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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 155, de 29/04/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 155

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 150

celebrada el miércoles, 29 de abril de 1998

ORDEN DEL DIA:

Preguntas (Página 8258)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos, con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática (número de expediente 172/000088) (Página 8279)

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno respecto a la política universitaria y la modificación del Título V de la Ley de Reforma Universitaria (número de expediente 172/000089) (Página 8287)

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración del Código de Derechos de los Desempleados (número de expediente 172/000090) (Página 8298)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 8258)

Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Sr. Presidente del Gobierno el tratamiento privilegiado que recientemente, en el aeropuerto de Barajas, y en relación a problemas de exceso de plazas vendidas, han recibido personas de su familia? (Número de expediente 180/001193) (Página 8258)

Del Diputado don José Ignacio Echaniz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo contribuye la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a reforzar la solidaridad? (Número de expediente 180/001202) (Página 8259)

Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué piensa hacer el Gobierno con el 1.500.000 personas que en España están excluidas y sin ningún tipo de protección social? (Número de expediente 180/001212) (Página 8260)

De la Diputada doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno la competitividad de la economía española? (Número de expediente 180/001194) (Página 8261)

Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la inversión de las empresas españolas en el extranjero? (Número de expediente 180/001203) (Página 8262)

Del Diputado don Adolfo González Revenga, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno incorporar a la Conferencia Sectorial de Educación a aquellas Comunidades Autónomas que así lo han solicitado? (Número de expediente 180/001200) (Página 8263)

De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿A qué se refiere el Gobierno cuando dice que el segundo semestre de este año se va a dedicar a la reforma de la Justicia? (Número de expediente 180/001198) (Página 8264)

De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo va a actuar el Gobierno ante los reiterados procesos y condenas por delitos de aborto? (Número de expediente 180/001199) (Página 8265)

Del Diputado don Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Cuál es el grado de utilización del catalán, lengua propia y oficial de Cataluña, en las campañas institucionales desarrolladas por su Ministerio a través de los diferentes medios de comunicación con difusión en Cataluña? (Número de expediente 180/001192) (Página 8266)

Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué participación ha tenido el Ministerio de Defensa en la planificación y desarrollo del Ejercicio «Strong Resolve 98»? (Número de expediente 180/001209) (Página 8267)

Del Diputado don Carlos Caballero Basáñez, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué número de agentes y mandos de la Guardia Civil y

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de la Policía Nacional estaba desplegado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz el 30 de diciembre de 1997 en comparación con el número desplegado el 30 de diciembre de 1991? (Número de expediente 180/001189) (Página 8268)

Del Diputado don Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Interior: ¿Cuál es el grado de utilización del catalán, lengua propia y oficial de Cataluña, en las campañas institucionales desarrolladas por su Ministerio a través de los diferentes medios de comunicación con difusión en Cataluña? (Número de expediente 180/001191) (Página 8269)

Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones prevé realizar el Gobierno en Galicia, en materia ferroviaria en el próximo quinquenio? (Número de expediente 180/001190) (Página 8270)

Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Sigue Vd.
pensando que la compra de Antena 3 Televisión por parte de Telefónica fue una operación comercial? (Número de expediente 180/001195) (Página 8272)

Del Diputado don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones tiene previstas la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, para lograr el incremento del presupuesto europeo dedicado a la reforma de la Organización Común de Mercado del vino? (Número de expediente 180/001201) (Página 8273)

Del Diputado don José Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno el actual marco profesional y contractual entre productores de remolacha y azucareras? (Número de expediente 180/001204) (Página 8274)

Del Diputado don Diego Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué avances ha conseguido el Gobierno en las negociaciones de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de olivia? (Número de expediente 180/001205) (Página 8275)

Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha dado instancia al Portavoz del Gobierno para que revele la identidad de las personas que se hacen cargo de su seguridad? (Número de expediente 180/001214) (Página 8276)

Del Diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha reconsiderado el Gobierno el Calendario Oficial de Fiestas y declarado el 6 de enero de 1998 día laboral? (Número de expediente 180/001197) (Página 8277)

Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué ayudas está prestando el Estado español a las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan directa o indirectamente en defensa de los derechos humanos? (Número de expediente 180/001206) (Página 8278)

Interpelaciones urgentes (Página 8279)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos, con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática (Página 8279)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alcaraz Ramos, que manifiesta que el simple hecho de presentar la interpelación demuestra la importancia que el grupo de Nueva Izquierda- Iniciativa per Catalunya concede

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a la cuestión del Sahara. Añade que aunque se puede considerar como una interpelación sobre política internacional --algo no habitual en la presentación de interpelaciones-- también se podría considerar como una cuestión interna por el papel de España como potencia colonizadora --papel que recordaba el Tribunal de la Haya--, por los compromisos internacionales que ello suponía y por las obligaciones morales y políticas concretas que hacen que España no pueda estar ausente en el actual proceso o en cualquier acontecimiento que afecte a aquel territorio y a sus gentes. Además, añade, no se puede olvidar la simpatía y solidaridad que demuestra el pueblo español ante la situación del pueblo saharaui.
A continuación se refiere a la proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios y aprobada definitivamente en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 22 de diciembre de 1997. Expone que en el tiempo transcurrido se han podido apreciar en la actuación del Gobierno notables omisiones, faltas de compromiso activo y decisiones contradictorias con el espíritu y con la letra de la mencionada proposición no de ley, situación que pasa a explicar detalladamente.
Resalta entre los incumplimientos de la proposición no de ley el cese de las ayudas a las ONG, que va a suponer de hecho la quiebra de proyectos muy importantes.
Considera sospechosos los silencios del Gobierno que, según opinión de su grupo, intenta pasar de puntillas y sin molestar sobre el proceso, actuando sólo y en todo caso en el nivel de las buenas intenciones y conforme con las resoluciones de Naciones Unidas, pero sin relación directa y efectiva con el pueblo saharaui. Solicita del señor ministro que disipe las muchas dudas y preguntas que quedan en el aire sobre la reunión que mantuvo recientemente con las autoridades marroquíes, y reitera el deseo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya de seguir manteniendo el consenso social que presidió la aprobación de la proposición no de ley.
En nombre del Gobierno, contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Manifiesta que la política española sobre el contencioso del Sahara occidental parte de la premisa de que se está ante un problema derivado de la descolonización, que sólo se resolverá cuando el pueblo saharaui pueda decidir su destino en un referéndum libre, justo y con las debidas garantías internacionales. Añade que para que esto pueda conseguirse no hay otra vía que la del plan de arreglo de las Naciones Unidas y las diversas resoluciones y textos que lo desarrollan, incluidos los acuerdos de Houston, y que ni en los acuerdos de Houston ni en el plan de arreglo se contempla un papel específico para España en ninguna de las fases de su aplicación, siendo Mauritania y Argelia los países reconocidos como observadores. Aclara que este fue el motivo de su conversación con las autoridades marroquíes en la reunión de alto nivel que tuvo lugar el domingo y el lunes pasados y reconoce, no obstante, que las circunstancias históricas sitúan a España en una situación diferente a la del resto de los países, afirmando que el Gobierno tiene muy presente la delicadeza que reviste todo el proceso, así como la carga emocional existente en la sociedad española sobre todo lo relativo al Sahara.
A continuación contesta a las preguntas concretas sobre los incumplimientos de la proposición no de ley aprobada el 22 de diciembre de 1997 por la Comisión de Asuntos Exteriores, y termina su intervención manifestando que la política del Gobierno respecto al contencioso no persigue otro objetivo que hacer posible y viable que el plan de arreglo llegue a su culminación, tarea en la que se están concentrando cuantiosos fondos presupuestarios, con el fin de que el pueblo saharaui pueda pronunciarse sin más demoras y de un modo libre y exento de coacciones sobre su futuro.
En turno de réplica interviene el señor Alcaraz Ramos, duplicando el señor ministro de Asuntos Exteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Garcia-Santesmases Martín-Tesorero, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Pulgar Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno interviene el señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno respecto a la política universitaria y la modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria (Página 8287)

Presenta la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso la señora Palma i Muñoz. Comienza su intervención mostrando su sorpresa ante el hecho de que sea el ministro de Administraciones Públicas quien conteste a una interpelación sobre la política universitaria, aunque no duda de su capacidad para hacerlo, y muestra asimismo su disgusto por la falta de atención de la señora ministra de Educación y Cultura.


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Entrando en el fondo de la interpelación, destaca como asignaturas pendientes de la señora ministra la modificación de los planes de estudio, la reforma del profesorado, la reforma de la selectividad, la autonomía universitaria, la reforma del tercer ciclo y unas cuantas cosas más hasta completar una larga lista. Añade que plantean su interpelación porque después de dos años no se ha podido constatar la existencia de propuestas concretas que apuntaran claramente cuál era la orientación del Partido Popular en materia de política universitaria.
A continuación hace una exposición de lo que fue la Ley de Reforma Universitaria en los últimos quince años de gobiernos socialistas y plantea una serie de preguntas sobre los problemas que todavía están sin resolver, destacando el de la financiación.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En primer lugar explica que la ministra de Educación y Cultura no puede acudir hoy al Pleno por tener que acompañar a Su Majestad el Rey, pasando a continuación a contestar a las preguntas concretas sobre los nuevos planes de estudio, los déficit de financiación y la situación del profesorado, dejando a un lado los elogios sobre la Ley de Reforma Universitaria del Gobierno socialista.
Asegura que el Gobierno tiene la firme voluntad de abordar la reforma del título V de la Ley de Reforma Universitaria, para lo que se acordó el 6 de septiembre del año 1997, por la ministra de Educación y Cultura y el presidente de la Conferencia de Rectores, la constitución de un grupo de trabajo que, presidido por una personalidad independiente, iniciase las líneas generales de la reforma. El Ministerio de Educación y Cultura, recogiendo las conclusiones y el planteamiento del Gobierno, elaboró un borrador de anteproyecto de ley modificativa del título V de la Ley de Reforma Universitaria, que pasa a explicar. Asimismo se refiere al real decreto-ley, que se aprobará seguramente mañana jueves, por el que se modifica el Real Decreto-ley 1497/1987, de 27 de noviembre, de directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios oficiales, que viene a corregir las disfunciones detectadas en los actuales planes de estudio y que ha sido objeto de la mayor preocupación del Gobierno y del Consejo de Universidades.
Replica la señora Palma i Muñoz, duplicando el señor ministro de Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alcaraz Ramos y la señora Lasagabaster Olazabal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración del código de derechos de los desempleados (Página 8298)

Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta que no quiere hablar del paro como una variable económica sino transmitir al ministro y a la Cámara la realidad social de los parados como personas que están sometidas a la angustia de no encontrar solución a sus problemas. Recuerda el artículo 40.1 de la Constitución y el cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la Declaración de los Derechos Humanos para así convencer a SS. SS. de la responsabilidad que tienen los poderes públicos y sobre todo ellos, representantes democráticamente elegidos, para con los ciudadanos y ciudadanas en paro. Explica que las constituciones de nuestro entorno consagran el libre mercado como marco económico sobre la base de poner en equilibrio los valores del mercado y la libertad con los otros valores de la planificación de los esfuerzos, la redistribución y la protección social, equilibrio que se ha roto al apostar por el concepto dogmático de libre competencia, primando el control de la inflación, la reducción del déficit público y la convergencia monetaria.
Finalmente propone reconstruir Estado del bienestar sobre dos pilares: de un lado, la legislación para los trabajadores en cuanto tales y, de otro, la legislación o código de derechos de los desempleados.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Agradece en primer lugar la iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de plantear un debate sobre la situación de los desempleados, porque de todos los debates se saca alguna conclusión positiva, y afirma que la primera preocupación de todos es la generación de empleo. Por otra parte, manifiesta que los derechos de los desempleados se podrían resumir en uno, que es el derecho al empleo, y a él van encaminados todos los esfuerzos del Gobierno, lo que no es en absoluto incompatible con los sistemas de protección social y, en particular, con los sistemas de protección para el desempleo. Afirma tajantemente que no se puede citar ni un solo ejemplo en que la política del Gobierno haya lesionado los derechos de un solo desempleado en España y que si se analiza en su conjunto el sistema

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de protección social, ya sea en el ámbito contributivo o en el no contributivo, ya sea en las acciones de las comunidades autónomas, ya sea en los planteamientos de salario social o en los incrementos espectaculares en políticas activas, se encontrarán siempre medidas en favor de los desempleados. No está en absoluto de acuerdo con algunas de las afirmaciones del señor Vaquero, pasando a refutarlas. Termina su intervención diciendo que no comparte la filosofía del código de derechos de los desempleados, porque considera que lo que hay que intentar por todos los medios es que se esté en el desempleo el menor tiempo posible, y no convertirlo en una situación estática.
En turno de réplica interviene el señor Vaquero del Pozo, duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL TRATAMIENTO PRIVILEGIADO QUE RECIENTEMENTE, EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS, Y EN RELACION A PROBLEMAS DE EXCESO DE PLAZAS VENDIDAS, HAN RECIBIDO PERSONAS DE SU FAMILIA? (Número de expediente 180/001193)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 13, que formula al Gobierno el diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
Señor Hernández Moltó. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias.
Buenas tardes, señor presidente. Hace tan solo unos días saltaba a los medios de comunicación una noticia que tenía que ver con miembros de su familia. Créame que no es cómodo hacer este tipo de preguntas, lo que pasa es que no hablamos de temas familiares, son políticos. Vaya de antemano mi profundo respeto por todos los miembros de su familia. En cualquier caso, es obligada la pregunta para conocer cuál es su opinión respecto al trato privilegiado que usted y yo sabemos tuvo su hija, el pasado miércoles, en el aeropuerto de Barajas. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Ningún miembro de mi familia ha tenido ningún tratamiento privilegiado ni en Barajas ni en ningún otro sitio. Afirmar o dar cobertura a lo contrario es, en el mejor de los casos, una mentira y, en el peor, es sencillamente una injuria o una vileza. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo la pasión en la respuesta a esta pregunta, pero mire, señor presidente, toda España sabe que eso fue así. En cualquier caso, le tengo que decir una cosa. Los miembros de la familia del Gobierno, sin duda alguna, tienen el derecho a reclamar ante la Administración y en este caso el derecho a hacer lo que, por otra parte, hace toda España: hablar de lo pésimamente que funciona Iberia; pero también tienen una obligación: la de negarse a recibir tratos de favor y de privilegio.
Señor Aznar, el funcionario responsable o pelota de turno de Iberia que quisiera haberle hecho a usted un favor, la semana pasada, le ha colocado en una situación comprometida y difícil porque, a partir de ahora, los miles de ciudadanos que tengan problemas similares a los que tuvieron las personas afectadas si no reciben el mismo trato, es decir, en 30 minutos tener solucionado ese problema, se sentirán discriminados, se sentirán agraviados y empezarán a percibir algo que, por otra parte, empieza a ser habitual en España: tendrán la sensación de que aquí ni todos son iguales ni tienen los mismos derechos. Ese no es un problema de su familia; es un problema de usted y de su Gobierno. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, yo vengo aquí todos los miércoles y SS. SS. pueden preguntarme sobre cualquier aspecto de mi gestión política con toda tranquilidad,

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pero renunciar a ello y dedicarse a amparar o dar cobertura a afirmaciones injuriosas o caer directamente en afirmaciones que pueden conducir o que son representaciones de vileza les debe preocupar mucho a ustedes, porque esas pueden ser actitudes propias de un partido radical insolvente o que necesita llamar la atención, pero no parecen actitudes propias de un partido que lleva a las espaldas al menos 14 años de Gobierno. Y yo le quiero decir, señoría, que espero que eso no sea también consecuencia de procesos políticos internos en los que ustedes están. (Rumores.) Se lo digo sinceramente, se lo digo sinceramente, porque yo...


El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Se lo digo sinceramente porque yo soy de los que cree que no hace falta caer en la bajeza para hacer política. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.


--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO ECHANIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO CONTRIBUYE LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS A REFORZAR LA SOLIDARIDAD? (Número de expediente 180/001202)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Popular.
Señor Echániz.


El señor ECHANIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, el diseño y puesta en marcha de una nueva política económica desde su investidura ha dado lugar a un claro cambio de rumbo en nuestro país que ha permitido una más que exitosa incorporación a la Unión Monetaria Europea; un cambio de rumbo basado esencialmente en la disciplina presupuestaria, en las reformas liberalizadoras de los mercados y en el respaldo a la economía productiva en los aspectos financieros, laborales y tributarios y que ha dado, además, resultados que en este momento nadie pone en duda y que están permitiendo consolidar y mejorar nuestra sociedad del bienestar. En este sentido, la bajada de los impuestos en la reforma del IRPF, que entrará en vigor a partir del próximo 1º de enero, es un hecho sin precedentes en nuestro país porque afecta a más de 30 millones de españoles que tienen en estos momentos un IRPF que es ineficiente, que es alto, que es injusto y que es retrógrado. Por ese motivo esta bajada, señor presidente del Gobierno, es una buena noticia para todos los ciudadanos españoles.
España necesita en estos momentos un impuesto más simple, un impuesto más fácil, un impuesto más equitativo que disminuya la presión fiscal sobre los trabajadores, sobre las familias y sobre los pensionistas; un impuesto que persiga el fraude, un impuesto que ayude, que contribuya a crear empleo; un impuesto, en definitiva, que incremente la confianza de los españoles en el futuro. Por ese motivo, señor presidente del Gobierno, ¿cómo contribuye el nuevo IRPF a mejorar la solidaridad en nuestro país? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor diputado, el Gobierno siempre pensó que los españoles pagan impuestos altos, impuestos elevados, y ha tenido el objetivo de reducirlos diciendo siempre que lo acompasaría al control y a la reducción del déficit público como uno de los objetivos de nuestra política económica. Eso es lo que dijimos a la sociedad española y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hemos controlado y reducido de una manera sustancial, profunda, el déficit público y hemos presentado un proyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta en virtud del cual los ciudadanos españoles, todos, van a pagar menos impuestos. Le quiero decir que la reforma va a beneficiar fundamentalmente a los contribuyentes que tienen la rentas más bajas, a los que tienen mayores obligaciones familiares y a los que viven de su trabajo o de su pensión. Y yo creo que esa es una adecuada política de solidaridad.
Desde el primero de enero del año próximo, más de 1.500.000 de contribuyentes de rentas bajas, de los cuales 500.000 son pensionistas, no pagarán Impuesto sobre la Renta. Las familias españolas pagarán exclusivamente por su renta disponible, es decir, después de descontar los gastos de alimentación, vestido, vivienda, sanidad y educación. Los trabajadores y pensionistas tendrán una deducción específica que será tanto más amplia cuanto menor sea la percepción de su renta o la percepción de su pensión. Es decir que, al final, las rentas más bajas aportarán globalmente menos al Impuesto sobre la Renta, a diferencia de lo que ocurre ahora. Ya sé que esto no lo comparten todos, pero esa es nuestra política y es la política, por cierto, que desea desarrollar la inmensa mayoría de los países europeos en este momento; una política que tiende a disminuir la presión fiscal, que hace que los asalariados paguen menos impuestos, como va a ocurrir a partir del primero de enero próximo en nuestro país. Hay quien puede hacer otras propuestas que significan subir

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los impuestos. Nos parece un camino equivocado. El nuestro es bajarlos.
(Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE PIENSA HACER EL GOBIERNO CON EL 1.500.000 PERSONAS QUE EN ESPAÑA ESTAN EXCLUIDAS Y SIN NINGUN TIPO DE PROTECCION SOCIAL? (Número de expediente 180/001212)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Con el corazón en luto por Doñana le hago la siguiente pregunta: ¿Qué piensa hacer el Gobierno con el millón y medio de personas que en España están excluidas y sin ningún tipo de protección social?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor diputado, no es cierto que en España haya un millón y medio de personas que no tienen protección social.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Creía, señor presidente, que sería más locuaz.
Estamos en primero de mayo y es momento de poner en orden, al día, el bagaje de cada uno de nosotros, lo que represente cada uno de nosotros.
Nosotros intentamos representar a trabajadores en paro que hoy se han encerrado en un banco, a las luchas que están desarrollando los trabajadores de Correos, a las movilizaciones de los trabajadores de la construcción por sus derechos, e incluso más allá de todo esto, porque es un día de carácter internacional, a esos trabajadores de Colombia que, fruto de este gran invento que es el neoliberalismo, se tienen que clavar con clavos en una cruz para poder tener acceso a una vida decente.
Vamos a hacer un balance de hechos positivos y negativos. En los hechos negativos está la propaganda: España va bien. Es verdad que va bien. En 1997 más de un 20 por ciento más de beneficios en el conjunto de las empresas y bancos españoles; grandes plusvalías en Bolsa; hemos entrado bien en Maastricht. En la segunda parte, datos concretos: desempleo, el más alto de Europa; larga duración de este desempleo en 1997, 1.800.000 trabajadores con más de un año, 1.200.000 trabajadores con más de dos años; los jóvenes en España están afectados en un 40 por ciento, jóvenes entre los 16 y los 25 años en Europa, el 30 por ciento; precariedad tres veces más que en Europa; más del 60 por ciento de parados no reciben ninguna ayuda económica y sólo el 16 por ciento del conjunto de los parados recibe una prestación contributiva. Esta situación, señor presidente del Gobierno, que es lo que nos interesa a nosotros remarcar, señalar y denunciar, crea sufrimiento, degradación humana, enfermedades de todo tipo.
Señor Aznar, ante el primero de mayo debo decirle que la sensibilidad social no se expresa con ditirambos triunfalistas sino con políticas sociales concretas que afecten positivamente al conjunto de los problemas denunciados. Ustedes, a nuestro entender, van en un sentido contrario, aunque les parezca que no es así. Desde Izquierda Unida defenderemos otra política aquí y en la sociedad. Y ganaremos, señor Aznar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, las preguntas se pueden argumentar naturalmente como a uno le parezca y como se quiera, pero realmente yo creo que no hay ningún país en el mundo, ni España, que pueda soportar la hecatombe que usted ha descrito; absolutamente ninguno, es imposible, ni España ni ningún país del mundo.
Usted me dice, señoría, que hay un millón y medio de españoles que no reciben protección social; yo le digo que no es verdad y que hay que demostrarlo. Hay prestaciones universales en nuestro país, como es la de la sanidad, como son las prestaciones asistenciales por vejez o por invalidez, como es la prestación por hijo. Por tanto, eso que usted dice sencillamente no es verdad. Además, señoría, a la hora de argumentar las cosas hay que establecer que el concepto de protección social que usted hace en su pregunta es extraordinariamente amplio. En España el Estado, el Gobierno, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y multitud de organizaciones sociales se gastan decenas de miles de millones de pesetas en combatir la exclusión social y en protección social.
Luego hay que decir otro factor que es muy importante, que usted ha omitido en la hecatombe que ha descrito, y es que la política de inclusión social más importante es generar empleo en una sociedad. Es la manera más activa y más eficaz de combatir la exclusión social. Y eso que determina la generación de empleo

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es determinar el progreso de una sociedad. No deberíamos avergonzarnos los ciudadanos españoles en este momento ni de que nuestro país cree empleo, ni de que nuestro país tenga unos niveles de protección social razonable. Eso no quiere decir que no existan problemas sociales. Quiere decir que tenemos razones para seguir trabajando, pero no razones para seguir complaciéndonos en ninguna hecatombe, por bien que haya sido descrita.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTXA MENDIZABAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/001194)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno la diputada doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Señora Mendizabal.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rato, ¿qué opinión le merece a usted la competitividad de la economía española?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señora diputada.
La pregunta es muy amplia, pero quisiera decirle que si la medimos en términos de nuestra presencia en los mercados internacionales y en el aumento de nuestras exportaciones creo que es buena; si la medimos en términos de nuestro diferencial de inflación con los países de la OCDE, también. Si S. S. me quiere indicar que en este momento y a partir del primero de enero, con la entrada en el euro, hemos de esforzarnos por aumentar nuestra competitividad, S. S. también tiene toda la razón.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Ruego a los servicios de megafonía que procuren elevar el volumen porque es difícil escuchar en todo el hemiciclo, al menos, las respuestas.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, en el último informe de competitividad que ha presentado el Instituto para el desarrollo de la gestión de Lausana, en el ranking de competitividad mundial España está en el puesto número 27, es decir que ha perdido dos puestos respecto al año pasado. Estamos bastante hartos de oír la positiva evolución de los indicadores macros de la economía española, pero ¿por qué ocurre esto, qué pasa? Esto es relativo, quiere decir que hay otros países que evolucionan de mejor manera de lo que evoluciona la competitividad de la economía española, y no sólo los países con moneda única, como es el caso de los países europeos, sino incluso Singapur, Israel, Malasia, China y Chile. Pero lo más preocupante para España, señor vicepresidente, se encuentra cuando se hace el análisis de los ocho apartados del informe que presenta este instituto.
Resulta que en lo que afecta de manera directa a la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país es donde evolucionamos de peor manera. Qué casualidad, en todo aquello que se refiere a la educación, a la sanidad, a la calidad de vida, a la población activa, al desempleo juvenil, perdemos un puesto. En todo aquello que afecta a la ciencia y la tecnología, que es lo que posibilita la innovación de futuro, perdemos tres puntos. Y en todo aquello que afecta a las infraestructuras resulta que hemos bajado cuatro puestos. ¿Qué pasa en España, que no se hace ya nada? ¿No se hace ninguna obra, no hay infraestructuras? ¿En una fase de recuperación vamos a generar un déficit de infraestructuras? Señor vicepresidente, pan para hoy y hambre para mañana.
En definitiva, su política es --como ya tenemos todos claro-- una política de esloganes: España va bien, la bonanza económica. Pero España va bien ¿para qué y para quiénes? Porque realmente lo que sí se aprecia en este informe es que las finanzas van bien, muy bien, un 20 por ciento más de beneficios, señor vicepresidente. (Aplausos.) Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias señora diputada.
En el debate que S. S. plantea probablemente no es bueno que utilice cierto tipo de informes que, como decía mi antecesor en el cargo, suponen que Malasia tenga una calidad de vida superior a Dinamarca o que las mejores oportunidades de acceso de la mujer al mundo laboral se encuentren en Turquía y en Egipto. (Aplausos.) Señoría, el tema de la competitividad es siempre un flanco en el que un gobierno tiene que responder, pero

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ese informe que usted ha leído no es precisamente el mejor para hacer esta pregunta. También yo puedo añadirle que tiene mejor valoración el Gobierno indonesio que el de Alemania, Francia, Italia o Suecia, y precisamente en este momento me reconocerá S. S. que es una afirmación muy valiente que yo no recomiendo a S. S. que haga.
¿Qué está sucediendo con la competitividad de nuestro país? Puede usted comprobar que nuestras exportaciones --no del Gobierno, las de nuestras empresas-- han crecido cinco puntos por encima del comercio mundial en el año 1997; que el superávit por cuenta corriente en el año 1997 ha sido un 70 por ciento superior al de 1996, que ya fue un 60 por ciento superior al anterior; que el grado de apertura de nuestra economía ha aumentado en casi ocho puntos el producto interior bruto en los dos últimos años, y que las inversiones de las empresas españolas en el exterior se sitúan a niveles relativos como el caso de Japón. Pero si le interesan datos más concretos, puede comprobar cómo los precios de nuestros productos, en moneda nacional, a precios relativos del consumo, han pasado del 2 por ciento en 1995 al 0,1 en 1997 y los precios relativos de producción del 3,1 en 1995 al 0,4 en 1997; y si quiere verlo en términos reales, en 1997 han caído 4,4 puntos y 4,2 en 1996. Por tanto, señoría, nuestra competitividad va mejor. Su señoría puede hacerme preguntas pidiéndome que vaya todavía mejor, pero no con ese informe. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCION DE LA INVERSION DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO? (Número de expediente 180/001203)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno al diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Popular.
Señor Gómez Darmendrail.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que nuestro sector exterior está consiguiendo unos resultados más que notables, aunque algunos no lo quieran reconocer. A ello ha contribuido, sin duda, el hecho de que la inflación se haya situado en niveles históricamente bajos, al igual que los tipos de interés. Hoy, señorías, la inflación ya no es un problema para la competitividad. Hay que destacar también el crecimiento moderado de los precios de nuestras exportaciones que por término medio, en el conjunto del año, se han situado casi dos puntos por debajo de la media de las importaciones. Pero es que además estamos en una situación desconocida, señorías. Hoy gastamos menos que ingresamos. Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que la buena evolución de la inflación, los tipos de interés y el déficit público son factores decisivos a la hora de explicar nuestra posición, cada vez más competitiva en los mercados internacionales. Hasta tal punto esto es así que las exportaciones han crecido cinco puntos por encima del comercio mundial, como acaba de decir el vicepresidente del Gobierno.
Podríamos dar más datos de este ejercicio, que pasa por ser el mejor de los últimos años en materia económica, pero conviene no dejar pasar por alto la tendencia marcada por nuestras inversiones en el exterior.
Porque, señorías, finalizando el siglo XX, el proceso de globalización es un hecho que afecta a todos y del que España no puede quedar al margen.
En un mundo en que cada vez es mayor la interrelación de los países, en el que aumenta el número de mercados y hay cada vez mayor número de posibles competidores, se hace necesaria la presencia de nuestras empresas en el exterior, con el fin de asegurar y mejorar nuestra cuota en los mercados internacionales.
En mi grupo, señor vicepresidente, quisiéramos saber si las medidas adoptadas por la Administración a favor de la internacionalización de la empresa han dado sus frutos. Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la inversión de las empresas españolas en el extranjero? Y si me permite un breve apunte, señor vicepresidente, también quisiera saber la evolución de las inversiones canalizadas a través de los paraísos fiscales.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracia, señor presidente; gracias, señor diputado.
En efecto, España, como he dicho antes, se ha transformado en un país que tiene una presencia en los mercados internacionales cada vez más importante. No sólo desde el punto de vista de nuestras exportaciones, que crecen cinco puntos por encima del comercio mundial, lo cual quiere decir que estamos ganando cuota de mercado, sino que nuestras empresas tienen cada vez una presencia más importante desde el punto de vista de inversores en otros mercados. En ese sentido, tanto si estamos contemplando datos de la balanza

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de pagos elaborada por el Banco de España, hablando de un crecimiento de un 131 por ciento en el año 1997 sobre 1996, o si hablamos de los proyectos verificados en el año 1997, que crecen un 57 por ciento sobre los del año 1996, España está ya situándose, en términos de presencia en mercados exteriores, al mismo nivel, en términos relativos, como es natural, de países que tienen una presencia internacional tan importante como el Japón.
En primer lugar quisiera destacar, en el tiempo que tenemos, que hay una nueva distribución geográfica y sectorial. La presencia de España no sólo está centrada en la Unión Europea, sino que se está canalizando a otros mercados en desarrollo, principalmente a Latinoamérica, donde tenemos papeles extraordinariamente predominantes. También, además del protagonismo tradicional del sector financiero español en la presencia internacional, estamos viendo cada vez más la aparición de empresas industriales, energéticas, de telecomunicaciones y también medianas empresas industriales que juegan un papel creciente de inversores extranjeros. También existe una clara estrategia internacional por parte de las empresas que optan por un proceso de internacionalización a través de inversiones en el exterior. Y esta internacionalización de nuestras empresas ha sido claramente un objetivo del Gobierno del Partido Popular.
Tomamos medidas fiscales en junio del año 1996, a las que me referiré en un momento, elaboramos un Plan 2000 para la exportación y hemos creado tres fondos de garantía y de inversión en el exterior que nos sitúan en el mismo nivel que los países más avanzados en este sentido. Desde luego, las modificaciones tributarias que se introdujeron tanto en junio del año 1996 como en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado incentivaban la situación de igualdad de competencia de nuestras empresas y, como S. S. ha comentado, eso ha permitido que la inversión en paraísos fiscales haya caído del 45 por ciento del total en el año 1995 al 4 por ciento del total en el año 1997, lo cual demuestra que cuando se diseñan impuestos razonables la Hacienda pública sale ganando.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.


--DEL DIPUTADO DON ADOLFO GONZALEZ REVENGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INCORPORAR A LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACION A AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE ASI LO HAN SOLICITADO? (Número de expediente 180/001200) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno el diputado del Grupo Socialista, don Adolfo González Revenga.
Señor González Revenga.


El señor GONZALEZ REVENGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Ley sobre el proceso administrativo, de 1983, previó que, a fin de asegurar la necesaria coherencia de actuación y la imprescindible coordinación de los poderes públicos, se deben reunir de forma periódica las conferencias sectoriales de los consejeros de las distintas comunidades autónomas y los ministros del ramo con el fin de intercambiar puntos en común sobre los problemas de cada sector y para plantear acciones para resolver estos problemas. En términos análogos se pronuncia también la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de 1992, regulando las conferencias sectoriales como órganos de coordinación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para asegurar la coherencia de actuación entre las administraciones públicas.
Señora ministra, la competencia para convocar la comisión sectorial de educación le corresponde a usted y, aunque es habitual que sólo sean convocados a sus reuniones aquellos consejeros de comunidades autónomas con transferencias plenas, sin embargo, en repetidas ocasiones, distintas comunidades autónomas han solicitado a su Ministerio ser convocados a la reunión de la comisión sectorial de educación, dada la importancia de los temas que en ellos se tratan y en base a su próxima asunción de traspasos en materia educativa.
Señora ministra, por todo lo dicho, le formulo la siguiente pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno incorporar a la conferencia sectorial de educación a aquellas comunidades autónomas que así se lo han solicitado?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Revenga.
Señora ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno, en efecto, tiene previsto incorporar a la conferencia sectorial de educación a las comunidades autónomas que aún no tienen las transferencias plenas en el momento en que las asuman, de la misma forma que se ha hecho en ocasiones anteriores.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor González Revenga.


El señor GONZALEZ REVENGA: Señora ministra, su respuesta no me es nada satisfactoria porque denota

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un talante poco constructivo y creo que las cosas han cambiado mucho.
Comunidades autónomas que por su estatuto tienen transferencias, aunque no tengan los traspasos todavía, y solicitan su incorporación a esa comisión sectorial, no parece razonable que desde el Ministerio no se oiga su voz, esas ganas de participación, de estar allí donde se debaten esos temas. Su talante lo que indica es que lo que está pretendiendo el Ministerio es aplazar sine die esas transferencias en materia educativa y dar de lado a esas comunidades que así lo solicitan. Así pues, señora ministra, replantee su posición y admita en esa comisión sectorial a las comunidades autónomas que así lo han solicitado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Revenga.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tengo que decirle que el Gobierno mantiene de forma permanente una comunicación fluida con todas las comunidades autónomas, con independencia de que tengan o no plenamente asumidos los traspasos en materia de educación. El Gobierno mantiene continuamente el diálogo con todas ellas sobre materias que afectan a los traspasos y sobre otras materias generales de educación. Su pregunta, señoría, la verdad es que me ha sorprendido porque nunca había pensado que su partido se propusiera incorporar a las comunidades sin competencias educativas a la conferencia sectorial. No lo hicieron en el año 1986, cuando se constituyó la conferencia, a la que se citó al País Vasco, a Cataluña, a Canarias, a Andalucía, a Galicia y a Valencia, pero no se citó a Navarra, que entonces no tenía asumidas las competencias --se la citó en el momento en que se le efectuaron los traspasos-- y, por supuesto, no se citó a Baleares, que acaba de asumir sus traspasos y, por tanto, se ha incorporado plenamente. Desde luego quiero tranquilizar a S. S.
diciéndole que la voluntad del Gobierno es de diálogo permanente.
Estudiaremos las fórmulas que permitan incorporarles al diálogo que se mantiene con las comunidades que sí tienen los traspasos. A través de los convenios, estamos estableciendo todos los mecanismos para garantizar que en el momento en que las comunidades autónomas tengan esos traspasos educativos, ya están suficientemente rodadas todas las materias de educación.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Educación y Cultura.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿A QUE SE REFIERE EL GOBIERNO CUANDO DICE QUE EL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO SE VA A DEDICAR A LA REFORMA DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/001198)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas a la ministra de Justicia.
En primer lugar la número 18 que formula la diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en las dos últimas ocasiones que se han reunido el presidente Aznar con el presidente Pujol han anunciado que habían hablado de la justicia, pero especialmente en la última el Gobierno anunció que iba a dedicar el último semestre de 1998 a la reforma de la justicia. ¿A qué se refería, señora ministra?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Como es obvio, y sin duda lo ha tenido en cuenta, yo no estaba presente en las conversaciones a que S. S. se ha referido. Como declaración formal del Gobierno no ha existido, lo que sí puedo decirle a S. S. es que el Ministerio de Justicia considera que en el segundo semestre se va a ver el resultado de lo gestionado a lo largo de año y medio, y creemos que van a ser muy importantes para la Administración de justicia los resultados que se harán afectivos en dicho segundo semestre.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señora ministra, en los casi dos años que lleva como titular del departamento de Justicia, usted y su Gobierno han logrado pasar al libro Guinness de los récord por su capacidad para colocar a la justicia en la peor situación que se conoce en los últimos 20 años de la historia de nuestro país. Si, señora ministra, en menos de dos años ha conseguido que la percepción e imagen que los ciudadanos tienen de la justicia sea pésima, que lo que era lento sea lentísimo y que lo que funcionaba no funcione. Usted ha incumplido todo lo que se comprometió y lo que ha cumplido lo ha hecho tarde y mal.
En el ámbito legislativo, reformas procesales, ninguna; y no me diga que la de lo contencioso se la va a

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apuntar, porque ha tardado un año en traerlo y era la misma con tres reformas. En lo civil y en lo concursal, nada. En lo Penal, que funcionaba razonablemente, de resolver los jueces en uno a dos años, están empezando a resolver en tres y cuatro años. ¿Sabe por qué? Porque en lo Penal ha hecho la contrarreforma; no la reforma, sino la contrarreforma. Ha impedido que los jueces apliquen el Código Penal, no ha puesto medios, no ha puesto las oficinas de asistencia a las víctimas, no ha traído la ley de responsabilidad penal del menor. Aquí hablamos, señora ministra, de derechos y libertades de los ciudadanos. Pero, encima, lo que usted ha traído a esta Cámara, a veces por cierto ha sido difícil y apurado que su grupo la pudiera apoyar, ha supuesto un retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos o ha supuesto privilegios para determinadas corporaciones, y si no que se lo pregunten a los registradores y a los notarios.
Pero como no todos son leyes, este panorama se ha visto acompañado de una gestión política que amplios sectores han llegado a calificar al año 1997 como el año del desgobierno del Poder Judicial. No ha implantado el horario, no ha aumentado las dotaciones, ni la reforma de la Oficina Judicial. Señora ministra, cuando ustedes hablan de la reforma de la justicia ¿sabe lo que ocurre en estos momentos? Que todo el mundo tiembla. Nos echamos a temblar. La justicia necesita reformas, pero si es usted la que va a llevarlas a cabo, por favor que nos quedemos como estamos.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, comprendo que sea su deseo quedarse como están, pero me parece que no va a ser posible. Yo no soy la que no quiere que los jueces apliquen el Código Penal, yo quiero que lo apliquen y estoy dando todos los medios para que así lo hagan. Parece mentira que habiendo sido usted vocal del Consejo, acuse al Gobierno de desgobierno del Poder Judicial.
Tal vez ustedes estaban acostumbrados a desde el Gobierno intentar gobernar al Poder Judicial. Este Gobierno, no, señoría. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Respecto a las reformas legislativas, señoría, si acudiera más a la Comisión o asistiera a todas ellas se daría cuenta de la cantidad de leyes que están pendientes de esta Cámara y del Senado. Otro día, si usted quiere, hablamos de los medios con que SS. SS.
dotaron a los juzgados y tribunales y los medios con que este Gobierno ha dotado a esos juzgados y tribunales..
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VA A ACTUAR EL GOBIERNO ANTE LOS REITERADOS PROCESOS Y CONDENAS POR DELITOS DE ABORTO? (Número de expediente 180/001199)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 que formula al Gobierno la diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista.
Señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en Málaga se está juzgando a cerca de 30 personas, mujeres y facultativos, imputados por delitos de aborto realizados hace la friolera de 12 años. En Asturias han sido condenados a penas de prisión de seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación, dos médicos por practicar abortos. En Castellón están a punto de ser juzgados otros dos médicos por un presunto delito de aborto realizado en 1990. Señora ministra, ¿ha dado órdenes el Gobierno al fiscal general del Estado para que los fiscales endurezcan sus peticiones de condena en los juicios de aborto? ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la proliferación de procesos y condenas por estos presuntos delitos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno en los procesos por aborto, como en cualquier otro proceso, lo que piensa es dar todos los medios a los jueces y tribunales para que puedan aplicar la ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJON: Señora ministra, ¿qué ley? ¿Esa que ustedes no aceptaban, que hoy sí les gusta pero que no quieren reformar? (Rumores.) Señora ministra,... ¿me dejan hablar, señorías? Señora ministra, es nuestra, queremos reformarla y vosotros sois los que no nos dejáis que la reformemos. (Continúan los rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Dejen que continúe la interpelante. Adelante, señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJON: Me habrá quitado el tiempo, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Ya está descontado, no se preocupe.


La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted aseguró en una ocasión en esta Cámara que era contraria al aborto, yo también lo soy, señoría; a todas las mujeres nos pasa lo mismo. Cuando las mujeres abortan, señoría, en ejercicio de su libertad, es porque no tienen otro remedio. Lo que no puede ser ni se puede consentir es que vayan a la cárcel ellas o los facultativos que las ayudan practicándoles el aborto. Señora ministra, es preciso y urgente modificar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo para evitar que se sigan produciendo casos como los que acabo de señalar.
Señora ministra, yo respeto enormemente, como no podía ser de otra manera, sus profundas convicciones morales y religiosas, pero usted es ministra de un Gobierno de España, no puede imponer sus creencias a nadie y menos consentir el ingreso en prisión de mujeres y médicos en estas tristes circunstancias. Señorías, tenemos que adecuar la legislación a la de los países europeos de los que formamos parte, tenemos que ser en esto tolerantes y modernos y que luego cada cual actúe de acuerdo con su conciencia. Nada hay más hermoso, señorías, que la libertad. Corrijan sus posiciones y actúen con nosotros. Si no lo hacen pediremos el indulto para todos los condenados. No consentiremos que alguien vaya a la cárcel por abortar, se lo aseguro. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, escuchándola no sabía si estaba en el año 1998 o me encontraba discutiendo el Código Penal elaborado en la última etapa del Gobierno socialista. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Ustedes fueron los que propusieron el texto que están aplicando en este momento. Yo no estaba en esta Cámara, señoría. Usted me recrimina a mi algo que fueron ustedes quienes lo propusieron y los que aprobaron mayoritariamente en esta Cámara. Que usted haya cambiado ahora de opinión e intente achacar al Gobierno del Partido Popular que exista una tipificación del delito de aborto, señoría es nuevamente actuar queriendo sacar de mentira verdad.
Muchísimas gracias, señoría, pero este Gobierno intenta que los jueces puedan aplicar la ley que este Parlamento aprueba, no la que este Parlamento o algunos de sus miembros quisieran que existiese pero que no existe.
Muchas gracias, señoría. (Varios señores diputados ¡Muy bien!--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSE SILVA I SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA.
CUAL ES EL GRADO DE UTILIZACION DEL CATALAN, LENGUA PROPIA Y OFICIAL DE CATALUÑA, EN LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESARROLLADAS POR SU MINISTERIO A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CON DIFUSION EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/001192)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas dirigidas al ministro de Defensa. En primer lugar la formulada por el diputado Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Silva.


El señor SILVA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro ¿cuál es el grado de utilización del catalán, lengua propia y oficial de Cataluña, en las campañas institucionales desarrolladas por su Ministerio a través de los diferentes medios de comunicación con difusión en Cataluña?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Defensa ha sido siempre consciente, y es muy consciente de la realidad plurilingüe de España. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la presidencia.) Desde el año 1994 las fichas de inscripción para el alistamiento que se reparten en los ayuntamientos son bilingües en aquellas comunidades autónomas donde existen lenguas oficiales además del castellano: Baleares, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.
Además, en algunos centros de reclutamiento ubicados en las citadas comunidades se procura facilitar el contacto con los ciudadanos, y en los casos en que es posible se usan las lenguas distintas del castellano que son utilizadas allí. Por otra parte y como novedad, con carácter reciente en el pliego de prescripciones técnicas de la campaña de publicidad que va a adjudicarse muy próximamente y que se extenderá a los años 1998 y 1999, en la cláusula octava se dice que los spots, las pegatinas, los anuncios de televisión, las cuñas, se realizarán, además de en castellano, en catalán, euskera, gallego y valenciano para su utilización especial en los medios de comunicación de esas comunidades; todo ello, señoría, con el fin de tener el mayor entendimiento con los ciudadanos y con las

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corporaciones locales, respetando escrupulosamente la legalidad vigente.
Creo que con ello doy cumplida respuesta a su pregunta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ciertamente la posición de su Ministerio nos parece bastante conforme --así tenemos que decirlo-- con la posición que adoptó este Congreso de los Diputados con fecha 16 de diciembre de 1997, en que a través de una proposición no de ley se instó al Gobierno a que procediese a tomar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento, entre otros aspectos, de la realidad plurilingüe del Estado español.
Podemos decir que algunas de estas medidas se producen casi con veinte años de retraso en lo que hace referencia a la Constitución, pero por otra parte no podemos sino manifestar que en el aspecto lingüístico, su Ministerio, a través de esta última campaña y del pliego de prescripciones al que ha hecho referencia, se convierte sin lugar a dudas en un modelo que entendemos debe ser seguido en las campañas institucionales del resto de los ministerios.
De la misma manera, debemos manifestar que su Ministerio, que en su día fue uno de los precursores en cuanto a la aceptación del principio de unidad de la lengua catalana, por lo que me ha puesto de manifiesto en estas prescripciones técnicas, parece que no lo sigue con la misma contundencia en la actualidad.
En cualquier caso, no podemos sino felicitarle y felicitarnos. Eso sí, por las noticias que tenemos en esta campaña, que creo está presupuestada en aproximadamente 1.600 millones de pesetas, y en la que se realiza ese respeto a la realidad plurilingüe del Estado, parece que se produce alguna discriminación por razón de sexo. Se nos ha manifestado que así como serán dirigidas cartas a los chicos con edades comprendidas entre 18 y 24 años, no puede efectuarse lo mismo respecto a las chicas por algún motivo que desconocemos. Por tanto, sí le pediría que el respeto que se realiza en cuanto a la realidad plurilingüe del Estado pueda también efectuarse respecto del principio de igualdad por razón de sexo.
Muchas gracias, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, presidente.
Señoría, le agradezco la felicitación por lo que respecta al comportamiento del Ministerio en cuanto a la realidad plurilingüe de España.
Por lo que respecta a la igualdad de sexos, que es una máxima para nuestro Ministerio porque así lo establece la Constitución y no podría ser de otra forma, hay un procedimiento que se ha sacado a concurso, que no se ha resuelto y en el que queremos tener todas las garantías legales para que se resuelva de modo que no se lesione ningún derecho si se realiza ese mailing. Para ese mailing, tenemos los datos de alistamiento sólo de los hombres porque hasta ahora el servicio militar, como bien sabe S. S., se realizaba exclusivamente por los varones, pero reitero el absoluto respeto a la legalidad por parte de las actuaciones del Ministerio.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAMON ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PARTICIPACION HA TENIDO EL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO «STRONG RESOLVE 98»? (Número de expediente 180/001209)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29, que formula don Ramón Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, el pasado mes de marzo la OTAN desarrolló en distintos escenarios de Noruega, España y Portugal, el que ha sido definido como mayor ejercicio de la Alianza Atlántica, tanto en entidad como en importancia desde el final de la guerra fría, el Strong Resolve 98, así bautizado y basado en el desarrollo de dos supuestas crisis, una en el norte, con un escenario típico de defensa colectiva, y otra en el sur, con una operación de mantenimiento de la paz, ha servido fundamentalmente para desarrollar la coordinación de los dos mandos estratégicos de la OTAN, como son Saceur y Saclant.
Por otra parte, hemos podido observar la puesta en práctica del innovador concepto de fuerzas operativas combinadas conjuntas formadas tanto para operaciones específicas fuera del área de responsabilidad de la OTAN como para dar respuestas a mandatos de la OSCE o en apoyo a resoluciones del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que va a permitir, entre otras cosas, integrar fuerzas aliadas con las fuerzas

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de países no pertenecientes a la propia Alianza abarcando misiones tan importantes, y por destacar algunas, como la asistencia humanitaria o las de mantenimiento o imposición de la paz.
Otro de los aspectos positivos que creo ha tenido el ejercicio Strong Resolve ha sido servir también para conjugar la participación en un mismo escenario de las fuerzas de tierra, mar y aire de quince países pertenecientes a la OTAN, de otros diez no pertenecientes y de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, Acnur o incluso representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, proporcionando que tal entramado de fuerzas y organizaciones se articulara no sólo en una fuerza actuante, sino también en una estructura encargada de simular las incidencias que precisan estas operaciones y de arbitrar las diferentes actuaciones.
Una vez más, señor ministro, nuestro país ha vuelto a ser destacado protagonista, por una parte por la aportación de nuestro propio territorio y, por otra por el magnífico papel desempeñado por nuestras Fuerzas Armadas, reflejado a su vez no sólo en los puestos relevantes ocupados por oficiales generales, sino también por el reconocimiento de los países participantes respecto a nuestros sistemas de simulación y telecomunicaciones.
Por todo ello, señor ministro, una vez demostrado el éxito de este ejercicio deseo hacerle la siguiente pregunta: ¿qué participación ha tenido el Ministerio de Defensa en la planificación y desarrollo del ejercicio Strong Resolve 98? Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como ha hecho una exposición relativa a la importancia real y efectiva y la innovación del ejercicio Strong Resolve me voy a referir escuetamente a la pregunta que ha formulado.
Las fuerzas armadas españolas han participado, muy satisfactoriamente por cierto, en el ejercicio Strong Resolve, ejercicio con fuerzas reales en las tres áreas de planeamiento, apoyo y ejecución. En la fase de planteamiento del ejercicio, que se inició hace dos años, han intervenido activamente diversos cuarteles generales y estados mayores. En esta fase España ha desempeñado un notable papel en la búsqueda de soluciones a complejos problemas de planeamiento que presenta un ejercicio de esta entidad.
En la fase de apoyo, el papel de España ha sido también decisivo para la consecución de los objetivos del ejercicio. Voy a señalarles sólo algunos aspectos. Las fuerzas multinacionales contaron para su despliegue y adiestramiento con tres campos de maniobra, nueve bases áreas, una base aeronaval y diversas zonas españolas para ejercicios marítimos.
Segundo, para el apoyo logístico a las fuerzas se establecieron en España tres centros logísticos avanzados y se activaron en permanencia diversos hospitales militares para la atención de posibles bajas reales.
Tercero, la infraestructura militar de comunicaciones puesta a disposición del ejercicio ha sido determinante para su éxito, tanto por lo que se refiere a enlaces convencionales, como vía satélite y redes informáticas.
Por último, en la ejecución del ejercicio España ha contado con personal en los distintos niveles de mando, siendo de destacar el segundo comandante de la CJTF, un contraalmirante de la Armada; el comandante del componente terrestre, un general de brigada del Ejército; el comandante de un grupo operativo naval y el jefe de las fuerzas de oposición terrestre.
En resumen, señorías, para la Alianza el Strong Resolve ha supuesto la verificación de que ha sido el método apropiado para poner a prueba el concepto CJTF, y ahora es necesario validarlo a partir de las enseñanzas obtenidas: la prueba de capacidad de la Alianza para conducir simultáneamente dos situaciones de crisis en escenarios alejados y la prueba de capacidad de integración de fuerzas como ha dicho S. S. de países ajenos a la OTAN en operaciones a gran escala.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON CARLOS CABALLERO BASAÑEZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE NUMERO DE AGENTES Y MANDOS DE LA GUARDIA CIVIL Y DE LA POLICIA NACIONAL ESTABA DESPLEGADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ EL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 EN COMPARACION CON EL NUMERO DESPLEGADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1991? (Número de expediente 180/001189)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al Ministerio del Interior. Pregunta número 9 que formula don Carlos Caballero Basáñez, del Grupo Vasco (PNV).
Señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor ministro, con el despliegue de la Ertzaintza en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, última ciudad de la comunidad autónoma vasca en que dicho despliegue se realizó, culminaba el 1º de enero de 1995

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el proceso de desarrollo territorial de la Ertzaintza en Euskadi.
De esta manera, la Ertzaintza comenzó a desarrollar en Vitoria-Gasteiz las funciones que la legislación vigente le asigna, reemplazando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en las mismas, salvo en aquellas que son compartidas. Esto significaba que las Fuerzas de Seguridad del Estado, salvo en las funciones concretas que la actual legislación les otorga, dejaban de realizar una buena parte de sus anteriores actividades y, por consiguiente, dejaban de necesitar una parte importante de los efectivos mantenidos hasta ese momento.
Como saben bien el señor ministro, cuando una gran empresa industrial o de servicios conoce un proceso de este tipo, reduce sustancialmente su plantilla, trasladando a instalaciones situadas en otros lugares al personal afectado o aplicando otros planes de readecuación de personal.
Es por ello que desde el Grupo Vasco le solicitamos los datos comparativos entre dos fechas, del personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado, naturalmente incluyendo personal con destino definitivo, personal con destino provisional y personal en comisión de servicios, para lo que hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Qué número de agentes y mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estaba desplegado en la ciudad de Gasteiz el 30 de diciembre de 1997 en comparación con el número desplegado el 30 de diciembre de 1991? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
Señor ministro de Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor presidente.
Con mucho gusto facilitaré a S. S. los datos sobre efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad de Vitoria.
En lo que se refiere a la Guardia Civil, el 30 de diciembre de 1991 estaban desplegados en Vitoria 538 efectivos, y el 30 de diciembre de 1997 los efectivos en plantilla fueron 492. Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, a 30 de diciembre de 1991 eran 452 efectivos y a 30 de diciembre de 1997, 312.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor ministro.
De lo que nos acaba de aportar se puede desprender claramente que no ha existido una adecuación de plantillas, con la correspondiente minoración de servicios y de funciones, de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Vitoria-Gasteiz, derivada del despliegue de la Ertzaintza. Como el señor ministro conoce perfectamente, las funciones policiales básicas, como prevención del delito e investigación criminal en más del 90 por ciento de los casos, así como el mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana, son competencia de la Ertzaintza.
Esto...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
Señor ministro de Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría, he dado unas cifras que me parece hacen que hoy el despliegue sea razonable. Lo importante es que no desenfoquemos la realidad, y el problema real de la seguridad de los vascos, de los alaveses en este caso, de la seguridad y bienestar de los mismos, no depende de un supuesto exceso de policías municipales, de miembros del cuerpo nacional, de la Guardia Civil ni de la policía autónoma vasca; el problema de la seguridad se manifiesta hoy en la falta de libertad de los concejales vascos, en las presiones a los profesores de la universidad y jueces que no saben euskera, en las amenazas a los miembros del Foro de Ermua, en las coacciones o en la violencia callejera que padecen los comerciantes, en las agresiones recientes contra los jóvenes de los partidos democráticos, en las quince acciones que hoy mismo ha reivindicado ETA, en el impuesto mafioso que tiene todavía lugar y que tienen que soportar la sociedad vasca y la sociedad alavesa. Esas y sólo esas deben ser la preocupación de todos: del Gobierno vasco, del Gobierno de España, de todas las instituciones democráticas y de todos los representantes democráticos de la sociedad vasca y de la nación española.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSE SILVA I SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿CUAL ES EL GRADO DE UTILIZACION DEL CATALAN, LENGUA PROPIA Y OFICIAL DE CATALUÑA, EN LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESARROLLADAS POR SU MINISTERIO A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CON DIFUSION EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/001191)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 11, que formula don Manuel

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Silva i Sánchez, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Señor Silva.


El señor SILVA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Interior, ¿cuál es el grado de utilización del catalán, lengua propia y oficial de Cataluña, en las campañas institucionales desarrolladas por su Ministerio a través de los diferentes medios de comunicación con difusión en Cataluña?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
Señor ministro de Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, en opinión del Ministerio, el grado de utilización del catalán en las campañas institucionales del Ministerio de Interior es aceptable, razonable y está en función, dentro del propio Ministerio, en función del departamento a que se refiera. En lo que se refiere a la droga, las tres campañas sobre drogas puestas en marcha desde el año 1996 se han realizado mediante folletos informativos en todas las lenguas oficiales, incluido el catalán.
En lo que se refiere a protección civil, las campañas de información nuclear de las dos centrales de Tarragona se realizan también en catalán; y en el ámbito de la Dirección General de Tráfico, se imprimen en lengua catalana los impresos administrativos, las denuncias, los permisos de circulación y de conducción. En definitiva, creo que es una respuesta razonable en función de los objetivos de los distintos departamentos del Ministerio de Interior.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Silva.


El señor SILVA I SANCHEZ: Señor ministro, no querría valorar el grado de utilización del catalán, lengua propia y oficial de Cataluña, por su Ministerio acudiendo a criterios de renta per cápita. Yo creo que la manifestación que ha hecho el señor ministro pone de manifiesto que hay direcciones generales que tienen perfectamente asumido el carácter plurilingüe del Estado y posiblemente hay alguna otra dirección general que bien no lo tiene asumido o bien no lo plasma en la práctica. Según los datos que obran en nuestro poder, en la última campaña de la Dirección General de Tráfico (la Campaña Vive, con un presupuesto de 2.100 millones de pesetas, con cuñas en radio, televisión, entreactos en los cines, y medios impresos de comunicación) no se ha destinado ni una sola peseta a efectuar esta difusión en lengua catalana. Por tanto, no nos gustaría hablar en estos casos de media, sino que solicitaríamos del señor ministro que en esta función que le incumbe de impulsar la actuación política de su departamento tome nota de la proposición no de ley aprobada en este Congreso de los Diputados el 16 de diciembre del año pasado, en la cual se insta a las instituciones a que asuman e impulsen la realidad plurilingüe del Estado y, por consiguiente, más que hablar de aceptabilidad, yo creo que en este caso nos correspondería hablar de claroscuros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría, el Ministerio de Interior ha tomado nota de la proposición de este Parlamento y trata de ser absolutamente respetuoso con la misma. Quiero decirle que no hay direcciones generales con una u otra sensibilidad. Sí es verdad que hay objetivos o campañas nacionales que en función de la proximidad de la sociedad en la que se producen interesa que se realice en determinadas lenguas y hay otros objetivos que en función del coste que ello significa no tienen rentabilidad suficiente.
Quiero decirle, ya que ha hablado usted del tema de tráfico, que en el año 1996 las autoridades de la Generalitat catalana solicitaron de la Dirección General de Tráfico la emisión de la campaña doblada al catalán, con el compromiso de financiar los gastos que de ello se derivaran. La Dirección General de Tráfico autorizó el doblaje, sin embargo nunca se llevó a cabo la difusión en catalán por el elevadísimo coste que ello suponía. En cualquier caso, señoría, estamos siempre dispuestos al diálogo en este asunto y en todos los que usted considere oportunos para resolver de la mejor forma posible estas cuestiones que ha planteado en la tarde de hoy.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON GUILLERME VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSIONES PREVE REALIZAR EL GOBIERNO EN GALICIA EN MATERIA FERROVIARIA EN EL PROXIMO QUINQUENIO? (Número de expediente 180/001190)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al ministro de Fomento. Pregunta número 10, que formula don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Vázquez.


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El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, las infraestructuras ferroviarias de Galicia, tanto en la red interna como en la comunicación con el exterior, presentan desde nuestro punto de vista --y supongo que usted compartirá esto--, gravísimas deficiencias que es preciso corregir. Por ello le pregunto: ¿qué inversiones prevé realizar el Gobierno en Galicia en materia ferroviaria en el próximo quinquenio?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como sin duda conoce, hace muy pocos días se firmó un convenio de inversión en infraestructuras ferroviarias entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Galicia que prevé una inversión de 30.000 millones de pesetas en los ferrocarriles gallegos durante los próximos cinco años.
Además, Renfe invertirá en el bienio 1998-1999, hasta que se conozca la cifra que corresponde al próximo contrato-programa, 2.753 millones de pesetas y FEVE, ferrocarriles de vía estrecha, invertirá 1.510 millones de pesetas en el próximo quinquenio. En total, por tanto, una inversión en ferrocarriles de cerca de 35.000 millones de pesetas en los próximos cinco años y probablemente más cuando se conozcan las cifras del próximo contrato-programa de Renfe.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, con todo respeto, francamente, si usted cree que la solución a las necesidades ferroviarias de Galicia pasan por las inversiones previstas por su Gobierno, que usted acaba de mencionar y que se reflejan en el convenio firmado con la Xunta de Galicia, o usted está equivocado o pretende que comulguemos con ruedas de molino. Yo creo que esas previsiones sólo pueden satisfacer a quienes o desconocen la realidad del ferrocarril en Galicia o a quienes, desde luego, dan la espalda a la realidad inmediata. Yo creo que con esas inversiones --y usted me desmentirá, señor ministro-- habrá ligeros retoques en algunas líneas, nada a fondo, pero sigue quedando claro que no hay ninguna previsión por parte del Gobierno de conectar Galicia con el exterior a través de la velocidad alta, por ejemplo.
Para empezar, señor ministro, creo que si se quiere dar una respuesta en serio a estas necesidades ferroviarias habría que partir del acuerdo sobre ferrocarril que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en diciembre de 1995 y que, como usted sabe, proponía una serie de actuaciones mínimas y básicas pero, en todo caso, algo en serio para corregir las deficiencias actuales. Se hablaba de dobles vías en algunos trayectos, de electrificación, de conexión de los puertos, de una modernización en serio del FEVE --que, desde luego, con las cantidades previstas no se va a conseguir--, del servicio de cercanías o de conexión de Galicia con Madrid y Portugal por velocidad alta. Para eso, señor ministro, usted sabe también que se proponía un plan de financiación plurianual, bastante superior --por lo que se ve-- a lo que ustedes están dispuestos a abordar...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, si tomamos como punto de referencia el Plan director de infraestructuras --que no hizo este Gobierno, pero que aprobó muy mayoritariamente esta Cámara--, las necesidades de inversión en infraestructuras ferroviarias alcanzan en el conjunto de España cerca de cuatro billones de pesetas. Naturalmente que esas exigencias de inversión para concluir --por así decirlo-- una red aceptable del ferrocarril en toda España requeriría paralizar automáticamente las inversiones que se están realizando en autovías.
Su señoría sabe que, teniendo en cuenta los Presupuestos Generales del Estado actualmente vigentes, las inversiones que se están haciendo en Galicia por este Gobierno son espectaculares si se toma como punto de referencia lo que hicieron gobiernos anteriores. Comprenda usted, señoría, que en los presupuestos de este año, solamente para autovías gallegas, van cerca de 50.000 millones de pesetas. Por tanto, señoría, el Gobierno distribuye el dinero disponible, en una política de rigor presupuestario, de la manera más equitativa que entiende, y entiende, efectivamente, que Galicia tiene unas necesidades mayores en el ámbito del ferrocarril. Por eso, a diferencia de otras comunidades autónomas, va a recibir inversiones por 30.000 millones de pesetas que mejorarán, primero, la seguridad en los ferrocarriles y, segundo, el tiempo que se tarda en los principales trayectos que discurren por el eje atlántico.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON ALFREDO PEREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿SIGUE USTED PENSANDO QUE LA COMPRA DE ANTENA 3 TELEVISION POR PARTE DE TELEFONICA FUE UNA OPERACION COMERCIAL? (Número de expediente 180/001195)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15, que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, recientemente, Antena 3 Televisión ha nombrado director de informativos a don Ernesto Sáenz de Buruaga, anterior responsable de informativos de Radiotelevisión Española. Después de este nombramiento, ¿sigue usted pensando que la compra de Antena 3 Televisión por parte de Telefónica fue una operación comercial?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, lo que yo creo es que este nombramiento pone de relieve, en mayor medida aún, que efectivamente ha sido una operación comercial, porque el señor Sáenz de Buruaga es uno de los grandes profesionales de la información española.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Discrepo con usted, señor ministro. Yo creo que el nombramiento es la prueba del nueve que faltaba para demostrar que se trata de una operación política. El señor Sáenz de Buruaga ha sido el responsable informativo de Televisión Española en la etapa más sectaria de los informativos de Televisión Española. (Risas.) En la más sectaria, señor ministro. Y por esa razón, Telefónica y ustedes --los señores del PP-- le han llevado a Antena 3, para continuar con su tarea, una tarea de ensalzamiento hasta lo ridículo del Gobierno del Partido Popular y de criminalización --y esto es lo peor-- del Partido Socialista.
Vamos a suponer por un momento que es una operación comercial. Señor ministro, le voy a dar un par de ideas: conecten ustedes en cadena las tres televisiones, La 1, La 2 y La 3, y así ahorrarán platós, cámaras y algún que otro presentador de televisión. Incluso le diría más: lleven los informativos de La 1, La 2 y La 3 al plató de La Moncloa y ahorrarán más cámaras, más presentadores y hasta le puedo sugerir que tendrán un buen programa cómico al final de las mañanas de los viernes, que, dadas las habilidades lingüísticas del portavoz, seguramente podrían vender a alguna televisión catalana.
Ya en serio, señor ministro, tengo que decirle que ustedes han utilizado Telefónica al servicio de sus operaciones mediáticas; ustedes han utilizado Telefónica para comprar una cadena que ustedes quieren controlar y hoy es legítimo preguntarse, como lo hago yo en esta Cámara, qué parte de la subida de teléfonos que usted anunció ayer va a pagar estos desmanes informativos mediáticos que el Gobierno está haciendo con una única pretensión: controlar los medios de comunicación y sofocar la libertad de expresión. ¿Qué parte de ello, señor ministro, vamos a pagar el conjunto de los españoles? (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
¿Sabe usted, señoría, que acaba de decir que unos cuantos millones de españoles son tontos? Porque usted sabe que los telediarios que dirige el señor Sáenz de Buruaga son los más vistos de entre todos los telediarios de todas las cadenas de televisión. Cuando Antena 3 ficha al señor Sáenz de Buruaga tiene en cuenta esa realidad: es uno de los mejores profesionales de la información española. Desde esa perspectiva, es lógico que intente ser captado por las empresas privadas.
Ustedes se han equivocado siempre en relación con Telefónica y Antena 3 y siguen equivocándose. Se equivocan cuando piensan que esto no es un negocio comercial por parte de Telefónica. Desde que los nuevos gestores de Antena 3 se han hecho cargo de la empresa de televisión han empezado los beneficios. En el primer trimestre de este año la cuenta de resultados de Antena 3 arroja un beneficio de 3.000 millones y a final de año probablemente tendrá 8.000 millones, como habrá podido usted leer en la prensa económica.
Se han vuelto a equivocar también con Telefónica porque, con una campaña absolutamente disparatada, han pretendido hacer bajar la cotización de las acciones y perjudicar a millones de accionistas españoles (Rumores.), pero tienen tanta credibilidad que cada vez que se han metido con Telefónica las acciones han subido en su cotización.
Se han vuelto a equivocar, señoría, al considerar que hay una operación política en la compra de Antena 3

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por parte de Telefónica. Todos los grandes operadores de telecomunicaciones del mundo están entrando en grupos de comunicación, porque ahí está la estrategia del futuro en el ámbito de las telecomunicaciones.
Finalmente se equivocan, señoría, cuando piensan que detrás de esto hay una operación política, porque le he dicho y le repito que al final del mandato de este Gobierno habrá mucho más pluralismo informativo del que hubo nunca durante 14 años de Gobierno socialista.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro de Fomento.


--DEL DIPUTADO DON CARLOS CHIVITE CORNAGO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES TIENE PREVISTAS LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION PARA LOGRAR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EUROPEO DEDICADO A LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO DEL VINO? (Número de expediente 180/001201)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pregunta número 21, que formula don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Socialista.
Señor Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la PAC está generando problemas que afectan a distintos sectores agrícolas y ganaderos. En los próximos meses, la Unión Europea definirá la nueva OCM del vino y, por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué acciones tiene previstas para lograr el incremento del presupuesto europeo dedicado a la reforma de la OCM del vino?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chivite.
Señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, la realidad es que todavía no hay ninguna propuesta de reforma de la OCM del vino a discusión y, por tanto, no hay ningún presupuesto que elevar o, sencillamente, que discutir.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señora ministra, esperaba esa respuesta.
En cualquier caso, a usted le corresponde, en relación con todas las declaraciones de voluntades que ha hecho en estos últimos meses respecto al sector agrario, y más en concreto respecto al sector agrícola, pasar de esa literatura a las cifras, de las promesas a los hechos, de las teorías a las acciones y traducir en pesetas para el sector del vino la voluntad política que dice tener, si no aquí sí en distintos foros en los que usted ha participado.
A usted, señora ministra, se le ha agotado la credibilidad. Ya casi no la tiene con el señor Aznar, que la nombró, la ha perdido en los sectores y para mi grupo la perdió hace muchos meses. De su buena negociación dependen más de 300.000 explotaciones, miles de bodegas y más de 140.000 puestos de trabajo, además del futuro de extensas zonas rurales de nuestro país. En Europa, señora ministra, más que contundente, hay que ser convincente; más que reivindicadora aislada, hay que ser negociadora aliada. Encabezar manifestaciones no sirve; hay que trabajar en la sombra para tratar de incorporar a los documentos, desde los primeros borradores --tome nota, señora ministra--, los criterios de España, no limitarse a criticarlos cuando ya han sido elaborados por otros y es mucho más difícil modificarlos. Si no tiene criterios claros, le voy a dar algunos: recupere usted el «Diario de Sesiones» de los años 1993 a 1995, proceda a la lectura de las 49 iniciativas que sobre el sector del vino se formularon y basta con que lo que ustedes decían entonces con excesiva violencia verbal, cuando estaban en la oposición, lo cumpla ahora desde el Gobierno.
Espero, por el bien del sector, que podamos brindar con buen vino español su buena negociación y sus éxitos en Bruselas. Mi grupo está dispuesto a ayudarla si esta vez sabe enfocar y orientar de manera correcta la defensa de los intereses españoles. Es su última oportunidad, ministra; el vino puede ser su salvación una vez que ha fracasado con la pesca, la leche, las vacas locas, la peste porcina, la fruta, las hortalizas, regadíos o el aceite de oliva. (Rumores.) Quizá de cómo afronte esta negociación, de cómo la oriente y de cómo la desarrolle dependa su futuro como ministra. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, puestos a decir, también fracasé porque no conseguí evitar la muerte de Manolete en su día. (Rumores.) No tiene ningún sentido hacer las preguntas en este plan. Vamos a hablar seriamente porque en torno al sector del vino, como sabe S. S., hay miles y miles de familias.


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Quiero decir, en primer lugar, que en el sector del vino hay dos tipos: está el sector del vino de marca, de denominación de origen, que está conociendo una explosión de actividad y de exportación fantástica --concretamente, en el año 1997 han aumentado en un 25 por ciento las exportaciones a terceros países--; y están además las grandes producciones de nuestros vinos de mesa. Tengo que decir a S. S. que en este sector, debido a una situación de sequía en los últimos años, España no ha tenido que recurrir a las destilaciones obligatorias para regular el mercado, sino que, bien al contrario, ha habido que importar vino de terceros países, concretamente de Argentina y otros. Precisamente, lo que hay que conseguir es vertebrar este sector, y estamos en la tarea de impulsar la creación de una interprofesional del vino de mesa en la que agrupemos y se puedan coordinar las acciones de los productores y de los embotelladores y distribuidores de las grandes cantidades de vino de mesa de calidad que se producen en España.
Además, tengo que decirle que la OCM del vino ha venido costando estos últimos años 800 millones de ecus, y eso corresponde indudablemente a una situación especial. Tengo que decir, además, que en España se han abandonado aproximadamente 220.000 hectáreas de viñedo entre los años 1989 y 1996, lo que representa un 15 por ciento del total nacional. Pero además de todo eso, le voy a decir que en lo que se refiere a la nueva OCM del vino, España ha hecho llegar hace tiempo un memorando en el que se recogen las que consideramos que deben ser las grandes líneas de la nueva OCM: reestructuración de las explotaciones vitícolas, mejora de la instalación de elaboración de vino de mostos, ayuda de compensación por hectárea en función de clima y pluviometría, ayudas al alcohol de uso de mesa --esto es básico para los brandys y otro tipo de producciones de alcohol--, no a la chaptalización...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Y la interprofesional a que me he referido. Y, por supuesto, seguiré las recomendaciones del señor Neftalí Isasi. (Risas.) --DEL DIPUTADO DON JOSE MADERO JARABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO EL ACTUAL MARCO PROFESIONAL Y CONTRACTUAL ENTRE PRODUCTORES DE REMOLACHA Y AZUCARERAS? (Número de expediente 180/001204) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 24, que formula don Angel Pintado, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en estos últimos años ha existido una gran preocupación en el sector remolachero-azucarero por el miedo a que la cuota de azúcar controlada por España pudiera pasar, previa la reforma de la organización común de mercado del azúcar, a disposición de las industrias, y éstas, según su conveniencia, llevar la cuota a otros países de la Unión Europea. Gracias a su gestión, no sólo se ha logrado que esta cuota se quede en España para beneficio de los cultivadores y los molturadores, sino también impulsar los procesos de modernización necesarios para que este sector sea competitivo y alcance unas ratios de producción similares a los europeos.
Las organizaciones agrarias y empresas azucareras han firmado un acuerdo de contratación de la remolacha en el marco del Acuerdo Marco Interprofesional Plurianual, que estará vigente hasta el año 2001, para la propia reestructuración del sector. Al estar integrados en un mercado como el europeo, cada vez más global y competitivo, que exige un proceso de reestructuración y modernización de la industria azucarera y ante la proximidad del establecimiento de una nueva OCM del azúcar en el año 2001, dentro del marco del proceso general de cambio de la agricultura europea que tenemos por delante, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué opinión le merece al Gobierno el actual marco profesional y el contractual entre productores de remolacha y azucareras? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pintado.
Señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, comparto con S. S. la satisfacción porque gracias a las últimas operaciones de tipo comercial se garantiza la españolidad del sector remolachero y azucarero en España, cuestión que algún grupo se niega a aceptar aunque creo que deberían estar muy satisfechos, igual que lo estamos nosotros, por estas cuestiones. (Rumores.) Además, me encuentro con que el acuerdo que existe entre los productores de remolacha, uno de los cultivos sociales más importantes en el regadío español, y los fabricantes de azúcar es altamente provechoso para todo el sector. Gracias a él se ha logrado superar con creces nuestra cuota de producción de un millón

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de toneladas, consolidándose de hecho estas producciones y exportando a terceros países, sin ningún tipo de ayuda, la cuota suplementaria. Ha sido posible una estabilidad en el sector y un buen funcionamiento de las campañas de contratación y de las entregas.
La Administración se ha limitado a cumplir el mandato de asegurarse que estos acuerdos estaban en concordancia con la normativa en la materia, porque estos son acuerdos interprofesionales de facto que regulan el sector de manera interna. Se puede considerar todavía más meritorio el sentido de la responsabilidad de los productores y de los fabricantes por cuanto la normativa es prácticamente inexistente y ha sido realmente voluntad de las partes llegar a este tipo de acuerdos.
Gracias a la investigación se ha conseguido una mejora importantísima del cultivo de remolacha, consiguiéndose unos rendimientos que se han incrementado en un 50 por ciento desde el año 1986 hasta la fecha, pasando de una media de cinco toneladas/azúcar por hectárea a 7,5 toneladas. Además, la intervención costea las campañas de imagen para promocionar el consumo de azúcar, que es un consumo saludable, a unos niveles suficientes para mantener el nivel de precios sin repercutir negativamente en el índice de precios al consumo.
Obviamente, algo que todos desearíamos es que España tuviera una cuota de azúcar superior a la que tiene. En su día se negoció una cuota inferior a nuestro consumo, somos el único país de la Unión Europea que tiene en azúcar una cuota inferior a su consumo, y en este momento, como sabe S.
S., estamos intentando conseguir un aumento de en torno a 60.000 toneladas, correspondientes a lo que es el consumo de Canarias.
Repetimos una vez más que estos acuerdos son universales, que afectan a todos los productores y que se han realizado entre las partes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON DIEGO JORDANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE AVANCES HA CONSEGUIDO EL GOBIERNO EN LAS NEGOCIACIONES DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA. (Número de expediente 180/001205) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 25, que formula don Diego Jordano, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Agricultura, las acciones de los ministros de Agricultura socialistas, convincentes, negociadores, trabajando en la sombra y defendiendo los intereses agrícolas españoles, lograron que el olivar español soportara un periodo transitorio de diez años y que se urdiera en Bruselas una reforma de la OCM del sector sin que, al parecer, los anteriores responsables se enteraran de nada. (Rumores.) Cuando usted llegó al Ministerio se encontró una reforma preparada por la Comisión Europea que, en determinados puntos, colisionaba con los intereses españoles. Fundamentalmente se preveía una ayuda a tanto alzado por árbol; se fijaba un número de olivos para España de 165 millones (gracias a los datos formulados por el Ministerio de Agricultura español); no se contemplaba ninguna ayuda para la aceituna de mesa; se establecía para España una ayuda fija de 125.000 millones, y esta reforma entraba en vigor en la campaña 1996-1997. Aparte de lo anterior, la Comisión parecía desconocer la realidad productiva y de empleo del sector del olivo en España y el cultivo era una incógnita para la mayor parte de los ministros de Agricultura europeos.
En España se exportaba aceite a granel en proporciones cercanas o superiores al 80 por ciento, el mercado interior se mantenía con una atonía de consumo, había conceptos del sector del olivar que eran totalmente desconocidos para la opinión española y había también un desconocimiento de la amplitud del área geográfica que vive directamente del olivar.
Desde determinados partidos políticos y también desde algunas pseudoorganizaciones empresariales cercanas a estos partidos --me refiero concretamente a UPA y a UAGA-- se sigue manteniendo que nada ha cambiado en la posición europea, que cada propuesta que se hace desde Europa es peor que la anterior y que el sector está abocado al abandono de explotaciones, con una pérdida importante de empleo. Por ello le pregunto qué avances ha conseguido el Gobierno en las negociaciones de la reforma de la OCM del aceite de oliva.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jordano.
Señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Jordano.
Se han conseguido avances muy importantes. Suscribo plenamente lo que ha dicho S. S. en cuanto a la acción de mis predecesores en el cargo, que desde luego me hubiera encantado que hubieran sido más exitosos en sus negociaciones en Bruselas, porque me lo hubieran

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dejado mucho más fácil. (Rumores.) Y, desde luego, que hubieran hecho todo eso que pretende ahora el mismo grupo que entonces les apoyaba que haga yo, que lo hubieran hecho cuando tenían que haberlo hecho, que era cuando se entraba en la Unión y no a medio camino, cuando es todo mucho más complicado.
Desde la primera propuesta de reforma de la OCM del aceite de oliva, que yo me encontré al llegar a mis responsabilidades como ministra de Agricultura ya completamente hecha y preparada, hemos avanzado mucho.
Primero, se ha aparcado la ayuda al árbol, que era lo que suponía de verdad pérdidas de millones de jornales para España, una auténtica prima a la pereza y el abandono del cultivo de gran parte de nuestro olivar.
Eso se ha conseguido aparcar. Lo que se mantiene es la ayuda a la producción y además a la producción real, suprimiendo la ayuda a tanto alzado a los pequeños productores que es fuente de fraude y que en España suponía nada más que un 8 por ciento. Nosotros dijimos desde siempre, desde el primer momento, no así mis predecesores, que había que suprimirlo para simplificar y mejorar la transparencia en el funcionamiento de esta OCM.
En segundo lugar, además de esto, que es el punto clave --rechazar la ayuda al árbol y mantener la ayuda a la producción real--, hemos pasado de una ayuda de 125.000 millones de pesetas, es decir, el equivalente a la ayuda de unas 550.000 toneladas de aceite de oliva para España, a hablar de 150.000 millones de pesetas, es decir, 625.000 toneladas. Por tanto, de 500.000 toneladas a 625.000 toneladas, de 125.000 millones a 150.000 millones es el avance para el sector.
A pesar de todo eso, no nos parece suficiente porque corresponde a una media de años de sequía, por tanto, hay que aumentar esa cantidad máxima garantizada para que recoja la realidad productiva; hay que incorporar una ayuda al olivar de aceituna de mesa, que representa entre 7 y 8 millones de jornales, y, además de eso, mantener la intervención y prohibir las mezclas. En eso estamos trabajando y estoy segura de que a lo largo de estas semanas, de estos meses, conseguiremos todavía mejorar sensiblemente lo que es la propuesta actual de la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA DADO INSTANCIA AL PORTAVOZ DEL GOBIERNO PARA QUE REVELE LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE HACEN CARGO DE SU SEGURIDAD? (Número de expediente 180/001214) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que se formularán al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pregunta nueva --sustituyendo a la número 16--, que formula don Luis Aguiriano, del Grupo Socialista.
Señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, creo que en este trámite, al contrario que su antecesora, usted no va a poder echar la culpa a los gobiernos anteriores. La pregunta está motivada por la entrega a los medios de comunicación de datos reservados que afectan a la seguridad de escoltas de Vicepresidencia del Gobierno. Una larga estancia en América impide que le haga la pregunta al señor Alvarez-Cascos, pero quiero aprovechar su presencia, señor Arenas, para decirle que estimamos en lo que vale la petición de perdón del secretario de Estado de Comunicación. No está el Gobierno sobrado de este tipo de gestos como para no tenerlos en cuenta, lo diga en catalán o lo diga en castellano. Pero la petición de perdón, que sólo puede solucionar problemas personales, no impide la asunción de responsabilidades políticas. Ustedes, que siempre las han exigido a los demás, miran hacia otro lado cuando les corresponde asumirlas. Nuestro objetivo con la pregunta no está en zaherir al Gobierno, sino en la exigencia de que se adopten todas las medidas necesarias --insisto, señor ministro, todas las medidas necesarias-- que garanticen la seguridad de los policías y de sus familias.
Le pido, señor ministro, que en este trámite nos informe de las medidas que se van a adoptar y se comprometa a su cumplimiento. Exigiremos con toda energía todas las responsabilidades que sean precisas si hay acontecimientos desagradables posteriores.
Le ruego, señor ministro, que dé por reproducida la pregunta en los términos en que viene en el orden del día del Pleno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señorías, desgraciadamente, este asunto sí tiene que ver con el Gobierno anterior, porque todo lo que ha acontecido ha sido a la hora de desmentirse por parte del Gobierno una imputación falsa que hizo el anterior presidente del Gobierno al actual vicepresidente primero del Gobierno. (Rumores.) En segundo lugar, que nunca se tuvo la intención de trasladar ningún dato de las personas de seguridad. Y, en tercer lugar, que se han adoptado todas las medidas y, como también se ha dicho --eso no se hacía antes--, el Gobierno ha pedido

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disculpas, pero no intentemos echar una cortina de humo sobre el asunto central: la imputación falsa de una reunión al vicepresidente primero del Gobierno por el anterior presidente del Gobierno. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Muy mal!--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor presidente, señor ministro, me preocupa su talante. (Rumores.) Usted, que es conocido, al igual que un antepasado suyo, como la sonrisa del régimen, me desilusiona en este trámite. He pretendido hacer una intervención constructiva en función de lo más importante en este caso: la seguridad de unos escoltas que ustedes han puesto en peligro.
Ustedes no pueden echar la culpa a nadie de que desde el departamento de Vicepresidencia del Gobierno se prepare un dossier con datos reservados que no tienen por qué salir de Vicepresidencia del Gobierno y se trasladen al secretario de Comunicación. Ustedes son responsables de que el que prepara un dossier para prensa sepa qué tipo de dossier prepara, de que el que entrega el dossier a la prensa sepa qué información va en ese dossier. En ese dossier había información reservada y muy grave para la seguridad de unos ciudadanos. Ustedes son responsables de lo que pueda ocurrir. Tendrán que asumir, tarde o temprano, las responsabilidades.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Aguiriano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, lamento no ilusionar al señor diputado. Por otra parte, me parece que lo que no sirve es la afirmación sobre el talante cuando no se da la razón al señor diputado. Con toda tranquilidad, con toda serenidad, le digo que no comparto sus argumentos. Y vuelvo a repetirle los temas que para mí son esenciales.
Se produce una imputación falsa. El Gobierno demuestra que la imputación es falsa. Se comete el error de no apreciar determinados datos personales en la información. En cuanto se conoce el error, se pone en contacto con los medios de comunicación, cuya profesionalidad quiero elogiar en la Cámara porque no se han publicado esos datos. Se han tomado todas las medidas. Se han pedido disculpas, pero vamos a entendernos. La próxima semana vuelve la pregunta al Senado con el mismo tenor. Ustedes conocían hoy la ausencia justificada del vicepresidente primero. Sí quieren zaherir al Gobierno, y el Gobierno democráticamente dice que no se utilice como cortina de humo un asunto que hemos explicado; hemos corregido el error y se han tomado más medidas. Pero lo siento, señoría, no es un problema de talante; es un problema de que un ex presidente del Gobierno no puede hacer una imputación gravísima y falsa en torno a la conducta del vicepresidente primero del Gobierno. Ahí está el gran problema.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON VICTOR MORLAN GRACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA RECONSIDERADO EL GOBIERNO EL CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS Y DECLARADO EL 6 DE ENERO DE 1998 DIA LABORAL? (Número de expediente 180/001197)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17, que formula don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Socialista.
Señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la verdad es que esta pregunta la podía contestar cualquiera de los dos ministros que están en estos momentos en el banco azul, porque es un pregunta que ya tuvo una primera contestación en el Senado y que hace referencia a que el día 6 de enero de 1998, la fuera de control Compañía Telefónica o, más concretamente, su incontrolado presidente cobraron a los usuarios los precios de las llamadas telefónicas como si las hubieran hecho en día laborable, ingresando por este motivo, según los datos hechos públicos por las organizaciones de consumidores, en torno a 500 millones de pesetas en razón a la aplicación del cambio de tarifa que se produjo, y por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Ha reconsiderado el Gobierno el calendario oficial de fiestas y declarado el día 6 de enero de 1998 día laboral?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.
No. Puedo contestar al señor diputado que no ha reconsiderado el Gobierno el calendario oficial de fiestas; no lo ha reconsiderado.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Morlán.


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El señor MORLAN GRACIA: Señor ministro, tengo aquí el calendario oficial de fiestas que ustedes aprobaron en octubre de 1997, y haciendo referencia a la pregunta que contestó su compañero de Gobierno, que hablaba de que determinadas fiestas autonómicas no tenían nada que ver con la aplicación o no de tarifas telefónicas, le tengo que decir que cuando se trata de una fiesta que es la única que se guarda en todas las comunidades autónomas la Compañía Telefónica no ha tenido el detalle de decir que esa fiesta tenía las mismas características que otro tipo de fiestas que pudiera haber en cada una de las comunidades autónomas, o al menos igual que las fiestas que tienen un carácter nacional.
Yo creo que al señor presidente de Telefónica, señor ministro de Fomento, no lo controlan, y ustedes deberían hacer alguna reflexión sobre la posición que está teniendo el mismo, porque dicen ustedes que respetan la ley y por eso cobran las tarifas laborables en días festivos, y cuando tienen que cumplir la Orden ministerial de 18 de marzo de 1997 no tienen ningún interés en cumplirla; de ahí que ustedes vayan siempre a remolque de lo que está planteando el propio presidente de Telefónica. A usted le puede ocasionar mucha gracia y mucha sonrisa que se formule este tipo de preguntas, pero es que frente al enfado que uno puede tener porque le estén tomando el pelo vale más una pregunta irónica, en la que se tiene que poner de manifiesto la propia incompetencia que tienen ustedes para controlar una empresa que han privatizado totalmente, pues están impidiendo que un servicio público, como el telefónico, pueda tener el nivel de calidad que todo el mundo desea.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, si le parece al señor diputado contesto desde el Ministerio de Trabajo porque no sustituyo hoy al ministro de Fomento, que obviamente nos acompaña y que ya ha contestado en la sesión de control; por tanto no contestaré a las insinuaciones sobre Telefónica o sobre la gestión de Telefónica, porque me parece que eso ya ha sido contestado en la Cámara.
Simplemente quiero decirle que me parece que puede haber alguna confusión, y que estoy seguro que se puede superar, porque como S. S.
sabe el día 6 de enero es fiesta nacional, pero es susceptible de modificación en cuanto al calificativo de festivo por parte de las comunidades autónomas. Eso dice la norma y la legislación a la que se refiere, que concretamente dice que las fiestas que están incluidas dentro del apartado d) --y entre esas se encuentra la festividad del día 6 de enero-- son susceptibles de modificación por parte de las comunidades autónomas.
Creo que con esa fórmula podríamos salir de la confusión, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE AYUDAS ESTA PRESTANDO EL ESTADO ESPAÑOL A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS? (Número de expediente 180/001206)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26, que formula don Pablo Izquierdo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Asuntos Exteriores, la pregunta que esta tarde le vamos a formular nos sirve de perfecta excusa, si la Presidencia y el conjunto de SS. SS. nos lo permiten, para felicitarle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por la aprobación el jueves pasado de la ley de cooperación internacional para el desarrollo, una ley impulsada por este Gobierno; felicitación, reitero, señor ministro, a usted, a su Ministerio y en su persona a todo el Gobierno; una ley que ha esperado esta Cámara durante muchos años, que ha recibido un amplísimo acuerdo parlamentario y que consagra que la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones será el objetivo principal de nuestra cooperación exterior. Además consagra también como principio inspirador de nuestras políticas de cooperación la defensa y protección de los derechos humanos.
¡Qué distinta es, señor ministro, la presencia de España en el mundo cien años después de aquel 1898! Hoy la presencia de España en el mundo es de influencia y de prestigio, qué duda cabe. Celebramos este año ese centenario de 1898, pero también celebramos, señor ministro, el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, ¿qué ayudas está prestando el Estado español a aquellas organizaciones no gubernamentales que directa o indirectamente trabajan en la defensa de los derechos humanos? Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.


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El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, la cooperación española está enfocada para defender los derechos humanos y tiene muy presente que este año precisamente celebramos el 50 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El programa de subvenciones de la Secretaría de Estado de Cooperación para el Desarrollo contempla entre sus prioridades sectoriales, en sus dos convocatorias anuales, los proyectos orientados a la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, a través de la oficina de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores se aprueba, desde el año pasado, una convocatoria anual de ayudas y subvenciones para las actividades dirigidas a la divulgación promoción y defensa de los derechos humanos. Por otra parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional también destina ayudas de carácter singular a las organizaciones no gubernamentales para la protección de derechos humanos. Quiero destacar el memorándum entre la Agencia y el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos para desarrollar proyectos conjuntos entre 1996 y 1998, por un valor de 70 millones de pesetas. Quiero subrayar muy en especial que el proyecto de ley de cooperación, aprobado ampliamente por SS. SS. la semana pasada --y me permitiré devolver a toda la Cámara su felicitación por su aprobación, y muy en especial a S. S.--, recoge en su artículo 1, como uno de sus objetivos prioritarios, la defensa y protección de los derechos humanos, además de la erradicación de la pobreza en el mundo, en todas sus manifestaciones.
Ciertamente todo ello repercutirá, además, en las ayudas a las organizaciones no gubernamentales que trabajen directa o indirectamente en defensa de los derechos humanos que, como S. S. podrá comprobar por mi contestación, constituye una auténtica prioridad en las actuaciones de este Ministerio y muy en particular en todo lo que afecta a la cooperación al desarrollo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


V. INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL SAHARA Y EN APOYO DE LA EFECTIVA APLICACION DE LOS ACUERDOS DE HOUSTON, ALCANZADOS ENTRE EL FRENTE POLISARIO Y MARRUECOS, CON EL FIN DE ALCANZAR UNA SOLUCION PACIFICA Y DEMOCRATICA. (Número de expediente 172/000088) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto V del orden del día, interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política exterior del Gobierno en relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La presentación misma de la interpelación y la elección del tema vienen a significar la importancia que a la cuestión del Sahara otorga Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Hay que reconocer que no suele ser demasiado habitual que se celebren en esta Cámara interpelaciones sobre política internacional. Siendo, obviamente, una cuestión internacional, como el propio enunciado de la interpelación indica, nos encontramos, por otra parte, con lo que también se podría denominar como una cuestión interna, al menos desde algún punto de vista. En primer lugar, porque se puede recordar aquella declaración del Tribunal de La Haya, en que recordaba el papel de potencia colonizadora española, con los compromisos internacionales que ello suponía, y en ese marco no hay que recordar a SS. SS. lo ilegal del proceso de abandono, pero sí habrá que recordar siempre las obligaciones morales y políticas concretas. España no puede ni debe estar ausente o ser uno más de los Estados que intervienen en el actual proceso o en cualquier avatar que afecte a aquel territorio y a sus gentes.
En segundo lugar, ninguna situación internacional provoca tanta simpatía y solidaridad entre el pueblo español como la situación del pueblo saharaui. El pueblo español ha sido más sensible y solidario que sus propios gobernantes que ni siquiera llegaron a reconocer a la República Arabe Saharaui Democrática. Pero eso no debe ser una excusa para el actual Gobierno para una cierta inoperancia en la hora actual. Y esa hora actual está iluminada por las esperanzas que abrieron los acuerdos de Houston, en el marco de las resoluciones 658, 690 y otras posteriores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta situación se inscribe la proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios y aprobada definitivamente en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 22 de diciembre de 1997.
Ha transcurrido un tiempo suficiente para evaluar las acciones del Gobierno español, un tiempo suficiente, por cierto, para apreciar notables omisiones, falta de compromiso activo y decisiones contradictorias con el espíritu, y aun con la letra, de la mencionada proposición no de ley. Vayamos por partes. Dicha proposición aludía a una serie de obligaciones genéricas del Gobierno en orden a cooperar al desarrollo del llamado

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plan de arreglo, mientras que otras son más concretas. Se han reiterado, eso sí, las declaraciones de buenas intenciones, pero en lo concreto o se desconoce lo hecho o no se ha avanzado o incluso en algún punto se ha retrocedido. Así, por ejemplo, la proposición habla, en primer lugar, de elaborar un programa de apoyo a la aplicación del plan de arreglo.
¿Existe dicho programa o en qué momento de su elaboración se encuentra? En todo caso, no ha habido una actitud especialmente activa al respecto.
Hay que recordar que el punto 2 c) de la proposición obliga al Gobierno a presentar ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el primer período de sesiones de 1998, las medidas de actuación previstas para el desarrollo del citado programa, dando cuenta de su ejecución y, en su caso, de las medidas adicionales que deban adoptarse. ¿Qué se va a hacer? En segundo lugar, el Gobierno debe promover --dice la proposición-- la apropiada coordinación e involucración de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comisión en el apoyo internacional para el plan de arreglo. No se trata de valorar positivamente un apoyo de la Unión Europea. El texto genera una obligación política precisa, un mandato de acción. ¿Qué se ha hecho en la práctica? ¿Con qué resultado? ¿Qué obligaciones ha asumido la Unión Europea y sus Estados a instancia de España? En tercer lugar, la proposición no de ley instaba a que el programa incluya explícitamente una serie de cuestiones: la primera, la realización de aportaciones voluntarias al Acnur para la repatriación. En este tema se ha indicado que se ha decidido una ayuda de 600 millones de pesetas, pero hay que recordar que dicho acuerdo ya fue adoptado en 1991, cuando se empezó a hablar del plan de arreglo bajo los auspicios del señor Pérez de Cuéllar. ¿Por qué no se otorgan más fondos? ¿En qué momento de tramitación se encuentra la aplicación de ese compromiso? Otra cuestión concreta: el apoyo técnico de cualquier otra índole a Minurso y su unidad militar para el desminado. La cuestión es especialmente importante, no sólo para el referéndum, sino para la futura vida pacífica y digna de aquel pueblo. No sabemos tampoco si esa colaboración ya se ha producido o cómo se va a producir. Francamente, nos hubiera gustado una presencia más activa y permanente de tropas españolas. Cuando el Gobierno español suele enarbolar la bandera de la importancia justa de las misiones de paz en las que participan soldados españoles, nos hubiera gustado un compromiso mayor en la unidad militar de Minurso.
Por otra parte, el Frente Polisario ha pedido, justa y lógicamente, un mapa de zonas minadas por Marruecos. ¿Ha apoyado el Gobierno esta pretensión? Otra de las obligaciones del Gobierno era el apoyo a otras medidas dispuestas por el representante especial y, en particular, en lo referente al acceso a emisiones de radiotelevisión. ¿Se ha hecho algo en esta materia? Pero la última de las obligaciones que se establecieron en la proposición no de ley es en este momento la más significativa y la que, en buena medida, ha motivado la presentación de esta interpelación.
Porque más allá de su contenido concreto, tiene un significado político obvio. En efecto, el texto aprobado mandata al Gobierno a --cito textualmente-- la realización de aportaciones de otros fondos de ayuda humanitaria. Hay que indicar que cuando se refiere a otros fondos, se refiere a fondos distintos de aquellos que irían al Acnur. Es cierto que en la proposición no se dice la vía o la fórmula que se va a usar, pero en la mente de todos estaba que dicha ayuda se distribuiría para los refugiados a través de ONG especializadas. Pero, para sorpresa de todos los interesados, el 15 de enero de 1998, apenas unos días después de la aprobación de la proposición, el secretario de la Agencia de Cooperación anunciaba, en una reunión mantenida con la coordinadora estatal de ONG, que no se aportarían fondos a través de esas ONG. Esta posición ha sido reiterada posteriormente por otros responsables del Ministerio. No podemos compartir, y criticamos duramente al menos, esa posición por las siguientes razones: en primer lugar, hasta la fecha, la única ayuda gestionada en el Sahara ha sido la vehiculada a través de las ONG, que precisamente las deniega, lo que supone una ruptura injustificable.
En segundo lugar, por este hecho se va a producir la ausencia de ayuda humanitaria; va a haber una ausencia de ayuda humanitaria, lo que es una violación de la propia proposición no de ley. En tercer lugar, podría decir el ministro que va a haber ayuda gestionada por ONG, pero hay que indicar que no ha habido esa ayuda. Los fondos de Acnur obedecen a un concepto distinto y la máxima eficacia en la gestión de fondos se consigue a través de las ONG, que han mostrado una probada línea de coherencia, que conocen las necesidades reales y tienen contacto sobre el terreno. En cuarto lugar, el cese de la ayuda a ONG va a suponer de hecho la quiebra de proyectos muy importantes.
Hay que recordar que en muchos casos los fondos públicos concurren con aportaciones solidarias privadas, que no van a servir si cesa la ayuda del Estado. Y, lo que es más importante, muchos de los proyectos en curso están directamente relacionados con la situación prerreferéndum. No basta con pretender una repatriación de los votantes. Ese hecho crea nuevas necesidades humanas. Por ejemplo, nuevas necesidades en urgencia médica, traslado de enseres, rebaños, otras propiedades. Pues bien, a eso no se le va a dar respuesta y puede ser, incluso, un hecho objetivo que dificulte la participación electoral.
Por todas estas razones, cabe preguntarse por las causas de la decisión gubernamental que, por cierto, contrasta con las ayudas que están prestando otras instituciones públicas, incluso con el apoyo, muchas de ellas, del Partido Popular. Pero hay que insistir en

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que esta actitud viene a ser una síntesis de las omisiones y silencios sospechosos del Gobierno, que pretende pasar sobre el proceso como de puntillas, callando por no molestar y actuando sólo y en todo caso en el nivel de las buenas intenciones y en relación con Naciones Unidas, pero sin relación directa y activa con el pueblo saharaui y hasta dificultando el trabajo de las ONG españolas.
Desde esta constatación, la pregunta sobre las causas de la decisión del Gobierno, en especial sobre la ayuda humanitaria, tiene un relevante sentido político que se refiere tanto a la intensidad de sus convicciones solidarias como a los límites a su libertad de actuación en la zona del Magreb, porque no se nos oculta a nadie que hay presiones por parte de Marruecos, un país con el que el Gobierno español mantiene relaciones privilegiadas, y es bueno que así sea, que haya buenas relaciones de vecindad, pero no hasta el punto de condicionar radicalmente la política española en un territorio y en relación con unas personas con las que, repito una vez más, tenemos compromisos históricos imprescriptibles.
Señor ministro, le aseguro que es una casualidad la coincidencia de esta interpelación con la celebración de la cumbre hispano-marroquí, pero bienvenida sea la coincidencia. Ahora tiene usted ocasión de explicar públicamente lo tratado en la reunión respecto del proceso en curso en el Sahara, porque ha trascendido que éste ha sido uno de los temas tratados, pero no se ha explicado con una mínima profundidad lo hablado, y lo publicado en algunos medios de comunicación o bien merece un desmentido o más bien viene a darme a mí la razón. Y es que sólo en ese marco de preferencia promarroquí se entiende la renuncia a una acción más directa, activa y solidaria en las relaciones con el pueblo saharaui porque, desde luego, lo que no sirve, lo que roza el cinismo es la insinuación que a veces se ha hecho sobre la conveniencia de mantenerse neutrales en esta fase. Es cierto que la proposición habla de neutralidad de España ante el referéndum, pero dicha neutralidad, para que sea efectiva, debe al menos contemplar dos factores. El primero es la desigualdad de las posibilidades materiales de las partes, lo que es un hecho evidente. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Desde una mínima sensibilidad democrática, el restablecimiento de la igualdad de oportunidades entre las partes es un requisito insoslayable perfectamente compatible con una neutralidad sobre la pregunta y sobre las garantías formales del proceso. En segundo lugar, la ayuda humanitaria no tiene nada que ver con la neutralidad y, si se presta a una de las partes ello es sólo una manifestación de la desigualdad existente. La ayuda humanitaria, lógicamente, debe prestarse a los desplazados, a los represaliados, ¿a quién se va a prestar si no? ¿Al Gobierno marroquí? ¿No ha sido suficiente con la condonación de deuda y con armar a las mismas tropas que mataban al pueblo saharaui? Además, testimonios fiables indican que hay juego sucio del Gobierno marroquí, con manipulaciones, presiones y amenazas. ¿Conoce el Gobierno estos hechos? ¿Ha aprovechado la reunión de esta semana para denunciarlos? Señor ministro, como ve hay muchas preguntas en el aire, muchas dudas, muchas premoniciones y advertencias. Disípelas en su intervención, por favor, porque ésta no es una cuestión de ventajas partidistas. Queremos que el consenso de la proposición no de ley, que el consenso social sobre la cuestión se siga manteniendo, pero no será posible si lo quiebra el Gobierno con sus decisiones o con sus interpretaciones cicateras e insolidarias.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, la política española sobre el contencioso del Sahara occidental parte de la premisa de que estamos ante un problema derivado de la descolonización, que se resolverá cuando, y sólo cuando, el pueblo saharaui pueda decidir su destino en un referéndum libre, justo y con las debidas garantías internacionales. Para que esto pueda conseguirse, el Gobierno considera que no hay otra vía que la del plan de arreglo de las Naciones Unidas y las diversas resoluciones y textos que lo desarrollan, incluidos los acuerdos de Houston. Al aceptar expresamente todo este acervo de disposiciones, las partes reconocen en las Naciones Unidas la única autoridad para conducir el proceso que debe culminar en el referéndum, y a ellas se someten. Ni el plan de arreglo ni los acuerdos de Houston contemplan un papel específico para España en ninguna de las fases de su aplicación. Sólo dos países, Mauritania y Argelia, tienen reconocido en dicho plan el estatus de observadores.
Por todas estas razones, nuestra postura es la única que se puede mantener de estricta neutralidad. De esto, y únicamente de esto, es de lo que se habló con nuestros amigos marroquíes en la reunión de alto nivel de los pasados días domingo y lunes. Por cierto, permítame que le corrija en el sentido de que no hay tanta condonación de deuda, sino conversión de parte de esa deuda en inversión. Pero eso no supone pérdida del principal por parte de España.
Volviendo al tema del Sahara, nos consta que las circunstancias históricas nos sitúan en una posición en la que nada de lo que ocurre en el territorio nos puede resultar indiferente. Tenemos muy presente la delicadeza que reviste todo el proceso, así como la carga emocional existente en nuestra sociedad sobre todo lo relativo al Sahara. Para facilitar al máximo la tarea de

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las Naciones Unidas, debemos evitar muy cuidadosamente cualquier gesto que pueda interpretarse como que España se sale de esa estricta y exquisita neutralidad que debe mantener y apoya a una de las partes en conflicto. España siempre ha abogado por una aplicación correcta del plan de arreglo, y apoya sin reservas la labor de las Naciones Unidas por entender que es la única salida a este contencioso que se prolonga ya por muchos años. En esos momentos en que hay peligro de que, una vez más, descarrile el proceso, es cuando todavía hay que ser más especialmente cuidadoso con lo que se hace, incluso con lo que se dice.
España quiere colaborar con la ONU en todas aquellas peticiones que las propias Naciones Unidas nos formulen y que cuenten con el apoyo de las partes. Entre las peticiones que ya nos ha hecho llegar la Secretaría de la organización figura el envío de un documentalista que colabore con Minurso en las actividades de identificación de votantes. Su eventual envío y las características de su misión se circunscribirán únicamente a actividades de carácter técnico. España, obviamente, se hará cargo de los gastos por este concepto. Minurso ha solicitado el acceso de su personal a las instalaciones médicas de Las Palmas de Gran Canaria y el uso de las instalaciones de radiodifusión de las islas Canarias para desarrollar su programa de información cívica antes de la celebración del referéndum. El Ministerio de Defensa ha proporcionado a Minurso material cartográfico para que se utilice en las operaciones de desminado y de traslado de refugiados al territorio. Esta última operación corre a cargo de Acnur, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y España contribuye con cuatro millones de dólares. España espera que la ONU continúe haciéndole saber en qué otras áreas puede seguir prestando su cooperación para la completa ejecución del plan de arreglo. El Gobierno piensa que estamos ante una posibilidad real de conseguir una solución, por fin, y no debemos dejarla escapar. Este mensaje lo ha transmitido a todas las partes en litigio, instándolas a mantener el espíritu de colaboración que permitió en su momento alcanzar los acuerdos de Houston.
Como saben por mis anteriores intervenciones en esta Cámara, nos encontramos ahora en una fase clave de todo el proceso: la identificación de votantes. Es éste un ejercicio lento, complejo, costoso y cargado de dificultades, técnicas y políticas, que está siendo llevado a cabo por la Minurso a través de la comisión de identificación, y cuyo objeto es una población tribal nómada y, por lo tanto, geográficamente dispersa. Han surgido muchas divergencias, en los últimos días especialmente, entre las partes sobre este proceso de identificación, que han tenido, por otra parte, amplio eco en los medios de comunicación.
En su último informe al Consejo de Seguridad del pasado 13 de abril, el secretario general de las Naciones Unidas señaló que el proceso de identificación no registró los avances esperados en febrero y marzo y que, por tanto, es improbable que pueda respetarse el plazo inicialmente previsto del 31 de mayo para concluir los trabajos y las operaciones de identificación. En el mismo informe se indica que no es posible en este momento especificar el tiempo que será necesario para completar esas tareas de identificación. La resolución 11/63, de 17 de abril, ha prorrogado el mandato de la Minurso hasta el próximo 20 de julio, tal y como se recomendaba en el mencionado informe del secretario general.
Nuestra política respecto al contencioso, en coherencia con cuanto le acabo de decir, no persigue otro objetivo que hacer posible y viable que el plan de arreglo llegue a su culminación, y en esta tarea estamos concentrando cuantiosos fondos presupuestarios que en el año 1997, globalmente considerado, han ascendido a 1.150 millones de pesetas. Todo ello con el fin de que el pueblo saharaui pueda pronunciarse sin más demoras y de un modo libre y exento de coacciones sobre su futuro.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, coincidimos con usted en la importancia del marco creado en Houston y en el papel de las Naciones Unidas como conductor del proceso. A partir de ahí creo que ya no coincidimos en nada más. Yo no sé si ha sido una actitud consciente o inconsciente, pero usted no ha contestado prácticamente a ninguna de las preguntas que yo le he formulado, y en todo caso a ninguna de las preguntas políticamente relevantes. Por ejemplo, y se las reitero: ¿va a presentar usted, en este período de sesiones, como viene obligado por la proposición no de ley aprobada en diciembre, el programa global de actuación de España sobre esta cuestión? En segundo lugar, y mucho más importante, ¿significa o debemos entender --yo así lo entiendo, por aquello de que quien calla otorga-- que usted ratifica las declaraciones de otro responsable de su Ministerio, por las cuales no va haber ayuda humanitaria al pueblo saharaui más allá de lo que se aporta a la Acnur, que no es estrictamente en concepto de ayuda humanitaria y que, desde luego, no va a haber ayudas vía ONG? Yo creo que del silencio de su intervención sólo se puede entender que no la va a haber, que el Gobierno español no va a seguir prestando ayuda humanitaria al pueblo saharaui.
Pero es que, además, hay otras cuestiones, incluso no planteadas en la proposición no de ley, que deben atenderse. Una de ellas es importante, y es la presencia en el territorio español de numerosos ciudadanos saharauis

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que están en una situación de alegalidad y que temen desplazarse al proceso de referéndum por si se les niega la reentrada en territorio español. Es una situación excepcional que merece de la generosidad y de una respuesta excepcional por parte del Gobierno. ¿Se va a buscar una salida para eso? Pero sobre todo lo que no convence es lo que ha respondido sobre la reunión en Marruecos. Usted ha vuelto a afirmar que allí se ha dicho que se va a ser neutrales. Pero si las cosas se sacan de su contexto, se pueden tergiversar las palabras, se pueden retorcer como una columna salomónica hasta que exprimiéndolas todo el jugo no tengan ya ningún sentido.
En el territorio ocupado por Marruecos siguen existiendo desaparecidos y hay una vulneración evidente de derechos fundamentales. El último caso, es el del señor Laarusi Numria, desaparecido el 8 de febrero de este año y encontrado muerto el 3 de abril en El Aaiún, y así otros muchos casos.
Si se va a Marruecos y se olvidan estos pequeños detalles, es muy fácil afirmar la neutralidad, pero no se pueden olvidar. La ética política lo impide. Además, existe un documento --y supongo que si lo tengo yo, el ministro lo debe conocer-- dirigido por el ministro de Interior del Reino de Marruecos a sus gobernadores, en el que se dan instrucciones muy precisas sobre cómo manipular la inscripción y se adoctrina sobre cómo disfrazar a personas que no son originarias del territorio para que puedan votar. ¿Eso lo ignora también el Gobierno español? ¿Puede uno ir a sentarse con el Rey Hassan desconociendo e ignorando esta realidad material y amparándose sólo en las bellas palabras de la neutralidad? Algunos ejemplos históricos hay del peligro de este neutralismo.
El presidente Aznar ha hablado de neutralidad en la prensa, al menos en un medio de comunicación. De la lectura de esa entrevista, cuando hay que deducir cómo interpreta el presidente del Gobierno la neutralidad, resulta que a dicho concepto se le da la vuelta y significa neutralizando a las ONG españolas que prestan su ayuda en aquel territorio. ¿Desmiente el ministro esas afirmaciones del presidente Aznar? Porque si no las desmiente, lo que esta diciendo es que ese concepto de neutralidad es unidireccional, sólo se aplica a aquellas ONG o a aquellos ciudadanos del pueblo español que quieren colaborar con el pueblo saharaui. Al Gobierno de Marruecos se le puede tolerar todo, no al pueblo saharaui.
Para acabar, señor ministro, recuerde aquello de que una imagen vale más que mil palabras. En las imágenes de televisión sobre la última cumbre hispano-marroquí, se pudo ver la reunión entre el señor Aznar y el Rey Hassan. Detrás del monarca del reino amigo, presidiendo la sala, había un gran mapa de Marruecos. En él, con el mismo color y sin fronteras, se incluía el territorio del Sahara. Esa es la neutralidad que, por lo visto, ustedes entienden y comparten con el Gobierno marroquí. ¿De qué neutralidad estamos hablando al final? ¿De qué igualdad estamos hablando? La prudencia en estos temas al final demasiadas veces es el nombre bonito, el eufemismo para ocultar el cinismo y la insolidaridad. Lavarse las manos tiene precedentes históricos, pero porque antes las manos están sucias.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, tomo muy buena nota de la última afirmación del señor interpelante y en la próxima cumbre que se celebre en Marruecos mandaremos por delante una inspección para que apruebe el mobiliario, decoración y mapas colgados de las paredes.
En todo caso, sí quiero destacar que en esas reiteradas apelaciones que hace S. S. a la proposición no de ley aprobada por esta Cámara, se recuerdan mil detalles excepto la cuestión fundamental, que es la de que esta Cámara aprobó la necesidad de que España mantuviera su neutralidad a lo largo de todo el proceso. Eso es lo que cuenta y esa neutralidad no se puede tomar, como a veces parece deducirse de las afirmaciones de su señoría, a beneficio de inventario. Ese es el eje de la cuestión y es a lo que hay que atenerse en defensa del papel histórico que corresponde a España en este tema y en defensa de lo que son intereses españoles en toda la región; eso y todo lo que hace referencia a la ayuda al pueblo saharaui, que siempre ha sido importante y, permítame tranquilizarle, lo seguirá siendo.
Voy a darle detalles, puesto que los exige. La cooperación con el pueblo saharaui, cuyos beneficiarios son exclusivamente los saharauis refugiados de los campamentos del Tinduf, se realiza mayoritariamente a través de organizaciones no gubernamentales, quedando reducida la actuación directa de la Administración a la concesión de ayuda alimentaria y humanitaria de emergencia y a la concesión de becas de estudios. El resto de la cooperación se efectúa a través de las dos convocatorias anuales para subvenciones y ayudas a proyectos de ONG. Después está la cooperación descentralizada, que repite el mismo esquema y que es la que se hace a través de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La Secretaría de Estado para la Cooperación, a través de las dos convocatorias de ayudas y subvenciones a proyectos de ONG en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ha subvencionado en el último trienio a quince ONG para la ejecución de 22 proyectos en beneficio de los refugiados saharauis en los campamentos del Tinduf por un importe de 794.794.000 pesetas. No es una cifra pequeña.
Yo quiero además a continuación, para su ilustración, darle las cifras de la cooperación con el pueblo

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saharaui en estos últimos dos años de 1996 y 1997. En 1996, en becas, 26 millones; ayuda humanitaria y de emergencia, 26.400.000 pesetas; ayuda alimentaria, 175 millones; contribuciones a Acnur para el programa de repatriación del Sahara Occidental, 227 millones; subvenciones a ONG del desarrollo, 298.941.000 pesetas. Total, ayuda en 1996, 526.471.000 pesetas.
En 1997 en becas, 24 millones; en ayuda humanitaria los 26 millones de 1996 pasan a 250 millones; en ayuda alimentaria y de emergencia, 150 millones. Ese es el año en que, no obstante, por la propia evolución y terminación prevista del plan de arreglo, es cuando hay que incrementar sustancialmente las contribuciones a Acnur y pasan a 599 millones de pesetas, con lo cual, además de los 126 millones de subvenciones a ONG, en 1997, frente a los 526 millones de 1996, el total de ayudas al Sahara, tanto como contribución al plan de arreglo de las Naciones Unidas, que son aproximadamente la mitad, como al resto, buena parte a través de ONG, asciende la cantidad a 1.150 millones de pesetas. Ciertamente creo que no se puede, a la luz de estas cifras, efectuar las acusaciones que S. S.
acaba de verter.
En cuanto al futuro, salvo un cambio drástico en sus directrices básicas, nuestra cooperación tiene previsto seguir apoyando e impulsando la colaboración con los saharauis a través de la concesión de becas de estudio, ayuda alimentaria, subvenciones y ayudas a los proyectos que las organizaciones no gubernamentales presentan para su ejecución en los campamentos de refugiados, pudiendo estudiar, si se diera el caso y en la medida de las disponibilidades presupuestarias, alguna solicitud concreta de ayuda que los propios saharauis puedan realizar para este período transitorio. En concreto, durante 1998 la cooperación española tiene previsto continuar apoyando su colaboración con los refugiados saharauis mediante la concesión de becas --23 becarios--, ayuda alimentaria --150 millones previstos para este año--, además de las acciones que para atender a las necesidades humanitarias derivadas de la operación de repatriación de refugiados del Sahara pueda emprender el Acnur con cargo a los citados 4 millones de dólares aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, bienvenida sea esta nueva oportunidad para tratar un tema candente, puesto que no teníamos ocasión de mantener un debate de este tipo desde el pasado día 15 de octubre, cuando tuvo lugar su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en aquella ocasión a petición de este grupo parlamentario, para tratar en ese momento de las expectativas que se abrían después del desbloqueo del proceso de paz para el Sahara Occidental. En ese momento quiero recordar que se puso de manifiesto una prudencia extrema por parte de la mayoría de grupos de la Cámara en cuanto a valorar con un optimismo diríamos desbordado las expectativas creadas tras los acuerdos de Houston, que sin embargo todos coincidíamos en calificar en ese momento como las mejores perspectivas que se abrían desde el inicio del conflicto, un conflicto largo, como se decía anteriormente. Precisamente el día 14 de noviembre hará 23 años de la firma en Madrid de los acuerdos tripartitos que están en el inicio propio de este conflicto; un conflicto que creo que no está de más que afirmemos que nos llena de vergüenza y del que han sido, son y continúan siendo víctimas miles de hombres, mujeres y niños saharauis, que son los que sufren en sus carnes el exilio, que son los que sufren en sus carnes el drama derivado de un proceso de descolonización inconcluso. Pero es un pueblo que no renuncia a decidir libremente su futuro, a pesar de que en dichos acuerdos de Madrid -- quiero recordar, viciados desde el inicio a la luz de Derecho internacional-- se les negaba dicho derecho.
También, señor ministro, entiendo que es lógico que haya una preocupación viva en la Cámara que se manifiesta a menudo sobre este problema.
Entiendo que es lógico, en primer lugar, porque es un problema sentido también por la sociedad española en general; es lógico porque todo aquello que afecta a dramas de los seres humanos nos debe preocupar; también porque nos interesa y nos preocupa y este grupo considera como propia la causa del respeto a los derechos humanos, en cualquier parte del mundo donde estos estén amenazados, y hacemos nuestra la causa de que los pueblos del mundo puedan decidir libremente su futuro. Más allá de esto entendemos también --y usted en su intervención se ha referido reiteradamente a ello expresa o implícitamente-- que existe una responsabilidad histórica española en el origen de este conflicto y, en consecuencia, un deber moral para ser activos en la resolución pacífica del mismo.
Las perspectivas moderadamente optimistas de encontrar una solución pronta y justa a este conflicto que se abrieron con el cambio de la Secretaría General de las Naciones Unidas y gracias a la intervención del antiguo secretario de Estado norteamericano, señor Baker, van adelante y de momento también parece que el escepticismo que algunos manifestamos acerca de la voluntad real de conseguir llegar al final de este proceso, por suerte, se está demostrando gratuito; escepticismo, sin embargo, que en ese momento, cuando lo manifestamos --desde estos bancos lo expresamos

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muy claramente en su comparecencia del mes de octubre--, era sumamente fundamentado, ya que a lo largo de estos 23 años, y muy especialmente en relación al cumplimiento del plan de paz que se inició tras el alto el fuego del año 1991, que preveía, quiero recordar, la celebración de un referéndum de autodeterminación a finales de 1992, entiendo que hubo una serie de incumplimientos por parte marroquí, en los que se basaba el escepticismo que manifestamos en ese momento.
En el mes de diciembre, como se recordaba por el señor Alcaraz, todos los grupos de la Cámara suscribimos y aprobamos una proposición no de ley de apoyo al proceso de paz y retorno de los refugiados. Creo que esa proposición no de ley fue un hito importante en este debate en la Cámara, puesto que desde el consenso definimos claramente cuál entendíamos que debía ser la posición oficial española en el período que había de conducir a la celebración del referéndum a finales de este año.
Desde nuestra perspectiva, ¿cuál debe ser esta actuación? Creo que quedaba suficientemente clara en la proposición no de ley, pero, en cualquier caso, la voluntad expresada por el Gobierno de mantenerse en una estricta neutralidad --concepto sobre el cual ha girado fundamentalmente el debate que se ha mantenido anteriormente--, desde nuestro de vista, debe manifestarse a través de una posición de activa beligerancia en la exigencia del cumplimiento estricto de los acuerdo de Houston por ambas partes. Si en el pasado algunos gobiernos habían invocado dicha neutralidad --en nuestro caso cuando una parte importante de la sociedad civil apoyaba claramente la causa del Frente Polisario y del pueblo saharaui-- para permitir la perpetuación de una situación que perjudicaba claramente a la parte débil del conflicto, en tanto en cuanto el estancamiento de la situación favorecía a Marruecos, en este momento pensamos que la única posición neutral es la de exigir el cumplimiento de dichos acuerdos.
Retomando el inicio de mi intervención, pienso que la responsabilidad histórica obliga al Gobierno a una participación activa, a una implicación directa, a una vigilancia especial y a sumar su voz y su acción cuando convenga para hacer avanzar el proceso de paz en el momento en el cual este pueda parecer que está encallado. Asimismo ello debe manifestarse con la ayuda gubernamental a todas las víctimas de la situación, hombres, mujeres y niños, refugiados en definitiva, que un día se vieron obligados a abandonar sus casas y su tierra, que en muchos casos ni conocen, puesto que son hijos del exilio, pero abrigan la esperanza de un retorno pronto a su país, y además el horizonte parece que, gracias a Dios, está abierto.
Termino, señor presidente, señor ministro, diciendo que esperamos conocer la moción para podernos pronunciar sobre la misma. La vamos a recibir con gran interés y deseamos que suponga una contribución positiva para avanzar en la línea que consensuamos con la aprobación de la proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANES NADAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para fijar nuestra posición sobre la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto en relación fundamentalmente con la situación del conflicto del pueblo saharaui y el cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que estamos en un momento donde las intenciones no valen. Es un momento de especial dificultad, donde el Gobierno español tiene que expresar una voluntad firme y no un concepto de neutralidad, vinculado más bien a lavarse las manos en lo que significa la parte fuerte y la parte débil de este conflicto. Todos, el proponente y los demás diputados que han intervenido, podemos compartir y compartimos de hecho la exigencia de neutralidad en los términos políticos y en los que acaba de expresar en su intervención el representante de Convergència i Unió, de la máxima exigencia en el cumplimiento escrupuloso de lo que significan los acuerdos para el desarrollo de este proceso. Esa es la neutralidad que se debe exigir y que debe exigir el Gobierno. Yo creo que España no es un país neutral sobre lo que le ha ocurrido en estos 20 años al pueblo saharaui, sino más bien al contrario, ya que somos un país que tiene una fuerte responsabilidad y una deuda histórica con el pueblo saharaui.
Por otro parte, el Mediterráneo es una prioridad en la política exterior de España y las relaciones con Marruecos en este entorno son complicadas y de una enorme importancia, pero España no puede seguir teniendo de forma reiterada y sistemática una postura de debilidad y de cesión ante los chantajes reiterados en esta relación bilateral con Marruecos. La relación con Marruecos, que es importante para la estabilidad del Magreb, como lo es la del Mediterráneo para la nuestra propia, no puede significar que consintamos el poco respeto a los derechos humanos que se tiene tradicionalmente en Marruecos, ni muchísimo menos se puede tener una actitud de permisividad, con la intencionalidad clara, sistemática y reiterada de obstaculizar los procesos que afectan al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Se va a producir de nuevo la situación que afectó al anterior proceso de identificación. Lo que no puede pretender Marruecos y lo que la neutralidad exige es que no se puedan reiterar bajo ningún concepto las actuaciones que se dieron por parte de Marruecos en los anteriores procesos de identificación.


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España, además, no se puede desvincular de una defensa activa y de un apoyo en la aplicación de los acuerdos alcanzados efectivamente por el Frente Polisario y por Marruecos para lograr una solución pacífica y democrática, pero tampoco se puede desvincular de su actuación en el ámbito de la comunidad internacional y no puede desentenderse de ese problema, que es precisamente lo que sistemáticamente ha intentado Marruecos, que alegando neutralidad ha pretendido que la comunidad internacional, y más concretamente España, se desentiendan de un proceso que se estanca de forma indefinida y que siempre opera en favor, lógicamente, de la parte más fuerte, que en este caso es Marruecos.
España debe realizar todas las actuaciones posibles, debe jugar un papel activo y debe responder a lo que en este momento necesita el pueblo saharaui, que es una acción política y diplomática total en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y, por otro lado, una clara determinación en la ayuda solidaria y en la ayuda humanitaria, que nunca se deben entender como una interferencia en el proceso, pues, al contrario, esa misma falta de cooperación y de ayuda humanitaria operaría precisamente en contra de la finalización del proceso y en contra, concretamente, del pueblo saharaui.
Entendemos, señor ministro, que desde el Gobierno se sigue demostrando una actitud de extrema debilidad en la relación bilateral con Marruecos, en este tema y en otros también, y no debe permitir que se reiteren situaciones que hemos conocido históricamente. Es difícil que España pueda compensar o saldar la deuda histórica que tiene con el pueblo saharaui, pero usted no puede, desde la defensa de un concepto de neutralidad, lavarse las manos en un conflicto ante el que la sociedad española --usted lo ha dicho-- es enormemente sensible y al que debe darse solución jugando un papel activo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sabanés.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-Santesmases.


El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Tengo que decir que el consenso de nuestro grupo es completo con lo que ha dicho el señor Alcaraz, pero también con lo manifestado por el señor Recoder y por la señora Sabanés, es decir, hay un consenso de todos los grupos parlamentarios sobre este tema, manifestado en la Comisión de Asuntos Exteriores --como sabe el señor ministro-- el pasado mes de diciembre. Lo que se recuerda hoy aquí tiene quizá más actualidad por la cumbre hispano-marroquí, pero, en definitiva, el señor Recoder --aunque llevamos esta semana de tensión con los nacionalistas catalanes, en este punto coincidimos completamente-- lo ha resumido perfectamente. Hay una responsabilidad histórica, hay una situación que nos llena de vergüenza, hay un deber moral y hay un cierto optimismo en relación con los acuerdos que se han producido en Houston, que nos permiten salir del escepticismo en el que estábamos.
Dicho esto y dado que hay ese consenso --que me imagino que la portavoz del Partido Popular, la señora Pulgar, también ratificará--, nos ha sorprendido, señor ministro, que usted haya tenido una posición --sobre todo en la contestación que ha dado al señor Alcaraz-- que nos ha dejado un poco desconcertados, porque no es sólo una broma sobre los mapas; es una situación en la que efectivamente hay unas presiones del Gobierno marroquí; unas presiones que usted sabe que hacen que en un momento determinado quieran plantear ya inexorablemente el Sahara como territorio marroquí. Hay una cierta debilidad del Gobierno español --algunos dicen que también se ha dado en otras ocasiones, pero debilidad sigue habiendo-- y no hay esa posición en la que uno no entre en lo que le han dicho, señor ministro, que es lo importante. Una cosa es la neutralidad, otra es la indiferencia y otra es lavarse las manos frente a las presiones del Gobierno marroquí. Una cosa es la neutralidad exquisita y otra cosa es neutralizar la acción de las organizaciones no gubernamentales, que son las que defienden --con la ayuda humanitaria, con la educación, con la salud, con el agua-- lo que hay que hacer en este territorio por esa responsabilidad histórica que tenemos, como ha explicado muy bien el señor Recoder.
Independientemente de que nuestro grupo estudiará la moción consecuencia de esta interpelación --ya se lo adelantamos al señor Alcaraz, y esperamos que todos los grupos podamos llegar a un consenso--, yo sí le pediría, señor ministro, que despejara alguna de las dudas y que no saliéramos de aquí con esta sensación de una especie de realismo político pacato del que ha podido dar impresión, quizá por descuido, con algunas de sus palabras.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García-Santesmases.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar Fraile.


La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ante todo quisiera en nombre de mi grupo agradecer al señor ministro que haya venido para hablar del referéndum del Sahara y que lo haya hecho con tanto rigor. Como parlamentaria del Grupo Popular estoy orgullosa de la actitud que ha demostrado, concordante con la solidaridad del pueblo español con los saharauis. Hoy ha venido a este Parlamento la interpelación urgente sobre la política

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exterior del Gobierno en relación con el Sahara, en apoyo de la efectiva aplicación de los acuerdos de Houston alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos con el fin de lograr una solución pacífica y democrática.
Señor ministro, he entendido que nuestra postura es de estricta neutralidad, aunque las circunstancias históricas hacen que nada de lo que ocurra en ese territorio nos sea indiferente, y que debemos facilitar la tarea de la ONU evitando gestos que pudieran parecer de apoyo a una de las partes. Creemos que la neutralidad española no debe entenderse como un abandono o desinterés del Gobierno hacia al Sahara, sino que debe asumirse como un apoyo sin reservas a un proceso que desembocará en una solución pacífica y justa. Esto lo prueban las cifras de la cooperación española con los refugiados saharauis en los últimos diez años. Sólo en 1997 la cooperación alcanzó la cifra de 1.226 millones de pesetas, muy superior a la de años anteriores. Usted, señor ministro, con los datos aportados, nos ha demostrado que está previsto mantener nuestra ayuda, bien a través de aportaciones crecientes a Minurso y a Acnur conforme se vaya acercando el referéndum, bien a través del envío de ayuda humanitaria y de emergencia, así como de aportaciones en alimentos a los refugiados saharauis.
Nuestra neutralidad tampoco quiere decir que no se apoyen los proyectos eminentemente humanitarios que tiendan a subsanar las deficiencias, preferentemente en torno a la infancia, que en tantas ocasiones sufre las consecuencias de las guerras y de los desastres en todo el mundo. Aunque nuestro país no tiene un plan de arreglo ni los acuerdos de Houston nos conceden un papel de observador en este proceso, España se siente ligada a la evolución política democrática del Sahara, sin que esto se pueda interpretar en absoluto como apoyo a alguna de las partes. Reitero lo anteriormente dicho por el señor ministro: que lo fundamental de esta cuestión es que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro en plena libertad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pulgar.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor presidente.
Quiero despejar cualquier duda que pudiera haber al respecto. Ni hay debilidad alguna en la posición del Gobierno español en relación con el Sahara, como tampoco la habido en el pasado, ni hay presión alguna del Gobierno marroquí al respecto, ni la hubiera tolerado el Gobierno español. Yo mismo he tenido ocasión de explicar en reiteradas ocasiones la posición del Gobierno español a las autoridades marroquíes, al propio Rey el pasado mes de enero, así como al entonces primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Abdelatif Filali, y he tenido ocasión de reiterársela de nuevo al señor Filali en esta reciente reunión de alto nivel, así como el presidente del Gobierno, señor Aznar, se la hacía patente al señor Hassan. Tengo que decir que en el mes de enero tuve que dar esa explicación profunda porque se preguntaban las autoridades marroquíes si el hecho de haber recibido el ministro español de Asuntos Exteriores al líder del Polisario, señor Abdelaziz, implicaba algún cambio en la posición del Gobierno español, ya que podía entender alguno que el Gobierno español había perdido su tradicional neutralidad en favor de la parte saharaui. Siempre ocurren estas cosas. He querido destacar este detalle para dejar claro que en ningún momento el Gobierno español ha perdido su posición de exquisita neutralidad. Junto a esta exquisita neutralidad, quiero reiterar la beligerancia del Gobierno tanto en apoyo del plan de arreglo y de los acuerdos de Houston como en apoyo del pueblo saharaui en sus carencias, en ayudas de todo tipo, directas, a través de organizaciones no gubernamentales y a través de las Naciones Unidas. Y esa será la línea en la que va a continuar este Gobierno y de la que yo mismo le respondo.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO A LA POLITICA UNIVERSITARIA Y LA MODIFICACION DEL TITULO V DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. (Número de expediente 172/000089)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto a la política universitaria y la modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria.
Para la exposición y la defensa de la interpelación, tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, parece que hoy para llevar a cabo esta interpelación no podremos disfrutar de la presencia de la ministra de Educación y Cultura, la señora Aguirre, pues nos ha sido anunciado que en su lugar va a intervenir el señor Rajoy.
Señor Rajoy, por lo que yo sé, creo que este no es su tema, aunque tengo cierta curiosidad por conocer qué puede saber usted sobre la universidad.
En absoluto dudo de que haya recibido un buen asesoramiento del equipo de la ministra, ni tampoco dudo de sus sobradamente

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demostradas habilidades políticas. Le agradezco su disponibilidad al aceptar la delegación de la ministra Aguirre. (El señor vicepresidente Fernández-Miranda y Lozana ocupa la Presidencia.) Pero antes de entrar en el tema no puedo sino expresar nuestro disgusto por la falta de atención de la señora ministra en un tema tan importante como el que traemos hoy a debate. Sé que la ministra tiene muchos compromisos, pero su deber de comparecer ante el Parlamento no puede ser sustraído por la preferencia a las atenciones protocolarias. Prefiero pensar que su ausencia hoy se debe a un compromiso ineludible y no a lo que podríamos temer y nos tememos, que es su miedo a entrar a discutir en temas de política universitaria; temas en los que ha merecido un sonoro suspenso de los rectores, de los profesores, de los alumnos por no haber aprobado las asignaturas pendientes, entre las cuales destacamos la modificación de los planes de estudio, la reforma del profesorado, la reforma de la selectividad, la autonomía universitaria, la reforma del tercer ciclo, y así unas cuantas más hasta completar una larga lista.
El Grupo Parlamentario Socialista no sólo ha reclamado durante estos dos años de Gobierno del Partido Popular actuaciones en materia de política universitaria, sino que se han alzado más voces representativas de la comunidad universitaria. Hasta la fecha, no hemos podido constatar la existencia de propuestas concretas y solventes que apuntaran claramente cuál es la orientación del Partido Popular en materia de política universitaria. Por ello presentamos hoy esta interpelación urgente, en especial por la preocupación creciente en la comunidad universitaria por algunos temas que son urgentes. Comunidad universitaria que, víctima de la inactividad del Ministerio de Educación y del Gobierno del señor Aznar, ve cómo avanza una peligrosa sensación de inanición.
A lo largo de estos dos años demandas no han faltado. Tampoco han faltado ofertas de disponibilidad para debatir las posibles respuestas. En cualquier caso, deberían haber ejercido la legitimidad que tienen de gobernar en materia de política universitaria. Estamos ante los mismos problemas que hace dos años. Cuando ustedes asumieron la responsabilidad de gobernar heredaron un sistema universitario con virtudes y con defectos, pero completamente distinto del que existía quince años antes.
Distinto porque es producto de un proceso muy importante de democratización de la universidad, de inserción en su entorno social y de modernización científica y docente.
Los números, a lo largo de estos quince años, han sido un indicador importante de los avances en nuestro sistema universitario. Por ejemplo, el número de alumnos universitarios de 692.000 en el curso 1982-1983, ha pasado a más de un millón y medio en 1997; el número de profesores ha pasado de 43.000 en 1982, a 72.000 en la actualidad; el aumento considerable del número de centros universitarios; el número de estudios universitarios que pueden cursar los españoles, de 60 a 130 títulos.
¿Qué han permitido estos quince años, llamados también quince años de LRU (Ley de Reforma Universitaria) aprobada en 1983? Han permitido el acceso a la educación superior en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos que demuestren su aptitud; reconocer y ejercer la autonomía universitaria como condición indispensable para la transmisión libre y crítica del conocimiento; democratizar el funcionamiento de la propia universidad; y distribuir las competencias entre los diversos poderes públicos, generando un nuevo escenario competencial. No olvidemos que en estos momentos se ha completado todo el proceso de transferencias a las comunidades autónomas en materia de enseñanza universitaria; se han creado nuevos centros con el consecuente aumento de oferta de plazas; y se han reformado los planes de estudios para ofrecer una formación adecuada a las nuevas demandas sociales.
El Grupo Socialista es consciente de que este proceso no ha estado exento de disfunciones y que ha sido un proceso claramente de incrementos que ha generado algunas tensiones y dificultades que cualquier Gobierno debe ser capaz de afrontar. Sabemos que este proceso ha provocado dificultades académicas generadas por los nuevos planes para los estudiantes y para los profesores. Sabemos que un incremento acelerado del número de profesores para dar respuesta a las necesidades docentes que se iban generando ha provocado situación laboral precaria e inestable para muchos de ellos. Sabemos que existen dificultades operativas en el modelo de gobierno de las universidades. Durante estos dos años, ¿qué se ha hecho desde el Gobierno del Partido Popular y, concretamente, desde las responsabilidades de la señora Aguirre, ministra de Educación? Pues bien, en una primera época pudimos ver cómo un equipo ministerial puesto por el Gobierno del Partido Popular establecía unas líneas que fueron consideradas correctas por muchos sectores de la comunidad universitaria pero que duraron muy poco. Durante esta época se generaron propuestas, existía un diálogo fluido con los representantes de la comunidad universitaria, pero ese diálogo acabó en una destitución masiva de cargos con responsabilidades en materia de universidades en el Ministerio en julio de 1997.
Desde entonces la inactividad ha sido total, generando una especie de congelación del propio Consejo de Universidades que en un periodo de seis meses tuvo tres secretarios generales. A partir de octubre de 1997 pasa a ocupar la primera plana del tema la relación con los rectores, representados básicamente en la conferencia de rectores de las universidades españolas. Los rectores cansados de esperar y de escuchar promesas, que no se cumplen, impulsaron una oleada de críticas

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reflejadas en los discursos de inicio de curso y le plantearon básicamente tres problemas: reglamentar el proceso de revisión de los nuevos planes de estudio, arbitrar medidas para compensar los déficit en financiación y acometer las reformas necesarias para resolver el problema del profesorado.
¿Qué hizo la señora ministra? Se inventó un grupo de trabajo, al margen del Consejo de Universidades, para estudiar los temas pendientes. Este grupo elaboró unas conclusiones, sobre las que parecía haber bastante acuerdo, y que se resumían en dos puntos fundamentales. Por una parte, impulsar la modificación de las directrices generales de los planes de estudio y, por otra parte, proponer una reforma del título V de la LRU, con una estructura del profesorado que suponía cambios en las figuras del personal docente contratado y en el sistema de acceso.
Pues bien, los compromisos de la ministra de que las reformas ya llegan y de que son inmediatas aterrizan en enero en el Consejo de Universidades y aparece la señora ministra con dos borradores bajo el brazo: uno de ellos, el proyecto de real decreto por el que se modifican parcialmente los decretos anteriores de directrices generales de los planes de estudio. En éste no había ningún problema, todo el mundo estaba de acuerdo; se trataba de completar un decreto anterior y redefinir el valor del crédito y, por tanto, no había más cera que la que arde. Desde el mes de enero hasta hoy este real decreto no ha sido llevado a Consejo de Ministros. Le voy a preguntar directamente, señor Rajoy: ¿Para cuándo la aprobación de este real decreto? La semana pasada, el secretario de Estado de Universidades dijo que estaba en el orden del día del próximo Consejo de Ministros. ¿Es cierto o no lo es que figura en el orden del día del Consejo de Ministros de esta semana? Si no es así, ¿para cuándo piensan aprobar este real decreto? En este tema, no había problema. Lo que sí constituye un problema es el retraso que genera dificultades importantes para las universidades.
El segundo tema, el borrador de la modificación de la Ley de Reforma Universitaria, concretamente de su título V, quedó en el aire. Se ha dicho durante estos meses que el Gobierno realiza consultas y contactos con grupos políticos, con los sindicatos a través de la mesa sectorial, pero no sabemos dónde está el borrador. Parece que se ha perdido por el camino. ¿Dónde está el borrador que la señora ministra presentó al Consejo de Universidades el pasado 26 de enero? Si saben dónde está, nos gustaría conocer qué cambios ha sufrido, cómo está en este momento y cuáles son las consultas, las conversaciones que mantienen con grupos políticos.
Tengo que decirle que a mi grupo político hasta la fecha nadie le ha consultado lo que tiene que ser la modificación de una ley y que, por tanto, se tiene que debatir en sede parlamentaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Palma, le ruego que vaya concluyendo.


La señora PALMA I MUÑOZ: Voy terminando, señor presidente.
Por último, quería referirme a un tema también importante, relacionado con el anterior, cual es el relativo a la financiación de las universidades. ¿Piensan ustedes iniciar algún estudio para diagnosticar y dar respuesta a los déficit reiteradamente denunciados? El secretario de Estado de Universidades, en su comparecencia ante el Senado hace pocos días, habló de un grupo de trabajo en el seno del Consejo que estaba estudiando el tema. ¿Cuál es el objetivo y el contenido de dichos estudios, señor Rajoy? ¿En qué estado de desarrollo se encuentran estos estudios sobre la financiación universitaria? No dudo en absoluto, señor Rajoy, de su buena voluntad al intentar contestar a las preguntas que yo le formulo, pero se trata de temas urgentes y para los que espero que usted me dé cumplida respuesta.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Palma.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor presidente, señoras y señores diputados, la señora Palma no puede disfrutar, como ha dicho al principio de su intervención, de la presencia de la señora Aguirre pero, a cambio, disfruta de la mía, que tampoco es moco de pavo. (Risas.) Tiene curiosidad --así lo ha expuesto ante la Cámara-- en saber qué es lo que puedo saber yo de la Ley de Reforma Universitaria, curiosidad que es compartida. Por lo menos ya comenzamos la intervención y el texto de la interpelación con una coincidencia. En lo que sí tengo que discrepar es de mis habilidades políticas, porque si fueran --yo se lo agradezco que lo haya dicho-- las que usted ha señalado no estaría yo aquí respondiendo a esta interpelación. Dicho esto, es evidente que la ministra de Educación y Cultura no puede estar presente hoy porque tiene que estar acompañando a su Majestad el Rey en su condición de ministra, que no en otra.
Voy a intentar responder, en la medida de mis posibilidades, a la interpelación que usted acaba de hacer. Como creo que lo ha hecho con meridiana claridad yo intentaré también, en justa contrapartida, hacerlo de la misma forma. En la primera parte de su intervención hace unas declaraciones generales sobre la actuación del Ministerio de Educación y Cultura a lo largo de estos dos últimos años. Habla de que hay muchos

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temas que están pendientes, que no han resuelto y que no hay propuestas.
No dejan de ser las habituales declaraciones genéricas que tienen lugar cuando cualquier ministro se sube a una tribuna a responder a una interpelación. Como no se apunta cuáles son los temas concretos y puntuales a los que se refiere, no puedo contestarle. Sí le contestaré, sin embargo, a los tres apartados puntuales y concretos a los que luego ha hecho referencia.
Ha continuado con un claro elogio de la política universitaria del Gobierno socialista en los últimos quince años. Para que no me digan que yo hago oposición del Gobierno anterior no voy a contestar, aunque sí me gustaría señalar que en algunos de los asuntos a los que usted ha hecho referencia no se puede negar la intervención que ha tenido este Gobierno, como, por ejemplo, en la conclusión de los traspasos universitarios a algunas comunidades autónomas que todavía estaban pendientes a mitad del año 1996, así como en la creación de nuevos centros, uno de los puntos que usted ha señalado como positivo, o el aumento del número de alumnos y de profesores. En ellos también algo habrán tenido que ver las personas que asumen responsabilidades de Gobierno en las distintas comunidades autónomas. Sin perjuicio de la brillante gestión realizada en materia universitaria en los quince años, que ya he dicho que no voy a analizar en el momento presente, hay algunos errores y problemas que no han surgido en estos dos últimos años, como es perfectamente entendible.
En concreto, hace referencia S. S. a tres problemas: primero, los nuevos planes de estudio; segundo, los déficit de financiación; y, tercero, la situación del profesorado. En relación con el asunto famoso de los nuevos planes de estudio, tal y como usted ha manifestado que ha dicho en una reciente comparecencia el secretario de Estado de Universidades, efectivamente serán aprobados, si no ocurre nada de particular --espero que no sea así--, en el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana jueves, en el que se aprobará un real decreto por el que se modifica parcialmente el Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, de directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios oficiales, que viene a corregir las disfunciones detectadas en los actuales planes de estudio y que ha sido objeto de la mayor preocupación del Gobierno y del Consejo de Universidades.
Estas disfunciones se referían principalmente a la atomización y fragmentación excesiva de las materias y asignaturas que provocaban una sobrecarga apreciable en el número de exámenes y en la presión lectiva simultánea que habían de soportar los estudiantes, lo cual redundaba, a su vez, en una falta de incentivos para el imprescindible estudio y trabajo individual del alumno como complemento de las enseñanzas teóricas y prácticas. Para corregirla se dio un primer paso, como usted conoce, en el real decreto al que antes he hecho referencia, cuya previsión más importante es la de establecer un mínimo de créditos por materia o asignatura: 9 para las anuales y 4,5 para las cuatrimestrales.
Con el proyecto de real decreto, que Dios mediante se aprobará mañana, se pretende avanzar en esta línea actuando en un doble frente. De un lado, a través de la noción de crédito como unidad de valoración de las enseñanzas. En éste se incorporan específicamente las actividades académicas dirigidas, y con ello se busca flexibilizar la noción de crédito, con limitaciones que se fijan en un 30 por ciento del valor lectivo básico de las 10 horas, de modo que se permita a las universidades --no que se imponga-- que incentiven y promuevan el trabajo individual de los alumnos en el marco de una enseñanza teórica o práctica, con los debidos medios objetivos de comprobación de los resultados de dicho esfuerzo personalizado. Además, esto nos acercará a los esquemas de enseñanza universitaria de los países más desarrollados.
De otro lado, se establece un límite claro al número de materias, o de asignaturas en que éstas se hubieran desdoblado, que se prevean simultáneas en el plan de estudios. No se pretende limitar la posibilidad de que el alumno pueda libremente optar por cursar simultáneamente el número de materias que le convenga sino que lo que se propone es que la universidad, al elaborar su plan de estudios, no pueda establecer como número de materias que habría de cursar simultáneamente un estudiante que pretendiera ajustarse a la duración teórica del plan de estudios un número que sea superior a seis, y ello siendo la estructura de la enseñanza anual, semestral, cuatrimestral o excepcionalmente trimestral.
También tengo que señalar --porque usted ha hecho referencia a ello en la primera parte de su intervención, en el capítulo de temas que todavía estaban pendientes de abordar-- que mañana en el Consejo de Ministros van a ser objeto de atención los programas del tercer ciclo, que constituyen el más destacado instrumento de las universidades para la formación superior y la capacitación de los jóvenes investigadores y docentes universitarios, y que se aprobará un real decreto por el que se reforman globalmente los estudios del tercer ciclo universitario, con el fin de corregir determinadas deficiencias que se han observado en dichos estudios. Si usted tiene interés le hago un resumen detallado del proyecto de real decreto, que será decreto en el día de mañana, y si no lo dejamos así, porque parece que no hay mayor interés en que entre en el análisis del mismo.
El segundo asunto que le preocupa a la señora Palma es el que hace referencia a la regulación de determinadas situaciones del profesorado universitario. Hace una pregunta concreta: ¿Dónde está el borrador? Si me lo permite, para darle una respuesta concreta en este asunto, comenzaría con dos consideraciones generales. En primer lugar, quisiera destacar la importancia

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del profesorado universitario, que creo que todos compartimos, para cumplir las funciones de servicio a los estudiantes y, en general, al conjunto de la sociedad y, por tanto, la necesidad de que la política relativa al profesorado sea un elemento imprescindible en los esfuerzos de modernización y de mejora de la universidad.
El segundo punto al que quisiera hacer referencia es que el Gobierno, siendo consciente de esta importancia, ha querido que cualquier decisión fuese concertada con las administraciones autonómicas y con las propias universidades. Ello, en primer lugar y es lo más importante, por propia convicción del Gobierno, y, en segundo lugar, porque las administraciones autonómicas son las competentes en materia de enseñanza superior y a quienes corresponde hoy la responsabilidad financiera y la política universitaria en sus respectivos territorios, así como las universidades tienen, por la competencia que establece la propia Constitución, un amplio ámbito de autonomía académica y de autoorganización.
Dicho esto, es evidente que es necesaria una reforma del régimen legal del profesorado universitario --eso lo conoce usted muy bien y por tanto no voy a entrar en el análisis del porqué--. Hasta tal punto es así que ya anteriores gobiernos intentaron proceder a la modificación pero, por unas u otras razones, tanto el proyecto del año 1992 --éste creo que por motivo de disolución de la Cámara en 1993-- como el de octubre de 1994, ninguno de los dos intentos, al final, se ha concretado en norma jurídica alguna.
Creo que son dos los problemas fundamentales de insatisfacción con la regulación que establece la Ley de Reforma Universitaria. El primero es el relativo a los sistemas de selección de funcionarios docentes universitarios, los catedráticos y titulares. En ese sentido, hay que señalar que el título V de la Ley de Reforma Universitaria determinó una notable modificación en el sistema anterior. Las decisiones de selección y promoción se descentralizaron en favor de las universidades y se pretendió valorar la aportación científica de los candidatos.
Como contrapartida, el esquema legal de la Ley de Reforma Universitaria, junto con otros factores como el gran crecimiento de la demanda de profesores en los años 1984 a 1995 y la multiplicación del número de universidades, ha traído consigo unos procesos selectivos que son manifiestamente mejorables. Este es uno de los temas que está encima de la mesa y que sin duda será necesario abordar.
En cuanto al segundo asunto, que también tiene su trascendencia o importancia, hace referencia al profesor no numerario contratado, porque en los diez años que median entre los años 1985 y 1995 ha tenido lugar un crecimiento espectacular del número de estos profesores, en especial de los asociados, hoy más de 21.600, de los que buena parte, 8.500, lo son con dedicación a tiempo completo a las tareas universitarias. Y ello a pesar de los topes porcentuales sobre la plantilla de profesores fijados por la Ley de Reforma Universitaria para contratación del profesorado, que usted conoce muy bien, y que por su propia naturaleza los profesores asociados no debían tener dedicación a tiempo parcial.
Por añadidura, los límites temporales reglamentarios a la duración de los contratos de asociado a tiempo completo motivaron la aprobación periódica y reiterada de reales decretos de prórroga de tales contratos, aun presentándose, eso es verdad, con carácter excepcional y por una sola vez. Así ha ocurrido en septiembre de 1990, agosto de 1991 y de 1993, septiembre de 1995 y septiembre del año 1996.
Pues bien, amén de inestabilidad, la estructura de figuras contractuales de profesorado ha ido revelando poca flexibilidad para hacer frente a las necesidades docentes de las universidades, en ocasiones imprevisibles y de corta duración.
A pesar de las dificultades que he señalado antes --y creo que la demostración inequívoca de las mismas está en la existencia de dos proyectos que no pudieron concretarse, por las razones que sean, en normas jurídicas--, lo cierto es que el Gobierno tiene la firme voluntad de abordar la reforma del título V de la Ley de Reforma Universitaria y pretende abordarlo. Yo ya sé que el Gobierno puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente sin necesidad de un proceso de diálogo, que es lo que me ha parecido deducir de una parte de la intervención de la señora Palma; tenga en cuenta que en otras ocasiones la acusación que se le hace al Gobierno es justamente la contraria, que no se ha producido el diálogo suficiente. Yo creo que siempre debe haber un diálogo razonable. El Gobierno no puede abdicar de sus propias responsabilidades como Gobierno, pero también tiene que hacer un esfuerzo para que todos los proyectos de ley que envía a las Cortes Generales gocen del máximo consenso y de la aquiescencia del mayor número posible de colectivos, partidos políticos, instituciones, etcétera.
Pues bien, a la vista de esta situación, el 6 de septiembre del año 1997 la ministra de Educación y Cultura y el presidente de la conferencia de rectores, el rector Carles Solá, acordaron la constitución de un grupo de trabajo que, presidido por una personalidad independiente, indicase las líneas generales de la reforma. Recogiendo los trabajos, las conclusiones y el planteamiento del Gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura, en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de su acción como ministra de un gobierno, elaboró un borrador de anteproyecto de ley modificativa del título V de la Ley de Reforma Universitaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego vaya concluyendo.


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El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Este borrador pretende fundamentalmente dos innovaciones que no discrepan radicalmente de las que se recogían en el año 1994 y que, como he recibido una llamada al orden por parte del presidente, no voy a enumerar. Sí quiero señalar que las propuestas de este borrador fueron presentadas a las distintas comisiones y al pleno del Consejo de Universidades y que la ministra ofreció expresamente a todos los vocales del Consejo su receptividad a estudiar las sugerencias y observaciones que estimaran oportuno y conveniente hacerle. Hasta el momento, ya ha habido una veintena de universidades que han hecho llegar a la Secretaría de Estado sus planteamientos sobre el asunto. En la misma línea de intentar llegar a acuerdos con el mayor número de grupos y de colectivos posibles, ha habido una reunión en la mesa sectorial de universidades con las organizaciones sindicales más representativas a los mismos efectos que la que ha habido con los distintos representantes de las universidades.
En conexión y con el mismo planteamiento al que acabo de hacer referencia y al que responden las dos reuniones antes señaladas, el Ministerio tiene la intención de hacer una invitación a todos los grupos de esta Cámara, naturalmente también al grupo parlamentario al que usted representa en el debate del día de hoy, para intentar llegar a un acuerdo sobre un tema que no tiene por qué ser necesariamente un asunto en el que sea imposible el acuerdo. Creo que es más que posible que lo habrá. No sólo posible, sino sobre todo necesario. Para conseguir lo necesario y lo posible, debemos hacer un esfuerzo no sólo los representantes del Gobierno sino también los representantes de la oposición que han sido y que pueden ser también Gobierno en el futuro.
Espero que esta invitación que hace el Ministerio de Educación y Cultura a todos los grupos parlamentarios sea atendida por los distintos grupos que componen esta Cámara y, por tanto, en un período razonable de tiempo --no me atrevería a dar fechas-- podamos presentar la reforma del título V de la Ley de Reforma Universitaria, igual que en el día de mañana presentamos para aprobación del Consejo de Ministros los dos reales decretos a que he hecho referencia y que estoy absolutamente convencido de que tranquilizarán a sus señorías.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente; gracias, señor ministro.
Estoy realmente anonadada. En un primer momento he pensado que ejerce usted dignamente de ministro de jornada y que, además, no necesita abuela. En cualquier caso, a lo largo de su intervención me he quedado sorprendida porque he visto que venía usted bien asesorado y seguramente podrían nombrarle ministro de jornada cada semana por la velocidad tremenda a la que lee los informes que seguro que le han pasado del Ministerio. De cualquier forma, no dudo de su buena voluntad y de sus buenas intenciones, pero no me ha contestado en absoluto a lo que le he planteado, excepto a la aprobación mañana del real decreto de los planes de estudio.
Quiero recordarle que aquí se ha producido una demora importante que afecta a la planificación que las propias universidades deben hacer para realizar la revisión de los planes de estudio y que será bastante difícil que esta revisión pueda llevarse a cabo para entrar en vigor el próximo curso; bastante difícil, por no decir imposible. Fíjese usted que el jueves de la semana pasada, tras la celebración de una conferencia de prensa del presidente de la conferencia de rectores, doctor Carles Solà, en la que se denunciaba el retraso en la aprobación de este decreto, el secretario de Estado, dos horas después, dijo que precisamente ayer había llegado el informe del Consejo de Estado, cuando llevábamos esperando el real decreto más de cuatro meses. En cualquier caso, nos alegramos de que vaya mañana al Consejo de Ministros, pero veremos si no llega demasiado tarde. Esperemos que no.
Respecto al profesorado no me ha contestado prácticamente nada. Nos ha leído cantidad de descripciones y de informes que conocemos al dedillo y nos ha dicho que, si hay que hacer algo, hay que hacerlo de acuerdo con las comunidades autónomas y las universidades. Evidentemente. Pero ¿con qué comunidades autónomas están hablando? ¿Con quién están dialogando? ¿De qué están tratando en estas conversaciones? Si existe voluntad de abordar la reforma del título V de la LRU, tienen que hablar con los diferentes grupos políticos y, evidentemente, con el primer grupo político de la oposición. Hasta la fecha, insisto, nadie nos ha dicho nada.
Lo que estamos describiendo aquí es una muestra más de una forma de gobernar de la ministra Aguirre que casi podríamos calificar de una forma de gobernar a ritmo espasmódico, en el sentido de que reacciona cuando las cosas se ponen feas, cuando los rectores protestan, cuando alguien denuncia que no se han cumplido las promesas que en ningún momento ha dejado de realizar. Quiero recordar el discurso de inicio de curso en la Universidad de Córdoba, precisamente delante de Sus Majestades los Reyes, en el que la ministra no se cortó en absoluto a la hora de hacer promesas sobre todos los temas, lo iba a resolver todo en cuatro días, y además iba a ofrecer un pacto de modernización de la universidad. ¿Dónde está este pacto? Pero volviendo al profesorado y para abundar un poco más en el desconcierto que existe en estos momentos

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en el Ministerio sobre este tema, usted ha hablado de datos y ha citado 21.000 asociados que constan, efectivamente, en la Secretaría de Estado.
Pero a petición de una solicitud de datos de esta diputada, la Secretaría de Estado de Universidades nos dice que de los 21.240 asociados no tiene información --y así lo especifica en la respuesta, una columna titulada Sin información-- de más de 9.000, que son prácticamente el 50 por ciento de este colectivo, y de los 5.757 doctores no sabe la dedicación de 4.047; datos proporcionados hace escasamente un par de meses por la Secretaría de Estado de Universidad. ¿Cómo se puede planificar así? ¿Cómo se pueden tomar decisiones de esta forma? ¿Cómo se pueden hacer propuestas? ¿Saben ustedes cuánto cuesta acometer esta reforma? Habrá que saber cuanto cuesta de acuerdo con las comunidades autónomas que tienen competencias plenas en materia de universidad. ¿Cómo pueden saberlo si no saben, primero, cuántos son y en qué situación se encuentran? Espero que a partir de esas denuncias, que no son sólo del Partido Socialista sino de representantes de la comunidad universitaria, a la ministra no se le ocurra crear nuevos grupos de trabajo que al final son grupos fools, que no sirven prácticamente para nada, ni crear más cortinas de humo.
La capacidad que están demostrando ustedes para dar soluciones a una situación que en palabras del rector Jaume Pagès, de la Politécnica de Cataluña, más que un problema es una gran oportunidad --la oportunidad de incrementar nuestra competitividad, de acelerar el proceso social, cultural y económico, y empujar el avance de una sociedad que cada día requerirá más del conocimiento para hacer reales sus aspiraciones-- es prácticamente nula. La comunidad universitaria, señor ministro, está cansada de escuchar falsas promesas, de anunciar trabajos de comisiones, algunas que no existen y otras que aparecen y desaparecen. Consideramos que es una falta de respeto al propio Consejo de Universidades, que ha visto cómo quedaba despojado de sus propias competencias como órgano articulador de un sistema universitario...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Palma, le ruego concluya.


La señora PALMA I MUÑOZ: Concluyo enseguida, señor presidente.
Es también una falta de respeto a la propia conferencia de rectores, que ha tenido un protagonismo importante en los últimos tiempos y mucha paciencia esperando que la señora ministra acometiera algunas de estas acciones. Es también una falta de respeto a los colectivos afectados y a la comunidad universitaria en general. Sólo les pedimos que gobiernen, pero, en cualquier caso, no dejen a la universidad española falta de rumbo, falta de una política clara que podemos discutir. A veces es peor lo que se hace por pasiva que no lo que se hace por activa.
Gracias, señorías, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Palma.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas, señor presidente.
Voy hacer unos breves comentarios sobre la intervención de la señora Palma. Ha dicho que no le he dado respuesta a las cuestiones planteadas, pero del tenor de su intervención se ha deducido exactamente lo contrario porque ha hecho referencia a los planes de estudio, el primer tema concreto que planteó, lo demás han sido consideraciones generales y afirmaciones sin apoyatura argumental alguna.
Sobre los planes de estudio lo único que tengo que decir es lo que ya he señalado antes. Es un asunto que mañana aprobará el Consejo de Ministros.
Usted tiene razonables dudas de que no puedan entrar en vigor el curso que viene, pero el Ministerio tiene la impresión de que con buena voluntad y con un esfuerzo por parte de todo el mundo sí puede hacerse.
Veremos qué es exactamente lo que sucede al final. Dicho esto, mañana se aprueban los planes de estudio tras el preceptivo informe del Consejo de Estado, que efectivamente podía actuar con mayor celeridad, pero lo cierto es que todo funciona como funciona. Estamos en disposición de que esta normativa, a la que parece que usted no se opone --lo cual celebro--, pueda entrar en vigor a partir del próximo curso universitario.
Ha dicho usted que yo no he dicho nada sobre el profesorado. No es verdad. He contado cuáles son los problemas que están planteados en este momento, cómo pretenden abordarse y cuáles son los trámites y las decisiones que se están adoptando para llevar a buen término esas soluciones. Ha manifestado su acuerdo con lo que yo he afirmado de la necesidad de consensuar con las comunidades autónomas, lo cual es absolutamente lógico puesto que, como es sabido, estas comunidades tienen reservadas las principales decisiones políticas sobre las universidades de su territorio, entre otras cosas la creación y la autorización de las universidades, los centros y enseñanzas, la fijación de los precios públicos por los estudios de títulos oficiales, la planificación y programación de los objetivos de educación universitaria, así como la contribución financiera pública para sustituciones universitarias. Por tanto, parece lógico que se cuente con el Consejo de Universidades, con el conjunto de todas ellas y también con los distintos grupos políticos.
No sé exactamente con qué grupos políticos están celebrando reuniones en estos momentos. Dice usted que su grupo no ha sido avisado. Yo lo que puedo hacer es comprometerme

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a trasladar esta inquietud. Por tanto, tenga usted la firme convicción de que el Grupo Parlamentario Socialista será consultado, como no podía ser menos, y sus aportaciones, que a buen seguro serán muy positivas, serán tenidas en cuenta, con lo cual podremos aprobar por consenso este importante asunto de la modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria.
No voy a contestar a las declaraciones generales sino a los temas puntuales, a lo del ritmo espasmódico, a la afirmación que dice usted que hace el secretario de Estado de Universidades sobre los más de 21.600 profesores asociados, de lo cual deduce que no se puede proceder a ninguna reforma de este título V puesto que no se sabe exactamente qué es lo que ocurre con esas personas. Yo no sé si se sabe o no exactamente lo que ocurre con estas personas; yo desde luego sí lo sé, y también lo saben las universidades y las comunidades autónomas con las que precisamente se está intentando llegar a un acuerdo en este asunto. Por tanto, todos y cada uno de los que tengan información e interés en este asunto, como he señalado antes, son consultados, y de esta suerte podremos hacer un buen proyecto de ley.
Por último, todos tenemos una cierta tendencia a hablar en nombre de todo el mundo; yo también. Por tanto, no le reprocho a usted nada. Pero es que usted ha hablado aquí en nombre de la comunidad universitaria, y la comunidad universitaria es variopinta, como todas las comunidades que hay en España, como todos los partidos políticos, incluso como los diputados de los mismos grupos parlamentarios. Es decir, aquí cada uno es como es y, por tanto, hay que ser conscientes de que es así, y hay algunos señores de la comunidad universitaria con un planteamiento y otros con otro planteamiento diferente, pero es lo cierto que no todos deben sostener el mismo planteamiento que usted ha mantenido hoy aquí por cuanto al menos veinte universidades ya han remitido al Ministerio de Educación y Cultura lo que creen que debe hacerse en relación con la modificación del título V de esta Ley de Reforma Universitaria. En cualquier caso, ha hecho algunas otras afirmaciones, como la de falta de respeto por parte del Ministerio y del Gobierno a la universidad, a la comunidad universitaria, que no puedo compartir y quiero que conste en el "Diario de Sesiones" esa aseveración. La universidad es enormemente importante. Hay muchas cosas que tienen una gran trascendencia en un país, pero desde luego la universidad, donde la gente se forma no solamente a nivel de conocimiento sino también a otros muchos niveles, y donde realmente se adquiere cultura, conocimientos, valores y principios, es algo que preocupa profundamente, como no podía ser menos, al Gobierno.
Admítame al menos que yo le diga que le preocupa tanto al Gobierno como a la oposición y tanto a mí como a usted. Créame sinceramente que es así. A usted también, señora Valcarce.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro, por su meritoria actuación. Permítame que le diga que siempre es gratificante, en un debate sobre la universidad, comprobar que los ministros al menos saben leer y que además lo pueden hacer bastante rápido. Compartirá SS. SS. con Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya que los problemas de la universidad son varios y parece que en ningún caso están siendo debidamente abordados por el Gobierno, que en esta materia apenas ha tomado decisiones. Es una política, pues, basada en la pasividad, hábilmente adornada con prácticas y opiniones erráticas y contradictorias. No hemos podido saber hasta la fecha, en ningún momento, cuál va a ser la línea general de política universitaria del Gobierno. Hoy nos vamos también sin saberlo. Lo que sí ha conseguido el Gobierno es quemar a un secretario de Estado, malestar en el Consejo de Universidades, enfrentamiento con la conferencia de rectores y desencuentros con los sindicatos. Y si esos desencuentros con todas esas entidades no han ido a más ha sido por la prudencia de otros, que no por parte del Gobierno. Por tanto, un fabuloso catálogo de éxitos para la inacción, todo un récord que hoy llega a lo sublime con la incomparecencia de la señora Aguirre en su condición de ministra y no en otra. La impresión es que el Ministerio y el Partido Popular no entienden lo que es la universidad, lo que significa en este final de siglo, o prefiere no saberlo. La actuación más notable que se le conoce al Partido Popular fue el ataque brutal a la autonomía universitaria en la Universidad de Alicante. En fin, la enumeración de problemas enquistados sería prolija. Se ha citado --y yo me referiré de pasada-- la reforma de los planes de estudio. Esperaremos la aprobación en el Consejo de Ministros y veremos si efectivamente es de aplicación para el próximo curso; lo vamos a estudiar con detalle.
Pero sin duda los dos grandes problemas que reclaman más urgente solución, y sobre los que no ha habido una respuesta mínimamente nítida en la intervención del señor ministro, son la financiación y la situación del profesorado. Quiero insistir en que no se trata aquí de recurrir a un discurso fácil sobre los males de la universidad o la crisis de la universidad. Sin duda, en los próximos años, el debate sobre el papel futuro de la universidad será permanente y plantea preguntas que debe responder, ante todo, la comunidad universitaria en diálogo con el conjunto de la sociedad, pero ello no puede ser excusa para rehuir respuestas políticas urgentes a esas dos cuestiones.


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En materia de financiación, la posición tradicional del Gobierno, reiterada en numerosas respuestas dadas a diputados de esta Cámara, es que en última instancia ese es un problema de las comunidades autónomas.
Eso no es cierto. La responsabilidad del Gobierno del Estado en materia de coordinación pasa indefectiblemente por promover un nuevo marco para una financiación estable y suficiente. No es necesario volver a recordar que en las inversiones en universidades está muy lejos de producirse una convergencia con Europa. Además, como recordaba recientemente un rector de una universidad española en un libro que publicaba: o la inversión universitaria se liga, incluso desde un punto de vista simplemente económico, con la generación de empleo, la formación global y la productividad, o los esfuerzos en todos estos campos serán baldíos. No hemos oído todavía una palabra de la señora ministra ni tampoco de usted, señor Rajoy, sobre la necesidad de imbricar la política universitaria con la política global de desarrollo, de investigación, de desarrollo de la sociedad de información, etcétera. Por tanto, una política absolutamente falta de miras, una política absolutamente restrictiva. Por eso decía que no entienden lo que significa la universidad.
En cuanto al profesorado, faltan incentivos pero sobre todo existe una gran bolsa de nuevos PNN con una gran inestabilidad. Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya ha presentado una proposición de ley para reformar la LRU, para crear nuevas figuras de contratación del profesorado que vengan a resolver este problema. Lo hacemos porque el Gobierno ha sido incapaz de definir su propuesta, porque es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y ha tenido dos años para decir algo y no lo ha dicho, y porque se ha empeñado en un baile de anteproyectos y proyectos presentados y retirados y, en este momento, nadie sabe exactamente cuál es su posición. Lo grave es que el problema está ahí y las soluciones son absolutamente necesarias y urgentes.
En definitiva, entendemos que sería bueno buscar el consenso, como el señor ministro decía, pero no vemos que la política real del Ministerio de Educación sea esa. La situación es muy grave, pero puede ir a peor, y no es algo que repercuta sólo en la comunidad universitaria sino que afecta a toda la sociedad española.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, sin perjuicio de la posición que mantengamos en la moción que se presentará en el Pleno próximo, querríamos señalar algunas ideas. En primer lugar, una cuestión clave: la política universitaria destaca por su indefinición, ya se ha dicho en esta Cámara y en estos momentos. Los cambios sucesivos en el equipo de la ministra han alterado el normal funcionamiento del Ministerio y de los organismos que dependen de él, sea el Consejo de Universidades, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, etcétera. Prueba de ello es que hoy en día sigue reclamándose una política, un proyecto sobre el cual podamos pronunciarnos. Creemos que detrás de la manifiesta indefinición se erige la carencia de un diagnóstico claro, preciso y de futuro sobre la situación de la universidad. Esta indefinición tiene graves consecuencias en la reforma de los planes de estudio y en la financiación de las universidades. No estamos diciendo que la universidad necesite más dinero, que obviamente lo necesita, sino que hay que modificar el actual sistema de financiación porque en los umbrales del siglo XXI no puede ser el mismo que el establecido en la Ley de 1983.
De cara a las comunidades autónomas, pensamos que las situaciones y problemas a veces son distintos de los que propugna el Ministerio. En concreto, en el capítulo V de la Ley de Reforma Universitario hemos manifestado que las autonomías históricas y, más en concreto, la Comunidad Autónoma del País Vasco aspira a elaborar su proyecto de profesorado propio, sin que esto suponga romper los lazos de comunicación científica y de amistad académica que une a los universitarios del Estado. El modelo actual de profesorado no ha resuelto los problemas docentes de la universidad vasca y tampoco los anteproyectos que hasta ahora conocemos van a alterar esa situación. Es un problema grave que la endogamia, el corporativismo, la desmotivación y la falta de perspectiva de los docentes universitarios terminen por cronificarse. La Comunidad Autónoma vasca está ya suficientemente madura para diseñar su profesorado propio. Resulta difícil sustraerse a esta reivindicación cuando, paradójicamente, los anteproyectos de modificación del capítulo V no sólo no plantean esta posibilidad sino que parecen pensados para situaciones que no son la nuestra. Elaborar un nuevo estatuto del profesorado no puede ser exclusivamente establecer nuevas categorías académicas y nuevas formas de acceso a la carrera docente o modificar la composición de los tribunales. Se necesita --y no dudamos de la importancia de las anteriores que acabamos de citar-- dotar a las autonomías de competencias y de posibilidades normativas que ahora mismo no tenemos. El profesorado propio puede ser una forma de diseñar una nueva carrera docente que además de ocuparse de las formas de acceso de nuevas figuras contractuales se acerque al análisis concreto de la situación de la universidad, difícilmente en la Comunidad Autónoma vasca. El anteproyecto existente, yo diría que no existente, no va a servir para abordar esta situación. Cumplamos con el mandato estatutario y no tengamos miedo a diseñar una modificación del

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capítulo V de la Ley de Reforma Universitaria que creo que todos podríamos aplaudir.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y en relación a la interpelación presentada por el Grupo Socialista para conocer las intenciones del Ministerio sobre la modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria y sobre política universitaria.
Entendemos que el debate que hoy se ha producido aquí permite mal una discusión sobre política universitaria y sobre financiación precisamente por la falta de concreción no sólo en la política universitaria, también por la falta de definición del propio proyecto o del debate que se ha producido. A nuestro grupo le interesaría, en todo caso, manifestar aquí hoy su posición sobre lo que significa la modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria.
El objeto fundamental de esta interpelación de hoy afecta a una parte importante del profesorado universitario que está carente en este momento de estabilidad. A los catorce años de promulgación de la Ley de Reforma Universitaria las crecientes necesidades, el crecimiento de la propia universidad, entre otros factores, han producido una serie de actuaciones y de disfunciones en el ámbito del profesorado universitario que han generado un nuevo colectivo carente de estabilidad profesional, carente de perspectivas y con una dificultad manifiesta en el ámbito de su actuación profesional. Con la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria se solucionaron en su momento casos similares anteriores a la ley, pero la realidad hoy es que una parte muy importante de este profesorado se encuentra en una situación de inseguridad laboral, profesional y de falta de estabilidad que sin duda afecta a la calidad y que, por tanto, afecta al futuro de la universidad, a su desarrollo y más concretamente, en lo que a nuestro grupo respecta, a la universidad pública.
La reforma del título V es, pues, una urgente necesidad que en todo caso no puede significar que no se trabaje la línea del consenso, pero es una urgente necesidad por lo que afecta a una parte importante del profesorado y por lo que afecta, en definitiva, a la universidad pública.
En este contexto nuestra posición sobre la interpelación y posterior moción va vinculada al proyecto de ley de reforma del título V para regularización del profesorado y para financiación de las universidades que hemos presentado a la vez que el Grupo Mixto. Se trata en ese proyecto de abordar la situación de los contratos de la figura del profesor asociado para regularizar esta situación que, a nuestro entender, debe estabilizarse, a la vez que se debe regular que no se vuelvan a producir nuevas situaciones de estas características. Por otro lado, entendemos que se deben plantear las necesidades de adaptación en todo este proceso y que se precisará establecer un plan concreto de financiación.
Nuestro grupo entiende por tanto, desde esta convicción, que es absolutamente imprescindible abordar con urgencia esta reforma; somos, pues, favorables a la interpelación y nuestra posición en la posterior moción irá en esa dirección en tanto en cuanto se recojan las necesidades de regulación, de modificación del título V de la Ley de Reforma Universitaria.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Guerra tiene la palabra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, la interpelación que presenta hoy la señora Palma, en nombre del Grupo Socialista, es muy interesante; es para que en una comisión habláramos largo y tendido sobre todo el tema universitario.
Al principio de su intervención yo creía que la señora Palma era la interpelada porque ha hecho un repaso de los quince años anteriores.
Pensaba que se interpelaba al Gobierno. Es indudable que algunos datos han sido ciertos en nuestro país y que además son importantes y positivos. El que lleguemos a 1.560.000 universitarios entre la universidad pública y la privada --aunque en la privada en este país hay pocos, unos 70.000-- es algo interesante. En lo que tenemos que poner una interrogación es en si estamos formando universitarios --por supuesto que no es problema del Gobierno anterior ni del actual-- en aquellas especialidades que pide nuestra sociedad, porque uno de los problemas que tenemos con el paro académico es que se está formando un exceso de médicos, de abogados, de licenciados en ciencias empresariales y en cambio no se están formando en aquellas profesiones que demanda nuestra sociedad. Este debe ser el primer interrogante que nos debemos plantear todos los grupos de la Cámara, porque este no es un problema político sino educacional, es un problema sobre el que tenemos que reflexionar a tiempo. Por otra parte, en los últimos cinco años --tampoco es problema del Gobierno anterior-- la formación profesional en España ha bajado de 950.000 a 670.000 alumnos. Sobre esto también tenemos que reflexionar, porque si comparamos esta proporción de universitarios y de estudiantes de formación profesional con la del resto de los países de la Unión Europea vemos que nuestro país en formación profesional está realmente retrasado. Pero no vamos a entrar en eso. Ya hablamos en Comisión de formación

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profesional y entraremos otro día en ese mismo tema.
Vayamos al tema universitario. Señorías, nuestra universidad, además de tener 1.520.000 alumnos, tenía y tiene unos problemas grandes. Le puedo decir a S. S. que, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid los alumnos de primer curso tienen que ir media hora antes, ahora y hace dos años, para poder sentarse. Me da la impresión de que eso ocurre en muchas universidades; le hablo de la de Valladolid por ser la circunscripción más próxima, pero también ocurre en el primer curso de varias universidades españolas. Ahí hay un problema y es indudable que tenemos que resolverlo. Es cierto también que dentro de unos años eso no va a ocurrir porque estamos justo en el punto de las cohortes universitarias que han llegado debido a la natalidad de hace 18 ó 19 años. Por la baja natalidad, el año que viene y también dentro de dos o tres años, descenderá el número de alumnos que llegue a la universidad; por tanto, nuestras universidades no van a tener tantos problemas de masificación.
Entrando ya en algunos de los temas que ha planteado la interpelante, señora Palma, hay un problema que es el del número excesivo de asignaturas --ya nos ha anunciado el señor ministro que mañana en el Consejo de Ministros se va a aprobar el decreto--; exceso en el que coincidíamos todos, porque yo se lo he oído a varios miembros de su grupo. Coincidíamos todos pero no se tomaban las medidas pertinentes, porque una cosa es decir: Aquí está el problema y coincidimos todos, y otra cosa es tomar las medidas. Esas medidas había que tomarlas teniendo en cuenta, primero, la autonomía de las universidades; segundo, teniendo en cuenta a la CRUE y, tercero, teniendo en cuenta la opinión general. Y se han tomado las medidas porque había un exceso de asignaturas, algunas cuatrimestrales, y era imposible que esos chicos y chicas se formaran en tres meses escasos para conseguir el aprobado en esas asignaturas. Por otra parte, los cursos con 17 y 18 asignaturas planteaban el problema de que muchos de nuestros estudiantes no tenían tiempo para asistir a conferencias, para ir a la biblioteca, etcétera. Ese asunto se ha resuelto o se va a resolver mañana.
Entramos en el tema de los profesores y la reforma del título V. Que se indique celeridad al Gobierno a mi me parece siempre bien, y no solamente por parte de los grupos de la oposición sino por los propios diputados del grupo que apoya al Gobierno; pero esa celeridad solicitada por la interpelante no la puedo entender. Como bien ha dicho el señor ministro, en septiembre de 1992 y en octubre de 1994 se intentó la reforma del título V. En septiembre de 1992 no se llevó a cabo porque se disolvieron las Cortes, pero de octubre de 1994 hasta el año 1996 no se disolvieron las Cortes. Que ahora diga que la señora ministra y que el Gobierno es lento, que es espasmódico no lo puedo entender. Ustedes podrían haber exigido celeridad a sus ministros para la reforma del título V. En esto quiero decir una cosa, y es que el título V es muy importante y que los 20.600 asociados tienen un verdadero problema (digámoslo con toda claridad, ya que no tenemos que venir aquí a recoger los votos de los actualmente asociados) el problema de la selección, que tenía y tiene muchísimos defectos y cierta endogamia, hay que reconocerlo así. Por otra parte, hay que dar salida a todo ese colectivo mediante las dos figuras que conocen SS. SS., que son las que se han presentado al colectivo de rectores, y que son el profesor colaborador y el profesor contratado-doctor.
Pues bien, señorías, en estos momentos nos encontramos con que hay que contar con las autonomías que son las que tienen competencia en materia de universidades. Como ha dicho el señor ministro, las últimas transferencias las hizo este Gobierno; se podrían haber hecho anteriormente, pero las hizo este Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra, vaya concluyendo.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Conforme a esa autonomía y por otra parte con el consenso general que tiene que haber con todos los grupos de la Cámara --vamos a intentar un acuerdo general de todos los grupos de la Cámara--, ya lo ha dicho el señor ministro y yo lo reitero, vamos a modificar el título V. En septiembre pasado, de conformidad con la señora ministra y el rector Carles, se hizo un grupo de trabajo, presidido por González Seara, grupo de trabajo que no quedó ad calendas graecas sino que en el mes de noviembre entregó sus conclusiones. Esas conclusiones se han remitido a las diferentes universidades, y el señor ministro nos ha dicho que veinte de ellas han contestado. El título V hay que reformarlo. Cuando se tenga la opinión del máximo posible de universidades, de la totalidad de las autonomías, pues las 17 autonomías tienen competencias en universidades, será el momento de hacer el borrador del proyecto de ley, al que el Gobierno se ha comprometido desde aquí y el grupo parlamentario se compromete a hacerlo circular a todos los grupos de la Cámara, para que ellos, antes de que entre oficialmente el proyecto, hagan las indicaciones y las sugerencias que crean pertinentes.
Reitero una cosa --y perdón, señor presidente--, no hagamos de la reforma del título V un tema de batalla política. Intentemos hacer entre todos en esta legislatura una reforma del título V (han escuchado en esta legislatura, porque como todavía nos quedan dos años, habrá tiempo suficiente), en la cual estén de acuerdo las comunidades autónomas, en la que estén de acuerdo los rectores y los diferentes grupos.
En cuanto al profesorado, reitero que esta vez no podemos hacer como se hizo con los PNN, es decir, hay

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20.600 y entran los 20.600. Creo que SS. SS. estarán de acuerdo en que hay que ser mucho más selectivos. Quizás haya que ir a la figura de los contratos --no sé si laborales o administrativos-- de dos o tres años, por ejemplo, y si adquieren posteriormente el título de doctor, ir a la segunda figura.
Quiero decir también que tenemos que reformar el artículo 35 de la LRU, porque prevé la figura de asociados y permite que la dedicación pueda ser a tiempo completo, cuando en realidad --como bien conocen SS. SS.-- se creó esa figura de profesor asociado con la idea de que sería alguna personalidad que tenía algo que aportar en las diferentes materias, pero no con plena dedicación, sino a tiempo parcial. Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular vuelve a reiterar las palabras del señor ministro en el sentido de que ésta es una reforma que tenemos que hacer entre todos los grupos.
Por último, señorías, me alegraría muchísimo que en una de las comisiones tuviésemos un amplio cambio de impresiones --yo no lo llamaría debate-- sobre el tema de la universidad, porque además del decreto que se va a aprobar mañana y de la reforma del título V, nuestra universidad tiene otros problemas que debemos intentar solucionar entre todos; pero no digamos que los problemas que tiene hoy la universidad son problemas de hace un año, de hace año y medio, son problemas que arrastramos de la época anterior, muchos de ellos no por culpa del Gobierno anterior sino por la gran masificación en la universidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya, señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Termino, señor presidente, Pido disculpas a la Cámara por haberme alargado, pero es un tema tan atractivo y tan fundamental para el futuro de nuestras juventudes que indudablemente merece que le dediquemos nuestro tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Guerra.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ELABORACION DEL CODIGO DE DERECHOS DE LOS DESEMPLEADOS. (Número de expediente 172/000090)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración del código de derechos de los desempleados.
Para su presentación, en nombre del grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, abordo el debate de esta interpelación urgente con la sensación de tener una enorme responsabilidad. Mirando los rostros del paro, hablando con los parados --como he tenido ocasión de hacer en la preparación de esta interpelación-- resulta muy difícil hablar del paro como una macromagnitud. Me corresponde transmitirles esta tarde, señorías, y lo mejor que pueda, que es necesario más que hablar del paro como variable económica, hablar de los parados como realidad y no sólo realidad social sino de las personas con la angustia sostenida de quienes no encuentran, por mucho que busquen, una solución a sus problemas.
¿Cómo convencernos entre todos, cómo convencerles a ustedes por mi parte de que Izquierda Unida plantea algo absolutamente elemental? Pues simplemente recordándoles la alta responsabilidad que los que decidimos las normas de juego de la sociedad --los poderes públicos y, sobre todo, los representantes democráticamente elegidos por todos-- hemos contraído con los ciudadanos y ciudadanas en paro. Primero, porque nos hemos comprometido a realizar una sociedad orientada al pleno empleo, como señala y hemos consensuado todos el artículo 40.1 de nuestra Constitución; segundo, porque por encima de toda consideración está el cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la Declaración de los Derechos Humanos que también abundan en este sentido: y en tercer lugar porque hablar del paro es hablar de la historia de nuestras decisiones económicas. Los gobiernos desarrollan una función de preferencias mediante la que definen sus objetivos y la orientación de sus decisiones, pero estas preferencias han sufrido una mutación en los últimos tiempos.
Si la finalidad de toda actividad económica es proporcionar a los ciudadanos los medios para su bienestar, en último término el consumo de dichos bienes y servicios, el pleno empleo es el vehículo a través del cual se garantizan a todos los ciudadanos, más o menos por igual, los medios para satisfacer las necesidades y posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Si las constituciones de nuestro entorno consagran el libre mercado como marco económico, lo hacen sobre la base de poner en equilibrio los valores del mercado y la libertad con los otros valores de la planificación de los esfuerzos, la redistribución y la protección social, que en último término son los estados del bienestar. Sin embargo, hemos invertido los valores, hemos roto el inestable equilibrio de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Un concepto dogmático de libre competencia dice que los mercados perfectos se vacían; es decir que están siempre en pleno empleo y que si no lo están es porque no son suficientemente flexibles para alcanzarlo.
Siguiendo esta máxima se ha primado el control de la inflación, la reducción del déficit público, la convergencia

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monetaria. Ha sido una opción dura; dura para todos los europeos, pero más para los que teníamos una tasa de desempleo tan importante como la nuestra.
España tenía en el año 1975 una tasa de paro del 4 por ciento, igual que Europa; en 1982 estábamos en el 15 por ciento de paro, mientras que Europa estaba en el 8 por ciento. Hoy el paro está por encima del 20 por ciento, el doble de parados que en la Unión Europea; el paro más alto de todos los países de la OCDE, de los que la OCDE considera desarrollados.
En los últimos 22 años nuestra economía ha tenido un crecimiento similar o incluso más alto que la economía de los países de la Unión Europea y, sin embargo, la tasa de paro se ha mantenido tozudamente en el doble a pesar de que, como vimos, partíamos del mismo nivel. Justo en el momento de nuestra preparación para la entrada en la Unión Europea, en plena reconversión industrial, se consolida la divergencia entre el paro español y el paro europeo, a pesar de que entre 1983 y 1988 crecimos a un ritmo medio del 3,4 por ciento, mientras Europa lo hacía al 2,8 por ciento. El desmantelamiento de la industria estratégica o de base, la terciarización y desindustrialización, el retorno de los emigrantes, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y los incrementos de productividad en pos del nuevo ídolo, la competitividad, nos dan las claves de por qué se ha mantenido esa divergencia con Europa en el indicador del paro.
Mientras tanto, ¿cuál es la perspectiva de futuro? Los incrementos de productividad han sido de cerca de 1,5 puntos por encima de los europeas en los últimos 22 años. Para los próximos años, y dados los cambios en la estructura de nuestro producto interior bruto, estamos situándonos en una tasa de productividad del 2 por ciento de incremento anual. A este ritmo parece necesario que nuestra economía crezca entre el 3,5 y el 4 por ciento para eliminar la diferencia con el resto de países europeos, aunque sea en 20 años y a razón de unos 120.000 puestos de trabajo por año, que es cada punto de crecimiento. Por si fuera poco, las consecuencias de la flexibilidad de las empresas para adaptar las plantillas a los tiempos de competencia en que ya estamos, se agravarán con las exigencias de mantener los esquemas de la economía neoliberal para consolidar la estabilidad del euro, entrados como estamos en el núcleo duro de la Unión Monetaria, en el pelotón de los listos, aunque eso está por ver y hay muchos que discrepan de esa valoración. Algunos economistas incluso anuncian un incremento del paro para finales del año 2000; he leído en alguna prensa económica que en España el paro se pondrá en el 23,7 por ciento aproximadamente. Ya se sabe, en principio el euro no significa más incremento del empleo, sino más bien más paro, y tanto si esto es verdad como si no, en cualquier caso, ¿quién cree de verdad que nuestra economía va a ir tan bien durante 20 años más, justo hasta que acabe el paro o éste llegue a la media europea? El producto interior bruto se ha incrementado el 65 por ciento de 1975 a 1995; la productividad, el 39 por ciento, y sin embargo en esos mismos años el paro se ha creado y se ha mantenido en tres millones o más de parados.
Hasta aquí la realidad de nuestra política económica, de nuestras decisiones económicas. Y, señorías, más allá de la valoración que esta realidad nos merezca --podríamos decir la nuestra, pero de sobra es conocida, y por tanto no les voy a aburrir--, tanto los que estamos en contra, y sobre todo los que están a favor y quieren mantener este tipo de política económica, todos tendremos que reconocer que cuando hablamos de paro estructural o cuando ponemos en cuestión la posibilidad, incluso teóricamente, de una sociedad de pleno empleo, estamos aludiendo en último término y contrayendo una doble responsabilidad: responsabilidad en la creación de empleo de calidad --éste es otro debate: 35 horas, plan de empleo, etcétera; se ha hecho y se seguirá haciendo--, pero mientras tanto y precisamente porque por desgracia habrá que seguir debatiendo sobre cómo crear empleo para luchar contra el paro tozudo, inevitablemente masivo, estructural, y responsabilidad también sobre cómo garantizamos la consecución de los derechos humanos de los parados y las paradas.
Los parados siguen vivos, no son cifras, no han nacido con ese sino, no son parados por vocación o por su indolencia o condición viciosa que decían las leyes decimonónicas, las leyes de pobres; son una denuncia viva ante nuestros ojos; son nuestra más dolorosa carencia, nuestra más viva exigencia; son en último término nuestra responsabilidad más perentoria. Si en nuestra legislación, junto a los derechos generales de los ciudadanos hemos añadido el Estatuto de los Trabajadores para consolidar un elenco de derechos y garantías para los ciudadanos en su condición de trabajadores en cuanto tal, sobre la base de la centralidad del empleo como dador de la plenitud de los derechos de la ciudadanía, hora es ya de reconocer que esta legislación se queda coja si no la completamos con un código de derechos de los desempleados donde se contemplen los mecanismos de garantía de satisfacción de las necesidades más elementales para los sujetos de las no relaciones laborales, es decir aquellos ciudadanos que son el negativo de la foto del pleno empleo, los no trabajadores, los parados, trabajadores no en acto, sino en mera potencia como diría el lenguaje tomista, los excluidos del gran conseguidor del bienestar, del mercado.
Como dice Ramón Castell, asistimos al advenimiento de un individualismo negativo. Se trata de reconocer, por tanto, los derechos que tienen los ciudadanos a sobrevivir fuera del mercado, toda vez que los mecanismos del Estado de bienestar están siendo puestos en cuestión, sobre todo en la práctica, o al menos están manifestándose claramente insuficientes y desbordados

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por algo nuevo no previsto. Pues, en efecto, la segmentación que se ha producido en los sujetos de las relaciones laborales se ha reflejado también en sus sistemas de protección social. En los últimos tiempos hemos asistido a un proceso de universalización de la protección social y, al mismo tiempo, a la realización de prácticas de contención y racionalización del gasto social reflejado en el fenómeno de la asistencialización de las prestaciones, es decir en la reducción de la intensidad protectora que concede la Seguridad Social.
Es claro, a este respecto, el devenir declinante de la cobertura que ofrecen tanto la prestación como el subsidio de desempleo, reflejado en el escandaloso dato de que el Inem año tras año se ahorra miles de millones de pesetas de su presupuesto inicial. No vamos a entrar en cifras, no queremos hacerlo; baste con decir que estamos por debajo del 50 por ciento de cobertura, tanto si lo analizamos desde la óptica EPA como si lo hacemos desde la óptica del paro registrado, y bajando. Más del 60 por ciento de los parados no perciben ninguna ayuda económica y sólo el 16 por ciento una prestación contributiva. 1.806.000 parados de larga duración, y de ellos 1.209.000 llevan más de dos años en esta situación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente, concluyo rápidamente.
Como no podía ser menos, la segmentación de los mercados de trabajo se hace acompañar de una actualización de los sistemas de protección social que tiende a reflejar y consolidar ese dualismo social. Mientras los colectivos más débiles de la sociedad, la infraclase, los pobres, parados de larga duración o trabajadores con empleo precario son protegidos al mínimo de subsistencia, los grupos amparados y protegidos, trabajadores en activo con un empleo estable y niveles retributivos medios-altos, gozan de derechos sociales más perfectos tanto en extensión como en intensidad e incluso tienen la posibilidad de ampliar su cobertura social a través del recurso a los privilegiados fiscalmente y selectivos sistemas privados de previsión social.
La política social de las sociedades de capitalismo avanzado tiene, pues, que reconocer y abordar la doble presencia de una vieja y una nueva cuestión social. Ese es el significado de los nuevos movimientos de parados que quieren estar representados por sí mismos y que reivindican cosas nuevas aunque elementales; que sin confrontar con los sindicatos se sienten mitad parte del movimiento obrero y mitad parte de un nuevo movimiento de excluidos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le ruego que concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Es por ello que ahí tiene su engarce la problemática que a veces se aborda con un sospechoso simplismo. Por ejemplo, cuando se realiza una reforma fiscal que agrava la situación financiera que el Estado tiene para mantener lo que hay, sin tener en cuenta si lo que hay es suficiente. Por ejemplo, las diferentes interpretaciones del Pacto de Toledo, como ya tuvimos ocasión de ver y poner de manifiesto en el debate de la Ley de Pensiones. Y, por ejemplo, cuando se dice que hay que recortar políticas pasivas para financiar políticas activas. La semántica nos traiciona.
La inadecuación de los sistemas de bienestar a la nueva cuestión social se interpreta de forma economicista e interesada como un mecanismo de recortar gastos sociales. Incluso se instrumentan coartadas, razones que a veces pueden resultar hasta ofensivas para los parados, en primer lugar, y también para la inteligencia del elector, como cuando se dice en determinados informes sobre las prestaciones de desempleo que la percepción de prestaciones por desempleo reduce la tasa de salida del paro. Por ello, hemos de poner en último término manos a la obra.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Con esto acabo, señor presidente.
Hay que reconstruir sobre dos pilares el nuevo Estado de bienestar. De un lado la legislación para los trabajadores en cuanto tales: Estatuto de los Trabajadores, Ley general de la Seguridad Social, Ley de prevención de riesgos laborales, etcétera; por otro lado, legislación para los parados y los excluidos, esta especie que nosotros hemos llamado código de derechos de los desempleados. Es preciso ratificar el derecho de los parados a que los poderes públicos hagan una política de pleno empleo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, S.
S. debe concluir de forma inmediata.


El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a relatar brevísimamente aquellos derechos que considero importante que se reflejasen en ese código de derechos de los desempleados, señor presidente.
Es necesario plantearse esa política de pleno empleo, un salario social que efectivamente sirva al menos de fundamento y compensación a falta de otra retribución. Es necesario dignificar el nivel de subsistencia de los parados y sus familias reconociéndoles el derecho a la formación, al reciclaje profesional, a ayudas para la utilización gratuita del transporte público, de la medicina, de la vivienda y los gastos domésticos, de las residencias y demás medios de vacaciones

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familiares. Se trata, en último término señorías, de retornar a estos colectivos desde el lado oscuro en que les ha sumido el modelo económico y social a la poli de los plenos derechos. Esa, sin duda alguna, es la condición necesaria, aunque no suficiente, para revertebrar la sociedad.
Acabo, señorías, diciendo que en este debate nos jugamos algo tan sencillo como no ir a la zaga de la dinámica social. Dicen los teóricos que la ley sigue siempre a la dinámica social; pero tenemos ya los ejemplos de Francia, de Alemania. El movimiento de parados se está articulando y está reivindicando estas cuestiones. Tenemos hoy la posibilidad...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Vaquero, ha consumido amplísimamente su tiempo, con lo cual no estaría en el uso de la palabra.
Muchas gracias.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo para contestar a la interpelación que me formula el señor Vaquero en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar he de decirle que agradezco mucho el esfuerzo y la iniciativa que se está llevando a cabo por parte de Izquierda Unida para que se aprecie con cierta extrañeza que en un Pleno de la Cámara no haya debates relacionados con las políticas de empleo, con el mercado de trabajo o, como hoy nos ocupa, con la situación de los desempleados. Me parece, señoría, que de todos los debates siempre se saca alguna conclusión, que por pequeña que pueda ser es siempre una conclusión positiva, y que insistir en los debates sobre empleo siempre es digno de elogio. Es digno de elogio porque sin duda la gran preocupación que tenemos todos, la primera preocupación es la generación de empleo. Los representantes públicos nos planteamos que representamos al conjunto de la sociedad --y así estamos en esta Cámara representando al conjunto de la sociedad--, que no tenemos más finalidad que defender los intereses generales, pero también tenemos todos una preocupación singular, una preocupación personal sobre la situación de los desempleados.
Quiero trasladar al señor Vaquero con toda sinceridad, que aunque todos los días estemos hablando de estadísticas, de cifras de empleo y de paro, a mí me pasa como al señor Vaquero y le pasa a cualquiera que haya sido ministro de Trabajo y es que nunca se observan esas cifras como una mera estadística porque somos extraordinariamente conscientes de que detrás de esas estadísticas, detrás de esas cifras siempre hay un problema personal, siempre hay una tragedia familiar por el hecho de que una familia, una persona no pueda acceder al mercado de trabajo.
Cierto es que nuestra Constitución, la Constitución española y yo diría que las constituciones de todas las sociedades democráticas modernas se plantean como objetivo el pleno empleo y no es sólo una circunstancia que afecte a España. Le diré que no soy partidario del código de derechos de los desempleados que usted plantea, pero que si tuviera que resumir esos derechos de los desempleados me parece que todos se podrían resumir en uno: el derecho al empleo. Todas las políticas del Gobierno tienen que ir encaminadas a la creación de empleo y lo mejor que se puede hacer por los desempleados en España es ofrecerles la oportunidad del empleo. La obsesión por parte del Gobierno no es en absoluto incompatible con los sistemas de protección social y en particular con los sistemas de protección para el desempleo. Por eso le quiero hacer dos afirmaciones que me parece son muy claras y muy contundentes. La primera de ellas es que no se puede citar ni un solo ejemplo en que la política de este Gobierno lesione los derechos de un solo desempleado en España. Y la segunda afirmación es que si usted analiza en su conjunto el sistema de protección social, ya sea en el ámbito contributivo, ya sea en el ámbito no contributivo, ya sea en las acciones de las comunidades autónomas, ya sea en los planteamientos de salario social que hay en este momento o ya sea en los incrementos espectaculares en políticas activas, encontrará siempre medidas en favor de los desempleados.
Usted hace una serie de afirmaciones que yo no puedo compartir. Cualquier persona que le haya oído en esta tribuna en la tarde de hoy sacará la conclusión de que en España se está destruyendo empleo, que en España no se está creando empleo a un ritmo alto de intensidad en esa creación de empleo y luego ha hecho usted una serie de comparaciones en algunos casos con 20 años, en otros casos con 12 años, en otros con 15, cuando lo cierto y verdad es que nunca hemos tenido en España el sistema de protección social que tenemos ahora y que día a día se está mejorando el sistema de protección social. En segundo lugar, es cierto y verdad que están descendiendo las cuantías económicas de las prestaciones por desempleo y de subsidios por desempleo porque se está creando empleo. No les quepa duda de que cuando se crea empleo descienden las cuantías de las prestaciones contributivas y no contributivas. Tercero, no es cierto que se esté produciendo en los últimos años una reducción de la tasa de cobertura; sí lo es que se está estancando la tasa de cobertura, ya sean prestaciones contributivas, no contributivas o en subsidios REA, para los que también hay una cantidad económica muy importante y muchos ciudadanos que los están percibiendo.
Sobre todo quiero decirle que en este momento se han batido todos los récord históricos de ocupación en términos de encuesta de población activa, y que es extraordinariamente

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complicado hablar de comparaciones a veinte años por dos razones fundamentales: primera, porque hemos tenido un cambio de tendencia en los saldos migratorios en España, porque España desgraciadamente era un país de emigrantes, y en este momento afortunadamente están emigrando nuestras empresas pero no los trabajadores españoles, y esta tendencia ha cambiado clarísimamente; segunda, porque en la fecha que usted cita, 1975, sencillamente no se consideraba que la mujer podía incorporarse al mercado de trabajo. Señorías, una de las grandes diferencias que tenemos en relación con otros países de la Unión Europea es que desafortunadamente la incorporación de la mujer al mercado del trabajo en España se produce con 20 ó 30 años de retraso. Puedo afirmar en este momento que hay 20 provincias españolas en que la tasa de paro/hombres está por debajo de la media comunitaria. Sin embargo, cuando hablamos de desempleo femenino, los 5 puntos de diferencial que tenemos en paro/hombres en relación con la Unión Europea se eleva a 15 ó 16 puntos.
Por tanto, cuidemos las comparaciones y en qué parámetros se hacen, porque desde luego usted y yo estamos absolutamente convencidos de que la sociedad de 1998 es extraordinariamente mejor, por muchas razones, que la sociedad de 1975, y que día a día se está avanzando en la igualdad de oportunidades, que día a día se está avanzando en el acceso de todos al mercado de trabajo.
Pero es que además me dice S. S.: cuidado, porque las decisiones que están tomando en política económica perjudican la creación de empleo. Con toda sinceridad, ¿recuerda usted un año de la historia económica de España, de la historia de la evolución del empleo en los últimos 20 años que ha citado S. S. en que la economía haya crecido al 3,4 y el empleo al 2,96 por ciento? Es imposible que lo recuerde porque no ha existido, porque en España ha habido años en que la economía ha crecido en torno al 2 o al 3 y se ha destruido empleo, y porque en cualquier comparación, para crecer en torno al 2,96, estaríamos hablando de crecimiento de la economía de en torno al 5 o al 6. Y me está diciendo que hacen falta 20 años para que seamos europeos en materia de empleo cuando yo le puedo garantizar que somos bastante europeos si tenemos cinco años como 1997, año en el que en Europa se ha creado empleo al ritmo del 0,5 y en España al 2,96. Por tanto, ¿cómo vamos a decir, señorías, que el excepcional comportamiento de la inflación no cuenta? ¿Cómo no vamos a decir que la reducción paulatina y constante de tipos de interés es buena para el empleo? ¿Cómo no vamos a decir que un ejercicio de seriedad y rigor presupuestarios en el control del déficit presupuestario es bueno para el empleo? Yo le garantizo que el Gobierno, si estuviera convencido de que su política no genera empleo, la cambiaría, pero no puede el Gobierno cambiarla cuando está consiguiendo: comportamientos excepcionales de la inflación, y no se olvide que esos comportamientos benefician a los más débiles, a los pensionistas, a los trabajadores con rentas bajas y, por cierto, a los desempleados; que se abarate el precio del dinero, que beneficia a los que pueden crear empleo al reducir los costes financieros de las pequeñas y medianas empresas; que haya control del déficit público, que beneficia al conjunto de la economía, al rigor presupuestario, a que hoy podamos estar a la cabeza de Europa. Ya sé que no comparten ustedes extremos de la Unión Económica y Monetaria, pero en este momento el Gobierno no encuentra ningún motivo para cambiar su política económica en relación con el empleo. ¿Cómo vamos a modificar esa política económica con 370.000 empleos creados? ¿Cómo vamos a modificar esa política económica si la previsión de crecimiento en el primer trimestre de 1998 es del 3,7, por encima del 3,4 inicialmente previsto? ¿Cómo vamos a cambiar esa política económica si en dos años se ha producido un incremento de más de un millón de nuevos afiliados a la Seguridad Social? Habla usted de empleo de calidad. En este primer trimestre de 1998 se han triplicado los empleos indefinidos en relación al primer trimestre del año 1997. Y ya sé, señoría, que el 10 por ciento es una tasa baja de contratos indefinidos, pero si la tasa del 10 por ciento es baja y la situación que afrontamos al principio de nuestras responsabilidades de Gobierno era de un 3 por ciento de contratos indefinidos sobre el total de los contratos es que estamos caminando en la buena dirección y en la buena tendencia. Y eso es empleo de calidad.
Yo le garantizo que con el incremento de la tasa de cobertura de desempleo no se crea empleo. Se podrá mejorar la protección social, pero crearse empleo, no. Empleo se crea con las políticas económicas que está haciendo el Gobierno y con las políticas de empleo. En este momento --usted ha citado los países de nuestro entorno-- ningún país en toda la Unión Europea está defendiendo el incremento de la cobertura de desempleo. ¿Sabe qué se está defendiendo en Europa? En Europa se está defendiendo que se incrementen las políticas activas de empleo con los desempleados, para que puedan alcanzar la formación que significa empleabilidad. ¿Sabe usted que en este momento un joven formado, cuando va al Instituto Nacional de Empleo, normalmente, en cuatro o cinco meses tiene una oferta de trabajo? ¿Y sabe que hay parados de larga duración, con baja cualificación que, desgraciadamente, pasan varios años en el Instituto Nacional de Empleo? ¿Cuál es el objetivo? Incrementar las políticas activas; que todos los ciudadanos tengan formación; que cada día seamos más competentes los españoles y las españolas para que seamos empleables. Y eso lo está haciendo el Gobierno.
Ha dicho S. S.: es que el Inem se está ahorrando dinero. Eso no es correcto. El Inem está ahorrando en

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algunas prestaciones porque se crea empleo, pero el dinero no se ahorra, se incrementa en políticas activas. Y por eso somos en 1998 el país de Europa que más ha crecido presupuestariamente en relación con las políticas activas de empleo. A usted no le va a molestar en absoluto --seguro que lo comparte-- que nosotros orientemos individualmente a los parados. Todos, el Inem fundamentalmente. No le va a molestar que organicemos formación para los parados; no le va a molestar que incrementemos los convenios Inem-corporaciones locales para parados de larga duración, en empleos de interés social, seguro que no le va a molestar. En consecuencia, es mucho más importante el incremento de las políticas activas que otras cuestiones que usted ha planteado, aunque yo respete su intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Voy terminando, señor presidente.
Pero es que hay más. No lo digo por su intervención, pero en muchas ocasiones se dice que este Gobierno está agrediendo a los desempleados, y todavía no me han podido poner un ejemplo en que nosotros hayamos tomado una decisión en perjuicio de los desempleados, cuando, sin embargo, sí hay muchos que se pueden poner en favor de que estamos estudiando globalmente el problema del empleo y específicamente el de los desempleados.
Por ejemplo, ¿usted sabe que este Gobierno ha incrementado la cobertura por desempleo? Se ha dicho poco, pero, señoría, se han terminado los contratos basura. ¿Y cómo se han terminado los contratos basura? Dotando de protección social los contratos formativos y los contratos a tiempo parcial. Y en esa dotación de protección social aparece la prestación por desempleo en los contratos a tiempo parcial. Y estamos hablando de cerca de 300.000 trabajadores a los que se ha incrementado esa prestación y esa cobertura del sistema de desempleo.
Voy terminando, señor presidente, diciendo que seguro que habrá alguna de las ideas del señor Vaquero que podamos aplicar, que podría estudiar con todo detenimiento cómo el sistema de desempleo en España, que fue objeto de una reforma en profundidad en 1993, es perfectamente homologable con los países de nuestro entorno. En algunos casos, es menos riguroso en cuanto a la aplicación de requisitos, pero el Gobierno va a seguir centrando toda su atención en la generación de empleo, porque es la mejor forma de resolver el problema de los parados.
En principio, yo no comparto su filosofía de códigos de derechos de los desempleados porque me parece que el desempleo nunca debe convertirse en statu quo, en una situación estática. Lo que hay que intentar por todos los medios es que se esté en el desempleo el menor tiempo posible, para que se cumpla el derecho en el que pueden resumirse todos los mandamientos que usted tenga previstos, el derecho al empleo, y en esa línea va continuar el trabajo del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevísimamente, para no consumir el tiempo de la réplica.
En cualquier caso, quiero decirle que sólo al final he podido entender por qué durante toda su intervención ha estado aludiendo a algunos aspectos en los que yo he invitado a esta Cámara en general, y por supuesto al señor ministro en particular, que evitase entrar en ellos.
Efectivamente, su valoración de la política económica podrá ser distinta de la que nosotros tenemos o de la que pueda tener cualquier otro ciudadano. Mi invitación era precisamente para obviar la discusión, un debate que no correspondía esta tarde respecto a las políticas económicas, respecto a cómo orientar en general la creación de empleo, que es otro aspecto muy correcto y muy concreto de una política que podrá aplicar a su modo y que nosotros ya hemos criticado. No siendo el objeto de la discusión de esta tarde y salvando, por tanto, esa parte del debate, queríamos centrarnos en ver si es posible llegar a un acuerdo para perfeccionar los derechos que tienen los ciudadanos. Sin duda alguna, usted no querrá que se les mantenga en esa situación estática.
Yo, desde luego, tampoco lo quiero. Seguro que ellos menos que nadie quieren estar en esa situación. Sin embargo, los datos son contumaces, son tozudos: existen 1.800.000 parados de larga duración y hay 1.209.000 personas con más de dos años en el paro. Se querrá que esa situación no sea estática, pero es una realidad que hay que abordar.
Si todo lo que me ha dicho usted respecto a la bondad de la política económica y a la bondad de la política de prestaciones sociales que está aplicando el Gobierno es precisamente para no abordar esa situación, entonces no estoy de acuerdo. No creo que la mejor forma de abordar la consecución de los derechos humanos, de los derechos sociales de los desempleados sea decirles: mientras estéis en esa situación, qué le vamos a hacer; cuanto antes pase, mejor. En cualquier caso, la mejor forma de incentivar el que vosotros salgáis de ella es no incrementar las políticas de prestación social. Yo no creo que esa sea la filosofía; yo creo que eso se parece mucho a la filosofía que aparece en esos informes del Banco de España, del Banco Bilbao-Vizcaya,

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en algún informe del Consejo Económico y Social en los que se plantean estadísticas para avalar un tipo de políticas que no quieren abordar la consecución de los derechos de estos ciudadanos. Posiblemente nos vamos a encontrar con una situación, y es que los parados se van a cansar de estar parados y sin soluciones. La solución de la búsqueda del empleo en una situación como la que hoy existe usted y yo sabemos que no es posible. Usted y yo sabemos que es posible, quizás, si se cambia la política económica o si se produce un milagro en esta sociedad. ¿Cómo va a producirse? De aquí a cinco años, me decía usted. Si usted me lo demuestra de aquí a cinco años, desde luego retiro todo lo que he dicho.
Lo cierto y verdad es que es muy probable que eso no sea así. Incluso si fuera así, señor ministro, ¿por qué no abordar el paro residual contemplando una forma de consecución de los derechos de esos ciudadanos y ciudadanas que siguen estando en el paro? ¿Por qué no abordarlo valientemente contemplando toda una serie de medidas para la dignificación de la vida y el desarrollo personal y colectivo de esos ciudadanos y ciudadanas mientras están en la situación de paro? Esa es nuestra propuesta; es así de sencilla. ¿Por qué no sentarnos a discutir esas propuestas contemplándolas valientemente desde una legislación paralela que aborde en positivo toda esa serie de derechos, que podrán ser unos u otros? Es una cuestión a discutir que estará presente en la moción que vamos a presentar en el próximo Pleno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vaquero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Quiero decirle al señor Vaquero que, por supuesto, cuando presente la moción, la estudiaremos en profundidad, porque es nuestra obligación y nuestra vocación estudiar todas las ideas que se presenten.
Señor Vaquero, para clarificar: yo creo que ni usted es Cáritas ni yo soy el Banco de España. Usted tiene unas posiciones políticas, yo tengo las que tengo y le quiero hacer la afirmación contundente de que la mejor política social es la que tiene como consecuencia la creación de empleo.
Y si me presenta usted esquemas de política social, de las características que sean, que no tienen como consecuencia la creación de empleo, siempre le antepondré un esquema de política social --puedo equivocarme-- que tenga como consecuencia la creación de empleo.
¿Usted cree que la reducción de paro en cerca de 500.000 personas en los dos últimos años no ha sido notada por los parados? ¿Usted cree que los 370.000 jóvenes que han firmado un empleo estable en el año 1997 no lo han notado? Llegamos al Gobierno con un 22,8 en tasa de paro y en este momento estamos en el 19,8. Usted puede seguir diciéndolo, pero no estamos ya en el doble de la tasa de paro de Europa, no lo estamos, sino que nos encontramos por debajo del 20 por ciento. Si se da ese comportamiento durante cinco años, si España crea seis veces más empleo que en la Unión Europea, haga usted las cuentas. Yo probablemente no estaré aquí dentro de cinco años, puesto que el presidente Aznar tendrá entonces otro ministro de Trabajo, pero usted a lo mejor sigue y podremos hablar dentro de esos cinco años. Lo que sí quiero decirle es que en cinco años, si España crece al 2,96 y Europa al 0,5, el diferencial de paro/hombre habrá desaparecido y habremos eliminado bastante el diferencial de 15 puntos en empleo femenino.
Si usted me hace propuestas para que mejoremos la protección social y es razonable en términos de sostenibilidad presupuestaria, si los equilibrios que se han conseguido en estos años no se alteran, las estudiaremos en profundidad. Estamos encantados de que los contratos formativos tengan protección social, hemos dado prestación por desempleo a los contratos a tiempo parcial, hemos incrementado la cobertura. Ahora bien, si usted plantea políticas que al final dan lugar a desequilibrios en el conjunto de la economía y eso supone poner en cuestión que haya crecimiento económico y que, en consecuencia, dicho crecimiento económico se convierta en creación de empleo, pues no vamos a aceptar esas propuestas, y yo estoy absolutamente seguro de que usted y yo miramos por lo menos con la misma preocupación la situación de los desempleados.
Digo que en este momento, lo he dicho arriba y lo digo ahora, contamos en España con un sistema de protección social con el que no hemos contado nunca, tanto en los terrenos contributivos, en los no contributivos como en lo que significan los salarios sociales y, sobre todo, porque también tenemos hoy, cerca del siglo XXI, una universalización de las prestaciones de forma gratuita que están recibiendo las personas en el desempleo.
Por lo tanto, señor presidente, no encuentro motivos para variar nuestra política, estudiaremos en profundidad la moción que presente el señor Vaquero y, desde luego, el Gobierno mantiene que la mejor política social, con mucha diferencia, es aquella política que conduce a la creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir brevemente.
Cuando hace unos días manteníamos el debate sobre el Plan de empleo que el Gobierno ha mandado a

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la Comisión Europea tratábamos los aspectos que hoy ha vuelto a repetir el señor ministro de Trabajo. Ha habido momentos en este debate en que se repetían argumentos que ya se hicieron aproximadamente hace unos 15 días y con algunos de ellos podemos estar de acuerdo, en el sentido de que la mejor política es la creación de empleo. Pero es verdad que hay una cara amarga en este aspecto, que es la de los desempleados, una cara amarga que rellena las páginas del «Diario de Sesiones» de retórica, de una retórica a través de la cual todos queremos expresar una preocupación que tenemos, que es cierta, pero que a la hora de la verdad no evita que haya situaciones individuales variadas y angustiosas, que se están dando pese a que nuestro sistema de protección haya mejorado, pese a que se esté creando empleo y pese a que en cinco años esto sea casi el país de las maravillas.
Yo creo que hay algo que deberíamos de analizar, que es que no sólo el crecimiento económico nos va a permitir eliminar el desempleo. Este país lleva creciendo a unos niveles importantes desde hace años y ahora está creciendo también de forma importante. Hay un sistema de relaciones laborales a través de acuerdos entre patronal y sindicatos y, por tanto, unas condiciones magníficas para la generación de empleo. Pero seguimos teniendo unas perspectivas según las cuales al final del año 2000 vamos a tener tres millones de parados, según datos del Gobierno, por tanto, vamos a seguir teniendo un 17 por ciento, aproximadamente entre dos o tres millones de personas que no van a encontrar un puesto de trabajo.
Ese es el tema de la interpelación. El tema de la interpelación no es cómo vamos a eliminar el desempleo, sino cómo vamos a afrontar, con un sistema actual tan perfecto, injusticias tan enormes como que haya personas sin protección y trabajadores que, teniendo indemnizaciones millonarias, pueden acogerse al sistema de desempleo. Habría que revisar esas situaciones y sentarse a estudiar este tema. Por ese nexo de unión que tenemos que es la preocupación por este problema, podríamos hablar todos, dejar de hacer retórica y pasar a la actuación.
El sistema de protección está claramente desfasado en estos momentos con arreglo a las necesidades de nuestra sociedad. No podemos acomodarnos a vivir con una bolsa de desempleo permanente. O eso o decir claramente a la sociedad que abandonamos el objetivo de que todo ciudadano tiene derecho a un puesto de trabajo y que va haber unos niveles de desempleo estructurales permanentes. Si hubiera valor para decirlo, a lo mejor encontrábamos soluciones para muchos de los problemas que están empezando a manifestarse con esos movimientos de parados, que son incipientes, pero que se están haciendo notar. Y no es un fenómeno sólo de nuestro país, sino de otros países. Por tanto, es un fenómeno que se da en un sistema que no está dando respuestas para cubrir esas necesidades.
Esta interpelación es oportuna y el debate de la moción puede ser un buen momento para que afrontemos con serenidad y tranquilidad este problema, para que podamos sentarnos y ver si hay posibilidades de que, sin interrumpir los procesos de creación de empleo, sin crear situaciones que puedan impedir esa creación de empleo, podamos buscar fórmulas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de muchos trabajadores que están al borde de la desesperación.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Díaz Sol. Muchas gracias, señorías.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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