y el 25 de mayo de este año usted anunció que suspendía la tramitación del estudio informativo anterior, fíjese, realizado por los servicios de su Ministerio y encargó a Renfe la redacción de un nuevo estudio informativo con cuatro soluciones, pero al mismo tiempo, de forma oficiosa, le encargó a Renfe su construcción. Sin embargo, el 18 de septiembre, hace un par de meses, nos enteramos de que ustedes pasan el encargo al GIF, pero Renfe, fíjese que galimatías, sigue haciendo el estudio informativo, que tiene que tramitar el Ministerio. En fin, algo difícilmente entendible. Es decir que en cuatro meses el problema se ha trasladado del Ministerio a Renfe y de Renfe al GIF, lo que demuestra su falta de ideas y la improvisación con que trabaja.
Las cuatro soluciones, señor ministro, tienen que ser sometidas a información pública, a los efectos de obtener la declaración de impacto ambiental. Por ello, la situación es confusa, cuatro soluciones para la variante entre Madrid y Valladolid y un concurso de proyecto y obras de un tramo de ellas sólo, el túnel. No es comprensible, señorías, que cuando las soluciones no están ni siquiera bien definidas técnica, ambiental y territorialmente pueda sacarse a concurso un tramo aislado de una de ellas. Es decir, se realiza un concurso para la construcción de un tramo aislado sobre cuya definición hay todavía grandes incertidumbres y en especial con respecto a la falta de decisión formal sobre la solución seleccionada entre las cuatro alternativas planteadas. Por cierto, un procedimiento, el de concurso de proyecto y obra, que sitúa a la Administración en condiciones de inferioridad frente a las empresas contratistas, al enfrentarse a proyectos realizados por los propios contratistas que disponen así y usted lo sabe, de cara a sus intereses, de una información privilegiada ante las vicisitudes que inevitablemente se presentan en toda construcción. En general, es preferible que el proyecto sea redactado con total independencia de la ejecución de obra hasta el punto en que habitualmente, lo sabe usted, se hace incompatible la relación entre proyectista y constructor.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Caldera, le ruego vaya concluyendo.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
El concurso prevé, señor ministro, el fraccionamiento del contrato en cinco lotes, aunque será posible licitar por el conjunto. El reparto realizado por lotes iguales en su magnitud económica es difícil de entender, ya que el tramo comprende la realización de dos túneles de vía única y sus accesos desde Soto del Real y La Granja. Los lotes tienen presupuestos idénticos y se refieren al parecer, a las cuatro mitades de los túneles y el quinto restante a los accesos. Díganos, ¿puede ocurrir que un proyectista redacte el proyecto de medio túnel y otro el medio túnel restante? Teóricamente, sí. ¿Podrán quizá desarrollar técnicas constructivas diferentes? Teóricamente, sí. Esa es su racionalidad. El calendario es sospechoso también, conceden diez meses para que los concursantes presenten sus propuestas.
Demasiado tiempo, señor ministro.Lo que pasa aquí es que después del frenazo al que antes hice referencia se presenta una solución que es una huida hacia adelante, una chapuza para poder decir: yo saqué a concurso las obras, después otro vendrá que la obrahará. Sacar el concurso de proyecto y obra para el túnel

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sin estar decidida la solución global Madrid-Valladolid es una temeridad. Quizá la única explicación sea la falta de voluntad o de medios para construirla.
Por último, las contradicciones del proceso actual. Ustedes no tienen una definición clara, señorías, señor ministro, de los anchos de vía en la red futura. En la anterior legislatura el PDI -usted lo sabe bien- lo solucionaba, y si ustedes quieren cambiarlo, explíquenlo, dennos oportunidad para debatir, traigan aquí un plan de alta velocidad ferroviaria y discutámoslo. Le pongo algún ejemplo breve.
El acceso a BarcelonaSants de la línea de ancho europeo, propuesto por el GIF, limita la capacidad de acceso de seis a cuatro vías, y el uso de las propias vías de la estación de catorce a cuatro. En el corredor mediterráneo se ha paralizado el proyecto de la variante de Salou y Cambrils, al parecer con la idea de conectarlo a la línea Madrid-Barcelona de ancho internacional. De ningún modo -creemos nosostros- se puede retrasar esta actuación que elimina el principal cuello de botella del corredor.
Parece ser que se plantea también la posibilidad de construir la variante norte en ancho internacional, como dijo o dejó entrever el presidente del GIF en la comparecencia presupuestaria, lo que obligaría, de ser así, señor ministro, a la construcción de un nuevo túnel en Madrid para conectarla con la línea de Sevilla. He de decirle, señor ministro, que decididamente eso de perforar Madrid y convertirnos a todos en topos se le da a usted de maravilla, aunque constituya el hazmerreír de todo técnico al que se le consulte sobre esos planes.
La propia Generalitat valenciana manifiesta su posición a favor de que la nueva línea de alta velocidad se construya en ancho nacional, aprovechando los tramos ya construidos a 200-220 kilómetros en una primera fase para, posteriormente, completarla en ancho europeo. Este planteamiento por cierto estaba en el PDI.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Caldera, termine, por favor.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
Demasiadas contradicciones para un modelo definido con falta de rigor, en un estado permanente de improvisación, al que se une el desorden organizativo, como vimos con la variante de Guadarrama, dado que en el momento actual hay tres centros de inversión en ferrocarril, y desde la perspectiva comunitaria, señoría, quizá deba realizarse una reestructuración que unifique y simplifique las funciones en un solo ente responsabilizado de financiación, construcción, mantenimiento y explotación de la red, evitando su fragmentación y garantizando así -creo que es lo más importante- su interconectividad y el aprovechamiento máximo del conjunto.
Díganos qué pasa con la Y vasca, plazos, con Pajares, con el Córdoba- Málaga, con el corredor navarro. Díganoslo, porque tal y como ustedes están actuando, créame, lo que ocurre, señor ministro, es que, sin decirlo explícitamente, su actuación en la alta velocidad es financieramente inviable, pero entretanto todo se promete y nada se hará.
Por ello, el debate con rigor acerca de la alta velocidad creo que hay que hacerlo aquí, para que todos los grupos parlamentarios puedan dar su opinión. Eso le pediremos en la moción, señorías, un plan sectorial para que podamos definir cuáles son las alternativas precisas, y si ustedes no atienden esta petición confirmarán definitivamente (creo que ya hay pocos elementos necesarios para esa confirmación) que su trabajo es puramente electoral, sin intención alguna de construir las líneas de alta velocidad que a todos prometen.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Caldera.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Socialista trae a esta Cámara un debate extraordinariamente interesante. Sin duda el momento electoral o preelectoral en que lo plantea podría llamar la atención, porque él hace una constante apelación al rigor, y naturalmente el rigor, como voy a demostrar, brilla por su ausencia en la intervención que ha hecho el portavoz socialista.
El señor Caldera ha empezado por destacar la importancia del Plan director de infraestructuras, que yo califico como un instrumento útil de trabajo, y de la necesidad después de ir concretando el Plan director de infraestructuras en planes sectoriales.
Yo me voy a permitir aquí resumir muy brevemente lo que establecía el Plan director de infraestructuras en materia de alta velocidad, exactamente una página y media, donde se hacían las siguientes afirmaciones: la primera afirmación es destacar la importancia, a partir del eje Madrid-Sevilla, de su continuación hasta la frontera francesa, vía Zaragoza y Barcelona. El acuerdo del Consejo de Ministros lleva fecha de 1988. Cuando este Gobierno llega en 1996 hay una pequeña obra entre Ricla y Calatayud, pero fíjense ustedes lo que es empezar un ferrocarril justamente por el centro, no empieza ni por Madrid hacia Barcelona, ni por Barcelona hacia Madrid. No. Empiezan por Ricla-Calatayud y, además, con ancho español. Todo un planteamiento absolutamente riguroso en este punto del Plan director de infraestructuras. Pero voy más lejos. El Plan director de infraestructuras, en un alarde de concreción, señorías, manifiesta la importancia de tres vertientes fundamentales: completar las relaciones internacionales, definiendo un nuevo enlace con la red europea por el País Vasco, la Y vasca; extender la red de alta velocidad a la Comunidad Valenciana, mediante una nueva línea que pase por Albacete, y definir una conexión con Portugal.


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Esto es todo lo que en materia de alta velocidad, stricto sensu, hace el Plan director de infraestructuras. Pero añade, en un alarde de ingenio, de capacidad y de rigor para hacer frente a cuantiosas inversiones, que este planteamiento exigirá para su desarrollo, junto a los recursos de los Presupuestos Generales del Estado, el recurrir a financiaciones extrapresupuestarias. Por tanto, para su ejecución se movilizarán recursos procedentes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, fondos comunitarios y capitales privados. Es decir, que cuando por primera vez se plantea la posibilidad de que una comunidad autónoma participe en la financiación de uno de los ejes vertebrales previsto en el Plan director de infraestructuras, el Partido Socialista alza la voz diciendo que no hay derecho a que la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid participen en la financiación; pero ocurre que esa participación en la financiación está en el Plan director de infraestructuras socialista.
O sea que, hablando de incumplimiento de los planes, señoría, pónganse de acuerdo entre ustedes mismos para ver quién incumple qué, porque, de momento, este es un punto en el que ustedes incumplen el Plan director de infraestructuras en sus planteamientos políticos de cara a la opinión pública.
Continuando con el alarde de rigor sobre la alta velocidad, el Plan director de infraestructuras dice: En conclusión, la red de alta velocidad deberá ser financiada por las distintas administraciones públicas, con la participación de capitales privados. Esta circunstancia y la propia magnitud de las obras físicas propuestas aconsejan prever para su desarrollo un horizonte más amplio que el considerado para el conjunto del PDI. Es decir, que el propio Plan director de infraestructuras ya se cura en salud y dice: a pesar de que el Plan director de infraestructuras llega hasta el año 2007, para la alta velocidad tenemos que ir mucho más lejos del 2007, porque las inversiones son muy cuantiosas. Pero bien, esto es lo que dice el Plan director de infraestructuras, señoría, no dice nada más.
Todo lo demás se refiere a tramos de 200-220 kilómetros por hora, que son velocidad alta, para entendernos a los efectos de opinión pública. Y desde luego en el planteamiento no está para nada el Córdoba-Málaga, que ahora ustedes tienen la osadía, por no decir la desfachatez, de presentar a través de mociones, cuando el Plan director de infraestructuras excluye explícitamente el Córdoba-Málaga de la red de alta velocidad. Ahora ustedes pueden pedir lo que quieran, y están en su legítimo derecho, pero reconozcan que están incumpliendo ustedes su propio Plan director de infraestructuras. Y ya señorías van dos incumplimientos de ustedes, de su propio Plan director de infraestructuras. Por tanto, señorías, ténganlo ustedes en cuenta cuando acusen al Gobierno de incumplir un plan director de infraestructuras que, además no es el suyo.
Pero, señoría, hablando de planes, vamos a continuar. Resulta que poco tiempo después de publicar el Plan director de infraestructuras ustedes hacen el plan sectorial: lo llaman Plan de infraestructuras ferroviarias 1995-2000.
Y vamos a la página en la que se narran los planteamientos de alta velocidad. ¿Sabe usted cuál es el desarrollo que este documento hace del Plan director de infraestructuras? Pone exactamente lo mismo. No dice nada más que lo que dice el Plan director de infraestructuras.
Repite. Señoría, para hacer planes sectoriales que repitan lo que ya dice el Plan director de infraestructuras nos basta el Plan director de infraestructuras sin necesidad, esto sí, de engañar a la opinión pública con documentos muy bonitos que no dicen nada.
Pero voy más lejos, señorías. Hablando de la financiación, el Plan de infraestructuras ferroviarias tiene un pequeño capítulo, que ustedes plantean como desarrollo del Plan director de infraestructuras, que es una joya y que me voy a permitir leer. El capítulo se llama: Desfase de la inversión actual y prevista en relación al Plan director de infraestructuras; y dice lo siguiente (Un señor diputado: Son propuestas.): Como acaba de indicarse, se está produciendo desde 1993, año de elaboración del PDI, una inversión en ferrocarriles menor que la que contemplaba este plan. Asimismo, las inversiones que en los supuestos descritos anteriormente se destinan a la infraestructura de este medio de transporte en los años siguientes a 1995 son muy inferiores a las cifras medias anuales que indica el Plan director de infraestructuras. Y continúa dando las cifras año a año. No voy a cansar a la Cámara poniendo de relieve el desfase entre lo que ustedes consideraban necesario y lo que realmente presupuestaban.
Esta es la práctica del Gobierno socialista en materia de alta velocidad, señoría. Yo le voy a explicar ahora cuál es la práctica de este Gobierno en materia de alta velocidad.
Por lo pronto, señoría, en este momento el tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa está totalmente en marcha desde Madrid hasta la frontera francesa, en distintas fases del procedimiento. A finales de este año habrá 300 kilómetros en ejecución de obra, y se está invirtiendo anualmente una media de 173.000 millones de pesetas.
Pero le voy a dar más datos sobre lo que hace este Gobierno en materia de inversiones en infraestructuras ferroviarias, para que se dé cuenta de que las principales inversiones están en marcha. Yo no comparto, señoría, aunque respeto su opinión -yo la tuve en un primer momento-, la necesidad de hacer planes sectoriales, porque en estos momentos lo que requieren las inversiones ferroviarias en España son dos cosas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En primer término, unos estudios de demanda y rentabilidad para determinar la prioridad de las inversiones. En los próximos meses este Gobierno sacará un documento con la prioridad de las inversiones en el ámbito ferroviario, pero no se trata de un plan sectorial, sino justamente de señalar cuáles son los corredores ferroviarios que deben captar la inversión pública en un primer momento, y eso se va a hacer en función de los estudios de demanda y rentabilidad.


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Pues bien, sobre la base de esos estudios de demanda y rentabilidad se fija una metodología en el estudio que en estos momentos está en marcha: se trata dedeterminar, desde el concepto estudio de demanda- rentabilidad, el tiempo de viaje que es más aconsejable entre los puntos de origen y destino que se elijan, para saber cuál debe ser la inversión prioritaria; se trata, por tanto, para cada uno de los tiempos de viaje objeto de reflexión, de cuantificar su incidencia en la captación del tráfico por ferrocarril. Es decir, hay que saber, señoría, qué porcentaje del tráfico va a captar el modo de transporte ferroviario, para que no vuelva a ocurrir lo que les ocurrió a ustedes con el aeropuerto de Sevilla, que por falta de estudios y por improvisación hicieron ustedes inversiones multimillonarias en él y hoy trabaja al treinta por ciento de su capacidad, porque el AVE Madrid-Sevilla ha captado mucho más tráfico que el que ustedes previeron (no es que previeron, no previeron nada porque no estudiaron nada, o al menos en el Ministerio no queda ni un solo estudio de la captación de tráfico por parte del AVE Madrid-Sevilla), y, claro, cometieron ustedes un error gravísimo y despilfarraron el dinero público. Tener hoy en Sevilla un macroaeropuerto al treinta por ciento de su capacidad, señoría, es un auténtico despilfarro. Por tanto, hay que tener estudios de demanda y rentabilidad en función del tráfico que el modo ferrocarril puede captar en cada modo ferroviario en competencia con la carretera y con el avión.
De otro lado, señoría, hay que contemplar la forma física de lograr el citado tiempo de viaje, de manera que se pueda realizar un balance económico global que incluya...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, ha de ir concluyendo, por favor.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor presidente, pero es que esto es muy amplio.


El señor PRESIDENTE: Reserve algo para la contrarréplica.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): De manera que se pueda realizar un balance económico global que incluya el nivel de inversión necesaria en infraestructura e instalaciones, así como la posible adquisición de material junto a los ingresos y los costes asociados a la explotación comercial de la nueva oferta.
Señoría, como no me queda tiempo, le voy a resumir las inversiones que el Gobierno está realizando en los corredores ferroviarios, particularmente en la alta velocidad. En todo caso, le diré que la previsión de su plan de infraestructuras ferroviarias entre 1997 y 1999 implicaba invertir 311.000 millones de pesetas. Este Gobierno invertirá en ese mismo período 485.000 millones de pesetas, en pesetas constantes 415.000 millones; es decir, un 33 por ciento más de lo que ustedes habían previsto. No voy a repetir las cantidades que hoy se están invirtiendo en el tren de alta velocidad MadridZaragoza- Barcelona-frontera francesa, pero en total, señoría, en 1999 el Estado invertirá en ferrocarriles 356.000 millones de pesetas que se distribuyen de la siguiente manera: 48.000 millones con cargo al capítulo 6, 137.000 millones en el tren Madrid- Zaragoza-Barcelona y 175.000 millones que invertirán Renfe y FEVE en el ámbito de sus respectivas competencias, fundamentalmente conservación y remoción de las infraestructuras existentes.
En la variante norte y noroeste Madrid-Segovia-Valladolid, señoría, usted no ha entendido el pliego de condiciones del concurso o quien le ha hecho el papel que usted ha leído aquí no se ha leído dicho pliego de condiciones. No se convoca un concurso de proyecto y obra.
Señoría, se convoca un concurso de proyecto y, en su caso -por tanto, no está vinculada a la decisión la obra-, con un único objetivo, saber el coste que tiene el llamado túnel de Guadarrama, que son 60 kilómetros de túnel, 30 de ida y 30 de vuelta, porque el efecto succión, como sabe S.S., no permite hacer un único túnel con la doble vía, hay que hacer dos; en total, 60 kilómetros de túnel.
Yo, señoría, como miembro del Gobierno, no embarco al Gobierno al que pertenezco en una decisión sin saber, razonablemente, el coste de ese túnel, porque hay otras alternativas para hacer el tren Madrid- Segovia- Valladolid. Como la diferencia de tiempo es muy escasa con el túnel y sin él -estamos hablando de unos 14 ó 15 minutos de diferencia-, yo, antes de embarcar al Gobierno en una decisión de este calibre, que alcanzará como mínimo 150.000 millones de pesetas, necesito tener la garantía de un conocimiento lo más aproximado posible al coste real del túnel, y si el coste es asumible financieramente, el túnel se hará, y, si no, tendremos que hacer el tren Madrid-SegoviaValladolid por otro corredor distinto, que hay otras posibilidades. Por eso, señoría, porque no se quiere perder el tiempo, están todas ellas en estudio y pronto empezarán las obras en la parte que no es polémica, entre Segovia y Valladolid.
En el corredor del Mediterráneo, señoría, hay una previsión de inversión de 8.515 millones de pesetas; por tanto, continúa realizándose el corredor a buen ritmo. El Córdoba-Málaga y el Madrid- Valencia, señoría, tienen en los presupuestos del Estado...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Ya concluyo definitivamente. El CórdobaMálaga y el Madrid-Valencia tienen en los presupuestos del Estado aquello que corresponde y puede asumirse, señoría: el coste de la realización del proyecto. Usted sabe que los proyectos de un tren de alta velocidad son costosísimos. Nosotros tendremos el estudio informativo para el corredor Madrid-Valencia en el mes de

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marzo. Sobre la base de ese estudio informativo acordaremos con las tres comunidades autónomas involucradas, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia, el trazado más conveniente, trazado que la lógica lleva a que pase por Albacete.
En lo que afecta, señoría, al Córdoba-Málaga, que nosotros sí hemos incluido en el tren de alta velocidad, hay 3.000 millones de pesetas en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el proyecto, porque lo primero que hay que hacer es tener un proyecto, ya que sin éste usted ya puede programar las inversiones que quiera, pero no puede invertir una sola peseta. Por tanto, en primer lugar, este Gobierno está impulsando razonablemente los proyectos de alta velocidad que son de mayor urgencia para la estructura ferroviaria del país. En segundo lugar, este Gobierno pone los medios que gradualmente se pueden ir gastando. Y le digo: este Gobierno dejará, antes de que concluya la legislatura, un programa prioritario de inversiones en función de los estudios de demanda yrentabilidad, y teniendo en cuenta el factor tiempo que debe cubrir el modo de ferrocarril entre los puntos de origen y destino así como el porcentaje o la cuota de mercado que el modo de transporte ferroviario puede adquirir.
Así es como se hacen inversiones racionales en ferrocarril, no escribiendo libros muy bonitos, como el Plan director de infraestructuras o el Plan de infraestructuras ferroviarias, que ellos mismos reconocen la imposibilidad de su cumplimiento. Para ese viaje, señoría, no hacían falta tales alforjas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, si quien se examina aquí es usted. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que siga usted echando la vista atrás y recriminando no sé qué falta de actuaciones al anterior Gobierno socialista? Yo le pregunto a usted y a los documentos que presenta en esta Cámara, prometiendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, con 8.000 millones de pesetas en estudios y proyectos, compromisos que, de llevarse a cabo, supondrían 3 billones 100.000 millones de pesetas. Yalo sé: usted es un mago. Pues demuestre de dónde va a salir ese dinero, cómo, qué prioridades, qué características de la red y en qué momento. Y, señor ministro, si en lugar de llamarse plan sectorial se llama documento de prioridades, me da igual. Lo que usted no puede hacer es hurtar a esta Cámara el debate sobre unas infraestructuras tan esenciales para nuestro desarrollo. Por tanto, espero de su calidad democrática y de su respeto a esta Cámara que cuando esté elaborado ese documento se nos remita aquí para que podamos discutirlo.
Entretanto hemos averiguado algunas cosas, y es muy útil este debate, señor ministro. Hemos averiguado que quizá no se hace el túnel de Guadarrama. Eso es muy importante y usted lo ha dicho esta tarde. Lo vamos a discutir, y en la moción ulterior también. Dice que dependiendo del resultado de los estudios no está clara que sea esa la alternativa a elegir. Se lo he dicho yo antes: hay cuatro en perspectiva, y le he dicho que es un mal procedimiento sacar el concurso de proyecto, y en su caso obra, me da igual, sin haber definido previamente el trazado en su integridad. Y nos hemos enterado de otras cosas: que, efectivamente, como le decíamos en los debates, usted pone mucho dinero, pero no se va a seguir de esa actitud, que luego pregonan en los diversos territorios, la ejecución de las obras. Eso es muy interesante. Usted ha dicho que ese documento de prioridades valorará si después se desarrollan o no las iniciativas de alta velocidad. Eso es muy importante. Es decir, que todas las que le he citado (la Y vasca, variante de Pajares, Córdoba- Málaga, MadridValencia- Alicante, Alicante-Murcia, corredor navarro) se harán o no se harán, pero ustedes han ido prometiendo a lo largo y a lo ancho del país que se harán.
Señor ministro, yo le pregunto por sus compromisos. El señor Viralta afirma que no habrá inversión privada en el AVE Madrid-Barcelona- frontera francesa, y hace unas cuentas en unas declaraciones que a mí no me salen. Dice: Todavía faltan 250.000 millones para esta necesaria inversión. Y dice después: Quedará un pequeño remanente incluso para el mantenimiento anual de la vía y para otras infraestructuras ferroviarias del país. ¿Con ese pequeño remanente van a hacer ustedes el túnel de Guadarrama, que vale 250.000 millones? Imposible. Lo que le pido es que me diga de dónde va a sacar los recursos. ¿Sabe lo que dijo el señor Zaplana en el debate parlamentario del estado de la Generalitat valenciana? Que al inicio de la próxima legislatura, es decir, en el año 1999, se comenzarán las obras del tren de alta velocidad Comunidad Valenciana- Madrid. Es imposible, señor ministro, porque su Gobierno contesta a preguntas que formulan los parlamentarios socialistas de forma que se deduce que en no menos de tres años no se podrán iniciar esas obras. Yo lo que le pido son responsabilidades por sus promesas, que quedan escritas en el aire y que no tienen respaldo presupuestario. Es más, en el ejercicio de 1997 figuraban 10.000 millones de pesetas para el corredor del Mediterráneo, adaptación a la alta velocidad, 200- 220 kilómetros por hora. Pregunta formulada por este diputado y contestada, qué casualidad, hace cuatro días: Durante 1997 -tenían 10.000 millones- no se inició la construcción de ninguna nueva actuación de velocidad alta. Ponen dinero y no se lo gastan. Y usted me lo reconoce en sus contestaciones.
O para ir más allá, lo que ha ocurrido esta mañana, señor ministro, en la Comisión de Infraestructuras. ¿Sabe lo que ha hecho su grupo? Han votado en contra de una proposición no de ley de la señora Rahola, que aceptó una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista

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que pedía el compromiso por parte del Gobierno de finalizar en el año 2001 las obras del corredor mediterráneo en su adaptación a 200-220 kilómetros por hora y su extensión a Murcia y Almería. Su grupo ha votado en contra. Hemos ganado el resto de los grupos de la Cámara.
Ahí se demuestra su nula voluntad de ejecutar las obras que dicen que tienen previstas.
Señor ministro, yo lo que le pido es un poco de rigor. Lo que le pido es un poco de claridad. Lo que deseo es desentrañar el verdadero alcance de tanta promesa que luego se incumple. Y le recuerdo que usted gobierna y es el responsable de esas actuaciones. Por cierto, cuando usted llegó al Gobierno no solamente estaba en ejecución el tramo Ricla-Calatayud, también lo estaba el de Zaragoza-Lleida, y si el PDI no es lo suficientemente ambicioso que usted desea, tráiganos una iniciativa para modificarlo y discutirlo.
En todo caso, basta ya de anuncios, basta ya de propaganda, vamos al mundo de las realidades y del respaldo presupuestario a las mismas.
Se lo vamos a pedir en la moción, le vamos a dar la oportunidad de aclarar en esta Cámara, con el debate de ese documento, las prioridades reales, no propagandísticas, que tiene su Gobierno, qué líneas vamos a desarrollar, con qué características técnicas, dependiendo de qué tráficos y dependiendo, efectivamente, de su rentabilidad, sin olvidar los criterios que más le importan a mi grupo, el de la vertebración territorial y el de la cohesión. Pero, señor ministro, ustedes todo lo prometen, muy poco hacen y dejan sin gastar, como le he demostrado con las respuestas que me dan, incluso los magros presupuestos que establecen anualmente para el ferrocarril. De ese modo su política no es creíble. Acepten la moción que prestaremos la próxima semana y ganarán al menos un poquito de credibilidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, una gestión se puede valorar utilizando dos criterios principales. El primero, el cumplimiento de los objetivos que uno se marca. Yo le puedo asegurar que los objetivos que están en el programa del Gobierno, en el discurso de investidura del presidente del Gobierno y en el programa electoral del Partido Popular, partido que soporta al Gobierno, se están cumpliendo. Valórelo usted desde la perspectiva del cumplimiento de objetivos. Y, segundo, hay otro criterio de valoración, que es comparar etapas. Ustedes me acusan de que me refiero constantemente a la etapa socialista. ¡Pero si son ustedes los que la traen a colación! Ustedes hacen oposición contra el Partido Popular alegando que no hacemos aquello que ustedes no hicieron en catorce años; hacen oposición sobre lo que ustedes no hicieron y, por tanto, se acusan a ustedes mismos. Me fuerzan ustedes a valorar la gestión durante la etapa socialista por la dialéctica que ustedes utilizan. Por tanto, cada vez que ustedes utilicen esa dialéctica yo voy a comparar la gestión de este Gobierno con la gestión que ustedes hicieron, porque es una forma legítima en esta Cámara de valorar la actuación gubernamental.


En segundo lugar, señoría, ¿respeto a esta Cámara? El que más. A eso no me gana usted. Y eso no significa que yo tenga que traer aquí un plan sectorial ni una programación de prioridad de inversiones. Usted es la oposición, ejerza las iniciativas pertinentes para controlar al Gobierno. No me pida a mí que traiga aquí documentos que yo entiendo que son documentos administrativos para el buen orden de la gestión interna del Gobierno, sin necesidad de someterlo a un debate público, debate público ya realizado en el Plan director de infraestructuras, en el Plan de infraestructuras ferroviarias y en mi comparecencia para explicar el programa del Gobierno en la Comisión de Infraestructuras. Por tanto, ¿debate en esta Cámara, señoría? Hasta la saciedad. Hoy mismo tenemos un debate extraordinariamente interesante. Ustedes frecuentemente acuden al procedimiento de negar el debate cuando estamos debatiendo, lo cual es una contradicción en los términos. Hoy estamos debatiendo en materia de prioridades de inversión en infraestructuras ferroviarias. Bueno, pues esto es el debate. Ustedes presentarán la moción y continuaremos el debate. En cuanto al respeto a la Cámara, yo todo. Vengo aquí, discuto, contesto a la interpelación y si es necesario intervendré durante el debate de la moción.
Señoría, en lo que afecta a los trazados y a los tiempos de construcción, nosotros hemos cambiado de metodología. Le he dicho que ustedes se equivocaron en la programación de los corredores ferroviarios y en la valoración del modo de transporte ferroviario en su capacidad de captar tráfico; que ello exige un cambio de planteamiento, que es el que se está estudiando, para determinar la prioridad a corto plazo de las inversiones, estudios de demanda, rentabilidad, factor tiempo, qué tiempo es el competitivo entre los puntos de origen y destino para que el ferrocarril deba ser construido con carácter inmediato.
Se ha referido también S.S. a la financiación. Señoría, la financiación de un programa de inversiones ferroviarias es a veinte o veinticinco años. Ya verá usted cómo van saliendo las cifras. Ustedes hacían documentos preciosos -ya se lo he explicado y se lo he demostrado- estableciendo una programación de inversiones y, después, en el texto escrito, señalaban que esa programación de inversiones no se cumplía o no se podía cumplir. Nosotros vamos con proyectos concretos y prioritarios y vamos introduciendo la financiación necesaria a cada paso, que es lo que procede.


El ferrocarril, en estos momentos, tiene en España dos vías de financiación: el capítulo 6 del Ministerio de Fomento y el capítulo 8, que son inversiones hechas con fondos procedentes de privatizaciones y

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con fondos comunitarios de cohesión. Esa es una fuente que nos está permitiendo financiar el MadridBarcelona- frontera francesa, y lo vamos a financiar. En estos momentos el GIF no tiene ya ningún problema de financiación para completar la ejecución de la obra. Es más, de acuerdo con el valor patrimonial neto que dentro de dos o tres años va a tener el GIF, va a poder financiar también el Madrid- Valladolid, sin perjuicio de que éste va a tener una fuente de financiación en otros procesos de privatización que están en marcha y que suponen importantes ingresos del Estado que, en parte, se van a continuar utilizando para financiar los dos grandes encargos que tiene el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias: el Madrid- Barcelona y el Madrid-Valladolid. Esos tienen la financiación asegurada.
Para los demás proyectos, señoría, ya le he dicho que hay financiación, la financiación necesaria. El Córdoba- Málaga tiene 3.000 millones de pesetas para financiar el proyecto y el Madrid- Valencia tiene otros 2.500 millones de pesetas porque el estudio informativo ya está financiado y nos lo entregarán el próximo mes.


El señor PRESIDENTE: Puede concluir, señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Concluyo, señor presidente. ¿Que este Gobierno no se gasta el dinero presupuestado? Señoría, eso contradice todos los informes de la Intervención General del Estado. Coja usted el informe de la Intervención General del Estado y verá que el índice de ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento es espectacular, ya que el pasado ejercicio llegó al 96 por ciento.
Puede presentar la moción, está en su perfecto derecho y la discutiremos aquí. Ahora bien, espero que, en aras del rigor que S.S.
predica, en esa moción ponga las fuentes de financiación. Pedir que se hagan con carácter inmediato todos los corredores ferroviarios del mundo y, después, no ocuparse de su financiación forma parte de un planteamiento estrictamente electoral y nada riguroso. Me temo, señoría, que su moción tiene una finalidad estrictamente electoral y nada rigurosa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) La Presidencia quiere invocar las facultades reglamentarias que le concede el artículo 73 para decirles a SS.SS. que aplicará una reducción de tiempo drástica a efectos de avanzar en el orden del día y poder agotarlo.


Por ello les ruego que ustedes mismos colaboren con la Presidencia para no alargar en exceso sus intervenciones, que comienzan con la del señor Chiquillo, por e Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.Intervendré muy brevemente.
El tema que nos ocupa hoy ya fue motivo de una interpelación por el diputado que les habla, en nombre y representación de Unió Valenciana, en el anterior período de sesiones, de febrero a junio de 1998. Manifesté en la misma que en el año 1988 ya se declararon prioritarios y de interés general, algunos avalados con informes y otros no, diversos proyectos de alta velocidad en el Estado español.
Hoy nos ocupa y nos preocupa a muchos, en el caso de la Comunidad Valenciana, el futuro en concreto de la alta velocidad Madrid- Valencia. Esas acusaciones mutuas que ha habido por parte del ministro hacia el portavoz del Grupo Socialista y del Grupo Socialista hacia el ministro de Fomento sobre planificación y falta de la misma, vienen como anillo al dedo para hablardel mismo tema.
Consideramos que sería urgente, para evitar ese doble lenguaje del que se ha acusado al Ministerio - que yo asumo que se está produciendo- de hacer en cada comunidad unas promesas, que el Consejo de Ministros adoptara un acuerdo, igual que en el año 1988, de que se declararan prioritarias y de interés general algunas de las obras de alta velocidad y saliéramos de dudas sobre las promesas que se hacen en cada comunidad.
Por tanto, recurriendo a los criterios de demanda, viabilidad económica, rentabilidad, racionalidad y rigor no nos cabe ninguna duda desde Unió Valenciana, y así lo planteamos, que debería declararse prioritario y de interés general el trayecto de alta velocidad MadridValencia, con ese proyecto de ancho europeo de alta velocidad cuyo estudio parece que se va a presentar en marzo del año 1999.
Lo que no tiene sentido, no tiene racionalidad y no tiene rigor por parte del Ministerio es que ahora se plantee hacer el ancho europeo desde Vandellós a Barcelona en el trayecto de alta velocidad y sin embargo la línea Alicante-Valencia-Vandellós, ese Euromed del corredor mediterráneo, se mantenga con el ancho nacional. Eso pienso que técnicamente pone muy en duda la viabilidad económica, la rentabilidad, la racionalidad y el rigor del planteamiento.
Respecto a un tema tan importante como es el de la financiación, desde Unió Valenciana creemos que es inadmisible la cofinanciación que se ha planteado para el AVE Madrid-Valencia. Si el AVE Madrid- Sevilla y el AVE Madrid-Barcelona van a ser financiados cien por cien por fondos presupuestarios del Gobierno central y de la Unión Europea, pensamos que es inadmisible que la Comunidad Valenciana tenga, además de pagar los impuestos directos y los impuestos indirectos, también que pagar nuestra parte proporcional de las infraestructuras. Propongo una alternativa a ver si le suena al señor ministro de Fomento, dado el coste elevado del proyecto. Le lanzo un mensaje desde Unió Valenciana (ya lo hicieron anteriores gobiernos en la época del plan sur de la ciudad de Valencia que el Gobierno cen tral

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no quiso asumir un gasto de una infraestructura de competencia estatal) y es que emitan un sello para que todos los ciudadanos del Estado español podamos, con el pago de ese sello, financiar las obras de interés general. Es decir que el tren de alta velocidad Madrid- Valencia y otros proyectos que se plantean salga del bolsillo de todos los españoles porque son obras de interés general y así no habrá dudas del futuro de esa financiación. Serán viables económicamente y habrá racionalidad y rigor. Esos motivos apuntan que el AVE MadridValencia debería ser de ancho europeo, conectado con la línea de ancho europeo Valencia-Barcelona, no sólo Barcelona- Vandellós. De esta forma se podría hacer efectiva esa conexión de alta velocidad con el ancho europeo de Madrid con Valencia y Valencia con Barcelona y la frontera francesa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.


Tiene la palabra el señor Sedó por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.


La interpelación de hoy, que prácticamente tenía que hablar de alta velocidad, en su mayor parte se ha referido a Guadarrama, pero para mi intervención es igual.
Tengo un problema y es que en muchos anuncios profesionales se valora la experiencia. Llevo muchos años tocando estos temas en estas comisiones y quizás ya me tocará el recambio pronto. Como se ha dicho, el propio Plan director de infraestructuras habla de quince años de vigencia y para este tipo de obras se necesitan muchos más.
No puede irse diciendo que sólo hablamos de dos años para acá, sino que hay que contar con todo.
En abril-mayo de 1988, yo interpelé al entonces ministro de Transportes, el cual decía que para temas de alta velocidad de ancho europeo ni aunque España tuviese el dinero entraríamos en ello. Esto lo decía el ministro en aquellos momentos, que era el señor Abel Caballero. Días después el que era presidente de Renfe, el señor García Valverde, de triste recuerdo en este aspecto, también decía algo parecido. Pero al cabo de dos meses hubo cambio de gabinete y el 9 de diciembre viene el decreto para el AVE de Madrid-Sevilla y la prioridad hasta Zaragoza-Barcelona-frontera francesa y por el norte con la Y griega vasca. Aquello sí que fue a costa del resto del ferrocarril. Hoy se ha dicho que los modelos que hay son a costa del resto del ferrocarril. Había un plan director de ferrocarriles que con el AVE desapareció del mapa y nunca más se ha visto.
Señorías, no sé qué dirá la moción, lo supongo. Pero quisiera decir que de aquella intervención del ministro el año 1988 se salvó a última hora un plan de viabilidad que había del tren de alta velocidad con ancho europeo desde Barcelona a la frontera, redactado por el señor Albert Vilalta, el actual secretario de Estado, que es autoridad reconocida en estos temas. Desde entonces ya existía la posibilidad de ir de Barcelona a la frontera. Francamente, hoy en día tenemos ya en construcción el Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera. Se ha dicho que había ya obra también en Ricla. Igualmente hay que hacer constar que en la legislatura anterior había empezado esta obra en Ricla y parte de Zaragoza pero con ancho español. No se cree nadie que se quiera hacer un tren de alta velocidad con ancho europeo y se empiece a hacer todas las obras con ancho español. Es verdaderamente absurdo. Este era un modelo falto de rigor.
Además, quisiera decir que esta mañana ha prosperado una moción respecto al corredor del Mediterráneo. Tengan en cuenta también que esta moción ha prosperado esta mañana porque el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha votado favorablemente. Creo que aquí se ha equivocado el Grupo Popular. Pensamos que para el año 2001 la mayoría de las obras del corredor con velocidades de 200-220 se pueden terminar y porque la segunda parte, que es estudiar una posibilidad de conexión del corredor con la línea de alta velocidad en la zona de Tarragona, es posible; no sólo es un estudio de proximidad, sino que ya está hecho, ya se piensa así. Muchos de nosotros -yo soy diputado por la zona- sabemos prácticamente por dónde va a pasar esta solución, con la posibilidad de intercambiadores para que puedan hacer los recorridos de alta velocidad desde el sur mediterráneo con trenes Talgo, cambiar en la zona de Tarragona el ancho de vía automáticamente, meterse ya en el ancho europeo y pasar directamente a Barcelona. Aquí hablamos de cuestiones propagandísticas, pero incluso la moción que esta mañana se ha debatido nosotros la hemos aceptado porque no era otra cosa que hacer una especie de propaganda de la estación de Sagrera, que el actual alcalde de Barcelona está promocionando. Todos creemos que se hará, pero que tiene una serie de inconvenientes. Estamos hablando de unos temas que necesitan un debate largo y sosegado. Me parece que aquí entraremos en un esquema de discusión parecido al del Plan hidrológico, en el que siempre pedimos sosiego y consenso y no logramos ni sosiego ni consenso.


En cuanto al tren de alta velocidad, vaya por delante que se debe terminar lo que se está haciendo, que no nos encontremos en los Presupuestos Generales del Estado grandes enmiendas que quitan 100.000 millones de pesetas al centro Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para darlo al resto del ferrocarril. Trabajemos todos y si es necesario hagamos un debate específico sobre este tema pero, como digo, sosegadamente. No creo que podamos llegar a apoyar la moción, porque tal como ha ido esta interpelación vemos que tiene otro cariz. Esta mañana hemos apoyado lo que nos parecía lógico. Por tanto, si la moción fuese por esta vía estaríamos dispuestos apoyarla presentando las enmiendas

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correspondientes. En caso contrario ya veremos cuando la discutamos el próximo martes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Rodríguez me decía que también quería matizar la intervención del Grupo Mixto, que antes absorbió en su integridad el señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero decir de forma drástica, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que es llamativo en todos los debates que hay en el Estado español sobre el ferrocarril la sobreabundancia de trenes de velocidad alta y, sin embargo, la cicatería y la incomprensión que hay con trenes que desarrollan su recorrido en lugares abiertamente competitivos, como sabe usted, por ejemplo, A Coruña-Vigo, y que no pueden contar siquiera con 30.000 millones de pesetas en cinco años.
Creo que esta visión del Estado español, aparte de desequilibrada, resulta incomprensible para la opinión pública de Galicia. Espero que si ustedes no rectifican esta opinión pública cada vez les irá pasando más facturas, y también que tengan una visión del Estado español, ahora que son tan favorables a la transnacionalización, más equilibrada. Creo que hay una parte occidental como hay una parte norte; esa parte occidental que yo sepa, vamos a suponer que empieza en Ferrol -que ustedes eliminan siempre, por lo demás- y que puede acabar en Lisboa o más abajo, tiene el potencial económico y de habitantes de Levante.
Yo creo que no es de recibo que ustedes estén regalando, por lo menos hipotéticamente, miles de millones de pesetas cuando, vuelvo a repetir, tienen un ferrocarril altamente competitivo a 48 kilómetros, 60 kilómetros por hora de media, con 4 millones oficiales de ocupantes en un país que tiene dos millones, no llega a tres. Esto merece un debate sobre si es necesario seguir por la alta velocidad o si se habrá de equilibrar primero todo en velocidades de 120 ó 150 kilómetros por hora y hacer las infraestructuras básicas, colocadas, en todo caso, presumiblemente para una alta velocidad en el futuro.
Pienso que por este camino se va mal y no solamente para los usuarios viajeros, sino también para las mercancías, que es una cosa muy importante.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, por su esfuerzo de síntesis, señor Rodríguez.
Señor Santiso, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.


El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.


Dado el escaso tiempo en el que hay que abordar un tema tan complejo, yo quiero decir que creo que estamos todos bastante flojitos en temas de ferrocarriles.
Para hacer una pequña aportación, diré que hay un asunto muy importante en lo inmediato, que es la alta velocidad que se está construyendo entre Madrid y Barcelona. Yo le pediría a este Gobierno no que haga un nuevo plan o un gran plan, sino que haga pocas cosas y que no haga tonterías.
En el año 1988, cuando se decidió construir el ferrocarril Madrid- Sevilla con ancho europeo, en mi opinión y en la de otros, se cometió un error, porque la alta velocidad es competitiva hasta los 400 kilómetros, aproximadamente, con el avión. A partir de esa distancia, normalmente, se utiliza el avión. Por lo tanto, yo pienso que ha habido una cierta obsesión, que sobre todo vino de Cataluña, pero también ha habido un cambio radical de posición en 24 horas, ya que se cambió de criterio prácticamente a la puerta de la firma del contrato de alta velocidad y de las locomotoras de gran potencia, que iban a ser de ancho español. Lo conozco bien porque yo fui uno de los denunciantes entonces y la cosa va a terminar como va a terminar.
Quiero decir que ancho europeo no es sinónimo de alta velocidad. No tiene nada que ver. Es simplemente un problema de compra de material a un proveedor determinado. En Francia tienen el ancho europeo. Pero vamos a introducir un problema nuevo en España, y es crear efectos frontera en cada punto en que se conecta el ancho europeo con el resto de la red. Eso es, en mi opinión, sinceramente un error. En el año 1988 se hizo un estudio y por eso se tomó la decisión que pretendía cambiar el ancho de toda la red ferroviaria española, y en esa lógica es en la que se hizo en ancho europeo el ferrocarril Madrid-Córdoba-Sevilla, porque se pretendía -hay que recordar las hemerotecas, etcétera de aquella época- cambiar toda la red. Aquello era un desastre financiero, pero tiene su lógica que una red dentro de un país tenga el mismo ancho. En Francia a partir de Lyon va por su red tradicional de 150-200 kilómetros hora, evitando los efectos ruptura, que están solucionados con el material tipo Talgo, y probablemente ahora, con el nuevo invento que se está estudiando de cambiar los ejes de las máquinas. Pero es duplicar los problemas en cada punto de ruptura. Sinceramente, pienso que es un error y pediría que se haga, por lo menos, con traviesas polivalentes, por si algún día hay que rectificar, no incidir en el mismo error de ese ancho.
Creemos que se ha despilfarrado bastante con la alta velocidad. En todo caso, la solución, puesto que el gran problema del ancho se ha suscitado en Cataluña, puede ser introducir el ancho europeo hasta Barcelona, para conectarla con la red, igual que hoy está conectada hasta dentro de España. Como ustedes saben muy bien, la red europea llega hasta Irún y Portbou y la nuestra llega hasta Hendaye y, por otro lado, a Francia. Probablemente con eso era suficiente y no hacía falta crear nuevos problemas, como la conexión con toda la banda mediterránea. Dejo esta reflexión aquí para que no sigamos cometiendo errores. Creo que hay que prometer

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menos cosas y hacer más y sobre todo invertir más en la red ferroviaria tradidional.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
El señor Carreño, por el Grupo Popular, tiene la palabra. Le ruego sea breve.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque parece no existir nada positivo en la gestión del Ministerio de Fomento en relación con el ferrocarril de alta velocidad, algo, no obstante, debe haber bueno cuando el ex presidente gestor del mismo, repetidamente citado en algunas intervenciones anteriores, ha ampliado sus competencias a las del secretario de Estado de Infraestructuras. Estudios y proyectos hacen falta para decidir soluciones y prioridades. Los 10.000 millones de pesetas que había para el tramo Castellón-Oropesa en el corredor del Mediterráneo no se pudieron emplear y, por eso, va muy retrasado con relación a ese plan del Gobierno socialista.
Estudios y proyectos hacen falta para poder aprobar la propuesta de esta mañana, que también se ha citado repetidamente, porque es irrealizable terminar ese corredor del Mediterráneo en el año 2001 y además con la parada en la estación de Sagrera. Por eso, dentro del realismo y el propósito de no meter al Gobierno en compromisos irrealizables de origen, es por lo que no la hemos de aprobado.
La política ferroviaria del Gobierno -y, dentro de ella, la del ferrocarril de alta velocidad- es parte integrante e importante de la política inversora y, por ello, de la presupuestaria del Gobierno.
Todos los indicadores demuestran que la política inversora y la política presupuestaria van por el camino correcto, pero es evidente que las inquietudes sociales y políticas, las peticiones de mejora o de nuevas infraestructuras van más deprisa que las posibilidades de satisfacerlas. Se ha repetido mucho que el Plan director de infraestructuras, debatido en 1995 -por cierto, con dos años de retraso en el arranque porque su período de validez era de 1993 al año 2007-, recogía casi exhaustivamente la solución al déficit de infraestructuras de toda España y necesitaba 15 años para su desarrollo, aun a sabiendas de que desde el principio no había plena conciencia de la posibilidad de cumplirlo. El propio Congreso, en una de las resoluciones, al estudiar el plan dice que su financiación determina la viabilidad práctica del mismo. El plan necesitaba para sus inversiones ferroviarias en alta velocidad no las cifras que se han citado por algún portavoz, sino un total de 1,718 billones de pesetas y, de ellos, en financiación extrapresupuestaria 1,120 billones de pesetas, que suponen nada menos que el 60 por ciento; era absolutamente irrealizable desde el principio ese Plan director de infraestructuras en lo referente a alta velocidad. Sin embargo, dicho plan director ha tenido continuidad en cuanto a planificación, desde el punto de vista de la Unión Europea, con la aprobación y consenso de 14 grandes proyectos transeuropeos de transporte entre los que, como SS.SS. saben, se incluye Madrid-Barcelona-Perpiñán y Madrid-Vitoria-Dax, y en cuanto a este Congreso, con las resoluciones aprobadas en el debate sobre el Estado de la Nación en 1997 y 1998.
Voy a hacer un brevísimo inciso.


El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, vaya concluyendo.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: En la resolución 35 de este Congreso de los Diputados en el debate sobre el Estado de la Nación de este año se dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias a adoptar medidas encaminadas a dar prioridad al mantenimiento de la red para evitar la descapitalización de la misma, así como articular un red de velocidad alta que corrija especialmente los déficit de comunicación ferroviaria de distintas regiones de nuestro país, homogénea y continua.
En la interpelación en abril sobre este tema, ampliado a carreteras y al resto de ferrocarriles, no sólo a la alta velocidad, explicó el ministro de Fomento los grandes plazos que requieren las grandes obras de infraestructura y también se explicó entonces la situación de los proyectos de líneas de alta velocidad. Hoy, afortunadamente, están bastante más avanzados, primero, porque la creación del GIF ha permitido avanzar en la solución a la financiación y ejecución del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-Francia; segundo, porque el mismo GIF hará posible la financiación y ejecución en menor plazo del ferrocarril Madrid-Valladolid; tercero, porque el AVE Madrid- Valencia, realizados todos los estudios previos necesarios, tiene resuelta su pronta realización. A pesar del carácter exhaustivo del Plan director de infraestructuras, no se incluía en él, y lo ha recordado el señor Arias-Salgado, el AVE CórdobaMálaga, sólo se incluía la modernización de su línea.
Hace pocos meses el Grupo Socialista -todavía lo decía su portavoz el 22 de abril de este año- planteaba su estudio de viabilidad de ese Córdoba-Málaga. Hoy, esta mañana, al debatir una de las proposiciones no de ley, lo que pedía era instar al ministro de Fomento a que firmara un convenio con el presidente de la Junta de Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, ha de concluir.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Termino, señor presidente.
Está claro que la necesaria presentación del nuevo contrato-programa Estado-Renfe, válido a partir de 1999, definirá actuaciones de todo tipo en la red ferroviaria, que complementarán las encomendadas al GIF. Con todo ello y los estudios y proyectos previstos por el Ministerio de Fomento será posible continuar la política ferroviaria, estableciendo, ahora sí, prioridades.


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Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS POR DELITO FISCAL. (Número de expediente 172/000126)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la interpelación socialista, pasamos a la que suscribe, dentro del Grupo Mixto, el señor Saura Laporta, sobre la política del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, con especial referencia a la actuación de la Agencia Tributaria en relación con las causas por delito fiscal.
Quiero volver a advertir, tanto al interviniente como al Gobierno y a los que quieran fijar su posición, que la Presidencia seguirá haciendo uso del artículo 73 para reducir al máximo el tiempo de las intervenciones.
Adelante, señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
He de decir que siento una gran satisfacción de hacer esta interpelación habiendo conocido hace pocos momentos que el Gobierno inglés ha concedido la extradición de Pinochet que se pide desde España. Espero que en España alguien recapacite, y digo alguien porque la mayoría de la gente hace tiempo que tiene una posición clara.
Esta interpelación que sustancio en estos momentos es la prolongación de un debate intenso que hemos tenido esta mañana, desde las diez hasta las cuatro menos veinte, en la Comisión de Economía, y que se hubiera prolongado más, lo que ocurre es que no ha habido tiempo. En todo caso, el intenso debate de esta mañana ha puesto de manifiesto el gran acuerdo de muchos grupos parlamentarios en que la lucha contra el fraude fiscal que realiza el Gobierno no es adecuada y en que la actitud del Gobierno pidiendo el archivo de las cesiones de crédito del Banco de Santander es inconcebible. Esta mañana el señor Rato ha intentado decir que aquí no pasa nada, que no hay crisis, que todo va muy bien. Yo le decía que hay una parte importante de la Agencia Tributaria que funciona bien, pero que intentar decir que en el área de inspección, que en el área de recaudación ligada a la inspección esto funciona bien, es un ejercicio de prestidigitación y le ponía dos ejemplos. Si alguien piensa que no hay crisis, que coja un resumen de prensa de los últimos cuatro meses, donde todos los periódicos, absolutamente todos, ponen de manifiesto la crisis y no será porque el Gobierno no ha intentado comunicar que no hay crisis, e incluso he contado seis editoriales de periódicos distintos que cuestionan a fondo la lucha contra el fraude fiscal que realiza el Gobierno. Y el segundo ejemplo que ponía, y hacía una broma, era la propia dimisión del director general de la Agencia Tributaria; en dos años y medio ha habido dos dimisiones y tres directores generales y yo le decía al señor Rato que, como cuando todo va tan bien los directores generales son cesados o dimiten, le aconsejara al nuevo director general de la Agencia que no lo haga tan bien, que lo haga un poco peor, porque seguramente así no habrá de dimitir ni de cesar.
Estos son dos ejemplos clarísimos y no voy perder en esto más tiempo, porque no lo tengo pero también porque ya expliqué a fondo el 6 de octubre que había seis razones en aquellos momentos que a nuestro entender motivaban la crisis de la Agencia: mayor opacidad que nunca, un caos interno importante, con manifestaciones prácticamente de todos los sectores de la Agencia; unos datos continuamente contradictorios y difíciles de seguir del señor Rato, del secretario de Estado de Hacienda, etcétera, y una disminución de la deuda liquidada, que este año se va a situar en más de 200.000 millones de pesetas.
Esta mañana decía que el problema de fondo es por qué hay esta crisis y nuestro diagnóstico es claro: hay crisis porque de alguna manera el Gobierno no quiere afrontar la lucha contra el fraude de forma prioritaria, lo que ha motivado el incumplimiento, tanto de los compromisos del señor Rato hace un año y medio como del mandato del Pleno del Congreso de 27 de junio, y aquí nos hemos puesto de acuerdo. Esta mañana el señor Rato reconocía que sí, que hay aspectos importantes en los que él se comprometió en junio de 1997 a que se plantearan antes de diciembre de 1997 y no se ha hecho y que se ha burlado la parte importante que el Pleno del Congreso decidió el 27 de junio.
Quiero hacer referencia también al Banco de Santander, al hecho de que el abogado del Estado, el Gobierno y el fiscal -pero en este caso lo que nos interesa es el Gobierno- hayan pedido el archivo del caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Estamos ante un caso de captación de 400.000 millones de dinero opaco, y el Banco de Santander ha dado a Hacienda identidades falsas de 100.000 millones.
Esta investigación que viene de lejos, se acelera este año porque hay un informe de robótica de la Universidad de Valencia que pone de manifiesto la utilización de testaferros por uno de los presuntos implicados, el consejero del Partido Popular de Valencia señor Cartagena. Eso significa inmediatamente la dimisión de Cartagena, pero en este informe hay además una adenda de 200 ó 300 nombres de personas en situación parecida. Se acelera porque el propio fiscal del caso, en abril, pide que venga a declarar la comisión ejecutiva del Banco de Santander, y se acelera porque a finales de julio los peritos judiciales han de presentar un informe pericial en el que se comprueban las responsabilidades de la dirección del Banco de Santander. Por tanto, durante el periodo de febrero a mayo esto se agiliza, y sorprendentemente el 12 y el 14 de julio el fiscal del caso es sustituido por el señor Fungairiño que pide el

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archivo del caso, y el abogado del Estado pide el archivo del caso.
Esta mañana el señor Rato nos intentaba convencer de que el Gobierno no tienen nada que ver con esto, que éste es un problema jurídico.
Resulta sorprendente que en el momento que el procedimiento judicial está avanzando y demostrando la implicación de la dirección del Banco de Santander, el Gobierno pidiendo el archivo del caso, paralice o intente paralizar la investigación judicial. Éste no es un problema jurídico, es un problema político. El señor Rato decía: Es que nosotros no queremos tomar posición procesal. Yo le contestaba: No hagan nada, quédense quietos, dejen que la investigación judicial avance.
Sin embargo, el Gobierno incomprensiblemente, insisto, cuando la investigación está avanzando hace un escrito pueril del abogado del Estado, que no tengo tiempo de leer -puedo leerlo después-, pidiendo el archivo del caso. Por tanto, hay que dar una explicación pública, primero porque contrasta con las manifestaciones del señor Rato el 4 de junio de 1997 y que están aquí, cuando decía que en el caso de primas únicas ellos no compartían que el Gobierno desistiera ante estos casos, que había que utilizar todos los medios. En segundo lugar porque va en contra de la ley. La ley dice que para que el abogado del Estado desista necesita un informe previo en este caso de la Agencia Tributaria. El señor Rato no contesta a esto, simplemente dice que la Agencia no ha hecho el informe. La pregunta es: ¿Y ustedes han pedido responsabilidad al Ministerio de Justicia? ¿Cómo puede decidir el abogado del Estado que el Gobierno pida el archivo de un caso como éste? ¿Para qué está el ministro de Economía, señor Rato? Si sobre el mayor fraude fiscal el ministro de Economía dice que esto no es competencia suya ¿de quién es competencia? Señor Rato, ustedes no han defendido los intereses públicos de la Hacienda; ustedes han defendido los intereses del Banco de Santander.
Pueden defenderlo privadamente, pero tenían y tienen la obligación de defender los intereses de la Hacienda pública. Desde este punto de vista vuelvo a solicitar que dé una explicación política de por qué el Gobierno del Partido Popular, en el momento que la investigación va dejando claras responsabilidades, pide el archivo del caso. Quiero pedirle también que rectifique; no sólo que dé una explicación, que rectifique. Estoy de acuerdo con usted en que el Gobierno no ha de tomar posición procesal; no tomen ninguna, dejen simplemente que el procedimiento judicial avance, pero no intenten utilizar los instrumentos del Estado precisamente para oponerse a que la investigación siga adelante.
Acabo, señor presidente, y creo que he sido absolutamente escrupuloso con el tiempo.


El señor PRESIDENTE: En efecto.


El señor SAURA LAPORTA: Acabo diciendo, señor Rato, que en estos momentos la lucha contra el fraude fiscal no está bien enfocada por el Gobierno, creo que usted ha aumentado esta mañana la preocupación de las diputadas y los diputados que estamos preocupados por este tema y pido que usted dé una explicación de las cesiones de crédito y rectifique su posición.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
En nombre del Gobierno, para contestar a la interpelación, tiene la palabra el vicepresidente para Asuntos Económicos, señor De Rato Figaredo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Saura, por el tono de su intervención, que coincide con el de esta mañana, aunque como usted mismo ha reconocido estamos insistiendo en un tema que en algunos aspectos me parece positivo que insistamos; en otros que trataré de poner de relieve en el tiempo que me da la Presidencia, creo que estamos desviando la atención hacia cuestiones cuya valoración política no me parece muy conveniente.
En cualquier caso usted ha dividido su intervención en dos cuestiones: por un lado la crisis de la Agencia, y por otro lado la cuestión de las cesiones de crédito, especialmente referida a una determinada institución financiera, el Banco de Santander. Que S.S.
argumente que la base de la crisis de una institución como la Agencia Tributaria, que por ejemplo tramita en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 15 millones de declaraciones, consiste en seis editoriales de prensa y el hecho de que un director general, después de un mandato decida que no quiere continuar en su puesto, me lleva a decirle que crisis como esas las querrían todos los gobiernos. Una crisis sería que en este momento los ciudadanos tuvieran opinión negativa de la Agencia Tributaria peor de la que tenían, o que estuviera disminuyendo su valoración; sería una crisis que estuviéramos siendo incapaces de resolver los problemas de recaudación; sería una crisis que nuestras cifras de lucha contra el fraude no fueran superiores a las de años anteriores o que después de haber aprobado esta Cámara el Estatuto del Contribuyente no hubiéramos podido ponerlo en marcha. Que S.S. me diga que los grandes datos de la crisis por los que esta Cámara se tiene que regir son seis editoriales de prensa, que por otra parte habrá que leer y poner en relación con lo que dicen en su totalidad, y el hecho de que una persona que está trabajando durante un año largo decida que quiere abandonar su puesto, sinceramente señor Saura creo que crisis de esas no son de mayor calado.
Después aduce seis razones; yo le escuchado cuatro pero en cualquier caso paso a contestarlas. Respecto a la opacidad, señor Saura, le digo que esta mañana hemos discutido mucho tiempo sobre esta cuestión. Yo he insistido en que ustedes tienen toda la información que en este momento nos parece relevante, desde luego la misma o más que se tenía anteriormente, y que en estos días hemos dado un paso más al que si S.S.


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quiere puede perfectamente decir que nos lleva su insistencia, porque no tengo ningún inconveniente en que sea así si así lo quiere S.S., y es que a partir de ahora serán públicos mensualmente los datos de recaudación y de inspección a través de Internet, y por tanto los remitiremos también al Parlamento. Tienen ustedes una comparecencia cuatrimestral del secretario de Estado y están publicadas las memorias de la Administración tributaria. Su señoría no lo ha dicho, pero como es un argumento que estamos manejando puede aducir que no hemos publicado la memoria de la Agencia, aunque lo hemos hecho a través de Internet. Pues bien, la publicaremos también, está hecha puesto que se encuentra en Internet, y si S.S. quiere recibirla nosotros se la vamos a remitir.
Estoy dispuesto a que el Parlamento, la Comisión de Economía o el Pleno me digan qué más información quieren. No me diga usted que somos opacos; dígame qué más información quiere. Dígame usted que quiere una determinada información que no le proporcionamos, y nosotros le daremos una explicación técnica, si no podemos dársela, y si se la podemos dar no le quepa ninguna duda, señor Saura, de que se la vamos a facilitar.
El segundo argumento es que hay un caos técnico en la Agencia, un caos interno. ¿Cuál es el caos interno, señor Saura? ¿Cómo es posible que podamos tramitar el 50 por ciento más de devoluciones, que podamos incrementar en 7 millones de personas la ayuda al contribuyente en el programa Padre, que hayamos puesto en marcha dispositivos de ayuda al contribuyente y de información de los datos que tiene la Administración tributaria de cada contribuyente y que hayamos puesto en marcha el Estatuto del Contribuyente, y me diga usted que hay un caos interno? Mire usted, señor Saura, la Agencia está funcionando, pero es que además si repasa usted las cifras de satisfacción de los ciudadanos españoles sobre el funcionamiento de la Agencia podrá comprobar que no sólo se mantienen a niveles bastante mejores que otros muchos servicios públicos (y no seré yo ahora el que haga crítica de otros servicios públicos, que seguramente S.S. y otros parlamentarios lo podrán hacer con mayor dedicación que yo); las cifras de respaldo público que tiene en este momento la Agencia Tributaria no sólo son superiores a las de otros servicios, vuelvo a repetir, sino que están incrementándose; es decir son superiores a las que nosotros recibimos, y esperamos seguirlas superando.
En ese sentido, el hecho de que el 84 por ciento de los encuestados estén satisfechos o muy satisfechos, que el 71,9 por ciento cree que el servicio de atención e información al contribuyente es bueno frente al 5,6 que lo considera malo, y que el 61,5 por ciento cree que el trato al contribuyente ha mejorado respecto al de hace cinco años, son datos perfectamente comparables con cualquier servicio público de los que da la Administración española, me atrevería a decir que de cualquier administración pública de Europa, y además se están incrementando.
Por tanto, el caos interno señoría, es imposible. Usted me puede decir: hay unos colectivos determinados que se quejan de la política de personal que les afecta a ellos. Tiene razón, los hay, de 27.000 funcionarios hay un número reducido, 300, que se encuentran en un conflicto corporativo con la Agencia. Señoría, yo no voy a deslegitimar los intereses corporativos, pero hay que ponerlos en su justa medida. Aun más, el Gobierno es consciente de que tiene que resolver esos problemas, y de ahí que se haya llegado a un acuerdo con todas las fuerzas sindicales de la Agencia y se haya aprobado aquí una enmienda para resolver problemas que consideramos necesario resolver. Luego nosotros mismos aceptamos que tenemos que ir en un proceso de mejora.
Por otro lado me dice que los datos son contradictorios. Señor Saura, los datos son contradictorios especialmente cuando se quiere que sean contradictorios. Esta mañana, al final de nuestras seis horas de debate, S.S. ha comentado cómo era posible que el dato que yo di aquí defendiendo el proyecto de ley del IRPF fuera distinto del que dio el señor Costa en la Comisión un mes más tarde. Pues me he enterado, es muy fácil, porque uno era de enero a abril y el otro de enero a mayo.
Si S.S. quiere encontrar datos contradictorios y no quiere fijarse en nada más, seguro que los va a encontrar. Yo eso no lo sabía, ya puede usted suponer que no me había dedicado a saberlo, pero lo he preguntado para ver si tenía que reconocerle a S.S. que había un error, y el error que hay es que tratamos de darle los últimos datos, lo cual creo que nos debería agradecer. Me dice usted que esto no es así, pero sobre los datos contradictorios fijémonos un sistema para medir los datos, que sean los datos oficiales que entran en esta Cámara, señor Saura, y a partir de ahí S.S. podrá criticarnos en función de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer.
En cuanto a la deuda liquidada, vuelvo a repetir lo que les he explicado esta mañana en la Comisión, pues veo que S.S. no tiene ningún interés en aceptarlo. La deuda liquidada es tradicionalmente, por sistema y por racionalidad, una consecuencia de la deuda instruida. Siempre ha sucedido que la deuda instruida es superior a la deuda liquidada, salvo en dos años de la serie histórica, 1986 y 1987, en los que hemos liquidado más deuda de la que hemos instruido porque hemos liquidado deuda que estaba instruida de ejercicios anteriores. Por eso la base de comparación de 1998 es una base que usted debe corregir. Ya sé que S.S. se niega a hacerlo, y si me perdona que se lo diga está muy claro por qué, porque se le rompe una parte de su argumentación, pero reconocerá que es tan obvio que no quiere reconocerlo, que tampoco hay que darle demasiada importancia a esta cuestión.
Por último quisiera decirle, señor Saura, que el Gobierno es el primer interesado en que la Agencia Tributaria funcione cada vez mejor y por tanto si podemos llegar a acuerdos independientemente de las críticas...


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El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, concluya.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Voy terminando.
Si podemos llegar a acuerdos independientemente de las críticas, estoy plenamente dispuesto a hacerlo. Por tanto, si usted nos puede decir qué datos numéricos necesita, distintos de los que recibe, puede estar seguro de que trabajaremos para conseguírselos, si tiene sentido lo que usted propone.
Reconozco el mandato de la Comisión del 27 de junio; en estos momentos se va a cumplir con carácter inmediato el debate anual de los objetivos de la Agencia. Creo que es un paso sustancial que esta Cámara debata todos los años los objetivos de la Agencia, cosa que no se ha hecho nunca.
Segunda cuestión, en cuanto a un estatuto interno de la Agencia, me he comprometido esta mañana también, como ya está comprometido el Gobierno, a que será aprobado en esta legislatura.
Paso muy brevemente al tema de las cesiones de crédito. Señor Saura le he dicho esta mañana y se lo vuelvo a repetir, que la Agencia no ha emitido una posición procesal de la Administración salvo en el año 1996, lo cual no quiere decir -y si S.S. se va a meter en debates jurídicos debe medir muy bien las palabras- que la Agencia no emita informes a cada requerimiento del servicio jurídico del Estado. Si S.
S. pregunta al servicio jurídico del Estado si le ha pedido un informe a la Agencia le contestarán que sí. Por tanto, si lo pregunta ya le advierto que le van a contestar que sí, pero le dirán también que la posición procesal del Estado la fija el servicio jurídico del Estado, salvo en algunos casos, como por ejemplo en 1996 o como por ejemplo en las primas únicas en que la Agencia lo fijó; desde luego no lo ha fijado en el tema de las cesiones de crédito nada más que en la resolución del año 1996.
Quiero decirle que la posición del Estado en cuanto a valoración procesal la fijan los servicios jurídicos del Estado, y la fijan en función de todas las pruebas que tienen que contemplar. Ahí S.S. da un paso que no puedo seguir, S.S. da el paso político y lo reconoce además. Quiere un debate político sobre el juicio de un determinado contribuyente, me da igual que sea persona física que persona jurídica, en un determinado tribunal con unas determinadas pruebas y en función de unas determinadas argumentaciones. Señoría, eso es imposible realizarlo con un mínimo rigor jurídico o político, porque para poder explicar su teoría conspiratoria tiene que llegar al argumento que ha vuelto a dar aquí de que se ha cometido un delito en cadena por parte de todas las instancias más altas -lo ha dicho con todas las letras- de la Administración pública española incluyendo a los fiscales, para poder argumentar lo que a S.S. le conviene, y es que el Gobierno tiene una posición prefijada en un determinado pleito. Se equivoca, señoría, y le vuelvo a repetir lo que le he dicho esta mañana: lo puede decir porque es usted diputado, pero no se puede afirmar eso rotundamente porque está acusando de cometer delitos a un montón de personas, lo cual no es cierto.
En el mismo tema de las cesiones de crédito habrá podido comprobar S.
S. como en otros casos, que se ha sostenido posiciones por parte de la Abogacía del Estado, de mantenimiento de las actuaciones en función de sus consideraciones jurídicas y vuelvo a repetirle lo que le dije esta mañana, señor Saura.


El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Termino, señor presidente.
Decía, señor Saura, que lo importante en un tema en el que se discuten los derechos de la Administración y los derechos de los administrados es que sea un debate jurídico. Me parece imposible que S.S. pretenda convertir esto en un debate político, salvo que esté acusando de prevaricación a un montón de funcionarios públicos y de responsables políticos, cosa que indudablemente -vuelvo a repetir- puede hacer porque es diputado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Saura, para réplica.


El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, pediría su amparo en la utilización del tiempo en un tema como éste, no digo ya para el pasado sino para el futuro.


El señor PRESIDENTE: Lo tendrá para lo que viene.
Adelante.


El señor SAURA LAPORTA: Señor Rato, lo que acuso es que el debate es político -evidentemente que es político-, y fíjese si es político que hay un procedimiento judicial que está avanzando en la investigación del mayor fraude español y el Gobierno lo que hace es intentar cerrarlo: eso lo hace el Gobierno.
Si me dijera que lo que le estamos pidiendo y lo que estoy pidiendo es que emita opinión sobre la sentencia final, me podría decir eso, pero yo no se lo estoy diciendo. Le digo que es casualidad que se llama a declarar a la comisión ejecutiva del Banco de Santander, hay un informe de robótica que las personas que lo hacen dicen que es un informe hecho para el caso Cartagena y se transforma en el caso Botín y los peritos judiciales demuestran los 100.000 millones de pesetas de prima única con identidad falsa que el Banco de Santander remite a Hacienda, quince días antes de que esto ocurra, qué casualidad, puede ser casualidad aunque creo que no y lo sostengo desde aquí.
Por un lado el señor Fungairiño aparta al fiscal que ha llevado este tema, fiscal que en abril había dicho

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que se debía continuar y llamó a declarar a la comisión ejecutiva; aprovechando que se va de vacaciones, el fiscal Fungairiño dice que se archive y el abogado del Estado el mismo día casualmente, y esto lleva ocho o nueve años abierto, hace lo mismo ¿Quién les ha pedido que archiven esto? El abogado del Estado no debía tomar posición sino dejar que la jueza investigue, ver el informe pericial. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que una vez presentado el informe pericial otra vez recurre el señor Fungairiño para que no sea admitido dicho informe pericial. ,No es un problema de conspiración, señor Rato y le voy a decir cuál es el problema. Posiblemente el señor Cardenal y el señor Fungairiño no reciben constantemente instrucciones suyas, no hace falta. Cuando ustedes les pusieron sabían que lo iban a hacer.
Precisamente si el señor Cardenal y el señor Fungairiño están ahí es por eso, porque no hace falta darles instrucciones, ellos solos hacen esto.
Pero usted no puede dar ninguna explicación. Hoy ha dicho una cosita más, supongo que es porque sabe que lo puedo conocer. Hasta ahora nunca habían aceptado que se había pedido el informe a la Agencia Tributaria; nunca. Hoy lo ha dicho.
La ley dice que para que el Gobierno pueda desistir de esto, para que sea válido el acuerdo necesita un informe preceptivo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Cómo permite no emitir un informe, usted como ministro de Economía, en el mayor caso de fraude? ¿Para qué lo va emitir? ¿Para el IVA del taxi? Usted está obligado, según el artículo 7, a emitir un informe, y yo creo que no es mucho pedirle que no emitiera opinión pero que no intentara cerrar el caso, porque objetivamente lo que el Gobierno ha hecho es intentar paralizar la investigación judicial pidiendo el archivo del caso. Usted a esto no le puede dar explicación.
Además, voy a leer a las señores y señores diputados qué dijo usted el 4 de junio de 1997. Comisión de Investigación de los 200.000 millones. Salió el tema de las primas únicas, y palabras literales del señor Rato: Por tanto la obligación del Gobierno, tal y como nosotros la entendemos, es la de utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para defender los derechos económicos de la Hacienda pública. Repito, todos los instrumentos a su alcance. ¿Ha utilizado todos los instrumentos esta vez, señor Rato? Continúa diciendo: me parece que seguramente coincidiremos todos en que es una obligación básica de los responsables de la Hacienda pública. Hace un año podíamos coincidir; ahora, no.
Pero usted va más allá en esta misma comparecencia, y a una pregunta que le hice yo sobre qué opinaba del desestimiento de las primas únicas, dice lo siguiente: El desistimiento que realizó la Administración anterior respecto a un determinado expediente de primas únicas, tengo que decir que se hizo bajo la responsabilidad de la Administración anterior, y yo no lo comparto. Si la pregunta es qué valoración hago, desde el punto de vista jurídico los anteriores responsables tendrán que ser los que respondan.Ahora, dice: Y desde el punto de vista político nosotros no hemos tomado esa decisión ni la vamos a tomar. Es más, en otras cuestiones que afectan al objeto de esta Comisión estamos llevando a cabo una actuación distinta. Respóndase usted, no me responda a mí respóndase a usted.
Usted ha hecho todo lo contrario que dijo. No hay ninguna explicación política de por qué lo ha hecho, y las casualidades no operan en esto, señor Rato. Por tanto, ustedes no han defendido los intereses de la Hacienda pública.
En el tema de los números -veo que el tiempo se me acaba-, he de decirle varias cosas: que los números son contradictorios, seguro.
Usted me pedía una rectificación porque había dicho que no coincidían sus números con los del señor Costa, y ha dicho que los míos eran cuatrimestrales y los del señor Costa a cinco meses. Esto lo he dicho esta mañana. Usted dio de enero a abril 211.000 millones. Yo le presenté aquí un informe interno de los responsables de la Agencia que no daba estos números, y el señor Costa, al cabo de diez días, ¿sabe qué cifra dijo del 1º de enero al 31 de mayo? ¿Se la digo? La cifra de 221.000. Es imposible que con un ritmo de 40.000 ó 50.000 millones al año haya una sola diferencia de 10.000 millones, de abril a mayo. Que le acaben de informar; sus números son absolutamente contradictorios. La recaudación está cayendo más de 200.000 millones de pesetas, y además ustedes, para intentar hacer ver que lo están haciendo bien, están deslizando la gestión hacia inspecciones basura.
Como esta mañana decía un diputado, ustedes luchan contra el fraude; ustedes tienen una lucha con la pantalla del ordenador para intentar dejar claro que no han fracasado en la lucha contra el fraude, y tarde o temprano quedará absolutamente claro que ustedes no están luchando contra el fraude fiscal.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, usted lo ha dicho nada más subir a la tribuna: lo sostengo aquí. Efectivamente usted hace un juicio político, y plantea no sólo en este tema que el Gobierno elige a unos fiscales en función de toda una trama para que decidan o actúen sin cumplir con su obligación. Eso sólo lo puede sostener aquí, porque si pudiera usted sostenerlo en otro sitio no me cabe duda de que usted intentaría sostenerlo, lo que pasa es que no puede. Aquí, como es natural, lo sostiene usted bajo el peso de su representación política, pero nada más. Es la importancia que pueda tener. Fuera de aquí usted no lo puede sostener, la prueba es que no lo sostiene. Por tanto, si S.S.
cree que ha encontrado un tema con el que puede tener relevancia hablando de este tipo de cuestiones, sobre cuestiones judiciales en las cuales la fijación de la posición de los intereses del Estado se determina exactamente como se debe determinar con

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los informes técnicos que debe tener y en función de todas las consideraciones que los fiscales y los abogados del Estado deben realizar, y a partir de ahí S.S. quiere hacer un discurso político, porque cree que eso es lo que le conviene en este momento, S.S. es muy dueño de hacerlo, pero tendrá que reconocer que los demás somos también muy dueños de decir exactamente lo que S.S. está haciendo.
En cuanto al debate que S.S. nos quiere traer sobre los datos, si S.
S. quiere que tengamos un debate mensual sobre los datos de la Agencia se va a encontrar con que los derechos reconocidos pueden tener evoluciones que S.S. a lo mejor no considera lógicas, pero que se producen todos los meses como consecuencia de ajustes técnicos. Si S.S. quiere decir que en 1998 la recaudación del Estado no está siendo muy efectiva en un aspecto básico como son los impuestos directos, S.S. pura y simplemente está luchando contra la realidad, y ahí sí le va a ser muy difícil mantener esa posición porque la recaudación que se está produciendo en estos momentos, como le he dicho esta mañana, es obvio que no sólo va francamente bien sino que en temas en los que grupos parlamentarios tenían dudas, como ha sido la modificación de la imposición sobre pequeñas y medianas empresas, se ha producido una clara mejora por encima de cualquier índice económico que pudiera explicarla como consecuencia de la lucha contra el fraude. Hemos dado a S.S. una cifra del 34 por ciento de incremento en la lucha contra el fraude que a S.S. no le interesa porque S.S. ya viene con el discurso de casa, como se dice vulgarmente. Los datos le sirven si le sirven y si no le sirven pura y simplemente los descalifica y no se los cree; si S.S. viene con el discurso hecho va a ser muy difícil que nosotros podamos convencerle de nada porque S.S. no está interesado en ello.
En cualquier caso, señor Saura, vuelvo a reiterarle que estamos plenamente dispuestos a avanzar en la transparencia que a S.S. le parezca conveniente, si es capaz de concretarla. Estamos plenamente dispuestos a cumplir los compromisos que establecimos en el año 1997, y a partir de ahí las críticas que S.S. nos quiera hacer sobre la gestión de la Agencia Tributaria trataremos de aplicarlas en el sentido de mejorar su gestión todavía más de lo que hemos hecho hasta ahora.
Sobre el tema de las cesiones de crédito, quiero decirle una vez más que las únicas opiniones sobre la posición procesal del Estado que ha dado la Agencia son de marzo de 1996; es más, las que ha dado el Ministerio de Justicia son de abril de 1996, y se refieren tanto a las retenciones como al fraude del Impuesto del Patrimonio. A S.S.
podrá gustarle o no, pero ésas son las posiciones que ha mantenido la Administración española, y si S.S. quiere llevar su teoría de la conspiración, la va a tener que saltar en dos legislaturas, lo cual sin duda va a llevar a S.S. a un discurso todavía más catastrofista sobre la transparencia jurídica de nuestro país, que no puede estar más lejos de la realidad, pero que a S.S. parece ser que le entretiene.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) El señor Homs, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, puesto que mi grupo no tiene por costumbre intervenir en estas interpelaciones sino pronunciarse cuando llega la moción; pero lo hago señor presidente porque el señor Saura al comienzo de su intervención que he escuchado con atención, y refiriéndose a la sesión que hemos tenido esta mañana en la Comisión y ha sacado una conclusión, cosa que es muy habitual en el señor Saura, generalizándola y extendiéndola a todos los grupos. Ha dicho que esta mañana la mayoría de los grupos parlamentarios hemos sacado la conclusión de que la Agencia Tributaria estaba en crisis. Yo quiero decir al señor Saura que matice, que no hable por los demás grupos, que hable por el suyo y no generalice porque creo que ésta es una conclusión que mi grupo no puede compartir, puesto que ésta no es la conclusión que ha sacado esta mañana mi grupo, ni tampoco creo que la hayan sacado otros grupos, bien porque no han emitido opinión, como podían ser el caso de algunos grupos, o bien porque se han expresado en términos contrarios.
Yo rogaría al señor Saura que, en ese tema político que usted ha iniciado, se circunscriba a su posición, a la posición de su grupo, y que rehuya cualquier generalización, porque hay que ser muy cautos, muy medidos, muy ajustados y muy matizados en las expresiones y en los compromisos políticos.
Vamos a estar atentos a la moción que ha anunciado y, cuando conozcamos su literalidad, nos expresaremos en nombre de mi grupo.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, don Pedro Antonio Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que en una interpelación se trata de sacar del Gobierno el máximo de información sobre las opiniones o los argumentos que expone un grupo. Por tanto, mi grupo va a pronunciarse sobre lo que hasta ahora hemos discutido y por qué tenemos preocupación por la situación de la propia Agencia. Y para evitar una deuda al propio vicepresidente, al ministro de Economía y Hacienda, a nosotros nos gustaría venir a felicitar al Gobierno del funcionamiento de la propia Agencia, no sólo porque ha gestionado 14 millones de declaraciones de la renta y porque han funcionado muy bien

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las retenciones y la liquidación, sino porque los objetivos que se ha marcado la Agencia se han cumplido.
Por ejemplo, cuando tienen como objetivo cubrir que estén comprobados por la Inspección de Hacienda 64.935 ciudadanos contribuyentes, que se cumpla, y no que solamente lleguen a 31.000, al 49 por ciento, al final del mes de octubre; que, cuando ustedes se proponen detectar con actas de contribuyentes, no en módulos, aproximadamente 449.000 millones, ustedes lleguen y no que a final de octubre hayan cubierto solamente 208.000 millones de pesetas. Algo no funciona bien, algo hace que los objetivos que se marca la Agencia y su funcionamiento pongan de manifiesto un mal engranaje. ¿Por qué? Porque el principio de la equidad constitucional, tanto en la aportación para la política de gastos como en la aportación de los ingresos, la progresividad, se fundamenta en que esa eficacia esté encima de la mesa.
Yo le decía que a nosotros nos preocupaba que algunas cifras del funcionamiento de la Agencia estén maquilladas en cuanto al número de contribuyentes por actuaciones que son puntuales: gestiones de última hora para comprobar el número de hijos de cada una de las personas, gestiones del IVA, gestiones de módulos, y así crece el número de contribuyentes en los últimos meses, porque nos hemos quedado desfasados. Conseguir que los grandes defraudadores sean reducidos, que las personas se vean perseguidas para que cumplan con su obligación y que la Agencia sea efectiva en detectarlos a nivel de inspección, en depurar después si hay delito o en hacer efectiva la recaudación. Fíjese el salto que hay, instruir una deuda, liquidar la deuda e ir en lo que es la actuación de conformidad y de inconformidad para que al final la vía ejecutiva pueda ser en la medida de lo posible un vehículo, no para escaquearse o bordear la obligación de tributar, sino para de verdad cumplir.
Esta mañana yo hablaba de que de pillos y listos podemos pasar a cumplidores con una obligación, que es un principio constitucional que todos debemos exigir. Pero también le decía yo esta mañana, y creo que está encima de la mesa por la voluntad de poner en marcha un trabajo que nos compromete a todos, que no es un problema de que sean efectivos 300 funcionarios. No, tienen que serlo los 27.000 funcionarios. No solamente los 400 inspectores, sino los 2.000 subinspectores y los 6.000 técnicos de la Agencia y el resto de empleados. ¿Para qué? Porque hemos puesto en manos del Gobierno un instrumento que es eficaz. Y eso es lo que tendríamos que buscar. Por eso sería positivo lo que esta mañana anunciaba y que usted ha confirmado hoy aquí: que tengamos aprobado en esta legislatura el estatuto orgánico de la propia Agencia; que tengamos todos los requisitos para que, cuando hablamos de delito fiscal, estemos hablando todos de lo mismo; para que los datos que cotejamos y comprobamos todos nos sirvan para seguir a la Administración. Usted decía esta mañana que se va a conseguir tener un seguimiento de la actuación de la inspección día a día. A mí me gustaría que tuviera un grado con el que se pudiera conocer cuál es la eficacia de su actuación, porque los números redondos pueden ser muy redondos, quedan preciosos, pero no son efectivos a la hora de conocer la medida que usted ha ido siguiendo.
En cuanto a las cesiones de crédito del Banco de Santander, lo importante es que la lectura de los ciudadanos sea que, a pesar de ser poderosos, cuando alardean de bordear, de ser opacos, de facilitar al ciudadano que no cumpla con su obligación, paguen esa actuación. Usted decía esta mañana que los únicos informes que se han producido en las dos vertientes son de marzo y de abril de 1996 y después me lo puede precisar, si no es así. Y yo le decía que cómo era posible que, cuando la juez Teresa Palacios toma la actuación, que el fiscal que llevaba el caso, con esos informes que ya tenía desde el año 1996, en abril de 1998 dijera textualmente que había indicios para la comisión de delito por la actuación de los directivos de la propia entidad, ya que habían hecho propaganda en cuanto a un carácter opaco de un nuevo producto financiero que se debía dirigir sólo a determinado tipo de clientes, lo cual había significado, fíjese en la cifra -porque cuando hablamos de esto parece que no tiene chicha, vamos a hablar de ella-, una cifra de 439.000 millones de pesetas. Hablamos de 45.000 operaciones de cesión de crédito y hablamos de que los casos de identidades falsas que el Banco remitió a la Hacienda pública, que fueron 8.282, significan 125.000 millones de pesetas. Yo digo: Si eso estaba cuando en abril de 1998 actuó el fiscal, ¿es que no está lo mismo ahora en el mes de julio para que se retire y se pida que se aparque la causa? ¿No era lo mismo? ¿No estaban los mismos informes? ¿Por qué es bueno que quien hace propaganda y publicidad de esta actuación para delinquir, para evitar pagar, para evitar que se le haga el 20 por ciento de retención como a cualquier cristiano o a cualquier hijo de vecino, no participe o no vaya a tener la actuación del abogado del Estado en defensa del interés general? Yo le hacía esas preguntas.


El señor PRESIDENTE: No las repita, señor Ríos, para ir concluyendo, se lo ruego.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente. ¿En qué beneficia al Estado y a los ciudadanos en general que no se actúe sobre el Banco de Santander, como ha pedido el abogado del Estado? Y la Dirección General de Servicios Jurídicos creo que la nombran ustedes, o por lo menos el que esté de turno; no creo que sea un cargo por concurso de méritos; el director general es alguien que está puesto ahí. ¿A quién se protege con esta decisión? Porque en ese sentido se podría acabar con todos esos dimes y diretes si se dejase actuar a la justicia. Y estoy diciendo aquí lo que estaría dispuesto a decir en cualquier sitio, no me escondo en el cargo de diputado, por mucho que algunos tengan mala conciencia de cuando lo han hecho. Yo no me escondo en el cargo de diputado. Estoy diciendo por

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qué no dejar actuar a la justicia. No es un buen ejemplo, señor presidente, señorías, y eso es lo que estamos demandando al Gobierno, que deje actuar a la justicia y que no pida que se termine el proceso donde está.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Señora Mendizabal, por el Grupo Socialista.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, esta mañana decía alguno de los portavoces que la lucha contra el fraude no es uno de los objetivos de su Gobierno. Yo creo que eso está bastante claro. Pero es que hay algo peor, no sólo no es uno de los objetivos de su Gobierno, sino que, además, después de las múltiples comparecencias de su secretario de Estado en esta Cámara, de algunos datos que ha entregado, de algunos datos que ha publicado la prensa, dichos por su secretario de Estado, incluso de su comparecencia de hoy, lo que está claro es que desde su Gobierno hay una clara voluntad de engañar respecto a la evolución de la lucha contra el fraude fiscal. Porque todos los datos que nos ha dado, señor Rato, no son datos que nos inventamos o que, como dice el señor Costa, se mete un día uno en la pantalla del ordenador de la Agencia Tributaria y los consigue, sino que los datos entregados por su propio secretario de Estado son datos totalmente distintos de los que entrega en una comparecencia o en otra. Por tanto, la única conclusión que podemos sacar de esto, señor Rato, es que existe una clara voluntad de engañar a esta Cámara y una clara voluntad de engañar a la opinión pública.
Yo ya no quiero que haga usted declaraciones, no quiero simplemente hacer debates, sino que quiero que entregue usted aquí datos y papeles. Se ha hablado del plan bianual de lucha contra el fraude, que anunció en su primera comparecencia el señor Costa, que luego lo anunció en la prensa, pero que nadie ha visto ni nadie ha presentado en esta Cámara y del que los inspectores fiscales se enteraron por los medios de comunicación. Han pasado los dos años, señor Rato, entregue a esta Cámara una evolución y una evaluación de ese plan bianual de inspección. Lo esperamos. Un informe por escrito. Segundo.
El plan de inspección del año 1998 se envió el día 3 de junio. No es una fecha para aprobar un plan de inspección para que lo conozca el inspector jefe de la Agencia Tributaria. Aprovecho para solicitarle que en enero entregue a esta Cámara el cumplimiento de ese plan de inspección durante 1998.
Efectivamente, señor Rato, la lucha contra el fraude se mide por dos variables fundamentales: el número de contribuyentes y la deuda tributaria generada. Pero esto no son más que variables cuantitativas. Si únicamente se midiera por el número de contribuyentes y por la cantidad de deuda, podríamos llegar a conclusiones que pudieran resultar bastante falsas. Podríamos investigar a muchos pequeños contribuyentes y no investigar a los grandes; lo que se ha llamado siempre las inspecciones basura. Eso es precisamente lo que está haciendo su Gobierno en estos momentos: aumentar en gran número las inspecciones basura. De tal forma, señor Rato, que, en el último mes, en noviembre, se han metido 9.000 contribuyentes más. Es la lucha por el ordenador, de la que hablábamos esta mañana y también antes. El año pasado se investigaron 83.000 contribuyentes; este año, el 30 de noviembre, 49.000.En el mes de noviembre, 9.000. Eso quiere decir que en todo el año tendría que haber 99.0000 contribuyentes inspeccionados. De repente han entrado ustedes en la vorágine de la lucha de datos, de la lucha contra el fraude fiscal a través de la pantalla del ordenador.
La deuda, también la inflan. Se han utilizado un montón de técnicas.
Se rehabilitan fallidos, se liquidan intereses de demora y luego se les vuelve a hacer fallidos. En cuanto al delito fiscal, no hablemos.
Se remiten a los juzgados única y exclusivamente aquellos expedientes de fraude más comunes. En cambio, los grandes expedientes, los que reflejan los fraudes más sofisticados y más significativos, lo que se puede llamar ingeniería financiera, no se remiten, ninguno, como delito; únicamente se considera que no hay intencionalidad de defraudar y no se tramitan como delito fiscal. Podríamos estar hablando de estas cosas durante mucho tiempo, la comparecencia de esta mañana así lo ha demostrado.


El señor PRESIDENTE: No lo tendríamos, señora Mendizabal. Vaya concluyendo.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Por eso, como me queda sólo un poco de tiempo, quiero pedir una vez más al señor Rato -ya que su secretario de Estado, señor Costa, ha perdido la credibilidad en esta Cámara respecto a su lucha contra el fraude fiscal, y para que usted, que está siguiendo los mismos pasos no caiga definitivamente en la misma falta total de credibilidad- que envíe inmediatamente a esta Cámara lo que se le ha solicitado. Yo no quiero un debate sobre cifras, no quiero que usted valore las cifras, no quiero que me diga el porcentaje del delito fiscal, quiero sacarlo yo. Envíe a esta Cámara las cifras que el Grupo Socialista le ha solicitado desde hace dos meses de manera reiterada. Y no vuelva a utilizar la técnica que están utilizando usted y su Gobierno, porque es lo mismo que está pasando en el tema sanitario. Llega el señor Romay y explica que las listas de espera han bajado. Yo no quiero que me diga cuánto han bajado las listas de espera, ni cuánto baja la deuda liquidada, ni el incremento de la lucha contra el fraude fiscal. Denos las cifras, el seguimiento, que las conclusiones y la evaluación las haremos nosotros, señor Rato. Por tanto, le reitero en Pleno, y pido el amparo del presidente, que, desde la Agencia Tributaria, desde su Secretaría de Estado, desde su Ministerio o desde su Presidencia, envíen a esta Cámara, mes a mes, todos los datos que reiteradamente le hemos solicitado.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizabal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta tarde estoy asistiendo a una interpelación en la que se han repetido muchísimos de los argumentos que esta mañana se han vertido en la Comisión de Economía y Hacienda. Realmente, yo me esperaba otra interpelación, a tenor de lo que leí, porque hemos pasado de un debate de política tributaria, de un debate que podría interesar a los ciudadanos, de un debate sobre cómo tener un sistema tributario moderno, un sistema tributario que incentivara el empleo, que incentivara la inversión, un sistema tributario que nos permitiera competir en el euro, hemos pasado, digo, de ese debate sobre política tributaria -que posiblemente la mayoría de los grupos de la Cámara a los que se refería el señor Saura, que son minoría parlamentaria, han perdido, y deben aceptarlo democráticamente, porque son debates en los que hemos discutido hasta la saciedad en esta Cámara- a un debate sobre el funcionamiento de la Agencia, limitándonos a ver las cifras.
Voy a poner sólo un ejemplo, porque no quiero entrar en la guerra de cifras. Aquí se ha dicho que, en el debate de totalidad del IRPF, el señor vicepresidente del Gobierno dio una cifra y el señor secretario de Estado dio otra. El señor vicepresidente del Gobierno dio la cifra -y esta mañana la he anotado, porque había salido en la Comisión- de 211.857 millones de pesetas, y se refería a la deuda liquidada hasta dicha fecha, enero-abril, y además incorporaba los resultados obtenidos en materia de delito fiscal. El secretario de Estado remitió unos datos al Parlamento del período eneromayo, un mes más, y daba una cifra de 237.828 millones de pesetas, cifra que se dio con el oportuno desglose y que sumaba deuda liquidada y resultados obtenidos en materia de delito fiscal. Como decía, señor presidente, hemos pasado a un debate sobre el funcionamiento de la Agencia y además hemos acabado hablando de un tema que no hace referencia a eso.
Hay una cosa cierta -y mi grupo trabajará para que en la moción del próximo martes podamos llegar a un acuerdo-, que el Gobierno del Partido Popular, en estos dos años, está implementando un sistema tributario moderno, eficaz, un sistema tributario que está ayudando a la creación de empleo, y eso requiere una Agencia Tributaria que también se adecue a ese funcionamiento. Estamos trabajando en su consecución. Trabajamos en las conclusiones de la subcomisión de los 200.000 millones, para poner medidas positivas que avanzaran en el buen funcionamiento de la Agencia. Trabajamos posteriormente trayendo a esta Cámara un plan de modernización de la Agencia Tributaria.
Trabajamos también, hace un par de semanas, cuando presentamos una enmienda que recogía que se hablara en esta Cámara del plan de objetivos de la Agencia. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Y también, por lo que ha dicho la portavoz socialista, de los resultados en materia de lucha contra el fraude.
Necesitamos una Agencia Tributaria que responda a la nuevas exigencias del moderno sistema tributario que estamos creando y necesitamos que se adapte la Agencia Tributaria al Estatuto del Contribuyente, a la Ley de derechos y garantías del contribuyente, que contó con un respaldo mayoritario de esta Cámara y de la sociedad y que además está ayudando eficazmente a implementar garantías de los contribuyentes y a luchar eficazmente contra el fraude. Hemos hecho una nueva ley de IRPF que exige más trabajo por parte de los funcionarios de la Agencia. Hemos aprobado medidas fiscales muy importantes. Estamos contribuyendo también, en el seno de la Unión Europea, al proceso de armonización, y eso exige una Agencia nueva, una Agencia moderna, una Agencia que sea más eficaz. Y de verdad que lo está siendo. El vicepresidente ha dado aquí unos datos, esta mañana ha dado otros, y son incuestionables. Hasta el señor Saura ha reconocido que van por el buen camino; datos de gestión, señor Saura, y usted ha dicho que iban bien. ¿O no? Ha dicho que iban muy bien y que iba muy bien cómo está funcionando la ayuda al contribuyente. Y lo ha dicho toda la Cámara. Estamos en un proceso de ayuda al contribuyente como nunca se ha tenido y estamos devolviendo -que eso es mejorar la atención a los contribuyentes- como nunca se ha devuelto a los contribuyentes. Y no sólo en el IRPF...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez-Pujalte, vaya acabando, por favor.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo. También en el IVA.
Y se está recaudando como nunca. Cuando se recauda más de lo que crece la economía, se está consiguiendo una lucha eficaz contra el fraude, se está luchando eficazmente contra el fraude a través del cumplimiento obligatorio.
Me dice el presidente que vaya concluyendo. En materia de lucha contra el fraude, tenemos los mejores datos, los mejores, que se puedan traer a esta Cámara. (Rumores.) Claro que cuando no se quiere creer los datos, cuando se piden otros datos y no vale ninguno de los que oficialmente se han dado... Yo le diría que haga el esfuerzo de entrar en Internet y verlos, o ver los datos que ha dado el vicepresidente en la Comisión esta mañana, o ver los que dio el secretario de Estado en la comparecencia. (Rumores.) Sí, sí, los dio por escrito. Y ponen de manifiesto que son los mejores datos que se han dado, como no se han conseguido nunca.
De todas manera, mi grupo quiere reiterar que, en materia de lucha contra el fraude, llevamos dos años diciendo que aceptamos todas las sugerencias de todos los grupos para mejorar. Hemos aceptado sugerencias de todos los grupos que las han querido hacer. Izquierda Unida hizo sugerencias que hemos aprobado en esta

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Cámara y mi grupo ha traído sugerencias que están mejorando la lucha contra el fraude. Si de verdad hablamos de lucha contra el fraude, mi grupo estará siempre presente implementando medidas, porque queremos que todos los contribuyentes paguen menos, pero que todos paguen lo que deban pagar. Ahí nos van a encontrar siempre.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez- Pujalte.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CALIDAD DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS Y ACCESO A DICHO SISTEMA.
(Número de expediente 172/000128)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la interpelación urgente que figura en el orden del día con el número 27, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno en materia de gestión del Sistema Nacional de Salud, calidad de las prestaciones sanitarias y acceso a dicho sistema.


Para su explanación, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, señor ministro, señorías, debo decir que cuando esta interpelación fue concebida no se había producido todavía la desagradable noticia con la que, no el Gobierno, sino el Grupo Parlamentario Popular tuvo a bien sorprendernos en el último momento del último momento del plazo de presentación de enmiendas en el Senado a la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Buena ley. La interpelación habría que hacerla al Grupo Parlamentario Popular en este caso, que es el disfraz que ha elegido el Gobierno para meter por la puerta trasera, de una manera vergonzante, lo que supone el máximo nivel, la cumbre que se ha alcanzado en la introducción de medidas de desmantelamiento, de fragmentación y de degradación de la sanidad pública.
Evidentemente, señor ministro, no se han atrevido ustedes. Son conscientes del rechazo popular que esa medida conlleva. El que sabe que lo que está haciendo no cuenta con el apoyo popular, se esconde para hacerlo. Eso es lo que ha hecho el Gobierno con la medida de la creación de las fundaciones sanitarias. Además, han incurrido ustedes en un elemento de inseguridad jurídica de la mayor importancia. El procedimiento de elaboración de normas por parte del Gobierno está reglado y prevé una serie de cautelas, de trámites técnicos desde el punto de vista jurídico, encargados de analizar y evaluar si los proyectos de ley del Gobierno están o no de acuerdo con la legalidad vigente. Eso permitió, señor ministro, que al Gobierno anterior se le pararan en el Consejo de Estado intentonas en el mismo sentido pero de muchísimo menor calado, como el intento del señor García Valverde de transformar el Insalud en un ente público de derecho privado. Ustedes han impedido, porque es un grupo parlamentario el que hace la enmienda, que actúen los mecanismos de seguridad jurídica que el procedimiento legislativo, precisamente por ser el Gobierno el que con mayor garantía de éxito tiene en sus manos la iniciativa legislativa, prevé. Y han utilizado ustedes una ley escoba, una ley en la que se tratan las loterías nacionales, el euro, la construcción naval y la reforma del sistema sanitario de arriba abajo. Lo han hecho ustedes, señor ministro, atentando gravemente contra la calidad en la atención sanitaria. Ustedes, como si de un nuevo detergente se tratara, están utilizando el procedimiento de marketing de la calidad total.
Señor ministro, le voy a decir aquí esta tarde lo que anuncié al señor Núñez Feijóo en la Comisión, los datos que avalan, en nuestro país y fuera de nuestro país, que los procedimientos de gestión privada, de pago por proceso, de contrato-programa, de pago por acto médico encierran tales elementos de perversión que suponen aumento del gasto sanitario, aumento innecesario del riesgo y efectos indeseables sobre la salud de la población. Señor ministro, hay datos a montones, evidentemente no en nuestro país, que se caracteriza por estar a la cola de los países del Tercer Mundo en cuanto a datos de situación epidemiológica. Ha habido estudios, fundamentalmente en Cataluña -y lo siento por el Grupo de Convergència i Unió, pero es así-, y es significativamente la comunidad autónoma con más porcentaje de sanidad privada y con mayores pasos en el criterio de la gestión privada.
Se ha analizado recientemente la variabilidad de siete intervenciones quirúrgicas en 26 hospitales de la red de utilización pública en Cataluña. Se ha identificado que el efecto de intervenciones quirúrgicas de indicación dudosa y con un nivel de injustificación que después le argumentaré ha supuesto un exceso de gasto de 1.000 millones de pesetas al año. En nuestro país, el análisis de la calidad de la atención sanitaria no existe. En este estudio se ha hecho auditoría clínica con anatomía patológica. ¿Y sabe usted lo que se ha encontrado? Que en la mayor parte de extirpaciones de amígdalas no había amigdalitis previa, que el análisis anatomopatológico de los apéndices extraídos revelaba en el 30 por ciento de los casos que no había apendicitis previa. Dice la investigadora que realiza el estudio, y leo textualmente -y conste que no tiene relación política alguna con mi grupo parlamentario-: La forma de pago tiene mucho que ver; el pago por proceso incrementa las intervenciones quirúrgicas con estancia más corta. Hay hospitales que ingresan el jueves para la preparación preoperatoria, dan de alta el viernes y vuelven a hacer un ingreso el lunes, como si fuera otro proceso.
Nadie analiza la presión económica, el chantaje económico que supone la vinculación de retribuciones al ahorro, lo que eso está suponiendo de altas precoces

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que después reingresan, con un despilfarro inconcebible del gasto sanitario, con una inseguridad, desde el punto de vista de la calidad en la atención sanitaria y de la salud, injustificada, y que luego, desde el punto de vista contable, funcionan perfectamente porque se contabilizan como un nuevo proceso.Hubo un caso, señor ministro -no sé si lo recordará porque sucedió en la etapa de Gobierno socialista-, un caso desgraciado en La Paz, que llevó a la muerte a una mujer de treinta y cuatro años que acababa de dar a luz hacía cuatro meses una niña y a la que se le había diagnosticado una colecistitis y se le había indicado la extirpación de la vesícula.
Esa mujer murió en un quirófano, ensayando el equipo una intervención por cirugía laparoscópica, por perforación de la aorta abdominal por falta de habilidad en el uso del material sanitario. La autopsia reveló que la vesícula biliar estaba absolutamente sana y que, por tanto, la intervención quirúrgica era injustificada.
Otro de los elementos que aparece con una elevación que no tiene ninguna relación con las necesidades o con los problemas de salud es el de las extirpaciones de útero. La extirpaciones de útero se producen ocho veces más en unos hospitales que en otros y la frecuencia tiene que ver con problemas de diagnóstico o con intereses económicos de los médicos. Un estudio revela que la población general de mujeres tiene hasta seis veces más riesgo de que les sea extirpado el útero que aquellas mujeres que son esposas de ginecólogos.
Señor ministro, estamos introduciendo criterios de gestión sanitaria que aparentemente reducen la estancia media, que aparentemente son más eficientes, pero que en el fondo están siendo la mayor causa de despilfarro en el gasto sanitario, la mayor causa de sometimiento innecesario a riesgos sanitarios y de impacto negativo sobre la salud de la población.
Señor ministro, se calculaba que habría sido necesario hasta un 20 por ciento del gasto sanitario público en Gran Bretaña para poner en marcha mecanismos de control de calidad que aseguraran que el procedimiento mercantil en la gestión de la sanidad pública...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya concluyendo, por favor.


La señora MAESTRO MARTÍN: ... no se realiza con graves alteraciones en la seguridad y en la calidad de la atención sanitaria. Señor ministro, lo único que pueden exhibir usted y sus altos cargos del Ministerio como indicadores de calidad es el incremento de la frecuencia de determinadas intervenciones quirúrgicas y la disminución de la estancia media en los hospitales. Nadie habla, señor ministro, de datos sobre la salud de la población. Con el Gobierno socialista se publicaron - aunque tarde- en dos ocasiones indicadores de salud de la población. Ningún indicador de la salud de la población se refería a las diferencias por clase social, cuando en nuestro país se da una diferencia de hasta diez años en esperanza de vida entre las clases sociales con mayores recursos y las que menos recursos tienen; cuando en nuestro país el sistema sanitario funciona mal porque hay una elevadísima tasa de enfermedad y de mortalidad evitable; cuando nuestro país, por ejemplo, tiene el nivel de caries más alto de toda la Unión Europea; cuando el sistema sanitario es absolutamente ajeno al mayor drama que ocurre en nuestra sociedad, como es la altísima siniestralidad y mortalidad por accidentes laborales.
Señor ministro, las medidas de calidad a las que ustedes se refieren son medidas de marketing, en las que la población es simplemente un conejillo de indias. No me entretengo en comentarle cómo en las clínicas privadas o en los hospitales, en las fundaciones probablemente, que se especializan en partos, el 97 por ciento de la población que no necesita atención sanitaria puede salir de un supuesto hospital con plena satisfacción por el grado de confort obtenido en su estancia, mientras que ese 3 por ciento, el que realmente necesitó atención sanitaria, el que realmente necesitó cuidados especializados, es una cifra insignificante a la hora de valorar la satisfacción de la población.
Señor ministro, la interpelación que presento esta tarde en nombre de Izquierda Unida tiene que ver con la irresponsabilidad que está siendo inédita en su Gobierno a la hora de introducir mecanismos de inseguridad, de deterioro de la calidad de la atención y de criterios de calidad sanitaria que solamente se refieren a indicadores económicos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, termine, por favor.


La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento, señor presidente.
La calidad del sistema sanitario fundamental y prioritariamente debe medirse valorando la capacidad de intervención positiva sobre el estado de salud de la población, la posibilidad de realizar intervenciones que supongan ganancias en salud y lo más alejado posible de criterios de gestión de retribuciones, en los que se vincule el ahorro a las retribuciones de los profesionales de la sanidad.
Señor ministro -y con esto termino, señor presidente-, tengo que decir que si algo bueno tiene la famosa enmienda del Senado planteada por el Grupo Parlamentario Popular es que demuestra que no han medido ustedes sus fuerzas. Han creído contar con apoyos con los que no contaban, ya que no hay consenso ni en esta Cámara ni en la calle ni en los sindicatos ni en las organizaciones. Con esa medida ustedes pretenden devolver la sanidad pública al siglo XIX y, afortunadamente, esa medida ha servido para que el intento permanente de enmascarar, de mentir, de ocultar haya puesto de manifiesto qué objetivos tiene planteados el Partido Popular en relación con la sanidad pública y cuáles son los intereses de los grupos económicos que defiende el Partido Popular frente a la población.
Nada más.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Para contestar a la interpelación, por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora interpelante, usted monta la argumentación -incluso hemos oído algunas truculencias que no nos ha querido ahorrar S.S. sobre presuntas prácticas médicas abusivas- y llega a las conclusiones a las que quiere llegar. Si fuera verdad que esta medida tratara de desmantelar y degradar el Sistema Nacional de Salud, entendería que fuera una desagradable noticia. Como para mí es exactamente lo contrario, es una medida que tiende a hacer más eficiente el Sistema Nacional de Salud y de eso se tiene que derivar una mejor atención a los ciudadanos en todos los órdenes, la considero una medida positiva. Si usted y algunos más se dedican a decirles a los ciudadanos que de esta manera introducimos mecanismos de privatización y de degradación de la asistencia y que sólo se hace por razones económicas, se puede explicar uno que para quien escuche ese tipo de argumento la medida sea negativa. Pero no es así, las cosas no son como usted las dice, señora diputada, son exactamente lo contrario, y voy a detenerme unos momentos en explicar el alcance de lo que estamos haciendo.
Lo primero que quiero decir es que las medidas que ha tomado el Gobierno -y ésta que toma ahora el Grupo Parlamentario del Senado, relativa a la innovación organizativa en el Sistema Nacional de Salud, como es la propuesta de posibilitar, en su caso y bajo condiciones específicas, la transformación de centros asistenciales de salud en fundaciones públicas sanitarias, antes eran consorcios, entidades públicas empresariales, etcétera- se enmarcan entre las recomendaciones recogidas en el acuerdo parlamentario para la modernización del Sistema Nacional de Salud y en el marco establecido por la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión, vinculada también a dicho acuerdo y aprobada por la mayoría de los partidos políticos representados en esta Cámara, no ciertamente por su grupo parlamentario.
Quiero recordar a SS.SS. que en el acuerdo sobre consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud se concluye expresando la necesidad de que en el Sistema Nacional de Salud se separen las funciones de planificación, financiación, compra y provisión de servicios, configurando los centros asistenciales como organizaciones con un grado de autonomía superior a la actual, con facultades de decisión efectivas y mayores responsabilidades en cuanto a la gestión.
El acuerdo recomendaba extender las nuevas formas de gestión a toda la red asistencial pública, dotando a los centros sanitarios de órganos de gobierno propios, vinculando sus ingresos y su actividad mediante contratos de servicios, habilitándoles para gestionar sus recursos económicos y dotándoles de capacidad de autoorganización.
La Ley 15/1997 autoriza la constitución de entidades de titularidad pública dotadas de personalidad jurídica para la gestión de los centros y servicios sanitarios, no excluyendo ninguna forma jurídica concreta, siempre que la misma tenga naturaleza o titularidad pública.
La creación de las fundaciones públicas sanitarias se inscribe en ese contexto y está orientada a posibilitar mejoras de gestión y, por ello, de eficiencia en el sistema sanitario público a través de un mayor grado de autonomía de los centros sanitarios, preservando en todo caso el carácter de servicio público de la sanidad y manteniendo los principios básicos de universalidad, equidad y solidaridad que sustentan el Sistema Nacional de Salud, así como las garantías imprescindibles que vienen recogidas en toda la normativa vigente -la Ley de Contratos del Estado, la Lofage, la Ley General Presupuestaria- que se aplican a esta nueva fórmula jurídica.
Las fundaciones públicas sanitarias suponen la posibilidad de dotar a los centros sanitarios de personalidad jurídica propia, delegando en ellos algunas atribuciones en el área de gestión económico- financiera. Para ello, estarán dotadas de presupuesto y tesorería propios, lo que corregirá muchas de las deficiencias que se han observado en el modelo tradicional de funcionamiento, como son los retrasos en los pagos a los proveedores y las altas cargas financieras que estas demoras ocasionan. La posibilidad de gestionar su propio presupuesto permitirá, de una parte, su adecuación a las necesidades relativas de gastos de los centros con mayor capacidad de respuesta, superando las rigideces actuales, y, de otra, que los resultados de una gestión más ajustada reviertan en el propio centro en mejoras de atención sanitaria que se presta a los usuarios y, en su caso, en incentivos a los profesionales sanitarios con los que se reconozcan su esfuerzo y dedicación profesional.


Las fundaciones públicas sanitarias estarán sometidas a todos los controles de los organismos públicos. Esta nueva forma jurídica, que coincide con los criterios generales previstos en la Lofage y los desarrolla de una forma ágil y operativa, se enmarca en el gran reto del sistema sanitario público de modernizar la gestión de los valiosos recursos actualmente existentes en el ámbito del Insalud, sin modificar para ello las características básicas del sistema, como son, y antes he dicho, el aseguramiento único, universal y público, la financiación pública o el acceso a las prestaciones en base a criterios de necesidad.
La creación de las fundaciones públicas es una medida dirigida a dotar esos centros de mayor autonomía, lo que permitirá fomentar la eficiencia de los recursos disponibles y se derivará de ello, inevitablemente, a tenor de la experiencia de otros países, mejoras en la calidad de la asistencia y una mayor facilidad de acceso, en contra de lo que son sus catastróficas previsiones.


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El objetivo es ir desarrollando el mandato parlamentario.


En lo que respecta a la calidad de la asistencia, se está trabajando en el establecimiento de un sistema general de autorización y organización de centros y servicios sanitarios, consensuado en el seno del Consejo Interterritorial, dirigido a verificar el cumplimiento por parte de cada institución de un conjunto de requisitos previamente establecidos.
Antes de finalizar, quisiera hacer una breve referencia a las desigualdades sociales en materia de salud. Los numerosos trabajos científicos disponibles demuestran que las desigualdades surgen básicamente como consecuencia de la falta de adaptación de la asistencia sanitaria a las demandas y necesidades de los ciudadanos y que muchas veces están relacionadas con la rigidez y burocracia de los sistemas sanitarios centralistas. Por tanto, no existe ninguna evidencia en ningún trabajo científico de rigor reconocido de que para los sistemas sanitarios públicos como el nuestro la introducción de nuevas fórmulas organizativas o de gestión conduzcan a una disminución en la calidad de la asistencia y de equidades sanitarias o a un incremento de las desigualdades sociales en salud. Así aparece en la monografía publicada por el Ministerio sobre desigualdades sociales en salud, que constituye el informe de la Comisión científica de estudios de las desigualdades sociales en España y que está patrocinado por el Departamento y la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad John Hopkins de Norteamérica. En el mismo sentido, el informe Black o los informes Whitehall son concluyentes al señalar que las reformas excesivamente integradoras y estatalizantes de los sistemas sanitarios públicos no se han acompañado de una disminución de desigualdades sociales ni de sus efectos sobre la salud; por el contrario, las reformas dirigidas a introducir una mayor flexibilidad en la gestión de los centros y a separar las funciones de planificación, financiación y provisión de servicios están logrando mejorar la equidad, la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios y la satisfacción de los ciudadanos, gracias a la reorientación de las actividades y servicios de la sanidad hacia las demandas y necesidades de los usuarios, como se señala en el informe Blair o en el informe de la Oficina Regional de la OMS sobre reformas de la asistencia sanitaria en Europa. A esto conduce la política sanitaria del Gobierno, como también conducen a eso los incrementos en la financiación del sistema público, que explican mejor que ninguna otra razón la apuesta de este Gobierno por mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud y dar un mejor servicio a los ciudadanos.
A la vista de todos estos datos, no se sostiene ninguna afirmación sobre las intenciones privatizadoras del Gobierno, que no tendría ningún punto de apoyo en lo que estamos haciendo, que son fundaciones públicas sanitarias, de naturaleza y de titularidad pública, sometidas a la Ley de Contratos del Estado, a la Ley General Presupuestaria, a todos los controles de los organismos públicos; instituciones absolutamente públicas, que no pueden servir de base para una acusación de privatización como la que se acaba de hacer.
Tampoco se sostiene ninguna afirmación que apunte al desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud, sino a su mejora y a su eficiencia, cosa que hemos conseguido ya mejorando la gestión. Pero quiero comentar algunas de sus afirmaciones. Mire, señora Maestro, ésta es una fórmula organizativa más de las contempladas en términos generales por la Ley 15/1997 -debatida aquí durante muchos meses- y que está en línea con el acuerdo parlamentario debatido en esta Cámara sobre la reforma sanitaria. En la Ley 15/1997 hubo consenso respecto a que se debía descentralizar el Sistema Nacional de Salud, a que se debían introducir nuevas formas de gestión y para eso valía cualquier figura existente en el ordenamiento jurídico sin más requisito que tener naturaleza y titularidad pública, que es justamente lo que tienen estas fundaciones que acabamos de proponer y que se tramitan como una enmienda en el Senado con toda legitimidad.
Es un tema consensuado, debatido durante muchos meses; simplemente se trata de sacar una consecuencia más de esa filosofía, de esa política, de esa concepción de lo que tiene que ser una buena organización flexible de la sanidad, acordada por consenso de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios y votada en esta Cámara.
Por tanto, la enmienda en el Senado no tiene nada de enmienda que va por detrás, de sorpresiva, de todas esas afirmaciones que han estado ustedes haciendo gratuitamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor ministro, vaya concluyendo, por favor.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Voy concluyendo, señor presidente.
Es perfectamente consecuente con lo que hemos hecho aquí las fuerzas políticas mayoritarias y con lo que se acordó cuando se adoptó el acuerdo correspondiente sobre la reforma organizativa del Sistema Nacional de Salud. De modo que, señora diputada, si se aprueba como esperamos, esto nos va a permitir gestionar mejor y seguir manteniendo nuestros programas de calidad.
Para terminar, sólo quiero hacerle una pregunta: ¿a qué países se refiere usted cuando invoca esos fallos de estas medidas en relación con la organización de los sistemas de salud? Con esta medida lo único que estamos haciendo ese acomodar el modelo organizativo de la sanidad española a lo que son los modelos organizativos de los países más adelantados de Europa. En todos los países de Europa con los que nos comparamos se funciona con hospitales autónomos y con un tipo de organización como la que queremos introducir aquí. España se ha quedado como el único país de los avanzados de Europa... (La señora Cortajarena Iturrioz: Mentira.) No; verdad. Esto es rigurosamente así. España es el único país que mantenía una estructura centralista, burocrática de los servicios sanitarios y tuvieron que

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ser primero las comunidades autónomas las que, en uso de sus potestades legislativas, fueron introduciendo en nuestro país figuras de esta naturaleza y fórmulas de descentralización, de acuerdo con toda la doctrina, con la práctica internacional. Después, aquí, en el Congreso, acordamos, en la Ley 15/1997, flexibilizar el modelo organizativo del Sistema Nacional de Salud introduciendo estas figuras que aseguraban el mantenimiento de su carácter público, pero una gestión más ágil, de mejor rendimiento y servicio para los ciudadanos, que es, en definitiva, lo que nosotros buscamos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica y por cinco minutos, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTÍN: Señor ministro, ya quisiera yo que fueran unas previsiones personales basadas en la suposición.
Como me imaginaba que la descalificación o simplemente la negación iba a ser uno de sus trucos argumentales, me he permitido traer la cita del más importante y el más reciente estudio realizado, al que me he referido, el de los 26 hospitales, que suponen un despilfarro de dinero y de salud -el de dinero se puede medir, el de salud es más difícil- de 1.000 millones de pesetas al año en 26 hospitales en Cataluña. Tengo que decirle que ese estudio está hecho con el máximo rigor, que tiene como fuente de información el conjunto básico de datos de cada hospital y que está publicado en una de las más prestigiosas revistas sanitarias, la Gaceta Sanitaria de septiembre- octubre.
Señor ministro, hay muy poca gente, muy pocas personas a las que usted pueda merecer credibilidad, más allá de quienes están convencidos porque pertenecen a su órbita política. Señor ministro, independientemente de que mi grupo parlamentario no votara la Ley 15/ 1997 porque éramos conscientes de lo que podía pasar, porque éramos conscientes de lo que después dijo el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano, de que el modelo Alcira, el modelo Dragados y Construcciones y Adeslas gestionando un hospital público cabía en la Ley 15/1997, no intente confundir. Es evidente que si han metido la enmienda en el Senado a la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social es precisamente porque no tenían marco jurídico para poder introducir la gestión privada. Por tanto, la Ley 15/1997 no daba cobertura legal a sus intenciones de dinamitar, de pulverizar la sanidad pública convirtiendo los centros sanitarios en fundaciones y a los médicos en pequeños empresarios.
Por tanto, el consenso que, desgraciadamente, usted consiguió alcanzar con la Ley 15/1997 para la sanidad pública, no es ni muchísimo menos el consenso de la enmienda en el Senado, y lo va a ver. A ver si asume el riesgo, en el viaje hacia el centro que pretende el Partido Popular, de plantear, en las condiciones que lo está planteando, dar la vuelta al sistema sanitario público.
Señor ministro, las evaluaciones del camino seguido por las reformas de Margaret Thatcher en el National Health Service están en todos los sitios. Si usted o sus técnicos solamente estudian lo que les propone la fundación Andersen, no creo que le haya llegado ninguna de las publicaciones a las que me refiero. Las publicaciones de expertos en salud pública, en todos los lugares del mundo, afirman que la introducción de los criterios de mercado en la sanidad supone una quiebra esencial de la equidad porque plantean, a medio plazo, el acceso al servicio en función de la capacidad adquisitiva, porque aparecen los denominados eufemísticamente en marketing efectos adversos, que consisten en el rechazo de aquellos pacientes cuyo cuadro clínico se ha complicado y requieran una mayor absorción de recursos, la libre elección de médico y hospital y la competencia del mercado interno, así como la polarización y sobrecarga de unos hospitales en detrimento de otros. Es decir, el máximo desorden y la máxima irracionalidad en la sanidad pública, consiguiendo lo que la población sabe cada vez mejor: que no hay manera de introducir criterios de rentabilidad mercantil económica en la sanidad pública si no es a costa de la calidad y de la equidad, que no hay trucos de ningún tipo y que además ese tipo de procedimientos lo que acaban haciendo al final es aumentar el gasto sanitario público, aunque los criterios contables, presupuestarios, puedan parecer eficaces porque se ha disminuido la estancia media en algún hospital.
En el estudio que he mencionado se planteaba con datos, con hospitales concretos en nuestro país cómo los gerentes incrementan el tipo de intervenciones quirúrgicas, incluso aunque no reciban las retribuciones por ello en el contrato programa, porque al año siguiente el incremento de actividad les permite obtener más recursos. Es decir, la utilización, la instrumentalización, en el más estricto sentido de la palabra, de la salud de la población en función de la obtención de buenos resultados contables y, evidentemente, a medio plazo, de recursos económicos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, termine, por favor.


La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.


Señor ministro, ustedes van a conseguir la mayoría parlamentaria suficiente para sacar la ley adelante. No me cabe la menor duda.
Espero que el coste político y social sea el más alto posible. Espero del compromiso de los grupos parlamentarios de la oposición, muy significativamente del Grupo Parlamentario Socialista, que tengan la responsabilidad necesaria para intentar que, teniendo la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad, ahora que tanto nos estamos vanagloriando del vigésimo aniversario de nuestraCarta Magna, se respete al menos la seguridad del servicio

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sanitario público que la Constitución española plantea y que en el proceso reglamentario de la técnica legislativa se impida desde la oposición, pero con la Constitución, la legalidad y la legitimidad en la mano, lo que un grupo parlamentario con apoyo mayoritario, pero con todos los planteamientos de perversión en la técnica legislativa y en la utilización de las posibilidades políticas, plantea en relación con la sanidad pública. Todos sabemos, señor ministro, que la sanidad pública, como se ha demostrado en Gran Bretaña, se puede deshacer en cinco o seis años, pero que la posibilidad de reconstruirla es mucho más dura.
Espero que ustedes no lo consigan y que la sensatez política en el caso de su grupo parlamentario, el recurso de inconstitucionalidad y, desde luego, la población les impidan llevar a cabo lo que sin duda supone el proceso de dinamitación de la sanidad pública más serio que se ha llevado a cabo nunca en nuestro país.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora Maestro, yo bien lamento que S.S.
persista en sus falacias argumentales. Acaba de decir usted en la tribuna que presentamos una enmienda en el Senado porque la Ley 15/ 1997 no da marco jurídico para la gestión privada. ¿Me quiere usted explicar qué añade esta enmienda para dar marco jurídico a la gestión privada? No estamos hablando de fundaciones públicas de naturaleza y de titularidad pública sujetas a la Ley de contratos del Estado y a la Ley General Presupuestaria. ¿Qué hay aquí de marco jurídico para la gestión privada? El marco jurídico para la gestión privada está en la Ley 15. En la enmienda del Senado no hay marco jurídico para la gestión privada, lo que hay es un paso para hacer posible otra fórmula organizativa de los centros asistenciales que les dé personalidad jurídica, más autonomía más posibilidad de participación y responsabilidad de los profesionales y mejor asistencia a los ciudadanos, que es lo que buscamos. Es falaz el argumento de que presentamos esta enmienda porque la Ley 15 no da marco jurídico para la gestión privada; marco jurídico para la gestión privada lo hay en la Ley 15.
No sé qué documentos lee S.S., pero en los textos originales de la reforma sanitaria del señor Blair hay una cosa clarísima, que es que nunca se deberá volver a las fórmulas centralistas de los años 70, y uno de los pilares de la reforma sanitaria del Reino Unido, que consistió en dotar de personalidad jurídica a los hospitales públicos, se mantiene; siguen existiendo las fundaciones en la sanidad del Reino Unido. Naturalmente, el señor Blair, con buen criterio, trata de corregir errores y fallos que hubo en la primera puesta en funcionamiento del sistema del mercado interior, pero la idea básica de que los hospitales deben tener autonomía, que eso facilita la participación, la responsabilidad y la eficiencia y que los ciudadanos pueden elegir los servicios sanitarios dentro del sector público, esas dos ideas básicas de la reforma sanitaria del Reino Unido se mantienen en las propuestas de reforma del señor Blair, y ésa es la base de la cuestión, y su decisión firmísima de no volver en ningún caso a las fórmulas centralistas y democráticas de los años 70, que parece que son las que les gustan a SS.SS. ¿Quién habla aquí de rentabilidades mercantiles? ¿Es que las fundaciones son entidades mercantiles? ¿Es que tienen el menor ánimo de lucro? De lo que se trata es de manejar mejor los recursos públicos para dar una mejor asistencia sanitaria, más ágil, más fluida, más eficaz y de más calidad a los ciudadanos. No hay el menor ánimo de lucro en nada de lo que estamos diciendo, lo único que hay es el deseo de agilizar el modelo, de salir de fórmulas centralistas y burocráticas desacreditadas en todo el mundo, abandonadas en todos los países de Europa con los que nos comparamos, para introducir fórmulas organizativas más flexibles, de más responsabilidad, más eficientes, salvando todo lo esencial del sistema público en cuanto a su equidad, al aseguramiento único, a la financiación pública; al contrario, pretendemos ir avanzando en la equidad, porque lo que más atenta contra la equidad del sistema es su ineficiencia. Usted sabe, señoría, que a quienes más perjudica un sistema que es incapaz de atender rápidamente las necesidades de los ciudadanos y que tiene listas con esperas de más de un año es a los más débiles; éstos son los que no tienen medios para subsanar esos fallos del sistema y tienen que esperar. Por eso, lo más solidario y lo más equitativo es hacer más eficiente el sistema y dar un mejor servicio a todos los ciudadanos para que ninguno tenga necesidad de buscar una solución fuera del sector público, porque él le da la satisfacción que merece.
Es rigurosamente inexacto venir a decir aquí que hay publicaciones de rigor científico que aseguran que la introducción de estas nuevas fórmulas organizativas o de gestión conducen a una disminución en la calidad de la asistencia, a falta de equidad sanitaria, a un incremento de las desigualdades. Le recuerdo que en la monografía sobre desigualdades sociales, publicada por el Ministerio, el informe Black o los informes Whitehall son concluyentes al señalar que son las reformas excesivamente integradoras y estatalizantes de los sistemas sanitarios públicos las que se han acompañado de un aumento de desigualdades y de perjuicios en la salud de los ciudadanos a los que atienden.
Por el contrario, hay unanimidad en la doctrina y en la práctica sobre las reformas dirigidas a introducir mayor flexibilidad en la gestión de los centros sanitarios y a separar las funciones de planificación, financiación y provisión de los servicios. No es Cataluña la que ha introducido estas fórmulas de gestión; hospitales gestionados por una empresa pública los tenemos en el País Vasco donde hay fórmulas imaginativas de este

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tipo; las hay en Galicia. Todo el mundo se adelantó en estas reformas organizativas y todo eso lleva a una mayor eficiencia en el uso de los recursos sanitarios, a mayor satisfacción de los ciudadanos, a reorientar las actividades en los servicios de la sanidad hacia los demandantes y necesidades de los usuarios como señala en el informe Blair, al que usted también se refirió, o el que ya le cité de la Oficina Regional de la OMS sobre las reformas de la asistencia sanitaria en Europa que es concluyente en esta medida.
Con esta convicción, señoría, y en el convencimiento absoluto de que con esta iniciativa el Grupo Popular del Senado lo único que hace es desarrollar una idea política que está contenida conceptualmente en la Ley 15/1997 e introducir una fórmula jurídica operativa más, pero en esa línea y reforzando los aspectos públicos de la medida, estamos prestando un servicio a nuestro Sistema Nacional de Salud para hacerlo más eficiente y poder atender mejor a los ciudadanos, que es lo que buscamos.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
(Rumores.) Silencio, por favor, señorías, comprendo que resulta un poco tediosa la tarde, pero no necesitamos animación especial.Gracias, señorías, por su contribución. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estamos en un debate interesante y por lo que se ve con visos de acalorarse. La interpelación que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida hace referencia a la introducción de criterios empresariales en la sanidad y el debate derivó hacia la famosa enmienda del Grupo Popular a la Ley de acompañamiento en el Senado que trata de lo mismo, de introducir las fundaciones en los hospitales públicos de la red del Insalud, por tanto, la introducción de ese tipo de criterios.
A veces, si no estuviese en juego algo tan importante como qué tipo de asistencia sanitaria van a recibir los ciudadanos en el futuro, casi resultaría inútil discutir sobre este tema ante la actitud cerrada y empeñada del señor ministro, del Gobierno y del partido que lo sustenta en modificar profundamente el modelo actual del Sistema Nacional de Salud. En todo caso, discutimos sobre el fondo de la cuestión que es la introducción del modelo de fundaciones en los hospitales de la red pública del Insalud, un modelo que hasta el momento se reservaba a los hospitales de nueva creación y discutimos también sobre la introducción de la modificación en la forma de gestión hospitalaria a través de esa enmienda del Senado que citamos; quizá esto se deba a que el señor ministro de Sanidad está demasiado acostumbrado a sustituir el debate político por la imposición y la propaganda. Porque un cambio en el modelo de gestión como el que propugna el Grupo Popular con las repercusiones que ha de estar pensado desde hace bastante tiempo; creo que no se les habrá ocurrido a última hora. Por tanto, no parece tener sentido que se trate de aprobar una cuestión como ésta a hurtadillas, colándola de rondón, evitando lo más posible la discusión o esperando que las luces de Navidad deslumbren a los ciudadanos e impidan ver lo que ocurre realmente.
El Grupo Popular y el señor ministro dicen que la famosa enmienda del Senado es simplemente técnica. La legitimidad en el cambio de la forma de gestión de los hospitales públicos viene dada por la aprobación de la famosa Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud -por cierto, el Bloque Nacionalista Galego votó negativamente dicho proyecto de ley-, pero, aún siendo así, si esa ley faculta los cambios propuestos -y no dudo que lo haga-, no tiene sentido que no se discutieran en aquel momento, que no se hiciera público entonces el alcance que se pretendía dar con esta modificación legal. Señor ministro, diga lo que diga, no es de recibo que se trate de colar una reforma de esta importancia con este tipo de métodos. Es una reforma importante porque no se va a limitar obviamente al territorio del Insalud, sino porque seguro que se transferirá rápidamente a territorios con gestión propia de la sanidad, aunque no se extenderá a todos porque en muchos casos ya está introducido.
Me parece que los argumentos, que vehementemente defiende le señor ministro, como siempre, para seguir ampliando la fórmula de las fundaciones, se basa en negar que se trata de introducir mecanismos privatizadores de la sanidad; se trata de conseguir una mayor eficacia en la gestión, ahorrar costos, prestar un mejor servicio a los ciudadanos, eso sí, realizado siempre bajo control público.
Nuestro grupo y yo seguimos pensando que en realidad estamos ante un intento del Grupo Popular de ir dinamitando poco a poco el sistema sanitario público, introduciendo fórmulas de gestión privadas, caminando hacia la separación de la financiación y la provisión, y hacerlo sin explicitarlo a los ciudadanos. Al tiempo que el Gobierno habla de la ineficiencia del sistema público renuncia a mejorar esa gestión. Eso lo tenemos discutido en varias ocasiones; hay una renuncia absoluta a hacerlo más eficiente. Se insiste en la manida ineficiencia de lo público frente a la eficiencia de lo privado, lo que a mí me parece que no deja de ser peligroso, sobre todo hablando de salud.
El sistema de fundaciones sólo persigue desde nuestro punto de vista abaratar costos e introducir esos mecanismos privatizadores. Yo creo que va a abaratar costos en buen medida a través de los costos laborales (peores salarios, más horas de trabajo, escasez de personal), eso sí, también acompañado de muy buenos salarios para los directivos. En los hospitales en los que se aplique me parece que esta fórmula va a crear agravios y problemas innecesarios entre estatutarios y otro

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tipo de personal, fomentará sin duda la burocracia y desde luego no va a dar una mejor calidad asistencial. La fórmula de fundaciones está en vigor hace tiempo, en algunos lugares desde hace varios años, y no se ha demostrado hasta el momento para nada que consiga una mejor prestación de servicios.
Yo creo que hablar del derecho a la salud -cada uno mantendrá legítimamente su postura- es algo que debería merecer un debate amplio, sobre todo en el cambio del modelo sanitario. Sería necesario un cambio serio, profundo y con participación de la ciudadanía y no en estas condiciones. Aunque el señor ministro hable de desajustes en su intervención, algunos Estados, como Gran Bretaña, se están planteando limitar los perniciosos efectos de la contrarreforma de la señora Thatcher. Bueno, él lo llama desajustes, pero parece que se plantea algo más que eso en la aplicación de ese modelo. Otra cosa es si hay o no voluntad, si es posible o no retrotraerse en el sistema.
Ésa ya es otra cuestión de planteamientos políticos de los distintos grupos, como es el del Gobierno británico, que no viene a cuento. En todo caso, lo que sí parece demostrado es que la introducción de ese modelo creó profundos desajustes, y vamos a dejarlo así.
Señor ministro, nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que usted pretende para el sistema sanitario. Yo creo que, en esencia, por resumirlo, sería gestión privada-control público, un modelo que desde nuestro punto de vista ni es creíble ni mejorará la asistencia sanitaria, y como siempre, si no, al tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Romay, ustedes continuamente lo que están haciendo es levantar extraordinarias cortinas de humo para no adentrarse en el auténtico debate de lo que ustedes propugnan como garantía del derecho a la salud que reconoce nuestra Carta Magna. En su momento, este país se dotó de un mecanismo para garantizar el derecho a la salud, que era el Sistema Nacional de Salud, una opción clara, por una apuesta pública, única y universal, con la que ustedes nunca han estado de acuerdo, y ahora están levantando estas cortinas de humo constantemente hablando de la gestión. Ésta es necesario que sea correcta pero no deja de ser una herramienta. El objetivo fundamental es el mantenimiento del derecho a la salud de los ciudadanos de este país.
No es cierto que a ustedes sólo les preocupe la mejora de la gestión.
Ustedes en sus dos años de gobierno han ido introduciendo una serie de modificaciones subliminales, algunas de ellas en el sistema, que lo va debilitando. Desde su ministerio han hecho cambios legislativos que tienen importancia básica para el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud: han modificado la Ley General de Sanidad, la Ley de la Seguridad Social, la Ley del Medicamento, han modificado o pretenden modificar la Lofage, han modificado la Ley de ordenación farmacéutica, han creado mediante ley una Agencia Española del Medicamento, y todo ello sin ningún proyecto de ley que se haya discutido en este Parlamento. Todo se ha introducido a través de las leyes de acompañamiento de los presupuestos. Nunca se han atrevido a presentar un proyecto de ley en el marco sanitario para discutirlo en esta Cámara.
La forma de gestión a la que usted se refería y sobre la que nos vamos a centrar como motivo del debate de hoy es un real decreto-ley que, ante la oposición de sus propios socios de Gobierno, tuvieron que admitir que se tramitara como proyecto de ley en la Cámara, aunque su objetivo era llevarlo a la práctica como real decreto-ley.
No es cierto lo que usted nos ha afirmado y continúa indicando de que la modificación que piensan introducir en la Ley de medidas fiscales, sociales y del orden social es un desarrollo de la Ley 15/1997. Su desarrollo es el reglamento que corresponde a esta ley y que, por acuerdo unánime de todos los grupos de esta Cámara, se pidió al Ministerio que estuviera elaborado antes del 1 de septiembre del año 1997. Estamos en diciembre del año 1998 y el reglamento aún no ha visto la luz. Y mientras plantean esta reforma, que ahora revisan en el Senado, usted está hablando continuamente de que es un desarrollo de la Ley 15/1997. No, una ley no se desarrolla con otra ley sino con un reglamento.
Ustedes han ido poniendo trabas en la evolución y en el sistema público. Esto lo hemos visto con el tema de Alcira, con las fundaciones privadas que han creado. Ustedes reconocen en la memoria que acompaña a la modificación que ahora pretenden introducir que Manacor y Alcorcón son fundaciones privadas y que, por tanto, no entran en los hospitales que estaban dentro del sistema en esta legislación y, por eso, tienen que modificar la Lofage para que se cree la figura de fundación pública sanitaria.
En la reforma del IRPF han introducido otro elemento importante que es la desgravación o la no cotización como salario en especie de las pólizas de seguros sanitarios que las empresas puedan hacer a sus empleados. Han ido dualizando el sistema cada vez más, incrementando los conciertos privados con las entidades, etcétera.


Si tanto les preocupa la gestión que parece que es su leitmotiv, señor ministro, ya me contará cómo se puede gestionar un sistema en el que van a convivir el 1 de enero el sistema tradicional, las fundaciones públicas, las fundaciones privadas, los consorcios y otros mecanismos que se les puedan ir ocurriendo. Si esto es una clarificación de la gestión, como dicen en castellano tradicional, que venga Dios y lo vea.Lo que sucede, señor ministro, es que definitivamente y con motivo de esta discusión, ustedes se han quitado la careta. Usted

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decía hace muy pocos días, que el carácter de servicio público del sistema no está determinado por la forma jurídica de sus centros ni por su gestión, sino por el origen público de los recursos que se financian y que hay que superar las rigideces del monopolio, que hasta ahora tenían los hospitales públicos con su clientela cautiva, y deben competir con los privados para que la gente pueda ir de un sitio a otro.
Las fundaciones que ustedes pretenden no les sirven para nada; no les sirven para gestionar. Ustedes han dicho también en un documento triunfalista que acaban de publicar sobre la gestión del Ministerio -parece más un ministerio de promoción propagandística, que un ministerio del Gobierno del Grupo Popular-que uno de los grandes problemas es el viejo asunto relativo a los recursos humanos que, como se sabe, son absolutamente esenciales en este tipo de servicios.
¿Cómo se resuelven estos viejos problemas en relación con los recursos humanos, cuando no se modifica un ápice respecto a las fundaciones públicas con la enmienda que ustedes han presentado en el Senado? ¿Va a cambiar esta relación? En el futuro ustedes pretenden, y espero que llegue pronto, hacer una ley de consolidación y reforma del Sistema Nacional de Salud, como política general del departamento. Yo le pediría que fuera una ley de consolidación y mejora del Sistema Nacional de Salud y no de reforma.
Si es un sistema de consolidación y mejora nos encontrará a su lado para discutirlo. Me gustaría señalar la frase que acerca de la anticipación de esta consolidación y reforma dice: como posible anticipación de normativas que facilite la transformación de los hospitales existentes en fundaciones públicas sanitarias. Esto ya lo han hecho y no parece que sea una mejora del sistema. Debo decirle que nos debe dar pruebas de que ustedes defienden, no como han hecho públicamente, el sistema público porque la credibilidad del Ministerio está por los suelos. Usted se ha referido en una pregunta anterior y ahora en la interpelación a las famosas listas de espera...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Corominas, vaya terminando.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Termino en seguida, sólo leo un documento.
Usted ha mencionado las listas de espera señalando los grandes logros, lo mal que se hacía y cómo se ha conseguido reducir ahora. Yo le invito a que usted desmienta públicamente que lo que voy a leer no es cierto. A lo largo del año en curso hemos comprobado un notable incremento de inclusión de pacientes en lista de espera quirúrgica, aunque el mismo fue debido parcialmente a la centralización de listas de espera quirúrgicas de cupo, otra parte importante deriva de la propia actividad de las consultas externas; es decir, como la gente trabaja y va a consultas externas, se aumenta la lista de espera y se ha incrementado mucho en este año 1998.Este documento que le leo es del Insalud de 28 de septiembre de 1998. Continúa: Para lograr el objetivo institucional de no tener pacientes con más de seis meses en lista de espera quirúrgica -que es el gran logro que ustedes quieren señalar- a 31 de diciembre de 1998, solicitamos que se adecuen las entradas en la lista de espera a los protocolos consensuados y a la capacidad de salidas programas en los próximos cinco meses.No se trata de que haya muchos o pocos enfermos que precisen o no entrar en la lista, sino que, en función de los que puedan ser operados, éstos entrarán igual, con lo cual se reduce la lista de espera. Si éste es el mecanismo por el cual se mejora la asistencia en la gestión sanitaria, no lo compartimos. Termina la carta diciendo: Igualmente le pedimos un esfuerzo para que los pacientes que deben ser revisados en consulta no sean incluidos en la lista de espera quirúrgica hasta que su indicación no sea clara, así como que cualquier renuncia, mejoría que no indique la intervención, no presentación a quirófano el día citado, etcétera, sea notificado en el tiempo más breve posible al servicio de admisión para eliminarlo de la lista de espera y obtener estos resultados brillantes a los que ustedes van dando publicidad continuamente.
Si así es como se mejora la gestión...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Corominas, termine, por favor.


El señor COROMINAS I BUSQUETA: Termino con esto, señor presidente.
Si con estas recomendaciones de ajustar la entrada a la salida y eliminar todo lo posible es como se mejora la gestión, mal vamos en la reforma y en la modernización del sistema sanitario.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Corominas.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL SECTOR NAVAL PÚBLICO (AESA Y BAZÁN), EN EL MARCO ACTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/ 000111)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de las interpelaciones urgentes, vamos a entrar en el punto III del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Anuncio ya a SS.SS. que para una mayor agilidad en el debate todas las votaciones se acumularán al final del debate de las tres mociones.
En primer lugar, tenemos la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector naval público (AESA y Bazán), en el marco actual de la Unión Europea.


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Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta la moción consecuencia de la interpelación que ofrecimos hace dos semanas relativa al sector naval público tanto civil como militar. Aunque, como recordaba el señor ministro, son sectores y mercados totalmente diferentes, con problemáticas y situaciones diferenciadas, sin embargo, tanto Bazán como los astilleros AESA remiten a una industria estratégica del Estado español ya histórica, a una industria que representa cualificación tecnológica y posibilidades de investigación en el futuro y, por tanto, muy codiciada por todos los Estados industrializados; son industrias intensivas aún hoy en empleo y en posibilidades de creación, y además en el caso concreto del Estado español son punteras en el equilibrio social y territorial de un Estado que bien lo necesita.
Por otra parte, son empresas que además de estar trasnacionalizadas, antes del actual proceso de globalización, ya que competían en el mercado internacional, están hoy gravísimamente condicionadas en primera escala por el proceso de globalización que se hizo en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea. Por tanto, sería bueno que las fuerzas políticas nos habituásemos a estar atentos para no caer en los mismos tropiezos o vicios que se cometieron en relación con el sector civil a la hora de planificar el futuro del sector naval militar. En todo caso, nosotros presentamos una moción que, unida a la problemática de las factorías de Bazán, intenta convencer al Gobierno de que debe optar por la diversificación integral de las distintas áreas con que cuentan hoy las factorías, que debe mantener la capacidad productiva, la capacidad tecnológica y humana, es decir, las plantillas que hoy tienen, e incluso que se estudiase la posibilidad de establecer conglomerados industriales como otros astilleros públicos cuando sean coincidentes, por ejemplo, en la ría de Ferrol o en la ría de Cádiz. A estas alturas, aunque la empresa Bazán se mantuviese de forma prioritaria en la industria militar, consideramos que debía de posibilitarse el libre acceso a todo tipo de construcción naval, ya que no casa con la orientación de los tiempos tener enfeudada una factoría como ésta, precisamente a un determinado tipo de industria militar. Una cosa es que ésa sea la finalidad específica y los contratos del Gobierno, por tanto el Ministerio de Defensa, beneficien específicamente a la empresa Bazán de construcciones navales militares y otra es que quede enfeudada prácticamente este tipo de industria.
Los otros puntos de la moción, señor presidente, tienen una intencionalidad política clara. Quería referirme, en concreto, al punto crucial, el número 2, que pretende que, ya que hay una nueva circunstancia internacional, al margen de nuestras discrepancias político- ideológicas respecto a cómo se realiza la globalización, todos seamos coincidentes, puesto que hay algunos datos que son incontestables. En primer lugar, la competencia desleal, que ya mantenían antes Japón y Corea, ahora se puede agudizar por la devaluación de la moneda y los préstamos de organismos financieros internacionales -todos los Estados desarrollados contribuyen a mantenerlos-, pudiendo beneficiar indirectamente que esta competencia incluso pueda aumentar. Sin embargo, no es menos grave, y el Bloque Nacionalista se encarga de recordarlo continuamente, el proteccionismo a ultranza de Estados Unidos o incluso que las reglas de juego a nivel internacional no se estén respetando por parte de la OCDE, por lo menos de todos los países que la integran; parece que en la Unión Europea no hay una predisposición a respetarlas. Teniendo en cuenta que dentro de la Unión Europea hay ya grandes Estados que van a tener problemas con sus astilleros, más de los que tuvieron hasta hoy, como puede ser el caso de Alemania o de Dinamarca, sería interesante que el Gobierno español mantuviese una nueva conducta política, por lo menos más estudiosa de las posibilidades que el nuevo concierto internacional abre, y estuviese dispuesto a defender la capacidad productiva de sus astilleros y, en concreto, un caso alarmante como es el de Astano, para que potencialmente pudiese por lo menos acceder con libertad a la construcción naval, pues no hace otra cosa que barcos, por más que las discusiones tecnológicas puedan llevar incluso a que no se le deje construir ni siquiera lo que fabrica.
En último término, señor presidente, y ya acabo, hay un tercer punto que va destinado a que el impulso de este sector industrial estratégico se haga con dos medidas a corto plazo que pensamos que no tendrían dificultad. La primera sería capitalizar AESA y Astano en una cuantía de recursos propios que igualen al inmovilizado neto, es decir, al valor que tienen los terrenos donde están ubicados, las construcciones y las máquinas, que es lo mínimo que puede tener una empresa, de tal forma que hasta el año 2000-2001 pudiesen hacer frente a dificultades mientras no se clarifica el nuevo panorama de ayudas que, sin duda, va a haber que articular, teniendo en cuenta la nueva situación internacional a poco que la Unión Europea sea respetuosa con sus intereses e imaginamos con los del Estado español.
El último punto es algo que venimos repitiendo desde hace tiempo, en el que ya insiste el Gobierno, que es escandaloso que el Estado español no cuente hoy con una flota mercante propia para que el balance por fletes no sea tan negativo -le recuerdo que son 250.000 millones de pesetas anuales; todos los préstamos de ayudas a los astilleros españoles que se hicieron - y, por tanto, pudiese aumentar la demanda doméstica de construcción de estos buques en los astilleros del Estado español, como acontece en general con la mayoría de los Estados de la Unión Europea.Esperamos que en el transcurso de este debate podamos llegar a un acuerdo, que en este momento está en germen, y cerrarlo antes de que acabe.
Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Rodríguez.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. Una, por parte del Grupo Socialista y, otra, por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción consecuencia de la interpelación de la semana pasada nos trae el problema de cómo impulsar y adecuar medidas que posibiliten que nuestros astilleros, tanto los dedicados a la industria militar, como Bazán, o los dedicados a la industria civil, puedan tener viabilidad en el futuro. Ante una moción que tiene de entrada varias dificultades, lo primero que habría que decir es que estamos debatiendo la necesidad de implementar políticas de modificación a las primas de la construcción naval y políticas de carácter fiscal para impulsar la competitividad de los astilleros.
Una dificultad es que en el Consejo de Ministros de la semana pasada se ha promulgado un decreto que modifica el de 1994, al que hace referencia la moción, sobre modificación de las ayudas a la construcción naval. Otra es que también hay una enmienda presentada en el Senado que tiene que ver con las medidas fiscales, administrativas y de orden social. Luego, tenemos una dificultad añadida por cuanto estamos viendo criterios con texto de carácter general y, sin embargo, estamos tramitando medidas muy concretas que, desgraciadamente, no podemos debatir porque no las conocemos en su totalidad.
Mi grupo quiere dejar claros algunos conceptos previos para justificar las enmiendas presentadas. Primero, que el eje fundamental tiene que ser el que se venía aplicando durante todos estos años, es decir, garantizar la capacidad productiva de nuestros astilleros, pero también en relación con lo que está ocurriendo en la construcción naval en Europa y en el mundo. Por tanto, si hace unos años teníamos un problema fundamentalmente de competitividad, por la cuestión de precios con Corea y con el Sudeste asiático, hoy posiblemente se haya agravado debido a la última devaluación de la moneda coreana y el yen japonés, pero también porque no hay una garantía de que las ayudas del Fondo Monetario Internacional, sobre todo a Corea, se destinen a medidas de carácter innovador en cuanto a su industria de construcción naval. Por eso, creemos que un primer paso tendría que ser hacer una política dentro del seno de la Unión Europea, porque no son sólo los astilleros españoles, sino los astilleros de toda la comunidad europea los que tendrán un grave riesgo en el futuro si no somos capaces de implementar medidas que acaben con la competencia desleal. También se tiene que modificar y ampliar el sistema de primas y ayudas a la construcción naval, si es que en el resto de los países que construyen barcos en el mundo no se está en las mismas condiciones. Además, es importante insistir en que hace falta que la capacidad de gestión en nuestros astilleros tenga un mayor nivel de rentabilidad. La capacidad de gestión de los astilleros se mide por muchas razones, no me voy a extender aquí. Es cierto que la cartera de pedidos en los últimos años se ha incrementado, pero el rendimiento en cuanto a esa productividad de los astilleros no ha sido superior a otras épocas.
Por tanto, hay que seguir insistiendo en esas medidas que dentro de cada factoría mejoren la gestión en cada una de estas empresas.
Yendo concretamente a las enmiendas que hemos presentado, fundamentalmente tienen que ver con dos conceptos. En primer lugar, se plantea en la moción que en el área de las empresas militares pueda haber una simbiosis entre la empresa Bazán y Astano. Creemos que será perjudicial para los astilleros que se dedican a la industria militar entrar dentro de la construcción civil, porque entonces tendríamos los astilleros con el mismo problema dentro de las limitaciones que marca la Unión Europea. En consecuencia, lo que hay que hacer es que los astilleros civiles aprovechen la capacidad técnica de Bazán, mediante acuerdo con las empresas de construcción civil. Por eso, planteábamos las enmiendas números 1 y 2, teniendo en cuenta además que en la enmienda número 2 hacíamos una apuesta clara por que en Europa las empresas de construcción naval militar lleguen a acuerdos similares y haya una concentración de esfuerzos y de objetivos que permita hablar de una industria militar naval en el seno de la Unión Europea. La enmienda número 3 tiene que ver con el tan traído problema de si Astano puede acceder a la construcción de barcos o tiene que seguir construyendo plataformas offshore. El Gobierno lo que tiene que hacer en este momento es defender los astilleros españoles y europeos de la competencia desleal, y ahí, en el campo de las plataformas, se está abriendo una importante vía de actuación que yo creo que habría que aprovechar. Nosotros lo que planteamos en la enmienda número 3 es que pueda llegarse a acuerdos también con otros astilleros europeos para ampliar este campo de actuación. Las enmiendas 4 y 5 se refieren a la capacidad financiera de los astilleros. Creemos que sí puede haber un problema de capacidad financiera, pero que lo más importante, lo que necesita el grupo AESA -y así lo reclaman los sindicatos y también lo hemos reclamado insistentemente en esta Cámara- es un plan de competitividad que identifique los errores de gestión, si es que los hay, y proponga las medidas que conduzcan a la viabilidad. Por supuesto que el citado plan, como otros anteriores, debería tener las aportaciones financieras del accionista, necesarias para el cumplimiento de los objetivos del plan. Por último, planteamos una enmienda de adición, y ya es un tema también recurrente en esta Cámara, en el sentido de que el Estado español, la Comunidad Europea en su conjunto, tiene que ser más vigilante con la seguridad en los tráficos marítimos. Si esto es así, si se cumple la normativa de seguridad, nuestro grupo cree que habrá ahí un campo de actividad, porque hay muchos barcos

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que están obsoletos, muchos barcos que incumplen todas las normativas, en el que podríamos tener una cartera de pedidos más interesante, siempre que haya un compromiso serio de los Estados de la Comunidad y también de otros Estados que seguramente se lo plantean en sus puertos, para implementar medidas que puedan coadyuvar a que haya una cartera de pedidos más amplia en lo que se refiere a la marina mercante.
Señorías, este es el contenido de las enmiendas a esta moción. Hay otra enmienda más que plantea el Grupo Popular. Básicamente, nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento, lo que ocurre es que mientras estemos hablando de temas generales y no entremos en algunas de estas cuestiones más concretas, nos parece debatir sobre el vacío.
Es decir, que tengamos un decreto, que tengamos una modificación legislativa en el Senado, y que aquí sigamos hablando de frases tan generales como potenciar la financiación o potenciar las medidas tendentes a no sé qué. Habría que concretar un poco más en esta moción si queremos realmente hacer algo positivo en relación con el sector naval de nuestro país.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Cuevas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Señorías, si hay algo en lo que coincidimos todos los grupos parlamentarios es en que en España existe un importante sector de construcción naval, tanto civil como militar, y que es imprescindible habilitar medidas para que no sufra un paso más atrás, sino todo lo contrario, y que comience a ser lo que ha sido siempre y a lo que nadie renuncia: uno de los sectores más importantes que existe en Europa, sobre todo teniendo en cuenta las vicisitudes por las que ha venido pasando durante estos últimos años de acuerdo con las directivas comunitarias -la Sexta y la Séptima- y los procesos internos en materia de reconversión.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que en ese contexto internacional es imprescindible actuar de una manera conjunta y, si algo se puede deducir de las intervenciones de esta noche, tanto del Bloque Nacionalista Galego como del Grupo Socialista, es que, en líneas generales, estamos completamente de acuerdo en que hay que actuar de una manera directa en cuanto al sector naval español y que esa forma de actuar la tendremos que definir entre todos los grupos políticos.
Nosotros queremos diferenciar claramente entre lo que es el sector de construcción naval militar, vinculado a la defensa, y lo que son los astilleros públicos o privados españoles, los que están dentro de AESA o los que realizan sus trabajos de manera privada. En el campo de la construcción naval militar, el Grupo Parlamentario Popular entiende que el Gobierno ha actuado de una forma clara, concreta y concisa, que se ha traducido en tres actuaciones muy recientes, algunas de ellas todavía sin concluir. La primera de ellas, realizar una carga de trabajo lo suficientemente importante como para que, en este momento, la cartera de pedidos dé estabilidad hasta bien entrado el próximo siglo. Ello supone una cartera de pedidos cercana a los 356.000 millones de pesetas.
Por otro lado, estemos o no de acuerdo los grupos parlamentarios, estemos o no de acuerdo los partidos políticos, se está negociando ahora entre la empresa y los agentes sociales un plan de futuro que merece el máximo respeto por parte de los grupos políticos a la espera de su resolución, y no hay ninguna quiebra ni ruptura de la mesa de negociación.
Un tercer punto que ha actuado de una manera clara durante estos últimos días, ha sido dotar de activos inmuebles a una empresa pública, la Empresa Nacional Bazán, que hasta ahora no los tenía.
Puede que fuera una de las pocas empresas públicas o privadas en España o en Europa que no disponía de sus propios terrenos.


Si a eso añadimos que el plan de futuro implica la externalización de la deuda, acometer un nuevo plan de revisión y reestructuración, capitalización de la empresa por importe de 15.000 millones de pesetas e inversiones en modernización por otros 15.000 millones, nos situamos en una inversión global para poner a cero, para que empiece a ser rentable la Empresa Nacional Bazán cercana a los 150.000 millones de pesetas adicionales a los de la carga de trabajo que he mencionado con anterioridad.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de lo que en este momento plantea el Bloque Nacionalista Galego, ofrece una enmienda transaccional que referida a la Empresa Nacional Bazán diría en sus dos primeros apartados: Primero, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la diversificación de la Empresa Nacional Bazán de construcciones navales militares a través del desarrollo al máximo de las propias capacidades tanto técnicas como comerciales, de acuerdo con ese plan de futuro que en este momento están negociando los agentes sociales y la propia empresa. Y, segundo, al requerimiento que hace el Bloque Nacionalista Galego, de mantener las capacidades productiva, tecnológica y humana de la propia empresa, tal y como recoge el plan de futuro que ha sido elaborado por la compañía y que se está negociando con los representantes de los trabajadores en estos momentos.
En cuanto a la construcción naval militar, el Grupo Parlamentario Popular entiende que con estas cuestiones no sólo trata de impulsar y de puntualizar concreciones para lo que puede ser el futuro del desarrollo de esta empresa, sino que además contribuye a no enturbiar un ambiente de negociación entre agentes sociales y la propia empresa que en nada beneficiaría desde nuestro punto de vista.


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El otro apartado es el de la construcción naval civil que en España durante estos dos últimos años y seguramente que con la corriente que se ha seguido en Europa ha conseguido levantar una situación que era realmente difícil, lamentable. Hoy es el día en el que podemos hablar de la construcción naval civil en España desde un punto de vista no de relajación pero sí por lo menos de una cierta tranquilidad, y es la tranquilidad que nos puede dar en este momento el que la cartera de pedidos a 30 de junio del año 1998 se sitúe en 1.043.000 toneladas de registro bruto compensadas o, lo que es lo mismo, 118 buques en cartera. ¿Que no es suficiente? Totalmente de acuerdo. Hay que poner en marcha medidas de apoyo a la construcción naval no sólo con la creación de fondos de garantías que cubran los tramos de hipoteca que no cubre en la actualidad en la banca oficial o hay que apoyar medidas fiscales como las que hemos presentado en el Senado para que se tengan en consideración, pendientes todavía de alguna revisión para que se puedan compatibilizar las ayudas a las que allí nos referimos, pero también entendemos que es imprescindible que la Unión Europea sea consciente de la importancia del sector de construcción naval, un sector que por cada peseta que invierte recoge cuatro y un sector que por cada puesto de trabajo directo que aporta es capaz de generar entre cuatro y cinco puestos de trabajo indirectos. Por ello no entendemos algunas prácticas no ya de competencia desleal de los países asiáticos y concretamente de Corea, sino de proteccionismo que se facilitan desde el Fondo Monetario Internacional con la aportación de 57.000 millones de dólares para superar la crisis que estaban teniendo en un momento determinado unos astilleros coreanos, sin la exigencia de ninguna reestructuración ni de capacidades ni de plantillas, mientras quienes cotizamos al Fondo Monetario Internacional estemos haciéndonos cruces para ver cómo solucionamos los problemas que tenemos en este momento no sólo en España, sino en el seno de la Unión Europea.
Señorías, con este conjunto de cuestiones en las que creo que coincidimos los grupos parlamentarios lo que es necesario es llegar a un acuerdo en cuanto a las políticas que debemos de acometer para tratar de solucionar definitivamente un sector que no debería de estar en crisis y que debería de ser productivo cien por cien no sólo para España sino para el conjunto de la Unión Europea. En ese sentido nosotros ofrecemos en nuestra enmienda transaccional al Grupo Parlamentario Mixto, y dentro de él al Bloque Nacionalista Galego, y ante la nueva coyuntura internacional con la devaluación de las monedas a la que ha hecho referencia el representante del Grupo Parlamentario Socialista, la defensa en el seno de la Unión Europea de actuaciones tendentes a evitar la competencia desleal a los astilleros europeos y concretamente a los del Estado español y añadimos: manteniendo la capacidad global máxima autorizada para el conjunto de nuestros astilleros tal y como plantea el Grupo Parlamentario Socialista.


Además, en un cuarto punto, al impulso de medidas administrativas, fiscales y financieras que posibiliten la modernización e incremento de la flota mercante española reduciendo el negativo balance por fletes así como el aumento de la demanda doméstica para nuestros astilleros, tal y como acontece con el resto de los Estados de la Unión Europea. Dado el fracaso del acuerdo OCDE del año 1995 que ratificamos todos los países de la Unión Europea incluido Noruega pero que no ratificó en absoluto Estados Unidos consciente de que debería de continuar aplicando medidas de carácter un tanto proteccionista, de la misma manera que de forma desleal se viene practicando en otros países, habría que modificarlo por uno en el que realmente estemos comprometidos no sólo Japón, Corea, Noruega o los países de la Unión Europea, sino también los Estados Unidos de América. Creo que eso es lo que está demandando en este momento el sector, tanto público como privado, y todos los esfuerzos que se puedan hacer para que desde esta Cámara se apoye, se impulse y sobre todo se respalde al Gobierno en la toma de iniciativas en este sentido harán que empecemos a enderezar una cuestión que se había torcido y que afortunadamente, y aunque en este momento las expectativas sean preocupantes, podamos tener como resultado que nuestros astilleros definitivamente puedan considerarse nuevamente no sólo como los más competitivos sino como los astilleros de mayor y mejor tecnología que tenga Europa, que pueda haber en el mundo, tal y como se ha venido demostrando durante los últimos años.
Nuestra propuesta está hecha y nuestra enmienda inicial está ampliada con la transaccional referida a la Empresa Nacional Bazán y a Astilleros Españoles. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a cualquier cambio que se pueda realizar, pero en todo caso a medidas concretas que desde nuestro punto de vista mejoren la moción presentada por el Bloque, que ya recoge los puntos que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en alguno de sus aspectos y entendemos que es la más global y la que más beneficia en este momento a las iniciativas que queremos recoger.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Rodríguez tiene la palabra para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Teniendo en cuenta nuestra voluntad firme de llegar a un acuerdo, pediría al señor presidente que nos diese un poco más de plazo para matizarlo. En todo caso, si usted no tiene inconveniente, votaríamos las dos mociones juntas, la que está pendiente y ésta, una vez que hayamos llegado a un acuerdo que depende de unos pequeños matices para pulirla.
Nada más. Gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rodríguez, la Presidencia no ve inconveniente en ello, dado que, como ha anunciado al principio del debate de las mociones, la votación de las tres mociones se efectuará al final del debate de la última de ellas, de la tercera. A lo que sí insto a S.S. es a que tan pronto como lleguen a un texto acordado y dispongan de él lo hagan llegar a la Presidencia.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, intervengo simplemente para decir que la posición de nuestro grupo es favorable a la intención de la moción hoy presentada, pero que verdaderamente en las particularidades del texto ya no estamos tan de acuerdo.
Como la intención de mejora de todos los astilleros nos parece buena, nuestro voto sería favorable si se aceptase la transaccional que ha sido presentada por el Grupo Popular, por cuanto dentro de su aspecto más genérico recoge las posibles particularidades que se presentaban en el original.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Evidentemente de nuevo nos vemos hablando del sector naval, tanto de construcción civil como militar, y no sólo porque todos los grupos entendamos que es un sector estratégico, un sector industrial importante que genera empleo y riqueza en las cuencas en las que está instalado, sino porque de nuevo tenemos que analizar una terapia para intentar la solución de los graves problemas de que está aquejado.
Durante estos años hemos estado utilizando una terapia que ha consistido en la aplicación del Plan estratégico de competitividad que suponía que mirásemos hacia dentro de nuestros astilleros para ver qué sistemas de organización, tanto del trabajo como de cartera de pedidos como de política comercial, etcétera, podríamos habilitar para mejorar nuestra cuenta de resultados. Todo esto se ha estado aplicando y no ha dado los resultados previstos. Por tanto, pensamos que es hora ya de tener que mirar hacia fuera, después de haber hecho un análisis interno de cuáles deberían ser nuestros cambios para mejorar nuestra competitividad, nuestra cuenta de resultados; tenemos que mirar hacia el marco de relaciones económicas en el cual se mueve España, que es el marco de la Unión Europea. Pensamos que la Unión Europea es la que debe cambiar su política sobre la construcción naval, sobre todo basada en que, al margen de la política restrictiva que definió en su momento la Unión Europea para la construcción naval de los distintos países miembros, se están moviendo una serie de estrategias en el orden internacional que están perjudicando lógicamente ese escaso margen de negocio que cada país de la Unión Europea nos habíamos otorgado. Es hora ya de que la Unión Europea asuma la responsabilidad de una política de construcción naval más agresiva y menos reduccionista y por eso estamos aplicando una política económica por la que mantenemos una moneda que presume de su fortaleza, lo cual la revaloriza en el mercado internacional, y estamos intentando competir en el mercado con otros grandes productores con monedas devaluadas.
Es un elemento importantísimo para evaluar el nivel de competitividad de las distintas industrias, a la vez, como ya se ha hecho mención, que el de las ayudas extraordinarias que reciben estos países, que nosotros consideramos que ejercen una competencia desleal para con nuestros productos. Por consiguiente, es hora ya de que el Gobierno español presente ante la Unión Europea la exigencia de que a corto plazo se cambie nuestra política sobre construcción naval.
También está claro que este negocio no puede seguir sobreviviendo en estas condiciones sin un importante apoyo institucional, llámese de la Unión Europea, llámese de cada país miembro de la Unión Europea, porque en esos niveles de competitividad les es imposible poder ofertar productos al precio que el propio cliente está reclamando, sobre todo en una serie de inversiones previas que deben hacer para este tipo de negocio, ya que les descapitaliza notablemente. Por tanto, las ayudas públicas son fundamentales y entendemos que los ajustes internos llevados a cabo por la industria naval española deben llegar a su límite final. No podemos seguir pensando que la nueva terapia debería venir acompañada de un nuevo plan estratégico, que recorte aún más nuestra capacidad productiva o reduzca aún más nuestra capacidad generadora de empleo. Debemos recordar que cuando se inició el plan estratégico de competitividad teníamos 10.200 empleos y ahora estamos en 5.800, casi la mitad. Somos reacios a entender que de nuevo tenemos que mirar hacia adentro para volver a dar una vuelta de tuerca sobre la capacidad de empleo de los astilleros, que sería como decir la capacidad operativa en nuestros astilleros, porque hoy por hoy estamos en el mínimo razonable para satisfacer las toneladas de registro bruto que estamos autorizados a fabricar.
La moción hace hincapié en esos dos aspectos fundamentales respecto de los astilleros españoles. Es necesaria una nueva estrategia, como se recoge en el punto 2. En el punto 3 reafirma la necesidad de que este sector requiere nuevas ayudas para continuar funcionando dentro de los márgenes razonables. Por lo tanto, vamos a apoyar la parte referida a los astilleros españoles.
Respecto a Bazán, también coincide con la estrategia que mi grupo parlamentario ha defendiendo a lo largo del tiempo sobre cuál debería ser el modelo a aplicar para la construcción militar, y el modelo no es otro que modificar el plan que actualmente el Gobierno pretende aplicar en estos astilleros para su reconversión. Nosotros pensamos que la estrategia del Gobierno va a

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suponer unos costos elevadísimos y una baja rentabilidad, va a precarizar aún más el empleo en Bazán y elimina la posibilidad de la producción no militar. La estrategia para Bazán debería ser modificar el plan que actualmente el Gobierno tiene diseñado para este astillero. Por eso, apoyaremos la moción en su totalidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Navas.


- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA. (Número de expediente 173/ 000112)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir la siguiente moción, del Grupo Socialista, sobre política general del Gobierno en materia de política agraria.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Amarillo. (Rumores.) Un momento, señor Amarillo. Ya sé que la hora invita a tener un tono familiar en el Congreso, pero rogaría a SS.SS. que ocupen sus escaños, por favor. Señor Llorens, señor Lapuerta, ocupen sus escaños por favor. Muchas gracias. (Pausa.) Cuando quiera, señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.


Salgo a hablar en nombre de mi grupo para defender la moción subsiguiente a la interpelación sobre política agraria de la semana pasada.
La moción se ha estructurado en cuatro puntos y obedece a que la situación actual, tal como ocurrió cuando se hizo la interpelación, de los mercados de las producciones agrarias no admite dilaciones en la toma de medidas. Es más, los factores básicos que determinan en parte los precios finales, tales como la financiación procedente de Bruselas, han empeorado aún en esta semana, empieza a ser enormemente preocupante y empezamos a tener algunos graves problemas. Si desgraciadamente el Gobierno no es capaz de defender la política agraria comunitaria respecto a financiación y vamos a la cofinanciación, hacer la empresa agraria mucho más rentable per se es una necesidad que se agudiza. La necesidad de acceder a unas mayores cotas de rentabilidad es en estos momentos de una urgencia mayor que la semana pasada y probablemente menor que la de la semana que viene.
Y para hacer la empresa agraria rentable debemos actuar en diversos frentes y además podemos hacerlo porque la situación del cuadro macroeconómico influye muy favorablemente para poder tomar las medidas que proponemos. Nunca hemos tenido una tasa de inflación por debajo del 2 por ciento ni tampoco nunca el interés básico del Banco de España ha sido del orden del 3 por ciento. En este marco podemos perfectamente entrar en la disminución de aquellos costes directamente ligados a la producción agraria, como son los costes debidos a los insumos agrarios y como son los propios costes de financiación. A esto se refiere exactamente el punto 1.o

de nuestra moción.
Pero para que la empresa agraria sea rentable no basta disminuir los costes de producción, hay que actuar sobre los precios y sobre los precios actúan todos los países de la Unión Europea. No hay unidad de precios. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) No solamente no hay unidad de precios dentro de los países de la Unión Europea, sino que ni siquiera los hay dentro del propio Estado, lo cual, por otro lado, tiene su lógica.
Las medidas destinadas al mantenimiento de precios tienen que ser medidas de carácter preventivo, no pueden ser medidas de carácter paliativo. Cuando un precio se ha hundido y se acude a él para paliar la situación, siempre las medidas resultan mucho más onerosas, siempre son mucho más difíciles. El Gobierno tiene la posibilidad de actuar sobre los precios de dentro siempre que conozca los calendarios de las producciones, los calendarios de las importaciones, el mecanismo de las exportaciones, porque los operadores que tenemos en el mundo agrario, en la mayoría de los casos, a la vez que compran los productos de dentro, también nos traen el mismo producto de fuera. Este es un caso clarísimo, y tenemos ejemplos numerosísimos. En el mercado de cereales tenemos alguna gran empresa que nos compra el 80 por ciento del maíz que producimos en el interior y que, a la vez, importa prácticamente el otro 20 por ciento de lo que consumimos.
Se dará cuenta la ministra -celebro que esté presente en esta moción; la honra estar aquí- de que si una importación se hace en un momento adecuado, cuando está la recolección, nos podemos encontrar con afluencia de ofertas en el mercado: la producción interior más la que nos viene de fuera. Luego, la organización de los calendarios de importaciones tiene una importancia muy grande a la hora de fijar los precios de dentro. Ésta no es una cuestión baladí, sino una cuestión en la cual se tienen instrumentos para actuar y se debe actuar. Pero no solamente se trata de regular importaciones y exportaciones, sino de favorecer las exportaciones de nuestros productos, lo cual posibilitó al Gobierno socialista, en una situación de convergencia, firmados ya los acuerdos del GATT y, por tanto, con la convergencia entre los precios nacionales y los precios internacionales, mantener los precios de muchas producciones, entre ellas la de cereales.
Pero no se puede intentar arbitrar las partidas de exportación de manera paliativa. El Gobierno tiene que conocer con suficiente antelación cuándo vamos a tener problemas de precios y tiene que adelantarse y conseguir para esas fechas las autorizaciones de las partidas necesarias en los productos correspondientes en cada momento, con el fin de poder exportar y hacer que la demanda esté más equilibrada en relación a laoferta y, sobre todo, que la oferta no sature los mercados

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interiores, por lo cual nos viene siempre la debacle de precios.
En tercer lugar, señora ministra, señores del Partido Popular y señorías en general, en esta cuestión hay que tener muy en cuenta que la rigidez de los mercados en destino se contrapone con una elasticidad enorme de los mercados en origen, con lo cual el mercado no funciona; es decir, las bajadas de precios en origen tienen que ser trasladadas a los mercados en destino, con el fin de que el mercado pueda funcionar y la oferta y la demanda se puedan ajustar.
Precisamente de esto trata nuestra moción en su punto 2.o, cuando hablamos de impulsar el conjunto de medidas que permitan la elevación de los precios agrarios.
En el punto 3.o de la moción proponemos que se utilice un instrumento que precisamente pusieron en marcha con una gran eficacia ministros socialistas anteriores y que incluso se puso en marcha a niveles territoriales: que utilicemos toda la legislación que tenemos de contratación de precios agrarios, porque con eso conseguimos muchas cosas. Además, estamos en una situación macroeconómica ideal, ya que así ponemos en contacto a productores con el resto de la cadena, bien sean distribuidores, bien sea la industria agraria transformadora, teniendo en cuenta que normalmente la industria agraria transformadora demanda garantías para su circulante y circulante a intereses muy bajos -en este caso podía ser a intereses cero- y como contrapartida es capaz de comprar a unos precios determinados, lo suficientemente atractivos para mantener, por un lado, las rentas de los agricultores y, por otro lado, los objetivos de competitividad de la industria. Por tanto, este mecanismo favorece a las partes, incluso de manera indirecta -no aprovechando el marco legal vigente- viene a ser una relación contractual la que figura en amplios sectores; por ejemplo, en el cultivo del tomate, entre el tomate concentrado y la industria de transformación. Se trata de un mecanismo de concertación, lo que pasa es que en este caso se hace por subvención de Bruselas vía mantenimiento de precios y podríamos decir lo mismo del sector azucarero. Hay mucho ejemplos, porque también en la industria de la carne se ha utilizado con muchísima eficacia, y le puedo decir que con cantidades relativamente modestas de dinero se pueden mover otras muy superiores.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, vaya concluyendo, por favor.


El señor AMARILLO DOBLADO: Sí, señor presidente.
El punto 4.o trata de resolver un problema que no entendemos cómo no fue apoyado cuando tuvimos el debate presupuestario, la situación del porcino. La situación del porcino no admite dilación alguna, hay que tomar medidas urgentes como las que proponemos, pero no se trata sólo de regular la oferta y la demanda.
Señora ministra, aprovechando que está aquí, le advertimos solemnemente que no cometa el mismo error que acaba de cometer en el Senado con relación al olivar; no lo cometa. Si tenemos que disminuir olivar, lo disminuiremos en toda la Unión Europea a la vez; no permita que aquí disminuyamos olivar y, sin embargo, se esté poniendo en Grecia, en Portugal, porque perdemos nuestra posición relativa.
Pues en el sector ganadero del porcino no cometa este error. Si tenemos que disminuir cabaña de porcino, que seguramente la tendremos que reducir, no se preste a la maniobra de las integradoras, que son las que están diciendo que disminuyamos de manera unilateral; haga caso al sector en su globalidad y defienda la posición relativa que tenemos en España respecto al porcino. Eso equivale a que cualquier medida de reducción ganadera se tome globalmente en todos los países de la Unión y nunca se haga de manera unilateral.
Por otro lado, no solamente es cuestión de oferta y demanda, es cuestión de concertación con el resto de los sectores, con el matadero, con el sector de la carne, con el sector de la distribución. Es también cuestión de mantener una política medioambiental, y ahora tenemos la ocasión de resolver el problema de los purines, que es enormemente importante y que se nos viene encima.
Ustedes rechazaron 2.000 millones de pesetas inexplicablemente; con 1.000 millones de pesetas se puede mover en circulante 25.000 millones y en subvenciones otro tanto. Es decir, aunque el plan del porcino va a costar más de 2.000 millones, debe costar bastante más, sin embargo para empezar era una cantidad importante.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya ya, señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Termino inmediatamente, señor presidente, no quiero abusar de su amabilidad.


Quiero decir también que me preocupan muchísimo algunos otros grupos, y lo voy a decir claramente. Me preocupa mucho que un grupo como Convergència i Unió, que tiene una provincia como Lérida, con 203 unidades por kilómetro cuadrado, a la cabeza del país, haya votado con el Gobierno y mucho me temo que vaya a votar en contra de esta moción, a la que ha presentado una enmienda que por supuesto rechazamos. Ya lo va a tener muy difícil la ministra Loyola de Palacio cuando vaya a Segovia y en Fuentepelayo, Sancho Nuño o Carbonero el Mayor, tenga que explicar a los porcicultores por qué dijo que no y por qué probablemente vuelve a decir que no ahora, lo va a tener muy difícil. Y creo que ustedes, señores de Convergència i Unió, también lo van a tener muy difícil, lo van a tener imposible.
Dicen ustedes -y con esto termino- que buscan el centro. Claro es que sólo busca el centro aquel que está descentrado; si no se está descentrado, no se puede buscar el centro, pero es bueno que quien esté descentrado

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trate de centrarse, es una cosa buena. En algunos casos nos cuesta mucho creerlo y nos parece que va a ser casi imposible. Ojalá se centren ustedes, pero para ello sería bueno que hicieran ejercicios de credibilidad. Entiendo que éste es un modesto paso de credibilidad, pero sería un modesto paso que ustedes nos aprobasen la moción que hemos presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Amarillo.
A esta moción han presentado enmiendas los grupos de Izquierda Unida, Coalición Canaria y Catalán de Convergència i Unió.
Para la defensa de las enmiendas de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, intervengo para explicar la postura del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la moción que se ha derivado del debate celebrado hace dos semanas sobre política agraria y también para defender la enmienda que nuestro grupo ha presentado a esta moción.
Hace dos semanas ya dijimos en el debate que era necesario despejar con la moción la incertidumbre que tiene el sector agrario y que está plenamente justificada porque los agricultores y los ganaderos saben claramente que las intenciones de la mayoría de los países de la Unión Europea no son precisamente alentadoras para nuestro campo. Se nos dijo que la integración en el euro era la llegada al paraíso, el principio del fin de nuestros problemas. Sin embargo, se nos han exigido sacrificios, pero a la hora de la verdad se empieza a confirmar que la entrada en el euro no es sino el inicio de más sacrificios y de más problemas.
Es evidente, señorías, que ustedes no lo van a reconocer, pero la realidad es que se está intentando construir una Europa de espaldas, cuando no frente a los intereses de los países mediterráneos, de los países del sur. Y digo esto no desde la retórica ni desde las frases hechas, sino respondiendo a la realidad y a la evidencia de las cifras y de los planteamientos que se están abriendo camino en la Unión Europea. La realidad es que estamos ante un intento de reforma de la agricultura y de la ganadería europea que se está haciendo en función de la ampliación hacia los países del este y del centro de Europa, y todo esto, señorías, provoca preocupación, cuando no incertidumbre en nuestro sector agrario. Y debe ser nuestra obligación en este Parlamento instar al Gobierno a que dé confianza, despeje incertidumbres y, en definitiva, asuma su responsabilidad con respecto a nuestra agricultura y nuestra ganadería. Por eso la iniciativa que se presenta, junto con otras que tendremos que discutir en el futuro, pueden y deben ser instrumentos útiles para que el Gobierno tenga el respaldo suficiente para plantar cara a los intereses contrarios a nuestro país.
Pero parece que el Partido Popular y el Gobierno no están buscando el consenso ni los apoyos necesarios no solamente políticos, sino también sociales, y ahí están las movilizaciones que lo evidencian. Ustedes siguen pensando aquello de que la realidad no debe estropearles un buen titular.
Rechazando, como ustedes están haciendo, iniciativas como la que hoy se discute aquí, se seguirá teniendo en el sector la impresión, totalmente fundada desde nuestro punto de vista, de que la agricultura y la ganadería son las asignaturas olvidadas de este Gobierno, que no tiene en cuenta sus problemas porque no aporta soluciones y no está dispuesto a dar el empuje necesario para resolver situaciones problemáticas.
Pero no podrán esperar mucho más tiempo, porque la realidad es que los acontecimientos se precipitan y, en la medida en que se está intentando desarrollar una política agraria, es necesaria la máxima unidad social, pero también la máxima unidad política. Y ustedes, repito, siguen sin propiciar esa unidad y siguen, por el contrario, dando la espalda a los esfuerzos que nuestro grupo y otros hacen para encontrar cauces de participación y de consenso, de manera que entre todos podamos afrontar los problemas que tiene este sector tan importante para la economía nacional.
La realidad es que ustedes pueden estar de acuerdo o no con las enmiendas aquí presentadas, pero el no presentar enmiendas y el no intentar buscar acuerdos es la mayor evidencia de su falta de voluntad de consenso y de que ustedes están dispuestos simplemente a decir que no sin presentar alternativas ni intentar siquiera propiciar acuerdos, como les correspondería como grupo mayoritario de esta Cámara. En Izquierda Unida entendemos -lo hemos venido defendiendo en todas las intervenciones- que es necesario un cambio de política agraria que parta de una mayor preocupación por el conjunto de las explotaciones, y no sólo de las grandes, como está ocurriendo en la actualidad; una política que frene las reconversiones incontroladas que se están produciendo y que, en definitiva, no deje indefensas a cientos de familias que sólo saben y sólo pueden vivir del campo.
Pero en Izquierda Unida estamos también convencidos sobre todo de que es necesario situar los problemas agrarios como cuestiones de Estado o, mejor dicho, de interés general, porque lo que nos estamos jugando no es un punto más o menos de la economía, sino el futuro de miles de personas, el futuro de nuestra economía dependiente de la agricultura. Por eso repetimos una vez más que rechazamos rotundamente la llamada Agenda 2000 tal y como está diseñada en la actualidad, porque repetimos nuevamente que entendemos que sigue situando a unos sectores agrarios por encima de otros, en perjuicio de los sectores llamados mediterráneos, y también porque sigue repartiendo el dinero injustamente, beneficiando a ese 20 por ciento de agricultores y ganaderos que reciben el 75 por ciento de las ayudas.
Por tanto, vamos a seguir defendiendo la necesidad de cambiar esa dinámica, vamos a seguir hablando de la necesidad de construir una agricultura que efectivamente necesita ayuda europea, pero ayuda que debe ir

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siempre modulada en función del empleo que se vaya creando, porque nosotros pensamos que el empleo es el factor básico a la hora de concretar la política agraria europea.
Por todo ello, es necesario que los consumidores sepan que en estos momentos el sector agrario lo está pasando mal, porque hay unos precios descendiendo de forma estrepitosa, pero ese descenso no está repercutiendo precisamente en el bolsillo de los consumidores.
Evidentemente, hay que aumentar el consumo, pero hay que aumentarlo trasladando ese descenso de los precios también al descenso final del producto, porque los precios no están bajando por casualidad, no están bajando fruto de catástrofes naturales, sino que están bajando fruto de eso que todos llaman globalización de la economía, y aquí quiero hacer una llamada de atención, porque lo que está ocurriendo en el sector porcino puede ocurrir en el sector del olivar, y hay que recordar que el comisario Fischler ponía no hace mucho el ejemplo del porcino como elemento a imitar en el almacenamiento privado del aceite. Evidentemente, el tiempo no le ha dado la razón sino que, por el contrario, se la ha quitado. En este momento los aceituneros están muy preocupados porque el futuro del porcino puede ser en un plazo no muy largo el futuro del aceite, porque lo que se ha demostrado es que el mercado no frena la especulación, al contrario, la fomenta, y sólo la intervención pública puede servir de freno a la especulación.
También proponemos que desde la Unión Europea se tomen medidas para mejorar el consumo de Rusia. Con esto estamos planteando un problema que no sólo repercute en nuestro país, sino que estamos planteando el problema de un sistema que propicia la especulación, que está castigando a millones de personas a la miseria y al hambre, porque al final la repercusión de la crisis rusa estamos viendo cómo la acaban pagando no sólo los habitantes de Rusia (aunque de forma fundamental) sino también los ganaderos españoles.
Creo, por tanto, que nuestra enmienda enriquece la iniciativa presentada y esperamos que sea asumida. Queremos resaltar sobre todo que más allá del texto literal de nuestra enmienda lo que intentamos es alcanzar acuerdos unitarios. Por eso una vez más reprochamos al Partido Popular que no haya hecho ningún esfuerzo, que no haya mostrado ninguna voluntad para alcanzar esos acuerdos. Hemos estado siempre dispuestos a perfeccionar iniciativas, hemos estado siempre dispuestos a alcanzar acuerdos, pero lamentamos que el Partido Popular no haya presentado ni una enmienda, no haya hecho el esfuerzo para mostrar su alternativa si no está de acuerdo con la propuesta aquí presentada. Nosotros siempre estaremos dispuestos al acuerdo y al consenso. Por eso creemos que el portavoz del Partido Popular debe explicar aquí los motivos que le han llevado a ni siquiera hacer ese último esfuerzo, porque evidentemente ustedes tendrán que explicar en esta Cámara por qué rechazan la iniciativa sin ni siquiera intentar enmendarla, pero sobre todo tendrán que explicarlo en la calle, en el campo español y a toda la sociedad española, una sociedad que cada vez es más consciente de que la agricultura no es sólo un patrimonio de los agricultores, sino que es patrimonio de todo el Estado, por eso en la responsabilidad que tendrán que asumir tendrán que dar cuenta de ello. Esperemos que en el futuro lo que hoy es un desprecio se convierta en una voluntad de consenso.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Centella.
Para defender las enmiendas de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, mi grupo ha presentado a esta moción consecuencia de la interpelación urgente que hizo en el Pleno pasado el Grupo Parlamentario Socialista cuatro enmiendas, y digo cuatro por poner un número prudente a las mismas, dado que nos ha llamado poderosamente la atención, desde un punto de vista negativo, cómo se puede traer una moción, sobre política general del Gobierno en materia agraria, tan esquemática, tan reducida y tan pobre conceptualmente con la amplitud, la complejidad y la dificultad que tiene la política en materia agraria en cualquier país, máxime en uno como es España.
Esto es una especie de totum revolutum de teorías, de precios, de rentas en economía agraria general, dividido por un ecuador en que se termina de hablar de estos aspectos econométricos para entrar en el tema del porcino. Hubiera sido mejor una sistemática, una moción consecuencia de interpelación sobre una crisis determinada, si se quiere sobre el porcino.
Empecemos con nuestras enmiendas, porque la primera propone la supresión lisa y llana del apartado 1.o, que dice que se cree un marco legislativo, dentro de la PAC actual, que posibilite una disminución de los costes de la producción agraria; ¿pero cuáles, los de los inputs; los que están derivados en fertilizantes o en productos derivados del petróleo, con el precio que tiene en este momento el barril? ¿Qué tiene que ver esto con una disminución de costes de la producción agraria, que hoy día está en el concepto de la gestión y la gerencia empresarial? Porque ya puede tener cualquier Gobierno una política de ayudas en este sistema de disminución de costes, que no se cuales serán los competentes del Gobierno, que si hay una mala gerencia empresarial aquella empresa, a pesar de todos los balones de oxígeno que se le den, será permanentemente una ruina.
Hemos presentado otra enmienda al punto 2.o en el que se dice: Impulsar aquel conjunto de medidas que permitan una elevación de los precios agrarios. O sea, aquí no nos preocupa para nada el IPC ni un recalentamiento de este IPC vía precios agrarios. Todos sabemos el efecto inflacionista que tiene una política de precios

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agrarios y la repercusión en el IPC si esto se dice así lisa y llanamente. Se debe explicar qué se quiere hacer con una elevación de los precios agrarios, porque si no es pura demagogia y pura irresponsabilidad en una política de control del IPC, teniendo en cuenta que estamos obligados ahora por la convergencia de la Unión Europea.
Hemos presentado otra enmienda dirigida a la supresión del apartado C) del punto 4.o sobre la retirada de lechones. No tiene sentido que aparezca en una moción un punto que diga: retirada de lechones.
Cuando los organismos competentes de la Unión Europea están regulando incluso la disminución al 50 por ciento de las ayudas para que al menos haya una actuación paliativa dentro del marco de la Unión Europea con la reducción de las exportaciones, resulta que aquí no se habla para nada de esto, se habla de un sector del porcino español como si fuera totalmente homogéneo y como si las razas ibéricas fueran lo mismo que las razas blancas para consumo en fresco.
Esto exige un rigor al menos del calibre de un partido que ha tenido una responsabilidad de Gobierno, que no está formado por aprendices de redacción de medidas alternativas a las del Gobierno sobre política agraria.
Igualmente hemos presentado una enmienda al apartado final, el E), del punto 4.o, donde se habla de potenciar el asociacionismo del sector favoreciendo un movimiento cooperativo, autónomo, independiente de las grandes integradoras que ahora operan en el sector. ¿Qué significa esto en la armonía de una economía libre de mercado, que estamos en contra de las grandes integradoras que operan en el sector, que vamos a redefinir el cooperativismo agrario? Tenemos en trámite en la Cámara un proyecto de ley de cooperativas que ha mandado el Gobierno. Dígase ahí si se quiere mejorar el funcionamiento, estructura y protección jurídica de las cooperativas agrarias en este momento, pero si todo eso se lleva a un foro, como dice el punto 4º en su apartado A), de crear una mesa de negociación constituida por OPAS, organizaciones cooperativas, sectores de distribución de industrias cárnicas, esto, tal como es la estructura del sector del porcino en España, requiere un auditorio, una mesa de dimensiones inconmensurables para poder sentar a todos los que tengan algo que decir sobre el sector del porcino en España.
Hemos presentado, señor presidente, estas enmiendas, pero no con un hábito corrector de lo que nos parece incorregible en esta moción, nada más y nada menos que sobre política general en materia agraria.
Nuestra posición se queda reducida a esto, a algo que no vemos viable en el apartado 1.o que he señalado sobre costes de producción agraria, precios agrarios, para no hablar para nada aquí de una renta relacionada con un equilibrio en lo que es la conducción de los precios y del IPC en este país. Dicho esto, de pronto aparece el sector porcino como si no hubiera nada más en política general agraria en este país que ordenar aquí la supresión del censo de la retirada de lechones.
Por estas razones, señor presidente, mantenemos nuestras enmiendas dentro de la imposibilidad de mejorar este texto de la moción.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores diputados, he estado escuchando con atención la intervención del diputado señor Amarillo, y desde luego buena voluntad no le falta. En el diagnóstico seguramente podríamos estar de acuerdo, aunque tenemos importantes discrepancias en lo que se refiere al tratamiento del problema que sí existe.
El sector ganadero y el sector agrario sufren, a nuestro entender, una disfunción, que se va agravando con el paso del tiempo. Queremos un sector productivo, que sea capaz de competir en el mercado mundial, y por lo tanto la apertura que la Agenda 2000 propone no es más que un adelanto de las conclusiones de la próxima cumbre de la Organización Mundial del Comercio de Singapur. Pero el problema se inicia cuando en el proceso de liberalización de la economía agraria sometemos la agricultura europea a un proceso intervencionista con unos costos de producción y unas exigencias medioambientales y sociales que no tienen nuestros más directos competidores, situación que se ve agravada por la disparidad de las estructuras productivas, que dificultan enormemente nuestra capacidad de competir.
La moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista tiene dos grandes apartados: el primero, que hace referencia a la agricultura en general, que propone que ésta sea más competitiva intentando una disminución de los costes; y en el punto siguiente habla de impulsar medidas que permitan la elevación de los precios agrarios, y por tanto el incremento de las rentas, en cuyo tema entraré más tarde. Y una segunda parte, básicamente el punto 4, en la que se pide un plan de reconversión del sector porcino.
Por lo que se refiere al punto 1, que se refiere al establecimiento de un marco legislativo adecuado, que permita la disminución de los costes de la producción agraria, en teoría estaríamos de acuerdo en buscar un mecanismo para que todos pudiésemos producir cada vez más barato, lo que eso nos permitiría ser más competitivos. No obstante, la propuesta, si me lo permiten, tiene un poco de trampa en el mejor sentido de la palabra, y ésta es su falta de concreción. Yo creo que la propuesta tiene que ser mucho más concreta.
La pregunta inmediata es la siguiente: ¿qué se entiende por costes de producción? ¿Los estrictos costes relacionados con la producción agraria o también los costes asociados como pueden ser la fiscalidad, los costes sociales, los costes energéticos?

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Por lo que hace referencia a los primeros, los costes de los productos sanitarios, de los abonos, de los medicamentos, de los piensos, esos oscilan en función de la evolución del mercado. Si lo que se pide en la moción es la intervención del mercado, hay que decirlo de forma clara, ya que aparte de ser enormemente caro podría estar en contra de la propia normativa comunitaria.


Si nos centramos en lo que el Estado tiene competencia más directa, podríamos hablar de una disminución de los costes asociados, como puede ser la fiscalidad, los impuestos sobre carburantes, las cuotas de la Seguridad Social, etcétera.
En todo caso, si la moción va en esa línea, sería bueno que la propuesta fuese mucho más concreta, y se dijese qué tipo de impuestos hay que rebajar en el campo. Si analizamos las propuestas del punto número 1 y del punto número 2 conjuntamente, si bien es bueno para el sector intentar producir más barato, ser más competitivos, evidentemente rebajando los costes, me cuesta entender cómo es posible atender a las dos propuestas a la vez.
Vamos a poner un ejemplo para que así quizá se entienda de una forma más clara. Se intenta que la producción de cereales se realice con los mínimos costes para que sea más competitivo y a la vez se pretende elevar el precio del cereal al máximo en el mercado. Si lográsemos esto, solucionaríamos de una forma artificial el problema del productor de cereales: producir con los mínimos costes y vender lo más caro posible.
Pero, ¿qué pasará con el sector ganadero? Esta política si se pudiese realizar conllevaría el encarecimiento de los costes productivos de ese sector, que está absolutamente en contra de lo que propone el punto 1 de su propia moción. ¿Qué consideración tiene para el Grupo Socialista los cereales? ¿Son producción agraria o son coste de producción? En la ganadería son costes de producción. Si los ponemos caros, lo que hacemos es ir en contra del primer punto de su propia moción.
La propuesta número 2 dice textualmente: Impulsar un conjunto de medidas que permita la elevación de los precios agrarios. Si no es en base a un intervencionismo por parte del Estado, que no es posible en esos momentos, la pregunta es ¿mediante la aplicación de qué tipo de fórmula mágica se logra en un mercado abierto que los productos suban o bajen el precio? ¿Cómo se puede hacer que los productos suban o bajen si no es a través de una intervención que no es posible en el momento en que vivimos? En cuanto al apartado 4 de la moción, como punto previo al que haría referencia al sector porcino, se tendría que lograr un acuerdo unánime del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en el sentido de reconocer a los Estados miembros la capacidad de dotarse de planes de reconversión. Seguramente ese acuerdo no resolvería los posibles problemas de descompensación económica entre unos Estados y otros, ya que, como es lógico, los más poderosos tendrían siempre más posibilidades de financiar con sus propios recursos al propio sector. Estaríamos a favor de la regulación de un plan de reconversión del sector porcino. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista. Por ejemplo, en la letra a), en relación con la mesa de negociación, esas mesas sólo funcionan cuando la composición es representativa de los sectores de la producción, transformación y comercialización. En el texto no se habla de los integradores. Y en algunas zonas del Estado español el peso de ese sector es importantísimo y no se puede hacer nada sin contar, como mínimo, con su presencia en las mesas de negociación.
Por lo que se refiere a la letra b), al almacenamiento, creo que en este momento se están llevando a cabo algunas acciones, quizá no con el éxito que cabría esperar.
La letra c), sobre el sector porcino, podía ser una de las posibilidades. Puede ser interesante siempre que haya un verdadero compromiso entre los Estados miembros. No obstante, a medio plazo esos efectos pueden ser muy insignificantes, debido a la mundialización de este mercado. La retirada de los lechones podía ser también una buena medida de choque. De hecho ya la presentó la representación española en la Comisión con escaso éxito. El planteamiento era similar a la prima «Herodes» para los terneros, pero también se ha demostrado tener un bajo nivel de incidencia como medida correctora en las tendencias de mercado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Companys, le ruego concluya, por favor.


El señor COMPANYS SANFELIU: Termino rápidamente, señor presidente.
La propuesta que formula el Grupo Parlamentario Socialista en la letra d) tiene muchos puntos en común con el programa francés stubby pork, que en el año 1994 fue declarado contrario al derecho comunitario y que consistía en la concesión de créditos a bajo interés para financiar el capital circulante para devolverlo al finalizar la crisis.
Por todos estos motivos no podemos votar favorablemente la moción, no porque no estemos de acuerdo con el problema que en algunos casos existe, sino porque entendemos que las soluciones que se proponen no son las más adecuadas. Le aseguro que cuando digo que no son las más adecuadas utilizo el adjetivo más suave que en este momento encuentro.
En contrapartida, con una clara voluntad de hacer una aportación al sector porcino hemos presentado una enmienda de sustitución. La aprobación de la misma estoy seguro que supondría una importante inyección de oxígeno al sector y sobre todo un acto de justicia. El sistema de módulos se aprobó como un mecanismo fiscal de fácil aplicación para el sector. De hecho consiste en un mecanismo donde al ganadero se le estiman unos beneficios en función de unos parámetros y paga sin tener presente la cuenta de resultados. El legislador en su momento ya puso unas cláusulas de salvaguarda

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para los casos extraordinarios. Así se hizo con las patatas hace dos años, con el problema de la mosca del olivo el año pasado. Como todos sabemos que este año y seguramente el próximo el sector está pasando y va a pasar por una situación muy difícil, lo lógico es que no podemos obligar a los agricultores, al sector porcino, a que pague unos beneficios que no han tenido u obligarles a pasarse al sistema de contabilidad. Por este motivo nuestro grupo parlamentario ha presentado esa enmienda de sustitución con la siguiente redacción: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir los índices de rendimiento neto de 1998 correspondientes a la actividad ganadera de explotación de ganado porcino de carne y a la de explotación de ganado porcino de cría que se han visto afectadas por la crisis de precios comunitaria.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Companys.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran participar en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente intervengo en nombre de Unión Valenciana para aportar algún tipo de ideas a este debate, desde la premisa básica de que creo en el ánimo constructivo de todas las iniciativas que se presentan en esta Cámara, con más o menos acierto, pero siempre con el espíritu constructivo y de preocupación por los problemas que afectan a la agricultura, sobre todo, a una rama muy importante de la agricultura y ganadería, como es el sector porcino. Con esta intencionalidad valoro esta iniciativa que de buena fe y con ánimo constructivo ha presentado el Grupo Socialista, aunque hay muchos puntos de la misma muy desacertados que creo que se mejoran en algunas de las enmiendas que se han presentado.
Muy brevemente para manifestar la posición de Unión Valenciana, que creo que es la unánime de esta Cámara, de que todos queremos garantizar unos niveles de renta agraria que permita a los agricultores obtener la misma en los máximos parámetros de dignidad y que vaya aumentando día a día esa rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas para paliar y acabar con el continuo descenso de esa renta en los últimos años.
Por tanto, todo lo que sea emprender iniciativas para disminuir los costes de la producción agraria y, al mismo tiempo, todo aquello que permita que nuestros agricultores reciban unos mayores precios agrarios, siempre va a ser el objetivo de todos los grupos de esta Cámara, y estoy convencido que del propio Ministerio y de todos los interlocutores que participan en la gestión de la materia de agricultura y ganadería.
Voy a incidir en el tema del sector porcino. Hay una grave crisis que afecta a los productores del sector porcino de nuestro Estado de una manera muy importante concentrado en diversas comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana. Por ello es muy oportuna la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán, porque creo que aliviaría o paliaría los graves efectos que sobre los productores del sector porcino está produciendo esta caída de precios y estos graves problemas a nivel internacional que están sufriendo en sus propias carnes. Por eso creo que es muy oportuno que haya aportado a este debate esa iniciativa tan clara y tan concreta que tanto va a beneficiar a los ganaderos, como es la reforma de la fiscalidad, que es uno de los puntos más importantes en los que se debería incidir antes de que acabe el año 1998. Con esa reforma de los módulos de alguna manera podrán verse beneficiados los ganaderos para que en el año 1998 no tengan que sufrir una fiscalidad en unos rendimientos que no van a obtener. Por tanto, creo que es muy oportuna la reflexión y el planteamiento del Grupo Catalán.
En segundo lugar, creo que se podrían abrir vías para el fomento del consumo. La Unión Europea podría hacerse cargo de alguno de los excedentes que existen para mandarlos a países como Rusia, con graves problemas humanitarios, y sobre todo a Centroamérica, a fin de paliar esa caída de las ventas, ya que los ganaderos han visto mermados sus ingresos de una manera muy importante.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente,.


Permítame, señor portavoz del Grupo Socialista, que le recuerde las palabras de este portavoz hace quince días cuando presentó la interpelación. Cuando nos amenazó, más que anunciar, que traería como consecuencia una moción modestamente le anticipé que si las premisas de las que partía eran inciertas la conclusión debería ser inadecuada.
Señor presidente, señorías, este portavoz, en parte por la gripe y en parte porque tampoco se han explicado aquí mejor las cuestiones, todavía no se ha enterado de lo que pide el Grupo Socialista en la moción consecuencia de la interpelación.
Hay un totum revolutum, como ha señalado el portavoz del Coalición Canaria, en donde parte de una serie de situaciones generales de la economía, de precios de venta, de costes de producción, y al final nos acaba hablando sobre el porcino.
Señor Amarillo, entendemos que las cuestiones hay que plantearlas con más profundidad y no con este galimatías. Dentro de lo que se pueda hacer -y se está haciendo bastante- S.S. sabe que persisten y continú an

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los apoyos públicos a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, por señalarle una cuestión. Su señoría también sabe que en estos momentos estamos asistiendo a una constante y sensible disminución del precio del dinero gracias a la política económica de este Gobierno. Pues bien, el descenso generalizado de los tipos de interés está produciendo una reducción de los costes financieros. ¿Se refería a eso S.S. cuando hablaba en la moción de los costes de producción? Los costes financieros que tienen que soportar agricultores y ganaderos en sus nuevas inversiones o simplemente en la cuenta de explotación son muy inferiores cuando el coste del dinero es el que es y está a los niveles que está.
Tampoco hay que olvidar la importante repercusión que la economía de las explotaciones agrícolas y ganaderas está teniendo en las mejoras establecidas en la fiscalidad agraria que van -y lo sabe S.S.- desde los impuestos sobre transmisiones, al mejor tratamiento en el régimen de estimación objetiva con la deducción por amortizaciones, la reducción del rendimiento neto en un 15 por ciento, la inclusión de actividades agrarias forestales, etcétera. No vamos a repasar aquí las múltiples medidas que sobre la materia se han tomado y se siguen tomando y que inciden de una manera favorable en la cuenta de explotación.
El Grupo Socialista también sabe, y si no se lo recordamos modestamente, que el Ministerio de Agricultura ha articulado una serie de incentivos al hablar de la cuestión de la Ley de contratos; no es sólo la Ley de contratos, señor Amarillo, es que el Ministerio de Agricultura, repito, ha articulado una serie de incentivos del régimen contractual, existiendo en la actualidad -y lo sabe S.S.- una línea de financiación para las industrias transformadoras y comerciales de productos con contrato- tipo homologado. Existe una línea muy clara de fomento y desarrollo de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y en la actualidad ya hay más de 40 productos y sectores con contratos homologados por el Ministerio de Agricultura. Podríamos seguir dando tantas y tantas normas que encajarían en eso que piden SS.SS. en los tres primeros puntos.
Nos dice el señor Centella, de Izquierda Unida, que despreciamos las propuestas de los demás porque no presentamos enmiendas. Señor Centella, cuando yo no entiendo una cosa no sé cómo se enmienda y es que ustedes se agarran a un clavo ardiendo y cuando propone algo el Partido Socialista van detrás sin preguntar qué. Dígame en qué consisten sus propuestas que tampoco me he enterado; le aseguro que la gripe me merma facultades pero no hasta ese extremo.
Lo que plantea el PSOE es impresentable, porque entendemos que es el modelo puro y duro de un intervencionismo que en este momento no sólo no es conveniente sino que, afortunadamente, es inviable y la normativa europea así lo dice.
Algún portavoz se ha referido a la buena fe. Señor Amarillo, no es demasiada buena fe tirar el puntazo de decir que en el Senado se ha propuesto la prohibición de plantaciones nuevas de olivar durante el período transitorio en que dura la OCM del olivar. Eso es lo que pide la Junta de Andalucía, así como el Grupo Socialista del Congreso en una proposición no de ley que está presentada en la Cámara. Es decir, puesto que estamos de acuerdo, somos consecuentes en tomar una medida. No sé por qué a la hora de tomarla ustedes se salen fuera y encima dicen -de una manera un tanto desahogada- que la ministra lo va a tener difícil en Segovia. No sé la señora ministra cómo lo tendrá en Segovia, si fácil o difícil. Yo entiendo que bastante fácil porque lo que aquí rechazamos -y anuncio el voto negativo a la moción que el Grupo Socialista nos presenta- son unas propuestas absolutamente inviables, irrealizables y sin ninguna concreción. Repito, es el paradigma del intervencionismo que va contra la normativa de la Unión Europea y entendemos que lo que se piden son ayudas directas absolutamente incompatibles con la normativa comunitaria. Por el contrario, alentamos al Gobierno a que siga propulsando ese marco económico y social que es el que de verdad está haciendo que progrese el mundo rural.
Finalmente, señor presidente, porque ya se me ha acabado el tiempo, quisiera anunciar al señor Amarillo y a la Cámara que esta tarde ese diálogo que solicitan se ha dado y en profundidad. Los afectados gravemente con el tema del porcino -no se puede venir aquí a hacer demagogia y llorar con los malos de otros- se han reunido con las autoridades del Ministerio de Agricultura y ha habido importantes acuerdos que nos satisfacen a todos; a mi grupo desde luego le satisface plenamente que se haya abierto un diálogo amplio, profundo y fecundo, puesto que se han conseguido importantes reducciones en los módulos, ha habido un principio de acuerdo sobre unos aplazamientos de distinto signo en las cotizaciones sociales, créditos especiales a muy largo plazo a un interés muy bajo en materia medioambiental, en materia de sanidad animal, es decir, en ayudas compatibles, no en ayudas directas que son absolutamente incompatibles con la normativa europea. Además, se ha dejado la puerta abierta al diálogo para nuevas reuniones. Este Gobierno sí habla con los profesionales del campo. Este Gobierno sí llega a acuerdos con los profesionales de la agricultura y la ganadería y por ese camino nos vamos entendiendo; por el que propone la moción, entendemos que no y todavía, señor Amarillo, está a tiempo de retirarla.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.- El señor Amarillo Doblado pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Madero.
Señor Amarillo, sabe que es a los solos efectos de señalar qué enmiendas acepta S.S.


El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.


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Para no haber entendido el portavoz del Grupo Popular nada, ¿cómo la califica de puro intervencionismo?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, aténgase a las enmiendas.


El señor AMARILLO DOBLADO: Empezaré, en primer lugar, con la enmienda del señor Mardones, de Coalición Canaria. Quería hacer una reflexión desde la suavidad. No todo lo que no se entiende es incierto. A veces conviene tener una cierta dosis de humildad.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, le ruego que, dado lo avanzado de la hora, abrevie y señale qué acepta y qué no acepta.


El señor AMARILLO DOBLADO: La enmienda número uno la justificación que nos da es que se suprima porque nos dice: La disminución de los costes de producción agraria pasa por una economía de libre mercado y por una eficiente gestión empresarial. Eso es lo que nos dice Coalición Canaria. Con ese criterio tenemos que decirle que no, entre otras cosas porque sobraría todo. Si todo es cuestión de la eficacia de los empresarios y del libre juego del mercado, entonces sobraría el Gobierno en su conjunto.
También tenemos que decir que no a la enmienda número dos. En ella se dice: Impulsa y favorece en su conjunto medidas que permitan mantener las rentas agrarias. Eso es lo que usted da como alternativa, y dice que lo nuestro es genérico. Su párrafo es mucho más genérico, pero la justificación tiene también su intríngulis. Dice: La elevación de los precios agrarios, tal como se propone en la moción, comportaría efectos inflacionistas. Lo que ocurre es todo lo contrario, que la rigidez que tenemos...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Amarillo, abrevie, por favor.


El señor AMARILLO DOBLADO: Termino inmediatamente, señor presidente.
La rigidez que tenemos no se transmite al mercado, por lo tanto, es el mercado el que no funciona.
La enmienda número tres es la de la supresión de lechones. Insistimos en el tema de los lechones porque sin disminuir la cabaña porcina, sin disminuir madre y mantener nuestra misma posición relativa es la única manera de evitar que de aquí a cinco o seis meses tengamos una alta producción en el mercado. Retirando lechones, se regulan precios y, sin embargo, no disminuye la cabaña básica de la estructura de porcino. Hay que tener en cuenta que no hay un totum revolutum, sino que estamos en una moción consecuencia de una interpelación, y se establecen unos marcos generales de actuación, que después se singularizan en el caso particular del porcino, que es el más acuciante que tenemos.
Tenemos que rechazar también la enmienda de Convergencia i Unió. Aquí el subconsciente nos lo aclara. Nos lo ha dicho el portavoz. Es que no se habla de los integradores. Ya sabemos con quien habla Convergencia i Unió, con los integradores. Sí, señor, los integradores son los que nos están llevando, entre otros, a una situación como la que tenemos. Una de las cosas que queremos es defender a los pequeños porcicultores en contra de los intereses de los integradores.
Aceptamos la enmienda de Izquierda Unida, que la hemos transformado en una adición, porque nos parece una magnífica aportación que enriquece la moción que hemos presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Amarillo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA RECIENTEMENTE FINALIZADA CUMBRE DE BUENOS AIRES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 173/000113).


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la última de las mociones, consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno con respecto a la recientemente finalizada cumbre de Buenos Aires sobre cambios climáticos. Para su defensa tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hace dos semanas el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida planteaba una interpelación sobre los resultados de la cumbre de Buenos Aires y cuál era la posición del Gobierno español frente a los no acuerdos, como podríamos decir en este caso, alcanzados en la misma. La conclusión que sacaba del debate nuestro grupo parlamentario era que no se estaban adoptando las medidas necesarias para combatir un problema que a todas luces se ve cada vez en peores condiciones para poderlo abordar si no se actúa de una manera drástica y enérgica.
Estamos hablando de un problema que afecta no solamente a la vida y a la salud de manera individual de las personas, sino también de manera colectiva a todos los pueblos del mundo en su vertiente quizá más interesada para algunos sectores, en la vertiente económica. Si no adoptamos medidas serias de reducción de los gases de efecto invernadero, estamos poniendo en serio riesgo la vida misma del propio planeta, amenazada en estos momentos ya -y no quisiéramos ser alarmistas o catastrofistas como se nos suele tildar en algunas ocasiones-, pero en realidad estamos poniéndola al borde de un punto sin retorno. Nuestro Gobierno, desde nuestro punto de vista, acepta de manera tranquila y sin ningún remordimiento el reparto que

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dentro de la burbuja europea se hace y nos permite aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tal y como se están sucediendo las cosas en nuestro país y en todos los demás países, pero en concreto en nuestro país, que es en estos momentos lo que más nos interesa, al no haberse adoptado ya medidas de contención de la emisión de gases de efecto invernadero, las noticias que llegan de personas lo suficientemente cualificadas para poder ser creíbles, es que ya en estos momentos, en 1998 nuestro país estaría sobrepasando las emisiones que incluso dentro de la burbuja europea tendría permitido sobrepasar en el año 2010. Es decir, estamos ya por encima del 15 por ciento. Si nuestros datos no son falsos -y no lo creemos, porque se van a reconocer, y no tardaremos mucho, por los propios organismos oficiales- estamos por encima del 17 por ciento en 1998.
El borrador de medidas que nos presentó la ministra el día 25 de noviembre plantea un aumento de un 13,4 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero. Señorías, como ya les digo, estamos ya por encima del 15, es más, rozando el 17, si no lo sobrepasamos. Por tanto, las medidas no pueden esperar por más tiempo. No es posible que continuemos en una situación de ambigüedad, no sé si calculada o no. Desde luego, si no empezamos a tomar medidas serias, si a la Comisión Nacional del Clima le ha costado nueve meses hacer un borrador, para cuándo va a estar no solamente el plan, sino las estrategias que tiene que llevar a cabo este mismo plan, y además un plan en el que no se plantea la reducción sino el aumento de las emisiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) De ahí, señorías, que nuestro grupo parlamentario en la moción que ha presentado lo primero que hace es exigirle al Gobierno que presente ante esta Cámara - desde luego no queremos que lo haga mañana, pero sí en el menor tiempo posible- la ratificación del protocolo de Kioto. Entre otras cosas consideramos que ratificar el protocolo nos vincula mucho más a la hora de tener que tomar medidas para poder reducir los gases de efecto invernadero. Mientras no se ratifique el protocolo podemos estar hablando y podemos seguir manteniendo posiciones de que estamos a favor de reducir las emisiones, pero al mismo tiempo no ponerlo en práctica.
El segundo punto de nuestra moción es la elaboración del plan nacional, y le ponemos un tope de tiempo de seis meses, que creemos que es suficiente. Las medidas no se van a inventar. Son las que están en ese borrador, aunque algunas no las compartamos. No hay nada nuevo que inventar, sino sencillamente ponerse a trabajar. Por tanto, creemos que es necesario que se haga en seis meses y, desde luego, es imprescindible que sea con una reducción de las emisiones que ciframos en un 20 por ciento para el año 2005 con respecto al año 1990. Queremos que este plan cuente además con objetivos cuantificables de los que se pueda hacer el seguimiento en períodos anuales. Es de la única forma que vamos a poder controlar si realmente se están adoptando las medidas que nos lleven a una reducción efectiva de los gases de efecto invernadero. Es más, creemos que es importante plantearse esta reducción y no seguir manteniendo el aumento.
El tercer punto de nuestra moción habla de tres aspectos que consideramos importantes, y no los únicos. Sabemos que es necesario también tomar medidas, dentro del plan nacional de reducción de gases de efecto invernadero, en vivienda, en agricultura y en otros muchos aspectos sectoriales de la política; pero fundamentalmente y por ser los más contaminantes, creemos que se deben tomar medidas en el transporte, en industria y en energía.
Planteamos tres puntos dentro de este apartado tercero, entre otras cosas porque creemos que es necesario hacer hincapié en los transportes alternativos y no contaminantes como el ferrocarril, tanto para el transporte de personas como para el de mercancías. La política que se lleva desde el Ministerio de Fomento no va encaminada precisamente (y así lo demuestran los presupuestos que no hace tanto tiempo hemos discutido en esta Cámara) a fomentar el transporte por ferrocarril, sino más bien el del automóvil, que como todo el mundo sabe es uno de los contaminantes mayores con gases de efecto invernadero.
En materia de industria, creemos necesario que desde el Gobierno se adopten medidas que lleven a término una reorientación de las industrias contaminantes. No queremos que se cierren empresas, no estamos dispuestos a aceptar el cierre de empresas; pero sí queremos que aquellas empresas que son contaminantes, que emiten gases de efecto invernadero, puedan encontrar el respaldo del Gobierno a la hora de reorientar sus procesos productivos, para mejorar su maquinaria y reducir sus emisiones. No sólo las nuevas industrias que se instalen en nuestro país deberían tener como condición imprescindible utilizar tecnologías no contaminantes, sino que para salvaguardar los puestos de trabajo creemos necesario que desde el Gobierno se adopten medidas específicas en el sector industrial para reorientar estas industrias para que al menos si no dejan de contaminar, contaminen menos.
Hay un tercer apartado, señorías, en materia energética. Aquí me quiero detener un poco más, entre otras cosas porque desde la interpelación de hace dos semanas plantearía a la portavoz del Grupo Popular que leyera el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Industria en materia energética, incluso los debates de este Pleno, para que no acuse a esta portavoz de ignorancia en el tema eléctrico por desconocimiento. Puedo estar equivocada, mi grupo puede estar equivocado, podemos tener planteamientos diferentes, pero esta portavoz es al mismo tiempo portavoz en los temas eléctricos, y por tanto conoce de sobra que hay 5.000 millones de pesetas para los planes de gestión de la demanda; los mismos 5.000 millones de pesetas que desde hace años figuran en los Presupuestos Generales del Estado.


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El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ha de ir concluyendo.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Termino lo más rápidamente posible, señor presidente.
También sabemos que existen, y además los conocemos, planes de fomento de las energías renovables, que hasta ahora no van cumpliendo sus plazos. Dudamos mucho de que las leyes que se han aprobado por esta Cámara, tanto la Ley del sector eléctrico como la Ley de hidrocarburos, vayan a fomentar las energías renovables, sea la eólica o la solar, o siquiera a incidir en la investigación para el desarrollo de tecnologías que perfeccionen las energías renovables, entre otras cosas porque tanto la Ley del sector eléctrico como la Ley de hidrocarburos están redactadas de tal forma que van a mejorar las cuentas de resultados de las compañías eléctricas o del sector energético y no a fomentar o mejorar otro tipo de consumo o producción de energía eléctrica.
El cuarto punto de nuestra moción viene a plantear la necesidad de establecer impuestos ecológicos para penalizar consumos despilfarradores o el desarrollo de actividades más contaminantes.
Señorías, a pesar de que sabemos que es más fácil pagar un impuesto que realmente tomar medidas que impidan la emisión de gases de efecto invernadero, creemos necesario que se establezcan estos impuestos ecológicos.
Por último, el quinto punto de nuestra moción plantea la necesidad de modificar la composición del Consejo Nacional del Clima. Señorías, nosotros no dudamos de la buena voluntad ni tan siquiera de la capacidad que puedan tener los expertos que forman parte del Consejo Nacional del Clima, pero está clara la necesidad de la representación de la sociedad civil, como se le ha venido en llamar y poniéndolo entre comillas, para que realmente haya una asunción por parte de toda la sociedad de las medidas que se deben adoptar para evitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es un problema solo y exclusivamente de la Administración, del Gobierno que sí tiene que tomar las medidas y hacer las políticas, pero estas medidas y estas políticas deben tener el consenso de la población que las va a tener que poner en práctica. El Gobierno podrá dictar leyes, podrá apoyar determinadas actuaciones, pero quienes las ponen en práctica, quienes realmente las llevan a cabo son los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra sociedad que deben sentirse representados no solamente por el Gobierno sino además por aquellas asociaciones o entidades, ya sean ecologistas o consumidores, que tienen que llevar la voz de la necesidad de la sociedad, y al mismo tiempo revertir estas medidas para que sean asumidas y puestas en práctica de una forma más fácil.


El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ha de concluir ya.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Concluyo ya, señor presidente, diciéndoles, señorías, que es necesario que nos creamos realmente la necesidad que existe de tomar medidas drásticas y creemos que nuestra moción puede realmente poner un punto a favor de estas medidas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Han presentado enmiendas a la moción el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Catalán.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra Marón. Les ruego la máxima brevedad, señorías, dado lo avanzado de la hora y el amplio consenso que sobre este punto existe en la Cámara.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.


Señorías, pese a la hora en que estamos llevando a cabo este debate, tenemos que fijar nuestras posiciones y defender nuestras enmiendas y lo haremos con la mayor brevedad posible, se lo aseguro.
El cambio climático es la gran amenaza del siglo XXI, son palabras de la ministra de Medio Ambiente, que por supuesto hago mías, pero de inmediato añado que dar soluciones adoptando medidas eficaces es el gran reto de los que tienen en este momento la responsabilidad de gobernar, y a los que nos toca el papel de oposición impulsar, promover y exigir el cumplimiento de esas medidas.
El Grupo Socialista coincide plenamente con la interpelación presentada hace dos semanas por el Grupo Federal de Izquierda Unida y en la misma línea apoyamos en su globalidad la moción presentada, a cuyo texto hemos presentado algunas enmiendas con las que pretendemos enriquecer el conjunto de la moción siguiendo el mismo criterio que hace un año, y a raíz de la cumbre de Kioto, nos llevó a presentar una proposición no de ley instando al Gobierno a actuaciones concretas para cumplir los compromisos derivados del convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático, proposición no de ley que por cierto dio lugar a una resolución de esta Cámara para que en el plazo de seis meses el Gobierno desarrollara una estrategia nacional con medidas concretas para mejorar la eficacia energética en edificios, vehículos a motor, reforestación forestal y energías renovables. Al día de la fecha no conocemos concreción alguna, es decir se ha convertido en papel mojado, si no es así explíquense cuáles fueron las medidas adoptadas.
Con nuestras enmiendas pretendemos no sólo la ratificación del Protocolo de Kioto sobre reducción de gases efecto invernadero ante esta Cámara, sino que el Gobierno en el marco de la Unión Europea inste la ratificación por parte de los países miembros de la Unión en su conjunto. España en su doble condición puede tanto ratificar como adoptar compromisos de reducción establecidos individualmente en el protocolo para los países desarrollados -no olvidemos que España se sitúa en el número 17 de los países emisores de CO2-, pero también puede adoptar los compromisos que

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como miembro de la Unión le corresponden dentro de la burbuja comunitaria.
Con relación a los gases efecto invernadero, es preciso elaborar un plan que establezca fecha límite y objetivos cuantificables para comenzar el proceso de reducción de dichas emisiones en relación al nivel de 1990 y en nuestra enmienda lo hacemos con sentido de responsabilidad y coherencia con nuestro programa electoral.
A nivel industrial es necesaria la reorientación de los procesos productivos contaminantes hacia tecnologías limpias de un modo realista, incentivando mecanismos que hagan viables los proyectos. Si un gran porcentaje de gases de efecto invernadero provienen de los sistemas de refrigeración, del transporte, de la combustión de fósiles, introdúzcanse paulatinamente medidas que se orienten hacia tecnologías limpias que en muchos países ya se están comercializando y poniendo fecha de caducidad a los viejos sistemas.
Es cierto que hay temas que con este Gobierno podemos hablarlos como futuribles con cierta tranquilidad, pero otros como los impuestos ecológicos no parecen querer vincularlos a la política ambiental y suelen responderse con un rotundo no sabe no contesta o incluso tachar de irresponsable la posición. No podemos seguir con la venda, señorías, hay que explicarlo y es necesario utilizar las posibilidades que nos da la fiscalidad para hacer una política ambiental que implique corresponsablemente al empresario y fomentar una política solidaria con los que sufren pasivamente los efectos de la contaminación. La creación de un fondo orientado a desincentivar las actividades más contaminantes penalizando las actividades insostenibles, debe ser una vía de futuro, como ha de serlo incentivar las desgravaciones y exenciones fiscales haciendo determinadas actuaciones de mejora en los procesos productivos. Hay que introducir una nueva cultura, una doble vertiente de la fiscalidad, por un lado sancionadora y por otro desgravadora. No se puede seguir con la misma vara de medir al responsable que al irresponsable e insolidario social.
Otra de nuestras enmiendas va dirigida al cambio de composición del Consejo Nacional del Clima. Señorías, este órgano refundado por la ministra de Medio Ambiente en febrero de este año y que dejaba en el camino la Comisión Nacional del Clima creada en 1992, es netamente gubernamental. No está mal la coordinación de órganos de Gobierno que con carácter horizontal aporten información, pero eso no basta y son funciones bien diferentes. La Comisión Nacional del Clima tenía otras finalidades: promover actividades de información, divulgación y formación relacionadas con el cambio climático y en las que estaban integrados no sólo los estamentos gubernamentales sino también las organizaciones ecologistas y sociales. No olvidemos que el principio 10 de la declaración de Río y el 23 de la Agenda de la conferencia sobre desarrollo y medio ambiente de Naciones Unidas establecen que la única manera de conseguir el desarrollo sostenible es garantizando el acceso a la información y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Existe pues un gran vacío de participación que aún esperamos que se sepa corregir por parte del Gobierno antes de que sea demasiado tarde.
Las palabras de la ministra anunciando como gran amenaza del siglo XXI las consecuencias del cambio climático son una tremenda realidad, pero señorías este momento es el de la toma de decisiones, de asumir responsabilidades y es el momento político que a ustedes como Gobierno les toca vivir, con unas prioridades que abordar...


El señor PRESIDENTE: Señora Marón, ha de concluir inmediatamente.


La señora MARÓN BELTRÁN: Concluyo, señor presidente.


Evidentemente las prioridades serán diferentes a otras anteriores y diferentes a otras que habrá en el futuro. Dejen la complacencia de que cualquier tiempo pasado fue peor, cierren el período reflexivo de las declaraciones y buenas intenciones y aborden los problemas.


Hay varios temas que tendrán que plantearse. Por ejemplo la resolución aprobada en noviembre pasado en esta Cámara sobre cambio climático a que antes me refería. ¿Qué medidas se han presentado, no sólo en el plazo de seis meses como se fijó sino a lo largo de un año transcurrido? Realmente no se ha presentado ninguna.


El señor PRESIDENTE: Señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Termino, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Termine de verdad o me veré obligado a retirarle la palabra. Lo lamentaría enormemente.


La señora MARÓN BELTRÁN: En los Presupuestos Generales del Estado no hay consignación para abordar estos temas; no se han consignado ni se han tenido en cuenta nuestras enmiendas. Realmente el programa que se ha presentado, borrador de programa con iniciativas de futuro presentado por la ministra días pasados, nos ha dejado sorprendidos porque una de sus innovaciones ha sido la alternativa presentada para potenciar la energía nuclear. Creíamos superada una etapa. No serán productoras de contaminación por CO2, pero ¿quién defiende hoy la bondad de la radiactividad cuando no se sabe qué hacer ni siquiera con los residuos nucleares? Termino, señor presidente, esperando que el Gobierno sepa rectificar a tiempo tal propuesta, que se sume a la tendencia europea del cierre progresivo de las centrales nucleares. El ministro alemán, del que tanto legusta hablar a nuestra ministra, está contento con la

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Cumbre de Buenos Aires, y creo que no estará tan contento con la medida que acaba de enunciar de potenciar las centrales nucleares. En definitiva, con esta moción que hoy se presenta tienen posibilidad de demostrar la preocupación por el cambio climático, sumándose a las resoluciones que podemos aprobar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marón.
La señora De Lara, por el Grupo Popular.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación a la moción de Izquierda Unida, con la voluntad de introducir racionalidad y realismo al debate que mantenemos por tercera vez en ocho días sobre cambio climático. El punto de partida del debate de hoy debe ser el Protocolo de Kioto firmado por España.
En esa firma está implícito el compromiso de España como miembro de la Unión Europea y de acuerdo con un reparto de las emisiones para cumplir el compromiso comunitario de reducción del 8 por ciento.
Dentro de ese compromiso comunitario se ha considerado que España puede incrementar sus emisiones en ese período el 15 por ciento en función de su potencial de crecimiento económico, y de que sus emisiones per cápita de partida son más bajas que la media europea.
Conseguir ese objetivo va a suponer, señorías, un esfuerzo importante. En cuanto a la ratificación por un órgano legislativo competente, existe, señora Urán, el compromiso de que el proceso sea casi simultáneo en todos los países miembros de la Unión Europea.
Con estas premisas como punto de partida del debate, presentamos los dos primeros puntos de nuestra enmienda. Quiero aclarar, señorías, que en el segundo punto descartamos la propuesta de Izquierda Unida de reducir las emisiones el 20 por ciento para el año 2005, y lo descartamos porque creemos que es absolutamente inviable. Es inviable desde todos los puntos de vista, señorías: es inviable desde el punto de vista energético, económico y social y es inviable, señorías, a menos que se reduzca drásticamente la actividad industrial y energética con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, y a que el paso a otras fuentes energéticas no emisoras de dióxido de carbono tiene claras limitaciones, al menos en la actualidad. Quiero creer señora portavoz de Izquierda Unida, que como usted conoce perfectamente lo que he dicho no nos está planteando usted una reducción de la actividad industrial en España, que no nos está planteando usted la posibilidad de la pérdida de miles de puestos de trabajo.
En el punto tercero de nuestra enmienda, que corresponde al tercer punto de la moción, aceptamos potenciar el uso del ferrocarril; añadimos la importancia del transporte público en las ciudades; proponemos incentivar los procesos de producción no contaminantes; solicitamos un aumento sustancial de la producción de energía eléctrica de origen renovable no solamente eólica y solar, y proponemos medidas de ahorro y eficiencia energéticas y planes de gestión de la demanda.
Quiero sin embargo hacer aquí una puntualización en el sentido de que no estamos de acuerdo, señora portavoz de Izquierda Unida, con este proceso del que usted nos habla de reorientación de las industrias contaminantes hacia otras no contaminantes. Además no entendemos cómo las reorientaría. ¿Cerraría usted las industrias? ¿Abriría otras nuevas? No entendemos a qué se refiere su reorientación, señora Urán, usted no nos la explicado. (Rumores.) ¿No le parece que es mejor incentivarlas hacia procesos de producción no contaminantes?

Tampoco apoyamos, señora portavoz de Izquierda Unida, los impuestos ecológicos, sino que optamos por medidas de internalización de beneficios medioambientales para premiar los esfuerzos realizados en medidas de ahorro y eficiencia energéticas.Finalmente tampoco estamos de acuerdo en modificar la composición del Consejo Nacional del Clima, ya que tal como se ha creado por decreto es un organismo que representa a las instituciones de la Administración y con este fin ha sido creado.
Creo señorías que tenemos hoy un buen documento que nos presentó la semana pasada la señora ministra de Medio Ambiente, aunque sólo sea un primer avance sobre políticas y medidas de lucha frente al cambio climático. Contiene un listado de posibles medidas elaborado por los técnicos de los grupos de trabajo, medidas técnicamente viables para reducir las emisiones en nuestro país. Quiero incidir en este momento que en el listado de posibles medidas hay que desarrollar esas medidas y posteriormente tomar la decisión política para elaborar la estrategia. Por consiguiente es completamente falso que la ministra de Medio Ambiente proponga alargar la vida de las centrales nucleares. Entre las muchas medidas que han elaborado los grupos de trabajo, nos guste o no nos guste, ésta es una de las medidas; cosa distinta es que la decisión política la incluya en la estrategia contra el cambio climático, y ustedes lo saben perfectamente.
Finalmente, enlazo en este punto con el debate de la pasada interpelación en el que la señora Narbona nos hablaba del programa nacional del clima que ella había elaborado. Tengo en mi escaño el programa nacional del clima para que SS.SS. puedan consultarlo, lo he traído para que ustedes vean la poca similitud entre ese programa y el documento del otro día, y quiero que conste aquí y en el «Diario de Sesiones» que la señora Narbona faltó el otro día reiteradamente a la verdad. (El señor Martínez Sanjuán: No.- Rumores y protestas.) Por esto, posiblemente no ha venido hoy a este Pleno. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Bueno, vamos a dejarlo ahí, señora De Lara.


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La señora DE LARA CARBÓ: Faltó a la verdad porque el programa nacional del clima no se aprobó siquiera.


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, por favor, concluya ya. No reabra nuevos debates.


La señora DE LARA CARBÓ: Voy terminando, señor presidente. Y faltó a la verdad porque el Consejo de Ministros no aprobó el programa nacional del clima, que era solamente un borrador más de la señora Narbona. Aparte de faltar a la verdad con reiteración (Un señor diputado: ¡Otra vez!), no es admisible la prepotencia con que aseguraba -y está en el «Diario de Sesiones»- que esta diputada que les habla no podía conocer lo que aprobaba la Comisión Nacional del Clima ni el Consejo de Ministros -fueron sus palabras- porque nada tenía que ver esta diputada con el Gobierno ni con la Comisión del Clima.


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, por favor.


La señora DE LARA CARBÓN: Termino, señor presidente.


Señorías, muchas veces hemos hablado del hermetismo de los gobiernos socialistas, de su prepotencia, pero la declaración de la señora Narbona supera incluso cualquier inculpación. Las decisiones del Consejo de Ministros son públicas, por supuesto, y por consiguiente las puede conocer esta diputada y todos los señores diputados que están en esta sala, y los documentos de la Comisión Nacional del Clima fueron conocidos como no podía ser menos por la Comisión especial creada en el Senado en la que esta diputada era portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Termino, señor presidente, solicitando a la portavoz de Izquierda Unida que si realmente desea, cosa que sí creo, que esta Cámara apruebe una moción con contenidos reales, demos juntos un paso más para combatir el cambio climático y apruebe la enmienda que hemos presentado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Recoder, si quiere consumir el turno para la defensa de su enmienda. (Rumores.) El sentido de prudencia del señor Recoder seguro que no necesita recomendaciones ni siquiera de la Presidencia.


El señor RECODER I MIRALLES: No llevo ningún discurso escrito, y no me siento por tanto en la obligación de concluirlo.
Esta moción llega sin lugar a dudas en un clima de frustración ante el resultado de la cumbre de Buenos Aires. Si el resultado de la cumbre de Kioto no era para echar las campanas al vuelo, el de la cumbre de Buenos Aires menos porque no ha conseguido avanzar en ningún caso, y así lo constatábamos la semana pasada en los debates que mantuvimos tanto en Comisión como en Pleno, en la concreción de las medidas para cumplir los insuficientes objetivos de Kioto. Simplemente se ha concretado un plan de trabajo, pero no se ha llegado a ningún tipo de compromiso sobre los mecanismos de flexibilidad, sobre el régimen sancionador o sobre la transferencia de tecnología; por tanto estamos ante un problema que carece de mecanismos suficientes para su solución. Aunque se cumplieran los objetivos de reducción fijados en Kioto para los países industrializados, que con el 20 por ciento de la población son los responsables del 60 por ciento de las emisiones, el incremento proyectado de las emisiones en los no industrializados anularía esta rebaja. Si tenemos en cuenta las cifras que recientemente nos ofrecía el departamento de Industria de los Estados Unidos, en el año 2010 el incremento será del 30 por ciento en relación a las emisiones del año 1990.
Estamos sin lugar a dudas ante el principal problema medioambiental que afecta al planeta. La moción, como el debate de la semana pasada, nos llega en un clima de cierta frustración, en primer lugar porque como se ha puesto de manifiesto por anteriores intervinientes llega en un momento en que esta Cámara está reclamando el cumplimiento de una proposición no de ley en sentido similar aprobada en el año 1997 y que comprometía al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un plan con una serie de medidas para poner hilo a la aguja en la obligación de resolver el problema por parte del Estado español, obligación que hasta el momento es inexistente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que explicaré de forma resumida. En primer lugar se nos plantea por el grupo parlamentario proponente que se ratifique de forma urgente por España el protocolo.
Estamos totalmente de acuerdo con la urgencia que se da a esa ratificación y no cabe duda de que se producirá, ahora bien, quiero subrayar que para que el protocolo pueda entrar en vigor se necesita la ratificación por parte de 55 Estados que a su vez representen el 55 por ciento de las emisiones globales, y dada la posición irresponsable que han mantenido Estados Unidos y Japón, tanto en Kioto como en Buenos Aires, dudo que la entrada en vigor de este protocolo pueda producirse de forma rápida, a pesar -reitero- de que por parte de los Estados de la Unión Europea se ratifique el mismo.
Además, consideramos que el protocolo constituye un marco global, como global es el problema, pero ello no excluye de ninguna forma que se puedan adoptar medidas que vayan más allá por parte de cada país o por parte de la burbuja comunitaria, y en ese sentido pensamos que es necesario se haga.
En segundo lugar, se nos plantea un plan de reducción con el cual no podemos coincidir. Sí coincidiríamos, al menos en parte, con la necesidad de que el Gobierno plantee ese plan de reducción, pero el plazo de seis meses lo fijaríamos desde el comienzo de la rati ficación

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del protocolo y no desde la fecha de aprobación de esta moción.
Creemos que ese plazo debe alargarse en el sentido de fijarlo en relación a la ratificación del protocolo porque todavía no sabemos cuál va a ser el reparto definitivo de cuotas en la burbuja comunitaria. Decía que sin embargo no coincidimos en la reducción del 20 por ciento para el año 2005; nos parece absolutamente irreal y por tanto una invitación al incumplimiento. Sí estamos de acuerdo en que los objetivos se cuantifiquen de forma anual.
En el punto tercero se nos plantea la revisión de las políticas de transporte, industria y energía, de acuerdo con el enunciado. Nuestra enmienda matiza en parte las propuestas de Izquierda Unida, introduciendo una mención especial al transporte colectivo además de al ferrocarril, la incentivación industrial en vez de la reorientación.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, ha de concluir.


El señor RECODER I MIRALLES: En cuanto al apartado relativo a la energía eléctrica de origen renovable, entendemos que no se puede producir la desaparición que se menciona en la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que nuestra enmienda intenta reorientar.
En cuanto al penúltimo punto, que es el relativo a los impuestos, entendemos que es mucho más positiva y factible la adopción de medidas fiscales, que tiene un carácter mucho más ágil.
Nada más, muchas gracias. Agradezco a la Cámara su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.


¿Desea intervenir el Grupo Mixto? (Rumores.) Señoría, le ruego una muy sintética toma de posición.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Como siempre, voy a tratar de ser sintético, a pesar de la ansiedad de muchos señores diputados por concluir esta sesión, que yo comprendo. En todo caso, pienso que aún se me permitirá en este Congreso poder fijar la posición.
Dicho esto, efectivamente queremos dar a conocer la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre la moción que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que se refiere a las medidas que debería adoptar el Gobierno con el fin de conseguir que se disminuyan las emisiones a la atmósfera de gases causantes del efecto invernadero. Está claro que no se trata de ser apocalípticos, pero sí de tomarse en serio algunas cuestiones medioambientales, como el efecto invernadero... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor. (Pausa.) Adelante.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Gracias a usted y gracias también al resto de sus señorías.
Decía que puede tener una seria repercusión en un futuro no muy lejano para los seres humanos y para la vida en general. Muchos científicos creen que estamos a las puertas de un rápido cambio climático, causado fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas, y la destrucción de los bosques. Las emisiones de CO2 y otros gases hacia la atmósfera se acumulan como un manto alrededor del planeta, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento de la tierra. Las consecuencias de esta situación serían la elevación del nivel del mar, la sequía y el hambre. Hay expertos que afirman que los últimos desastres naturales, con la frecuencia e intensidad con que se están produciendo, no se pueden desvincular de este efecto invernadero.
Reconozco que es difícil denunciar situaciones como ésta y más aún demandar soluciones, porque siempre se choca contra el falso dilema desarrollo/respeto al medio ambiente, con la ignorancia, con la pasividad o con el espíritu acomodaticio que nos impulsa a muchos ciudadanos, con la pasividad de los gobiernos y, por supuesto, con la resistencia de quienes obtienen pingües beneficios de determinadas actividades industriales. Siendo difícil esto, es necesario que entre todos contribuyamos a ir buscando soluciones a problemas para los que es mejor no esperar demasiado tiempo. Porque la pregunta es, señoras y señores diputados, hasta dónde se puede estirar la cuerda sin que se rompa.
Nosotros estamos seguros de que son necesarios acuerdos a nivel mundial y también estamos seguros de que es necesario que cada Gobierno vaya dando pasos. (Rumores.) En todo caso, por abreviar, señor presidente, dado que el ambiente que reina en esta Cámara hace muy difícil proseguir mi intervención...


El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Quisiera decir que vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque hace referencia a medidas interesantes para combatir el efecto invernadero y también para aumentar la calidad de vida. Como decía, por eso la votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez, por su esfuerzo.
Señora Urán, por favor.


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La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario habría querido poder aceptar algunas de las enmiendas que se han presentado. Me referiré primero a la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Señorías, las medidas que plantea en el punto 3 su grupo tienen poca diferencia con las que mi propio grupo ofrece en la moción, exceptuando que ustedes no creen necesario que se vayan cerrando paulatinamente centrales de generación eléctrica que tienen otras formas de contaminación medioambientales. Aun así, señorías, no podemos aceptarlas, sencillamente porque ustedes parten del mismo planteamiento del que parten el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, que es aceptar un aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que mi grupo parlamentario no comparte.
(Rumores.) Por lo tanto, señorías, no nos es posible aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tampoco podemos aceptar... Señor presidente, no puedo hablar más alto.


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
Señor Gil Lázaro. Señor Baon.
Adelante.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, como decía, tampoco podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque, además de la argumentación que ya he dado con la enmienda de Convergència i Unió, que parten ustedes de un presupuesto distinto del que partimos nosotros, aunque las medidas puedan ser similares, también hablan de la desaparición de algo que a nosotros nos parece un principio a defender, que es la participación de la sociedad a la hora de tomar medidas y de plantear políticas, en concreto, en este caso, para la reducción de los gases de efecto invernadero. Creemos necesario asimismo implantar los impuestos de carácter ecológico o las tasas ecológicas. No hace mucho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que quien contamina paga y que así se deberían hacer las cosas.
Señorías, nos gustaría haber aceptado algunas de las enmiendas del Grupo Socialista, pero el Reglamento impediría la votación separada de nuestra moción, como la vamos a pedir. Ese es el motivo por el que no las aceptamos, pues en realidad vendrían a enriquecer nuestro texto.
Señor presidente, pedimos que la votación de nuestra moción sea separada; el punto 1 por un lado, el punto 2 por otro y el resto de la moción conjuntamente.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Pasamos a las votaciones correspondientes a las mociones debatidas.


En primer lugar se somete a votación la moción transaccional como consecuencia de la que formulara el Grupo Parlamentario Mixto sobre política del Gobierno y perspectivas de futuro para el sector naval, en el marco actual de la Unión Europea, y que se ha consensuado por los grupos Mixto, Socialista y Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 276.


El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 276, todos ellos favorables a la moción transaccional, que queda así aprobada por unanimidad.
Moción del Grupo Socialista sobre política general del Gobierno en materia de política agraria, con la transaccional a la enmienda de Izquierda Unida que se ha incorporado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 125; en contra, 145; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votaciones correspondientes a la moción de Izquierda Unida que acaba de debatirse.
En primer lugar se somete a votación el punto primero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 276.


El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 276, todos ellos favorables al punto primero de la moción, que se aprueba por unanimidad.
Se somete a votación el punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 13; en contra, 147; abstenciones, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto segundo.
Restantes puntos de la moción de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor 129; en contra, 144; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados, en consecuencia, los restantes puntos de la moción de Izquierda Unida.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve horas.
Se suspende la sesión. Buenas noches.


Eran las once y quince minutos de la noche.

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