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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 171, de 18/06/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 171

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 166

celebrada el jueves, 18 de junio de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1997:

- Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 213, de 29 de mayo de 1998 (Número de expediente 260/ 000003) . . . (Página 9158)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 81-1, de 16 de septiembre de 1997 (Número de expediente 121/000077) . . . (Página 9177)

- Proyecto de Ley de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 91-1, de 28 de noviembre de 1997 (Número de expediente 121/000089) . . . (Página 9182)

- Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 94-1, de 19 de diciembre de 1997 (Número de expediente 121/000092) . . . (Página 9186)

Página 9156


- Proposición de Ley Orgánica reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 36-1, de 10 de junio de 1996, (Número de expediente 122/000024). . . . (Página 9192)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 117-1, de 26 de mayo de 1998 (Número de expediente 121/000116). . . . (Página 9216)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales (Número de expediente 130/000047) («BOE» número 129, de 30 de mayo de 1998) ..............(Página 9216)

- Real Decreto-ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR) en una sociedad anónima (Número de expediente 130/000048) («BOE» número 135, de 6 de junio de 1998)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana

Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1997 . . . 9158

El Defensor del Pueblo (Álvarez de Miranda y Torres) da cuenta a la Cámara del conjunto de las actuaciones realizadas durante el año 1997 por la institución que preside, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Amorós i Sans, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Alberdi Alonso, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado . . . 9177

Proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo .
. . 9177

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta, del Grupo Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Con vergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista del Congreso, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de modificación de régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público . . . 9182

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Pozuelo Meño, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales . . . 9186

Página 9157


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y Pons Franco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En último lugar interviene el señor ministro de Fomento (Arias- Salgado y Montalvo).


Proposición de Ley Orgánica reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria . . . 9192

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y los señores Alcaraz R amos y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista del Congreso, y el señor Bermúdez de C astro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a las votaciones de las enmiendas del Sena do presentadas a los diferentes proyectos de ley.


Se suspende la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . .
9201

Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997 . . 9201

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Explica que el Tratado de Amsterdam es la

segunda parte del proceso que empieza en Maastricht y cumple con los cuatro objetivos que se había pro puesto la Conferencia Intergubernamental: acercar la Unión al ciudadano, crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, hacer más eficaz y coherente la política exterior de la Unión y dotar de mayor legitimidad a sus instituciones. Concluye diciendo que España ha mantenido una posición firme y coherente durante toda la Conferencia, contando con el apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, por lo que afirma que el éxito alcanzado por el Gobierno español en esas largas e intensas negociaciones ha sido el éxito de todas las señorías y de todos los españoles.


En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Navas A mores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Peralta Ortega, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); y los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Costa Costa, del Grupo Socialista del Congreso, y Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad y devolución al proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmados en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997, se rechazan por 19 votos a favor, 262 en contra y una abstención.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . .
9216

Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales . . . 9216

Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Explica que los casos especia les

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a los que se refiere el Real Decreto-ley son los relativos a los supuestos en que, habiéndose cotizado a varios regímenes del sistema de la Seguridad Social, el interesado no reúne todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación en ninguno de ellos. A continuación expone las contradicciones existentes entre las diferentes normas y resoluciones sobre la jubilación anticipada en los distintos regímenes de la Seguridad Social y la doctrina del Tribunal Supremo, a lo que se añade una moción de 31 de marzo del Congreso de los Diputados al Gobierno, contradictoria, asimismo, en todos sus términos, con las decisiones que venían adoptándose por el Tribunal

Supremo, puesto que en ella se solicita que se mantengan los criterios interpretativos anteriores a las resoluciones de diciembre de 1997. Por ello, el Gobierno, atendiendo a la moción aprobada y haciéndose partícipe de la especial sensibilidad de la que es merecedora el colectivo, propone la modifica de la legalidad y solicita la convalidación del Real Decreto-ley que hoy presenta a la Cámara.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra intervienen los señores Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Cercas Alonso, del Grupo Socia lista del Congreso.


En turno a favor interviene el señor Camps Devesa,

del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Continuando con el turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos especiales, se aprueba la convalidación por 155 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley, solicitada por dos grupos parlamentarios, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las seis y cincuenta minutos de la t arde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 1997:

- INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 1997 (Número de expediente 260/000003).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1997.
Para su presentación, tiene la palabra don Fernando Álvarez de Miranda, Defensor del Pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Señor presidente, señorías, acudo nuevamente a esta Cámara para cumplir el deber que establece nuestra ley orgánica, a efectos de dar cuenta a SS.SS. del conjunto de las actuaciones que se han realizado durante el año 1997 por la Defensoría del Pueblo. Como ustedes pueden comprender, es un informe que se realiza por todos los servicios de la institución, empezando por los adjuntos y siguiendo por todos los asesores de aquella casa, por todo el personal administrativo; es un informe que presentamos con la colaboración y con el apoyo de toda la gente que trabaja en la institución del Defensor del Pueblo.
Quiero expresar, en primer lugar, la satisfacción que me produce encontrarme en este hemiciclo para tener el honor de exponer ante los representantes de la voluntad popular lo que ha sido la actuación de la Defensoría del Pueblo. A modo de prólogo, me gustaría comenzar recordando aquellas palabras que Federico García Lorca puso en boca de Mariana Pineda: «El hombre es un cautivo y no puede librarse».
Estimo que la misión principal de la institución que represento es privar a esa frase de toda razón. Nosotros estamos para procurar, al menos por lo que a los poderes públicos se refiere, que hombres y mujeres no puedan considerarse cautivos, sino ciudadanos libres en una sociedad libre.
Señorías, precisamente porque necesitamos saber cuáles son las necesidades de los ciudadanos que nuestra institución debe amparar, hicimos el encargo de una encuesta de opinión para establecer el grado de conocimiento que los españoles tienen sobre los derechos

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fundamentales. Se trataba de completar, por un lado, la visión que sobre este problema nos proporcionan las quejas que nos vienen remitiendo y las aportaciones que de alguna manera también se nos hacen por los medios de comunicación, que nos permiten acercarnos más a la realidad. Basándome en los datos que nos proporciona tal estudio, puedo afirmar que desde 1989, fecha en que se realizó el anterior trabajo de las mismas características, la sociedad española viene incrementando su nivel de conocimiento sobre los derechos fundamentales. Así, el 36 por 100 de los entrevistados aseguran conocer bien o muy bien tales derechos, porcentaje que dobla al registrado en el anterior estudio y que resulta desde luego superior al de quienes dicen conocerlo mal o muy mal. Como era de esperar, el nivel educativo de las personas entrevistadas condiciona notablemente el grado de conocimiento. También se constata que persiste una cierta diferencia por razón del sexo. El 41 por 100 de los hombres entrevistados a firman conocer bien sus derechos, porcentaje que se reduce al 32 por 100 en el caso de las mujeres.
Las conclusiones de la encuesta evidencian que los ciudadanos estiman suficientemente garantizados su derecho a la educación, en un 67 por 100, el derecho a la salud, en un 60 por 100, la protección de la familia, en un 53 por 100, y la protección a la tercera edad, en un 44 por 100. Sin embargo, con cierta frecuencia -uno de cada cinco españoles-, los ciudadanos dicen haber experimentado la vulneración de alguno de estos derechos fundamentales. Entre los más lesionados citan el derecho al trabajo, en un 21 por 100, el derecho a la vivienda digna, en un 9 por 100, y el derecho a un trato igualitario, en un 8 por 100.
Sobre este tema señalaré, por último, que en nuestra sociedad cualquier práctica que se entienda como discriminatoria provoca un intenso rechazo. Sustancialmente, los derechos sobre los que se percibe mayor déficit son aquellos relacionados con la igualdad: la igualdad de sexo, la igualdad de trato, la igualdad de condición social o de creencias religiosas. Particularmente notoria es la conciencia de que se producen frecuentes discriminaciones por razón de sexo, opinión que comparten el 58 por 100 de los hombres y un 70 por 100 en el caso de las mujeres.
Señorías, quiero trasladarles también las cifras más significativas de las actividades desempeñadas por la institución del Defensor del Pueblo durante el año 1997. En ese período, el número total de quejas que se recibieron en la institución ascendió a 18.017, que, unidas a las 121 iniciadas de oficio, hacen un total de 18.138. De éstas, 11.
882 fueron quejas individuales y 6.256 colectivas o quejas que se nos presentan agrupadas, que en este año han dado lugar a 20 expedientes distintos. Debemos, por tanto, constatar un ligero incremento de quejas individuales respecto de los años precedentes, del año precedente sobre todo, aunque globalmente haya habido una disminución.
Por lo que a la tramitación de las quejas se refiere, a 31 de diciembre de 1997 el número total de expedientes era 11.902, de los que fueron tramitados 4.725 ante las distintas administraciones públicas, 5.515 no fueron admitidos por diversas razones y 1.320 permanecían en aquel momento en estudio. Las causas más frecuentes de inadmisión de estos 5.515 expedientes fueron las siguientes: en primer lugar, no apreciarse indicios de irregularidad administrativa, existir una sentencia firme s obre el objeto de la queja, encontrarse el asunto subíndice, no haber intervenido los poderes públicos en la cuestión que se nos había planteado, y así un largo etcétera.
Tal y como establece nuestra ley orgánica, cuando las quejas son rechazadas se comunica a los formulantes de las mismas las razones de la no admisión por medio de un escrito motivado, en el que se les informa además de las vías más oportunas que pueden utilizar para la adecuada defensa de sus intereses.
El informe que hoy presento ante este Pleno se estructura de una forma muy similar a la del pasado año. En el mismo hemos procurado reflejar no sólo los problemas de los que la institución se ha venido ocupando, sino también las aportaciones que para contribuir a resolverlos hemos venido haciendo por medio, como ya se conoce, de recomendaciones y de sugerencias. Es justo reconocer que en nuestra labor se ha contado, en un buen número de casos, con la positiva actitud de los poderes públicos para modificar determinadas disposiciones o rectificar errores o irregularidades que pudieron provocar las actuaciones indebidas.
Como resultado de nuestras investigaciones, durante 1997 se formula ron un total de 112 recomendaciones, de las que, a 31 de mayo del presente año, podemos decir que nos han sido aceptadas 67 y rechaza das 24, quedando las 21 restantes pendientes de respuesta. Yo creo que sería demasiado extenso reproducir aquí, en concreto, todo el listado de las diversas recomendaciones que se formularon, recomendaciones que, por otro lado, pueden ser examinadas en el informe. Me parece más positivo hacer una cita de las más relevantes.
Entre estas recomendaciones aceptadas y que consideramos más relevantes pueden incluirse la recomendación sobre la adopción de medidas para evitar suicidios en las prisiones; la recomendación sobre depósitos municipales de detenidos; la recomendación sobre el criterio de interpretación de la norma que afecta a los derechos fundamentales en el ámbito disciplinario militar; recomendación sobre cacheos practicados por policías a las personas que visitan a los internos en los centros penitenciarios; recomendación sobre asistencia letrada al detenido; recomendación sobre prescripción de las expulsiones de extranjeros; recomendación sobre la agilización de actuaciones respecto de los medios preventivos y protectores en favor de los menores; recomendación sobre prestación de asistencia social de la Ciudad Autónoma de Melilla; recomendación sobre

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la modificación de la exigencia de una fianza para ser considerado interesado en un procedimiento administrativo; recomendación sobre el acceso a historiales clínicos por parte de ascendientes o descendientes de personas fallecidas. Y un largo etcétera que, como digo, figura incluido dentro del informe.
Algunas de estas recomendaciones han sido recogidas en disposiciones legales que también se aprobaron durante el año 1997. Por poner un ejemplo, la norma a probada con el concurso de esta Cámara en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que acoge nuestra recomendación sobre el abono de intereses de demora en los casos de devolución de cantidades pagadas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de l as Personas Físicas. En el artículo 62 de la misma ley se asume otra recomendación sobre el establecimiento de una prestación complementaria a la maternidad en los supuestos de parto múltiple.
Por otro lado, formulamos 224 sugerencias, de las cuales 103 fueron aceptadas y 69 rechazadas por diversas administraciones. El resto está aún pendiente de contestación.
Señor presidente, señorías, en la primera parte del informe hemos reservado -como ya se hizo el año pasado- un espacio destacado para abordar el estudio monográfico de seis temas que consideramos particularmente relevantes y que expongo a continuación a SS.SS.
La supresión de las minas antipersonales es el primero de estos temas. La Convención de Ottawa consiguió l a adhesión de más de un centenar de países, entre ellos el nuestro, con el compromiso de suprimir estos dañinos ingenios bélicos. Este Defensor del Pueblo valora muy positivamente el inicio de los trabajos necesarios para promulgar una disposición legal que asegure la práctica desaparición de este tipo de armamentos en todo el territorio español y confía en que esa norma sea una pronta realidad, según hemos oído, además, en recientes declaraciones del presidente del Ejecutivo.
Segundo tema monográfico. Nos hemos ocupado de los retrasos que se producen en la emisión de fallos por parte de los tribunales económico-administrativos; retrasos que afectan de forma muy negativa a los intereses de los ciudadanos porque se ven obligados a aguardar la resolución correspondiente para, en su caso, poder acceder a la vía contenciosa. Y tampoco resulta admisible perjudicar a los recurrentes por la lentitud de esta instancia administrativa, especialmente en lo que supone la obligación de mantener los avales, aun después de que el plazo legal del año fijado para resolver haya sido ampliamente superado, lo que perjudica de alguna manera a los interesados que han acudido a esta instancia administrativa.
En el tercer tema monográfico insistimos de nuevo en la necesidad de crear una estructura administrativa específica -lo hemos hecho ya en anteriores informes- para coordinar las diversas políticas destinadas a impedir los brotes de racismo y xenofobia.
Otro ámbito de preocupación se refiere a la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia frente a las agresiones que padece o de que pueden ser objeto a través de los mensajes que se les dirigen desde determinados medios de comunicación y, de forma muy significativa, por la exhibición de imágenes con contenidos que puedan perjudicarles de manera física, psíquica o moralmente.
Reafirmamos, por tanto, que debe modificarse la normativa reguladora de esta materia para establecer un marco jurídico adecuado en el que se ponderen correctamente los derechos más necesitados de protección.
De forma muy especial debemos reiterar la necesidad de crear una autoridad independiente (lo venimos pidiendo una y otra vez), desvinculada del Poder Ejecutivo, cuya misión pueda ser analizar los contenidos de la publicidad así como de la programación que incluyan las diversas cadenas de televisión. Igualmente, resulta necesario abordar el mismo problema respecto de los contenidos en las nuevas redes informáticas.
Desde el comienzo de su actividad, nuestra institución ha venido prestando una atención preferente a los menores, y muy especialmente a aquellos que en sus actuaciones no respetan las normas esenciales de convivencia. Una muestra más de ese interés es el quinto estudio monográfico, donde abordamos la problemática de la nueva Ley de Justicia de Menores, así como la situación de los centros de internamiento. En especial, nos hemos interesado por conocer cuáles son las condiciones materiales, cuáles son los recursos humanos con que cuentan estos centros, para comprobar si, con los mismos, es posible dar una respuesta satisfactoria a las múltiples necesidades que este colectivo presenta. Por otro lado, mantenemos en el informe que será necesario aumentar el esfuerzo financiero para que el número de juzgados de Menores sea mayor y se adecue al incremento de procedimientos que existen en algunas ciudades y que, al menos, se cuente con un juzgado de Menores por cada provincia.
El último de los temas monográficos a que se refiere el informe de 1997 se dedica a las actuaciones que venimos llevando a cabo en relación con los derechos de la infancia, actuaciones que son múltiples, que son variadas y que suponen para la institución un interés prioritario y específico, campo que, como decimos, agrupa muchas materias y al que seguiremos dedicando nuestro interés y nuestra máxima atención.
Señorías, paso a referirme a los contenidos agrupados en la segunda parte del informe. Hemos introducido a este respecto un capítulo dedicado a evaluar las reclamaciones de los ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos esenciales. Del estudio de las quejas que nos han sido presentadas, así como del resto de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Defensoría, se desprende que los derechos esenciales consagrados en el título I de nuestra Constitución no han sufrido un quebranto sustancial. Sin embargo, sí se han producido vulneraciones concretas de determinados

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derechos que han motivado nuestra intervención. Precisamente en este importante campo debo reclamar con insistencia la total colaboración de las administraciones públicas y de las autoridades, a fin de procurar que el número e importancia de estas conductas institucionales decrezca de una manera continuada. Así, en relación con los derechos consagrados en el artículo 15, hemos puesto particular celo en investigar las denuncias sobre malos tratos o excesos en las actuaciones de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Con tristeza, debo también llamar la atención sobre la grave vulneración del mismo artículo que se viene produciendo por causa de la violencia doméstica contra las mujeres. Como tuve ocasión de señalar a la Comisión Mixta, nuestra institución ha finalizado en este mismo mes de junio el informe monográfico que s obre este tema nos fue sugerido por la propia Comisión. En él hemos podido confirmar la magnitud e intensidad del problema, que incide especialmente en los sectores sociales más desfavorecidos, confirmando las previsiones que ya se manejaban por los expertos. Confío en que, en un futuro próximo, pueda acudir de nuevo a informar con la amplitud que se precise sobre este estudio monográfico. No obstante, quiero señalar que, basándonos en las conclusiones del estudio, estamos preparando una serie de recomendaciones a las diversas administraciones concernidas para intentar atajar este dramático problema. Pretendemos fomentar una acción concertada, que no se agote en las necesarias reformas legislativas, penales, procesales, civiles o penitenciarias, sino que vaya más lejos, contemplando un incremento de los medios de investigación para tales delitos, así como la asistencia jurídica a las víctimas. También consideramos imprescindibles determinadas actuaciones de tipo social y asistencial, como el incremento de las casas de acogida o fomento del apoyo psicológico; la conveniencia de que las víctimas reciban un especial trato para el acceso a las viviendas de protección oficial; y, en la perspectiva de la prevención, la necesidad de fomentar una adecuación basada en valores que destierren estereotipos sexistas.
Pasando a otros derechos fundamentales, hemos detectado alguna vulneración del derecho a la intimidad, que fue oportunamente subsanada por la autoridad correspondiente cuando actuamos en relación con este tema.
Respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, sigue viéndose afectado como consecuencia de las dilaciones procesales, que resultan -pienso- del todo injustificadas. En tales casos, nos dirigimos al fiscal general del Estado para interesar su actuación al respecto.
En lo que se refiere al ámbito de los derechos y libertades de los extranjeros en España, desde el Defensor del Pueblo hemos visto con satisfacción la aprobación recientísima por este Pleno del proyecto que esperamos que conduzca a una reforma de esta ley de extranjería, de esta legislación sobre la materia, para que se adecue mejor a los principios de justicia, libertad y solidaridad. Realmente es un tema que nos preocupaba y con satisfacción vemos que todos los grupos parlamentarios parecen ponerse de acuerdo para iniciar ese tratamiento de forma inmediata.
No creemos que pueda considerarse satisfactoria la situación de los expedientes de asilo, en cuya resolución se aprecia en excesivos casos una lentitud administrativa. Constatamos también que han descendido tanto el número de solicitudes de asilo como el de resoluciones favorables a su concesión.
Señor presidente, señorías, me referiré ahora al funcionamiento irregular de las administraciones públicas, que, como saben SS.SS., es el objeto fundamental de la segunda parte del informe. Volviendo a la Administración de justicia, he de decir que los retrasos y extravíos de procedimientos vienen siendo objeto fundamental de las quejas que se dirigen al Defensor, así como la conducta de ciertos abogados y procuradores, para lo que, en último caso, hemos procedido a tramitar las quejas ante los respectivos colegios profesionales. La jurisdicción civil y contencioso-administrativa tienen un número de procedimientos pendientes que aumenta año tras año. Por eso, seguimos con la máxima atención los diversos trabajos en marcha para promover la reforma de las leyes procesales, al mismo tiempo que hemos venido solicitando la urgencia de poner en funcionamiento los juzgados de lo contencioso-administrativo.
En otro orden de cosas, nos hemos interesado por conocer las previsiones que el Ministerio de Economía y Hacienda ha realizado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a las indemnizaciones que tienen que percibir los damnificados por el síndrome tóxico. Desde el Defensor del Pueblo hemos estimado que deben coordinarse las actuaciones entre la Audiencia Nacional y las instancias administrativas oportunas para proceder con la máxima diligencia a la definitiva calificación de los afectados, determinando con exactitud la cuantía de las consecuencias y correspondientes indemnizaciones.
Para la supervisión de la Administración penitenciaria, hemos continuado, como SS.SS conocen que viene haciendo la institución casi desde su comienzo, un amplio programa de visitas a prisiones, que nos permite conocer y detectar sus principales carencias. Sigue advirtiéndose que varios centros no reúnen lo que serían unas aceptables condiciones higiénicas ni permiten tampoco que los reclusos puedan disfrutar de una mínima intimidad. También resulta urgente poner en práctica medidas que consigan disminuir el número de suicidios en prisión. Sobre este tema estamos a la espera de recibir el informe que hemos solicitado de la Administración penitenciaria, para poder complementar los elementos que, a juicio de la institución, son necesarios para hacer las oportunas recomendaciones.
Respecto al consumo de drogas en los centros penitenciarios, debo señalar a SS.SS. que los programas de rehabilitación en marcha, aun cuando han experimentado un positivo

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aumento, resultan todavía insuficientes para atender al colectivo afectado.
Sobre el servicio militar, nuestra institución ha dirigido al Ministerio de Defensa una recomendación para que, en tanto no concluya el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, se varíe el sistema de asignación de los excedentes de reemplazo. Hemos estimado que sería más adecuado conceder la excedencia en primer lugar a quienes demuestren padecer limitaciones o enfermedades que impidan o dificulten gravemente la prestación del servicio en filas, así como a aquellos que acrediten la existencia de obligaciones familiares que requieran su necesario concurso. El resto de los llamados a filas que no acrediten encontrarse en alguna de estas circunstancias deberían participar en un sorteo que garantice la igualdad de oportunidades. La situación de los jóvenes que realizan la prestación social sust itutoria no ha mejorado sustancialmente en relación con lo expuesto en anteriores informes. El período de tiempo necesario para obtener el reconocimiento de la condición de objetor, más el de los eventuales recursos, sigue siendo, a juicio de la institución, excesivamente l argo. A esto se unen las continuas demoras de la incorporación a la prestación, que conllevan perjuicios para quienes deben realizarla, al tener que soportar un largo período de incertidumbre, en el cual pueden resultar dañadas sus expectativas laborales.
En el apartado de seguridad pública, señorías, quiero trasladarles la opinión que hemos venido formándonos a lo largo de varios años sobre la necesidad de modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a fin de poner en conformidad el modelo policial español con el propio modelo del Estado. Creemos que las líneas esenciales que deberían quedar plasmadas en esa reforma de nuestras Fuerzas de Seguridad serían: primero, procurar la mayor coordinación de las fuerzas policiales; segundo, evitar agravios comparativos entre los distintos cuerpos; tercero, no abundar en querellas competenciales que dificultan la óptima utilización de los recursos disponibles. En resumen, potenciar la función de la Policía como un servicio público esencial para la pacífica convivencia de la sociedad española.
Señorías, el estricto control que nuestra autoridad ejerce sobre la entrada y estancia de los extranjeros en territorio nacional llega a extremos que este Defensor del Pueblo no puede compartir. Un año más, debo señalar que se ponen trabas a quienes, habiendo contraído matrimonio con alguna persona que tenga residencia l egal en España, desean ejercer su legítimo d erecho a la convivencia. Reitero nuestra convicción de que no resulta acertado proceder en este aspecto con criterios maximalistas y restrictivos y que, en todo caso, no puede olvidarse que el derecho al matrimonio está recogido en nuestra Constitución y que este derecho puede resultar vulnerado si su propia esencia es impedida por disposiciones de rango inferior, tales como las normas sobre exención de visados.
En otro campo, los problemas que se nos plantean en materia educativa no difieren en lo fundamental de lo que ya consta en anteriores informes. De entre los asuntos relativos a la educación universitaria, sí quiero destacar que nos hemos dirigido al Ministerio de Educación y Cultura, recomendando que adopte las medidas precisas para dotar de mayores medios a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuya meritoria labor viene desarrollándose con graves carencias financieras.
Por otro lado, del amplio muestrario de quejas de los ciudadanos sobre la actividad de la Hacienda pública, quiero destacar las actuaciones que hemos llevado a cabo ante los centros directivos correspondientes, en relación, por ejemplo, con las pensiones de los funcionarios públicos, negativa en algún caso a equiparar la regulación del régimen de clases pasivas con el de la Seguridad Social, y con la conveniencia de declarar exentas del pago del IRPF las pensiones por incapacidad. Hemos visto que ha habido un anuncio de que se van a tomar medidas respecto de los disminuidos físicos, de lo que nos felicitamos y estamos esperando con interés ver en qué pro porción se toman esas disminuciones para quienes sufren esas discapacidades. Los funcionarios que se jubilaron antes o después del primero de enero de 1985 sufren una discriminación que desde hace tiempo venimos intentando que se solucione. En todos estos casos, nuestras recomendaciones, aunque algunas veces parece que sí, no han encontrado todo el eco que hubiéramos deseado.
En el campo de la sanidad, la demora en la prestación de la asistencia sanitaria, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, es un problema, SS.SS. lo saben, que viene reiterándose año tras año.
Ciertamente, durante el año 1997 puede constatarse que hay una disminución, al menos ante el Defensor, del número de quejas por este motivo, pero siguen recibiéndose. Por otra parte, la drástica disminución del número de camas de los hospitales psiquiátricos públicos está ocasionando problemas, derivados de la necesidad de aumentar y mantener a determinados enfermos en un régimen de tratamiento ambulatorio que no resulta adecuado para la afección que padecen. En este sentido, la reforma operada en la medicina psiquiátrica se ha limitado a establecer la salida de estos enfermos de los centros hospitalarios, sin prever la necesidad de nuevas estructuras específicas que puedan atender de una manera especializada a este tipo de pacientes.
Otro tema al que nos debemos referir es el de la recepción de un considerable número de quejas que ponen de manifiesto que, habiendo obtenido en su día plaza en una residencia para mayores fuera del territorio de la comunidad autónoma en la que habían vivido o a la que estaban vinculados por múltiples lazos, encuentran dificultades para obtener plaza en una residencia de su comunidad de origen, por el proceso de descentralización autonómica. Esta situación se originó como consecuencia del traspaso de las funciones del

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Inserso a las mencionadas comunidades autónomas. Según el criterio de esta institución, sería conveniente eliminar los posibles obstáculos a la movilidad de las personas mayores cuando éstas pretendan cambiar de c entro residencial, todo ello, desde luego, sin detrimento de un escrupuloso respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Consideramos que habría de encontrarse alguna fórmula que pudiera resolver la cuestión; por ejemplo, admitiéndose por las administraciones competentes la posibilidad de permitir un sistema de permuta de plazas o el establecimiento de una reserva de determinados porcentajes de plazas en centros concretos.
En el año 1997 publicamos un informe extraordinario sobre seguridad y prevención de accidentes en las áreas de juegos infantiles, que fue elaborado en colaboración con Unicef España. Hemos podido comprobar que diversos ayuntamientos han asumido las medidas que proponíamos en este informe para sus espacios de recreo infantil. También hemos constatado que diversos parlamentos autonómicos han asumido las recomendaciones que, sobre eliminación de barreras arquitectónicas, formuló nuestra institución en su informe extraordinario sobre atención residencial a las personas con discapacidad y otros aspectos concretos que se elaboró en el año 1996.
Señor presidente, señorías, en materia laboral, nuestra principal preocupación se ha centrado en las medidas de seguridad en el trabajo. Desafortunadamente, España ocupa un lugar destacado en las estadísticas europeas sobre siniestralidad laboral. Hemos procedido a abrir una investigación de oficio para conocer las previsiones que pensaban adoptar las autoridades administrativas así como los datos de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo en materia de accidentes. Nuestra institución sigue el proceso de desarrollo reglamentario de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como las restantes medidas que se han puesto en m archa para intentar disminuir el número de accidentes en el trabajo. También consideramos necesario que se mantenga un alto nivel de actividad por parte de la propia Inspección de Trabajo sobre este estudio.
En otro orden de cosas, la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales numerosos preceptos de la Ley sobre el régimen de suelo y ordenación urbana ha provocado un vacío normativo que no debería prolongarse. La reciente Ley sobre el régimen de suelo y valoraciones puede paliar en algo esta situación, pero, dada la limitada capacidad estatal para legislar en este campo, serán las comunidades autónomas las que tengan que asumir un mayor esfuerzo legislativo, para hacer posible una normativa urbanística que pueda responder verdaderamente a los problemas que plantea el sector.
El estudio de las quejas sobre viviendas protegidas ha puesto de manifiesto la obsolescencia en que ha caído la legislación en la materia, problema que es especialmente significativo en el terreno fiscal. En este sentido se impone un acuerdo previo de las tres administraciones concernidas -la central, la autonómica y la local- para la renovación de las normas aplicables. Por otro lado, no puedo dejar de reseñar que la oferta de viviendas protegidas resulta insuficiente para dar respuesta a la demanda de personas con dificultades y que los recursos y programas de vivienda específicos para grupos en situación de marginalidad resultan absolutamente escasos.
En el apartado que agrupa las actuaciones realizadas en materia de medio ambiente, se ha estructurado el informe en cinco campos fundamentales: espacios naturales, flora y fauna silvestre; contaminación atmosférica; aguas continentales; residuos; actividad clasificada y contaminación acústica. En el primero de estos epígrafes debo dar cuenta de la recomendación que le fue formulada al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la afectación ambiental que implicaba la revisión del plan director territorial de Doñana y que no fue acogido por la Junta con el interés que hubiéramos deseado. El apartado de las actividades clasificadas y contaminación acústica agrupa un gran número de quejas y nuestras previsiones son que van a crecer en un futuro, en especial por lo que se refiere a la contaminación acústica. Semejante problema no sólo se vincula a las actividades comerciales e industriales, sino que se produce igualmente por la propia concentración que sufren los núcleos urbanos, así como por el bajo cumplimiento de las ordenanzas reguladoras sobre esta materia, que ya de por sí resultan insuficientes.
Señorías, en el apartado de consumo, este Defensor del Pueblo sigue con particular atención el proceso de trasposición de las directivas comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico. Así, hemos podido constatar durante el año objeto de este informe que no se ha producido dicha trasposición en el caso de la Directiva 1993/13, de 6 de abril, sobre cláusulas abusivas de los contratos, cuando el plazo que se estableció para su recepción en nuestro Derecho interno finalizó el año 1994; todavía no ha sido traspuesta esta directiva.
La institución que represento ha investigado los procedimientos seguidos en materia de expropiación forzosa y ha constatado que con alguna frecuencia se producen irregularidades lesivas para los derechos de los titulares de los bienes expropiados. Ante esta situación, nos dirigimos al Ministerio de Fomento solicitando que se adoptaran las medidas para que en estos procedimientos se cumplieran escrupulosamente los principios constitucionales por los que ha de conducir su actuación la Administración pública. El citado Ministerio no ha respondido hasta el momento a nuestra resolución.
Debo pasar ahora, señor presidente, señorías, a dar cuenta del contenido de la parte del informe que alude a los recursos que puede interponer el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.
Comenzaré señalando que durante el año 1997 acudieron ante la institución 13 ciudadanos solicitando la interposición de sendos recursos de amparo constitucional.


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En todos los casos se trataba de situaciones en las que la supuesta vulneración de un derecho fundamental era imputable de forma inmediata y directa a una resolución judicial. Tras el detenido estudio de las solicitudes, este Defensor no consideró oportuno formalizar el recurso, al estimar que la acción de amparo no resultaba viable.
En lo que a recursos de inconstitucionalidad se refiere, debo señalar que el Defensor forma su criterio sobre cada una de las solicitudes una vez oída la Junta de coordinación, utilizando cuantos medios considere oportunos para elaborar mejor su resolución, medios que no podrían afectar en modo alguno a su independencia en el momento de tomar la decisión. Optar s obre una interposición o no de un recurso exige que el titular de la institución llegue a concretar su decisión s obre la constitucionalidad de una norma, pero que quede bien claro que esta convicción sólo puede estar basada en argumentos jurídicos de orden constitucional. El primero de ellos es que toda ley, por razón de la directa legitimidad democrática que ostenta el Poder Legislativo, goza de una presunción de constitucionalidad que, obviamente, vincula al Defensor del Pueblo. Por tanto, sólo debe procederse a la interposición del recurso si se aprecia de forma evidente la discrepancia entre la norma analizada y el bloque de la constitucionalidad. En otro caso debe operar la presunción favorable a la conservación de la norma y, en consecuencia, no procede acceder a la interposición del recurso solicitado. Claro que en este último supuesto la propia función del Defensor no se agota con la interposición de un recurso. Por ello, los distintos titulares de la institución hemos venido haciendo uso de las facultades que nos atribuyen los artículos 28.2 y 30.1 de la Ley orgánica reguladora de la institución, ejerciendo la magistratura de persuasión, que es nuestra nota más distintiva, promoviendo las voluntades de los poderes públicos y procurando que mantengan en todo momento sus actuaciones dentro del cauce de lo permitido por la Constitución.
Hechas estas consideraciones de carácter general, debo señalar a SS.
SS. que, durante el año al que se refiere este informe, 20 leyes -tanto estatales como de diversas autonomías- fueron objeto de solicitudes de recurso por parte de ciudadanos, asociaciones o entidades. De ellas, únicamente se estimó la procedencia de ejercitar la legitimación en dos casos, uno contra la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, y otro contra diversos preceptos de la Ley de la Comunidad Autónoma canaria 5/1996, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de aquella comunidad.
Señor presidente, señorías, aprovecharé esta última parte de mi intervención para permitirme hacer dos s ugerencias de viva voz a esta Cámara, por si sus miembros tienen a bien tomarlas en consideración.
No es la primera vez que reivindico en sede parlamentaria que la labor de la institución no se concluye con la exposición del informe anual que estoy realizando en este momento, sino que, por el contrario, debe establecerse, y así lo venimos pidiendo, por parte del Gobierno la obligación de contestar al mismo, por supuesto, en la parte que corresponda a la Administración del Estado, para que dé cuenta de su posición respecto a las sugerencias y recomendaciones que le hayan sido formuladas por nuestra institución, así como de las valoraciones que de aquéllas se desprenden. En ocasiones, yo he hecho público mi apoyo a cuantas iniciativas vengan en esta línea, por lo que sólo deseo dejar patente este respaldo. Incluso, en el mes de octubre de 1997 un grupo parlamentario tuvo esta iniciativa, que en este momento está en tramitación, pero no acaba de salir adelante.
Por otro lado, quiero pedir a los miembros de esta Cámara que reflexionen sobre una cuestión que está relacionada con la efectividad de los requerimientos del Defensor del Pueblo. Cuando una administración desatiende nuestras peticiones, lo único que podemos hacer es consignar su nombre en un apartado del informe anual, pero lo cierto es que de este hecho no se derivan mayores consecuencias.
Pienso, señorías, que sería bueno establecer las disposiciones oportunas para considerar la inclusión de estas administraciones en la lista de quienes incumplen su deber de contestar al Defensor del Pueblo, como un último requerimiento público y solemne.
Quiero concluir recordando que este año celebramos el 50 aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No soy de los que creen que una conmemoración se justifica por sí sola. Para mí, esas celebraciones sólo tienen sentido si reafirman voluntades y aportan el impulso necesario para continuar adelante en una lucha que no debe cesar nunca. En el siglo que va a comenzar, la lucha -SS.SS.
lo saben- será la globalización de los derechos humanos, respetando desde luego la diversidad de culturas y las necesarias matizaciones que estas impliquen a la hora de entendernos, pero dotándolas de un mínimo contenido que suponga una protección suficiente para todos los seres humanos. Por los informes que venimos recibiendo, en los últimos días, de distintas organizaciones internacionales, puede verse lo aterradora que está siendo en estos momentos la situación del mundo ante las constantes violaciones que se están produciendo. Es cierto que, en la medianoche del 10 de diciembre de 1948, el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas dijo, refiriéndose a la Declaración Universal que acababa de nacer, lo siguiente: Este documento -lo decía con énfasis y con convencimiento- está reforzado por la autoridad que le da la opinión del conjunto de las Naciones Unidas; millones de personas, hombres, mujeres y niños de todo el mundo buscarán en él ayuda, guía e inspiración. Años después, cuando los españoles nos propusimos construir un régimen de libertades, quisimos hacer buena la frase del presidente

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de la Asamblea y señalamos, en el artículo 10.2 de nuestra Constitución, que nuestros propios derechos fundamentales se interpretarían de conformidad con la solemne Declaración Universal.
Por tal razón, esta conmemoración del 50 aniversario es también, y muy particularmente, la celebración del momento en que decidamos de verdad, definitivamente, entroncar a nuestro pueblo con el árbol de las libertades.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor p residente.
Aunque la cortesía imponía hablar desde el escaño, como me parece que en una situación como ésta la asistencia debería ser más concurrida, y dado el poco ánimo que veo en la Cámara para escuchar un informe como el del Defensor del Pueblo, he querido bajar, por delicadeza, por apoyo y para decir que, aunque esta comparecencia parece a veces muy burocrática, el informe incluye páginas sobre muchas de las deficiencias que existen en nuestro país y nos lleva, además, a escuchar cómo vamos evolucionando cada año.
Yo quiero decirle que no podemos tratar todas las cuestiones que plantea, pero que las iremos tratando a lo largo del año. Además, quiero manifestar que me siento preocupada por la reflexión general que ha hecho, porque en unos momentos en que tenemos una supuesta bonanza económica, cuando parece que todo el mundo tiene que estar contento y que España va bien, me he encontrado, sin embargo, en este informe con que en esta situación falta algo. Falta precisamente el desarrollo de derechos personales de los ciudadanos, no ya derechos fundamentales, sino de necesidad, de vivienda, de educación, de igualdad, de lucha contra la intolerancia y contra la intransigencia.
Y vemos que hay una sociedad que está desfalleciendo en las cuestiones personales y en su percepción de sentirse protegida en la democracia.
El informe, que, como siempre, toca todas las cuestiones, ha hecho hincapié este año en las relaciones de debilidad que se producen en la sociedad por problemas de racismo, xenofobia, exclusión social, siniestralidad laboral, asistencia a ancianos, infancia, daños en la educación, desigualdad y violencia contra las mujeres. Y esto me preocupa profundamente, así como las advertencias que se hacen en el informe sobre el tema de la educación, el conocimiento de los derechos en una sociedad desarrollada democráticamente, en la que cada vez van teniendo los ciudadanos más conocimiento de sus derechos fundamentales. El informe destaca que se observa con sorpresa cómo el conocimiento que tienen las mujeres de sus derechos es bastante inferior al que tienen los hombres, lo que influye en la discriminación de la que ellas son objeto. Por eso, me gustaría ofrecer un apoyo especial en todas estas cuestiones.
Nos preocupa, además, la sensación de desamparo que a veces se produce en los ciudadanos por la Administración de justicia, pero sobre todo por la económica. El informe hace un llamamiento sobre el proceder de los tribunales económico-administrativos, como un deseo de relajar la relación con los ciudadanos, lo que, sin embargo, es denunciado como un obstáculo, como una falta de garantía de derechos, y pienso que sobre ello podríamos insistir más firmemente desde la Administración.


A mí me preocupan estas cuestiones y estamos esperando con verdadero interés el informe sobre malos tratos y violencia doméstica que de forma monográfica está haciendo el Defensor del Pueblo, que ya anunció en su comparecencia y anuncia también en este informe. Yo le pido que, en cuanto lo tenga, lo remita a la Cámara.
Se han visto demasiadas cosas para saber dónde tenemos que actuar.
Creo que las políticas de igualdad se han venido, digamos, ralentizando, al pensar que las cosas se habían conseguido, que había una cierta apariencia de igualdad. Sin embargo, la igualdad no aumenta, está estancada, como lo destaca el propio Defensor del Pueblo; y estar estancado, no avanzar, es empezar el retroceso. Por tanto, creo que tenemos que hablar en la Cámara de esta llamada de atención.
Pasando a otro asunto, siempre que se trata el tema de la agresión a menores, buscamos la reforma legal como solución. Aquí hay una cuestión mucho más profunda en la que no hemos hecho hincapié todavía: la legislación de menores, la protección de menores; no el Código Penal para los menores, sino un verdadero reconocimiento de los derechos del niño, y tuvimos ocasión de oírselo en esta Cámara a los propios niños. C reo que tendríamos que formularlo de una forma mucho más valiente, mucho más generosa, menos proteccionista y más protagonista. Me parece que hay bases de este informe que deben marcarnos una línea de trabajo.
Creo que una sociedad se hace moderna cuando se hace moderna su gente, cuando se hace demócrata, tolerante, cuando se hace igual. Sin embargo, destaca, por ejemplo, que, aunque es muy bajo el número de inmigrantes que tenemos en España, se están detectando ya verdaderos casos de racismo, de xenofobia, de violencia que, como no los paremos ahora, van a ser de verdad un problema. Además de con la educación, se tienen que parar con otra legislación que no sea una ley de policía, como destaca el Defensor del Pueblo, sino que empiece a ser una ley de integración. Hay que convencer a la gente de que ellos vienen a integrarse en nuestro país para salir adelante, y no vienen a disputar con nosotros la reforma de este país.
Nosotros tenemos que ser representantes precisamente de todas esas necesidades. Desde luego, a nosotros

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nos inquieta que, en el desarrollo de los derechos, esta Cámara se esté preocupando mucho de los económicos y, a veces, no tanto de los derechos humanos, de los derechos personales, que es lo que da garantía a la democracia.
No puede ser que el Defensor del Pueblo lo recoja, nos lo diga y que nosotros nos quedemos o bien oyéndole o esperando el año que viene.
Creo que esta Cámara va a tener que mostrar una mayor energía, vamos a tener que ponernos a trabajar sobre los temas que de verdad afectan a los ciudadanos -y yo sé que estamos trabajando en todo- para avanzar ante problemas graves que demuestran deficiencias profundas de la sociedad, deficiencias de educación, de respeto, de igualdad, de protección de ancianos -como nos acaban de decir-, y se empiece de verdad a saber que los protagonistas de esta sociedad son los hombres y mujeres, los ancianos y los niños que viven en nuestro país y que necesitan tener esa protección.
Por eso, las políticas restringidas de vivienda, las carencias de suelo, que a su vez encarecen y no facilitan que haya políticas de vivienda para jóvenes, para mujeres con cargas unifamiliares, que hacen que los inmigrantes tampoco se vean integrados, pienso que van a hacer que en este país la tensión social vaya a ser más importante que el desarrollo económico.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le ruego vaya concluyendo.


La señora ALMEIDA CASTRO: Por todo ello, le ofrecemos al Defensor del Pueblo, como hemos hecho siempre en esta Cámara, que el trabajo vaya donde se detecten los problemas. Si hay propuestas que no estén cumplidas -algunas se han cumplido-, las tomaremos en nuestra mano y, dentro de la potencia que tengan desde el Grupo Mixto, el Partido Democrático de la Nueva Izquierda e Iniciativa por Cataluña-Los Verde s, contará con una fuerte ayuda para intentar que los derechos que a usted le denuncian como deficientes tengan una realidad tanto presupuestaria como normativa.
Quiero recordar, porque también lo recuerda el Defensor del Pueblo...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le ruego concluya.


La señora ALMEIDA CASTRO:...una sola frase, que 1998 es el año que el Parlamento Europeo ha decretado como el de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. En nuestro país creo que sería un buen año para que todas estas discusiones que hemos tenido tengan una proyección legal, jurídica y humana para evitar este tipo de situaciones. Así lo esperamos y así lo vamos a solicitar a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Almeida.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Queremos, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, expresar nuestro apoyo a la institución del valedor y también a la persona que hoy lo preside, porque pensamos que una auténtica democracia se caracteriza por el respeto mutuo entre las instituciones, porque todas ellas son legítimas y porque no existe un poder absoluto, y solamente en la ósmosis entre todas ellas se puede lograr la mejora de la sociedad.
Por eso, queremos empezar por las palabras del señor Defensor del Pueblo que llamaba la atención sobre la obligatoriedad del Gobierno y de las administraciones públicas de contestar, cuando menos, a todos los requerimientos, súplicas o recomendaciones, aunque no siempre sea en sentido positivo, para que cuente también con nuestro apoyo y nuestro criterio en esta vía de actuación y de respeto mutuo.
Por lo demás, queremos reconocer al Defensor su trabajo importantísimo en sectores que, aunque parece marginales, son indicativos de cómo funciona nuestra sociedad, especialmente en lo relativo a la administración penitenciaria. El amplio programa de visitas a prisiones creo que está valiendo para sensibilizar a una parte de la opinión pública, aún pequeña, y a una parte también de las instituciones de representación democrática sobre el hecho de que las prisiones en el Estado español no son precisamente un modelo de recuperación de los que están privados de libertad, como manda la ley. Como ya dijo el Defensor del Pueblo, varios centros penitenciarios del Estado no tienen condiciones higiénicas mínimas, no reúnen condiciones para la intimidad, y no hablemos ya de la recuperación de los enfermos. También hace recomendaciones sobre la e carcelación de presos en fase terminal.
Lo mismo podríamos decir de la situación de quebranto de derechos fundamentales referidos a malos tratos o comportamientos excesivamente agresivos por parte de los cuerpos de seguridad. Señorías, debemos tener en cuenta que en todos estos casos se trata de personas que se vieron en estas situaciones y que, por tanto, son sintomáticos e indicativos de que hay algo que no funciona bien, precisamente en sectores de la Administración pública, por falta de una concepción auténticamente democrática y de servicio a los ciudad a nos.
Igualmente queremos señalar la importancia que tiene que los servicios públicos no sean cerrados, a veces pretextando una modernidad que no es tal, como el caso de la siquiatría pública, porque, como es lógico, los ambulatorios no son ni suficientes ni apropiados para tratar determinado tipo de enfermedades.
Si a esto añadimos lo que sería la violación de derechos de carácter colectivo más amplios y que, por

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supuesto, muchísima gente no recurre al Defensor del Pueblo para defenderlos, como pueden ser el derecho al trabajo y a la vivienda digna, nos haremos la idea de que lo que nos presenta el señor Defensor del Pueblo es la punta de un iceberg mucho mayor que indica que no podemos estar satisfechos con el funcionamiento a nivel social y económico de nuestro sistema político, que hace falta rectificar muchas cosas y aplicar en la legalidad y, por tanto, prescriptivamente, aquello que teóricamente se dice defender en la Constitución española.
Quiero volver a mostrar nuestro especial reconocimiento a una institución que es hoy ventanilla de queja directa de ciudadanos que individualmente piensan que no son respetados, que pasan por situaciones difíciles y que son sintomáticas, en todo caso, de deficiencias del conjunto.
Solamente me queda reconocerle también al señor Defensor del Pueblo el exquisito cuidado que ha tenido a la hora de no iniciar recursos de supuesta aconstitucionalidad a leyes de comunidades autónomas que están basadas en la defensa de la identidad cultural colectiva y que, por tanto, exceden a la dinámica puramente individual, que también debe ser respetada, pero a otro nivel.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor p residente.
Señorías, voy a expresar el parecer de Coalición Canaria, en la misma línea que lo hicimos en el trámite de Comisión, en relación con el informe de la institución del Defensor del Pueblo y una vez que su titular, don Fernando Álvarez de Miranda, ocupando esta tribuna, ha hecho el resumen de su exposición.
Una vez más, Coalición Canaria hace una valoración positiva en los órdenes en que nosotros enjuiciamos este documento correspondiente a la memoria de la institución en el pasado ejercicio de 1997. Es una valoración parlamentaria positiva, porque el dictamen viene recogiendo una serie de sugerencias que los distintos grupos parlamentarios le hemos ido haciendo. Concretamente, desde el punto de vista de Coalición Canaria -coincidente también con otros-, era positivo que el informe tuviera una sistemática clara e inteligible, una sistemática que obedeciera a la defensa de los principios y de los derechos fundamentales de la persona, como consagra el Título I de nuestra Constitución, que tuviera, al mismo tiempo, una sensibilidad específica con aquellas demandas que, sin estar generadas muchas veces por solicitudes específicas de amparo, tuvieran un eco sociológico que fuera necesario investigar. Aquí destacamos, en primer lugar, la importancia que en esta primera parte del informe tiene el tratamiento monográfico de determinados temas. Insistimos una vez más en que estos puntos que aquí se traen, que el Defensor ha relatado, como puede ser el caso de las minas antipersonas, el procedimiento económico-administrativo, la inmigración y el racismo, la protección de la juventud, una nueva ley de justicia de menores o las actuaciones del Defensor del Pueblo en defensa de la infancia, requieren que la institución esté bien dotada en cuanto a efectivos de personal y a presupuestos económicos para que se pueda ir profundizando y manteniendo no solamente lo que fue en sus inicios la figura clásica de ventanilla de recepción de quejas, sino que se pueda empezar a afianzar lo que está constituyendo en la primera parte del informe un cuerpo, diría, verdaderamente doctrinal.
En esa primera parte del informe, junto al tratamiento monográfico de determinados temas, queremos destacar fundamentalmente las denuncias que se hacen de aquellas administraciones que han incumplido las recomendaciones del Defensor, pero quiero destacar lo que debe ser uno de los puntos de apoyo fundamentales del prestigio interno y externo de la institución frente a la Administración pública, y es el capítulo de las recomendaciones, sobre todo las aceptadas por las distintas administraciones. En este punto, señorías, sí es necesario hacer una reflexión. Toda la sistemática del informe del Defensor del Pueblo, como decía al principio, tiene una base constitucional, que es la defensa de los derechos intangibles de la persona. Ha sido oportuno que, de entrada, en la presentación de esta memoria el Defensor del Pueblo haya señalado que, si bien el Título I de nuestra Constitución del año 1978 consagra y regula los derechos y deberes fundamentales del ciudadano, no todos los derechos de ese Título I se han considerado por los exegetas como derechos fundamentales, y se reservan solamente a los que están en la sección primera. Pues bien, creemos que esta sección primera está bien recogida en el informe del Defensor del Pueblo cuando da esta prioridad en la sistemática, por supuesto sin desechar los que vienen en la sección segunda y siguientes, en el Título I de la Constitución, que siguen siendo derechos fundamentales, pero, diríamos, de un tenor o rango inferior.
Es importante que esta sistemática influya en la sensibilidad de la institución del Defensor del Pueblo para defender a ultranza todos estos derechos del ciudadano. Quiero destacar que, precisamente por este análisis, la memoria del Defensor del Pueblo dice que los españoles consideran como derechos más vulnerados, o con mayor frecuencia, los que cita a continuación: en primer lugar, el derecho al trabajo; en segundo lugar, el derecho a la vivienda digna y, en tercer lugar, el derecho a un trato igualitario. Están recogidos aquí no sólo por los estudios sociológicos encomendados a una empresa por el Defensor del Pueblo, sino porque las fuerzas políticas parlamentarias lo estamos detectando como una demanda sociológica, con exigencia política,

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que los partidos tenemos que reflejar en nuestros programas electoral es, porque hoy un programa electoral, una demanda socio-política de una fuerza parlamentaria o extraparlamentaria que no defienda el derecho al trabajo frente al paro, el derecho a la vivienda digna o la situación de la juventud, tendría poco eco.
En cuanto a las recomendaciones, quiero destacar una que para mí tiene un concepto doctrinal altamente elogiable, y es la que ha dirigido al Ministerio de Defensa en cuanto a los criterios de interpretación de las normas que afectan a los derechos fundamentales en el ámbito disciplinario militar. A nuestro juicio, es de tal envergadura lo que dice el Defensor del Pueblo que inspira muchas de las iniciativas parlamentarias que Coalición Canaria viene realizando ante esta Cámara. Me refiero fundamentalmente a cuando el Defensor del Pueblo dice: La fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo. Y sigue diciendo: Se recomendó al Ministerio de Defensa que, valorando las consideraciones realizadas por esta institución, adoptase las medidas e impartiese las instrucciones oportunas para que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de la disciplina militar, las normas que establecen límites al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales -aquí pondríamos nosotros el derecho de asociación de los militares- sean interpretadas con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos. No me queda sino manifestar mi voto de apoyo, de adhesión, mi rúbrica a esta declaración de principios que hace ejemplar y magistral la memoria del Defensor del Pueblo.
La segunda parte del informe -aquí la casuística departamento por departamento es similar a la de otros años- denota también que los ciudadanos españoles se acercan al Defensor del Pueblo para presentar sus cuitas y sus quejas ante cualquier interpretación que hayan hecho de supuesta dejación a la hora de ser atendidos por la Administración.
En cuanto a la tercera parte, sólo voy a hacer una referencia, dada la singularidad que tiene para Coalición Canaria, ya que, en uso de la legitimidad que concede al Defensor del Pueblo nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal para interponer recursos ante el Tribunal Constitucional, los dos únicos recursos que han ido por vía constitucional se refieren al Gobierno autónomo de canarias.
Son los referentes a la Ley Orgánica 4/1996, del Estatuto de Autonomía de Canarias, sobre el tema electoral en las circunscripciones canarias, y la Ley 5/1996, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por estar estar este asunto en el Tribunal Constitucional, este portavoz, por respeto al ordenamiento constitucional, no hace ningún juicio de valor. El Defensor del Pueblo ha estimado que era viable presentar estos recursos; mi fuerza política, el Gobierno y el Parlamento de Canarias tienen otros criterios sobre los porcentajes de representación electoral en el Parlamento autónomo de Canarias, pero, por el respeto que nos merece el Tribunal Constitucional, quedamos a la espera de la resolución final.
Otras cuestiones del informe que se refieren a nuestra comunidad están perfectamente ensambladas con la magnífica labor que viene realizando el Diputado del Común, nuestra institución equivalente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y solamente me queda felicitar al Defensor del Pueblo, a todos sus funcionarios, a los adjuntos, a toda la institución, en una palabra, por la labor de coordinación que viene realizando, y que es imprescindible, con los correspondientes defensores del pueblo, con sus distintos nombres, de las comunidades autónomas que los tienen, como es el caso de la nuestra, para crear un cuerpo de doctrina, porque sería verdaderamente inadmisible que el Defensor del Pueblo del Estado español, cuando tuviera que dictar resoluciones, tuviera unos criterios, una doctrina distinta a la de la comunidad autónoma, que hicieran incongruentes una serie de decisiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino inmediatamente, señor presidente.
Estimulamos de la misma manera que felicitamos a la institución del Defensor del Pueblo por esa línea política seguida.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir con enorme brevedad, a los solos efectos de que quede constancia de la presencia en el Pleno del Grupo Vasco y de su testimonio f rente al alto comisionado de las Cortes Generales, puesto que nuestra representación en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo la ostenta un senador, y será en el seno de esta Cámara donde se produzca la exposición in extenso, en nombre de nuestro grupo.
Cada año, al examinar el informe anual del Defensor del Pueblo y al seguir la actividad de la institución, se nos hace más evidente el acierto de la plasmación del artículo 54 de la Constitución, rompiendo el esquema clásico del Ombudsman tradicional, volcado primordialmente en la fiscalización de la administración.
Ciertamente, esta es una parte importante de su actividad, pero creemos que se estableció como objetivo primario la tutela de los derechos y libertades.


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Este aspecto se hace patente en la elección y el tratamiento de los temas monográficos respecto de los cuales sólo nos caben elogios; minas antipersonas, inmigración y racismo, protección de la juventud y de la infancia, necesidad de una ley de justicia de menores y centros adecuados para ellos, son cuestiones fundamentales.
Los datos estadísticos inciden en el otro aspecto, las reacciones de los ciudadanos frente al actuar administrativo, y retratan el funcionamiento respecto de estos derechos ciudadanos de las distintas administraciones públicas: quién incumple, cuándo incumple, quiénes, pese a errores iniciales, aceptan las recomendaciones siempre sensatas y no rehuyen los problemas, por espinosos que estos sean, sino que son valientes, arriesgan y los afrontan siempre con este norte de la tutela de los derechos. En el contenido del informe hay, además, importantísimos análisis y detección de problemas, respecto de los cuales nosotros, como legisladores, deberíamos darnos por aludidos.
Se ha referido el Defensor del Pueblo a la toma en consideración de la proposición de ley sobre derecho de los extranjeros que ha tenido lugar esta misma semana. También se está a punto de culminar en esta Cámara lo que fue recomendación del pasado año en relación con la Ley de la jurisdicción contenciosa, vinculada a la tutela judicial efectiva, y hemos tomado buena nota de la recomendación referida a la Ley 30/1992, en lo que hace alusión al artículo 35.f), ya que en este momento se encuentra pendiente de tramitación ante la Cámara.
Particular interés tienen, desde nuestra óptica, las cuestiones referidas a instituciones penitenciarias. Ya hace dos años que esta trascendental materia ha pasado del ámbito de la justicia al de interior y tenemos la percepción, avalada por datos ciertos, de que las cosas no se están haciendo bien.
Esperamos también con sumo interés, al igual que lo ha manifestado el Defensor del Pueblo, el informe exhaustivo que el Ministerio ha prometido presentar para proceder en consecuencia en el ámbito de esta Cámara.
Desde la pertenencia a un partido de ámbito vasco, quiero concluir refiriéndome al acierto con que el Defensor del Pueblo ha enfocado y llevado a la práctica las relaciones con los comisionados autonómicos, ya que, según las informaciones procedentes del Ararteko, las relaciones son excelentes, fluidas y constructivas, lo que no es predicable en otros ámbitos políticos o administrativos.
No sé si es correcto felicitar a una institución por cumplir con su cometido, pero ese es el sentir que su actuar nos sugiere.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Amorós.


La señora AMORÓS I SANS: Muchas gracias, señor p residente. Voy a ser muy breve.
Un año más acude el comisionado de las Cortes Generales a su comparecencia a esta Cámara legislativa para, cumpliendo con su obligación constitucional, rendir su informe correspondiente al año 1997.
Este año celebramos el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; unos derechos que en demasiadas ocasiones son meramente teóricos, ya que muchos seres humanos los ven agredidos todos los días en sus más fundamentales principios; unos derechos que, hace pocos días, niños y niñas de todo el mundo reivindicaban públicamente en la marcha mundial contra la explotación infantil, demandando el derecho a ser tratados como niños y niñas, el derecho a recibir una educación que les permita progresar y el derecho a una familia que pueda atenderles.
Dicho esto con la esperanza de que en todo el mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea de efectiva e inmediata aplicación, entraré a hacer las consideraciones que me parecen más oportunas del informe que hoy nos presenta el Defensor sobre 1997.
Para empezar, vemos que el número total de las quejas ha disminuido respecto al año 1996, ya que se ha pasado de las 25.780 anteriores a 18.138. Esto supone una disminución importante, del orden del 28 por 100, si bien las quejas que se han presentado a título individual se hallan estabilizadas en las 11.000. Debo mostrar mi preocupación porque cada año se repiten en demasía los mismos motivos que las originan, lo que indica que no se logra terminar con unas conductas que deberían estar superadas.
También pone de manifiesto el informe que aumentan l as recomendaciones del Defensor aceptadas por las administraciones públicas, lo cual es naturalmente bueno. No obstante, incomprensiblemente, aún hay casos en los que la Administración incumple el deber de contestar al Defensor.
Uno de los datos que se desprende de la investigación sociológica encargada este año por el propio Defensor es el de que uno de cada cinco ciudadanos del Estado considera que se vulnera alguno de sus derechos. Esto indica a su vez que los ciudadanos y ciudadanas conocen mejor sus derechos, pero paradójicamente estos mismos ciudadanos tienen una sensación de déficit en aquellos derechos que les garantizan su igualdad, lo que les induce a creer que aún queda un camino por recorrer hasta alcanzar la meta de total igualdad que nos tiene ordenada la Constitución. No obstante, queda patente en el informe la mejora en esta cuestión desde el año 1989 en que también se realizó un barómetro sobre el mismo tema. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el rechazo de la sociedad de hoy a las actitudes discriminatorias es mucho

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mayor que hace unos años. La conciencia colectiva no tolera ya prácticas que se entienden discriminatorias.
El informe que hoy se somete a nuestra consideración y al que el Grupo Parlamentario Catalán da su aprobación contiene la enumeración de las quejas recibidas y de las recomendaciones que ha efectuado la institución. También nos indica los actos protocolarios que se han efectuado con otras instituciones, todo ello para que esta Cámara tenga un mejor conocimiento del grado de satisfacción del administrado y del grado de cumplimiento de las recomendaciones por parte de las diferentes administraciones, así como del desarrollo de los temas monográficos, de gran utilidad para nuestro trabajo parlamentario.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán quiere finalizar su intervención manifestando su enérgica repulsa a las desafortunadas declaraciones que recientemente ha efectuado el Defensor del Pueblo a cerca de la ley de normalización lingüística del catalán. En esta cuestión no puede decirse que el Defensor haya actuado con la necesaria objetividad. No vemos cómo puede hablarse de un planteamiento objetivo a cerca de unas quejas que todavía no hemos recibido y de las que, por tanto, no tenemos conocimiento. Esto ha producido una alarmante sensación de indefensión a una parte de la ciudadanía, aprovechada con fines electoralistas por algunos que pretenden hacer demagogia con el derecho constitucional al uso normal izado de la lengua propia de una nacionalidad que forma parte del Estado.
Desde este escaño tenemos que recordar al Defensor que actúe según el imperativo que contiene el artículo 22 del capítulo V de la ley orgánica que creó esa institución, es decir, que actúe con la reserva y la discreción a las que la ley le obliga mientras no se haya completado la tramitación y la resolución de cualquier queja; sólo así, cuando se presente en esta Cámara, será el momento del debate. La publicidad que la institución del Defensor del Pueblo necesita no es precisamente la del enfrentamiento y la polémica; por el contrario, debe ser respetada y hacerse respetar y de ninguna manera ser caja de resonancia de intereses partidistas que, como en este caso, lo que quieren es perturbar la paz social. El Defensor del Pueblo lo es de todo el pueblo y no sólo de una parte, y este cometido le exige objetividad, justicia y discreción en sus actuaciones y sus declaraciones.
Señor presidente, señorías, la lengua propia es la señal de identidad fundamental del pueblo catalán, una herencia además que debemos transmitir a futuras generaciones. El uso normalizado del catalán no es una imposición, tampoco es un privilegio; es un derecho constitucional que nos fue arrebatado durante un largo periodo de nuestra historia y que la Constitución nos devolvió.
El Grupo Parlamentario Catalán quiere poner de manifiesto que, a pesar del enojo y el disgusto que sentimos, creemos en la institución del Defensor del Pueblo, la respetamos por su trabajo y dedicación al servicio de la ciudadanía y por ello esperamos el informe del próximo año para examinarlo, analizarlo y debatirlo en Comisión y en Pleno, que es como debe ser.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Amorós.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar y no como fórmula de protocolo, quiere nuestro grupo parlamentario mostrar su gratitud al trabajo del Defensor del Pueblo, y en esta expresión, como es lógico y natural, a todo su equipo.
Pensamos incluso que la presentación de este informe acerca de lo que llamamos el estado de la Administración debería preceder a la discusión que generalmente hacemos cada año sobre el estado de la nación, porque a lo mejor ello produciría la importante consecuencia de que en la discusión o debate del estado de la nación se abandonara toda tentación de triunfalismo y se tuviera una mínima cura de humildad para ver si de verdad España funciona y en qué medida podemos suscribir tal afirmación. Por eso nos parece muy adecuada la s gerencia que acaba de hacernos el Defensor del Pueblo de buscar los mecanismos parlamentarios precisos para que este informe no sea objeto pura y sencillamente de una exposición litúrgicoformal en la Cámara, sino que tenga una eficacia, y la primera de las eficacias tiene que ser la de la contestación por parte del Gobierno acerca de aquellos defectos o disfunciones que dicho informe revela o pone de manifiesto.
Nuestro grupo, a la vista de la práctica en cuanto a la elaboración y presentación de este informe y su resultado, ya va a tomar una decisión, que es la de hacer comparecer en cada una de las comisiones afectadas a los miembros del Gobierno para que, desglosando la parte del informe del Defensor del Pueblo que les afecte, nos puedan manifestar de una vez por todas qué opinan y cómo la valoran. Creemos que sería este un tratamiento que no haría sino profundizar el que ya de por sí la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo suele llevar adelante y a lo mejor pondría mucho más de manifiesto cuáles son las necesidades que tenemos que acometer, porque no cabe la menor duda de que un informe tan completo y tan extenso no se puede despachar en un acto como el de esta mañana y debe tener un tracto sucesivo a lo largo del trabajo parlamentario.
En todo caso, nuestro grupo no va a destacar del informe del Defensor del Pueblo, ni mediante su lectura ni mediante una especial puntualización, ninguno de sus extremos, porque todos son muy importantes. Es evidente que la importancia de lo que en él se contiene se valora con una cierta carga subjetiva, según sea la

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posición ideológica y según sean los intereses que cada uno defendemos, pero sí entendemos que debemos extraer unas conclusiones relevantes.
La primera de todas ellas es los organismos que no colaboran con el Defensor del Pueblo, y desde luego suscribimos la petición que acaba de hacernos el Defensor del Pueblo para tomar alguna medida. Además nos duele enormemente que precisamente los que están en cabeza, en cuanto a organismos que no colaboran, sean ni más ni menos que las instituciones municipales, porque son precisamente las que están más cerca de las necesidades de los ciudadanos y a las que primero acuden los mismos. Por tanto, evidentemente nos preocupa, más que esta conclusión, esta d enuncia.
También nos preocupa que haya recomendaciones inatendidas, y no sólo inatendidas porque aquello que se pretende o postula pueda exigir una tramitación dificultosa, sino inatendidas por olvido y por desprecio, lo cual sinceramente nos parece absolutamente repudiable, igual que nos parece que debe ser denunciado que año a año, cada vez que llegamos a este trámite, volvamos a ver cómo se repiten conductas y, por ello, cómo se reiteran quejas sobre puntos que ya deberían haber sido objeto de solución por todos y cada uno de nosotros. Si uno lee el informe del Defensor del Pueblo, la primera tentación que le puede surgir es la de pensar que hay una cierta impotencia, que las cosas se siguen denunciando sistemáticamente año a año y no mejoran. Es verdad que como destaca el informe, en materia de sensibilidad y de percepción por la ciudadanía del valor de sus derechos fundamentales se ha mejorado, no cabe la menor duda, pero todavía no se ha llegado a lo que tenía que ser el óptimo en cuanto al conocimiento de lo que son los derechos y obligaciones de todos y cada uno de nuestros ciudadanos.
Hay un tema sobre el cual querríamos que el Defensor del Pueblo pusiera el énfasis en su próximo informe y es el de la inexistencia absoluta de responsabilidad que se da en nuestra Administración, en la medida en que el funcionario que tiene que despachar un expediente -y utilizo esta expresión burocrática porque yo creo que es la que más se corresponde con la situación, que no sería la de atender las necesidades del ciudadano- se puede permitir el lujo de contestar rutinariamente o de despreciar los derechos de aquel que acude al amparo de la Administración, porque ello no comporta ninguna clase de responsabilidad, y le puede lanzar a un recurso de carácter contencioso, que efectivamente es lento y no todas las economías pueden soportar; en la medida en que esto continúe así, la Administración no acabará encauzando sus cometidos. Nos gustaría que el Defensor del Pueblo, cuando llega el momento de analizar las quejas, señale clarísimamente si se producen responsabilidades funcionariales s obre las cuales haya que tomar dos serias medidas: el expediente, para ver si se cumple con la obligación, y, s obre todo, una más importante, la posibilidad de ese viejo principio de solve et repete , porque si a la propia Administración esta irregularidad le ha comportado un coste económico, es elemental que el mismo sea reparado. Yo diría que no se cuentan ni con los dedos de la mano los expedientes que pueda abrir l a Administración por su propio pésimo funcionamiento, achacable no a condiciones objetivas de dificultad en el tratamiento de los problemas, sino pura y sencillamente a una actitud de absoluta falta de responsabilidad que hay que corregir y sobre la cual conviene que el Defensor del Pueblo ponga el acento para que se vea que esas irresponsabilidades no caen en la más absoluta impunidad.
Luego destacaríamos, señor presidente, al lado de estas conclusiones que para nosotros son de carácter general y las más relevantes, unas conclusiones especiales; más que una conclusión especial, la satisfacción de que el Defensor del Pueblo, la institución -porque cada vez que hagamos referencia a ella nos referimos a su titular y a su equipo-, vaya impulsando una queja de oficio con una mayor extensión. La queja de oficio es la manifestación más exacta del cumplimiento de la función de ese alto comisionado de las Cortes Generales. No puede el Defensor del Pueblo estar pasivamente esperando, en la consideración de la institución como buzón de quejas, a que puedan llegarle las reclamaciones de los ciudadanos.
Tiene la obligación, y por ello nos satisface comprobar que la cumple, de ir actuando de oficio cada vez que vea una cierta disfuncionalidad para tratar de corregirla.
Desde la perspectiva de nuestro grupo es evidente que nos llama poderosamente la atención su denuncia a cómo pervive una discriminación por razón del sexo y de la raza, pero sobre todo en una cosa que apunta de una forma muy seria, por razones políticas.
Hay discriminación en este país por razones políticas: la hay en la contratación de personas para la Administración, según sea el color de cada institución; la hay en el acceso ni más ni menos que a cosas tan esenciales como es el derecho a la educación y a un tratamiento administrativo mínimamente digno; la hay en temas tan importantes como es el poder acogerse incluso a una residencia cuando se tiene una determinada edad. Y hay discriminaciones muy profundas por razón de clase. No es este un paraíso del Estado social y democrático de Derecho. Perviven comportamientos que son absolutamente contrarios a cualquier afirmación en cuanto a lo que sean los principios de igualdad, de libertad y de justicia.
Nos gusta también que el Defensor del Pueblo denuncie la insatisfacción de nuestros ciudadanos en lo que se refiere a los derechos económicos, no respecto a los políticos, sino en el derecho al trabajo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la tutela judicial efectiva, en el derecho, ni más ni menos, que a la seguridad vital, sin la cual no se puede hablar de la dignidad humana, sin la cual no se puede hablar de integridad física ni de la integridad moral.


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Nos parece muy pertinente que el informe del Defensor del Pueblo, al lado de las grandes manifestaciones dogmáticas de derechos políticos y de derechos de carácter institucional, vaya señalando el contenido del profundo déficit económico-social que existe en este país en el desarrollo de los derechos. Lógicamente, hay que poner ese informe en relación con otros, evidentemente no de tanta autoridad, como pueden ser los de Cáritas o los de Foessa, para que a algunos les desaparezca de la cabeza la imagen de que esto es jauja y de que aquí todos estamos en una situación de auténtico bienestar. De ese Estado del bienestar estamos todavía muy lejos y nos gusta que haya una sensibilidad en el informe del Defensor del Pueblo que llame la atención sobre la existencia de esta lacra.
Y sobre un tema muy delicado, cual es el de los malos tratos, no creo que puedan conformarse los grupos parlamentarios con agradecer su denuncia. Aquí hay que ser radicalmente intransigente. No hay justificación alguna para que aparezca en un informe del Defensor del Pueblo, ni este año ni el que viene, la existencia de ningún maltrato a ningún detenido o a ningún recluso. No existe justificación alguna.
No hace f alta que venga Amnistía Internacional a decirnos o a hacer nos ninguna clase de reproches. En este punto hay que decir categóricamente que el informe del Defensor del Pueblo es una condena del sistema; el sistema que permite todavía, en un país que se quiere reclamar del entorno europeo y que se quiere reclamar de las sociedades civilizadas, el hecho de que se sigan produciendo malos tratos en comisarías, en dependencias de la Policía municipal y en establecimientos penitenciarios nos retrotrae a una época que creíamos que estaba superada.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
En este tema, perdóneme que le diga que para nuestro grupo político haya una absoluta intransigencia, no haya la menor complacencia y no encontremos justificación o explicación alguna. Nos gustaría, de verdad, que se hiciera un esfuerzo para que esto no se vuelva a producir, y el esfuerzo, evidentemente, está en manos de los grupos políticos responsables de las instituciones para las que colaboran estas fuerzas de seguridad o de orden público, pero está también en manos del Ministerio de Justicia para que, de una vez por todas, no haya una actitud de cierta tolerancia que se convierte en auténtica complicidad en los malos tratos a cualquier persona. Pero malos tratos, señor presidente, de los que, si además se repasa el informe del Defensor del Pueblo, suele ser víctima fundamentalmente la población más marginal, y por razones esencialmente de orden étnico o racial. De estos malos tratos, cada vez que nos asomamos a este lamentable panorama, nos a parece, y todavía seguimos viendo en los medios de comunicación la expresión, la raza gitana o la raza del norte africano como víctima de todas estas actitudes.
Suscribimos plenamente la queja del informe del Defensor del Pueblo sobre la situación de nuestros establecimientos penitenciarios. Este es un tema recurrente para el Defensor del Pueblo. Afortunadamente, desde que se creó esta institución, este tema ha tenido tal importancia que le llegó ...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Este tema ha tenido tal importancia que le llegó a costar a un Defensor del Pueblo no volver a ser elegido. En este tema, repetimos, nuestro grupo parlamentario no va a tener ninguna complacencia ni tentación de justificación.
En suma, el informe del Defensor del Pueblo nos viene a decir que estamos muy lejos todavía de tener una Administración que mire hacia el ciudadano como el sujeto activo de la ciudadanía y de la comunidad, a cuyo servicio está para atenderle en todo lo que necesite, y todavía estamos anclados en el concepto de una Administración que se superpone al administrado y le obliga a veces a soportar las actividades de la misma, teniendo que recurrir después a solicitar el amparo judicial. Si el Defensor del Pueblo y esta Cámara, de la cual es el alto comisionado, no toman conciencia clara de cómo pervive todavía en nuestro país una Administración que no ha entendido que es un servicio público para los ciudadanos y que se cree que es un instrumento de gobierno sobre los mismos, si el Defensor del Pueblo no consigue alcanzar esa cota junto con todos n os otros, seguiremos examinando cada año su informe, pero algunos cuando bajemos de esta tribuna no lo h aremos con la satisfacción de decir que hemos ido mejorando en el Estado social y democrático de Derecho.
Estamos todavía en la rutina de viejas conductas que deberían estar ya absolutamente erradicadas, y s obre todo la peor de todas: la falta de respeto a la integridad física y moral de nuestros ciudadanos que este informe denuncia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor p residente.
Señorías, una vez más se presenta ante esta Cámara el informe del Defensor del Pueblo del año 1997, cumpliendo con la obligación constitucional de rendir

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cuentas ante las Cortes Generales como alto comisionado para la defensa de los derechos y las libertades.
Inicia el informe el Defensor con un recordatorio que nos parece importante reiterar y es que es el Defensor de todos los derechos comprendidos en el título I y no sólo aquellos considerados del núcleo central contenidos en la sección primera. Nos parece importante este recordatorio, enlazándolo con el siguiente análisis que hace el Defensor en el informe de un encargo realizado a una empresa de investigaciones sociológicas para saber el nivel de conocimiento de los ciudadanos en relación con sus derechos.
Precisamente ahí cita el informe como unos de los más lesionados el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y el derecho a un trato igualitario, y analiza la evolución de los derechos constitucionales en nuestra sociedad.
Un tanto por ciento muy elevado considera que están garantizados determinados derechos, como a la educación o a la salud. Sin embargo, y es importante destacarlo y a nuestro grupo le preocupa especialmente, se percibe un mayor déficit sobre los derechos que tienen que ver con las desigualdades, la desigualdad por razón de sexo, la desigualdad por razón de la condición social, por razón de creencias religiosas o por razón, como ya se ha dicho, de ideas políticas.
Destaca especialmente la discriminación por razón de sexo. Es percibida como persistente todavía por un 70 por 100 de las mujeres y por un 58 por 100 de los hombres. Es preocupante que precisamente en los derechos que tienen un componente igualitarista, como dice el Defensor, la situación se perciba como estancada, y preocupa especialmente que las diferencias por razón de sexo sigan en esa situación de percepción como mantenidas y todavía sufridas por la mayor parte de la población.
También se refiere el Defensor en el inicio de su informe, y queremos destacarlo especialmente, a la violencia contra las mujeres como tema de especial interés colectivo que ha creado una alarma social y una preocupación específica en los responsables y en las asociaciones de mujeres. Alude el Defensor a los numerosos escritos de asociaciones de mujeres, a las denuncias que se han hecho con respecto a las actuaciones judiciales y a la idea de la existencia de una cierta impunidad con respecto a esas agresiones y a las personas víctimas de las mismas. El Defensor ya hizo un informe monográfico sobre este tema y ahora nos anuncia que va a enviar a todos los representantes de la soberanía popular, a los miembros de la Comisión Mixta el informe ya completo con las recomendaciones. Bienvenido sea, porque es uno de los temas pendientes que tenemos los responsables públicos, en el que, como ha permanecido en el ámbito de lo privado, en cierta medida no se ha profundizado debido a la consideración de que no debía ser objeto de la responsabilidad pública. Hoy, afortunadamente, creo que al menos existe esa sensibilidad y tendremos que ser capaces de dar respuesta a esa necesidad de proteger a las personas en estas situaciones, a las mujeres víctimas de malos tratos.
También quiero referirme de forma específica a los temas monográficos a que alude el Defensor. En primer lugar, ha tenido la sensibilidad de afrontar el tema de las minas antipersonas en el informe de 1997.
Ciertamente, creo que ha sido importante el trabajo del Defensor en esta materia y ha podido contribuir a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas aprobado en el mes de mayo, acorde con la proposición no de ley que en su día, el 25 de febrero de 1997, aprobó esta Cámara. Es muy positivo que se dé cumplimiento a los contenidos de la Conferencia de Ottawa de octubre de 1996; ahora compete al Gobierno la erradicación total de las minas antipersonas y la destrucción de las existentes.
Con respecto al segundo tema monográfico, sobre los retrasos que se producen en la emisión de los fallos por parte de los tribunales económico- administrativos, sobre todo es importante la recomendación que se le acepta de que sea responsable la Administración de los intereses, pasado el año, de los avales que se exigen para recurrir en los tribunales económico- administrativos previos a la vía judicial. En relación con esa vía previa de los tribunales económico- administrativos se trasladan una vez más al Defensor numerosas quejas s obre su lentitud, y desde luego parece ser un criterio compartido que esos retrasos generan una situación de indefensión en todas aquellas personas que reclaman en la vía económico- administrativa, previa a la interposición, en su caso, de los recursos judiciales.
Quiero destacar especialmente el tema de la inmigración y el racismo.
Alude el Defensor a la necesidad de una estructura administrativa para la coordinación. Hemos visto muy recientemente el compromiso de esta Cámara, y desde luego de mi grupo, en relación con la lucha contra el racismo y la xenofobia. El año 1997 fue declarado año europeo contra el racismo y precisamente se creo la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia, así como el Observatorio europeo del racismo y la xenofobia con el objetivo de obtener datos útiles y fiables para ver qué acciones son más necesarias llevar a cabo. Creo que es importante que se pida esa estructura administrativa de coordinación, pero aún pide algo más el Defensor, que enlaza con lo que ha venido planteando nuestro grupo parlamentario, y es que se desarrolle una ley, un marco jurídico que finalmente aborde la inmigración más allá de los aspectos puramente policiales y siente las bases para un auténtico plan nacional sobre la inmigración.
En tres de los temas monográficos el Defensor se refiere a la infancia y la juventud. Resaltamos una vez más su importancia. Ya en el informe de 1996 se trató el asunto y se analizó la ley que precisamente desarrolló la directiva comunitaria sobre actividades de radiodifusión televisiva. En 1996 ya se pedía la creación de una autoridad independiente, desvinculada del poder Ejecutivo, que tuviera la misión de analizar los contenidos

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de la publicidad y la programación de las cadenas de televisión y su adecuación a las normas de protección de la juventud y de la infancia.
El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto una iniciativa legislativa sobre una ley orgánica de creación del consejo superior de medios audiovisuales precisamente para garantizar la independencia y la pluralidad de esos medios y desde luego para velar por la transparencia en su titularidad y por el cumplimiento de la legislación y las normas reguladoras, promoviendo la protección del pluralismo y sobre todo de la juventud y de la infancia. Una vez más el Defensor alude a ello y a la necesidad de que exista esa autoridad independiente, que será la que garantice estos objetivos.
También se refiere a la nueva ley de justicia de menores y a la situación de los centros de internamiento. Es importante comprender, y así lo refiere el informe, que el Código Penal de 1995 eleva la mayoría de edad penal a los 18 años y pospone su entrada en vigor a l a aprobación de una nueva ley de responsabilidad penal del menor. La nueva ley reguladora no sólo tiene que atender a todos los objetivos de protección del menor, sino a que las medidas que puedan adoptarse tengan la forma y las garantías suficientes. El Defensor en ese objetivo y en esa línea ha realizado una serie de visitas a los centros de internamiento actuales y lo que propone es que haya una anticipación, porque la capacidad de estos centros para asumir la elevación de la edad penal, una vez se apruebe la futura ley, no es la suficiente y tampoco está, en cuanto a la distribución territorial, equilibrada con respecto a los supuestos a los que tendrá que atender, y habrá de referirse especialmente a que no se aleje mucho del entorno familiar. Hay que tomar todas esas medidas, y así lo señala el Defensor, con la antelación suficiente para que no ocurra que entre en vigor una ley que luego no tenga las suficientes infraestructuras para poder cumplir con los objetivos.
También se refiere el Defensor del Pueblo -esto se valora muy positivamente por mi grupo- al trabajo que ha llevado a cabo la adjuntía primera del Defensor del Pueblo. Uno de los últimos acuerdos que se tomó fue que hubiera una adjuntía adscrita especialmente al conocimiento de los temas relativos a menores, que ha tenido numerosas actuaciones y una especial sensibilidad en la materia.
En cuanto a las recomendaciones destacadas, quiero manifestar que nos parece muy positivo el establecimiento de una prestación económica complementaria a la de maternidad en los supuestos de parto múltiple y todo lo que son las garantías en el procedimiento económico administrativo en el plazo de un año de intereses, a lo que antes me he referido. Pero nos preocupa, como a otros representantes de otros grupos parlamentarios, las recomendaciones no aceptadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, le ruego que vaya concluyendo.
La señora ALBERDI ALONSO: Nos preocupan todas esas recomendaciones que afectan a la supresión de la exigencia de tres años de matrimonio para la exención de visado por reagrupación familiar o el acceso a la Función pública de personas con minusvalía. Todos conocemos el escaso éxito de los mecanismos actuales.
En cuanto a la segunda parte, hace una pequeña reestructuración, si bien es cierto que se refiere a la vulneración de los derechos fundamentales no como una interpretación naturalmente expansiva, sino relativa a lo que hay que considerar como quejas que afectan a los derechos y libertades. Alude a la sentencia del Tribunal Constitucional, alusión que me parece positiva. En cuanto a la sentencia sobre la base de una legislación histórica en la preferencia del valor sobre la mujer en la sucesión de títulos nobiliarios, se sorprende el Defensor negativamente, hecho que nos parece positivo.
Con respecto al funcionamiento irregular de las administraciones públicas, quería, siquiera sea brevemente, comentar algunos aspectos.
Una vez más, tenemos el retraso objetivo en la Administración de justicia, todo lo que afecta a esa justicia tardía que supone una denegación de la tutela judicial efectiva. También quiero mencionar, lo cual es importante, el cambio de orden de los apellidos, porque esta Cámara ha dado lugar a la tramitación de una proposición de ley, con el apoyo de todos los grupos, para que haya un principio de igualdad en la inscripción de los hijos, anteponiendo el apellido materno o el paterno.
Quiero referirme brevemente al contenido de la proposición no de ley sobre internamientos y expulsiones -otros grupos se han referido a ello-, que enlaza con la proposición de mi grupo, tramitada recientemente en esta Cámara, sobre el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros en España.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, le ruego que concluya.


La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente, voy terminando.
Queremos recabar un informe detallado y actualizado sobre los centros existentes y, sobre todo, crear la figura del juez de vigilancia en estos centros de internamiento.
Muy brevemente, señor presidente, señorías, quiero referirme a la administración educativa. En el año 1996 se aludió de nuevo a la diferencia entre la educación pública y la privada. Hoy se reitera en este informe la insuficiencia de plazas escolares en la educación no universitaria, los problemas de la implantación de la educación secundaria obligatoria, los problemas con la asistencia de alumnos a centros docentes ubicados fuera de las localidades, sobre todo en materia de instalaciones, y los requisitos mínimos que deben cumplir esas instalaciones, la admisión de alumnos, la integración de minorías y la educación especial. Siento pasar

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tan rápidamente sobre estos asuntos. Estimo importante que el informe del Defensor no sea sólo esta comparecencia en la Cámara, sino que a lo largo de todo el año vayamos pidiéndole la comparecencia monográficas obre temas de interés, como es el educativo.
Sólo me resta referirme -y termino, señor presidente- a dos asuntos: el medio ambiente y la vivienda. En cuanto al primero, nos dice el Defensor que tenemos una legislación basada en un sistema preventivo y parece estar conforme con esa legislación y con la trasposición que de la legislación europea se ha hecho. Sin embargo, estamos teniendo problemas gravísimos, como el de Aznalcóllar u otros recientes que están en la mente de todos, que demuestran que ese funcionamiento no está dando los frutos deseados. Quiero reiterarle al Defensor que siga en esta línea de preocupación por el medio ambiente, proponiendo objetivos y, desde luego, medidas.
Respecto a la vivienda, quiero aludir al realojo de la población marginada al que, una vez más, sigue haciendo mención el Defensor porque no hay una solución alternativa de verdad que dé respuesta a esos problemas de la población marginada.
Termino, señor presidente, haciendo referencia a la importancia de este año 1997, que es el año en el que se cumple el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derecho Humanos. El Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y libertades también tendrá algo que a portar, pero, sobre todo, ...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, S.S. debe concluir de forma inmediata.


La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente. Como decía, tendrá algo que aportar, sobre todo, en la defensa de esos derechos y libertades y contribuir a la incorporación de los valores democráticos en el día a día de la vida cotidiana.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camilleri.


La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor p residente.
Me uno al capítulo de agradecimientos y felicitaciones que han realizado los diputados que me han precedido.
Señorías, una vez más -la tercera en lo que llevamos de legislaturas-, comparece el Defensor del Pueblo ante este pleno del Congreso de los Diputados como comisionado de las Cortes Generales para dar cuenta de la gestión realizada a lo largo de 1997.
Este informe que hoy se nos presenta tiene un doble objetivo, como cualquier informe que presenta el Defensor ante esta Cámara. En primer lugar, en cuanto expresión de la relación fiduciaria del Defensor del Pueblo con las Cortes generales, es una rendición de cuentas, pero, al mismo tiempo, en cuanto que las Cortes constituyen la última instancia a la que puede acudir el Defensor, determinados aspectos del informe pueden revestir el carácter de denuncias de acciones injustas o disfuncionales de la Administración y en mi intervención demostraré que en esta ocasión no es así.
La estructura del informe de 1997 es casi idéntica a la del año anterior, pero se han diferenciado dos bloques de cuestiones: en primer lugar, las que afectan de manera específica a los derechos y deberes fundamentales y, en segundo lugar, las que se refieren al funcionamiento irregular de las administraciones públicas. Se ha incluido asimismo un capítulo específico sobre derechos fundamental es, haciendo una valoración de los mismos, partiendo de las quejas recibidas y de las situaciones denunciadas, valoración cuyo resultado final el mismo Defensor del Pueblo nos dice que son pocos los casos denunciados ante la institución que pueden ser considerados estrictamente como auténticas violaciones de los derechos fundamentales y, después de analizar algunas posibles violaciones de esos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, sigue diciendo que lo que sí parece posible es sostener que, a pesar de las infracciones puntuales que continúan produciéndose progresivamente, existe en n uestro país una cada vez mayor conciencia colectiva de la importancia que tiene el respeto hacia los derechos y libertades fundamentales consagradas en nuestra Constitución.
Contiene también este informe, como ha dicho el Defensor del Pueblo, un interesante estudio, que ya anteriormente fue realizado en 1989, sobre el grado de conocimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El 36 por 100 de los entrevistados los conocen bien o muy bien, frente al anterior estudio de 1989 en el que contestaban un 18 por 100. Los derechos que se consideran más vulnerados son el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna y el derecho a un trato igualatorio.
Efectivamente, el paro es la principal causa de exclusión social y nuestro gran problema para edificar la sociedad de bienestar, por ello la política social es aquella que favorece la creación de empleo. El Gobierno está promoviendo una política activa especialmente para fomentar el empleo entre los grupos más desfavorecidos o con mayores dificultades para el acceso al mundo laboral; me refiero, claro está, a las mujeres, jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años y discapacitados.
En este mismo año al que se refiere el informe y de a cuerdo con la encuesta de población activa, se ha incrementado el empleo en un 3,3 por 100, lo que

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supuso 415.000 empleos netos más, creciendo el empleo en España seis veces más que la media de la Unión Europea. Desde hace un año se están creando diariamente más de 1.100 puestos de trabajo neto.
Con respecto al segundo de los derechos fundamentales que se cree más vulnerado, el derecho a una vivienda digna, el Gobierno ha impulsado también una profunda reforma de la legislación del suelo que cambie las bases de un modelo urbanístico cuyo resultado ha sido la escasez de viviendas a precios asequibles. Corresponde ahora a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, como bien ha dicho el Defensor del Pueblo, desarrollar la nueva ley e incrementar el suelo urbanizable para reducir su precio y acabar con la especulación. A esto hay que añadir la bajada de los tipos de interés. Como ejemplo, a comienzos de esta década una familia media tenía que dedicar más de la mitad de su renta a la compra de una vivienda. Hoy ese esfuerzo se ha reducido al 28 por 100.
En cuanto al tercero de los derechos fundamentales, derecho a un trato igualitario, para evitar discriminaciones por razón de sexo el Gobierno, el 7 de mayo de 1997, aprobó el tercer Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este estudio también recoge los derechos fundamentales que son mayoritariamente reconocidos como plenamente vigentes, y destaca entre ellos el derecho a la educación.
Un 67 por 100 de las personas lo reconoce como plenamente vigente.
Sabemos, señorías, que constituye una prioridad del Gobierno del Partido Popular mejorar la calidad de nuestras enseñanzas. Los recursos destinados a la educación han tenido este año un significativo crecimiento del 6,8 por 100. Esto ha permitido llevar a cabo un ambicioso plan de inversiones escolares para completar la red de centros educativos exigida por la implantación del nuevo sistema.
Entre 1998 y 1999, la gratuidad de la enseñanza se extenderá a los alumnos hasta los 16 años. También se va a incrementar la financiación de la educación infantil para disponer de plazas escolares para todos los niños a partir de los tres años, y se apoyará en especial las necesidades educativas en el mundo rural.
El derecho a la salud también lo reconoce un 60 por 100 de los entrevistados. Sabemos que el incremento presupuestario destinado a la sanidad pública para 1998 supone una subida de más de 386.000 millones de pesetas. En los hospitales se han conseguido nuevas e importantes reducciones de las listas y tiempos de espera. Los pacientes con demoras superiores a nueve meses han pasado de casi 35.
000 en junio de 1996, a menos de 1.000 a finales de 1997. La demora media descendió en ese período de tiempo de siete a tres meses. El objetivo para este año es que baje a 80 días. Por otra parte, esta encuesta habla de que el derecho que más se protege es el de la familia, y el de la tercera edad en un 44 por 100. Sabemos también que, por primera vez desde la implantación de los sistemas de protección social en nuestro país, la ley garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Los pensionistas saben que su poder adquisitivo está ahora asegurado por ley y no porque lo prometa uno u otro partido. Más allá de esta garantía legal, las pensiones crecieron en 1997 nueve décimas por encima del IPC. De los datos de esta encuesta se deduce que la situación de los derechos fundamentales ha mejorado desde 1989.
Atendiendo al tenor literal del párrafo primero del artículo 33 en cuanto al número y tipo de quejas, comprobamos que este año, como aquí bien se ha dicho, se ha reducido bastante el número de ciudadanos que decidieron acudir al Defensor del Pueblo. De 25.875 en 1996, a 18.138 en 1997; es decir, 7.737 menos, aunque hay que reconocer que el número de quejas individuales ha aumentado ligeramente: de 10.977 en 1996, a 11.902 en 1997. No obstante, hay que matizar esta cifra porque se han tramitado ante la Administración sólo 4.725 quejas, de las cuales, ante la Administración general del Estado, se han tramitado 2.136. Señorías, fíjense que partimos de 11.
902 y ya sólo nos quedan ante la Administración general del Estado 2.
136, de las cuales están en tramitación 1.168 y concluidas 955. De esas 955, ha finalizado con el resultado de una actuación correcta por parte de la Administración un 60,52 por 100. Se subsana el error por la Administración en el 36,02 por 100 y únicamente no se subsana en el 0,74 por 100; vuelvo a repetir, sólo en un 0,74 por 100. Estos datos indican el alto grado de colaboración de la Administración hacia la institución del Defensor del Pueblo. Esta diputada, por su experiencia, les aconseja que se lean el informe entero y no sólo el índice que le precede.
En cuanto a las recomendaciones, este año también se ha reducido su número: de 142 en 1996, a 112 en 1997. De esas 112 han sido aceptadas 53; rechazadas, 18, y pendientes, 41. En todos los casos de rechazo la Administración ha indicado razonadamente cuáles han sido los motivos de su no aceptación. A modo de ejemplo, y ya que el Defensor y algunas de SS.SS. se han referido a este asunto, les diré que el número total de quejas iniciadas por el Defensor del Pueblo ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante 1997 ha sido de 94, de las cuales 79 han tenido carácter de queja y 25 han sido investigaciones de oficio. Como consecuencia de estos expedientes y de otros acumulados de años anteriores, el Defensor del Pueblo formuló a la Administración penitenciaria un total de 18 recomendaciones y tres sugerencias, sobre diferentes materias. De estas 18 recomendaciones, 14 han sido aceptadas y siete fueron informadas, exponiendo de forma justificada las razones para no adoptarlas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a los temas monográficos que el Defensor del Pueblo trata este año en su informe, cabe destacar el relativo a las minas antipersonas, cuya erradicación fue acordada en la Convención de Ottawa. Sobre la base de los criterios allí establecidos, nuestro Gobierno a probó un proyecto de ley de prohibición total de estas

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minas, que, entre otras prescripciones, señala al Ministerio de Defensa un plazo de tres años para su destrucción total. El texto del proyecto fue aprobado ya por el Congreso y actualmente está en el Senado, donde el pasado día 12 de junio finalizó el plazo de presentación de enmiendas.
Asimismo, cabe destacar el grado de preocupación del Defensor del Pueblo con respecto a los menores, a los que dedica tres temas monográficos. Desde que el Defensor comenzó a desarrollar sus funciones, la problemática de los menores ha estado presente de una manera muy especial en sus actuaciones. La institución siempre ha creído necesario y prioritario comprometerse desde el primer momento en todo cuanto afecta a los menores y lo demuestra con estos tres temas monográficos.
Para acabar mi intervención -nos espera un largo día y creo que el presidente no me lo permitiría-, y aprovechando que hablamos de menores, podemos decir, en palabras de Joseph N. Gorbe, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que los derechos del niño han dejado de ser una declaración de intenciones para llegar a ser una norma de obligado cumplimiento en la legislación internacional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camilleri.
Con esta intervención de la portavoz del Grupo Popular finaliza el debate a que ha dado lugar el informe anual correspondiente a la gestión de 1997, que ha presentado el Defensor del Pueblo, don Fernando Álvarez de Miranda.


ENMIENDAS DEL SENADO:

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado a diversos proyectos de ley y una proposición de ley. Las votaciones correspondientes a tales enmiendas se efectuarán al final de todo el bloque que constituye el punto VII.
Recuerdo a SS.SS. que, al haberlo aprobado así el propio Pleno, han decaído los tres primeros proyectos de ley enmendados por el Senado, que se dejan para otra ocasión, para un Pleno venidero.


- PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (Número de expediente 121/000077).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Anuncio que del conjunto de enmiendas que ha introducido el Senado, nuestro grupo está en disconformidad con tres bloques. La primera se refiere a que el Senado ha modificado el proyecto de ley que aprobamos en esta Cámara en el sentido de que, en lugar de existir una Comisión de Cooperación propia del Congreso, exista una Comisión mixta. Nosotros pensamos que es más conveniente que exista una Comisión de Cooperación en el Congreso de los Diputados.
Nuestra segunda discrepancia hace referencia a la enmienda de supresión del punto 3 del artículo 23, s obre la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. En el texto que el Congreso aprobó se decía que esta Comisión informaría previamente los anteproyectos de ley y cualquier otra disposición general que regulara materias concernientes a la cooperación al desarrollo. No entendemos por qué razón se ha suprimido en el Senado este punto 3 del artículo 23, con lo cual desaparece la función importante de informar previamente los proyectos de ley.
La disconformidad más grande respecto a las enmiendas que se han introducido en el Senado hace referencia al artículo 17, donde se regula el papel político del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Prácticamente todos los grupos hemos insistido en que uno de los problemas históricos de la cooperación internacional para el desarrollo en España ha sido la falta de unidad de dirección política y la descoordinación de los diversos ministerios. Esta falta de unidad de dirección política se ha traducido a menudo en que la cooperación española ha estado teñida de intereses comerciales y financieros y en que el Ministerio de Economía y Hacienda e intereses empresariales, insisto, distorsionaban los verdaderos objetivos de la política de cooperación.
Finalmente, el Congreso llegó a una redacción del artículo 17 que precisaba exactamente cuál era el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como dijimos en su momento, a pesar de que era susceptible de posibles interpretaciones futuras que no nos satisfacían, reconocíamos también que se había dado un salto importante en el sentido de que en el artículo 17 se reconocía que el Ministerio de Asuntos Exteriores era el responsable de la dirección de la política de cooperación internacional. En el Senado se han eliminado dos palabras: en lugar de «el responsable», se dice «responsable» y la palabra «dirección», es decir, el nuevo texto dice solamente que «el Ministerio de Asuntos Exteriores será responsable de la política de cooperación internacional». Entendemos que no es una modificación superficial ni baladí. Sé que es posible que algún grupo diga que esto no tiene importancia. Si no la tiene, mantengamos el consenso que en este artículo conseguimos en el Congreso. He de añadir -y con esto acabo, señor presidente-, que para nosotros esto sí que es importante porque esta modificación va a hacer posible la continuidad de la descoordinación y de la falta de unidad de dirección política en la política de cooperación.


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Ha sido relevante escuchar al conjunto de ONG para la cooperación que se han manifestado en contra de esta modificación.
Sólo quiero añadir que, a pesar de que es necesario reconocer que entre el proyecto inicial que se presentó y el texto final ha habido mejoras, hoy, una vez que esta Cámara apruebe finalmente el proyecto de ley de cooperación, quedará un interrogante, una duda, en este hemiciclo y en la sociedad: si mañana, una vez que esta ley entre en vigor, cambiarán realmente algunas cosas en la cooperación española.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
Ruego a SS.SS. que si pueden seguir el ejemplo de la intervención del señor Saura, en cuanto a brevedad y concisión, se lo agradecerá no sólo la Presidencia, sino, estoy seguro, el conjunto del Pleno.
Adelante.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En honor a la verdad y a la brevedad, Coalición Canaria suscribe las palabras que ha pronunciado el portavoz que me ha precedido, el señor Saura.
Consideramos que, entre el texto que envió el Gobierno y el que se aprobó en este Congreso, hay una gran variación positiva en favor de la filosofía de la cooperación internacional. Cuando llega al Senado ha tenido ciertas modificaciones que ha enumerado el señor Saura y que nosotros también rechazamos. En el texto que viene de la Cámara Alta hay enmiendas que vamos a votar favorablemente y hay otras que vamos a rechazar. También tenemos que hacer constar que echamos de menos otras enmiendas.
Me estoy refiriendo a algo que no puedo decir que me molesta, pero sí que me duele. Fueron enmiendas presentadas en Comisión, de estilo, es verdad, trataban de la utilización de siglas. Es sabido que esta normativa de cooperación internacional tiene siglas en todos los países del mundo y en España existen siglas de asentimiento y reconocimiento general. Todo español sabe lo que es una ONG y, sin embargo, en esta ley, se repite muchas veces la expresión organizaciones no gubernamentales y la denominación Ley de cooperación internacional para ayuda al desarrollo, así como la de Secretaría General para Iberoamérica. Muchísimas veces, veintiocho y hasta treinta, y no se utilizan siglas; las pocas que enuncia la ley en el desarrollo legislativo no se utilizan. Es lamentable este hecho porque, pese a que la Presidencia de la Comisión nos dijo que entregásemos la nota para la inclusión de las siglas, no fue recogido en el texto de este Congreso y, pese a que se nos prometió que se haría en el Senado, tampoco se ha recogido en este trámite. Comprenderán ustedes nuestro disgusto.


También tengo que hacer una alusión al artículo 3 de la Ley 1 aprobada en este Congreso este año. Mejor sería derogar el artículo, señores, porque, salvo en la Ley de ordenación del tabaco, no ha sido tenido en cuenta su contenido. Ese artículo dice que cuando en una ley hay conceptos fiscales, habrá que ponerlo en un epígrafe especial y también anunciarlo. Por algo se llaman derechos de los contribuyentes, para que éstos sepan encontrar las tributaciones que les afectan. Habrá que poner: y normas tributarias. Tampoco se ha recogido, pese a que lo dije en la Comisión, pese a que lo dije en el Pleno del Congreso y pese a que se nos prometió que se haría en el Senado.
No obstante esa desconsideración que se ha tenido con este portavoz, vamos a apoyar, con las salvedades que he mencionado, el texto que se trae hoy al Congreso. Vamos a apoyarlo porque consideramos que es un paso trascendental en la cooperación internacional, pero sin olvidarnos de que hay dos clases de ONG. Hay que vigilar la eficacia y la eficiencia y también hay que pensar que, si bien el pueblo español ha reaccionado y está a favor de llegar al 0,7, en nuestro Estado español, en este Estado del bienestar, en este momento de magnífica situación económico-financiera estatal y europea, hay millones de pobres; no nos olvidemos de eso porque hay que recordar que la caridad empieza por casa.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
El señor Recoder, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a aprobar hoy definitivamente este proyecto de ley que, por tanto, ya va a ser ley. Nuestro grupo parlamentario quiere recordar que con este acto formal de la aprobación de este proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo vamos a dar cumplimiento a una reivindicación histórica del mundo de la cooperación, que se remonta al año 1982 y que se concretó en un documento que suscribimos las principales fuerzas parlamentarias. Es también el momento de recordar que han transcurrido dieciséis años y no hemos sido capaces de sacar entre todos esta ley. Hoy lo vamos a hacer. Saldamos así una deuda y, por ello, nuestro grupo parlamentario se siente sumamente satisfecho.
Nos sentimos también sumamente satisfechos porque si bien es cierto que durante dieciséis años no se ha podido aprobar una ley como ésta no será porque desde estos escaños, desde este grupo no se haya insistido al respecto. Quiero recordar una vez más los numerosos debates que tuvimos ocasión de mantener con distintos ministros de Asuntos Exteriores en el pasado reivindicando la aprobación de una ley de cooperación internacional para el desarrollo y se nos había

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dicho reiteradamente que esta ley no era una prioridad del Gobierno en ese momento.
Debo decir también que desde nuestro punto de vista la que que hoy vamos a aprobar es una buena ley. Se trata de una ley que sin lugar a dudas constituye un m arco más que aceptable para encauzar, pero también para desarrollar, los impulsos más solidarios que existen en nuestra sociedad con el objetivo de contribuir de una forma eficaz -y quiero subrayar la palabra eficaz- a erradicar la pobreza en el mundo, que es el objetivo principal de la ley como ha quedado muy claro después del debate parlamentario. Y en este objetivo la misma ley asigna un papel fundamental y protagonista a toda una serie de agentes muy diversos que van desde las ONG a las universidades, pasando por las empresas o por los propios sindicatos.
Quiero decir también que esta es una ley de todos -mejor dicho de casi todos- y si se quiere también es una ley de nadie. Es posible -y es un a opinión lógicamente subjetiva- que sea la ley que el Partido Socialista hubiera querido hacer en su momento y que no pudo hacer.
No es al cien por cien la ley del Partido Popular. El proyecto que el Gobierno presentó en su momento ante la Cámara tenía diferencias importantes con el texto que hoy aprobaremos. Por tanto, creo que esta no es la ley que hubiera aprobado el Partido Popular si hubiera tenido la mayoría suficiente para hacerlo en solitario, pero quiero también reconocer el valor y la importancia que ha concedido el Gobierno del PP a este tema, que se ha concretado en un acto importante, fundamental, como ha sido la presentación en su momento del proyecto de ley.
Tampoco es la ley de nuestro grupo parlamentario, o no es al cien por cien la ley de nuestro grupo parlamentario porque, obviamente, como expusimos a lo largo del debate pormenorizado, si de nosotros hubiera dependido, en algunos aspectos hubiéramos adoptado soluciones quizá distintas de las que se contemplan en el texto final. Pero ello no quita nuestra satisfacción en relación al texto que vamos a aprobar hoy.
Hoy se nos plantea, señor presidente, señorías, la votación de las enmiendas del Senado. Son unas enmiendas a las que nuestro grupo parlamentario va a dar un tratamiento desigual: votaremos favorablemente aquellas enmiendas que introducen una mejora técnica en el texto aprobado en el Congreso, pero en cuanto al resto de enmiendas nuestro grupo parlamentario, con carácter general, va a intentar, de alguna forma, retomar el consenso básico que conseguimos en la Cámara en su momento.
Quiero subrayar este hecho, para terminar, señor p residente, mi intervención. Creo que esta es una ley de consenso. Nuestro grupo parlamentario desde el primer debate que mantuvimos desde esta tribuna anunció su intención de dedicar el máximo esfuerzo a sumar cuantos más votos posibles de escaños al texto final de la ley. En ese momento situamos como objetivo ideal conseguir unos 330 votos, dije desde ahí arriba, a favor de la ley. No sé si vamos a lograr 330 votos, 325 ó 320, no lo sé. En cualquier caso esta es una ley que más allá de discrepancias puntuales en algunos de sus preceptos va a salir con un consenso general de más del 90 por 100 de la Cámara, lo que creo que es fundamental, importante, y pienso que constituye un éxito para todos los grupos que nos hemos empeñado y que hemos dedicado nuestro esfuerzo y nuestra ilusión al debate y aprobación de una ley como ésta.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas Amores.


El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor p residente.
Intervengo con el ánimo de ser breve, como usted nos ha solicitado.
Nuestro grupo, como todos ustedes saben, no apoyó en su momento la tramitación de este proyecto de ley, porque entendíamos que tenía una serie de deficiencias que considerábamos que incidían en el tronco, en la columna vertebral, en lo más importante de lo que iba a ser nuestra cooperación para el desarrollo y que, por tanto, nuestro voto debería ser contrario.
Esperábamos, lógicamente, que en el Senado se produjera una mejora de esta ley, pero consideramos que se han pasado por alto algunas modificaciones que nosotros entendíamos que eran fundamentales para poder separar lo que deberían ser las prioridades de la política de cooperación española en cuanto a los intereses de la política exterior, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que nuestras prioridades geográficas tampoco estuviesen supeditadas por los intereses de nuestra política exterior. Y, sobre todo, uno de los elementos fundamentales que hemos encontrado que se ha modificado en el Senado, sin que ello suponga una mejora sino que incluso ha implica un retraso, un volver al origen del proyecto de ley cuando considerábamos que después del debate y del consenso alcanzado ya se habían marcado las competencias, es lo referente a la dirección política de lo que debía ser la cooperación para el desarrollo. En el Senado desgraciadamente hemos vuelto a romper lo que considerábamos que ya estaba perfectamente asentado en todos los grupos de esta Cámara, como así salió aprobado por todos ellos. Estoy haciendo referencia a la modificación que se plantea en el artículo 17, del que se retira la dirección de la cooperación al Ministerio de Asuntos Exteriores. Curiosamente, el Partido Popular recoge dos palabras para justificar esta enmienda. Dice que es una mejora técnica. La eliminación de la dirección política al Ministerio de Asuntos Exteriores es una mejora técnica. Desgraciadamente los grupos que hasta ahora hemos intervenido consideramos que no y el movimiento social de la cooperación también considera que no.


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Evidentemente, esto supone un cambio drástico en las tesis que hasta ahora estábamos desarrollando, porque indica también un cambio drástico en la postura del Grupo Parlamentario Popular que apoyó que el Ministerio de Asuntos Exteriores fuera el que dirigiese esa política.
En estos momentos ha quedado totalmente supeditado para asentar el conflicto permanente entre Asuntos Exteriores y el Ministerio de Economía y Hacienda. De esta batalla sale ganador el Ministerio de Economía y Hacienda.
Voy a hacer referencia a algunos de los votos particulares que el Ministerio de Economía y Hacienda interpuso cuando se debatió esta ley en el Consejo de Cooperación. El Ministerio de Economía no acepta la absoluta validez ni la actualidad del informe del CAD s obre la cooperación española. El Ministerio de Economía considera que la erradicación de la pobreza es un aspecto importante de la cooperación, pero no debe primar sobre el resto de los objetivos que tiene la cooperación al desarrollo, porque en la práctica podría suponer la eliminación de estos últimos. Otra nueva perla es que el Ministerio de Economía y Hacienda entiende que entre los objetivos de una ley de cooperación no debe estar la dirección política unitaria.
Este es el auténtico ganador de este proyecto de ley. Durante todo el debate habíamos conseguido interponer una separación entre las competencias y los objetivos, pero consideramos que esto, que es una aportación del Ministerio de Economía y Hacienda al primer borrador de la ley antes de llegar a esta Cámara, de nuevo ha sido letra por letra, línea por línea, voto particular por voto particular, totalmente contemplado por la ley.
Difícilmente podremos entender que estén esos aspectos básicos que esta ley de cooperación debería tener, que hablaban de claridad y mayor orientación hacia los objetivos principales de la cooperación, de la unidad de la dirección política y de la coordinación y el desarrollo legal de los instrumentos y órganos. Definitivamente no ha podido ser en esta ley. Esta ley, como decimos, no respeta ni contiene la mayor parte de las recomendaciones que han ido proponiendo las instituciones nacionales e internacionales. El calificativo más generoso que se le puede dar es de absolutamente decepcionante, que se trata de un fraude social. El peso de los aspectos positivos de este proyecto queda plenamente desdibujado por la magnitud de sus despropósitos, tratándose de elevar a rango de ley un modelo considerado como inadecuado e ineficaz, además de absolutamente disparatado.
Con esta ley vamos a dar un paso atrás, vamos a diluir la esperanza que había en amplias capas sociales de que por fin nuestra cooperación podría ser equiparable a la cooperación que esos organismos internacionales, que esa sociedad española, que esos agentes sociales habían estado deseando durante tanto tiempo. Es, como hemos dicho en este discurso, un fraude social.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.
El señor Fuentes tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Hace unas semanas, tras largas y difíciles negociaciones, aprobamos en esta Cámara por una amplia mayoría la ley de cooperación. La mayoría de los grupos políticos, las ONG y la Plataforma del 0,7 manifestamos nuestra satisfacción por el amplio acuerdo que habíamos conseguido.
El Grupo Socialista expresó entonces que lo consideraba como un acuerdo de mínimos, que había aspectos importantes de la ley que no nos satisfacían y que esperábamos que se mejoraran en el Senado.
También mostrábamos un cierto temor, y ahí están las hemerotecas para demostrarlo, ante el hecho de que en el Senado se introdujesen cambios que rompiesen el acuerdo que habíamos conseguido en el Congreso. Desgraciadamente, nuestros temores se confirmaron.
En primer lugar, planteábamos que había que mejorar el tratamiento al Consejo de Cooperación, dándole la característica de un órgano asesor, no sólo de participación, pero no ha sido posible incorporar este papel en las enmiendas del Senado. También planteábamos la introducción de la cláusula democrática, lo que significaba que el Gobierno de la nación en un momento determinado podía suspender la cooperación con un país ahí donde se estuviesen produciendo flagrantes ataques a los derechos humanos, flagrantes incumplimientos a las recomendaciones de la OIT, y hago referencia a que recientemente en este Congreso ha estado un grupo de niños integrantes de una marcha internacional contra la explotación laboral de los niños. Una forma de llevar a la práctica eso que expresamos en el encuentro con estos niños era haber introducido en la ley esta cláusula democrática, lo que desgraciadamente no ha sido posible.
Se ha suprimido también en el Senado una de las funciones que tenía el Consejo interterritorial, pero en nuestra opinión lo más grave es lo que ha sucedido en el artículo 17, que está relacionado con la dirección política de la cooperación. Ustedes han roto el acuerdo que establecimos en el Congreso de los Diputados en uno de los temas más importantes de la ley. No ha sido una ruptura de un acuerdo de un tema baladí o de poca importancia, han roto el acuerdo en una de las claves que hicieron posible el consenso en este Congreso. Y ¿qué es lo que ha sucedido para romper ese acuerdo? Que ante las dudas que suscitaba el artículo 17 tal como salió del Congreso, nosotros planteamos una enmienda transaccional que decía: El ministro de Asuntos Exteriores, como responsable de la ejecución de la política exterior del Estado, es también el responsable en el Gobierno de la política de cooperación internacional. Con esa enmienda estaban de acuerdo el señor Recoder y el señor Izquierdo, siguiendo el buen ambiente que

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había habido en el Congreso para acordar temas fundamentales de esta ley. ¿Por qué eso no se llevó a efecto? Somos testigos muchos portavoces que estamos aquí de que fue simplemente porque intervino el señor ministro de Economía y Hacienda. Por eso no se pudo llevar adelante esa enmienda transaccional que superaba algunas dificultades del artículo 17.
Sin embargo, esta cuestión ya no sólo afecta al artículo 17, sino que el empecinamiento del ministro de Economía siembra muchas dudas sobre cuál será su actitud en el tratamiento del artículo 28 que hace referencia al FAD. En ese sentido estamos en condiciones de anunciar que tomaremos iniciativas para que, respetando los principios y objetivos de esta ley de cooperación, existan otras medidas que no entren dentro del campo de la ayuda y de la cooperación internacional para el desarrollo, pero que sirvan a la internacionalización de nuestras empresas.
Señorías del Partido Popular, ustedes han roto el a cuerdo que hicimos en el Congreso, no han cumplido su compromiso. La dirección de la política de cooperación no está ya sólo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue lo que acordamos aquí los grupos políticos y lo que apoyaron las ONG y la Plataforma del 0,7.
Por coherencia con lo que acordamos aquí, señores del Grupo Popular, yo les pido que apoyen la vuelta al texto del Congreso. Si no es así, ustedes habrán faltado a sus acuerdos, ustedes habrán roto el consenso y ustedes habrán conseguido que una ley que era de todos sea sólo una ley de una parte de esta Cámara porque los socialistas no la apoyaremos.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Algunos portavoces han recordado las vicisitudes de esta ley de cooperación. El Grupo Parlamentario Popular también ha pedido durante catorce años, de modo insistente, que España tuviera una ley de cooperación para el desarrollo. Yo recuerdo que fue en 1981 cuando un diputado, que estaba en el centro político y también sentado en el centro de esta Cámara, solicitó por primera vez al Gobierno de entonces una ley de cooperación.
Hemos tenido a gobiernos con mayorías muy amplias y muy importantes en los últimos trece o catorce años, y ha habido una incapacidad para presentar una ley de cooperación, incluso, señorías, cuando en España, con motivo de la primera crisis de los Grandes Lagos, en 1994, que conmovió a la opinión pública española, alguien se planteó en esta Cámara también volver a recordar al Gobierno anterior que debería traer una ley de cooperación para el desarrollo, y fueron incapaces de presentarla.
Permítanme, señorías, que les lea una frase sacada del informe sobre desarrollo humano del PNUD en 1997, que, como saben SS.SS., está destinado al desarrollo y a la pobreza. Dice el PNUD: La política, no sólo la economía, determina lo que hacemos o no hacemos para enfrentar el problema de la pobreza humana, y lo que faltan no son los recursos ni las soluciones económicas, sino el impulso político para enfrentar directamente a la pobreza. Mucho se sabe acerca de lo que se necesita para erradicar la pobreza: el crecimiento orientado al empleo, la redistribución de las tierras, la inversión en servicios sociales básicos, la promoción del sector no estructural y políticas marcoeconómicas racionales, pero se ha prestado escasa atención a la manera de garantizar que se adopten esas medidas. ¿Cómo puede crearse una atmósfera propicia para que la política estatal, las fuerzas del mercado, el activismo de la sociedad civil y la movilización de la comunidad contribuyan a la erradicación de la pobreza? Pregunta esto el PNUD, que ahora también nos dice, a finales de siglo, que la lucha contra la pobreza en el siglo XXI dependerá de las decisiones políticas que hoy tomemos.
Esta ley de cooperación, señorías, es una decisión política firme, que ha tomado este Gobierno. Mientras que otros han tardado años en darle las vueltas a esta cuestión, catorce meses tardó este Gobierno en preparar un proyecto de ley, cuya tramitación ha durado once meses. Algunos han manifestado aquí que, de haber tenido mayorías distintas, este Gobierno no hubiera hecho este proyecto de ley. Este proyecto de ley, señorías, es el de este Gobierno porque lo ha impulsado, y es el de esta Cámara porque lo ha apoyado. La actitud de nuestro Gobierno siempre ha sido ésa, la del diálogo social, como opción política que se inauguró en 1996, pero que es muy distinta a las decisiones y opciones políticas que ha habido en este país en el p asado.
Es una ley que viene acompañada, señorías, de otras muchas cuestiones que ha hecho este Gobierno y esta Cámara, como la prohibición de las minas antipersonas, la trasparencia en el comercio de armas, la reconversión de la deuda externa en proyectos y servicios de desarrollo, el incremento de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, etcétera.
Es una decisión política que pone a España, ante el siglo XXI, a la vanguardia de los países de nuestro entorno, sin lugar a dudas y, por tanto, las descalificaciones generales sobre un proyecto de ley que tiene un gran consenso social y un gran consenso parlamentario sólo pueden nacer desde el desconocimiento del proyecto de ley, de no entender lo que dice este proyecto de ley, lo que dice esta ley que hoy vamos a aprobar y lo que decía el texto que el Gobierno en su origen mandó a la Cámara.
Se trata de un proyecto de ley que incorpora el derecho al desarrollo como un derecho de la persona -primera legislación internacional-, un proyecto de ley que armoniza el desarrollo social y humano con el

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desarrollo económico, un proyecto de ley que defiende y pone como principal motivo y condicionalidad de la cooperación española la defensa de los derechos humanos y las libertades. ¿Cómo se puede decir que la cláusula democrática no está en este proyecto de ley? Está en el proyecto de ley y decir lo contrario es un recurso a la galería y además -permítanme, señorías, que lo diga- denota un profundo desconocimiento del proyecto de ley que hoy aprobamos.
Este proyecto de ley da respuesta, señorías, a las grandes cuestiones de la cooperación, a los grandes retos de la cooperación española de cara al próximo siglo, como es el de la coherencia. Es maniqueo, es injusto, es injustificado decir que es la ley de Economía o que es la ley de Exteriores. Es la ley de la coherencia, es la ley que determinará que la proyección exterior de las políticas de España, las de la Administración del Estado y también las de las comunidades autónomas y el resto de administraciones públicas, tendrán que estar informadas por el principio de coherencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ha de ir concluyendo.


El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Voy terminando, señor presidente.
Por tanto, no se puede decir que sea una ley de uno o una ley de otro. Es la ley que consagra un principio extraordinariamente positivo, que es el principio de la corresponsabilidad. Pasamos de la ayuda -incluso teníamos una comisión parlamentaria que se llamaba de ayuda al desarrollo- a la cooperación eficaz. España estará en el mundo en la vanguardia, en la defensa de los derechos humanos y las libertades, pero también estará influyendo en los gobiernos de los países pobres para que converjan hacia el desarrollo humano y hacia el desarrollo social.
El Grupo Parlamentario Popular agradece la posición intensa, adecuada y positiva del conjunto de los grupos parlamentarios. No compartimos que en estos momentos, por cuestiones que no tienen importancia, se pretenda mandar el mensaje de que no es una ley de consenso. Es una ley de un gran consenso social y de un gran consenso parlamentario y, además, a su aplicación futura nos remitiremos. La ley tuvo una votación prácticamente unánime en el trámite del Congreso y hoy simplemente vamos a decidir qué es lo que ha hecho el Senado en esta ley. Por tanto, no se puede decir en estos momentos que nos vayamos de la posición de unanimidad que la ha mantenido.
El Grupo Parlamentario Popular presentó -termino, señor presidente, y gracias por su benevolencia- dos enmiendas en el Senado, y eran enmiendas técnicas, formales, que lo único que pretendían era concretar determinados aspectos que quedaban, en nuestra opinión, extremadamente ambiguos y de difícil aplicación. Una de ellas era el famoso reglamento de los también famosos créditos FAD. En aras del consenso nuestro grupo parlamentario retiró esa enmienda. La otra era al artículo 17.
¿De qué estamos hablando, señorías? La facultad jurídica de la dirección de ésta y de otras políticas en el ámbito de las competencias del Gobierno (que no todas, porque vivimos en un país que tiene una organización territorial descentralizada, en el que el gasto está descentralizado, en el que existen comunidades autónomas y entidades locales y provincias, que no es un país unitario, es un país desconcentrado, descentralizado, es el modelo que queremos, es el modelo que apoyamos) le corresponde al Gobierno, no le puede corresponder a otro, y a los distintos ministerios les corresponde la facultad de la ejecución de las políticas, esa es su responsabilidad, como también lo es la de la coordinación de otras políticas. Por tanto, la excusa para romper el consenso es muy pequeña y viene probablemente determinada por estrategias de propaganda ajenas a esta Cámara.
Termino, señor presidente, diciendo que España se pone, como decía el PNUD, decididamente frente a la pobreza. Faltaba impulso político para consolidar en España las políticas de cooperación para el desarrollo, para consolidar la solidaridad, y esto es lo que hacemos desde el impulso de este Gobierno y con el apoyo que esperamos de sus señorías.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Como anunciamos, no se va a proceder a la votación de ninguno de estos proyectos hasta el final del bloque. En concuencia, continuamos con el debate de las enmiendas del Senado.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL DE LAS TASAS ESTATALES Y LOCALES Y DE REORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO (Número de expediente 121/000089).


El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. ¿Grupos que desean intervenir sobre las enmiendas del Senado? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde nuestro punto de vista, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales que hoy discutimos en su último trámite mantienen la filosofía inicial de dicho proyecto, que consiste en cargar a cada ciudadano con el coste de los servicios que presta la

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Administración. Por lo tanto, incide en la nueva concepción tributaria: al ciudadano se le dice que se le rebajan los impuestos, pero lo que en realidad se hace es utilizar otras vías de recaudación más injustas porque ciudadanos con muy distinto poder adquisitivo van a pagar lo mismo por algunos servicios.
En el caso de las haciendas locales, lo que hace el proyecto de ley es cambiar la consideración de los precios públicos para que pasen a ser considerados como tasas. Muchos de los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento del dominio público de prestación de esos servicios o realización de actividades competencia de los ayuntamientos, susceptibles de ser gravados con tasas, son de difícil aplicación en numerosísimos casos por la imposibilidad de ser asumidos socialmente y son, además, de dudosa rentabilidad para las arcas municipales, en el caso de ser aplicados, por los gastos burocráticos que originaría su recaudación. Es por lo que en muchos ayuntamientos este tipo de extracción impositiva fue eliminada en la práctica en tiempos anteriores.
El proyecto de ley insiste en introducir figuras impositivas que no se ajustan a las distintas realidades del Estado; por ejemplo, cuando se propone modificar las tasas por inscripción y acreditación catastral en lo referido a las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas, que son obligatorias para poder realizar la inscripción en el Registro de la Propiedad, referidas únicamente a una unidad urbana, a una parcela rústica, la cuantía será de 2.000 pesetas por cada documento expedido y 5.000 pesetas si los datos que incorporan tienen una antigüedad superior a los cinco años, lo que en los casos de propiedad fragmentada, como ustedes comprenderán, eleva su coste considerablemente.
Nosotros no compartimos la filosofía recaudatoria que traza el proyecto de ley porque nos retrotrae a modelos antiguos y regresivos, y por eso expresamos nuestra opinión contraria a este modelo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿Otros grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Ríos, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. ¿Quiere utilizar la tribuna? ¿No quiere utilizar tan glorioso escaño? Adelante.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que en este trámite estamos analizando o discutiendo las enmiendas que el Senado ha introducido al texto que aprobamos en el Congreso. Voy a intentar situar la posición de Izquierda Unida, indicando, en primer lugar, que es contraria a dos de las enmiendas que en el Senado se han presentado porque no benefician, porque perjudican el texto que de aquí salió. En segundo lugar, la posición de Izquierda Unida es favorable a algunas de las enmiendas que en el Senado se han introducido, porque modifican en un sentido positivo, o por lo menos similar al que nosotros defendimos en su momento, el texto que aprobamos en el Congreso. En tercer lugar, las enmiendas, que lógicamente son resultado de un trabajo tan profundo, tan sesudo que se hace en el Senado, se introducen precisando todas esas determinaciones, ordenaciones de textos, congruencias, que siempre vienen bien en ese trabajo de relectura que se realiza en dicha Cámara.
Me van a permitir SS.SS. que diga que la primera reflexión para nosotros es que el Senado no ha corregido los grandes defectos de esta ley, que tenemos que reconocer que tiene una gran ventaja, y es que de una vez pone orden a toda esa suma de tasas, las concentra en una sola ley y facilita su seguimiento, pero no ha corregido lo que nosotros consideramos una desviación en la orientación del papel que la tasa debe de tener. Para nosotros, el peor artículo es el 19 (porque estamos modificando la Ley General Tributaria) de la Ley General Tributaria, que introduce un criterio que nosotros no compartimos, y es el abuso de la tasa como fórmula para hacer frente, primero, a la inversión que corresponde al Estado cuando se prestan servicios universales; segundo, a la prestación de servicios que los ciudadanos reciben -que va desde hacerse un carné de identidad hasta presentarse a una oposición u otra serie de servicios- sin tener en cuenta la capacidad económica del ciudadano que la percibe. La tasa tiene un concepto general, es una figura de pago del servicio público, con independencia de la extracción económica, capacidad o realidad social. Si se pusiese para servicios que no son de amplio espectro, no tendríamos ningún problema, si el señor que quiere montar a caballo tiene un servicio de cuidado de caballos, me parece muy bien que lo pague; si un señor quiere tener un b arco y tiene un punto de amarre en un puerto deportivo, me parece muy bien que lo pague. Pero es que precisamente el coste de ese servicio específico l o pagan los perceptores y empieza a ser barato, mientras que otros servicios más universalizados, más generalizados, cuestan mucho más y la tasa empieza a ser más complicada porque es mucho más cara. A nosotros nos hubiese gustado un criterio en donde el costo de todos los servicios se hubiese metido en un gran saco, se hubiese distribuido entre los perceptores y hubiéramos podido introducir criterios de progresividad, y se puede hacer porque en la vida municipal se hace. En la vida municipal se introducen tasas o precios públicos para el agua u otros servicios de manera diferente para el c entro de la ciudad que en los barrios de la periferia o que en las zonas rurales. Por tanto, se puede hacer el esfuerzo si se quiere.
Yendo al fondo de las cosas, las enmiendas que nosotros no consideramos positivas son la introducción de dos disposiciones adicionales, la sexta y la séptima, que bajo nuestro punto de vista vienen a añadir criterios complicados. En la primera, se reduce a cuatro años todas las prescripciones en el funcionamiento tributario

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general, también para la tasa se introduce la prescripción en cuatro años, pero sobre todo se elimina una regulación específica de prescripción en materia de sucesiones que ahora existe y que nosotros consideramos que es correcto que se mantenga. No sabemos por qué hay que eliminar eso.
Hemos seguido el texto refundido que publica el Aranzadi y es idéntico al que ahora se presenta, salvo que se hace una referencia a los bonos de caja de los bancos industriales y de negocios. Para nosotros esta enmienda es un anacronismo, es una vuelta atrás, es una sinrazón. En todo caso, no sabemos por qué hay que reducir la información tributaria sobre los títulos de estas entidades, de los bancos de negocios o bancos industriales, no sabemos por qué, pero si es para beneficiar a estos señores, nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos ese criterio porque estamos hablando de bancos industriales. Los beneficios que están liquidando estos años vienen a ser de un 35 por 100, hablan siempre de miles de millones de beneficios, y luego le queremos cobrar una tasa de mil y pico pesetas a un señor que quiere hacerse el carné de identidad, que además es una obligación que tiene. Pues no entiendo nada, no entiendo por qué bajamos las tasas a los bancos y al ciudadano que tiene que hacerse el carnet de identidad, que es una obligación, sin el cual le pueden detener en cualquier momento, resulta que le cobramos mil y pico pesetas. No entendemos esa relación entre las tasas.
Sin embargo, compartimos la modificación que se ha hecho en algunas enmiendas del Senado, por ejemplo, la que se hace del artículo 10, que precisa la redacción que venía del Congreso. Hay un tema importante y es todo el título III y la supresión de los artículos 12 a 19. Después vamos a discutir las enmiendas al proyecto de ley del servicio postal y quiero recordar que había una duplicidad. Nosotros en el Congreso presentamos esta enmienda. Dijimos: suprímase, ¿para qué regular la misma tasa dos veces? Y nos dijeron: no, y mantuvieron el texto. Ahora ha llegado al Senado y lo han corregido. Bienvenido sea, nunca es tarde si la dicha es buena. Hemos evitado una duplicidad; además, como la va a gestionar un organismo autónomo, creemos que es positivo.
Vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 74, en el apartado d), porque asegura el cobro de la tasa en los pasos de carruaje, aunque no sabemos el volumen que supondrá. Vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 41.2 y vamos a votar a favor de la enmienda al artículo 74.5, que viene a evitar que se abra una puerta a la utilización por los entes locales de lo que son precios privados en determinados servicios.
En suma, señor presidente -y con esto termino mi intervención-, vamos a votar a favor de las enmiendas que vienen del Senado que suponen una mejora, sabiendo que los problemas que plantea esta ley -la mayor-, que no la compartimos, no están solventados en las enmiendas del Senado.
Hay otra serie de enmiendas que hacen aportaciones por su corrección.
En el tema aeroportuario, se hacen algunas precisiones en las tasas.
Ponen una tasa, por ejemplo, de 202 pesetas. Eso está muy bien medido, se ve que han hecho números; ahora, cuando venga el euro, las dos pesetas no sé cómo van a quedar en porcentaje de céntimos. En todo caso, esas enmiendas que son de poca precisión no las vamos a votar ni a favor ni en contra, nos abstendremos.
La ley no soluciona lo básico, aunque mejora algunas precisiones y, en ese sentido, respaldaremos la modificación.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ha de concluir.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: He concluido, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Excelente, señor Ríos. Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo. (Pausa.) Muchas gracias, señora Pozuelo, por intervenir desde el escaño.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, con este trámite de enmiendas quedará aprobado definitivamente este proyecto de ley de modificación de tasas locales y estatales y de prestaciones patrimoniales de carácter público.
Consideramos que las enmiendas que se han introducido en el Senado no resuelven los principales problemas que tenía el proyecto de ley que remitió el Gobierno. Este proyecto de ley, cuyo objetivo fundamental, su razón de ser básica, era dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó dos apartados del artículo 24 del anterior proyecto de ley, va a ser aprobado sin dar solución definitiva a las exigencias de esa sentencia, que establece, de manera taxativa, que las tasas deben aprobarse por ley. Y leo textualmente: conforme a los criterios o límites señalados por la ley que sean idóneos para impedir que la actuación discrecional de la Administración en la apreciación de los factores técnicos se transforme en actuación libre o no sometida a límite.
El texto que hoy aprobamos no cumple ninguna de estas exigencias cuando señala que el establecimiento de las tasas, así como la regulación de los elementos esenciales de cada una de ellas, se hará con arreglo a la ley en lugar de aprobarse por ley. Además, a la hora de definir los criterios y contenidos de las tasas, no establece límites a las mismas, dejando abierta totalmente la capacidad de actuación discrecional del Ejecutivo; discrecionalidad que resulta contraria al respeto del principio de legalidad tributaria, todo lo contrario, señorías, de la voluntad del Tribunal Constitucional. Pero hay más, la ley nace con una preocupante inseguridad jurídica debido a la existencia de otros dos recursos

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de inconstitucionalidad sobre los que el Tribunal aún no se ha pronunciado.
El primer recurso es sobre las tasas y precios públicos de carácter local. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias solicitó reiteradamente al Gobierno que no se incluyeran en este proyecto de ley las modificaciones que afectaban a la Ley de Haciendas Locales hasta tanto no dictaminara el Tribunal. El Gobierno no recogió esta petición y aprobó un proyecto de ley en el que, además, se ignoraban absolutamente los acuerdos a que habían llegado la comisión técnica Ministerio de Hacienda-Federación Española de Municipios y Provincias sobre las reformas del articulado de la Ley de Haciendas Locales, finalmente solventado en parte por el conjunto de enmiendas idénticas presentadas en Comisión por el Grupo Popular y por Convergència i Unió, en un esfuerzo de identidad asociativa inigualable.
El segundo recurso es el que hay interpuesto sobre la Ley Orgánica 3/ 1996, de 27 de diciembre, que modificó parcialmente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En el nuevo articulado de la ley se estableció un nuevo concepto de tasas en el ámbito de las comunidades autónomas, concepto que adapta este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar. El recurso de inconstitucionalidad se presentó por considerar que se vulneraban los principios de unidad y autonomía financiera de las comunidades autónomas y de coordinación con la Hacienda del Estado, un ejemplo más, sin duda, de las indeseables consecuencias de un modelo de financiación para comunidades autónomas que se acordó en septiembre de 1996.
Lo que acabo de exponer, señorías, no es un buen comienzo para esta ley, sobre todo teniendo en cuenta que esta ley de tasas y precios públicos tiene una repercusión inmediata y onerosa para los ciudadanos, que deja a discreción de los departamentos ministeriales las subidas periódicas de las mismas, sin tramitación parlamentaria, a merced de un Gobierno cuyo criterio s obre fiscalidad se traduce en reducir el impuesto directo y progresivo, el IRPF, a las rentas más altas y aumentar los indirectos, como los que contiene esta ley, igualando -aquí sí- a todos los ciudadanos, con perjuicio evidente para las rentas más bajas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Finalmente, en lo que a este proyecto de ley se refiere y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Cerramos hoy, en esta sesión, tras el pronunciamiento del Senado, el cometido que encargara a esta Cámara el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 185/1995, que manifestaba la necesidad de reconsiderar por parte del legislador el concepto de tasas y el concepto de p recio público tal y como aparecía en la Ley de 1989. Posteriormente, en la Ley orgánica 3/1989, se redefinió la tasa en los términos en los que se manifestaba el Tribunal Constitucional, para adecuarlo a la realidad autonómica. En este trámite de hoy cerramos el ciclo con una modificación de la Ley General Tributaria, de la Ley de Tasas y Precios Públicos y de la Ley de Haciendas Locales, por cuanto queda afectado definitivamente el artículo 86 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y simplemente se trata de adecuarla a esta sentencia del Tribunal Constitucional.
El trámite que siguió el proyecto de ley en Comisión a nuestro grupo le parece que fue sosegado, que permitió a los grupos acercar posiciones de forma muy evidente y que quizá se compadezca poco con algunas de las manifestaciones hechas hoy por la señora Pozuelo.
Considero, señora Pozuelo, que se produjo un debate bastante más sosegado de lo que se puede deducir de sus palabras de esta mañana, que creo que están más relacionadas con algún debate sobre otra norma fiscal que sobre el que tuvo lugar en Comisión. Pero, insisto, la apreciación de nuestro grupo es que en aquella Comisión hubo un acercamiento importante de posiciones al que su grupo contribuyó de forma importante. Por ejemplo, algunas de las enmiendas que se introdujeron en el trámite de Comisión permitían sistematizar correctamente el proyecto de ley, por cuanto, además, de forma providencial, una de sus enmiendas permitía sistematizar correctamente el proyecto y eliminar del texto las referencias a las tasas de telecomunicaciones puesto que recientemente se había aprobado la Ley de Telecomunicaciones. Lo mismo ocurre, como ha recordado el señor Ríos, con una enmienda relacionada -como se verá a lo largo de la mañana- con el proyecto de ley del servicio postal universal, donde, como consecuencia de la aprobación de la misma, habrá que reubicar las tasas que aparecen en esta ley de tasas, y por eso vamos a votar favorablemente la supresión de los artículos 12 a 19 del proyecto de ley.
También hubo importantes aportaciones, durante este sosegado trámite de Comisión que se produjo en el Congreso de los Diputados, por parte del Partido Nacionalista Vasco, que sirvieron para dotar de mayor seguridad jurídica al texto, acreditando, según nuestra opinión, una alta dosis de sensibilidad en lo que significa quizá el mayor de los problemas que puede existir con las tasas, que es el conocimiento puntual de qué tasas están en vigor y qué tasas no lo están, y a eso contribuyó de forma muy importante la enmienda número 7, del Grupo Nacionalista Vasco. También contribuyó de forma importante la enmienda 75, de Convergència i Unió, a la que ha hecho también referencia la señora Pozuelo, que coincidía plenamente con una nuestra.
Esta coincidencia lo único que pone de manifiesto es nuestro apoyo a las reflexiones que había hecho la Federación Española de Municipios, que consideraba que era necesario modificar el artículo 86 en

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los términos que lo hizo, y el Grupo Popular y el Grupo de Convergència i Unió no hicieron ni más ni menos que hacer suyas las reflexiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, trasladarlo a esta Cámara e introducir las correcciones que a la Federación le parecían importantes en el proyecto de ley, en contra de las apreciaciones que hizo S.S. referentes a que, poco más o menos, la Federación no quería que se reformara la Ley de Tasas, cuando es todo lo contrario, señora Pozuelo; y prueba de ello es que tuvimos que incorporar nuestra enmienda al artículo 86, que yo en Comisión, en alguna ocasión, llegué a calificar como la enmienda de la FEMP, porque en definitiva era una enmienda cuya paternidad era exclusivamente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Este fue el trámite en Comisión, donde desde luego la serenidad del debate propició la mejora indudable del texto, como creemos que propicia también la mejora del texto de forma notable el trámite seguido en el Senado. Se introducen modificaciones de las de segunda lectura, obviamente, a las que hacía referencia el señor Ríos, pero esa es una de las virtualidades importantes del Senado, el que se produzca una segunda lectura del texto que permita aprobar los proyectos no de forma atropellada, como pudiera ocurrir en ocasiones, sino con mayor reflexión.
Con respecto a lo que decía el señor Ríos de que no le parecía que quedara solventado en el proyecto de ley, yo le he de recordar, señor Ríos, que hay un instituto de Derecho tributario muy antiguo, que data del siglo pasado -quizá lo recuerda usted-, que son las cédulas personales por categorías. Aquellas cédulas personales por categorías del siglo XIX trataban justamente de lo que S.S. pretende en esta ocasión, que es diferenciar por categorías de renta quién paga más o quién paga menos en relación con los servicios que le p resta la Administración. Señor Ríos, las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida son absolutamente congruentes con este principio que usted ha esgrimido no sólo hoy en el Pleno, sino en la Comisión. Ciertamente, usted, en dúplica, ha vuelto a manifestar su intención de que las tasas se regulen y se paguen en relación directa con la capacidad contributiva de los contribuyentes. Este no es el concepto que nos trasladó, ni muchísimo menos, el Tribunal Constitucional, concepto con el que no estamos de acuerdo precisamente porque, en contra de la apreciación de S.S., nos parece que el anacronismo se produce como consecuencia de querer introducir de nuevo en el régimen fiscal español estas cédulas personales por categorías, con las que no estamos de acuerdo.
Por otro lado, también se introduce alguna enmienda de cierto calado técnico -a la que voy a hacer referencia brevemente-, como es la supresión del apartado 5 del artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales, porque en este apartado se disponía que los preceptos referidos a tasas no serían aplicables en las contraprestaciones por los servicios que realicen los entes y organismos públicos que actúen según normas de Derecho privado. De esta reducción podría entenderse que quedaban fuera del concepto de tasas determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público, y nuestro grupo consideró que esto debía quedar claro en el proyecto de ley, y por eso se introdujo la enmienda 39, que coincide plenamente con la enmienda de su grupo número 14, señora Pozuelo, por lo que esperamos el voto a favor de al menos esta enmienda.
También se introduce una nueva disposición adicional que modifica el artículo 15.7 de la Ley de acompañamiento de este año en curso, referido a la tasa de a proximación de aeronaves. Por un lado, introduce una fórmula global que permite el devengo de la tarifa en aquellos supuestos en que entren en funcionamiento nuevos aeropuertos. Esta es una exigencia del acuerdo multilateral de 12 de febrero de 1981, y ahí es donde verdaderamente ha sido importante el esfuerzo de sistematización que ha hecho el Senado, incorporando una norma, a través de esta nueva disposición adicional, que había quedado relegada y que debía de incorporarse a la Ley de Tasas.
Como pueden ver, señorías, las enmiendas del Senado aportan aspectos no contemplados ni por el proyecto ni en Comisión, sobre todo ordenan el panorama normativo en lo referente a las tasas, y ponen algunas tasas en relación con la normativa que interviene en las actividades que traen como consecuencia la necesidad de la exacción para financiar el servicio público, que trae causa de la tasa que aparece en este proyecto de ley. Por todo ello, nuestro grupo votará a favor de todas las enmiendas que vienen del Senado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.


- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES (Número de expediente 121/000092).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa .) Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que el trámite parlamentario que se llevó a cabo en el Senado mejora el texto del proyecto de ley postal en aspectos relativos al servicio postal universal, a su financiación y a la participación social en su control, sin duda gracias a la presión y negociación que llevaron a cabo los sindicatos .


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Para el Bloque Nacionalista Galego son de especial interés -y votará, por tanto, afirmativamente- las enmiendas aprobadas en el Senado que se refieren al artículo 15.5, que pasa a ser 15.6, una modificación que elimina las consideraciones de política territorial. Al eliminar las posibilidades de que el Gobierno pueda actuar por real decreto para modificar la delimitación de servicio público universal, se garantiza que determinadas zonas territoriales del Estado español queden menos desconsideradas de este servicio público. En segundo lugar, la referida al artículo 16.3.a), que elimina la discriminación por razones geográficas y que hace que ya nadie pueda ser privado fácilmente por lo menos de su derecho al servicio público universal.
El artículo 17.2, en la misma línea del anterior, elimina la mención a las circunstancias especiales para la prestación de los servicios, ajustándose tanto en este caso como en el anterior a la directiva comunitaria. La enmienda referida al artículo 18.2, que anula la posibilidad de que el Gobierno pueda reducir el servicio reservado y la enmienda al artículo 20.2, que garantiza la financiación quinquenal en base a un control parlamentario sobre la financiación del servicio público universal a través de contrato-programa. La referida al artículo 23.1, que garantiza la gestión de la red pública Correos, marcando además los aspectos de servicio público universal y libre concurrencia, lo cual hace que se pueda trabajar en los sectores de mercado que tienen importante valor añadido por parte de Correos. La referida al artículo 23.3, que deja claro que la Administración cede bienes de la red pública a Correos, así como aquellas enmiendas referidas a la transitoria primera, en concreto la supresión de su parágrafo cuarto en cuanto a la especificación favorable a las agencias colaboradoras en la transformación de licencia para la prestación de los servicios postales. Por último, la enmienda referida a la disposición final segunda, que habla de la participación del consejo asesor postal en la elaboración del plan de prestación del servicio postal universal.
Votaremos afirmativamente todas estas enmiendas porque consideramos que, gracias a ellas, se mejora sensiblemente el texto en estas cuestiones. De todas formas, he de decir que seguimos considerando que existe algún peligro para el servicio postal universal y que es una pena que no se quiera acceder a algún tipo de transferencia a las comunidades autónomas que así lo deseasen por la vía del artículo 150.2 Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya planteamos que este proyecto de ley debía dar respuesta a tres retos: el primero era garantizar el derecho de los ciudadanos a unas comunicaciones postales accesibles y asequibles; el segundo, lograr un correo público eficaz y eficiente; y, el tercero, que este proyecto de ley sirviera también para ordenar el mercado equilibradamente entre operadores públicos y privados.
Pensamos que el proyecto inicial que el Gobierno planteó no daba respuesta a estos tres retos. En este sentido presentamos nuestra enmienda a la totalidad y nuestras enmiendas parciales. El texto final que salió de esta Cámara mejoró pero no era satisfactorio, y hoy, a la hora de posicionarnos y votar las enmiendas que ha introducido el Senado, queremos decir que es un texto, a nuestro entender, no satisfactorio aunque ha mejorado en aspectos fundamentales relacionados con la negociación y el papel que los sindicatos han tenido con el Gobierno. Por lo tanto, vamos a pedir votación separada, diferenciando determinadas enmiendas - insisto, producto de la movilización y de la negociación de los sindicatos con el Gobierno- que votaremos a favor de otras que votaremos negativamente.
De forma muy rápida, voy a detallar las enmiendas que, a nuestro entender, mejoran el texto y que responden a tres grandes objetivos o mejoras que se han producido en la ley, en primer lugar, en relación a la extensión del servicio postal universal; en segundo lugar, a la programación y financiación económica del servicio postal universal; y, en tercer lugar, al papel más extenso que en estos momentos se concede al consejo asesor postal.
Quiero destacar, como enmiendas concretas que votaremos afirmativamente, las modificaciones que se han producido en el artículo 10, en el que se amplía a t res meses el plazo de que dispone la Administración para inscribir en el registro a los solicitantes de autorizaciones generales y, por tanto, el plazo en que dichos solicitantes no podrán operar sin tener el registro efectuado. El artículo 15 y la disposición final segunda, para que en este proyecto de ley se incluya la necesidad de informe previo para determinadas cuestiones del consejo asesor postal. Los artículos 16.3.a) y 17, donde se mejora la redacción que salió del Congreso en relación a la entrega de envíos postales que se realizan dentro del servicio postal universal y se homologa a la directiva europea. En el artículo 18 quiero destacar dos enmiendas, a nuestro juicio, importantes: una, que sustituye la previsión que se hacía en el proyecto inicial a p robado en el Congreso de que el Gobierno podría reducir la relación de servicios prestados por el servicio postal universal. La palabra reducir se ha modificado en el sentido de que el Gobierno revisará, pero puede ser tanto reduciendo como aumentando. También es importante la enmienda que se ha introducido en el apartado 1 del artículo 18, donde se establece que la tarifa que van a tener que abonar operadores distintos a los del servicio postal universal para determinados servicios va a ser, al menos, cinco veces superior al

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montante de la tarifa pública. En el artículo 20, que habla de la planificación del servicio postal universal, creemos importante la mejora que se ha hecho del texto, en el sentido de reconocer que se van a suceder períodos quinquenales de planificación. En el artículo 23, pensamos que son importantes también las mejoras que hacen referencia a la separación de la contabilidad en el ente público y, en el tema de las infracciones, también nos parece acertado introducir determinadas actuaciones que no estaban previstas en el proyecto de ley que aprobamos en el Congreso.
Por último, quiero señalar que es satisfactorio para nosotros el hecho de que en la disposición transitoria primera...


El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que concluya, por favor.


El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente, con esta última parte.
Decía que valoramos que en la disposición transitoria primera se haya recogido un régimen transitorio de las tarifas de servicios de telegramas, radiotelegramas, etcétera, en tanto en cuanto no se apruebe el reglamento correspondiente en desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones.
Por tanto, señor presidente, texto no satisfactorio, mejora en el Senado y, lo que es más importante, la necesidad de que el Gobierno cumpla algunas de las orientaciones de este proyecto de ley que signifiquen que podamos tener en España un correo público eficiente y eficaz.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura. ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.) Ya sé que el Grupo Socialista y el Grupo Popular me han entregado sus solicitudes de intervención con carácter previo.
Los grupos nacionalistas, en este caso, dan por supuestas sus posiciones, fijadas en anteriores plenos.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene de nuevo la palabra el señor Ríos, don Pedro Antonio.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor p residente.
Analizamos el texto del proyecto que se presentó en la Cámara y las dudas que teníamos. El otro día, el señor Rato, en el debate sobre el IRPF, decía que las privatizaciones son fruto de todo el proceso liberalizador al que el Gobierno está haciendo frente. Cuando hablamos de liberalización, en seguida se une con privatización. Ese riesgo que nosotros vemos en el seno del Gobierno es el que nosotros seguimos viendo a la aplicación de esta ley. Lo vemos nosotros y lo ve la gente que está dentro del organismo público. Por eso ha habido movilizaciones, más amplias al principio y, después, continuadas con otros agentes. Existe la duda de si la ley pone freno a esa filosofía o si la ley regula el procedimiento de una directiva. Nosotros no estábamos de acuerdo con la directiva, pero, una vez que tenemos la directiva, preferimos que una ley regule todo el proceso de liberalización y busque un marco de ahora al año 2003, en el que tendrá que irse a una competencia entre distintos organismos para que la realidad actual española tenga ese proceso.
Ese proceso necesita: uno, que el derecho al servicio postal universal que tienen todos los españoles, vivan donde vivan y tengan la creencia que tengan, se garantice; dos, que el operador público que ahora mismo está prestando ese servicio pueda entrar en competencia, previa modernización y capacitación, siendo necesario una especie de servicio reservado y una financiación a través del contrato-programa, para que pueda ponerse al día y ponga todas sus infraestructuras, las que tiene, en disposición, y podamos también tener abierto ese operador a la competencia, competencia en lo privatizado. Nosotros no venimos a esta ley con una idea preconcebida.
Puesto que sin ley se ha privatizado el 40 por 100 de lo que antes realizaba el operador público, con ley tiene por fuerza que ser otro 40, otro 20 o un 10.
Las enmiendas del Senado. Este proyecto de ley ¿sustantivamente ha cambiado? No, sustantivamente mantiene un artículo 15, donde se regula el servicio postal universal; un artículo 18, donde se crea el servicio reservado; y unos artículos en los que se busca la financiación para ello, Sin embargo, el trámite del Congreso precisó, adecuó, puso límites a la voluntad originaria del proyecto, y el trámite del Senado ha caminado en ese sentido. Por eso hay una serie de enmiendas que se han introducido en el Senado y que nosotros vamos a votar favorablemente, pero hay otras que vamos a rechazar, porque no consideramos que caminen en este sentido, sino en otro totalmente contrario.
La enmienda al artículo 10, que era de procedimiento -el silencio administrativo a la hora de solicitar, dándose tres meses; en el proyecto se hablaba de uno-, me parece razonable, porque garantiza que la Administración va a tener tiempo para revisar esa solicitud.
La enmienda al punto 3 de este artículo 10 también nos parece razonable, puesto que ahora la Administración puede solicitar datos complementarios a la empresa y antes no podía hacerse.
En el artículo 15 se hace una precisión en cuanto a los envíos, añadiendo nacionales y trasnacionales. El artículo 15.2 acerca a la directiva europea lo que aprobó el Congreso. También lo vamos a apoyar.
No nos gusta cómo queda el artículo 15.5 anterior y 15.6 actual, porque el Gobierno, por decreto, puede cambiar lo que esta ley aprueba modificando los servicios postales universales. Hay que reconocer que la enmienda del Senado lo que dice es que haya un informe previo del consejo asesor. A nosotros nos gustaría que se exigiera que fuera favorable el informe del consejo asesor. No se especifica así, pero esta enmienda

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no empeora lo que se decía en el Congreso; al revés, amplía las garantías de participación a la hora de tomar la decisión. La vamos a apoyar, por tanto.
Respecto a la enmienda al artículo 16, a la que hacía referencia el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, nosotros creemos que es positivo que se retire la dificultad geográfica, mejora el texto y garantiza, en el sentido de lo que veníamos diciendo, que el servicio postal universal llegue a todos los españoles y esta limitación geográfica no sea un elemento que entre en contradicción.
El artículo 18 tiene algunas enmiendas que a nosotros nos parece que mejoran el texto o que por lo menos ponen en mejores condiciones la competencia de la zona reservada. ¿Qué es lo que hace la enmienda del Senado? Exige que, de la parte más rentable, de la categoría normalizada más rápida, el urgente, si entra en el servicio reservado, tenga que entrar en competencia, con cinco veces la tarifa. Por tanto, está buscando una salvaguarda del operador público, frente a la entrada de los elementos privados en esa parte que ahora mismo pudiéramos tener reservada.
El artículo 18.2, que es otra ventana de la que el Gobierno se dota para modificar los servicios reservados, no nos gusta, pero la enmienda mejora, precisa - con las palabras que figuran en la directiva- la posibilidad de esa modificación que puede hacer el Gobierno, aunque no dice cómo. Lo que decía el texto del Gobierno era que la relación de servicios reservados podrá ser reducida por el Gobierno; ahora, el texto que viene del Senado dice que podrá ser revisada por el Gobierno. Puede ser una corrección gramatical, pero lo cierto es que recoge una previsión de la directiva y lo que se dice es que el Gobierno la revisa: puede reducir, puede no reducir, puede precisar los términos. Por tanto, nosotros lo vamos a apoyar.
También vamos a apoyar la enmienda al artículo 20.2, porque da garantía de continuidad. Yo oía el otro día algunas quejas s obre esta precisión de que el contrato-programa tenga períodos quinquenales sucesivos, porque -se decía- parece que está garantizándose la permanencia por siempre de estos planes quinquenales. Es que esto es positivo. Si un operador público va a tener un servicio universal que prestar y además necesita una modernización, ¿por qué no va a tener continuidad? Yo sé que esto lo critican lo que pudiéramos llamar competencia privada.
El artículo 23 tiene dos enmiendas que precisan y mejoran el texto del proyecto en relación con la red postal pública. Se propone que se pueda separar contablemente lo que es servicio postal universal y lo que hace en competencia. Facilita el que se pueda hacer en competencia con la iniciativa privada.
La disposición adicional que se introduce es positiva, puesto que hace referencia a que hay unas tarifas de esta entidad pública que se regulan por la Ley de Telecomunicaciones. Es la única referencia que se hace a esta previsión y nos parece positivo, al igual que introducir en las infracciones esta realidad del fraude de franqueo.
Sin embargo, hay algunas enmiendas que a nosotros no nos parecen positivas. En la exposición de motivos se habla de que el Gobierno tenga que regular ese régimen de libre concurrencia de los operadores postales. El texto del Congreso decía: regulándose el régimen de libre concurrencia. Lo que propone el Senado es que se tomen medidas preventivas. Dice: previéndose el régimen de libre concurrencia. No se compromete a regular. Nosotros pensamos que se empeora el texto que salió del Congreso.
No nos gusta que se haya eliminado del artículo 4.2 la relación de la libre concurrencia de acuerdo con principios de objetividad, neutralidad, transparencia y no discriminación. Es verdad que se hace referencia a los títulos II y III de la ley, pero es positivo y hay una norma que dice que lo abunda no daña. A nadie perjudica que se precise que estos son los criterios que van a funcionar. Tampoco nos gusta la enmienda que se ha introducido en el artículo 22. El artículo 22 dice que el Gobierno podrá -en un reglamento- imponer a cualquier operador la prestación de servicios postales dentro del amparo de la situación administrativa. De acuerdo, pero, si se trata de un operador privado y se le impone esto, luego, lógicamente, este operador privado puede pedir participar en la compensación de esa obligación que le impone el Gobierno. En todo caso, no queda preciso y no nos gusta cómo queda.
En cuanto a las tarifas, no nos gusta la enmienda al artículo 30 y sería bueno que fuese rechazada en el Congreso.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
En el artículo 30, en relación con las tarifas, se dice que la gestión y recaudación de las tasas corresponderá a la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. En la Ley de tasas acabamos de quitar toda referencia a las tasas y tarifas de Correos. Y la enmienda del Senado dice: La gestión y recaudación de tasas corresponderá a la entidad habilitada. Sé que en el trámite del Senado se ofreció al Grupo Socialista una transacción que era algo más especifica, pero es que sin esa especificación, que no se ha incluido, el texto queda muy abierto. ¿Por qué no poner la entidad que está habilitada hoy, que es la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos? ¿Por qué dejar esta incertidumbre en cuanto a algo tan importante como es la gestión y recaudación de las tarifas? No consideramos que esto sea positivo.
Hay una enmienda al punto 3 de una disposición adicional, que a nosotros no nos parece positiva. Y tampoco estamos de acuerdo con la modificación que se hace en la disposición adicional quinta. La disposición adicional quinta viene a dar al ente público autonomía para fijar su propia estructura organizativa y para para fijar

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su propio régimen retributivo. Y no es que sea malo que haya posibilidad de negociación con el ente público. Lo malo es que después se menciona la relación de contratación sujeta al derecho privado y que se empieza a configurar la idea de un ente al margen del Gobierno, que funciona en el mercado privado; una especie de entidad de empresa que compite y que funciona fuera. Y con esto se pierde una relación que siempre ha habido, una relación con la función pública y con el Gobierno. Esta disposición adicional quinta puede abrir el régimen interno, que ha quedado definido hasta ahora en una entidad pública empresarial.


El señor PRESIDENTE : Señor Ríos.


El señor RÍOS MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
Esto abre el camino a un funcionamiento de una empresa pública, privatizada o no. Y este riesgo no es bueno porque la ley no va por ese camino, o al menos no lo parece. Por tanto, sería bueno que esta disposición adicional quinta desapareciera.
Señor presidente, el objetivo de nuestro posicionamiento es asegurarles que, aunque esta es una ley que se ha mejorado en el trámite, va a tener que ser seguida permanentemente para que de verdad cumpla con el objetivo que tiene, que es garantizar un servicio postal universal y un operador público en régimen de competencia y con capacidad para actuar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Víctor Morlán. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor p residente.
Señoras y señores diputados, hoy da el último paso un proyecto de ley cuya tramitación en el Senado ha sido rocambolesca. Le ha costado llegar del Congreso al Senado 22 días -no sé por dónde ha ido, pero han sido 22 días- y se ha discutido en el Senado en 20 días. Pienso que ese camino hacia el Senado podía haber sido mejor aprovechado y que se podía haber conseguido que esos 22 días hubieran sido más útiles para conseguir un proyecto algo más sólido, más fundamental, que regulara mejor un servicio postal como el que me imagino que ustedes y nosotros queremos. Pero veo que los puntos de encuentro han sido imposibles.
Las enmiendas que proceden del Senado, y que son las que se van a votar el día de hoy, las votó nuestro grupo favorablemente, porque eran de carácter eminentemente formal, hacían referencia a acentos, comas o terminología similar a la que existía en el proyecto de ley, pero nosotros no compartimos el proyecto tal y como entró en la Cámara -presentamos un texto alternativo-, no lo compartimos tal y como salió del Congreso y no lo compartimos tal y como ha vuelto.
Y se han presentado en el Senado, siguiendo la costumbre que ustedes tienen últimamente, 135 enmiendas, si bien es cierto que muchas de ellas se refieren a aspectos meramente formales y que no tienen ninguna incidencia en el texto del proyecto, con lo cual no existe ninguna variación. Y, en estos momentos, el Grupo Socialista prefiere situarse en la abstención, porque, si ustedes no saben escribir o no saben utilizar la terminología adecuada ni poner las comas, el problema no es nuestro, es de ustedes. Corríjanlo. Pero donde está el meollo del problema es en esas otras enmiendas que se pueden considerar de forma distinta según se vea la botella medio vacía o medio llena.
En una de las enmiendas, respecto a los servicios reservados que presta el operador postal -no voy a hacer referencia a artículos concretos, como han hecho otros portavoces-, únicamente proponen sustituir «reducción» por «revisión». Nosotros tenemos muchas dudas, tremendas dudas, sobre esa revisión. Ustedes han estado en todo este proceso con ganas de liberalizar, con ganas de preprivatizar, y ahora el Grupo Socialista no puede esperar que el Grupo Popular entienda en un momento determinado que, en lugar de ser 350 gramos los que se queda el operador público, van a ser 400; o que, en lugar de ser el correo urbano el que únicamente está en competencia, va a estar también el correo interurbano. Me da la impresión, señorías, de que, con esa posibilidad que ustedes plantean no se consigue nada. Se cambia un término, para que haya otros grupos políticos que lo apoyen, pero el fondo de este problema se sigue manteniendo y las dudas y los interrogantes siguen estando encima de la mesa.
También quieren que exista una modificación del ámbito del servicio postal universal con un informe previo del consejo asesor. Nosotros tenemos dudas de que esta modificación se produzca o no, con independencia de quién esté o no esté en el consejo asesor. Porque el informe que haga no tiene ninguna vinculación; no es que sea positivo o negativo, es que no es ni siquiera vinculante. El Gobierno tiene siempre la capacidad de decir: Esta es nuestra disposición; ustedes díganme lo que quieren hacer, pero nosotros haremos lo que estimemos oportuno. Por tanto, señorías, me da la impresión de que este informe del consejo asesor del que ustedes hablan no tiene ninguna virtualidad y que, en definitiva, les permite hacer lo que ustedes quieran.
No se resuelve de manera correcta cómo se solucionan las controversias entre usuarios y operadores. No se resuelve cómo se solucionan las controversias entre los operadores privados y el público. No se dice cuál tiene que ser el órgano regulador, tal y como dice la d irectiva. Nosotros proponemos en nuestra enmienda de totalidad y en nuestras enmiendas parciales que la CMT podría ser perfectamente el órgano regulador; ya que está constituido, ya que tiene una estructura administrativa perfectamente regulada, no sé por qué razón no podría entender y hacer mención entre sus competencias de todos los aspectos postales, como al fin y al

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cabo lo hace en otros temas de telecomunicaciones o de comunicaciones en general. Siguen ustedes exponiendo una serie de dudas, que las están derivando a los reglamentos, lo que, indudablemente, no va a facilitar una salida correcta de lo que ha de ser el futuro de los servicios postales en nuestro país.
Tampoco estamos de acuerdo en que se solucione la limitación geográfica como he oído decir a algún otro portavoz, y vuelvo a lo que he dicho antes de la botella medio vacía o la botella medio llena. Mientras el sistema de financiación del correo no esté perfectamente recogido, perfectamente regulado, mientras no se tenga una capacidad superior de autofinanciación, mientras pueda darse la posibilidad -que va a ser certeza dentro de un tiempo- de que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, nos encontraremos con que habrá discriminación territorial y discriminación geográfica.
Este proyecto de ley, tal y como va a salir, va a cargarse la cohesión territorial y social de este país en una de sus facetas, que es la postal. Si ustedes no lo quieren aceptar, es un problema de ustedes, no nuestro.
Introducen también otro fenómeno que es el de la disposición adicional quinta. Recogen unos sistemas de contratación sometidos al Derecho privado. Cuando en una ley se dice que el operador postal Correos y Telégrafos, en base a la agilidad, o a la eficacia, o a la eficiencia, va a estar sometido al Derecho privado en su contratación, permítanme que les diga que dentro de poco veremos ejemplos de falta de transparencia, de falta de claridad en la contratación, de que el operador hace lo que le viene en gana. Y eso creo que tiene que estar reñido con la teoría de que ustedes hablan respecto a la claridad y a la transparencia de la gestión pública.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le ruego vaya concluyendo.


El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente, concluyo enseguida.
Por último, en esa misma disposición adicional hacen ustedes referencia a que el operador público postal, sometido a los planteamientos que pueda hacer Administraciones Publicas, podrá llevar a cabo la gestión de todos sus recursos en materia de personal - contratación, remuneraciones, plantillas, etcétera-. A mí me parece que están dando un paso más para que este operador público postal acabe en una senda tan excesivamente liberalizadora que se confunda con la senda preprivatizadora que ustedes, dentro de muy poco tiempo, van a plantear en un sector tan importante como es el sector postal español. Sigo repitiendo lo que he dicho en muchas ocasiones, que con esta ley ustedes van a hacer que exista un operador público postal que va a constituir la beneficencia postal de nuestro país, frente a operadores privados que se van a llevar lo que es la crema del mercado postal en las grandes ciudades, en las grandes urbes, los grandes clientes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pons tiene la palabra.


El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoyará las enmiendas introducidas en el proyecto de ley remitido por el Senado, porque creemos que mejoran objetivamente el texto que salió de esta Cámara hace apenas mes y medio. Pensamos que lo mejora básicamente en dos vertientes: por un lado, en lo que se refiere a las correcciones gramaticales, ortográficas y de estilo y, por otro, introduciendo determinadas modificaciones de contenido en el articulado que consideramos realmente acertadas. Creo que han quedado suficientemente explicitadas por otros grupos, pero quizá yo significaría las siguientes: la ampliación de 1 a 3 meses del artículo 10, que introduce la cautela de ampliar ese plazo para que, ante la avalancha de solicitudes previstas, no haya lugar a que las autorizaciones se otorguen por aplicación de la figura del silencio positivo. Las enmiendas introducidas en relación al artículo 15 y a la disposición adicional segunda, que introducen el informe previo del consejo asesor postal, dando entrada y más intervención a este consejo asesor ante las facultades que tiene el Gobierno para revisar la determinación del servicio postal universal y el plan de prestación de este servicio postal universal. Las enmiendas al artículo 18.1.b) y al artículo 22, que se han introducido básicamente para adaptar mejor el texto a la directiva comunitaria y siguiendo un poco lo que son las sugerencias de la Unión Europea.
La disposición adicional quinta nueva creo que también es importante -y difiero con esto de lo que ha dicho el señor Morlán-, por cuanto permite conferir una mayor autonomía operativa a Correos y Telégrafos , que es precisamente lo que necesita actualmente esta empresa. En definitiva, lo que se establece es una regulación sistemática en la que se determina el régimen al que ha de someterse la prestación del servicio postal universal, donde se garantiza el derecho a las comunicaciones postales de todos los ciudadanos y empresas y se reconoce el ámbito del sector postal que se encuentra liberalizado, fijando de forma clara las reglas básicas que permitan la libre concurrencia. Es una ley que, desde nuestro punto de vista, aporta mayor seguridad jurídica a quienes concurren en un mercado en régimen de libre competencia, que hasta ahora carecía de una regulación sustantiva que determinase con claridad el contorno de sus derechos y obligaciones.
Respecto al discurso catastrofista de otros grupos, el tiempo se encargará de poner en su lugar las cosas, como ha ocurrido hasta ahora en todos los discursos

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catastrofistas que hemos oído en esta Cámara y que al final han quedado en agua de borrajas.
La calificación del servicio postal universal únicamente como social, equilibrador, integrador del territorio es absolutamente obsoleta y extemporánea. Sí es importante, pero únicamente este argumento es absolutamente extemporáneo. El equilibrio lo debe dar el mercado y no se puede cerrar la puerta a la liberalización cuando su implementación es un requisito impuesto por la Unión Europea y que justifica precisamente la necesidad urgente de publicar esta ley.
Porque no olvide, señor Morlán, que estamos en Europa y, por tanto, tenemos que estar a lo que nos digan sobre la liberalización de este mercado. El mejor modo de conseguir que este proceso de liberalización sea gradual y controlado es dando pasos firmes, seguros, ágiles, pero no precipitados. La integración social equilibrada del territorio, repito, se consigue a través de ese mercado, a través de asegurar el servicio postal universal que garantiza el Gobierno con este proyecto de ley.
Sobre las dudas en cuanto al consejo asesor postal -lo dije en el debate del otro día, señor Morlán-, hasta que no veamos cómo lo regula el Gobierno, no se pueden hacer unas críticas tan firmes.
En definitiva, esta Cámara manda hoy al Boletín Oficial del Estado la ley postal que necesita este país y que nos va a permitir, de aquí al año 2004, que la empresa pública Correos y Telégrafos esté en condiciones de competir en ese mercado postal que va a estar liberalizado en ese año.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pons.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero intervenir de una manera breve para agradecer la colaboración que se ha producido en la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Tanto quienes han hecho consideraciones críticas como quienes han hecho aportaciones positivas, algunas de las cuales se han podido recoger en el texto final, han contribuido, en definitiva, a mejorar un texto. Yo entiendo que la función del Senado, el perfeccionamiento de las leyes, corregir los errores gramaticales y los errores de estilo, que muchas veces se producen en la redacción de las leyes como consecuencia de la voluntad de transacción que se da fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, es una función muy noble. Todo el mundo está en el legítimo derecho de votar a favor, de votar en contra o de abstenerse, cuando se trata de mejorar manifiestamente, desde una perspectiva formal, el texto de las leyes.
Concluiré, señor presidente, poniendo de relieve que esta es la primera ley postal que se hace en España desde el año 1953; es la primera ley que regula el servicio postal con carácter general; es la primera ley que regula claramente el servicio público postal; es la primera ley que garantiza la prestación del servicio universal y es la primera ley que facilita la financiación, con cargo a un contrato-programa, con cargo al mercado y con cargo también a los Presupuestos Generales del Estado, de ese servicio universal; y es la primera ley que además define la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público, no solamente con cargo al operador público, sino también con cargo a los operadores privados. Esa es la garantía máxima de que este proyecto de ley va a facilitar, va a contribuir a consolidar la cohesión social y territorial de España.
Señor presidente, el correo en España se ha privatizado durante todos los años anteriores. Este proyecto de ley lo que hace es introducir certidumbre jurídica en el mercado, definir por primera vez, de manera precisa, un área de exclusividad en beneficio del operador público y delimitar todo aquello que pueden hacer las empresas privadas. Desde esa perspectiva, alcanza el objetivo de introducir certidumbre jurídica.
Quisiera trasladar a todos los grupos parlamentarios, que de una u otra manera apoyan directa o indirectamente la ley o han hecho contribuciones que han sido particularmente incorporadas en el Senado, que el propósito del Gobierno y, por tanto, de esta ley, es colocar al operador público en condiciones de competir en un mercado liberalizado. Porque o tomamos medidas como las que están en esta ley y como las que esta ley permite tomar o habremos apostado por la ruina de Correos. Quienes piensan que con una oposición frontal están protegiendo a Correos, quienes piensan que sometiéndolo al Derecho administrativo están protegiendo al operador postal, a mi juicio, se equivocan y a juicio del Gobierno, también. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, señor presidente, están buscando fórmulas para preparar a sus respectivos operadores públicos para que puedan competir de verdad en un mercado liberalizado, plenamente liberalizado, que viene impuesto por la legislación comunitaria. Este proyecto de ley sirve a esa finalidad. Creemos que el proyecto de ley ha salido muy mejorado de la tramitación parlamentaria y reitero por ello mi agradecimiento a la contribución que todos los grupos parlamentarios han p restado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (Número de expediente 122/0000 24).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del Senado a la proposición de ley

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orgánica reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas que provienen del Senado en relación a esta proposición de ley son meramente técnicas. No obstante, vamos a votar en contra como cuestión de principios. Es de sobra conocida cuál es la posición de Eusko Alkartasuna en relación a la prestación social sustitutoria, a la cual nos oponemos. En su momento consideramos que la presentación de esta proposición de ley, no obstante nuestra oposición, podría solventar algunos problemas terribles que se habían suscitado con la Ley 48/1984. Desgraciadamente, la tramitación fue incomprensiblemente larga, y ha hecho que la proposición que salió del Congreso fuera todavía peor que la que entró, y eso a pesar de los esfuerzos del Grupo de Convergència i Unió.
No obstante, creemos que en el Senado no han podido solventarse los problemas y estamos en contra del texto que va a salir hoy de esta Cámara, en la medida en que principalmente hay dos problemas graves que no aparecen solucionados: la objeción sobrevenida, que no se recoge en el artículo 1.3, y por supuesto el periodo de disponibilidad, que de un año -que es lo que se presentó aquí en un primer momento- ha pasado a tres. Es decir, que, lamentablemente, la propuesta que ha salido de esta Cámara es mucho peor que la que entró, no resuelve los problemas que tienen planteados muchos de nuestros jóvenes y no corresponde a lo que debiera ser una regulación o tramitación acorde con la legislación moderna y con el sentido social de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, que comparte turno, sea breve, por favor.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor p residente.
Efectivamente, como decía la señora Lasagabaster, las enmiendas que llegan del Senado no aportan ninguna novedad relevante al texto que salió de esta Cámara, son meras enmiendas técnicas. Sin embargo, Nueva I zquierda-Iniciativa per Catalunya va a votar en contra de est as enmiendas como el único gesto testimonial que nos queda para manifestar nuestro rechazo al contenido final de esta proposición de ley bienintencionada, que empezó con buenas expectativas, que trataba de solucionar algunos problemas muy graves que han aquejado a nuestra sociedad, particularmente a nuestros jóvenes, en los últimos años, pero que, lamentablemente, en el trámite final en esta Cámara sale notablemente empeorada.
A nuestro modo de ver, tres son los puntos que la hacen inaceptable.
En primer lugar, el no reconocimiento de la objeción de conciencia sobrevenida, lo que supone que van a seguir existiendo insumisos en prisión militar en un régimen de vida bastante grave, como ha denunciado una organización de tanta relevancia como Amnistía Internacional.
En segundo lugar, por haberse ampliado a tres años el periodo de disponibilidad. En la ley anterior no se regulaba nada y la jurisprudencia había venido a fijar ese plazo de un año. Ahora, sin embargo, se establece un periodo de tres años, lo que lo hace prácticamente indefinido, tal y como va a ser el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, ha empeorado también en el trámite parlamentario respecto de la primitiva redacción la regulación sobre la objeción de conciencia en tiempo de guerra, tema al que, como no ignoran SS.SS., somos extraordinariamente sensibles. Lo que queda en el texto actual de remisión al futuro desarrollo normativo por parte del Gobierno no puede sino sembrar nuevas inquietudes.
Por esta razón, como digo, nos vamos a oponer a las enmiendas como gesto simbólico.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
No sé si, dentro del mismo grupo, deseaba consumir los últimos minutos del turno el señor Vázquez. (Pausa.) A delante.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Ya estamos en el tramo final de discusión de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria; proposición de ley que fue presentada en su día por el Grupo de Convergència i Unió como un texto que contenía importantes avances respecto a la legislación vigente, pero que fue sufriendo modificaciones en los sucesivos trámites parlamentarios en el Congreso, lo que la hizo casi irreconocible, y que el Senado no ha modificado, a excepción de unas cuantas correcciones gramaticales.
El texto que hoy se discute contiene algunos avances respecto al existente, pero va a quedar desbordado por la realidad, que lo va a convertir en inútil en muy corto plazo. Efectivamente, en el texto de la proposición de ley se fija el periodo de disponibilidad del objetor en tres años, un tiempo absolutamente excesivo y perjudicial para el objetor, en lugar de adoptar como periodo de disponibilidad un año, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo.
Tampoco se reconoce la objeción sobrevenida durante la realización del servicio militar, lo que llama la atención porque no es razonable que un joven, una

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vez incorporado a filas, no pueda declararse objetor, precisamente a la luz de la experiencia. Además, llama la atención porque en el texto inicial de la proposición de ley sí se contemplaba esa posibilidad. Este nuevo reconocimiento legal va a seguir ocasionando problemas a muchos jóvenes, que se verán reducidos a la condición de desertores, con las consecuencias que ello implica.
Por cierto, en la actualidad hay jóvenes que se encuentran en prisión por este motivo y conviene denunciar también en este Congreso que acaban de sufrir agresiones recientes dentro de la prisión militar en que se encuentran, a manos de un grupo de fascistas.
Por lo tanto, el texto de este proyecto de ley no nos satisface. Por último, conviene decir que es una pena que las cuestiones que afectan al actual modelo del servicio militar obligatorio no se aborden con más valentía y decisión porque, si no es así, se causarán problemas innecesarios a muchos jóvenes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Sí, señor presidente. Muchísimas gracias.
Como esta sesión va de gestos testimoniales, mi grupo también quiere dar testimonio de que va a votar favorablemente las enmiendas del Senado, no por la enjundia de las mismas ni por su profundidad, porque son enmiendas de carácter técnico-gramatical que no tienen mayor importancia en el fondo del texto.
Pero como esto va de gestos testimoniales, ¿por qué hacemos hoy reafirmación de nuestro voto positivo? En primer lugar, porque es el reconocimiento al consenso de un trabajo inteligente y solidario que hicimos tres grupos parlamentarios -el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria- , a cuyos representantes quiero rendir en este momento un testimonio de gratitud.
En segundo lugar, porque esta ley, que modifica la Ley 48/1984, de objeción de conciencia, en razón del mandamiento constitucional, es un significativo avance: p rimero, porque equipara a nueve meses la prestación social sustitutoria con el servicio en armas en la mili obligatoria, por supuesto mientras esta se mantenga; segundo, porque limita a tres años las facultades para que se resuelva la situación del que tiene que hacer la prestación sustitutoria y no se deja en la indefinición en que lo había dejado la Ley de 1984, con unos techos de más de cinco, seis, siete y ocho años, que era intolerable desde el punto de vista jurídico, social o político. En este sentido, tengo que vincularlo con el asunto de la objeción sobrevenida. Estamos en un período de transición, de adaptación de nuestras Fuerzas Armadas al modelo profesional, y aceptar la objeción sobrevenida es dislocar los llamamientos de quintas. Eso es hacerle un hueco a la eficacia de las Fuerzas Armadas. No se puede esperar a que un señor esté dentro del cuartel para que en un momento determinado diga que tiene objeción sobrevenida. La Ley da las garantías previas, pero no las garantías posteriores, porque iría en contra del principio constitucional de la defensa, que encomienda a nuestras Fuerzas Armadas unos contingentes conocidos y fijos, una vez que se hace uso de uniforme y armas dentro del acuartelamiento. ¿Qué decir de la presencia de los sindicatos en el nuevo consejo para regular aquellos aspectos laborales que siempre han sido conflictivos, respecto a si se cogen o no se cogen, a si se quitan o no se quitan puestos de trabajo? ¿Qué decir, señor presidente, de la ventaja que supone el obligar, en garantía constitucional de seguridad jurídica a los encartados, a que el consejo de la objeción de conciencia tenga que resolver en un plazo máximo de tres meses, y no se produzcan las dilaciones que permitía la Ley anterior de 1984? Además, la competencia que se da a las comunidades autónomas, dentro de la lectura de Coalición Canaria, nos mueve a dar una vez más testimonio de apoyo a las ventajas positivas de este texto, en esta época y en este período transitorio de adaptación al nuevo modelo de Fuerzas Armadas, para encontrar una congruencia con lo que es el modelo todavía vigente, en razón del acuerdo de 1991 de esta Cámara, el modelo mixto. Proteger ese modelo mixto nos ha llevado a estar en la misma circunstancia en la modificación del Código Penal respecto a los delitos de insumisión, que están en la misma línea de congruencia. Súmese todo eso y se verá un resultado positivo.
Por esta razón, mi grupo va a dar su voto testimonial a las enmiendas del Senado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra la señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo apoyará las enmiendas provenientes del Senado, que consisten, como han indicado quienes me han precedido en el uso de la palabra, en meras correcciones técnicas o mejoras de red acción. A lo largo de toda la tramitación hemos manifestado una y otra vez que nuestro deseo sería que no fuese necesaria esta regulación porque la obligación de cumplimiento del servicio militar hubiese desaparecido. Ello no es así y hemos apostado por las mejoras en el cumplimiento de la prestación, en la perspectiva de que quedan tres años para que ésta deje de existir.
Hemos defendido también hasta el final un período de carencia de un año, pero no hemos conseguido imponer nuestro criterio. No es esta nuestra regulación, pero la apoyaremos. Creemos que perseguir lo mejor, desde nuestra óptica, dejaría sin alternativas a la regulación

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actual que, desde luego, es peor que la que se plasma en esta proposición. Quizá lo conseguido no sea más que el bien posible frente a lo mejor deseable, pero, desde nuestra óptica, merece atención, puesto que creemos que puede solucionar situaciones ciertas.
Nos gustaría que esta buena intención que guía a la proposición que hoy vamos a aprobar se hiciera también extensible al actuar administrativo. En este momento se están produciendo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca -y pienso que también será así en el resto del Estado- llamamientos masivos de todos aquellos jóvenes que están a punto de cumplir los tres años en cuanto a su período de carencia. Ello no se cohonesta con el escasísimo número de plazas disponibles y está ocasionando, además, numerosos recursos judiciales de jóvenes que entienden que les es aplicable el período de un año reconocido jurisprudencialmente, con lo que se está produciendo un importante colapso administrativo y judicial. Que la ley sirva para arreglar situaciones y no dé ocasión para lo contrario es nuestro deseo, y en tal sentido la apoyaremos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor p residente.
Para el Grupo Parlamentario Catalán ésta es una mañana importante, porque se aprueban dos de las leyes que durante más tiempo ha exigido Convergència i Unió en esta Cámara, la ley de cooperación internacional al desarrollo y la reforma de la Ley de objeción de conciencia del año 1984; dos leyes que, además, tienen un claro contenido progresista. Es más, podemos a firmar sin ningún tipo de dudas que, en concreto la proposición de ley de objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, que presentó este grupo parlamentario a principios de esta legislatura, y a pesar de reconocer los cambios que se han producido en la tramitación parlamentaria, constituye en el contexto de la Unión Europea una de las leyes más progresistas.
Creo que esto es importante, porque en el debate que hubo en la toma en consideración en esta misma Cámara, en noviembre de 1996, se manifestaron posiciones escépticas en unos bancos del hemiciclo, dudando sobre la oportunidad de esta iniciativa y dudando incluso del sentido que tenía esta alternativa en el momento de inicio de la transición hacia la supresión de la mili, y en otros bancos de esta Cámara dudando de que esta iniciativa sirviese para convoyar ese proceso de transición. Hoy, cuando esta proposición finalmente llega al Pleno de la Cámara, el escepticismo de unos y las dudas de otros quedan superadas por la realidad de los hechos. Va a haber una nueva ley de objeción de conciencia, una ley más progresista, en el m arco del proceso de supresión del servicio militar obligatorio.
La ley avanza en el pleno reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, y quizás no lo hemos destacado suficientemente en los debates de la Cámara, pero la ley mejora, por ejemplo, una cuestión sustancial. Hoy, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, cuando se deba pronunciar sobre la declaración del objetor, sobre su petición de ser considerado como tal, tiene mucho menos margen del que se marcaba en la legislación del año 1984. Hemos reducido la presencia del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al mínimo posible.
En segundo lugar, la igualación de la duración entre la PSS y el servicio militar, reivindicada por todos, es fundamental, y va a afectar en los próximos meses a 60.000 jóvenes que van a dejar de hacer la prestación social.
La señora Uría nos marcaba una reflexión sobre el trámite administrativo, pero a nosotros nos consta que el Ministerio de Justicia y la Dirección General han iniciado una gestión administrativa del cambio de esta ley positiva, y existe el compromiso de que a la gente que en el mes de mayo llevaba cerca de dos años y medio en situación de espera no se la llame a realizar la prestación social. Y en el ámbito de Cataluña, nos consta que existen muy pocas situaciones de gente que en el mes de mayo, llevando dos años y medio en situación de espera, se les esté reclamando para incorporarse a la prestación social sustitutoria.
En tercer lugar, la limitación del periodo de disponibilidad a tres años va a servir para que cerca de 30.000 jóvenes no tengan la obligación de realizar la prestación social sustitutoria. Eso es importante porque a esos 30.000 jóvenes les vamos a solucionar un problema que les había generado una mala administración de la prestación social.
Estos elementos esenciales -el pleno reconocimiento del derecho a la objeción, la creación por primera vez de un periodo de disponibilidad, la igualación de la duración entre la prestación social y el servicio militar a nueve meses- constituyen un elenco de reformas importantísimas que permitirán afrontar con tranquilidad el proceso de supresión de la mili, al mismo tiempo que reforzamos el derecho a la objeción de conciencia.
Además, señorías, es una ley importante porque, de aquí a la supresión de la mili, cerca de 500.000 jóvenes de todo el Estado se van a beneficiar de una legislación más progresista, y eso es un hecho indudable.
Los señores Alcaraz y Mardones han hablado de intervenciones simbólicas. La nuestra también es simbólica, pero queremos que lo sea en otra línea, y así lo manifestábamos desde la tribuna cuando presentamos el dictamen de la Comisión Constitucional sobre esta proposición de ley. Decíamos entonces, y lo reafirmamos hoy, que para el Grupo Parlamentario Catalán la elaboración de una nueva ley de objeción de conciencia es también un homenaje a los cientos de miles de jóvenes de todo el Estado español que, con su opción

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por la objeción de conciencia, han acelerado el proceso de supresión del servicio militar. Y ése es también un acto político profundamente democrático que Convergència i Unió quiere reclamar.
Por todo ello, señorías, votaremos afirmativamente a l as enmiendas técnicas del Senado, convencidos de que, entre todos, hemos hecho una de las leyes más progresistas en materia de objeción de conciencia de todo el viejo continente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pablo Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, al leer el mensaje motivado del Senado para justificar las enmiendas que plantea sobre la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, mi primera tentación fue la de menospreciar este mensaje, dado que supone simplemente determinadas correcciones que yo no llamaría ni técnicas, porque fíjese usted que habla de introducir la expresión «se» y, sobre todo, se extiende en l a necesidad de salpicar ordenadamente de comas este proyecto. Pero la verdad es que esa primera tentación debe ser inmediatamente eliminada.
Al contrario, hay que agradecerle al Senado que nos envíe este mensaje motivado para que finalmente esta ley progresista pase por esta Cámara y reciba aquí el refrendo final, porque hubiera sido triste que hubiera ido a parar al Boletín Oficial del Estado ante el silencio del Senado. Por lo tanto, es importante agradecer a la Cámara Alta que nos permita volver a entrar en la consideración de esta ley tan progresista. Es tan progresista, tan progresista como lo fue en su momento el descubrimiento de la inyección letal frente a una cosa tan vil como era el garrote que tenía tal nombre, y no deja de manifestar un sentido humanitarista la transformación de todos estos instrumentos. Es una ley tan progresista que estoy absolutamente convencido de que los objetores de conciencia estarán en estos momentos tratando de ver cómo hacer un homenaje a las fuerzas concurrentes que han decidido que en el momento mismo en que no quieran hacer el servicio militar tienen que hacer una prestación social, y que si no la hacen van a gozar de la fortuna de ser inhabilitados por t res o cuatro años para poder ocupar un cargo público. Es una ley que lleva el progreso a tales extremos que simplemente mientras se está tramitando, ya hemos visto que están todos en la calle gozando de una absoluta libertad y pudiendo buscar una salida digna a sus necesidades vitales.
Sinceramente, yo estoy absolutamente asombrado de la cantidad de progresismo que se refleja en esta ley, y en la que viene continuación y veremos otro día, en la que puede ser objeto ni más ni menos que de inhabilitación por tres años, no ya el que se niegue a hacer la prestación social sustitutoria, sino el que simplemente se retrase un mes sin causa justificada, que es otro de esos hallazgos legislativos que tenemos aquí en el h orno y que pronto estará lo suficientemente cocido para que sea deglutido por la concurrencia.
Lo lógico y normal es que, ante unas enmiendas que lo que tratan es de poner una coma, dijéramos que sí, pero no vamos a decir que sí, no ya simbólicamente, es que no queremos decir que sí a estas enmiendas del Senado, tratando de emular una vieja figura histórica, que me permitirán ustedes que yo traiga a colación, que fue la doctora de Ávila, Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, que, después de todos sus trabajos, cuando salió de la ciudad amurallada y pasaba el puente sobre el río Adaja, al llegar a un cerro precioso que se llama los Cuatro Postes, se quitó la zapatilla y, ante el trato que había recibido de la autoridad eclesiástica, de la sociedad civil y de los intelectuales orgánicos o no orgánicos, sacudió con la zapatilla en el crucero y dijo: de Ávila ni el polvo. Pues emulando a la santa doctora, de esta ley no queremos ni las comas, es que ni las comas; no queremos que pueda haber lugar a ningún malentendido, a que pudiera aparecer en el «Diario de Sesiones» que Izquierda Unida había votado favorablemente a semejante engendro. Guárdense las comas y guárdense la progresía.
No podemos unirnos a la alegría que a ustedes les invade, esa alegría del señor Campuzano, porque para nosotros es un día triste, es un día tan triste, tan triste como lo es para otro montón de ciudadanos que creyeron un día que cuando la Constitución decía: tienen ustedes derecho a la objeción de conciencia, no vendría después el legislador a decirle: sí, pero según y cómo, le vamos a administrar nosotros su conciencia, su libertad de conciencia, el que no nos podamos privar de su patriotismo y que por lo menos su aportación en cualquier clase de tareas reluzca como el sol.
Felicitamos a los que han llegado a tal grado de progreso, nos uniremos al homenaje que ustedes merecen, pero preferimos decir que de esta ley ni una coma y de esta clase de legislar ni el polvo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señor Castellano, muchas gracias.
Tiene la palabra doña Carmen del Campo, por el Grupo Socialista.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor p residente.
Con toda brevedad, porque tienen razón quienes me precedieron. Esta proposición de ley casi no ha experimentado cambios en su paso por el Senado. Hoy nos encontramos aquí con lo mismo que teníamos hace un mes: un texto que está bastante lejos de aquel inicial que presentó Convergència i Unió en esta Cámara y que curiosamente está bastante cerca de la denostada

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Ley de 1984, con algunas escasas modificaciones. Esas modificaciones producen al Grupo Socialista impresiones contradictorias de satisfacción y descontento.
Sentimos satisfacción, ante todo, por la medida contenida en esta proposición de ley, la que establece en nueve meses la duración de la situación de actividad de la prestación social sustitutoria. Era una medida que se contemplaba en nuestro programa electoral y que creemos que es contemplada con buenos ojos, si no por la totalidad, sí por la inmensa mayoría de esta Cámara.
Lamentamos únicamente, señor presidente, que el larguísimo proceso de negociación entre el Partido Popular y sus socios haya impedido que una disposición tan ampliamente aceptada y tan beneficiosa para una gran cantidad de objetores haya podido entrar antes en vigor. Los primeros meses de la legislatura hubiera sido el momento más adecuado para aprobar un mandato de este tipo. Sin embargo, señorías, nunca es tarde si la dicha es buena, y nos alegramos de que, al fin, se apruebe.
Si esta medida es causa de satisfacción, nos produce profundo descontento, como hemos dicho en el debate en ambas Cámaras, el empeño con que la mayoría ha mantenido también en el Senado, frente a nuestras enmiendas, que la duración de la situación de disponibilidad sea de tres años, como estableció el proyecto a su salida del Congreso. Entendemos que esta fijación de tres años contradice el marco más flexible que venía perfilando la jurisprudencia y puede ser un grave obstáculo para una transición pacífica y para una agonía suave de la prestación social sustitutoria en este período final.
Por otra parte, señor presidente, establecidas estas dos posturas contradictorias ante dos aspectos concretos de la ley, mi grupo, y reconozco que con escaso simbolismo pero con un cierto sentido de la realidad, va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado.
Las vamos a votar favorablemente porque no tenemos nada contra la corrección sintáctica ni contra la subsanación de errores materiales que en ella se contienen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora del Campo.
El señor Bermúdez de Castro, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presiden te.
Señorías, afrontamos hoy el trámite final de la reforma de la Ley de objeción de conciencia, de 1984, con el debate de las enmiendas que nos remite el Senado. Unas enmiendas que no han variado en absoluto el texto que en su día fue aprobado por esta Cámara, toda vez que se tratan, como se ha dicho, de meras correcciones técnicas o gramaticales que en modo alguno afectan a ninguno de los aspectos fundamentales de la reforma que hemos acometido, por lo que creo que sinceramente podríamos habernos ahorrado este debate. No obstante, en la medida en que algunos portavoces han aprovechado este turno para reproducir varios de los argumentos que servían de base de sus enmiendas, las cuales ya fueron rechazadas tanto por esta Cámara como por el Senado, quisiera, con toda brevedad, aprovechar este turno para realizar alguna consideración en orden a resaltar la importancia de esta reforma que va a afectar a decenas de miles de jóvenes en lo próximos años.
La primera consideración que quería realizar es que con las reformas introducidas vamos a corregir los desequilibrios existentes en la vi gente legislación que discriminaba, que castigaba a los objetores de conciencia respecto a los jóvenes que optaban por el cumplimiento del servicio militar, toda vez que les obligaba a cumplir una prestación social cuya duración era cuatro meses superior al servicio militar, duración que ahora equiparamos, en ambos casos, a nueve meses. Por otro lado, vamos a mejorar las condiciones de cumplimiento de la prestación social introduciendo, bajo el principio de seguridad jurídica, un tiempo límite de espera de t res años, un tiempo máximo de disponibilidad de tres años; tiempo límite en el que se podrá estar o no de a cuerdo, pero que hasta ahora no existía, lo que colocaba a muchos objetores en una situación de indefensión o de incertidumbre.
La segunda consideración que quería realizar es que hemos introducido en la reforma la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, en orden a no separarnos de la naturaleza jurídica, el alcance y el carácter que dicho tribunal ha establecido para el derecho de objeción de conciencia contemplado en el artículo 30 de nuestra Constitución. Así, en su sentencia de 28 de noviembre de 1994, el propio Tribunal Constitucional estableció que el derecho a ser declarado exento del servicio militar no deviene directamente del ejercicio de la libertad ideológica, sino tan sólo de que la Constitución expresamente ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia, referido únicamente al servicio militar y cuyo ejercicio supone el nacimiento del deber de cumplir una prestación social de carácter sustitutorio. Por ello, no hemos querido ni siquiera entrar a debatir algunos planteamientos que se alejaban de la delimitación dada por el Tribunal Constitucional en relación a la naturaleza jurídica, al carácter y al alcance, tanto del derecho de objeción de conciencia como de la prestación social sustitutoria.
La última consideración que quería realizar es que esta reforma no serviría de mucho si no viniera acompañada de una gestión eficaz del régimen de la prestación social. Y seríamos injustos si no reconociéramos el e norme esfuerzo que se está realizando por parte de la Dirección General de Objeción de Conciencia, junto con el resto de las administraciones y entidades privadas, cumpliendo con creces todos los objetivos y previsiones

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que se marcó al inicio de esta legislatura. De hecho, desde el último debate que sobre este tema celebramos en esta Cámara hace dos meses, se ha producido un nuevo impulso, un nuevo avance, hasta el punto de que, a finales del mes de mayo, el número de puestos de actividad había crecido hasta la cifra de 118.000 y había más de 102.000 objetores de conciencia cumpliendo la prestación social. Esto va a permitir reducir de nuevo la bolsa de objetores pendientes, reducción que se va a experimentar de manera drástica como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley, toda vez que 60.000 jóvenes, que llevan en situación de actividad más de nueve meses, van a dejar de cumplir la prestación social, y entre 15 y 20.000 jóvenes que llevan más de tres años en período de espera van a pasar directamente a la reserva, lo que va a contribuir, a pesar del incremento del número de objetores, a normalizar el régimen de la prestación social en España.
Termino, señor presidente, reconociendo el esfuerzo de aproximación que ha realizado la señora Uría, plasmado en la introducción de enmiendas que han enriquecido algunas de las medidas contempladas en la reforma, y agradeciendo especialmente el talante demostrado tanto por el señor Mardones como por el señor Campuzano, que han sabido renunciar a planteamientos iniciales en aras a un consenso que tiene su reflejo en el texto que hoy aprobamos y que supone un l ogro muy importante, porque va a permitir avanzar en el sistema de derechos y garantías de los objetores y eliminar las discriminaciones existentes en la vigente legislación y va a contribuir a normalizar el régimen de la prestación social sustitutoria que hoy cumplen los objetores de conciencia en España.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas del Senado a los proyectos y proposición de ley debatidos.
Les ruego la máxima presteza en la ocupación de sus escaños y atención en la realización de las votaciones, que ya les anticipo que son prolijas y complejas. (Pausa.) Señorías, insisto, ocupen con presteza sus escaños y dispónganse a comenzar una serie de votaciones complejas y prolijas sobre las enmiendas que el Senado pretende introducir a los proyectos y proposición de ley debatidos.
Comenzamos con las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo, al que se incorporarán por los servicios las precisiones de estilo que han sugerido sus señorías.
Vuelvo a decir que son votaciones muy complejas y largas.
Votamos, en primer lugar, la enmienda del Senado al artículo 17.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 158; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda del Senado al artículo 17. (Aplausos.) Enmienda del Senado al artículo 23.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 169; en contra, 153; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 15 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; en contra, 328.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por unanimidad las enmiendas del Senado. (Aplausos.) Enmienda al artículo 20.2, en la referencia a las Cortes Generales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; en contra, 329.


El señor PRESIDENTE: Queda así rechazada por unanimidad del Pleno por referirse a las Cortes General e s.(Aplausos.) Enmienda al resto del artículo 20.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a los artículos 23.1, 31 y a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Enmiendas a los artículos 4, 7 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la exposición de motivos, apartado I, párrafos cuarto y undécimo, y apartado III, último párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 328.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la enmienda a la exposición de motivos, apartado II, y dentro de éste, el sexto párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; en contra, 329.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada por unanimidad del Pleno del Congreso la enmienda del Senado. (Aplausos.) Enmienda que resta a la exposición de motivos, es decir al apartado III, segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, dos; en contra, 325; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda restante del Senado a la exposición de motivos.
Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público.
Enmiendas al artículo 74, en lo referente al artículo 20.5 de la Ley 39/1988, y disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las enmiendas.
Enmienda al artículo 74, que se refiere al artículo 41 de la Ley 39/ 1988.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 307; en contra, 16; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda del Senado al artículo 2, que se refiere al artículo 27.2 de la Ley 8/1989.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 173; en contra, 139; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a las disposiciones adicionales sexta y octava y a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 189; en contra, 134; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 4, 67, 72 y 74, en lo referente al artículo 20.3 g) de la Ley referida 39/1988, así como las formuladas a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 174; en contra, cuatro; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 10.3, 12 a 19 y 74, referido al artículo 23.2 d) de la Ley 39/1988.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 188; en contra, tres; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar separadamente, a petición del Grupo de Izquierda Unida, la enmienda del Senado a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 187; en contra, dos; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 171; en contra, 16; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Pasamos a votar las que envía el Senado al proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de servicios postales.
El Senado ha enmendado, en primer lugar, los artículos 2.1, 6 y 30, apartado 4, párrafo C.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 173; en contra, 134; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 30.1, 30.3, 19, apartado 2, párrafo e) y la disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 172; en contra, 156; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición transitoria primera, apartado 2, párrafo cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 179; en contra, 131; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Grupo de enmiendas correspondientes a los artículos 15.6, 16.3.a), párrafo primero, 18.2, 20.2, 23.1, 23.3 y disposición transitoria primera, apartado 2, párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 196; en contra, 132; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 16.3.a), párrafo segundo y resto de la disposición transitoria primera, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 194; en contra, uno; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 199; en contra, dos; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 10.2, 15.3, 41.2. i) y disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 194; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 10.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 194; en contra, 131; abstenciones cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la enmienda que se formula al artículo 17.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 181; en contra, 147; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 18.1.b).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 198; en contra, 131; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 4.2, 22 y disposición transitoria primera, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 172; en contra, 22; abstenciones, 135.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la exposición de motivos, párrafo octavo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 174; en contra, 16; abstenciones, 140.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 174; en contra, uno; abstenciones, 154.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Finalmente, enmiendas del Senado a la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, que se someten a votación en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 303; en contra, 25; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a la proposición de ley citada.
Vamos a continuar con el debate, que no votación, del proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam y por el que a su vez se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.
Se defenderá en primer lugar la enmienda de totalidad que se ha presentado por el Grupo de Izquierda Unida. Insisto, la votación no se efectuará hasta la t arde, de modo que el Pleno se suspenderá a una hora razonable para el almuerzo y se reanudará a las cuatro, continuándose entonces con lo que reste, si no ha concluido el debate, de este proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam o con los decretos- leyes que constituyen el punto siguiente del orden del día. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Sí, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.
Le pido al presidente que reconsidere el debate de este punto del orden del día, de forma que suspendamos ahora la sesión y la reanudemos a las cuatro de la t arde. (Rumore s.) P residente, no vamos a terminar el debate ahora. Se va todo el mundo. No sé por qué se extrañan las diputadas y los diputados de esta propuesta que hace nuestro grupo parlamentario. (Continúan los rumores.) El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no consigo escucharla.
Ruego silencio a sus señorías.


La señora AGUILAR RIVERO: Decía, señor presidente, que no sé por qué hay extrañeza en la Cámara por esta propuesta que hace nuestro grupo parlamentario cuando hay la disposición de abandonar el Pleno del Congreso, precisamente por la hora en la que estamos.


El señor PRESIDENTE: Un momento. (Pausa.) Señoría, su argumento en este punto viene avalado por la actitud de los señores diputados en el hemiciclo y, en consecuencia, tiene S.S. razón.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la t arde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN AMSTERDAM EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente 121/000116).


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, reanudamos la sesión con el punto relativo al proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, intervengo muy brevemente para presentar el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam.


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Amsterdam es la segunda parte del proceso que empieza en Maastricht.
Se ha buscado resolver lo que quedó pendiente entonces. Para ese recorrido era fundamental poner en funcionamiento la unión monetaria, desarrollar la política exterior y de seguridad común y avanzar en los asuntos de justicia e interior. En Amsterdam se debían resolver los problemas de los flecos que quedaron en Maastricht y también hubo que tener presente la urgencia histórica de la ampliación de la Unión. Lo logrado tras la negociación en la Conferencia Intergubernamental ha sido muy satisfactorio, como voy a exponer. Este objetivo debía alcanzarse por cuatro vías bien definidas. En primer lugar, acercar la Unión al ciudadano; en segundo lugar, crear un espacio de libertad, seguridad y justicia; en tercer lugar, hacer más eficaz y coherente la política exterior de la Unión; y en cuarto y último lugar, dotar de mayor legitimidad a sus instituciones.
El Tratado de Amsterdam ha cumplido el cuádruple objetivo que la Conferencia Intergubernamental se había propuesto. En los cuatro temas se han producido considerables avances que nos permiten afirmar que estamos ante un paso importante en la construcción de Europa.
Primero, se acerca la Unión al ciudadano al reconocer que ésta debe jugar un papel importante en la promoción del empleo, coordinando las políticas nacionales y adoptando medidas que supongan un incentivo para que los Estados miembros adopten iniciativas encaminadas a la creación de empleo. También destaca el tratamiento que las regiones ultraperiféricas reciben ahora en el nuevo artículo 227, y tengo que decir que la propuesta española para dichas regiones ultraperiféricas ha sido plenamente recogida en ese nuevo texto. Segundo, se crea un espacio de libertad, seguridad y justicia al consagrarse en el respeto a los derechos fundamentales, y el principio de no discriminación constituye una de las claves de la construcción europea. Dentro de este esfuerzo por crear este espacio de libertad, quiero destacar también la integración del acuerdo de Schengen en el marco de la Unión Europea, es decir, se integra ya en el primer pilar. Los intereses de España en el marco del contencioso sobre Gibraltar han quedado plenamente protegidos, ya que podremos mantener los controles al tráfico de personas procedentes del Reino Unido y de los territorios que representa en la Unión en cualquier punto de entrada del territorio español. Tercero, la política exterior de la Unión resultará más eficaz y coherente al crearse una unidad de planificación. El secretario general del Consejo será además el alto representante de la política exterior y de seguridad común, que actuará al servicio del Consejo y la Presidencia en este importante ámbito. Podrá dirigir el diálogo político con terceros y su contribución versará en la formulación, preparación y puesta en práctica de las decisiones políticas. En cuarto y último lugar, las instituciones quedan dotadas de mayor legitimidad al reforzarse los poderes del Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión. Se decidirán por mayoría cualificada buen número de materias ahora incorporadas al tratado, así como algunas de las que antes se decidían por unanimidad. Los intereses españoles en las instituciones de una Europa a Quince quedan preservados, pues se reconoce que España es un caso especial que debe quedar solucionado antes de la ampliación en lo que al problema institucional del voto ponderado, del peso de España en el Consejo, hace referencia. La propuesta española para el reforzamiento del Comité de las Regiones fue retenida casi en su totalidad, dándole una mayor autonomía y reforzando sus competencias. El nuevo Tratado de Amsterdam -cuestión importante- consagra en su articulado el principio de la cohesión económica y social, manteniendo todo el acervo existente tanto s obre los fondos estructurales como sobre el Fondo de Cohesión.
Concluyo, señorías, -porque soy consciente del escaso tiempo de que se dispone-, señalando que ese debate que ha concluido en el tratado que hoy se trata de ratificar ha sido fructífero. Hemos mantenido una posición coherente y firme durante toda la conferencia, hemos tenido el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas parlamentarias que nos han manifestado su deseo de consenso en esa importante materia de política exterior. El éxito alcanzado por el Gobierno español en estas largas e intensas negociaciones ha sido el éxito de todas SS.
SS., ha sido el éxito de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor ministro.
Como se ha anunciado, a este proyecto de ley orgánica se han presentado dos enmiendas de totalidad; una es de Izquierda Unida, para cuya presentación tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Señorías, para evaluar los resultados de la cumbre de Amsterdam nos deberíamos situar en el escenario previo a estos acontecimientos, cómo la propia construcción de la Unión Europea ha ido solicitando nuevas metas a las distintas conferencias, a las distintas cumbres que se han venido desarrollando. Así, llegaríamos a la conclusión de que la demanda de culminar el sendero hacía la unión política nace en los orígenes de la propia Unión Europea y que hasta el momento se consideraba como una deuda pendiente. Por tanto, hemos de situar el marco de las posibles expectativas que generaba la cumbre de Amsterdam en conseguir, de una vez por todas, consolidar la unión política.
Maastricht, primer momento en el que se conforma el Tratado de la Unión, tenía tres contenidos fundamentales: crear la Unión Económica y Monetaria, con las condiciones para la convergencia y el Pacto de Estabilidad, diseñar la política exterior y de seguridad común; y también tenía en su agenda la unión política de nuevo; la unión política que desapareció del modelo

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que define Maastricht porque, evidentemente, la prioridad absoluta fue para la unión monetaria. Maastricht, repito, no fue una unión económica; no se ha conseguido una hacienda europea para equilibrarla social y territorialmente; no hay una política fiscal común; no hay una política social común. Por tanto, nos encontramos ante la revisión de ese tratado con la necesidad de avanzar en aquellas cuestiones que no fueron suficientemente complementadas o abordadas en el mismo. Amsterdam, por tanto, debe dar respuesta a esa unión política, a la cohesión económica y social y también tiene un apartado especial y relevante que es la firma del Pacto de Estabilidad.
Curiosamente en estos antecedentes ocurre un hecho singular, que el cambio de gobierno en Francia supone que su representante se estrene en las reuniones de ministros de Economía y Finanzas con una propuesta que provocó turbulencias en el camino hacia el euro y en la mayor parte de las bolsas europeas. ¿Cuál pudo ser esa propuesta tan revolucionaria que pudo hacer temblar las estructuras económicas que tanto mimo se pone en fortalecer en cada conferencia intergubernamental? Algo bien simple. Condicionó su apoyo al plan de estabilidad, a que se incorporen políticas activas de empleo. Hubo quien se opuso a esta propuesta, dos países principalmente: Alemania, con un 10 por 100 aproximadamente de paro en esos momentos, y España, con un 20 por 100 aproximadamente de paro en esos mismos momentos.
Eso supone una convulsión en las bolsas y Madrid, que esperaba una subida de 9,70, tuvo una bajada de 7,96. A Francia se le acusó de echar por tierra los objetivos de la cumbre de Amsterdam, pero gracias a esta presión la Presidencia holandesa tuvo que proponer la posibilidad de elaborar una resolución sobre empleo. También hay otra propuesta fundamental interrelacionada con el fomento del empleo, cual es la democratización de la toma de decisiones económicas, lo que se vino a llamar un gobierno económico que no deje al Banco Central Europeo en un vacío de legitimidad política, para que sea un instrumento en la creación de políticas activas de empleo, lo que se dado en llamar coloquialmente la solución del déficit democrático.
La valoración general que hace Izquierda Unida s obre la cumbre de Amsterdam es que las diferencias entre los Quince han reducido al mínimo la reforma política de la Unión Europea. Los hombres reunidos en Amsterdam no han sabido estar a la altura de sus responsabilidades históricas, resignándose a un mínimo denominador que no afectará a los intereses de cada uno. En este sentido, no sólo es una conferencia de mínimos sino una conferencia negativa que contribuirá a incrementar la actual crisis de confianza. La reforma de las instituciones, que teóricamente era el objetivo principal de la conferencia, se ha traducido en un sonoro fracaso. Ya se trate del número de comisarios, de la aceptación de velocidades diferentes de integración o de la cuestión crucial de la ponderación del voto en el Consejo, ni siquiera se han perfilado modestos compromisos, aplazándose estos problemas al momento de la ampliación en torno al año 2002, en el que será aún más difícil encontrar soluciones eficaces. Se trata, pues, de una minirreforma interina que no es válida para afrontar el futuro inmediato de la Unión, incapaz de hablar con una sola voz en la escena internacional y sometida a un paralizador derecho de veto por parte de los Estados. Incluso en comparación con las expectativas menos optimistas la conferencia ha aportado respuestas decepcionantes. Si bien no han podido ignorar el ascenso de la cuestión social y el debate sobre el empleo, los Quince no han puesto en cuestión ninguna de las orientaciones que hoy suscitan el descontento de amplios sectores de las opiniones públicas. Los líderes de la Unión han sido incapaces de elaborar propuestas genuinas a los retos de la mundialización. La presión del nuevo Gobierno francés ha arrancado el compromiso de convocar una reunión especial del Consejo Europeo, los días 17 y 18 de octubre, consagrada a un debate específico sobre la Europa social. El único resultado tangible ha sido la ratificación del Pacto de Estabilidad diseñado en Dublín, despejando definitivamente la fecha de entrada en vigor del euro, el 1 de enero de 1999, optándose por el modelo conservador de la Alemania del Bundesbank. La resolución sobre crecimiento y empleo corre el riesgo de convertirse en un simple adorno privado de recursos financieros y prisionero del Pacto de Estabilidad, porque tal y como se están aplicando las políticas de convergencia están teniendo efectos depresivos, contribuyendo a agravar el problema del paro en vez de resolverlo.
En Amsterdam, como en Maastricht, ha habido mucha unión monetaria y muy poca unión económica. Este desequilibrio, con un protagonismo excesivo de la moneda en menoscabo del crecimiento y del empleo, se traducirá ante la opinión pública como un antagonismo entre la moneda y el empleo. La unión monetaria no se ha completado con una verdadera dimensión económica y social porque ambos objetivos, tal y como están planteados, son incompatibles. Algunos afirmarán que sólo el tiempo dirá cuánto encierra de simbólico y cuánto de tangible la resolución sobre el empleo, cuánto de sustancia y cuánto de retórica. Hoy ya lo sabemos. Los hechos a la vista están. Los anteriores planes de empleo han cosechado fracaso tras fracaso por falta de voluntad política y por falta de financiación. El Consejo ha enterrado sucesivamente el Libro Blanco de Jacques Delors y el pacto de confianza para el empleo presentado por Jacques Santer en 1996. No estamos ante una política comunitaria activa por el empleo sino ante una simple declaración de buenos propósitos, con un peso incomparablemente menor al del Pacto de Estabilidad. El reforzamiento de la coordinación de las políticas económicas es absolutamente insuficiente y queda muy lejos de lo que debería ser un Gobierno económico europeo que, dotado de un presupuesto suficiente, coordine y oriente las políticas económicas

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hacia el pleno empleo. Es profundamente negativa la falta de enunciación de los principios que han de guiar la política de empleo, hacia dónde dirigirla, la ausencia de disposiciones que especifiquen las grandes orientaciones de la política económica que tengan en cuenta los efectos de dichas políticas sobre el empleo y se conciban de modo que se dé una prioridad adecuada a la realización o al mantenimiento de un nivel de empleo elevado. Por el contrario, el texto del tratado define las líneas directrices de la política de empleo de manera secundaria con respecto a las grandes orientaciones con las cuales deben ser compatibles. Ni el grupo de reflexión ni el tiempo transcurrido desde el inicio de la conferencia sirvieron para clarificar las contradicciones y desgarros existentes sobre la mayoría de las cuestiones. Ha tenido que ser el propio Consejo Europeo en negociaciones de última hora, entre sombras de recelo y noches de cuchillos largos, el que ha diseñado los principales acuerdos. Este método oscurantista es el mismo que fue aplicado en Maastricht, afecta a la propia imagen de la Unión y no contribuirá a incrementar la transparencia y la confianza de los ciudadanos.
Los asuntos que más directamente afectaban a los intereses de España podríamos iniciarlos con la propuesta que se hace sobre el derecho de asilo. Inicialmente España pedía que un ciudadano de un país miembro de la Unión no pudiera acogerse al derecho de asilo en otro país miembro. El protocolo adoptado consagra el derecho de asilo entre países de la Unión con una referencia expresa a la Convención de Ginebra de 1951, en la que se recoge que no puede haber discriminación entre ciudadanos europeos y el resto de ciudadanos y deja en manos de cada país la decisión última sobre la autoridad judicial o política que debe admitir o no a trámite una petición de asilo. Esto no favorece las tesis del Gobierno español, que siempre ha abogado por una decisión política. Nuestro presidente quiso que el asilo político dentro de la Unión Europea fuera directamente imposible, a pesar de la dificultad de materializar esa pretensión, porque la Unión Europea asume los principios de la Convención de Ginebra, como hemos dicho, que excluye la posibilidad de discriminar a los solicitantes de asilo en función de su origen geográfico. La propuesta española debería haber sido mejor estudiada para que no nos tuviesen que enmendar la plana nuestros socios. El Gobierno ha sufrido un revés. La situación anterior a este acuerdo no era especialmente preocupante para España, lo que hace absurdo un exagerado triunfalismo por lo que se ha conseguido. Decimos esto porque desde que somos miembros de la Unión Europea ningún Estado miembro ha concedido nunca asilo político a ningún ciudadano de nacionalidad española. No debemos confundir los problemas que es verdad que ha tenido el Estado español con la obtención de extradiciones, porque es un asunto de distinta naturaleza y jurisdicción. Nos satisface el acuerdo del régimen especial de Canarias, tal como pedía España. Se ha introducido, se ha constitucionalizado en el tratado y en un protocolo anexo el estatus especial de las regiones ultraperiféricas, salvaguardándose el régimen económico y fiscal específico de las islas Canarias. Sobre Gibraltar, los negociantes españoles aprovecharon la decisión británica de mantenerse al margen de las fronteras comunes y exteriores de la Unión para que el tratado consagre el derecho español a ejercer controles sobre personas que pretendan entrar procedentes del Reino Unido o de cualquier territorio cuyas relaciones exteriores estén bajo su responsabilidad, como es el caso. Además, España consiguió que si un día el Reino Unido quiere incorporarse a las fronteras comunes, a Schengen, esta decisión se adopte por unanimidad. También España evitó el riesgo de ver mermados los fondos estructurales, aunque lo haya conseguido al precio de rechazar toda base financiera para nuevas políticas de empleo. En la libre circulación de mercancías, curiosamente por haberlo planteado demasiado tarde, no se ha logrado que la Comisión Europea imponga sanciones automáticas a los países en los que no se respete. Esta medida ni siquiera figura en el plan de mercado interior presentado por la Comisión de la cumbre de Amsterdam. Seguirán impunes atentados contra el derecho comunitario como volcar camiones españoles.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Navas, le ruego concluya, por favor.


El señor NAVAS AMORES: Sí, señor presidente.
Termino haciendo mención a algo que nuestro grupo parlamentario viene reclamando cada vez que hay que debatir y aprobar un tratado de la Unión: la petición de un referéndum. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida plantea la revisión del tratado ante la opinión pública española. En primer lugar, exigencia de transparencia con información suficiente a la ciudadanía que deberá manifestar su aprobación o rechazo al nuevo tratado a través de un referéndum. Lo que pretende ser la constitución europea, donde todos los Estados transferimos soberanía y se recogen compromisos que afectarán profundamente al presente y al futuro de sus vidas, exige una participación de estos ciudadanos en la que no sólo van a disponer de la posibilidad de aprobar o rechazar su constitución europea, sino que además se abrirá un proceso profundo de conocimiento y debate sobre su contenido. Hoy, después del tiempo transcurrido desde la firma del Tratado de Amsterdam, los españoles no saben de lo que estamos hablando. Por supuesto que nosotros también llamamos a todos los grupos de la Cámara al consenso, nosotros también nos reclamamos europeístas, pero, evidentemente, no somos capaces de coincidir con la mayoría de este Parlamento en qué tipo de unión europea queremos embarcarnos.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Navas.
Se ha presentado también una enmienda de totalidad por parte del Grupo Mixto. Tiene la palabra para su defensa el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Señoras y señores diputados, el día 2 de octubre de 1997 tuvo lugar en Amsterdam la firma del tratado del mismo nombre que modifica el Tratado de la Unión Europea de Maastricht, en 1992, para adaptarlo mínimamente a un contexto de creación de la zona euro, convergencia nominal y pacto de estabilidad, así como intentar reformas institucionales que posibiliten la ampliación de la Unión Europea, y todo ello perfectamente condimentado con declaraciones de buenas intenciones que legitimen el nuevo marco socialmente, aparte de delimitar principios de decisión con recurso al célebre principio de la subsidiariedad. Sería un error, por tanto, valorarlo sin verlo dentro de la línea que va desde la adhesión a la Comunidad Económica Europea, en 1985, por parte del Estado español, auténtico tratado económico comercial, y a todos los esfuerzos que se realizaron para acceder a la moneda única. En ese sentido tenemos que empezar diciendo como Bloque Nacionalista Galego que estamos ante un proceso de vaciado de contenidos competenciales, con auténtica pérdida de soberanía de lo que constitucionalmente el Estado español llama la nación española y de competencias del Estado en materia económica.
Sin ir más lejos, nada menos que este Congreso de los Diputados eliminó recientemente, sin ser eliminado ni modificado en la Constitución, el artículo 149.1.11, que dice textual mente que el Estado mantiene la competencia exclusiva en el sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros, por no hablarles de otras muchas partes de la Constitución española, en concreto la referida a los españoles y los extranjeros o el título VII referido a economía y hacienda, que prácticamente en todos los casos merecerían cuando menos haber pensado si no sería necesaria una revisión constitucional conforme a lo que se indica en el artículo 95. Todas las ratificaciones hechas por España se llevaron a cabo por una vía de ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, lo que sin duda conllevó una cierta apatía -no hay más que verlo hoy aquí-, un distanciamiento y una desinformación de los ciudadanos sobre el proceso y sus consecuencias; se vivió y vive como algo inevitable, fatídico, la peor manera de ejercer la política. Los años 1995 y 1992 fueron dos fechas claves.
Ésta, en este momento, no cabe duda de que es epigonal. Pero vale la pena pensar que mientras el Estado español actuó así, otros entusiastas o menos entusiastas del proceso, sin embargo, recurrieron en algún momento por lo menos a revalidar con mayorías de votantes, y por tanto con un debate público evidente, este tipo de tratados.
No les voy a hablar de las decisiones francesas en algún momento peligrosísimas para los pro-Maastricht, de la decisión noruega evidente y contundente, de la decisión de Dinamarca o incluso de las amenazas y decisiones de Inglaterra.
En definitiva, pensamos que el objetivo fundamental del Tratado de Amsterdam es legitimar a posteriori, en todo caso, la verdadera misión de la Comunidad Europea, que no es otra que la de un mercado común y una unión económica y monetaria, pero en vez de apuntarlo así tranquilamente el tratado, lo que hace es vender como medio lo que sin duda fue un fin, recubriéndolo de una necesidad, eso sí, para un desarrollo armonioso y un alto nivel de empleo. Si ustedes leen, por ejemplo, cómo se reformaron los artículos del tratado constitutivo de la Comunidad Europea y muchos otros artículos, todos dejan claro y sentado que el objetivo es un mercado común y una unión económica y monetaria. Por supuesto, la inmunidad y los privilegios necesarios para el cumplimiento de la misión del Banco Central Europeo, del Instituto Monetario Europeo y del Banco Europeo de Inversiones quedan perfectamente a salvo, como quedan a salvo todos los pasos en materia de libre circulación de personas, restringida al ámbito de los nacionales claramente de la Unión Europea, los problemas taxativos de impedir la emigración, sobre todo la emigración no estrictamente controlada, el derecho de asilo, que dio lugar a discrepancias por parte de Estados con una vocación democrática y de amparo a los problemas de muchos países en el exterior e incluso de algunos Estados de dentro de la Unión Europea, como fue el caso de Bélgica haciendo valer su visión del problema, las cuestiones referidas al orden público, sobre todo a escala nacional dentro del Estado y a escala de la Comunidad, y los problemas de la seguridad interior y del paso de fronteras. En todos estos aspectos el tratado sí que es taxativo y establece el plazo de cinco años para llegar a las medidas que están vinculadas en todo caso al acervo de Schengen en materia de política de seguridad, sobre todo en las fronteras, y a la cooperación judicial y policial en materia penal.
En contraste y en compensación, todo lo referido al empleo, a la salud humana y al medio ambiente no dejan de ser frases compensatorias y queda claro que, en todo caso, la Unión Europea solamente será complementaria de las políticas nacionales. Aquí se invierte la jerarquía y la cúspide es la contraria de lo que es en materia judicial y policial y en materia económica. De una lectura del tratado no se puede deducir que haya habido un cambio cualitativo en cuanto a apartar al Parlamento Europeo de su papel meramente consultivo, y no digamos ya del papel asignado al Comité de las Regiones. Es verdad que hubo un esfuerzo por especificar mejor, por centrar y concretar mejor el funcionamiento de las instituciones auténticamente ejecutivas en el terreno de la política, que cabe aclarar que ahora quedan privadas en gran parte de su función en

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política macroeconómica. Los esfuerzos por una tendencia a la reponderación del voto, a la mayoría cualificada y al reparto ponderado de representación no van a solucionar el problema de una Unión Europea desigual, compleja, diversa culturalmente, lo que sin duda abre paso a una guerra de inevitables consecuencias escenificadas o incluso a solapaciones jerárquicas. Todo esto lo hemos visto con motivo del nombramiento del presidente del Banco Central Europeo, lo estamos viendo con motivo del nombramiento del presidente de la Comisión y lo vamos a ver con los problemas que va a plantear la posible ampliación que va a recolocar a todos los Estados europeos, en concreto -como dijo ya el señor ministro-, también al Estado español. Es evidente que si otros Estados, en este debate, se mantuvieron en la abstracción pero sí dejaron claro -como Alemania, Austria y Bélgica- que estaban dispuestos a aceptar un principio de subsidiariedad interna, aceptando el papel fundamental que tendrían, en todo caso, en las tomas de decisiones entidades de poder legislativo internas de los propios Estados y basadas en su Derecho constitucional nacional, tenemos que decir que el Estado español, siendo un Estado con entidades subsidiarias en el interior, no dejó de declararse, por lo menos en este aspecto, con una total apertura y con una total disposición a no blindar al Estado español en sus competencias.
En todo caso, como Bloque Nacionalista Galego, partimos del supuesto de que el tema es difícil, pero cualquier articulación de la Unión Europea que no cuente con todos los Estados en pie de igualdad, que previamente éstos no aclaren su estructura interna y el grado de participación institucional que dará a sus territorios -o a sus naciones, como en el caso del Estado español- e incluso si no se aclara muy buen cuál es el m arco de actuación europea, dejando a salvo el derecho de veto si se agreden de una manera muy perjudicial o grave intereses estatales que afecten a las poblaciones de manera evidente, pensamos que no habrá un modelo de Unión Europea aceptable para la mayoría. Además, pensamos que el control y la participación democrática en las decisiones de los propios Estados miembros por sus parlamentos y por parte de la opinión pública y de sus sociedades, participando democráticamente, y el control de la normativa general y su aplicación, así como de todas las decisiones que pueda tomar el Consejo Europeo a propuesta de los parlamentos que existan a nivel europeo, será siempre frustrante. Por lo tanto, somos del criterio de constituir la Unión Europea a partir de los pueblos, a partir de las sociedades y a partir de circunscripciones naturales verdaderamente nacionales, que es realmente lo que sustenta, en definitiva, la sustancialidad y la virtualidad de esta Europa de cara al futuro.
Además, no pensamos que deba quedar fuera de la ordenación y control de los gobiernos y de las instituciones representativas lo que son las decisiones en materia económica.
Señorías, es curioso que el tratado deja también muy claro que el papel de la Unión Europea en materia de defensa no pasa de ser un sucedáneo de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, no existe auténtica política de defensa y autonomía a nivel internacional, lo que también se transparenta en la política exterior, como acabamos de ver recientemente -en un debate, el otro día- en las relaciones Unión Europea-Estados Unidos, siempre tensionadas, precisamente, por el papel hegemónico de USA. Una breve lectura deja muy clara esta subordinación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Rodríguez, vaya concluyendo, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ya voy acabando, señor presidente.
La UEO constituye un elemento fundamental de desarrollo de la integridad europea, de seguridad y de defensa dentro de la Alianza Atlántica y, por consiguiente, continuará realizando esfuerzos orientados a reforzar la cooperación institucional y práctica con la OTAN.
No se está levantando un proceso de renacionalización, está habiendo un proceso de reestatalización, que es totalmente distinto -y, desde luego, en un Congreso como éste deberíamos tenerlo en cuenta-; pero es el resultado lógico de una dualidad que se está solucionando por la vía de dejar a los Estados constituidos el galimatías de las dificultades, en concreto, en servicios públicos, en política de empleo, en orden público interior, en cultura, en política fiscal, y dejarle a la jerarquía superior, lógicamente, lo que son decisiones de política económica, llámese PAC, llámese fondos estructurales y de cohesión o decisiones de integración, de defensa y de política monetaria. Esta dualidad lleva en sí el germen de la destrucción de la Unión Europea.
Señorías, cuando la conferencia advierte de la poca calidad de la redacción en la legislación comunitaria, pensamos que se debe a que hay unos objetivos solapados claros, pero que tienen que encubrirlos de tal faramalla discursiva que efectivamente estos documentos son ilegibles, no ya por los ciudadanos, sino por parte de los diputados, por mucho que se molesten.
Actuaremos como Bloque Nacionalista Gallego para que se realice una verdadera renacionalización, de servicio a los pueblos que conformamos Europa y un auténtico control democrático para constituir la Europa de las naciones y de los pueblos a partir del criterio de que los pueblos y las naciones existen y la democracia no se practica más que con control, con debate y con participación ciudadana.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rodríguez.


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¿Algún grupo desea intervenir en el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar la posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, y tal como hemos quedado, van a intervenir los tres partidos que lo integran, pero por el tiempo máximo de dos minutos cada u no.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la construcción europea es un proceso dinámico que se basa en la voluntad democrática de los pueblos, que cuenta cada vez con un mayor número de miembros y que ofrece al día de hoy un balance absolutamente positivo, alejado del catastrofismo pregonado por alguno de forma permanente en relación con ese proceso, lo que es un balance satisfactorio, tanto en el mantenimiento de la paz, sobre todo si se mira con una perspectiva histórica de siglo, como en el terreno económico y en el terreno social.
El Tratado de Amsterdam, dentro de ese proceso de construcción europea, es un paso más que se sitúa entre la puesta en vigor de la Unión Económica y Monetaria y el proceso de ampliación hasta un total de casi el doble de miembros, un paso que se produce a seis años del anterior tratado, el de Maastricht, y que seguramente no tendrá una vigencia superior a ese periodo de seis años transcurridos desde el anterior.
Como Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds, reconociendo las insuficiencias del Tratado de Amsterdam, que pueden subsanarse reforzando una mayoría progresista a nivel europeo en línea con la que hoy gobierna en Italia, Francia, Inglaterra, segura y deseablemente también en Alemania próximamente y en otros países, y en la que todos los partidos progresistas realmente europeístas deben colaborar desde ya, nosotros damos el voto positivo en la confianza de que este tratado es un paso adelante que hará más cercana la Europa con cohesión social y democrática por la que estamos y seguiremos trabajando.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente.
El Tratado de Amsterdam no ha colmado las expectativas que teníamos los ciudadanos después del Tratado de Maastricht, en primer lugar porque no ha recogido esa suficiente y necesaria integración de la unión política, que no va en camino paralelo a la Unión Económica y Monetaria, va muchos pasos atrás, y no parece que podamos colmar las diferencias y las lagunas que van apareciendo.


De modo sintético quiero señalar que el Tratado de Amsterdam tiene unos atisbos importantes, como la mención de la base del empleo, aunque la mera coordinación no nos es suficiente; pero tiene también deficiencias -y recojo uno de los argumentos del señor Rodríguez-, en concreto las reformas institucionales, no sólo a efectos de ponderación de voto y del número de comisarios, sino de una verdadera reforma en la que todo el mundo nos sintamos incluidos dentro de esa unión política.
Lamentamos que no se hayan recogido las aportaciones que en el propio Pleno se establecieron en relación al Comité de Regiones, que no pueda haber un recurso ante el Tribunal de Justicia o que no pueda ser considerado como una exclusión de la Unión Europea. También creemos que hay un déficit democrático, y cuando decimos déficit nos referimos a la capacidad de transparencia en las reuniones del Consejo de Ministros que debe subsanarse en próximas reformas.
Cómo no hablar del tema de la subsidiariendad. En este sentido sé que el ministro no comparte mi opinión, pero haberse adherido a la declaración de otra serie de Estados miembros en materia de subsidiariedad no significaba ninguna merma en otra serie de cuestiones.
Por último, el asilo. Creemos que se ha mejorado en relación a la posición que mantenía el Gobierno español, pero esa declaración de que se considera manifiestamente infundada de manera general no nos aporta nada a nuestras opiniones respecto a la convención de Ginebra.
De todas maneras, nos habría gustado que el Gobierno español -ya sé que iría contra sus propios actos- hubiera firmado la declaración que hizo Bélgica.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Desde Unión Valenciana, partido con clara vocación europeísta, queremos manifestar nuestra opinión, y vaya por delante nuestro apoyo al proyecto de ley por el que se ratifica el Tratado de Amsterdam. No obstante, queremos hacer una valoración. Pensamos que se pierde una oportunidad histórica de poder avanzar en ese proceso de unión integral de la Unión Europea y los pueblos que la conforman desde la diversidad. Damos nuestro apoyo, pero tenemos que manifestar telegráficamente algunas objeciones.
En primer lugar, pensamos que en el tratado aún se contienen excesivas declaraciones de voluntad, hay cierto parcheo en algunas cuestiones y me referiré a cinco puntos concretamente. El primero es que se echa en falta que no se imprima la misma intensidad que se ha imprimido en los últimos cinco años a la Unión Monetaria en cuestiones tan importantes como la unión

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política, la reforma de las instituciones, conseguir una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones comunitarias y, sobre todo, conseguir una Unión Europea en lo social y en aquellas cuestiones referentes al trabajo, al bienestar y a la calidad de vida.
En segundo lugar, como ya dijimos en un momento del Tratado de Maastricht, pensamos que se debería haber consultado al pueblo español en un referéndum para involucrar al ciudadano en las instituciones europeas, en la construcción europea, para saber de qué hablamos y hacia dónde vamos. Creo que ese referéndum nos hubiera dado mayor legitimidad para poder saber el terreno que estamos pisando.
En tercer lugar, sabiendo los grandes problemas que hay, esa cierta hostilidad hacia la agricultura mediterránea, o los problemas que se están planteando respecto al mantenimiento de los fondos europeos por parte del Estado español, creo que se tendría que mantener la posibilidad de que cualquier Estado vetara una decisión que fuera hostil a sus intereses, como es el caso claro y rotundo de las OCM que afectan a los productos agrícolas del Mediterráneo o la posibilidad de que el Estado español pierda los fondos europeos, los fondos estructurales.
En cuarto lugar, que en aquellos Estados que tienen un régimen descentralizado, un régimen autonómico como es el caso español, se pudiera permitir la elección de los eurodiputados al Parlamento Europeo por las circunscripciones autonómicas, como se produce en los länder alemanes o en las regiones italianas.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Chiquillo, le ruego concluya.


El señor CHIQUILLO BARBER: Y en último lugar, y muy importante, se debería haber dado un paso mayor para garantizar y hacer posible la libre circulación de las mercancías en la Unión Europea. En la Comunidad Valenciana sabemos que año tras año, y este tratado lo va a seguir permitiendo, no se adoptan las medidas para garantizar el libre tránsito de mercancías porque así lo han querido las autoridades europeas. Por tanto, c reo que es una oportunidad perdida.
Damos un sí crítico, pero pensamos que se tenía que haber avanzado algo más para conseguir esa unión económica, política y monetaria con la misma intensidad, por el bien de todos los ciudadanos del Estado español y de la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones .


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, Coalición Canaria fija hoy con profunda satisfacción su posición para dar su voto favorable a la ratificación con este carácter de ley especial al denominado Tratado de Amsterdam.
No hay que olvidar que el Tratado de Maastricht introdujo un artículo que obligaba a los países de la Unión Europea a crear una Conferencia Intergubernamental y a que en 1996 se hiciera una revisión actualizada del Tratado de Maastricht; fruto de ello es lo que hoy tenemos delante, el Tratado de Amsterdam.
En este momento, quiero rendir un tributo de reconocimiento por parte de Coalición Canaria a la anterior Administración, representada en aquel momento por su ministro de Exteriores señor Solana, el ministro de Hacienda señor Solbes, la persona que dirigió muy bien la Conferencia Intergubernamental y después fue ministro señor Westendorp, y de una manera muy especial, por lo que después diré con respecto a Canarias, a nuestro actual ministro de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, y a su secretario de Estado, señor De Miguel. Por fin, pueden descansar; este parlamentario no les volverá a decir qué hay de lo nuestro, por el ya famoso artículo 299 -señor ministro, muchas gracias- que reconoce en este estatuto de regiones ultraperiféricas y con un estatuto especial a nuestro entrañable rincón español de las islas Canarias.
Vamos a votar favorablemente la ratificación de este tratado porque estamos acostumbrados a subir la escalera europea por escalones. A veces los subimos con espera en los descansillos, pero no vamos a ser cicateros con negarles los méritos de todo milímetro que avancemos en España según el Tratado de Amsterdam. De aquí que en este uso democrático y con todos los respetos y por las razones que voy a decir, tengamos que votar en contra de las enmiendas de totalidad que piden la devolución de este tratado.
En primer lugar, el Tratado de Amsterdam contiene un principio fundamental de avance en los derechos y libertades de los pueblos de Europa y de sus naciones, por una razón fundamental: España no pudo entrar en el Tratado de Roma por las limitaciones democráticas del régimen dictatorial franquista que negaba derechos, libertades y valores democráticos. Sin embargo, ahora nos encontramos con un horizonte de ampliación a países que vienen también del ámbito de las dictaduras y era necesario que los tratados europeos tuvieran una cláusula para establecer un procedimiento como trae ahora el Tratado de Amsterdam, de suspensión como miembro para el Estado que viole de forma grave y persistente los principios de libertad, democracia, res peto a los derechos humanos y Estado de Derecho. Nos damos una garantía muy importante para seguir en este avance.
En segundo lugar, Schengen era una especie de hijuela que estaba aislada de unos países -con lo que significa en la libertad de movimiento de las personas en Europa-, y pasa a quedar bajo el control de las instituciones de la Unión Europea. Me hubiera preocupado un Schengen permanente dependiendo de Ministerios del Interior o de Justicia que se hicieran el traje por

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su cuenta y no se sometiera a las instituciones democráticas europeas de la Unión. Esto está vinculado con lo que he dicho anteriormente, que por fin aparece reflejado, y es que si un Estado miembro de la Unión Europea conculca de manera sistemática y persistente valores democráticos y derechos humanos pueda ser puesto en cuarentena.
Es importante el recordatorio que hace Amsterdam del principio de subsidiariedad, que también se ha cuidado en la cumbre de Cardiff, para que no haya una patología de interpretación de dicho principio que aboga por que al ciudadano le resuelva los problemas la instancia europea más próxima en vez de irse a distancias kilométricas.
Evitemos un crecimiento de los nacionalismos de interpretación para que el ciudadano europeo que esté en España, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido o en cualquiera de los otros quince países miembros de la Unión y los que vengan, pueda sentirse bajo un mismo Derecho comunitario.
Se ha hecho otro avance con la política exterior y de seguridad común. No es posiblemente el desiderátum, pero tenemos que acostumbrarnos a ir subiendo la escalera peldaño a peldaño. Se crea ya la figura de un alto representante de la Unión Europea para la PESC, que será el secretario general del consejo, y posiblemente dentro de seis o siete años veremos esta figura mucho más singularizada y consolidada.
Desde Coalición Canaria queremos destacar muy enfáticamente lo que significa Amsterdam en el principio de cooperación reforzada o flexibilidad. Se está olvidando este principio en la Unión Europea y es necesario resaltarlo, sobre todo desde una potencia de la máxima representación entre los cinco mayores, donde está también España. Es importante que este principio de flexibilidad o de cooperación reforzada lo haya establecido el Tratado de Amsterdam en la medida en que trata de poner cautelas para que no se constituya ni una Europa a la carta ni un núcleo duro que desvirtúe el modelo europeo. Es más importante, a nuestro juicio, lo que Amsterdam señala sobre medidas de alerta y cautelares para evitar la creación de núcleos duros, en la que España pudiera ser perjudicada porque no sería un modelo europeo, un núcleo duro con un triángulo París-Berlín-Londres, por poner un ejemplo.
Aquí creo que la postura que han mantenido nuestros negociadores diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la dirección de don Abel Matutes, ha sido afortunada e inteligente, señor ministro, y le animamos a mantenernos en este principio

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Mardones, concluya por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Para ir terminando, señor presidente, nosotros tenemos que ver con satisfacción un nuevo paso que se ha dado en el Comité de las Regiones y de las instituciones de la Unión, como el Parlamento Europeo.
Finalmente, la plena satisfacción para nosotros de votar el nuevo artículo 299, en su punto 2, que sustituye al hasta ahora vigente de Maastricht, el artículo 227, s obre el reconocimiento para las islas Canarias del régimen de región ultraperiférica con un estatuto específico que viene a solventar la amenaza que teníamos de perder la condición de Objetivo 1, para poder encauzar d entro de ella las ayudas de Estado a Estado, de las que Canarias se puede beneficiar, y sobre todo adoptar medidas específicas para que las condiciones de aplicación del presente tratado resulten beneficiosas para Canarias.
Cuando en el Consejo de Cardiff, terminado esta misma semana, se ha tomado el acuerdo de dar prioridad en el futuro de Europa a la ratificación del Tratado de Amsterdam, nosotros, señor ministro de Asuntos Exteriores, celebramos y nos congratulamos de que el Gobierno lo haya traído a esta Cámara, sin producir más dilaciones, y más cuando han acordado ustedes en Cardiff que para el consejo de Viena se tomen las disposiciones reglamentarias de Amsterdam, dado que, como usted bien recordará, señor ministro, se acordó que el nuevo tratado fuese plenamente operativo en cuanto entrase en vigor.
Deseamos, señor ministro, que las labores diplomáticas españolas terminen de animar a los países que quedan por la ratificación del Tratado de Amsterdam para que, cuando llegue el consejo de Viena, a finales de este año, se puedan adoptar todas las medidas pertinentes a su desarrollo, y que en el caso de Canarias nos encontremos ya incorporados al derecho positivo comunitario con el punto fundamental, que es este artículo 299, en cuanto a las ayudas.
Por todas estas razones, señorías -termino, señor presidente-, tendremos que votar en contra de las enmiendas de totalidad porque estamos pensando sencillamente en el interés europeo, español y canario.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, comenzaré, como ha hecho quien me ha precedido en el uso de la palabra, con la felicitación y el reconocimiento a cuantos han aportado su esfuerzo en la construcción europea, en la que el partido al que pertenezco creyó desde sus comienzos.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley en el que se aprueba la modificación del Tratado de Amsterdam, que hacen referencia a puntos realmente importantes: la omnipresencia de la Unión Monetaria, que ha primado sobre los aspectos políticos, la preocupación por el empleo y por la política social y también el déficit en lo que hace referencia

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a la representación de un Estado, que desde nuestra óptica ha de definirse como plurinacional.
Pese a ello, considerando importantes estos aspectos, nuestra apuesta es por la aprobación del tratado. El proyecto de ley orgánica que se quiere hoy devolver al Gobierno con estas enmiendas de totalidad será con toda probabilidad la última de las grandes reformas de los tratados en este siglo, es el epílogo a cincuenta años de integración europea.
El Partido Nacionalista Vasco ostenta la responsabilidad de la acción exterior desde el Gobierno vasco y desde él ha seguido con especial atención y ha participado a través de todos los cauces posibles en los debates de la Conferencia Intergubernamental para la negociación del tratado.
Ya en el año 1996 presentó un documento titulado: Euskadi ante la reforma de la Unión Europea, desde la convicción de que la realidad europea está cada vez más presente en nuestro quehacer cotidiano.
No podemos ocultar que las propuestas que entonces presentaba el Gobierno vasco abogaban por una mayor profundización en muchos de estos aspectos. Muchas de las propuestas que se hacían están todavía encima de la mesa y constituyen la parte inacabada de Amsterdam a la que la Unión deberá hacer frente antes de su ampliación. Es cierto que los resultados de la Conferencia Intergubernamental han sido limitados. No obstante, para una valoración de los mismos no podemos perder de vista los siguientes factores: que en la discusión de Amsterdam han estado presentes, como nunca antes, tesis involucionistas. Se cuestionaban por determinadas delegaciones, especialmente el Reino Unido, las competencias de la Comisión y del Tribunal y no debemos olvidar tampoco la propuesta inicial francesa sobre el papel de los parlamentos nacionales. La incerticumbre sobre la Unión Económica y Monetaria ha pesado como una losa en las negociaciones y asimismo la incertidumbre sobre el funcionamiento de la Unión ampliada a 20 ó 25 Estados que ha estado también en todo momento presente. Por tanto, los resultados no han sido ni mucho menos espectaculares, pero esta ha sido probablemente una de las conferencias celebradas con un contexto político, social y económico más difícil en la historia de la construcción europea. Si a pesar de ello el proceso ha seguido avanzando, la valoración no puede dejar de ser positiva.
Centraré la exposición en cuatro puntos esquemáticos que nos merecen la valoración que intentaré también esquematizar. Como punto uno me referiré a la Europa de los ciudadanos y al modelo europeo de sociedad. Era uno de los retos de esta conferencia y creemos que hay avances en el ámbito de los derechos humanos, de la no discriminación y de la lucha contra la exclusión social. Se ha reforzado la protección de los derechos fundamentales. Se ha extendido el principio de no discriminación a nuevos supuestos distintos del de la nacionalidad que ya existía; entre ellos se encuentra la diversidad de sexo, las creencias religiosas, la edad, el origen étnico, racial o las minusvalías. En el orden social se ha introducido en el tratado el protocolo social del que estaba antes excluido el Reino Unido y se ha asumido el compromiso de respeto en la acción de la unión de los derechos sociales. En el ámbito del empleo se enuncia como uno de los objetivos de la Unión promover un alto nivel de empleo y de protección social y se crea un comité de empleo. Nos parece especialmente interesante, desde la óptica del grupo a que pertenezco, que se consagre la acción de la Unión dirigida a proteger y favorecer la diversidad de culturas dentro de la misma, cuestión esta en la que desde el Gobierno vasco se hizo particular hincapié. Se avanza en la configuración de la Unión Europea como espacio de seguridad y de libertad, aunque en este aspecto son ciertos algunos de los achaques que se han formulado desde uno de los grupos enmendantes.
Como punto dos me referiré a la política exterior y de seguridad común y a la política de defensa. En este ámbito los avances han sido ciertamente menores. No se ha dotado a la Unión de una personalidad jurídica internacional y se mantiene prácticamente la unanimidad para la decisión, en relación con las cuestiones referentes a la política exterior y a la seguridad.
Como punto tres me referiré a cuestiones institucionales. Si en algún apartado puede hablarse de fracaso en la conferencia, creemos que éste es el más evidente. Ha resultado imposible el acuerdo en cuestiones tales como la nueva ponderación de los votos en el consejo, paso de la exigencia de la unanimidad a la mayoría cualificada en un número significativo de cuestiones y redimensionamiento de la Comisión Europea. Sin perjuicio de ello hay aspectos institucionales del Tratado de Amsterdam que sí son un avance, a los que no me referiré por cuestiones temporales en esta intervención, pero sí haré alusión a principios en el funcionamiento de la Unión, tales como el que regula la flexibilidad, también llamada de cooperaciones reforzadas, y un segundo, especialmente querido para el grupo al que pertenezco, que es en el que se introduce un protocolo s obre la aplicación del principio de subsidiariedad.
Llego con ello al punto cuatro, que es en el que el grupo al que pertenezco tiene mayores objeciones, y es el referido a la participación regional. La problemática que se plantea en esta cuestión no es de ámbito externo europeo, sino de ámbito interno. Los problemas para hacer valer los planteamientos de nuestra posición en este campo no han venido de Bruselas sino, hay que decirlo, del propio Madrid. El Gobierno vasco, con el apoyo del partido al que represento, presentó un documento planteando cuestiones como las siguientes: un reforzamiento del Comité de Regiones; una formulación del principio de subsidiariedad que comprometiese los niveles regional y local; la determinación, a nivel de la Unión, de un marco jurídico para el desarrollo de la cooperación trasfronteriza e interregional y el reconocimiento para la Unión de un estatuto jurídico para las delegaciones y oficinas de las entidades regionales y

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locales ante las instituciones europeas. Nada de esto se ha abordado.
Esta posición fue contrastada con la Administración del Estado en la comisión bilateral del 3 de octubre de 1996, sin resultado.
Nuevamente se planteó en la conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas, el 21 de abril de 1997, y el resultado fue que el Estado se negó a asumir la mayoría de las peticiones autonómicas; es decir, las propuestas autonómicas no llegaron a conocerse en Bruselas. Así y todo, la realidad y la razón son más tozudas y las propuestas del Gobierno vasco vieron luz cuando, a finales del mes de junio, Bélgica, Alemania y Austria presentaban en la mesa de negociaciones una declaración en la que se señala expresamente que la acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad, concierne no sólo a los Estados, sino también a las entidades en la medida en que dispongan de competencias legislativas reconocidas en su ordenamiento constitucional. El Estado español no comprometía nada aprobando una propuesta de este estilo, sino que simplemente podía sumarse a una declaración presentada por otros países. Por el contrario, desde la Administración del Estado ni siquiera se informó a las comunidades autónomas de que se había presentado esta declaración. España ha quedado así como el único país con un nivel de descentralización importante que no se ha adherido a esta declaración.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Uría, le ruego concluya, por favor.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Sí, señor presidente, voy terminando.
Únicamente quería indicar que, a pesar de la complejidad técnica que puede tener la presentación de enmiendas parciales, el grupo al que pertenezco las presentará, no al texto del Tratado sino al proyecto de ley que contiene su aprobación, en el bien entendido supuesto de que tales enmiendas lo serán sólo y exclusivamente en este último aspecto al que me he referido, el de la participación regional, que nos parece que es la asignatura que ha quedado más colgada, más pendiente, dentro de la aprobación del Tratado que, de todas formas, aprobamos, apoyamos y que nos llevará a rechazar las dos enmiendas a la totalidad que se veían en la Cámara en esta tarde.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a uno le cabe la duda, cuando se plantea un debate como el que se está celebrando aquí esta t arde, seguido con la pasión que se comprueba desde los escaños por los 350 diputados perfectamente entusiasmados por la importancia de lo que aquí se discute, de si estamos ante una situación de absoluta indiferencia o estamos más bien ante uno de esos casos de una unanimidad avasalladora en la que cualquier debate es absolutamente irrelevante. Queda a la discreción de cada uno de los diputados presentes saber cuál de los dos extremos es, pero en todo caso valga el contraste entre la situación de esta Cámara en est e preciso momento, a las cinco y tres minutos de la tarde de hoy, y los debates análogos que ha habido en la Asamblea Nacional francesa, en los parlamentos de media Europa, las propuestas de referéndum, los referéndum llevados a cabo en otros Estados, y la indiferencia absoluta con la que afronta hoy esta Cámara el primer debate que se puede llevar a cabo en el Pleno sobre el contenido del Tratado de Amsterdam. Yo mismo, por no romper la línea, voy a hacer una intervención muy breve, pero el contraste ha de ser evidente.
El Tratado de Amsterdam es sin duda, y se ha dicho eso como frontispicio de cualquier intervención, mejor que el Tratado de Maastricht. Eso por sí solo ya es un argumento como para oponerse a dos enmiendas a la totalidad, enmiendas de devolución al Gobierno.
Eso no significa, sin embargo, que el Tratado de Amsterdam sea un buen tratado. Es sencillamente mejor que el Tratado de Maastricht, cuya reforma pretendía. Se queda corto, es pobre, no es ni mucho menos lo que algunos hubiéramos querido que se lograra, sin embargo está mejor que lo que había y sólo por eso ya merece una cierta aprobación. Digo eso porque algunas intervenciones en estos últimos días o determinadas opiniones manifestadas podían dar a entender que la aprobación del Tratado de Amsterdam es una adhesión a su contenido. No, la aprobación al Tratado de Amsterdam no es decir que es bueno, es decir que es mejor que su ausencia, es decir simplemente que preferimos eso a nada.
Hay que decir -y lo digo de paso, tomando una idea que manifestaba el portavoz de Coalición Canaria- que estas críticas no son aplicables directamente en este caso al Gobierno español. Ayer mismo se presentaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores un libro que recoge el trabajo muy concreto de cada uno de los representantes españoles en la Conferencia Intergubernamental que dio lugar al Tratado de Amsterdam, y es evidente que España sí hizo sus deberes e hizo lo que pudo, pero del conjunto del papel de España, sumado a la falta de voluntad política de los otros catorce miembros de la Unión es evidente que el resultado no fue el que algunos hubiéramos querido que fuera. El Tratado de Amsterdam mejora al de Maastricht en muchos puntos: mejora la política exterior y de seguridad común, muy poco, en puntos mínimos. Introduce esa figura reforzada del secretario general del Consejo como alto representante para la política exterior. No refleja el refuerzo de la política exterior de la Unión o la personalidad jurídica internacional de la Unión. No

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llega todo lo lejos que algunos querríamos en la institución de una política de defensa y de seguridad común para la Unión Europea, sin embargo introduce elementos positivos. Refuerza el elemento de ciudadanía en la Unión Europea. Refuerza el tercer pilar, los temas de justicia e interior. También aquí se queda corto, hace una cierta suspensión de cinco años hasta la auténtica integración de los temas del tercer pilar en la política comunitaria, pero es un avance. Aquí quiero dejar constancia, como a este portavoz le gusta hacer en tantas ocasiones como puede, de que sigue estando pendiente el control parlamentario de este tercer pilar. Se incrementa el tercer pilar. Se incrementa el papel policial, las responsabilidades policiales de control de visados, etcétera, por parte de la Unión Europea, pero sigue sin preverse quién y cómo deberá controlar políticamente esas funciones. Se refuerza en Amsterdam la protección del medio ambiente, no es poco. Se refuerzan los derechos fundamentales con unas referencias muy expresas que, viendo como se han interpretado siempre cuando se ha querido buscar la letra pequeña de las disposiciones del Tratado, pueden dar mucho juego en el futuro. Se refuerza el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Se introducen las referencias al empleo, que son pocas, no son todas las que podrían ser, pero ya han empezado a dar sus frutos en virtud de su aplicación anticipada antes de la propia entrada en vigor del Tratado.
También es cierto que en el plano institucional se queda muy lejos de lo que hubiera podido ser, sin embargo se introduce un criterio de flexibilidad para que la velocidad de la construcción europea no quede m arcada por el alumno más lento, sino que sea precisamente el más rápido el que pueda marcarla, seguido de aquellos que quieran y sean partidarios de una integración más ágil. No se introduce o no se llega todo lo lejos que querríamos en un incremento de la democracia y de la base de legitimidad democrática de la Unión Europea. Sigue faltando legitimidad democrática en la Unión Europea, señorías. Creo que eso es una verdad absolutamente indiscutible y no discutida prácticamente por nadie en toda la Unión. Estamos lejos de los ciudadanos. Están lejos las instituciones de los ciudadanos y, sin duda, ahí hay mucho trecho por recorrer. No se avanza todo lo que se debería en las reformas estrictamente institucionales, en las mayorías en el Consejo, en las formas de tomas de decisión, en el control de la Comisión por el Parlamento. Todo eso son temas que siguen pendientes, que en cierto modo tienen ya fecha fija. Es un avance posterior a la elaboración del propio Tratado, pero es una pena que éste, que es lo que hoy discutimos, no las hubiera asumido ya. De todos modos es evidente que antes de la ampliación tales reformas deberán ser afrontadas.
Finalmente -y en plena sintonía con la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco-, una de las grandes lagunas del Tratado de Amsterdam es precisamente la falta de sensibilidad hacia el elemento regional. Es cierto que estamos ante una Europa construida por los Estados, pero en la que no se ha tenido suficientemente en cuenta lo que se puede llamar organismos infraestatales, las regiones, las comunidades autónomas en nuestro caso.
Reconocemos la preocupación del Gobierno español por una utilización fraudulenta, en violación de los propios tratados, de la noción de subsidiariedad. Entendemos y comprendimos en su momento las explicaciones que se formularon por el ministro de Asuntos Exteriores en esta Cámara y en el Senado, a petición de nuestro grupo y de otros grupos parlamentarios, acerca de por qué no se había suscrito la declaración en materia de subsidiariedad. Entendemos, no compartimos, la explicación de que suscribir esa declaración podía tener un cierto riesgo de renacionalización de determinadas políticas en detrimento del propio equilibrio de la Unión. Entendemos que eso es un riesgo que está ahí, pero no vemos que sea suficiente como para, por otras vías, sea o no esa propia declaración, seguir dejando claro que en Europa no sólo existen Estados unitarios. En Europa existen Estados plurinacionales. En Europa hay naciones con entidades inferiores al Estado, que tienen soberanía y competencias legislativas en su propio ámbito, y eso debe reflejarse a nivel de la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Guardans, concluya, por favor.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señor presidente.
De la misma forma que compartimos la inquietud del Gobierno español de que con una falsificación del criterio de subsidiariedad se puedan permitir renacionalizaciones, mi grupo no permitirá que por la vía de la integración europea la Administración central recupere competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas a través de la Constitución o a través de los estatutos de autonomía.
Es un debate que ya está durando mucho tiempo, que intuimos que seguirá durando, pero no queremos dejar de ponerlo de relieve. El papel de las regiones en Europa debe reforzarse y el Tratado de Amsterdam era uno de los instrumentos para que eso fuera así.
Termino, señor presidente. Mi grupo va a votar negativamente las dos enmiendas de devolución porque entiende que el Tratado de Amsterdam es un paso que se queda corto. No es todo lo que uno querría, falta democracia, falta transparencia y falta integración europea, pero es un pequeño paso, que ya es más que lo que teníamos, y aunque sólo sea por eso, merece nuestra aprobación. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


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El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señorías, Amsterdam es el resultado de las frustraciones de Maastricht y, sobre todo, de las necesidades heterogéneas y dispares, a veces contradictorias, de cada uno de los Estados miembros con visiones nacionales y, en función de sus intereses y preocupaciones, sin una visión de conjunto. Esta no es una frase del portavoz que les habla, es una frase de una persona que lleva años en la política europea representando al Gobierno del Reino de España, es una frase que asumimos plenamente. Creo que es una definición acertada de lo que representó Amsterdam.
Después del Tratado de Maastricht, y vale la pena hacer comparaciones, en aquella ocasión se siguió plenamente el método Monnet, el que ha ido construyendo Europa paso a paso. Se centró en la negociación de una unión económica y monetaria que actuaría como motor y daría un impulso decisivo al proceso de integración. España, junto con Alemania, exigió que paralelamente a esa unión económica y monetaria, se estableciera una unión política que acompañara a la moneda y que permitiera una mayor legitimidad democrática y la superación del tradicional economicismo del Tratado de Roma. El reforzamiento de la cohesión económica y social, la creación de una ciudadanía europea, la potenciación de los poderes del Parlamento Europeo, la inclusión en el Tratado de nuevas y numerosas competencias no estrictamente económicas, fueron los elementos centrales de esa unión política incorporados al nuevo Tratado acompañante de la Unión Económica y Monetaria que se dio en Maastricht.
En Amsterdam, señorías, a pesar del magnífico trabajo previo realizado por el grupo de reflexión presidido por Carlos Westendorp, que trazó los grandes ejes y posibles contenidos de la conferencia, no ha habido ningún plan global equivalente, ni siquiera un diseño que se acercara a esta visión global necesaria para la construcción europea. En efecto, señorías, Amsterdam es el resultado de las frustraciones de Maastricht, incluyendo temas que quedaron abiertos e inconclusos en aquella negociación y, sobre todo, de las necesidades heterogéneas y dispares, a veces contradictorias, de cada uno de los quince Estados miembros, con visiones nacionales y en función de intereses estrechos, sin esa visión global de conjunto. Lo pusimos en evidencia ayer mismo, en el debate que se produjo en esta Cámara después de la cumbre de Maastricht. Señorías, la segunda gran diferencia entre Maastricht y Amsterdam consiste en que en Maastricht la negociación estaba situada siempre entre dos extremos claramente identificados, los que querían mantener el statu quo y aquellos que querían seguir avanzando en el proceso de integración europea. En Amsterdam, señorías, en cambio no se ha producido el mismo nivel de confrontación. Ha habido claramente dos polos diferenciados respecto de Maastricht. Ha habido propuestas claramente regresivas respecto del nivel de integración que Europa había ya logrado en Maastricht, que no han visto la luz, pero que siguen subsistiendo en los debates referidos a la construcción europea. En Amsterdam, en sus debates, se ponían en peligro, señorías, elementos esenciales de la construcción comunitaria, y citaré algunos: La propuesta alemana sobre subsidiariedad que algunos grupos han traído a este debate. Señorías, esa propuesta comportaría la ruptura del mercado único, comportaría, sin duda, un fraccionamiento del grado de cohesión dentro de la Unión Europea, y yo c reo que afortunadamente no vio la luz. La propuesta inglesa de diluir el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, o la propuesta francesa de crear una gran conferencia de parlamentos nacionales que contraponer al Parlamento Europeo elegido directamente por los ciudadanos, o las propuestas nórdicas de intentar fragmentar el mercado único con argumentos y pretextos medioambientales, eran propuestas claramente regresivas que no vieron la luz, y por ello debemos felicitarnos; y sin duda, el trabajo realizado por el ex ministro español de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, contribuyó a que esas propuestas no avanzaran.
Conociendo esas propuestas, señorías, el Parlamento español, a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, realizó un dictamen de aquellos elementos que debería contener, a nuestro entender, la reforma del Tratado de Maastricht, y quiero simplemente recordar lo que para el Grupo Socialista era fundamental en aquel debate, y voy a reiterarlo textualmente: Desde el Parlamento español los trabajos de la Conferencia Intergubernamental contienen, desde sus comienzos, dos vertientes inseparables bajo cuyo análisis el Parlamento debatirá y se pronunciará sobre las reformas del Tratado de la Unión Europea.
Así, la Conferencia debe producir las reformas institucionales que garanticen el buen funcionamiento de una Unión ampliada a los Estados del Este, Centroeuropa y Chipre, y una profundización democrática de la Unión que combine, de la mejor manera posible, los intereses del conjunto de Estados que conforman la Unión Europea, dando un paso más en el proceso de integración europea. Esta era la postura que mantenía el Grupo Parlamentario Socialista, que en parte está reflejada en los contenidos del Tratado de Amsterdam. Pero es verdad que no está el elemento fundamental de esa reforma, que no es otro que las reformas institucionales, de las que después hablaremos.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Costa, le ruego que vaya concluyendo.


El señor COSTA COSTA: Voy concluyendo, señor presidente.
Es cierto que Amsterdam incorpora nuevos elementos. Se producen importantes avances en la libre circulación de personas. Se refuerza de una manera importante el tercer pilar. Hay una formulación más eficaz, mejor estructurada de la política exterior y de seguridad común. Las mejoras afectarán a los ciudadanos,

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especialmente todo el capítulo social y todo lo que signifiquen políticas de empleo. Existe el establecimiento de una política de salud pública, el reforzamiento de la protección de los consumidores, la posibilidad de adoptar medidas contra cualquier tipo de discriminación, la justificación ante el Tribunal de Luxemburgo del Convenio sobre derechos humanos en Roma en 1950; la integración plena del Reino Unido en la política social y en la mejora de la transparencia y de la atención al ciudadano; el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, noción ya propuesta por España en 1989 que ha sido plenamente adoptada ahora por los Quince, ese espacio que incluye objetivos e instrumentos concretos de lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de drogas. Se da un salto cualitativo en algunas instituciones comunitarias y muy particularmente en el Parlamento Europeo y en el Comité de las Regiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Costa, concluya, por favor.


El señor COSTA COSTA: Acabo, señor presidente.
Y es cierto también que España ve cómo algunas de sus reivindicaciones particulares tienen su entrada en el Tratado de Amsterdam. Se ha referido el señor Mardones a la inclusión de un nuevo artículo que garantiza el tratamiento especial para las regiones ultraperiféricas; el Protocolo sobre asilo político, que constituye un paso importante para evitar que la política de asilo sea utilizada por los terroristas; se preservó de la mayoría cualificada una serie de políticas, como los fondos estructurales, ahora en debate, para que se decidan por unanimidad y que, por lo tanto, España tenga mayor margen de maniobra.
Pero, señorías, el fracaso de la reforma institucional de la conferencia ha hecho que no cumpla el primer objetivo que tenía planteado y va a complicar las negociaciones sobre financiación de la ampliación y las perspectivas financieras para los años 2000 a 2007.
El calendario que se estableció en Madrid en 1995 con la Agenda 2000 no ha podido ser cumplido en este punto. El resultado de la reforma ha sido insuficiente e insatisfactorio, como se ha puesto en evidencia en el último Consejo europeo celebrado en Cardiff. Es opinión casi unánime que la Unión Europea está en un proceso de indefinición sin un claro horizonte hacia el que dirigirse después de haber pasado con éxito el reto de la unión monetaria europea. Estamos en el momento justo en el que la Unión puede avanzar en un proyecto de solidaridad, de compartir desde la diversidad de sus culturas y de sus gentes un proyecto político, económico y social y darnos instrumentos para hacer más eficaces la solidaridad de Europa con el resto de los pueblos que la necesitan. Estamos entre la tentación de e cerrarnos en los egoísmos nacionales o de abrirnos para hacer frente a los retos que Europa y sus ciudadanos tienen hoy planteados, como el empleo, el medio ambiente, la solidaridad entre sus pueblos y sus gentes, reforzando un espacio de paz, seguridad y libertad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Costa.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, con su permiso hablaré desde el escaño, entre otras cosas porque así tengo la satisfacción de estar rodeado por mis compañeros de grupo. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Como usted desee, señor Robles, está en su derecho.


El señor ROBLES FRAGA: Muchas gracias, señor presidente.


Decía esta mañana la diputada Cristina Almeida que no había nadie para escucharla. Como no la veo ahora, permítanme lamentarme porque no esté ahora escuchándome a mí, que suelo asistir bastante más a las votaciones de esta Cámara de lo que ella hace. (Protestas.) Es verdad que ahora no hay periodistas en la tribuna de prensa y, por tanto, es normal que no esté entre nosotros. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.


El señor ROBLES FRAGA: Este no es el primer debate sobre el Tratado de Amsterdam. Si no recuerdo mal, ya tuvimos un debate amplio después del Consejo de Amsterdam, el 25 de junio de 1997, en el que pudimos hablar, discutir y escuchar a los portavoces de nuestros grupos acerca de las importantes decisiones que se habían tomado en esa ciudad holandesa los días 16 y 17 de junio de 1997. Es por ello que no parece necesario repetir los argumentos que entonces se dijeron. Sí que tenemos ahora más perspectiva histórica de la que entonces teníamos o, por lo menos, tenemos una cierta distancia en el tiempo para ver lo que ha significado y lo que puede significar la aprobación del Tratado de Amsterdam, como resultado -y SS.SS. lo saben bien- de la Conferencia Intergubernamental -que es otra palabreja europea difícil de pronunciar desde una tribuna parlamentaria-.
En este proceso europeo parece claro -y ayer creo que fue demostrado suficientemente- que la visión ideológica de la Unión Europea entre conservadores perversos y progresistas justos y benéficos es radicalmente falsa. Y, además, eso entra en seria contradicción cuando vemos cómo los gobiernos cambian de color y defienden una cierta línea de conducta, unos intereses nacionales razonablemente expuestos, justificados y defendidos ante sus ciudadanos que son, en definitiva, los que aprueban la mejor manera de promover ese

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común interés europeo, que se basa y que se asienta s obre los intereses nacionales y sobre cómo los votantes, los electores, entienden esos procesos y esos intereses nacionales. Por eso, entre otras razones, el Partido Popular gobierna en este momento en España (Rumore s .), porque en un momento determinado los ciudadanos españoles entendieron que éramos capaces de proseguir un camino que no habíamos iniciado nosotros, del que no nos habíamos apropiado nosotros, como al parecer los que creen en el renacimiento de la historia cuando ganan las elecciones entienden y que, desde luego, nosotros entendemos como continuidad, como esfuerzo compartido y al que llamamos, siempre desde esta tribuna parlamentaria, a la colaboración de todos.
Existe una visión alternativa, es aquélla que el general De Gaulle decía que no estaba ni a la izquierda, ni a la derecha, sino al Este y como el Este ya no existe, debe estar en algo parecido al espacio exterior de la Unión Europea. Y fuera de esa gran mayoría que forma una fuerza central y sólida de la vida española constituida por varios grupos políticos, entre los cuales hay grupos de oposición y, naturalmente, grupos de gobierno, hay algunas posturas que no dejan de ser curiosas. Pero, en fin, no haré demasiada referencia a ellas porque, afortunadamente, para el devenir de la Unión siguen siendo irrelevantes, alternativas o exóticas y, por tanto, poco decisivas.
Hay que huir de esa visión euroexaltada que hace que estemos siempre en el sobresalto de que en cada cumbre europea deben tomarse grandes y clamorosas decisiones, desde Monnet -y ha sido citado por el señor Costa con acierto- el proceso es de paso a paso. Se basa en buscar cuál es el interés compartido para hacer que los intereses nacionales no sean contrapuestos. Y por eso tenemos que ver el resultado de la cumbre de Amsterdam y el mismo Tratado de Amsterdam con una cierta perspectiva histórica que va más allá de los meses transcurridos desde su aprobación.
Estamos hablando de un proceso abierto, inconcluso, de pasos continuados, que trata de combinar -y ese es el verdadero interés español, que yo creo que está salvaguardado por el Tratado de Amsterdam, negociado por el Gobierno que nos precedió y por el Gobierno que ahora gobierna este país- la preparación para la ampliación y la necesidad del reforzamiento de los principios de solidaridad y cohesión europeos. Se trata de una contraposición que ha sido explicada en algunos debates, por ejemplo, en el debate de la Asamblea Nacional francesa, al que hacía alusión el señor Guardans antes, por importantes líderes europeos como el ex presidente francés Giscard d´Estaing; pero desde el punto de vista español esa contraposición entre la gran Europa y la Europa fuerte no tiene sentido si entendemos correctamente el interés español. Precisamente el interés español es hacer más Europa y no menos Europa, esto es, reforzar los mecanismos de solidaridad y cohesión, a la vez que reconstituimos la unidad europea, rota por el ya afortunadamente desaparecido Muro de Berlín. Y conforme nosotros reconstituimos la Europa que deseamos en la Europa que es, que es la Europa amplia que estamos construyendo y que estamos ya negociando, no podemos olvidar que si los ciudadanos europeos quieren Europa es precisamente porque Europa es garantía de paz, de seguridad, de solidaridad y de democracia. Y en todos estos terrenos el Tratado de Amsterdam es una propuesta muy positiva. No es, como se ha dicho aquí, un tratado de negativos sino un tratado de pasos positivos importantes, tanto para acercar la Unión al ciudadano como para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, como para hacer más coherente la política exterior de la Unión, como para dotar de mayor legitimidad a sus instituciones.
Por eso la Europa de los Estados -que no la Europa de las naciones- y la Europa de los ciudadanos tienen sentido juntas. Y por eso creo que es un error -y se lo digo con toda modestia a los portavoces de los grupos nacionalistas que han hablado en esta Cámara- pretender mezclar el debate entre la realidad europea, esto es, basada en los Estados y en los ciudadanos, y la fantasía de la Europa de los pueblos; y mezclar eso con el debate sobre cómo podemos nosotros organizarnos -nosotros, quiero decir alemanes, austríacos, belgas, españoles y de los demás Estados de la Unión- para que el principio de subsidiariedad se aplique correctamente y para que las entidades, llámense regionales, llámense como se llamen, puedan articular y contribuir a la conformación no sólo del interés nacional, del interés del Estado, sino también para participar mejor en los asuntos comunes de la Unión Europea, sobre todo cuando afectan a competencias legítimamente ejercidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Robles, le ruego concluya.


El señor ROBLES FRAGA: Concluyo, señor presidente.
Al final de lo que se trata es de definir mejor cuál es el interés español dentro del común interés europeo y qué unión grande y fuerte podemos organizar para el siglo XXI.
Sin duda el Tratado de Amsterdam no es el gran paso, el gran salto que algunos deseaban, pero, también sin duda, es un paso sólido, es un paso firme, es un paso positivo, es un paso importante al que el Grupo Popular, como no podía ser de otra manera, dará su voto positivo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias señor Robles. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Señor Peralta, ¿con qué objeto me pide la palabra?

El señor PERALTA ORTEGA: En la última intervención que se acaba de producir, señor presidente, aparte de comenzar diciendo que prefiere estar rodeado de los diputados populares y no en la tribuna rodeado de todos los diputados...


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Peralta, no polemice con la última intervención.


El señor PERALTA ORTEGA: No pretendo polemizar, señor presidente, pretendo hacer referencia a que se ha terminado con una alusión personal y directa a mi compañera...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Peralta, la alusión ha sido a una diputada no presente y, por tanto, no puede contestarla otro diputado. En su caso, la señora diputada sabe, o puede saber, que reglamentariamente puede contestar a estas alusiones en la siguiente sesión plenaria, si así lo desea. Las alusiones personales no pueden ser contestadas por otra persona.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, en vista de que no le pueden contestar, a lo mejor el diputado que ha hecho la intervención quiere retirar sus frases del «Diario de Sesiones».


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Vamos a proceder a la votación (Pausa.-El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación correspondiente a las enmiendas de totalidad y devolución al proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 19; en contra, 262; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 5/1998, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE DICTAN REGLAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN DETERMINADOS CASOS ESPECIALES (Número de expediente 130/000047)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IX del orden del día: Convalidación o d erogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 5, de 29 de mayo de 1998, por el que se dictan regla s para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. (Pausa.-Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio. Ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo, señorías. (Pausa.) Señora Rubiales. Señor Cuesta.
(Pausa.) Puede comenzar, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, procedo a presentar a la Cámara el Real Decreto-ley 5/1998, aprobado por el Gobierno el 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos especiales.
Como saben SS.SS. estos casos especiales son los relativos a los supuestos en que, habiéndose cotizado a varios regímenes del sistema de la Seguridad Social, el interesado no reúne todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación en ninguno de ellos.
La posibilidad de anticipar la jubilación a los 60 años viene establecida por la Ley de Seguridad Social de 1966 en su disposición transitoria segunda, concretamente en el número 7, con carácter transitorio y exclusivamente -quiero insistir en la palabra exclusivamente- para determinados trabajadores incluidos en el régimen general y en los regímenes especiales de la minería del carbón y de trabajadores del mar. En consecuencia, señoras y señores diputados, se trata de una medida excepcional, ya que con carácter general rige la edad de 65 años para la jubilación. Por cierto, señorías, una edad que se ha visto reforzada permanentemente en el debate parlamentario, ya que los grupos han expresado reiteradamente que esta edad no debe ser solamente una referencia administrativa y legal, sino que la estiman adecuada como edad común para la jubilación.
Hay que decir, señorías, y pensando siempre en el régimen de la Seguridad Social, en sus ingresos y en sus gastos, que en estos momentos aunque la edad legal de jubilación está establecida en los 65 años, sin embargo la edad real de jubilación viene produciéndose a los 62 años...(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor ministro, discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Señor Guardans. Señor Meyer, le ruego guarde silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor ministro, muchas gracias.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Como decía, señor presidente, edad legal de jubilación 65 años y edad real de jubilación media 62 años.


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Esta norma se estableció con carácter transitorio, s obre todo con la finalidad de respetar las expectativas de derecho que tenían consolidadas algunos trabajadores. Estos trabajadores concretamente son los cotizantes antes del 1 de enero de 1967 a mutualidades laborales de trabajadores por cuenta ajena, en cuyos estatutos, por cierto, se reconocía expresamente esta posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años cuando finalmente se produjera el hecho causante de la pensión de jubilación en el régimen general o en el régimen especial en que hubiera quedado incluido el colectivo de que se tratara.
Vigente esta legislación, claramente definida, en nuestra opinión, con respecto al alcance de la misma, sin embargo se estaban dando situaciones en las que el interesado accedía a la jubilación anticipada pese a que nunca fue trabajador incluido en un régimen que reconociera especialmente la jubilación anticipada.
En 1978, en el mes de agosto, se dicta una resolución por la entonces Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que únicamente exigía que el interesado acreditara haber cotizado al mutualismo laboral como trabajador por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967, bastando que, con posterioridad, reuniera cotizaciones en cualquier régimen de la Seguridad Social. Lo que ocurría era que, en los correspondientes regímenes en que había quedado incluido, a algunos de ellos no se les reconocía el derecho a la jubilación anticipada. En consecuencia, en nuestra opinión, esta interpretación que se da en 1978 no encuentra amparo en norma alguna.
Como saben, las normas sobre cómputo recíproco de cuotas no amparaban la interpretación que se venía haciendo, ya que remiten la resolución de la prestación al régimen en el que el trabajador hubiera quedado incluido durante más tiempo. Por lo que se refiere a la jubilación anticipada, se supone que ha sido trabajador por cuenta ajena, en consecuencia, la mayor parte de su vida activa.
Las situaciones de abuso, señorías, como el recurso a que un único día de cotización antes del 1 de enero de 1967 supusiera el reconocimiento a la jubilación a los 60 años dieron lugar, por la vía de diferentes pleitos, a diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo. Así, consolidados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dictada en unificación de doctrina, se establecieron los criterios interpretativos en esta materia, determinándose el sentido de las normas que regulan el derecho a la jubilación anticipada. Y siendo insoslayable la adecuación de la aplicación de la ley a la doctrina del Tribunal Supremo, ya el 21 de diciembre de 1995 se dictan unas resoluciones que posteriormente son anuladas en cuanto a su efecto, y en noviembre y diciembre de 1997 se dictan resoluciones similares en aras a conjugar la interpretación del Supremo con la aplicación de la norma y, sobre todo, señorías, en beneficio de la seguridad jurídica de los trabajadores.


La interpretación que efectuaba en las resoluciones a las que he hecho referencia dentro de nuestro departamento modifica criterios anteriores de la resolución de 1978, sobre todo referidos a los siguientes aspectos: el primero de ellos hace referencia inexcusable a la existencia de cotizaciones a las mutualidades de trabajadores por cuenta ajena que reconocían este beneficio antes del 1 de enero de 1967, en la medida en que la norma transitoria que reconoce el derecho a la pensión de jubilación menciona exclusivamente a este colectivo. El segundo, señorías, es la exigencia estricta de que el trabajador que haya cotizado a distintos regímenes consolide su derecho a la pensión de jubilación anticipada en el régimen general o en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena que la reconocen, por cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello, aplicando a tal efecto las normas sobre cómputo recíproco de cotización. Estas modificaciones suponían nuevos criterios en relación con las que se venían aplicando. Sin embargo, señorías, el 31 de marzo se produce una petición del Congreso de los Diputados al Gobierno que en todos sus términos es contradictoria con respecto a las decisiones que venían adoptándose por el Tribunal Supremo, puesto que solicita que se mantengan los criterios interpretativos de la aplicación de la norma relativa a la jubilación anticipada anterior a las resoluciones de diciembre de 1997.
El Gobierno, atendiendo a la moción aprobada y haciéndose partícipe de la especial sensibilidad de la que es merecedor el colectivo, por cierto muy reducido, afectado por esta norma, decidió proponer la modificación de la legalidad y tramitar un proyecto de real decreto- ley ante el Consejo de Ministros para adecuarla a la realidad social y también a las peticiones del Congreso de los Diputados, y ciertamente se ha hecho en un plazo récord, puesto que la moción fue aprobada el 31 de marzo y el 29 de mayo el Consejo de Ministros a p robaba lo que para nosotros es la traslación legal de la misma, en menos de dos meses; es más, la norma, que entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de mayo, sin embargo podrá aplicarse a las pensiones de jubilación cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de abril de 1998. Esta norma ha tomado la figura de decreto-ley para evitar situaciones poco deseables respecto a quienes ya hubiesen podido formular sus peticiones y, actuando con este procedimiento urgente, creemos que hemos podido salvar cualquier posible perjuicio individual.
Señorías, estamos ante una materia que debe abordarse con rango de ley y es cierto que la propia moción insta al Gobierno a adoptar medidas legales. Por otro lado, la norma -como muy bien se dice en la moción- debe atenerse a los principios que establece el Pacto de Toledo; pacto que, como todos conocemos, recoge que no debe producirse una sistemática de anticipación de la edad de jubilación.
Estamos ante una materia que debe abordarse sin que se distorsionen las

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reglas generales del sistema, de forma que no se creen agravios de unos colectivos respecto a otros. Y es que sin duda estamos hablando de aplicar un beneficio, una situación que, como hemos visto, no es extensible a la totalidad de los trabajadores acogidos al régimen de la Seguridad Social, ni siquiera a la totalidad de los acogidos al régimen general.
En este sentido, y en el marco estricto del Pacto de Toledo, se han primado los períodos largos de cotización a la Seguridad Social, las largas carreras profesionales. El real decreto trata de dar una nueva regulación a los supuestos planteados, de manera que cuando un trabajador acredite mayor número de cotizaciones en un régimen -y, por tanto, éste sea el procedente para reconocer la pensión- y, sin embargo, no acredite el requisito de edad, pueda jubilarse anticipadamente si reúne cotizaciones en alguno que sí contemple el beneficio de la jubilación, siempre -insisto- que tenga cotizaciones en el mismo.
Ahora bien, la nueva regulación proyectada responde también a principios de proporcionalidad y contribución, para lo cual se exige que al menos un cuarto del total de las cotizaciones acreditadas por el interesado lo sean en un régimen que tuviese prevista la posibilidad de la jubilación anticipada. No obstante, señorías, cuando la totalidad de las cotizaciones acreditadas -y en beneficio de las largas carreras profesionales- sean de 30 ó más años, para que pueda aplicarse la jubilación a una edad anticipada será suficiente que se a credite un mínimo de cinco años en los regímenes antes señalados. Aunque se acceda a la pensión de la jubilación con anterioridad, a los 65 años la pensión se reconocerá en el régimen en el que se acredite mayor número de cotizaciones.
Esto es, señor presidente, lo que el Gobierno quiere exponer al amparo de la petición al Congreso para que se convalide este real decreto, y quisiéramos poner de manifiesto que el mismo ha sido objeto, en su desarrollo, de diálogo con los agentes sociales, que no han presentado observaciones de fondo a su contenido. Nos parece que el real decreto confirma el espíritu y la defensa plena del Gobierno por parte de lo que ha significado el Pacto de Toledo. Creemos que es también una muestra clara de respeto al Parlamento, que plantea una moción que en un momento determinado interpretamos como distinta en sus criterios con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que eso no ha sido obstáculo para que el Gobierno, con todo empeño, intente, desde la buena fe y pensando en el sistema de Seguridad Social, traer a la Cámara una nueva normativa que nos despeje el plano de la interpretación de las jubilaciones anticipadas y que, en nuestra opinión, contribuye a salvar todos los derechos individuales, siempre sin olvidarse de la necesidad de que esos derechos individuales sean preservados en un m arco de saneamiento y racionalización de nuestro sistema de protección social.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente, haré unas breves consideraciones.
El presente real decreto-ley se nos presenta como consecuencia de la interpelación planteada por el Grupo de Izquierda Unida y luego votada por toda la Cámara, en la cual se establecía un mandato muy claro de dejar sin efecto dos resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en concreto la de 14 de noviembre y la de 5 de diciembre, que entendíamos eran muy perjudiciales para un grupo muy amplio de personas. En este sentido, se ha planteado esta presentación como cumplimiento de este mandato.
Sin embargo, creemos que no se da solución a la problemática que se inicia con estas resoluciones anteriormente citadas. Pensamos que en algunos casos se siguen planteando, si no la misma problemática, sí algunos problemas que tienen que ser solventados, por lo que no estaríamos de acuerdo -y quiero ser breve- con el artículo 2 b) del real decreto-ley . En este sentido, plantearíamos que el tiempo mínimo de cotizaciones en lugar de cinco años fuera de tres.
A la hora de determinar cuál va a ser el sentido de nuestro voto, sí nos gustaría que nos dijera el Grupo Popular (y esperamos que lo conteste en su intervención) si va a permitir la tramitación como proyecto de ley, que desde ahora adelanto que solicitaremos. Si no se estuviera de acuerdo en tramitarlo como proyecto de ley al objeto de presentar las enmiendas en el sentido que hemos indicado, nuestro voto sería negativo, ya que sigue afectando gravemente y no deja la situación tal como estaba, que era el mandato establecido por este Congreso. En cualquier caso, en algunos grupos, y concretamente en el grupo Mondragón, la situación que hoy se nos plantea para convalidarlo perjudicaría al 50 por 100 de los trabajadores que quieren obtener beneficios de la jubilación anticipada.
A la espera de conocer la decisión del Grupo Popular y de los demás grupos de la Cámara, no señalaremos nuestro voto hasta la última parte de este debate.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Vázquez, discúlpeme, porque el señor Fernández había solicitado un turno en contra que no había a preciado, con lo cual hemos empezado los turnos de fijación de posición, que interrumpimos, al haber intervenido tan sólo la señora Lasagabaster, y le concedo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para un turno en contra, al señor Fernández.


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El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.
Esta hora de la tarde no invita precisamente a ser muy prolijo en las intervenciones, pero quiero manifestar que del asunto que hoy nos ocupa depende el futuro de bastantes miles de familias españolas y, por ello, es un asunto importante. Por eso prefiero consumir este turno en contra, aunque posiblemente se podría haber solucionado de otra manera.
Debatimos hoy un real decreto-ley del Gobierno por el cual se dictan las reglas para el reconocimiento de las jubilaciones anticipadas en determinados casos, llamados especiales. ¿A quién o a quiénes se define como casos especiales? A los regímenes especiales a los que están sujetos los emigrantes retornados, los empleados y empleadas del hogar y los trabajadores autónomos de cualquier sector, incluidos los de la economía social. ¿Y qué pretende también el real decreto- ley que hoy nos ocupa y que el Gobierno ha traído a esta Cámara? La respuesta es bien sencilla. El Gobierno, con este real decreto-ley que trae a la Cámara, lo que pretende es modificar los criterios por los que hasta ahora estos colectivos de trabajadores y trabajadoras podían acogerse a las jubilaciones anticipadas, es decir, jubilaciones a partir de los 60 años, como en el régimen general.
Comprendo que para el ministro sea más incómodo estar hoy aquí defendiendo el real decreto-ley que la posición que adoptó inicialmente, que fue la de resolverlo a través de una circular de la Seguridad Social. Sí, ministro, este asunto se trató de zanjar precisamente a través de una circular de la Seguridad Social, circula r que, por cierto, no tiene publicidad, no es conocida, y por eso nosotros hemos pretendido en todo momento que al menos una resolución de tanta importancia y que afecta a estos colectivos sea conocida.
Las circulares de 14 de noviembre y 5 de diciembre pretendían eliminar, suprimir unas resoluciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 9 de agosto de 1978 que permitía las jubilaciones anticipadas de estos colectivos a que hoy nos estamos refiriendo aquí. Entendemos que estas resoluciones son importantes pues venían a cubrir un vacío legal porque hasta 1978 los regímenes especiales no tenían capacidad de jubilarse anticipadamente.
Izquierda Unida, como he dicho anteriormente, a través de la interpelación que presentó en su momento, pretendía concienciar a este Parlamento de la importancia del asunto, que se le diera publicidad y que fuera conocido, y a través de la moción que presentó en esta Cámara el 31 de marzo quería que se subsanase lo que creíamos y seguimos creyendo que fue un claro error del Ministerio de Trabajo.
En esa moción instábamos al Gobierno a derogar, a eliminar, a suprimir sus resoluciones; al final por cuestiones de aritmética parlamentaria nos tuvimos que contentar con una transaccional que era mucho más suave, pero que entendíamos cumplía su objetivo. Este objetivo era suspender la entrada en vigor de las resoluciones de 14 de noviembre y 5 de diciembre y también mantener la circular de 9 de agosto de 1978. Eso fue lo que aprobó este Congreso el 31 de marzo. ¿Cómo ha cumplido el Gobierno el mandato que esta Cámara aprobó por mayoría? Esta Cámara aprobó por mayoría de todos los grupos parlamentarios una transaccional, consecuencia de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como consta en el «Diario de Sesiones», y yo aconsejaría al ministro que releyera su intervención para que se dé cuenta que fue derrotado aquí políticamente. Como viene siendo habitual por parte del Partido Popular, cada vez que comprueba puede perder una votación se suma a la oposición descaradamente; eso es lo que vienen haciendo ustedes con bastante frecuencia.
Tengo que decirle, ministro, que en esta Cámara sus tesis y las tesis del portavoz del Partido Popular fueron derrotadas durante el debate de la moción. Creo que lo normal en un Estado democrático hubiese sido asumir las tesis de la oposición, que tampoco cuesta tanto.
Nuestros planteamientos eran y son razonables; por tanto si es derrotado políticamente en el Congreso de los Diputados, lo que debía haber hecho el Gobierno es asumir lo que proponíamos aquí, cosa que pasaré a detallar porque entendemos que no se ha cumplido.
El Congreso pidió la suspensión de la entrada en vigor de las resoluciones de 14 de noviembre y 5 de diciembre, eso es correcto.
¿Por qué entonces, desde el 1 de abril del presente año hasta este momento, no se ha tramitado ni una sola petición de jubilación anticipada? El Congreso pidió la suspensión de unas resoluciones que venían a anular otra, con lo cual la interpretación jurídica que por lo menos nosotros hacemos es que si no existe resolución que la anula, sigue estando vigente la resolución de 1978. Nuestra pregunta es bien sencilla: ¿por qué desde el 1º de abril no se ha tramitado ni una sola pensión? ¿Por qué se han acumulado los expedientes? ¿Por qué el ministro ha dado instrucciones de que se separen, o de que se cuenten al menos para saber qué tiene entre manos? Seguimos estando sorprendidos porque no se ha tramitado ni una sola petición a pesar de que cumplan los requisitos con arreglo a la normativa existente, la de 1978, con lo cual entendemos que a pesar de lo que nos ha contado aquí el ministro anteriormente, se está incumpliendo el acuerdo de este Parlamento. La Dirección General de la Seguridad Social debiera haber dado instrucciones para seguir funcionando con normalidad. Me refiero a que si la circular no está vigente, no hay ningún problema para seguir tramitando los expedientes, cosa que no se ha venido haciendo.
Este Congreso aprobó también que el Gobierno, en el marco del Pacto de Toledo, debía adoptar las medidas legales correspondientes para mantener la vigencia de la resolución de la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social del 9 de agosto de 1978 y ustedes hoy nos presentan un real decreto-ley que dice recoger el sentir del Congreso de

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los Diputados en su acuerdo de 31 de marzo. Interpretan que mantener la circular de 1978 es modificarla en su espíritu, en su letra de tal forma que lo que anteriormente permitía jubilarse anticipadamente sin ningún tipo de límites mínimos, en su real decreto-ley que hoy vemos en esta Cámara se establecen límites y además límites altos, porque la letra d) dice que al menos la cuarta parte de las cotizaciones totalizadas a lo largo de l a vida laboral de un trabajador se hayan tenido que efectuar en el régimen general de la Seguridad Social.
Esto es nuevo, no tiene nada que ver con la resolución de 1978.
También dice que a aquellos trabajadores que tengan más de treinta años cotizados les pediremos al menos cinco años de afiliación de su vida laboral al régimen general; lo que antes bastaba con un día para poder jubilarse anticipadamente, ahora se convierte en cinco años como mínimo.
No podemos estar de acuerdo con este decreto, señor ministro. Vulnera los derechos adquiridos por los trabajadores, derechos que han venido ejerciendo desde 1978 y que usted hoy trata de modificar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, vaya concluyendo.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, termino ahora mismo.
Decía que no podemos estar de acuerdo con este real decreto-ley y le vamos a pedir que sea tramitado como proyecto de ley para que al menos los grupos parlamentarios de esta Cámara puedan presentar textos alternativos, enmiendas o lo que crean convenientes y espero, para finalizar ministro, que usted y su grupo parlamentario no tengan inconveniente en que este real decreto-ley sea tramitado como proyecto para que tengamos un debate a lo largo del tiempo que dura su tramitación.
Nada más. Muchas gracias

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández.
En nombre del Grupo Socialista y también para utilizar un turno en contra de la convalidación, tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor p residente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, empezaré por agradecer al señor presidente accidental de la Cámara que haya rectificado su planteamiento del debate y nos permita hacer un turno como el que queríamos hacer, no sólo de fijación de posiciones sino dejar nítidamente sentado en esta tarde nuestra oposición firme, razonable, razonada a un decreto-ley que tiene aproximadamente las mismas razones para no ser convalidado que las que mantuvimos respecto a las resoluciones que están en el origen de esta norma.
Señorías, una vez más esta tarde, como está ocurriendo a lo largo de casi toda la legislatura, es una semana donde otro asunto más nos ocupa la atención, un asunto en el que los grupos de la oposición tratamos de frenar o atemperar una medida gubernamental que erosiona, que atenta contra elementos singulares sin duda pero importantes del sistema de protección social de nuestro país.
Pese a las enfáticas afirmaciones del Gobierno de que nuestra Seguridad Social está plenamente garantizada y de que todas y cada una de sus medidas están en el ámbito y en el espíritu del Pacto de Toledo, vemos que de manera sistemática, de una manera a veces incluso sibilina, como han sido las resoluciones que dan origen a este problema, sin publicidad se va erosionando, se van eliminando del marco protector cuestiones que pueden parecer irrelevantes a algunos de los que se acerquen a esta problemática, pero que sinceramente, señoras y señores diputados, son auténticos dramas personales para quienes sufren de esta incontinencia legislativa del Gobierno en temas que además no tiene legitimidad alguna para hablar del Pacto de Toledo puesto que no hemos sido consultados ninguno de los signatarios de dicho pacto, sino que más bien consta al Ministerio nuestra oposición radical a este tipo de medidas.
Esta semana le ha tocado el turno a un conjunto muy amplio de personas, más amplio del que ha dicho el señor ministro, que esperaban jubilarse anticipadamente y que a partir de esta norma tendrán que esperar cinco años a jubilarse, algunos serán menos, tres años, cuatro años, en todo caso colectivos que tenían preparada su vida, que posiblemente tenían circunstancias familiares o profesionales de difícil o de imposible continuidad y que ahora, de manera unilateral y rompiendo expectativas, rompiendo derechos que tienen más de veinte años de historia en la Seguridad Social española, se van a ver truncados con graves consecuencias para sus familias, para sus empresas y también para ellos mismos.
Los antecedentes ya han sido reflejados, hay dos circulares del Ministerio de Trabajo, de 14 de noviembre y de 5 de diciembre de 1997, por las que se ha eliminado la posibilidad de jubilarse anticipadamente a centenares de miles de personas que fueron emigrantes españoles en el exterior, a personas que hoy están en alta en regímenes de autónomos, de empleadas de hogar, del régimen especial agrario, pero que a su largo de su vida activa también cotizaron a las antiguas Mutualidades Laborales y que cuando el 1º de enero de 1967 el Estado español de aquel momento cambió las normas de la Seguridad Social, les hicieron la firme promesa de que mantendrían los derechos que tenían consolidados en los estatutos de sus mutualidades, de modo que en este mismo salón de sesiones, en esta misma casa, en esta misma Cámara, con otra legitimidad o sin esa legitimidad democrática pero con la continuidad lógica de un Estado que no puede tener paréntesis en su funcionamiento,

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se dijo a aquellos trabajadores que la edad de jubilación pasaba a los 65 años, pero que ellos mantendrían el derecho a jubilarse anticipadamente. Pues bien, hoy ese derecho se somete a condición, hay personas a las que ese derecho les he negado por consideraciones que paso a glosar a continuación.
Nosotros no estamos de acuerdo con las razones del señor ministro de Trabajo ni con los razonamientos del señor ministro de Trabajo. Desde luego esto se puede agrupar en dos grandes argumentos.
Dice el señor ministro, y también el preámbulo del decreto, que el pasado 31 de marzo en esta Cámara se a probó una moción, y que como consecuencia de esa moción se ha producido esta pieza legislativa.
Ya lo ha dicho algún otro portavoz y yo me sumo a sus mismas palabras, este real decreto-ley no solamente no se compadece con lo que aprobó esta Cámara sino que es radicalmente lo contrario de lo que aprobó la Cámara. La Cámara, como literalmente se dice en el «Diario de Sesiones» y consta en las actas de aquella sesión, insta al Gobierno en 31 de marzo a que mantenga la vigencia de las resoluciones de 9 de agosto de 1978 y en la circular de 26 de septiembre de 1978 y que suspenda la entrada en vigor de las resoluciones de 14 de noviembre y de 5 de diciembre de 1997. En resumidas cuentas, señorías, el Parlamento español dijo al Gobierno que volviera la situación a como estaba, a la situación preliminar a esas resoluciones de noviembre y diciembre de 1997, y que si era precisa, como parece que era necesaria una norma de rango legal, que produjera una norma de rango legal para mantener los derechos tal y como eran considerados en la historia de la Seguridad Social española.
El decreto-ley que consideramos esta tarde dice todo lo contrario. El decreto-ley elimina el derecho a aquellas personas que tenían los períodos de cualificación, que era un solo día de cotización a las antiguas mutualidades laborales, y las somete ahora a dos modelos de cualificación: o una cuarta parte de su vida laboral cotizando en el régimen general, o cinco años, si son más de 30 años los que tiene su carrera de seguro. Con los nuevos criterios de cualificación habrá un porcentaje muy elevado; conocemos algunos sectores donde más del 50 por 100 de las personas que esperaban jubilarse anticipadamente ya no podrán hacerlo. Nada tiene que ver la norma con esos criterios que ha dicho el señor ministro de Trabajo de reportarse a criterios de contributividad. La norma es caprichosa; la norma produce una escala en los días y años de cualificación verdaderamente paradójica. No es cierto, como ha dicho el señor ministro, que la norma favorezca las carreras largas de seguros frente a las carreras cortas. La norma dice que un trabajador con 15 años de cotización a lo largo de toda su vida laboral necesitará 1.350 días de cotización al régimen general, mientras que a un trabajador con 29 años de cotización se le exigirán 2.640 días de calificación. Se ha multiplicado por 2.000 el plazo de calificación y se ha hecho con unos criterios completamente erráticos donde nada tiene que ver la contributividad, nada tiene que ver el tiempo de permanencia en la cotización, sino que se establece una escala discontinua en virtud de la cual a los de carreras cortas de seguros se les exige menos tiempo de calificación que a los carreras medias y largas, y a los de carreras medias de seguros se les exige más tiempo de cotización que a los de las carreras largas, pero menos tiempo de cotización que a los de más de 30 años.
Verdaderamente va a ser un semillero de pleitos, no tiene pies ni cabeza la norma tal y como está, y haría bien el señor ministro, y me sumo a esa petición, de que esta norma se tramitara como proyecto de ley, por lo menos para poderla cambiar técnicamente, porque entre otras consideraciones creo que hay auténticas chapuzas en la manera de concebir las razones de las escalas de exigencia.
Señor ministro, no tiene usted ninguna razón, más bien lo contrario, está usted en las antípodas de lo que dijo la resolución del Congreso de los Diputados del pasado día 31 de marzo, acuda usted al «Diario de Sesiones», y verdaderamente se necesita una dosis enorme de cinismo para decir que esto tiene algo que ver con lo que aprobó el Parlamento aquella tarde; esto va en la dirección contraria de lo que aprobamos los diputados. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Carece S.S. también de razones, y no debería usted haber redactado un preámbulo donde dice que el real decreto-ley es la respuesta a las exigencias del Pacto de Toledo. Ustedes hacen referencia en múltiples ocasiones al Pacto de Toledo, pero nunca señalan en qué página, en qué párrafo, en qué capítulo. Yo he vuelto a leer esta tarde el Pacto de Toledo y no hay ni una sola referencia a esta cuestión, más bien al contrario, señor ministro, y algún diputado que va a seguir a continuacíón en el uso de la palabra fue conmigo ponente en aquellas resoluciones. Este asunto de las jubilaciones anticipadas fue objeto de debate en el Pacto de Toledo, y todos convinimos -usted ha dicho una verdad a medias, que es una manera de decir una gran mentira-, que la edad normal de jubilación en el sistema español fuera a los 65 años, pero convinimos que el régimen transitorio que estaba ya muy avanzado, quedaban muy pocos años para que los trabajadores por un solo día de cotización pudiesen acceder a la jubilación anticipada y mantuvimos ese derecho a la jubilación anticipada, Justamente de una manera implícita casi en el Pacto de Toledo, cuando se mandata al Gobierno a que mantenga el sistema de protección social en igualdad de condiciones a como lo recibieron en junio de 1996, usted señor ministro, estaba recibiendo un mandato firmado también por su grupo parlamentario, de no tocar ni un pelo los derechos de las jubilaciones anticipadas de los trabajadores que lo tenían en virtud del derecho transitorio y en virtud de la orden ministerial de enero de 1967. Usted señor ministro tiene toda la legitimidad, parece ser que tiene todos los votos en la Cámara para hacer de su capa un sayo,

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pero lo que no puede es argüir en su defensa el Pacto de Toledo, porque al igual que ocurre con la resolución del Congreso de los Diputados del mes de marzo, el Pacto de Toledo es exactamente lo contrario de lo que hace S.S.


El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, concluya, por favor.


El señor CERCAS ALONSO:Yo le advierto, y se lo digo en un tono mesurado, que ya son demasiadas veces las que su Ministerio, enarbolando la bandera del Pacto de Toledo hace lo contrario de lo que dice el Pacto de Toledo.
Esta tarde, señor ministro, es una y muy señalada, y como va a haber sectores enteros de la población que van a verse afectados por una norma que no tiene lógica, una norma que tiene un sentido puramente economicista de unos ahorros que no van a arreglar los problemas de la Seguridad Social sino que van justamente en una dirección más simbólica que real en las grandes cifras de la Seguridad Social pero que son tremendamente dañinos para personas y colectivos, nosotros vamos a votar en contra, y lo vamos a hacer, señor ministro, haciendo una clara y serena pero firme denuncia de un Gobierno que simultáneamente está erosionando las bases fiscales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, por favor, concluya.


El señor CERCAS ALONSO: No está allegando para la Seguridad Social los recursos necesarios, y semana a semana, día a día está limando derechos fundamentales. Por lo menos, señor ministro, con nuestro voto no lo va a hacer, más bien lo va a hacer con nuestra crítica, con nuestra oposición, y eso sí, señor ministro, le rogamos que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley porque hay soluciones alternativas, soluciones mejores, y no le preocupe a S.S.
que habrá enmiendas de fondo del Grupo Socialista sobre este decreto- ley y enmiendas particulares que podrán mejorar lo que es una terrible injusticia y una inmensa chapuza.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
El Grupo Parlamentario Popular desea consumir un turno a favor, a cuyos efectos tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que a nadie le extrañará que el Grupo Parlamentario Popular haga un turno a favor del Real Decreto que esta Cámara va a convalidar hoy.
Permítanme señorías que lo primero que haga, justamente por la propia esencia de ese turno a favor, sea valorar positivamente no sólo el contenido del real decreto, señor ministro, sino también el proceso que nos ha llevado hasta el mismo y que hoy discutimos en cuanto a su convalidación o derogación por parte del Pleno de esta Cámara. Lo valoramos positivamente porque desde el pasado 25 de marzo en que tuvimos ocasión de iniciar este debate que afecta a un derecho fundamental de muchos trabajadores como es el de poder jubilarse anticipadamente, hasta el día de hoy lo que ha hecho este Gobierno con la aprobación del real decreto y su presentación a la Cámara ha sido cumplir exactamente lo que fue el mandato del Parlamento, pero haciéndolo además, señorías, teniendo en cuenta algo que hasta ahora -y no me extraña que no se haya citado- debemos tener todos en cuenta, que es algo así como nuestro Tribunal Supremo.
No me ha extrañado que SS.SS. no hayan querido hablar del Tribunal Supremo, cuando en cambio hace apenas dos días en esta Cámara idénticos o distintos portavoces de sus grupos no hacían más que referirse, también en un debate de Seguridad Social, al contenido de sentencias del Tribunal Supremo que se debían adoptar sin lugar a dudas por parte de los grupos que tenemos representación en la misma. En dos días se han olvidado ustedes del Tribunal Supremo y de su doctrina en materia de Seguridad Social. Fíjense ustedes qué memoria y qué coherencia mantienen en los debates sobre Seguridad Social en esta cámara, ¡dos días, cuarenta y ocho horas, señorías! Lo cierto es que hoy quedan muy atrás afirmaciones que hemos tenido que soportar en esta Cámara, incluso en el pasado debate sobre el estado de la Nación cuando el portavoz del Grupo de Izquierda Unida -cambiaré el término que iba a utilizar, por usar uno más llano- solicitaba al Gobierno el cumplimiento de las mociones que se dictaban por parte de este Parlamento y en concreto justamente de est as mociones. Pues miren lo que ha tardado el Gobierno en traer, con una celeridad que no es normal, el cumplimiento de aquellas mociones que ustedes acusaban, desde luego de manera poco sistemática e inconsistentemente, de no cumplir a este Parlamento. Cuando usted encuentro en legislaturas anteriores un real decreto que llegue con mayor prontitud que del 31 de marzo al día de hoy en que lo estamos debatiendo en esta Cámara, entonces podrán hacer afirmaciones tan poco consistentes como las que realizaron en el pasado debate sobre el estado de la Nación, señores del Grupo de Izquierda Unida, acusaciones infundadas que me temo buscaban más exhibicionismos o protagonismos parlamentarios que desde luego conocimiento de la realidad y búsqueda de una solución a los problemas de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras.
Se trata aquí hoy, señorías, de hablar de la resolución de un problema; un problema que tienen las trabajadoras y trabajadores de este país justamente porque alguien anterior a este Gobierno no se atrevió a hacer las modificaciones legales necesarias, ni siquiera -aunque lo intentó y duró bien poco- una interpretación administrativa suficiente para que esta Cámara, y

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s obre todo los gobiernos, el anterior y éste, no estuvieran aplicando una norma en contra de lo que decía quien podía interpretarla, que es nuestro Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos dijo, señorías -y no entierren nuevamente a Montesquieu- que estábamos haciendo una aplicación errónea de la normativa vigente. El Tribunal Supremo interpretando la normativa vigente de Seguridad Social, a que ha hecho referencia el señor portavoz del Grupo Socialista, incluso con sorpresa defendiendo regímenes que muchos de nosotros tenemos ya prácticamente olvidados -a lo mejor porque no los hemos vivido con tanta intensidad como de SS.SS.-, decía que no amparaba los supuestos de hecho que las resoluciones y circulares a las que ha hecho referencia SS.SS. hacían ampliando el nivel de cobertura a un determinado grupo de trabajadores que no estaban amparados por la normativa general. El Tribunal Supremo en casación, en unificación de doctrina, es decir de aplicación al conjunto de relaciones entre administrados -en este caso trabajadoras y trabajadores- y la Administración, dijo bien claro que la interpretación y aplicación que debía hacerse y que se estaba haciendo chocaba frontalmente con lo que era la verdadera aplicación que por el Tribunal Supremo en sus sentencias se delimitaba. No lo han querido ni decir, pero esa es la tozuda realidad con que nos hemos encontrado en cada uno de los debates que hemos tenido sobre esta materia -y ya vamos por el tercero - en esta Cámara.
Por tanto, señorías, para resolver el problema teníamos que adecuar la teoría del Tribunal Supremo a una norma legal suficiente que permitiera no estar interpretando y aplicando la norma en contra de nuestro tribunal, porque eso no lo puede hacer ningún Gobierno, y permítame que se lo diga así. Un Gobierno no puede administrar las propias normas que tiene en contra del Tribunal Supremo. Sé que a alguien le gusta poco oír hablar del Tribunal Supremo, incluso les mueve a ciertos chascarrillos y a cierta sorna, pero no a nosotros.
Nos gusta que se cumpla lo que dictamina el Tribunal Supremo y que además se haga en lo términos que debe hacerse. Si no nos gusta lo que el Tribunal Supremo dice para interpretar una ley y su aplicación, entonces deberemos modificar la ley. Señorías, modificar la ley, justo lo que ha hecho este Gobierno, justo lo que ha intentado explicar el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque SS.SS. no han querido entenderlo. Si piensan un poco más en los intereses de nuestros trabajadores y un poco menos en sus deseos de exhibicionismo parlamentario, comprobarán que no podíamos mantener las resoluciones y las circulares en la forma que estaban, porque si hubiéramos hecho simplemente eso, aparte de insuficiente e inadecuado hubiéramos conseguido que todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el problema se podían encontrar el día de mañana con sentencias del Tribunal Supremo que les negaran justamente esos derechos. Eso es lo que buscaban ustedes, dejarles en las más absoluta inseguridad jurídicas e indefensión. Si se mantienen la resolución y la circular -que reitero se ha cansado el Tribunal Supremo de decirnos que no es así- cualquiera que acuda a los tribunales se va a encontrar con que su derecho subjetivo, reconocido administrativamente puede ser anulado por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, señorías, lo adecuado y suficiente es hacer lo que ha hecho el Gobierno: justamente reconocer por la vía legal un derecho como es el de la prejubilación para determinados trabajadores, y reconocerlo, señorías, con entidad jurídica suficiente, mediante el real decreto que hoy procederemos a convalidar, un real decreto que, además, podrá ser perfeccionado en esta Cámara si se tramita como proyecto de ley, y SS.SS. tendrán ocasión entonces, en ese real decreto y no manteniendo la vigencia de ningún tipo de resolución que no viene al caso, de mantener sus posturas y veremos cuáles son sus alternativas a estas posibilidades. Pero SS.SS. también parecen olvidar -aunque sí ha hecho referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- que desde el año 1978 hasta ahora los grupos parlamentarios nos pusimos de acuerdo y firmamos algo que denominamos el Pacto de Toledo, y que no podemos dictar normas que afecten a la Seguridad Social que no tengan en cuenta dichos pactos.
Me ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que le comuniquemos donde pone en los a cuerdos del Pacto de Toledo que justamente este real decreto se tenga que hacer así. Primer principio: contributividad y equidad, es decir, a igual cotización, igual pensión; que no estemos favoreciendo a personas que por haber cotizado un solo día antes de 1967 en las mutualidades de previsión social y posteriormente no haber estado afiliado nunca al régimen general, que es el que reconoce esta especialidad, nos encontremos con que luego tienen derecho a la misma pensión que tendrían los de ese régimen general, que es completamente distinto. Si eso no es aplicación del principio de contributividad y del principio de equidad, explíquenme SS.SS. cuál es, porque me parece que dista mucho de la interpretación de los principios del Pacto de Toledo. Pero es que también se ha acordado la jubilación no sólo a los 65 años, sino la flexibilización de la edad de jubilación, y con las posturas que ustedes están manteniendo hoy, estamos andando en contra.
Señorías, teníamos que interpretar la norma conforme al Pacto de Toledo, que, por cierto, también lo recogía la moción a la que estamos dando cumplimiento en este debate; teníamos que hacer un real decreto que tuviera en cuenta la aplicación de esos principios. No podíamos limitarnos a copiar prácticamente lo que era el contenido de las viejas resoluciones y circulares. Es una norma, además, que tenemos que valorar muy positivamente, ya que no causa perjuicio alguno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, concluya, por favor.


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El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
No digan a ninguna de las personas que pueden verse afectadas por esta norma lo que acaban de expresar aquí, porque lo que se ha hecho no ha sido para paralizar o para causar perjuicios a los expedientes que desde el 1 de abril de este año se habían presentado; se ha hecho justamente para lo contrario. No hagan demagogia, señorías. Se ha hecho para que no haya inseguridad jurídica, para que cuando se trajera esta norma a la Cámara se pudiera aplicar la misma a quienes estaban hasta entonces en un plano de indefensión y ahora están en el plano de la más absoluta de las seguridades jurídicas. Además, sin ningún tipo de perjuicio, porque ahora sí que están amparados por una norma de rango legal que les garantizará el acceso, cuando así sea, a la prejubilación o a la jubilación anticipada.


Por eso creemos que, frente a los intentos demagógicos de uso partidario electoralista que se hacen desde esta tribuna de los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras, hoy, con este real decreto que convalidaremos, demostramos que existe un Gobierno valiente, un Gobierno eficaz, un Gobierno responsable que afronta los problemas de nuestros trabajadores, que da celeridad en las soluciones a los mismos, que responde adecuadamente al Parlamento y, sobre todo, que tiene valentía en la toma de sus decisiones en favor de nuestros trabajadores y del mantenimiento de nuestro sistema de protección social.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps. ¿Algún otro grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muy brevemente, señor presidente, para expresar la opinión del Bloque Nacionalista Galego acerca del real decreto-ley que presenta el Gobierno para su convalidación, y que nosotros también creemos que debería tramitarse como proyecto de ley porque es manifiestamente mejorable, por decirlo de alguna manera.
Desde nuestro punto de vista, el real decreto-ley abre la posibilidad a que trabajadores afiliados a regímenes especiales que hayan cotizado a la mutualidad laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967, incluso en Estados extranjeros, puedan jubilarse anticipadamente a los 60 años, aunque en su régimen especial no se contemple esa posibilidad; por ejemplo, el régimen especial agrario o el de autónomos. Pero se ponen demasiadas limitaciones a dicho acceso, como es la establecida en el artículo 2.b), en el sentido de tener que acreditar la cuarta parte de las cotizaciones a un régimen que dé acceso a la jubilación anticipada, ocurriendo como ocurre en Galicia que la mayoría de las afiliaciones lo eran hasta hace poco al régimen especial agrario, con amplios períodos cotizados. Nosotros creemos que la única limitación debe ser la derivada de tener un período amplio de cotización, independientemente del régimen al que lo haya hecho el trabajador.
Por otro lado, en la disposición adicional única se excluye al régimen de clases pasivas de la jubilación anticipada si acreditan cotizaciones en una mutualidad laboral con anterioridad al 1 de enero 1967, lo que, pese a ser acorde con la recomendación décima del Pacto de Toledo, en la que se trata de incentivar la permanencia en el puesto de trabajo, sin embargo, desde el punto de vista de la creación de empleo en la Administración tiene un efecto negativo.
Sería recomendable que los trabajadores pertenecientes al régimen de clases pasivas, si cumplen con los requisitos que establece este real decreto, pudieran tener acceso también a la jubilación anticipada, teniendo en cuenta que se trata siempre de una solicitud voluntaria.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
El señor Gómez Rodríguez, de Coalición Canaria, tiene la palabra.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Con toda brevedad.
Coalición Canaria señala que toda iniciativa que redunde en una mejora del régimen de prestaciones sociales del Estado del bienestar será siempre apoyada por nuestro grupo. En este sentido, aplaudimos la celeridad con que el Gobierno ha acometido la aplicación de la moción que esta Cámara aprobó por mayoría el pasado 31 de marzo respecto de los criterios para el reconocimiento de la jubilación anticipada en determinados casos especiales, que no voy a enumerar.
Creemos que es justo que si una persona ha cotizado a varios regímenes del sistema de Seguridad Social, y habida cuenta que considerando de forma exclusiva las cotizaciones por separado no se tiene derecho a la pensión de jubilación, pueda realizarse una valoración conjunta de todos los regímenes y resolver el derecho a la pensión en aquel en el que se acredite el mayor número de años cotizados. Creemos, además, que si no se hubiera alcanzado la edad en ese régimen que se considera, es justo que pueda acreditarse ese requisito en cualquiera de los regímenes en los que se hubiera cotizado. Consideramos que es una buena medida que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, haya sabido plasmar todo esto en un decreto-ley.
Por otra parte, parece lógico que la garantía financiera del sistema público de pensiones exija que se acredite un número mínimo de cotizaciones, tal como hace la norma. Todo ello en el marco de los principios de contribución y proporcionalidad que se derivan del espíritu del Pacto de Toledo.


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En definitiva, señorías, votaremos a favor de la convalidación de este decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Vasco, el señor Zabalía tenía interés en intervenir también. Adelante.


El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, este real decreto-ley que presenta para su convalidación intenta dar respuesta a la moción aprobada por el Congreso de los Diputados con fecha 31 de marzo de este año, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas legales para mantener la vigencia de la resolución de la Dirección General de Prestaciones, según la cual, y de acuerdo con las instrucciones del extinguido servicio de mutualismo laboral, se extendió el beneficio de jubilación anticipada a los trabajadores que hubiesen cotizado al mutualismo laboral como trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967.
La moción instaba, asimismo, a suspender la entrada en vigor de la resolución de la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social de 14 de noviembre y 15 de diciembre de 1997, de forma que siguieran en vigor los criterios que desde hace veinte años se venían aplicando a colectivos que habían generado derechos adquiridos durante más de treinta años. El real decreto-ley intenta, además, dar seguridad jurídica a la interpretación del apartado 2 del artículo 9 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Sin embargo, aún estando de acuerdo con estos objetivos que establece la exposición de motivos del real decreto-ley, las reglas de aplicación que se establecen no cumplen en su totalidad con el mandato recogido en la moción que aprobamos por unanimidad en esta Cámara, puesto que los requisitos exigidos para devolver el derecho a la jubilación anticipada a los colectivos que la venían disfrutando hasta las resoluciones de la Dirección General de Prestaciones, que cambia el criterio, no se producen; en concreto, el apartado b) del punto 2 del artículo único de este real decreto-ley.
Por todo ello, mi grupo parlamentario, aún estando de acuerdo con la mayor parte del real decreto-ley, incluso con los objetivos, que yo creo que son, entre otros, como he dicho, dar seguridad jurídica a estas situaciones, entiende que hay algunos aspectos que no se han recogido de acuerdo con lo que fue la voluntad de los grupos parlamentarios que pusimos la moción en su momento. Por tanto, lo que consideramos oportuno en esta situación es que se tramite este real decreto- ley como proyecto de ley, y mi grupo parlamentario solicitará su aprobación para tramitarlo como tal proyecto de ley en esta Cámara, dando oportunidad a que todos los grupos podamos establecer las medidas que estimemos oportunas de acuerdo con el mandato de la moción que en su día aprobó el Congreso.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS i FERRET: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Mi grupo parlamentario va a convalidar este real decreto-ley, en primer lugar, porque cumple el mandato de esta Cámara, y lo digo con satisfacción toda vez que la moción aprobada se gestó a instancias de nuestro grupo parlamentario y hoy, transcurridos dos meses escasos, el Gobierno cumple lo que esta Cámara le manda, modificar, mediante una norma de rango legal, las condiciones por las que un ciudadano tiene derecho a jubilarse anticipadamente si en el momento en el que ejerce ese derecho está dado de alta del régimen especial de autónomos y con anterioridad a 1967 estuvo cotizando en algún régimen en el que tuviera derecho a jubilarse con anterioridad.
Señorías, el Partido Socialista ha expresado en el debate de esta Cámara, a través de su portavoz, su posición de grupo. Mi grupo la respeta, pero lo que no puede respetar son términos como que esto es una chapuza o que es una injusticia. Porque lo que sí resultó una injusticia fue suspender en noviembre de 1995 el derecho a la asimilación. Aquello sí fue una injusticia. ¿Cuántos miles de ciudadanos en España se encontraron negados del derecho de jubilación anticipada por haber tomado el Gobierno de entonces la decisión de no legitimarles el derecho de asimilación y no poder jubilarse anticipadamente? Al cabo de unos pocos meses se retrotrajeron en su decisión, se retrocedió. Insisto en que aquello sí fue una injusticia, pero no lo es cumplir el mandato de la Cámara y regular por una norma legal en qué circunstancias se puede ejercer este derecho; mi grupo no puede admitir que eso sea una chapuza, porque no es cierto.
Ahora bien, siendo como somos siempre respetuosos con el legítimo derecho de esta Cámara a debatir l os contenidos de las normas legales, no vamos a negarnos a su tramitación como proyecto de ley para que podamos discutir más a fondo los contenidos de esa norma.
Nos parece bien el texto del Gobierno; lo vamos a convalidar y vamos a apoyar los contenidos que propone, que pueden ser discutibles, pero a nuestro grupo, el 25 por 100 y cinco años de mínima con periodos superiores a 30 años le parece algo razonable, es menos de lo que hoy exige el Tribunal Supremo. Por tanto, el legislador es más favorable que lo que está interpretando la jurisprudencia en estos momentos y, por supuesto, señorías, es mucho más que no tener derecho a jubilarse anticipadamente, como se desprendía de las decisiones del año 1995.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Señorías, conforme al acuerdo de la Junta de Portavoces, la Presidencia reitera a la Cámara que el punto 49 -que figuraba en el IX del orden del día que estamos tramitando-, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar) en una sociedad anónima, se tramitará en el próximo Pleno al haberse superado las previsiones horarias establecidas para el desarrollo del orden del día. En consecuencia, producidas las votaciones de este real decreto-ley, levantaremos la sesión.
Vamos a proceder a la votación.
Adelante, señorías, ocupen sus escaños. Les pido presteza, no hay tiempo que perder. (Risas.) Ruego encarecidamente a quienes van llegando que ocupen rápidamente sus escaños, por favor.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/ 1998, de fecha 29 de mayo, por el que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos especiales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 155; en contra, 127; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real decreto-ley para el que se ha pedido su tramitación como proyecto de ley por dos grupos parlamentarios, lo que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno, cuyo orden del día concluye así y se levanta la sesión.
Buenas tardes.


Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.

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