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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 24/03/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 143

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 138

celebrada el martes, 24 de marzo de 1998

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 113-1, de 15 de septiembre de 1997 (número de expediente 122/000095) (Página 7519)

Ampliación de plazo:

--De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, esta Presidencia somete al Pleno la solicitud de prórroga del plazo previsto para realizar los trabajos de la Subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria, constituida en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, hasta el final del presente período de sesiones (número de expediente 154/000011) (Página 7525)

Tramitación directa y en lectura única:

--La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (número de expediente 122/000094) (Página 7525)

Página 7514


--La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del Convenio Económicio entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (número de expediente 121/000105) (Página 7525)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):

--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo 53 de la Ley del Registro Civil, para posibilitar que hijos e hijas puedan llevar como primer apellido el materno desde su nacimiento, si así lo deciden sus progenitores. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 142-1, de 26 de enero de 1998 (número de expediente 122/000123) (Página 7526)

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sras. Rivadulla Gracia y Almeida Castro), sobre modificación del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, en materia de inscripción de apellidos.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 134-1, de 19 de diciembre de 1997 (número de expediente 122/000115) (Página 7526)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Código Civil en materia de inscripción de apellidos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 165-1, de 3 de marzo de 1998 (número de expediente 122/000144) (Página 7526)

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de inscripción de apellidos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 181-1, de 20 de marzo de 1998 (número de expediente 122/000161) (Página 7526)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la atención del alumnado hospitalizado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 211, de 2 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000224) (Página 7534)

--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 222, de 19 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000187) (Página 7539)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social (número de expediente 173/000069) (Página 7546)

--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica (número de expediente 173/000070) (Página 7552)

--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño, para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad (número de expediente 173/000071) (Página 7556)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados (Página 7519)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7519)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Página 7519)

Página 7515


Presenta la proposición de ley para su toma en consideración, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Carreño Rodríguez-Maribona. Pone de manifiesto en primer lugar las tres vías que existen en la Constitución española que permiten agruparse a los ciudadanos en pro de una mayor participación ante los poderes públicos: artículo 22, a través de las asociaciones; artículo 28, a través de los sindicatos, y artículo 36, a través de los colegios profesionales. Se refiere a diversos colegios profesionales de renombrado prestigio, como el de Abogados, el de Arquitectos o el de Oficiales de la Marina Mercante. Añade que desde la aprobación de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, y su modificación de 1978 tan sólo se han aprobado siete nuevos colegios profesionales, a pesar de la notable proliferación de profesiones y titulaciones desde entonces.
A continuación pasa a explicar el contenido de su proposición de ley que consta de dos artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final y expone que los pilotos de la aviación civil comercial han venido defendiendo sus intereses por intermedio de la Asociación que los citados pilotos tienen constituida, la cual, en representación de sus asociados, ha solicitado la creación de un Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial que los integre corporativamente.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En un turno excepcional intervienen los señores Carreño Rodríguez-Mirabona y Segura Clavell.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre creación del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial, se aprueba por 270 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.


Ampliación de plazo (Página 7525)

Solicitud de prórroga del plazo previsto para realizar los trabajos de la Subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria, constituida en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (Página 7525)

El señor presidente informa a la Cámara que la Mesa ha acordado someter al Pleno la solicitud de prórroga del plazo de los trabajos de la Subcomisión que en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda realiza estudios, análisis y seguimiento de proceso de integración económica y monetaria, lo que se aprueba por asentimiento.


Tramitación directa y en lectura única (Página 7525)

Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Página 7525)

Proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Página 7525)

El señor presidente informa a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, así como del proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) (Página 7525)

Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre modificación del artículo 53 de la Ley del Registro Civil, para posibilitar que hijos e hijas puedan llevar como primer apellido el materno desde su nacimiento, si así lo deciden sus progenitores (Página 7526)

Página 7516


Del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Rivadulla Gracia y Almeida Castro), sobre modificación del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, en materia de inscripción de apellidos (Página 7526)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Código Civil en materia de inscripción de apellidos (Página 7526)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de inscripción de apellidos (Página 7526)

Defienden la toma en consideración de las diversas proposiciones de ley presentadas, relativas todas ellas al cambio de la legislación civil para posibilitar que los hijos e hijas puedan llevar desde su nacimiento como primer apellido el materno, si así lo deciden sus progenitores, y fijan su posición respecto a las otras iniciativas, las señoras Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones de los grupos no proponentes intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 278 votos a favor y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 289 votos a favor y tres abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 296 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometida a votación, en cuarto lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se aprueba por 299 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 7534)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la atención del alumnado hospitalizado (Página 7534)

En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la proposición no de ley sobre la atención del alumno hospitalizado el señor Coquillat Durán. Recuerda en primer lugar los artículos 63 y 65 de la Logse que, según su opinión, se refieren al caso de los niños hospitalizados que están necesitados de una educación compensatoria.
Asimismo se refiere al informe sobre el estado y situación del sistema educativo del curso 95-96, emitido por el Consejo Escolar del Estado y al Real Decreto-ley 299/1996, de 28 de febrero, relativo a la compensación de las desigualdades en educación. Manifiesta que con su proposición no de ley pretenden la potenciación de todos los efectivos de innovación educativa en el campo de la teleeducación en aulas hospitalarias, dando cumplimiento a los aspectos mencionados en el Real Decreto-ley arriba citado. Considera que la utilización de los nuevos medios telemáticos e informáticos pueden favorecer el desarrollo afectivo y social, impulsando la expresión y la comunicación en los alumnos hospitalizados, y puede ser una oportunidad para desarrollar destrezas en algunos de estos medios tecnológicos, facilitando la recuperación del desfase académico que se pueda sufrir, que estará en función de muchos factores, pero también, sin duda, del tiempo de hospitalización. Asimismo se puede favorecer la coordinación con el centro educativo de referencia y la comunicación entre el alumnado de éste y las aulas hospitalarias, sin sustituir la tarea pedagógica y humana del docente.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene la señora Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència

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i Unió), y Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Coquillat Durán.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la atención del alumnado hospitalizado en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso por el grupo proponente, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas (Página 7539)

Presenta la proposición de ley el señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Pretenden con su proposición de ley que en un mercado como el actual, con la aparición de un segundo operador, la competencia que todo el mundo predica sea una competencia de verdad, que garantice en todo momento que los usuarios y consumidores disfruten de los beneficios y de las consecuencias lógicas de la competencia. Explica a continuación los diferentes puntos de que consta su proposición de ley, que postula derogar la competencia del Gobierno, en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. Muestra su rechazo a la tutela adjudicada al Ministerio de Fomento y considera que ha de ser la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que posibilite que haya acuerdos entre los operadores y, si no los hay, fije las tarifas y las condiciones de interconexión. Asimismo plantean en su proposición no de ley que se elimine cualquier autorización a Telefónica de España para incrementar sus tarifas de servicio telefónico básico, porque tiene que ser la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que decida el momento en que se tienen que producir las modificaciones tarifarias y la que tiene que alcanzar el acuerdo sobre las cuotas de abono. Finalmente hace referencia a dos tipos de actuaciones que, en parte, están adoptadas, como es la duración de la llamada ajustada en segundos y el abaratamiento de las llamadas de fijo a móvil y de móvil a fijo, y plantea la necesidad de que el Congreso tenga información clara, precisa y periódica de la calidad de los servicios telefónicos y de alquiler de circuitos, para poder hacer las correcciones necesarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1º y 2º de la proposición no de ley, se rechazan por 128 votos a favor, 157 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación el resto de la proposición no de ley, se rechaza por 139 votos a favor, 158 en contra y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7546)

Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social (Página 7546)

Presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente del pasado 12 de marzo, que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso hizo al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Cercas Alonso.
Recuerda sus reflexiones de entonces sobre el hecho de que datos fundamentales de la evolución de las cuentas del sistema publico de Seguridad Social eran totalmente desconocidos para la Cámara cuando ya se habían rendido cuentas ante la Unión Europea y los manejaban las organizaciones sindicales y patronales. Reitera que la dignidad de la Cámara se ha visto pisoteada al no poder realizar ni las funciones legislativas, ni las de control que le encomienda el artículo 1.3 de la Constitución y que están tuteladas por el artículo 66 del Reglamento.
Después de hacer un recordatorio del debate que tuvo lugar con motivo de la interpelación urgente y del que se muestra totalmente insatisfecho, pasa a explicar los seis apartados de su moción en los que se hacen seis peticiones perfectamente razonables porque se refieren a la transparencia, al respeto a las reglas de juego del parlamentarismo español y a hacer bueno no sólo la letra sino también el espíritu del Pacto de Toledo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario

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Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre el deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, se rechaza por 139 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica (Página 7552)

El señor Homs i Ferret, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la moción consecuencia de interpelación urgente y manifiesta que tiene como finalidad abrir un debate en torno a la morosidad, para lograr el pronunciamiento de los grupos sobre un conjunto de compromisos políticos que puedan reducir el problema en un momento en que la economía y la sociedad española requieren actuaciones más intensivas que las adoptadas hasta la fecha, como consecuencia del proceso de integración en la Unión Económica y Monetaria. Considera que una de las claves del buen funcionamiento de la economía en el contexto internacional es que se cumplan los compromisos de pago y se formalicen los plazos acordados y los pagos correspondientes a los intercambios mercantiles. A continuación explica los nueve puntos de que consta su moción, que son nueve medidas a adoptar para asegurar una mayor eficacia en la lucha contra la morosidad, y fija su postura en relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la que ofrece unas enmiendas transaccionales.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene el señor Jordano Salinas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional, se aprueba por unanimidad.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad (Página 7556)

El señor Caballero Basañez, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente realizada al Gobierno con motivo de la no autorización de la consulta popular que el Ayuntamiento del Condado de Treviño deseaba realizar a los ciudadanos de su municipio para conocer su voluntad de iniciar o no los trámites de desagregación y que, por fin, tuvo lugar el 8 de marzo pasado, aprobándose por los dos ayuntamientos del enclave iniciar los trámites de desagregación previstos en los estatutos de Castilla y León y del País Vasco. Explica que en la moción, que consta de dos puntos, se insta al Gobierno, por un lado, a asumir los contenidos del informe de la ponencia del Senado constituida para el estudio de la cuestión de los enclaves el 19 de diciembre de 1995 y, por otro, a desarrollar sus futuras actuaciones en relación con el enclave de Treviño, de conformidad con el criterio político de promover y facilitar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos del enclave. Finaliza su intervención manifestando que se trata de ir poniendo todos los medios jurídicos y políticos para acercarse a este problema con lealtad y auténtica voluntad de resolverlo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Caballero Basañez.


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Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre los motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la sesión.
Vamos a comenzar, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, procediendo al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, en sustitución de don José Jenaro García-Arreciado Batanero, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora CAMACHO VAZQUEZ: Sí, prometo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
En consecuencia, doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.) TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CREACION DEL COLEGIO OFICIAL DE PILOTOS DE LA AVIACION COMERCIAL. (Número de expediente 122/000095)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
Para su presentación y defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Tres son las formas que la Constitución española establece para agruparse los ciudadanos en pro de una mayor participación ante los poderes públicos. Dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas, en el artículo 22, a través de las asociaciones, persona jurídica privada, y a las cuales la incorporación es voluntaria. En el artículo 28, a través de los sindicatos; se puede pertenecer libremente a cualquier sindicato, pero nadie puede ser obligado a sindicarse. Por cierto que en el caso de servicios públicos, muchas veces la lícita discusión legal de los sindicatos con la o las empresas, en vez de ir contra éstas, parece ir contra los ciudadanos. Y existe una tercera forma de agruparse, a través del artículo 36: los colegios profesionales, que están no en el título de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, sino en el de derechos y deberes de los ciudadanos.
Derecho a agruparse en una corporación de derecho público --valga la redundancia--: el colegio profesional, regulado por ley; y deber de colegiarse, si existe el colegio, para el ejercicio de su profesión titulada, ejercicio que, asimismo, regulará la ley. Por tanto, el que no son excluyentes, sino compatibles asociaciones y colegios de una misma profesión, lo demuestra su coexistencia en muchos casos. Lo que sí ha ocurrido en la práctica es que las asociaciones han servido de impulso, han sido los coordinadores y promotores para la creación de su colegio profesional. Así ha sucedido con el Colegio de Abogados de Madrid, ya tetracentenario en 1996, punto de partida para la plena constitución legal del Consejo General de Abogados, o con la Sociedad Central de Arquitectos de Madrid, creada en 1849, y la Asociación de Arquitectos de Cataluña, en 1899, que cristalizaron en el Consejo Superior de Arquitectos en 1929.
Desde aquel primer colegio de ámbito estatal muchos son los colegios profesionales creados pero, paradójicamente, desde la aprobación de la Ley de Colegios Profesionales en 1974 y de su modificación en 1978 --que luego comentaré--, y a pesar de la notable proliferación de profesiones y titulaciones habida desde entonces, tan sólo siete colegios profesionales se han aprobado hasta ahora; desde el de físicos en 1976, pasando por el de oficiales de la marina mercante en 1978, que cita nuestra proposición de ley, al último de diplomados en trabajo social y asistentes sociales en 1982.
Las aspiraciones de algunos profesionales de crear su colegio han sido, en repetidas ocasiones, rechazadas

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por esta Cámara. Citaré las últimas: en 1984, la de doctores y licenciados en informática, y en 1987 la de técnicos y directores de empresas turísticas. En la primera ocasión, en 1984, el portavoz del Grupo Socialista, para rechazar la creación de aquel colegio, alegó la próxima y futura ley de colegios profesionales, otras alternativas a la organización colegial y la competencia de las comunidades autónomas en la materia; y en 1987 también fue rechazada la creación del colegio, en este caso por no considerar idónea dicha fórmula corporativa y la inadecuación constitucional de la vigente Ley de colegios, según decía el portavoz del entonces grupo mayoritario.
Como saben SS. SS., la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, fue modificada parcialmente por la de 26 de diciembre de 1978. A pesar de que inicialmente se planteaba su derogación, lo cierto es que su aprobación tuvo lugar precisamente al día siguiente de la entrada en vigor de la Constitución española y que en esa modificación se mantenía la vigencia de gran parte de la Ley de Colegios Profesionales de 1974.
Finalmente, la aprobación de la Ley 7/1997, de 14 de abril, estableció, como saben SS. SS., medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. Hoy se rompe ese largo período de paralización de los colegios profesionales en cuanto a su tramitación ante esta Cámara, tan sólo roto por las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus competencias, han aprobado la creación por ley de colegios profesionales, naturalmente en su ámbito territorial. A esta iniciativa seguirán otras, como las que ya están pendientes de debate para la creación del colegio oficial de geógrafos y del colegio de fisioterapeutas.
Nuestra proposición de ley se refiere en concreto a los pilotos civiles, y quiero felicitar a su asociación, en primer lugar, por su convicción sobre la necesidad de dignificar su profesión desde un colegio profesional; en segundo lugar, por su empeño y constancia desde 1991 hasta ver hoy su iniciativa en esta Cámara y, en tercer lugar, por la seguridad de su aprobación, que plasma aquella convicción en su derecho a colegiarse.
Un profesional colegiado asume no sólo los principios generales exigibles a todo ciudadano, sino los, a mayores, de los estatutos generales de su colegio y, en muchas ocasiones, otros particulares (código deontológico, normas de conducta, etcétera). Por ello, después del artículo 35 de la Constitución, que consagra la libertad de profesión, viene el artículo 36, que exige una ley para regular las peculiaridades del régimen jurídico de los colegios profesionales, así como para el ejercicio de las profesiones tituladas.
Profesión titulada es la de piloto de líneas aéreas y civil comercial, regulada por Real Decreto 959/1990, de 8 de junio, que incorpora a la normativa española el convenio sobre aviación civil internacional y que por orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 9 de mayo de 1995, se declara equivalente a diplomatura universitaria; profesión cuyos estudios han tenido muchas vicisitudes y que ha buscado soluciones, muchas veces caras y difíciles, como estudios en el extranjero, con dificultades para su posterior convalidación, hoy ya resueltas.
Colectivo importante es el de los pilotos por su número. A 31 de diciembre de 1996, último dato oficial que tengo, eran 4.984. Las competencias que ejercen --transporte aéreo-- son de ámbito estatal y las competencias de los pilotos son tanto privadas como públicas. Es una autoridad que, como tal, asume funciones públicas (orden policial, nacimientos, defunciones e incluso bodas), pero también tiene responsabilidades personales, civiles y penales, y comerciales como representante de la compañía propietaria de la aeronave que tripula; responsabilidades cada vez mayores, dada la liberalización del transporte aéreo y consiguiente gran incremento del tráfico, la veloz evolución tecnológica, la exigencia de mayor seguridad y calidad de servicio debido a la mayor competencia, que, además, traerán como consecuencia mayor demanda de pilotos y exigencia de mejor preparación de los mismos, amén de una revisión y actualización de la normativa aérea. Pues bien, para y por todo esto, es necesario el colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
La importancia de cualquier colegio profesional se deduce de las competencias que le atribuye la ley y que cito a título no exhaustivo y considerando las principales: artículo 2.2, los consejos generales y, en su caso, los colegios de ámbito nacional, informarán preceptivamente los proyectos de ley o de disposiciones de cualquier rango que se refieran a las condiciones generales de las funciones profesionales. Pienso, por ejemplo, en la Ley de navegación aérea, de 1960, que, por cierto, señala la facultad disciplinaria de la Administración, mientras la ley de colegios profesionales la concede a éstos. El artículo 5, b), sobre competencias, insta a colaborar con la Administración en la realización de estudios y emisión de informes, tanto a petición de la Administración como por iniciativa propia y a participar en la elaboración de los planes de estudio de sus profesiones que cita el artículo 5, f).
En el caso de la aviación comercial, el Libro Blanco de gestión del tráfico aéreo, presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en marzo de 1996, considera como solución a este tráfico aéreo un sistema único de gestión en Europa que garantice un nivel óptimo de seguridad.
Muchos otros temas trata dicho Libro Blanco, pero lo que falta quizás es que se refiera a y estudie a los profesionales del tráfico aéreo: pilotos y controladores. Por ello, la labor del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial, tan importante en el ejercicio de los derechos ya enumerados, no lo es menos en la de sus deberes para contribuir a la mayor dignificación de la profesión con una titulación adaptada a la necesaria actualización, nivel y organización de sus estudios y un ejercicio de la profesión que responda

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a su código de conducta, potestad a establecer por el colegio.
Por citar brevemente el contenido de la proposición, en el primero de sus artículos se crea el colegio oficial que agrupará a todos los pilotos que ejerzan esta profesión --y señalo y subrayo a todos los pilotos que la ejerzan-- de acuerdo a la legislación existente y en el segundo se habla de la dependencia orgánica del Ministerio de Fomento, amén de unas disposiciones transitorias que establecen la fórmula para definir y aprobar los estatutos provisionales y los definitivos del colegio.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño, le ruego vaya concluyendo.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor presidente.
Espero el apoyo del resto de grupos a la aprobación de esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Carreño.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con gran brevedad.
Coalición Canaria no se va a oponer a votar favorablemente esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Popular. Lo hace dentro de una línea natural de crear, en este caso, un colegio oficial de pilotos de la aviación comercial, teniendo además en cuenta los antecedentes de similitud que hay, por ejemplo, con respecto a lo que incluso se invoca en su propia exposición de motivos, como es el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. Dicho esto, no se nos alcanza la necesidad de una urgencia, dado que las organizaciones que hay de pilotos de líneas aéreas --civiles, por supuesto-- disponen en este momento de dos instrumentos: uno, el voluntario, por la Ley de asociaciones --la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales Civiles--, y otro, el todopoderoso sindicato Sepla. Sería conveniente que, de una vez por todas, cualquier nueva inscripción introducida en la Ley de Colegios Profesionales la tuviéramos en esta Cámara actualizada y así no tendríamos que estar recurriendo a un instrumento legal preconstitucional. Estamos recurriendo a la Ley 2/1974, que no es solamente preconstitucional, sino del régimen anterior. Se invoca también la Ley de navegación aérea de 1960, que, efectivamente, sí señaló competencias disciplinarias a la Administración, como era lógico porque, en aquella época, la mayoría de este personal procedía de la Fuerza Aérea militar española, cosa que no sucedía con los oficiales de la marina mercante, que no procedían de la Armada, sino de los centros de estudios tradicionales ya en España, civiles, en la marina mercante.
Hay un paso sustantivo y sustancial que es necesario destacar para que, de una vez por todas, acomodemos a la legislación constitucional la Ley de Colegios Profesionales de 1974. Mientras que las asociaciones son voluntarias por imperativo legal, los colegios profesionales, como el que aquí se diseña, agrupan con carácter obligatorio. Este es un tema que necesita una reconsideración política porque los colegios profesionales, contemplados en el ámbito doctrinal y filosófico de lo que era la defensa, no solamente defienden la dignificación de la profesión. Los pilotos no necesitan un colegio profesional para dignificarse, les basta su propia asociación, les basta la disciplina de la compañía en que trabajan y les basta el sentido de la ética que toda persona que se sujeta a un ordenamiento legal lleva consigo. Sin embargo, hay otra atribución fundamental de los colegios que es la de las tarifas por los servicios que prestan como profesión liberal y ese es el problema. Hago esta advertencia porque no es lo mismo un colegio de una profesión liberal en el sentido exacto y terminológico que la ley y el uso señalan para la palabra liberal, ya que éste tiene un campo de actuación en el control de las tarifas de honorarios profesionales, mientras que esta cuestión no se da tanto en los pilotos de las compañías de líneas aéreas regulares, chárter o de cualquier otro tipo.
Dicho esto, como no tenemos ninguna objeción de fondo y sólo queríamos señalar estas situaciones, no nos vamos a oponer a la proposición de ley y daremos nuestro voto favorable, señor presidente.
Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, se plantea una iniciativa legal, por exigirlo así la Constitución en su artículo 36, para constituir un colegio profesional, el colegio oficial de pilotos de la aviación comercial, superando la fase en la que han venido defendiendo las cuestiones atinentes a su profesión a través de la Asociación Española de Pilotos Civiles.
El paso tiene su importancia. El constituirse en colegio tiene como antecedente una previa libertad profesional a la que los colegios sirven.
Las profesiones y la garantía de su ejercicio son un prius lógico y jurídico para la existencia de los colegios profesionales; estos son un elemento de la regulación del ejercicio de una profesión y ante una profesión con todos los requisitos

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nos encontramos, ya que hablamos de profesionales con el título aeronáutico civil de piloto comercial y de piloto de transporte de línea aérea.
La libertad profesional se contempla, como ha indicado el interviniente, en nombre del Grupo Popular, en dos artículos de la Constitución: el artículo 35 que reconoce el derecho a la libre elección de profesión u oficio y el artículo 36 que remite a la ley la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas. La libertad de elegir una profesión no tiene límites, pero sí puede tenerlos el ejercicio de la profesión elegida y en ese ámbito es donde un colegio profesional tiene mucho que decir.
La Constitución no da una definición de lo que es un colegio profesional, pero su ley reguladora les atribuye la función de ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
En relación con esta función, la exposición de motivos del texto que hoy analizamos avanza un paso y no habla sólo de defender los derechos de los particulares, sino de promoverlos, y, referido a los usuarios, del transporte aéreo. En este punto, bueno será recordar la no identidad entre colegios profesionales y sindicatos. La finalidad propia y específica de los primeros consiste en la ordenación del ejercicio de una profesión y no en la defensa de unos intereses, aunque también contribuyan a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de sus miembros, coincidiendo en esto con los sindicatos. Están en este momento anunciadas medidas drásticas por parte del sindicato de pilotos en reivindicación de cuestiones laborales o económicas. Bueno será que la existencia de un colegio profesional vele en estos casos por la faceta consistente en el adecuado ejercicio profesional estrictamente vinculado a un servicio público tan esencial como es el transporte aéreo, velando --repito-- por su normal funcionamiento.
Hechas estas manifestaciones, el Grupo Vasco apoya sin reservas la creación del colegio en la que se centra la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La toma en consideración de la proposición de ley para la creación del colegio oficial de pilotos de aviación comercial va a ser apoyada por nuestro grupo con el correspondiente voto favorable. Los motivos que justifican nuestra posición favorable a la toma en consideración son varios. El agrupamiento corporativo de profesionales en los que confluyen una serie de intereses comunes, como pueden ser el acceso a la profesión, la preparación teórico-práctica de la aeronáutica, la formación técnica integral, el encontrar cauces legales a legítimas aspiraciones, la promoción de la defensa de derechos de los usuarios del transporte aéreo y otros más son en realidad motivos de suficiente entidad, por sí mismos y agrupados, para reunir a los pilotos de aviación comercial en un colegio profesional.
Actualmente existe una asociación que reúne a la gran mayoría de pilotos de aviación. Ahora bien, las funciones de una asociación no pueden llegar a ser las que quedan recogidas en los estatutos de la institución colegio profesional, creado mediante ley. Por tanto, es lógica la creación del colegio oficial, en analogía con otros muchos colectivos profesionales, que, además de su agrupación en asociaciones, su verdadero reconocimiento y relación por y con la Administración es a través del colegio profesional oficial. Aquí se han citado ejemplos y yo podría añadir el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña; la Asociación de Ingenieros Industriales tiene más de 125 años de existencia y su colegio también es uno de los primeros creados. La creación del colegio profesional adiciona ventajas a todos aquellos profesionales que se encuentran en posesión de títulos aeronáuticos civiles, no les priva de otras posibilidades asociativas: sindicales, empresariales por el simple ejercicio libre de su profesión, teniendo en cuenta además que, al regular los intereses de sus miembros, se regulan a su vez los intereses de los usuarios del transporte aéreo.
Nos congratulamos de que hoy pueda darse el paso importante de la toma en consideración de esta proposición de ley, que es uno de los proyectos fundamentales para la Asociación Española de Pilotos Civiles. Con ello --aunque no es imprescindible lo uno para lo otro-- esperamos también el éxito para otro gran proyecto que se va gestando con el impulso de la asociación: el centro de estudios de la aviación, adscrito ya a la Universidad Rovira i Virgili, y que tiene prevista su ubicación en Reus, mi ciudad de origen y residencia, y, por ello, permítanme que exprese humildemente mi doble satisfacción.
Termino, reiterando nuestro apoyo a la toma en consideración de la proposición, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.


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Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la proposición de ley del Grupo Popular de creación del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
Señorías, nuestro grupo conoce el deseo de colegiarse de los pilotos de aviación comercial por los contactos que este colectivo ha mantenido con los grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, pero a continuación debo manifestar que nuestro grupo es renuente o poco favorable a los colegios profesionales con carácter general. Somos renuentes o poco favorables por las facultades que les confiere la ley como corporaciones de derecho público. Entendemos que el Estado, al autorizar un colegio profesional, está delegando en los colegios funciones importantes, y las más relevantes son: obligatoriedad de colegiarse a los profesionales, establecimiento de cuotas obligatorias a los colegiados, reglamentación para el ejercicio profesional, facultades sancionadoras que pueden llegar a la expulsión del colegiado, etcétera. En definitiva, la obligación de colegiarse en aquellas profesiones que cuentan con colegio oficial, que vienen determinadas en la Ley 7/1997, de 14 de abril, que modifica la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que regula los colegios profesionales. El artículo 3 de la Ley 7/1997, que es el que nosotros creemos que tiene más inconvenientes a la hora de tramitar una ley de estas características, dice textualmente: Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al colegio correspondiente.
Esto quiere decir que en el ejercicio de una profesión colegiada no existe libertad para estar colegiado o mantenerse al margen, desarrollando con normalidad su profesión.
Señorías, tenemos serias dudas de que el carácter imperativo de colegiación sea compatible con el derecho individual de cada uno a decidir libremente sobre su pertenencia a colegios profesionales, a asociaciones u otro tipo de militancia sindical o política.
Resultaría incomprensible que para acceder a un puesto de trabajo se tuviera que estar sindicado, sería incomprensible a todas luces.
Afortunadamente los trabajadores tienen reconocido en el artículo 28 de la Constitución española el derecho a sindicarse libremente o a permanecer al margen de organizaciones sindicales. No es lógico, por tanto, que los profesionales titulados obligatoriamente deban pertenecer a un colegio determinado en función de su profesión.
El artículo 36 del texto constitucional dice que la ley regulará las peculiaridades del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, con un límite claro: que la estructura de los colegios y el funcionamiento deberán ser democráticos.
La Constitución en ningún momento dice que sea obligatorio colegiarse. En cambio, la ley que desarrolla el artículo 36 de la Constitución sí determina la colegiación obligatoria.
Entendemos que esto atenta claramente contra la libertad de asociación, que se pierde en el momento en que la ley obliga inexcusablemente a estar asociado o colegiado para ejercer una profesión, y no creemos que el espíritu de la Constitución deba ser interpretado de tal manera que para ejercer profesionalmente haya que pertenecer de manera obligatoria a un colegio.
Para ejercer una profesión el título habilitante es el profesional, sin necesidad de que un colegio profesional determine si puedes ejercer o no tu profesión. El derecho a la libre elección de profesión u oficio, reconocido en el artículo 35 de la Constitución española, debe prevalecer sobre las limitaciones como la contenida en la Ley 7/1997.
La utilización de la vía legislativa para la creación de agrupaciones de carácter corporativo es incompatible con el espíritu del libre ejercicio profesional.
Izquierda Unida no está especialmente en contra de la creación de este colegio oficial de pilotos de la aviación comercial. Mantenemos una posición contraria de fondo a lo que es la normativa básica estatal en esa materia, que creemos que no es acorde con las libertades individuales que tienen cobertura en nuestro ordenamiento. No estamos de acuerdo en que un titulado pueda verse expulsado de un colegio profesional e inhabilitado para el ejercicio de su profesión. No podemos estar de acuerdo con que los profesionales que tengan que pertenecer a un colegio estén obligados a pagar cuotas y, por tanto, estamos en contra de esta normativa, de esta ley básica estatal y por eso esta tarde votaremos en contra de esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos seguido con mucho interés, en primer lugar, el contenido de la defensa que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho de esta proposición de ley. En segundo lugar, el contenido de todas y cada una de las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios fijando posición e indicando su filosofía política al respecto.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacer llegar a la consideración de la Cámara algunos aspectos al fijar la posición. En primer término, se trata de una profesión relativamente nueva en el tiempo, a diferencia de las profesiones de capitán de la marina mercante, oficial de máquinas o bien oficial radiotelegrafista, que son profesiones consolidadas en el tiempo por la propia naturaleza de quienes ejercen la función

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de profesionales del transporte, de carga, de mercancías o de pasajeros.
Sin embargo, la profesión de piloto de líneas aéreas es corta en el tiempo, como es corta precisamente la tecnología aeronáutica.
Nosotros tenemos los precedentes en los que la historia de esta profesión se vincula a unos orígenes de naturaleza militar y en el transcurso de las últimas décadas se han producido avances paulatinos y progresivos en el sentido, entrecomilladamente dicho, de la civilización, de la incorporación a la temática civil de esta profesión. En esa línea se ha hecho referencia por parte del interviniente del Grupo Parlamentario Popular señor Carreño a una orden del Ministerio de Educación y Ciencia del anterior Gobierno socialista, de 9 de mayo de 1995, por la que se declaraba la equivalencia del título de piloto de transporte de líneas aéreas al título de diplomado universitario. En los diferentes artículos, y específicamente en el artículo primero, a los solos efectos de participar en oposiciones a los cuerpos de controladores de circulación aérea y, en especial, de oficiales de aeropuertos para ser contratados con el nivel de diplomado universitario, se les reconoce ese nivel a los pilotos de líneas aéreas para poderse integrar en otras funciones diferentes a la dirección de una aeronave.
Sabemos, señorías, que no solamente aparece en esta disposición, sino que se suman otras que se han venido produciendo. Resulta curioso pensar que ya en el propio convenio de La Habana, de 20 de febrero del año 1928, en su artículo 25 se establecía que, en tanto los Estados no tuvieran una legislación adecuada, el comandante de aeronave tendrá los derechos y deberes análogos a los de un capitán de un barco mercante conforme a las leyes respectivas de cada Estado.
Entendemos que la responsabilidad que se adquiere pilotando una aeronave, con los sofisticados elementos tecnológicos que llevan a bordo hoy en día, los complejísimos sistemas de control y de navegación que dirigen, así como la responsabilidad que la ley actual de navegación aérea y la que próximamente entrará en esta Cámara y el propio reglamento de circulación aérea les confiere, debe llevar una figura que permita el enlace entre la administración aeronáutica española, entre la Administración española en su conjunto y los profesionales que ejercen esas funciones. ¿Cuál debe ser el mecanismo de engarce? ¿Cuál debe ser la función? Algún interviniente ha hecho referencia a un sindicato. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular no es de naturaleza sindical, sino de creación de un colegio oficial. Se plantea por parte de la proposición de ley una iniciativa que, como filosofía, puede ser objeto de discusión.
Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista ve con naturalidad alguno de los componentes de la misma, pero otros, coherentemente con planteamientos que este grupo parlamentario ha venido defendiendo, generan una importante preocupación y un radical rechazo. Nos referimos al carácter de la obligatoriedad que se recoge especialmente en el artículo primero de la proposición de ley. Nosotros no podemos aceptar que se rompa un principio elemental de libertad de asociación, un principio elemental constitucional que permita la asociación voluntaria para quienes pudieren así desearlo y que permita también la no integración en ese posible futuro colegio oficial para quienes no lo desearan. De aquí que el Grupo Parlamentario Socialista plantee al Grupo Parlamentario Popular, proponente de esta proposición de ley, la eliminación de las tres palabras consecutivas: con carácter obligatorio, recogidas en el artículo primero, por cuanto entendemos que para el cumplimiento de esos fines, tal como dice el proyecto, el colegio agrupará --y nosotros defendemos la eliminación de esas tres palabras: con carácter obligatorio-- y seguiría diciendo: para el ejercicio de la profesión, de conformidad con la vigente normativa.
Para fijar nuestro sentido de voto, que podría ser negativo en el supuesto de que el Grupo Parlamentario Popular no lo aceptase, nosotros proponemos con radicalidad, de manera clara, la eliminación de ese concepto recogido en esas tres palabras consecutivas, por cuanto estimamos que rezuma un planteamiento inconstitucional con el que no queremos en absoluto identificarnos.
De aquí que, a efectos de conocer definitivamente la posición del Grupo Parlamentario Socialista, reiteramos este planteamiento al Grupo Parlamentario Popular, y, en el supuesto de que fuese aceptado, daríamos nuestro voto favorable a la admisión a trámite de esta proposición de ley, en el entendido claro y rotundo de que esta filosofía es la que sostendrá el Grupo Parlamentario Socialista en la previsible tramitación posterior de esta proposición de ley.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Segura. (El señor Carreño Rodríguez-Maribona pide la palabra.) Señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Se ha planteado la supresión de tres palabras y quisiera manifestar nuestra opinión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño, hágalo de forma excepcional. No es este el trámite ni de las enmiendas ni de la modificación de textos. Por tanto, hágalo con la mayor brevedad posible para proceder a la votación.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.


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Así como la libertad de asociación está regida por una ley preconstitucional de 1974, la Ley de Asociaciones, los colegios profesionales están claramente regidos por una ley postconstitucional, porque la ley de 1974 fue modificada por ley en 1978 y actualizada con medidas liberalizadoras en 1997.
Estamos de acuerdo, porque es una redundancia la repetición de las tres palabras con carácter obligatorio, con la referencia al ejercicio de la profesión, de conformidad con lo dispuesto en las leyes de 1974 y 1977.
Nuestro grupo, por tanto, da su conformidad a la supresión de las palabras con carácter obligatorio, por la repetida redundancia que supone con el resto del texto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Carreño. (El señor Segura Clavell pide la palabra.) Señor Segura, le voy a conceder la palabra, pero le reitero que el trámite en el que estamos en este momento es el de la toma en consideración, para su debate posterior. Y en su debate posterior es cuando deben aparecer las enmiendas, rectificaciones o supresiones. Ahora se trata de una toma en consideración global para su discusión.
A pesar de ello y rogándole la mayor brevedad posible, tiene la palabra S. S.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Se trata sencillamente de manifestar el voto favorable a la admisión a trámite de la proposición de ley y de dejar muy claro el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista en toda la tramitación, que viene condicionado a este requisito, defendiendo la filosofía de la libertad de asociación y de pertenencia al colegio que se forme.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Segura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre creación del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 270; en contra, 12; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


AMPLIACION DE PLAZO:

-- SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISION PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA Y MONETARIA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA. (Número de expediente 154/000011)

El señor PRESIDENTE: La Mesa ha acordado someter al Pleno la solicitud de prórroga del plazo de los trabajos de la subcomisión que, en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, realiza estudios, análisis y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) El plazo terminaría al finalizar el presente periodo de sesiones.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA:

-- PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000094)

-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000105)

El señor PRESIDENTE: A su vez, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se tomó en consideración en el último Pleno de la Cámara.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
Por el mismo procedimiento, se somete al Pleno la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por el que se aprueba la modificación del Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación):

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-- PROPOSICION DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, PARA POSIBILITAR QUE HIJOS E HIJAS PUEDAN LLEVAR COMO PRIMER APELLIDO EL MATERNO DESDE SU NACIMIENTO, SI ASI LO DECIDEN SUS PROGENITORES. (Número de expediente 122/000123)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORAS RIVADULLA GRACIA Y ALMEIDA CASTRO), SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957 SOBRE EL REGISTRO CIVIL, EN MATERIA DE INSCRIPCION DE APELLIDOS.
(Número de expediente 122/000115)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA DE INSCRIPCION DE APELLIDOS. (Número de expediente 122/000144)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, SOBRE EL REGISTRO CIVIL, EN MATERIA DE INSCRIPCION DE APELLIDOS. (Número de expediente 122/000161)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, más las de la misma materia del Grupo Mixto, del Grupo Popular y del Grupo Federal de Izquierda Unida, todas ellas para modificar el Código y la Ley del Registro Civil, en relación al cambio de apellidos de los hijos e hijas, para que puedan hacer figurar el materno de su nacimiento si así lo deciden sus progenitores. (Rumores.) Señorías, silencio; señora Rahola, silencio, por favor; señor Caldera, silencio, por favor; señor De Luis, señora Mato, silencio, por favor; señor Núñez, pare; señora Narbona. (Pausa.) El orden del día de la sesión de esta tarde es lo suficientemente extenso como para que entre todos contribuyamos a que pueda aligerarse la tramitación de los distintos asuntos. En consecuencia, ruego a quienes tengan que despachar o negociar asuntos parlamentarios que salgan del hemiciclo con la máxima celeridad y guarden silencio.
El debate se producirá defendiendo un ponente, en nombre de cada grupo, su proposición y tomando en el mismo turno posición respecto a las iniciativas que se han acumulado de los restantes grupos, fijándose posteriormente posición por aquellos otros grupos que no hayan presentado iniciativa.
Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante esta Cámara la toma en consideración de una proposición de ley cuya finalidad no es otra que dar un paso más en la configuración de una sociedad más libre y más igual que dé respuesta al mandato que la Constitución otorga a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sociales en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social.
Esta proposición de ley hay que enmarcarla, por tanto, en las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista dirigidas a consolidar y potenciar las políticas de igualdad que hemos venido haciendo en nuestro país y que han permitido, desde 1978, con la aprobación de la Constitución española, ir eliminando las discriminaciones que, por razón del sexo, estaban ancladas en nuestro ordenamiento jurídico... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández de la Vega.
Señorías, les llamo al orden. Es imposible atender a quien está en el uso de la palabra. (Continúan los rumores.) Señora Rubiales, señora Rubiales.
(Pausa.) No podía adivinar el nombre de la diputada que estaba hablando con S. S., pero dos no hablan si uno no quiere. (Risas.) Adelante, señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, presidente.
Decía que pretendíamos consolidar y potenciar las políticas de igualdad que hemos venido haciendo en nuestro país y que han permitido, desde 1978, con la aprobación de la Constitución española, ir eliminando las discriminaciones que, por razón del sexo, estaban ancladas en nuestro ordenamiento jurídico, en el que todavía perdura una regulación de la forma de identificación y designación de las personas arraigada en una tradición histórica larga y compleja que, en nuestro país, con la excepción de algunos períodos de los siglos IV y V antes de Cristo, en los que, como reflejo del régimen matriarcal de los cántabros antiguos, tenía preferencia la designación materna sobre la paterna, ha ido consolidando un derecho consuetudinario, que utilizaba para facilitar la identificación de las personas o de las familias o de las casas, según la época y la clase social, la unión al nombre individual del hombre, siempre del hombre o del padre, un apodo o sobrenombre alusivo bien a los rasgos físicos de éste, del hombre siempre, tan usuales en la tradición de nuestros apellidos como aquellos que hacen referencia a rubio, moreno, calvo, delgado, feo o viejo o a atributos

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morales, también siempre del hombre (bueno, gallardo, valiente, bravo) o a su profesión u oficio, siempre masculinos (escribano, carretero, sastre, herrero) o al lugar geográfico de origen o de la procedencia del padre, que a partir de la baja Edad Media comienzan a vincularse a cada familia y a transmitirse de generación en generación. Nace así la utilización de los apellidos como instrumento de identificación e individualización social, cuya regulación desde luego no ha sido ajena a los principios de la sociedad y de la familia patriarcal en la que se utilizaba, cuya única cabeza visible socialmente de poder y de representación del poder era y ha sido la del varón.
En España hemos mantenido un sistema genuino de doble apellido, materno y paterno, que comienza a adquirir cierta raigambre en el siglo XVI, en el que ejerció sin duda una influencia decisiva en cuanto a la persistencia del apellido materno, aunque en segundo lugar, el haber existido un régimen matriarcal muy antiguo.
No es fácil precisar, señorías, el momento en el que esta costumbre se consolida de modo general. Todavía en los siglos XVI y XVII encontramos ejemplos de personas célebres que no observan la citada costumbre general de mantener el segundo apellido materno, por ejemplo en el caso de don Miguel de Cervantes Saavedra, que era hijo de doña Francisca Fernández y que no eligió ninguno de los apellidos de su madre.
Es a partir precisamente del siglo XVIII, bajo la dinastía de los Borbones, cuando el uso del primer apellido del padre, seguido del primer apellido de la madre, se afianza y generaliza, siendo finalmente objeto de regulación específica en la creación del Registro Civil en 1870, si bien la auténtica regulación se produce en el año 1957 con la Ley del Registro Civil y su reglamento.
Es evidente, señorías, que el tratamiento jurídico que se ha dado a los apellidos como instrumento social de designación, individualización e identificación de las personas ha permanecido ligado en nuestro país a esa tradición histórica, cuya constante ha sido la preeminencia del apellido del hombre sobre el de la mujer y el de su continuidad a través de la transmisión, siempre por vía del varón que es el que ha determinado la continuidad familiar, relegando el de la mujer a un segundo lugar, sobre todo al contraer matrimonio.
Aun cuando nuestro país no se sitúe entre aquellos que todavía mantienen la norma general de la pérdida del primer apellido de la mujer en favor del marido al contraer matrimonio, y aun cuando exista una norma que permite a los hijos su cambio, al alcanzar la mayoría de edad, lo cierto es que por mandato legal el sistema impone un orden de preferencia a favor del varón. Esta preferencia constituye hoy una clara discriminación no acorde ni con los principios constitucionales ni con las recomendaciones internacionales que desde distintas organizaciones, como el Consejo de Europa, la Unión Europea y Naciones Unidas, se vienen produciendo desde los años setenta. Así, está la resolución 78/37 sobre igualdad, del Consejo de Europa, que insta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que el Derecho civil no contenga disposiciones que otorguen a los esposos una supremacía sobre el otro, especialmente en la designación del nombre de familia, cuya regulación tiene que evitar que uno sea obligado por ley a modificar su nombre y sustituirlo para adaptarlo necesariamente al del otro, sugiriendo como sistemas la formación de un nombre de familia libremente elegido por los progenitores, bien nuevo, bien por la adición, en el orden que se acuerde, de los preexistentes.
En el mismo sentido se pronuncia la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del año 1995, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una sentencia de 22 de diciembre de 1994, en el asunto Burgas contra Suiza, sanciona las discriminaciones sexistas en la elección del nombre, y aun cuando admite un régimen propio en cada país según las costumbres y las tradiciones locales, señala claramente que estos regímenes jurídicos propios deben excluir toda disposición discriminatoria.
Por otra parte, señorías, el derecho al nombre, que cumple una función individualizadora permitiendo la distinción de la propia personalidad, encuentra su apoyo constitucional en el artículo 10 de nuestra norma fundamental al constituir una manifestación del libre desarrollo de la personalidad que, a su vez, está sujeta desde luego al principio de igualdad contenido en el artículo 14.
Por eso, la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto modificar el artículo 53 de la Ley del Registro Civil, sustituyendo la redacción actual, que impone un orden preferente del apellido paterno sobre el materno, por la libertad de criterio de los padres en el momento de la inscripción del nacimiento, disponiéndose que el orden elegido se extenderá a todos los hijos e hijas estableciéndose un apellido único familiar.
La incorporación de la libertad de criterio en la determinación del apellido, de la libre elección por mutuo acuerdo, supone, entre otras cosas, acabar con la invisibilidad histórica en que hemos permanecido las mujeres, lo que va a contribuir, sin duda alguna, no sólo a visualizar de una manera más intensa nuestra presencia social, sino también a modificar comportamientos automáticos enraizados en nuestra sociedad patriarcal que tienen un claro componente ideológico y cultural. Pero, señorías, también va a desvelar las reticencias escondidas en el discurso tradicional que han aflorado cada vez que hemos querido afrontar este tema y, puesto que se trataba de un asunto del que, a fin de cuentas, no se derivaban efectos jurídicos patrimoniales, más valía una buena tradición que un referéndum, como si el mundo de lo simbólico no tuviese una

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gran trascendencia cultural. Lo que creemos es que va a permitir pergeñar de un modo no discriminador la forma de denominación e identificación social, desproveyéndola de los valores sexistas que a lo largo de la historia han marcado la regulación de los apellidos.
Señorías, con la toma en consideración de esta proposición de ley y de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, por Iniciativa por Cataluña, por el Grupo Parlamentario Popular e por Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyarlas, sin perjuicio de que en la tramitación podamos discutir algunas discrepancias que inicialmente mantenemos. En opinión de mi grupo, este Parlamento se sitúa hoy en una posición claramente activa frente a ese triste relativismo político que, imponiéndose siempre desde el androcentrismo, ha tratado --y a veces sigue tratando-- de evitar la posibilidad de cambios culturales y sociales que son imprescindibles en una sociedad democrática.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Mixto la posibilidad que me da de utilizar la totalidad del tiempo para poder defender la propuesta que Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda registramos ya en el mes de diciembre.
Desde Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda, con plena satisfacción pero también con extrema modestia, reivindicamos hoy la maternidad de esta propuesta que, como podemos observar por el número de proposiciones presentadas, ha sido felizmente fecunda. La reivindicamos con modestia porque Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda nos hemos limitado a dar solución, por vía parlamentaria, a un problema que nos ha sido planteado por un buen número de parejas, las que, deseando de común acuerdo configurar el apellido familiar con el nombre de la madre, se han visto impedidas para hacerlo en virtud de una norma que lo imposibilita.
La Dirección General de Registros y Notarias se ha encargado muy extensamente de mostrar a esas parejas que su empeño era inútil. Lo hacemos también, señorías, con satisfacción porque el debate de hoy adquiere, a nuestro entender, un alto valor pedagógico al poner de manifiesto la capacidad de todos los partidos políticos, y no sólo de los mayoritarios, de incidir en los cambios profundos de nuestra sociedad, como en este caso se pone de manifiesto. Recordemos que el Grupo Socialista durante su etapa de Gobierno no tuvo a bien considerar esta modificación y el Grupo Popular, tras no haberlo tenido en cuenta en el Plan de igualdad de oportunidades, se ha visto obligado a pronunciarse sobre el mismo a raíz de la presentación en el mes de diciembre de la proposición de ley de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda. Señorías, la cronología ha sido la siguiente: Iniciativa per Catalunya lo presenta el 9 de diciembre; el Grupo Socialista lo presenta el 20 de enero; el 23 de febrero hace lo propio el Partido Popular; Izquierda Unida lo hace más recientemente.
De cualquier forma, señorías, hoy no podemos más que felicitarnos por la más que probable aceptación mayoritaria de una modificación legislativa que, independientemente de la posible no coincidencia en todos sus extremos, representará un cambio revolucionario que va mucho más allá de lo que podría suponer la mera superación de una injusticia social o de un factor más de discriminación, como muy bien señaló la diputada Inma Mayol, en el debate que recientemente tuvo lugar en el Parlament de Catalunya. Representa, sobre todo, la contribución a un profundo cambio cultural, a un cambio en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, que ahora ve como algo normal e incuestionable el hecho de situar siempre en primer lugar el apellido paterno.
Sabemos que la ausencia de nombre es un hecho que afecta de manera relevante la identidad de los seres humanos, tanto a nivel psicológico como social y cultural, y es, sin duda, uno de los elementos que contribuyen a configurar la desvalorización personal y social en que vivimos las mujeres. Se trata, pues, de dar un vuelco a esta situación en la que, como señalamos en nuestra exposición de motivos, la genealogía femenina permanece oculta, impidiendo que el nombre de la madre pueda ser también transmitido de generación en generación, lo que contribuye a la invisibilidad del hecho de ser mujer. Sin embargo, a lo largo de la historia no ha sido siempre así.
Como señala la doctora Victoria Sau en su libro El vacío de la maternidad, hasta bien entrada la era clásica en Grecia, el linaje materno era el de normal transmisión, aunque desde entonces y durante siglos y siglos los apellidos van ligados siempre al hombre al que los hijos y no las hijas le dan continuidad. La misma doctora, tras señalar la génesis de la preponderancia del apellido del padre, indica: Hemos llegado a la situación actual en la que las mujeres, ni siquiera en las democracias occidentales, podemos ser conocidas más que por el nombre de nuestro padre y el del padre de nuestra madre; de ésta no recibimos el nombre porque ella tampoco lo tiene. En la línea ascendiente, siempre es hija de su padre, nieta de sus abuelos, varones, y en la línea descendiente, en ella se acaba el nombre que, a pesar de ser masculino, desaparecerá cuando sus hijas e hijos tomen el apellido de su marido o de su compañero.
Señorías, esta propuesta, independientemente del número de parejas que posteriormente se acojan a la posibilidad

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que contemplará la nueva ley, es revolucionaria porque supera la situación actual de tremenda injusticia en relación a la transmisión del linaje materno y abrirá la posibilidad de que se produzca un cambio en la mentalidad de las personas. Para Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda significa también el remover en profundidad unas estructuras sociales anacrónicas, las que, debido precisamente a la prohibición que se establece en el cuerpo legislativo vigente, parecerían hasta el momento incuestionables, eternas, inamovibles. Son tan incuestionables que, incluso hoy, el Grupo Popular, siguiendo el modelo alemán, se muestra reticente a considerar el que sea la libre voluntad expresada por la pareja la única que determine el orden de los apellidos.
El viejo concepto patriarcal está todavía presente en su proposición de ley. Porque, señorías, si únicamente se trata de garantizar una solución para los casos en que no se produzca acuerdo, ¿por qué no optar porque, a falta de acuerdo, sea el apellido de la madre el que designe el apellido familiar? Señoras y señores diputados, independientemente de la concepción más o menos amplia que finalmente prospere, habremos dado un enorme paso adelante. Es cierto que en este tema de poco nos ha servido el Derecho comparado. Vamos a ser de entre todos los países de nuestro entorno, diría yo, de entre las democracias occidentales, una de las pocas que han mostrado sensibilidad política en la resolución de este problema. Ello a pesar de la reiteradas recomendaciones que desde los años 70 vienen formulando diversas instancias internacionales, entre ellas el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, quienes señalan la necesidad de superar todos los factores discriminatorios por razón de género y, entre ellos, la regulación jurídica del nombre, es decir, de los apellidos.
Señorías, la proposición de ley de Iniciativa per Catalunya-Els Verds contempla la modificación del artículo 109 del Código Civil, que a partir de la aprobación sería redactado de la siguiente manera. Primero, la filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Segundo, en el momento de la inscripción del nacimiento, la madre y el padre de común acuerdo decidirán el orden de los apellidos, pudiendo inscribir indistintamente en primer lugar el apellido materno y en segundo lugar el paterno, o bien inscribir primero el paterno y el segundo el de la madre. Mantenemos lo que ya está contemplado en la legislación actual de que los hijos y las hijas al alcanzar la mayoría de edad podrán solicitar que se altere el orden de sus apellidos. También modificamos los artículos 53 y 55 de la Ley de Registro Civil,

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, gracias, señor presidente.
Por cierto, quiero subrayar que aprovechamos la modificación de la Ley de Registro Civil para acabar con una terminología anacrónica que todavía habla de hijos legítimos y de hijos naturales, y a los cuales nosotros dotamos de la terminología adecuada, que es la de filiación matrimonial y no matrimonial.
Por tanto, señorías, pensamos que esta modificación se debe producir en el Código Civil y en los artículos 53 y 55 de la Ley de Registro Civil, para contemplar que indistintamente pueda ser utilizado el apellido del padre o de la madre, en el bien entendido de que para garantizar la seguridad jurídica creemos que debe haber un solo apellido familiar, que será el que se determine cuando se inscribe al primer hijo.
En relación con las proposiciones de ley presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, quisiera decir que nos parece insuficiente la modificación en exclusiva del artículo 109 del Código Civil, porque permanece la norma contemplada en el artículo 53, por la cual se da prelación al apellido paterno y no al materno. Pensamos que ha de ser la libre voluntad de la pareja la que, de mutuo acuerdo, determine la prelación de estos apellidos.
Y en relación con la proposición de ley del Grupo Socialista, creemos que sería conveniente no solamente modificar el artículo 53 de la Ley del Registro Civil, sino también el artículo 109 del Código Civil. Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo con las previsiones del Grupo Popular de que esta ley sea con efecto retroactivo. Al no haberlo incluido en nuestra proposición de ley, pensábamos presentar una enmienda. Lo contempla ya la proposición de ley del Grupo Popular y creemos que es de extrema justicia, porque, si no, estas parejas que han sido las que han servido de motor para que presentásemos estas iniciativas no tendrían la oportunidad de determinar el orden de los apellidos de sus propios hijos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz García.


La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender el texto de la proposición de ley de nuestro grupo sobre modificación del Código Civil en materia de inscripción de apellidos.
Señorías, como ya se ha venido recordando en esta Cámara, la historia está cargada de distintas formas de discriminación hacia la mujer, y una de ellas es sin duda también el hecho de que la mujer vea siempre pospuesto su apellido al del hombre, por no hablar de otros países de nuestro entorno, europeos, en los que la mujer pierde, como aquí también se ha recordado,

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su apellido, tomando el del marido al contraer matrimonio. Todo ello es reflejo de una cultura en la que el protagonismo social le correspondía en exclusividad al hombre. Organismos internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, como también se ha recordado esta tarde, recomendaron ya hace tiempo a los distintos países miembros que eliminaran cualquier discriminación entre el hombre y la mujer en el régimen jurídico del hombre. En nuestro país la Constitución establece claramente la igualdad de las personas ante la ley y, sin embargo, el actual artículo 109 del Código Civil comienza afirmando que la filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley, lo que supone una remisión a la Ley del Registro Civil, en donde se establece que las personas son designadas por su nombre y apellidos paterno y materno, que es una discriminación de la mujer en los términos en los que estamos hablando.
El Grupo Popular considera fundamental no sólo modificar cualquier extremo de discriminación que todavía perdure en las leyes, sino también impulsar las reformas necesarias para que se dé a la mujer en la vida social, económica, cultural y política el protagonismo al que como persona y ciudadana tiene derecho. Consideramos que la filiación materna y paterna son iguales y, por tanto, el orden de los apellidos debe depender únicamente de la voluntad de los padres. Y si bien no es cierto, como se dice en alguna de las proposiciones de ley, que las mujeres no tengan apellido propio y que no lo transmitan a sus hijos, porque la mujer transmite uno sólo, la verdad es que siempre el segundo si hay filiación paterna y los dos apellidos si esta última no está determinada, no deja de serlo menos que el que no se pueda alterar el orden del paterno y el materno, como regla general, supone --como hemos dicho-- una discriminación que debe ser corregida para que los padres, de común acuerdo --repito--, puedan decidir el orden de los apellidos de sus hijos; bien entendido que su decisión valdrá, a juicio del Grupo Popular, también para los hijos futuros habidos de igual vínculo. Esto es lo que nuestro grupo contempla al proponer la reforma del artículo 109 del Código Civil, señalando que los padres podrán decidir, de común acuerdo, en el momento de la inscripción, dentro del plazo del nacimiento del hijo, que el apellido de la madre preceda al apellido del padre. En cambio, no es oportuno, a juicio de nuestro grupo, dejar abierto un conflicto en el caso de que no hubiese acuerdo entre los progenitores.
Asimismo, la propuesta del Grupo Popular se completa con una disposición transitoria que prevé el supuesto de existencia de hermanos menores de edad en el momento de la entrada en vigor de aquélla, como se ha recordado también en esta tribuna, señalando que la alteración del orden de los apellidos en los mismo se subordina a su necesaria audiencia, si tuvieran suficiente juicio.
Tras una lectura minuciosa las proposiciones de ley del Grupo Socialista y del Grupo Mixto incurren en algunas deficiencias comunes. Se habla de apellido familiar cuando se trata de dos apellidos. Los dos anteriores textos, coincidiendo en este caso con el de Izquierda Unida, incurren también en omisiones que son importantes, porque falta explicitar qué sucede en caso de discrepancia entre los progenitores, no sólo cuando fuese explícita, sino cuando llevase, por ejemplo, a no comparecer ante el Registro para la inscripción porque hubiese un conflicto. A juicio de nuestro grupo, no se puede dejar sin matizar algo que es fundamental. No se puede remitir al juez, no sería lógico ni adecuado, porque un juez sólo puede resolver según normas jurídicas y díganme ustedes cuál podría invocar el juez, porque la norma, es este caso, no existe. Por tanto, señorías, la responsabilidad política tiene que aportar una solución cuando hubiere un conflicto.
Nuestro grupo establece en su texto un régimen supletorio para el caso en que las posturas no sean coincidentes, al igual que ocurre, por otra parte, con el régimen económico matrimonial en el Código Civil, como saben SS. SS., por el que se faculta a los cónyuges para establecer por capitulaciones su régimen económico matrimonial, y en caso de no hacerlo, sea cual sea la causa, el motivo, se establece un régimen supletorio para ellos en función de su vecindad.
Las otras proposiciones de ley no lo resuelven, nuestro grupo sí. De todas formas, señorías, también sabemos que podrían plantearse otras soluciones u otra solución más bien. En el caso de las otras proposiciones nos gustaría saber cuál es la solución que ustedes explicitarían, la que consideran adecuada; porque suponemos que tendrán claro que dejar abierto el conflicto para que resuelva un juez no procede ya que falta, como les decía hace un momento, lo fundamental de acuerdo al Derecho, es decir, falta la norma jurídica en la que el juez se pudiese apoyar.
Por otro lado, los textos de los otros grupos no contemplan tampoco cuestiones de Derecho transitorio, como ha señalado la portavoz que me ha precedido; hay cuestiones relativas a la solución que debería darse en el caso de que hubiese hermanos mayores al nacer el hijo. ¿Quedarían inalterados los apellidos de estos hermanos? ¿Se concedería a los padres la posibilidad de alterar los apellidos de sus otros hijos menores de edad? ¿Sería o no necesario el consentimiento de ellos a partir de una determinada edad? Podríamos decir que razones técnicas o, si quieren, prácticas, nos inclinarían a rechazar las proposiciones de ley de los grupos Socialista, Mixto y de Izquierda Unida; cuestiones que quedan resueltas, en cambio, en la proposición de ley de nuestro grupo, cuyo texto se centra en algo fundamental: en la libertad de los progenitores para que, de común acuerdo, decidan el orden de los apellidos. No obstante, señorías, nuestro grupo considera que todos los textos coinciden en lo fundamental,

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y eso es para nosotros de gran satisfacción: acabar con la discriminación que la Ley actual supone para las mujeres, adecuando el artículo 109 del Código Civil, nuestra legislación en definitiva, a una nueva realidad y adecuándola además al principio fundamental de igualdad. Existe, por tanto, base para el acuerdo.
Confío en que en trámites posteriores podamos alcanzarlo y además en que de él también salga un texto común, perfeccionado por todos los grupos en todos sus extremos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoras Sainz.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en defensa de la proposición de ley de modificación del Código Civil y de la Ley del Registro Civil en materia de inscripción de apellidos.
Nuestra proposición, de forma similar a otras que se han defendido ya, tiene como objetivo adoptar los cambios necesarios para corregir elementos de discriminación y sexistas que persisten en la determinación actual del orden de apellidos. El mandato constitucional hacia los poderes públicos para remover todos los obstáculos que impidan o dificulten las condiciones para la igualdad y las líneas establecidas, tanto por Naciones Unidas como por el Consejo de Europa, con la recomendación de superar la discriminación hombre-mujer en el régimen jurídico del hombre, amparan esta propuesta y justifican la necesidad de ir más allá del tradicional reconocimiento de ambas filiaciones, que se produce en nuestras diversas culturas y a diferencia de países de nuestro entorno europeo para considerar que ambas son iguales y que, por tanto, su expresión, el apellido, debe disponerse en el nombre con arreglo a lo que ambos progenitores establezcan, en vez de venir este orden determinado por el sexo.
Es obvio que la precedencia del apellido paterno sobre el materno, establecida en los artículos 53 y 55 de la Ley del Registro Civil y en el 109 del Código Civil, supone un elemento sexista en el régimen de apellidos, que en la actualidad además no pueden ser modificados ni por acuerdo ni por petición ni por voluntad de las partes y de los progenitores, sino únicamente por el interesado a partir de la mayoría de edad. También es evidente que esta consideración de posibilitar la inversión en los apellidos con la mayoría de edad no corrige ni resuelve los elementos discriminatorios que se contienen en la legislación, por cuanto que uno de los representantes, el hombre, tiene la potestad de donar su apellido a sus descendientes desde el nacimiento, mientras que el otro representante, paradójicamente la mujer, sólo puede hacerlo en un caso concreto y con el consentimiento explícito del hijo o de la hija y una vez que éste sea mayor de edad.
En el transcurso del debate se demuestra que el diagnóstico de la situación y la necesidad de su modificación es, por tanto, compartida por todos los grupos que han presentado las proposiciones y es un elemento de consenso en esta Cámara. Ahora bien, las diferentes soluciones o formulaciones que se aportan se pueden valorar desde diferentes perspectivas. Un planteamiento, que es el que expone en su modificación el Grupo Popular, significa cambiar cuando por mutuo acuerdo se pueda proceder a la inversión de los apellidos y, por tanto, mantiene la legislación en la precedencia del apellido paterno, aunque arbitra un sistema y un mecanismo que posibilita la petición y la concesión de cambio inmediato. A nuestro modo de ver, esto corrige los elementos gruesos de discriminación y de indefensión ante una ley que anula taxativamente la voluntad de las partes, en un tema en el que precisamente la voluntad de las partes, y más concretamente la voluntad de la mujer, es determinante; sin embargo, no corrige los elementos sexistas de la actual legislación ni el viejo modelo patriarcal en el que se fundamenta esta legislación. No obstante, quiero adelantar que nuestro grupo va a votar a favor de todas y cada una de las proposiciones porque entendemos que en el debate podremos introducir elementos que corrijan ciertas situaciones que se expresan en alguna de las proposiciones.
En la proposición que nosotros formulamos y en otras, aunque con algunos matices, se plantea no establecer la precedencia de ninguno de los dos apellidos desde la ley, dejarlo a la voluntad y a la autonomía de las partes que son, en este caso, los progenitores, complementando en su momento --vía reglamentaria-- aquellos elementos que dieran seguridad o método a la hora del registro. Esta propuesta, por tanto, intenta corregir desde la igualdad el planteamiento sexista de fondo en la actual formulación jurídica de transmisión del nombre. En todo caso, si --como se expresa en la exposición de motivos de la propuesta del Grupo Popular-- se pretende evitar a los progenitores que tengan que ponerse obligatoriamente de acuerdo, tendría más lógica y racionalidad plantear la precedencia del apellido materno, lo que hace justicia --como decía recientemente Juan Cruz en un artículo-- a la lógica del nacimiento y a años y siglos de imposibilidad y de invisibilidad de las mujeres. Por tanto, desde un punto de vista de seguridad y de racionalidad, teniendo que optar por la precedencia de alguno de los apellidos, la lógica indica que sería la precedencia materna. No obstante, nosotros nos inclinamos por un modelo que reglamente que sea la voluntad de las partes la que finalmente indique cuál es el orden y que pueda usarse, indistintamente, cualquiera de los dos órdenes en la configuración de los apellidos.


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Como ya he dicho, nos inclinamos por votar a favor y tomar en consideración todas las proposiciones, el conjunto de las propuestas, si bien hay algunos elementos que nos preocupan tanto en la proposición del Grupo Popular, ya que únicamente modifica el artículo 109 del Código Civil, dejando el reglamento y los artículos 53 y 55 del Registro Civil con su redacción actual, que además se expresa en términos preconstitucionales y con grandes deficiencias, como en la del Grupo Socialista, porque modifica la Ley del Registro Civil y no modifica el artículo 109 del Código, que también sería necesario adecuar para obtener una formulación más adecuada que incida en el problema que queremos enfocar y resolver. En todo caso, consideramos que en el transcurso del debate, ya sea vía enmiendas o a través del consenso, podrían ser resueltos y, por tanto, nos vamos a sumar a la toma en consideración de todas y cada una de las propuestas que hoy se han presentado en esta Cámara por los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.
Concluidas las presentaciones de las proposiciones de ley por los grupos que las han suscrito, ¿hay otros grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, dado que estas cuatro proposiciones de ley que se han presentado como iniciativa de otros tantos grupos parlamentarios coinciden esencialmente en el fondo de la cuestión, referente a la potestad de los padres o cónyuges para ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos paterno o materno o materno y paterno, nosotros vamos a apoyar las cuatro indiscriminadamente y con el mismo fin de que pueda aprobarse, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, un texto consensuado y común que anule las partes indiscriminadas, las partes de inseguridad jurídica, en caso de no haber acuerdo entre los cónyuges, en caso de que sean familias que ya hayan tenido hijos, de que haya la posibilidad de que uno de los padres, en uso de la potestad que confiere el artículo 109 del Código Civil, quiera cambiar el orden de los apellidos siendo padre o madre de una de las hijas o de los hijos. Hay que ver qué circunstancias concurren, porque no podemos ir a la ligera con un ley que puede crear un verdadero desorden en el ordenamiento de las filiaciones civiles en este país, teniendo, como tiene España, unas cuotas de seguridad de los apellidos de origen para la mujer como para el hombre, pero, sobre todo, para la mujer, si lo comparamos con el Derecho de otros países, donde se pierde, como se ha recordado por alguno de los intervinientes.
Dado que en los aspectos formales la proposición del Grupo Socialista pretende modificar el artículo 53 de la Ley del Registro Civil de 1957, mientras que la del Grupo Popular lo que modifica es el artículo 109 del Código Civil y las que han planteado los grupos Mixto y de Izquierda Unida tocan ambos aspectos, incluso se extienden en propuestas de modificación del artículo 55 de la Ley del Registro Civil, teniendo en cuenta todo esto vamos a remitirnos a que el sentido común se imponga en la ponencia y en la Comisión y se apruebe un texto de ley que, dando satisfacción a las reivindicaciones legítimas, por supuesto, que aquí se han expuesto, ponga orden en los registros civiles en cuanto a las identificaciones que todo colectivo de ciudadanos necesita plantearse, haciendo en este momento una salvedad. El artículo 109 del Código Civil reconoce el derecho individual al decir que todo mayor de edad puede cambiar el orden de sus apellidos. Pues bien, el tratar de imponer un apellido familiar por el mero hecho de ser el primero de los hijos del matrimonio en el orden de actuación de esta potestad nueva para los padres o cónyuges puede significar el imperativo de no poder utilizar el derecho en el resto de los hijos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, a la hora de examinar las cuatro iniciativas sobre inscripción de apellidos, todas ellas parten de un principio inatacable: dar una solución no discriminatoria ni sexista a la elección de los apellidos, por citar la primera, presentada en el mes de diciembre por las señoras Rivadulla y Almeida. La proposición de ley de Izquierda Unida habla de muerte civil de la filiación materna; la del Grupo Socialista de la necesidad de hacer desaparecer toda disposición sexista en el derecho del nombre y, más modosa, la del Grupo Popular dice que la opción parece más justa y menos discriminatoria para la mujer. Y en efecto, nos parece que la regulación que se propone, en unos casos de modificación de la Ley reguladora del Registro Civil, en otros también del Código Civil, es un instrumento importante para el ejercicio de la libertad por parte de los padres en la elección del nombre y apellidos que integran el ámbito de los derechos personalísimos de la persona.
Nuestro Derecho familiar se basaba hasta no hace mucho en la idea de que el padre es el que manda: él da el apellido, él ejercita la patria potestad. Desaparecida esta exclusiva de la patria potestad, el resquicio del obligatorio apellido paterno parece una continuidad simbólica de esa idea de predominio. La regulación opcional que se pretende por todas las iniciativas

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nos parece justa y la apoyaremos en orden a la consecución de la igualdad real de la mujer en lo social. Si lo que no se nombra no existe, las mujeres, al no poder perpetuar su apellido, desaparecen de alguna manera, se diluyen o pierden la posibilidad de una constancia social transmisible de generación en generación.
Sin embargo, hay un problema que deberá abordarse debidamente. No hace mucho, la prensa se hacía eco de una solicitud, en el sentido de las iniciativas hoy presentadas y de la respuesta dada por el Defensor del Pueblo, negando tal posibilidad con la normativa ahora vigente, y aludía a que el régimen de los apellidos constituye un principio de orden público, y así es y por ello nos proponemos cambiar la norma, pero también incumbirá a los poderes públicos dotar al sistema que se articula de todas las garantías de seguridad y de rigor en las identidades que constan en los registros públicos, evitando problemas organizativos y posibles inseguridades jurídicas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva, que se obstina en tomar posición desde la tribuna, a lo que tiene derecho, aunque no sigue la recomendación de la Presidencia. En cualquier caso, con el ejercicio de su derecho a nadie lesiona.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Es más de posición que de duración.
Desde luego el debate de hoy, si así puede llamarse, constituye un hito más en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, un hito que quizá en nuestra época moderna se inició en los estertores de la dictadura a través de la Ley de 2 de mayo de 1975, que eliminó algunas discriminaciones respecto de la mujer casada; que, desde luego, se ratificó en la Ley de 13 de mayo de 1981, donde, entre otras cosas, se introdujo en ese artículo 109 la posibilidad de los mayores de edad de alterar el orden de sus apellidos; se introdujo también en el artículo 156, sobre la patria potestad, el imperativo de ejercicio conjunto de la patria potestad; y también a través de la Ley de 7 de julio de 1981, cuando se estableció, obviamente respecto a los progenitores, casados o no, que el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. Desde esa perspectiva, como ya digo, la sesión de hoy constituye un hito importante en esta lucha por la conquista de la igualdad. Por lo demás, cierto es también que hace pocos días, en el Parlament de Catalunya, se produjo un debate de estas características en el que todos los grupos parlamentarios, como sin duda ocurrirá hoy, estuvieron de acuerdo en la asunción de estos principios.
No obstante, sí le gustaría a mi grupo efectuar tres consideraciones importantes que, en su día, podrán trasladarse a través de enmiendas, sobre todo a aquellos grupos parlamentarios que, después de un estudio sesudo de la situación, han presentado las proposiciones de ley que debatimos y que, obviamente, tomaremos en consideración hoy. En primer lugar, entiende mi grupo que, sin duda ninguna, habrá que proceder a modificar el artículo 42 de la Ley de Registro Civil. Lo digo porque el plazo de inscripción que establece la Ley de Registro Civil es entre las 24 horas y los ocho días, que puede ser notablemente insuficiente para que los dos progenitores, la mujer y el hombre, sobre todo la mujer, que acabará de salir precisamente de una situación de parto, pueda o bien comparecer ante el encargado del Registro Civil o bien otorgar poderes o efectuar cualquiera de estas otras circunstancias. Si lo que se pretende es que se produzca un acuerdo efectivo, deberán garantizarse las circunstancias para que la mujer que sale no de una enfermedad pero sí de una situación que obviamente afecta a su salud esté en condiciones de manifestar esa voluntad. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el artículo 42 de la Ley de Registro Civil deberá ser modificado.
En segundo lugar, se habrá de establecer de alguna manera un mecanismo de solución de conflictos o de bloqueos. En este momento mi grupo no manifiesta preferencia por ninguno de los sistemas o mecanismos de solución. Al parecer, podrían existir cuatro: uno --tal y como establece el artículo 193 de la Ley de Registro Civil para los supuestos del nombre--, en aquellos casos en los que no se puede imponer el nombre, dejar esta competencia en manos del juez encargado del Registro Civil. En segundo lugar, si acudimos al artículo 156 del Código Civil, de ejercicio de la patria potestad, en aquellos casos en los cuales se produce discrepancia en este ejercicio, tendríamos que resolver el conflicto a través del juez ordinario. No está mi grupo en principio por diferir en un tercero la solución de este tipo de controversias, con lo cual nos encontramos ante dos posibilidades: o bien, en caso de discrepancia, se atribuye la preferencia al apellido de la mujer, y hay dos razones importantes de fondo: un principio de discriminación positiva e incluso aquel famoso aforismo romano que todos los que hemos estudiado Derecho aprendíamos en la primera clase de Derecho de familia de que la madre siempre es cierta y el padre es aquel que las nupcias demuestran, mater semper certa es, que incluso se recoge en el artículo 116 de nuestro Código Civil. O se mantiene el status quo actual, la situación que se recoge en estos momentos en el ordenamiento. Sí quiere mi grupo explicitarlo porque cualquiera de las soluciones, y sobre todo los mecanismos que pueden conducir a ellas, son lo suficientemente importantes, lo suficientemente trascendentales para que a lo largo también de esta tramitación parlamentaria los ciudadanos puedan formar su opinión, puedan hacérnosla llegar y puedan, en cualquier caso, explicitarla.


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Finalmente, señorías, hemos apreciado también algunas omisiones en las proposiciones de ley. Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de un hijo póstumo, el nacido después del fallecimiento del padre, quién determina el orden de los apellidos. Qué ocurre en aquellos supuestos en los que se produce un reconocimiento de la paternidad o de la maternidad o al revés, obviamente, sucesivamente y no se produce en un momento simultáneo. Desde luego, estamos muy a favor del planteamiento que se ha hecho desde Izquierda Unida o desde Iniciativa per Catalunya --no recuerdo ahora-- de resolver esos residuos absolutamente arcaicos en nuestra Ley de Registro Civil de distinción entre la filiación natural y la filiación legítima, que, desde luego, debe pasar a ser la filiación matrimonial y la no matrimonial. Por lo tanto, tenemos algunas cuestiones pendientes que son importantes porque afectan y afectarán sin duda alguna a la vida de los ciudadanos y sobre las cuales es importante conocer su opinión.
En última instancia, no me queda más que felicitarnos por el grado de consenso que se alcanzará sin duda alguna en la sesión de hoy y por el que se pondrá de manifiesto en la ponencia, porque el camino ha sido largo, ha sido de siglos. En esta materia no estábamos, desde luego, en el peor de los mundos posibles --como ha recordado Luis Mardones--, pero hay algunos aspectos que debemos solventar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones sobre la toma en consideración de las proposiciones de ley que se han presentado y debatido ante el Pleno, relativas todas ellas al cambio de la legislación civil para posibilitar que los hijos e hijas lleven como primer apellido el materno.
En primer lugar, se somete a votación la proposición de ley del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 278; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición del Grupo Parlamentario Mixto, defendida por la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 289; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 296; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 299; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ATENCION DEL ALUMNADO HOSPITALIZADO. (Número de expediente 162/000224)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, sobre la atención del alumnado hospitalizado. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coquillat. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio.
Puede comenzar, señor Coquillat.


El señor COQUILLAT DURAN: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en defensa de la proposición no de ley sobre la atención del alumno hospitalizado.
Me ha parecido oportuno y conveniente recordar dos artículos de la Logse.
En el título V, artículo 63, apartado 2, se dice: Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. Recalco la indicación «de otra índole». El artículo 65, en su apartado 2, expresa lo siguiente: Las autoridades educativas asegurarán la actuación preventiva y compensatoria garantizando, en su caso, las condiciones más favorables para su escolarización, durante la educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales, por la procedencia de un medio familiar de bajo nivel de renta, por su origen geográfico o por cualquier otra circunstancia --subrayo el concepto «por cualquier otra circunstancia»--, supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación

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obligatoria y para progresar en niveles posteriores. Parece evidente que las expresiones «otra índole» y «cualquier otra circunstancia» aseguraban en la legislación situaciones como la que hoy nos ocupa, situaciones que no tenían una explicitación en esta ley, pero por supuesto --repito-- «otra índole» y «cualquier otra circunstancia» era suficiente como para que las pudiéramos recoger posteriormente.
El problema de la atención al alumno hospitalizado ya existía, no era un problema nuevo. Se aplicaban distintos tipos de soluciones para paliar el problema, y cuando todavía no estaban suficientemente desarrolladas las modernas técnicas de comunicación audiovisual que hoy se nos ofrecen y que dan sustento a esta proposición no de ley, el hombre, el profesor, el docente, las suplía con sus habilidades. Asimismo, nos ha parecido adecuado recordar, porque tenemos que adelantarnos mucho más todavía en el tiempo, el informe sobre el estado y situación del sistema educativo del curso 1995-1996 emitido por el Consejo Escolar del Estado. Recuerda que habiendo difundido la Logse la población escolar con necesidades educativas especiales, la ordenación de acciones dirigidas a estos colectivos se regulaba por el Real Decreto 696/1995 --estamos hablando de 1995--, para necesidades derivadas de discapacidad y trastornos de la conducta, y el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero --estamos hablando de una fecha muy reciente--, relativo a la compensación de las desigualdades en educación.
La finalidad de este último real decreto, en el que tenemos que centrarnos, con aplicación en territorio MEC, era establecer medidas que permitieran prevenir las desigualdades antes mencionadas en el artículo 63 de la Logse, reforzando las medidas de carácter ordinario y promoviendo otras de carácter extraordinario, entre ellas, la del apartado c) de este informe del Consejo Escolar de Estado, referente a las unidades de apoyo en instituciones hospitalarias dirigidas al alumnado que, por razón de una hospitalización prolongada, no puede seguir su habitual escolarización.
Concretamente, en el capítulo tercero, sección segunda, de este real decreto y en el artículo 19 se determinan las características de las unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias que mantengan regularmente hospitalizado un número suficiente de alumnos en edad de escolaridad obligatoria. Se indica asimismo que la organización y funcionamiento de las unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias se regirán por las normas establecidas para el funcionamiento de las escuelas unitarias y centros incompletos, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Insisto, porque es base de esta proposición no de ley, en esta última línea: con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Se especifica también que, para asegurar la continuidad del proceso educativo, el Ministerio de Educación determinará los procedimientos de coordinación entre los centros en los que está matriculado este alumnado y las unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias.
Durante el curso 1995-1996, y sigo haciendo referencia al informe del Consejo Escolar de Estado, la actuación del programa de educación compensatoria en este ámbito atendió 13 aulas hospitalarias con 20 maestros. En el informe del Consejo Escolar de Estado se habla de lo que ocurre en otras comunidades autónomas; por ejemplo, menciona, casi exclusivamente en este ámbito, puesto que es muy reducido, a Cataluña, donde se concedieron 69 ayudas para alumnos con enfermedad prolongada que les impedía continuar y finalizar sus estudios en Cataluña, por una cantidad de once millones de pesetas aproximadamente. Esto no quiere decir que no exista esa actuación en otras comunidades autónomas, pero, dada la brevedad del informe en esta parte, no se profundiza en este punto.
En el curso 1997-1998 se desarrollarán 29 aulas hospitalarias, atendidas por 40 maestros, aumentando cuatro unidades de apoyo donde no existían.
Esto quiere decir que, desde el curso 1995-1996 al curso 1997-1998, las aulas hospitalarias se han ampliado en más del cien por cien y hemos pasado de 20 a 40 profesores.
Hasta aquí la frialdad de los datos y de los informes. Si asumimos la realidad actual, esta proposición no de ley pretende la potenciación de todos los efectivos de innovación educativa en el campo de la teleducación en aulas hospitalarias y arbitra, como se indica en ella, todos los medios necesarios para extender la tecnología de las comunicaciones a las actuales y futuras aulas hospitalarias, dando cumplimiento, por tanto, a los aspectos mencionados del Real Decreto-ley 299/1996. Esto implica crear un espacio electrónico materializado sobre Internet y RDSI. Hago una aclaración sobre las siglas RDSI, ya que son sistemas aún desconocidos para los no muy versados en estas tecnologías.
Son realmente para un tipo de línea telefónica utilizada para mejorar las velocidades. El concepto es verdaderamente mucho más amplio, pero así expresado puede ir dándonos una idea de su utilidad, cuando se dispone de una infraestructura de comunicaciones de este tipo. También son para elaboración de páginas HTML, lenguaje para crear documentos, hipertextos varios para múltiples plataformas. Aclaro que, en este caso, esta informática todavía muy diversificada y no homologada en su uniformidad puede ser el sistema más adecuado para compatibilizar los distintos sistemas operativos en los ordenadores, es decir, prácticamente todo lo que se encuentra en el mercado.
Videoconferencia o lo que podríamos denominar ahora videoclase es otra de las posibilidades, otro recurso importante, junto con el correo electrónico, para la comunicación a distancia. Por supuesto, está el acceso a bases de datos remotas --quizá la palabra remotas aquí no tiene mucho sentido, porque el concepto

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de distancia prácticamente ha desaparecido con Internet--, actuando simultáneamente, de manera que se garantice la formación de los equipos docentes en estas tecnologías, y una red de apoyo, que es a la que se hace mención en nuestra proposición no de ley, que potencie la comunicación de los alumnos hospitalizados.
Aunque realmente no he recabado datos sobre cuál es la situación de los alumnos en fase hospitalaria, creo que, aun siendo importante conocerlos para la planificación y desarrollo integral de cualquier tipo de actuación --número de camas infantiles, índice de ocupación media de niños y niñas en edad de escolarización obligatoria, tipos de patologías que se atienden que obliguen a estos largos períodos de hospitalización--, no es absolutamente necesario para esta exposición y para la idea que preside la proposición y sus actuaciones, ya que todos estaremos de acuerdo en que con que hubiera un solo niño con estas necesidades de atención pedagógica sería suficiente.
Además, no debemos olvidar que estamos hablando, en clara dependencia con estas actuaciones, de aspectos terapéuticos no bien definidos pero indiscutibles, ya que estas estancias prolongadas, sin formación, sin alicientes, sin el incentivo de una futura y más fácil integración en la escuela no son precisamente el caldo de cultivo más adecuado para facilitar una mejor y más rápida recuperación. Naturalmente, cuando esto es posible, sólo cuando lo es. Sin embargo, cuando las patologías conducen a situaciones terminales, en modo alguno son desdeñables estas actuaciones pedagógicas, como se ha podido constatar en infinidad de ocasiones. Dentro, por tanto, de la integración de medios telemáticos e informática, es posible utilizar estas tecnologías para favorecer el desarrollo afectivo y social, impulsando la expresión y la comunicación en los alumnos hospitalizados.
Se puede convertir, sin duda, la situación de desventaja académica --inmovilidad, disposición máxima de tiempo, etcétera-- en oportunidad para desarrollar destrezas en alguno de estos medios tecnológicos, facilitando la recuperación del desfase académico que se pueda sufrir, que estará en función de muchos factores, pero también del tiempo de hospitalización. Por otra parte, se puede favorecer la coordinación con el centro educativo de referencia...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Coquillat, le ruego vaya concluyendo.


El señor COQUILLAT DURAN: Sí, señor presidente, voy concluyendo, pero el final es muy sentido y le agradecería que me permitiera terminar.
Por otra parte, decía, se puede favorecer la coordinación con el centro educativo de referencia y la comunicación entre el alumnado de éste y las aulas hospitalarias. Desde el punto de vista del profesorado se puede motivar a los docentes para la utilización de la telemática, mensajería y teledebates, como medio de autoformación y apoyo a las actividades. Y, como consecuencia del resultado de estas actuaciones, habría que realizar un análisis de las mismas y su corrección para futuras aplicaciones, dentro de una red de apoyo. En cualquier circunstancia, estaremos siempre ante un sucedáneo que debe ser compartido, después de la hospitalización, con el profesor que tomará las riendas del aprendizaje, porque los niños --y éste es el final sentido al que hacía referencia--, señor presidente, con estas tecnologías a su alcance, observándoles cuando están ante estos nuevos espectáculos de la informática, pueden no llegar a comprender la distancia que existe con el ser real, ya que se integran con lo que viven. Los medios informáticos llegan a acaparar toda su atención, lo que ven en ellos les causa sorpresa, admiración, incluso miedo, risa, temor o aburrimiento, por lo que deben compartir el entusiasmo del aprendizaje con los profesores que se han unido a ellos.
Con estas actuaciones de innovación tecnológica, se pretende una ayuda y unos nuevos elementos de trabajo, en realidad una alianza con la telemática, pero nunca sustituyendo --repito, nunca-- la tarea pedagógica y humana del docente. Creo que todos ustedes podrían añadir mucho más de sus propias experiencias personales. Estos niños necesitan, por su situación de debilidad, todo nuestro apoyo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Coquillat.
A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista recibe con gran interés esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pretende dotar a las aulas hospitalarias de medios telemáticos. Nuestro interés está basado en varias cuestiones; una, que supone el desarrollo de la educación compensatoria y la aplicación del programa de nuevas tecnologías a los alumnos que sufren una larga hospitalización. Para nosotros, es de especial interés, como no podía ser de otra manera, la defensa de la igualdad de oportunidades que supone la educación compensatoria. Esto quiere decir compensar las desigualdades que puedan producirse en estos alumnos. La introducción de las nuevas tecnologías también supone un indicador de calidad. Naturalmente, ampliar este indicador de calidad a las aulas hospitalarias no podía ser recibido más que con satisfacción en nuestro grupo parlamentario.
Sin embargo, tenemos que decir que esta proposición no de ley no supone una novedad, sino que para

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nosotros ha sido una verdadera sorpresa, ya que el Gobierno, al presentar los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por esta Cámara, ya se comprometía a dotar de medios telemáticos las aulas hospitalarias. Se comprometía a dotar a estas aulas de la infraestructura suficiente para el desarrollo de las nuevas tecnologías, a la formación del profesorado, a la conexión de estas aulas a Internet y a la dotación de los medios suficientes para el desarrollo de videoconferencia.
Por eso, nos parece que esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular es oportuna, precisamente porque hasta ahora el Gobierno no ha desarrollado ninguno de los objetivos a los que se comprometió en los Presupuestos Generales del Estado. Más bien lo contrario, porque lo que ha hecho es aplicar un fuerte recorte, en primer lugar, a las propias aulas hospitalarias. El representante del Grupo Parlamentario Popular, en su exposición, ha olvidado hacer la comparación entre los indicadores del año 1997 y los de 1998, que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado. Si lo hubiera hecho, tendría que reconocer que las aulas hospitalarias se han reducido a un 80 por ciento y que la dotación de plantillas de profesorado para atender estas aulas se ha reducido a un 64 por ciento. Esta es la realidad, unida a otro importante recorte: que se han reducido los presupuestos para formación del profesorado, para las nuevas tecnologías, como son los programas Atenea, Mercurio y Mentor. Y lo más grave, se ha reducido el presupuesto hasta unos niveles de más del 50 por ciento de lo que supone el desarrollo de la televisión educativa.
Ante este panorama, el Grupo Parlamentario Socialista recibe esta proposición no de ley con interés y adelantamos nuestro apoyo a ella, pero, basándonos en ese interés, hemos presentado dos enmiendas precisamente para hacerla real y que de verdad pueda llegar a favorecer las necesidades de los alumnos de larga hospitalización, que están escolarizados en aulas hospitalarias. Para ello, añadimos a la proposición no de ley un punto importantísimo, que es el mantenimiento de las aulas hospitalarias en el número necesario y que se tengan en cuenta, como mínimo, los indicadores del año 1997. También pedimos el mantenimiento de las plantillas suficientes de profesorado para la atención de estas aulas hospitalarias y que se amplíen los presupuestos para la formación del profesorado, para la dotación de las infraestructuras suficientes y para el mantenimiento de la televisión educativa.
Por último, hemos de decir que, si esta proposición no de ley llega al Gobierno, como esperamos y deseamos, y si el Gobierno va a cumplir sus compromisos, los compromisos adquiridos en los Presupuestos Generales del Estado, es necesario que adquiera un número significativo de terminales, de ordenadores y de otros medios telemáticos. Esperamos que esta vez el Gobierno tenga la cautela de elegir los modelos que incluyan todos los caracteres del alfabeto español y muy en concreto la letra eñe.
Sin más, solicitamos el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que amplían, completan y mejoran una proposición no de ley del Grupo Popular que saludamos por su interés y por su oportunidad.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Valcarce.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes y Nueva Izquierda va a apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. Y la verdad es que no sabemos cuál es su finalidad, porque, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, parece que su grupo no se fía de lo que es una obligación del Gobierno o lo quiere hacer por una proposición no de ley. Porque el Gobierno tiene la obligación y tener que hacer una proposición no de ley para decidirlo nos parece un mecanismo complicado, aunque últimamente ya lo hemos visto en dos ocasiones. Si necesita una ley que le obligue, ya que no le obliga la decisión personal de tener que aumentar estas aulas, nosotros apoyaremos esta medida, pero pensamos que la iniciativa ya la tenía que haber tomado y que tenía que haberlo solucionado.
Nos parece preocupante que, cuando se van haciendo leyes, no se aprovechen de una manera global. Tampoco las nuevas comunicaciones, las telecomunicaciones. Este grupo incluso presentó enmiendas a la Ley de telecomunicaciones para intentar el mayor aprovechamiento de las líneas, a fin de que no se hicieran gastos inútiles. Y nos gustaría que esto se tuviera en cuenta a la hora de adoptar las medidas necesarias para la dotación de estas escuelas. ¿Cómo nos vamos a oponer a que las aulas hospitalarias estén bien dotadas, si queremos que cualquiera lo esté? La gente que está más necesitada, que tiene menos posibilidades de acceder a los estudios, debe recibir la mejor atención, no sólo sanitaria, sino educacional, para que las pérdidas por enfermedad no supongan también pérdidas de escolaridad.
Lo vamos a apoyar, pero sí queremos decir que en esta legislatura ya se ha visto algo similar, que el Gobierno presenta proposiciones de ley de lo que ya son obligaciones que tiene contraídas con la sociedad. Pienso que presupuestariamente, con las leyes de educación, con la ley de igualdad de oportunidades, con las obligaciones que tiene contraídas respecto a la calidad

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de la enseñanza que deben recibir todos los ciudadanos, esta actuación ya tenía que haberse hecho. En cualquier caso, si tenemos que hacer una ley para que por su no cumplimiento pudiera haber mayor infracción, nosotros la vamos a apoyar para que quede constancia de que queremos esa obligación por parte del Gobierno y esa dotación, que nunca debe ser burocrática ni de aumento de gasto, sino de aumento de posibilidades y de utilización de los gastos que tenemos lo más reducida posible.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, brevemente quiero mostrar nuestro apoyo a la proposición no de ley.
Con ocasión de los debates que hemos tenido en la Cámara en materia de telecomunicaciones, y más concretamente en el proyecto de ley general de telecomunicaciones, se planteó la necesidad de regular, dentro de las obligaciones de servicio público, los servicios de telenseñanza.
Finalmente, en el artículo 42 del proyecto, que actualmente se tramita en el Senado, se reguló como posibles obligaciones a declarar por el Gobierno aquéllas que se entendieran necesarias para atender, entre otros, los servicios de la educación.
Con ese marco normativo, es preciso que el desarrollo de las nuevas tecnologías llegue a todos los colegios, a las escuelas rurales y, por supuesto, a las aulas hospitalarias. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas competentes deben, a su vez, ser capaces de aunar esfuerzos en la aplicación de las tecnologías y la creación de un software común para constituir un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos de las aulas hospitalarias, como medio para superar las barreras físicas y romper su aislamiento. Ese espacio electrónico ha de materializarse sobre el Internet y el RDSI, para la integración de esas aulas hospitalarias con el mundo educativo.
En definitiva, señorías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de primer orden para nuestro desarrollo y el nivel de desarrollo a medio y largo plazo ha de medirse en la educación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Simplemente hacemos uso de la palabra a los efectos de hacer pública ante la Cámara la posición favorable del Grupo Parlamentario Catalán a la proposición no de ley objeto de este debate.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, como no podía ser de otra manera, quiero felicitarme por la iniciativa que estamos examinando por considerar que, aun siendo un derecho fundamental el de garantizar una educación suficiente e ininterrumpida durante la edad escolar, este principio es alterado en algunas circunstancias, como la de los traslados de los temporeros, que ha sido paliada parcialmente, o en este otro caso que nos ocupa de ingresos sanitarios breves o prolongados, siendo otra variable los domiciliarios, que requerirían un tratamiento diferenciado, pero que igualmente son susceptibles de una protección del derecho desde el punto de vista educativo y no sólo a través de la fase de recuperación, que también, sino con una homologación reducida al ámbito donde se circunscribe el alumno enfermo, con una categoría individualizada y personalizada, beneficiándose igualmente de las peculiaridades correspondientes que hoy apruebe esta Cámara.
Ciñéndonos al ámbito propiamente hospitalario, entiendo que efectivamente hay que constatar las profundas deficiencias que arrastran tanto el Ministerio de Educación, máximo responsable de las carencias, como el de Sanidad, por no advertir a las administraciones educativas de sus correspondientes incumplimientos. Estas situaciones, que no son excepcionales, aunque se tenga esa impresión, requieren la puesta en funcionamiento de diferentes instrumentos que competen de forma reglada a las diferentes enseñanzas.
El objetivo de la incorporación gradual de las nuevas tecnologías de la comunicación para informar y formar, no sólo como técnica de apoyo, sino jugando un papel central, cumple, en el marco al que nos referimos, una de las tareas prioritarias, siendo éste un escenario de primera magnitud para apostar por la informatización de amplias zonas de la educación para alumnos de estas peculiaridades, como hemos dicho, transitorias o definitivas. Este uso eminentemente social e interactivo consigue instalar el conocimiento en un modelo revolucionario y alternativo que universaliza o al menos que puede universalizar el saber. Por ello, es una irresponsabilidad que algunos centros hospitalarios sean zonas blancas o estén en precario con respecto a esta necesidad de los alumnos ingresados, una obligación contraída por la Administración con respecto a los ciudadanos en esta situación.
En este sentido, señorías, es necesario entender que el uso de la telemática no puede estar exclusivamente

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al servicio del mercado, sino que tenemos que ponerlo al servicio de la docencia en las aulas escolares y en las aulas hospitalarias, atendiendo a las competencias conferidas al Ministerio de Educación y Cultura. Junto a estas dotaciones, es necesario abordar la formación y reciclaje de los profesionales como ejecutores centrales de estas políticas educativas en estos marcos concretos y para eso hay que firmar y desarrollar cuantos protocolos y convenios sean precisos entre ambas administraciones, a fin de garantizar el principio constitucional del derecho a la educación para todos y todas, incluidos enfermos y enfermas, sin excepción. Y esto, señorías, señor presidente, se llama cumplimiento de la Logse y se llama financiación.
Nada más. Muchas gracias El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Señor Coquillat, S. S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor COQUILLAT DURAN: Gracias, señor presidente.
Aceptamos la enmienda de adición, la c), y yo rogaría al Grupo Socialista que, en la seguridad de que el ministerio va a utilizar ordenadores con la eñe, retirara la enmienda de adición última.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Coquillat. (La señora Valcarce García pide la palabra.) Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCIA: Señor presidente, quiero manifestar que estamos de acuerdo, que es suficiente para el Grupo Parlamentario Socialista la manifestación que ha hecho el portavoz del Grupo Popular y que retiramos esa enmienda.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Valcarce.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular sobre la atención del alumnado hospitalizado, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TARIFAS TELEFONICAS. (Número de expediente 162/000187)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre tarifas telefónicas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Morlán.
(Rumores.) Silencio, señorías.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista plantea esta proposición no de ley, que tiene mucho que ver con la aparición de un segundo operador como es Retevisión para la prestación de los servicios de telefonía básica. Esta situación de competencia en la telefonía básica puede acabar limitándose a la prestación de determinados servicios, pues nada hace suponer que en un primer momento la actividad inmediata de Retevisión llegue al ámbito de la telefonía urbana y metropolitana destinada al gran público. (Continúan los rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Morlán.
Señora Gil i Miro, señora Almeida, silencio, por favor.
Gracias.
Continúe, señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Si esto se produce, los usuarios y los consumidores van a ser los últimos en apreciar la bondad, entre comillas, de unas decisiones que van a seguir manteniendo en manos del operador dominante un monopolio de facto, en virtud del cual ya no es que se reduzcan las tarifas en razón a esa nueva competencia, sino que pueden verse notablemente incrementadas en aplicación a la Orden ministerial de 18 de marzo de 1997, sobre tarifas y condiciones de interconexión, que en más de una ocasión hemos debatido en esta Cámara. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) ¿Qué pretende el Grupo Socialista con esta proposición no de ley? En el texto de la misma señalamos los puntos que entendemos deben ser modificados o tenidos en cuenta para que en un mercado como el actual la competencia que todo el mundo predica sea una competencia de verdad y que garantice en todo momento que los usuarios y los consumidores están disfrutando de los beneficios y de las consecuencias lógicas de esta competencia. Nosotros pretendemos, de acuerdo con el primer punto de la proposición no de ley, derogar la competencia del Gobierno en un período

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transitorio para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión. Esto viene motivado porque se aprobó por parte de esta Cámara un proyecto de ley de artículo único, en el que se quitaba a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la posibilidad de dictar, elaborar o participar en la elaboración de estas tarifas y de esas condiciones de interconexión y se pasaba de manera transitoria al Gobierno. Sinceramente, no nos gusta ni entendemos por qué existe esa desconfianza hacia la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que no es un órgano ni una institución inanimada, ni es un simple y aséptico papel escrito; es una institución que desde nuestro punto de vista --y así lo hemos puesto de manifiesto en el debate del proyecto de ley general de telecomunicaciones-- debiéramos potenciar, consolidar y apoyar, porque debe ser la garante del buen funcionamiento del sector de las telecomunicaciones y desde luego, que nosotros sepamos, está formada por buenos profesionales y especialistas que debieran gozar de nuestra confianza, y, por supuesto, de la nuestra como grupo sí que gozan, pero ponemos en duda que gocen de la de otros grupos políticos o del propio Gobierno. No nos gusta sinceramente la tutela adjudicada al Ministerio de Fomento para fijar --aunque sea con carácter transitorio, pero, sin lugar a dudas, este es el momento de la verdad del funcionamiento de la Comisión-- las tarifas y condiciones de interconexión. El problema de que la CMT, como en algún momento se ha dicho, disponga o no de los medios personales y materiales para hacer frente a sus competencias no es un problema de la Comisión; es un problema de la voluntad política que tiene que tener el Gobierno para dotarle de los medios suficientes y necesarios para que la CMT haga frente a todas sus obligaciones y a todas sus atribuciones y pueda funcionar con auténtica autonomía e independencia del Gobierno y del propio Ministerio de Fomento. Desde luego, lo que sí demuestran es que existe una desconfianza absoluta hacia la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y el desconfiado no es este grupo parlamentario, sino el Grupo Popular y el Gobierno, que lo que quieren hacer es aletargarla y dejarla sin una perspectiva de futuro.
En el segundo punto de esta proposición de ley pretendemos modificar la Orden del Ministerio de Fomento de 18 de marzo de 1997, por unas razones muy sencillas. Nosotros queremos que sea la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que posibilite que haya acuerdos entre los operadores para fijar las condiciones y las tarifas de interconexión y que si no hay acuerdo entre ellos, sea la Comisión la que fije las tarifas y las condiciones de interconexión. La Comisión no es un invento nuestro, no es ningún capricho. Bajo nuestro punto de vista, es una institución o un órgano que tiene su semejanza en otros órganos europeos, que tienen una competencia auténticamente clara y nítida sobre lo que es el mercado de las telecomunicaciones y tienen una competencia para deslindar como órgano regulador cualquier tipo de responsabilidad o de situación anómala que se produzca entre los operadores privados y públicos que existen en el mercado de las telecomunicaciones. En nuestra opinión eso es lo que tiene que suceder en España y sinceramente no entendemos por qué razón se sigue burlando o evitando la posibilidad de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones obtenga ese tipo de atribuciones que la equipararían a otros entes reguladores a nivel europeo. Para nosotros la Comisión es mayor de edad y ha superado con creces, a pesar de todos los avatares que ha habido, cualquier tipo de dificultad y en estos momentos está capacitada para elaborar, como es lógico, resoluciones y disposiciones que permitan ordenar y colaborar en la regulación de un mercado como el de las telecomunicaciones, que es complejo y difícil. Lo decimos porque ustedes, señores del Gobierno y del Grupo Popular, son los que han puesto en marcha este mecanismo, son los que a través de la Ley de 6/1996, de Liberalización de las Telecomunicaciones, o del propio Real Decreto de 6 de septiembre de 1996, que aprueba su reglamento de funcionamiento, han puesto en marcha esta Comisión, y, claro, nos sorprende que ahora ustedes, desde esas atribuciones que tienen, intenten obviarle las capacidades que nosotros entendemos que debe tener. La CMT debe posibilitar que exista acuerdo, pero para que eso sea así tiene que tener atribuciones y competencias.
Por ello, nosotros decimos que esta Orden de 18 de marzo de 1997 tiene que ser un instrumento en manos de la CMT para colaborar a que exista ese acuerdo entre los operadores sobre condiciones y tarifas de interconexión y que, si no, sea ella la que dicte esas normas.
En el punto 3 de la proposición no de ley planteamos que se elimine en la orden cualquier autorización a Telefónica de España para incrementar sus tarifas de servicio telefónico básico, cosa que ya hemos reiterado en más de una ocasión y creo que la señora Mato lo ha oído en esta Cámara. Lo que queremos es que no exista esa autorización, que es imperativa, tal y como dice la orden ministerial a la que he hecho referencia, en la que se dice que se autorizará a Telefónica a modificar tanto la cuota de abono como las tarifas. Entendemos que no es procedente que esta autorización se produzca desde el momento en que es una autorización de la que puede hacer uso Telefónica cuando estime oportuno y que tiene que ser la CMT la que fije en qué momento se tienen que producir las modificaciones tarifarias y la que tiene que llevar a acuerdo todos aquellos instrumentos o decisiones encaminadas a hablar de las cuotas de abono.
En los puntos 4 y 5 de esta proposición no de ley planteamos dos tipos de actuaciones que sí que es cierto que en parte están adoptadas. Me estoy refiriendo a que la duración de la llamada telefónica se ajuste en segundos y no como estaba establecido hasta este momento.


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Este ajuste no se ha producido todavía y, desde luego, donde no se ha producido en modo alguno es en las llamadas telefónicas efectuadas desde cabinas situadas en el dominio público. No se han dado los pasos suficientes. Pensamos que a pesar de ese inicio que se ha producido en el proceso de convertir el tiempo a segundos, falta todavía lo suficiente como para mantener la petición en esta proposición no de ley. El punto 5 hace referencia al abaratamiento de las llamadas de fijo a móvil y de móvil a fijo. Entendemos que aquí se ha dado un paso mediante la publicación de una orden ministerial sobre la reducción en las llamadas de fijo a móvil, pero no se ha producido el fenómeno contrario; de móvil a fijo todavía siguen existiendo las mismas cuantías, todavía siguen siendo unas llamadas caras, que están dificultando o imposibilitando que la telefonía móvil adquiera las dimensiones que debe tener y que ha adquirido en el conjunto de la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor presidente.
En el último de nuestros planteamientos hacemos referencia a que el Congreso tiene que tener información clara, precisa y periódica de cuál es la situación de la calidad de los servicios telefónicos y de alquiler de circuitos. Pensamos que es un instrumento importante para evaluar de qué manera todo el proceso de liberalización de las telecomunicaciones y de incorporación del segundo y del posible tercer operador a la telefonía básica gozan de un control o de un seguimiento que posibilite que todo el mundo conozca cuáles son sus niveles de calidad. Si lo planteamos no es sólo porque queramos eso, sino también porque vemos que en algunos aspectos existe una deficiente calidad; por ejemplo, cuando uno está intentando que se le instale una nueva línea telefónica el plazo que hay desde la petición hasta la instalación ha subido de las 24 ó 48 horas que había hasta hace un tiempo en Telefónica a casi los 25 ó 30 días. Son aspectos que esta Cámara y los grupos políticos tienen que conocer para evaluarlos y ver dónde está el fallo y dónde hay que producir las correcciones necesarias, lo que desde luego se conseguirá en tanto en cuanto se concentren todas las atribuciones y todo ese tipo de competencias en el órgano regulador, que no es el Ministerio de Fomento, sino que es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Señorías, pensamos que todavía está vigente en muchos de sus puntos esta proposición no de ley que se presentó en el mes de diciembre de 1997 y que hacía referencia a actuaciones encaminadas a ser puestas en marcha el 1 de enero de 1998, porque no se han desarrollado todos aquellos aspectos necesarios para que este mercado de las telecomunicaciones goce de la buena salud que todos deseamos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, pero nos gustaría hacer alguna reflexión.
Es una hipótesis no verificada que la liberalización total y la no intervención gubernativa en infraestructuras tan importantes como son las telecomunicaciones no garantizan ni un servicio de calidad ni un precio asequible. En este sentido es penoso que las fuerzas políticas tengamos que estar debatiendo en el Parlamento sobre cómo conseguir que la liberalización conduzca efectivamente a esta calidad del servicio y a los precios asequibles.
Dicho esto, se entenderá que no seamos muy entusiastas de lo planteado en los puntos 1 y 2, pero está claro que dichos puntos parten del supuesto de que estamos en un mercado privatizado, de que hay libre competencia y que, por tanto, se trata de sacar el mejor partido o de incidir de la mejor manera, desde el punto de vista político, en ese contexto. De todas maneras, pensamos que es una pena que el Estado español no tenga un control de ese sector como servicio público ni que regule el precio máximo de las tarifas.
Los otros cuatro puntos tienen mucho interés práctico a corto plazo. En primer lugar, el punto número 3, efectivamente intenta que el servicio básico funcione, y cuando hablamos de servicio básico debemos tener en cuenta también la telefonía rural, pero, lógicamente, en un contexto liberalizado debían de ser todos los operadores los que hiciesen frente a ese servicio básico y de telefonía rural. Respecto al punto 4, sobre el ajuste por segundos, nos parece perfecto, aunque todos nosotros debíamos pensar que si se liberalizan los precios, puede haber también subida, aunque no se marquen por pasos las conversaciones telefónicas. El punto 5 efectivamente es respuesta a un escándalo, el de unos precios abusivos en llamadas desde teléfonos fijos a móviles o de móviles a fijos, sobre todo en el primer caso, cuando los usuarios no tenemos responsabilidad ninguna en este tipo de mecanismos de interconexión. El punto 6 nos parece fundamental, desde el punto de vista del control parlamentario de esta especie de selva de privatización y de liberalización que a largo plazo no conducirá a nada positivo.
En definitiva, señorías, dado que en Galicia no va a haber competencia --desde luego no tendremos central de Retevisión; eso va a estar ubicado en Madrid y Barcelona en primer lugar--, tienen que tener en cuenta que no podamos ser tan entusiastas de este monopolio

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bilateral, pero, en todo caso, como la proposición no de ley trata de que los poderes públicos incidan en el servicio de calidad y en los precios razonables de los operadores actuantes, la vamos a apoyar.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
En el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, la liberalización de los servicios de telefonía básica tiene un carácter esencial. Los ciudadanos comienzan a percibir los beneficios de la libre competencia entre operadores, hasta ahora limitada a la entrada del segundo operador --Retevisión-- en el seguimiento de las llamadas interprovinciales o internacionales, lo que ha obligado al operador dominante --Telefónica-- a afrontar la competencia con distintos planes de descuento en sus tarifas.
En ese escenario que está funcionando de acuerdo con lo previsto en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, de abril de 1997, se plantea esta proposición no de ley del Grupo Socialista y, en este punto, desde Coalición Canaria creemos que los objetivos que se señalan en la exposición de motivos poco tienen que ver con las propuestas que se realizan en los seis puntos que integran la misma. Es cierto que al comenzar la competencia sobre las llamadas internacionales e interprovinciales y estando las tarifas metropolitanas por debajo de la relación coste-beneficio empresarial, el abaratamiento de las primeras puede suponer un encarecimiento de las llamadas urbanas. Ese encarecimiento, sin embargo, se verá atenuado por la facturación en segundos que ya realiza el segundo operador y que, según parece, Telefónica se ha comprometido a establecer a partir del mes de junio próximo. El descuento en las tarifas metropolitanas llegará también con los operadores del cable --en países como el Reino Unido el cable ha supuesto una reducción de un 25 por ciento en el precio de las llamadas urbanas-- o con el establecimiento de las tarifas planas o de cantidad fija negociada entre el usuario y el operador de cable en su oferta multimedia.
En cuanto a la propuesta de modificar la Orden del Ministerio de Fomento que regula las tarifas de interconexión y las condiciones de conexión a las redes de operador dominante, no compartimos lo que se propone, puesto que ya está regulado. En primer lugar, debo señalar que la tarifa de interconexión está dentro de las recomendaciones de la Comisión Europea, pero, además, la propia disposición adicional tercera de la orden prevé que este tema pueda resolverse por acuerdo entre los operadores.
Tampoco compartimos el criterio en cuanto a la propuesta de eliminar las autorizaciones a Telefónica para el incremento de sus tarifas. Creemos que cuando entre en vigor la ley general de telecomunicaciones el servicio universal podrá absorber perfectamente el incremento inicial que pudiera pretenderse en las llamadas metropolitanas, por lo que el Ministerio habrá de tener en cuenta esa cuestión para autorizar o no las propuestas de subidas.
Finalmente, quiero manifestar que estamos de acuerdo en que se impulse el abaratamiento de las llamadas de fijo a móvil y viceversa; creemos que el Gobierno ha aprobado recientemente una bajada en esas tarifas. Asimismo compartimos el deseo de que periódicamente el Gobierno informe a esta Cámara acerca de cómo evoluciona la competencia en los servicios telefónicos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Debo decir que nuestro grupo parlamentario, estudiada la iniciativa del Grupo Socialista y oídas las explicaciones de su portavoz, señor Morlán, podría tanto votar que sí como que no a su proposición no de ley, y ello porque entendemos que lo que en ella se propone es muy neutral e incluso inofensivo para que nuestro grupo parlamentario pueda vetar una toma de posición en un sentido u otro. Sin embargo, analizados los pros y los contras, debo decir a sus señorías, así como al portavoz del Grupo Socialista, que vamos a votar que no. Vamos a votar que no porque es un texto que más allá de ese carácter que le atribuía hace un momento de inofensivo, nos parece sumamente parcial. No trata el tema de las tarifas telefónicas desde una perspectiva global, sino que lo hace desde una perspectiva comprensible en la dinámica Gobierno-oposición, pero que se fija única y exclusivamente en aquellas cuestiones que pueden tener algún tipo de gancho o notoriedad en esta dinámica a la que me refería hace un momento de oposición. Es más, analizada en su conjunto, me produce cierta sorpresa el espíritu liberalizador que subyace en ella --y no puedo dejar de manifestárselo al señor Morlán, con quien hemos mantenido multitud de debates en relación al proceso de liberalización de las telecomunicaciones--, porque si el Grupo Socialista se plantea en este momento una serie de medidas favorecedoras o que intentan dar un impulso final a la política de liberalización de las telecomunicaciones o, mejor dicho, a los beneficios o a la repercusión que en los ciudadanos va a significar esta política liberalizadora, creo que en ningún caso sería

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posible si hubiéramos optado o mantenido la moratoria de cinco años, es decir, hasta enero del 2003, que era la que ustedes defendían hace muy poco tiempo y sobre la que, por lo que veo, se ha producido una evolución notablemente positiva y, por tanto, lo celebramos.
Dejando de lado estas cuestiones, quiero decir, al igual que hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que algunas de las cuestiones que en la proposición no de ley se sugieren ya se han conseguido, seguramente porque estamos hablando de una iniciativa que hace ya algunos meses que se presentó a la Cámara. En otros casos, son planteamientos que se encuentran en el proyecto de ley general de telecomunicaciones que en este momento se está debatiendo en la Cámara.
En todo caso, son aspectos que dentro de esta dinámica de liberalización de las telecomunicaciones van a conseguirse por la simple presión de un mercado en competencia.
En enero del presente año, como dice la proposición no de ley, entró en funcionamiento el segundo operador. Gracias a presiones ajenas al Grupo Socialista, hemos conseguido que la liberalización se fije en diciembre de este mismo año, no en el año 2003, como ustedes proponían, por lo que vamos a tener un mercado tan liberalizado como el que más en nuestro entorno, para el cual hemos estado construyendo durante estos últimos meses el armazón que debe regir y regular este mercado en condiciones de competencia. Sinceramente, creo que esto es lo que nos interesa en este momento. Interesa a todos los grupos de la Cámara y a los ciudadanos reforzar las estructuras que deben velar por las condiciones de mercado en este mercado liberalizado, y algún aspecto de esta proposición no de ley que podría no estar suficientemente recogido en el proyecto de ley general de telecomunicaciones o en alguna otra iniciativa que ha tomado recientemente el Gobierno en materia liberalizadora no me cabe duda alguna de que en la culminación de este proceso, es decir, de aquí a muy pocos meses, va a conseguirse precisamente por la dinámica del mercado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Nosotros, en general, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley un tanto táctica del Grupo Socialista. Digo en general porque con respecto a los dos primeros puntos no estamos absolutamente de acuerdo, tal como se puede deducir de nuestras posiciones anteriores. Que el Gobierno siga teniendo la competencia en un período transitorio para la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión, teniendo en cuenta que este período acaba el 1 de diciembre de 1998, no nos parece tan dramático y, al contrario, nos parece que podemos controlar en este período, aunque sea muy relativamente, este proceso, teniendo en cuenta lo que siempre hemos dicho, la necesidad de equilibrar una respuesta por las consecuencias que se derivan de la situación actual en España, una situación rabiosamente liberalizadora, que sólo se ha dado así en Inglaterra y desde luego en un período mucho más amplio que el que aquí se está utilizando para liberalizar absolutamente todo sobre los temas que aquí estamos tratando. Las consecuencias sobre inversiones, sobre el servicio público, sobre el servicio universal y sobre el empleo son cosas que hay que tener en cuenta y que a veces no se tienen presente en esta batalla eminentemente política, que en ocasiones libramos como corresponde. Por tanto, con respecto a los dos primeros puntos nos vamos a abstener.
Estamos de acuerdo con el punto 3, que encubre la necesidad de que el operador principal no suba las tarifas urbanas en el próximo período.
Esto es lo que se dice aquí, que se va a subir aproximadamente en tres tramos un 21 por ciento las tarifas urbanas. Desde el punto de vista de los usuarios, es lógico que votemos a favor de este punto sabiendo como sabemos, en función de los equilibrios que hay que mantener, que de aprobarse efectivamente le supondría a la cuenta de resultados de Telefónica entre 60.000 y 70.000 millones de pesetas. En primer lugar, estimamos que es positivo para el usuario y, en segundo lugar, Telefónica gana el suficiente dinero como para que votemos a favor de este punto de la proposición no de ley.
Estamos también de acuerdo con el contenido del punto 4 en que se empiece a cobrar por segundo. Creo que se está ultimando una orden ministerial en esta dirección, por lo que nos mostramos favorables a que se apruebe de manera inminente lo que se recoge en este punto. Nosotros incluso le pediríamos al Gobierno que tuviera en cuenta la devolución de las monedas en las cabinas, devolución que ahora no se realiza; hay una especie de timo general en la devolución de las monedas al usuario. Habría que crear un mecanismo por el cual se devolvieran las monedas de las cabinas instaladas en todos los sitios. Por lo tanto, repito que vamos a votar a favor porque sabemos que se está avanzando en este terreno, pero no de manera suficiente ni rápida.
Estamos de acuerdo con bajar el precio de la llamada del teléfono fijo al móvil y a la inversa, pero teniendo en cuenta que hay que desglosar el distinto importe del recorrido porque hay una relación de cuatro a uno con respecto a las llamadas desde el móvil. Habrá que regular el sistema de manera adecuada, ya que su coste actual resulta absolutamente desmedido. Consiguientemente, también vamos a votar a favor este punto.


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Finalmente, se solicita que este Congreso de los Diputados reciba un informe trimestral sobre la evolución de la calidad de los servicios telefónicos y del alquiler de circuitos. Como se ha dicho aquí anteriormente, la estrategia de liberalización radical que se está operando en nuestro país parecía que iba a conducir a un precio mucho menor del que estamos sufriendo en estos momentos y a una mayor calidad.
Nada de esto se ha obtenido, ni por el camino que vamos lo vamos a obtener. La liberalización hecha en este período de tiempo, que va a culminar el 1 de diciembre de 1998, tuvo en nosotros una oposición frontal, pero se decidió por inmensa mayoría. Aparecerán, como viene sucediendo, estas proposiciones no de ley interesantes en algunos de sus puntos, aunque en otros, como se ha dicho aquí, estén poco equilibradas y completas pues no tienen en cuenta las consecuencias que supone una mala regulación. Ya se están emitiendo opiniones más o menos soterradas en Europa en contra de los operadores fundamentales y de lo que va a suponer no en beneficio de los usuarios, sino en contra del servicio público y del servicio universal.
Señor presidente, nosotros nos abstendríamos en los puntos 1 y 2, para los cuales pedimos votación separada, y votaríamos a favor el resto de los puntos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Finalmente, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre tarifas telefónicas. Reconozco que, como lo último que se pierde es la esperanza, yo esperaba que en este período de sesiones tendríamos temas nuevos de los que hablar y nos dedicaríamos a otras cuestiones que afectan a los ciudadanos fundamentalmente, pero veo --y este debate lo demuestra-- que sigue sin ser así.
La proposición no de ley que presenta a debate el Grupo Socialista en el día de hoy no es novedosa, como han comentado otros grupos parlamentarios. Si me lo permiten, yo diría que es bastante obsoleta o está caduca porque las cuestiones que en ella se plantean ya se han llevado a cabo o están en proceso de llevarse a cabo, o ya se han debatido hasta la saciedad en esta Cámara por los grupos parlamentarios.
Son cuestiones en las que, una y otra vez --digo una y otra vez porque han sido innumerables los debates de decretos-leyes y de proyectos de ley--, los grupos parlamentarios hemos debatido, hemos vuelto a hablar y, al final, siempre que ha habido voluntad política para ello, hemos llegado a acuerdos sobre las cuestiones que aquí se plantean. Lo que no parece lógico en ningún caso es que se pretenda permanentemente, a través de proposiciones no de ley, modificar una decisión que se ha adoptado por mayoría de esta Cámara, a través de las leyes que estamos debatiendo y que se aprueban en este Parlamento.
Si ustedes están hablando de la competencia, por la que ahora parece que tienen tanto interés, yo me pregunto por qué en catorce años de Gobierno socialista no hemos tenido competencia en materia de telefonía. En cualquier caso, bienvenidos sean ustedes a la competencia que los ciudadanos están palpando con los dedos de las manos, y nunca mejor dicho lo de los dedos al hablar de telefonía. Todavía están a tiempo, en la tramitación de la ley general de telecomunicaciones que tiene que volver al Congreso a debatirse definitivamente, de sumarse al consenso y aprobar todas las cuestiones que afectan a la liberalización de las telecomunicaciones, a la implantación de la competencia, así como al servicio universal de telefonía a un precio asequible para todos los ciudadanos, que es lo que tiene que garantizar el Gobierno y que lo hace no a través de un decreto-ley, ni de un contrato programa, como se hacía antes, sino a través de una ley. Una ley garantiza a todos los ciudadanos que van a tener un servicio telefónico, un servicio universal, a un precio asequible y sin posibilidades de que haya discriminaciones para los disminuidos psíquicos o físicos en cuanto al precio de los teléfonos.
Señorías, esta proposición en sus puntos 1, 2 y 3 --lo he comentado suficientemente-- se ha debatido suficientemente, la última vez durante los nueve meses anteriores a la aprobación del proyecto de ley general de telecomunicaciones en esta Cámara, que todavía está en el Senado, y sobre la que tendremos posibilidad de volver a hablar. Estos puntos han quedado bastantes claros y el consenso de la mayoría de los grupos de esta Cámara sobre la materia no tiene vuelta de hoja. Por más que insistamos, no es previsible que las mayorías parlamentarias se puedan modificar en ese aspecto porque repitamos el mismo debate una y otra vez.
En cuanto a las otras cuestiones, creo que no hay que instar al Gobierno en ningún caso a que abarate las llamadas de teléfonos fijos a móviles, porque, como se ha comentado también en este Parlamento, ya se ha tomado esa decisión. En la última reunión de subsecretarios se aprobó la propuesta del Ministerio de Fomento para el abaratamiento de esas tarifas. Le quería decir al Grupo Socialista que si esta proposición se presentó en el mes de diciembre y está debatiéndose en marzo, el Gobierno va por delante de esta proposición y ya ha adoptado esta medida.
Lo mismo se puede decir sobre el precio de las llamadas telefónicas y de la tarificación por segundos. Nosotros siempre hemos apostado, y así lo hemos demostrado en esta misma Cámara con una enmienda

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que presentamos a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el mes de abril, si no me equivoco --me parece que fue abril porque en mayo fue la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la misma materia--, por que la tarificación fuera adecuada para que cada ciudadano pagara exactamente por el consumo que realizaba. Nosotros ya estábamos en ello y lo pedíamos en esa enmienda que al final no fue aprobada porque no tenía apoyos suficientes. El Gobierno tiene también especial interés en que esto salga adelante. Todos sabemos que ha habido unos condicionamientos técnicos en las líneas telefónicas para llegar a esa solución, por lo que una vez que se arreglen los condicionamientos técnicos se llevará a la práctica. Ustedes hablan en esta proposición del mes de diciembre de 1998; yo espero que mucho antes de esta fecha podamos tener la tarificación por segundos por el rigor y el esfuerzo que está poniendo el Gobierno para que esto se lleve a cabo con la mayor brevedad.
En cuanto al punto 5 --ya lo he comentado-- es otro tema que ya está hecho por el Gobierno. Sólo me resta comentar el punto 6 de la proposición de ley, que solicita remitir información al Congreso. El mismo señor Morlán, en su último debate, decía que había comparecido el ministro de Fomento para hablar de las tarifas telefónicas, que había habido una moción, una interpelación y una proposición no de ley. Yo añadiría que ha habido una comparecencia del secretario de Estado de Economía y Hacienda para hablar del mismo tema; otra del secretario de Infraestructuras, señor Abril Martorell, en el Senado para hablar de la misma cuestión, así como una tercera del secretario general de Comunicaciones. Yo creo que esta Cámara tiene toda la información del mundo; otra cosa es que ustedes quieran solicitar que vengan a la Cámara todos los papeles que existan de todos los operadores que va a haber en el mercado a partir de ahora, que, como ustedes saben, van a ser Telefónica, Retevisión y un tercer operador, y también están en competencia los operadores de cable; que vengan todos a informar o que manden todos los papeles al Congreso y nos inunden. Sería distinto si habláramos de otra etapa en la que conseguir cualquier papel, aunque fuera en blanco, costaba un triunfo, pero esa etapa se ha superado y estamos en otro camino, en una etapa diferente y, por tanto, yo creo que no tiene sentido plantear el punto 6 en esta proposición.
Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar de tarifas telefónicas, de Telefónica, de telecomunicaciones, pero me reconocerán --y hablo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ustedes quieren impulsar-- que la orden ministerial y la ley que ustedes quieren derogar en este momento para otorgar las competencias de tarifas de interconexión a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se aprobó por este Parlamento por mayoría de los grupos parlamentarios y ha permitido que naciera una competencia, porque partíamos de un operador dominante. Se han adoptado las medidas necesarias y esa ley sólo seguirá vigente hasta finales de año, después será la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que tomará el relevo al Ministerio de Fomento.
Me parece estupendo que ahora ustedes estén de acuerdo, aplaudan y tengan mucha confianza en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como no podía ser de otra manera, pero también me sorprende su entusiasmo cuando durante catorce años de Gobierno socialista, con mayoría suficiente para crear ese órgano, han sido incapaces o no han tenido voluntad política de crearlo y han dejado todas las facultades de control sobre las telecomunicaciones en el Ministerio de Fomento. En cualquier caso, a partir del año que viene todas las competencias estarán en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que ha nacido hace escasamente un año por impulso del Gobierno del Partido Popular.
Finalizo diciendo, para mejor garantía de todos, que al final lo que se ha logrado con los esfuerzos del Gobierno, tanto en las órdenes que ustedes quieren derogar como en el proyecto de ley de tarifas de interconexión, es que exista competencia y la competencia siempre trae mejores precios, mejor calidad y nuevos servicios. Eso está a la vista de todos, lo sabemos nosotros, lo saben ustedes y también lo saben los ciudadanos. Por tanto, todo lo que se haga en favor de lograr mayor competencia y garantía de los ciudadanos y de un servicio telefónico de calidad a un precio asequible, bienvenido sea a esta Cámara, donde seguiremos debatiendo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Mato.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Las votaciones sobre la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre tarifas telefónicas se van a separar en dos.
En primer lugar, votaremos los puntos 1 y 2 y en una segunda votación los restantes puntos, es decir, el 3, 4, 5 y 6.
Comienza la votación referida a los puntos 1 y 2. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 128; en contra, 157; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 y 2.
Resto de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 139; en contra, 158; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes puntos de la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL DETERIORO Y LA INSUFICIENCIA DE LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA CAMARA SOBRE LA EVOLUCION DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000069)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno anterior.
En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre el deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cercas. (Rumores.) Silencio, señorías. ¡Señor Morlán, señor Martínez! Adelante, señor Cercas. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)

El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tengo el honor de presentar a la Cámara las mociones consecuencia de la interpelación que el pasado día 12 de marzo le presentamos al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ante la evidencia del deterioro y de la insuficiencia de la información que se viene suministrando a las Cámaras sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. Recordarán ustedes que, con un espíritu constructivo y tratando de dar a nuestra interpelación la máxima seriedad, propusimos a la Cámara una reflexión en conjunto sobre la situación que estaba acarreando a la dignidad del Parlamento el hecho de que datos fundamentales de la evolución de las cuentas del sistema público de Seguridad Social nos eran totalmente desconocidos, cuando, a mayor abundamiento, en el presente ejercicio ya se habían rendido estas cuentas ante la Unión Europea y cuando eran conocidas por las organizaciones sindicales y patronales que se sientan en los consejos generales y en las comisiones ejecutivas de los órganos de control y vigilancia.
Nos parecía de la máxima importancia traer a colación la dignidad de la Cámara, sin duda pisoteada, al no poder realizar ni las funciones legislativas, ni las funciones de control que le encomienda el artículo 1.3 de nuestra Constitución y que están también resguardadas, salvaguardadas y tuteladas por el artículo 66 de nuestro Reglamento.
Señorías, hicimos referencia a que nos une a todos los grupos de la Cámara el común propósito, firmado y rubricado solemnemente ahora hace tres años en este hemiciclo sobre el Pacto de Toledo, en virtud del cual todos estamos corresponsabilizados con la evolución de una institución tan señera, tan emblemática y tan importante para millones de españoles.
Comprenderán, señorías, que es difícil llamar a la corresponsabilidad de la oposición cuando se le niega incluso los mínimos derechos a estar informada sobre la evolución de las principales magnitudes o cuando, si llega esa información --si SS. SS. lo prefieren y, sobre todo, los diputados de la oposición y quien hable en nombre del Partido Popular--, lo hace con un considerable retraso.
El debate, señorías, fue muy insatisfactorio para el Grupo Parlamentario Socialista. Como siempre y de una manera harto contradictoria, a veces en boca del señor ministro y del portavoz del Partido Popular, no se negaba que existieran esas deficiencias pero se justificaban en que eran hechos ya conocidos por anteriores gobiernos y que era la práctica habitual. A veces en el mismo discurso y sin solución de continuidad se negaba rotundamente que existieran esas lagunas de información y se nos echaba en cara a los diputados de la oposición que no estudiábamos o que no leíamos los papeles.
Señorías, cada uno con sus responsabilidades, cada uno con sus argumentos o con su falta de argumentos, lo cierto es que hoy la Cámara tiene la oportunidad, en un clima de serenidad y de ambiente constructivo, de poder pronunciarse sobre demandas razonables que establece el Grupo Parlamentario Socialista, no en clave de ser el partido de la oposición, sino siendo un grupo parlamentario más de la Cámara que no quiere monopolizar sino que querría ser acompañado por el conjunto de los diputados y diputadas en la común tarea de mejorar nuestra democracia, de mejorar nuestros instrumentos de control y de vigilancia y de mejorar nuestra información que tan útil y tan necesaria nos es para la función legislativa.
El Grupo Parlamentario Socialista, en seis apartados de esta moción formula seis peticiones perfectamente calibradas, para que no se establezca división alguna sino que todos, de consenso, podamos avanzar en esta demanda, que es una demanda, repito, de mayor y mejor democracia en nuestro país.
En primer lugar, estamos ya a casi dos años y medio de viejas resoluciones en las que, con motivo de la accesibilidad de la Administración a las nuevas tecnologías de la información, tenemos la posibilidad, como está ocurriendo en todos los parlamentos del mundo, de dar un paso adelante y conectar informáticamente el Parlamento, la Cámara donde reside la soberanía nacional, con las instituciones del Poder Legislativo. Existe esa posibilidad técnica y, sin ninguna duda, podría ser un hito en la mejora del trabajo parlamentario que se cumpliera lo previsto en la resolución del 17 de

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enero de 1996 y pudieran las Cortes Generales acceder al sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social. Es perfectamente factible.
Como se adujo en el anterior debate que podrían estar en riesgo derechos regulados en la Ley orgánica 5/1992 y que se exigía un dictamen técnico, en el punto segundo de la moción proponemos que se firme un convenio entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que definan con precisión lo que es posible y necesario dar para cumplir las funciones que encomiendan la Constitución española y el Reglamento a los diputados de la nación. No hay dificultad técnica alguna y no hay ningún interés por nuestra parte en plantear cuestiones extravagantes puesto que, en todo caso, lo que se pide son las cifras agregadas de la gestión presupuestaria y nunca el conocimiento de situaciones personales, ya sean de personas físicas o jurídicas.
En tercer lugar, pedimos que se remita a la Cámara la información que realiza la Intervención General de la Seguridad Social y que está mandatada para ello por el artículo 131.2 de la Ley General Presupuestaria. Hoy acaba de entrar en el Parlamento --no sé si será para favorecer o para aliviar el trabajo oneroso del diputado del Grupo popular que me conteste-- la liquidación, pero hace dos meses que la tiene la Intervención de la Seguridad Social. Nosotros pedimos simplemente que no se demoren esos plazos y que se entreguen en 30 días a partir del momento en que esté realizada la información de la Intervención. El año pasado no entró esta información, que es una información relevante e importante, sobre todo en el año en que estamos y, repito, acaba de entrar esta misma mañana. Esto no puede ser el acto graciable de un día para salir en un alibí en un debate parlamentario, sino que debe ser un compromiso que no creo que haya ningún problema en que sea asumido por el grupo mayoritario.
Igualmente solicitamos que en el plazo de un mes se envíen a la Cámara los boletines informativos de la gestión económica de la Seguridad Social. No hay por qué estar soportando y sometiendo a la Cámara a la vergüenza de que a veces vienen tres boletines juntos, lo cual quiere decir que llevaban tres meses retenidos en las imprentas o en las dependencias del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué esa opacidad y por qué esa negativa a remitir a los diputados la información de dicho boletín? En quinto lugar, existe un artículo 8 del reglamento de gestión financiera que ordena realizar un presupuesto monetario, y la tesorería general de la Seguridad Social hace un avance mensual. ¿Qué dificultad hay en que los diputados conozcamos, no sólo en términos de contabilidad o de devengo, sino también en términos de caja, cuál es esa evolución? Cifras todas ellas muy relevantes, señoras y señores diputados, porque sigo hablando dentro del espíritu del Pacto de Toledo, para que todos podamos corresponsabilizarnos con ese pacto. ¿O es que pretende el Gobierno que ese pacto sea un pacto de callar y que para callar lo mejor es condenar a los diputados de todos los grupos a estar ciegos y sordos ante la realidad de la Seguridad Social? Por último, señores diputados, pedimos algo tan simple que no cabe en mi imaginación que pueda ser negado esta tarde en la Cámara: que se remita al Congreso de los Diputados la misma información que se da a los sindicatos y a las organizaciones empresariales sobre la evolución de diversas variables de la Seguridad Social. No pedimos ni más ni menos, pedimos lo mismo. No podemos entender, ni siquiera en el Grupo Popular, pero mucho menos en los socios del Partido Popular, que dada la sensibilidad democrática que les honra se puedan negar a que el Parlamento de la nación no tenga una información de idéntica calidad a la que tienen las organizaciones sindicales y patronales.
Verdaderamente sería patético, sería algo que diría bien poco no sólo del Partido Popular sino de quienes les ayuden a sacarla adelante, una resistencia, no numantina porque no están defendiendo nada noble sino las últimas trincheras del oscurantismo, que se le pueda negar a la Cámara que conozca los mismos datos que conocen las organizaciones sindicales.
En conclusión, señorías, creemos que nuestras demandas son perfectamente factibles, son razonables, son demandas que solamente solicitan transparencia, que solamente solicitan el respeto a las reglas del juego del parlamentarismo español, que solamente solicitan, señores del Grupo Popular, que hagan ustedes bueno lo que es no solamente la letra sino también el espíritu del Pacto de Toledo.
Señoras y señores diputados, tres años se cumplen en estas fechas de la firma del Pacto de Toledo y no hemos sido convocados ni una sola vez a una reunión informativa y desconocemos radicalmente cuál es su evolución.
Puedo decirles, para no entrar en otros debates, que acabo de leer la liquidación de 1997 y hay cifras preocupantes, cifras que deben ser explicadas porque estamos todos en el mismo barco. Sin embargo, señoras y señores del Grupo Popular, parece que con el Pacto de Toledo hacen lo que han hecho con todas las cuestiones que someten a su consideración, es un puro instrumento de propaganda, pero no entran en el fondo del compromiso político, del compromiso democrático que significa decir que todos estamos por que la Seguridad Social tenga futuro.
¿Cómo se pueden negar a la Cámara las informaciones que estamos pidiendo cuando, al mismo tiempo, se solicita del Grupo Socialista que sea acorde con el espíritu del Pacto de Toledo? No es que estemos en presencia del doble lenguaje, del metalenguaje, es que ustedes nos someten a un tartufismo verdaderamente insuperable, insoportable, no sólo a nosotros, también a sus diputados, que están tan huérfanos como nosotros

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de este mismo tipo de informaciones. Es inconcebible que, en una democracia moderna, puedan ser negadas esas informaciones a las Cámaras.
Señor presidente, señoras y señores diputados, si detrás de esta opacidad lo que hay verdaderamente es lo peor de nuestros temores, que se pretende que no sea conocida la evolución de las cuentas y balances de la Seguridad Social para que no lleguen a tiempo los remedios a posibles dificultades que pueda estar pasando la institución; si esto tiene algo que ver con lo que ya anunció la semana pasada el señor vicepresidente del Gobierno, que está en marcha una reconsideración de la política de fondo del Pacto de Toledo; si el Partido Popular está construyendo una realidad financiera, una realidad presupuestaria totalmente opaca al Parlamento, señores del Partido Popular, ustedes no conseguirán ni que estemos ciegos ni que estemos sordos ni mucho menos que estemos mudos.
Les dije en la interpelación que les lanzábamos el guante de la última colaboración desde la oposición al Gobierno, que era un requisito mínimo que pudiéramos disponer de esta información. Espero que no asistamos al espectáculo de que sean negados estos mínimos derechos a los parlamentarios españoles.
Señores diputados, en el siglo XVIII, uno de los hombres sabios que ha pasado a la historia del pensamiento de la humanidad, dentro del grupo de personas que más han influido en la evolución hacia el progreso y hacia la modernidad, lanzó un grito que se convirtió en el eslógan de la Ilustración: Sapere aude, atrévete a saber, no tengas miedo del conocimiento, aprende a pensar, atrévete a pensar. Lo que dijo Immanuel Kant, que fue, como digo, el primer baluarte, el primer grito del Siglo de las Luces, desgraciadamente hay que decirlo doscientos años después en el Parlamento español: Atrévanse, señoras y señores diputados, también los de la mayoría, atrévanse a saber, no tengan miedo a abrir las puertas de la información y no se escuden en si los gobiernos anteriores lo hicieron mal o bien. Ustedes se presentaron ante el pueblo español hablando de un periodo de transparencia democrática, de mejora de la calidad de la democracia española. Lo que pasa, señorías, es que también eso fue pura propaganda.
Pues bien, señoras y señores diputados, señor presidente, hoy, con el ánimo constructivo, con un espíritu positivo, manteniendo contra el pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad, les solicito, señores del Grupo Popular, que sean leales a los principios, al espíritu de la Constitución, a lo que significa esta casa, este Parlamento, que sean leales al espíritu, al signo del Pacto de Toledo y voten afirmativamente a estos mínimos requisitos, pues en cualquier otro Parlamento del mundo daría vergüenza tener que dedicar tanto tiempo para solicitarlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Cercas.
A esta moción no se han presentado enmiendas. ¿Grupos que deseen fijar su posición al respecto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, desde el escaño y con una cierta perplejidad que nos ha producido la intervención del señor Cercas, como también nos la produjo el debate que tuvo con el ministro en la interpelación anterior a esta moción.
Entendemos que el debate de fondo podría ser el que ha planeado en su intervención, que es el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Es evidente que para poder afrontar este debate, para poder afrontar el necesario desarrollo legislativo del Pacto de Toledo, tal como dijimos hace escasamente un año, es necesario que exista información suficiente para que el legislador pueda orientarse. Es más, si todos entendíamos que el Pacto de Toledo estaba en movimiento y necesitaba un desarrollo, es evidente que esa información es necesaria. Cualquier información que se nos dé, seguramente será poca. Existen instituciones financieras prestigiosas, universidades, que están trabajando en relación con las cifras que nosotros conocemos de alguna manera. Por tanto, se necesita esa información para que el legislador pueda actuar. Pero después del debate del día 11, nuestro grupo tiene la sensación de que este Gobierno, en relación con lo que la legislación marca y sobre todo con lo que el Gobierno anterior aportaba a este Congreso, afronta estos debates con una información suficiente. Seguramente no al gusto de lo que los diputados quisiéramos, pero debemos avanzar en otras muchísimas cuestiones para conseguir que realmente este Congreso de los Diputados tenga capacidad de control político y democrático. Probablemente, uno de los defectos de nuestra democracia, de la cual todos somos responsables, y también el Partido Socialista, es que los instrumentos de control político del Congreso respecto a la actuación del Gobierno son escasos, en esta materia como en cualquier otra. La sensación que tuve al leer el debate del pasado día 11 y la sensación que tengo ahora es que hemos de encontrar otros mecanismos que nos permitan exigir al Gobierno que facilite a esta Cámara mayor información.
Si no se quiere entrar en el debate de fondo, no vamos a entrar en los debates que lo rodean. Además, nos podría preocupar que su intervención pretendiese, porque parece ser que ronda en su espíritu, introducir en la ciudadanía intranquilidad sobre el estado del sistema de Seguridad Social. Esta misma tarde ha caído en mis manos un informe de La Caixa, de septiembre

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del año pasado, que decía que uno de los éxitos importantes del Pacto de Toledo era haber introducido tranquilidad entre los ciudadanos del Estado español. Intervenciones como las de hoy, en las que se prejuzga que el Gobierno tiene una voluntad de crear espacios opacos en relación con esta cuestión, no ayudan a crear la tranquilidad que el Pacto de Toledo pretendía. No nos parece que el estilo, las maneras y las formas con las que el Grupo Socialista está afrontando últimamente estas cuestiones sean las mejores para avanzar en el desarrollo del Pacto de Toledo. Por tanto, difícilmente votaremos a favor de esta moción y vamos a quedar a la espera de encontrar fórmulas, maneras y estilos que nos permitan hallar la información para continuar avanzando en el desarrollo del Pacto de Toledo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Campuzano.
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Frutos, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una primera sugerencia al margen del debate en concreto.
Sugiero a los portavoces del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Socialista que entre los dos formen --y luego nos lo ofrezcan a los demás-- la internacional de la tranquilidad y del sosiego y así ya no tendremos que discutir de nada ni habrá debates ni controversias ni confrontaciones.
Nosotros vamos a votar a favor de esta moción no porque sea nada del otro mundo pero supone mayor control y más transparencia y conocimiento de lo que ocurre en relación a los Presupuestos Generales del Estado y en relación a la Seguridad Social, ya que en todo lo que es el proceso contable de la misma es importante tener más datos concretos, en definitiva, conocer en tiempo real la situación financiera de la Seguridad Social. De eso se trata, de aproximar un poco más el conocimiento en tiempo real a lo que está ocurriendo, conocer la política que el Gobierno sigue en la Seguridad Social, porque nosotros desde nuestras perspectivas y desde nuestras políticas vemos algunos nubarrones en el horizonte en relación al mantenimiento de la Seguridad Social como un instrumento público para distribuir la riqueza del país y en el cumplimiento de los fines que tiene asignados desde siempre.
Tanto el acceso al sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social como el control de los Presupuestos Generales del Estado a través de la Oficina Presupuestaria del Congreso, nos parece una buena e irrenunciable idea al redundar en una mayor transparencia del ejercicio presupuestario y del control de la acción de gobierno. Seguramente no cambiará el contenido de las políticas, que viene determinado por otras cosas (por la relación de fuerzas que hay, por el bagaje que cada fuerza política lleva en este Parlamento en relación a las políticas más o menos conservadoras que se han puesto en marcha durante los pasados años), pero si no permite al menos como acción concreta cambiar dicho contenido, sí nos permitirá conocer algo mejor estas políticas, para criticarlas como mínimo y para intentar hacer propuestas para cambiarlas. Creo que no está mal y, por tanto, nuestro grupo va a votar esta moción que ha presentado el Grupo Socialista porque será un pequeño paso en la línea que el señor Cercas ha planteado al inicio de su intervención, no seguramente cuando ha hablado de la Ilustración.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, señorías, asistimos nuevamente en esta tarde a un debate sobre algo que atañe a nuestro sistema de Seguridad Social, prácticamente continuación del que se produjo en esta Cámara hace 20 ó 21 días (no me refiero a la interpelación, sino a la anterior interpelación y su consecuente moción), reproducción del que se produjo en esta Cámara prácticamente hace un año, y además anunciado insistentemente por quien hoy ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista desde finales del año pasado cuando empezamos a discutir sobre el presupuesto general de la Seguridad Social para el año 1998.
Si me permite la Cámara un símil cinematográfico, segundas partes nunca fueron buenas y mucho menos terceras o cuartas. Desde luego su moción, señores del Grupo Socialista, no iba a recibir el óscar ni al mejor guión ni a la mejor producción, en todo caso le correspondería a su portavoz el óscar al mejor actor, de comedia por supuesto, porque si poco fundamento tenía la pasada interpelación, menos tiene aún la presente moción que hoy nos han presentado, y para este portavoz es difícil entender otra justificación que no sean los simples deseos de exhibicionismo parlamentario del portavoz del Grupo Socialista.
La anterior interpelación a la que me refería al principio tuvo un distinto portavoz de su grupo, parejo en exhibicionismo parlamentario, sí que es cierto, con el que hoy ha tomado la palabra por el Grupo Socialista. Entonces, algunos desde los escaños del Grupo Popular nos preguntábamos cuáles podían ser las motivaciones de aquella también, a nuestro juicio, sin sentido interpelación y consecuente moción. Esta semana las hemos conocido, creo que se presenta a algunas elecciones que tienen ustedes convocadas en breve y se ve que necesitaba de apariencia pública en este Congreso

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de la forma y manera que sea. (La señora Cortajarena Iturrioz: Pero habla del tema.) Señorías, desconozco cuáles pueden ser las motivaciones del señor Cercas, no sé si piensa también presentarse a esas elecciones primarias. No lo sé. (Rumores.--La señora López i Chamosa: ¿Qué pasa, que no tienes más argumentos?)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
Señor Camps, vaya a la cuestión, por favor, céntrese.


El señor CAMPS DEVESA: Me centro inmediatamente, señor presidente.
Unicamente hacía esta pequeña reflexión al hilo de poder decir que, evidentemente, sus deseos de exhibicionismo parlamentario sólo son compatibles --y entro en la cuestión-- con la falta de rigor en sus planteamientos.
Señorías del Grupo Socialista, la falta de información en materia de Seguridad Social ha sido utilizada de forma reiterada como argumento de oposición por su parte prácticamente desde el inicio de la presente legislatura, y eso no demuestra más que su incapacidad para realizar un discurso más constructivo y su deseo de velar a la sociedad la buena gestión que se está realizando y seguir con su estrategia de crear malestar o, como han definido otros grupos, intranquilidad social. No están realizando una labor seria, permítanme que se lo diga, sino más bien demagógica, de hecho, el nivel de las mociones que ustedes presentan en este Parlamento es mínimo, deja bastante que desear. (Protestas.) La documentación que con carácter trimestral remite la Intervención General de la Seguridad Social a esta Cámara, a la Comisión de Presupuestos de esta Cámara y a la Comisión de Presupuestos del Senado, cumple estrictamente lo que dispone el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria. Y miren señorías, si atienden, por qué decía lo de poco rigor: artículo 151 de nuestra Ley General Presupuestaria, no artículo 131.2 de la Ley General Presupuestaria, que usted menciona en su moción.
Esa no es la apoyatura legal, se han equivocado ustedes, han confundido la Intervención General de la Administración del Estado con la Intervención General de la Seguridad Social, que son cosas bien distintas. El que obliga a esa ejecución trimestral es el artículo 151 y es a la Intervención General de la Seguridad Social, señor Cercas, y no a la Intervención General de la Administración del Estado. No me diga usted que tienen menos información que los agentes sociales o que los que pueden ser cámaras u organismos europeos. Usted tiene, y lo ha enseñado aquí esta tarde, más información de la que pueda tener cualquiera de esas personas u organismos a los que usted ha citado. Le diré más, usted tiene mayor información, mejor en contenido y calidad, de la que pudimos disponer muchos parlamentarios cuando fuimos oposición a anteriores gobiernos socialistas. Además, información que se remite puntual y habitualmente a esta Cámara, de la misma manera y con los mismos mecanismos que hacían anteriores gobiernos. En dicha documentación, ésa que si ustedes se preocuparan en estudiar haría que se evitaran muchos comentarios de los que hacen desde esta tribuna, se ofrece abundantísima información en relación con la ejecución de los presupuestos de la Seguridad Social, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos.
Esa información es más que suficiente para realizar un adecuado seguimiento de la actividad de la Seguridad Social por parte de los parlamentarios, como es su caso, que puedan estar interesados en ello. No vean ustedes fantasmas donde no los hay, señorías. La consolidación de nuestro sistema de Seguridad Social exige un esfuerzo dinámico y constructivo, emprendedor. En nada se beneficia a los ciudadanos españoles, a los pensionistas de este país con la utilización de argumentos, como hacen ustedes, reiterativos y ya tan manidos. De nada les sirve que una y otra vez, desde la oposición socialista, se hable de falta de información como coartada para no llevar a cabo, a fin de cuentas, una tarea constructiva y para no reconocer lo que se viene realizando por el Gobierno del Partido Popular.
Por encima de cualquier otro interés, desde la oposición se pretende dudar de la viabilidad del sistema, buscando, donde no lo hay, cualquier tipo de desviación contable e incluso hoy lo ha vuelto a manifestar el propio señor Cercas. Lo que ustedes demuestran con esa actitud es que no quieren despejar dudas sino, en todo caso, crearlas. Les reitero, señorías, y reflexionen sobre ello, que esto en nada beneficia a los millones de pensionistas de este país y a los que esperan serlo alguna vez. Además, señorías, en un ejercicio de amnesia política, le piden a este Gobierno, prácticamente en los cinco puntos de su moción, que hagan lo que nunca les pidieron ustedes que hicieran a otros gobiernos.
Escúcheme bien, señor Cercas, no le estoy diciendo lo que otros gobiernos hacían, le estoy diciendo lo que ustedes, desde su responsabilidad como grupo parlamentario y partido, no les pidieron a otros gobiernos, aunque fueran del mismo signo del que ustedes representaban. Nunca les pidieron que trajeran la ejecución trimestral en el plazo de 30 días porque sabe S. S. que respecto a los ingresos de la Seguridad Social es técnicamente inviable y no se puede realizar, dado que ese plazo resulta absolutamente imposible de cumplir. No es posible cumplirlo ahora y tampoco lo era antes. Por eso ni su grupo pidió ese plazo al anterior gobierno, ni su anterior gobierno lo cumplió nunca en cuanto a la remisión de datos, ni tampoco a ningún otro grupo se nos ocurrió ni solicitárselo al anterior gobierno, ni ahora a ningún otro grupo, excepto a ustedes, se les ha ocurrido solicitárselo al presente. Con esas propuestas no hacen más que destapar sus propias vergüenzas, como cuando piden que el boletín informativo de la Seguridad Social

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se presente dentro del mes siguiente a que se refieren los datos de gestión del mismo. Señor Cercas, ¿recuerda su intervención de hace quince días en esta Cámara? Si no la recuerda, le refrescaré la memoria. Dijo exactamente que durante la pasada legislatura el boletín informativo de la Seguridad Social entraba en esta Cámara con una media de 57 días.
Reconocía usted que es imposible traerla en los 30 días siguientes porque ni siquiera está realizado por la propia Administración, la que ustedes gestionaban en su momento y la que hay ahora. ¿Por qué pide a este Gobierno algo que usted sabe que ni se podía cumplir entonces, ni se puede cumplir ahora? Dígame si en sus palabras no hay más exhibicionismo que otra cosa cuando pide imposibles sabiendo que además lo son.
En estos momentos podría dudar, cosa que no haré nunca, de convicciones democráticas o hablar, como hace el señor Cercas, de déficit democrático de alguno de los grupos. Pero no soy yo nadie para poner en duda las convicciones democráticas de todos los grupos y de todas y cada una de las señorías que se sientan en los escaños de esta Cámara. La información que se remite hoy a esta Cámara en materia de Seguridad Social, y usted lo sabe, es muy superior a la que se remitía con gobiernos anteriores.
Clara muestra es el papel que ha enseñado S. S. desde esta tribuna.
Siempre se podrán mejorar los plazos dentro de lo posible, no desde la imposibilidad de sus peticiones, pero no existe opacidad informativa, ni ahora ni antes. Hoy la información es mayor que con anteriores gobiernos, pero no quiere decir que los anteriores tuvieran menos pedigrí democrático que el actual Gobierno, si se me permite decirlo así.
Señorías, nadie tiene en este Parlamento exclusividad democrática. La patente de demócrata la tienen todos y cada uno de ustedes, la tienen todos y cada uno de los grupos que tienen representación política en esta Cámara. Por lo tanto, no será nunca ni este portavoz, ni mi grupo parlamentario, quien dude de las convicciones de cualquiera de sus señorías. Porque democracia es que usted pueda subir a esta tribuna, que pueda verter desde ella argumentos o hechos no veraces, que pueda pedir imposibles o incluso que pida cumplimientos que ya se están produciendo; pero democracia también es, señoría, que desde mi grupo le podamos decir que está equivocado, que actitudes como la suya en nada benefician a nuestro sistema de Seguridad Social, que hacen ustedes oposición por oposición y que si realmente están preocupados por el sistema público de protección social, no deberían plantear mociones como la que han propuesto en esta Cámara hoy.
El Pacto de Toledo supuso, señoría, y usted lo sabe, un punto de inflexión, un punto de comienzo, de inicio de un camino conjunto de la mayor parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Desde entonces, el Gobierno del Partido Popular (y reto a S. S. a que si es contrario a lo que piensa, lo demuestre, no en este debate, sino en cualquiera) no ha tomado una sola medida que pueda estar fuera del espíritu o de la letra del Pacto. No hay una sola resolución del Gobierno del Partido Popular fuera del marco de ese Pacto de Toledo y ni una sola medida legislativa adoptada en esta Cámara con la mayoría que tiene el Partido Popular se enmarca fuera del Pacto de Toledo. Tal vez a algunas de SS. SS. les gustaría ir más deprisa, pero lo cierto es que no hay ni una sola medida de las que se han adoptado que choque frontalmente ni con la literalidad ni con el espíritu de aquel pre-- pacto. Pero es que además, señoría, y usted lo sabe, nunca antes había existido tanta transparencia informativa en lo formal.
Señoría, ustedes gobernaron catorce años en este país, ¿saben cuántas veces trajeron la liquidación provisional del presupuesto de la Seguridad Social a esta Cámara? Sí que lo sabe S. S., una vez, en febrero de 1996, y porque habían convocado elecciones que intuían iban a perder al mes siguiente, como así ocurrió. Sólo una vez trajeron la liquidación provisional del presupuesto. En cambio, ya la tiene usted aquí, en esta Cámara, y la ha podido utilizar incluso en el debate de hoy. Por tanto, no acusen de falta de transparencia a un Gobierno y a un partido que hacen lo que ustedes no hicieron en catorce años de gobierno socialista.
Señorías, reconozcan, si son capaces por una vez --y termino, señor presidente--, que se ha mejorado notablemente la situación de nuestro sistema de Seguridad Social, reduciendo el déficit, reduciendo la morosidad con las administraciones públicas, avanzando en la separación de las fuentes de financiación, mejorando las pensiones de los más desprotegidos o desfavorecidos, como son viudas y huérfanos, y sobre todo también asegurando la tranquilidad de nuestros pensionistas incrementando su capacidad adquisitiva año tras año de gobierno del Partido Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Termine, señor Camps, por favor.


El señor CAMPS DEVESA: Termino ya, señor presidente, con una última reflexión.
Si alguna conclusión positiva pudiéramos sacar de debates como el que ha tenido lugar hoy en esta Cámara, es no sólo que a los pensionistas de este país les va bien con un Gobierno del Partido Popular, sino que además les va bastante mejor que con los anteriores gobiernos socialistas.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Cercas Alonso pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Camps.
¿Señor Cercas, a qué efectos?

El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, me gustaría consumir un breve turno para contestar a las

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alusiones que ha hecho el señor Camps en su intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Cercas, sabe perfectamente, por los años que lleva en la Cámara, que este es un debate muy tasado, muy ordenado, de acuerdo con el artículo 184 combinado con el 195 de nuestro Reglamento, y que al no haber turnos en contra, la fijación de posiciones, quiérase o no, pero esa es la verdad, se transforma en la práctica en un turno en contra, cosa que también es lógica si el voto es precisamente contrario a la iniciativa. Muchas gracias, señor Cercas, por su comprensión.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista, sobre el deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 139; en contra, 153; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE IMPULSARA EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA MOROSIDAD Y SUS EFECTOS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA. (Número de expediente 173/000070)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica.
Para su defensa tiene la palabra el señor Homs. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.--Rumores) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio.
Puede comenzar, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
La moción que mi grupo parlamentario ha planteado como consecuencia de la interpelación que presentamos ante esta Cámara para iniciar un debate en torno a la problemática de la morosidad, tiene por finalidad, señorías, traer al debate y al consecuente pronunciamiento de todos los grupos un conjunto de compromisos, compromisos políticos, medidas en sí mismas, para poder reducir, al menos, dicha problemática en los próximos años.
La necesidad de adoptar el paquete de medidas que proponemos al Gobierno se fundamenta básicamente en que la problemática a la que van dirigidas estas medidas (la problemática referida a la morosidad, al incumplimiento de los pagos, a todo lo relativo a los retrasos en dichos cumplimientos y a la inseguridad de los documentos cambiarios en todos los procesos mercantiles) se agrava en un momento en que nuestra sociedad y nuestra economía está... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio.
Continúe, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Estaba diciendo, señorías, que la finalidad de la moción es plantear un conjunto de medidas para reducir la problemática de la morosidad en un momento en que nuestra economía y nuestra sociedad requieren de actuaciones más intensivas que las adoptadas hasta la fecha, como consecuencia de nuestro proceso de apertura, dentro del proceso de integración en la Unión Económica y Monetaria.
Dentro de pocos meses nuestro país va a encontrarse ya incorporado de pleno derecho a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y la libertad de circulación de mercancías, capitales y personas va a ser ya una realidad sin límites, sin fronteras, sin condicionantes y vamos a tener que soportar la consecuencia de una mayor relación de competencia con las economías de los países de la Unión Europea.
Que se cumplan los compromisos de pago, que se formalicen los plazos acordados, los pagos correspondientes a los intercambios mercantiles, es una de las claves del buen funcionamiento de la economía. Que la sociedad tenga la seguridad de que todo el intercambio económico y financiero se soporta sobre unos principios de seguridad y pronto pago en las obligaciones, señorías, es una necesidad imperiosa para poder desarrollar nuestra economía en una senda de mayor competencia en el contexto internacional.
Por ello planteamos ahora la moción. La problemática viene arrastrándose hace muchos años. Pero nuestro grupo considera que ahora es conveniente, es necesario, es urgente instar al Gobierno a acelerar todas aquellas medidas posibles para poder reducir los efectos que se derivan de toda la problemática de la morosidad.
Los nueve puntos que contiene la moción tienen esta finalidad, este objetivo. Los nueve puntos abarcan distintos ámbitos de la problemática conjunta de la morosidad. El primero, significa dar un nuevo paso de seguridad jurídica al cumplimiento de la Ley de comercio.


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La Ley de comercio ya abrió una línea para incorporar mayores criterios jurídicos de relación entre los procedimientos de pago entre los distribuidores y los suministradores de mercancías. Planteamos que todo lo relativo a la interpretación de las fechas, a partir de las cuales deben operar los plazos que contempla la Ley de comercio, sea más seguro en los procesos mercantiles, para que no se puedan soslayar, digamos, los marcos interpretativos de dicha ley. Consideramos que un elemento clave para dar mayor seguridad en la aplicación de la Ley de comercio es precisar, pues, en las facturas las fechas en que se hayan acordado los pagos.
Una segunda medida que planteamos es extender también lo que ya contempló la Ley de comercio a otras actividades y realidades sectoriales de nuestra economía, no solamente exigir o satisfacer intereses de demora en casos de retraso o impago de facturas entre distribuidores y suministradores, sino ampliarlo a otros supuestos, a otras relaciones económicas y mercantiles de nuestra sociedad. Por eso pretendemos extender lo que hoy ya tiene previsto la Ley de comercio a otras obligaciones, a otros ámbitos, digamos, de las relaciones económicas con carácter general en nuestra economía.
El tercer punto tiene por finalidad incorporar un compromiso para modificar las leyes mercantiles que regulen hoy los cheques y los efectos de pago. Se trata de que se modifiquen las leyes oportunas, leyes mercantiles --y nosotros decimos en el tercer punto que sea la Ley Cambiaria y del Cheque, pero pueden ser otras más, no necesariamente ésta--, para que se refuercen las garantías jurídicas en la utilización de los medios de pago en las transacciones comerciales ante circunstancias derivadas del incumplimiento de pago.
El cuarto punto tiene por finalidad traer otra vez a esta Cámara el compromiso de instar al Gobierno a que en un plazo muy breve se plantee la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El Gobierno ya ha expresado en otras ocasiones que tiene esta previsión. Se trata de incorporarlo en ese conjunto de medidas para que en un plazo no más allá del 30 de junio de este año el Gobierno presente a esta Cámara la reforma del proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas.
La quinta medida que proponemos es retrotraer el compromiso expresado en muchas ocasiones en torno a la ley concursal; compromiso que se ha hecho en varias legislaturas y hoy todavía no se ha cumplido. Proponemos que antes del 30 de junio el Gobierno traiga a esta Cámara definitivamente la reforma de las normas que regulan los procesos de suspensión de pagos y de quiebra, al objeto de adaptarlas a la normativa comunitaria y a las necesidades y características de la actividad productiva actual. Las personas que hoy están más directamente implicadas en los procesos de suspensión de pagos nos reiteran, con mucha frecuencia, que el marco normativo vigente está absolutamente desfasado y mucho más en un contexto general de la Unión Europea. Se están aplicando procedimientos concursales que se sustentan en normas que tienen su vigencia desde 1829.
Es absolutamente necesario cumplir las directivas comunitarias sobre esta materia, reformar nuestras normas en esos ámbitos, traer a esta Cámara la denominada ley concursal y proceder a la modernización de esas normas legales.
El sexto punto que planteamos en esta moción es modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ministra de Justicia ya anunció la voluntad del Gobierno de proceder a esa reforma; reforma que parece ser que está ya en un estado muy avanzado de elaboración. Se trata de ratificar por esta Cámara el compromiso de que esta reforma esté antes del 30 de junio en el Congreso de los Diputados y podamos ya debatir los cambios que esta ley va a introducir, especialmente en todo aquello que hace referencia a los procedimientos judiciales para que, como ya indicó la ministra, pueda haber procedimientos judiciales rápidos, eficaces y con costes reducidos para aquellos casos de reclamación de deudas de baja cuantía o de deudas acreditadas por medio de letras de cambio, cheques o pagarés, al objeto de acelerar todo el procedimiento de cobro.
El séptimo punto es adoptar las medidas legislativas --como propone mi grupo-- o normativas (no necesariamente han de ser de orden legal, podrían ser de otro rango normativo) para proceder a una mayor formación de los jueces competentes en materia concursal. La finalidad es acelerar las fases formativas para que los jueces especializados en materias concursales puedan afrontar esos procesos con mayor seguridad, mayor celeridad y mayor eficacia.
La octava medida que proponemos es adoptar un compromiso en torno a una cuestión que ya fue debatida en esta Cámara, que fue objeto de una proposición de ley aprobada por unanimidad y que posteriormente en otras leyes --leyes de presupuestos-- en el trámite en el Senado creo que se modificaron con poco conocimiento de la mayoría de SS. SS. Se trata de reafirmar, en ese momento, la voluntad política de proceder a reformas legislativas que garanticen la plena colaboración de todas las administraciones públicas con los jueces civiles en ejecución de sus sentencias. Nosotros planteamos esta cuestión para instar a la Cámara sobre la conveniencia de que especialmente la acción de la Administración tributaria pueda actuar con mayor eficacia frente al cumplimiento de las sentencias de los jueces, ya que hoy muchas resoluciones judiciales por falta de información, por desconocimiento de activos patrimoniales, por desconocimiento o imposibilidad de conocer los fondos de las personas que están sometidas a exigencia de cumplimiento de sentencia, no se pueden llevar a cabo. Por ello, creemos que es necesario ratificar la voluntad política de adoptar las reformas legislativas que puedan garantizar

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plenamente esta colaboración de todas las administraciones públicas, especialmente de la Administración tributaria, para poder hacer efectivo todo lo relativo al cumplimiento de las sentencias de los jueces civiles en este país.
En el último punto --y termino, señor presidente-- se trata de reforzar los mecanismos de cobro de las deudas entre países de la Unión Europea; se trata de acelerar todos los mecanismos posibles y reforzar los procesos hoy existentes para asegurar el cobro de las deudas entre ciudadanos de varios países de la Unión Europea. Creo que la reforma de varias normas legislativas se hace del todo urgente a partir del 1 de enero de 1999, cuando tenemos una mayor circulación de mercancías y de capitales como consecuencia de nuestro proceso de integración en la tercera fase en la Unión Económica y Monetaria.
Nueve compromisos, nueve medidas, nueve propuestas, señor presidente, que exponemos en esta moción para que de ellas se desprenda un compromiso político para asegurar una mayor eficacia en la voluntad, que todas SS.
SS. comparten con nuestro grupo, de poder reducir la problemática de la morosidad en este país.
He observado que hay una sola enmienda del Grupo Popular planteada a nuestra moción, a la que, para acercar posiciones, mi grupo le ofrece unas puntuales transacciones, que si le parece al señor presidente paso a indicar a continuación, entregando a la Presidencia las enmiendas transaccionales.
En el punto tercero, sería sustituir: modificar la Ley Cambiaria y del Cheque, por la frase: adaptar las medidas legales oportunas.
La segunda modificación, en el punto 7, sería sustituir la expresión legislativas por normativas, la palabra especialización por formación y la palabra juzgados por jueces.
La tercera propuesta, en el punto 8, sería sustituir la palabra proponer por adoptar.
Estas serían las tres propuestas que plantea mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha formulado una enmienda a la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica, no con el objeto de mostrar disconformidad ni tampoco con propósito de corregir el texto, sino más bien con el ánimo de resaltar los elementos de coincidencia con los objetivos propuestos en esta moción.
Nuestro grupo coincide con el proponente en que, si bien se ha reducido la morosidad global en los últimos años, el problema no ha sido eliminado. Coincidimos en que los efectos de la morosidad, que para las grandes empresas son un apunte más de su contabilidad, para las pequeñas y medianas y también para los trabajadores autónomos pueden condicionar su propia supervivencia. Existe una clara desigualdad en las reglas del juego, ya que las consultas en los registros de impagados, la utilización de documentación homogénea y eficaz para garantizar el cobro, los servicios estables de gestores y asesores jurídicos para gestionar el cobro de los impagados, la suficiencia de tesorería para recuperar con prontitud los documentos de giro descontados y que han sido devueltos, son armas utilizadas por las grandes empresas, pero para las pequeñas y medianas empresas todos estos elementos son, como regla general, dificilmente alcanzables. Y es por ello, y coincidimos, por tanto, con el grupo proponente, que debemos introducir en nuestra práctica mercantil dos principios básicos: el primero, que las letras y los cheques se pagan, aunque puede resultar que a estas alturas tengamos que afirmar este principio en la realidad de parte de nuestro tráfico mercantil; y el segundo, el que no paga puntualmente debe sufrir, como consecuencia, el recargo de los intereses en el importe de su deuda y la compulsión de la justicia sobre sus bienes de una forma rápida y eficaz. No se puede decir que los actuales procedimientos judiciales y la actual regulación de las ejecuciones garanticen una forma rápida y eficaz de cobrar las deudas a través de la utilización de un procedimiento judicial, pero esperamos, como expresó la ministra de Justicia en la interpelación, que el proceso monitorio que se configura en el anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento civil sirva para cumplir este objetivo de lograr eficacia y rapidez. Los puntos básicos de la moción que se nos presenta coinciden con estos dos principios y, por tanto, tienen el respaldo global de nuestro grupo.
La redacción que en la enmienda se da a determinados puntos de la moción es significativa en el tercero, en el séptimo y en el octavo, como ha resaltado el portavoz de Convergència i Unión. Por ello, consideramos adecuado que más que una referencia específica a la Ley Cambiaria y del Cheque se sustituya por una global, de forma genérica, a medidas legales, puesto que no es sólo esta ley la que hay que tocar.
En cuanto a la actividad de los juzgados en materia concursal, entendemos perfectamente la modificación propuesta para que la referencia sea a la formación de jueces y magistrados y no directamente a los juzgados.
Respecto a la colaboración de las administraciones públicas, consideramos que el texto propuesto contenía una referencia a una proposición de reformas legislativas, que parece más adecuada por la sustitución que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió.


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En cuanto a la referencia que se hace a la Agencia Tributaria señalándola particularmente, yo quisiera resaltar que nada añade esta referencia a la Agencia Tributaria. La colaboración de la Agencia Tributaria en el cobro de cantidades impagadas, o en la gestión de impagados a través de los juzgados, únicamente puede limitarse a la retención de posibles devoluciones, bien por el Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades o el IVA, y ponerlas a disposición de los juzgados que están ejecutando una sentencia. Este aspecto actualmente se realiza sin que en la práctica se encuentre ninguna incidencia notable ni ninguna dificultad. Es más, se realiza en la práctica con una reserva para futuras devoluciones, incluso devoluciones que todavía no se han consolidado. Por eso creemos que esa referencia a la Agencia Tributaria no añade realmente nada en el principio de colaboración de las administraciones públicas.
Si con la referencia a la Agencia Tributaria se quiere referir el proponente a la puesta a disposición de datos fiscales, creemos que puede representar determinados problemas; si se refiere a una colaboración en el ámbito estricto de la demanda de un juez, no tenemos nada que decir a esa referencia a la Agencia Tributaria.
Por todo lo expuesto, en vías de resaltar los principios que se contienen en la moción, admitimos la transacción propuesta y, en consecuencia, retiramos la enmienda de modificación que nuestro grupo había formulado.
Nada más, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jordano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa) Les hago notar a los señores diputados que van a intervenir en la fijación de posición que hemos adelantado el trámite de la moción en el sentido de que la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular ha sido transaccionada y aceptada por el grupo proponente.
Tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para expresar nuestro voto favorable a la moción transaccionada que presenta el Grupo de Convergència i Unió acerca de las medidas que debe adoptar el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica.
El autor de la proposición, el señor Homs, ya hizo referencia amplia a esta problemática, una referencia con la que nosotros concordamos, y es claro que uno de los problemas que se plantea a muchas empresas es la dificultad e incluso la imposibilidad de cobrar las deudas con ellas contraidas, sea por empresas privadas o por administraciones públicas, con las consecuencias de todos conocidas, relativas a los costes financieros o incluso a la viabilidad de las propias empresas, con la inevitable repercusión que eso tiene también sobre los puestos de trabajo. Es un problema muy importante que repercute, como casi siempre, en mayor proporción sobre las pequeñas empresas, incapaces en muchos casos de dar respuesta a una situación tan problemática por las vías de las que actualmente disponen. Por lo tanto, a nosotros sí que nos parece razonable que desde la Administración se impulsen medidas eficaces para resolver este problema.
Parcialmente ya discutimos sobre el problema en este Congreso, especialmente sobre la demora en el pago a las grandes empresas contratistas, subcontratistas y suministradores.Ya en aquella ocasión, con motivo del debate presupuestario, pedíamos una modificación de la ley, no sólo en el sentido de fijar los plazos de pago, sino también de tomar algún tipo de medida coercitiva respecto a los incumplimientos de estos plazos, para que la ley fuera eficaz.
La reforma que impulse el Gobierno a través de esta moción que se le plantea debe tener un sentido práctico. No se trata de hacer reformas legales que luego no se apliquen y hagan que el problema persista. Se trata de reformar la legislación de manera que resuelva el problema de la morosidad. Esperamos que la aprobación de esta moción, ahora transaccionada, sirva para eso y no para que persista la inseguridad para muchas empresas y para que el debate siga planeando sobre esta Cámara.
Por eso vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad. El Grupo de Coalición Canaria va a apoyar la moción tal como ha sido transaccionada con el Grupo Popular. Lo vamos a hacer hasta con cierta alegría, porque hablar hoy día de la morosidad es importante, aunque ésta se haya reducido en cifras de mucha cuantía. En nuestro país, en una época en la que la economía tenía verdaderas tensiones, la morosidad alcanzaba cifras preocupantes y había circunstancias anómalas, por falta de liquidez generalmente, que llevaban a las empresas mercantiles a situaciones concursales de suspensiones de pago y quiebras y a los ciudadanos a acudir a concursos o a la quita y espera. Esta situación ha mejorado como consecuencia de la buena marcha de la economía general del Estado español, y los balances bancarios van reduciendo las cifras negativas de morosidad que tenían y que originaron aquellas listas secretas, o no secretas, que se llamaban

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RAI, que fueron una verdadera vergüenza de ruptura del secreto profesional.
Dejando esto a un lado, es estimulante e ilusionante que se adopten en este momento una serie de medidas para dar mayor agilidad tanto al procedimiento como al aparato encargado de evitar la morosidad. No hay que olvidar que la morosidad no sólo afecta al incumplimiento por parte del ciudadano, sino también al incumplimiento por parte de la Administración, que arrastra a su vez a los ciudadanos en cadena. Me estoy acordando de situaciones de muchas comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos, no solamente de la Administración central del Estado.
También sería una forma de evitar la morosidad concordar la actuación legislativa económica, con las normas correspondientes, a una dotación presupuestaria adecuada. Es decir, por ejemplo, se aprueba en el Congreso que las familias numerosas serán aquellas que tengan tres hijos. No se puede dejar los presupuestos sucesivos sin dotación para que las universidades concedan las becas con una rebaja del 50 por ciento, porque entonces existe un divorcio entre lo que dice el Congreso y lo que dice la Administración. Nos parece muy bien que se aluda a la necesidad, anhelada desde hace treinta o cuarenta años, de la unificación y europeización de las situaciones concursales. Esto es una buena noticia, máxime porque sabemos que se está avanzando a pasos agigantados para conseguir este logro unificador.
En resumen, señor presidente, señorías, Coalición Canaria va a apoyar la moción con la transaccional que se ha anunciado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar tanto la moción como la transacción que posteriormente ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) recogiendo la enmienda del Grupo Popular, y la vamos a apoyar en cualesquiera circunstancias, señorías, porque es imposible hacer otra cosa. Desde un punto de vista político y moral no se puede estar en contra del bien y a favor del mal. En este caso, la moción que propone el Grupo de Convergència i Unió y todas las derivaciones posteriores consecuencia de la enmienda del Grupo Popular no son sino buenos propósitos y buenas propuestas para acometer uno de los problemas inevitables de un sistema económico que funciona en libertad, de un sistema contractual desde el punto de vista mercantil: la introducción de rigideces en ese sistema como consecuencia sencillamente --dejamos al margen los casos delictivos-- del distinto modo de vivir la coyuntura que tienen las empresas, que tienen las personas físicas como consecuencia de la evolución económica. Sin duda, en estos momentos se está reduciendo la presencia de la morosidad en la economía española, porque todo el mundo sabe que es anticíclica: se reduce cuando mejora la situación económica y se incrementa cuando la situación económica empeora.
Por tanto, nosotros no vamos a dejar de estar de acuerdo en cualesquiera condiciones que al final decida el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con una reducción del riesgo en el sistema económico, con una clarificación de la incertidumbre en las relaciones contractuales desde el punto de vista mercantil, con una modificación de la Ley de Contratos del Estado que introduzca dosis de justicia en las relaciones entre grandes y pequeñas empresas o con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, señorías, nosotros no vamos a dejar de estar de acuerdo con una propuesta que me evoca la voluntad de introducir unas gotas de aceite lubricante en la herrumbre que inevitablemente provoca el funcionamiento del sistema económico.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento.
Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 290.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción por unanimidad del Pleno.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA ADOPTAR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1998, RELATIVO A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DEL CONDADO DE TREVIÑO PARA FORMULAR UNA CONSULTA POPULAR, DENEGANDO TAL POSIBILIDAD. (Número de expediente 173/000071)

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El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Caballero. (Rumores.) Silencio, señorías.
Un momento, señor Caballero. Vamos a esperar a que abandonen el hemiciclo los que tengan que desarrollar otras tareas fuera de él. (Pausa.) Cuando quiera, señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado esta moción como consecuencia de la interpelación urgente realizada al Gobierno. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caballero.
Por favor, señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Decía que, como consecuencia de la interpelación urgente realizada al Gobierno con motivo de la no autorización de la consulta popular --insisto, consulta popular, no referéndum-- que el Ayuntamiento del Condado de Treviño deseaba realizar a los ciudadanos de su municipio para conocer su voluntad de iniciar o no los trámites de desagregación y que, por fin, tuvo lugar el 8 de marzo pasado, con el resultado por todos conocido (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.), posteriormente, los dos ayuntamientos del enclave, el de La Puebla de Arganzón y el del Condado de Treviño, han aprobado la decisión de iniciar los trámites de desagregación previstos en los estatutos de Castilla y León y en el del País Vasco.
En esta moción, que contiene dos puntos, instamos al Gobierno, por un lado, a asumir los contenidos del informe de la ponencia del Senado, de fecha 19 de diciembre de 1995, constituida para el estudio de la cuestión de los enclaves y, en particular, de sus conclusiones relativas a la necesidad de colaboración administrativa para evitar perjuicios a los ciudadanos en la prestación de servicios y a la búsqueda de soluciones definitivas para la situación de los enclaves de conformidad con los respectivos estatutos de autonomía. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Caballero.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señoría.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero destacar y recordar que este informe fue aprobado por unanimidad en el Senado; es decir, con el apoyo político de todos los grupos de la Cámara. Por consiguiente, esperamos que sea apoyado por todos los grupos parlamentarios de este Congreso.
Por otro lado, instamos también al Gobierno a desarrollar sus futuras actuaciones; es decir, aquellas que correspondan estrictamente al Gobierno en relación con el enclave de Treviño de conformidad con el criterio político de promover y facilitar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos del enclave. Pensamos que la aprobación de este punto, tal y como queda redactado en la moción presentada, no puede plantear dificultad alguna para ningún grupo de este Congreso.
En relación con el primer punto de la moción hay que recordar que el informe aprobado en el Senado consideraba que la cuestión había que afrontarla en dos ámbitos, y cito textualmente lo que se dice en dicho informe: Por una parte, la resolución lo más inmediata posible de los problemas y perjuicios que afectan a los ciudadanos por vivir en los citados enclaves y en los que la falta de continuidad territorial dificulta la prestación de servicios. En segundo lugar, el desbloqueo de la situación para que pueda aplicarse lo previsto en los estatutos del País Vasco y de Castilla y León.
A tal fin, la ponencia considera que la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos en condiciones de igualdad debe atender entre otros criterios a la mayor proximidad de las administraciones que hayan de prestarlo. Más adelante señala la necesidad de un convenio de cooperación y colaboración entre la Diputación de Burgos y el Gobierno de Castilla y León con la Diputación Foral de Alava y el Gobierno Vasco, de acuerdo con el artículo 145.2 de la Constitución.
Por otro lado, también la ponencia considera que no puede ignorarse el carácter específico, que se otorga en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, del enclave de Treviño; disposición transitoria --no lo olvidemos--, lo que indica que se refiere a un problema a solucionar en un plazo determinado. Es decir, marca el carácter político del tema al quedar recogido en dos leyes del rango de ambos estatutos. Por eso, el informe de la ponencia del Senado considera que hay que buscar una respuesta definitiva a la cuestión y el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave del Condado de Treviño, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los dos estatutos de autonomía. Es decir, remarca también el carácter político del problema y la necesidad de darle una solución definitiva.
En resumen, el informe de la ponencia aprobada en el Senado por todos los grupos políticos señala, por un

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lado, la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos del enclave de Treviño y, por otro, la necesidad de un desbloqueo político del problema, de acuerdo con la voluntad de sus ciudadanos, a través del referéndum solicitado en este momento por los dos ayuntamientos del enclave de Treviño. Este es el primer punto de la moción que presentamos a la aprobación de este Congreso: instar al Gobierno a asumir los contenidos del informe de la ponencia del Senado que --lo repito una vez más-- fue aprobado por todos los grupos políticos por unanimidad.
En el segundo punto de la moción, y como consecuencia del primero, se insta al Gobierno a desarrollar en el futuro las actuaciones que le correspondan y que tengan que producirse como consecuencia del procedimiento de segregación regulado en los dos estatutos, de conformidad con el criterio político de promover y facilitar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos del enclave de Treviño.
Creo que la aceptación de este segundo punto tampoco puede representar dificultad alguna para ningún grupo político de esta Cámara y, en todo caso, aclararía las posiciones de cada uno ante los ciudadanos afectados; propuesta de actuación institucional en el futuro, por vía de lealtad y compromiso político con la voluntad popular, que de esta forma determinaría el resultado del proceso.
En definitiva, se trata de ir poniendo todos los medios jurídicos y políticos para acercarnos a este problema con lealtad y auténtica voluntad de resolverlo, desbloqueando un debate enquistado, abordándolo con voluntad de primar la opinión de los ciudadanos directamente afectados y mirando a la solución práctica y futura del problema del enclave de Treviño.
Nada mas y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
A esta moción han sido presentadas tres enmiendas por parte de los grupos parlamentarios Socialista, Mixto y Popular.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la presentación y defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Simón.


El señor SIMON DE LA TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de que el Grupo Parlamentario Vasco haya presentado esta moción, porque va a permitirme realizar en voz alta y delante de SS. SS.
una serie de reflexiones que muchos ciudadanos que vivimos prácticamente en el enclave, o muy cerca del mismo, nos hemos venido haciendo a lo largo de los años. Más que unas reflexiones dirigidas a la moción tienden a buscar la solución definitiva del problema de los treviñeses.
Es ésta la primera vez que se plantea en nuestro sistema constitucional la segregación de una parte del territorio de una comunidad autónoma para incorporarse o agregarse a otra. Pues, si bien es cierto que ya, aunque en contadas ocasiones, ha habido modificaciones de límites provinciales, éstos han sido siempre dentro de una misma comunidad autónoma y con el acuerdo mutuo de las dos partes; dichos parámetros no se dan en esta situación y en el caso que está planteando esta moción.
Sin lugar a dudas, la resolución de las circunstancias del enclave treviñés ha de suponer, necesariamente, un punto de referencia para otros territorios que están en circunstancias análogas en cuanto a su ubicación territorial. Eso nos tiene que obligar a no actuar de un modo precipitado en la aplicación de las normas que regulan el procedimiento de segregación-agregación, así como a no hacerlo de una manera muy fría, no olvidando que lo que vamos a hacer no es sólo marcar el destino de 200 kilómetros cuadrados sino el modo de vivir de 1.200 personas y, lo que es más importante, cómo convivir entre ellas. Hemos de pensar que esta convivencia, que hoy es armónica, se puede romper creando un enfrentamiento no sólo entre los treviñeses sino entre las provincias y las comunidades autónomas lindantes.
En mi opinión, no es precisamente un sentimiento nacionalista lo que ha hecho que los ayuntamientos de La Puebla de Arganzón y de Treviño iniciaran, de acuerdo con las leyes, el procedimiento de segregación, sino buscar la solución a sus problemas administrativos, burocráticos y un funcionamiento ordinario más fácil y racional. Eso, repito, nos debe hacer pensar que lo que hoy en su mayor parte no es más que una afirmación de funcionamiento, que yo me atrevería a llamarla de intendencia, se puede convertir en posturas de enfrentamiento --existe ese peligro-- entre pro castellanos y pro vascos, posturas que son muy fáciles de crear y dificilísimas de eliminar.
Otro parámetro que hay que tener en cuenta, que permite mayor flexibilidad en la solución, es el hecho de que en un período no superior a un año se han de celebrar elecciones locales y autonómicas, que nos van a decir directa o indirectamente el modo de pensar y las posturas de los ciudadanos, no sólo del enclave de Treviño sino también de la provincia y de la región.
Si trasladamos todas estas reflexiones a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, nos encontramos con las siguientes consideraciones. La propuesta que se hace tiene dos partes perfectamente definidas, casi me atrevería a decir que contrapuestas, pues lo propuesto en el primer punto, con algunas matizaciones, parece querer reflejar el deseo de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos por la ubicación geográfica y política del enclave. Además, lo hace aceptando, como no podía ser de otra manera, lo acordado en la ponencia de enclaves del Senado. Mi grupo parlamentario no dudaría en respaldar este primer punto, si se votase por separado cada uno de los dos de que consta la moción.


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El segundo punto de la moción presenta, en primer lugar, una redacción sumamente confusa, cuya aprobación probablemente provocaría más equívocos de los que contribuiría a aclarar. En segundo lugar, se insta al Gobierno a desarrollar actuaciones sin tener presente que el Gobierno de la nación no puede influir en las decisiones que deben adoptar las instituciones que gozan de una autonomía constitucionalmente garantizada, ni tampoco puede influir en las Cámaras que deben votar finalmente una ley orgánica, pues estas Cámaras no están sujetas a ningún mandato imperativo. En tercer lugar, en el caso que tratamos nos encontramos con que existen intereses individuales, municipales, comunitarios y generales. La moción prima unos sobre otros y no parece razonable que sea así; más bien, lo que hay que hacer es conciliar todos estos intereses, tal y como indica el Tribunal Constitucional en su sentencia 99/1986. En cuarto lugar, la voluntad de los treviñeses de resolver el problema de su condición de enclave debe ser tenida en cuenta. Sin embargo, la expresión de la misma ha de ser respetuosa con los principios legales establecidos a nivel estatal. En quinto lugar, no es previsible, dada la controversia apasionada que se está generalizando con las últimas iniciativas en el Condado de Treviño, que las instituciones castellano-leonesas vayan a estar a favor de autorizar la segregación.
Por tanto, para serenar el estudio de las soluciones, el diálogo se convierte en la única vía razonable; un diálogo en el que deben estar presentes las dos comunidades autónomas y las corporaciones locales, y desde luego no se puede renunciar a que el Gobierno de la nación juegue el papel que le corresponde. Sin embargo, la rotundidad de las expresiones que vienen dadas en el segundo punto de la moción parece más dirigida a hacer declaraciones testimoniales, que pudieran ser utilizadas no sé de qué manera en un futuro, que a solucionar el problema que tienen los hombres y las mujeres del enclave.
Por todas estas razones y por el convencimiento de que el diálogo es la mejor fórmula para encontrar la solución definitiva al enclave de Treviño, es por lo que mi grupo parlamentario ha presentado la enmienda de sustitución al punto segundo, que literalmente dice: El Gobierno, a los efectos de encontrar soluciones a los problemas que la condición de enclave genera a los ciudadanos de los municipios de Treviño y La Puebla de Arganzón, promoverá un proceso de concertación entre el propio Gobierno, las comunidades autónomas de Castilla y León y Euskadi y las corporaciones locales afectadas que consiga un acuerdo político sobre el que basar la resolución de la problemática del Condado de Treviño en el marco estatutario.
Gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Simón.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos con el debate relativo a la moción presentada por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, como consecuencia de una interpelación urgente en relación con la no autorización por el Gobierno de la consulta popular solicitada para el día 8 de marzo por el Ayuntamiento del Condado de Treviño.
A lo largo del debate relativo a esta moción... (Rumores.) La verdad, señor presidente, es que hablar desde aquí suele costar bastante, por mucho que uno intente agilizar y hacerlo brevemente, pero es que no se oye nada.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Puede continuar, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señalaba que a lo largo de aquel debate se establecía como cuestión clave la no autorización de una consulta popular, y la cuestión se suscitaba sobre si debía ser autorizada o no por parte del Gobierno del Estado.
Como consecuencia de aquella discusión se presenta esta moción, que basa sus dos puntos en los debates que se realizaron en el Senado y que dieron lugar a una serie de conclusiones en diciembre de 1995. Creemos que fueron importantes y se vio muy claramente que había dos enclaves en los que existían ciertos problemas, en concreto en Treviño y en Villaverde de Trucíos; es decir, que había dos problemas que no estaban resueltos y los habitantes de esos enclaves los denunciaban, no solamente en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, de vida social, sino de otro tipo.
Desde nuestro punto de vista, creemos que aquellas conclusiones podían y pueden ser correctas y perfectamente asumibles; se basaban en dos cuestiones claves: la primera, una búsqueda de las soluciones a la problemática de los ciudadanos, pero, sobre todo, y nos parece que es importante resaltarlo, el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos que habitan en el enclave de Treviño. Pensamos que éste es uno de los puntos clave. Por eso, recogiendo esa serie de cuestiones y lo que ya aparecía en esas conclusiones, hemos presentado una enmienda, porque es importante instar al Gobierno no solamente a promover y a facilitar la voluntad popular de los ciudadanos que habitan en ese enclave, sino también a respetarla. Pensarán que probablemente es una obviedad; ciertamente puede serlo, pero no es menos cierto que el origen de esta moción es la no autorización de una consulta popular, lo cual nos lleva a que no solamente hay que promover y facilitar,

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sino también respetar y cumplir la voluntad de los ciudadanos.
No vamos a señalar, como hacía el portavoz socialista, qué subyace detrás de la voluntad de los ciudadanos a la hora de emitir su voto o su decisión final. Sea la que sea --y no vamos a entrar en ello--, lo cierto es que cuando voten en el referéndum, o en la medida en que han votado en una consulta popular que no es el referéndum, la conclusión final tendrá que ser respetada. Creemos que ésta es una cuestión clave --y aunque resulte una obviedad, al final no lo es tanto-- porque es lo que hay que cumplir, y no decimos nada que no se haya expresado ya en las conclusiones de la ponencia del Senado. Si uno las lee, lo primero que se dice es: búsqueda de soluciones, creación de comisiones ad hoc para la búsqueda de soluciones, pero más allá de esas soluciones inmediatas también hay una cuestión clara: cumplimiento o respeto de la voluntad popular, sean cuales fueren las causas de lo que los ciudadanos de ese enclave decidan.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ocupa esta tribuna con la más leal voluntad de alcanzar un acuerdo sobre el problema del que trae causa esta iniciativa parlamentaria, es decir, encontrar soluciones imaginativas animadas por la búsqueda del entendimiento, de la cooperación, de la mancomunidad de esfuerzos, para servir mejor lo que a todos debe guiarnos: el bienestar de los ciudadanos de los municipios del Condado de Treviño, la atención de sus necesidades concretas, el aseguramiento de la óptima prestación de los servicios a los que tienen derecho, sin que la mera circunstancia de una singularidad geográfica sólidamente acuñada por la historia pueda traducirse en un detrimento de aquellas pretensiones.
Sin anacrónicos fundamentalismos, sin apelación a los grandes principios, a problemáticas afirmaciones de identidad o a no menos dudosas reivindicaciones territoriales. Esa es, entendemos, la vía por la que debemos progresar juntos.
¿Se aproximarían esos objetivos con la moción que somete a la consideración de este Pleno el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco? Si nuestra respuesta fuese afirmativa, el Grupo Parlamentario Popular no dudaría en prestarle el concurso de su voto.
Tenemos, sin embargo, serios reparos de que la llana y simple aceptación de la moción sin alguna modificación significativa pudiera conseguir el resultado apetecido. Intentaré exponer con la mayor capacidad de síntesis que me sea posible las razones de nuestras objeciones.
Permítasenos, en primer término, subrayar la muy relativa congruencia entre la moción y la interpelación de que trae causa, tramitada ante este Pleno el pasado día 11. Ciertamente, una y otra versan sobre el mismo argumento: el Condado de Treviño. Pero más allá de esta vinculación formal, recuérdese que la interpelación pretendía pedir cuentas al Gobierno por haberse limitado a cumplir la legislación vigente, obligación que en principio hay que suponer que vincula al propio Gobierno y a todos los poderes del Estado, también a este Parlamento, salvo que la iniciativa se encamine explícitamente a postular la reforma de la legalidad, pero una cosa es reformar la legalidad y otra muy distinta instar vehementemente al Gobierno a su inobservancia.
La llamada consulta informal, llevada a cabo por iniciativa del Ayuntamiento del Condado de Treviño el pasado día 8, ni se acomodaba a la secuencia prevista en el Estatuto de Castilla y León ni podía considerarse amparada por el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que extralimitaba manifiestamente el objeto propio de dicha norma. Estamos hablando de una cuestión, no se olvide, que atañe al núcleo normativo del artículo 141.1 de la Constitución y que afecta sustantivamente al ámbito exento de autogobierno que la propia Constitución atribuye inequívocamente a las comunidades autónomas. Parece ciertamente excesivo, pues, pretender que esta materia perteneciera al ámbito estricto del interés municipal.
En segundo término, y como ya decía mi compañero de circunscripción, señor Simón de la Torre, hace unos minutos en esta tribuna, cabe manifestar alguna extrañeza frente a los dos puntos que acumulativamente acoge la moción a debate, porque si se trata de instar a la más intensa colaboración administrativa, que requeriría con toda probabilidad una intensiva utilización de las posibilidades de convenio entre comunidades autónomas que recoge la propia Constitución, son ociosas las referencias al procedimiento formal de segregación. Si se trata, por el contrario, no sólo de estimular este proceso, sino incluso de introducir determinados criterios políticos que supuestamente deberían informarlo, debemos interpretar que las referencias al informe de la ponencia del Senado, y, en general, el punto primero de la moción, tiene un alcance más bien retórico. El Grupo Parlamentario Popular no sólo no tiene nada que objetar al punto primero de la moción, al que si se habilita la votación separada votará favorablemente, sino que cree con toda convicción que es este camino de colaboración intercomunitaria el más fecundo, el que depara mayores posibilidades y el que permite considerar la atención del problema sin encastillamientos dogmáticos ni falsos conflictos.
Adentrándonos ya en el núcleo duro de la moción, tendríamos que anticipar que nuestro grupo no podría

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dar su voto favorable al apartado dos, salvo que se aceptase alguna de las enmiendas presentadas o bien ambas en alguna fórmula transaccional, puesto que, sin duda, en la enmienda socialista hay elementos de gran utilidad para alcanzar ese propósito. Si no fuese así, no podríamos salvar la clara contradicción conceptual existente entre la remisión al procedimiento estatutario de segregación y la pretensión de iluminarlo conforme a lo que los proponentes llaman criterio político de hacer prevalecer necesariamente la voluntad de sólo una de las partes concernidas por el problema.
No es ningún secreto el revelar que al Grupo Parlamentario del PNV no le gusta nada la disposición transitoria séptima, 3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Tampoco le gusta que nada menos que el 3 de junio de 1983, el Gobierno vasco y al día siguiente el Parlamento vasco interpusieran sendos recursos de inconstitucionalidad contra dicha norma.
Pero, contra lo que pretendían los recurrentes, el Tribunal Constitucional dejó sentado que dicha disposición transitoria era plenamente constitucional, que no vulneraba los principios de igualdad, no discriminación e interdicción de la arbitrariedad, que los procedimientos de agregación o segregación estaban constitucionalmente reservados a los estatutos de las comunidades autónomas y que las manifiestas diferencias entre la regulación vasca y la castellano-leonesa eran expresión de la diversidad, la pluralidad y la capacidad de autogobierno propias del Estado de las autonomías. Pues bien, si hace quince años resultó fallida aquella pretensión, comprenderán que no podamos ahora respaldar en su integridad una iniciativa que, pese a su referencia formal al procedimiento estatutario, lo vacía de contenido en un doble sentido: primero, como ya se subrayaba aquí, al atribuir al Gobierno de la nación un protagonismo en el proceso que el Estatuto no le reconoce. Al Gobierno, en la culminación del proceso, le correspondería convocar el referéndum de acuerdo con la ley que regula sus distintas modalidades, y al Gobierno le tocaría, en su caso, remitir a las Cortes Generales la ley orgánica que autorizase la modificación de los límites provinciales. Pero fuera de esas dos intervenciones tasadas y solemnes, al Gobierno nacional no le incumbe facultad alguna en la materia, y reconocerán conmigo SS. SS. que no deja de ser paradójico que desde portavoces nacionalistas tan legítimamente celosos de sus facultades de autogobierno, tan atentos a evitar cualquier injerencia que lesione o contravenga dicho ámbito, se inste al Gobierno a interferir el ámbito de autonomía que, no menos legítimamente, otro Estatuto otorga a otra comunidad autónoma distinta. El segundo y más sustantivo factor de vaciamiento --y la intervención de la señora Lasagabaster invita inevitablemente a profundizar en él intelectualmente-- reside en la pretensión de sentar como criterio prevalente, como criterio en fin determinante, el de la sola y mera voluntad mayoritaria de los ciudadanos del Condado. Resulta que el procedimiento estatutario, sobre cuya pulcritud, como quedó dicho, versa nada menos que una sentencia del Tribunal Constitucional, obliga a conciliar voluntades, a coonestar voluntades, las de los ciudadanos de los ayuntamientos del Condado, las de los restantes burgaleses, las de todos los ciudadanos de Castilla y León. Y es que, como muy bien dijo hace unos días el ex presidente socialista del Senado, señor Laborda, en un Estado de Derecho las voluntades políticas están y se expresan a través de las leyes, y ninguna ley otorga a la voluntad de los treviñeses el carácter de nuevo sujeto titular político exclusivo de la decisión de incorporar o no el Condado al territorio histórico de Alava. De ahí, francamente, nuestra escasa creencia en la utilidad de la vía anexionista para atender, de verdad, el problema de los treviñeses. Tiene todos los riesgos de las cuestiones que llevan en su seno la semilla de la confrontación. De ahí nuestra preferencia por la vía de la mancomunidad, del consorcio, del convenio.
De ahí nuestro respaldo al punto primero de la moción y nuestra disposición a considerar otras propuestas en las que sí cabría un papel de estímulo, animación y moderación del Gobierno de la nación sin el rigorismo competencial a que antes me refería.
Supuesto el carácter presuntamente problemático del Condado, desde que en 1463 resolviera no incorporarse a las hermandades de Alava, lo que ha esperado cinco siglos bien merece la pena que lo abordemos, como el propio grupo proponente dijo en la motivación de su interpelación, no desde una óptica de conflicto, sino utilizando la pluralidad de postulados. Es esa pluralidad de postulados la que hemos echado de menos en el punto segundo de la moción y, con la voluntad de albergarla, hemos presentado una enmienda del siguiente tenor, cuyo acogimiento esperamos del grupo proponente, así como el respaldo del resto de la Cámara.
Rezaría así: Que las futuras acciones que, en su caso, puedan producirse como consecuencia del procedimiento de segregación o agregación de los municipios integrantes del enclave de Treviño se desarrollen con estricto cumplimiento de las previsiones contenidas en los Estatutos de Autonomía de Castilla y León y del País Vasco, teniendo en cuenta los intereses y la voluntad manifestada por los ciudadanos del enclave y por las instituciones representantivas de las comunidades afectadas.
En la confianza de que esta fórmula sirva para sostener y asentar una coincidencia de propósitos suficientes en el Pleno de esta Cámara, pido su respaldo a SS. SS.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cisneros.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

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En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el tratamiento de la moción presentada por el Grupo Nacionalista Vasco no es, a mi entender, estrictamente jurídico, sino que es político, ya que, más allá de las palabras, el objeto de esta moción puede considerarse, por su persistencia desde hace 500 años, como una metáfora sobre el ejercicio del poder de las instituciones gobernantes y el consentimiento democrático de los pueblos y de las ciudadanas y ciudadanos a ser gobernados.
La Puebla de Arganzón y el municipio del Condado de Treviño, los dos pueblos que forman el llamado enclave de Treviño, de escaso capital demográfico, reclaman al Gobierno del Estado español, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y al Gobierno del País Vasco el respeto al ejercicio de su libertad. En la letra solicitan algo tan simple, parece, como un cambio de provincia, si entendemos como provincia un órgano de la Administración. Para ojos foráneos pedirían tan sólo una imperceptible corrección de la línea de demarcación territorial de la Administración del Estado, que sólo cobra significado en un mapa político y no en un mapa geográfico. Las fronteras geográficas del Condado son unas; las políticas han nacido de una evolución histórica. Estas fronteras --que, repito, son sólo líneas en un mapa descriptivo-- se han convertido desde hace siglos, por razones estáticas, en una barrera, en un obstáculo para escuchar y atender las aspiraciones de las gentes de Treviño y para respetar su capacidad de autodecisión. En términos políticos, sociales y en el umbral del siglo XXI, parece anacrónico hacer prevalecer como argumento de autoridad el tiralíneas de hace siglos sobre la voluntad hoy mayoritaria de unos pueblos. El pueblo de Treviño está obligado jurídicamente a la norma estatutaria de Castilla y León y a las normas de régimen local, y así lo ha cumplido. Los respectivos ayuntamientos han dado respuesta y han canalizado la decisión de sus conciudadanos y conciudadanas expresada de manera autónoma y voluntaria.
La moción insta al Gobierno del Estado a ejercer su obligación política, jurídica y moral, y no podría ser de otro modo que así la ejerciera, porque el pueblo del Condado de Treviño, sin duda, espera del Gobierno una correspondencia social y política al consentimiento por el que son gobernados, un consentimiento que se fundamenta en la creencia de que los gobiernos son instrumentos destinados al servicio de ciudadanos y ciudadanas. El consentimiento a ser gobernados implica, como se sabe, la existencia de un contrato no escrito entre gobernantes y gobernados, por el cual los gobiernos se hacen partícipes de los intereses y demandas de la ciudadanía.
Con ocasión de esta moción, he releído una vez más nuestro texto constitucional, he releído una vez más la relación de derechos y deberes de los españoles, de los ciudadanos, de las personas, pero no he encontrado una relación de los derechos de los pueblos que conforman el Estado, y he llegado a una conclusión: que no es necesario; y no es necesario porque en el artículo 1 de la Constitución hay una afirmación tajante, contundente, que dice que los poderes del Estado emanan del pueblo. Sólo debemos preguntarnos qué es el pueblo, etimológicamente hablando: es una tribu, una comunidad que tala los bosques. ¿Por qué tala los bosques? Para situarse, para ubicarse en un lugar determinado. Este es el pueblo. Pero ¿qué es el pueblo, políticamente hablando? Simplemente debe ser, a mi entender, la voluntad de la mayoría. Esto es lo que debe ser el pueblo. Por ello, el consentimiento democrático de las gentes y los pueblos y de los hombres y mujeres a ser gobernados, que también son las gentes de Treviño, está conformado por el permanente derecho también de la autodecisión individual y colectiva, general o parcelada, que es aquello que puede diferenciar un sistema de Gobierno democrático de un sistema autoritario. En todo momento y en cualquier actuación deben recordar el poder público, la Administración pública, los gobiernos y los parlamentos que el consentimiento de los pueblos a ser gobernados implica el respeto y la obediencia a las formas diversas del ejercicio de la autodeterminación, que es la expresión reconocida de la madurez de las personas y de la madurez de los pueblos. La palabra determinación autónoma no puede, en un espíritu democrático, levantar resquemores ni suscitar sospechas, porque es la expresión viva no sólo de la libertad política sino de la libertad moral y, en síntesis, del mismo concepto de libertad. Porque la posibilidad legal de decidir de manera autónoma forma parte del derecho de las personas y de los pueblos, y albergar temor respecto de este derecho sería sentir temor de los valores democráticos, y obstaculizar o no respetar abiertamente la voluntad de un pueblo, y en este caso de los pueblos de Treviño, significaría romper el contrato no escrito entre gobernantes y gobernados. Por eso, la moción tiene el apoyo de mi grupo, el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Con ello subrayamos también que los poderes públicos deben aceptar, sostener y reforzar las exigencias de la libertad política y moral de las ciudadanas y ciudadanos, porque el ejercicio de este respeto sostiene la legitimidad de los gobiernos y da sentido positivo a los vínculos políticos que lo unen a los gobernados. Con otra actuación las gentes de Treviño se verían obligadas a obedecer las leyes, y sin duda lo harían; obedecerán las leyes como lo han hecho siempre, pero no estarán obedeciendo ni a su voluntad ni a su libertad, y ello podría suscitar un profundo reproche social y un quebrantamiento de la confianza en la veracidad del precepto constitucional, que afirma que de estas gentes, que también son pueblo, emana el poder y la

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legitimidad para ejercerlo de aquellas instituciones que los gobiernan.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, la semana pasada, cuando se presentó la interpelación, ya decíamos que queríamos esperar a conocer la parte articulada que proponía el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tras lo que yo entendía entonces que era una crítica a la actuación del Gobierno por haber puesto trabas o haber limitado la posibilidad de un referéndum.
Yo creo que en este país tendremos que empezar a aceptar que a una situación de distribución geográfica debe hacérsele frente con una argumentación sobre la necesidad, la realidad, las demandas que puedan tener, las posibilidades para hacer funcionar mejor la prestación de servicios, inclusive la voluntad de los propios ciudadanos, y que hay que dar cauce a la manera de hacer frente a esta realidad. Aquí ha surgido el enclave del Condado de Treviño, pero podíamos hacer referencia a un enclave catalán como Llivia, que está ubicado completamente en Francia, pero que pertenece a nuestro país, o podíamos hacer referencia a Orduña,que tiene una situación distinta. Yo hice referencia el otro día a Villaverde de Trucios, que es una ubicación de Cantabria en el seno de Euskadi. La discusión fundamental es cómo respondemos a una demanda, cómo damos cauce a esa voluntad y de qué manera lo facilitamos. Porque aquí podemos estar llenándonos todos de voluntad, de declaración de intenciones. El Condado de Treviño ha venido al Congreso más de una vez, no es la primera vez que discutimos sobre él aquí, pero ¿hemos avanzado sobre esa situación que teníamos antes? Yo creo que deberíamos de plantearnos la facilidad de un encuentro y del diálogo para avanzar sobre la situación que teníamos en un momento determinado. Hubo una ponencia en el Senado que llegó a unos acuerdos sobre la forma de abordarlo. Es verdad que esta ponencia se limitó no a estos 20 ó 22 enclaves que pueden existir en nuestro país, sino a dos: Treviño y Villaverde de Trucios.
Pues deberíamos de plantearnos de qué manera podemos abordar ahora las conclusiones que hizo el Senado y cómo lo podemos abordar mejor en el caso de los dos municipios que componen hoy el Condado de Treviño, porque en el año 1995 la Puebla de Arganzón empezó un procedimiento para llegar a una situación similar, y en su seno municipal también hay una voluntad mayoritaria de promover una actuación para ubicarse, segregarse o agregarse a un lado determinado.
La propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene dos apartados: en el primero viene a decir que lo que fue conclusión de la ponencia lo hagamos realidad, manteniendo los cauces y los trámites que establecen los Estatutos de Autonomía, tanto el de Euskadi en su artículo 8 como la disposición adicional en el caso del de Castilla y León. En el punto segundo ya viene a plantear cómo se debe de actuar para producir esa segregación y de qué manera debe de primar la voluntad política, porque, al final, lo que nos viene a proponer es que prime un criterio político para promover y facilitar la expresión democrática de los ciudadanos de ese enclave.
Lo cierto y verdad es que se han presentado enmiendas de otros grupos, no sé cuál va a ser al final el texto definitivo. A mí me han hecho llegar una transacción posible que viene a recoger la voluntad que establecen los propios ciudadanos y las instituciones que componen los mismos. En el punto primero nosotros no tenemos ningún problema, lo votaremos sea cual sea la solución, con enmienda o sin enmienda. El punto segundo --depende del texto definitivo que se pueda dar-- viene a plantear que esta segregación se aborde teniendo en cuenta la voluntad de las instituciones implicadas y los ciudadanos de los municipios que componen el enclave. Si ese texto es el que definitivamente se va a someter a votación, también lo vamos a votar a favor, pero lo más importante --y con esto termino, señor presidente-- es el paso adelante que podemos dar acá. El paso adelante que deberíamos de dar no es plantear una discusión entre si es buena la incorporación para una provincia como Alava o para una parte de Euskadi o si es malo para Burgos, otra provincia que pierde una parte de territorio, sino de qué manera podemos iniciar un proceso. Yo soy poco optimista en el sentido de que debe de hacerse el camino al andar en fórmulas de convenio, de encuentros, de conciertos entre las dos comunidades, de prestaciones y ventajas para los propios ciudadanos, pero no porque hoy unos quieran sentirse parte de una realidad o porque tengan más ventajas en otro lado. Planteémonos definitivamente cómo podemos abordar el conjunto de soluciones, tanto administrativas como políticas, facilitando esa solución. Estoy convencido en las posibilidades de ese camino intermedio; todo ese trámite de encuentro, de diálogo, será el que abrirá las vías. Porque si no, fíjense ustedes, podemos ir a un proceso de confrontación electoral. Se terminó 1995, hubo un partido que fue a las elecciones y defendió unas cosas, hubo otro que defendió otras.
Estamos hoy en 1998, vienen procesos electorales y oiremos: si nosotros obtenemos la mayoría, trabajaremos por conseguir esto. Y en el otro lado, exactamente igual. Si iniciamos ese proceso, terminará con que la iniciativa aprobada por los propios ciudadanos --nosotros compartimos el favorecer que la decisión se adopte por un referéndum, por una posición donde la voluntad sea manifestada por todos y cada uno de los ciudadanos-- tendrá que tramitarse en la institución correspondiente; los municipios la elevan

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a la Diputación de Burgos y a la Diputación de Alava y, después, a las Cortes de Castilla y León y al Parlamento Vasco. ¿Para qué? ¿Para que se manifiesten dos posiciones confrontadas? Nosotros preferimos invitar a que el diálogo y el encuentro faciliten procesos que actúen generando acercamientos para alcanzar una solución definitiva que se podrá abordar más adelante. Por eso creemos que mientras la interpelación fue en su momento más una queja y una confrontación con el Gobierno, la moción viene a invitar a todos los grupos a un encuentro en positivo para que se facilite y se promueva la solución definitiva de este tema.
En ese sentido es en el que nosotros vamos a votar favorablemente esta moción, tanto en el punto primero como en el segundo, si la redacción definitiva es del tenor que yo he leído aquí y que me ha hecho llegar el grupo proponente. En todo caso, él tendrá la palabra a la hora de decir qué enmienda acepta y qué transacción propone. Simplemente estamos anunciando cuál es nuestra intención de voto, según se elija una solución u otra.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Señor Caballero, S. S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no de las enmiendas planteadas a su iniciativa.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero hacer constar el agradecimiento del Grupo Vasco al apoyo prestado por los diversos grupos de esta Cámara al primer punto de la moción que hemos presentado.
En relación con las enmiendas presentadas al segundo punto de la moción, ha sido consensuada por el Grupo Vasco una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, con el Grupo Parlamentario Socialista y Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, que ha sido entregada al presidente de la Mesa. Por consiguiente, la moción quedaría de la siguiente forma.
El primer punto, tal como se ha presentado, y el segundo en la forma contenida en la transaccional que paso a leer: Que las futuras acciones que, en su caso, puedan producirse como consecuencia del procedimiento de segregación-agregación de los municipios del enclave de Treviño se desarrollen con estricto cumplimiento de las previsiones contenidas en los Estatutos de Autonomía de Castilla y León y del País Vasco, teniendo en cuenta la voluntad de las instituciones implicadas y la de los ciudadanos de los municipios del Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
¿Todos los grupos enmendantes aceptan la transaccional y la retirada de sus enmiendas correspondientes? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad, en los términos resultantes de la aceptación de la transacción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 270.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción por unanimidad del Pleno.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.


Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.

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